• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

• José Francisco Rábago Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Función Pública, y de Justicia.

• Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

• Francisco Ramos Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Economía.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 28 de La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Janet Graciela González Tostado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

• Ricardo Sánchez Gálvez, en nombre propio y de diputados del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instruya a Leche Industrializada Conasupo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a reorientar el Programa de Abasto Social de Leche subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Blanca Estela Jiménez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que se establezcan horarios a programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de las niñas y los niños. Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación.

• Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, relativo a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Amador Monroy Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de atención a los derechos de los deudores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Ana Esthela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Jalisco, para que soliciten al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, someter a plebiscito la ejecución de la obra de la línea dos del macrobús que forma parte del ``Proyecto de Renovación y Movilidad Urbana'' del gobierno del dicha entidad. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Cruz López Aguilar, en nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal, el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, convoque a una reunión de dicho órgano de gobierno, a fin de que se determine el procedimiento para la discusión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2007 y su inscripción en el orden del día. Se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

• Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Guerrero, para que construyan un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de Tlapa de Comonfort de la región de la montaña de dicha entidad. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, remita informes detallados de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica y sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse, así como los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada. Se turna a la Comisión de Energía.

• Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos de Jalisco y Michoacán, a través de las autoridades correspondientes, para que en conjunto emitan un convenio de actividades para la implantación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Lago Chapala. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Ernesto de Lucas Hopkins, en nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el ubicado en el municipio de Benjamín Hill, en Sonora, y en la forma en que afectan al comercio, turismo y otros sectores productivos, y al bienestar de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación referidas. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. Previamente, a solicitud de la Junta de Coordinación Política, fue aprobada en votación económica, se incluyó en el orden del día.

• Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero y a la Procuraduría de Justicia del estado, a respetar las garantías de libertad de expresión del director del periódico El Sur de Acapulco. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a incorporar en la agenda de la Comisión de Intermediación el tema de la contratación colectiva de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la vigencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Se turnó a la Junta de Coordinación Política

• Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Se refirieron al tema los diputados: Víctor Manuel Castro Cosío, Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

• Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional, con motivo del Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud. Se refirieron al tema los diputados: Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional.

• Francisco Javier Salazar Sáenz, del Partido Acción Nacional, con motivo del aniversario luctuoso del doctor Carlos Abascal Carranza. Se refieren al tema los diputados: Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

Senador Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN) Presidente

Diputada Leticia Quezada Contreras (PRD) Secretaria

Diputado José Ricardo López Pescador (PRI) Secretario

Acuerdo número CB/LXI/088. Se designa al diputado José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, y a la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, como secretarios de la mesa directiva por el periodo que abarca del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010.

• Se promovieron 26 asuntos, relativos a 34 comerciantes, 7 de ellos personas físicas y 27 personas morales.

• En 7 juicios, los comerciantes fueron llamados a concurso por demanda de acreedores y en 19 fue por solicitud de ellos.

• De los nuevos asuntos, 4 de ellos en el primer circuito y 22 en 10 ciudades, llegaron a las manos de 23 jueces del país.

• De los juicios promovidos durante este periodo, 17 asuntos se encuentran en etapa de visita, 5 en conciliación, 1 en quiebra y 3 están concluidos.

• Se dictaron 16 órdenes de visita.

• Se rindieron 17 dictámenes por los visitadores.

• Están en proceso 26 visitas en las que participan 34 comerciantes.

• Se solicitó la prórroga del término para producir la visita en 10 ocasiones representando el 59 por ciento de las ocurrencias.

Sentencias de concurso:

• Se dictaron 18 declarando el concurso del comerciante.

• Ingresaron a esta etapa 16 asuntos, relativos a 16 comerciantes, valiosos por 26 mil 252 millones de pesos, en cifras redondas, relativos a mil 209 acreedores.

• Se presentaron 3 convenios.

• Se dictaron 2 sentencias aprobando convenio entre el comerciante y sus acreedores. Estas sentencias corresponden a 2 empresas con créditos reconocidos por 19 mil 685 millones de pesos.

• Ingresaron a esta etapa 10 asuntos respecto de otros tantos comerciantes, por 663 millones de pesos y relativos a 587 acreedores.

• Durante este periodo se concluyeron 13 procedimientos, 3 por ser insuficiente la masa en los términos de la fracción IV del artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, 2 por convenio, 1 por sentencia de no concurso, 2 por desistimiento, 2 por caducidad, 2 por haber quedado sin efectos el auto admisorio y 1 por haberse efectuado pagos conforme cuotas concursales sin que queden más bienes por realizarse en los términos de la fracción III del artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles.

• Atendimos las instrucciones recibidas de Tribunales de Amparo relativas a decisiones relacionadas con el ejercicio de las facultades del instituto.

• Fueron designados por los procedimientos reglamentados: 28 visitadores, 14 conciliadores y 12 síndicos, para atender concursos de 46 empresas, se presentaron 6 excusas de Especialistas designados, se recibieron 7 quejas de actuación de los especialistas, se resolvieron 2 trámites de sanción y se inició uno nuevo.

• Como apoyo permanente a los especialistas y a sus auxiliares designados y autorizados en los procedimientos de concurso mercantil, en el uso de las tecnologías para el visitador, el conciliador y el síndico, se les dio capacitación personal y asesoría en 17 ocasiones a Especialistas, a fin de que atendieran su función óptimamente.3

• Se supervisaron todos los dictámenes presentados por los visitadores.

• Se continuó con las labores de supervisión y seguimiento de los procesos de concurso mercantil, mediante reuniones con especialistas, abogados, directivos y accionistas de los comerciantes y acreedores.

• Se ha participado en juntas con diversos acreedores, grupos de ellos, sus abogados y con los funcionarios de los comerciantes concursados.

• La Vocalía Económico-Financiera ha dado asesoría en forma permanente a los conciliadores en funciones durante todas las etapas de la conciliación, a través de reuniones, correo electrónico y conferencias telefónicas.

• La Vocalía Contable atendió en 194 ocasiones, consultas sobre técnica contable, normas de información financiera y capacitación en el uso de la tecnología por cambios en la ley. Se supervisó el trabajo de campo de dos especialistas en Monterrey, Nuevo León y en Hermosillo, Sonora.

• La Vocalía Administrativa llevó a cabo 4 desayunos con 39 síndicos, dio asesoría a 91 especialistas y a 7 comerciantes; está supervisando 50 procesos concursales que se encuentran en la etapa de quiebra.

• La Vocalía Jurídica atendió en 282 ocasiones, consultas y reuniones personales, telefónicas o electrónicas con los especialistas.

• En 28 ocasiones desahogamos las vistas que los jueces nos dieron en los incidentes de determinación de honorarios de los especialistas.

• Se dictaron 12 sentencias incidentales aprobando honorarios de los especialistas.

• La Vocalía Jurídica ha brindado apoyo a órganos jurisdiccionales cuando han necesitado intercambiar opiniones con nosotros o hemos facilitado diversos materiales en 414 ocurrencias.

• Asimismo la Vocalía Jurídica participó en juntas y desahogó consultas con acreedores, autoridades federales y locales y público en general en 248 ocasiones.

• La Dirección General del instituto realizó 37 reuniones con concursados, jueces, acreedores, autoridades, universidades, asociaciones profesionales y especialistas.

• Se desahogaron 571 vistas que nos dieron los jueces que conocen asuntos concursales.

• En este periodo no se promovió ningún juicio de amparo contra actos del instituto y se terminó 1 en el que se negó al quejoso la protección de la justicia federal. Hay 7 juicios en trámite que se están atendiendo procesalmente.

• Se analizaron 30 solicitudes de inscripción e ingresaron 5 especialistas.

• La plantilla actual es de 141 especialistas en 27 entidades federativas, que cubren 282 registros: 75 visitadores, 110 conciliadores y 97 síndicos.

• Se han continuado las relaciones con entidades profesionales a quienes se han impartido cursos, conferencias, distribución de materiales y se ha participado en sus reuniones y congresos: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, y sus 62 colegios afiliados; la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC; la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, AC, y sus 36 colegios federados; así como con diversas universidades.

• Mantenemos la relación de cooperación y participación con diversas autoridades: el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, el Banco de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Hemos mantenido presencia y participación en los eventos académicos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC, especialmente en su Comité de Derecho Concursal; en la Academia Mexicana de Derecho Financiero, en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados, AC, sedes México y Guadalajara; las casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Conforme al programa que venimos desarrollando desde hace dos años, mantuvimos contactos, entrevistas y reuniones de trabajo con distintos grupos de empresarios y sus organismos cúpula.

• En coordinación con la Dirección General de Imagen Institucional del Consejo de la Judicatura Federal producimos el programa televisivo ``El concurso mercantil'' con periodicidad semanal. Llevamos hasta la fecha de este informe 19 programas realizados.

• La página de Internet fue visitada en promedio diario en 110 ocasiones en este semestre. El promedio de visitas diarias desde su implantación es de 179 para totalizar 621 mil 735 visitas en la vida de la página.

• Se incorporaron al sitio en Internet 388 movimientos sobre: eventos, avisos, publicaciones de edictos y convocatorias; herramientas de trabajo a los especialistas; pizarra concursal; nuevos estudios; fichas bibliográficas y las tesis jurisprudenciales.

• La página web se está usando para consultas directas con el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, durante este periodo se desahogaron 80 de éstas.

• La relación con los medios de comunicación, prensa, radio y televisión se mantiene permanentemente. Múltiples notas periodísticas y entrevistas en radio se presentaron durante el semestre referentes al tema o al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

• En 21 ocasiones se tuvo contacto con diversas autoridades involucradas en temas concursales y los objetivos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

• La Vocalía Administrativa desarrolló, probó, terminó y puso a disposición de los síndicos la guía de pronta consulta ``Tecnología del Síndico''.

• La Dirección General impartió 5 conferencias con una participación de 129 personas y 3 cursos a 145 participantes.

• La Unidad de Normatividad y Capacitación impartió 6 conferencias con una participación de 658 personas, 14 cursos a 422 participantes.

• La Unidad de Registro y Control de Especialistas con el objeto de continuar apoyando el proceso de atracción de los especialistas, ha impartido 11 conferencias a 732 asistentes.

• Iniciamos una serie periódica de reuniones con los síndicos con el objeto de intercambiar experiencias y analizar las herramientas con que cuentan para el desempeño de su función.

• El antiguo Boletín de contacto con los especialistas ha sido sustituido por una comunicación periódica por medio electrónico.

• Celebramos, en coordinación con el Instituto de la Judicatura, Escuela Judicial, la séptima edición del diplomado de Derecho Concursal que reúne a expositores de primer nivel, en esta ocasión complementados con dos invitados del extranjero. Se contó con una inscripción de 944 profesionales a nivel nacional.

• Aprovechando la presencia de los conferenciantes extranjeros organizamos un evento con ellos dos al cual asistieron 60 personas entre especialistas, autoridades y abogados concursales.

• Se publicó en este semestre el libro Los grupos de empresas, administración, desarrollo, insolvencia y concurso mercantil de la doctora Judith Saldaña, vocal administrativa de la Junta Directiva. Se encuentra en edición otra obra de otro miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como el disco compacto sobre normatividad y jurisprudencia concursal.

• Fortalecer la integración de información, procesos y aplicaciones del instituto, ha sido premisa fundamental del Centro de Información Concursal, el cual es una plataforma tecnológica de servicios que, a la fecha del presente informe cuenta con los siguientes módulos:

• Sistema de sesiones de la Junta Directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

• Sistema de registro y control de especialistas en sus tres etapas: aspirantes, proceso de selección y expedientes que ya pueden ser consultados digitalmente y se trabaja en la base de datos global de especialistas.

• La utilización de las tecnologías de la información es un valor estratégico puesto que favorecen la utilización de la información en la toma de decisiones dentro de las actividades de operación, dirección y control de la organización.

• Se tuvieron 2 reuniones de trabajo en temas relacionados con la red de bibliotecas y el desarrollo del sistema ALEPH, usado para la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación.

• La biblioteca del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles cuenta con un total de mil 555 libros. El proceso físico de catalogación tiene un avance del 69 por ciento, ya están catalogados mil 71 y faltan de catalogar 484.

• Se ha mantenido actualizada la información en sitios públicos para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Se ha cumplido en tiempo y forma en la elaboración y envío de los informes requeridos por la Unidad de Enlace, así como en las respuestas a las solicitudes de información. En este periodo se contestó una solicitud.

• Entre el escrito de presentación de la solicitud o demanda a su admisión: 31.7 días.

• De la admisión de la solicitud o demanda a la orden de visita: 38.5 días.

• Del dictamen de la visita o del reporte de que ésta no ha sido posible, incluyendo la formulación de los alegatos que ordena la Ley, a la sentencia de concurso: 36.4 días.

• De la presentación de la solicitud o la demanda a la sentencia que declara el concurso: 180 días.

• De la fecha de la admisión de la solicitud o demanda a la sentencia de concurso: 148 días.

• De la sentencia de concurso a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos: 193 días.

• De la sentencia de concurso a la sentencia que declara la quiebra: 168 días.

• El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designa los especialistas ordenados por el juez en un día a partir de la notificación.

• En el semestre que se informa, se publicaron en el Semanario Judicial y su Gaceta 16 tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre materia concursal, que confirman la conformación de un acervo jurisprudencial en el marco normativo de la figura concursal del país.

• Concluyó en este semestre el ejercicio de la presidencia de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por conducto del director general.

• En octubre se asistió a la Asamblea General Anual y Conferencia de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica.

• Como integrantes de la delegación mexicana, por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asistimos a la 37 reunión del Grupo de Insolvencia de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en su sede de Viena, Austria a fin de continuar con el estudio del tratamiento de los grupos de empresas en situaciones de insolvencia, así como de la colaboración entre los procedimientos que resulten de ello.

• Los estudios y ponencias sobre la materia concursal, tratados en todas esas reuniones se encuentran en los archivos y en la biblioteca del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles a disposición del público interesado.

• Durante este periodo el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, ha impartido en foros internacionales, 2 conferencias a un público de 215 asistentes.

• La Junta Directiva aprobó la nueva versión de las Reglas generales y los criterios de selección y actualización de los especialistas que contienen cambios sustanciales. Estas serán publicadas en breve en la página Internet del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y en el Diario Oficial de la Federación.

• El instituto funcionó con 33 empleados, la Junta Directiva celebró 43 sesiones formales.

• Llegaron 26 asuntos concursales.

• Rendimos 17 dictámenes de visitas.

• Se dictaron 18 sentencias declarando el concurso mercantil.

• Se terminaron 13 procedimientos.

• Hay en conciliación 49 procesos y 101 en quiebra.

• Hicimos 54 asignaciones de especialistas a diversos procesos concursales.

• Estuvimos en forma permanente y a través de diversos eventos dando asesoría a los especialistas en funciones.

• Con Órganos Jurisdiccionales, Autoridades y Público en general atendimos 800 requerimientos de información y apoyo.

• Atendimos 571 vistas de los órganos jurisdiccionales, que incluyen incidentes de honorarios, ejecuciones de sentencias de amparo y demás eventos en los juicios.

• Mantuvimos los contactos con diversas autoridades y organismos y asociaciones profesionales.

• Nuestra página en Internet se enriqueció con 388 nuevas notas y 110 visitas diarias. Hicimos 19 programas para el Canal Judicial e impartimos 40 conferencias a un auditorio de 2 mil 437 personas.

• Hicimos la versión 7 del diplomado, este año complementado con ponentes extranjeros.

• Concluimos la participación como presidente de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia.

• Concluimos una nueva versión de Reglas generales que será publicada en breve.

1. La Ley de Concursos Mercantiles en vigor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000 y las reformas a ésta publicadas el 27 de diciembre de 2007.

2. Criterios de selección y actualización de los especialistas de concursos mercantiles, publicados por primera vez el 12 de julio de 2000 los cuales han sufrido algunas modificaciones siendo las últimas las que en breve publicará el Diario Oficial de la Federación.

3. Las Reglas generales que ordena la ley, que han sido emitidas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, la última edición de ellas se publicará en breve en el Diario Oficial de la Federación.

4. Tesis. En estos nueve años y medio se han emitido 6 tesis jurisprudenciales y 71 tesis aisladas ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.

• Entre el escrito de presentación de la solicitud o demanda a su admisión: 24 días.

• De la admisión de la solicitud o demanda a la orden de visita: 43 días.

• Del dictamen de la visita o del reporte de que ésta no ha sido posible, incluyendo la formulación de los alegatos que ordena la Ley, a la sentencia de concurso: 43 días.

• De la presentación de la solicitud o la demanda a la sentencia que declara el concurso: 138 días.

• De la fecha de la admisión de la solicitud o demanda a la sentencia de concurso: 116 días.

• De la sentencia de concurso a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos: 144 días.

• De la sentencia de concurso a la sentencia que declara la quiebra: 219 días.

• El instituto designa los especialistas ordenados por el juez en un día a partir de la notificación.

• Consejo Coordinador Empresarial.

• Confederación de Cámaras Industriales.

• Asociación de Bancos de México, AC.

• Confederación Patronal de la República Mexicana.

• Cámara Nacional de Comercio.

• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

• Servicio de Administración Tributaria.

• Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores.

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

• Instituto de Protección del Ahorro Bancario.

• Banco de México.

• Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC.

• Academia Mexicana de Derecho Financiero.

• Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados, AC.

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus 62 colegios.

• Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

• Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC.

• Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, AC, y sus 36 colegios federados

• Colegio de Contadoras Públicas de México, AC.

I. Constitución Política. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Ley Orgánica. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Reglamento. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Cámara. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

V. Congreso General. Congreso de la Unión. El órgano en que constitucionalmente se deposita el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos y que se integra por dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

VI. Mesa Directiva. Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

VII. Conferencia. Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados.

VIII. Comisión o Comité. Las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados previstas en la Ley Orgánica o creadas por Acuerdo del Pleno.

IX. Junta. Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

X. Mesa Directiva de la Comisión. Órgano directivo y coordinador de cada una de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados.

XI. Diputados integrantes. Son las diputadas y los diputados propuestos por la Junta y aprobados por el Pleno de la Cámara para integrar alguna Comisión.

a) El proyecto objeto del turno incluya diversas leyes o materias competencia de dos o más Comisiones Ordinarias;

b) Directamente se vinculen con una Comisión Ordinaria de la Cámara por su correspondencia con alguna materia de la competencia de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal y, al mismo tiempo, incidan sustantivamente en el campo de competencia de otra Comisión, o

c) Alguna Comisión distinta a las consideradas en el turno manifieste su interés de participar en la dictaminación u opinión de ese proyecto en particular, por estar relacionada con otros turnos o proyectos legislativos en los que esté interviniendo, y siempre que la Presidencia de la Mesa Directiva lo considere pertinente.

I. El Pleno, que es la instancia deliberativa conformada por los diputados integrantes de la Comisión o Comité.

II. La Mesa Directiva, que es el órgano de coordinación, preparación y seguimiento de los trabajos de la Comisión o Comité.

III. Las subcomisiones o grupos de trabajo, que son órganos de investigación, estudio y de elaboración de proyectos de resolución o dictamen, de la Comisión.

IV. La Secretaría Técnica, que es la unidad profesional especializada de asistencia y seguimiento a los asuntos turnados a la Comisión o Comité, así como de apoyo administrativo y logístico de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión o Comité.

I. La aprobación de las actas de las reuniones plenarias.

II. Los programas anuales de trabajo.

III. Los informes semestrales de actividades.

IV. Los dictámenes, opiniones o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron turnados por la Presidencia de la Cámara para tales efectos.

V. La constitución e integración de subcomisiones y grupos de trabajo.

VI. El análisis del informe con el que los secretarios de despacho den cuenta al Congreso, del estado que guardan sus respectivos ramos, previsto en el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política.

VII. Las determinaciones que deba llevar a cabo de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.

VIII. El Acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos competencia de la Comisión, el que deberá ser comunicado a la Conferencia. En caso de que varias Comisiones coincidan en citar en la misma fecha a un mismo servidor público, los presidentes de éstas acordarán lo conducente con el Presidente de la Conferencia.

IX. Las solicitudes de información que se formulen a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la Comisión.

X. La opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución Política.

XI. La evaluación periódica de las políticas públicas y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia.

XII. Los acuerdos o resoluciones que considere la propia Comisión, relacionadas con las actividades que le corresponden en los términos de la Ley Orgánica, el Reglamento, este Acuerdo y los acuerdos particulares de la Cámara, relacionados con su competencia.

I. Ordinarias, las que se convocan y celebran, cuando menos una vez al mes, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, inciso d) de la Ley Orgánica, y que tendrán por objeto la atención y resolución de los asuntos identificados en el artículo 15 de este Acuerdo, y los derivados de sus atribuciones constitucionales y legales.

II. Extraordinarias, las que se convocan y celebran fuera del calendario programado o entre una y otra ordinaria. En caso de que tengan por objeto acordar o resolver uno o más de los asuntos identificados en el artículo 15 de este Acuerdo, deberán satisfacer los requisitos y condiciones previstos para las reuniones ordinarias.

III. De Mesa Directiva, las que se convocan y celebran con la concurrencia del Presidente y la mayoría de los secretarios de la Comisión o Comité para el ejercicio de sus atribuciones.

IV. De trabajo interno, que son aquéllas que tienen por objeto tratar y resolver asuntos distintos a los identificados en el artículo 14 o para proveer a la ejecución o dar seguimiento a los acuerdos o resoluciones adoptados en una reunión ordinaria, o para informar a los diputados integrantes de la Comisión sobre cualquier asunto de su competencia o su interés.

V. De Comparecencia, de trabajo o de encuentros de información con servidores Públicos, que son aquellas en que las Comisiones invitan o citan a comparecer según fuera el caso, por disposición de la Ley, para dar cuenta de un asunto específico acordado por el Pleno, para informar, intercambiar ideas u opiniones, sustentar o explicar algún acto de su dependencia, en los asuntos competencia de la o las Comisiones convocantes.

VI. De trabajo con sectores de la sociedad, que podrán adoptar la fórmula de foros, consultas públicas, mesas redondas, talleres, diplomados o eventos similares.

VII. En Conferencia, cuando se reúnan una o más Comisiones Ordinarias de la Cámara con las correlativas de la Cámara de Senadores, para tratar asuntos de interés común, expeditar el despacho de los asuntos y ampliar información para la emisión de los dictámenes, en los términos que prevea la ley.

I. Orden del día.

II. Fecha, hora y lugar precisos de su realización.

III. Relación de los asuntos que van a ser tratados en la reunión, identificando los que serán objeto de votación.

I. Programar, impulsar, preparar y conducir en general las actividades de la Comisión o Comité orientadas al cumplimiento eficiente y oportuno de sus atribuciones.

II. Proponer al Pleno de la Comisión los proyectos de dictamen, acuerdo o resolución que corresponda para la atención de los asuntos determinados en el artículo 15 de este Acuerdo.

III. Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión o Comité.

I. Presidir las reuniones de trabajo.

II. Elaborar, firmar y suscribir las convocatorias a reunión de la Comisión, conforme al orden del día aprobado por la Mesa Directiva.

III. Abrir, prorrogar, suspender y levantar las reuniones de la Comisión o Comité.

IV. Convocar a las reuniones del Pleno de la Comisión o Comité.

V. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar el cómputo de la votación y formular la declaración del resultado correspondiente.

VI. Dar cuenta a la Mesa Directiva y a la Comisión o Comité, en su caso, de los asuntos turnados para su atención y desahogo oportuno.

VII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva.

VIII. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones con la representación de la Comisión o Comité.

IX. Remitir a la Secretaría General, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, copia de las actas y de las listas de asistencia de las reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en sitio electrónico de la Cámara.

X. Remitir a la Conferencia, su programa anual de trabajo y el informe semestral de actividades, aprobados por la Comisión o Comité.

XI. Solicitar, previo acuerdo del Pleno o de la Mesa Directiva, según el caso, toda la información que se estime conveniente para el buen despacho de los asuntos.

XII. Supervisar la organización del archivo de la Comisión o Comité, partiendo del que reciba en el acto de entrega -- recepción, el cual será base para la entrega a la legislatura siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso c) de la Ley Orgánica.

XIII. Supervisar que los asuntos que sean turnados a la Comisión o Comité sigan eficiente y oportunamente el trámite que les corresponda, e informar periódicamente del estado que guarden, de conformidad con las normas aplicables.

XIV. Designar al Secretario Técnico y personal de apoyo de la Comisión o Comité.

XV. Ordenar el envío de la documentación pertinente a la Gaceta Parlamentaria para su publicación, en cuanto sea procedente.

XVI. Requerir a los diputados integrantes que no asistan a las reuniones de la Comisión o Comité, y comunicar a la Junta los casos en que se acumulen tres faltas consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de los coordinadores de los grupos parlamentarios y los efectos que correspondan.

I. Asistir a la Presidencia en todo lo relacionado con la preparación y conducción de las reuniones de la Comisión o Comité.

II. Comprobar el quórum de las reuniones, someter a votación los asuntos que instruya el Presidente, hacer el cómputo relativo y llevar el registro de los acuerdos que se tomen en ellas.

III. Extender las actas de las reuniones.

IV. Firmar las versiones estenográficas de sus reuniones y remitirlas al Archivo General de la Cámara, con la especificación de las que revistan el carácter de reservadas o confidencial, de conformidad con la normatividad aplicable.

V. Aquellas que le sean encomendadas por los integrantes de la Mesa Directiva.

I. Ser convocados debida y oportunamente y asistir a reuniones y eventos de la Comisión o Comité.

II. Hacer uso de la palabra en las reuniones ordinarias y de trabajo de la Comisión o Comité.

III. Emitir su voto sobre los proyectos de acuerdo, dictámenes, opiniones o resoluciones competencia de la Comisión o Comité.

IV. Participar en los trabajos, deliberaciones y debates durante las reuniones ordinarias y de trabajo de la Comisión o Comité.

V. Intervenir, de conformidad con el acuerdo aprobado para el efecto, en las reuniones de trabajo con servidores públicos federales o con representantes sociales y sectoriales o de instituciones académicas, de investigadores y grupos de interés.

VI. Presentar voto particular cuando disientan de la resolución aprobada por la mayoría de los diputados integrantes.

VII. Participar en las Subcomisiones o Grupos de Trabajo que se integren por la Comisión.

VIII. Recibir y emitir opiniones de los documentos que contengan los proyectos, iniciativas, minutas, observaciones o proposiciones con punto de acuerdo materia de dictamen, opinión o resolución por parte de la Comisión.

I. Asistir con puntualidad a todas las reuniones de la Comisión o Comité.

II. Emitir su voto en los asuntos que se sometan a su consideración.

III. Cumplir con diligencia los trabajos que le sean encomendados por acuerdo de la Comisión o Comité, así como de su Mesa Directiva.

IV. Observar el orden y respeto debidos durante las reuniones de la Comisión.

V. Excusarse de participar en asuntos turnados a la Comisión o Comité en los que tuviere interés personal, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Reglamento.

VI. Guardar la reserva y confidencialidad en aquellos asuntos en trámite, en los que exista recomendación expresa de la Mesa Directiva o se consideren como reservados o confidenciales.

I. Aprobadas por el Pleno de la Comisión;

II. Suscritas por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión, y

III. Notificadas al Presidente de la Conferencia, solicitándole la realización de las gestiones necesarias para determinar la fecha de la celebración de la reunión de trabajo.

I. Declinación de turno, por considerar la Comisión solicitante que el asunto que le fue remitido no es de su competencia.

II. Ampliación de turno, por el que una Comisión no incluida en el mismo, manifiesta su interés en el asunto, siempre que se realice dentro de los plazos normativos o acuerdos aplicables, y de acuerdo a su competencia.

III. Modificación de turno, por el que una Comisión o Comisiones incluidas en el turno manifiestan su interés de modificar su participación, ya sea para dictamen o para opinión a, o bien para los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 41 del presente Acuerdo.

I. Que se formule en la misma sesión en que se presente el proyecto legislativo o se presente por escrito dentro del término de cuatro días hábiles siguientes.

II. Que la solicitud se encuentre debidamente fundamentada en los términos de los artículos 39, numeral 3 y 40, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica.

III. Que no se afecte el avance en los trabajos de estudio y dictamen de la o las Comisiones a las que originalmente se turnó el asunto.

IV. En los casos de declinación de turno, sólo procederá cuando se trate de turno plural o de Comisiones Unidas o, tratándose de Comisión única, por la falta de competencia de la misma, a juicio de la Mesa Directiva de la Cámara.

I. La Mesa Directiva lo registrará y dará cuenta en el orden del día de la reunión inmediata del Pleno de la Comisión, proponiendo el trámite al que deba sujetarse pudiendo:

II. Una vez definido lo anterior, si lo considera conveniente, solicitar información a dependencias públicas, invitación a servidores públicos federales a reuniones de trabajo, o convocatoria a foros de consulta o eventos similares.

III. Concluido el proceso descrito, proceder a la elaboración de un proyecto de dictamen. Una vez recibido éste, la Mesa Directiva de la Comisión realizará un análisis preliminar del mismo para determinar si cumple con las menciones y requisitos de formulación y, en su caso, lo incluirá en el orden del día, para discusión, en la reunión inmediata del Pleno de la Comisión.

I. Destinatario, que será la Asamblea como órgano competente que resolverá en definitiva sobre el asunto materia del dictamen.

II. Un proemio o parte introductoria, en el que se identifique:

III. Consideraciones o considerandos. En este apartado se incluirán, según el caso:

IV. Proyecto de decreto o punto de acuerdo. En el primer caso, comprende a su vez:

V. Firmas del dictamen, considerando las opciones a favor, en contra y en abstención.

VI. Los votos particulares si los hubiere.

VII. Los anexos técnicos que se requieran para fundamentar el contenido o detallarlo.

I. El documento original del dictamen o de la resolución, en el que aparezcan las firmas de la mayoría de los integrantes de la Comisión o de las Comisiones.

II. El documento original de la opinión requerida, en su caso.

III. El documento original del voto particular, si lo hubiere.

IV. Los archivos electrónicos de lo anterior.

I. Datos generales de la reunión: Nombre de quien presida, hora de apertura y clausura, y una breve relación de los asuntos tratados, de quiénes los propusieron y quiénes intervinieron en cada uno de ellos, consignando sucintamente sus propuestas.

II. Lista de diputados integrantes asistentes y ausentes.

III. Lista de diputados no integrantes que asistieren.

IV. Relación que contenga los acuerdos, resoluciones y dictámenes aprobados, así como el sentido de la votación en el Pleno de la Comisión o Comité.

I. Una relación de los asuntos turnados a la Comisión.

II. Un diagnóstico sobre el estado que guardan los asuntos turnados, incluyendo la valoración de su carácter prioritario o urgente, así como su viabilidad.

III. La descripción de las acciones y actividades que se llevarán a cabo para resolver los asuntos turnados, incluyendo su calendarización.

IV. Una relación de eventos previstos.

V. El calendario de reuniones, si fuera el caso.

I. Primer informe semestral de actividades, que comprende del mes de septiembre al mes febrero del año siguiente: a más tardar el último día hábil del mes de marzo.

II. Segundo informe semestral de actividades, que comprende del mes de marzo al mes de agosto: a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año.

I. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión o Comité; periodo del informe; fundamento legal; Mesa Directiva e integrantes de la Comisión.

II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la Legislatura, con información pormenorizada sobre la fecha de recepción, promovente, el trámite dictado por la Presidencia de la Mesa Directiva, las actividades desarrolladas para efectos de su dictamen y el estado preciso que guarden, con información de antecedentes documentales pertinentes.

III. Avances en el cumplimiento de su programa anual de trabajo.

IV. Reuniones plenarias celebradas, con la lista de diputados asistentes y ausentes; los acuerdos y dictámenes aprobados o desechados en cada una de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en los casos que corresponda.

V. Resumen de reuniones convocadas, con información sobre las canceladas y sus razones, y los registros de asistencia y ausencia de cada uno de los diputados integrantes de la Comisión o Comité.

VI. Resumen de las reuniones con servidores públicos, especificando objeto y conclusiones de cada reunión.

VII. Relación de documentos, opiniones e informes generados en las materias de su competencia.

VIII. Grupos de Trabajo o Subcomisiones integrados, señalando su objeto y avances en el cumplimiento de sus tareas.

IX. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional, precisando objeto, diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados.

X. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.

XI. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas.

XII. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión o Comité como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias.

XIII. La información a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

I. Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas de asistencia.

II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las diputadas y diputados.

III. Los programas anuales de trabajo a que se refiere el Capítulo Décimo Cuarto de este Acuerdo.

IV. Los informes semestrales a que se refiere el Capítulo Décimo Quinto de este Acuerdo.

I. La información relativa a la asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles y, en general, de todos los recursos materiales que le provea la Cámara.

II. La información sobre la aplicación y el destino final de los recursos que la Cámara le haya asignado.

I. Un Secretario Técnico y el personal que se determine por los órganos de gobierno.

II. Personal administrativo que la Cámara asigne.

I. Auxiliar a la Comisión o Comité en la realización de las investigaciones, estudios y análisis requeridos para la elaboración de los proyectos de dictamen, de las opiniones y de las propuestas de resolución de los asuntos turnados.

II. Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo, siguiendo las directrices de la Presidencia.

III. Elaborar los proyectos de informes semestrales.

IV. Elaborar la propuesta de los asuntos que pueden ser materia de discusión o votación en las reuniones del Pleno de la Mesa Directiva, para su inclusión en el orden del día.

V. Remitir a los diputados integrantes de la Comisión o Comité, copia de los asuntos que hayan sido turnados por el Presidente de la Cámara a la Comisión o Comité, para efectos de dictamen, opinión o resolución.

VI. Integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos para efecto de dictamen, opinión o resolución, y en su momento remitirlos al archivo de la Comisión o Comité.

VII. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la Comisión, cuando así lo determine o autorice el Presidente, para el análisis y resolución de los asuntos de su competencia.

VIII. Asesorar y asistir al Presidente y a los Secretarios de la Comisión o Comité en la atención, trámite y solución de cualquier asunto legislativo o de orden parlamentario que le soliciten.

IX. Coadyuvar con el Presidente en la elaboración del orden del día.

X. Mantener actualizado el registro y directorio de los diputados integrantes de la Comisión o Comité, y del personal adscrito o comisionado a ella.

XI. Llevar el registro de asistencia de los diputados en las reuniones de la Comisión o Comité.

XII. Proporcionar a los diputados integrantes la información y documentación, así como prestarles el apoyo en todo lo relacionado con las funciones de la Comisión o Comité.

XIII. Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre las altas y bajas que se den al interior de la Comisión o Comité.

XIV. Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión o Comité, previo acuerdo con su Presidente.

XV. Apoyar al Presidente en la preparación, convocatoria, desarrollo y elaboración de actas de la Mesa Directiva de la Comisión o Comité.

XVI. Coadyuvar con el Presidente y los Secretarios de la Comisión o Comité, en el diseño, organización y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos programados por ésta.

XVII. Llevar y mantener actualizado el archivo de los asuntos recibidos, en trámite y pendientes de la Comisión o Comité.

XVIII. Colaborar con los secretarios de la Comisión o Comité en las siguientes tareas:

XIX. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente o los Secretarios relacionadas con el funcionamiento y el seguimiento de las labores de la Comisión o Comité.

• Las entidades federativas, integrantes y componentes del Estado mexicano, son la fuente de riqueza de la federación; evidentemente, conforman la base territorial en la que se soporta el Estado como federación, previsto en el artículo 42 de la Carta Magna.

• Bajo el principio de soberanía nacional, los estados integrantes de la federación, aportan a ésta los ingresos necesarios para cubrir el gasto público de todo el país, pues es indiscutible que en los Estados se asientan los recursos naturales, las industrias, comercios, y personas físicas generadoras de los tributos.

• De igual forma, es en las entidades federativas, donde se presentan las necesidades de la población, donde se generan y producen las consecuencias de la producción económica, como la contaminación ambiental, el deterioro constante de las vías de comunicación, entre otros aspectos negativos que conlleva la producción, transformación, consumo, y los servicios, generadores de riqueza.

• En esa tesitura, los estados, y en particular el de Colima, requieren de mayores ingresos por parte de la federación para retribuir en mejores servicios a la población que directamente sufre los estragos del movimiento económico nacional.

• Colima, al igual que otras entidades federativas, alberga el puerto marítimo comercial de mayor importancia en el Pacífico, fuente de importantes ingresos a la federación, al igual que la industria minera, registrándose ingresos superiores anuales de 20 mil millones de pesos, sin embargo, la redistribución realizada por la federación es insuficiente e inequitativa, pues, sólo una pequeña parte corresponde al Estado en participaciones federales, que para el 2009 ascendieron a 2 mil 880 millones de pesos.

• Por tal motivo, el diputado iniciador, con la representación popular que se le ha conferido, proyecta una redistribución de los ingresos federales al estado superior a la actual, más justa y equitativa, entre quienes tienen la mayor responsabilidad y exigencia en cuanto al cumplimiento de los servicios y acciones que demanda la población. Sabemos que los municipios son la célula del Estado, por ende los que más requieren de recursos públicos para hacer eficientes sus funciones y dar cumplimiento a las expectativas de sus ciudadanos.

• El gobierno federal reparte a los estado el 20 por ciento de la recaudación federal participable, esto es, de los ingresos que el estado percibe y entera a la federación, los cuales, con posterioridad son reintegrados a las entidades federativas.

Sin embargo, el porcentaje de que los estados participan es insuficiente para atender las necesidades básicas de la población, por ello, resulta necesario incrementar el porcentaje a por lo menos un 30 por ciento, con el objeto que las entidades federativas y municipios reciban mayores ingresos por ésta vía de ministración.

• Para vislumbrar la disparidad de recursos, cito como ejemplo que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 proyectó recaudar 3, billones 45 mil 478.6 millones de pesos, de los cuales únicamente se consideraron como recaudación federal participable 1 billón 595 mil 227.9 millones de pesos, y de éste importe, solo el 20 por ciento es sujeto a distribución a las entidades federativas.

``Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

``El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

...''

``Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.''

I. a IX. ...

...

...

La obligación contenida en la fracción III no será aplicable en aquellos casos en que el registro del trabajador al Instituto sea por vez primera.

I. a III. ...

IV. Tendrá una organización basada en comités de trabajo integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología;

V. Contará con una mesa directiva formada por veinte integrantes, diecisiete de los cuales serán los titulares que representen a las siguientes organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias, AC; la Academia Mexicana de Ingeniería, AC; la Academia Nacional de Medicina, AC; la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, AC; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC; la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.

...

...

VI a VIII...

a) y b) ...

La federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales, informáticos, emisoras de radio y otros: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

I. a VI. ...

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias, incluyendo la elaboración de diccionarios en lenguas indígenas, conforme a los parámetros que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas establezca;

VIII. a XIV. ...

a) a e)....

f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras, la promoción de la lectoescritura, la integración y edición de diccionarios de las distintas lenguas indígenas nacionales, así como conocer y aprobar los trabajos que en materia de diccionarios elaboren los diferentes órdenes de gobierno.

I. Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional;

II. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación;

III. a XI. ...

I. y II. ...

III. a VI...

I y II. ...

III. ...

III Bis. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones;

IV. ...

V. ...

``Considerando:

1. Que el reconocimiento a las emisoras surge de las licencias (concesiones o permisos en el caso de México) válidamente otorgadas conforme a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales.

2. Que el funcionamiento de las emisoras clandestinas, o fuera del marco legal que les es propio, en ningún caso podrá constituirse una base para su reconocimiento posterior.

3. Que la ley constitucional de cada Estado determinará la posición y acción de cada país en el tema anterior.

4. Que el otorgamiento de nuevas licencias no debe significar, bajo ningún concepto, daño, perjuicios o degradación alguna de las condiciones de funcionamiento, desde el punto de vista radioeléctrico, de las emisoras hasta ese momento legalmente establecidas e internacionalmente reconocidas.

Reconociendo:

Que el tema de las emisoras ilegales trasciende el ámbito nacional y tiene repercusiones a nivel internacional, creando interferencias perjudiciales a emisoras de otros países y plantea el tema de la responsabilidad en la parte de los Estados que no ejercen control.

Resuelve:

1. Exhortar a los países miembros de la CITEL para que cumplan o hagan cumplir en sus territorios, todas las disposiciones legales contenidas en los acuerdos específicos de los cuales sean parte.

2. Exhortar a las administraciones miembros que incluyan en sus legislaciones nacionales disposiciones en el orden penal, administrativo y civil que establezcan sanciones para las emisoras ilegales y sus responsables.''

I. a XXII. ...

XXIII. Derogada

XXIV.

I. Instale o participe en la operación cotidiana de una emisora de radio o televisión, sin concesión o permiso otorgado previamente por el Ejecutivo federal;

II. Adquiera publicidad de manera gratuita u onerosa, a sabiendas de que la estación a través de la cual se transmitirá, no cuenta con la concesión o el permiso correspondiente, o

III. Comercialice equipos transmisores de radio y/o de televisión con quien no compruebe de manera fehaciente, que cuenta con la concesión o el permiso para operar una emisora de radiodifusión.

Si las conductas señaladas en este artículo se cometieran culposamente, se impondrá hasta la cuarta parte de la sanción señalada al delito doloso.

``Los trabajadores mineros y textiles trabajaban todo el día, y no era un trabajo humano aquél: era un trabajo de bestia de carga. Los riñones sudaban sangre; los pulmones, fatigados, se hinchaban hasta querer romper el tórax. Molidos, derrengados, jadeantes, alcanzado el máximo de resistencia, llegado al límite de que el músculo se sustrae al imperio de la voluntad, salían aquellos hombres de su sepultura, tardo el paso, colgantes los nobles brazos, caída sobre el pecho la abrumada cabeza pisando con rabia la tierra dura y cruel.

``En sus hogares los esperaba la tristeza, a ellos que venían de las tinieblas, a ellos que venían de un infierno. Los niños, sin abrigos, tiritaban de frío y pedían pan. La compañera, abnegada, tiritaba también. Todo lo que tenía algún valor había ido a parar a la casa del gachupín. En la tienda de la compañía todo costaba el doble, el triple y aun el cuádruple de los precios corrientes en el mercado y a esa tienda era preciso ir a comprarlo todo.

``Había miseria, había hambre, había duelo en los hogares de esa gente laboriosa y honrada. Había lujo, había derroche, había alegría desenfrenada y loca en los hogares de los amos, de los que no habían tocado una pala, de los que ignoraban cómo se maneja el pico, de los que no sudaban cargando el negro mineral, de los que no sabían hacer otra cosa que beber buenos vinos, manchar hermosas mujeres, habitar regios palacios y tender sus inútiles cuerpos en lechos de príncipe.'' Así lo citó en 1908 Ricardo Flores Magón.

I. Prestarán ...

II. Los...

III. A participar en los términos que previene esta ley del pago de utilidades que se generen en la fuente de trabajo beneficiaria de la relación laboral.

I. a VII. ...

VIII. Los trabajadores que presten sus servicios por conducto de una empresa o patrón para otra empresa o patrón, tendrán derecho al pago proporcional de utilidades que genere la empresa o patrón beneficiaria de sus servicios, independientemente de los derechos laborales que se generen por su relación laboral.

``Artículo 4o.-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.46% del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos''.

``Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades federativas''.

``Artículo 4o.-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.

Esta reforma significó un gran avance en materia de equidad presupuestaria y de justicia fiscal hacia los estados petroleros que por años han aportado enormes recursos a la federación vía la extracción y de hidrocarburos y que, lejos de verse beneficiados por la actividad de Pemex en sus aguas y tierras, se habían visto afectados por las alteraciones sociales, económicas y ecológicas que dicha actividad propiciaba. Aún cuando el párrafo noveno, no sufrió ningún cambio y seguía contemplando lo siguiente:

``Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades federativas''.

``Ante el creciente número de denuncias de delitos por extorsión a través de la telefonía móvil, así como del robo de estos y su utilización en secuestros, resulta urgente y necesario que se establezcan medidas que garanticen la identificación y ubicación de los usuarios que adquieren un chip inteligente (Sim card) para acceder a la red de telefonía pública.''

``Las empresas concesionarias de redes inalámbricas móviles del país deben de contribuir a resolver un problema social generado por el dinamismo de las comunicaciones vía telefónica móvil. En este sentido, la autoridad debe exigir en el proceso licitatorio un control sobre la información de usuarios del sistema y la prohibición de números privados en la identificación de llamadas de una compañía a otra. Con esta medida, los números privados de compañías de telefonía móvil que no pueden ser identificados por los usuarios de otra compañía de telefonía celular o fija, quedarán prohibidos y deberá hacerse exigible la identificación numérica.''

...

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros;

XI. Llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago, el cual contenga como mínimo los siguientes datos:

Los concesionarios deberán conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control, así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes;

XII. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

Los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control;

XIII. Entregar los datos conservados al procurador general de la República o procuradores generales de Justicia de las entidades federativas cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias.

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

Los concesionarios están obligados a entregar la información dentro del plazo máximo de setenta y dos horas siguientes contados a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial.

El reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado;

XIV. Realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados, realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de telefonía, así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales.

En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario, conforme a la fracción XI del presente artículo;

XV. Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados.

En el artículo 64 ahora la ley establece que la SCT llevará el registro de telecomunicaciones, que incluirá el servicio de radiodifusión, en el que se inscribirán las sanciones que imponga la Secretaría y, tratándose de radiodifusión, las que imponga la Secretaría de Gobernación inclusive todas aquellas contempladas en el Código Penal Federal y en los códigos penales de cada una de las entidades federativas, así como aquellas que hubieren quedado firmes;

XVI. En los casos de contratación de telefonía móvil, los concesionarios deberán solicitar la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral o cédula única del registro nacional de población (CURP) o pasaporte, y acompañarlo con constancia de domicilio oficial con recibo de agua, luz o teléfono, además de la impresión de la huella dactilar directamente en tinta o electrónicamente.

En el caso de teléfonos públicos fijos convencionales y celulares deberá ofrecer el registro de la llamada que incluya número telefónico y ubicación del teléfono; y

XVII. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios, permisionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta Ley, de la Ley Federal de Radio y Televisión, u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

``A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.''

``A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.''

III. A quien por sí o interpósita persona utilice o facilite datos del registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para cometer el delito de amenazas.

``333 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de doscientos a mil días multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el artículo anterior y fuera de las causas de exclusión del delito previstas por la ley.

``VII. A quien por sí o interpósita persona utilice o facilite a otro, datos del registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para cometer el delito de secuestro.''

I. a II. ...

III. A quien por sí o interpósita persona utilice o facilite datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para cometer el delito de amenazas.

I. a VI. ...

VII A quien por sí o interpósita persona utilice o facilite a otro datos del registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para cometer el delito de secuestro.

I, II, III, IV, V, VI...

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias, entidades, y entidades federativas para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; en tal caso, las entidades federativas emitirán dictamen de duplicación eventual a la secretaría especificando puntos de duplicidad de acciones a nivel regional que se deban cancelar o revisar.

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 1 de octubre sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. El término del procedimiento de integración de las reglas de operación se limitará a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 de esta Ley y se considerará la vinculación permanente de los Comités de planeación para el desarrollo de los estados con las comisiones ordinarias correspondientes en la cámara de diputados en la formulación de opiniones sobre las reglas de operación de los programas federales.

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría, la Función Pública en conjunto con las entidades federativas. Los órganos correspondientes en las entidades federativas y las delegaciones o representaciones de las dependencias y entidades coordinadas o no coordinadas, elaborarán catálogo de mejora de las reglas de operación respectivas en los 10 días hábiles a partir del último día de agosto.

La Secretaría y la Función Pública presentarán a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Mejora Regulatoria la propuesta de reglas de operación en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos a que se refiere la fracción I. La Secretaría agregará su opinión respecto al impacto presupuestario.

II. La Comisión de mejora regulatoria emitirá dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios y turnando copia a la Cámara de Diputados.

I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar durante el mes de febrero del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito de facilitar la coordinación de los distintos órganos de gobierno y su ejecución por parte de las entidades federativas. Se deberá precisar la calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual;

II. El ejecutivo federal y los gobiernos estatales cuidarán que una copia del convenio se envíe para atención de la Cámara de Diputados respetando el término del mes de febrero del año de ejercicio

III. Incluir criterios...

IV. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos se iniciará a más tardar el mes de marzo del año de ejercicio salvo excepciones de fuerza mayor que en todo caso deberá ser justificada ante la Cámara de Diputados. Invariablemente se deberá respetar el calendario de ministración de recursos acordado.

V. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las entidades federativas; el gobierno federal, en todo caso, absorberá el 80% del gasto de toda obra o servicio convenido.

VI. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos;

VII. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte de las entidades federativas que complementen los recursos reasignados o transferidos apegándose a lo establecido en el párrafo V de este artículo.

VIII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; se cuidará que las responsabilidades que se transfieran respondan a un programa calendarizado y definido que no traslade conflictos a la gestión pública de los estados y municipios

IX. Las medidas o mecanismos...

X. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones generales aplicables; se deberá especificar el ramo y programa específico que se afecta en la Ley federal de egresos del año de ejercicio.

XI. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir y los objetivos a alcanzar. De igual manera, se incluirá análisis detallado de situaciones que no permitirán cumplir con los establecido en la Ley federal de egresos.

XII. De los recursos federales...

XIII. La Auditoria, en los términos de la Ley...

I. Los recursos federales... que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas

en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, y asociaciones civiles sin fines de lucro que integren profesionistas de posgrado en ciencias sociales observando los requisitos de información correspondientes, y

II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; se invitará particularmente a asociaciones civiles sin fines de lucro que integren a profesionistas de posgrado en ciencias sociales para evaluaciones de desarrollo social y humano.

II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información:

III. Las evaluaciones podrán...

IV. Establecerán programas...

V. Las evaluaciones, en la medida...

VI. Deberán dar seguimiento...

I. ...

II. ...

III...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

XI. Generen incertidumbres en la opinión pública a través de engaños respecto a gastos, presupuestos y programas públicos.

1 Para Japón, España, Brasil y promedio OCDE son datos de 2005.

2 Incluye el financiamiento por los sectores educación superior y externo.

Las cifras de GIDE per cápita son de 2005.

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica;

...

• Conocer desde temprana edad, lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Capacitar a las maestras y maestros en el manejo de materiales y experimentos sencillos.

• Fomentar entre estudiantes, desde los niveles de educación básica, el interés por carreras orientadas a las ciencias exactas y naturales consideradas como necesarias para la competitividad, el crecimiento económico y el avance social.

I. a IX. ...

X. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza, al fomento de la investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica ;

XI. a XIV. ...

XV. Implantarán programas destinados a fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de alumnos y maestros, considerando la participación de padres en el proceso de fomento y divulgación de la ciencia.

I. y II. ...

III. Participar en los programas de investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica que implanten las autoridades educativas escolares;

IV. a VI. ...

...

II. ...

...

Las legislaturas de los estados se podrán integrar con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa, de representación proporcional o una combinación de ambos principios, en los términos que señalen sus leyes. En este último caso, las legislaturas de los estados, por mayoría calificada de sus integrantes, determinarán el número de diputados que se elegirán por cada uno de los principios.

I. a VI. ...

El Banco de México emitirá disposiciones de carácter general relativas al formato, contenido y medidas de seguridad de los cheques, así como a la aceptación o rechazo de éstos.

I. a XXI. ...

XXII. Otorgar o promocionar productos y servicios financieros que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones aplicables, relativas a los cheques y otros medios de disposición; y

XXIII. Oponerse al pago de un cheque cuando no exista una causa justificada conforme a las señaladas en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones aplicables.

I. Multa por el equivalente del 1% hasta el 4% del importe de la operación de que se trate o, en caso de que no se pueda determinar el monto de la operación, de 5,000 a 10,000 días de salario, a las instituciones de crédito que contravengan lo dispuesto por las fracciones V, VII, VIII, XI, XII, XV Bis 1, XV Bis 2, XVIII, XIX, inciso g, XX, XXII y XXIII del artículo 106 de esta ley, así como en los artículos 17, primer párrafo, 27, primer párrafo, 27 Bis, primer párrafo, 45-H, 45-I, 75, fracción III, 85 Bis, primer párrafo, 87, segundo y tercer párrafos, 88, primer párrafo y 89, primer párrafo, de la misma.

II. ...

Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.

Artículo 1399. Dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda. En referencia concreta de cada hecho, oponiendo sólo las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 del código expuesto, tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.

1. Enajenación de bienes.

2. Intereses.

3. Obtención de premios.

4. Enajenación de bienes distintos al activo fijo.

5. Prestación de servicios a personas distintas a sus miembros.

• El importe de las omisiones de ingresos.

• Las compras no realizadas e indebidamente registradas.

• Erogaciones que efectúen y no sean deducibles.

• Préstamos a socios, integrantes o a los cónyuges ascendientes o descendientes.

a) En el caso de que la asociación civil enajene bienes, tenga empleados o preste servicios a terceros.

b) En el caso de que la asociación civil no enajene bienes, no tengan empleados y que únicamente presten servicios a sus asociados, no tendrán obligación alguna.

``Artículo 14. Para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes:

I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

II. El transporte de personas o bienes.

III. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.

IV. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución.

V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración.

Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial''.

``Artículo 33. Para los efectos del artículo 14 de la ley, tratándose de las cuotas que aporten los propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio o a cualquier otra modalidad en la que se realicen gastos comunes, que se destinen para la constitución o el incremento de los fondos con los cuales se solventan dichos gastos, el impuesto se causa sólo por la parte que se destine a cubrir las contraprestaciones de la persona que tenga a su cargo la administración del inmueble''.

``Artículo 20. Para los efectos de las disposiciones que establece la ley en materia de acreditamiento, éste podrá ser realizado por los contribuyentes que realicen actividades por las que se deba pagar el impuesto en inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, en la parte proporcional que les corresponda del impuesto trasladado en las operaciones que amparen los gastos comunes relativos al inmueble de que se trate, siempre que además de los requisitos que establece la ley, se cumpla con lo siguiente:

I Que los gastos de conservación y mantenimiento sean realizados en nombre y representación de la asamblea general de condóminos por un administrador que cuente con facultades para actuar con el carácter mencionado otorgado por dicha asamblea;

II. Que el pago de las cuotas de conservación y mantenimiento las realicen los condóminos mediante depósito en la cuenta bancaria que haya constituido la asamblea general de condóminos para tal efecto;

III. Que los comprobantes que amparen los gastos comunes de conservación y mantenimiento estén a nombre de la asamblea general de condóminos o del administrador;

IV. Que el administrador recabe los comprobantes relativos a los gastos comunes que reúnan los requisitos que establece el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y entregue a cada condómino una constancia por periodos mensuales en la que se especifique:

a) Los números correspondientes a los comprobantes mencionados y el concepto que ampara cada comprobante, el monto total de dichos comprobantes y el impuesto respectivo, y

b) La parte proporcional que corresponde al condómino, tanto del gasto total como del impuesto correspondiente, conforme al por ciento de indiviso que represente cada unidad de propiedad exclusiva en el condominio de que se trate.

Igualmente, el administrador deberá entregar a cada condómino una copia de los comprobantes.

V. En el caso de que el administrador reciba contraprestaciones por sus servicios de administración deberá expedir un comprobante que reúna los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que deberá expedir a nombre de la asamblea general de condóminos, el cual servirá de base para elaborar las constancias en los términos establecidos en la fracción IV de este artículo, y

VI. La documentación y registros contables deberán conservarse por la asamblea de condóminos o, en su defecto, por los condóminos que opten por el acreditamiento de los gastos comunes en los términos del presente artículo.

No se podrá optar por efectuar el acreditamiento del impuesto que corresponda a los gastos comunes en los términos del presente artículo, cuando las personas que presten los servicios de administración carezcan de facultades para actuar en nombre y representación de la asamblea general de condóminos.''

• Enajenación de bienes.

• Prestación de servicios independientes.

• Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

I. a XI. ...

XII. Los donativos efectuados con motivo del artículo 95 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

1. Sean aportados por los socios de la asociación propietaria del condominio.

2. Los donativos se destinen en su totalidad a los gastos recurridos durante la gestión de servicios públicos para el inmueble objeto de la asociación de colonos.

3. Las asociaciones a que se refiere este artículo, cumplan con las reglas de carácter general que a su efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I. ...

II. Señalar las obligaciones del gobierno, en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, para establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social;

III. a IX. ...

a) Las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad;

Se entiende que están en situación de riesgo o vulnerabilidad, cuando padezcan desnutrición, tener cualquier tipo de discapacidad, abandono, sufrir cualquier tipo de explotación, maltrato, pertenecer a una familia cuyos padres vivan en extrema pobreza o padezcan enfermedades terminales.

b) Las mujeres: en estado de gestación o lactancia, las madres solteras y desempleadas;

c) Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

d) Los adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

e) Personas que padezcan algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;

I. Los programas relacionados con la educación obligatoria, salud y seguridad social;

II. a IX. ...

X. Los programas para la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en las áreas laborales.

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo en orden de prelación y considerando en promedio y en principio en el hogar, municipal, regional y estatal. Los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.

III. Acceso a los servicios de salud, municipal, estatal y federal;

IV. Acceso a la seguridad social; municipal, estatal y federal;

V. a VIII. ...y

IX. Acceso a un sistema de becas para los estudiantes de origen étnico o no, en todos los niveles educativos.

• Nivel de consumo.

• Temperatura.

• Humedad.

• Clase de servicio: doméstico, industrial o de riego.

• Variaciones horarias y estacionales del costo de generación.

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios de las tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda; en tratándose de tarifas correspondientes al servicio de energía eléctrica, deberá estarse a lo dispuesto en la ley de la materia;

XI. a XV. ...

I. a V. ...

VII. Se deroga.

VIII. a XII. ...

I. Determinar, establecer, ajustar, modificar y reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica escuchando la opinión de la Comisión Federal de Electricidad.

II. a XXII. ...

I. En el caso de las tarifas para suministro y venta, el costo total del suministro, abarcando todas las etapas del proceso, incluyendo tanto la energía generada por el propio suministrador como la que adquiera de terceros;

II. Los requerimientos de inversión para la expansión o recuperación de instalaciones, así como las necesidades de mantenimiento.

Las tarifas reconocerán las variaciones de los costos económicos a través del tiempo, sus diferencias regionales y las derivadas de las condiciones de operación del sistema durante periodos de distintos niveles de demanda, que resulten relevantes.

Los ajustes de las tarifas podrán incorporar mecanismos que incentiven mejoras en la productividad y eficiencia de los procesos.

III. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación los criterios para el cálculo de las tarifas, especificando, de ser el caso, su carácter progresivo. En dichos criterios deberá procurarse, en la medida de lo posible, la inclusión de incentivos para el ahorro energético.

Tarifa 1. Localidades con una temperatura media mínima hasta con 24º C.

Tarifa lA. Localidades con una temperatura media mínima de 25º C, 26º C y 27°C.

Tarifa 1B. Localidades con una temperatura media mínima de 28º C, así como localidades con una temperatura media mínima de 27º C y 60 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1C. Localidades con una temperatura media mínima de 29º C así como localidades con una temperatura media mínima de 28º C y 40 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1D. Localidades con una temperatura media mínima de 30º C así como localidades con una temperatura media mínima de 29º C y 35 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1E. Localidades con una temperatura media mínima de 31º C así como con una temperatura media mínima de 30º C y 35 por ciento o más de humedad promedio.

Tarifa 1F . Localidades con una temperatura media mínima de 32º C o más, así como con una temperatura media mínima de 31º C y 30 por ciento o más de humedad promedio.

a) Claras y transparentes;

b) Aplicables a servicios solicitados por los clientes y contra la prestación de éstos;

c) Comunicadas a los clientes con anticipación a la consumación de la operación; y

d) Un monto fijo, no un porcentaje sobre la transacción.

VI. La prevención y la atención médica a situaciones de estrés en el paciente trabajador, procurando evitar en lo conducente originar enfermedades fisiológicas o psicológicas, músculo-esqueléticas, neurológicas, psiquiátricas, o anímicas.

III. La aplicación de programas que busquen la prevención y el control de los diversos agentes estresantes en los centros de trabajo, con la finalidad de evitar que la población trabajadora adquiera alguno de estos males.

III. La organización, supervisión y operación de los centros de trabajo para la atención de la población trabajadora con cuadros de estrés, así como la orientación del trabajador sobre su malestar.

IV. El buen estado de salud anímica, con la finalidad de evitar el estrés laboral.

IV. Determinar los límites permisibles de exposición de un trabajador, frente a las condiciones que generen estrés laboral y provoquen el desarrollo subsecuente de otras enfermedades de carácter fisiológicas o psicológicas, músculo-esqueléticas, neurológicas, psiquiátricas, de estrés ó anímicas.

I. Elaboración de un diagnóstico de la problemática originada en el centro de trabajo para poder atender al empleado.

II. El tratamiento de dicha problemática dirigida a erradicar el estrés en el trabajador, posteriormente, corregir el origen del problema en el centro de trabajo, bajo supervisión de la Secretaria de Salud.

IV. Facilitar un espacio físico suficiente para dar tratamiento terapéutico al trabajador afectado por estrés, así como colaborar en el ámbito de su empresa dando las facilidades para erradicar el problema o agente estresante a través de terapias psicológicas supervisadas por personal especializado del Instituto, y adoptar las normas sobre prevención de dicho problema en su centro de trabajo.

I. ...

II. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades varias, incluyendo la maternidad, y las psicológicas relacionadas con el estrés laboral, y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes;

XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como instalar los espacios físicos suficientes para dar tratamiento terapéutico al trabajador afectado por estrés, adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades;

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene y capacitación que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades, incluyendo aquellas psicológicas relacionadas con el estrés laboral, en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra;

II. Negarse a reconocer que existen problemas de relación obrero-patronales, y que de existirlos, influyan en la generación de estrés en los trabajadores contratados para su empresa;

II. A la Secretaría de Salud.

I. a XV. ...

XVI. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la cultura turística de la nación y la práctica de actitudes solidarias, de cortesía, amabilidad y de respeto hacia el turismo nacional y extranjero.

I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente la sustracción, el traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento para ello;

II. y III. ...

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la portación de armas.

Esta disposición constitucional contempla dos garantías:

1. El derecho de los habitantes del país de poseer armas en su domicilio.

2. La posibilidad de portar armas en los casos, condiciones, lugares y requisitos que fije la ley.

Artículo 9o. Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las características siguientes:

I. Pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al .380 (9 milímetros), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 milímetros las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas de otras marcas.

II. Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum.

Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 milímetros (25), y las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 milímetros).

III. Las que menciona el artículo 10 de esta ley.

IV. Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 22.

Artículo 10. Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:

I. Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.

II. Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.

III. Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 milímetros (25), y las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 milímetros).

IV. Escopetas de tres cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.

V. Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semiautomático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre .30, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 milímetros y fusiles Garand calibre .30.

VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.

VII. Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las secretarías de Estado u organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.

A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de esta ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados.

Artículo 11. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

a) Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.

b) Pistolas calibre 9 milímetros Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 milímetros, 7.62 milímetros y carabinas calibre .30 en todos sus modelos.

d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.

e) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 milímetros (25), las de calibre superior al 12 (.729 o 18.5 milímetros) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.

f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 centímetros de diámetro) para escopeta.

g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.

h) Proyectiles cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.

i) Bayonetas, sables y lanzas.

j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.

k) Aeronaves de guerra y su armamento.

l) Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.

• Describe los tipos de armas de fuego cortas y largas permitidas para poseer o portar; asimismo, sus excepciones (artículos 9 y 10).

• Amplía la posibilidad de portar o poseer a los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, respecto a rifles de calibre .22 o escopetas de cualquier calibre, excepto de cañón de longitud inferior a 635 milímetros (25) y las de calibre superior al 12 (.729 o 18.5 milímetros); siempre y cuando la conducta se realice fuera de zonas urbanas (artículo 9, fracción II, segundo párrafo).

• Determina que los coleccionistas de armas podrán poseer, previo permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, armas de fuego de las prohibidas por la ley, cuando tengan valor o significado cultural, científico, artístico o histórico (artículo 9, fracción IV, en relación con los artículos 21 y 22).

• Permite que en la práctica del deporte de charrería la posesión de revólveres con calibre superiores al .38 Especial, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados (artículo 10 segundo párrafo).

• Precisa cuales armas, municiones y material es de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (artículo 11).

• Establece la excepción para aquellas personas, en lo individual o como corporación, que desempeñen empleos o cargos de la federación, del Distrito Federal, de los estados o de los municipios, en el sentido de permitir la portación de armas de uso exclusivo del Ejército (artículo 11 tercer párrafo).

1. El delito de portación de armas (artículo 81).

2. El delito de transmisión de propiedad (artículo 82).

3. El delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (artículo 83).

4. El delito de acopio de armas (artículo 83 Bis).

5. El delito de posesión de de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (artículo 83 Ter).

6. El delito de posesión de cartuchos (artículo 83 Quat).

7. Tráfico clandestino de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (artículo 84).

8. Tráfico clandestino de armas (artículo 84 Bis).

9. Posesión de armas ilegal por comerciantes (artículo 85).

10. Otras conductas sancionadas:

• Fabricación o exportación de armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;

• Transmisión de los objetos, señalados en el punto anterior, sin permiso. Sólo se aplica a los comerciantes.

• Disposición indebida de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

• Compren explosivos, y

• Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en la ley en comento.

1. El delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (artículo 83, fracción III).

Cuando se trate de cualquiera de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, con excepción de bayonetas, sables y lanzas; revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial; o, en el caso de pistolas calibre 9 milímetros Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

2. El delito de acopio de armas (artículo 83 Bis).

Salvo que se trate de bayonetas, sables y lanzas.

3. El delito de posesión de de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (artículo 83 Ter, fracción III).

Cuando se trate de cualquiera de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, con excepción de bayonetas, sables y lanzas; revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial; o, en el caso, de pistolas calibre 9 milímetros Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

4. Tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (artículo 84).

La introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerzas Aérea o sujetos de control de la ley en comento.

5. Tráfico de armas (84 Bis, primer párrafo).

La introducción en forma clandestina armas de fuego de las señaladas en los artículos 9 y 10 de la ley en estudio.

• Las armas prohibidas por dicho ordenamiento, así como las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

• En cuanto a los casos, condiciones, requisitos y lugares en que pueda ser portada el arma, se determinan en la misma ley federal, incluyendo en este supuesto la limitación anterior.

... Es indiscutible que el valor tutelado por estos preceptos es el de la seguridad personal y que, por consiguiente, la portación de armas sólo constituye uno de tantos medios para lograrla, debiendo reconocerse que la tranquilidad y la paz públicas son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha seguridad. La portación de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz y la tranquilidad de los habitantes exijan y, en consecuencia, sólo se justifica en aquellos casos y en los lugares en que las autoridades del país no estén en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protección...

• Portación de armas, previsto en el artículo 81;

• Transmisión de propiedad de armas, previsto en el artículo 82;

• Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción II;

• Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en el caso previsto en el artículo 83 Ter, fracción II;

• Posesión de cartuchos, previsto en el artículo 83 Quat;

• Posesión de armas ilegales por comerciantes, previsto en el artículo 85; y

• Los previstos en el artículo 85 Bis.

I. ...

II. ...

III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:

IV. a XVII. ...

2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tesis aislada, 139-144 segunda parte, Materia Penal, página 10. 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Jurisprudencia. 1a./J.45/2002, octubre de 2002, Materia Penal, página 142.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibe del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Francisco Ramos Montaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación nutricional integral, a fin de combatir la obesidad en niños y en jóvenes.

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como el estado de bienestar físico, psicológico y social del individuo que permite su desarrollo armónico. Conforme a esa definición, debemos concebirla como un bien único que ha de preservarse.

El tema de la obesidad preocupa ya a muchas naciones del mundo, debido a que este problema de salud pública representa fuertes gastos económicos para poder atender a la población que padece esta enfermedad.

La obesidad está catalogada como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que normalmente se inicia en las etapas de la infancia y de la adolescencia, y que entre otros factores, obedece principalmente a los malos hábitos alimenticios y un estilo de vida sedentario. Además, en su origen se involucran factores genéticos y ambientales, que fijan un trastorno metabólico que conllevan a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, talla, edad, y como consecuencia incrementan los riesgos en la salud. Es una alteración metabólica que se asocia a enfermedades graves como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la enfermedad arterial coronaria.

Para la OMS, la obesidad en México tiene magnitudes alarmantes, alcanzado el grado de pandemia, siendo sus principales víctimas la población infantil. Cifras oficiales en el país, revelan que en 2007 México ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil con cerca de 55 por ciento de sobrepeso en ese sector de su población, de un total de 105 millones de habitantes, en 2009 ocupamos ya el primer lugar mundial con este grave problema de salud pública.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Coberturas del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), en el país 1 de cada 4 niños de entre 5 y 11 años de edad tiene sobrepeso u obesidad, y 1 de cada 3 de los adolescentes.

Sin duda, los cambios de los hábitos alimenticios, el consumo de comida chatarra, la poca o nula actividad física de los niños, y el tiempo excesivo que se pasa frente a los aparatos electrónicos, como la televisión y --últimamente-- la computadora, inciden de manera directa en la obesidad infantil, que deja de ser un problema privativo de la población adulta.

La obesidad en el país se ha convertido en un fenómeno y problema tan complejo en su prevención y control, que arroja cifras desafiantes. Se estima que existen 18 millones de obesos aproximadamente; cerca de 11 millones de diabéticos, de los cuales, al menos 80 por ciento tienen antecedentes de obesidad en la infancia y en la adolescencia. Las enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad, terminan con la vida de 78 mexicanos y mexicanas cada día. Siete de cada 10 mexicanos están pasados de peso, y de no modificarse esta tendencia en los próximos 10 años el país ocupará el primer lugar mundial en obesidad de adultos.

Estudios del IMSS señalan que los menores pasan más de 2 horas al día viendo televisión y en Internet, cerca de 2 por ciento de niños y 31 de adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Llevar una vida sedentaria afecta a 6.9 por ciento de los menores de 10 años y a 16.9 de los adolescentes. Con ello se determina que hay al menos 4 millones de niños con algún grado de obesidad, 1 de cada 10 menores de 5 años, 2 de cada 10 de 5 a 9, 3 de cada 10 adolescentes y 25 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 18 años, los que se suman al 70 por ciento de adultos con sobrepeso u obesidad.

La Secretaría de Salud estima que los niños en México ven en un año en la televisión un promedio de entre 12 y 20 mil anuncios de productos alimenticios, de los cuales, el 80 por ciento son de muy bajo contenido nutricional. Considera además que 90 por ciento del dinero que los niños reciben de los padres para comprar en las cooperativas de las escuelas lo usan en la compra de bebidas --``refrescos''-- con elevados contenidos de calorías, colorantes, sabores artificiales y conservadores, y de comida chatarra, golosinas o frituras con altos niveles de grasas y calorías, además de que al absorber el aceite quemado en su proceso de elaboración se vuelven tóxicos para el organismo.

La obesidad y el sobrepeso deben ser reconocidos como una enfermedad, en principio desde el seno de las propias familias, dado que ante la ignorancia y la creencia popular de que un niño gordito es un niño saludable, se propician los malos hábitos alimenticios.

La falta de espacios en las escuelas sean públicas o privadas para que los niños y los jóvenes puedan practicar ejercicio o algún deporte, y los productos de bebidas y alimentos chatarra que se venden en las cooperativas de las escuelas, son factores que contribuyen en gran medida a que este sector presenten serios problemas de obesidad.

En las clínicas de salud pública ha aumentado el número de población infantil y adolescente que acude a consultas médicas por tener enfermedades que antes eran exclusivas de adultos, como diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, malestares cardiovasculares, aumento de triglicéridos y colesterol, principalmente.

Para la Secretaría de Salud, el problema de la obesidad es uno de los mayores retos para este siglo, ya que estima que afecta a casi 70 por ciento de la población nacional, porcentaje que considera a la población infantil y a los adolescentes, lo que conlleva a que el Estado tenga que elevar sus costos para la atención y las graves consecuencias de esta enfermedad al destinar el equivalente a medio punto del PIB, es decir, alrededor de 60 mil millones de pesos anuales, cifra que representa 9 por ciento del gasto en salud, lo que justifica cambiar esta tendencia de salud pública.

Se estima que en los últimos ocho años, los costos de atención a las enfermedades atribuibles a la obesidad y al sobrepeso, han aumentado en un 6 por ciento, es decir, en el año 2000 se destinaban 26 mil 286 millones de pesos, y en el 2008 más de 42 mil millones, lo que año con año, si no se toman las medidas preventivas necesarias, los costos seguirán aumentando.

Finalmente, frente a este complejo y delicado problema de salud pública, la propuesta va orientada en el sentido de combatir la enfermedad de la obesidad infantil, fomentando a través de la educación buenos hábitos alimenticios en los niños y en los adolescentes, además de promover y fomentar en las cooperativas de las escuelas el consumo de alimentos en cualquiera de sus presentaciones, con un buen contenido nutricional, bajos en calorías, grasas, azúcares simples y sal.

Por los motivos expuestos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que por el que se crean las fracciones IX, recorriéndose sucesivamente las demás, del artículo 7o.; y XI, recorriéndose sucesivamente las demás, del artículo 14 de la Ley General de Educación

Artículo 7o. ...

Artículo 14. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 del Código Penal Federal.

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, la iniciativa que presento a nombre propio y de los diputados federales del grupo de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, tiene por objeto fortalecer la capacidad de las autoridades ministeriales y judiciales del país, para enfrentar dos de los delitos que afectan con mayor gravedad a la sociedad mexicana: el secuestro y el tráfico de menores.

Se trata en esta ocasión no de aumentar las penas o de elevar aún más la gravedad de estos delitos que ya consigna el Código Penal Federal. Se trata de establecer una disposición complementaria para evitar el último resquicio de impunidad que pudiera darse en los casos de secuestro y robo de menores: la prescripción.

Propongo a esta soberanía que, en el caso de estos delitos previstos en los numerales 366, 366 Bis, 366 Ter, 366 Quáter del mencionado Código, no opere la prescripción.

Esta medida deberá ser un elemento disuasivo. Los delincuentes que pretenden someter a una familia a la tragedia psicológica de arrebatarle a uno de sus seres queridos, ya sea para el tráfico de personas, la venta ilegal de órganos o para privarlo de la libertad para exigir un rescate en efectivo, deberán saber que no sólo deben enfrentar la acción del Estado que considere este ilícito como grave y con penalidades que equivalen, muchas veces, a permanecer el resto de su existencia en la cárcel, sino que, además, a partir de ahora no habrá impunidad con el paso del tiempo.

El delito no prescribe y las imputaciones perduran aún cuando hayan transcurrido 10 o 20 años después de que se hayan cometido.

En la exposición de motivos de este proyecto ---que pido a la Presidencia inserte íntegro en el Diario de los Debates--- expresamos claramente nuestra preocupación, porque en el caso de los secuestradores, dada la forma en que actúan en la comisión del delito, sin ningún tipo de respeto por la vida y dignidad de la persona humana, el ilícito resulta altamente dañino para la cohesión social, porque los secuestradores amenazan y torturan psicológicamente a las familias, sin remordimiento de las consecuencias ocasionadas para las víctimas, familiares y las personas cercanas.

En otras palabras, el secuestro es uno de los delitos más graves que afronta hoy nuestra sociedad, y con un elevado grado de afectación al bien jurídico tutelado por la ley, que en ciertos casos, no pocos desafortunadamente, es la propia vida del secuestrado.

Tanto en este caso como en el de tráfico de menores, las afectaciones van mucho más allá del eventual daño patrimonial que los delincuentes causan a las familias; en muchas ocasiones los hogares quedan destruidos, los vínculos familiares desechos.

La convivencia social y la comunidad son afectadas, tanto por la secuela de los propios secuestros o por el robo de menores, como por la amenaza latente de que ocurran nuevos delitos contra familias que pierden por completo el sentido del porvenir, por la acción de un grupo de delincuentes que reducen la dignidad personal y la de la familia a un simple monto económico, que nada tiene que ver con el daño social que provocan estos crímenes.

Estoy convencida, señoras y señores legisladores, que ustedes serán especialmente sensibles a la aprobación y la importancia de esta iniciativa. Todos nosotros estamos comprometidos a legislar para coadyuvar y elevar los niveles de seguridad pública en el país y combatir a la delincuencia y al crimen organizado.

Esta medida contribuye definitivamente a conseguir ese objetivo y pido a todos ustedes que podamos analizar y votar lo antes posible esta iniciativa, para que brindemos a las instituciones de procuración de justicia este nuevo elemento que le permita perseguir con mayor eficacia los delitos de secuestro y de tráfico de menores, por el bien de la sociedad mexicana a la que todos representamos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 101 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de la presente iniciativa es proponer que para el delito de secuestro y tráfico de menores no opere la prescripción, en ninguna de sus formas de la acción o de la pena, en virtud del grave perjuicio y daño que ocasionan los actos de privación de la libertad de cualquier persona. Por ende, es necesario que la facultad del Estado para perseguir y castigar las conductas delictivas persista, sin importar el tiempo que transcurra, a efecto de sancionar a los secuestradores por tan lesivas conductas.

Nuestra sociedad se ha convertido víctima de los secuestradores, por lo cual el gobierno federal tiene entre sus prioridades atacar de frente conductas tan deleznables como el secuestro.

Desgraciadamente, el crimen organizado ha adoptado este delito como una rentable industria delictiva, lo cual ha causado un temor a todo ciudadano; situación complicada para las autoridades que son superados por el poder económico y de armamento de los grupos delictivos de este acto ilícito.

Este fenómeno tiene consecuencias atroces como son las psicológicas y económicas, no únicamente para el secuestrado, sino también son afectados sus familiares y amigos. En consecuencia, las voces de exigencia y preocupación son justificadas por el alto índice del delito e impunidad con que operan los secuestradores.

Por lo anterior, los órganos de seguridad pública de los tres órganos de gobierno han implementado una serie de medidas coordinadas para abatir con una de las conductas delictivas más lesivas para la sociedad mexicana. Se confirma el avance en la materia con los datos proporcionados en el tercer informe de gobierno, donde se señala que el combate al delito del secuestro, con el apoyo de los gobiernos estatales, en los últimos 12 meses se ha detenido a más de mil 400 secuestradores, desarticulado a más de 200 bandas dedicadas al secuestro y liberado a más de mil víctimas.

A pesar de los logros obtenidos, ante la visión de la sociedad la respuesta de las autoridades es insuficiente; por ello los esfuerzos y medidas que se instituyan en contra de la comisión del delito privación ilegal de la libertad, serán pocos hasta que no lograr la erradicación total de tales conductas.

Debe tenerse presente un aspecto al momento de cualquier medida legislativa para combatir a los secuestradores, siendo la forma en que actúan en la comisión del delito, sin ningún tipo de respeto a la vida y dignidad humana; además, sin remordimiento de las consecuencias ocasionadas para las víctimas, familiares y las personas cercanas. En otras palabras, el secuestro es uno de los delitos más graves que afronta hoy la sociedad, y con un elevado grado de afectación al bien jurídico tutelado por la ley, en ciertos casos desafortunadamente, es la propia vida de secuestrado.

En tal virtud, es una tarea pendiente y de carácter prioritario el proponer iniciativas de reforma de ley en el Congreso, a efecto de dotar a las autoridades encargadas de las seguridad pública, persecución del delito y la administración de justicia con herramientas más propicias para evitar que se continúe con la comisión de secuestro a lo largo del territorio nacional.

Ahora bien, con la finalidad de dar un contexto jurídico a la presente propuesta se debe dar un breve esbozo de la figura de prescripción. En este sentido, determinar que se entiende por prescripción, pues se trata de un concepto que lo encontramos tanto en el ámbito civil como en el penal, siendo este último término es el que nos interesa.

Para Ignacio Villalobos, la prescripción es un medio extintivo, tanto de la acción penal como de la pena, y se funda en el transcurso en el tiempo que borra el recuerdo social de las ofensas, lo que presentaría el proceso y la sanción. ¹

Con lo anterior se dice que la prescripción penal opera en dos vertientes respecto del ius puniendi del Estado; es decir, el derecho subjetivo a castigar: la primera, en cuanto al derecho de perseguir al delincuente antes de imponer la sanción; y la segunda, sobre la facultad posterior a la imposición de la pena para lograr el cumplimiento o la reanudación en caso de fugar del centro de reinserción.

La Enciclopedia jurídica Omeba define la prescripción de la acción como la que por imperio de la ley, transcurrido un lapso determinado, variable, según sean la índole y extensión de la pena establecida, aniquila la posibilidad de perseguir al sujeto autor de un delito.

En tanto, la prescripción de la pena, es el impedimento de la ejecución o mejor efectivización teórico pronunciamiento condenatorio que impone el castigo, merecido, por cuanto se ha logrado determinar la culpa en el proceder del sujeto que se exonera en esta forma de su obligación de cumplir con la retributiva medida que le acarrease su inconducta. ²

El marco normativo federal considera la figura de ``prescripción'' en el Capítulo VI, ``Prescripción'', del Título Quinto, ``Extinción de la responsabilidad penal'', del Libro Primero del Código Penal Federal, en los numerales 100 a 115.

De las dos primeras disposiciones se desprende que la prescripción es personal y para su actualización basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, teniendo como efectos la extinción de la acción penal y de las sanciones.

Los plazos de prescripción son continuos y se cuentan conforme a la naturaleza del delito cometido (instantáneo, continuado, permanente o en grado de tentativa), así como a la naturaleza de la pena (multa, alguna otra que no sea privativa de libertad o prisión), conforme al Código lo dispone para la extinción de la acción y de la pena, respectivamente.

La figura jurídica de la prescripción debe tener como fundamentos el interés social, mantener indefinidamente una imputación delictuosa o suspensión de la pena por la sustracción de la acción del Estado efectuada por el delincuente, por consecuencia en la búsqueda de proteger y atender el reclamo social es viable sostener la imprescriptibilidad en los casos de delitos de secuestro.

El Partido Acción Nacional tiene entre sus principales objetivos la protección de niños y de adolescentes, quienes constituyen un sector vulnerable de la población, ello a la luz del artículo 4o. constitucional el cual establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas, mientras que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Se considera indispensable que además del esfuerzo legislativo que se ha hecho para erradicar actos ilícitos que atentan contra el interés superior del menor, se procure que los sujetos que irrumpan el estado de derecho reciban las sanciones penales.

Un argumento sólido y suficiente es el sufrimiento y daño mediato de las víctimas de secuestro y del tráfico de menores, en este sentido, puede sostenerse razonablemente que es menester garantizar que no se extinga la acción ni la sanción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que adiciona el cuarto párrafo al artículo 101 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 101 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 101. ...

...

...

La prescripción no operará para los delitos previstos en los numerales 366, 366 Bis, 366 Ter y 366 Quáter de este código.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Malo Camacho, Gustavo. Derecho penal mexicano, Porrúa, México, 2000, página 633. 2 Osorio, Manuel; y Obal, Carlos. Enciclopedia jurídica Omeba, tomo XXII, Buenos Aires, 1979, página 941.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penalesy de la Ley de la Propiedad Industrial.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna con un tema muy importante, un tema importante para todos, como lo es el mal llamado delito de piratería.

El delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley, mejor conocido como piratería, presenta un crecimiento y evolución preocupantes para la seguridad pública y para la economía de México, pues sus efectos negativos implican a diversos sectores de la sociedad.

Este delito es sin lugar a dudas una de las afrentas más persistentes a la seguridad pública en México, por tal motivo se encuentra dentro de las actividades sancionadas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se considera delito grave en la Ley de Propiedad Industrial.

Es tal el crecimiento de la piratería, que sus ganancias representan casi el doble de lo que produce el narcotráfico en México, pues alcanza la cifra aproximada de 75 mil millones de dólares, tan sólo en este año.

La piratería ha evolucionado utilizando sofisticados procesos de producción y venta, gracias a que la actual legislación en la materia no permite a las autoridades ministeriales actuar en una forma inmediata, ya que su actuación está condicionada a que se presente una querella, lo cual en la práctica conlleva a que los productores y distribuidores de artículos apócrifos evaden la justicia con relativa facilidad.

Las redes de piratería cuentan con vínculos con traficantes y contrabandistas extranjeros, sobre todo de Asia, que en contubernio con algunas autoridades aduanales, permiten el acceso de infinidad de artículos falsificados. Además, muchas de las personas dedicadas a la piratería son protegidas por grupos de delincuencia organizada.

La piratería conforma la mayor parte del mercado informal, el cual representa un tercio de la economía nacional, que no paga impuestos y pone en predicamentos a los comerciantes y empresarios legalmente establecidos, generándoles pérdidas cuantiosas y, por ende, provocando el despido de muchos de los trabajadores.

Es por ello que esta iniciativa propone modificar y adecuar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Propiedad Industrial, con el objetivo de introducir los delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, y perseguir de oficio el delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley.

El motivo de estos cambios radica en que es necesario modificar la legislación para castigar las nuevas modalidades de piratería pero, sobre todo, a que en la práctica resulta improcedente combatir este delito persiguiéndolo por querella pues los procedimientos con los que actúan los delincuentes y las nuevas tecnologías dificultan el funcionamiento de las autoridades.

Sin embargo, el motivo fundamental por el que se necesita un cambio para perseguir de oficio la piratería radica en que las autoridades del Ministerio Público se ven limitadas por el requisito de procedibilidad de la querella, lo cual limita la posibilidad de actuar ante la flagrancia de los hechos.

Es necesario diseñar los mecanismos jurídicos pertinentes para eliminar los delitos que diariamente se producen contra los derechos de autor, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la evasión de impuestos, el contrabando y los demás que se vinculan.

La piratería afecta bienes jurídicos suprapersonales a la sociedad en general; incluso al estado de derecho, pues es un delito promotor del crimen organizado y, además, impulsa el mercado informal.

Muchos países ya han implementado medidas similares a las aquí presentadas. De hecho varios Estados de la Unión Europea ya poseen leyes específicas antipiratería, porque es considerado un delito grave que atenta contra todos aquellos que realizan una innovación o aportación intelectual al mercado.

Es importante, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy está publicado ya en la Gaceta Parlamentaria. Por motivo del tiempo que se nos da para la presentación de la iniciativa, no me es posible leerla en su totalidad, pero quienes estén interesados, es importante que sepan que reformamos artículos fundamentales en el Código Penal Federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley de la Propiedad Industrial; y que estamos agregando también lo que es el software, libros, ropa, calzado, medicamentos, lentes, vinos, licores, juguetes, perfumes, medicinas o cualquier otro producto protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.

Diputado presidente, agradezco mucho su atención. Les agradezco, compañeras y compañeros diputados. Espero que esta intervención se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la asamblea el presente proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley, mejor conocido como piratería, presenta un crecimiento y evolución preocupantes para la seguridad pública y economía de México, pues sus efectos negativos implican a diversos sectores de la sociedad.

Este delito es sin duda una de las afrontas más persistentes a la seguridad pública en México, por tal motivo se encuentra dentro de las actividades penadas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y se considera delito grave en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es tal el crecimiento de la piratería, que sus ganancias representan, según Amercian Chamber, ganancias por casi el doble de lo que produce el narcotráfico en México, pues alcanza la cifra aproximada de 75 mil millones de dólares tan sólo en este año.

La piratería ha evolucionado utilizando refinados procesos de producción y venta gracias a que la actual legislación en la materia no permite a las autoridades ministeriales actuar en una forma inmediata, ya que su actuación esta condicionada a que se presente una querella, lo cual en la práctica conlleva a que los productores y distribuidores de artículos apócrifos evadan la justicia con relativa facilidad.

El motivo de esta iniciativa es realizar modificaciones a varios ordenamientos jurídicos con la finalidad de procurar mecanismos más eficientes y operativos en el combate de lo que comúnmente se conoce como ``piratería'' y sus nuevas modalidades, pues el que éste delito se persiga por querella ya no es apropiado. Lo anterior no es menor, pues al analizar la complejidad de este fenómeno, podemos identificar los múltiples retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad pública.

La piratería ha mostrado un crecimiento preocupante de sus recursos, ganancias, financiamiento y nichos de mercado, lo cual se demuestra tanto de forma empírica como en argumentos estadísticos. Las organizaciones dedicadas a la piratería han desarrollado mecanismos para falsificar música, videos, programas de televisión, software, libros, ropa, medicamentos, artículos electrónicos, juguetes, relojes, lentes y demás productos protegidos por la ley.

Las redes de piratería cuentan con vínculos con traficantes y contrabandistas extranjeros, sobre todo de Asia, que en contubernio con autoridades aduanales permiten el acceso de infinidad de artículos falsificados, además, muchas de las personas dedicadas a la ``piratería'' son protegidas por grupos de la delincuencia organizada, entre ellos el narcotráfico, que imprimen sus sellos en las obras producidas con la finalidad de obtener un estatus de poder, además de recursos, los cuales muchas veces se obtienen a través de las famosas cuotas mensuales por dar protección frente a las autoridades y generar impunidad.

La piratería integra la mayor parte del mercado informal, el cual representa un tercio de la economía nacional, que no paga impuestos y pone en predicamentos a los comerciantes y empresarios legalmente establecidos, generándoles pérdidas cuantiosas y por ende provocando el despido de muchos de sus trabajadores.

Por ello, esta iniciativa propone modificar y adecuar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de la Propiedad Industrial, con objeto de introducir los delitos de propiedad industrial y perseguir de oficio el delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley.

El motivo de estos cambios radica en que es necesario modificar la legislación para castigar las nuevas modalidades de piratería, pero sobretodo a que en la práctica resulta improcedente combatir este delito persiguiéndolo por querella, pues los procedimientos con los que actúan los delincuentes y las nuevas tecnologías dificultan el funcionamiento de las autoridades.

Sin embargo, el motivo fundamental por el que se necesita un cambio para perseguir de oficio la piratería radica en que las autoridades del Ministerio Público están limitadas por el requisito de procedibilidad de la querella, lo cual limita la posibilidad de actuar ante la flagrancia de los hechos.

Otro de los problemas a los cuales se enfrentan las instituciones ministeriales es que una vez que se establece la procedencia de la querella resulta complicado realizar un procedimiento de detención o decomiso, pues no hay un solo ejecutor del delito y su ubicación cambia constantemente.

Ante estas circunstancias, es necesario diseñar los mecanismos jurídicos pertinentes para eliminar los delitos que diariamente se producen contra los derechos de autor, la propiedad intelectual y la propiedad industrial, la evasión de impuestos, el contrabando y demás que se vinculan.

Anteriormente se pensaba que el delito de producción, distribución y venta ilegal de artículos protegidos por la ley solo afectaba a derechos e intereses particulares y por eso se perseguía por querella, sin embargo su desarrollo histórico nos indica que tiene importantes repercusiones para la sociedad en general y que debe ser tratado de oficio.

La piratería afecta bienes jurídicos suprapersonales, a la sociedad en general e incluso el estado de derecho, pues es un delito promotor del crimen organizado, impulsa al mercado informal, viola los derechos de propiedad intelectual, afecta a la economía nacional, provoca la pérdida de empleos, fomenta la corrupción, vive del contrabando, puede convertirse en un problema de salud pública --en el caso de los medicamentos apócrifos-- y tiene importantes nexos con el desenvolvimiento y financiamiento de otros preocupantes delitos como el narcotráfico.

Por los motivos mencionados, este delito debe considerarse grave en el Código Federal de Procedimientos Penales y así ser consecuentes con la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para dimensionar la problemática que significa la piratería es necesario analizar los siguientes datos que indican que este delito produce ganancias por casi 75 mil millones de dólares al año, con un crecimiento de 20 por ciento para éste, además de producir pérdidas de ingresos fiscales por 9 mil 700 millones de pesos y mil 200 millones de dólares a las empresas legalmente constituidas.

El último Informe Global sobre Piratería de Software estableció que México tiene un índice de falsificación de programas computacionales de 56 por ciento y el Informe Global 2005, Reporte Especial 301 indicó que ocupa el cuarto lugar en la venta de piratería, sólo por debajo de Rusia, China e Italia.

Además, en México 8 de cada 10 películas vendidas son falsificadas o copias, así como 6 de cada 10 programas de computadora, lo cual se agudiza aún más cuando se analizan las problemáticas generadas a las diferentes industrias que padecen de este delito.

Muchos países han implantado medidas similares a las aquí presentadas. De hecho varios Estados de la Unión Europea poseen leyes específicas antipiratería porque es considerado un delito grave que atenta contra todos los que realizan una innovación o aportación intelectual al mercado.

Es un delito que se debe cortar de raíz, pues aunque las condiciones socioeconómicas sean complicadas, no se justifica nunca ser pasivos ante el crecimiento de la piratería, por ello es imperante realizar las modificaciones legislativas aquí propuestas, que tienen un carácter integral y rescatan el esfuerzo que distintos legisladores han hecho en aras de encontrar una solución viable a esta problemática nacional.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial

Artículo Primero. Se reforma el Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Vigésimo Sexto De los Delitos en materia de Derechos de Autor y Propiedad Industrial

Artículo Segundo. Se reforman los numerales I, II y III del artículo 424 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424. Se impondrá prisión de seis meses a siete años y de trescientos a tres mil días multa

Artículo Tercero. Se reforma el numeral primero del artículo 424 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 Bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 424 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 Ter. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este código. En caso de que el indiciado sea reincidente se le impondrá de seis a doce años de prisión y multa de treinta mil a cincuenta mil días de salario.

Artículo Quinto. Se adiciona un numeral tercero al artículo 426 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 426. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de trescientos a tres mil días multa en los casos siguientes:

Artículo Sexto. Se modifica el artículo 428 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 428. Las sanciones pecuniarias previstas en el presente título se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor de cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, por la Ley de la Propiedad Industrial o por ambas .

Artículo Séptimo. Se modifica el artículo 429 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán de oficio. En caso de que los derechos de autor hayan entrado en el dominio público, se considerará como parte ofendida a la Secretaría de Educación Pública.

Artículo Octavo. Se modifica el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

Artículo Noveno. Se modifica el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 223 Bis. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley. Este delito se perseguirá de oficio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, insértese el texto íntegro de su presentación en el Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Economía.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Con su venia, señor presidente. Distinguidos diputados y diputadas, la propuesta que nos ocupa versa sobre una de las actividades humanas de mayor relevancia, como lo es la educación.

Es a través de la educación, valor insustituible, cuya razón de ser es el mejoramiento de la persona, desde donde deberá dotarse a cada individuo de competencias, habilidades y saberes prácticos que le permitan modificar sus estilos de vida para enfrentar eventos significativos de manera adecuada.

De lo anterior se deduce que la delincuencia que amenaza al país constituye un grave problema de inobservancia y falta de respeto a las leyes que nos rigen, que requiere para su solución una atención integral no sólo desde la óptica del castigo de aquellos infractores de la ley, sino acaso más importante, desde la perspectiva de prevención que puede ofrecer el sistema educativo nacional.

Al respecto, la fracción VIII del artículo 3o. constitucional, en relación con el artículo 73 de la norma fundamental, facultan al Congreso de la Unión para expedir las disposiciones legales necesarias que ordenen la importante función social de la educación.

Ante tales facultades que tenemos en el Congreso en materia educativa y tomando en consideración el grave problema de seguridad pública, por el aumento de estas diversas conductas delictivas, que cada vez resulta más frecuente su comisión por menores de edad, se hace necesario expresar como un fin educativo la prevención del delito, con el objeto de salvaguardar el armónico desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Para ello, debemos expresar que la importante función social de la educación se inicia en el hogar. El hogar es pieza clave para acabar con la delincuencia e inseguridad pública que lacera y menoscaba al país, por lo que habrá que reforzar también la autoridad de los padres y la importancia de su función educativa.

La educación es una institución social que no sólo informa, sino que fundamentalmente también debe estar orientada a informar. Por tanto, tenemos que incluir el valor de la prevención del delito, a fin de que todos nuestros niños y jóvenes se sientan incluidos en un proyecto nacional y no caigan en la esfera de cometer conductas antisociales y violentas.

Si bien la educación escolar pretende acotar tales conductas, el esfuerzo desde el hogar debe ser aún mayor, de ahí que la propuesta no solamente pretende incluir como valor educativo la prevención del delito desde la educación, sino también establecer desde la sociedad las bases legales para diseñar una campaña nacional educativa que prevenga la comisión de conductas delictivas desde el hogar y desde la sociedad.

La prevención deberá ser dirigida a resolver la vulnerabilidad psicosocial, y fortalecer a la familia es prevenir el riesgo de conductas delictivas y disminuir la vulnerabilidad social. Para esto tenemos que dar oportunidades de desarrollo personal, familiar y social con profundo y consistente sentido de educación comunitaria y de la construcción de la ciudadanía. La prevención del delito deberá abarcar a cada individuo, pero también a los pequeños colectivos como son las familias, escuelas, vecindarios y grupos sociales. Cada persona puede hacer algo por sí misma, cada familia por sus integrantes, cada comunidad por sus componentes y el gobierno por sus ciudadanos.

Ya existen esfuerzos para vincular la educación con la seguridad pública, a efecto de la Ley General de Sistema de Seguridad Pública que establece la figura del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que, entre otra de sus atribuciones está la de promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos y, en general, en los diversos programas de las dependencias y entidades federativas.

Finalmente, si llegamos a los niños y a las niñas y jóvenes del país y tocamos las fibras del respeto y observancia de la ley, serán no sólo los ciudadanos del México futuro, sino también los censores actuales de las conductas de sus propios padres y maestros o ciudadanos, por lo que al educarlos bajo la cultura de la prevención del delito, el respeto a la ley, la justicia, la honradez, la igualdad y la no violencia en la solución de los conflictos, habremos de asegurar una país mucho mejor.

Se solicita insertar esto completo en el Diario de los Debates, con las modificaciones correspondientes y, a éste se ha sumado la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Alma Carolina Viggiano Austria. Es tanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Paz Gutiérrez Cortina, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción VIII; 21, párrafo noveno; 71, fracción II, 72 y 73, fracciones, XXV, XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación, a fin de incluir como finalidad educativa, la prevención del delito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La propuesta que nos ocupa, es sobre una de las actividades humanas de mayor valía e importancia, la educación, valga citar a don Rafael Preciado Hernández quien señala: el hombre puede ser muy instruido, contar con conocimientos enciclopédicos, ser un erudito, un técnico, un científico, y al mismo tiempo, ser un malvado, un perverso, un egoísta, un sujeto que en lugar de poner su ciencia, su técnica, su instrucción al servicio de fines nobles, utiliza su saber y su habilidad para satisfacer ambiciones mezquinas.

Entrando en materia, la presente iniciativa tiene por objeto incluir, el valor de la prevención del delito, en forma expresa dentro de los fines legales de la educación, de acuerdo a lo que dispone el artículo 7 de la Ley General de Educación, previendo legalmente la inclusión del valor de la prevención del delito dentro de los planes y programas educativos, así como la definición de las bases legales para que las autoridades educativas establezcan una campaña informativa de prevención del delito, especialmente dirigida a niñas, niños y jóvenes.

Primeramente debemos mencionar que la educación es un alto valor dirigido, y cuya razón de ser, son las personas y el bienestar y desarrollo común de la sociedad.

Y que de conformidad con el texto constitucional tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y que entre otros objetivos, contribuye a la mejor convivencia humana robusteciendo el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres.

De lo anterior, nadie podría refutar que la delincuencia que adolece el país, constituye un grave problema de inobservancia y falta de respeto a las leyes que nos rigen, que requiere para su solución, una atención integral no sólo desde la óptica del castigo penal para aquellos infractores, sino acaso mas importante, desde la perspectiva de prevención que puede ofrecer el sistema educativo nacional.

Al respecto, la fracción VIII del artículo 3 constitucional en relación con el artículo 73 de la norma fundamental, facultan al Congreso de la Unión, para expedir las disposiciones legales necesarias, que ordenen la importante función social de la educación, textualmente tenemos:

Y en términos de la fracción III del referido numeral constitucional, le corresponde al Ejecutivo Federal con opinión de los gobiernos locales y del sector social, determinar los planes y programas de estudio educativos que se impartan en el país, veamos:

Ante tales facultades constitucionales en materia educativa, y tomando en consideración el grave problema de seguridad pública por el aumento de diversas conductas delictivas, que cada vez resulta más frecuente su comisión por menores de edad y jóvenes, se hace necesario expresar como un fin educativo, la prevención del delito, con el objeto de salvaguardar el armónico desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Para ello, se propone incluir expresamente en el artículo 7, fracción VI de la Ley General de Educación, que se promoverá el valor de la justicia, de la observancia y respeto a la Ley, de la igualdad de los individuos ante ésta, la promoción del desarrollo de una cultura por la paz y de la cultura de prevención del delito, entre otros valores.

En seguimiento, debemos expresar que la importancia de la función social de la educación, que inicia en el hogar es pieza clave para acabar con la delincuencia e inseguridad pública que lacera y menoscaba al país; la esperanza depositada en las generaciones que nos sucederán debe ser amplia y con la gran seguridad de que tendrán un país mejor del que tenemos.

La educación, es una institución social que no sólo informa, sino que también forma y otorga pertenencia a un grupo social, incluyamos el valor de la prevención del delito, a fin de que las niñas, niños y jóvenes se sientan incluidos en un proyecto nacional, y no caigan en la esfera siempre de cometer conductas antisociales y violentas, si bien la educación escolar pretende acotar tales conductas, el esfuerzo desde el hogar debe ser mayor, de ahí que la propuesta no sólo pretenda incluir como valor educativo, la prevención del delito, sino también establecer las bases legales para diseñar una campaña nacional educativa que prevenga la comisión de conductas delictivas.

Por otra parte, existen ya esfuerzos para vincular la educación con la seguridad pública, al efecto la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, establece la figura del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que entre otras atribuciones, está la de promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta misma materia; por lo que tal supuesto se recoge en un articulo transitorio de esta propuesta legislativa, a fin de que las autoridades educativa en coordinación con el citado Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en un plazo no mayor a seis meses, realicen las acciones necesarias para incluir los contenidos relativos a la prevención del delito en los programas y planes educativos.

Asimismo, es menester considerar que la educación familiar y escolar deben estar unidas para atender no sólo el problema de delincuencia que padecemos, sino constituir un adecuado mecanismo social de inclusión, transmisor y generador de valores, actitudes, normas y costumbres que las personas asuman como propias y que contribuyan a un sano desarrollo integral personal y colectivo.

Finalmente, si llegamos a los niños, niñas y jóvenes del país y tocamos las fibras del respeto y observancia a la ley, serán no sólo los ciudadanos del México futuro, sino los censores actuales de las conductas de sus propios padres o familiares, por lo que educarlos, bajo la cultura de la prevención del delito, el respeto a la ley, la justicia, la honradez, la igualdad y la no violencia en la solución de los conflictos, habremos de asegurar un país mejor.

De lo que antecede, los diputados federales de Acción Nacional, bajo el compromiso de contribuir al desarrollo de México, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto:

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para incluir dentro de los fines de la educación, la prevención del delito

Único. Se reforman la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y con las autoridades educativas estatales, en un plazo no mayor a seis meses, deberán realizar las acciones necesarias para incluir los contenidos relativos a la prevención del delito en los programas y planes educativos.

Para ello, deberán desarrollarse contenidos adecuados y pertinentes para cada tipo y modalidad educativa, así como mecanismo de participación y reconocimiento social, de manera enunciativa, talleres, concursos y estímulos para la organización de actividades ciudadanas en materia educativa dirigidas a la prevención del delito.

Tercero. Las autoridades educativas, en el mismo plazo que se refiere en el artículo anterior, deberán diseñar un modelo general de campaña informativa de prevención del delito, dirigido especialmente a niñas, niños y jóvenes, que deberá difundirse en medios masivos de comunicación social.

La campaña informativa de prevención del delito, deberá implementarse durante al menos tres años consecutivos, y a su término, deberán evaluarse sus resultados objetivos con el objeto de tomar las acciones que en su caso se consideren pertinentes. La Cámara de Diputados, asegurará en el Presupuesto de Egresos para el año que corresponda, los recursos necesarios para tal fin.

Para el año calendario en que se difunda por primera ocasión la campaña informativa de prevención del delito, se deberán realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables, a fin de cumplir con el mandato del presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como solicita la diputada, insértese el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ARTICULOS 41, 59 Y 115 CONSTITUCIONALES - LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 59, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Adelante, señor diputado.

El diputado Miguel Ángel García Granados: Gracias, señor presidente, muy amable. Quiero presentar en forma muy breve dos iniciativas que considero indispensable que sean analizadas.

La primera es para dejar constancia de estar cumpliendo con un compromiso, a partir del momento en que hice eco de la convocatoria del Pacto Nacional Ciudadano, lanzado por el ciudadano Alejandro Martí.

La reelección consecutiva de diputados federales, senadores y presidentes municipales es uno de los asuntos pendientes de la agenda política de nuestra nación. Vale decir que la reelección consecutiva de legisladores y de presidentes municipales no tuvo restricción en ninguna de las constituciones que nos hemos dado a lo largo de 1821, de 1857 y la de 1917.

Fue hasta en 1933 cuando se prohibió la reelección de legisladores, antes solamente se había prohibido la reelección del titular del Poder Ejecutivo. Fue hasta 1933, reitero, cuando se hizo la reforma al artículo 59 de la Constitución de 1917. Una de las razones que en su oportunidad se consideraron para no limitar la reelección consecutiva de los integrantes del Palacio Legislativo era que esta condición no suponía una amenaza que derivara en una concentración del poder; no obstante, tuvo lugar la reforma constitucional de 1933.

La medida tuvo como propósito aportar a la estabilidad política del país, amenazada por la fuerte presencia, en aquél entonces, de cacicazgos regionales formados en el México posrevolucionario. Sin embargo, en aquel momento las circunstancias eran distintas a las de nuestros días.

Hoy la realidad política de México ha cambiado y demanda, para la consolidación democrática del país, instituciones fortalecidas, como es el caso que nos ocupa: el Congreso de la Unión y los ayuntamientos como primer contacto de gobierno en el pueblo.

Quiero proponer respetuosamente, en razón del tiempo que se me ha brindado, la reforma al artículo 41 adicionándole un párrafo, y la reforma a los artículos 59 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por la de los estados. En lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La soberanía también podrá ejercerse de manera directa a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, figura en la cual quiero fundamentalmente referirme, porque si bien estamos hablando de un esquema de reelección de los legisladores, también es cierto que urge que tengamos una figura para que, a través de una consulta, podamos tener la revocación del mandato de aquéllos que no están cumpliendo con su obligación.

En ese sentido, el pueblo exige no extender un cheque en blanco al momento de una elección, sino tener la oportunidad de relegar de la responsabilidad a aquéllos que no estén cumpliendo.

No tiene caso casarse por seis años con un presidente de la República si éste no funciona, o con un gobernador o presidente municipal si éstos no están funcionando. Es el mismo caso de los legisladores.

En este sentido, quisiera pedir, en razón del tiempo, señor presidente, me permitiera agregar íntegra, en el Diario de los Debates, la iniciativa y pasar a la siguiente.

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2008 ha recibido, junto con otros ordenamientos de carácter fiscal, un abierto rechazo de los sectores productivos y de la población en general.

En principio, la autoridad hacendaria estableció la posibilidad de crear este impuesto como un mecanismo de control, pero según apreciaciones y según declaraciones del propio secretario de Hacienda, éste ha resultado ser una chulada de impuesto y se está utilizando ahora para un esquema meramente recaudatorio.

Las publicaciones recientes de carácter confiable informan que a partir de la vigencia del impuesto a los depósitos en efectivo y luego de haber realizado acciones de fiscalización, el SAT ha incluido, en la base de contribuyentes, apenas a 5 mil 223 contribuyentes no localizados en la economía formal. Esta cifra se queda corta si es contrastada frente a un padrón de 23 millones 73 mil causantes activos localizados en el Registro Federal de Contribuyentes.

Seguramente este panorama nos habla de la poca efectividad del impuesto a los depósitos en efectivo para el propósito que fue creado. Es decir, como un mecanismo de control y de actualización del padrón de contribuyentes.

Todavía más y a pesar de que este gravamen se puede acreditar contra otras contribuciones, el causante tiene que darse y verse en la necesidad de contratar los servicios de contadores con el consecuente costo económico para empresas y particulares, elevándose así los gastos de operación que generan a su vez espirales inflacionarias.

Hay que decir, además, que el beneficio del acreditamiento se aplica sólo para determinados causantes y no para el pequeño contribuyente que casualmente integra un alto porcentaje del total de los contribuyentes.

Priva entre la población un sentimiento de irritación y hartazgo, sobre todo en aquellos contribuyentes cumplidos, toda vez que mientras la informalidad busca formas para evadir el pago de impuestos, a los únicos a los que se castiga son a los de siempre: los causantes registrados. Éste ha sido un legítimo reclamo de la sociedad, que en mi carácter de diputado electo he recibido, y que se suma a toda una serie de inconformidades de la población.

La presente iniciativa propone por ello la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo porque, en opinión de especialistas, la vigencia de este ordenamiento llevará a una reducción de las inversiones por parte de las empresas, aparte de que desalentará la utilización de cuentas bancarias y hasta la aparición de mecanismos de inversión diferentes a los de la banca tradicional.

Por lo anterior, estoy proponiendo y someto a la consideración de este pleno la iniciativa que contempla la abrogación del impuesto a los depósitos en efectivo. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 41, 59 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 41 y se reforman los artículos 59 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de promover una mayor participación ciudadana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reelección consecutiva de diputados federales, senadores y presidentes municipales, es uno de los asuntos pendientes de la agenda política de nuestra nación. Se trata de un tema que debe ser atendido, a pesar de representar un tabú por las características de la tradición histórica del México reciente.

Vale decir que la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales, no tuvo restricciones en las tres Constituciones que han dado soporte al andamiaje jurídico, político y social del México independiente, con la salvedad de la reforma que data de 1933, aplicada al artículo 59 de la Constitución de 1917.

Incluso en los debates de los constituyentes de 1917 no se registró posición alguna relacionada con la prohibición de la reelección consecutiva de diputados federales y senadores. El principio en referencia se observaba exclusivamente para la figura del titular del Poder Ejecutivo federal.

Una de las razones que en su oportunidad se consideraron para no limitar la reelección consecutiva de los integrantes del Poder Legislativo, era que esta condición no suponía una amenaza que derivara en una concentración del poder.

No obstante, tuvo lugar la reforma constitucional de 1933, por la cual y hasta nuestros días, está prohibida la reelección inmediata de los legisladores federales. La medida tuvo como propósito aportar a la estabilidad política del país, amenazada por la fuerte presencia de cacicazgos regionales formados en el México posrevolucionario.

Sin embargo, de aquel momento a nuestros días la realidad política de México ha cambiado y demanda para la consolidación democrática del país instituciones fortalecidas, como lo es en el caso que nos ocupa, el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y Senadores y los ayuntamientos como primer contacto del gobierno con el pueblo.

Se requiere para ello abonar a la profesionalización parlamentaria y del servicio público con la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, de tal suerte que la medida suponga un contacto más estrecho con los electores, quienes por ello harán efectivo su derecho a exigir rendición de cuentas a sus representados.

Esta relación, obligará tanto al representante y servidor público a responder en todo momento a sus electores, sabedor de que la carrera política de aquellos, garantizada por una ratificación electoral, estará sujeta al cumplimiento de compromisos asumidos.

La reelección consecutiva implicaría asimismo la formación de parlamentarios y servidores públicos que durante el ejercicio de su encargo estarán acumulando experiencia y conocimientos a favor de un mejor trabajo legislativo y de gestión en materia de servicio público, más ahora que el ejercicio público demanda de sus protagonistas especialización y eficiencia.

Derivado de la reelección inmediata, los electores tendrán entre sus representantes a interlocutores permanentes para mantener así un diálogo constante que lleve a un seguimiento puntual de los más diversos asuntos de orden y beneficio público.

La conveniencia de la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, estriba en la necesidad de profesionalizar al Congreso y garantizar la continuidad de los proyectos y obras que impulsan los presidentes municipales.

Debo anotar sin embargo que tanto la reelección de los integrantes del Congreso de la Unión como la de los ayuntamientos, tendrá que estar acotada por disposiciones legales que vayan más allá del simple rechazo en las urnas a la conclusión del periodo para el cual fue electo determinado legislador o alcalde.

Estas disposiciones, deberán contener mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de control al desempeño, como la revocación de mandato, de tal suerte que con ello se impida la formación de cotos y abusos en el ejercicio del poder.

Con la presente iniciativa, quiero dejar constancia de estar cumpliendo uno de mis compromisos de campaña, a partir del momento en que hice eco de la convocatoria al Pacto Nacional Ciudadano, lanzada por el ciudadano Alejandro Martí.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se, adiciona el articulo 41 y se reforman los articulos 59 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La soberanía también podrá ejercerse de manera directa a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato.

Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos para periodos consecutivos.

Artículo 115. ...

Transitorios

Articulo Primero. Para la reelección inmediata de diputados, las disposiciones del presente decreto entrarán en vigor a partir de la LXII Legislatura y sus consecutivas, en tanto que para el caso de la Cámara de Senadores, será a partir de la LXIII Legislatura y sus consecutivas.

Articulo Segundo. Para la reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, esto se ajustará a los calendarios que para el efecto aprueben los Congresos locales en cada una de las entidades federativas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese la iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, con el más firme propósito de alentar la productividad de las empresas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2008, ha recibido, junto con otros ordenamientos de carácter fiscal, un abierto rechazo de los sectores productivos y de la población en general.

El ordenamiento al que hago referencia en la iniciativa preceptúa actualmente la retención del 2 por ciento a los depósitos en efectivo que excedan el monto mensual de 25 mil pesos. Para el ejercicio fiscal de la federación del año próximo, este gravamen será del 3 por ciento, aplicable a los depósitos que excedan los 15 mil pesos, de acuerdo con la miscelánea aprobada recientemente.

En principio, la autoridad hacendaria propuso este gravamen para el combate al comercio informal. De esta forma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) argumenta que ha tomado este instrumento fiscal como un mecanismo de control para documentar así un mayor número de causantes.

Sin embargo, publicaciones recientes de carácter confiable informan que a partir de la vigencia del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y luego de haber realizado acciones de fiscalización, el SAT ha encontrado apenas a unos 5 mil 223 contribuyentes no localizados en el registro federal de causantes.

Esta cifra se queda corta si es contrastada frente a un padrón de 23 millones 78 mil causantes activos localizados en el registro federal de contribuyentes, integrado por 14 millones 387 asalariados, 7 millones 930 mil personas físicas y 761 mil personas morales.

Seguramente, este panorama nos habla de la poca efectividad del IDE para el propósito que fue creado, es decir, como un mecanismo de actualización del padrón de contribuyentes, muy diferente al papel de instrumento de fácil recaudación que ahora se le quiere dar.

Todavía más y a pesar de que este gravamen se puede acreditar contra otras contribuciones, una vez que el causante presente la correspondiente declaración de impuestos, implica no obstante la generación de gastos directos por parte del contribuyente, ya que para efectos de atender la normatividad que obliga al cumplimiento de esta contribución, se verá en la necesidad de contratar los servicios de contadores, con el consecuente costo económico para empresas y particulares, elevándose así los gastos de operación que generan a su vez espirales inflacionarias.

Hay que decir además que el beneficio del acreditamiento se aplica sólo para determinados causantes y no para el pequeño contribuyente, que casualmente integra un alto porcentaje del total de los contribuyentes cautivos, por lo cual esto tiene efectos negativos entre las personas físicas que perciben ingresos por ventas directas al público en general, al realizar operaciones de compra y venta precisamente a través de efectivo y que por efecto del cumplimiento fiscal del IDE, verán afectados sus montos de liquidez.

Priva entre la población un sentimiento de irritación y hartazgo, sobre todo en aquellos contribuyentes cumplidos, toda vez que mientras la informalidad busca formas para evadir el pago de impuestos, los únicos a los que se castiga son los de siempre, los causantes registrados.

Este ha sido un legítimo reclamo de la sociedad, que en mi carácter de candidato y diputado electo he recibido y que se suma a toda una lista de inconformidades de la población.

La iniciativa propone por ello la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, porque en opinión de especialistas la vigencia de este ordenamiento llevará a una reducción en las inversiones por parte de las empresas, aparte de que desalentará la utilización de cuentas bancarias y hasta la aparición de mecanismos de inversión diferentes a los de la banca tradicional.

Se advierte, asimismo, que frente al incremento de un punto porcentual y una reducción al tope de los depósitos mensuales que será de 15 mil pesos, previsto para el ejercicio fiscal entrante, los contribuyentes formales verán afectados aún más sus flujos de efectivo, dada la contracción en la actividad económica, derivada de la crisis financiera mundial de los últimos meses.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto a los Depositos en Efectivo

Artículo Único. Se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Insértense ambos textos íntegramente en el Diario de los Debates.

PLACAS Y CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señores diputados y señoras diputadas, el siguiente punto del orden del día es un dictamen a discusión de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos; y a emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y a emitir uno nuevo que garantice que la industria nacional elabore éstos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes, perteneciente a la LXI Legislatura, fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emita un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional; presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el 29 de octubre de 2009.

Esta comisión elaboró el dictamen con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3; 44, 45, numeral 1, 4, 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a consideración de esta honorable asamblea de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de octubre de 2009, la diputada María Cristina Díaz Salazar --y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión--, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la SCT por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emita un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional.

Segundo. Con fecha 29 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Por lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace las siguientes

III. Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo en comento establece que diversas industrias han visto su ruina por una apertura económica desmedida.

En el caso de México, la rectoría económica del Estado se fundamenta en el artículo 25 constitucional, el cual establece que ``corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución''.

De lo anterior enunciado, debe entenderse por desarrollo aquel proceso que satisfaga los objetivos de incrementar la economía y elevar la calidad de la vida de la población; es reducir la inestabilidad al mínimo sin reducir la capacidad del sistema económico, de elevar los niveles de vida mediante una mayor productividad y eficiencia y, por consiguiente, generar fuentes de trabajo.

Por tanto, en un marco tan complejo como el que rige la globalización, la autoridad debe ser garante de la normatividad para evitar conductas que pongan en riesgo las industrias y los mercados nacionales que afectan el empleo y crecimiento de la industria nacional.

2. La proposición con punto de acuerdo menciona que la Dirección General de Autotransporte Federal ha otorgado registro como fabricante de placas y calcomanías para el control vehicular a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo, con lo que afectaría gravemente a este sector industrial, poniendo en riesgo 5 mil empleos --3 mil directos y 2 mil indirectos--, siendo este acto totalmente contradictorio del artículo 25 constitucional.

A su vez, es pertinente tener en consideración que la economía china, siendo centralmente planificada, ¹ ha incurrido en prácticas desleales de comercio internacional, afectando a diversos sectores de la producción mexicana, generando desventaja competitiva y menoscabo de empleos.

Las empresas chinas se han centrado en manufacturar productos mucho más baratos, en mayor volumen, con estándares de calidad y de seguridad bajos, perjudicando directamente a países en vías de desarrollo.

Cabe resaltar que estas prácticas como son el dumping , la triangulación, los subsidios y el contrabando han provocado el enriquecimiento de los empresarios asiáticos y el empobrecimiento de los que se encuentran en países que aportan la fuerza laboral.

Por lo descrito, se propone incentivar a la producción nacional en aras de proteger el mercado y fomentar el empleo.

3. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el eje 2, ``Economía Competitiva y Generadora de Empleos'', establece que ``la finalidad de la política económica de la presente administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. ²

El apartado señalado sugiere que la generación de empleo es el desafío más apremiante, no sólo porque el empleo representa la base de una vida digna y la fuente principal de ingresos de la población, sino porque el desempleo y la pobreza son amenazas latentes para las democracias.

4. Respecto del acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la república mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor, en el artículo decimoctavo se establece que ``los fabricantes de placas y calcomanías que deseen obtener registro y número de control por parte de la secretaría por conducto de la Dirección General de Autotransporte Federal, deberán presentar la siguiente documentación:

El acuerdo señala las características y especificaciones de las placas metálicas, así como las pautas para contar con un mecanismo de control que distinga con toda claridad tipos de servicios y elementos indispensables de seguridad a fin de proteger el interés colectivo contrario sensu de satisfacer el interés particular.

Cabe mencionar que el acuerdo citado fue reformado el 21 de mayo de 2005 a fin de otorgar a las empresas extranjeras la posibilidad de fabricar placas y calcomanías cuando anteriormente establecía que ``dicho registro y número de control solamente se otorgará a empresas mexicanas legalmente constituidas, cuyas instalaciones se sitúen dentro del territorio nacional''.

Con lo anterior no sólo se afecta la industria nacional sino que no se fomenta el crecimiento de la actividad económica, contrario a lo contenido en el Plan Nacional de Desa-rrollo 2007-2012.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación, hologramas y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, minibuses, motocicletas y remolques y emita un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto se emite el nuevo acuerdo, a vigilar la puntual aplicación del vigente.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a respetar la NOM-001-SCT-2-2000, publicada el 29 de noviembre de 2000.

Cuarto. Se solicita al Poder Ejecutivo que informe a esta honorable Cámara de Diputados si a la fecha ha otorgado concesiones, permisos o cualquier otro medio por el que se lleve a cabo la producción de placas, calcomanías u hologramas de identificación y tarjetas de circulación relacionadas con el control vehicular a empresas de origen extranjero.

Notas: 1 La economía centralmente planificada trata de un sistema económico en el que el gobierno central toma todas las decisiones sobre la producción y el consumo de bienes y servicios, otorgando subsidios a la producción. Una economía centralmente planificada, salvo prueba en contrario, es aquella que no refleja principios de mercado, artículo 33, segundo párrafo, de la Ley de Comercio Exterior.2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

ESTADO DE PUEBLA CARRETERAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La Presidencia recibió del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a implantar medidas para solucionar la demora en el cobro en las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Juan Pablo Jiménez Concha, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a implantar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla se solucione.

Exposición de Motivos

Las carreteras de México constituyen el motor de la economía nacional y es el medio de traslado más utilizado, que tiene nuestro país. La red federal de carreteras está constituida aproximadamente por 48 mil 456 kilómetros, de los cuales le corresponden a carreteras libres 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota le pertenecen aproximadamente 7 mil 568 kilómetros, y el 65 por ciento es de Capufe, y el restante 35 por ciento a la red concesionada.

El tránsito vehicular de la red operada por Capufe, en el año de 2008 registró 430 millones 275 mil vehículos, que posibilitaron la captación aproximada de 22 mil 287.9 millones de pesos, resultado de los cruces vehiculares en las plazas de cobro a través del sistema automatizado de pago, actualmente el 78 por ciento del total de carriles cuenta con tarjeta IAVE con el propósito de diversificar los tipos de pago en las plazas de cobro a partir de 2008.

Sin embargo es insuficiente este servicio en las casetas de pago de San Marcos y San Martín, de la autopista México-Puebla, debido a la afluencia de vehículos que provienen de carreteras troncales, que llevan como destino el Distrito Federal o la ciudad de Puebla, y a la lentitud o número insuficiente de casetas receptores de pago de los derechos, lo que propicia que se presenten accidentes cuando el automovilista o transportista busca recuperar el tiempo que perdió.

En México el número de accidentes en las carreteras federales ascienden aproximadamente a los 30 mil anuales, en periodos normales y se incrementan sensiblemente en periodos vacacionales.

Entre las vialidades consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con estudios de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, las carreteras del centro del país como Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Acapulco y Puebla se convierten en las de mayor riesgo, por el exceso de confianza de los conductores y la violación de los límites de velocidad después de la espera que se presentan en las casetas de peaje. Las estadísticas señalan que los accidentes de tránsito también son motivo de pérdida de casi dos por ciento del producto interno bruto de cualquier país, nada más por los costos directos en el momento del accidente; sin considerar costos catastróficos de atención médica, pérdida de empleo u orfandad entre las familias.

La Autopista México-Puebla es una de las carreteras que utilizan miles de conductores y resienten una elevada cantidad de horas-hombre perdidas, que se traducen en importantes montos económicos desperdiciados inútilmente, se pierde tiempo, combustible y desgaste de unidades vehiculares, pero sobre todo en el retraso y frustración de los conductores por los compromisos contraídos en cada uno de sus destinos, resultado del lento cobro de cuotas en las casetas de la citada autopista, teniendo que hacer largas filas de kilómetros en ambos sentidos, tanto del lado México-Puebla como de Puebla-México, acción que incrementa la contaminación ambiental, por el combustible que inútilmente gastan los vehículos que esperan su turno de pago.

Las autopistas de cuota nos cuestan a los usuarios, y por tal motivo, deben de estar en óptimas condiciones técnicas y de seguridad, mostrando altos estándares de calidad y eficiencia en el servicio de peaje.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Carreteras y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla se solucione.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: se recibió de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energíaa revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California, a cargo de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Laura Ledesma Romo, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La reciente discusión del paquete económico, con la respectiva Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, sin duda nos ha dejado diversas lecciones que en su momento tendrán que ser evaluadas y retomadas para buscar salidas de fondo y de largo alcance a la problemática económica y social que hoy enfrenta nuestro país.

En este marco dejamos claro nuestra convicción de promover el debate de la reforma hacendaria, con la perspectiva de garantizar el indispensable impulso a la sustentabilidad. Se trata de abrir el debate sobre las vías para detonar el crecimiento económico con objetivos bien definidos. No se trata de promover el crecimiento económico a costa de lo que sea.

Como fuerza parlamentaria comprometida con el impulso de la sustentabilidad y la protección de nuestros recursos naturales, convocamos a este urgente debate, ponderando el reto de buscar todos los mecanismos de financiamiento posibles para proteger la biodiversidad de nuestro país y hacerle frente al impacto del cambio climático.

En este sentido consideramos necesario revisar de manera crítica el desempeño de todas las empresas paraestatales que hoy tenemos en el país, para conocer y evaluar su desempeño, a la luz de sus resultados no solo de sus números sino del impacto que generan en su entorno inmediato.

Es por ello que en el uso mis facultades constitucionales y legales, hoy me permito traer a colación el reciente anuncio de que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), ha concluido el proceso de adjudicación de un contrato para desarrollar el registro y comercialización de certificados de reducción de emisiones (CER) ante la ONU, como instancia que administra el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), encaminándose con ello a concretar el primer proyecto de plantas geotérmicas en el país que aprovecharía el financiamiento de los mercados de carbono.

A reserva de tener la oportunidad de conocer y revisar a detalle esta importante medida, aplaudimos el hecho de promover el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y adicionalmente el de recurrir al mercado de los bonos de carbono para atraer recursos adicionales para su financiamiento.

De este modo se estima que la planta geotérmica de la de Cerro Prieto V, en Baja California, dejará de emitir 222 mil toneladas de bióxido de carbono (CO²) a la atmósfera, y la de los Humeros, en Puebla, 177 mil toneladas, equivalentes a un monto cercano a los 8 millones de dólares anuales en el mercado de carbono, descontando los costos del servicio bancario.

En lo general ponderamos esta iniciativa de la CFE, pero en lo particular tenemos reservas en el caso concreto de la Planta Geotérmica de Cerro Prieto, que como ya se dicho no sólo es objeto de justos reclamos por los usuarios del municipio de Mexicali, que es donde se encuentra enclavada, dado los altos costos del servicio eléctrico, sino también, es un tema que concita nuestra preocupación por los daños que históricamente ha venido generando en todo su entorno, sin que se tenga conocimiento de un programa serio que este a la altura de las necesidades ambientales de la región.

Adicionalmente y tratándose de esta planta, tenemos conocimiento que el martes 3 de febrero del año en curso, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y el alcalde de Los Ángeles, California, Antonio Ramón Villaraigosa, firmaron un memorándum de entendimiento que hará posible la exportación de energía eléctrica generada con fuentes renovables a esa ciudad del estado de California.

Con este acuerdo, el Departamento de Energía y Agua de Los Ángeles (LADWP, por sus siglas en inglés), podrá comprar hasta 100 megawatts (MW) de este tipo de energía, dependiendo de la disponibilidad, de la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto.

Como antecedente, se hace saber que dicho departamento compró 25 MW en diciembre del año pasado y 50 MW en octubre de este año, y que la adquisición de enero representó el 22 por ciento de la venta de energía renovable del LADWP, lo suficiente como abastecer alrededor de 32 mil 500 hogares.

Se trata de comercializar un 20 por ciento de energía renovable para 2010 y reducir sus emisiones de carbono y aumentar el uso de este tipo de energía en un 35 por ciento para 2020, tal y como lo establece el plan Green LA (Los Ángeles Verde), creado en el 2007, por mandato de la ley estatal para el uso y fomento de energías renovables. Hasta aquí estamos de acuerdo.

Sin embrago no podemos ignorar las externalidades que se vienen dando en el valle de Mexicali, producto de la actividad de la planta geotérmica, que desde sus orígenes abrigó grandes expectativas para el desarrollo de la región, al proponerse la producción no solo de energía eléctrica sino también de otros derivados útiles para la actividad agrícola.

Al respecto, el premio Nobel de Química en 1995, Mario Molina Henríquez, ha dicho que los gases emanados por la planta geotérmica de Cerro Prieto, representan un problema que hay que enfrentar.

Incluso el propio gobierno de Baja California, ha reconocido que la planta geotérmica de Cerro Prieto, durante el proceso de generación de energía eléctrica, emite, junto con el vapor, partículas y una serie de gases incondensables, principalmente CO² (bióxido de carbono), H²S (ácido sulfhídrico), NH³ (amoníaco), CH⁴ (metano), CH³H⁸ (propano), y SO² (anhídrido sulfuroso). El ácido sulfhídrico, y el anhídrido sulfuroso, son los gases que ocasionan mayor deterioro ambiental y daños en la salud humana.

A juzgar por diversos estudios y expresiones, es un hecho que la planta de Cerro Prieto constituye una fuente de contaminación del recurso suelo, debido a las sustancias que contiene el agua residual generada durante la operación del campo, las cuales consisten principalmente en Cl (cloro), Na (sodio), K (potasio) y SiO² (óxido de silicio).

Adicionalmente, se sabe que ``el agua residual se deposita en una laguna, donde la mayor parte de ella se evapora; parte de la salmuera de desecho es inyectada por bombeo y la restante se infiltra en la zona de depósitos aluviales.''

Por su lado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó recientemente que la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto sí contamina parte del Valle de Mexicali, generando polución de suelos con litio, cadmio, arsénico, ácido sulfúrico, boro y amoniaco, y por la existencia de depósitos de sílice residual a cielo abierto.

Por su lado, el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California, ha señalado que los contaminantes generados en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) generan diversos problemas de salud, entre ellos anencefalias, y afectan directamente la productividad de las tierras por el aumento de la salinidad, como es el caso de aproximadamente 2 mil hectáreas contaminadas.

Ante ello, se ha propuesto de manera insistente que para frenar estos daños se implemente un programa de remediación de la zona y que el líquido extraído sea reinyectado al subsuelo a profundidades de 2 mil metros para que no perjudique el ambiente. Igualmente se ha planteado la necesidad de instalar estaciones de monitoreo más adecuadas para medir la presencia del ácido sulfhídrico.

Esta grave situación, obliga también a la realización de estudios en las comunidades aledañas al campo geotermoeléctrico de Cerro Prieto, a efecto de dimensionar el impacto en la salud de las emisiones de la planta y tomar las medidas que sean necesarias para proteger a la población.

A esto nos referimos cuando hablamos de revisar el de-sempeño de las empresas paraestatales como la CFE, que en este caso nos permite ver dos caras de la misma moneda. La reforma que nuestro país reclama tiene que hacer compatible el interés particular con el interés general.

Por eso decimos que bienvenida sea la colocación de Bonos de Carbono e incluso la exportación de energía eléctrica generada con fuentes renovables, pero sin que ello implique sacrificar el entorno natural y la salud de las poblaciones.

Con esta convicción es con la que llamamos a promover el debate nacional para una reforma de fondo, que efectivamente nos permita recuperar la senda del crecimiento con el componente indispensable de la búsqueda de la sustentabilidad, y en congruencia consideramos oportuno empezar por atender este caso que aquí hacemos referencia, para ponderar los costos y los beneficios que dejan a nuestras comunidades el hecho de que la CFE esté primero exportando energía de una fuente renovable, como es la Planta Geotérmica de Cerro Prieto , y que ahora además se proponga incursionar en la colocación de Bonos de Carbono.

En mérito de lo expuesto y fundado, la legisladora que suscribe somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, en Baja California, así como la correcta procedencia de colocación de Bonos de Carbono por la explotación del mismo yacimiento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Secretaría de Salud, a evaluar las externalidades ambientales y a la salud, respectivamente, ocasionadas por las actividades de la planta geotérmica Cerro Prieto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.

PENALES FEDERALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernacióny a la Secretaría de Seguridad Públicaa que expliquen los criterios por los que se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a penales federales en los estados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SSP a explicar los criterios por los que se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a penales federales en los estados, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

El sistema penitenciario representa un gran costo social que no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y lo más grave, no propicia la reparación de daños causados a las víctimas ni a la sociedad.

Se abusa de la prisión preventiva y se genera sobrepoblación en los penales. Para las personas detenidas esto se convierte en una larga pesadilla y en ganancias para quienes se aprovechan de tal situación. Replantear que las penas se encaminen a resarcir los daños a las víctimas, el canje de las penas por trabajo a la comunidad y la vigilancia en la reparación de daños debería ser la orientación del sistema penitenciario hacia el futuro.

Puesto que existe una correlación evidente entre crisis económica e índice de delincuencia, las políticas de prevención de los delitos deberían propiciar la creación de programas de atención a la pobreza, la creación de empleos, mejoras laborales, programas sociales y culturales que eviten la descomposición de la sociedad.

Los organismos de derechos humanos han demandado poner un alto a la impunidad que en la persecución de los delitos y el castigo a la delincuencia se preserven los derechos humanos de acuerdo a las normas establecidas en los pactos y convenios internacionales de derechos humanos.

Según datos del Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria , con información recabada hasta abril de 2008, en el país existen 495 centros de readaptación o rehabilitación social: cinco centros federales de readaptación social para delitos del fuero federal, un centro federal de rehabilitación psicosocial, 331 centros estatales de readaptación social, 10 centros en el Distrito Federal, 95 centros municipales de readaptación social y 53 centros de tratamiento para menores.

En éstos la población penitenciaria está compuesta 95 por ciento por hombres y 5 por ciento de mujeres. De ellos, 59 por ciento ha sido sentenciado y 41 por ciento son reos que aún se encuentran sin condena. 24 por ciento de los internos fueron acusados por delitos del fuero federal y 76 por ciento por delitos del fuero común.

De acuerdo con la misma fuente y la Encuesta sobre las Condiciones de Vida en las Cárceles Mexicanas, realizada en 2006 por los doctores Elena Azaola y Marcelo Bergman, el número de presos ha aumentado aceleradamente en la última década. Sólo basta referir que en 1996 la proporción era de 102 presos por cada 100 mil habitantes y, en 2006, esta proporción se incrementó hasta alcanzar 245 presos por cada 100 mil habitantes, es decir, 140 por ciento más en sólo 10 años.

En términos absolutos, la población creció 31 por ciento, en sólo ocho años: en 2001 había 165 mil 587 detenidos, para 2008 se informa que existían 217 mil 457. Ante este escenario es una realidad, que las cárceles mexicanas están saturadas y, hasta el momento, el gobierno federal no ha tomado medidas proporcionales a la magnitud del problema.

Es evidente la urgencia de una revisión y reforma del sistema penitenciario del país, la forma en que funcionan ha derivado en conflictos permanentes con el consecuente costo en vidas y el impacto en la inseguridad en las zonas donde están ubicados los centros federales de readaptación social, tal es el caso del Cefereso de El Rincón, en Tepic, Nayarit, centro penitenciario que sin contar con las condiciones para recibir internos considerados de alta peligrosidad, continua siendo receptor de éstos.

Como consecuencia de lo anterior, en Tepic se han dado fenómenos relacionados con el crimen organizado como los denominados ``levantones'', problemas de violencia y corrupción al interior y alrededor del Cefereso, con los efectos negativos para la sociedad de Nayarit, a quien se le ha robado la tranquilidad.

Considero que es responsabilidad del gobierno federal, tomar las acciones necesarias para prevenir que en el Cefereso de El Rincón ocurran hechos de violencia como en otros centros del país, en los cuales se han perdido vidas tanto de los internos como de los custodios.

Es necesario que a problemas que son sintomáticos de todo el sistema penitenciario del país, como la sobrepoblación, servicios deficientes. Corrupción, cogobierno, mala calidad en los alimentos y hacinamiento se les atienda con medidas de largo plazo, pues esto se agrava con el traslado de internos de alta peligrosidad a centros como El Rincón.

En este contexto, es importante que las autoridades federales expliquen los criterios que siguen para trasladar a un reo de un penal a otro, pues en muchas ocasiones estas decisiones se toman sin considerar, sí existen las condiciones e incluso sin notificarlo a las autoridades del estado.

Con la forma en que se administran los centros de readaptación social del país se actúa en sentido contrario de los fines para los que fueron concebidos, atentando contra su objetivo y convirtiéndolos en espacios propicios para la ilegalidad.

En este sentido, por ejemplo, se observa que no se cuenta con una adecuada separación de reclusos del fuero común y fuero federal o simplemente no existe tal separación, así como de procesados y sentenciados y tampoco hay una clasificación criminológica de los internos.

Los lamentables hechos que han derivado en motines en diversos penales, como Tijuana y Ciudad Juárez, y en el rescate de reos como en Cieneguillas, Zacatecas, además de otros que sería largo enumerar, revelan la necesidad de hacer un diagnóstico serio sobre cada uno de los Ceferesos así como del sistema en general.

Decisiones tan importantes como el traslado de reos de alta peligrosidad no se pueden tomar de manera unilateral, puesto que en su momento pasan a ser responsabilidad de los tres niveles de gobierno y el impacto de su resguardo en los diferentes centros puede afectar a la comunidad o poner en riesgo a la población.

Es necesario que los diversos centros de readaptación social sean clasificados y evaluados para que se les considere como posibles receptores de internos relacionados con el crimen organizado. En Nayarit exigimos que se revise la situación de internos de alta peligrosidad que con su presencia ponen en riesgo la seguridad del Cefereso, la de los otros internos y la de la sociedad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que expliquen a la Cámara de Diputados los criterios bajo los cuales se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a los centros federales de readaptación social.

Segundo. Que la Secretaría de Gobernación revise la situación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Rincón en Tepic, Nayarit, al que se han trasladado presuntos delincuentes de alta peligrosidad, sin que este centro cuente con las condiciones para garantizar su resguardo, provocando situación de violencia e inseguridad para sus habitantes.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

BAMBU Y RATAN

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: se recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa y de Conafor, a que realicen las gestiones necesarias para incorporar a México como miembro del acuerdo de la creación de la Red Internacional del Bambú y del Ratán.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa y de la Conafor a realizar las gestiones conducentes a incorporar a México en el acuerdo de creación de la red mundial del bambú y del ratán para que reciba sus beneficios tecnológicos y económicos, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La pobreza en México se ha venido incrementando durante los últimos años, actualmente más de 52 millones de personas se ubican en algún nivel de pobreza, dentro de las que poco más de 20 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria, es decir, 4 millones de familias no tienen 27 pesos diarios para adquirir los alimentos necesarios. No creo que exista una emoción más devastadora de la estima personal que aquella que vive alguien que no tiene para comer.

La alimentación se encuentra estrechamente ligada a la pobreza y el nivel de producción del sector agropecuario, ya que una Nación que no tiene la capacidad de generar los alimentos suficientes para su población pone en riesgo sus posibilidades de alcanzar el desarrollo.

Un país pierde su soberanía alimentaria cuando importa más del 30% de lo que requiere para atender a la población; en maíz México importa el 33%, en trigo el 64%, en arroz el 75% y en soya el 95%.

La pérdida de suelo fértil es un problema ambiental de consideración, en México la erosión afecta a más de 120 millones de hectáreas, representa pérdidas anuales por 2,500 kilogramos de suelo por hectárea, equivalente a más de 500 millones de toneladas de tierra fértil.

Cabe mencionar que la tierra fértil erosionada se va por las barrancas, arroyos y ríos y reduce drásticamente la capacidad productiva de la tierra, amenazando la producción de alimentos de las futuras generaciones.

El agua presenta una disminución preocupante, en 1950 teníamos 11,000 m³ anuales por cada mexicano y hoy esta cifra ha bajado a 4,800; estimaciones de organizaciones públicas y privadas señalan que para el año 2030 la disponibilidad de agua será de sólo 3,500 m³.

Los ecosistemas se han visto seriamente afectados debido a la sobreexplotación a que han sido sometidos para ofrecer satisfactores materiales y económicos a poblaciones crecientes de pobres con muy bajo nivel de escolaridad.

El problema más preocupante en los últimos 20 años es el calentamiento global, que está provocando un peligroso cambio climático; los fenómenos climatológicos son cada vez más recurrentes, muestra de ello son las intensas sequías, los ciclones, los huracanes, los tornados, las bajas temperaturas que ocasionan heladas fuera de tiempo.

Miles de millones de dólares se han aplicado para resarcir parcialmente los daños a millones de personas.

El incremento de la temperatura de la tierra, se acerca peligrosamente a los 2 grados centígrados y está afectando gravemente la seguridad civil y la economía de las naciones. Esta es la razón por la que se lleva a cabo en Copenhague la más importante Cumbre para el Cambio Climático del 7 al 18 de diciembre del 2009.

Una de las causas del cambio climático es la emisión tan elevada de gases efecto invernadero que superan las 30,000 millones de toneladas derivadas de la combustión de productos del petróleo en los cuales el CO² tiene una importancia primordial.

Lo anterior obliga a los gobiernos a implementar acciones que permitan disminuir los daños del cambio climático, diseñando estrategias y políticas públicas avocadas a buscar alternativas que permitan reducir las emisiones de gases y detener en 2 grados el calentamiento global, este es el reto, obligación y compromiso de los líderes mundiales.

Por otra parte, México presenta un rezago de más de 3 millones de casas nuevas y cerca de 4 millones requieren de alguna reparación. Como referencia, Colombia tiene una necesidad de 4 millones de casas. El hacinamiento de las familias en pocas y pequeñas habitaciones representa un grave problema de autoestima ya que carecen de las condiciones mínimas para su desarrollo pleno.

Si continuáramos atendiendo la construcción de vivienda usando los materiales tradicionales tardaríamos entre 16 y 20 años en resolver el problema debido al costo del acero y el cemento.

La experiencia de otras naciones en este tema ha permitido innovar en técnicas y tecnologías que permiten hacer un uso más eficiente de los recursos existentes aplicando materiales y métodos alternativos en la construcción de viviendas.

En el caso particular de la industria de la construcción, algunos países latinoamericanos han diseñado estrategias alternativas que pueden compensar el deterioro ambiental, además de contribuir a reducir de manera importante los costos de las viviendas de interés social, muestra de ello es la utilización del bambú como un insumo más para la construcción de desarrollos habitacionales.

El bambú destaca por su rápido crecimiento y desarrollo, madura en sólo 4 años desde su plantación a cosecha; su hábito de crecimiento permite retener el suelo y el agua; su resistencia y estructura permite incorporarse a la construcción de viviendas, puentes, edificios; captura hasta 30 toneladas de CO² por hectárea por año; cuatro veces más que las plantas más eficientes, ayuda a la reducción de emisión de gases efecto invernadero, y sus múltiples usos y derivados como muebles, artesanías, papel, alimento, textiles, y carbón, entre otros, le ha valido la denominación de la planta del milenio.

La utilización del bambú en la construcción representa una disminución en los costos de producción de hasta un 40 por ciento en comparación con el precio de los materiales tradicionales. Es un material ligero que por su resistencia, es llamado el acero vegetal.

El bambú es una planta que se produce en México, siendo los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo los que encabezan la producción de esta planta.

En Puebla se estableció, como un programa estatal, desde el año 2000, en respuesta a los desbordamientos de ríos ocurridos en 1999. Se formó una barrera protectora de 2 km para la colonia Morelos, Tenampulco, en el estado de Puebla, contra el río Pantepec y se han desarrollado dos centros de procesamiento y transformación en Hueytamalco y Cuetzalan, en este último se construyó un hotel de bambú en el año 2008.

Internacionalmente, el cultivo del bambú se impulsa como opción de desarrollo económico y ambiental a través de la Red Mundial del Bambú y el Ratán (Inbar). En 1979 en Singapur, El Centro de Investigación Internacional del Desarrollo de Canadá (IDRC), realizó reuniones sobre bambú y ratán. Se inició la investigación sobre cómo estas plantas descuidadas producen el sustento de millones de personas.

El IDRC puso al bambú y al ratán en su agenda de investigación y comienza a reunir los maestros, investigadores y sus estudios dispersos en el mundo. En 1985 varios talleres científicos sobre bambú y ratán reúnen a más de 100 especialistas, lo que da la idea de formar una institución formal que coordine la investigación y desarrollo del bambú y el ratán en 1988, lo cual se concretó en Nueva Delhi en 1993 con la creación del Inbar, al mismo tiempo que se reúnen los investigadores y los proveedores potenciales de fondos.

La Inbar nace como parte del IDRC, sus objetivos principales son estudiar cómo el bambú y el ratán pueden contribuir al mejoramiento de las áreas rurales e investigar su papel en la conservación de los bosques tropicales del mundo.

En 1994 el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IFAD), proporciona fondos al IDRC para que Inbar realice una investigación socioeconómica. Inbar se convierte en una red amplia que abarca tecnologías de proceso, la construcción y la disposición de información.

En 1995 en Malasia, el Inbar se independiza de IDRC. En 1997 en Pekín, China se constituye Inbar como una organización intergubernamental, con un comité consultivo provisional. Luego se realizó una reunión para establecer la independencia del Inbar entre los gobiernos de Canadá, Italia, Myanmar, Malasia, Nepal, Paquistán, Perú, Filipinas, Corea, Tanzania, Tailandia y Vietnam, más Inbar, IFAD, IDRC y cuatro ministerios del Gobierno de China. El 6 de noviembre se firmó la creación de Inbar por los 9 miembros fundadores, Bangladesh, Canadá China, Indonesia, Myanmar, Perú, Filipinas y Tanzania. Se inicia con cuatro socios de financiamiento; los gobiernos de China, Canadá, Países Bajos e IFAD.

En el año 2000, Inbar se reestructura para centrarse en el ambiente, comercio sustentable y disminución de la pobreza mediante el bambú y el ratán. Inbar desarrolla una estrategia de la información, nuevas bases de datos y publicaciones, incluyendo el Diario Internacional del Bambú y el Ratán.

En el 2007 Inbar cumple 10 años y es considerada la principal red internacional y alcanza 34 países miembros y organizaciones y más de 130 afiliados en todo el mundo. Durante esta celebración del X aniversario y en el marco de la Feria Mundial del Bambú en Hangzhou, China se declaró al Bambú como la Planta del Milenio. Más de 3000 productos derivados fueron expuestos por más de 300 empresas en el recinto ferial. Más de 6.5 millones de hectáreas de plantaciones de bambú hay en China y ciudades como Angi, Huangzhou basan su economía en esta importante planta.

La Red Internacional del Bambú y el Ratán es una organización intergubernamental dedicada a mejorar las condiciones sociales, económicas y los beneficios ambientales del bambú y el ratán Conecta una red mundial de socios de sectores gubernamentales y privados sin fines de lucro, en más de 50 países para definir y aplicar un programa mundial para el desarrollo sostenible a través del bambú y el ratán.

El bambú y el ratán son parte integral de la vida de 1,500 millones de personas en todo el mundo, para muchos de ellos la vida es una lucha constante contra la pobreza y las privaciones. El bambú y el ratán pueden proporcionarles un camino sostenible para salir de la pobreza, una fuente estable de ingresos para un número creciente de micro, pequeñas y medianas.

Es una madera de gran valor, es muy importante para la conservación del medio ambiente y para la rehabilitación de las tierras erosionadas.

El Inbar es una organización con una posición privilegiada para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del milenio; erradicación de la pobreza, ambiente y sociedad de una forma integrada y coordinada, y ha enfocado actividades de desarrollo global de una manera positiva, hasta ahora no igualada.

Lo señalado trata de describir un panorama amplio del contexto en que se puede producir, utilizar y aplicar el bambú, de ahí que es imperativo impulsar y fortalecer las acciones que nos permitan realizar un mejor aprovechamiento de esta valiosa planta que ha estado presente en México, como un recurso más, entre tantos que desconocemos.

Por la importancia que reviste contar con información, tecnología y acceso a los apoyos internacionales para el desarrollo de esta cadena productiva, se hace la presente propuesta.

Con fundamento en lo expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional Forestal a implantar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas que permitan incorporar a México al acuerdo de creación, como miembro, de la Red Internacional del Bambú y del Ratán, con el objetivo de poder contar con la asesoría, capacitación, asistencia técnica, intercambio tecnológico, información y recursos de dicho organismo internacional a fin de aprovechar los múltiples usos que se generan a partir del bambú y el ratán, en beneficio de la sociedad mexicana.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán ha indicado que retira del orden del día su propuesta.

El diputado Leandro Rafael García Bringas ha solicitado que se posponga su intervención.

CANCER DE MAMA Y EL CERVICOUTERINO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra, por tanto, la diputada Hilda Esthela Flores Escalerapara presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoque los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino sean destinados conforme a lo aprobado por esta soberanía, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, los diputados federales priistas de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, en voz de su servidora, Hilda Flores, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes antecedentes.

El pasado 15 de noviembre, durante la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, un grupo de diputados y diputadas federales gestionamos, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Desarrollo Social, hacer una redistribución de 300 millones de pesos para el apoyo a las mujeres.

Como resultado de esta gestión se realizó una propuesta ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, referente al Anexo 19 del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre el programa Oportunidades.

Con el respaldo de 401 diputados logramos redistribuir, de la partida de desarrollo social de dicho Anexo, la cantidad de 300 millones de pesos para la prevención y atención de cáncer cervicouterino y mamario, y para la adquisición de infraestructura, dando prioridad a las entidades con más alto índice de estos padecimientos.

Una vez más, la Cámara de Diputados, con responsabilidad hacia las mujeres de nuestro país, se ha dado a la tarea de incrementar los recursos para atender la problemática que origina el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, que representan las dos primeras causas de mortalidad por tumores malignos de mujeres en México.

Ante esta situación, es necesario instituir diversas medidas con una perspectiva de innovación que involucre a las instancias más cercanas a las mujeres.

Un grave enemigo de la prevención y atención del cáncer de mama y del cervicouterino es el grave centralismo de la atención médica, ya que actualmente las mujeres de las zonas rurales o poblaciones alejadas no pueden acceder a los programas federales que atienden estos padecimientos y carecen de los medios para trasladarse y solventar los gastos generados por estas terribles enfermedades, viéndose imposibilitadas a acceder a una atención pronta y oportuna que les permita salvar su vida.

La gran mayoría de los gobiernos de los estados, a través de sus secretarías de Salud y de sus sistemas DIF, han sido responsables y se han comprometido con esta causa para coadyuvar a disminuir las elevadas tasas de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de nuestros estados.

Pero las estadísticas son claras, son necesarios mayores recursos y mayores esfuerzos. Es loable la labor que hacen las instituciones del gobierno federal para atender y erradicar esta problemática, pero es necesario descentralizar los recursos y acercar la atención hacia las mujeres que necesitan y exigen nuestra ayuda.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que los recursos aprobados por los diputados federales, dentro de la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, por un monto de 300 millones de pesos, para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino, sean distribuidos conforme a lo aprobado por esta soberanía, dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a las entidades federativas.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro. 8 de diciembre de 2009.

Es cuanto, diputado presidente. Solamente quiero solicitarle que se publique íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para prevenir y atender el cáncer de mama y el cervicouterino se distribuyan conforme a lo aprobado por esta soberanía, dando prioridad a las entidades federativas con mayor índice de casos, y se entreguen directamente a éstas, a cargo de la diputada Hilda Esthela Flores Escalera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en voz de la diputada Hilda Flores Escalera sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El pasado 15 de noviembre durante la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un grupo de diputadas y diputados federales gestionamos, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Desarrollo Social una redistribución de 300 millones de pesos para el apoyo hacia las mujeres.

Como resultado de esta gestión se realizó una propuesta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados referente al anexo 19 del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, sobre el programa Oportunidades.

Con el respaldo de 401 diputados logramos redistribuir de la partida de Desarrollo Social de dicho anexo la cantidad de 300 millones de pesos para la prevención y atención de cáncer cervicouterino y mamario, para la adquisición de infraestructura, dando prioridad a las entidades con más alto índice de esos padecimientos.

Consideraciones

Una vez más la Cámara de Diputados con responsabilidad hacia las mujeres de nuestro país, se ha dado a la tarea de incrementar los recursos para atender la problemática que origina el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.

En México, la cifra de mujeres que mueren anualmente es de más de cinco mil por cáncer de mama y más de cuatro mil por cáncer cérvicouterino que son los tipos de cáncer que más afectan a las mujeres, según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

En un estudio elaborado por la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud Pública ``Diferencias Regionales en la mortalidad por cáncer de mama y cervíx en México entre 1976 y 2006'' es el dato estadístico más actual que nos permite observar el índice de casos y de mortalidad que representan estas enfermedades para las mujeres en las distintas entidades federativas de nuestro país.

El cáncer de mama como el cervical representan las dos primeras causas de mortalidad por tumores malignos de mujeres en México. La evidencia ha permitido observar cómo siguen presentes las disparidades regionales en cuanto a la mortalidad por cáncer en la mujer mexicana. En el caso del cáncer de mama, en estados con marginación muy alta (como Oaxaca, Chiapas y Guerrero) hay tasas bajas de mortalidad y en estados con marginación muy baja hay altas tasas de mortalidad por esta tumoración (Baja California, Coahuila, Nuevo León y el Distrito Federal).

En el caso del cáncer cervicouterino se observa lo contrario, ya que en estados con un índice muy bajo de marginación se reconocen las tasas más bajas por esta causa (Distrito Federal y Nuevo León) y en las entidades federativas con el índice de marginación más alto se identifican las tasas más altas de mortalidad (Chiapas, Oaxaca y Guerrero). No obstante, en las regiones con elevada marginación coexisten en la actualidad un elevado número de muertes por cáncer de mama y de muertes por cáncer cervical.

Es necesario instituir diversas medidas con una perspectiva de innovación que involucre a las instancias más cercanas a las mujeres. Entre dichas disposiciones figuran crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con estas neoplasias, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso para mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, instalar mecanismos de control de calidad para la confirmación diagnóstica, aplicar tecnologías y campañas preventivas (como la vacuna contra el virus del papiloma humano para el cáncer cervical) y garantizar el tratamiento completo y de similar calidad para todas las mujeres.

Un grave enemigo de la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino, son el grave centralismo de la atención médica, ya que actualmente las mujeres de las zonas rurales o poblaciones alejadas no pueden acceder a los programas federales que atienden estos padecimientos y carecen de los medios para trasladarse y solventar los gastos generados por estas terribles enfermedades, viéndose imposibilitadas a acceder a una atención pronta y oportuna que les permita salvar su vida.

Los gobiernos de los estados y los municipales son los más cercanos a la realidad que vive la población, es necesario acercar los servicios médicos y en este caso valernos de los medios necesarios para prevenir y atender a estos padecimientos que están matando a nuestras mujeres mexicanas.

Todo lo anterior sólo se logrará creando y fortaleciendo los programas estatales de prevención y atención de cáncer mamario y cervicouterino con el objetivo de que sean las instituciones que operan los programas quienes con conocimiento sobre esta problemática los utilicen para objetivos específicos enfocados a disminuir la tasa de incidencia o mortalidad ocasionadas por estas enfermedades.

La gran mayoría de los gobiernos de los estados, a través de sus Secretarías de Salud y de su Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, han sido responsables y se han comprometido con esta causa para coadyuvar a disminuir las elevadas tasas de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de nuestros estados, pero las estadísticas son claras son necesarios mayores esfuerzos, es loable la labor que hacen las instituciones del gobierno federal para atender y erradicar esta problemática, pero es necesario descentralizar los recursos y acercar la atención hacia las mujeres de nuestros estados, que exigen nuestra ayuda.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos aprobados por los diputados federales dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, por un monto de 300 millones de pesos, para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino sean distribuidos conforme a lo aprobado por esta soberanía, dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a las entidades federativas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado la diputada, insértese íntegro el texto de su proposición en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que sean revisadas las reglas de operación del Programa Especial Concurrenteal seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD.

El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y distinguidos diputados, por obvio de tiempo me referiré única y exclusivamente a las consideraciones.

El pasado 13 de noviembre el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), donde se consideraron recursos para el Programa Especial Concurrente (PEC) superiores a los 268 mil millones de pesos, lo que hace imprescindible que en los recursos presupuestales destinados para la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación, éstas deban ser revisadas de acuerdo con los criterios generales que emanan del decreto del PEF 2010 en comento, en los artículos 29 y del 31 al 40.

Uno los temas pendientes que mucho coadyuvarán a ser más eficaces en la aplicación de los programas sujetos a reglas de operación del PEC, es la posibilidad de que, sin invadir y violentar la función entre poderes, deban ser revisadas estas reglas al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).

Para nadie es un secreto que estos programas, o la mayoría de ellos, se han convertido en documentos abigarrados, poco entendibles que dificultan el acceso de un vasto sector de la población que requiere de la atención de estos programas.

Las quejas sobre la dificultad para entenderlas y cumplir con los requisitos que se señalan, muestran quizá la mayoría de las veces lo insensible de quien las elabora y el poco conocimiento de los sectores a los que van dirigidos.

De nada sirve tener grandes programas si su acceso se convierte en verdaderas barreras infranqueables y burocratizadas. Por ello, es requisito sine qua non instrumentar nuevos mecanismos de entendimiento, que posibiliten superar este cuello de botella que agobia y margina a miles de mexicanos que luchan por superar la pobreza.

Las crisis que se viven en nuestro país obligan a un cambio de actitud, que busca encontrar la convergencia en la cooperación y las ideas, como insumos básicos para avanzar en un mejor conocimiento y entendimiento de la realidad que nos rodea. Pero también representan cumplir con el mandato que el propio Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable faculta para ello.

Aquí se establece la necesidad de coadyuvar en la formulación de opiniones, observaciones y propuestas sobre las reglas de operación de los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios relacionados con el PEC.

Por ello, esta propuesta abre una ventana muy importante de colaboración entre el Ejecutivo ---que preside el propio Consejo, las organizaciones de la sociedad civil y de productores ahí representadas--- y el Poder Legislativo, en aras de mejorar y fortalecer la atención a la población más necesitada.

Es importante subrayar que, en gran medida, depende de la aplicación de dichas reglas que los programas aterricen y se cristalicen de manera puntual y oportuna en las obras y acciones que demandan la aplicación a la que van dirigidos.

Es fundamental que las propuestas del Ejecutivo, a través de las diferentes secretarías e instancias que convergen en el PEC, se hagan llegar al Consejo en diciembre y que se discutan ese mismo mes, a fin de estar en posibilidad de hacer las observaciones y opiniones que se deriven de su análisis, así como estar en tiempo y forma, y que sean sancionadas por la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente posición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, en su ejercicio de participación democrática y con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo de capacidades y generación de empleos, deban ser revisadas las reglas de operación del Programa Especial Concurrente al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Palacio Legislativo, 25 de noviembre de 2009. Signan: diputado Antonio Benítez Lucho, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota, Yulma Rocha Aguilar, Jorge López-Portillo y Gerardo Sánchez García, por el PRI. Francisco Hernández, Federico Ovalle Vaquera, José Narro, del PRD. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se revisen las reglas de operación del programa especial concurrente en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de garantizar mayor accesibilidad a los programas de combate de la pobreza, y al desarrollo productivo y de capacidades, y generación de empleos, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD

Los suscritos, diputado federales Antonio Benítez Lucho, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de ésta soberanía, proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal para que, en un ejercicio de participación democrática y con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos, sean revisadas las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, bajo las siguientes

Consideraciones

1) El pasado 13 de noviembre del presente año el Pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), donde se consideraron recursos para el programa especial concurrente (PEC) superiores a los 268 mil millones de pesos, lo que hace imprescindible que los recursos presupuestales destinados para la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación, estas deban ser revisadas, de acuerdo con los criterios generales que emanan del decreto del PEF 2010 en comento, en los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39 y 40.

2) Uno los temas pendientes que mucho coadyuvarán a ser más eficaces en la aplicación de los programas sujetos a reglas de operación del PEC, es la posibilidad de que, sin invadir y violentar la función entre poderes, deban ser revisadas estas reglas, al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)

3) Para nadie es un secreto que estos programas o la mayoría de ellos, se han convertido en documentos abigarrados, poco entendibles que dificultan el acceso de un vasto sector de la población, que requiere de la atención de estos programas.

4) Las quejas sobre la dificultad para entenderlas y cumplir con los requisitos que se señalan muestran quizá, la mayoría de las veces, lo insensible de quien las elabora y el poco conocimiento de los sectores a quien van dirigidos.

5) De nada sirve tener grandes programas, si su acceso se convierte en verdaderas barreras infranqueables y burocratizadas; por ello, es requisito sine qua non instaurar nuevos mecanismos de entendimiento, que posibiliten superar este ``cuello de botella'', que agobia y margina a miles de mexicanos que luchan por superar la pobreza.

6) Las crisis que se viven en nuestro país obliga a un cambio de actitud, que busca encontrar la convergencia en la cooperación y las ideas, como insumos básicos para avanzar en un mejor conocimiento y entendimiento de la realidad que nos rodea.

7) Pero también representa cumplir con un mandato que el propio Reglamento Interior del CMDRS lo faculta para ello. Aquí se establece la necesidad de coadyuvar en la formulación de opiniones, observaciones y propuestas sobre las reglas de operación de los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios relacionados con el PEC.

Por ello, esta propuesta abre una ventana muy importante de colaboración entre el Ejecutivo --que preside el propio Consejo--, las organizaciones de la sociedad civil y de productores ahí representadas y el Poder Legislativo, en aras de mejorar y fortalecer la atención a la población más necesitada, resultando saludable implementar una ruta crítica de análisis de las reglas en comento, de las dependencias que convergen en el PEC.

8) Es importante subrayar que, en gran medida, depende de la aplicación de dichas reglas, el que los programas aterricen y se cristalicen de manera puntual y oportuna en las obras y acciones que demanda la población a la que van dirigidos.

9) En este sentido, es fundamental que las propuestas del Ejecutivo --a través de las diferentes secretarías e instancias que convergen en el PEC-- se hagan llegar al CMDRS, antes del 1 de diciembre del presente año, y que éstas se discutan del 1 al 15 de mismos mes, a fin de estar en posibilidades de hacer las observaciones u opiniones que se deriven de su análisis, así como para estar, en tiempo y forma, de que sean sancionadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de 2010.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en un ejercicio de participación democrática y con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos, sean revisadas las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Señoras diputadas y señores diputados, nos visitan ciudadanos de Izcalli Chamapa, estado de México, invitados por el diputado Sergio Mancilla Zayas, a quienes les damos la bienvenida.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno delDistrito Federala que, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor presidente. La diputada que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalde la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Desde los últimos años del siglo XIX y como producto de la Revolución Industrial, la comunidad científica ha documentado que la temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado en más de 0.74 grados centígrados.

Asimismo, las proyecciones realizadas con base en los escenarios de emisiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estiman un incremento en la temperatura media de la superficie del planeta entre 1.1 grados centígrados y 6.4 grados centígrados para el periodo 2090-2099, lo que representa un cambio acelerado, y que, como tal, ocasiona y seguirá ocasionando alternaciones no sólo en el sistema climático del planeta, sino también en las actividades que desarrollamos.

El potencial de generación de energía eléctrica de la planta cobraría especial relevancia si consideramos que la Ciudad de México destina una importante proporción de su presupuesto al pago de energía eléctrica para el funcionamiento de sus servicios. Sin embargo, bajo alguno de los esquemas que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la electricidad producida a través del metano generado por el Bordo Poniente podría reducir dichos costos.

Por lo expuesto, resulta procedente exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que, en los términos de la legislación vigente y en coordinación con las autoridades competentes realice las acciones necesarias para garantizar la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y que éstos sean canalizados a la generación de energía eléctrica para su utilización en los servicios de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a que, de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y que se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México. Es cuanto. Gracias por su atención, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones --de conformidad con la legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes-- a fin de capturar los gases de efecto invernadero producidos en el relleno sanitario Bordo Poniente y canalizarlos a la generación de energía eléctrica para servicios de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde los últimos años del siglo XIX, y como producto de la revolución industrial, la comunidad científica ha documentado que la temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado en más de 0.74 °C. Asimismo, las proyecciones realizadas con base en los escenarios de emisiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estiman un incremento en la temperatura media de la superficie del planeta entre los 1.1 °C y 6.4 °C para el periodo 2090-2099, lo que representa un cambio acelerado, y que, como tal, ocasiona y seguirá ocasionando alternaciones no sólo en el sistema climático del planeta, sino también en las actividades que desarrollamos.

Dicha situación obedece al incremento en el consumo de combustibles fósiles, la descomposición de los residuos acumulados en rellenos sanitarios, la deforestación y el desarrollo agrícola, entre muchas otras actividades que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que conlleva tanto al incremento de la temperatura planetaria como a la distorsión del funcionamiento natural del efecto invernadero, o bien, a potenciar los efectos adversos del llamado ``cambio climático''.

Por ello, la comunidad internacional y los países que la integran han emprendido acciones para reducir y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero de las diferentes actividades y sectores donde más se presentan. En este contexto destaca el caso de México, el cual cuenta con un Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, el cual, mediante una visión de largo plazo, pretende consolidar un patrón de desarrollo en el que el crecimiento económico no incida significativamente en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por ello, el programa en comento establece en su objetivo 2.4.2 la obligación de ``evitar emisiones no controladas de metano en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, mediante combustión controlada o aprovechamiento energético''. De esta forma, la atención de una problemática ineludible como lo es el de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, no sólo no se convierte en otro problema derivado de la emisión de gases de efecto invernadero, sino que puede llegar a presentar una alternativa de aprovechamiento energético congruente con los esquemas de sustentabilidad que deben imperar en nuestros días.

Uno de los rellenos sanitarios más importantes del país es el denominado ``Bordo Poniente'', pues constituye el principal centro de disposición final de residuos sólidos urbanos del Valle de México, al recibir diariamente 10,500 toneladas de basura del Distrito Federal y 1,500 del estado de México. Asimismo, en el Bordo Poniente se emiten cada año aproximadamente 1,200,000 toneladas de metano a la atmósfera, el cual constituye uno de los gases de efecto invernadero que inciden en la calidad del ambiente y el equilibrio de la atmósfera.

En los últimos meses, se ha venido desarrollando un debate entre diferentes órdenes de gobierno sobre el término de la vida útil del Bordo Poniente y la conveniencia de clausurarlo. Sin embargo, dicha discusión ha llegado a instancias jurisdiccionales y, en tanto no se resuelven los procesos legales correspondientes, el relleno sanitario continúa en operación, con los impactos ambientales derivados de la emisión de gases de efecto invernadero.

Ante dicho escenario, resulta apremiante llevar a cabo acciones para el manejo o aprovechamiento sustentable del metano generado en el Bordo Poniente. A este respecto, existe como antecedente el estudio de factibilidad denominado ``Generación de electricidad con el biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario de Bordo Poniente'', realizado en el marco de un convenio suscrito por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el cual tuvo como objetivo determinar mediante mediciones y análisis en campo, la producción y composición del biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario, así como determinar el potencial de generación de electricidad del sitio.

Los resultados de dicho estudio muestran que es posible instalar y operar una planta de ciclo combinado con capacidad de 62.5 MW, con una generación anual promedio de 500 millones de MWh durante los próximos 20 años, los cuales podrían ser distribuidos en un 50 por ciento para alumbrado público, 20 por ciento para el servicio de transporte colectivo metro, 15 por ciento para el bombeo de aguas residuales y 15 por ciento para otros usos. Se estima que las tarifas promedio aplicadas a estos sectores, así como los bonos de carbono derivados de la mitigación de los efectos del metano, permiten asegurar la rentabilidad del proyecto.

El potencial de generación de energía eléctrica de dicha planta cobra especial relevancia si consideramos que la Ciudad de México destina una importante proporción de su presupuesto al pago de energía eléctrica para el funcionamiento de sus servicios. Sin embargo, bajo alguno de los esquemas que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la electricidad producida a través del metano generado por el Bordo Poniente reduciría dichos costos.

Todo lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.

Por lo antes expuesto, resulta procedente exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que, en los términos de la legislación vigente, y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para garantizar la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y que estos sean canalizados a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.

Cabe destacar que actualmente el Gobierno del Distrito Federal ya cuenta con diferentes programas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México. Tal es el caso del llamado Plan Verde, el cual consta de varios ejes temáticos entre los que se encuentran movilidad y cambio climático, y energía. Asimismo, cuenta con el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012, el cual considera tres líneas de estratégicas: 1) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; 2) adaptación a los efectos del cambio Climático; y 3) comunicación y educación hacia la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable, y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del.

Tiene la palabra el señor diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD... El diputado Juan Guerra, adelante, diputado.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Pedirle a la diputada Cuevas si me permite sumarme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Gabriela, ¿acepta usted su adhesión? Aceptada, señor diputado, puede usted pasar a la Secretaría a firmar.

DENGUE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene ahora la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Saludbrinde un informe a esta soberanía sobre las medidas sanitarias que ha de implementar debido al rebrote del dengue.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición:

Diputadas y diputados, el dengue es una enfermedad endémica, que brota cada tres o cinco años, la transmisión del dengue es por medio de un mosquito, el Aedes Aegypti, la enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales, subtropicales, y en la actualidad se ha presentado en casos donde usualmente no se presentaba.

La enfermedad se manifiesta por un síndrome febril, se llama ``quebrantahuesos'', y hay una manifestación muy grave que es el dengue hemorrágico, que puede ocasionar la muerte. Ningún medicamento tiene la oportunidad de curarlo y es un problema serio de salud pública.

Evitar la ocurrencia de las muertes por dengue, prevenir y controlar la epidemia, es el fin. Por sus características se ha considerado como ``enfermedad de la pobreza''. México no se sustrae de esa situación y se ha informado que, a octubre, en Michoacán se reportaron 3 mil 500 casos de dengue.

El mosquito portador de la enfermedad ha sobrevivido en zonas que usualmente no lo lograba, por ejemplo, en Los Reyes, Taretán, Zamora, Vistahermosa.

En Campeche ya se han presentado casos de dengue hemorrágico; Veracruz reporta más de 3 mil casos de dengue. La magnitud de los efectos que ha ocasionado esta enfermedad en la población mexicana ha dimensionado a la misma característica de la famosa influenza AH1N1, lo que pone en peligro la salud de la población.

Debido a las inundaciones que se presentaron en Tabasco y Veracruz, y la proliferación del mosco transmisor, se ha presentado un serio problema de salud pública en nuestro país.

Por lo anterior, y con base en el artículo 54 del Reglamento para el Gobierno Interior, el punto de acuerdo que propongo es:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Salud, informe a la Cámara de Diputados y a la población en general, cuáles son las medidas sanitarias que se han de implementar para atender el rebrote de dengue desatado en los últimos meses en nuestro país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a mantener actualizado al Sistema de Información para que brinde a la población el conocimiento de los casos reportados de dengue por entidades federativas, y el avance o disminución del mismo.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a que se implemente el semáforo sanitario de seguimiento al rebrote de dengue, a fin de que la población esté completamente y constantemente informada sobre la magnitud de la epidemia y pueda tomar las medidas adecuadas para su prevención y atención.

Solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muy amables, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por la Secretaría de Salud un informe a esta soberanía sobre las medidas sanitarias que ha de implantar debido al rebrote de dengue en el país y a dar cuenta adecuadamente de ello a toda la población, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El dengue es una enfermedad endémica en la mayor parte de los países de América, manteniéndose durante los últimos 20 años con brotes cíclicos cada 3 a 5 años.

Los virus del dengue han sido agrupados en cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Cada serotipo crea inmunidad específica a largo plazo contra el mismo serotipo (homólogo), así como una inmunidad cruzada de corto plazo contra los otros tres serotipos, la cual puede durar varios meses. Los cuatro serotipos son capaces de prroducir infección asintomática, enfermedad febril y cuadros severos que pueden conducir hasta la muerte, dada la variación genética en cada uno de los cuatro serotipos.

Esta enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito de la especie Aedes infectado por alguno de los cuatro virus del dengue. La enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales y subtropicales, y en la actualidad se han presentado casos donde usualmente no había. Los síntomas aparecen transcurridos entre 3 y 14 días tras la picadura infecciosa. La enfermedad se manifiesta como un síndrome febril y afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.

Los síntomas varían, desde una fiebre moderada hasta una fiebre alta incapacitante con cefaleas intensas, dolor retroobitario, dolor muscular y articular, y exantema. No existen fármacos antivíricos específicos contra el dengue.

El dengue hemorrágico (fiebre, dolor abdominal, vómitos, hemorragia) es una complicación potencialmente mortal que afecta principalmente a los niños. El diagnóstico temprano y una buena atención clínica a cargo de médicos y enfermeras con experiencia aumentan la supervivencia de los pacientes.

Por sus características de transmisión, el dengue ha sido considerado como una enfermedad de la pobreza; México no se sustrae a dicha situación y a pesar de las campañas realizadas para prevenirlo y de la disminución de casos en América Latina ¹ , es un hecho el considerable aumento de casos en nuestro país.

Según datos proporcionados por el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, al mes de octubre del presente año se reportan más de treinta mil casos de dengue en México, 26 por ciento más casos que los reportados en 2008.

Solo por citar algunos casos, en lo que va del año, el estado de Michoacán reporta 3 mil 555 casos de dengue clásico, como resultado de que, por el calentamiento global, el mosquito portador del virus sobrevive en zonas altas donde antes no tenía presencia, como los municipios de Los Reyes, Taretan, Zamora, Vista Hermosa y Briseñas, según información de la Secretaría de Salud del estado.

En Campeche el dengue ya cobró la vida de una persona y en una semana aumentó de 60 a 132 el número de contagios, de los que 108 corresponden a la modalidad de clásico y 24 hemorrágicos. Asimismo Tabasco, reporta 3 mil 457 casos, 3 mil 39 clásicos. Veracruz ocupa el primer lugar con más personas enfermas, al contabilizar 5 mil 341, 2 mil 873 clásicos y 2 mil 468 hemorrágicos, que pueden ser mortales.

La magnitud de los efectos que ha ocasionado en brote de dengue en la población mexicana, ha adquirido dimensiones inesperadas que superan el número de contagios por influenza AH1N1, los que ponen en peligro la salud y la vida de la población.

Debido a las inundaciones en los estados de Tabasco y Veracruz, con las grandes concentraciones de agua, animales muertos y la proliferación del mosco transmisor de la enfermedad en las zonas, es preciso además brindar la atención epidemiológica necesaria, mantener informada a la población sobre las medidas extraordinarias que se tomen para combatir dicha enfermedad, pues solamente a través de la adecuada información, será posible avanzar en la erradicación de este mal. Cabe mencionar que es de vital importancia que la Secretaría de Salud mantenga al día el estado que guarda la situación del brote de dengue en México.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que informe a la Cámara de Diputados y a la población en general cuales son las medidas sanitarias que se han de implementar para atender el rebrote de dengue desatado los últimos meses en el país.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a mantener actualizado el sistema de información que brinda a la población el conocimiento de los casos reportados de dengue por entidades federativas y el avance o disminución del mismo.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal, implemente el semáforo sanitario de seguimiento al rebrote de dengue, a fin de que la población esté constantemente informada sobre la magnitud de la epidemia y pueda tomar las medidas adecuadas para su prevención y atención.

Nota: 1 Organización Panamericana de la Salud; Actualización sobre la situación regional del dengue

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Salud.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conagua, para que aclare todo lo relacionado con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Amigas y amigos representantes de la nación, una vez más vengo a compartir con ustedes un tema que tiene en el agobio, en el estrés y en la angustia a cientos de mujeres y hombres de las comunidades de Temacapulín, de Acasico y Palmarejo.

Es el caso, que hemos referido en ocasiones anteriores, del empecinamiento de la Conagua y del gobierno de Emilio González Márquez, de construir la presa El Zapotillo, que traería como consecuencia la anegación, la inundación de esas comunidades ya referidas con su historia, su identidad cultural, sus plazas públicas, sus espacios en los que se han desarrollado muchas generaciones en su rica secuencia de historia.

Aquí lo hemos comentado, este tema inició en 2005, siendo gobernador Ramírez Acuña. El se desistió ---en un acto de sensibilidad que hay que reconocerle--- de la construcción de la presa San Nicolás, que inundaría, a su vez, al municipio de Jalostotitlán, en una de sus comunidades llamada San Gaspar.

Después, Luege y el gobernador de Jalisco hacen la reubicación de la presa. Y no sólo no la hacen con la cortina que inicialmente se había contemplado de 80 metros, sino que, sin tener permiso de uso de suelo, la elevan a 105 metros. Con ello el embalse pasaría de dos mil a cuatro mil hectáreas. Lo mismo los niveles de almacenamiento de agua.

Sin embargo, todo el ejercicio ha estado marcado por irregularidades; 170 vecinos se acogieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ésta ha emitido dos recomendaciones, una en el sentido de suspender el hostigamiento; otra, como medida cautelar, la suspensión de las obras hasta que se haga una consulta ciudadana para recabar la opinión de los afectados.

Ninguna de estas cuestiones se ha llevado a cabo. Al contrario, el gobernador, que se comprometió a esta consulta, ha incumplido. Y Luege ha acentuado las medidas de presión y ahora, la semana pasada, anuncia ya llegar a la figura de la expropiación. O sea, el extremo de los actos de un Estado, para perjudicar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de esos lugares.

Es por ello que quiero plantear a esta soberanía, y su turno a comisión, que José Luis Luege comparezca ante la Comisión de Recursos Hidráulicos y ante la de Derechos Humanos, para explicar todo lo relativo a El Zapotillo y para buscar otras alternativas que respeten el derecho de esos jaliscienses.

Pedimos la comparecencia de Luege, fundamentalmente también porque esta Cámara aprobó en diciembre más de 900 millones de pesos para la construcción de esa presa que está en un mar de irregularidades, de ilegalidades y que fundamentalmente afecta el derecho de cientos y miles de personas en la región de Los Altos de Jalisco. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la Conagua para que aclare lo relacionado con la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Enrique Ibarra, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que se turne a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Derechos Humanos, el siguiente punto de acuerdo, mediante el que se solicita la comparecencia del ciudadano José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, para que aclare ante los integrantes de dichas comisiones, todo lo concerniente al proyecto de construcción de la presa El Zapotillo en Río Verde, en Jalisco, bajo los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. Siendo gobernador de Jalisco, el actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Francisco Ramírez Acuña, el 24 de mayo de 2005 envió el oficio número CJ/13/2005, al director general de la Conagua, en ese entonces, Cristóbal Jaime Jáquez, en el que, entre otras cosas, anunciaba la determinación de su gobierno de no autorizar la construcción de la presa San Nicolás, para evitar que la comunidad de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, resultara inundada.

En su determinación, el entonces gobernador Ramírez Acuña, en el oficio citado, textualmente expresa que, ``5) Debido al tiempo transcurrido y no contar con los estudios técnicos suficientes y completos de la Comisión Nacional del Agua, y la incertidumbre en el que viven los habitantes, de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, he tomado la determinación de manifestarle que Jalisco no autoriza a realizarse la presa de San Nicolás''.

2. En octubre de 2005, Conagua y el gobierno de Jalisco hablaron de la construcción de la presa El Zapotillo, en la cuenca del Río Verde. En ese entonces se dijo que dicha presa tendría una cortina de 80 metros de altura, lo que salvaguardaba la existencia de la comunidad de Temacapulín y anegadas 2 mil hectáreas aproximadamente. Con ello, quedarían a resguardo los cultivos de alta rentabilidad y la afectación de núcleos de población.

3. Posteriormente, la Conagua y el gobernador actual de Jalisco, Emilio González Márquez, de manera unilateral e impronta, decidieron cambiar el proyecto inicial de la presa con una cortina de 80 metros a 105 metros de altura, lo que implica inundar Temacapulín, su centro urbano y sus áreas productivas.

Sobre el particular, las comunidades no fueron informadas, ni consultadas, antes del cambio de proyecto, lo que va de la mano del hecho de que la Conagua, de manera sistemática, ha negado información desde agosto de 2008.

4. Al enterarse de esa decisión, la mayoría de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se inconformaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, presentando más de 170 denuncias oponiéndose a la construcción de la referida presa y denunciando la presión y hostigamiento de que eran objeto por parte de la Conagua, la Comisión Estatal del Agua y el gobierno del estado.

En agosto de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que recomendaba la suspensión de las obras y terminar con la presión a los vecinos quejosos.

También expresó en enero de 2009, medidas cautelares para que se cancelara todo tipo de obras en torno a El Zapotillo, el cese del clima de hostigamiento a la población, hasta que se lleve a cabo una consulta a los moradores de las citadas comunidades.

5. Es de mencionarse que hasta el momento los promoventes de la obra, no han obtenido el dictamen aprobatorio de INAH, en virtud de que en dichas comunidades hay monumentos históricos a preservar. A guisa de ejemplo, esta la Basílica Lateranense de Temacapulín, que este año esta festejando el 250 aniversario de su construcción.

6. Vale la pena mencionar que el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se comprometió a llevar a cabo consultas y a que si la mayoría estaba en desacuerdo con la presa El Zapotillo, el proyecto sería cancelado.

De la misma manera se encuentran las promesas de Luege Tamargo, en el sentido de dialogar con los pobladores.

A la fecha, ni el gobernador, ni el director general de la Conagua, han visitado las comunidades que serían afectadas, aun cuando hicieron la promesa explícita de hacerlo.

7. A contracorriente de lo que sería instaurar una vía de diálogo y acercamiento del director general de la Conagua con los pobladores, ha elevado el tono de intimidación y presión.

El pasado viernes 27 de noviembre, durante la reunión acerca de la cuenca del Río Lerma, celebrada en Guanajuato, Luege Tamargo manifestó que el organismo a su cargo, llegaría de ser necesario a la expropiación de los predios que implicarán el desplazamiento forzado de los vecinos de las comunidades mencionadas. (El Informador-sábado 29 de noviembre de 2009).

8. Es importante señalar que el ayuntamiento de Cañadas de Obregón en acuerdo de cabildo, se negó a emitir la autorización correspondiente, para elevar la cortina de la presa de 80 a 105 metros de altura, lo que ocasionaría inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El cabildo argumentó en su negativa que con ella se preservará la reserva ecológica de 2 mil hectáreas

9. Adicionalmente, la licitación esta viciada de origen, porque no se han actualizado los datos técnicos referentes a la elevación de la cortina de la presa y de que la licitación fue asignada al Grupo Hermes y a otra constructora, con un exceso de 622 millones de pesos, sobre la propuesta de otras constructoras.

10. En la sesión celebrada el 13 de los corrientes, esta soberanía aprobó por mayoría de votos el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año 2010. En el se incluye la partida de 954 millones 700 mil pesos, en el Anexo 3 Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura-Infraestructura Hidráulica-Presa El Zapotillo.

Este último argumento más las condiciones antes citadas, sirven de base para que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, considere indispensable citar a comparecer al ciudadano José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, para desahogar a cabalidad las más que razonables dudas que imperan alrededor de la licitación y construcción en comento.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y Derechos Humanos para que explique a esta soberanía a cabalidad, el porqué insiste en llevar a cabo la construcción de la presa El Zapotillo en Río Verde, afectando las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco, a pesar de las anomalías y deficiencias de carácter técnico, económico y social así como manifiestas violaciones a los derechos humanos de los habitantes, denunciadas en diversas instancias de la administración federal.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado,túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Derechos Humanos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: La petición, ciudadanos diputados, viene suscrita también por diputados del PRI, del PT, del PRD, de Nueva Alianza, de Convergencia y del Partido Verde; seis diputados de diferentes partidos políticos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De nuevo,túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Derechos Humanos.

Señoras diputadas y señores diputados, quisiera informarles que nos visitan maestros y alumnos de la escuela Benito Juárez, de Tlalnepantla, estado de México, invitados por el diputado Francisco Landero Gutiérrez.

ESTADO DE COLIMA CARRETERAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Carlos Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa realizar las negociaciones para eliminar la caseta de peaje por el uso de la autopista ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo.

El diputado Carlos Cruz Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Amigos diputados y amigas diputadas, la autopista Armería-Manzanillo se ubica en la costa del Pacífico, en Colima, con longitud de 47 kilómetros. En 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportesotorgó a Promotoras de Autopistas del Pacífico, SA de CV, la concesión para construir, operar, explotar y conservar el tramo Armería-Manzanillo por un periodo inicial de 9 años y 3 meses. En 1994 se incrementó la concesión a un plazo de 24 años y 7 meses, contados de 1990 a 2015.

Colima es una de las entidades que más recursos económicos aporta a la federación, provenientes de diferentes fuentes. Entre otras, en el puerto de Manzanillo la actividad económica que se lleva a cabo es de sumo interés para los mexicanos y en especial para los colimenses.

Lejos de contribuir al crecimiento de Colima, la concesionaria del tramo carretero que nos ocupa fue facultada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para, a su juicio, establecer las cuotas de peaje de las casetas de dicho tramo carretero, incrementando el patrimonio fiduciario de la concesionaria, pero a costa de la actividad económica, comercial y turística del estado, resultando en consecuencia que los colimenses sean los primeros perjudicados con los cobros excesivos de peaje, afectándose además su derecho constitucional de libre tránsito.

Por otro lado, el puerto de Manzanillo ocupa un importante lugar en el Pacífico mexicano por la movilización de carga, y su actividad va en aumento significativamente en los últimos años.

En consecuencia, el tráfico de camiones de carga también se han incrementado notablemente, sobre todo en el tramo Manzanillo-Armería de la carretera federal, donde la circulación es lenta y peligrosa, por lo que con mucha frecuencia ocurren accidentes fatales, en su mayoría debido a que circulan numerosos tractocamiones con semirremolque o doble semirremolque, que por el alto costo del peaje se ven en la necesidad de transitar por la carretera federal, cuyas características no son apropiadas para el tránsito de estos vehículos pesados.

El turismo y los ejidatarios del municipio de Armería se han visto afectados en su economía por el alto costo del cobro de peaje de la caseta ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo, que resulta gravoso para las personas que diariamente transitan por ese lugar hasta en dos ocasiones, lo que ha dado lugar a que los diputados locales de la entidad hayan aprobado tres puntos de acuerdo solicitando la eliminación de la caseta respectiva.

Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades de los colimenses y en particular de los habitantes de los municipios de Manzanillo y Armería, y también con el propósito de fomentar y no ahuyentar el turismo de nuestro estado, y de manera especial en el puerto de Manzanillo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados haga un atento exhorto a la Secretaría de Comunicación y Transportes a que realice las negociaciones necesarias con la empresa concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería, para eliminar la caseta de peaje ubicada en ese tramo carretero en apoyo de la economía y la seguridad personal de quienes hacen uso de dicha vía de comunicación.

Solicito, señor diputado presidente, muy atentamente, que este punto de acuerdo se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, como ha sido presentado. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar con la concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios, a cargo del diputado Carlos Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Cruz Mendoza, diputado por Colima y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo, tomando como base las siguientes

Consideraciones

La autopista Armería-Manzanillo está ubicada en la costa del Pacífico, en el estado de Colima, y tiene una longitud de 47 kilómetros.

Con fecha 9 de noviembre de 1990, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en uso de sus facultades, otorgó a favor de Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, la concesión para construir, operar, explotar y conservar el tramo Armería-Manzanillo, en Colima, por un perío-do inicial de nueve años y tres meses.

El 13 de octubre de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió su autorización para que la compañía concesionaria Armería-Manzanillo transfiriese sus derechos al cobro y las cuotas en relación con la explotación y operación de la carretera Armería-Manzanillo al fideicomiso Armería-Ecatepec.

Luego de varias modificaciones a la concesión en comento, el 31 de mayo de 1994, fue modificada nuevamente al incluirse 19 kilómetros adicionales correspondientes al libramiento de Manzanillo, incrementándose en consecuencia el término de la concesión a un plazo de 24 años y siete meses contados a partir del 9 de noviembre de 1990 y concluyendo el 9 de junio de 2015.

El 2 de diciembre de 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó a Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, para afectar en el fideicomiso emisor los derechos al cobro y las cuotas de la carretera Armería-Manzanillo.

Colima es una de las entidades federativas que más recursos económicos aporta a la federación provenientes de los ingresos obtenidos de diferentes fuentes, entre otras, simple y sencillamente del puerto de Manzanillo, ya que es el más importante de occidente. Comunica a nuestra república con los países de oriente, por lo que la actividad económica que se lleva a cabo en este puerto es de sumo interés para los mexicanos y en especial para los colimenses; actividad económica alimentada por el sector turístico nacional e internacional y el comercio en general, que nutre a su vez la vida económica nacional, por lo que lejos de contribuir a su crecimiento, la concesionaria del tramo carretero que nos ocupa, fue facultada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a su juicio, establezca las cuotas de peaje de las casetas que integran dicho tramo carretero, incrementando el patrimonio fiduciario de la concesionaria pero a costa de la actividad económica comercial y turística del estado, resultando los colimenses los primeros perjudicados con los cobros excesivos de peaje, afectándose además su derecho constitucional de libre tránsito.

Por otro lado, el puerto de Manzanillo ocupa un importante lugar en el pacífico mexicano en cuanto a la movilización de carga y su actividad continúa aumentado significativamente en los últimos años. En consecuencia, el tráfico de camiones de carga también se ha incrementado notablemente, sobre todo en el tramo Manzanillo-Armería de la carretera federal, donde la circulación es lenta y peligrosa, por lo que con mucha frecuencia ocurren accidentes, fatales en su mayoría.

La peligrosidad del tramo mencionado se debe a que circulan numerosos tractocamiones con semirremolque o doble semirremolque, provocando accidentes en agravio de los habitantes del estado, que por el alto costo del peaje se ven en la necesidad de transitar por la carretera federal cuyas características no son apropiadas para el tránsito de estos vehículos pesados, derivándose el tipo de percances que he señalado.

La autopista de cuota Manzanillo-Armería es una vía alterna a la carretera federal en este tramo; sin embargo, la autopista tiene muy poco tráfico por el alto costo de su uso ya que, a pesar de tener una longitud de sólo 47 kilómetros, los automovilistas tienen que pagar un peaje muy alto. Por esta razón los conductores de vehículos de carga pesada usan preferentemente la carretera federal, a pesar del riesgo y lentitud de la circulación.

El turismo y los ejidatarios del municipio de Armería se han visto afectados en su economía por el alto costo del cobro de peaje de la caseta ubicada en el tramo carretero Armería- Manzanillo, pues actualmente se cobra una tarifa de 101 pesos lo que resulta gravoso para las personas que diariamente transitan por ese lugar hasta en dos ocasiones.

Por otra parte, el Congreso de Colima ha emitido tres puntos de acuerdo en los que solicita a las autoridades federales la eliminación de la caseta de referencia; el primero en 1997, en 2004 el segundo y el último en 2009.

Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades de los colimenses, y en particular de los habitantes de los municipios de Manzanillo y Armería, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión haga un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en uso de sus facultades y atribuciones, realice las negociaciones necesarias con la empresa concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería para lograr que se elimine la caseta de peaje por el uso de la autopista ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y seguridad personal de quienes hacen uso de dicha vía de comunicación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el diputado Carlos Cruz Mendoza, insértese el texto íntegro de su presentación en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Transportes.

Tiene la palabra el diputado...

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Presidente, escúcheme.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado. Dígame, diputado.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Quiero adherirme al punto de mi compañero, por favor. Si me lo autoriza mi compañero.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con mucho gusto, si el diputado no tiene inconveniente.

El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): Ningún inconveniente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado Moreno Merino, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exigen las destituciones inmediatas del ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, y del ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero profesional de Pemex.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. En días pasados el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha dado a conocer a la opinión pública el resultado de una investigación criminal que reveló una red de corrupción entre una empresa norteamericana y la Comisión Federal de Electricidadde México, al haber entregado sobornos a funcionarios de esta paraestatal con la finalidad de obtener contratos sobre bienes y servicios que generaron ganancias ilícitas para empresarios norteamericanos y funcionarios mexicanos.

Existe un procedimiento judicial en la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, en contra del empresario estadunidense John Joseph O'Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, ambos actualmente detenidos por los delitos de conspiración para sobornar a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, falsificación de documentos y lavado de dinero procedente de la firma de los contratos amarrados con el sector de la energía eléctrica en México, entre otros cargos.

Que el ciudadano Fernando Maya Basurto ya se declaró culpable ante la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, de los ilícitos que se le imputan. Motivo por el cual agravia el interés patrimonial y jurídico nacional, y es por demás objetivo y claro.

Que el subprocurador de Justicia de la División Criminal de Estados Unidos, Lanny A. Breuer, tras el arresto del pasado 18 de noviembre, señaló que O'Shea era el cerebro de la red de corrupción con funcionarios del gobierno de México para asegurar contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad.

Que esta red de corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad inició en 1997 y terminó en 2004, durante el cual se registraron transacciones millonarias a 660 cuentas bancarias pertenecientes a funcionarios de esta empresa paraestatal.

Que el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, desde 1999 hasta la fecha, es el ingeniero Alfredo Elías Ayub y su antecesor, el ingeniero Rogelio Gasca Neri; ambos responsables directos del ejercicio del gasto público y su buen resguardo.

Que el ingeniero Alfredo Elías Ayub, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, pretende tender una cortina de humo a su alrededor al iniciar una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en la que narra que todos los hechos delictivos iniciaron y sucedieron en la gestión de su antecesor, el ingeniero Rogelio Gasca Neri. Sin embargo, los posibles delitos cometidos por diversos servidores públicos bajo el mando de ambos ingenieros fueron cometidos durante sus administraciones. Por lo que son directamente responsables.

Que la permanencia de ambos ingenieros, Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, en altos cargos de la administración pública de las paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Pemex, son una muestra nacional e internacional del alto grado de corrupción que vive la administración pública federal actualmente y esto representa una pésima señal de la sociedad mexicana a la del resto del mundo.

Que el titular del Ejecutivo federal, al mantener en su cargo público a los citados ingenieros Elías Ayub y Gasca Neri, podría traspasar la delgada línea de la complicidad, pues es por demás claro que uno de los indiciados ya se declaró culpable de los delitos imputados y esa situación legal afecta gravemente la credibilidad del sistema jurídico nacional, dejando entre ver la fragilidad e inoperancia de los órganos de control interno de las paraestatales.

Que aun cuando el ingeniero Elías Ayub quiera deslindarse de actos de corrupción que se desarrollaron durante su gestión al frente de la CFE, es por demás claro que sus subalternos están bajo la línea de mando y, por tanto, deben ser investigados y, en su caso, responsabilizados por estos gravísimos hechos que afectan a todos los mexicanos y nuestra imagen ante el mundo.

Por ello...:

---Le pido al presidente que me deje un minuto más.

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área a su cargo, así como su presentación ante la justicia federal.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero profesional de Pemex, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área que encabezó durante el sexenio pasado, así como su presentación ante la justicia federal.

Tercero. Que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros cuerpos legales les confieren, investiguen exhaustiva y detalladamente todos los actos de corrupción e ilícitos que pudieran existir al interior de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos.

Asimismo, que se finquen las responsabilidades administrativas y penales más severas que existan en la ley a los ingenieros Elías Ayub y Gasca Neri, así como a todos aquellos que estén directa e indirectamente relacionados con estos hechos delictivos que manchan la imagen nacional ante todos los mexicanos y la comunidad internacional.

Que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República soliciten al gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, la inmediata extradición del ciudadano norteamericano John Joseph O'Shea y del ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, para que ambos sean procesados y juzgados bajo las leyes mexicanas, con base en el principio jurídico elemental de la territorialidad jurídica.

Quinto. Se solicite la inmediata comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía y del titular de la Secretaría de la Función Pública ante esta honorable Cámara de Diputados, para explicar y dar cuenta del nexo causal de su actuación ante estos gravísimos actos ilegales y de corrupción.

Por último, que se exhorte al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de renovación de los órganos de control en las dependencias federales y principalmente en las paraestatales, conjuntamente con un programa de auditorías especializadas y pormenorizadas a través de actos de fiscalización conjunta entre la Auditoría Superior de la Federación, órganos de control interno y despachos especializados que nos permitan detectar todos y cada uno de los actos ilícitos que se han cometido en las paraestatales antes de que la justicia de otros países nos los señale y reclame. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exige la destitución inmediata de los ingenieros Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE; y Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex, por los actos de corrupción en que se les relaciona en sus administraciones al frente de la CFE, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

Antecedentes

Que en días pasados el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha dado a conocer a la opinión pública el resultado de una investigación criminal que reveló una red de corrupción entre una empresa norteamericana y la Comisión Federal de Electricidad de México, al haber entregado sobornos a funcionarios de esta paraestatal, con la finalidad de obtener contratos sobre bienes y servicios que generaron ganancias ilícitas para empresarios norteamericanos y funcionarios mexicanos.

Que existe un procedimiento judicial en la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, en contra del empresario estadounidense John Joseph O´Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, ambos actualmente detenidos, por los delitos de conspiración para sobornar a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, falsificación de documentos y lavado de dinero procedente de la firma de los contratos amarrados con el sector de la energía eléctrica en México, entre otros cargos.

Que el ciudadano Fernando Maya Basurto, ya se declaró culpable ante la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, de los ilícitos que se le imputan; motivo el cual el agravio al interés patrimonial y jurídico nacional es por demás objetivo y claro.

Que el subprocurador de Justicia de la División Criminal de Estados Unidos, Lanny A. Breuer, tras el arresto del pasado 18 de noviembre, señaló que O´Shea, era el cerebro de la red de corrupción con funcionarios del gobierno de México para asegurar contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad.

Que esta red de corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad inició en 1997 y terminó en el año 2004, durante el cual se registraron transacciones millonarias a 660 cuentas bancarias pertenecientes a funcionarios de esa empresa paraestatal.

Que el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad desde 1999 hasta la fecha es el ingeniero Alfredo Elías Ayub y su antecesor el ingeniero Rogelio Gasca Neri; ambos responsables directos del ejercicio del gasto público y su buen resguardo.

Que el ingeniero Alfredo Elías Ayub, actual director general de la CFE pretende tender una cortina de humo a su alrededor al iniciar una denuncia ante la Procuraduría General de la República en la que narra que todos hechos delictivos iniciaron y sucedieron en la gestión de su antecesor el ingeniero Rogelio Gasca Neri; sin embargo, los posibles delitos cometidos por diversos servidores públicos bajo el mando de ambos ingenieros fueron cometidos durante sus administraciones, por lo que son directamente responsables.

Que la permanencia de ambos ingenieros, Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, en altos cargos de la administración pública de las paraestatales CFE y Pemex, son una muestra nacional e internacional del alto grado de corrupción que vive la administración pública federal actualmente, y esto representa una pésima señal a la sociedad mexicana y del mundo.

Que el titular del Ejecutivo federal, al mantener en sus cargos públicos a los citados ingenieros Elías Ayub y Gasca Neri, podría traspasar la delgada línea de la complicidad, pues es por demás claro que uno de los indiciados ya se declaró culpable de los delitos imputados y esa situación legal afecta gravemente la credibilidad del sistema jurídico nacional, dejando entrever la fragilidad e inoperancia de los órganos de control interno en las paraestatales.

Que aún cuando el ingeniero Elías Ayub, se quiera deslindar de actos de corrupción que se desarrollaron durante su gestión al frente de la CFE, es por demás claro que sus subalternos están bajo la línea de mando y, por lo tanto, debe ser investigado y, en su caso, responsabilizado por estos gravísimos hechos que afectan a todos los mexicanos y nuestra imagen ante el mundo.

Que en épocas de turbulencias económicas mundiales y nacionales, emparejadas con programas de austeridad gubernamental y crisis económica entre la sociedad, esta vergonzosa danza de los varios millones de dólares en sobornos de funcionarios de la CFE, nos lesionan y ofenden a todos los mexicanos que creemos en la patria.

En virtud de lo anterior, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área a su cargo; así como su presentación ante la justicia federal.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área que encabezó durante el sexenio pasado; así como su presentación ante la justicia federal.

Tercero. Que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública de conformidad con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros cuerpos legales les confieren, investiguen, exhaustiva y detalladamente todos los actos de corrupción e ilícitos que pudieran existir al interior de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos; así mismo, se finquen las responsabilidades administrativas y penales más severas que existan en la ley, a los ingenieros Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, así como a todos aquellos que estén directa e indirectamente relacionados con estos hechos delictivos que manchan la imagen nacional ante todos los mexicanos y la comunidad internacional.

Cuarto. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República soliciten al Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, la inmediata extradición del ciudadano norteamericano John Joseph O´Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, para que ambos sean procesados y juzgados bajo las leyes mexicanas en base al principio jurídico elemental de la territorialidad jurídica, aplicando el principio de derecho locus regit actum.

Quinto. Se solicite la inmediata comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía y del titular de la Secretaría de la Función Pública, ante esta honorable Cámara de Diputados para explicar y dar cuenta del nexo causal de su actuación ante estos gravísimos actos ilegales y de corrupción.

Sexto. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de renovación de los órganos de control en las dependencias federales y principalmente de las paraestatales, conjuntamente con un programa de auditorías especializadas y pormenorizadas a través de actos de fiscalización conjunta entre la Auditoría Superior de la Federación, órganos de control interno y despachos especializados, que nos permitan detectar todos y cada uno de los ilícitos que se han cometido en las paraestatales, antes de que la justicia de otros países nos lo señale y reclame.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En razón de que el proponente ha solicitado el trámite, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

La mayoría es por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No se considera de urgente resolución. Por tanto,se turna a la Comisión de la Función Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, me permito informarles que nos visitan integrantes de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Puebla, invitados por la diputada María Isabel Merlo Talavera. También nos visitan invitados especiales del diputado Jaime Sánchez Vélez provenientes de Morelos.

TRABAJO LEGISLATIVO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las comisiones ordinarias que, al dictaminar las iniciativas que les hayan sido turnadas, se incluyan todas las propuestas de cada legislador.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente. Diputadas y diputados, el objetivo de esta propuesta es para que pueda instruirse a las comisiones que, cuando se lleve a cabo la dictaminación de alguna iniciativa, se tomen en consideración las iniciativas que al respecto existan dentro de las mismas comisiones. Por tal motivo, considero que este asunto debe ser de urgente u obvia resolución.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad, en la acción de inconstitucionalidad 170, de 2007, que la adopción de decisiones por mayoría es una condición necesaria de la democracia, mas no suficiente.

Al dictaminarse las iniciativas sin tomar en consideración las otras posiciones, lo que se está haciendo es discriminar las iniciativas que al respecto se han planteado y, por tanto, a los grupos parlamentarios que las propusieron y a los propios diputados.

En su libro El futuro de la democracia, Norberto Bobbio señala que algunas de las características negativas de las democracias son la subordinación de los individuos a los grupos organizados que luchan por intereses particulares en detrimento de la representación política general; permanencia del poder invisible que actúa a espaldas y sin el conocimiento de la colectividad ---es decir, negociaciones secretas---; creciente poder de los técnicos y de las burocracias e ingobernabilidad derivada de la incapacidad de las autoridades nacionales para procesar el conjunto de demandas sociales.

Actualmente, en la Comisión de Vivienda, así como en la Comisión de Hacienda, existe la presión para la dictaminación de una iniciativa que presentó Felipe Calderón en febrero de este 2009. Quiero señalar que en abril, en la pasada legislatura, firmaron distintos diputados de las diversas fracciones parlamentarias otra iniciativa que debiera discutirse.

De igual manera, quiero recordar que el 8 de septiembre de 2008 presenté una iniciativa también para la reforma al Infonavit y que esta iniciativa debe estar considerada en los dictámenes que se discutan en ambas comisiones.

Finalmente, señalaría que no son las únicas iniciativas que al respecto hay; de diversos grupos parlamentarios, durante esta legislatura, también se han presentado propuestas para la modificación de la Ley del Infonavit; por tanto, tienen que tomarse en consideración todas ellas para el debate, porque una de las cuestiones básicas dentro de un parlamento es que no nada más tiene que haber votaciones, sino que tiene que haber una deliberación parlamentaria.

Considero, que estos principios democráticos también deben estar presentes en el pleno de la Cámara de Diputados. Por tanto, propongo el punto de acuerdo:

Único. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a todas sus comisiones a que, al presentar dictámenes de iniciativas, incluyan todas las proposiciones que sobre el tema en dictamen hubiesen presentado los legisladores y las legisladoras. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las comisiones ordinarias que al dictaminar las iniciativas turnadas a ellas incluyan todas las propuestas de cada legislador, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Laura Itzel Castillo Juárez, con fundamento en los artículos 41, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

La Suprema Corte ha establecido principios democráticos en distintas resoluciones que constituyen jurisprudencia obligatoria, que debe respetarse en el proceso legislativo. Algunos de estos principios que se pueden advertir de las resoluciones son:

La mayoría parlamentaria en esta legislatura ha impuesto sus decisiones sin considerar las iniciativas de minoría. Tal es el caso del dictamen que presentó la Comisión de Hacienda y Crédito sobre la Ley de Ingresos y diversas disposiciones fiscales.

Actualmente sabemos que esta comisión, así como la de Vivienda, están por dictaminar la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Infonavit y de la Ley del Seguro Social, dejando de lado diversas iniciativas, entre otras:

Los principios democráticos en la deliberación parlamentaria deben ser respetados, por ello, planteo al pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a todas sus comisiones para que al presentar dictámenes de iniciativas, incluyan todas las proposiciones, que sobre el tema en dictamen, hubiesen presentado las y los legisladores.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En virtud de que la proponente ha solicitado el trámite, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por tanto, no se considera de urgente resolución.Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Ramírez Marín, ¿con qué objeto?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Sí, señor presidente. Sólo para dejar constancia en el acta de que la oposición de nuestro grupo parlamentario es exclusivamente al trámite. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no, así se hará constar, señor diputado.

TELEFONOS CELULARES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que realice las políticas públicas conducentes, a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del ambiente y de la economía.

El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, presidente. Uno de los aspectos más complicados de la telefonía celular es la poca compatibilidad de cargadores, incluso en aparatos de la misma marca. El problema tiene un impacto todavía mayor cuando se analizan las grandes cantidades de aparatos que se producen al año para satisfacer la demanda mundial.

La aplicación de esta medida regulatoria, que habré de sugerir, según la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, reduciría drásticamente los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, beneficiaría a todos los usuarios de teléfonos móviles, pues permitiría utilizar el mismo cargador en los celulares del futuro, con independencia de su marca o modelo, y además reduciría drásticamente el número de cargadores fabricados, transportados y posteriormente desechados cuando aparecen nuevos modelos.

Según datos publicados en este mes por cnnexpansión.com, existen hoy más de 4 mil millones de contratos de teléfonos móviles en el mundo. La Unión Europea estima que los accesorios móviles no deseados suponen miles de toneladas de basura; sólo el desecho de los cargadores de celulares al año genera más de 51 mil toneladas de basura electrónica en todo el mundo.

Colocar este tipo de residuos en la basura provoca un fuerte daño directamente en el subsuelo donde se depositan, aumenta el calentamiento global a causa de la gran emisión de gases que provocan el efecto invernadero, y pone en peligro la salud de las personas debido a que contienen componentes tóxicos como plomo, arsénico y, en algunos casos, trióxido de antimonio.

Esta problemática es considerada a escala mundial tan grave que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Telecomunicaciones impulsaron el proyecto de regularización dentro del marco del congreso celebrado en febrero en Barcelona.

Por otro lado, la Organización Mundial de Telecomunicaciones, en su calidad de coordinadora mundial de gobiernos y sector privado en materia de información y comunicación y de la cual México es miembro, en cumplimiento de su mandato conferido por la ONU en la elaboración de normas dentro de los sectores de radiocomunicaciones aprobó la norma denominada solución universal de recargas. La norma tiene como finalidad la instauración de un cargador único en toda la telefonía celular.

En resumen, la instauración de esta medida traería consigo, entre otros, los siguientes beneficios concretos:

Se prevé la reducción de 50 por ciento en el consumo de energía en estado de espera; la supresión de 50 mil toneladas de cargadores que se fabrican cada año y la consiguiente reducción de 13.6 millones de toneladas al año de emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que la producción, transportación y desecho de cargadores se reduzca en 50 por ciento.

Por todo ello, señoras y señores diputados, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se turne el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que exhorten al Ejecutivo a realizar políticas públicas conducentes a establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del ambiente y de la economía. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer las políticas conducentes a homologar los cargadores de teléfonos celulares, en beneficio del ambiente y de la economía, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que se exhorte al Ejecutivo a realizar las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares, exhorto en el cual deberán de participar las Comisiones de Comunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Uno de los aspectos más complicados de la telefonía celular es la poca compatibilidad de cargadores incluso en aparatos de la misma marca. El problema tiene un impacto todavía mayor cuando se analizan las grandes cantidades de aparatos que se producen al año para satisfacer esta demanda mundial.

La aplicación de ésta medida regulatoria según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) ¹ reduciría drásticamente los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, beneficiaría a todos los usuarios de teléfonos móviles pues permitiría utilizar el mismo cargador en los celulares del futuro con independencia de su marca o modelo, y además reduciría drásticamente el número de cargadores fabricados, transportados y posteriormente desechados cuando aparecen nuevos modelos.

Por citar algunas de las cifras que vuelven a esta problemática realmente alarmante, expondré las siguientes:

Según datos publicados en este mes por cnnexpansion.com existen al día de hoy más de 4,000 millones de contratos de teléfonos móvil en el mundo.

La Unión Europea estima que los accesorios móviles no deseados suponen miles de toneladas de basura.

Solo el desecho de los cargadores de celulares al año, generan más de 51,000 toneladas de basura electrónica en todo el mundo, colocar este tipo de residuos en la basura provoca un fuerte daño directamente en el subsuelo donde se depositan, aumentan el calentamiento global a causa de la gran emisión de gases que provocan el efecto invernadero que más adelante detallare y pone en riesgo la salud de las personas debido a que contienen componentes tóxicos como el plomo, el arsénico y en algunos casos trióxido de antimonio, entre otros componentes.

Esta problemática es considerada a nivel mundial tan grave, que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Telecomunicaciones impulsaron el proyecto de regularización dentro del marco del Congreso Mundial de Móviles, celebrado el pasado mes de febrero en la ciudad de Barcelona.

Después de varios meses se logró la firma de un convenio y el envió de un memorándum de entendimiento a la Comisión de la Comunidad Europea mediante los que se comprometen las diez principales empresas del sector ² que representan el 90% del mercado, a garantizar la compatibilidad de los cargadores.

Por otro lado la Organización Mundial de Telecomunicaciones, en su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado en materia de información y la comunicación, de la cual México es miembro , y en cumplimiento a su mandato conferido por la ONU en la elaboración de normas dentro de los sectores de radiocomunicaciones, normalización y desarrollo aprobó la norma que denomino solución universal de recargas (USC), la cual oficializó mediante un comunicado institucional el día 22 de octubre del presente año en la ciudad de Ginebra, y señaló que la norma tiene como finalidad la instauración de un cargador universal de teléfonos móviles, que este esfuerzo ratifica su compromiso con el acuerdo de Copenhague para que las tecnologías de la información y la comunicación tomen un papel primordial como parte de la solución hacia la mitigación de los efectos del cambio climático.

Tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de Telecomunicaciones, señalan que a fin de que esta medida tenga los resultados buscados, debe ser adoptada cuanto antes por las diferentes naciones y zonas geográficas mundiales.

En resumen la instauración de esta medida traería consigo entre otros los siguientes beneficios concretos:

Se prevé una reducción del 50 por ciento en el consumo de energía en estado de espera.

La supresión de 51,000 toneladas de cargadores que se fabrican cada año y la consiguiente reducción de 13.6 millones de toneladas al año de emisiones de gases de efecto invernadero.

Se estima que la producción, trasportación y desecho de cargadores se reduzca en 50 por ciento a corto plazo.

Las soluciones que provienen de este tipo de tecnologías podrían reducir en diez años el 15 por ciento en las emisiones totales de gases con efecto invernadero.

Señoras y señores diputados: no olvidemos que México ha declarado mediante la firma de tratados internacionales, tales como el Protocolo de Kioto, firmado por México el 9 de junio de 1998, que es una nación preocupada por el medio ambiente, con la firma de tratados o la inclusión a organizaciones como la Internacional de Telecomunicaciones no cumplimos con nuestro deber; por tanto, presento ante este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se turne el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que exhorten al Ejecutivo a realizar las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares, en beneficio del medio ambiente y de la economía.

Notas: 1 La organización más importante de la ONU en lo que concierne a las tecnologías de información y comunicación. 2 Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research in Motion, Samsumng, Sony Ericsson y Texas Instrument.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si es tan amable de preguntarle al diputado si permite adherirme a su propuesta.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Claro que sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El señor diputado Arturo Zamora ha aceptado su adhesión a su propuesta; por tanto, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

Túrnese la propuesta del diputado Arturo Zamora a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

MEDIOS DE COMUNICACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernacióna que vigile el contenido que se trasmite a través de los medios de comunicación y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes del país.

El diputado José Alberto González Morales: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, en México, a partir de 1996, comenzaron a transmitirse con intensidad programas informativos especializados en la nota roja, haciendo uso del recurso amarillista y escandaloso, los cuales lograron pronto altos índices de rating o audiencia. Hoy la violencia está presente en todos los programas de televisión del país.

Según un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey, hay audiencia en 83 por ciento de los 30 programas de televisión abierta, lo cual es preocupante, debido a la reiterada presencia de la violencia que contribuye al aprendizaje, imitación, temor y pérdida de valores, especialmente en menores de edad. Asimismo, hay que resaltar que la UNESCO ha publicado que en nuestro continente la mitad de los niños y las niñas dedica 50 por ciento de sus horas de ocio a ver televisión.

Los dibujos animados, con audiencia casi exclusiva de menores, son los programas con mayor número de secuencias violentas mezcladas con humor. Adicionalmente, en la mayoría de los casos exhibidos en televisión la violencia no recibe castigo o si lo recibe es de manera ilegal, es decir, como venganza o tomando justicia por propia mano. Además se exhibe cotidianamente el uso de armas.

Estas conductas negativas pueden ser aprendidas o imitadas con facilidad por los infantes, dañando así su sano de-sarrollo mental.

La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de verificar que los medios de comunicación eviten la difusión y publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación, que promuevan la violencia y hagan apología del delito y la ausencia de valores.

La Ley Federal de Radio y Televisión previene contra la violencia; determina que deben evitarse influencias nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de la niñez y de la juventud.

Este ordenamiento jurídico faculta a la Secretaría de Gobernación a vigilar la clasificación de los programas televisivos, así como a controlar la programación difundida para que cumpla con los preceptos legales. Está autorizada para sancionar a los medios de comunicación que violen la norma, pero la abundante cantidad de escenas de violencia transmitidas por televisión, en cualquier horario, ponen de manifiesto que la Secretaría de Gobernación no está cumpliendo con su obligación de vigilar la correcta clasificación de los programas de televisión, ni su contenido.

Los niños y las niñas están expuestos todos los días a recibir mensajes nocivos a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión. Un estudio observó que en 10 horas de programación para niñas y niños se registraron 582 actos violentos, de los cuales, 252 corresponden a muertes. Y en una sola hora, de 12:00 a 13 horas, los menores pueden ser testigos de 183 eventos, haciendo un promedio de 3 por minuto. Dichas escenas se concentran en horarios y caricaturas específicas.

En la actualidad, el tema de la violencia en la televisión ha generado gran preocupación, ya que estimula la conducta agresiva en los niños y niñas que pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles o para adultos, siendo los primeros seis veces más agresivos.

Las niñas y los niños que ven violencia en la pantalla se comportan de manera más agresiva, sin importar su localización geográfica, sexo, nivel socioeconómico o si tienen problemas emocionales. La televisión fomenta dichas conductas de dos formas. Una, por imitación; la otra, por aceptación de dicho comportamiento como algo apropiado.

La violencia en la televisión es perjudicial para las niñas y niños. Se ha llegado a la conclusión de que la exposición repetida a la violencia, a través de los medios de comunicación, enseña a algunos niños, niñas y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales a través de ella. Aunado a esto, puede verse mermada la vida familiar con la difusión de los falsos valores y modelos de comportamiento degradantes, al recibirse información distorsionada y manipulada sobre hechos y problemas de la actualidad.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que, en el ejercicio de sus facultades, vigile el contenido que se transmite a través de los medios de comunicación, y a evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de los niños, las niñas y adolescentes del país.

Señor presidente, respetuosamente le solicito que el contenido del presente punto de acuerdo se incluya íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a vigilar el contenido de las transmisiones de los medios de comunicación y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de niños y de adolescentes, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a vigilar y controlar los contenidos de la programación transmitida por los medios de comunicación, con el objetivo de excluir imágenes nocivas y perturbadoras para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México, a partir de 1996, se comenzaron a transmitir con intensidad programas informativos especializados en la nota roja, haciendo uso del recurso amarillista y escandaloso, los cuáles lograron pronto altos índices de rating y audiencia; hoy la violencia está presente en casi todos los programas de televisión del país.

Según un estudio de Instituto Tecnológico de Monterrey, hay audiencia en el 83 por ciento de los 30 programas de televisión abierta, lo cual es preocupante, debido a la reiterada presencia de la violencia que contribuye al aprendizaje, imitación, temor y pérdida de valores, especialmente en menores de edad. Asimismo hay que resaltar que la UNESCO ha publicado que en nuestro continente, la mitad de los niños y las niñas dedican el 50 por ciento de sus horas de ocio a ver televisión.

Los dibujos animados con audiencia casi exclusiva de menores, son los programas con mayor número de secuencias violentas mezcladas con humor, adicionalmente en la mayoría de los casos exhibidos en televisión, la violencia no recibe castigo o lo recibe de manera ilegal, es decir, como venganza o tomando justicia por propia mano. Además se exhibe cotidianamente el uso de armas.

Estas conductas negativas pueden ser aprendidas o imitadas con facilidad por los infantes, dañando así su sano desarrollo mental.

La Ley para la Prevención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece la obligación de las autoridades para verificar que los medios de comunicación eviten la difusión y publicación de información en horarios de clasificación ``A'', con contenidos perjudiciales para su formación que promuevan la violencia y hagan apología del delito y la ausencia de valores.

En la Ley Federal de Radio y Televisión se previene en contra de la violencia, por lo que al respecto se determina que, ``deben evitar influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud''.

Este mismo ordenamiento jurídico faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar la clasificación de los programas televisivos, así como controlar la programación difundida para que cumpla con los preceptos legales, asimismo está autorizada para sancionar a los medios de comunicación que violen la norma. Pero la abundante cantidad de escenas de violencia transmitidas por televisión en cualquier horario, pone de manifiesto que la Secretaría de Gobernación no está cumpliendo con su obligación de vigilar la correcta clasificación de los programas de televisión, así como su contenido violento.

Los niños y las niñas están expuestos todos los días a recibir mensajes nocivos a través de los medios de comunicación, en especial de la televisión.

En un estudio se observó, que en 10 horas de programación para niños y niñas, se registraron 582 actos violentos, de los cuales 252 corresponden a muertes, y en una sola hora (de 12:00 a 13:00 hrs.) los menores pueden ser testigos de 183 eventos, lo que hace un promedios de 3 por minuto; dichas escenas se concentran en algunos horarios y caricaturas específicas.

En la actualidad el tema de la violencia en televisión ha generado gran preocupación, debido a que estimula la conducta agresiva en los niños y niñas, los cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles o para adultos, siendo los primeros seis veces más agresivos. Entre los actos violentos vistos por los menores están: asesinatos, guerras, puñetazos, cuchilladas, patadas, accidentes violentos y destrucción de propiedades, entre otros.

Los niños y niñas que ven violencia en la pantalla se comportan de manera más agresiva, sin importar su localización geográfica, sexo, nivel socioeconómico o si tienen problemas emocionales; tal actitud se debe, a que la televisión fomenta dicha conducta de dos formas:

La violencia en la televisión es algo perjudicial para los niños y niñas, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la exposición repetida a la misma a través de los medios de comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales a través de ella. Aunado a esto, también se puede ver mermada la vida familiar, con la difusión de falsos valores y modelos de comportamiento degradantes, todo ello al recibir información distorsionada y manipulada sobre los hechos y problemas de la actualidad.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ejercicio de sus facultades vigile el contenido que se transmite a través de los medios de comunicación y evitar la divulgación de imágenes violentas, nocivas y perturbadoras para el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes del país.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el diputado José Alberto González... Sí, diputado Guillermo Zavaleta, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Para que me haga usted favor de preguntar al diputado ponente si da su venia para la adhesión de un servidor en este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El señor diputado González Morales ha aceptado; por tanto, todos los señores y señoras diputadas que estén por la adhesión a esta iniciativa pueden pasar a la Secretaría para firmarla.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Señoras diputadas y señores diputados, informo que nos visitan invitados especiales de la delegación Venustiano Carranza, a invitación de la diputada Rosi Orozco, a quienes les damos la bienvenida y enviamos un saludo.

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y adultos de 70 años o más, no paguen energía eléctrica.

El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, la sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Coneval muestran que, a 2006, más de 42 millones de mexicanos estaban en algún grado de pobreza.

En nuestro país las madres solteras, separadas o viudas y los adultos de 70 años o más, por lo general, sufren discriminación de gran parte de nuestra sociedad. En México existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas. Datos del Consejo Nacional de Población establecen que las madres solas por separación y divorcio son 1.7 millones y que seis de cada 10 han asumido la jefatura de su hogar.

Además de desempeñar el rol materno, siete de cada 10 efectúan alguna actividad económica. El 29.6 por ciento de las madres solteras vive en condiciones de pobreza. Las madres solteras son en su mayoría jóvenes, menores de 30 años. Las mujeres separadas y divorciadas concentran el mayor porcentaje entre los 30 y 49 años, mientras que entre las viudas predominan las mayores de 50 años. Por otra parte, las personas de 70 años o más suman ya 3.5 millones y, se prevé, alcanzarán 4.4 millones en 2010.

En nuestro entorno vemos con mucha frecuencia que, en general, la mujer, y en especial el grupo de madres solteras y las personas de la tercera edad, son víctimas de abusos y discriminación en todos los terrenos. Subsisten en una situación económica difícil, por lo que se considera que es justo que el Ejecutivo federal implemente un programa integral para ayudar a este sector de la población para que tengan subsidios suficientes en su economía en el pago de energía eléctrica, así como las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos.

Si bien es cierto que actualmente existe el programa Oportunidades, que otorga apoyo económico de 55 pesos mensuales a las familias beneficiadas, dentro del componente energético, con el propósito de apoyar con el gasto que se realiza en el consumo de energía eléctrica, gas, leña, carbón, entre otros, también lo es que dicho apoyo no enmarca ni beneficia a la población vulnerable, como las madres solteras, adultos de 70 años o más o las personas que ganan salario mínimo.

Como todos sabemos, la electricidad en México es cara. En la Ciudad de México un usuario residencial de clase media paga un costo real aproximado de 123 dólares. En Canadá, su equivalente paga 27 dólares. En Estados Unidos y Reino Unido, alrededor de 35 dólares. Y ya ni mencionar cuánto paga la gran mayoría de la población.

Para los legisladores no son desconocidas las altas tarifas de la luz que aplica la Comisión Federal de Electricidad. Tan es así, que sólo por mencionar algunos ejemplos, compañeros diputados de las diferentes fuerzas políticas de esta Legislatura han presentado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a que revisen las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica.

Compañeros diputados, las tarifas son fijadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por la Secretaría de Hacienda, con la participación de las Secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.

Sólo se requiere voluntad política para establecer un programa que realmente beneficie a la población más vulnerable. Es por ello que someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Energía y de Desarrollo Social y de la Comisión Federal de Electricidad, implemente un programa integral para que las madres solteras, adultos de 70 años o más y las personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos reciban un subsidio suficiente a su economía en el pago de energía eléctrica.

Por su atención, gracias, espero que apoyen con su voto el presente punto. Señor presidente, solicito que mi intervención se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la SHCP, la SE, la Sener, la Sedesol y la CFE un programa integral para que las madres solteras, las separadas o las viudas y los adultos mayores de 70 años o más no paguen electricidad, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Que la sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que a 2006, más de 42 millones de mexicanos están en algún grado de pobreza, y sin duda alguna va en aumento.

Que en nuestro país las madres solteras, separadas o viudas, y los adultos mayores de 70 años o más por lo general sufren de discriminación por gran parte de la sociedad.

Que en México existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas, quienes al igual que sus hijos son sujetos de discriminación.

Que según datos del Consejo Nacional de Población, las madres solas por separación o divorcio son 1.7 millones y que 6 de cada 10 han asumido la jefatura de su hogar, aunque 27.6 por ciento de ellas vive con al menos uno de sus padres.

Además de desempeñar el rol materno, 7 de cada 10 efectúan alguna actividad económica. Al igual que las madres solteras, el porcentaje que vive en condiciones de pobreza, 29.6 por ciento, es menor al de las madres viudas y a las que se encuentran en pareja o casadas.

Que las viudas constituyen el grupo más numeroso de las madres solas (1.9 millones). En la mayoría de los casos se asume la jefatura del hogar por muerte, separación o divorcio del cónyuge. Las madres solteras son en su mayoría jóvenes, menores de 30 años; las mujeres separadas y divorciadas concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años, mientras que entre las viudas predominan las mayores de 50 años.

Por otra parte se estima que en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), quienes representan 7.5 por ciento del total de la población. En 2010 habrá 9.9 millones, 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030; de modo que este grupo de la población incrementará su peso a 8.9, 12.5 y 17.5 por ciento del total de la población, respectivamente.

Dentro de este grupo se encuentran los mayores de 70 años y suman ya 3.5 millones y se prevé que alcanzarán 4.4 millones en 2010, 6.5 millones en 2020 y 10.2 millones en 2030.

Que en nuestro entorno vemos con mucha frecuencia que en general la mujer, y en especial el grupo de personas de madres solteras y las personas de la tercera edad, son víctimas de abuso y discriminación en todos los terrenos, estos sectores de la población subsisten en una situación económica difícil, por lo que se considera que es justo que el Ejecutivo federal implemente un programa integral para ayudar a este sector de la población, para que no paguen el consumo de energía eléctrica, si bien es cierto que actualmente existe el programa Oportunidades que otorga un apoyo económico de 55 pesos mensuales a las familias beneficiarias dentro del componente energético con el propósito de apoyar con el gasto que se realiza en el consumo de energía eléctrica, gas, leña, carbón entre otros, y que en 2007 se benefició a 5 millones, en 2008 a 5.04 millones y en 2009 se espera beneficiar a 5.2 millones de familia, también lo es que, dicho apoyo no enmarca ni beneficia a la población vulnerable como lo son las madres solteras, separadas y viudas, y adultos mayores de 70 años o más.

Que la electricidad en México es muy cara. En la Ciudad de México un usuario residencial de clase media paga 66 dólares en electricidad, y si le sumamos el subsidio paga un costo real de 123 dólares. En Canadá su equivalente paga 27 dólares, en Estados Unidos y Reino Unido alrededor de 35 dólares y ya ni mencionar cuanto paga la gran mayoría de la población.

Que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 26.9 millones de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 188 mil localidades (184 mil 613 rurales y 3 mil 325 urbanas), 96.68 por ciento de la población utiliza la electricidad.

Que para los legisladores no es desconocido las altas tarifas de luz que aplica Comisión Federal de Electricidad, tan es así que, tan sólo por mencionar algunos ejemplos, de diferentes fuerzas políticas de esta legislatura se han presentado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que revisen las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica en Nayarit y Chiapas.

Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 establece que ``corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución''.

De igual forma el artículo 27 de nuestra Constitución establece la facultad exclusiva de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objetivo la prestación de servicio público.

Por otra parte, la Secretaría de Energía se encuentra facultada para autorizar los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Que actualmente existen ocho tipos de tarifas: DAC, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales son fijadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por la Secretaría de Hacienda con la participación de las Secretarías de Economía, y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Energía, y de Desarrollo Social, así como la Comisión Federal de Electricidad, implemente un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas, y adultos mayores de 70 años o más, no paguen energía eléctrica.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Villarreal Salinas, insértese el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates.

El señor diputado Emilio Serrano ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el diputado Villarreal Salinas; si el proponente no tiene inconveniente, la Secretaría pondrá a su disposición la proposición para su firma, señor diputado Serrano.

Túrnese a la Comisión de Energía.

ESTADO DE CAMPECHE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Reguladora de EnergíaEléctrica, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que reclasifiquen y autoricen la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en Campeche.

El diputado Óscar Román Rosas González: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamentos en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes motivos.

Campeche, como ustedes saben, es una zona altamente productora de hidrocarburos y también produce, por sus condiciones hidrográficas, importantes cantidades de energía, particularmente en la central termoeléctrica ubicada en la ciudad capital y en la central de ciclo combinado, ubicado en el municipio de Palizada, del mismo estado, que suministra a otros estados hermanos de la región sureste.

La región peninsular es una de las regiones que presentan tarifas eléctricas más altas, por lo que consideramos necesario que las autoridades que regulan sus costos realicen un estudio a fondo, a efecto de que puedan tomar en consideración diversos factores regionales.

En el caso de Campeche, como ocurre en otras entidades del país, las temperaturas son elevadas en la mayor parte de los meses del año y, por consiguiente, derivado de sus condiciones hídricas, los índices de humedad son importantes, circunstancias que obligan a las familias campechanas, de sus 11 municipios, a utilizar sistemas de ventilación y enfriamiento de forma permanente, así como para la conservación de sus alimentos, ocasionando con ello que el consumo de energía eléctrica sea mayor. Aunado a esto, nuestra entidad se encuentra en el nivel más bajo de los salarios mínimos.

Derivado de lo anterior, si las instancias encargadas de regular lo concerniente a las tarifas eléctricas analizan las condiciones particulares de Campeche; es decir, consideran la temperatura promedio de la entidad, el factor de humedad, la zona salarial, los indicadores socioeconómicos y la aportación que hace Campeche en cuanto a sus recursos naturales, especialmente energéticos, considero que podremos arribar a que esta solicitud que hoy hago resulta más que justificada y, además, justa.

Por ello, hoy me dirijo al pleno de esta honorable Cámara a pedir la solidaridad de todos ustedes para lograr que exista una reclasificación de las tarifas eléctricas para los habitantes de Campeche, y con el apoyo de ustedes solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que realicen, en apego de las atribuciones que la ley les confiere, los estudios necesarios para que sustenten, por justicia, la viabilidad, factibilidad técnica, económica y social del punto de acuerdo que hoy les presento.

En mérito de lo anterior me permito proponer a esta Cámara el siguiente punto de acuerdo:

Único. Solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reclasifiquen y autoricen la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en Campeche, una vez que, conforme a derecho, se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la viabilidad, factibilidad técnica, económica y social de la propuesta en comento.

Palacio legislativo de San Lázaro, 8 de diciembre de 2009. Diputado Óscar Román Rosas González. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía, a la Junta de Gobierno de la CFE y a la SHCP que reclasifiquen y autoricen reducir las tarifas de electricidad en Campeche una vez que, conforme a derecho, se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la factibilidad técnica, económica y social de la propuesta, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Motivos

Las tarifas eléctricas están determinadas de acuerdo con la política de precios administrados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su precio se encuentra condicionado por la volatilidad en las cotizaciones a futuro del combustóleo y de los productos metálicos, los cuales inciden en las fórmulas de cálculo. Lo anterior, presupone una estrecha relación con el índice inflacionario, lo cual impacta en estados como Campeche, debido a que nuestra entidad se encuentra en el nivel más bajo de salarios mínimos.

Campeche es una zona altamente productora de hidrocarburos y también produce por sus condiciones hidrográficas, particularmente en la central termoeléctrica ubicada en la ciudad capital y en la central de ciclo combinado ubicado en el municipio de Palizada, importantes cantidades de energía, la cual se suministra a otros estados hermanos de la región sureste.

Es un estado que ha aportado mucho al desarrollo nacional en materia energética y que con trabajo diario ha venido saliendo adelante.

El desarrollo horizontal del país hace necesario el impulso de nuevos modelos económicos que nos permitan un desarrollo regional más equilibrado.

Es necesario que el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda, asuman nuevos criterios de aplicación y solidarizarse con esta solicitud, ya que disminuir los precios de la energía eléctrica no debemos de verlo como un subsidio, cuando de entidades productoras estamos hablando.

La región peninsular es una de las regiones que presentan tarifas más altas, a pesar de que la responsabilidad hacendaria en materia presupuestal obliga a que cualquier iniciativa se sustente en sus costos, lo que consideramos necesario que las autoridades que regulan las tarifas eléctricas realicen un estudio a fondo, a efecto de que en el cobro de estas puedan tomarse en consideración diversos factores regionales que las diferencian, como por ejemplo en el caso particular de Campeche, la capacidad económica de la región y las condiciones climáticas.

En el caso de Campeche, como ocurre en otras entidades del país, las temperaturas son elevadas en la mayor parte de los meses del año y, por lo consiguiente, derivado de sus condiciones hídricas, los índices de humedad son importantes, circunstancias que obligan a las familias campechanas de sus once municipios a utilizar sistemas de ventilación y enfriamiento de forma permanente, así como para la conservación de sus alimentos, ocasionando con ello que el consumo de energía sea mayor.

Derivado de lo anterior, si estas instancias encargadas de regular lo concerniente a las tarifas de energía eléctrica analizan las condiciones particulares de Campeche; es decir, si consideran la temperatura promedio de la entidad, el factor de humedad, la zona salarial, los indicadores socioeconómicos y la aportación que hace Campeche en cuanto a recursos naturales, especialmente energético, considero que podremos arribar que esta solicitud que hoy hago resulte más que justificada y además justa.

Por ello, me dirijo al pleno de esta Cámara para pedir la solidaridad de ustedes para lograr que exista una reclasificación de las tarifas eléctricas para los habitantes de Campeche y, con el apoyo de ustedes, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen, en apego a las atribuciones que la ley les confiere, los estudios necesarios para que sustenten por justicia la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social del punto de acuerdo que hoy les presento.

En merito de lo anterior, me permito proponer a esta Cámara, como urgente y de obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reclasificar y autorizar la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en Campeche, una vez que conforme a derecho se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de la propuesta en comento.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.

Me permito informales, señoras diputadas y señores diputados, que nos visitan integrantes del Club Rotario del estado de México, invitados por el diputado Octavio Germán Olivares, a quienes les damos la bienvenida y les enviamos un saludo.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Yolanda Montalvo. Sí, diputada.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): Para preguntarle al diputado Rosas si me puedo adherir a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Yolanda Montalvo ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el diputado Rosas González, si no hay inconveniente, señor diputado.

El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada su petición, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrezproposición con punto de acuerdo por el que se solicita al pleno de esta LXI Legislatura que haga un atento llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanospara que investiguen la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso I, de Hermosillo, Sonora, y suscrito por diputados integrantes el Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al pleno de la LXI Legislatura que formule un atento llamado a las autoridades de la CNDH para que investiguen la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, recluida en el Cereso número 1 de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta honorable legislatura, y con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía el punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de junio en Hermosillo se incendió la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), donde perdieron la vida 49 niños menores de 4 años. La historia ya todos la conocemos.

El 21 de ese mismo mes, el juez primero de distrito de procedimientos penales, Raúl Martínez Martínez, dictó auto de formal prisión a los siete empleados de la Secretaría de Hacienda estatal implicados en el incendio en la guardería ABC. Sin embargo, los indiciados, Manuel Gaxiola Santa Cruz, Francisco Arturo Bracamontes, Juan Parra, Ignacio Aduendas, Álvaro Pacheco, Jorge Antonio Lavandera y Arturo Torres, enfrentarán el proceso en libertad, pues, cuando fueron arrestados, cubrieron la fianza respectiva.

La única servidora pública detenida hasta ahora es la coordinadora de Guarderías del IMSS, Irma Crecencia Díaz Gómez, quien dio a conocer una carta en la que acusa a las autoridades de haberla sometido a tortura psicológica y de actuar con parcialidad en el juicio por la muerte de 49 menores. Escribió la mujer: ``Yo, Irma Crecencia Díaz Gómez, soy coordinadora de Guarderías del IMSS en Hermosillo. Con las funciones asignadas de supervisión de la nutrición de los niños, fomento la salud, pedagogía y administración. Quiero manifestarles a los padres afectados, a las autoridades y a todos los mexicanos que siempre realicé las actividades propias de mi categoría apegada a las guías de supervisión, vigilando la integridad de los niños, que siempre hasta donde estuvo a mi alcance trabajé para que esos pequeños estuvieran disfrutando de lo mejor durante su estancia en las guarderías. Me consideran culpable de esos hechos y me negaron la oportunidad de hacerle frente a esta situación al lado de mi familia, ya que me negaron la libertad condicional y me separaron de mis seres queridos. Manifiesto mi dolor ya que, durante estos días en la cárcel, he sentido en carne propia muchas injusticias sobre mi persona, ya que he sido sujeta a torturas psicológicas. Tres días después también por la madrugada me informaron que siempre sí me otorgarían la fianza por aproximadamente 190 mil pesos y a los cinco minutos después me vuelve a llamar para decirme que se había cancelado mi fianza''.

Más adelante, Díaz Gómez expone que es la única funcionaria detenida del Instituto Mexicano del Seguro Social y que siempre tuvo su conciencia tranquila, pero hoy tiene miedo y se sorprende de ser considerada culpable por hechos de los que no se considera responsable.

Como se puede ver, la mujer reclama que ha sido maltratada psicológicamente y que, al menos en tres ocasiones, ha sido despertada de madrugada para atender diligencias en el juzgado.

La detenida afirma haber sido levantada a la medianoche del domingo 21 de junio, mismo día que ingresó al Cereso 1 de Hermosillo, para notificarle que le negaban la libertad condicional, y previamente le habían dicho que la fianza era de 2 millones 300 mil pesos.

Díaz Gómez tiene 27 años de servicio dentro del IMSS. Inició como enfermera durante siete años en el hospital regional de zona, luego se graduó como licenciada en psicología y ocupó diversos puestos hasta ser directora por 7 años en la guardería del Seguro Social y desde hace nueve años se desempeñaba como coordinadora de guarderías en Hermosillo.

El juez de la causa negó la libertad bajo fianza a Irma Crecencia Díaz Gómez con el argumento de que el incendio en la estancia infantil, que ha cobrado 49 vidas, es un asunto de ``impacto social''.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al pleno de esta LXI Legislatura haga un atento llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora.

Segundo. Se solicita al pleno de esta LXI Legislatura exhorte a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a reconsiderar la libertad bajo caución de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Se retira del orden del día la propuesta del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar y ejecutar acciones y políticas efectivas para erradicar y sancionar el alto índice de feminicidios y delitos cometidos contra mujeres en los municipios de dicha entidad.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes a todos y a todas. El 25 de noviembre se conmemoró en el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestro país contempló esta fecha una vez más en medio de una condena mayoritaria de los diputados del Parlamento Europeo, quienes en la sesión del 19 de noviembre, desde Bélgica y de forma consecutiva, calificaron al Estado mexicano de ineficiente, al imperar la impunidad frente a los altos índices de feminicidios cometidos en nuestro país.

De la lamentable situación de violencia de género que se extiende en nuestro país sobresale el caso del estado de México. De acuerdo con los informes de la propia Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, de 2005 y hasta agosto de 2009, 672 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, previa tortura o violación.

El estado de México es actualmente la entidad federativa que más feminicidios registra, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta situación se ha agravado a lo largo de los últimos nueve años.

De acuerdo con el informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la legislatura anterior, uno de cada cuatro del total de los homicidios de este país se registró en el estado de México, que oscilaba, en ese entonces, entre los lugares dos y tres a escala nacional. Actualmente ocupa el lugar uno.

Sobresalen en la lista negra de municipios con más alto grado de violencia de género y feminicidios, a escala federal, los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes-La Paz, Toluca y Tejupilco.

Con relación al grado de impunidad existente en el estado de México, en la investigación y sanción de delitos relacionados con violencia de género, tanto el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registran que en el estado de México se realiza el peor desempeño de todo el país en averiguaciones previas.

En este rubro, la media nacional sobre la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados. En el caso del estado de México son sólo 8 de cada 100.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se considere de urgente resolución proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe de Ejecutivo local, a diseñar y a ejecutar políticas públicas que prevengan, combatan y erradiquen el alto índice de feminicidios cometidos en agravio de las mexiquenses.

Segundo. Exigimos al gobernador del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, y al procurador general de Justicia del estado de México, licenciado Raciel López Salazar, resultados inmediatos en la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables de los crímenes que mediante este punto se denuncian.

Solicito a la mesa de inserte el texto completo. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar y ejecutar acciones y políticas efectivas para erradicar y sancionar el elevado índice de feminicidios y delitos cometidos contra mujeres en esa entidad, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

El día 25 de noviembre se conmemoró en el mundo el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Nuestro país contempló esa fecha, una vez más, en medio de la condena mayoritaria de los diputados del Parlamento Europeo quiénes en la sesión del 19 de noviembre de 2009, desde Bélgica y de forma consecutiva, calificaron al Estado mexicano de ineficiente al imperar la impunidad frente a los altos índices de feminicidios cometidos en nuestra nación.

De la lamentable situación de violencia de género que se extiende en nuestro país, sobresale el caso del estado de México. De acuerdo a informes de la propia Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, desde el año 2005 y hasta agosto de 2009, 672 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, previa tortura y violación o ambas. El estado de México es actualmente la entidad federativa que más feminicidios registra, de acuerdo al Informe Anual del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Esta situación se ha agravado a los largo de los últimos nueve años. De acuerdo al informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, uno de cada cuatro de los homicidios en el país, se registró en el estado de México, oscilando en ese entonces entre los lugares dos y tres nacional, para establecerse en el número uno del 2005 a la fecha.

Sobresalen de entre la lista negra de municipios con más alto grado de violencia de género y feminicidios a nivel federal: Naucalpan, Ecatepec, Chimualhuacán, Los Reyes La Paz, Toluca y Tejupilco, sin embargo, más de 80 municipios de la entidad registran una tasa de delitos dolosos en contra de mujeres superior a la media nacional. De acuerdo a datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Seguridad, en Toluca se registran 12.2 feminicidios por cada 100 mil habitantes, asimismo, en Naucalpan la tasa es de 7.3 por cada 100 mil; para ejemplificar la tragedia que viven día a día los mexiquenses, cabe hacer notar que la tasa de homicidios dolosos contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es del orden de 4.8 por cada cien mil, seguido en la escala nacional de Chimualhuacán, con 4.6 homicidios por cada cien mil mujeres. En comparación con Chihuahua, el estado de México cuenta, por lo menos, con el doble de feminicidios que aquélla entidad federativa.

De acuerdo a datos avalados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Federación Internacional de los Derechos Humanos presentados ante el Parlamento Europeo, la tasa de feminicidios ocurridos en el territorio del estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional.

Con relación al grado de impunidad existente en el estado de México en la investigación y sanción de delitos relacionados con violencia de género, tanto el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registran que esa entidad realiza el peor desempeño en todo el país sobre averiguaciones previas. En este rubro, la media nacional sobre la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados, sin embargo, en el estado de México sólo se castiga a ocho de cada 100.

Por lo que refiere a las políticas en materia de equidad, justicia y desarrollo social implantadas en la entidad, que son indispensables en la prevención de estos delitos, cabe hacer notar que simple y sencillamente ha habido un terrible desatención y desinterés de parte de la autoridad para corregir esta dramática situación. La marginación económica y educativa, la pobreza extrema, la ausencia de una cultura cívica acumulada a lo largo de los años en municipios como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl, es producto de esa errática forma de gobernar. La desaparición del Instituto de la Mujer Mexiquense, organismo descentralizado que en su corta vida pretendió especializarse en la materia, y su transformación en un Consejo Estatal de la Mujer y de Bienestar Social que no sólo diluye esfuerzos y recursos, sino, que diversifica acciones sin que logre concretar resultados favorables, es una mala señal que envía el gobernador del estado a sus gobernadas y gobernados. De acuerdo al manual Ciudadano de Programas Sociales y las Reglas de Operación 2009, del gobierno del estado de México, tan sólo se contemplan ocho programas sociales, de los cuáles, únicamente uno, el Programa Mujeres Trabajadoras Comprometidas, es considerado en el documento. A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social anuncia la existencia de más programas en relación con las mujeres, incluidos los de equidad de género y prevención de violencia, es clara la falta del establecimiento de reglas mínimas de operación, de ahí sus magros y casi inexistentes resultados.

Es necesario que los gobernantes adopten medidas serias en la atención de la violencia de género. El gobierno no sólo debe de entenderse como un instrumento de ejecución de políticas y ejercicio de poder, sino, como un elemento fundamental en la transformación de la sociedad, ya que quien ejerce ese poder, debe de asumir la responsabilidad de su encargo, demostrar sensibilidad y capacidad en el desahogo de las altas encomiendas que el pueblo le ha conferido. Un gobierno distanciado de los problemas de la gente, ineficiente en sus acciones y resultados, no corresponde a una verdadera vocación democrática, y nuestra nación se encuentra necesitada de una clase política capaz de atender y resolver las cotidianas injusticias, inequidades, arbitrariedades y abusos cometidos en su contra.

La violencia contra las mujeres es una afrenta en contra de toda la sociedad y del país entero. No existe democracia sin equidad, ni posibilidad de un gobierno legitimado sin vocaciones por la democracia.

Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se considere de urgente resolución, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Ejecutivo local de ésa entidad federativa, a diseñar y ejecutar políticas públicas que prevengan, combatan y erradiquen el alto índice de feminicidios cometidos en agravio de los mexiquenses.

Segundo. Exigimos al gobernador del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto y al procurador general de Justicia del estado de México, licenciado Alberto Bazbaz Sacal, resultados inmediatos en la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables del los crímenes que mediante este punto se denuncian.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto completo en el Diario de los Debates. En virtud de que la proponente ha solicitado el trámite, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por tanto, no se considera de urgente resolución. El señor diputado Juan Guerra Abud ha pedido la palabra, adelante.

Diputada, deberían ser dos terceras partes de la votación para que sea considerada de urgente resolución, evidentemente no las hubo. Diputado Juan Guerra Abud, adelante.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente, creo que este lamentable problema que la señora diputada acaba de mencionar no es exclusivo del estado de México. Lamentablemente es un problema que se vive en todo el país.

La propuesta que nosotros quisiéramos hacer, cuando el tema llegue a la Comisión, es que se haga esta exhortativa no solamente a un gobernador, sino a todos los gobernadores e inclusive al gobierno federal, porque es un tema que no es exclusivo o restrictivo de una sola entidad, es un problema que lamentablemente afecta a todo el país.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Lo ha solicitado usted bien, señor diputado, la propuesta de usted deberá hacerse en la comisión.

Esta propuesta de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Diputada Pérez de Tejada, adelante.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Gracias. Diputado, lamento diferir con el compañero que me antecedió en la palabra. Cierto es que en nuestro país es un problema muy difícil, pero en el estado de México es un problema donde una mujer muere cada dos días, víctima de violencia doméstica, y son cifras demostradas por la propia Procuraduría del gobierno del estado de México; mueren en sus hogares y a manos de sus esposos, compañeros, con quienes tienen una relación sentimental

Creo que es muy importante que sí se exhorte al gobernador a que tenga políticas públicas a favor de las mujeres y a que la Procuraduría del gobierno del estado de México atienda este asunto, que de verdad es muy importante y tiene años que está olvidado.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Señores diputados y diputadas, les informo que se recibieron del Senado de la Repúblicaminutas con proyecto de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ellas.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR DIVERSAS CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, para que pueda aceptar y usar la condecoración del Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz que le otorga el Reino de España.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Único. Se concede permiso para que el ciudadano Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, pueda aceptar y usar la condecoración del Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz que le otorga el Reino de España.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Honor del Congreso, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Congreso de la República de Perú.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Honor del Congreso, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Congreso de la República de Perú.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alfredo Carranza Rosales para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Alfredo Carranza Rosales pueda aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Pilar Rodríguez para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República Federativa de Brasil.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Luis Pilar Rodríguez pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República Federativa de Brasil.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Joaquín Chavelas Carrillo para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de Estados Unidos de América.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Joaquín Chavelas Carrillo pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de Estados Unidos de América.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Hernández Cisneros para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Conmemorativa Primero de Agosto, que le otorga el gobierno de la República Popular China.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Enrique Hernández Cisneros pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Conmemorativa Primero de Agosto, que le otorga el gobierno de la República Popular China.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Manuel Arango Arias para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Manuel Arango Arias pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos para aceptar y usar la condecoración El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Perú.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos pueda aceptar y usar la condecoración El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Perú.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Volpi Escalante para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Jorge Luis Volpi Escalante pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Mestas Avilés para aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Juan Carlos Mestas Avilés pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ernesto Campos Tenorio para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Paraguay.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ernesto Campos Tenorio pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Paraguay.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Gerardo Sánchez Sosa para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Jorge Gerardo Sánchez Sosa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano José Luis Sánchez Sánchez para aceptar y usar la condecoración Orden Nacional de Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Luis Sánchez Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración Orden Nacional de Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Gobernación. Diputada Reyes Sahagún.

ESTADO DE MEXICO

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Diputado presidente, yo creo que es correcto que se turne, ya que no logramos las dos terceras partes de las curules vacías, es justo que se turne a la Comisión de Equidad. Pero no es un tema nada más de equidad y mucho menos es un tema de mujeres. Le pido, por favor, que se turne también a la Comisión de Justicia; es un tema de justicia que el estado tiene que responder.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se obsequia la petición de la diputada Reyes Sahagún y se turna a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy a la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresa resolver el desfalco a los ahorradores de la caja Coofia, en Puebla.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos : Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, acudimos a esta tribuna a plantear una situación que lamentablemente no es nueva. Se trata de otro fraude y desfalco a mexicanas y mexicanos de escasos recursos, por parte de empresas que captaban ahorros y operaban de forma irregular y en posible contubernio u omisión de las autoridades financieras.

El caso en cuestión implica varias cajas de ahorro, entre las que están la financiera Coofia, que operaba en nueve estados de la República; el Grupo Bienestar Social la Paz, SC, que operaba en cuatro estados de la República; el Grupo Sitma, en 11 estados de la República, y Grupo Inmobiliario Verhome, mejor conocido como Invergroup, operando en Puebla, Aguascalientes, León, Guanajuato, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

En particular voy a hacer referencia a la problemática que han creado estas cuatro empresas captadoras de recursos del público: dos inmobiliarias, una financiera y la otra como sociedad civil, en Puebla, donde, según el último informe proporcionado por la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, publicado a finales de noviembre, se han presentado hasta el momento 9 mil 461 denuncias penales contra estos grupos financieros que han defraudado.

El daño patrimonial a los clientes se estima hasta el momento en más de mil 300 millones de pesos, sólo en Puebla. En particular la caja de ahorro Coofia inició operaciones en 1997; sus propietarios son Valente Medina Seoane, Alfonso Colunga Velázquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda, entre otros. El atractivo de estas empresas era ofrecer a los ahorradores rendimientos superiores a los que otorga la banca comercial.

Ante esta promesa y el legítimo deseo de acrecentar su patrimonio, miles de ciudadanos poblanos les confiaron sus ahorros con la confianza de que las empresas operaban de manera legal y con los permisos que señala la normatividad vigente.

Utilizando figuras públicas y de televisión para promocionar su imagen y dar confianza a los afectados, también algunos funcionarios del gobierno de Puebla y de los municipios promovieron las bondades de estas sociedades y aseguraban al público que todo era legal y que no se desconfiara de ellas.

En el caso de Coofia, el gobierno del estado le autorizó la captación de los impuestos locales en 2008, como la tenencia vehicular, el impuesto sobre la nómina, y otros, pese a que desde 2005 la financiera ya estaba descapitalizada.

También presumieron de contar con la certificación ISO-9001-2000 por parte de la organización francesa Bureau Veritas, y a pesar de que operaron de manera abierta entre la sociedad poblana, nunca contaron con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar; o bien, esta comisión actuó con omisión y dolo.

Sin embargo, Coofia y las demás sociedades empezaron a tener problemas de solvencia, incumplimiento en sus obligaciones desde principios del año en curso. La situación se tornó crítica a mediados del presente año, concretamente en mayo; varios ahorradores solicitaron que se les reintegrara su ahorro, a lo que las empresas se negaban, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios.

Se calcula que los afectados en la entidad poblana ascienden a 50 mil personas, y a escala nacional a casi 100 mil, con un daño patrimonial total a escala nacional de 4 mil millones de pesos, según consta en varios documentos oficiales de las mismas empresas.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que integre el patrón de afectados por el fraude de la financiera Coofia y el Grupo de Bienestar Social La Paz, con el fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Segundo. La creación de un fondo estatal y federal para resarcir el daño patrimonial a los afectados de las inmobiliarias Invergroup y Sitma, que entra en el acuerdo anterior.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue los hechos y finque las responsabilidades a los propietarios de estos negocios y a los funcionarios federales estatales y municipales que se hayan coludido para cometer estos delitos financieros.

Cuarto. Se acuerda la creación de un grupo de diputados federales, en forma plural, que dé seguimiento a la investigación de este fraude, con el fin de que se propongan las acciones y medidas legislativas para resarcir el daño causado y prevengan la comisión de estos delitos.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a resolver el desfalco contra los ahorradores de la caja Coofia en Puebla, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Acudimos a esta tribuna a plantear una situación que lamentablemente no es nueva. Se trata de otro fraude y desfalco a mexicanas y a mexicanos de escasos recursos por parte de cajas de ahorro que operan al margen de la ley y en contubernio con las autoridades financieras.

El caso en cuestión implica a la Financiera Coofia que opera en 9 estados de la república: Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Hidalgo, Guerrero y Jalisco. En particular venimos a plantear la problemática en Puebla. Se calcula que tiene más de 20 mil clientes, quienes tienen depositados unos mil 500 millones de pesos.

En dicha entidad, la caja Coofia inició operaciones en 1997. Sus propietarios son Valente Medina Seoane, Alfonso Colunga Velázquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda.

El gran ``atractivo'' de esta empresa era que ofrecía a los ahorradores rendimientos muy superiores a los que otorgaba la banca comercial. Ante esta promesa y el legítimo deseo de acrecentar su patrimonio, miles de ciudadanos poblanos confiaron sus ahorros a la Financiera Coofia, en la presunción de que la empresa operaba con todos los registros y permisos que señala la normatividad vigente.

La caja empezó a tener problemas de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones desde 2005 y, mediante argucias legales y contubernio, logró obtener una certificación ISO-9001:2000 por parte de la organización francesa Bureau Veritas, no obstante que nunca contó con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar.

Es preciso señalar que el Capítulo Quinto de la norma ISO 9001:2000 señala claramente que para que una institución reciba una certificación de calidad debe cumplir con todos los requisitos legales, pero ello no sucedió en el caso de la financiera

La situación se tornó crítica a mediados del presente año, en mayo; varios de los ahorradores solicitaron que se les reintegrará su ahorro, a lo que la empresa se negaba, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios.

Se han presentado más de 3 mil denuncias de afectados donde se solicita reintegrar los recursos, además de la acusación por fraude en contra de los directivos y dueños de la empresa.

Se calcula que el daño a los ahorradores en Puebla asciende a 897 millones de pesos, monto que depositaron en Coofia.

Es preciso que esta soberanía exhorte a las instancias del gobierno federal a efecto de que los ahorradores defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y puedan ser sujetos del apoyo que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Los cálculos que se han hecho hasta el momento señalan que tendrían que erogarse 492 millones de pesos por parte de las autoridades federales y 281 millones por parte del gobierno de Puebla.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer las gestiones necesarias, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para levantar un padrón de afectados por el fraude de la caja de ahorro Coofia a fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

FONDO REGIONAL ESPECIAL PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesy a la Sedesol a crear un fondo regional especial para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y a la Sedesol a crear un fondo regional especial para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que los temas centrales del sector social lo constituyen las comunicaciones y el transporte, formados por las infraestructuras carreteras, el transporte de bienes y personas y las telecomunicaciones.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para infraestructura carretera considera recursos por 37 mil millones de pesos, mientras que este año se ejercieron 50 mil millones.

Sobre el Presupuesto para 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) integró una propuesta que considera alrededor de 18 mil millones de pesos para el Programa de Construcción y Modernización, 10 mil 500 millones para el Programa de Conservación y 6 mil millones para el Programa de Caminos Rurales.

Que la red de caminos rurales del sistema carretero desempeña un papel fundamental en la comunicación e integración permanente de las comunidades a que sirve. Su estado físico se encuentra asociado al factor climático, que afecta directamente las condiciones de transitabilidad, por lo que es necesario continuar las acciones de modernización, reconstrucción y conservación constante, haciendo hincapié en la vulnerabilidad por riesgos de lluvia.

Que el camino rural se caracteriza por ser de un carril basado en terracerías revestidas no compactadas y obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas.

Hay un fondo regional que se destina a la conservación y al mantenimiento de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Sin embargo, los recursos que se destinan en mayor proporción son para las carreteras alimentadoras y no para los caminos rurales. Por tal motivo es fundamental la creación de un fondo regional que de manera especial atienda la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, en virtud de que éstos representan 48 por ciento de la red carretera nacional; en cambio, los caminos alimentadores representan sólo 20 por ciento.

Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios del desarrollo económico y social requiere el fortalecimiento de las acciones orientadas a combatir la pobreza extrema y la creación de condiciones propicias para el aprovechamiento óptimo del potencial productivo de las regiones.

El estado, la SCT y la Secretaría de Desarrollo Social deben reafirmar su compromiso con quienes menos tienen, al desplegar una estrategia integral de combate de la pobreza y fortalecimiento del desarrollo regional, sustentada en los esfuerzos y las voluntades de los tres niveles de gobierno, la adecuada coordinación interinstitucional y la participación activa de la sociedad.

Es un imperativo de justicia social y de integración a la vida socioeconómica de la república crear un fondo especial para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, a fin de que sean transitables en todo tiempo porque, de no existir, quedarían aisladas comunidades situadas en lugares remotos o de difícil acceso; con ellos, en cambio, es posible hacerles llegar servicios como energía eléctrica, agua potable entubada, drenaje o correo. La tarea de mantener abiertos estos caminos es urgente porque las terracerías se deterioran con gran rapidez, ya que carecen de capa asfáltica a causa de las lluvias y aun del incipiente tráfico.

No se pueden excluir del modelo de desarrollo los pueblos de mayor marginación en el estado, los cuales requieren la construcción y modernización de caminos rurales.

La creación de un fondo regional especial para atender la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales será fundamental para atender las demandas de las comunidades y promover su desarrollo económico y social.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un fondo regional especial para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes y de Desarrollo Social.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Guillermo José Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a cumplir la responsabilidad que le impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas: Gracias, ciudadano presidente. Desde 2006, mil 523 familias de la región Mixteca oaxaqueña fueron víctimas de un fraude de la caja de ahorro Sacriputla, y aun cuando existe el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la falta de sensibilidad del gobierno del estado ha impedido que los agraviados recuperen parte del patrimonio perdido.

El artículo 10 de la legislación antes citada precisa que, para la aplicación de recursos federales destinado al pago de ahorradores, las entidades federativas firmarán un convenio con el fideicomiso creado para tal fin, y establecerán los montos de aportación de ambas partes, lo cual se ha negado a realizar la administración estatal.

En marzo de este año, esta soberanía exhortó al gobierno de Oaxaca a cumplir con lo que marca dicha ley; el exhorto no ha sido atendido, aun cuando se ha considerado legítimo el reclamo de los ahorradores.

En octubre, sensibles a esta situación en la que se encuentran los defraudados, las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo federal solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados que se incluyera en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 una asignación especial, la cual no fue posible nuevamente por la falta de participación del Ejecutivo oaxaqueño.

Sin embargo, en esa misma fecha se pidió a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura federal considerar los recursos que le correspondían al gobierno estatal, con lo que se pretendía que el pago de los ahorradores defraudados viniera al ciento por ciento de parte de la federación.

El gobierno, cuyo fin máximo debe ser administrar y hacer justicia, no debe intentar eludir su responsabilidad, ni entrar en una mecánica de simulación y tratar de engañar a la opinión pública haciendo creer que el tema le compete a alguien más. El gobierno federal está poniendo su parte y asumiendo su responsabilidad, por lo el gobierno estatal tiene la obligación de actuar en contraparte.

Porque la falta de credibilidad en las instituciones estatales y el engaño que han sufrido los ahorradores ha tenido acciones subsecuentes como bloqueos y plantones, lo que produce mayor daño a la economía de la región, quizá la más pobre del país.

Mientras no se atienda el reclamo cumpliendo lo que la ley y la subsidiaridad nos obligan, los ahorradores defraudados siguen ahí, indefensos, sin tener una respuesta. Por ello, para cumplir con nuestra responsabilidad.

Considerando que la demanda de los ahorradores defraudados por Sacriputla es legítima.

Que existe el Fidecomiso Pago que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro, Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Que el gobierno estatal aún no ha firmado el convenio de colaboración con el fideicomiso, para que de esta manera se permita la liberación de los fondos federales destinados a resolver estas demandas.

Que no ha sido posible etiquetar recursos de manera directa para ayudar a que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad.

Que, de acuerdo con el artículo 10 de la ley que crea el fideicomiso, la aplicación de recursos federales destinados al pago de ahorradores estará condicionada a la suscripción de convenios de la fiduciaria con gobiernos de las entidades federativas.

El suscrito, Guillermo José Zavaleta Rojas, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien someter a consideración del honorable pleno de este órgano legislativo, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte nuevamente al gobierno del estado de Oaxaca a que cumpla con las responsabilidades que impone el artículo 10 de la ley que crea el fideicomiso antes citado, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, SC de RL:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta nuevamente al gobierno de Oaxaca, que encabeza el ciudadano Ulises Ruiz Ortiz, a cumplir con la responsabilidad que impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro, Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca.

Segundo. Asimismo, exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados por Sacriputla, SC de RL, aportando la cantidad de 33.5 millones de pesos al Fideicomiso Pago, en un plazo no mayor de 30 días, para que se cumpla dicho ordenamiento.

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social a que dé seguimiento y coadyuve en la solución definitiva del fraude cometido. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a cumplir la responsabilidad que el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores le impone con relación al fraude cometido por Sacriputla, SC de RL, a cargo del diputado Guillermo José Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Guillermo José Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados federal exhorte nuevamente al gobierno del estado de Oaxaca para que cumpla la responsabilidad que impone el articulo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, SCRL.

Antecedentes

Desde 2006, mil 523 familias de la región de la mixteca oaxaqueña fueron victimas de un fraude de la caja de ahorro Sacriputla. Y aun cuando existe la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la falta de sensibilidad del gobierno del estado de Oaxaca ha impedido que los agraviados recuperen parte del patrimonio perdido.

El artículo 10 de la legislación citada precisa que para la aplicación de recursos federales destinado al pago de ahorradores las entidades federativas firmarán un convenio con el fideicomiso creado para tal fin y establecer los montos de aportación de ambas partes, a lo cual se ha negado realizar la administración estatal.

En marzo de este año, esta soberanía exhortó al gobierno de Oaxaca a cumplir con lo que marca la ley, dicho exhorto no ha sido atendido, aun cuando ha considerado legítimos los reclamos de los ahorradores.

En octubre, sensibles a la situación en que se encuentran los defraudados, las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo Federal solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluyera en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2010, una asignación especial, lo cual no fue posible nuevamente por la falta de participación del Ejecutivo oaxaqueño.

Y sin embargo, en esa fecha pidió a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura Federal considerar los recursos que le correspondían al gobierno estatal, con lo que pretendía que el pago para los ahorradores defraudados viniera al 100 por ciento de la federación.

El gobierno, cuyo fin máximo debe ser el de administrar y hacer justicia no debe de intentar eludir su responsabilidad, ni entrar en una mecánica de simulación y tratar de engañar a la opinión pública haciendo creer que el tema le compete a alguien más, el gobierno federal esta poniendo su parte y asumiendo su responsabilidad por lo el gobierno estatal tiene la obligación de actuar en contraparte.

Porque la falta de credibilidad en las instituciones estatales y el engaño del gobernante ha tendido como acciones subsecuentes bloqueos y plantones, lo que solo producen mayor daño a la economía de la región, quizá la mas pobre del país.

Mientras no se atienda el reclamo cumpliendo con lo que la ley y la subsidiaridad nos obliga, los ahorradores defraudados siguen ahí, indefensos, sin tener una respuesta, es por ello, para cumplir con nuestra responsabilidad que:

Considerando

Que la demanda de los ahorradores defraudados por Sacriputla es legítima.

Que existe el Fidecomiso Pago, que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Que el gobierno estatal aún no ha firmado el convenio de colaboración con el fideicomiso, para de esta manera permitir la liberación de los fondos federales destinados para resolver las justas demandas.

Que no ha sido posible el etiquetar recursos de manera directa para ayudar a que el gobierno estatal cumpla con su responsabilidad.

Que de acuerdo al artículo 10 de la Ley que crea el fideicomiso la aplicación de recursos federales destinada al pago de ahorradores estará condicionada a la suscripción de convenios de la fiduciaria con los gobiernos de las entidades federativas.

El suscrito, Guillermo José Zavaleta Rojas, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien someter a consideración ante el honorable pleno de este órgano legislativo, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte nuevamente al gobierno del estado de Oaxaca para que cumpla con la responsabilidad que impone el articulo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, SCRL.

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta nuevamente al gobierno de Oaxaca, que encabeza el ciudadano Ulises Ruiz Ortiz, a cumplir con la responsabilidad que impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca.

Segundo . Asimismo, exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados por Sacriputla, SCRL, aportando la cantidad de 33 millones 500 mil pesos al Fideicomiso Pago, en un plazo no mayor de 30 días, para que cumpla dicha ley.

Tercero . El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que dé seguimiento y coadyuven en la solución definitiva del fraude cometido.

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Zavaleta.Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Eguía. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Para preguntarle al diputado si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Zavaleta, le consulto si acepta el planteamiento del diputado. Ha dicho que sí el diputado Zavaleta, de manera que puede pasar a la suscripción de la proposición en la Secretaría.

BAÑOS PUBLICOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Saluda que, a través de la Cofepris, dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes y/o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas.

El diputadoJosé Torres Robledo: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La salud es uno de los factores esenciales para la vida de los mexicanos y, por tanto, motivo de nuestra atención como legisladores, por lo que no podemos seguir permitiendo que establecimientos públicos que venden un bien o servicio, central de autobuses, gasolineras, mercados municipales, etcétera, cobren por la satisfacción de una necesidad tan esencial como lo es la eliminación de excretas.

Dichos establecimientos tienen a la entrada de los baños un torniquete o una persona a la que hay que entregarle una cantidad de dinero por el uso de los mismos, por lo que la gente muchas de las veces no cuenta con cambio, o en las situaciones económicas actuales, con el dinero que hay que pagar por el servicio, lo que origina que las personas tengan que retener las excretas o bien hacer sus necesidades en la vía pública, lo que contribuye al desarrollo de focos de infección y a la contaminación del ambiente.

Estos establecimientos generalmente obtienen grandes ganancias con la venta del bien o servicio que prestan, por lo que es inadmisible que todavía te cobren por hacer tus necesidades humanas, tan vitales para la salud.

Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que tienen diabetes o alguna malformación en las vías urinarias, son grupos importantes de riesgo. Aguantar la orina es muy perjudicial, ya que está formada por sustancias de desecho, que lo único que pueden ofrecer a nuestro organismo es contaminarlo.

Además, la retención voluntaria de orina y heces puede causar problemas con la vejiga, infecciones en las vías urinarias e incontinencia.

Por tanto, es necesario e indispensable que nosotros como Poder Legislativo hagamos un llamado a la Secretaría de Salud, para que cumpla a cabalidad lo estipulado en la Ley General de Salud, que a la letra dice:

Artículo 27. Para los efectos de esta ley, se entiende por servicio de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente.

Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:

I. ...

II. ...

III. Las demás de índole sanitario que determinan las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud, en donde se señala que son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo; y el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que marca el derecho de toda persona a la protección de la salud.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, no es posible que en este país se siga pagando hasta por orinar; por tanto, y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se solicita a la Comisión de Salud girar exhorto a la Secretaría de Salud a que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que venden bienes y/o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas.

Solicito a la Presidencia que instruya que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dictar mediante la Cofepris las directrices necesarias a fin de que los establecimientos públicos que vendan bienes o presten servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del sanitario para eliminar excretas, a cargo del diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud es uno de los factores esenciales para la vida de los mexicanos y por lo tanto motivo de nuestra atención como legisladores, por lo que no podemos seguir permitiendo que establecimientos públicos que venden un bien o servicio (central de autobuses, gasolineras, etcétera), cobren por la satisfacción de una necesidad tan esencial como lo es la eliminación de excretas.

Dichos establecimientos tienen a la entrada de los baños un torniquete o una persona a la que hay que entregarle una cantidad de dinero por el uso de los mismos, por lo que la gente, muchas de las veces no cuenta con cambio o en las situaciones económicas actuales con el dinero que hay que pagar por el servicio, lo que origina que las personas tengan que retener las excretas o bien hacer sus necesidades en la vía pública, lo que contribuye al desarrollo de focos de infección y a la contaminación del ambiente.

Estos establecimientos generalmente obtienen grandes ganancias con la venta del bien o servicio que prestan por lo que es inadmisible que todavía te cobren por hacer tus necesidades humanas tan vitales para la salud.

Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que tienen diabetes o alguna malformación en las vías urinarias son grupos importantes de riesgo.

Aguantar la orina es muy perjudicial, ya que está formada por sustancias de desecho que lo único que pueden ofrecer a nuestro cuerpo es contaminarlo; además la retención voluntaria de orina y heces pueden causar problemas con la vejiga, infecciones en las vías urinarias e incontinencia.

Por lo tanto es necesario e indispensable que nosotros como Poder Legislativo hagamos un llamado a la Secretaría de Salud para que cumpla a cabalidad lo estipulado en la Ley General de Salud que a la letra dice:

En donde se señala que son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo y

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que marca el derecho de toda persona a la protección de la salud.

No es posible que en este país se pague hasta por orinar.

Por lo tanto y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Salud girar exhorto a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes y/o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Salud.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Administracióny a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía, a conducirse en estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, este punto de acuerdo está solicitando al Comité de Administracióny a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados respetar plenamente el contenido del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente en lo que hace a sus párrafos tercero y quinto; y que, en consecuencia, los remanentes generados en el presente ejercicio fiscal se enteren a la Tesorería de la Federación.

Este punto tiene que ver con una práctica incorrecta ---y desde mi punto de vista y de otros diputados de mi grupo parlamentario--- y que, desgraciadamente, año con año realiza la Cámara de Diputados.

Los remanentes son aquellos recursos que no son ejercidos por la Cámara y, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estos recursos que no son ejercidos deben enterarse a la Tesorería de la Federación. Se trata de una obligación de todos los poderes públicos: del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todas las entidades federales, de los organismos constitucionales autónomos.

Muchos poderes públicos, tanto a nivel federal como a nivel local que utilizan o que ejercen recursos federales, no enteran los remanentes a la Tesorería de la Federación, incumpliendo de esta manera la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De hecho, quiero señalarles que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2006 y de 2007 ya la Auditoría Superior de la Federación observó a esta Cámara de Diputados por no enterar a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma ---esto es, el 15 de enero siguiente al del ejercicio presupuestal--- recursos cuantiosos que debieron ser enterados a la Tesorería de la Federación.

Por este motivo es que este punto de acuerdo busca cumplir, por un lado, con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y también insiste en el manejo escrupuloso de los recursos. Ya que esta Cámara es la que aprueba el Presupuesto y aprueba las Cuentas Públicas debe ser la principal institución en cumplir íntegramente las obligaciones que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le exige.

Por eso, muy atentamente pedimos al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara, que este ejercicio presupuestal enteren en tiempo y forma los remanentes a la Tesorería de la Federación tal y como lo indica la ley.

Pido, señor presidente, que el texto íntegro de esta proposición con punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Agradezco la atención de los pocos compañeros diputados que permanecen en esta sala. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía que se conduzcan con estricto arreglo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre el manejo de los remanentes presupuestales que se generen al cierre del ejercicio fiscal de 2009, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados a conducirse en estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el manejo de los remanentes presupuestales que se generen derivado del cierre presupuestal del ejercicio fiscal de 2009 en este cuerpo legislativo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Que los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen que:

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos podrán ser hasta por 80 por ciento del monto de endeudamiento autorizado como diferimiento de pago en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse su pago.

Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo.

2. Que se tienen como antecedentes los resultados de la auditoría integral a la gestión financiera de la Cámara de Diputados que realizó la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006 de los resultados se destacan los siguientes hallazgos:

Cabe mencionar que por ambas observaciones, la Auditoría Superior de la Federación emitió a la Cámara de Diputados una acción preventiva o recomendación y dos acciones correctivas: una solicitud de aclaración-recuperación y un pliego de observaciones.

La recomendación se formuló en los siguientes términos:

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Cámara de Diputados instruya a quien corresponda para que en lo subsecuente los ingresos excedentes cuya ampliación presupuestaria no haya sido obtenida al final del ejercicio, sean concentrados a la Tesorería de la Federación; en cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que al efecto disponga el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

3. Que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación realizó auditoría a la gestión financiera de la Cámara de Diputados, de cuyos resultados se destacó, en relación al asunto de mérito, lo siguiente:

Resumen del resultado número 2, observación número 1

Se observó mediante el acta de depuración y cancelación de saldos, del 30 de octubre de 2008, que la Dirección General de Programación Presupuesto y Contabilidad determinó un saldo a favor de la Cámara de Diputados por mil 32.2 miles de pesos, así como un remanente por 18.8 miles de pesos, lo que hace un total de 1 millón 51 mil pesos.

Al respecto, se determinó que los mil 51.0 miles de pesos, por tratarse de recursos que no fueron utilizados para cubrir compromisos del ejercicio presupuestal al que correspondieron, deben ser reintegrados a la Tesofe, de conformidad con el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

No se omite señalar que, dentro del importe referido en el párrafo que precede, se incluyen recursos por 444.2 miles de pesos, que fueron observados en la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2006, y que a la fecha aún está pendiente de solventarse.

Derivado de la presentación de resultados preliminares, la Cámara de Diputados presentó a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente interpretación del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

De su simple lectura se desprende que tal aseveración... debe ser desechada de plano por esa Auditoría (sic) Superior, por la simple y sencilla razón que esta Cámara de Diputados no recibió subsidio o transferencia alguna durante el ejercicio 2007. ...

Resumen del resultado número 8, observación número 1

Se comprobó que con cargo al Presupuesto de 2007, se adquirieron vales por un total de 68 mil 388.9 miles de pesos, de los cuales se distribuyeron 47 mil 85.5 quedando un remanente de 29 mil 496.6, al respecto no se acreditó su cabal necesidad para el ejercicio 2007.

Lo anterior manifiesta que la Cámara de Diputados adquirió vales para evitar la concentración a la Tesofe de 87 mil 326 miles de pesos por concepto de remanente de recursos al final del ejercicio de 2007, en contravención del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resumen del resultado número 9, observación número 2

Se autorizó la utilización de los recursos provenientes de las economías por 78 mil 886.2 miles de pesos, para dar a los grupos parlamentarios recursos adicionales a los recibidos y, de esta manera, evitar la concentración de dichos recursos a la Tesofe, lo que contravino lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4. Que de conformidad con la interpretación del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no hay duda de que el Poder Legislativo federal, del cual forma parte la Cámara de Diputados, es un sujeto obligado por dicha ley, en especial en su calidad de ejecutor de gasto.

En tal virtud, se encuentra vigente una obligación jurídica inobjetable e ineludible para la Cámara de Diputados de reintegrar todos los recursos que por cualquier motivo conserve al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Estos incluyen en particular aquellos derivados de ahorros, economías y subejercicios. Los recursos deben ser entregados en los tiempos y forma señalados en el ordenamiento citado.

5. Que si bien desconocemos el desglose del ejercicio presupuestal de la Cámara de Diputados, así como los montos presupuestales estimados al cierre preliminar del ejercicio fiscal de 2009, es importante señalar, desde ahora, que si hubiere remanentes del presente ejercicio fiscal, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habría que enterarlos y reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Comité de Administración y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados a conducirse en estricto arreglo al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente en lo que hace a sus párrafos tercero y quinto, y que en consecuencia los remanentes generados en el presente ejercicio fiscal se enteren a la Tesorería de la Federación.

Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CENTROS DE APUESTAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernacióna no otorgar más permisos para la apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números.

El diputado Raúl Domínguez Rex: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía el punto de acuerdo mediante el cual se solicita exhortar a la Secretaría de Gobernacióna no otorgar más permisos para la apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números, así como que proporcione la información sobre los juicios que enfrenta dicha dependencia en materia de juegos y sorteos.

Consideraciones: es de conocimiento público que en mayo de 2005 el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda otorgó siete permisos que en conjunto autorizaban la operación de más de 300 centros de apuestas en nuestro país. Lo anterior provocó que personalidades de diversos sectores de la sociedad realizaran reiterados llamados a la autoridad en comento para detener la entrega discrecional de permisos para operar dichos centros de apuestas.

La respuesta de la dependencia ya referida fue que ya no se entregarían más permisos para operar un solo centro de apuestas. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta; en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, se puede observar que se han autorizado alrededor de 133 centros de apuestas adicionales a los que se reportaban en agosto de 2005.

En la página de Internet ya referida puede observarse que se habían autorizado hasta hoy la operación de más de 850 centros de apuesta, de los cuales apenas se encuentran funcionando poco más de 300. Además, la dependencia en cuestión supervisó, durante el ejercicio de 2008, el desa-rrollo de 650 sorteos, 4 mil 345 peleas de gallos, mil 134 carreras de caballos, en escenarios temporales, así como al menos 7 permisos para el cruce de apuestas en ferias regionales, sin contar con los elementos televisivos y de radio que se llevan a cabo.

Lo anterior implica una gran labor de vigilancia y control. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación apenas cuenta con poco más de 50 inspectores en todo el país, situación que resulta incomprensible si se toma en cuenta que la dependencia en comento ha seguido autorizando permisos para nuevos establecimientos de centros de apuestas.

Por tanto, resulta preocupante la falta de eficiencia por parte de la Secretaría ya mencionada en materia de control y vigilancia de los centros de apuesta y demás actividades relacionadas, situación que genera que el juego ilegal se desborde en toda sus variantes a través de establecimientos que no cuentan con los permisos correspondientes, que no cumplen con la normatividad aplicable en materia de protección civil. Y además se corre el gran riesgo de que dicha actividad sea infiltrada por grupos de delincuencia organizada.

En los tiempos de crisis económica en los que vivimos debemos de evitar una oferta excesiva de juego, ya que puede representar para las familias mexicanas una salida falsa a sus problemas económicos, lo que puede poner en riesgo sus ingresos económicos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a no expedir más permisos para la operación de nuevos centros de apuestas en México en tanto no cuente dicha dependencia con las condiciones óptimas para un eficiente control y vigilancia de la actividad.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobernación toda la información sobre las solicitudes de permiso que se encuentran en proceso de estudio, así como los juicios que actualmente enfrenta en materia de juegos y sorteos, con el objeto de que dicha información sirva como material de estudio para que esta soberanía inicie el estudio de una reforma sustancial a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a no otorgar más permisos de apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números, e informar sobre los juicios que enfrenta en la materia, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI

Raúl Domínguez Rex, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presenta a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, en cuestión de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita exhortar a la Secretaría de Gobernación a no otorgar más permisos para la apertura de centros de apuestas o salas de sorteos de números, así como que proporcione la información sobre los juicios que enfrenta dicha dependencia, en materia de juegos y sorteos.

Consideraciones

Es de conocimiento público que en mayo de 2005, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, otorgó siete permisos que en su conjunto autorizaban la operación de más de 300 centros de apuestas en nuestro país.

Lo anterior provocó que personalidades de diversos sectores de la sociedad realizaran reiterados llamados de la autoridad en comento, para detener la entrega discrecional de permisos para operar dichos centros de apuestas.

La respuesta de la dependencia ya referida fue que ya no se entregarían más permisos para operar un solo centro de apuestas, sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, debido a que en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, se puede observar que se han autorizado alrededor de 133 centros de apuestas adicionales a los que se reportaban en agosto de 2005.

En la página de Internet se puede observar que se habían autorizado hasta el día de hoy la operación de más de 850 centros de apuesta, de los cuáles apenas se encuentran funcionando poco más de 300. Además, la dependencia en cuestión supervisó durante el ejercicio de 2008 el desarrollo de 650 sorteos, 4 mil 345 peleas de gallos, mil 134 carreras de caballos en escenarios temporales, así como, al menos, 7 permisos para el cruce de apuestas en ferias regionales, sin contar con los espectáculos televisivos y de radio que se llevan a cabo.

Lo anterior implica una gran labor de vigilancia y control, sin embargo, la Secretaría de Gobernación apenas cuenta con poco más de 50 inspectores para todo el país, situación que resulta incomprensible si se toma en cuenta que la dependencia en comento ha seguido autorizando permisos para nuevos establecimientos de centros de apuesta.

Por tanto, resulta preocupante la falta de eficiencia por parte de la secretaría en materia control y vigilancia de los centros de apuesta y demás actividades relacionadas, situación que genera que el juego ilegal se desborde en todas sus variantes a través de establecimientos que no cuentan con los permisos correspondientes que no cumplen con la normativa aplicable en materia de protección civil y que además se corre el gran riesgo que dicha actividad sea infiltrada por grupos de delincuencia organizada.

En los tiempos de crisis económica en los que vivimos, debemos evitar una oferta excesiva de juego, ya que puede representar para las familias mexicanas una salida falsa a sus problemas económicos, lo que puede poner en riesgo sus ingresos económicos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

1. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a no expedir más permisos para la operación de nuevos centros de apuestas en México, en tanto no cuente dicha dependencia con las condiciones óptimas para un eficiente control y vigilancia de la actividad.

2. Se solicita a la Secretaría de Gobernación toda la información sobre las solicitudes de permisos que se encuentran en proceso de estudio, así como los juicios que actualmente enfrenta en materia de juegos y sorteos, con objeto de que dicha información sirva como material de estudio para que esta soberanía inicie el estudio de una reforma sustancial a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Martín Vázquez, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): Para preguntarle al diputado Domínguez Rex si tendría inconveniente en que me permitiera sumarme a la propuesta que hizo ante este Congreso.

El diputado Raúl Domínguez Rex (desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Raúl Domínguez Rexha expresado su aprobación; por tanto, puede usted pasar a la Secretaría para firmarla.

Señores diputados se acaban de recibir dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ellas.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, para que emita la declaratoria de desastre en el estado de Chihuahua por las condiciones climáticas que han generado nevadas intempestivas y que han puesto en peligro a la población de la entidad.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta, respetuosamente, a las autoridades de las entidades federativas del Distrito Federal y a las municipales a que colaboren responsable, honesta y solidariamente con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña, así como en la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza la modificación al orden del día. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Los señores diputados y señoras diputadas que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a que emita la declaratoria de desastre en Chihuahua por las condiciones climáticas.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: La «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir mediante el Sistema Nacional de Protección Civil la declaratoria de desastre en Chihuahua por las condiciones climáticas que han generado nevadas intempestivas que han puesto en peligro a la población de la entidad

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada María Antonieta Pérez Reyes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y los diputados Jaime Flores Castañeda, Héctor Agustín Murguía Lardizábal y Adriana Terrazas Porras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir mediante el Sistema Nacional de Protección Civil la declaratoria de desastre en Chihuahua por las condiciones climáticas que han generado nevadas intempestivas que han puesto en peligro a la población de la entidad.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales que permitan atender las consecuencias derivadas de las fuertes nevadas y heladas que se han registrado y se seguirán registrando en estos días en diversos municipios de Chihuahua.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y municipales a que colaboren con el gobierno federal en el recibimiento de nuestros connacionales durante la próxima temporada navideña.

Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Perdón, una pregunta. Qué punto es, no sé si pudieran leernos nuevamente el punto resolutivo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Es lo que va a hacer ahora mismo la señora secretaria.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las autoridades estatales, a las del Distrito Federal y a las municipales a colaborar con las federales en el recibimiento de los connacionales en la próxima temporada vacacional navideña y en la implantación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades de las entidades federativas, a las del Distrito Federal y a las municipales a colaborar con el gobierno federal en el recibimiento de los connacionales en la próxima temporada vacacional navideña y en la implantación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, recién aprobado por esta soberanía.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para sugerir una modificación en el acuerdo de los grupos parlamentarios al punto, que significaría simplemente quitar los adjetivos siguientes a ``colaboren'' y decir simplemente: ``que las autoridades colaboren con el gobierno federal''.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada su propuesta de corrección de estilo, pero, en consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo con la corrección sugerida por el diputado Ramírez Marín.

La secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones sugeridas por el diputado Ramírez Marín. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.

CONSENSO DE QUITO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Políticaa solicitar al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Géneroque realice un informe en donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Con su venia, señor presidente. El 17 de octubre de 1953la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosfue reformada con el fin de reconocer el derecho al sufragio efectivo. Sin duda alguna se trató de un evento sin igual que debe ser recordado por significar un momento muy importante en la historia de nuestro país.

A sólo 39 años de dicha modificación constitucional, en la Conferencia de Atenas de 1992 se presentaba no sólo una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, sino toda una exigencia de responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como del privado-doméstico.

De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que un orden internacional democrático y equitativo requiere, entre otras cosas, del ejercicio de los siguientes derechos:

La promoción de un orden económico internacional basado en la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones; la interdependencia; el interés común; la solidaridad y la cooperación entre todos los estados, principalmente a través del principio de representación regional equitativa entre mujeres y hombres; y el derecho a la participación política de las y los ciudadanos para presentarse como candidatas o candidatos.

La democracia paritaria se ha plasmado en la composición de uno de los órganos más relevantes instituidos en el último tiempo al amparo del derecho internacional. Me refiero al Tribunal Penal Internacional.

En efecto, el artículo 36.8 A, del Estatuto de Roma, dispone que: ``Al seleccionar a los magistrados, los Estados parte tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres''.

En el ámbito regional americano existe también una preocupación por potenciar la integración de las mujeres en los niveles de toma de decisiones. Puede mencionarse en esta línea el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y Equidad e Igualdad de Género.

Dentro de los objetivos prioritarios de este programa destaca la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de decisiones a todos los niveles, y la adopción, según sea el caso, de medidas de acción positivas de carácter legislativo, administrativo, judicial, dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las estructuras de la sociedad.

A partir del Consenso de Quito, se establecen las obligaciones para los Estados parte. Entre otras medidas, México debe fomentar la cooperación regional e internacional, particularmente en materia de género, trabajando para que el orden internacional sea propicio para el ejercicio de la ciudadanía plena y el ejercicio real de los derechos humanos, incrementando la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales que defienden la agenda de seguridad, paz y desarrollo.

En este consenso, nuestro país se comprometió a garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias; formar e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua; facilitar el acceso al financiamiento y tecnologías; favorecer políticas públicas que establezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, así como para asegurar el acceso a la salud integral de las mujeres, y adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a la justicia.

Es entonces obligación del Estado mexicano ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en los ámbito social y económico, y en la definición de las políticas públicas, adoptando las medidas para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación; así como facilitar la capacitación política para el liderazgo de las mujeres.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que la Junta de Coordinación Política solicite al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) que realice un informe donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito y se exhorte a todas las legisladoras y los legisladores, en especial a las integrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, a que, conforme a los resultados del informe que realice el CEAMEG, asumamos el compromiso de legislar en las materias que haga falta.

Señor presidente, solicito que sea incluido el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a solicitar al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que realice un informe donde se evalúen las medidas que el país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito; y a los integrantes de esta soberanía, a legislar --con arreglo a los resultados de dicho reporte-- en las materias en que haga falta, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 17 de octubre de 1953, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada con el fin de reconocer el derecho al sufragio femenino. Sin lugar a duda se trató de un evento sin igual que debe de ser recordado por significar un momento histórico muy importante en la historia de nuestro país.

Asentado lo anterior, debemos poner sobre la mesa que, a sólo 39 años de dicha modificación constitucional, en la Conferencia de Atenas de 1992 se presentaba no sólo una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, sino toda una exigencia de vertebración social en un cuadro de responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico.

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha afirmado que un orden internacional democrático y equitativo requiere, entre otras cosas, el ejercicio de los siguientes derechos:

La promoción de un orden económico internacional basado en la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones, la interdependencia, el interés común, la solidaridad y la cooperación entre todos los Estados; (...)

La promoción y consolidación de instituciones internacionales transparentes, democráticas, justas y responsables en todos los ámbitos de cooperación, en particular por medio de la aplicación de los principios de la participación plena y en condiciones de igualdad en sus respectivos mecanismos de adopción de decisiones; el principio de una representación regional equitativa y equilibrada de hombres y mujeres en la composición del personal de todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas; (...); y el derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos.

Una abierta apuesta por la idea de democracia paritaria se ha plasmado en la composición de uno de los órganos más relevantes instituidos en el último tiempo al amparo del derecho internacional. Me refiero al Tribunal Penal Internacional. En efecto, el artículo 36.8.a) del Estatuto de Roma dispone que ``al seleccionar a los magistrados, los Estados partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la corte haya: [...] iii) representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres''.

En el ámbito regional americano existe también una preocupación por potenciar la integración de la mujer en los niveles de toma de decisiones.

Puede mencionarse, en esta línea, el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. Dentro de los objetivos prioritarios de este programa destaca ``la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de decisiones en todos los niveles'', recomendándose a los Estados miembros, entre otras cosas, ``la adopción, según sea el caso, de medidas de acción positiva, de carácter legislativo, administrativo y judicial dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las estructuras de la sociedad''.

A partir del Consenso de Quito, documento resultado del trabajo de las delegaciones de 24 países representadas en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevado a cabo del 6 al 9 de agosto de 2007, se establecen obligaciones para los Estados parte entre otras medidas.

México debe de adoptar acciones positivas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos y alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local.

Asimismo, México debe fomentar la cooperación regional e internacional, particularmente en materia de género, trabajando para que el orden internacional sea propicio para el ejercicio de la ciudadanía plena y al ejercicio real de los derechos humanos, incrementando la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales que definen la agenda de seguridad, paz y desarrollo.

En este consenso, nuestro país se comprometió a garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias; formular e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua, así como otros recursos naturales y productivos, facilitar el acceso al financiamiento y tecnologías; favorecer políticas públicas que establezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar; asegurar el acceso a la salud integral de las mujeres; así como adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia de mujeres, adolescentes y niñas que hayan sido víctimas de violencia.

Es entonces obligación del Estado mexicano ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en la región garantizando y estimulando su participación y valorando su función en el ámbito social, económico y en la definición de las políticas públicas, adoptando medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación; así como facilitar la capacitación política para el liderazgo de las mujeres.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Junta de Coordinación Política solicite al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) realizar un informe donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito; y se exhorte a todos los legisladores, y en especial a los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, a que conforme a los resultados del informe que realice el CEAMEG asumamos el compromiso de legislar en las materias que haga falta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a que etiquete, del Presupuesto de Egresos 2010, recursos para resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamos Sacriputla, SC de RL, suscrito también por la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, sólo las almas firmes saben perseverar; ser perseverante es de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes.

Tres largos años de autogestión anteceden a la solicitud de punto de acuerdo que presentamos en esta proposición. Los representantes de las organizaciones que agrupan a más de mil 500 socios que fueron defraudados en Oaxaca por directivos y administradores de la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, han promovido de manera ejemplar su autodefensa.

A pesar de ser la mayoría de los ahorradores defraudados de origen humilde, han superado los contratiempos naturales y artificiales con los que se han tropezado. Se han organizado una y otra vez hasta recuperar el aliento y las fuerzas necesarias para continuar con la defensa de su patrimonio. Se han reorganizado y lo harán una y otra vez y las veces que sean necesarias, porque ya aprendieron que la perseverancia es la clave para alcanzar el éxito.

Después de un largo peregrinar por todas las instituciones públicas posibles y habiendo cubierto todas los procedimientos que establece la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, Fideicomiso Pago (Fipago), presentaron las denuncias oportunas, lograron la ejecución de la auditoría correspondiente, acreditaron sus dichos en cada instancia.

Los representantes de los defraudados lograron que la propia Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura promoviera exitosamente un punto de acuerdo ante esta soberanía, mediante el que se exhortó al gobierno libre y soberano del estado de Oaxaca a cumplir con el pago proporcional que la ley Fipago para el caso establece.

Mediante este punto de acuerdo refrendamos el exhorto en que la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura turnó al gobierno de Oaxaca para atender el asunto.

No sólo eso, refrendamos también la solicitud que el gobierno de Oaxaca, con fecha del pasado 8 de octubre, presentó a través de la Coordinación General del Coplade (Comité de Planeación para el Desarrollo), mediante el cual demanda al diputado Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Legislatura, etiquetar en el Presupuesto de Egresos 2010 los recursos necesarios para atender esta irregularidad.

Refrendamos también nuestra solidaridad con el punto de acuerdo que en esta tribuna presentó el pasado 15 de octubre nuestro colega, el diputado por Oaxaca, Elpidio Concha Arellano.

Refrendamos también la solidaridad que, en una reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, personalmente ofreció a los defraudados, el pasado 5 de noviembre, nuestro colega, el diputado Heliodoro Díaz. Y también refrendamos sus votos y su interés por la pronta solución de esta irregularidad.

Entendemos de la precariedad en las finanzas públicas y sabemos que el cumplimiento de la ley en estos casos no es asunto menor.

Es por esta razón que, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados Luis Felipe Eguía Pérez y la diputada Juanita Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, suscribimos de manera conjunta la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Por el que se exhorta al honorable Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca a etiquetar la cantidad de 33 millones 469 mil 548 pesos con 55 centavos de su Presupuesto de Egresos 2010 a efecto de resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL.

Por último, solicito que mi intervención se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Oaxaca a etiquetar del Presupuesto de Egresos de 2010 recursos para resarcir a los defraudados por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, suscrita por los diputados Juanita Arcelia Cruz Cruz y Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Juanita Arcelia Cruz Cruz y Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a etiquetar $33,469,548.55 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil, quinientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional) de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2010 a efecto de resarcir los ahorros de los socios defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes.

Antecedentes

a) En fecha 9 de marzo de 2001, se constituyó la persona moral denominada: Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL, con sede en Putla de Guerrero y con sucursales en Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco, San Juan Mixtepec y Santiago Nuyoo, en el estado de Oaxaca.

b) El 29 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), el cual tiene por objeto apoyar a los ahorradores de las sociedades en las que se haya comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable, que consisten en la evaluación de los estados financieros de una sociedad de ahorro y préstamo cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo por fraude o insolvencia financiera de la entidad a la que pertenezcan.

c) Después de cinco años de operar, el 29 de mayo de 2006, los administradores y empleados principales de la cooperativa abandonaron las oficinas administrativas, llevándose el ahorro de más de 1,500 socios, por un total de $160, 000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 m.n.) y los socios de la entidad de ahorro, en el mes de junio 2006, denuncian a los administradores de Sacriputla SC de RL, dando inicio a la defensa de su patrimonio con gestiones jurídicas administrativas, movilizaciones y cabildeos.

d) Ante esos sucesos en el mes de marzo de 2009 el Pleno de la honorable Cámara de Diputados instruyó a las Comisiones unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que constituyesen un grupo plural de trabajo con el objeto de dar seguimiento y coadyuvar en la solución definitiva del fraude cometido por la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL.

e) En los meses de junio del 2006 al mes de marzo del 2009, continúan las movilizaciones, gestiones y cabildeos, mismo que pasan por las procuradurías local y federal; diversas instancias de los gobiernos ejecutivos federal y estatal; la presidencia de la República; y desde luego, esta soberanía en sus comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, Presupuesto y Cuenta Pública y la Junta de Coordinación Política. Los afectados, mediante la autogestión, logran instalar el caso en la agenda pública institucional.

f) En el mes de octubre 2007, la Sociedad Cooperativa denominada Sacriputla SC de RL, es declarada disuelta, instaurándose el proceso de liquidación en el mes de noviembre del año 2008.

g) En marzo 2009, con el antecedente de que diversos gobiernos estatales han cumplido con la ley ente actos similares, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura obtiene la aprobación del pleno a un punto de acuerdo que contiene tres apartados:

La presidencia de la Mesa Directiva notifica el exhorto al gobierno del estado.

h) En el mes de abril 2009, el Gobierno del Estado de Oaxaca reconoce legitimidad en la demanda de los afectados, confiesa insolvencia.

i) En cumplimiento al apartado 3 del punto de acuerdo, la Comisión Conjunta de Fomento Cooperativo y Economía Social, Presupuesto y Cuenta Pública rinde su informe ante la Mesa Directiva de la Cámara y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política. Este informe, derivado de una gira de trabajo por Oaxaca y de entrevistas personales con los principales actores involucrados en el conflicto, concluye con el compromiso de que la administración de Estado, a través de sus diputados federales de la LXI Legislatura, promoverá en su presupuesto 2010, la inclusión del recurso correspondiente para cumplir con este compromiso.

j) En el mes de octubre 2009, el gobierno del estado de Oaxaca, a través de su coordinador general del Coplade, remite al coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propuesta para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2010 sea considerado el recurso para atender este caso.

k) En el inicio de esta LXI Legislatura, en el mes de septiembre del 2009, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión retomó esta problemática y presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 incluyera, como parte del presupuesto destinado al gobierno del estado de Oaxaca, una partida especial destinada al pago de los ahorradores defraudados por la Cooperativa Sacriputla. Lamentablemente dichos recursos, aunque se incluyeron en el Presupuesto General del estado de Oaxaca, no fueron especialmente etiquetados para el fin indicado y deberán ser objeto de reasignación por parte del Congreso local del estado de Oaxaca.

La situación actual que guarda esta grave problemática que afecta a miles de familias pobres de la región Mixteca de Oaxaca, conlleva a plantear lo siguiente:

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social constituyó el Grupo plural anteriormente indicado y se dio a la tarea de investigar la problemática antes descrita, llegando a la conclusión de que habiendo disposición por parte del titular del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), licenciado Guillermo Barnés García, de firmar el convenio de coordinación que permita resarcir parte del patrimonio de los ahorradores defraudados y habiéndose practicado la auditoría correspondiente y acreditado que los socios defraudados enlistados en el padrón cumplían con los requisitos que marca la Ley del Fipago, solamente faltaba la firma del gobernador del estado de Oaxaca para suscribir el citado convenio de coordinación y proceder a resarcir hasta el 70 por ciento de los ahorros de los afectados por la cooperativa Sacriputla.

Sin embargo, a mediados del año 2009, el gobierno del estado manifestó que, aunque reconocía la gravedad del problema social desatado a raíz del fraude cometido por los directivos de la cooperativa Sacriputla, no disponía en su Presupuesto de Egresos 2009 de los recursos solicitados.

En tal virtud, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión retomó esta problemática y presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 incluyera, como parte del presupuesto destinado al gobierno del estado de Oaxaca, una partida especial destinada al pago de los ahorradores defraudados por la cooperativa Sacriputla. Lamentablemente dichos recursos, aunque se incluyeron en el Presupuesto General del estado de Oaxaca, no fueron especialmente etiquetados para el fin indicado y deberán ser objeto de reasignación por parte del Congreso Local del estado de Oaxaca.

La situación actual que guarda esta grave problemática que afecta a miles de familias pobres de la región Mixteca de Oaxaca, conlleva a plantear las siguientes

Consideraciones

Se trata de un fraude de grandes dimensiones que afectó a pobladores de comunidades de alta marginación de la Mixteca oaxaqueña y que lleva más de tres años sin solución alguna. Esta problemática afecta principalmente a mujeres jefas de hogar, amas de casa, campesinos minifundistas y pequeños comerciantes de una de las regiones que tiene un alto índice de migración y de pobreza, como lo es la Mixteca alta oaxaqueña, quienes hasta el día de hoy se encuentran en la más completa indefensión legal.

El gobierno del estado ha solicitado que este problema se incluya como parte de las tareas a atender en el Coplade, lo cual equivale a reconocer que se trata de un problema serio que requiere de una atención institucional urgente y eficaz, de tal suerte que los ahorradores defraudados por la cooperativa Sacriputla reciban los beneficios de las políticas públicas establecidas.

Con base en los considerandos anteriores, estimamos imprescindible exhortar al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a efecto de que realice la reasignación presupuestal correspondiente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2010, incluyendo en el mismo una partida especial por $33, 469, 548.55 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil, quinientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional) destinada a recuperar los ahorros de los socios defraudados por la cooperativa Sacriputla, con lo cual se le daría pleno cumplimiento a los establecido en el artículo 10 de la Ley que crea el Fipago y se resolvería en forma definitiva un problema social y económico que ha tenido funestas consecuencias para la mixteca oaxaqueña en lo que se refiere al desarrollo humano y social de sus habitantes.

Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad a lo establecido por los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a efecto de que revisen, ajusten e incluyan una partida especialmente etiquetada en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio relativo al año dos mil diez, con el objeto de liberar $33,469,548.55 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil, quinientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional) destinados al pago de mil quinientos ahorradores defraudados por la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Sacriputla, SC de RL.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca a efecto de que formalice la suscripción del convenio de coordinación con el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y esté en condiciones de cumplir con lo establecido en la ley que regula al Fideicomiso Pago.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Atendiendo la solicitud del señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Se pospone la propuesta del señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, en virtud de que así lo ha solicitado el proponente.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Perdón, el señor diputado José Manuel Agüero Tovar. Adelante, diputado.

El diputadoJosé Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para preguntarle al diputado Eguía, si me permite adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado Felipe Eguía, ¿está usted de acuerdo?

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está de acuerdo el señor diputado; por tanto, puede estar pasar a la Secretaría a firmar la proposición.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE 933 HECTAREAS A EJIDATARIOS POR EL GOBIERNO DE GUANAJUATO PARA CONSTRUIR LA REFINERIA BICENTENARIO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del gobierno de Guanajuato, que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Como podrá recordarse, el presidente de la República anunció el 15 de octubre de 2008el programa para impulsar el crecimiento y el empleo. En éste incluyó un importe de 12 mil millones de pesos para la construcción de la nueva refinería.

Así, pues, el 15 de abril posterior, a partir de distintas propuestas de diversos estados, se confirmó que la sede sería en Hidalgo, y que contaba con 100 días para la adquisición de los terrenos; tiempo que se prolongó. Entonces, entra a la carrera por la nueva refinería el estado de Guanajuato.

Durante este proceso, en el que todas las voces nos alzamos en Guanajuato, tanto de la iniciativa privada como del sector público, para que en Guanajuato se instalara la famosa refinería, también se desplegaba un operativo tanto gubernamental como económico, para posicionar a Guanajuato y, sobre todo, a su gobernador, en la carrera por la nueva refinería, tanto en el plano estatal como en el plano nacional, sobre todo, haciendo uso de estrategias en los medios de comunicación.

En Guanajuato son muy afines a utilizar la estrategia comunicativa y de mercadotecnia, de que más horas en los medios de comunicación es igual a más popularidad del producto; sin embargo, al gobernador se le olvida incluir una variable muy importante que se le llama credibilidad. Credibilidad con base en resultados, porque pocos ha tenido.

Así como a través de estrategias bastante cuestionables y poco transparentes, al presuntamente contratar empresas fantasmas que operaron con dinero público para la adquisición de dichos terrenos. Y aún más, la exigencia de los ejidatarios del pago correspondiente a la venta de sus terrenos, que el gobernador aseguraba que ya había liquidado.

Éste ha sido, como muchos otros actos de gobierno, cargado de opacidad y de poca transparencia, sobre todo casualmente cuando van involucrados cientos de millones de pesos; en este caso particular, más de mil 600 millones de pesos para la adquisición de más de 900 hectáreas de tierra para la construcción de la famosa refinería. Una aventura en la que creía el gobernador --o quería creer-- y, con ello, la disputa por la famosa refinería.

Y ahora, el problema que ni siquiera saben qué hacer con los terrenos. Terrenos para los que no hay proyecto definido para su uso y su destino. Qué grave irresponsabilidad al apostar con dinero público; y más grave, perder.

Todo esto en un marco de opacidad, de falta de transparencia e información, de múltiples especulaciones en el entendido de que la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que le atañen a la política y a la administración pública en el ejercicio del buen gobierno.

Sin embargo, no hay que confundir informar con rendir cuentas, que es lo que confunde el gobernador. Informar es un acto político, es un acto inmediato y meramente circunstancial. En cambio, rendir cuentas, que es a lo que no está acostumbrado el gobernador de Guanajuato, es una acción administrativa, documentada y verificable, que es administrativa, es jurídica y es contable.

Y, ojo, gobernador, su omisión implica graves responsabilidades para el servidor público, ya que establece irregularidades, sugiere correcciones y recomienda o determina sanciones.

Es por tales motivos que los que suscribimos el presente documento solicitamos la constitución de una comisión especial a fin de que sea perfectamente aclarada, toda vez que se puede tratar de asuntos presuntamente ilícitos, operados con dinero público, que de ser ciertos sentarían un grave precedente.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara proposición con punto de acuerdo:

Único. Se solicita la constitución de una comisión especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 93 hectáreas a ejidatarios, por parte del gobierno del estado de Guanajuato, que iban a ser destinadas a la construcción de la nueva refinería.

Le solicito, diputado presidente, sea turnado a la Junta de Coordinación Política y quede inserto el texto íntegro. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de investigar presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por el gobierno de Guanajuato para construir la refinería Bicentenario, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Yulma Rocha Aguilar, y el diputado Gerardo Sánchez García, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, donde solicitamos se constituya una Comisión Especial para que investigue las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios, por parte del gobierno de Guanajuato, que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario, bajo al siguientes

Consideraciones

Recientemente, Transparencia Internacional (IT por sus siglas en inglés) dio a conocer que nuestro país se ubica en el número 89 en el nivel de corrupción de 180 países. Cabe mencionar que en el 2008 ocupábamos el lugar 72, lo cual quiere decir que en sólo un año se ha agudizado este problema perdiendo 17 lugares. Hoy compartimos ese ``honroso'' lugar con países como: Marruecos, Rwanda, Moldova y estamos por debajo de otros como India, el Salvador, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Es lamentable que en lugar de corregir este flagelo éste crezca de manera alarmante. Por eso creo que es importante que esta Cámara de Diputados investigue algunos hechos inéditos que están sucediendo en el país que tienen el tufo de corrupción, es el caso de la venta de terrenos de ejidatarios en el estado de Guanajuato.

Como se recordará el Presidente de la República al anunciar el 15 de octubre del 2008 el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), incluyó en su propuesta un importe de 12 mil millones de pesos para la construcción de una refinería.

Posteriormente durante el primer trimestre del 2009, con motivo del 71 aniversario de la expropiación petrolera, el primer mandatario volvió a referirse a la construcción de la refinería. Señaló que en sus recorridos por el país había recibido propuestas de gobernadores de diferentes entidades, interesados en ser sede de esta obra.

El Presidente puso como fecha a Petróleos Mexicanos ( Pemex) el 15 de abril para definir aquel estado donde se construya la refinería. Pemex anuncia como sede de esta magna obra al estado de Hidalgo. El plazo que estableció la paraestatal para contar con los terrenos necesarios para la construcción de la refinería fue de 100 días.

Sin embargo, y dado que los tiempos para contar con los terrenos donde se asentaría la refinería se prolongaron, se incorporo una segunda alternativa. Fue entonces que el estado de Guanajuato surgió como una opción.

Finalmente, fue el estado de Hidalgo quien se eligió para la construcción de la refinería Bicentenario.

Como consta en algunos medios de comunicación, la operación en la compra de las 933 hectáreas de terreno en el estado de Guanajuato, que se ofrecieron a Pemex, ha sido motivo de cuestionamientos por la presunta existencia de empresas fantasma --Cereal y Pastas Finas-- quienes operaron con dinero público la compra de dichos terrenos.

Se habla de una danza de mil 602 millones de pesos, con los adquirieron los terrenos y cuyas comisiones, para los intermediarios, se estiman en 32 millones de pesos.

Con el propósito de que este penoso asunto sea aclarado y se evite un mayor escándalo y especulación, es que solicito a esta soberanía apruebe la constitución de una Comisión Especial para que se aboque a investigar esta situación, a fin de que sea perfectamente aclarada, toda vez que se trata de presuntos actos ilícitos con dinero público que, de ser ciertos, sentarían un grave precedente.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se solicita se constituya una comisión especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del Gobierno de Guanajuato que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado, insértese el texto en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno delDistrito Federal, así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que se mantenga una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo.

La secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Tlalpan a mantener una puntual observación, en los comicios que se lleven a cabo, del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de dicha demarcación al amparo de sus garantías de autodeterminación, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado César Daniel González Madruga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal así como al jefe delegacional en Tlalpan a mantener, con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de la demarcación al amparo de sus garantías de autodeterminación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, tanto la Constitución General de la República como en sus similares de las entidades federativas, se consignan las garantías de autodeterminación de las comunidades indígenas con el fin entre otras de que éstas, establezcan con base en sus usos y costumbres de manera libre sus reglas y mecanismos democráticos de organización política y de convivencia interna.

Para ello, se mandata a las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer las bases fundamentales necesarias para garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Es el caso que el cuarto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Asimismo, el inciso A del dispositivo mencionado, consigna que la Constitución federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para entre otras, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural así como elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. Para ello mandata a que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconozcan y regulen tales derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Por su parte, el inciso B del mismo artículo de referencia establece que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, deberán establecer las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

El 21 de marzo de 2007, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el que se crea el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal como un órgano de coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal y participación ciudadana, enfocado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

Dicho acuerdo establece que el consejo lo presidirá el jefe de Gobierno del Distrito Federal además de estar integrado por los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Medio Ambiente, de Desarrollo Social, de Salud, de Turismo, de Cultura, de Protección Civil, de Educación, de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y por los Órganos Político-Administrativo de cada demarcación territorial.

Asimismo, en las Reglas de Operación y Reglamento Interno del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal se señala el establecimiento de Consejos Delegacionales los cuales son los órganos del Consejo, de coordinación y participación ciudadana, enfocados al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México en cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Es el caso que en la delegación Tlalpan en el Distrito Federal, desde hace más de una década los pueblos de Magdalena Petlacalco, Parres ``El Guarda'', San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Chicalco, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco y Chimalcoyotl, todos ellos originarios de dicha demarcación, se encuentran constituidos en un Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan los cuales con base en sus usos y costumbres, designan bajo el procedimiento de voto universal, secreto y directo en las urnas a sus representantes rurales.

De esa forma, tenemos que el día 22 de noviembre pasado, el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, emitió la Convocatoria a los habitantes de los pueblos que integran dicho consejo a participar en la elección del ``Subdirector de Relaciones con los Pueblos Originarios de Tlalpan'', el cual tiene la responsabilidad fundamental de representar a las comunidades ante cualquier instancia de gobierno.

La convocatoria de referencia establece que el registro de los candidatos habría de llevarse a cabo los días 23 y 24 de noviembre pasados, esto es, hasta dos días después de emitida la convocatoria y la elección habrá de llevarse a cabo el próximo día 6 de diciembre del presente año. Asimismo, se señala que una vez electo el Subdirector de Relaciones con los Pueblos Originarios de Tlalpan el jefe delegacional en Tlalpan habrá de darle posesión y nombramiento al representante electo de los pueblos rurales.

En ese orden de ideas, si bien estamos ciertos que es una garantía inalienable de las propias comunidades, el establecer con base en sus usos y costumbres las reglas con las cuales habrá de llevar a cabo los ejercicios democráticos de elección de sus representantes, también es un hecho que las distintas autoridades, en el caso que nos ocupa el Gobierno del Distrito Federal y la delegación política en Tlalpan, de conformidad con el artículo 2o. constitucional antes mencionado, tienen el mandato de garantizar permanentemente la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Dicho en otras palabras, si las comunidades originarias de Tlalpan en ejercicio de su autodeterminación definieron llevar a cabo un proceso de elección de sus representantes con todos los componentes característicos de un proceso abierto y democrático y del cual, las autoridades delegacionales habrán de validar el debido desarrollo del mismo, entonces es de esperarse que dichas autoridades en cumplimiento del mandato constitucional señalado tomen las medidas para garantizar que dicho proceso en efecto se ha desenvuelto respetando en cada una de sus etapas los derechos políticos de los pobladores.

Se afirma lo anterior, en virtud de que se considera que para que la autoridad delegacional en Tlalpan pueda validar a la persona que resultó electa como representante de los pueblos rurales, debió primeramente validar que en todas las etapas derivadas del proceso electoral en curso que lleva a cabo el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, se preservaron las garantías de imparcialidad, objetividad y certeza a tal grado de contar con la seguridad de que la mayoría de los pobladores de los nueve pueblos que conforman el Consejo mencionado, hubiesen estado informados con el debido tiempo y de diferentes formas sobre la emisión de la convocatoria a postularse como representantes.

De no haberse llevado a cabo esa validación por parte de las autoridades, no se puede tener la certeza de que la jornada electoral que habrá de celebrarse el próximo domingo 6 de diciembre en los pueblos de Tlalpan, se ha desarrollado en estricto apego a los principios democráticos que le dé legitimidad y por el contrario, es de presumirse que fue truncado el derecho fundamental de ser votados de muchos miembros de las comunidades tlalpenses mencionadas y de ser así, difícilmente las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la delegación podrían asegurar que se garantizó el desarrollo integral de las comunidades en mención como se encuentran obligados.

La historia nos ha enseñado que la falta de transparencia y de certeza en los procesos democráticos de elección de representantes populares, abre la puerta a prácticas que vician la legitimidad de la voluntad popular.

En ese orden de ideas, resulta primordial honrar la composición pluricultural de nuestro país a partir de fomentar el irrestricto respeto a las distintas formas de organización derivadas de los usos y costumbres de nuestras comunidades. En ellas guardamos los más preciado de nuestras raíces culturales.

Es importante resaltar que el hecho de que la autoridad vele por el establecimiento de las bases mínimas que garanticen la legítima participación de los pobladores de determinada comunidad, en el proceso de elección de los representantes determinado por la propia comunidad, no implica de ninguna forma una contravención a las garantías de autodeterminación con fundamento en los usos y costumbres de los pueblos y por el contrario, si constituye una muestra clara del compromiso con el fortalecimiento de su participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas como lo tienen todas las autoridades constitucionalmente encomendado.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal así como al jefe delegacional en Tlalpan a que, con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos Originarios de Tlalpan, se mantenga una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento de las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de Tlalpan al amparo de sus garantías de autodeterminación.

Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que gire sus instrucciones a las autoridades correspondientes a fin de que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a los propósitos para los cuales fue creado el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, consistentes en el fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 2o. constitucional y con el fin primordial de garantizar el verdadero fortalecimiento de las prácticas tradicionales.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa que ordene una auditoría y, en su caso, inicie un proceso sancionador, para fincar responsabilidad y reparar los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.

La secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a ordenar una auditoría y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de Constructora Diamante, por las deficiencias que presenta; y a exigir a Grupo Mexicano de Desarrollo que acelere los trabajos a fin de concluir el segundo tramo, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 64 de 125 países, atendiendo la competitividad de su infraestructura. Por sectores, ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras.

2. Por lo anterior, y en virtud de que la infraestructura carretera es de vital importancia para el desarrollo económico y social del país, ésta debe ser más moderna, confiable y segura.

3. Para apoyar este objetivo de mejoramiento y modernización de esta infraestructura, en el año 2006, el Congreso Local de Guerrero, emitió un Acuerdo Parlamentario, exhortando respetuosamente ``a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinaran los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad'', el cual fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el lunes 10 de noviembre del año dos mil seis.

4. Que, consecuentemente, la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en uso de la facultad exclusiva que le concede la fracción IV del artículo 74 de nuestra Norma Suprema, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 autorizó, con un criterio de ``equidad social'', un monto de $60.7 (sesenta millones, setecientos mil pesos) para la primera etapa de la construcción y ampliación a cuatro carriles de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, para un avance físico de 2 kilómetros, aproximadamente; lo que constituye, como lo hemos sostenido de manera reiterada, un viejo reclamo de las y los acapulqueños, cuya conquista, no es exclusiva de los representantes populares locales y federales, sino de sectores poblacionales olvidados, ubicados en el sector poniente de la ciudad y puerto de Acapulco, con enormes deseos y necesidad de un desarrollo social, turístico armónico y equitativo.

5. Esta obra representa una necesidad estratégica para detonar el desarrollo, que permitirá el incremento en la generación de bienes y/o servicios que constituyen el fundamento de otras actividades derivadas de ellos, así mismo, fue producto de la solicitud de amplios sectores poblacionales, que por años habían visto pospuesta, la posibilidad de contar con una mejor vía de comunicación y conectividad con el resto de la ciudad, y de mejorar las condiciones de desarrollo y calidad de vida.

6. Sin embargo, la construcción de esta primera etapa ha generado un reclamo generalizado de la sociedad, en especial de los prestadores de servicios turísticos, comerciantes y habitantes de la zona poniente de Acapulco, por las graves irregularidades y malas condiciones en que se encuentra ya, la primera etapa de la ampliación de la carretera Mozimba Pie de la Cuesta, las cuales se hicieron evidentes a partir de las primeras lluvias en el puerto, generando el taponamiento de canales pluviales, y con ello, la inundación de la vía.

7. La segunda etapa de la carretera de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, con una longitud de nueve kilómetros, es necesaria , ya que representa una de las principales arterias que se requieren para detonar la zona poniente de Acapulco y, con ello, propiciar el desarrollo más equilibrado de nuestra ciudad.

8. De igual forma, se han realizado marchas y bloqueos de la vía, en protesta por la lentitud de los trabajos, en esta segunda etapa de la ampliación a cuatro carriles de la carretera citada, debido a que está muy próxima la temporada vacacional y estando esta vía en tan mal estado, no se permitirá el fácil acceso de los turistas a la zona poniente, agravando aún más la situación económica de la zona.

Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Primera Legislatura hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ordene una auditoría y, en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños, del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de la Constructora Diamante, que, a sólo unos meses, ya presenta deficiencias como baches y hoyos y exija al Grupo Mexicano de Desarrollo acelere los trabajos, incremente el personal y las jornadas laborales, del segundo tramo, a efecto de que, a más tardar el 18 de diciembre, estén disponibles y liberados los dos sentidos de esa importante vía.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Transportes.

COMISION ESPECIAL DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. El propósito del punto de acuerdo que hoy presento ante ustedes es crear la Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior, con la misión de sentar las bases, coordinar trabajos, impulsar acuerdos, encontrar las coincidencias y proponer las fórmulas óptimas para que esta Legislatura sea capaz de producir una reforma a fondo del voto de los mexicanos que residen en el extranjero.

A partir de una reforma al Cofipe los mexicanos pudieron votar por primera vez desde el exterior, en las elecciones federales de 2006, ello representó un avance y una conquista a favor del ejercicio de los derechos político-electorales de nuestros migrantes y connacionales que residen en el extranjero.

No obstante, debido a un diseño de origen con severas limitaciones, un modelo que no contó con los elementos necesarios para alentar y provocar la participación, y debido también a que dicha reforma fue aprobada y entró en vigor a un tiempo muy escaso de anticipación a la elección, resultó que menos de 1 por ciento de los mexicanos que tenían credencial para votar y que residían fuera del territorio nacional se registró para hacerlo.

De más de 4 millones de connacionales con credencial de elector, únicamente se emitieron 32 mil 632 votos, de acuerdo con los reportes de escrutinio y cómputo del Instituto Federal Electoral. Por tanto, es absolutamente necesario emprender una reforma a fondo del voto extraterritorial que permita incentivar este ejercicio democrático de los mexicanos en el exterior, por lo cual se solicita a esta honorable asamblea tome la determinación de crear una comisión especial para esta encomienda.

A fin de impulsar una reforma a fondo del voto de los mexicanos en el exterior, la comisión especial seguiría tres estrategias principalmente: analizar la experiencia inédita de 2006 para realizar un diagnóstico y evaluar dicha experiencia con miras a su mejoramiento y perfeccionamiento.

Hacer un estudio comparativo y una recopilación de todas las propuestas e iniciativas de ley que existen en la materia, presentadas en el Congreso de la Unión; en las legislaturas estatales; por parte de la sociedad civil; la academia; los centros de estudio e investigación y organizaciones y liderazgos representados de nuestros migrantes.

Tercero. Presentar nuevas iniciativas de ley plurales, para aportar nuevos elementos, nuevos escenarios y posibilidades para estar en condiciones de arribar a nuevos esquemas antes del 2012, que sean jurídicamente viables y que concreten el anhelo de fortalecer los derechos político-electorales de nuestros migrantes y connacionales en el extranjero.

La comisión especial tendría un plazo de dos años para dar cumplimiento a sus tareas y un calendario de trabajo establecido.

Estimadas compañeras y compañeros, no nos podemos equivocar, nuestros migrantes y connacionales en el exterior desean participar en la toma de decisiones en la vida política nacional y en el proceso continuo de construcción de la nación. Démosles esa oportunidad.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se crea la Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior, de acuerdo con el objeto, mandato, objetivo, número de integrantes y plazos planteados y descritos en el documento que se entregó a la Mesa Directiva. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior, a cargo de la diputada Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que confieren los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno se encuentra plenamente facultado para decidir la constitución de comisiones especiales, siempre que se estimen necesarias, para hacerse cargo de asuntos específicos.

El propósito del presente punto de acuerdo es crear la comisión especial del voto de los mexicanos en el exterior.

De su objeto

El objeto de la comisión será impulsar una reforma a fondo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante tres estrategias específicas:

De sus integrantes

La Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior tendrá 30 integrantes, designados por la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.

De su vigencia

La comisión tendrá un plazo de dos años para cumplir sus tareas, de acuerdo con la siguiente estrategia:

De su justificación

Haber hecho posible el voto de los mexicanos en el exterior en 2006 fue en sí mismo un logro del Congreso mexicano, del Instituto Federal Electoral, de los partidos políticos, de los migrantes y sus organizaciones, y de la nación misma.

Sin embargo, del universo posible de votantes, menos de 1 por ciento de quienes contaban con credencial de elector acudió a votar. Lo anterior no puede explicarse por una falta de interés de los connacionales, por ningún motivo. Por el contrario, se debió, entre otros factores, a los siguientes:

La nacionalidad mexicana no se pierde por emigrar. En este país no es admisible ni permisible tener mexicanos de primera y de segunda categorías; los migrantes tienen los mismos derechos como mexicanos que quienes residimos en el territorio nacional, por lo que debemos garantizar las condiciones óptimas para que puedan ejercerlos y tener acceso a ellos.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior, de acuerdo con el objeto, el mandato, los objetivos, el número de integrantes y el plazo planteados y descritos en la presente proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado Castellanos.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Una disculpa, señor presidente. Solamente para preguntarle a la ponente si me permite adherirme a su punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Reynoso Sánchez, el señor diputado...

La diputada Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Con mucho gusto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí ha aceptado, señor diputado. Pase usted a firmar la proposición.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa ordenar una auditoría y, en su caso, a iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, los que suscriben, diputados federales del PRI por Guerrero, Fermín Alvarado, Esteban Albarrán y Miguel Álvarez Santamaría, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes consideraciones:

Conforme al Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 64 de 125 países en la competitividad de su infraestructura y el lugar 49 en infraestructura carretera. Si la infraestructura carretera es vital para el desarrollo económico y social de un país --por lo que debe de ser moderna, confiable y segura--, lo es más para los destinos turísticos que requieren mejorar su conectividad en todos los sentidos.

En 2006, como diputados al Congreso local de Guerrero, nos permitimos exhortar a los Poderes Ejecutivo federal y estatal y a la LX Legislatura, a que destinaran los recursos necesarios para el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, en Acapulco.

Con sensibilidad la LX Legislatura autorizó 60 millones de pesos para la primera etapa de los primeros 2 kilómetros de un total de 9, lo que además representó un acto de justicia para miles de paisanas y paisanos que viven en la zona poniente de Acapulco, bendecidos por una espléndida belleza natural, además de una de las mejores puestas del sol en el mundo.

Sin embargo, la construcción de esta obra ha generado un cada vez más creciente malestar, tanto por las evidentes deficiencias en las que incurrió la Constructora Diamante en la calidad de la obra, que en su primera etapa, a 12 meses, ya presenta hoyos y baches, como por la lentitud de los trabajos, que en la segunda etapa realiza el Grupo Mexicano de Desarrollo con un monto de 100 millones de pesos más.

Como representantes populares estamos obligados a no ser omisos ante evidentes negligencias tanto de las autoridades de la SCT como de las compañías constructoras que construyen no solamente con lentitud, sino con actitudes que pueden ser constitutivas de desvíos y/o de una deficiente aplicación de recursos públicos autorizados por esta alta representación.

Por lo expuesto, solicitamos se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con *punto de acuerdo:

Único. La LXI Legislatura hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ordene una auditoría y, en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidades y ordenar la reparación de los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, en Acapulco, a cargo de la Constructora Diamante, que a sólo unos meses ya presenta deficiencias como baches y hoyos; y exija al Grupo Mexicano de Desarrollo acelere los trabajos, incremente el personal y las jornadas laborales del segundo tramo, a efecto de que a más tardar el 18 de diciembre estén disponibles y liberados los dos sentidos de esta importante vía, ante el inicio de la temporada vacacional de diciembre, que para nosotros es fundamental. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Transportes.

* El punto de acuerdo se recibió y se encuentra en la página 178 de esta edición.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE REVISAR DE MANERA INTEGRAL LA LEGISLACION NACIONAL RELATIVA A LOS JORNALEROS AGRICOLAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial, y plural, encargada de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Señor presidente, honorable asamblea, hace unos días fue publicado una serie de reportajes en el diario El Universal, con testimonios estremecedores de humildes jornaleros mexicanos que soportan en silencio jornadas de hasta 16 horas, muchas veces con temperaturas que les causan insolación y muerte.

Son crónicas que golpean nuestra conciencia, pues denuncian la dura realidad de más de 4 millones de mexicanos que salen expulsados de sus tierras empobrecidas para vender su fuerza de trabajo. Es el trágico destino de 400 mil mexicanos que cada año buscan cruzar la frontera del miedo para trabajar en Estados Unidos y Canadá, y a costa de cualquier sacrificio con tal de ayudar a paliar la miseria de sus familias rotas.

No es un ánimo tremendista el que me ha traído a esta tribuna, sino la convicción de no callar, ni guardar silencio ante la explotación, el despojo de la dignidad y el desprecio de la vida de nuestros compatriotas; por cierto, los más pobres, los más vulnerables y los menos protegidos por las políticas públicas y los programas gubernamentales en todos sus niveles.

Los más de 12 millones de nuestros compatriotas que ahora viven en Estados Unidos aportan con sus remesas un gran alivio a sus familias, pero también a la economía nacional. Los cerca de 20 mil millones de dólares que envían anualmente, aunque por la recesión hayan disminuido este año hasta 36 por ciento, son el segundo generador de ingresos para México, después del petróleo.

Reconociendo esa realidad, lo que es imposible aceptar es la explotación y el trato discriminatorio y xenofóbico de que son objeto. Sufren trato vejatorio e inhumano que atenta gravemente contra su salud y sus vidas en total indefensión.

Para nuestra patria el costo humano es muy alto. En cada emigrante nuestro país está expulsando a sus mejores recursos humanos. Es lamentable que aquí, en nuestra tierra, no les hayamos podido encontrar alternativas y opciones sabiendo lo que podrían aportar a nuestro desarrollo, como lo hacen para la economía de Estados Unidos.

Durante 2008 los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53 mil millones de dólares en impuestos directos e indirectos, monto que representa más del doble de las remesas que enviaron a México en el mismo periodo.

La causa social de los jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de México, de Estados Unidos y de Canadá llama hoy a nuestra sensibilidad social y a nuestra responsabilidad como representantes del pueblo que somos.

Ha llegado el momento de revisar a profundidad el marco jurídico que tutela los derechos de los trabajadores del campo. Estamos al mismo tiempo ante la gran oportunidad para reiniciar una nueva relación con nuestros colegas, los legisladores norteamericanos, y buscar un acuerdo migratorio que reconozca, entre otras cosas, la aportación de los trabajadores mexicanos al desarrollo y crecimiento de la economía norteamericana.

Por todas estas razones, señor presidente, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo:

Único. Solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados la creación de una comisión especial, y plural, que se encargue de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo y a sus derechos que es impostergable proteger; y, al mismo tiempo, que solicite a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores un informe amplio sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de Estados Unidos, y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial y plural encargada de revisar integralmente la legislación relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo y a sus derechos; y se solicita a la Segob y a la SRE un informe amplio sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de los compatriotas en los campos agrícolas estadounidenses y el avance de la negociación de un acuerdo migratorio, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Narcedalia Ramírez Pineda, presenta punto de acuerdo mediante el cual propone constituir, a través de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, una Comisión Especial encargada de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo, y a sus derechos que es impostergable proteger y al mismo tiempo, solicite a la secretaría de gobernación y relaciones exteriores, un informe amplio, sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de Estados Unidos y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio.

Durante estos días, en el diario El Universal se han publicado una serie de reportajes que denuncian el calvario que viven los trabajadores sin documentos en los Estados Unidos, soportando en los campos agrícolas jornadas de hasta 16 horas, muchas veces, con temperaturas de hasta 95 grados Fahrenheit que les causan insolación y muerte. Son crónicas estrujantes; testimonios dramáticos de campesinos y jornaleros indígenas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Guanajuato entre otros, que venden su fuerza de trabajo en los valles de California Estados Unidos, o en nuestro país, en los valles de San Quintín, en Sinaloa o Sonora, cuya tragedia social, no podemos silenciar y menos ignorar.

Cada emigrante que se va sin documentos a la ``tierra prometida'' ilusionado por el sueño americano, encuentra normalmente la explotación, la criminalización y las actitudes xenofóbicas de quienes los tratan como delincuentes, en lugar de seres humanos en busca de un trabajo. Carecen de todo, incluso de educación y salud para sus hijos, y, por supuesto, de cualquier recurso que proteja sus derechos humanos. Pero lo que más los atormenta es el miedo a ser deportados. Viven, los que encuentran trabajo, prácticamente escondidos y su temor lo explotan malos granjeros estadounidenses que los someten a duras condiciones de trabajo que violan los más elementales derechos de la convivencia civilizada.

Son hechos indignantes que ocurren todos los días y afectan a millones de nuestros compatriotas, en los campos de México, especialmente niños y mujeres, pero que muchas veces pasaban desapercibidos o conocidos sólo por los que los sufrían y sus allegados. Hoy están a la vista de todos: Los reportajes e informaciones de los medios de comunicación llaman a nuestra acción, sobre todo de las autoridades que ya no pueden dar más la espalda a los hechos denunciados.

En nombre de esa realidad vengo hoy a esta tribuna a demandar al Gobierno de la República que asuma el rescate de los derechos laborales y humanos de estos compatriotas, explotados en su miseria y por la falta de opciones en sus comunidades empobrecidas.

La causa social de estos humildes mexicanos llama también a nuestra responsabilidad como legisladores del pueblo que somos. Ha llegado el momento de revisar a profundidad el marco jurídico que tutela los derechos de los trabajadores del campo. Pienso que estamos ante la gran oportunidad para iniciar una nueva relación con nuestros colegas, los legisladores norteamericanos y buscar un acuerdo migratorio que reconozca entre otras cosas, la aportación de los trabajadores mexicanos al desarrollo y crecimiento de la economía norteamericana.

Son cerca de 4 millones de campesinos sin tierra, con minifundios, o con tierras empobrecidas que presionados por la pobreza, la falta de empleo y alternativas que se ven forzados a emigrar y buscar otros horizontes en nuestro país para su sobrevivencia y la de sus familias, las que reclaman nuestras iniciativas.

Las remesas de 400 mil de nuestros compatriotas que cada año cruzan la frontera del miedo para trabajar en Estados Unidos y Canadá, y los más de 10 millones de mexicanos que ya viven allá, ayudan a paliar la miseria de sus familias rotas, pero también aportan recursos considerables a la economía de nuestro país. Son el segundo generador de ingresos después del petróleo, a pesar de la crisis y del profundo desempleo que hoy los agobia por la recesión que vive la economía norteamericana y que ha hecho bajar considerablemente sus envíos a sus familias. Pero además pagan puntualmente sus impuestos. Durante el 2008, los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53,000 millones de dólares en impuestos directos e indirectos, monto que representa más del doble de las remesas que enviaron a México en el mismo periodo.

Por todas estas razones, señor presidente, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Constituir, a través de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, una Comisión Especial y plural que se encargue de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo, y a sus derechos que es impostergable proteger y, al mismo tiempo, solicite a la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, un informe amplio, sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de los Estados Unidos y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Guillermo Zavaleta, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Con la intención de preguntarle, señor presidente, a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, si me permite adherirme al punto que ha presentado.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulto a la diputada.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (desde la curul): No hay inconveniente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No tiene inconveniente, señor diputado. Adelante. Sí, ha manifestado la diputada que no hay inconveniente en que los que quieran adherirse a su proposición puedan hacerlo.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Administración General de Aduanasa que, de manera inmediata, solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave), instalado en las aduanas de Nogales y Agua Prieta, Sonora.

La secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Administración General de Aduanas a solucionar de inmediato el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en las aduanas de Nogales y Agua Prieta, Sonora; o, en su caso, a suspenderlo entre diciembre de 2009 y enero de 2010, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento respetuosamente a esta soberanía punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Las aduanas, en el ámbito mundial, son infraestructura fundamental para el intercambio comercial con el resto del mundo, desempeñan un papel básico en la economía y seguridad nacional, ya que por su naturaleza ejercen control de los bienes transportados internacionalmente.

En las 48 aduanas localizadas en México existen múltiples ordenamientos en la materia para la modernización, que intervienen en la regulación de ese sistema. El esfuerzo ha sido poco, ya que se requiere una plataforma sólida para profundizar en la modernización de las aduanas y orientarlas como facilitadoras de la competitividad, del control y de la seguridad que contribuyan al aumento de los ingresos en el proceso de exportación y en el de importación, favoreciendo el combate al contrabando, la piratería, la corrupción y la no discriminación.

El Sistema de Supervisión y Control Vehicular es uno de los proyectos de modernización que la Administración General de Aduanas ha puesto en marcha en todas las aduanas del país.

Dicho sistema se compone de dispositivos que, en teoría, tardarían aproximadamente ocho segundos para tomar el peso, dimensiones, placas, fotografía del tipo de vehículo, lo que permite al procesador central hacer cruces de información y determinar si es de riesgo y, en su caso, solicitar que sea revisado.

Fue instalado en la aduana fronteriza de Nogales y Agua Prieta, Sonora, provocando un severo caos, ya que se instauró un solo carril vehicular y uno de autodeclaración, lo cual genera filas de vehículos que tardan hasta dos horas en pasar procedentes de las vecinas ciudades de Nogales y Douglas, Arizona, ciudades con las que se tienen estrechas relaciones comerciales y sociales. Aunado a esto, dicho sistema no ha sido del todo eficiente, ya que se han suscitado diversos incidentes de fallas los cuales retrasan aun más el paso vehicular.

Los retrasos tienen repercusiones no sólo para la industria maquiladora, principal fuente de ingresos en estas ciudades, sino en general en el comercio que se ha visto disminuido en sus ventas. La mala imagen que se ha creado nuestro país debido a la inseguridad y la grave recesión económica por la que atravesamos, hace que estas medidas sean totalmente inoportunas sobre todo porque se acerca la época navideña en la que el flujo vehicular se incrementa notoriamente.

Como parte de la acciones encaminadas a resolver este problema, la legislatura estatal de Coahuila aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a retirar dicho sistema o en su defecto a implementar otros mecanismos de revisión que agilicen el flujo vehicular y han enviado diversos oficios al ingeniero Juan José Bravo Moisés, Administrador General de Aduanas, signado por diversos organismos corporativos de esa entidad.

Preocupado por el grave problema y por la inminente temporada navideña en la que una gran cantidad de paisanos nos visitan, presentamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Administración General de Aduanas para que de manera inmediata solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en las aduanas de Nogales y Agua Prieta, Sonora, o suspenda, en su caso, su implementación durante la temporada navideña, comprendida en los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

TARIFA ELECTRICA DE USO DOMESTICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidady de la Comisión Reguladora de Energía, a que reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel: Con permiso, señor diputado presidente. Patricio Chirinos del Ángel, representante del distrito I, de Pánuco, Veracruz, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el marco jurídico que me faculta para hacer uso de esta tribuna vengo a esta soberanía a proponer el presente punto de acuerdo bajo el tenor de las siguientes consideraciones:

Compañeras diputadas y compañeros diputados, cumplir e interpretar las aspiraciones de los ciudadanos que nos eligieron es una de las responsabilidades que tenemos los legisladores; por eso hoy acudo a este pleno en busca de una solución sentida que demandan los habitantes del distrito que represento.

En los últimos años el país ha venido experimentando una severa crisis económica, derivada en la consecuente disminución del poder adquisitivo y el incremento desmedido de los precios. No sólo en los productos básicos, sino en los servicios primarios como el agua, gas y particularmente la electricidad.

Veracruz, como primer productor de energía eléctrica, aporta 11 por ciento del total de la nación y cuenta con 15 centrales generadoras de electricidad, descartando las termoeléctricas de Tuxpan y Dos Bocas, así como la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Vecinos de la región del norte de Veracruz registran cobros que van desde mil 500 hasta 3 mil pesos bimestralmente en su recibo. Irónico, con los datos del Consejo Nacional de Población, cuando la mayoría de los municipios que se encuentran clasificados en el rango de alta marginación, reflejando en promedio que alrededor de 50 por ciento de la población ocupada percibe solamente hasta dos salarios mínimos y 35 por ciento viven en casas con pisos de tierra.

La precaria situación económica se agrava para la gente más pobre y necesitada, afectando sectores poblacionales que perciben escasos ingresos únicamente en determinadas temporadas del año, por ejemplo quienes al trabajar por jornada o destajo dejan de cobrar cuando no hay cosechas o veda, respectivamente, y cuando lo hacen reciben cantidades que la mayoría de las veces pueden ser menores a las de un salario mínimo.

Otro caso es el de los maestros recién egresados que comienzan su labor docente, con salarios que no superan los 4 mil pesos mensuales y que a pesar de ello deben hacer frente y cumplir con las necesidades de sus familias.

El Servicio Meteorológico Nacional revela temperaturas que van de 35 a 40 grados centígrados, llegando en ocasiones a superar dichos rangos. Estas condiciones ambientales afectan severamente la vida y las actividades cotidianas de los habitantes de la Huasteca veracruzana.

Por tal razón, la marginación, las altas temperaturas registradas y los ingresos promedio de la población, son algunos de los factores que deben tomarse en cuenta ante la inaplazable reclasificación de las tarifas de consumo de energía doméstica, para las comunidades del norte de Veracruz.

En esta soberanía se han hecho pronunciamientos similares, significando esto que en nuestra Cámara existe voluntad y coincidencias de las fuerzas políticas representadas que permiten afrontar las dificultades e inquietudes de nuestros conciudadanos.

En tal virtud solicito respetuosamente a las instituciones involucradas en este tema, su colaboración inmediata a fin de atender este reclamo en beneficio no sólo de los veracruzanos, sino de todos los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico en beneficio de los pobladores de los municipios de Ozuluama, El Higo, Naranjos Amatlán, Chinampa, Tamalín, Tancoco, Tantima, que conforman la Huasteca alta y baja del distrito I de Pánuco, Veracruz. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar, reajustar y establecer mediante la SHCP, la Sener, la CFE y la Comisión Reguladora de Energía una tarifa preferencial para usuarios domésticos de la región de la Huasteca alta y baja, que forman el distrito electoral I, de Pánuco, Veracruz, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Patricio Chirinos del Ángel, integrante de la diputación federal por el estado de Veracruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico para los municipios de la región de la Huasteca Alta y Baja, que conforman el Distrito Electoral I de Pánuco del estado de Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros diputados, en el ánimo de cumplir con uno de los compromisos adquiridos con los ciudadanos del distrito que represento, acudo ante esta soberanía, para exponer y buscar solución, a una problemática que aqueja profundamente a los habitantes de la región de la Huasteca Alta y Baja, del estado de Veracruz.

En los últimos años, como consecuencia de la errónea implantación de políticas públicas por parte del Ejecutivo federal, el país ha venido experimentando una severa crisis económica, derivanda en la consecuente disminución del poder adquisitivo y en el incremento desmedido de los precios, no sólo en los productos básicos, sino en servicios primarios como el agua, el gas, y particularmente la electricidad.

El pasado 23 de septiembre del año en curso, fue presentado en la Cámara, por parte del diputado Salvador Manzur Díaz, un exhorto relativo a la reclasificación de tarifas eléctricas para la zona Veracruz-Boca del Río. En esta propuesta, podemos apreciar cifras de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, que muestran al estado de Veracruz, como el primer productor de energía eléctrica, aportando más del 11 por ciento del total nacional, y que cuenta además, con 15 centrales generadoras de electricidad, destacando las termoeléctricas de Tuxpan y Dos Bocas, así como la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Vecinos de la región, han documentado con recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, cobros que van desde los mil 500, hasta los 3 mil pesos o más por bimestre, cuando, según datos del Consejo Nacional de Población, basados en el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 y en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, la mayoría de los municipios del norte de Veracruz, se encuentran clasificados en el rango de alta marginación, reflejando en promedio, que alrededor del 50 por ciento de la población ocupada, percibe solamente hasta dos salarios mínimos, y que el 35 por ciento, viven en casas con piso de tierra.

La precaria situación económica se agrava para la gente más pobre y necesitada, afectando sectores poblacionales que perciben escasos ingresos, únicamente en determinadas temporadas del año. Ejemplo más claro, es el de centenares de campesinos y pescadores, quienes al trabajar por jornada o destajo, dejan de cobrar en épocas de cosecha o veda, respectivamente, y cuando lo hacen, reciben cantidades que la mayoría de las veces, pueden ser menores al salario mínimo.

Otro caso, es el de los maestros recién egresados, que comienzan sus labores docentes, con salarios que no superan los cuatro mil pesos mensuales, y que a pesar de ello, deben hacer frente y cumplir con las necesidades de sus familias.

Asimismo, reportes del Servicio Meteorológico Nacional, revelan que dicha región presenta durante los meses más calurosos del año, temperaturas que van de los 35 a los 40 grados centígrados, llegando en ocasiones a superarse dichos rangos. Estas condiciones ambientales, afectan severamente la vida y las actividades cotidianas de los habitantes de la Huasteca veracruzana.

El alto grado de marginación, las altas temperaturas registradas y los ingresos promedio de la población, son algunos de los factores primordiales que deberán ser tomados en cuenta, para la urgente e inaplazable reclasificación de las tarifas de consumo de energía doméstica para las comunidades del norte de Veracruz.

En esta soberanía, durante la actual Legislatura y anteriores, se han presentado varias propuestas encaminadas a resolver de manera favorable esta problemática, significando esto que en la Cámara de Diputados, existe voluntad y coincidencia de las fuerzas políticas representadas, que permiten afrontar las dificultades e inquietudes de nuestros conciudadanos.

Por esta razón, solicito respetuosamente a las instituciones involucradas en este tema, su colaboración inmediata a fin de atender este reclamo, en beneficio, no sólo de los veracruzanos sino de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico, en beneficio de los pobladores de los municipios de Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tempoal, El Higo, Naranjos Amatlán, Chinampa de Gorostiza, Tamalín, Tancoco y Tantima, que conforman la Huasteca Alta y Baja, del distrito I de Pánuco del estado de Veracruz.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Energía.

COMISION ESPECIAL PARA EL FOMENTO, CULTIVO Y DESARROLLO DE LA PALMA DE ACEITE AFRICANA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana.

La diputada Judith Fabiola Vázquez Saut: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la suscrita, integrante de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, viene a esta tribuna a presentar proposición con punto de acuerdo, para la creación de la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana, al tenor de las siguientes consideraciones:

La palma de aceite es un cultivo oleaginoso, que se ha extendido en el mundo gracias a su alto potencial productivo. Comparado con otros cultivos de semillas, su rendimiento en términos de aceite por hectárea promedia alrededor de 3.7 toneladas, superando a las oleaginosas tradicionales, como soya, canola, girasol y algodón.

El aceite de palma, en la última década, se consolidó en términos de producción en el segundo lugar del comercio mundial, sólo detrás de la soya, y actualmente ocupa el primer lugar en términos de volúmenes de comercio de productos oleicos.

Actualmente, Malasia e Indonesia representan en conjunto 85 por ciento de la producción y 95 por ciento de las exportaciones de aceite de palma en el mundo, siendo pioneras en el aprovechamiento de este producto.

En este contexto, la ubicación estratégica de nuestro país ofrece ventajas idóneas para promover la explotación del aceite de palma, las cuales deben ser aprovechadas para la creación de desarrollos regionales en los que se articulan estrategias que incluyan la modernización de técnicas agrícolas y el fortalecimiento de la cadena productiva, ofreciendo rentabilidad económica a la agroindustria nacional.

Actualmente la superficie sembrada es de 32 mil 538.4 hectáreas en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, con un rendimiento de 307 mil 756.9 toneladas y con valor de 281 mil 96.72 millones de pesos.

Nuestras importaciones oscilan entre 350 y 450 mil toneladas que representan de 85 a 90 por ciento del consumo nacional del aceite de palma, significando un gasto para nuestro país de 250 a 280 millones de dólares, lo que refleja una preocupante dependencia del mercado internacional.

Desde el Congreso, compañeros, debemos coadyuvar para abatir la pobreza y el rezago social que priva en el agro mexicano creando los mecanismos que nos permitan desarrollar cultivos rentables como la palma de aceite, que ofrece un valor agregado por su alta productividad y gran versatilidad para elaborar cientos de productos comestibles y no comestibles, lo que permitirá, por un lado, otorgar al productor del sureste de nuestro país una opción para incrementar sus ingresos y su calidad de vida; y por otro, satisfacer en la medida de lo posible la demanda interna de aceites vegetales.

Es necesario orientar nuestra política agrícola a impulsar una agricultura competitiva y eficiente que cuente con procesos innovadores y tecnologías acordes con los conocimientos de las condiciones ecológicas de cada región, que fomenten el empleo y fortalezcan nuestra soberanía alimentaria.

Además, en el contexto de la cumbre de Copenhague, creo que ésta es una de las plantaciones que tienen que ver con el posible cambio con el que podamos colaborar nosotros para el ambiente.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana.

Segundo. La Comisión Especial contará con los recursos necesarios para su operación. Su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su cometido. Para estos efectos, deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates de la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana, a cargo de la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Judith Fabiola Vázquez Saut, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con los motivos que a continuación se exponen

Antecedentes

La palma de aceite es un cultivo oleaginoso que se ha extendido en el mundo gracias a su alto potencial productivo. Comparado con otros cultivos de semillas, su rendimiento en términos de aceite por hectáreas, promedia alrededor de 3.7 toneladas, superando a las oleaginosas tradicionales como lo son soya, canola, girasol y algodón, que en la actualidad buscan incrementar su rendimiento de aceite por hectárea cultivada por métodos de ingeniería biotecnológica. El aceite de palma en la última década se consolidó, en términos de producción, en el segundo lugar del comercio mundial, sólo detrás de la soya y actualmente ocupa el primer lugar en términos de volúmenes de comercio de productos oleicos.

Malasia e Indonesia representan, en conjunto, el 85 por ciento de la producción y el 95 por ciento de las exportaciones de aceite de palma en el mundo, siendo pioneras en el aprovechamiento de este producto.

En este contexto, la ubicación estratégica del país ofrece ventajas idóneas para promover la explotación del aceite de palma, la cual debe ser aprovechada para la creación de desarrollos regionales en los que se articulen estrategias que incluyan la modernización de técnicas agrícolas y el fortalecimiento de la cadena productiva. Aprovechar la situación geográfica del país, zona óptima para impulsar esta oleaginosa, dará rentabilidad económica a la agroindustria nacional.

Actualmente la superficie sembrada es de 32 mil 538.4 hectáreas en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, con un rendimiento de 307 mil 756.9 toneladas y con valor de 281 mil 96.72 millones de pesos.

Nuestras importaciones oscilan entre 350 y 400 mil toneladas, que representan del 85 por ciento al 90 por ciento del consumo nacional del aceite de palma, significando un gasto de 250 a 280 millones de dólares, lo que refleja una preocupante dependencia del mercado internacional.

Desde el Congreso colaboremos para abatir la pobreza y el rezago social que priva en el agro mexicano, creando los procedimientos que permitan desarrollar cultivos rentables, como la palma de aceite, que ofrece un valor agregado por su alta productividad y gran versatilidad para elaborar cientos de productos comestibles y no comestibles, lo que permitirá, por un lado, otorgar al productor del sureste una opción para incrementar sus ingresos y su calidad de vida y por otro satisfacer en la medida de lo posible la demanda interna de aceites vegetales.

Debemos orientar nuestra política agrícola a impulsar una agricultura competitiva y eficiente, que cuente con procesos innovadores y tecnologías acordes con los conocimientos de las condiciones ecológicas de cada región, que fomenten el empleo y fortalezcan nuestra soberanía alimentaria.

Por esto, propongo al Pleno, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que señala que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, de acuerdo con la normatividad que rige a la Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política dar los pasos necesarios para la creación de una comisión especial.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana.

Segundo. La comisión especial contará con los recursos necesarios para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su cometido. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y la proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, y estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

GASOLINERAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, en las principales redes sociales de Internet en México, con el objeto de publicar la información parlamentaria pertinente, de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomados por el pleno y las distintas comisiones parlamentarias; así como las noticias más relevantes de interés público.

El diputado Salvador Caro Cabrera: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame un segundo, señor diputado.

Diputado López-Portillo, el PRI solicitó un cambio, la proposición 39 por la 49. La propuesta del diputado era la 49 y está entrando en lugar de la 39. Adelante, señor diputado.

El diputado Salvador Caro Cabrera: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar un punto de acuerdo relacionado con un fenómeno que está afectando a millones de mexicanos.

El robo de gasolina en nuestro país ha venido en aumento en los últimos años, y no me refiero al robo en los gasoductos, sino en las estaciones de servicio que expenden litros rebajados, litros de hasta 850 mililitros; práctica delictiva que ha impactado de manera directa a los consumidores y que se resiente en esta época de crisis y carestías.

Oficialmente, los reportes evaluados por las dependencias destacan que en promedio 31 estaciones de servicio por año están reincidiendo en el comercio ilícito de combustibles, a pesar de los diversos candados que Pemex y autoridades como la Procuraduría General de la República, Seguridad Pública federal, Ejército y Marina establecieron desde 2003, como son los controles volumétricos y el marcador de gasolinas, para evitar estos actos ilegales.

Lamentablemente esta es una historia que tienen que ver con el ofrecimiento público de servicios a gasolineros para poder manipular software y así poder robar a los consumidores. Es una historia que tiene que ver con la colusión de organizaciones de gasolineros con funcionarios de las delegaciones estatales de la Profeco.

En este sentido y siendo generalizada esta práctica a lo largo y ancho del país, es que las instituciones públicas deben actuar para frenarlo de manera inmediata. Así, en nombre de todos los ciudadanos que cotidianamente se ven afectados, propongo los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se solicita al procurador federal del Consumidor tenga a bien instruir a la subprocuraduría de Verificación de la dependencia a su cargo, para que, por conducto de las delegaciones estatales, sea intensificado en todas las entidades federativas el programa de verificación de combustibles, que permita detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores, y en consecuencia sean sancionados los responsables con todo el rigor de la ley.

Segundo. Se solicita al titular de Secretaría de la Función Pública dar seguimiento a las actividades de las delegaciones de Profeco en las entidades federativas, en relación con los expendios de gasolina y, en su caso, inicie los procedimientos y aplique las sanciones correspondientes.

Solicito sea turnada a la Junta de Coordinación Política y se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Profeco que instruya a las delegaciones estatales para intensificar el programa de verificación de combustibles que permita detectar ventas fraudulentas; y al titular de la SFP, que dé seguimiento a las actividades de esas delegaciones respecto a las gasolineras, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado a la LXI Legislatura, integrante Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual se solicita al procurador federal del Consumidor que tenga a bien instruir para que por conducto de las delegaciones estatales sea intensificado en todas las entidades federativas el programa de verificación de combustibles que permita detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores; y al titular de la Secretaría de la Función Pública que dé seguimiento a las actividades de las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las entidades federativas en relación a los expendios de gasolina, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El robo de gasolina en México ha venido en aumento en los últimos años y no sólo en los gasoductos, sino en las estaciones de servicio que expenden ``litros'' con menos de mil mililitros o gasolina rebajada, práctica delictiva que ha impactado de manera directa a los consumidores, y que se reciente en esta época de crisis y carestía.

Petróleos Mexicanos ( Pemex) continúa detectando gasolineras que venden litros incompletos y gasolinas adulteradas, llegando esto en algunos casos a apenas 850 mililitros. Los informes de las inspecciones realizadas a las casi 8 mil 542 estaciones de servicio que hay en el país entre 2005 y agosto de 2009, por parte de los laboratorios móviles propiedad de Pemex, revelan que al menos 126 gasolineras fueron descubiertas vendiendo producto ``fuera de especificación''.

Los reportes evaluados por la dependencia destacan que en promedio 31 estaciones de servicio por año están reincidiendo en el comercio ilícito de combustibles, a pesar de los diversos candados que Pemex y autoridades como Procuraduría General de la República, Seguridad Pública Federal, Ejército y Marina establecieron desde 2003, como son los controles volumétricos y el marcador de gasolinas, para evitar estos actos ilegales.

Los documentos revelan que Nuevo León encabeza a los estados que registran la mayor reincidencia de gasolineras que venden combustibles fuera de especificación con 37 establecimientos, seguido por Veracruz con 11, el Distrito Federal y el estado de México con 8, otros 8 en Tamaulipas, Hidalgo con 8 gasolineras y Guanajuato con 6.

En Veracruz se han detectado desde empresas ``fantasma'' utilizadas para robo, trasiego y comercialización, casas de seguridad, bodegas para guardar las gasolinas y al igual que en Oaxaca, una red de distribución conformada por estaciones de servicio, cuyos sitios y propietarios se reservan porque las autoridades federales continúan con el trabajo de investigación correspondiente.

El director de Pemex Refinación, ha reconocido que aunque actualmente se dispone de 42 laboratorios que realizan en promedio 2.5 visitas por gasolinera al año, ``la frecuencia está por debajo de los estándares internacionales que se tiene conocimiento, que es de 5 a 6 visitas por estación de servicio al año'', lo cual es aprovechado para vender litros incompletos o combustible de mala calidad. La paraestatal ha adquirido 11 laboratorios para sumar un total de 53.

Por otra parte, la Profeco ha realizado algunas recomendaciones para evitar abusos en el servicio de gasolina tales como conocer la capacidad del tanque del vehículo, descender del auto, verificar que la bomba esté bien colocada en su lugar y que marque cero, exigir la nota de venta, llevar una bitácora del gasto de combustible del automotor y tratar de cargar regularmente 20 litros, entre otras.

La propia Profeco ha ofrecido un mecanismo para conocer el historial de verificación de las gasolineras a nivel nacional, de 2005 a la fecha a través de la página Quién es Quién en las Gasolineras, en la que es necesario proporcionar domicilio, número y razón social de la estación.

El artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Por su parte, el numeral 3 de la citada ley señala que a falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento.

Asimismo, el artículo 13 de la legislación en comento, previene que la Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Además de lo anterior, el arábigo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que la Profeco es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

Por todo lo expuesto y en virtud de que las actividades de verificación a las estaciones de servicio, le competen a la Dirección General de Verificación de Combustibles, dependiente de la Subprocuraduría de Verificación, de la Procuraduría Federal del Consumidor, se propone el siguiente ante este pleno, como de obvia y urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al procurador federal del Consumidor tenga a bien instruir a la Subprocuraduría de Verificación de la dependencia a su cargo, para que por conducto de las delegaciones estatales sean intensificados en todas las entidades federativas el programa de verificación de combustibles que permitan detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores y en consecuencia sean sancionados los responsables con todo el rigor de la ley.

Segundo. Se solicita al titular de Secretaría de la Función Pública dar seguimiento a las actividades de las delegaciones de Profeco en las entidades federativas en relación a los expendios de gasolina y en su caso inicie los procedimientos y aplique las sanciones correspondientes.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Señor presidente, desde su autoridad usted dispuso que el diputado Salvador Caro Cabreraleyera la proposición de punto de acuerdo mediante la cual se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso.

Sin embargo, el diputado leyó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Profeco que tenga a bien instruir que, por conducto de las delegaciones estatales, sea intensificado el programa de verificación de combustibles. Totalmente distinto.

Considero que puede haber sido un error de apreciación del señor diputado, pero en el seguimiento del orden del día, creo que valdría la pena rectificar la instrucción dada por la Presidencia, para que el diputado Salvador Caro Cabrera, efectivamente este punto de acuerdo que acaba de leer, sea el que quede plasmado y autorizado.

Por otro lado, sinceramente me gustaría nuevamente pedir una verificación de quórum, en razón de que es notable que no existe el quórum suficiente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. Tiene usted razón, señor diputado, efectivamente el turno que se le había dado al señor diputado Salvador Caro Cabreraera para otra iniciativa; él ha leído otra. Y la que ha leído él es la que hemos turnado a las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública como corresponde. Sí, señor.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Buenas tardes. Para solicitar al compañero y amigo, Chava Caro, a ver si nos permite adherirnos a lo que él expuso.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Sí, diputado?

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha manifestado su aprobación el señor diputado.

ESTADO DE CAMPECHE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche a que, en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado implemente un programa estatal de austeridad.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, México vive momentos decisivos en materia social, económica y política, derivados de la crisis económica mundial que nos aquejó este año, por lo que las decisiones que se tomen en este último mes de 2009 y en los primeros de 2010 habrán de repercutir en el futuro inmediato, y de ser acertadas nos permitirá proyectar con mayor fuerza y vigor la economía nacional y, por ende, nuestra reinserción en el proceso de recuperación que se espera para 2010.

Las decisiones a las que nos estamos refiriendo no sólo habrán de ser tomadas en el ámbito federal, sino también en el local. De ahí que los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político que los gobierne, habrán de ponderar por un eficiente y mejor manejo de los recursos económicos disponibles, por lo que los tres ámbitos de gobierno en nuestro país deberán enfatizar la creación de programas, acuerdos o leyes que les permitan ejercer los recursos disponibles con base en dos aspectos económicos y administrativos. Nos referimos a los conceptos de gasto eficiente y austeridad.

Para lograr esto se requiere, como ya lo habíamos deliberado al interior de esta soberanía, de una reforma fiscal integral que permita una mejor recaudación tributaria, en la que cada miembro de la sociedad participe aportando recursos de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

Por otra parte, es necesario utilizar de mejor manera esos recursos públicos, asegurando que éstos no se desperdicien, que no se utilicen para actividades diferentes a lo acordado o etiquetado, y que se tenga un mayor grado de certidumbre y transparencia en el destino y aplicación de los mismos, a través de mecanismos auditables.

Aunado a esto, es necesario e imprescindible reducir el nivel de dependencia de nuestra economía con respecto a la captación de recursos vía ingresos petroleros, para pasar a la captación de ingresos en sectores económicos como el turismo, la explotación de bioenergéticos y el impulso de actividades primarias y de servicio.

De tal suerte que nuestro país deberá enfrentar en el futuro inmediato un proceso de recuperación lento y variable, por lo que debemos estar conscientes de cuidar y aplicar con responsabilidad, austeridad y eficiencia los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2010.

Asimismo, debemos poner énfasis en dos aspectos fundamentales: el primero, lograr una verdadera austeridad, y el segundo, la aplicación de un gasto eficiente con respecto a la aplicación y uso de los recursos asignados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Al respecto, es importante señalar que como gasto eficiente se debe entender la asignación y aplicación de recursos con un criterio técnico cuantificable y evaluable, que nos permita determinar si se está logrando el máximo beneficio social posible con las aportaciones individuales de los ciudadanos para el bienestar colectivo y vigilando que los servidores públicos encargados de aplicarlos, lo hagan con total transparencia.

De la misma forma, debemos enfatizar que por gasto eficiente y austeridad debemos entender que son aquellos procesos económicos y administrativos que nos permitan realizar adquisiciones y realizar gastos con racionalidad económica, justificables de manera lógica, racional, medible y objetiva.

Señoras y señores, la austeridad de un gobierno no sólo implica la reducción de sueldos de funcionarios, sino también la búsqueda de sistemas de operación que permitan la optimización de recursos, aunado a la participación de funcionarios capacitados en tareas estratégicas que reduzcan las plantillas de personal.

Sólo con una proyección adecuada puede asegurarse el éxito de programas y medidas gubernamentales y, además, es una forma de ahorrar recursos, porque no se trata sólo de evitar gastos innecesarios, sino de hacer que los gastos necesarios y recurrentes de la administración alcancen su mayor efectividad.

Existen diversos ejemplos por parte del gobierno federal y de gobiernos estatales en materia de austeridad y gasto eficiente, en los que se han emitido sendos decretos o leyes en la materia, reconociendo que para lograr una verdadera consolidación democrática y de estado de derecho se requiere de una administración pública eficaz y eficiente, y de la utilización de los recursos que el mandato popular nos ha confiado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche a que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un programa estatal de austeridad para quedar como sigue el punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Campeche y al Congreso del estado de Campeche a que, en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un programa de austeridad.

Segundo. Igualmente, se exhorta a ambos poderes estatales a que los recursos obtenidos del programa estatal de austeridad se destinen a sanear las finanzas de Campeche e invertir en infraestructura y proyectos que redunden en el bienestar de los campechanos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche a implantar, en el marco de la discusión de su Ley de Presupuesto de Egresos, un programa estatal de austeridad, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que derivado de la crisis económica mundial de este año, México vive momentos decisivos en materia de social, económica y política, ya que las decisiones que se tomen en estos dos últimos meses del 2009, habrán de repercutir en el futuro inmediato, que de ser acertadas, nos permitirá proyectar con mayor fuerza y vigor la economía nacional, y por ende, nuestra reinserción en el proceso de recuperación que se espera para el 2010.

2. Que las decisiones a las que nos estamos refiriendo, no solo habrán de ser tomadas en el ámbito federal, sino también en lo local. De ahí que, los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político que les gobierne, habrán de ponderar por un eficiente y mejor manejo de los recursos económicos disponibles para el próximo año.

3. Que en esta tesitura, los tres ámbitos de gobierno en nuestro país, deberán enfatizar en la creación de programas, acuerdos o leyes que les permitan ejercer los recursos disponibles con base en dos aspectos económicos y administrativos fundamentales: nos referimos a los conceptos de ``gasto eficiente'' y ``austeridad''.

4. Que para lograr esto, se requiere como ya lo hemos deliberado al interior de esta soberanía, de una reforma fiscal integral que permita una mejor recaudación tributaria, en el que cada miembro de la sociedad participe aportando recursos de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. Y por otra parte, es necesario utilizar de mejor manera esos recursos públicos, asegurando que éstos no se desperdicien, que no se utilicen para actividades diferentes a lo acordado o etiquetado y que se tenga un mayor grado de certidumbre y transparencia en el destino y aplicación de los mismos, a través de mecanismos auditables.

5. Que es necesario reducir el nivel de dependencia de nuestra economía con respecto a la captación de recursos vía ingresos petroleros, para pasar a la captación de ingresos en sectores económicos como el turismo, la exportación de bioenergéticos y el impulso de actividades primarias y de servicios.

6. Que nuestro país deberá enfrentar en el futuro inmediato, un proceso de recuperación lento y variable, por lo que debemos estar conscientes en cuidar y aplicar con responsabilidad, austeridad y eficiencia los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2010.

7. Que para lograr lo anterior, debemos enfatizar en dos aspectos fundamentales: el primero, lograr una verdadera austeridad y el segundo, la aplicación de un gasto eficiente con respecto a la aplicación y uso de los recursos asignados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

8. Que es importante señalar que por ``gasto eficiente'', se debe entender la asignación y aplicación de recursos con un criterio técnico, cuantificable y evaluable, que nos permita determinar si se está logrando el máximo beneficio social posible con las aportaciones individuales de los ciudadanos para el bienestar colectivo y vigilando que los servidores públicos encargados de aplicarlos, lo hagan con total transparencia.

9. Que por ``gasto eficiente'' y ``austeridad'', debemos entenderlos como aquellos procesos económicos y administrativos que nos permiten realizar adquisiciones y realizar gastos con racionalidad económica, justificables de manera lógica, racional, medible y objetiva.

10. Que la austeridad de un gobierno no sólo implica la reducción de sueldos de funcionarios, sino también la búsqueda de sistemas de operación que permitan la optimización de recursos, aunado a la participación de funcionarios capacitados en tareas estratégicas que reduzcan las plantillas de personal.

11. Que solo con una proyección adecuada, se puede asegurar el éxito de programas y medidas gubernamentales, y es además una forma de ahorrar recursos, porque no se trata sólo de evitar gastos innecesarios, sino de hacer que los gastos necesarios y recurrentes de la administración alcancen su mayor efectividad.

12. Que existen diversos ejemplos por parte del gobierno federal y de gobiernos estatales en materia de austeridad y gasto eficiente, donde se han emitido sendos decretos o leyes en la materia, reconociendo que para lograr una verdadera consolidación democrática y del estado de derecho, se requiere de una administración pública eficaz y eficiente en la utilización de los recursos que el mandato popular nos ha confiado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Campeche y al Congreso del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad.

Segundo. Igualmente, se exhorta a ambos poderes estatales a que los recursos obtenidos del Programa Estatal de Austeridad, se destinen a sanear las finanzas del estado de Campeche y a invertir en infraestructura y proyectos que redunden en el bienestar de los campechanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LAICIDAD DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que exija estrictamente el cumplimiento del principio de laicidad del Estado mexicano, por parte de las asociaciones religiosas, particularmente del clero católico.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Esta soberanía da inicio hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación. Me refiero, desde luego, al fortalecimiento de nuestro Estado laico.

En ese contexto, la Iglesia católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques en busca de debilitar la calidad de la discusión política.

Como parte de esa estrategia ha esgrimido como arma --lo que para su violenta destreza mejor funciona--, para crear confusión y desinformación, la promoción del estigma y el odio contra lo distinto a sus decretos.

Como es del conocimiento general, en días pasados el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio para los Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró: ``Lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca al reino de los cielos''.

La frase completa que usó ese violador de la ley fue: ``Tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo. No lo digo yo, sino san Pablo''.

¿La dignidad del cuerpo? Dignificar el cuerpo es conocerlo y reconocerlo; cuidarlo. Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. El cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos: bien alimentado, bien dormido, bien cuidado, bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura que ello es claro para todas y todos quienes, como yo, tienen la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor.

¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana, yo sí me declaro culpable de lo que corresponda. Me declaro culpable de amar; me declaro culpable de no estar dispuesta a posponer mi amor para otro siglo. No puedo, no quiero.

Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi muy laico placer. Me declaro culpable de gozar y de tener mis propios paraísos. Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho, que en ninguno de los universos en los que ya he estado y a ninguno de los cielos a los que iré serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido su boleto VIP para alzar el vuelo. Desde luego que no.

¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas? ¿Al cielo de Marcial Maciel y de Ratzinger, quien no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes nazis? ¿Al cielo del que fueron excomulgados Hidalgo y Morelos y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas de la infinitud del universo?

¿Quién quiere un cielo sin Leonardo da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Kahlo; sin Albert Einstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje; un cielo sin Marcel Marceau?

¿De qué serviría un cielo adonde no se puede reír?, dijo Lutero.

Se decreta que las muchachas buenas van al cielo. Que su dios las cuide de los miles de curas acusados de violación, abuso y pederastia; que de existir ya viven en ese cielo de los miles que llegarán después de que su dios les llame a cuentas. Las otras vamos a todos lados.

Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestro placer y, desde luego, nuestros muy placenteros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil; las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que si la mujer no está la democracia no va.

Quienes creemos que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el valor mejor de la sociedad está en su diversidad, quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos donde no tiene cabida la imposición absurda de una verdad única e incuestionable, somos innumerables; quienes estamos comprometidos en esta idea de país sin importar cuál sea nuestra preferencia sexual.

Las exhortaciones al odio construidas desde la Iglesia católica autodecretada en fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva; la misma Iglesia gestora a lo largo de 20 siglos de guerras sangrientas, crímenes de Estado y el retraso científico y cultural de la humanidad que motivaron a que Borges dijera: ``El infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego''. Ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y, menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país.

Espero que en esta ocasión para esta soberanía sea claro que no será el representante de un Estado injerencista el que me venga a mí a insultar y a amenazar impunemente en territorio mexicano. No permitamos que usen la basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastocar el fortalecimiento del Estado laico.

La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero, al que ese señor sirve, como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano. Por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo mexicano.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Primero. Se requiere al presidente de la República que demande públicamente, a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y, en particular a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige el Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como los derechos de las personas gay, lesbianas y transgénero.

Segundo. Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley, e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor de 30 días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.

Señor presidente, en respeto al tiempo he hecho un resumen de la presentación, por lo que le pido que sea insertada en su totalidad en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal requerir al clero católico respete estrictamente el marco de laicidad, las leyes mexicanas y los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgeneros, a cargo de la diputada Enoé Uranga Muñoz

La suscrita, diputada federal Enoé Uranga Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere al Ejecutivo federal demande públicamente al clero católico el cumplimiento de las leyes mexicanas empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige al estado mexicano, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, según las siguientes

Consideraciones

Esta soberanía da inicio el día de hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación. Me refiero desde luego al fortalecimiento de nuestro estado laico, la comisión responsable de ello revisa ya con toda seriedad este tema primordial para la democracia mexicana. En este marco, la iglesia católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques que buscan debilitar la calidad de dicha discusión política. Como parte de esa estrategia ha elegido como arma lo que para su virulenta destreza mejor funciona para crear confusión y desinformación: La promoción del estigma y el odio contra los distintos a sus decretos.

Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró que ``lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos...'' La frase completa que usó este violador de la ley fue: ''Tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo... esto no lo digo yo, sino San Pablo''.

¿La dignidad del cuerpo? Dignificar al cuerpo es conocerlo y reconocerlo. Cuidarlo. Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. Un cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos: bien alimentado, bien dormido, bien cuidado y bien amado y embelesado a pleno deleite y bienestar. Estoy segura de que ello es claro para todas y todos quienes tienen, como yo, la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor.

¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana yo sí me declaro culpable de lo que corresponda, me declaro culpable de amar, me declaro culpable de no estar dispuesta a dejar mi amor para otro siglo: no puedo, no quiero.

Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi laico placer.

Me declaro culpable de gozar y tener mis propios paraísos.

Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho, que ninguno de los universos a los que ya he ido y ninguno de los cielos a los que desde luego iré, serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido boleto VIP para alzar el vuelo. ¡Desde luego que no!!!

¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas? ¿Al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, quien no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes nazis? ¿Al cielo de donde fueron excomulgados Hidalgo, Morelos, y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron y asesinaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas sobre la infinitud del universo? ¿Quién quiere ir a un cielo sin Leonardo Da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Kahlo, sin Albert Einstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje, un cielo sin Marcel Marceau? ¿De qué sirve ir a un cielo donde no se pueda reír? dijo Lutero.

No se si fuera verdad que como Lozano Barragán, el llamado ``San Pablo'' tuviera línea directa para hablar con dios o si fueran efectos de su conocida y severa sífilis los que le impulsaban (en caso de que sea cierto) a hacer tales afirmaciones, pero ojo diputados, porque esa misma ``condena'' --elemento que por lo demás no tiene nada de científico, de ético o legal, áreas en las que la convicción es: que lo que sucede cuando te mueres (aunque te llames Norberto o te apellides Lewinski) es que te mueres-- o esa ``condena de no ir al cielo'' aplica también y con toda puntualidad a los adúlteros y a los borrachos.

Se decreta que: ``Las chicas buenas se van al cielo'' ¡Qué su dios las cuide de los miles de curas acusados de violación, abuso y pederastia que (de existir) ya viven en ese cielo y de los miles que llegarán luego que su dios les llame a esa gloria!!! Las chicas buenas se van al cielo --qué su dios las cuide-- ... ¡las otras vamos a todos lados!

Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestros placeres y desde luego nuestros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil. Las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que ``si la mujer no está, la democracia no va'',

Quienes creemos en que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el mejor valor de la sociedad está en su diversidad. Quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos, donde no tiene cabida la imposición absurda de ``verdades únicas e incuestionables'', somos innumerables, quienes estamos comprometidos en esta idea de país, sin importar cual sea nuestra preferencia sexual.

Y hablo de los seres humanos, creyentes o no, que sabemos que elegir forma de vida es un derecho humano incuestionable, de aquellos que daremos la vida por defender y fortalecer el estado laico. Para que las mujeres y hombres del mañana se avergüencen de este presente (su pasado) en el que es aceptable la mortalidad materna en las comunidades indígenas, porque ``si eres india no tienes alma'' y debes ganarla a costa del sacrificio de no tener acceso a información objetiva y recursos que te permitan evitar la ya sabida condena aprendida de voz directa del cura del pueblo: ``tu destino es tener los hijos que dios te mande'', aunque todos se mueran de hambre. De este presente donde es aceptable legalizar que si eres mujer tu destino es ser madre, así sea porque te violen; que si tienes una discapacidad seas objeto de compasión y se asuma que quien tiene un daño eres tú y no este país que no está diseñado para incluirte; o una política donde se argumenta (incluso en los debates legislativos) que si eres homosexual, eres ``menos hombre''.

``Sea hombrecito'', ``no se esconda en las faldas de las mujeres'', se ha gritado en esta tribuna desde el fundamentalismo vestido de izquierda. ``Puto'' se le canta a Calderón para descalificarlo. ``Maricones'' les dice la derecha a quienes se han aliado con la propia derecha.

Todos agravios violadores de la ley, todos discriminadores, todos ignorantes.

¿Qué estatura de hombre se requiere para ser abiertamente gay en un país en el que se te puede asesinar impunemente por ello? ¿Cuán ``hombrecito'' es quien profiere insultos homofóbicos desde el anonimato de las curules y en el amparo del fuero?

Es la iglesia. Es la herencia del sometimiento y genocidio de sociedades en la que esa institución se ha sostenido. Su poder --muy terrenal-- depende de controlar las conciencias, de manipular a las sociedades desde sus relaciones políticas, mafiosas, de hacer vivir en la ignorancia y el miedo a los pueblos.

Las exhortaciones alodio construidas desde la iglesia católica auto-encargada de fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva. La misma iglesia gestora, a lo largo de 20 siglos, de guerras sangrientas, crímenes de estado y del retroceso científico y cultural de la humanidad que motivaron que Borges dijera: ``El infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego''.

Quisiera que se entienda que no es mi intención ofender una fe o creencias. Tengo (como la mayoría de los católicos mexicanos) la convicción de que su espiritualidad va más allá de lo que dicte un mal intencionado político religioso. Políticos del Vaticano, como Barragán y Ratzinger (ambos voceros de ¿dios? por poder propio), tienen en su historial actos en los que ha quedado en entredicho su honestidad y compromiso con la vida. Han sido omisos, encubridores y cómplices de diversos delitos y delincuentes. Pero, independientemente de ello, ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país.

Por enésima vez, y por encima de la ley, la iglesia romana pretende controlar el cuerpo de las personas, manipular las conciencias a través de la amenaza inasible de la condena divina. Espero que en esta ocasión para esta soberanía sea claro que no será el representante de un estado injerencista el que me venga a insultar y amenazar impunemente en territorio mexicano.

No está de más señalar que la homofobia es una enfermedad que tiende a padecer continuamente la alta jerarquía y gran parte del clero católico y que debe ser tratable, ya que afecta los derechos de terceros. En lo que se refiere a los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, los cuales tienen como característica ser universales, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, inviolables e intransferibles, de manera que su ataque repercute en los demás aspectos de la vida de las personas, a quienes les toca determinar libremente su preferencia sin ser molestados en su privacidad, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros.

El clero quiere destruir nuestra cultura laica y cuenta con cómplices en la política institucional: ahí están las quemas de libros en Guanajuato, lideradas por diputados con el silencio complaciente del ejecutivo local y federal. Ante los ataques sistemáticos de que es objeto el Estado laico (empezando por las vergonzosas declaraciones hechas por el propio presidente de la República), no nos sorprendamos de la pretensión ya anunciada de que esos dogmas sean trasladados al terreno de las leyes como en el pasado. La consigna de presionar al jefe del Ejecutivo para que éste quebrante el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias y asigne privilegios y poder indebidos a la jerarquía católica, es un asunto que no se debe perder de vista. Es inadmisible que el gobierno federal permanezca pasivo ante las declaraciones del legado papal.

No permitamos que usen su basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastornar el fortalecimiento del estado laico. La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un estado extranjero al que este señor sirve, como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano que es el que nos estructura y, por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo de México.

Dicha declaración no es un acto aislado ni fortuito, sino que responde a una embestida, claramente planteada desde el Estado Vaticano y que tiene por objeto controlar al mayor número de gobiernos de la región, sojuzgando a quienes se aparten de sus dogmas fundamentalistas y preceptos eclesiásticos, pues su poder depende del control de cuerpos y mentes, y ello atenta contra la dignidad de las personas.

Así, el control sobre las libertades de las personas finalmente esconde una disputa del poder al Estado mexicano, quien históricamente ha sido objeto de los intereses económicos y políticos del Estado Vaticano. Es necesaria la firmeza que le corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para mantener las relaciones con las distintas asociaciones religiosas en un comportamiento dentro del marco de respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación debe hacer un apercibimiento o aplicar la sanción correspondiente ante estas intromisiones en los asuntos internos del país por parte de estos representantes del Estado Vaticano, que constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución política y un desa-fío al Estado laico.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero. Se requiere a la Presidencia de la República demande públicamente a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y en particular, a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige al Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica alguna; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.

Segundo. Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley, e informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Gobernación, de los resultados alcanzados en un plazo no mayor a los treinta días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita la diputada, inscríbase en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación ...

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Moreira.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Sólo para pedirle a la diputada adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada, que si acepta usted la adhesión del diputado Moreira a su propuesta.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Sí, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Que, por favor. Se pospone la proposición del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a petición del proponente.

Igualmente se pospone la proposición del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a petición del proponente.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa delDistrito Federala que resuelva con estricto apego a la ley el conflicto político administrativo de la delegación Iztapalapa, a efecto de consensar con todas las fuerzas políticas la designación de un encargado de despacho, suscrito por diputados integrantes de la Comisión del.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, diputado presidente. Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la Constitución, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Asamblea Legislativa delDistrito Federala que resuelva, con estricto apego a la ley, el conflicto del órgano político administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución del ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación de un encargado de despacho o jefe delegacional en la referida demarcación.

La delegación Iztapalapa es el más grande de los 16 órganos político-administrativo del Distrito Federal, al contar con una superficie aproximada de 117 kilómetros cuadrados, que representan casi 8 por ciento de la superficie del Distrito Federal.

En ese espacio territorial se cuenta con realidades contrastantes al existir barrios y colonias que gozan de todos los servicios públicos, pero también otros que enfrentan los rezagos sociales y la marginación más profunda de la capital.

Aunado a ello, el crecimiento demográfico de la delegación representa una muy alta proporción del incremento total de la población del Distrito Federal, pues tan sólo en los últimos años ha alojado 83.7 por ciento del crecimiento del Distrito Federal.

Según el decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial en diciembre pasado, el presupuesto otorgado para la delegación Iztapalapa asciende a 3 mil 76 millones 512 mil 84 pesos, convirtiéndose así en el órgano político administrativo con mayor presupuesto asignado.

Ante los acontecimientos suscitados en los últimos días respecto de la situación política que guarda la demarcación, derivado a la disputa para gobernarla, la Comisión del en el seno de su IV sesión ordinaria acordó por unanimidad exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones se pronuncie bajo los principios fundamentales de la legalidad y con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas.

Lo anterior obedece al único objeto de garantizar la respuesta a las demandas y expectativas de los vecinos en Iztapalapa.

Por esta reflexión, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que resuelva, con estricto apego a la ley, el conflicto del órgano político-administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución del ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación del encargado de despacho o jefe delegacional en la referida demarcación. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a resolver con estricto arreglo a la ley el conflicto político-administrativo de Iztapalapa para consensuar con las fuerzas políticas la designación de un encargado de despacho, suscrita por integrantes de la Comisión del

Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 inciso a), 90 fracción X y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual ``Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resuelva con estricto apego a la ley, el conflicto del órgano político administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución al ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación del encargado del despacho o jefe delegacional en la referida demarcación''.

Antecedentes

La delegación Iztapalapa, es el más grande de los 16 órganos políticos administrativos del Distrito Federal, al contar con una superficie aproximada de 117 km², que representan casi el 8 por ciento de la superficie del Distrito Federal, la jurisdicción tiene como rasgo característico, el que además de confluir con otras delegaciones del Distrito Federal, involucra en sus límites a municipios pertenecientes al estado de México, lo que obliga a que la política de desarrollo delegacional tenga que atender la compleja problemática que este tipo de conurbación genera.

En ese espacio territorial se cuenta con realidades contrastantes, al existir barrios y colonias que gozan de todos los servicios públicos, pero también otros que enfrentan los rezagos sociales y la marginación más profunda de la capital. Aunado a ello, el crecimiento demográfico de la delegación representa una muy alta proporción del incremento total de población del Distrito Federal, pues tan solo en los últimos años ha alojado el 83.7 por ciento del crecimiento del Distrito Federal, al contar con una población superior al millón ochocientos cincuenta mil habitantes, agotando prácticamente su reserva de suelo urbanizable.

Según el decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de diciembre del año en curso, el presupuesto otorgado para la delegación Iztapalapa, asciende a la cantidad de 3,076,512,084.00, (tres mil setenta y seis, millones, quinientos doce mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), convirtiéndose así en el órgano político administrativo con mayor presupuesto asignado.

Ante los acontecimientos suscitados en los últimos días, respecto a la situación política que guarda la demarcación derivado de la disputa para gobernarla, la Comisión del en el seno de su cuarta sesión ordinaria, acordó exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones se pronuncie bajo los principios fundamentales de la legalidad y con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas; Lo anterior obedece al único objeto de garantizar dar respuesta a las demandas y expectativas de los vecinos en Iztapalapa.

Por esta reflexión nos permitimos someter a consideración de esta H. soberanía, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resuelva con estricto apego a la ley, el conflicto del órgano político administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución al ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación del encargado del despacho o jefe delegacional en la referida demarcación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada Cuevas Barrón.Se turna a la Comisión del.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Le pido la palabra para rectificación de hechos, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No está a discusión la proposición, señor diputado.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente, pidiéndole que turne la propuesta de la comisión a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Es de atenderse. Se obsequia la petición del diputado Fayad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Continúe la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Yo insistiría en no dejar pasar el tema, diputado presidente, porque se presenta un punto como si fuera ajeno al conflicto. Y además se habla de una disputa por gobernar a Iztapalapa. No hay tal. Ahí ganó el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, con Clara Brugada, y Rafael Acosta era el prestanombres. Y hoy hay un acto de traición en esa demarcación.

Y me parece que el planteamiento que hace la diputada Gabriela Cuevas es un planteamiento, como ha caracterizado su actividad política, de doble moral y de doble discurso.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, solamente recordar a los señores diputados que el tema estará a discusión en el espacio respectivo. Estamos en proposiciones y en proposiciones no hay debate.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Exactamente. Está de acuerdo con lo que marca el artículo 60.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Cuevas.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Para explicarle al diputado Fernández Noroña, que de haber puesto atención a la lectura del punto de acuerdo habría notado que se trata de un punto de acuerdo de la Comisión delque fue votado por unanimidad de los diputados presentes.

¿Eso qué quiere decir? Que no se hace a título personal, sino de una comisión integrada por diputados de distintos grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite informe correspondiente al tercer trimestre de 2009, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (16:53 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 10 de diciembre a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 57 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 260 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 445 diputados
• Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2
• Oradores que participaron: 113
PRI 47 PAN 27 PRD 18 PVEM 5 PT 11 NA 4 Conv. 1
• Se recibieron o presentaron:
• 1 comunicación de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 oficio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles;
• 1 iniciativa de senador del PRI;
• 6 minutas con proyectos de decreto;
• 14 minutas con proyectos de decreto que conceden permiso a igual número de ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;
• 1 iniciativa del Congreso de Colima;
• 9 iniciativas del PRI;
• 7 iniciativas del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas del PVEM;
• 3 iniciativas del PT;
• 2 iniciativas de Nueva Alianza;
• 37 proposiciones con puntos de acuerdo
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos; y a emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio(PRI) Comisión Nacional de Derechos Humanos: 239
• Agüero Tovar, José Manuel (PRI) Estado de Oaxaca: 273
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales - Ley de la Propiedad Industrial: 183
• Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo(PRI) Ley General de Educación: 161
• Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo(PRI) Estado de Guerrero: 275, 282
• Benítez Lucho, Antonio(PRI) Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable: 211
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Cámara de Diputados: 258
• Caro Cabrera, Salvador(PRI) Gasolineras: 291, 294
• Castellanos Flores, Gumercindo(PAN) Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior: 281
• Castellanos Flores, Gumercindo(PAN) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 155
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Trabajo legislativo: 227
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica - Ley de la Comisión Reguladora de Energía: 151
• Cruz Mendoza, Carlos(PRI) Estado de Colima carreteras: 221, 223
• Cuevas Barrón, Gabriela(PAN) Distrito Federal: 304
• Cuevas Barrón, Gabriela(PAN) Distrito Federal: 214, 301
• Cuevas García, Juan José(PAN) Gasolineras: 294
• Chirinos del Ángel, Patricio(PRI) Tarifa eléctrica de uso doméstico: 286
• De Lucas Hopkins, Ernesto (PRI) Artículo 116 constitucional: 114
• Domínguez Rex, Raúl(PRI) Centros de apuestas: 261, 263
• Eguía Pérez, Luis Felipe(PRD) Estado de Oaxaca: 255, 269, 273
• Escobar García, Herón Agustín (PT) Ley General de Salud - Ley del Seguro Social - Ley Federal del Trabajo: 155
• Espinosa Ramos, Francisco Amadeo(PT) Estado de Puebla: 249
• Espinosa Ramos, Francisco Amadeo(PT) Ley Federal de Radio y Televisión: 105
• Estrada Rodríguez, Laura Elena(PAN) Consenso de Quito: 267
• Fayad Meneses, Omar(PRI) Distrito Federal: 303
• Fernández Aguirre, Héctor(PRI) Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 167
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Distrito Federal: 303
• Flores Escalera, Hilda Esthela(PRI) Cáncer de mama y cervicouterino: 209
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Artículos 41, 59 y 115 constitucionales - Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo: 192
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Gasolineras: 293
• González Madruga, César Daniel(PAN) Distrito Federal: 275
• González Morales, José Alberto(PRI) Medios de comunicación: 231
• Guerra Abud, Juan José(PVEM) Distrito Federal: 216
• Guerra Abud, Juan José(PVEM) Estado de México: 243
• Gutiérrez Cortina, Paz(PAN) Ley General de Educación: 113, 118
• Hinojosa Céspedes, Adriana de Lourdes(PAN) Código Penal Federal: 180
• Huerta Montero, Juan(PAN) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito - Ley de Instituciones de Crédito: 121
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Artículo 59 constitucional: 129
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Estado de Jalisco: 218
• Jiménez Concha, Juan Pablo(PRI) Estado de Puebla carreteras: 200
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Bambú y ratán: 206
• Ledesma Romo, Laura (Convergencia) Estado de Baja California: 201
• Leyva Hernández, Gerardo(PRD) Código Penal Federal: 90, 96
• López Portillo Basave, Jorge Humberto(PRI) Ley Federal de Radio y Televisión: 76
• Massieu Fernández, Andrés(PRI) Ley Federal de Radio y Televisión: 71, 76
• Melhem Salinas, Edgardo(PRI) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica - Ley de la Comisión Reguladora de Energía: 141
• Montalvo López, Yolanda del Carmen(PAN) Estado de Campeche: 294
• Moreira Valdez, Rubén Ignacio(PRI) Laicidad del Estado: 301
• Moreno Merino, Francisco Alejandro(PRI) Estado de Colima carreteras: 223
• Natale López, Juan Carlos(PVEM) Ley del Impuesto sobre la Renta: 124
• Norberto Sánchez, Nazario(PRD) Código de Comercio: 121
• Novoa Mossberger, María Joann(PAN) Código Penal Federal: 164
• Pérez de Tejada Romero, María Elena(PAN) Estado de México: 243
• Pérez Reyes, María Antonieta(PAN) Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos - Código Federal de Procedimientos Penales: 171
• Pinedo Alonso, Cora (Nueva Alianza) Penales federales: 204
• Pompa Corella, Miguel Ernesto(PRI) Estado de Sonora: 285
• Ramírez Hernández, Socorro Sofío(PRI) Fondo regional especial para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales: 251
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Distrito Federal: 303
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo: 266
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Trabajo legislativo: 229
• Ramírez Pineda, Narcedalia(PRI) Comisión Especial encargada de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas: 283, 285
• Ramos Montaño, Francisco(PRI) Ley General de Educación: 178
• Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe(PT) Estado de México: 241, 248
• Reynoso Sánchez, Alejandra Noemí(PAN) Comisión Especial del voto de los mexicanos en el exterior: 279, 282
• Rivera de la Torre, Reginaldo(PRI) Ley Federal del Trabajo: 81
• Rocha Aguilar, Yulma(PRI) Comisión Especial encargada de investigar presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por el gobierno de Guanajuato para construir la refinería Bicentenario: 273
• Rodríguez Hernández, Jesús María(PRI) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental - Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 77
• Rosas González, Óscar Román(PRI) Estado de Campeche: 237, 239
• Rubí Salazar, José Adán Ignacio(PRI) Código Penal Federal: 96
• Rubio Barthell, Éric Luis (PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 105
• Santana Alfaro, Arturo(PRD) Comisión Federal de Electricidad: 224
• Seara Sierra, José Ignacio(PAN) Ley de Coordinación Fiscal: 85
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Teléfonos celulares: 231
• Tamez Guerra, Reyes S.(Nueva Alianza) Ley General de Educación: 109, 103
• Téllez González, Ignacio(PAN) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 152, 155
• Torres Robledo, José M.(PRD) Baños públicos: 255
• Uranga Muñoz, Enoé Margarita(PRD) Laicidad del Estado: 297, 301
• Vázquez Aguilar, Jaime Arturo(Nueva Alianza) Ley General de Desarrollo Social: 135
• Vázquez Pérez, Noé Martín(PRI) Centros de apuestas: 263
• Vázquez Saut, Judith Fabiola(PRI) Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana: 289
• Vera Hernández, J. Guadalupe(PAN) Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito - Ley de Instituciones de Crédito: 117, 121
• Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo(PRD) Dengue: 216
• Vidal Aguilar, Liborio(PVEM) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 96, 105
• Villarreal Salinas, Jesús Everardo(PRI) Tarifas eléctricas: 234
• Zamora Jiménez, Arturo(PRI) Teléfonos celulares: 229, 231
• Zavaleta Rojas, Guillermo José(PAN) Comisión Especial encargada de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas: 285
• Zavaleta Rojas, Guillermo José(PAN) Estado de Oaxaca: 252
• Zavaleta Rojas, Guillermo José(PAN) Medios de comunicación: 234