SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados 290 diputados; por tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 11:21 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura el orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta  Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Nombramiento del Auditor Superior de la Federación.

Comunicaciones

Del diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite el informe de la gestión realizada por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a su Administración 2002-2009.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. (Votación)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de noviembre de 2009, desagregada por tipo de fondo.

Iniciativas del Ejecutivo

Con proyecto de decreto, que establece las características de cuatro monedas de oro. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que establece las características de una moneda de oro y dos de plata conmemorativas del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional, y dos monedas de plata conmemorativas del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que establece las características de cinco monedas de plata relativas al complejo arquitectónico de Chichén Itzá. (Turno a Comisión)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma los artículos 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 32 Bis, 33 Bis y 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Hugo Martínez González y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Escuadrón 201”, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Hugo Martínez González y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 99, 101, 101 Bis, 102 y 103 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XXIV, “De las Franquicias Postales”, con los artículos 69, 70, 71 y 72 a la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a hacer cumplir la implementación de las áreas de servicio local consolidadas en las diversas resoluciones y a emitir las medidas de sanción correspondientes ante el incumplimiento de las mismas o, en su caso, revocar los títulos de concesión a las empresas telefónicas.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un estudio integral para que sea proporcionado el servicio de telefonía en diversos municipios del estado de Guanajuato.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a extender la vigencia del acuerdo 358 y del programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios en el Distrito Federal.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, SC, y al Comité Técnico de Normalización Nacional para bebidas alcohólicas NBAL-02 a seguir permitiendo y no se impida el uso de la palabra o término “agave” en los destilados, licores y elíxires provenientes de este cultivo, y se emita una norma mexicana que determine las especificaciones físicoquímicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse estos productos para asegurar su naturaleza y calidad.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 11.A, 12.A, 30.A, 30.B, 30.C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de Regulación de los alimentos que se comercializan en las escuelas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, aumentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al proyecto eólico “Energía Sierra Juárez”, a cargo de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, así como al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular; y a la Cofepris, a modificar la NOM-041-SSA2-2002 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, con objeto de agilizar y facilitar los trámites de estudio y manifestación del impacto ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a revisar los contenidos curriculares del sistema de educación básica y de bachillerato, a fin de promover la educación ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a acordar lo necesario para que las curules en el Pleno cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas, a cargo del diputado Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retorna durante el fin y principio de año, y de los extranjeros que se internan en nuestro país y se exhorta a los diferentes niveles de gobierno para se mantengan vigilantes de lo anterior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Soberanía, conjuntamente con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria a realizar un foro de consulta en materia de ingeniería genética de organismos genéticamente modificables, con los grupos interesados sobre el tema, especialistas e investigadores públicos y privados, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a sus órganos y niveles de mando a adoptar procedimientos acordes con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, establecidos por la legislación nacional e internacional con estricto apego a los derechos humanos en el uso de sus atribuciones, al igual que las revisiones en los puestos de control carretero, en los accesos a instalaciones resguardadas y demás recintos en la zona Metropolitana de Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol, para que atiendan el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Sectur a coordinar acciones para promover, difundir y comercializar las artesanías mexicanas en los corredores turísticos, exposiciones y ferias comerciales del extranjero, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se instruye a la ASF a investigar sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que consiste en la comisión de posibles irregularidades en la administración del total de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal destinados al municipio de Guadalajara, en el ejercicio fiscal 2009, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que exhorte al titular de la SSP a realizar lo conducente a fin de que los ex servidores públicos de Michoacán detenidos en la operación realizada en esa entidad sean trasladados al Cereso Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrito por integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS a efecto de que elabore y coordine un programa de empleo para los jóvenes, con la participación correspondiente de las demás entidades del gobierno federal, según la asignación de recursos del Presupuesto de 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SCT a expedir con la mayor brevedad el Reglamento de Mensajería y Paquetería, previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual se sugiere analizar y, en su caso, atender las recomendaciones formuladas por las Comisiones de Competencia Económica, y Federal de Mejora Regulatoria, a cargo del diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a definir mediante la Sedesol una política de Estado en materia de desarrollo social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social como medida tendente a impulsar el desarrollo de México y de sus habitantes, a cargo del diputado Manuel Cadena Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para que el censo de población y vivienda de 2010 se lleve a cabo al menos en los mismos términos que el de 2000, a cargo del diputado Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhus presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto, Querétaro, y que se haga extensivo al gobernador de dicha entidad este alegato social, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar el “decreto por el que se crea el área natural protegida con la categoría de área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel, localizada al norte del territorio insular de ese municipio, estado de Quintana Roo” y el programa y planes de manejo del área, a cargo del diputado Gustavo Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SCT y de la SHCP, un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país, a cargo del diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la SE, de la Sedesol, de la SCT y de la Semarnat, el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica del municipio de Cananea, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a transparentar y publicar los beneficios otorgados y los resultados del Programa de Apoyos a la Agricultura, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar las condiciones necesarias de seguridad a la población, a través de la Semarnat y de la Conagua, así como de las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, ante el riesgo recurrente de inundación de la delegación de El Pitillal, y a preservar el estero el Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y la Virgen, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a cumplir cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad para que, en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la Línea 12 del Metro, de modo que permitan cubrir el nivel de servicio que se ha establecido en todos los procesos de adquisición del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Cofepris a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de medicamentos ototóxicos, así como a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre los resultados de su uso y las acciones de prevención adoptadas, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas y a la ALDF emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, y en su caso, revisen las disposiciones jurídicas locales que regulan a este tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a tomar las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de México a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar, con la supervisión del Inegi, un censo de los pequeños productores de leche a nivel nacional, a cargo del diputado José Luis Iñiguez Gámez, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Aguascalientes a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California Sur a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Campeche a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chihuahua a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Colima a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Gobierno del estado de Durango a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Michoacán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nayarit a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Querétaro a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de San Luis Potosí a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sinaloa a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sonora a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tabasco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Baja California Sur, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán a aprobar las leyes y, en su caso, las adecuaciones correspondientes para cumplir la reforma constitucional, publicada el 7 de mayo de 2008, en materia de contabilidad gubernamental, a cargo del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice estudios técnicos que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que se declare área natural protegida la zona geográfica de la isla de Petatán, en Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Matamoros a llevar a cabo las acciones conducentes al rescate, al buen funcionamiento y a la adecuada operación del relleno sanitario del municipio para evitar un mayor derramamiento de basura y contaminación del ambiente, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad y mejora regulatoria, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implantar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales que integraban el Sistema Banrural, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos o que al menos lo reduzcan de manera paulatina hasta su eliminación a partir de enero de 2010, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a instaurar la Comisión Especial de cuencas hidrológicas de México, a cargo del diputado José Manuel Marroquín Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a diseñar e implantar una reforma hacendaria integral, que comprenda el pacto federal, en beneficio de los ciudadanos, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el esquema nacional la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a solicitar al IEDF que someta a plebiscito la aprobación de la reforma del Código Civil del Distrito Federal relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al jefe delegacional en Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del DF, a efecto de que se respete el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, se lleven a cabo las visitas de verificación administrativa y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones y funcionamiento de establecimientos mercantiles, en esa demarcación, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las vacunas contra la influenza A H1N1, en el estado de Colima, a cargo de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al delegacional en Iztapalapa, y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina a acudir ante la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía para exponer sus consideraciones en relación con los acontecimientos en esa demarcación, suscrita por integrantes de la Comisión del Distrito Federal. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar las medidas pertinentes que permitan salvaguardar la producción porcícola nacional, evitando las políticas de dumping que han incrementado la importación de productos derivados del cerdo, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Secretaría de Salud a instaurar el seguro binacional de salud, así como a fortalecer los programas de salud para migrantes, a cargo del diputado Miguel Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación con el incumplimiento de la recomendación 72/2009, emitida por la CNDH, a cargo del diputado Víctor Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Segob para suspender provisionalmente cualquier trámite administrativo o de destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el Registro Nacional de Población, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar a la Segob que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se pague la cantidad de cuatro mil pesos a cada beneficiario, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir, a través de la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, una convocatoria para homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en 1910 y anteriores, reconociéndoles como la “Generación Centenaria”, a cargo del diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar acciones para salvaguardar la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el estado de Guerrero, respecto a los riesgos de trabajo en campos agrícolas, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Profeco y a la Secretaría de Economía que promuevan la producción, la venta y el uso de juguetes que ejerciten y estimulen la mente y despierten en niños y en adolescentes el respeto de la vida, la lealtad, la consideración del adversario, y la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instrumentar acciones y mecanismos necesarios a efecto de prevenir y evitar la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sedesol, de la SHCP, de la SEP, de la Ssa, de la STPS para que, por conducto del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en coordinación con el DIF, así como a los gobiernos de los estados y municipios, para que se realice una campaña nacional permanente para regularizar a los adultos mayores ante el Registro Civil, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar un informe de resultados general del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a rendir un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Conagua, al gobernador del estado de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, a encontrar una solución conjunta, técnica y financieramente viable para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Hermosillo, suscrita por los diputados María Dolores del Río Sánchez, Jesús Zambrano Grijalva y Carlos Samuel Moreno Terán, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional de Xochimilco en el Distrito Federal, a efecto crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las 16 ya existentes, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar a que a partir del 2010 los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulúm, Quintana Roo, del área geográfica “C” a la “A”, en materia de salarios mínimos, a favor de los trabajadores y familias quintanarroenses, a cargo del diputado Roberto Borge Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatales y municipales a implementar, en el ámbito de su competencia, acciones tendientes a fortalecer las medidas preventivas de extorsión por las distintas autoridades hacia los connacionales durante su regreso con motivo de las fiestas decembrinas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud información respecto a los pacientes con autismo y que, en coordinación con la Sedesol, aplique programas que tengan como fin la ayuda a estos pacientes, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en las principales redes sociales de internet en México, con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomados por el Pleno y las comisiones, así como las noticias más relevantes de interés público, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a una delegación plural de líderes migrantes a asistir al Palacio Legislativo para conmemorar el Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la PGR y de la CNDH a esclarecer los casos de atentados y homicidios en contra de líderes campesinos y luchadores sociales, a cargo del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruir a la Secretaría de Salud para que considere prioritaria la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1) para los maestros en el territorio nacional, de todas las instituciones educativas oficiales y de la iniciativa privada, debido a un sector social de alto riesgo con permanente contacto con toda la población estudiantil de nuestro país, a cargo del diputado Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al de Quintana Roo a realizar un análisis sobre los riesgos para la población que habita la zona costera de Cancún por la ausencia de una barrera natural, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar, a través de la SHCP y de la Sener, los recursos suficientes y ordenar las disposiciones administrativas correspondientes a fin de coadyuvar en la operación del plan integral de aprovechamiento racional y sustentable de energía eléctrica del estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al director general de Aduanas, a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, a los gobernadores y presidentes municipales a instruir a los funcionarios públicos relacionados con el turismo, especialmente a los policías, agentes aduanales, de migración y de tránsito para que fomenten su actitud de servicio, atención y guía a los visitantes nacionales e internacionales en esta temporada vacacional, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar, mediante la Secretaría de Salud, programas y apoyos dirigidos a los niños con autismo, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y a la Condusef a sancionar en lo conducente a las sociedades Coofía, Grupo Sitma e Invergroup, así como agilizar los trámites ante el Fipago para resarcir a los ahorradores defraudados por las mencionadas sociedades de inversión, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la red consular de México, y principalmente las representaciones que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP para que en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, se cumpla de manera puntual lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de que se incluyan las propuestas, experiencias y conocimientos de los titulares de educación de las entidades federativas, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar un programa integral de reinserción social de los ex convictos deportados a nuestro país, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe detallado sobre la situación que guardan en materia de operatividad y seguridad los aerotrenes que transportan a los pasajeros de la terminal 1 y 2 del AICM, a cargo del diputado Éric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a instrumentar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para que el Fonden otorgue con prontitud el apoyo económico para restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical 30 en las Choapas, Veracruz, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para declarar el 18 de diciembre de cada año como Día Nacional del Migrante Mexicano y exhortar al titular del Ejecutivo federal a instituir dicha fecha de acuerdo con sus atribuciones y facultades, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de atención y protección a los emigrantes mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial encargada de investigar y dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos excedentes del petróleo, generados a partir del año 2000 hasta la fecha, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado Bicentenario con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SCT para que realice las modificaciones al reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer garitas secundarias en la frontera norte, que comprende los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, especialmente en Nuevo León, permitiendo con ello el libre tránsito de los turistas y connacionales, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Sedesol a crear un programa de inversión social para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a emitir el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para dicha entidad, así como a implantar acciones con perspectiva de género en la procuración de justicia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Energía, a solicitud de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Junta de Coordinación Política, a solicitud del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud del diputado Gerardo Cortez Mendoza, del Grupos Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios en relación con el Premio Cervantes otorgado a José Emilio Pacheco, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios en relación con el balance de los 3 años de gobierno del Ejecutivo federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto al 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cargo de los diputados Carlos Pérez Cuevas y Florentina Rosario Morales, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Comentarios sobre el conflicto en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la Conmemoración Universal de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Guillermina Casique Vences, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa al Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada Guillermina Casique Vences, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de dispensarse de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoFelipe Solís Acero

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 277 diputadas y diputados, a las 11 horas con 8 minutos del jueves 10 de diciembre de 2009, el presidente declaró abierta la sesión.

La asamblea dispensó, en votación económica, la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior. Se refirió a ésta el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y solicitó se precisara el nombre del diputado que en la sesión anterior pidió que la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal resuelva con estricto arreglo a la ley el conflicto político administrativo de la delegación Iztapalapa, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, en nombre de la Comisión del Distrito Federal, se turnara a la Junta de Coordinación Política y no a la Comisión del Distrito Federal, asimismo desde su curul el diputado Fernández Noroña, hizo consideraciones sobre el particular. El presidente hizo aclaraciones normativas e instruyó a la Secretaría tomar nota al respecto. Desde su curul el diputado Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, reconoció que él solicitó la modificación del turno de la ésta y la Presidencia obsequió el trámite solicitado. La asamblea aprobó en votación económica el acta de la sesión anterior.

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social oficio con el que remite el informe correspondiente al tercer trimestre de 2009, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

De la Cámara de Senadores se reciben oficios:

a) En relación con las siguientes minutas con proyectos de decreto:

• Reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona dos párrafos al artículo 2 de la Ley General de Educación.

• Adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.

• Reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

De enterado, se agregaron a los expedientes y se archivaron como asuntos totalmente concluidos.

b) Con iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 35 Bis a la Ley del Banco de México; una fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y un Título Octavo, denominado de las Remesas familiares a la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por los senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

c) Con minuta con proyectos de decreto para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

• Expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura. Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía.

• Adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la Comisión de Economía.

d) Con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, asignen una partida presupuestal a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo con el fin de dotar de los recursos económicos suficientes, para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo del sector turístico nacional. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

e) Minutas con proyectos de decreto por los que se:

• Reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la Comisión de Economía.

• Reforma los artículos 81, 83 y 271 y adiciona un Capítulo IX Bis al Título decimosegundo de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Reforma las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos

• Reforma los artículos 2o. y 5o. y se adiciona una fracción VIII al artículo 3o. y un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de Asociaciones Agrícolas, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de la Reforma Agraria.

Se recibieron iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana.

• Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 163 y 164 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

• Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Francisco Saracho Navarro, en nombre propio y de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 71, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Hilda Esthela Flores Escalera, en nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 6 y 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Francisco Javier Orduño Valdez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Juventino Víctor Castro y Castro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 44 y deroga el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ocho de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

A las 12 horas con 41 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 420 diputadas y diputados.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Esteban Albarrán Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Francisco Arturo Vega de la Madrid, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 6 de la Ley Agraria y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.

• Armando Jesús Báez Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turnó a la Comisión de Cultura.

• Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se turnó a la Comisión de Economía.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, que expide la Ley para Regular la Emisión y Cobro de Tarjetas de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Pública.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La Presidencia informa a la asamblea de la asistencia de la señora Minou Tavarez Mirabal, diputada de la República Dominicana, quien asiste a las jornadas de los 16 días de activismo contra la violencia de género hacia las mujeres y las niñas, invitada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática.

• Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. Se turnó a la Comisión de Transportes.

• Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población. Se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo 397 Bis y reforma los artículos 443 y 444 del Código Civil Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cinco dictámenes de primera lectura, con dispensa de segunda de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que concede permiso a:

• Juan Carlos Mestas Avilés, Ernesto Campos Tenorio, Jorge Gerardo Sánchez Sosa, José Ángel Córdoba Villalobos, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, José Luis Sánchez Sánchez, José Luis Pilar Rodríguez, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, Alfredo Carranza Rosales, Joaquín Chavelas Carrillo, Enrique Hernández Cisneros, Manuel Arango Arias y Jorge Luis Volpi Escalante, para aceptar y usar las medallas y las condecoraciones que en distintos grados les otorgan diversos gobiernos extranjeros. Se concede el uso de la tribuna para realizar comentarios en contra a los diputados del Partido del Trabajo: Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, que reserva el artículo 4o. para su votación en lo particular.

• Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Merito Civil, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Reino de España.

• Armando Antonio Aguilar Ruibal y Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en Baja California Sur y de Malta en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, respectivamente.

• María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Édgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Palozzi Moras, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León; de Nuevo Laredo, Tamaulipas y de Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero y Dina Plotnik Golcman, para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca, de Noruega y de Israel, en México, respectivamente.

Se aprobaron en lo general y en lo particular los proyectos y artículos no reservados por 291 votos en pro, 5 en contra y 4 abstenciones; y el artículo 4o. se aprobó en los términos del dictamen por 223 votos en pro, 29 en contra y 11 abstenciones. Pasaron al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política, se incorporó en el orden del día de primera lectura en dispensa de segunda aprobada en su oportunidad en votación económica, los siguientes dictámenes de la Comisión de Energía con proyectos de decreto:

• Que reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicano. El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular por 281 votos en pro; 2 en contra y 3 abstenciones. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona un párrafo al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen y propone modificaciones que se aceptan en votación económica. Se aprobó en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por 277 votos en pro; 2 en contra y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia del robo de hidrocarburos. Es de primera lectura. En votación económica se dispensa la segunda lectura. Se aprobó en lo general y en lo particular por 260 votos en pro; 4 en contra y 2 abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se dio cuenta de los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:

• De la Comisión de Economía, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Economía, así como del titular de la Comisión Nacional del Agua, se elabore un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca y otras entidades con bajos índices de desarrollo.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se solicita al Ejecutivo federal, informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución para armonizar las políticas, programas y normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y exhorta a las comisiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión para que conceda prioridad del dictamen a las iniciativas y minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas y, en esas tareas, consideren el compromiso del Estado mexicano.

Desde sus curules los diputados: Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, propone modificaciones en relación con el primer dictamen y Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios de procedimiento. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo en los términos del dictamen respectivo. Comuníquense.

Se dio cuenta de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que:

• Reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Reforma los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se concede el uso de la tribuna en relación con el tema al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo respectivos reservados y se instruyó el archivo de los expedientes como asuntos concluidos.

Se recibieron proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por los que se:

• Crean 28 comisiones especiales de la Cámara de Diputados de esta LXI Legislatura.

• Crean los Comités de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que funcionarán en la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura.

• Integran las representaciones de diputados de la LXI Legislatura que participarán en las comisiones bicamarales de Seguridad Nacional, de Concordia y Pacificación, y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

• Conforman y designan las delegaciones permanentes que representarán a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura ante organismos y asambleas parlamentarias internacionales.

• Nombra a los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y ante la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

En sendas votaciones económicas se aprobaron los acuerdos y se instruyó su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Comuníquense.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 17 horas con 6 minutos y citó para la que tendrá lugar el martes 15 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Respetuosamente, invitamos a todos los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.

Con fundamento en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 79 y 80, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos; y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación presenta al pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con propuesta de terna para designar al auditor superior de la federación para el periodo 2010-2017. Pido a la Secretaría leer al dictamen.

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo número CVASF/LXI/006/09 de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura, mediante el cual se establece la terna de los candidatos seleccionados que se someterá a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017

Considerando

I.Que de conformidad con lo establecido en el artículo 79, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

II.Que con base en el artículo 80, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la comisión formulará la convocatoria pública correspondiente.

III.Que el pasado 24 de noviembre del año en curso, en sesión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, fue aprobada la convocatoria pública abierta para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017.

IV. Que el día 25 de noviembre del año en curso, se publicó en tres diarios de circulación nacional (Reforma, La Jornada y El Universal), en la Gaceta Parlamentaria, así como en el portal web de la honorable Cámara de Diputados, la convocatoria pública abierta para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017.

V.Que conforme a lo establecido en las bases primera, segunda y tercera de la citada convocatoria se recibieron en las oficinas de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dentro del plazo y horario establecido, 42 solicitudes de registro para el proceso de designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017.

VI.Que de conformidad a lo establecido en la base quinta de la mencionada convocatoria, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación analizó la documentación de los aspirantes dentro de los tres días naturales siguientes, con fundamento en el artículo 80 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

VII.Que de conformidad a lo establecido en la base sextade la mencionada convocatoria, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, publicó el día 8 de diciembre de 2009, en la Gaceta Parlamentaria y en la página principal del portal web de la honorable Cámara de Diputados el calendario de entrevistas de los candidatos ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia.

VIII.Que mediante acuerdo número CVASF/LXI/005/09 de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tuvo a bien a establecer el formato de entrevistas de los candidatos ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia, de conformidad con la base octava de la convocatoria pública abierta para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017; mismas que se desarrollaron los días 9 y 10 de diciembre de 2009.

IX.Que de conformidad con lo establecido en la base novena de la convocatoria pública abierta para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017, “una vez concluidas las etapas anteriores, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, emitirá un dictamen a fin de proponer al Pleno los tres candidatos para que éste designe al auditor superior de la Federación”.

X.Que de conformidad con lo establecido en la base décima de la convocatoria pública abierta para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017,“la designación del auditor superior de la Federación será sometida a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados a más tardar el día 15 de diciembre de 2009”.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, los integrantes de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura tienen a bien suscribir el siguiente

Acuerdo

Primero.Los integrantes de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura, y de conformidad con lo establecido en las bases novena y décima de la convocatoria pública abierta para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017, y que del análisis de la documentación, del ensayo y las entrevistas realizadas por las diputadas y los diputados en las que se valoró el perfil y la trayectoria de los 36 candidatos que entregaron su ensayo y se presentaron a la entrevista correspondiente. Esta comisión con fundamento en lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 79 y 80, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tienen a bien proponer al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados a los siguientes ciudadanos, para el efecto de que se proceda a designar al auditor superior de la Federación para el periodo 2010-2017:

1. José Luis Nava Díaz

2. Juan Manuel Portal Martínez

3. Julián Alfonso Olivas Ugalde

Segundo. Hágase del conocimiento el contenido del presente acuerdo a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, LXI Legislatura, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputados:Esthela Damián Peralta (rúbrica), presidenta; Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Pablo Escudero Morales (rúbrica), Mario di Costanzo Armenta (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), secretarios; Ramón Ramírez Valtierra, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Francisco Saracho Navarro (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Salvador Manzur Díaz, Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se dispensa de segunda lectura. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para participar en la discusión, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿En contra o a favor?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para hacer comentarios generales referentes al diseño.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase, por favor, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy esta Cámara de Diputados va a decidir una de las cuestiones fundamentales para la vida institucional y la vida del país; se trata de la designación, por parte de la Cámara, en mayoría calificada, del titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Como todos sabemos, a partir de la reforma constitucional de 1999 se dotó de autonomía técnica y de gestión a este órgano. Sin embargo, la autonomía con la que cuenta actualmente la Auditoría Superior de la Federación es una autonomía del todo insuficiente.

Si uno revisa a detalle el contenido del artículo 79 constitucional, así como los preceptos que integran la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, encontramos vacíos muy importantes.

Vacíos, por ejemplo, en el sentido de que la Auditoría Superior de la Federación no puede conocer de responsabilidades administrativas de los servidores públicos ni imponer sanciones. Ausencias tan graves como la posibilidad que tiene la Auditoría de presentar denuncias o querellas ante la Procuraduría General de la República, y observamos que esas denuncias o querellas no son adecuadamente integradas ni atendidas por la Procuraduría General de la República, generando niveles de impunidad muy importantes.

También, todos somos conscientes de cómo las auditorías de desempeño no generan ningún tipo de consecuencia jurídica.

La Auditoría Superior de la Federación puede estar realizando innumerables auditorías de desempeño y observaciones y recomendaciones en cada una de ellas y, sin embargo, a pesar de estas recomendaciones u observaciones, no existen las consecuencias jurídicas adecuadas.

Creo que esta Cámara debió hoy –además de estar presentando la terna de la que se escogerá al futuro auditor superior de la federación– haber presentando o estar discutiendo las iniciativas de reforma a la Constitución y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para modificar íntegramente el diseño de este órgano.

De nada sirve que hoy escojamos como titular de la Auditoría Superior de la Federación a una persona proba, con conocimientos técnicos en la materia, si el diseño institucional de la Auditoría no favorece el camino hacia la autonomía y hacia la imparcialidad de estas funciones.

Quiero llamarlos, señores diputados, señoras diputadas, a su reflexión. Más importante que la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación es la autonomía que debe tener este órgano y las competencias efectivas para sancionar las irregularidades de los servidores públicos.

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano que se encuentra en un estado lamentable. Presupuestalmente, por ejemplo, no tiene recursos similares a los que tiene la Secretaría de la Función Pública para realizar auditorías, no tiene los dientes ni el músculo adecuado para sancionar las desviaciones a la ley y a la Constitución.

La tarea nuestra no solamente implica la designación del titular, sino una modificación real que fortalezca la autonomía de este órgano para que, efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación sea un órgano autónomo que cumpla a cabalidad sus atribuciones constitucionales.

Quiero decirles finalmente, compañeros, que las tres personas propuestas son personas conocedoras y valiosas y, desde luego, la decisión que tome este pleno será seguramente adecuada. Pero ésa es parte de la tarea, la cuarta parte de la tarea.

Lo más importante es modificar el diseño de la Auditoría Superior de la Federación. Podemos escoger a la mejor persona, pero con este nivel de autonomía, que tiene la Auditoría, no avanzaremos efectivamente en el combate a la corrupción.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su atención, señoras diputadas y señores diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, hasta por cinco minutos.

La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo ante el pleno de la Cámara de Diputados para informar a ustedes que el pasado domingo 13 de diciembre del presente año terminaron de manera oficial los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con motivo del proceso de designación del nuevo auditor superior.

Es una gran satisfacción personal que una servidora haya coordinado este proceso, el cual me permitió interactuar y tener consenso en las posiciones de todas las fuerzas políticas legítimamente representadas en esta soberanía.

Cierta estoy de que en este proceso se privilegió el profesionalismo, las convicciones éticas, un profundo respeto por la Auditoría Superior de la Federación y, sobre todo, el deseo de todos los miembros de la Comisión de Vigilancia de potenciar una labor sustantiva del sistema democrático de gobierno: la rendición de cuentas.

Hago votos porque el esfuerzo realizado para dar certidumbre jurídica a este proceso se traduzca en un incremento en el nivel de transparencia y calidad de los trabajos al interior de la Auditoría Superior y que éste redunde en un aumento de la eficiencia del gasto público, la consecución de los objetivos de los programas federales y en el combate a la corrupción.

Debemos constituir a la fiscalización superior en una herramienta de control cercana al ciudadano, pensada para el ciudadano, que le represente un instrumento para el ejercicio de su capacidad democrática.

Necesitamos reforzar la calidad de las auditorías, propiciar que la revisión de cuentas incida en el desarrollo del país, en la erradicación de la pobreza, en el combate a los desequilibrios regionales, a través de un enfoque cualitativo que garantice la acción regular del gobierno en sectores estratégicos, programas prioritarios o entes fundamentales del desarrollo del país.

Existen varios y nuevos retos en este nuevo siglo que se abre con este nuevo nombramiento, entre otros: la percepción ciudadana sobre la corrupción; el rendimiento del país en el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria; garantizar un gobierno al servicio del pueblo; identificar áreas de alto riesgo y prevenir situaciones de crisis; potenciar el papel del Congreso en el proceso de rendición de cuentas y transparencia gubernamental; incrementar el flujo de información estratégica con el cual la Cámara de Diputados toma decisiones presupuestales y fiscales; implementar esquemas de combate a las áreas de opacidad y propiciar la participación ciudadana; propiciar un control interno de operaciones con un enfoque preventivo más que correctivo.

Estoy consciente de que este proceso representa la materialización práctica del equilibrio de poderes, en donde el poder controla al poder mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Este proceso representó importantes retos de agenda y de perspectiva, porque el sistema tiene 185 años funcionando pero no ha brindado todavía los resultados esperados.

Los integrantes de la comisión dimos ejemplo de una conducta en donde se privilegió el interés de la colectividad y no el de los grupos de poder.

Esta honorable Cámara debe ser enfática en el nivel de exigencia del desempeño del nuevo auditor, pero también debe buscar la perspectiva y ser sensible a las necesidades que el marco normativo de la Auditoría Superior de la Federación requiere para su modernización, donde en esta máxima tribuna comprometo mi mayor esfuerzo para dotar de mejores herramientas jurídicas al ente auditor federal, por presentarme al debate sin consigna o prejuicio alguno, ya que lo que está en juego no es simplemente una institución, es el futuro del orden constitucional de gobierno que los mexicanos hemos plasmado en nuestra Constitución Política.

Agradezco a todos mis compañeros integrantes de la Comisión de Vigilancia y también a los coordinadores parlamentarios de esta Cámara, que hicieron posible con su diálogo y su interacción que hoy estemos aquí con una terna presentada por la Comisión de Vigilancia. Enhorabuena diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, ¿la verdad?, es lamentable que una decisión tan importante como nombrar al auditor superior de la federación se tome en este ambiente de mercado público.

Todo mundo está en otra cosa; ya están con un pie en el estribo de la celebración navideña, y se deja pasar que hoy, aquí, la Cámara de Diputados va a tomar una decisión que sigue siendo parte de un proceso de simulación.

Se sigue deteriorando a las instituciones de la República. El auditor González de Aragón, desde mi punto de vista, hizo un buen papel. Y se hizo un proceso de presión para que ya no buscara ser reelecto. Hoy, aquí, se va a otro por mayoría calificada, a uno de los tres que responde a los intereses de uno de los tres partidos que tienen mayoría en esta Cámara.

No será un hombre independiente, no será un hombre que se mueva con la intención de, efectivamente, hacer los trabajos de auditoría. Porque, además, aunque se hagan como se hicieron con González de Aragón, no tiene ninguna repercusión, de ningún tipo.

Hay una impunidad, una discrecionalidad, desde el no ejercicio de los presupuestos, la corrupción, el deterioro que se observa, insisto, en este mismo pleno donde la atención a un tema fundamental es absolutamente nula.

Es lamentabilísimo... Sí, bueno, a los compañeros que nos están atendiendo mucho se los agradezco. Entonces, tengo que matizar: no es nula; es casi nula. No porque quien esté poniendo atención no cuente, sino porque éste es un tema centralísimo de la vida de la República.

Entonces, insisto, seguimos en la República simulada. Ya hoy en la mañana –abro un paréntesis, una pequeña digresión– quien usurpa la Presidencia de la República mandó su propuesta de burla de reforma política, sin tomar en consideración ninguno de los temas verdaderos.

En realidad, la que debería ser la gran reforma política en este país es que el voto se respetara. Ésa sería la gran reforma, y ya después podríamos hablar de muchas otras cosas más. De esta misma manera aquí se va a votar, sólo para formalizar una decisión que las cúpulas partidarias ya tomaron previamente. No ha habido un proceso de construcción de acuerdo, no ha habido un proceso de revisión de los hombres y las mujeres más capaces. No ha habido un proceso para discernir cuál sea el hombre más independiente. Y la oposición, a estas alturas, lo que podemos hacer es que el daño sea el menor posible.

Hace un rato, representantes de los medios preguntaban sobre el balance de la tarea de este primer periodo de esta LXI Legislatura. Todo es negativo para la población del país. Más impuestos, un presupuesto que no atiende los aspectos fundamentales de educación, salud, vivienda; mejores condiciones de vida de la gente. Y hoy, reitero, se tomará una decisión que lejos está de los intereses de las mayorías, porque de entrada sólo se auditan 7 centavos de cada peso –parece que aumentó a 11 centavos–, pero con un auditor que no es independiente, con una legislación que no permite que sus resoluciones tengan una incidencia y sean sancionados los responsables de los robos, de la corrupción, de la impunidad que se vive en el país.

Realmente poco se avanza en este sentido. Así es que yo vengo a manifestar mi decisión de votar en contra, razonar mi voto en contra, no porque tenga algo en especial, algún agravio específico sobre quien va a ser electo esta mañana, sino por este procedimiento de un régimen –lo digo con responsabilidad, aunque se malinterpreta regularmente– fascista, que hace todo con cuotas, todo de manera corporativa, todo de manera lejana a los procesos democráticos y a los intereses nacionales.

Lamento mucho, termino con esto, que la legislatura que tanto es golpeada, por cierto, en los medios de comunicación, podrían ponernos una golpiza por cosas como ésta, políticamente hablando, por estas decisiones, este ambiente, esta falta de responsabilidad y de respeto que se respira particularmente en la sesión de hoy.

Así es que manifiesto desde ya mi voto en contra de la propuesta que va a ser presentada aquí para auditor superior de la federación. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Clouthier Carrillo, hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Compañeros diputados, he venido sosteniendo en diversos foros sobre la necesidad de fortalecer lo que voy a llamar “la otra fiscalización”.

Es decir, ya no la fiscalización del gobierno a la sociedad, como se hace a través de la Secretaría de Hacienda, sino de la fiscalización de la sociedad al gobierno, como debe hacerse, de hecho, como parte de los mandatos que tiene esta Cámara.

La Comisión de Vigilancia ha hecho su trabajo responsablemente, con apego a derecho, con un trabajo muy exhaustivo y buscando, sin lugar a dudas, los consensos. A este pleno le corresponde hoy tomar decisiones y deberá tratar de seleccionar al personaje al que le corresponderá dirigir la Auditoría Superior de la Federación por los próximos ocho años.

En el caso de la comisión, privilegió personas que vinieran desde dentro de la misma organización, que tuvieran una trayectoria ya en la tarea de auditoría superior. Con esto quiero dejar una idea clara, nada más, hoy.

La tarea de la fiscalización es una tarea fiduciaria que le corresponde a esta Cámara, en donde el fideicomitente es el pueblo de México. Los fideicomisarios son a su vez los mexicanos. Los fiduciarios somos esta Cámara, los legisladores. El comité técnico es la Comisión de Vigilancia, entre otros, y la Auditoría Superior.

No debemos olvidar esto, porque es una responsabilidad fiduciaria, siempre es una responsabilidad delegada, no ejercemos la tarea ésta motu proprio; la ejercemos en representación de los mexicanos y, por tanto, tendremos que ejercerla con gran responsabilidad.

No es una tarea que competa al Ejecutivo, sino al Legislativo; no es una tarea que competa a los partidos; es una tarea que compete a esta Cámara de manera delegada y fiduciaria.

Sostengo también que no cambiará la cultura de secrecía y caja negra, que tradicionalmente ha venido en la administración pública desde la cultura que permeó el viejo régimen, si no se establecen sanciones serias a los funcionarios que hagan mal uso de los recursos públicos.

Por eso es importante que hoy nombremos una persona efectivamente independiente, como son los tres que están siendo propuestos; pero es más importante que el día de mañana hagamos el fortalecimiento de la Auditoría Superior.

No comparto la idea de autonomía ajena entendida como un ente ajeno a esta Cámara, a esta soberanía, pero sí necesitamos fortalecerla para que pueda, efectivamente, sancionar a quien cometa un atropello contra los recursos públicos del pueblo. Tienen ustedes la decisión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Hoy sometemos a la consideración de este pleno la propuesta para elegir al auditor superior de la federación.

Quiero, antes que todo, hacer un reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Vigilancia por el trabajo tan intenso realizado y por haber permitido que todos y cada uno de los integrantes de esta comisión aclarara completamente sus dudas respecto de quién sería el mejor perfil para revisar la gestión pública.

Fiscalización superior quiere decir revisar si el gobierno está sirviéndole a la gente. En el camino entrevistamos a más de 35 aspirantes y cada quien hizo sus conclusiones, las cuales están plasmadas en el dictamen que se pone a consideración.

Creo que hay que tomar la experiencia de este proceso y estar conscientes de que la Cámara de Diputados tiene que trabajar más de cerca a través de la Comisión de Vigilancia con la Auditoría Superior de la Federación.

Tenemos que seguir fortaleciéndola a través de otorgarle un marco jurídico que le permita mejorar no solamente la transparencia, sino hacer efectiva la rendición de cuentas en este país.

Creo que la terna que hoy se pone a consideración reúne la experiencia en materia de fiscalización de los tres mejores candidatos que pudimos haber encontrado. Creo que también es un mensaje a la sociedad de que esta Cámara puede llegar a acuerdos en beneficio de la gente y que debe llevar a acuerdos.

Qué contraste con las decisiones recientes asumidas por el Ejecutivo federal en cuanto al nombramiento de ciertos personajes en el gabinete, que lejos de estar o ser producto de un serio análisis para conducir el destino de este país, se dieron mediante una decisión de dedazo. Creo que la Cámara de diputados está poniendo el ejemplo de que se pueden encontrar decisiones razonadas buscando siempre el mejor perfil.

Pero, que quede claro que éste no es un cheque en blanco para quien deberá de asumir el puesto de auditor superior de la federación. La Comisión de Vigilancia, en el ejercicio de sus atribuciones, deberá estar vigilando y trabajando junto con el nuevo auditor para que en este país no solamente se mejore la rendición de cuentas, sino que se haga efectivo un eficiente y eficaz ejercicio del gasto público. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado, hasta por cinco minutos.

El diputado Javier Corral Jurado: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, al cierre del primer periodo de nuestro ejercicio constitucional como diputados federales este pleno llega bajo una dinámica de consenso, a partir de un procedimiento claro y transparente que, conducido en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, está dando una certidumbre fundamental al país en una de las decisiones más importantes y trascendentales del ámbito legislativo.

Dije a varios de los compañeros de esta legislatura y particularmente a los compañeros de la bancada de Acción Nacional, que entre las grandes decisiones que esta Cámara tendría que tomar estaba el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, concebida como el instrumento fundamental para la fiscalización de los recursos públicos, para la rendición de cuentas del aparato público ante la sociedad.

Que ese fortalecimiento pasaba por el nombramiento del auditor, alejándolo de intereses partidarios y comprometiéndolo con un perfil técnico de rigor en el servicio público; así como también reformas legales que fortalezcan tanto las atribuciones de este instrumento fundamental, como dotarlo de mayores posibilidades de sanción directamente a los servidores públicos que incumplan en el gasto, en el ejercicio de los recursos de la nación. Debo congratularme, y todos nosotros, de que este día, al cierre de este periodo, estemos arribando a la etapa final de un procedimiento que ha colocado por encima de intereses partidarios, por encima de coyunturas políticas partidarias, el interés de la nación.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ha sabido conducir con celo, con prurito un proceso legal que requería de esa transparencia y de ese ceñirse al estado de derecho. Y, por supuesto, qué mejor que esta Cámara de Diputados pueda coincidir en la pluralidad política que la compone, en el perfil adecuado para colocar una responsabilidad de una de las instituciones más antiguas del sistema constitucional mexicano.

Hace unos días se celebraron los 187 años de lo que fue la Auditoría Superior, luego el Tribunal Federal de Cuentas, más tarde la Contaduría Mayor y ahora la entidad de fiscalización superior de la federación.

México enfrenta como mal endémico la corrupción; incluso, por estos días los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión enfrentan el dato penoso de que se ha deteriorado en la sociedad mexicana su percepción sobre el combate a la corrupción y se ha deteriorado la confianza y la credibilidad en ese combate. De ahí que los representantes populares asumamos el compromiso de fortalecer estos instrumentos y seguir dotando a la Auditoría de las facultades, de las funciones y, por qué no, del mayor ámbito de independencia, de autonomía, que sin desligarla de su función con la Cámara de Diputados sea un instrumento fundamental en el combate a la corrupción y en el sistema de revisión de la cuenta pública.

Mi intervención aquí es para felicitar a todos los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Han cumplido con un rigor no sólo legal, sino de interés público. Es un dato fundamental y positivo que la terna que hoy se presenta a nuestra consideración haya emergido de la experiencia, de la actividad de la Auditoría Superior de la Federación y ello, por cierto, habla a favor, también hay que decirlo con todas sus letras, de su actual titular.

Más allá del estilo personal con el que se pueda o no coincidir con el auditor Arturo González de Aragón, también es cierto y justo de reconocer que estos ocho años de la Auditoría Superior de la Federación han sido una de las etapas en las que más recursos se han podido recuperar para el Estado, fruto de auditorías e investigaciones que detectaron anomalías y corruptelas.

Que hoy cerremos este periodo con un acuerdo transversal a todas las fuerzas políticas es sin duda un signo esperanzador para la nación. La diversidad se concilia en la unidad cuando hay respeto y buena voluntad, cuando el interés público se pone por delante. De eso se da testimonio este día. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, hasta por cinco minutos.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias: Con su permiso, compañero presidente. Hoy concluimos el primer periodo de sesiones del primer año de esta legislatura. A diferencia de algunas voces que en todo quieren encontrar crítica y denuesto, me parece que la Cámara de Diputados ha cumplido.

Cumplió en la Ley de Ingresos, cumplió en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y hoy cumple eligiendo al auditor superior de la federación. Se están cumpliendo los tiempos legales y constitucionales. Esta Cámara de Diputados está dando una señal concreta a la sociedad, de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Debates habrá muchos, pero es tiempo también de mandar una señal de consenso. Es tiempo también de ponernos de acuerdo y eso me parece que es una buena noticia. A lo largo de los trabajos de la Comisión de Vigilancia tuvimos la oportunidad de recibir, en el pleno de la misma, a 36 aspirantes.

El Partido Revolucionario Institucional expresa desde esta tribuna el más amplio reconocimiento a todos y cada uno de los participantes en el proceso de selección del auditor superior de la federación. La solidez técnica, la capacidad y el entusiasmo de servir a la República me parece que tiene que ser reconocido por todos.

La Cámara de Diputados tiene dos atribuciones centrales: la legislativa y la de control. Hoy estaremos eligiendo a quien encabezará el órgano técnico que auxilia a esta soberanía a ejercer una de sus atribuciones centrales: la del control.

Tendremos que profundizar en el trabajo a través de la Comisión de Vigilancia para ejercer con mayor pertinencia y oportunidad las atribuciones que nos confiere la Constitución. Me parece que eso es parte de la tarea que tenemos por delante.

La decisión que hoy asumimos es una decisión que garantiza, de cara a la sociedad, la solidez técnica y la capacidad de consenso del Poder Legislativo y eso me parece que para cerrar el primer periodo de sesiones es también una buena noticia. Enhorabuena a todas las fracciones parlamentarias.

Invitaría, respetuosamente, a quienes quedan atrapados frecuentemente en el muro de las lamentaciones y de los reclamos, a reconocer que también hay buenas noticias. Muchas gracias, compañeros.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado ¿con qué objeto? Diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Con este objeto que le voy a explicar, diputado presidente: que quiero intervenir por alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene usted la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas... Qué bueno que diga que no me aludió, pero igual por rectificación de hechos podría intervenir, así es que no se despeinen, de cualquier manera.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Fernández Noroña, permítame un segundo. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente, únicamente para que el diputado nos ilustre en cuál de los conceptos resultó aludido. Nada más.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, lo hará en su intervención.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No ilustraré al diputado Ramírez, que no necesita ilustraciones, para eso vaya a la librería y cómprese un libro al respecto.

Voy a intervenir sobre el tema que quiero hacer. Aquí el diputado Sebastián Lerdo de Tejada hizo una serie de plan-teamientos en el sentido de que tenía buenas noticias. Seguro para él son buenas noticias para la población pagar un punto porcentual más de IVA o pagar más de impuesto sobre el producto de la renta; o quizás es buena noticia pagar más de gas, gasolina, energía eléctrica, diesel; o quizá sean buenas noticias haberse repartido el presupuesto como botín; o quizá sea buena noticia que su candidato a la Auditoría Superior de la Federación vaya a ser el que salga electo, después de un acuerdo de las fracciones parlamentarias de esta soberanía.

Para él pueden ser buenas noticias, para la nación no lo son. Para el país es una tragedia lo que está sucediendo, porque sólo un puñado de diputados y diputadas estamos representando el interés nacional aquí. Y la mayoría se reparten las cosas como botín; se reparten los recursos, se reparten los espacios, se reparten las comisiones. Se reparten todo, en el más puro régimen corporativo fascista que Mussolini creó en Italia y que aquí venimos reproduciendo hace un rato ya.

Entonces, no comparto su optimismo, no comparto lo que está planteando y, además, resalta el tema de que esta soberanía tiene dos tareas: la legislativa y la de control.

Dice que estamos dando un paso en el control cuando en realidad estamos abdicando de él, porque, al margen de las calificaciones que los tres candidatos tienen –y que es Portal el que va a ser electo, además, les doy la primicia, compañeros diputados y diputadas, si no sabían todavía quién iba a salir electo–, es un acuerdo largamente cocinado, cupularmente cocinado.

Entonces, esto de que son los procesos, que es el perfil, que qué bien se hizo... Por favor, o sea, por favor, esta simulación que se viene dando, alguien tiene que decirles las cosas por su nombre y no estar aquí haciéndonos como que todo es muy pulcro y que todo es muy democrático y que las cosas son en beneficio de los intereses nacionales. La verdad es que lejos está esta legislatura de esa responsabilidad que tiene.

Se abdica a la tarea legislativa y se aprueban entre el PRI y el PAN las cosas que quien usurpa la presidencia de la República envía; luego se echan la culpa unos y otros de quiénes son los responsables de las malas decisiones para la mayoría del país. Se abdica ahora del control que, efectivamente, esta soberanía debería tener sobre el Ejecutivo. Y sólo pongo dos ejemplos:

La hipocresía es de tal tamaño que, por ejemplo, vale la pena señalarlo, se golpea permanentemente al Poder Legislativo sobre los excesos y privilegios, que efectivamente hay, y aquí sólo se ejerce media milésima del presupuesto nacional, media milésima.

Y al Ejecutivo, que se lleva la leche y la vaca, como se dice popularmente, no se le toca, no ejerce el presupuesto, corrompe, se lo roba; discrecionalidad, saqueo del erario... Y no pasa absolutamente nada.

César Augusto Santiago ha sido insistente en un tema en el que tiene razón. Hoy termina el periodo y la cuenta pública no se aprueba desde 2002 ni se desaprueba; por supuesto que esta soberanía ha abdicado a eso.

Pongo otro ejemplo, para los buenos balances del diputado Lerdo de Tejada. Aquí debería haber venido Lozano, secretario del Trabajo del gobierno usurpador, a terminar su comparecencia, que nunca terminó, y que esta soberanía acordó que tenía que venir y no vino. Yo le tenía, por supuesto, un tratamiento especial, personalizado. Pero no vino y no pasa nada.

Se incumple todo, se pasa por encima de los acuerdos, se incumple la ley, se incumplen las responsabilidades. Y hay todavía algún diputado que viene a hacer uso de la tribuna y dice que tenemos un balance positivo. No hay que ser tan caradura, compañero diputado, hay que ser serio en los planteamientos.

La demagogia hay que dejarla atrás, hay que ser responsable en lo que estamos planteando. Me parece que seguir cobijando la simulación y seguir diciendo que no pasa nada cuando el país se desliza en un deterioro político, económico y social cada vez más grave es querer tapar el sol con un dedo.

Así es que era necesario hacer esta serie de precisiones después de la intervención del compañero diputado, que ha sido multialudido y que por supuesto pedirá su derecho a intervenir. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Han solicitado la palabra, por alusiones personales, el diputado Jaime Cárdenas, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Para alusiones. Desde mi lugar, si me permite, dado que es al orador que acaba de concluir.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra desde la curul, señor diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Solamente quiero señalar, y es estrictamente parlamentario, que me llama mucho la atención, y por eso solicité que nos ilustrara en qué concepto había sido aludido el diputado.

Obviamente no hubo mención alguna a su vocativo, a su nombre; hubo un concepto en el que él se sintió encajado. Quería saber, dada la psique particular del orador, en qué concepto encajó. Eso era lo que yo quería saber.

Pero lo que se demuestra es que el orador puede criticar a todos, puede llamar al orden a todos, pero cuando le llaman al orden a él, demuestra su verdadero espíritu antidemocrático. Es una pena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Gerardo Fernández, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sólo para aclararle al diputado Ramírez Marín, desde la curul, si me lo permite, muy puntual. Primero, no me siento “encajado” en nada, diputado; no sé cómo se sienta usted, pero no es mi caso.

Quiero, además, comentar que mi espíritu democrático está claro. Aquí yo voto, yo debato, yo participo, ejerzo mi derecho y ejerzo un derecho que es de minoría en este espacio, pero que es de mayoría fuera de este espacio.

Así es que el que yo lo critique no tiene nada de antidemocrático. El que yo señale los acuerdos cupulares que ustedes tienen no tiene nada de antidemocrático y el que yo haga valer mis razones no tiene nada de antidemocrático.

Antidemocrático es que usted se sienta ofendido porque un diputado ejerza con absoluta libertad sus puntos de vista. Me parece que la pluralidad y la tolerancia deben ser signos de este cuerpo legislativo.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Recuerdo a los señores diputados que los diálogos no están contemplados en nuestros ordenamientos. Tiene la palabra el diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente.

Yo sí me siento aludido, porque me parece que lo que desean algunos legisladores, tal como lo oímos hace un momento del diputado Ramírez Marín, es que no exista debate alguno, que este nombramiento pase suavemente, ligeramente, en este marco de simulación del que aquí hemos hablado.

Porque lo que tendríamos que estar haciendo en este momento en la Cámara es aprobando reformas, discutiendo dictámenes para, por ejemplo, que esta Cámara revisara, aprobara o rechazara las cuentas públicas; cuentas públicas que desde hace años no han querido ser revisadas por la Cámara de Diputados.

Si quisiéramos ejercer debidamente las atribuciones de control, aquí ya se indicó, hay varios servidores públicos de distintos partidos, sobre los que se solicitó su comparecencia en pleno o en comisiones, el más sonado es Lozano Alarcón, pero se pidió también la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo pedí que compareciera ante la Comisión de Radio y Televisión el director de la Agencia Notimex. Ésas son atribuciones de control que esta Cámara pasa por alto.

Entonces, aquí a Sebastián Lerdo de Tejada solamente le gusta que le hablen bonito, no le gusta cuando uno se refiere, en términos duros y críticos, a las deficiencias del control de esta Cámara.

Miren, hemos estado todo este primer periodo de sesiones de la LXI Legislatura, he pertenecido como todos ustedes a las comisiones donde me ha correspondido, y quiero decirles que ninguna de esas comisiones ha ejercido debidamente actos de control al Poder Ejecutivo. Eso era. Lo correcto sería que cada comisión de esta Cámara, por ejemplo la de Agricultura, diera un seguimiento puntual al ejercicio de los recursos de la Secretaría de Agricultura; que la Comisión de Salud diera un seguimiento puntual a las políticas públicas y al ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud; que la Comisión de Gobernación diera un seguimiento puntualísimo a las políticas públicas de Gobernación, etcétera.

Ninguna de las comisiones de esta Cámara realiza un seguimiento puntual a las secretarías de Estado, a los organismos descentralizados, a los poderes públicos y a los órganos autónomos. ¿En dónde están las facultades de control que ejerce esta Cámara de Diputados? No las ejercemos. No las ejercemos.

En materia de planeación democrática no participamos como es debido. En materia de seguimiento al control de la deuda externa del país tampoco hay un seguimiento puntual por parte de las subcomisiones. No puede la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, revisar a cabalidad cuentas públicas del pasado. Es imposible revisar una cuenta pública del pasado. No puede retrotraerse la Auditoría Superior de la Federación.

¿Cuál control? El Poder Ejecutivo en este país es impune. El Poder Legislativo es impune. El Poder Judicial es impune. Los órganos autónomos de este país son impunes. Porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no ejercen a cabalidad sus atribuciones de control, de fiscalización.

Pensamos peregrinamente, superficialmente, que con la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación cumplimos ya la obligación de controlar al Poder Ejecutivo, cuando ese órgano solamente puede, por las atribuciones que tiene y el escaso presupuesto que le aprueba esta Cámara, la posibilidad de revisar una pequeñísima parte del ejercicio del gasto público.

Entonces, compañeros, ¿dónde está el control? ¿Por qué le molesta tanto a Ramírez Marín que se debatan estos temas? ¿Por qué le molesta a Sebastián Lerdo de Tejada que utilicemos palabras duras? A ustedes les gusta solamente la simulación, el engaño, la mentira. Es el...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ...momento de que esta Cámara hable con la verdad, con autenticidad. Basta de mentiras, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para responder a alusiones personales, tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Desde su lugar, señor. Sonido a la curul del diputado Lerdo de Tejada, por favor.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, compañero presidente. Hay quienes no tienen remedio. No perdamos el tiempo. Declino mi intervención y sigamos con la sesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Moreno Merino.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): Compañeros legisladores, se termina el periodo de sesiones y seguimos escuchando manifestaciones que no nos quedan a todos. ¿Por qué se hablan de componendas y de arreglos? Lo arreglamos porque ganamos la mayoría. Entiéndanlo, tienen la minoría.

Lo arreglamos porque queremos al país y lo arreglamos simple y sencillamente porque tenemos la inteligencia de lograr acuerdos. No somos un grupo que va en contra de todo y a favor de nada. Hoy la conciencia de México nos observa y a ustedes los sigue señalando como los detractores de la nación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Daniel Ávila Ruiz.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente. Bienvenido el debate. Ni falta de transparencia ni negociación entre partidos.

Se realizó un procedimiento de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución. Una convocatoria apegada a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Se emitió una convocatoria, se realizaron las entrevistas con todos los aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación. En la Comisión de Vigilancia están representadas todas las fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados.

Es una falta de respeto que algún diputado diga, desde esta máxima tribuna, que hay negociación entre partidos. Es una falta de respeto, en primer lugar, a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia. Quiero decir a ese diputado que inclusive un secretario de la Comisión de Vigilancia es de su partido.

No se vale desprestigiar el proceso de elección de la Auditoría Superior de la Federación. Y quiero decirles que no lo van a conseguir, ya que ha sido este proceso, desde el inicio, transparente, público, donde todos los medios de comunicación han estado presentes.

Coincido con el diputado Cárdenas en que hay que dar más facultades a la Auditoría Superior de la Federación, pero quiero decirles, diputados, que esa responsabilidad es responsabilidad de esta soberanía. Por eso, les invito a que en el próximo periodo ordinario de sesiones empecemos a trabajar sobre esta reforma para darle más facultades y atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación.

Quiero pedirles, diputados y diputadas, que analicen muy bien su voto en esta terna de candidatos, para darle a la Auditoría Superior de la Federación institucionalidad, transparencia y certeza en la fiscalización de los recursos públicos en beneficio de todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, antes, antes, para alusiones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Fernández Noroña no fue aludido.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, los dos fuimos aludidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No hubo alusión personal, más que al diputado Cárdenas. Si el diputado Cárdenas quiere hacer uso de la tribuna, puede hacerlo.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Escudero. Adelante, diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Con su permiso.

Mi intervención obedece a fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México, con la que afirmamos que el procedimiento para la selección del auditor superior de la federación fue un procedimiento transparente y apegado en todo momento a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Los integrantes de la terna que hoy nos presentan son personas ampliamente calificadas, son personas honorables e independientes de cualquier fuerza política. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias. Señor diputado Fernández Noroña, usted no fue aludido personalmente; por tanto, por alusiones personales no tiene usted el uso de la palabra. El diputado Cárdenas sí fue aludido, si quiere hacer uso de la tribuna, puede hacerlo. Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Como sabemos todos, señores diputados, señor presidente, no solamente se puede pedir la palabra por alusiones, sino también para rectificación de hechos.

Mi compañero Fernández Noroña quería hacer una rectificación a lo que había señalado un diputado, en el sentido de que desde el punto de vista de ese legislador no había habido una negociación para el acuerdo de la integración de la terna que hoy se pone a nuestra consideración.

Desde luego que a mí me parece totalmente absurdo que venga aquí un legislador a decir que no hay negociación, cuando parte del trabajo legislativo es precisamente la negociación entre los grupos parlamentarios y entre los legisladores.

No sé a qué tipo de negociaciones se refería el legislador. Mi compañero Fernández Noroña habló de negociaciones en lo oscurito. Sabemos, desde luego, por el peso parlamentario que tienen los partidos mayoritarios, que las decisiones trascendentes en esta Cámara, como es la designación del auditor superior de la federación, que debe ser aprobado por las dos terceras partes de los legisladores presentes, que esa decisión pasa sobre todo por el acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.

¿Qué tiene de malo decir eso? Lo que estábamos cuestionando, Fernández Noroña y su servidor, era la falta de capacidad de control de la Cámara de Diputados; la importancia de que las comisiones de esta Cámara se transformaran en auténticos órganos de control permanente, de supervisión a las políticas públicas de las secretarías de Estado y de los organismos descentralizados.

Y en otra intervención insistimos también en la importancia de que la Auditoría Superior de la Federación tuviese atribuciones más amplias; en lo que coincidieron legisladores de distintos partidos.

Aquí se dijo, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación debiera conocer de responsabilidades administrativas. Se dijo también que la Auditoría Superior de la Federación podía conocer o debiera conocer de cuentas públicas anteriores. Dijimos también que las auditorías de desempeño deberían implicar algún tipo de responsabilidad; no como ahora, cuando la auditoría de desempeño no implica algún tipo de responsabilidad para los servidores públicos.

Recuerdo en debates de días anteriores cómo nuestro amigo diputado del PRI César Augusto Santiago llamó la atención de esta Cámara, porque esta Cámara y las legislaturas anteriores se han negado a discutir la aprobación o no de las cuentas públicas, tarea fundamental que le corresponde a esta Cámara de Diputados.

Entonces, señalar todas las deficiencias que tenemos como legisladores no implica acto alguno de ver todo negro, sino simplemente de hacer la crítica democrática que corresponde. Y eso es lo que estamos haciendo.

Consideramos que sí hubo un acuerdo cupular. ¿Por qué? Porque la integración del Poder Legislativo en este país fortalece a órganos de gobierno como la Junta de Gobierno, en donde los siete representantes de la Junta de Gobierno toman las decisiones más importantes por 500 diputados, y a veces ni siquiera somos debidamente consultados.

Esto es lo que hay que modificar. Quitarle poder a esa Junta de Gobierno, democratizar el funcionamiento de la Cámara, generar un estatuto de legislador que nos dé plena libertad para opinar, para discutir y para debatir. Eso es de lo que estamos hablando.

Cómo fortalecer las atribuciones de control de la Cámara de Diputados, cómo darle autonomía a la Auditoría Superior de la Federación y cómo también reconocer que las instituciones de la República muchas veces incurren en simulación, en manipulación y en engaño.

No hay que decirle a la sociedad que aquí está todo bien. Es verdad que tampoco está todo mal, pero hay que hablar con honestidad, con autenticidad y con la verdad. Muchas gracias, compañeros.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Señor presidente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Están solicitando la palabra el diputado Carlos Pérez Cuevas y el diputado Fernández Noroña. Diputado Carlos Pérez Cuevas, desde la curul.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, señor presidente. Hay algunos legisladores que dicen que no se debaten estos temas, que no se les da oportunidad de hacer uso de la palabra y han hecho uso de esta tribuna en más de dos ocasiones.

En tal sentido y en virtud de que, en términos del artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior, han subido ya más de tres oradores en pro y más de tres oradores en contra, le pido que en términos del 115 pueda preguntarle a la asamblea si el tema está suficientemente discutido.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Atendiendo la petición del señor diputado, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Estoy hasta la... Me tienes que dar la palabra, diputado presidente. No acepto...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La asamblea determinará si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Ya hizo usted más veces del tiempo que le corresponde de acuerdo con el artículo...

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: No hagas maniobras, me tienes que dar la palabra.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Corral. Diputado Javier Corral.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Señor presidente, no creo que un acuerdo y un consenso como el que estamos logrando todas las fuerzas políticas deba terminar así. El diputado Fernández Noroña tiene derecho a tomar la palabra porque la pidió para rectificación de hechos.

Creo que agotada esa intervención, puede darse paso a concluir la discusión de este pleno, y no pasa nada, al contrario, privilegiamos la discusión y el debate. Creo que debiéramos rectificar el procedimiento, y con ésa intervención agotar y pasar a la votación, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, estoy dando trámite a una petición concreta del señor diputado Carlos Pérez Cuevas. Y no soy yo, va a ser la asamblea la que decidirá si se continúa.

Tiene la palabra el señor diputado Fernández Noroña, para alusiones personales.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Voy a ser muy breve, compañeras diputadas y compañeros diputados, y lo iba a hacer desde la curul.

Miren, primero este precedente que iban a asentar, de intolerancia, es absolutamente inaceptable. Primero, fui aludido por el diputado que dijo que alguien aquí había dicho que había negociaciones. Sostengo que hubo negociaciones.

Ahora me van a decir que no, ahora me van a decir que el más impoluto, el más imparcial y el mejor perfil es el que va a ser el auditor. Váyanse a cuentear a quien se deje, a nosotros no.

Segundo. El diputado Jaime Cárdenas, que intervino, me aludió reiteradamente; entonces, es incorrecto que hagan una maniobra ahí de que, según el artículo..., está suficientemente discutido. Si alguien ha sido aludido tiene derecho al uso de la palabra, porque aquí no es un problema de mayorías y minorías, es un problema de los derechos de cada legislador.

Lo único que quiero mencionar aquí, que ya con todo lo que aquí se ha estado comentando se iba a perder, son estas dos cosas: que sí hay una negociación cupular; que sí está ya decidido y que esta Cámara sólo va a formalizar esa decisión. Eso es obvio. Si quieren decir que no, pues sigan abonando en la simulación.

Segundo. Decía mi amigo, el diputado Francisco, diputado por Morelos, que ellos quieren mucho a México. Pues como dijo la canción, la población les va a cantar “ay, amor, ya no me quieras tanto”, porque con esos impuestos, con ese presupuesto, con esas decisiones encontradas al interés nacional, mejor no quieran al pueblo de México, mejor aborrézcanlo, a ver si le va un poco mejor. Francamente se los digo.

Finalmente les comento, les quería hacer un regalo, la verdad sea dicha, que se llama... A todos, en buena lid. Y ese regalo es una película que se llama Memorias del saqueo. Es una película que cuenta toda la tragedia de las privatizaciones en Argentina: del petróleo, del gas, de las aerolíneas, de todo, los bancos, todo, y de cómo acabo en un problema de rebelión popular, que obligó a la renuncia de De la Rúa.

Se las quería regalar, pero resulta... todavía quiero. Ése es el problema, que no se consigue en ningún lugar y que tenía que hacer copias no autorizadas. Y eso no lo podía hacer, porque, además, si les regalaba una copia pirata iban a decir barbaridades. Si así se la pasan diciendo barbaridad y media de mí, imagínense si les regalaba una copia no autorizada.

Entonces, de todos modos se las recomiendo. La pueden bajar de Internet de manera legal. Véanla.

Esperaría, porque de veras creo que hay diputados y diputadas con conciencia en esta legislatura, lo he visto, de todos los partidos, y esperaría que después de ver esa película modificaran lo que viene haciendo esta legislatura. Que hubiera decisiones a favor del interés nacional; que hubiera decisiones preocupadas por el pueblo, por la gente; que hubiera decisiones que verdaderamente nos permitan salir de la crisis económica, política y social, de la enorme simulación, del terrible deterioro que se vive en este país.

Quiero terminar diciéndoles, compañeros y compañeras, no hago daño alguno planteando mis puntos de vista. Me parece que la tolerancia y el respeto debe ser una norma permanente de esta legislatura y me parece que este precedente de que querían cerrar la legislatura como la empezamos, con Ramírez Acuña negándome la palabra, y ahora otra vez negándome la palabra. Nada más que ya decidí que no voy a permitir un solo atropello más.

Les agradezco mucho, al final, su tolerancia. Les agradezco su comprensión. Agradezco al diputado Corral su intervención, que mucho ayudó a que se respetara mi derecho. Y les agradezco finalmente a los compañeros diputados y a las compañeras diputadas sus comentarios de aliento, que muchos ajenos a mi bancada me han dado y que entiendo que lo han hecho con honestidad y con seriedad. Se los agradezco de corazón. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado.

Se va a proceder a la elección del auditor superior de la federación para el periodo 2010-2017. Proceda la Secretaría de Servicios Parlamentarios a entregar las cédulas correspondientes.

Se invita a las diputadas y a los diputados a depositar su cédula cuando escuchen su nombre.

(Votación por cédula)

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se instruye a la Secretaría para que cierre el sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Diputada, de viva voz, si pasamos lista, por favor.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (desde la curul): Gloria Luna, presente.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 450 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señoras diputadas y señores diputados, les damos la más cordial bienvenida a los visitantes de la Asociación de Periodistas de la Región Tula-Tepeji, invitados por el diputado Ramón Ramírez Valtierra.

A los alumnos y maestros de la Facultad mexiquense de Ciencias Políticas del municipio de Toluca, estado de México, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino.

A los alumnos y maestros de la escuela primaria Francisco I. Madero, invitados por el diputado Jorge Rojo García de Alba.

Invitados de Veracruz, invitados por  los diputados José Francisco Yunes Zorrilla y Fabiola Vázquez Saut. A todos los saludamos y les damos la bienvenida al salón de sesiones.

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Señor presidente, se emitieron un total de 439 votos: 408 votos fueron a favor de Juan Manuel Portal Martínez, 19 votos por otros candidatos, 4 abstenciones y 8 votos en contra de la terna. Por tanto, existen dos terceras partes a favor de Juan Manuel Portal Martínez.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La Cámara de Diputados declara electo al ciudadano Juan Manuel Portal Martínez como auditor superior de la federación para el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017. Publíquese el presente en el Diario Oficial de la Federación.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Juan Manuel Portal Martínez. Se designa, en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrada por los señores diputados y diputadas: Esthela Damián Peralta, Marcela Guerra Castillo, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, José Francisco Rábago Castillo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, Ramón Jiménez López, José Narro Céspedes, Pablo Escudero Morales, Mario Alberto di Costanzo Armenta y María Guadalupe García Almanza.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo).

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ciudadano Juan Manuel Portal Martínez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de auditor superior de la federación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Juan Manuel Portal Martínez: Sí protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Felicidades, señor auditor superior.

La Mesa Directiva reconoce el esfuerzo desempeñado por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la elaboración del dictamen para proponer al pleno de la Cámara de Diputados la terna para ocupar el cargo de auditor superior de la federación.

De igual manera, a nombre de los integrantes de la LXI Legislatura, expresamos nuestro más amplio reconocimiento a todos los participantes en el proceso de selección llevado a cabo.

Continuamos con el orden del día. Pasamos al capítulo Comunicaciones.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos y aplicables, el suscrito, diputado federal por el II distrito de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites correspondientes para solicitar al pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia por tiempo indefinido y sin goce de dieta y prerrogativas para separarme de mi cargo a partir del próximo 15 de diciembre del año en curso.

Al mismo tiempo, le solicito que tenga a bien requerir a mi suplente para que continúe con los trabajos legislativos correspondientes.

Aprovecho la ocasión para agradecer la solidaridad, apoyo y comprensión de todos mis compañeros integrantes de esta LXI Legislatura por el trato cordial y respetuoso recibido durante mis actividades legislativas.

Agradeciéndole de antemano la fina atención que se sirva brindar a la solicitud de marras, aprovecho para extenderle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II distrito de Ciudad Juárez, Chihuahua, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados. Comuníquense.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente alta, correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Carlos Torres Piña se integre a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Dicho nombramiento estaba pendiente de designar en el acuerdo aprobado por el pleno el jueves 10 de diciembre de 2009.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como integrante en el Grupo de Trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organismos delictivos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, y Acción Nacional:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause baja como integrante del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados el 3 y 8 de septiembre de 2009, relativos a la reconstrucción de diversos municipios de Baja California Sur y de Sonora afectados por el huracán Jimena.

• Que el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo cause alta como integrante en el grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados el 3 y 8 de septiembre de 2009, relativos a la reconstrucción de diversos municipios de Baja California Sur y de Sonora afectados por el huracán Jimena.

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

• Que el diputado Arturo García Portillo cause baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

• Que la diputada Oralia López Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Yolanda del Carmen Montalvo cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Oralia López Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Yolanda del Carmen Montalvo cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Agustín Torres Ibarrola cause baja como integrante del grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos servidores públicos de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organismos delictivos.

• Que el diputado Camilo Ramírez Puente cause alta como integrante en el grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos servidores públicos de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organismos delictivos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Rolando Zubia Rivero cause baja como integrante de la Comisión de Economía y cause alta como integrante en la de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Gerardo Leyva Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y cause alta como integrante en la de Economía.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De enterado.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comunicarle que el diputado Canek Vázquez Góngora fue designado como el segundo representante suplente del Grupo Parlamentario del PRI ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Dicho nombramiento estaba pendiente de designar en el acuerdo aprobado por el Pleno el pasado 24 de septiembre de 2009.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De enterado. Comuníquese.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Auditoría Superior de la Federación.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La transparencia y la rendición de cuentas son base de nuestro sistema constitucional y eje de nuestro desarrollo democrático. Es por ello que, ante la conclusión del presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y en atención a la obligada rendición de cuentas a la que todas las instituciones públicas están sujetas, adjunto al presente enviamos a usted el informe de la gestión realizada por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a su administración 2002-2009.

Con dicho documento, el cual fue elaborado simplificadamente a título de compendio, la institución da cuenta de las principales acciones, resultados y satisfacción de propósitos alcanzados durante dicho periodo, reconociéndose, al mismo tiempo, que aún existen pendientes que deben ser superados para que la fiscalización superior, en particular, y el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, en lo general, ofrezcan los servicios que la sociedad exige para hacer de éste un mejor país para todos los mexicanos.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2009.—CPC Arturo González de Aragón (rúbrica), auditor superior de la Federación.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De enterado. Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Señoras diputadas y señores diputados, se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

 ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación del orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible, y con dispensa de trámite, el siguiente:

• Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto para adicionar una fracción XVI al artículo 4o. de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de 1995 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica),  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Vázquez.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): Señor presidente, señalar lo siguiente. Hace unos momentos el secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política trajo, precisamente, la presentación de este acuerdo de modificación del orden del día, pero a lo que nosotros se nos planteó fue que solamente contenía el tema de los estímulos al cine y no precisamente el régimen de consolidación fiscal, que nos estamos dando cuenta que viene en el contenido del Anexo VI que se acaba de repartir.

Nosotros, si no es el caso de que en el dictamen que se está presentando sea el referente a los estímulos al cine mexicano, retiramos la firma de esa comunicación que nosotros firmamos entendiendo que era solamente el tema discutido en la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con el estímulo económico al cine mexicano.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Terminamos el trámite, señor diputado y hacemos la observación. Vamos a terminar la lectura del oficio que nos manda la Junta de Coordinación Política.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden de día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden de día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)...

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Beatriz Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): El diputado Ramírez Marín está solicitando la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para preguntarle si puede declarar un receso de tres minutos.

RECESO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (a las 13:50 horas): Concedido. Un receso de tres minutos para aclarar los puntos de esta comunicación.

Receso

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (a las 13:59) Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos propuestos por la Junta de Coordinación Política. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En virtud de que ha sido distribuido entre las diputadas y los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa de lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa de lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVI al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Felipe Solís Acero, José de Jesús Zambrano Grijalva, Alejandro Encinas Rodríguez, Herón Escobar García y Pedro Vázquez González sometieron a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XVI al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 3 de diciembre de 2009, para su estudio y dictamen.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. El 3 de diciembre de 2009 diversos legisladores presentaron a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XVI, al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

2. El 3 de diciembre de 2009 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa que se dictamina fue presentada en términos de lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estad9s Unidos Mexicanos.

Los diputados proponentes de la iniciativa que se dictamina señalan en la exposición de motivos que el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece un estímulo fiscal a los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional que tiene como características principales las siguientes:

• Es un incentivo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta o el impuesto al activo por sus aportaciones a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.

• El monto total del estímulo es hasta por 500 millones de pesos.

• El monto máximo por contribuyente y por proyecto es de 20 millones de pesos.

• El estímulo no podrá exceder en ningún caso del 10% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se otorgue el estímulo.

• La aprobación del estímulo tiene como sustento la aplicación de las reglas generales y a través del Comité Interinstitucional.

Asimismo, en la iniciativa se indica que las autoridades fiscales han sostenido el criterio de que el estímulo fiscal constituye un ingreso en crédito para el contribuyente aportante, por lo que, en los términos de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta constituye un ingreso acumulable para efectos del citado impuesto.

La iniciativa precisa que considerar como ingreso acumulable el estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional implicaría que dicho estímulo deje de ser un beneficio para los contribuyentes que aportan recursos para el desarrollo del cine mexicano, dado que el Estado no estaría asumiendo el costo total del estímulo y el contribuyente no vería reflejada la disminución del impuesto correspondiente.

Por lo anterior, con el objeto de mantener y preservar todos los efectos positivos del estímulo a favor de la industria cinematográfica, el Congreso de la Unión aprobó el 5 de noviembre de 2009, una reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer de manera expresa que el estímulo fiscal a la producción cinematográfica nacional no constituye un ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, la iniciativa que se dictamina establece que la medida aprobada por el Congreso de la Unión en relación con la reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, redundará en una clara reducción de la base gravable, al contar los contribuyentes con un estímulo fiscal libre del pago de impuestos.

Por otro lado, la iniciativa que se dictamina menciona que la reforma que considera como no acumulable al estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta entrará en vigor a partir del año 2010. Sin embargo, los diputados proponentes consideran que dado el estado actual que guarda la industria cinematográfica nacional, no es oportuno que los contribuyentes tengan que esperar hasta la conclusión del ejercicio fiscal de 2010 para disfrutar del beneficio de la reforma recientemente aprobada por este Congreso de la Unión.

En ese sentido, la iniciativa en estudio plantea la necesidad de adicionar una disposición transitoria en el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el “decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995”, con el fin de establecer que los beneficios del artículo 226 aprobado sean aplicables a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, es decir, establecer un régimen transitorio para aquellos contribuyentes que hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal en los citados ejercicios fiscales.

Adicionalmente, la iniciativa precisa que el espíritu de la presente iniciativa se encuentra plasmado en la propuesta de modificación al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionada en el Senado de la República, durante la revisión del proyecto que le remitió la Cámara de Diputados relativo a la miscelánea fiscal. La disposición que se pretende incorporar con una fracción adicional dentro de las disposiciones transitorias no altera en ningún momento la razón de ser de la reforma legislativa; en realidad perfecciona su sentido y alcance legal.

Además, la iniciativa a estudio precisa que en la Cámara de Senadores, al discutirse y aprobarse la propuesta de reforma al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se votó el texto de dicho artículo así como el transitorio materia de la presente iniciativa. Sin embargo, por un error de técnica legislativa se omitió adicionar la disposición transitoria a la minuta enviada a la Cámara de Diputados.

Consideraciones de la comisión

Después de efectuar el análisis del contenido de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, esta dictaminadora considera lo siguiente:

Esta comisión que dictamina coincide con los proponentes de la iniciativa en el sentido de mantener y preservar todos los efectos positivos del estímulo a favor de la industria cinematográfica, al establecer que el estímulo fiscal no constituye un ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta; tal y como fue aprobado el 5 de noviembre de 2009 por este Congreso de la Unión, al reformar el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, la que dictamina estima que no es conveniente que se otorgue su aplicación para los contribuyentes que durante el ejercicio de 2008 fueron beneficiados con el estímulo fiscal mencionado, toda vez que se trata de contribuyentes que ya determinaron y pagaron el impuesto sobre la renta correspondiente a dicho ejercicio fiscal, por lo que tendrían que presentar declaraciones complementarias para determinar un saldo a favor cuya devolución provocaría una disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta calculada para 2010 en 140 millones de pesos, con la consiguiente afectación en la Ley de Ingresos de la Federación para 2010 por la misma cantidad, aunado al costo administrativo asociado al trámite de las devoluciones. Por lo que hace a los contribuyentes que obtuvieron el beneficio en el ejercicio de 2009, en apoyo a la industria cinematográfica, se estima conveniente otorgar la facilidad administrativa para que dicho beneficio no sea acumulable en el ejercicio citado, considerando que la declaración respectiva se presentará hasta el periodo febrero-abril de 2010.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera adecuada la necesidad de adicionar el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el “decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, con el objeto de establecer que los beneficios de la no acumulación del estímulo fiscal sea aplicable únicamente al ejercicio fiscal de 2009, es decir, establecer un régimen transitorio para aquellos contribuyentes que hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal en el citado ejercicio fiscal.

Adicionalmente, esta comisión dictaminadora también ha detectado la necesidad de aclarar en este dictamen el alcance y sentido de la fracción VI del artículo cuarto del “decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, respecto al esquema de pagos del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores a 2005, mismo que las sociedades controladoras deben comenzar a pagar a partir de junio de 2010.

En efecto, mediante el decreto citado, aprobado por el honorable Congreso de la Unión el 5 de noviembre de 2009, se reformaron y adicionaron, entre otras disposiciones, diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo el tratamiento al régimen de consolidación fiscal, por medio del cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 70-A, las sociedades controladoras deberán enterar, en cada ejercicio fiscal, el impuesto sobre la renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal generado en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el entero y que no se haya pagado con anterioridad.

Igualmente, en la fracción VI del artículo cuarto del decreto mencionado, que contiene las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que durante el ejercicio fiscal de 2010 las sociedades controladoras deberán enterar el impuesto sobre la renta diferido a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores a 2005, y que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre de 2009.

Ahora bien, el segundo párrafo de dicha fracción establece que el entero del impuesto diferido mencionado con anterioridad deberá efectuarse en cinco ejercicios fiscales por la sociedad controladora, y el inciso a) de la fracción citada establece que el primer pago del impuesto sobre la renta diferido deberá realizarse mediante declaración que se presente en el mes de junio del ejercicio fiscal de 2010, ejercicio fiscal a partir del cual empiezan a computarse los cinco ejercicios fiscales que las sociedades controladoras tienen para efectuar el entero del impuesto diferido.

Cabe destacar que en el proceso legislativo correspondiente, tanto en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal como en los dictámenes aprobados en las Cámaras de Diputados y de Senadores, y demás documentos integrantes del proceso citado, el entero del impuesto diferido siempre se consideró que se debería realizar en un plazo de cinco años, contados a partir de 2010.

En efecto, en la parte conducente de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal con fecha 8 de septiembre de 2009, se propuso lo siguiente:

“Por lo anterior, las modificaciones propuestas implicarían que:

• Las sociedades controladoras que hayan iniciado la consolidación de sus utilidades y/o pérdidas a partir del ejercicio fiscal de 2005, cuya autorización hubiera sido obtenida en 2004 o años posteriores, tengan obligación de pagar el ISR diferido una vez transcurridos los cinco ejercicios fiscales en los que tienen obligación de consolidar.

• Aquellas sociedades controladoras que vengan consolidando con anterioridad al ejercicio fiscal de 2005 y que lo sigan haciendo al 31 de diciembre de 2009, deben pagar el saldo del ISR diferido al 31 de diciembre de 2004 pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009, a partir del ejercicio de 2010 en cinco parcialidades.

• El impuesto diferido de cada ejercicio correspondiente a los ejercicios fiscales de 2005 y posteriores se pague una vez transcurridos cinco años, es decir, el correspondiente a 2005, se pagaría en cinco parcialidades a partir del ejercicio fiscal de 2011, el relativo a 2006 en cinco parcialidades a partir del ejercicio fiscal de 2012 y así sucesivamente.

De acuerdo con lo anterior, el citado esquema de pagos quedaría en la forma que se ejemplifica en el siguiente cuadro:

Por otra parte, en las consideraciones vertidas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en el dictamen correspondiente a la iniciativa antes mencionada, publicado el 20 de octubre de 2009 en la Gaceta Parlamentaria, se expresó lo siguiente:

“Esta dictaminadora coincide con establecer un esquema de pago fraccionado, como el propuesto por el Ejecutivo federal, ya que ello coadyuva a las flujos de efectivo del grupo de consolidación para el entero del impuesto diferido. Sin embargo, se considera apropiado modificar la propuesta del Ejecutivo federal incluida en la iniciativa sujeta a dictamen, en lo que se refiere a los por cientos a enterar del impuesto diferido, que se establecen en las fracciones I y II del sexto párrafo del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de que el pago inicial sea más accesible para las empresas y éstas cuenten con un horizonte de pagos que preserve el periodo para el pago del impuesto diferido de diez años. De esta manera, el esquema de pagos fraccionados quedaría, ejemplificadamente, de la forma siguiente:

Por último, en la reserva presentada por el senador Francisco Labastida Ochoa en la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores del día 30 de octubre de 2009, misma que fue aprobada por el pleno de dicha Cámara, se establece en su parte conducente lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en atención a los diversos planteamientos expresados por los distintos sectores de la sociedad, se considera conveniente modificar el esquema de pagos fraccionados propuesto por la colegisladora, con el fin de flexibilizar el horizonte de pagos y hacer el entero del impuesto más accesible para las sociedades controladoras, sin que con ello se modifique el periodo para el pago del impuesto diferido.

De esta manera el esquema de pagos fraccionados quedaría de la forma siguiente:

En tal virtud, se considera necesario modificar los artículos 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuarto, fracción VI, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a lo siguiente:”

Sin embargo, el plazo de cinco años no queda claro con lo establecido en los incisos b) a e) de la fracción mencionada, por lo que a efecto de homologar lo dispuesto en el segundo párrafo de dicha fracción con los incisos mencionados para evitar interpretaciones erróneas sobre los ejercicios en los que se debe efectuar el entero del impuesto diferido, esta comisión considera necesario reformar los incisos b), c), d) y e), de la fracción VI del artículo cuarto del decreto, para precisar que las fechas en que se debe enterar el segundo y posteriores pagos del impuesto diferido, es en las fechas en que se deban presentar cada una de las declaraciones de consolidación fiscal de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, para quedar como sigue:

“Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Cuarto. ...

VI. ...

b) 25% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscalde en 2011.

c) 20% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscalde en 2012.

d) 15% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscalde en 2013.

e) 15% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscalde en 2014.

...”

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, para efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo cuarto, fracción VI, incisos b), e), d) y e), y se le adiciona una fracción XVI, establecido en el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009

Artículo Único. Se reforma el artículo cuarto, fracción VI, incisos b), c), d) y e), y se adiciona dicho artículo cuarto con una fracción XVI, establecido en el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los, Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de.la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Cuarto. ...

VI. ...

b) 25% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2011.

c) 20% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2012.

d) 15% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2013.

e) 15% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2014.

...

XVI. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2009 hubieran sido beneficiados con el estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el citado artículo vigente a partir del 1 de enero de 2010.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 2009.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Graciela Ortiz González, David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Cora Cecilia Pinedo Alonso, María Guadalupe García Almanza, secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Juan Carlos Lastiri Quirós, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Queda de primera lectura. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se le dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa de segunda lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto, fracción VI, incisos b), c), d) y e), y se adiciona una fracción XVI, establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.

Tiene la palabra el señor diputado Roberto Gil, por la comisión, para fundamentar el dictamen desde la curul.

El diputado Roberto Gil Zuarth(desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle que consulte a la asamblea si autoriza que se retire la parte relativa a la fracción VI del artículo cuarto transitorio en los términos que fue dictaminado por la Comisión de Hacienda, a efecto de que únicamente se someta a discusión y, en su caso, aprobación por parte del pleno, lo relacionado con la fracción XVI, relativa a los estímulos al cine.

Hay acuerdo de la mesa directiva de la Comisión de Hacienda y ese acuerdo ha sido avalado por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Roberto Gil.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta del diputado Roberto Gil. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la modificación aceptada por la asamblea.

No habiendo oradores registrados para participar en el debate, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con la modificación aceptada.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Faltó alguna diputada o diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado? Les suplico que lo hagan de viva voz, por favor. Su nombre por favor, diputado.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): A favor.

El diputado Gastón Luken Garza(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): A favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul: A favor.

El diputado Miguel Martín López(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Mancilla Zayas(desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos(desde la curul): A favor.

El diputado Esteban Albarrán Mendoza(desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana(desde la curul): A favor.

El diputado Fermín Montes Cavazos(desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Álvarez Cisneros(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez(desde la curul): Diputada, a favor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): A favor.

El diputado José Tomás Carrillo Sánchez(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez(desde la curul): A favor.

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Señor presidente, se emitieron 348 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular, por 348 votos, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XVI, al artículo cuarto, establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Kenia López, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): Gracias, presidente, solamente para, a nombre de la Comisión de Cultura, reconocer la sensibilidad de la Cámara de Diputados para los incentivos fiscales a la industria del cine, que sin lugar a dudas es una industria importante en términos culturales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Pasamos al capítulo Comunicaciones. Proceda la Secretaría.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de noviembre de 2009 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2008.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México, DF, a 11 de diciembre de 2009.— Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.Proceda la Secretaría a dar cuenta de las iniciativas del Ejecutivo.

MONEDAS DE ORO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se establecen las características de cuatro monedas de oro,documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2009.— Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

México ha suministrado al mundo una gran diversidad de productos en los ámbitos culturales, metalúrgicos y alimenticios. Asimismo, gracias a la unión de las civilizaciones española y locales existentes en esta región, que se dio hace más de 500 años, México recibió otros tantos beneficios que se amalgamaron para forjar una gran cultura.

Con objeto de promover a nivel internacional las aportaciones de nuestro país al mundo, el Banco de México pretende emitir cuatro monedas que reflejan la fusión cultural que se dio entre las razas indígena y la española, a través de las cuales se enaltecen algunas de las más importantes aportaciones de dicha fusión en el ámbito botánico, argentífero y arquitectónico.

Como ejemplo de dichas aportaciones de México al resto del mundo, tenemos al maíz, el nopal, el agave, del cual derivan productos netamente mexicanos como el tequila, y el cacao, de éste último se produce el famoso chocolate mexicano. Por otro lado, la riqueza minera mexicana se ve reflejada en la plata y, en particular, con la circulación de monedas de plata mexicana acuñadas en nuestro país, que incluso circularon en el continente asiático hasta el siglo XIX; y la herencia arquitectónica que legaron las antiguas culturas precolombinas con sus imponentes centros ceremoniales, como los de Chichén Itzá y Teotihuacán, entre otros.

Por el lado europeo, la introducción del caballo como medio de transporte y de carga, sin duda fue una de las grandes aportaciones que incentivó a nuestra economía de manera importante, así como la introducción del trigo en la dieta de la población. Por otra parte, cabe destacar la trascendencia excepcional del cristianismo en el enriquecimiento de la cultura mexicana, en casi todas sus expresiones artísticas como son las letras, la arquitectura, la pintura y la música.

En ese sentido, el promover este tipo de valores a través de la numismática, no es primicia para México, ya que este proyecto es la continuidad de un esquema de promoción cultural impulsado por nuestro país a nivel internacional desde 1999. En dicho año, México contribuyó con una moneda de oro acuñando en su reverso el diseño del Teocuitlatl, bajo el tema de “La historia del oro”,moneda que se emitió de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 1999. Así, debido al éxito de dicha moneda, se considera pertinente seguir promoviendo a nuestro país a través de medios como lo son las monedas en metales finos, pues además de tener un valor sentimental y cultural, tienen un valor intrínseco real que lo sustenta incluso como un medio de ahorro.

De igual forma cabe recordar el programa numismática bianual del quinto centenario del encuentro de dos mundos, que surge en 1991 por iniciativa del gobierno español, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de España, quien convocó a los países iberoamericanos a unirse a los festejos para conmemorar este importante aniversario y que actualmente se encuentra en la séptima serie, con gran aceptación por parte del público de todos los países participantes.

Por lo anterior y tomando en cuenta los beneficios que el Estado mexicano ha recibido con la comercialización de monedas conmemorativas mexicanas acuñadas en metales finos, debido a la tradicional calidad de acuñación de éstas, que se colocan en mercados internacionales, así como por las oportunidades comerciales que brindan dichos mercados y considerando que la finalidad de la emisión de las citadas monedas es la de resaltar acontecimientos de importancia nacional, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien someter a su amable consideración el presente “decreto por el que se establecen las características de cuatro monedas de oro”, de conformidad con el artículo 2o.-Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover ante el mundo la imagen de México y constituir así una forma de fomento, a través de la numismática, de estas manifestaciones culturales que influyeron en la formación de nuestro México moderno.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de usted, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se establecen las características de cuatro monedas de oro

Artículo Único.Se establecen las características de cuatro monedas de oro de conformidad con el artículo 2o.-Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

I. Características comunes:

a) Diámetro: 13.0 milímetros.

b) Ley: 0.750 de oro (setecientos cincuenta milésimos).

c) Peso: 1.667 gramos.

d) Contenido: 1.25 gramos de oro puro.

e) Tolerancia en ley: 0.003 en más o en menos (tres milésimas).

f) Tolerancia en peso: 0.020 gramos en más o en menos (veinte miligramos).

g) Canto: Liso.

II. Cuños:

a) Anverso común: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico; en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”; el marco liso.

b) Reverso de la primera moneda:

Del centro, desfasado al campo derecho, dos cabezas de perfil, una de un español con almete y sobrepuesto, un indígena con penacho. En el campo izquierdo, la ceca de la Casa de Moneda de México, en semicírculo, en conjunto, nopales y espigas de trigo, en el campo superior al centro y en semicírculo, la leyenda “Fusión Cultural”, debajo de éste el año de acuñación; en el exergo el texto “1.25g de oro puro ley 0.750”. El marco liso.

c) Reverso de la segunda moneda:

Al centro y desfasados al campo superior, composición alegórica de elementos arquitectónicos prehispánicos y coloniales (pirámide, acueducto y cúpula de iglesia) con maguey debajo, la leyenda “Fusión Cultural”. En el campo inferior, tres monedas españolas, el fruto del cacao, en el campo inferior derecho, la ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo superior izquierdo el año de acuñación; en el exergo el texto “1.25g de oro puro ley 0.750”. El marco liso.

d) Reverso de la tercera moneda:

En el campo izquierdo, una escultura azteca de un hombre cargando una vaina de cacao; en el campo derecho en semicírculo la leyenda “Xocolatl  para el Mundo”, en el campo superior derecho el nombre “El cacao”, debajo de éste, el año de acuñación, debajo la ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo izquierdo inferior en semicírculo el texto “1.25g de oro puro ley 0.750”. El marco liso.

e) Reverso de la cuarta moneda:

En semicírculo, en el campo izquierdo superior, la leyenda “Fusión Cultural”, desfasado del centro al campo derecho, alegoría de la fusión cultural mesoamericana y española (caballo, mazorca de maíz, maguey, moneda de dos reales, vasija con cacao, espiga de trigo y cruz); en el campo derecho, la ceca de la Casa de Moneda de México; en el campo inferior izquierdo el texto “1.25g de oro puro ley 0.750”, debajo el año de acuñación. El marco liso.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las monedas a que se refiere el presente decreto podrán acuñarse a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de las monedas descritas en el presente decreto.

Reitero a usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 10 de diciembre de 2009.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría.

MONEDAS CONMEMORATIVAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del presidente de la república y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se establecen las características de una moneda de oro y dos de plata, conmemorativas del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional” y dos monedas de plata conmemorativas del centenario del inicio de la Revolución Mexicana”, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2009.— Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Durante los siglos XIX y XX, México vivió dos de sus más importantes transformaciones sociales e ideológicas, ya que dieron inicio en los años de 1810 y 1910, respectivamente, los movimientos sociales más significativos de su historia contemporánea. En el primero de esos años inició el movimiento de la Independencia de México del trono español, mientras que en el segundo comenzó una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX.

Es importante destacar que estos acontecimientos también introdujeron efectos muy trascendentes en el ámbito político, económico y cultural del país, mismos que han contribuido a formar nuestra identidad nacional y han permitido el establecimiento de valores y virtudes en provecho de la patria.

Actualmente nos encontramos en franca proximidad al año 2010, en el cual se celebrarán importantes aniversarios relacionados con los movimientos sociales antes señalados. Esto es, el bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y el centenario del comienzo de la Revolución Mexicana, fechas que nos dan la oportunidad de conmemorar a México de una manera especial.

La trascendencia histórica de los eventos a que hemos hecho referencia ha permanecido vigente hasta nuestros días ya que ambos cuentan con un profundo significado para la vida nacional al ser los principales bastiones para la construcción del México actual. De tal manera que, con el propósito de conmemorar acontecimientos tan destacados para nuestro país, el Congreso de la Unión declaró el 2010 como el “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana” y, decretó el establecimiento de la “Comisión Organizadora” de la conmemoración de los citados acontecimientos.

Es importante señalar que fue en el año de 1910 cuando se acuña por primera vez en México una moneda conmemorativa de un acontecimiento de trascendencia nacional, la cual tenía un valor nominal de un peso y se emitió en alusión al centenario del inicio de la Independencia, como parte de las fastuosas celebraciones porfiristas del centenario, y posee uno de los diseños más bellos de la historia numismática nacional. Pocos meses después, se desencadenaría la primera etapa de la lucha conocida como la Revolución Mexicana.

Siguiendo con la tradición numismática y ya iniciada la pacificación del país, en 1921 se celebró el primer centenario de la culminación de la guerra de Independencia de México, a través de la emisión de una moneda de 50 pesos en oro, conocida mundialmente como el “Centenario”, y su correspondiente en plata de 2 pesos, antecedente directo de la “Onza Libertad”.

En México, a lo largo de estos años, se han venido conmemorando acontecimientos de importancia nacional a través de piezas numismáticas acuñadas en metales finos, los cuales nunca han estado ajenos a los movimientos de Independencia y de la Revolución, contando ya con varias piezas emitidas por los diversos aniversarios de ambas gestas, siendo la más reciente, la emisión de 37 monedas de curso corriente de 5 pesos, 19 de la Independencia y 18 de Revolución, de las cuales se establecieron las características mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2007, que contienen bustos, retratos ecuestres o escenas reconocidas de personajes emblemáticos de la Independencia y de la Revolución como lo son Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, entre otros.

De igual forma, los movimientos revolucionarios que conmemoramos en 2010 han tenido una estrecha relación con la numismática nacional. Al respecto, del movimiento independentista tenemos varios ejemplos: las monedas de diversas denominaciones emitidas por José María Morelos; los resellos que realizó el movimiento insurgente en las monedas de la Nueva España, y de especial trascendencia, las emitidas por la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, en 1812, con un antecedente directo del Escudo Nacional actual, usado por primera vez en una moneda. También durante las diversas etapas del movimiento revolucionario, tenemos importantes emisiones por parte de Francisco Villa, con el famoso peso “Muera Huerta”, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, entre otros.

Es por ello que se considera que estos destacados aniversarios, deben conmemorarse a la altura de su importancia, mediante la creación de un programa numismático propio, ya que son, sin duda alguna, un motivo muy relevante de celebración para el público, así como una obligación para que el Estado reafirme su convicción y orgullo nacional.

El presente decreto contiene diversos propósitos: incorporarnos a la celebración de los dos importantes aniversarios antes mencionados, que se conmemorarán en el 2010; preservar la ancestral tradición numismática mexicana, y fomentar la industria minera, la cual es una de las principales actividades económicas del país.

Por lo anterior, y tomando en cuenta los beneficios que el gobierno Mexicano ha recibido con la comercialización de monedas conmemorativas mexicanas acuñadas en metales finos, debido a la tradicional calidad de acuñación de éstas, mismas que se colocan en el mercado mundial, así como por las oportunidades comerciales que brindan dichos mercados y considerando que la finalidad de la emisión de las citadas monedas es la de resaltar acontecimientos de importancia nacional, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien someter a su amable consideración el presente “decreto por el que se establecen las características de una moneda de oro y dos de plata, conmemorativas del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y dos monedas de plata conmemorativas del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, de conformidad con el artículo 2o., inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover en el mundo la imagen de México y constituir así una forma de fomento, a través de la numismática, de estos importantes acontecimientos que influyeron en la formación de nuestro México moderno.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de usted, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se establecen las características de una moneda de oro y dos de plata, conmemorativas del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional, y dos monedas de plata conmemorativas del centenario del inicio de la Revolución Mexicana

Artículo Primero.Se establecen las características de una moneda de oro, conmemorativa del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional,de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

a) Valor nominal: Doscientos pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 37.0 mm (treinta y siete milímetros).

d) Canto: En hueco la inscripción “Independencia y Libertad”.

e) Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.

f) Peso: 41.667 g (cuarenta y un gramos, seiscientos sesenta y siete miligramos).

g) Contenido: 37.500 g (treinta y siete gramos, quinientos miligramos) de oro puro.

h) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.

i) Tolerancia en peso: Por unidad: 0.070 9 (setenta miligramos). Por conjunto de mil piezas: 0.500 9 (quinientos miligramos). Ambas en más o en menos.

j) Cuños:

Anverso:Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, y en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

Reverso:En el campo superior en semicírculo el texto, “Bicentenario” bajo éste, el número “1810” y debajo, el número “2010”, al centro, en perspectiva, la figura de la Victoria Alada de la Columna de la Independencia, en el campo izquierdo en semicírculo, la leyenda “37.5 9 oro puro”, en el campo inferior derecho en conjunto el número “200” y la palabra “Pesos”, grafila escalonada, en el exergo la ceca de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

Artículo Segundo.Se establecen las características de dos monedas de plata conmemorativas del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Características comunes:

a) Valor nominal: Veinte pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 48.0 mm (cuarenta y ocho milímetros).

d) Canto: Estriado.

e) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

f) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2 (dos) onzas troy.

g) Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.

h) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

i) Tolerancia en peso: Por unidad: 0.350 9 (trescientos cincuenta miligramos). Por conjunto de mil piezas: 6.100 9 (seis gramos, cien miligramos). Ambas en más o en menos.

II. Cuños:

a) Anverso común: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, y en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

b) Reverso de la primera moneda:

En semicírculo, iniciando en el campo inferior izquierdo y concluyendo en el campo inferior derecho, la leyenda “Bicentenario de la Independencia de México”, en el campo derecho la fachada y torres de la Parroquia de Dolores, en la torre derecha la ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo superior izquierdo la campana de la Parroquia, bajo ésta el número “1810”, debajo de éste el número “2010”. En el campo superior al centro el signo de pesos “$” continuo el número “20”. El marco liso.

c) Reverso de la segunda moneda:

Al centro, en cuerpo completo y de pie, las efigies de los próceres de la Independencia, a la derecha el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, a la izquierda el Generalísimo José María Morelos y Pavón, sosteniendo, con la mano derecha un sable y con la izquierda los Sentimientos de la Nación, este último sobrepuesto en parte, a don Miguel Hidalgo, en el campo superior en semicírculo paralelo al marco la leyenda “1810 –bicentenario de la Independencia– 2010”, en el campo izquierdo la ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo superior al centro el signo de pesos “$” continuo el número “20”, gráfila escalonada. El marco liso.

Artículo Tercero.Se establecen las características de dos monedas de plata conmemorativas del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Características comunes:

a) Valor nominal: Diez pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 48.0 mm (cuarenta y ocho milímetros).

d) Canto: Estriado.

e) ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

f) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2 (dos) onzas troy.

g) Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.

h) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más.

i) Tolerancia en peso: Por unidad: 0.350 g (trescientos cincuenta miligramos). Por conjunto de mil piezas: 6.1 g (seis gramos, cien miligramos). Ambas en más o en menos.

II. Cuños:

a) Anverso común: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, y en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

b) Reverso de la primera moneda: En el campo superior en semicírculo la leyenda “1910 –Revolución Mexicana– 2010”, al centro la imagen de una Adelita en la escalinata de un ferrocarril en actitud de observación, en el campo inferior derecho la ceca de la Casa de Moneda de México, en el exergo el signo de pesos “$” continuo el número “10”. El marco liso.

c) Reverso de la segunda moneda: En el campo derecho en semicírculo, la leyenda “Revolución Mexicana”, debajo en paralelo, los números “1910 - 2010”, en el campo izquierdo, el frente de un ferrocarril con el número 739, cuatro revolucionarios sentados, ataviados con sombrero de paja y armados con fusil. En el campo derecho el signo de pesos “$” continuo el número “10”, en el campo inferior derecho la ceca de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las monedas a que se refiere el presente decreto podrán acuñarse a partir de la entrada en vigor del mismo.

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de las monedas descritas en el presente decreto.

Reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 10 de diciembre de 2009.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría.

MONEDAS DE PLATA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se establecen las características de cinco monedas de plata relativas al complejo arquitectónico de Chichén Itzá, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano Legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2009.— Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La diversidad de culturas precolombinas que se desarrollaron en la región de Mesoamérica ha tenido una notable importancia a través del tiempo, debido al gran legado histórico que las mismas heredaron al mundo moderno.

Dichas culturas, al haberse establecido en diferentes zonas del territorio mexicano, han permitido conocer y reconocer el arte precolombino a través de su arquitectura, escultura, cerámica, textil y pintura, siendo la primera la más destacada y admirada a través del tiempo, por lo que representa un enorme orgullo contar con toda esa herencia cultural.

Ciertamente, una de las culturas más sobresalientes de la época prehispánica en cuanto a su arquitectura es la maya. Así, en el siglo IV d.C., los mayas se trasladaron a diversas regiones, entre ellas, la que hoy conocemos como península de Yucatán. De tal suerte, que se crearon un número significativo de colonias y ciudades en las zonas contiguas a dicha región. Sin embargo, resulta conveniente destacar que en el siglo IX, esta civilización sufrió de una extensa época de sequía, encuentros militares y escasez alimenticia, circunstancias que trajeron consigo que la civilización maya emigrara al norte y centro de dicha península. De igual forma se tienen indicios de la desaparición temporal de esta cultura.

De esta manera, en el año 987 d.C., los mayas llegaron a una antigua ciudad conocida bajo el nombre de Chichén (Orilla del pozo). Dicha urbe había sido edificada en el año 452 d.C., pero también había sufrido del abandono de los pueblos mayas, por lo que deciden agregarle el nombre de la tribu “Brujo de agua”, lo que en maya se traduce como Itzá, quedando la denominación de la ciudad como Chichén Itzá, que hasta la fecha, es motivo de admiración de propios y extraños por los imponentes sitios arqueológicos que muestran el desarrollo científico y astronómico que poseían y que reflejaron en cada una de sus construcciones, las cuales comprenden desde majestuosas pirámides hasta importantes centros religiosos. Asimismo, en esta ciudad, los mayas construyeron una serie de templos, canchas de juego de pelota y edificaron una pirámide en honor al dios Kukulcán, deidad que fue retomada de la religión tolteca de la figura de Quetzalcóatl. Así, su importancia ha sido tal que en 1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Al respecto, cabe señalar, que el 7 de julio de 2007, (070707) se llevó a cabo en la ciudad de Lisboa, Portugal, la ceremonia donde se dieron a conocer los resultados de la encuesta mundial que se realizó para determinar las Siete Nuevas Maravillas del Mundo,en la cual nuestro país fue representado por el complejo arquitectónico de Chichén Itzá, resultando elegido para ser una de las siete nuevas maravillas del mundo.

En virtud de tan importante distinción y aunado al interés de promover las culturas precolombinas e impulsar con ello la producción numismática nacional, se propone estructurar un programa numismático que difunda a nivel mundial esa importante zona arqueológica, a través de la selección de cinco de las principales edificaciones integrantes de dicha zona que se consideran representativas de ésta: la pirámide de Kukulcán, el templo de Los Guerreros, la Iglesia, la Casa de las Monjas y el Observatorio.

A través de este programa numismático, que muestra una de las principales manifestaciones artísticas de la cultura maya como lo es la arquitectura, se considera que tanto coleccionistas como público en general, estarán interesados en adquirir estas piezas que tienen la intención de hacer un reconocimiento a nuestra ancestral riqueza cultural.

Por lo anterior, y tomando en cuenta los beneficios que el Estado mexicano ha recibido con la comercialización de monedas conmemorativas mexicanas acuñadas en metales finos, debido a la tradicional calidad de acuñación de éstas, que se colocan en mercados internacionales, así como por las oportunidades comerciales que brinda el mercado de los finos amonedados, y considerando que la finalidad de la emisión de las citadas monedas es la de resaltar acontecimientos de importancia nacional, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien someter a su amable consideración el presente decreto por el que se establecen las características de cinco monedas de plata relativas al complejo arquitectónico de Chichén Itzá, de conformidad con el artículo 2o, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover ante el mundo la imagen de México y constituir así una forma de fomento, a través de la numismática, de estas manifestaciones culturales que influyeron en la formación de nuestro México moderno.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de usted, la siguiente iniciativa de:

Decreto por el que se establecen las características de cinco monedas de plata relativas al complejo arquitectónico de Chichén Itzá

Artículo Primero.Se establecen las características de una moneda de plata pura de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

a) Valor nominal: Veinte pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 65.0 mm (sesenta y cinco milímetros).

d) Canto: Estriado.

e) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

f) Peso: 155.515 9 (ciento cincuenta y cinco gramos, quinientos quince miligramos), equivalente a 5 (Cinco) onzas troy.

g) Contenido: 5 (Cinco) onzas troy de plata pura.

h) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más.

i) Tolerancia en Peso: Por unidad: 0.940 9 (novecientos cuarenta miligramos); por conjunto de cien piezas: 9.500 g (Nueve gramos, quinientos miligramos). Ambas en más o en menos.

j) Cuños:

Anverso:Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en semicírculo superior. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso:En el campo superior, al centro, en semicírculo el nombre de Chichén Itzá, al centro la pirámide de Kukulcán o del Castillo de planta cuadrangular, en la fachada principal en el campo izquierdo, la escalera inicia con grandes cabezas de serpiente, debajo de la pirámide el nombre Pirámide de Kukulcán, en el campo superior izquierdo el signo de pesos “$” continuo el número “20”, en el campo superior derecho la ceca de la Casa de Moneda de México, debajo el número “070707”. El marco liso.

Artículo Segundo.Se establecen las características de una moneda de plata pura de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

a) Valor nominal: Diez pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 48.0 mm (cuarenta y ocho milímetros).

d) Canto: Estriado.

e) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

f) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2 (dos) onzas troy.

g) Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.

h) Tolerancia en Ley: 0.001 (Un milésimo) en más.

i) Tolerancia en Peso: Por unidad: 0.350 g (trescientos cincuenta miligramos). Por conjunto de mil piezas: 6.100 g (seis gramos, cien miligramos). Ambas en más o en menos.

j) Cuños:

Anverso:Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en semicírculo superior. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso:En el campo superior, en semicírculo, el nombre de Chichén Itzá, desfasado del centro a la derecha el Templo de los Guerreros, perteneciente a la Cultura Maya, en el campo superior izquierdo el signo de pesos “$” continuo el número “10”, abajo la ceca de la Casa de Moneda de México y debajo de ésta el número “070707”. En el exergo, la leyenda “Templo de los Guerreros”. El marco liso.

Artículo Tercero.Se establecen las características de tres monedas de plata pura de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Características comunes:

a) Valor nominal: Cinco pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

d) Canto: Estriado.

e) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.

f) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos, ciento tres miligramos), equivalente a 1 (Una) onza troy.

g) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

h) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más.

i) Tolerancia en Peso: Por unidad: 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos). Por conjunto de mil piezas: 1 g (un gramo). Ambas en más o en menos.

II. Cuños:

a) Anverso común:

Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en semicírculo superior. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

b) Reverso de la primera moneda:

En el campo superior al centro en semicírculo el nombre de Chichén Itzá, al centro el edificio de la Casa de las Monjas perteneciente a la Cultura Maya, labrada en piedra con mascarones del Dios Chac, debajo de éste centrada la palabra “Casa de las Monjas”, en el campo izquierdo el signo de pesos “$” continuo el número “5”, en el campo derecho la ceca de la Casa de Moneda de México, debajo el número “070707”. El marco liso.

c) Reverso de la segunda moneda:

En el campo superior al centro en semicírculo el nombre de Chichén Itzá, al centro el edificio del Observatorio o Caracol perteneciente a la Cultura Maya que funcionaba como observatorio astronómico, debajo de éste centrada la palabra “Observatorio”. En el campo izquierdo el signo de pesos “$” continuo el número “5”, en el campo derecho la ceca de la Casa de Moneda de México, debajo el número “070707”. El marco liso.

d) Reverso de la tercera moneda:

En el campo superior al centro en semicírculo el nombre de Chichén Itzá, al centro el edificio de la iglesia perteneciente a la Cultura Maya, con profusa decoración labrada en piedra en el que se observan figuras del Dios Chac, debajo de éste centrada la palabra “La Iglesia”; en el campo izquierdo el signo de pesos “$” continuo el número “5”, en el campo derecho la ceca de la Casa de Moneda de México, debajo el número “070707”. El marco liso.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las monedas a que se refiere el presente decreto, podrán acuñarse a partir de la entrada en vigor del mismo.

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de las monedas descritas en el presente decreto.

Reitero a usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a diez de diciembre de dos mil nueve.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologistas de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el inciso c) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es fundamental para todas las formas de vida, lo que la convierte en uno de los recursos esenciales de la naturaleza.

El volumen del agua en el mundo asciende a alrededor de mil 360 millones de km3; es decir, mil 360 trillones de litros. Si dividimos esta cifra por cada ser humano, le correspondería a cada uno 250 mil millones de litros, lo que equivaldría a 400 mil albercas de natación olímpicas. En estas perspectivas, el agua aparece como un recurso prácticamente ilimitado. Sin embargo, de esa enorme masa líquida, sólo 3 por ciento es dulce y la mitad de ella es potable.

Además, gran parte de las aguas dulces están bajo forma de hielo o son subterráneas y de difícil acceso. Sólo 0.008 por ciento se halla en lagos o ríos y circula por napas de fácil acceso.

El agua es un bien indispensable para el desarrollo de toda civilización, ya que posibilita la expansión demográfica y los progresos de la producción, que van desde la agricultura hasta la electrónica.

Hoy por hoy, el agua es la necesidad más urgente para el ser humano. A pesar de ello, muy pocas poblaciones disponen en cantidades suficientes de este elemento. Las aguas pluviales no se reparten equitativamente sino que se concentran en zonas templadas y en los trópicos húmedos. En consecuencia, alrededor de 2 mil millones de personas en 8 países viven con escasez del líquido. Incluso, los países favorecidos con recursos hídricos enfrentan el problema de una insuficiencia potencial.

Es probable que 10 países africanos experimenten una grave escasez de agua en los próximos años. Como ejemplo tenemos a Egipto, que está perdiendo vitales provisiones del río Nilo. En China, 50 ciudades enfrentan ya la escasez de agua. En India, decenas de miles de villorrios enfrentan el problema. En la ex Unión Soviética, el agotamiento de agua de río para la irrigación y para otras necesidades ya ha hecho que el mar de Aral descienda dos tercios desde 1960; y en Estados Unidos, una quinta parte de la tierra irrigada es sometida al excesivo bombeo de agua de pozo. En México se extrae 40 por ciento más de agua de cuanto se reemplaza, lo que hace que la tierra se hunda e introduce la posibilidad de tener que importar agua dulce (www.ecojoven.com/tres/05aguas.html).

Con la ausencia de tratamiento, las aguas negras son por lo general vertidas en aguas superficiales, lo cual crea un riesgo obvio para la salud humana, el entorno y los animales. En Latinoamérica, muchas corrientes son receptoras de descargas directas de residuos domésticos e industriales.

Para mejorar las condiciones de salud y saneamiento en las regiones en vías de desarrollo se necesitan plantas de tratamiento eficientes para el manejo de agua potable y aguas residuales. Sin embargo, dichos esfuerzos requieren inversiones sustanciales de capital.

Solamente en México, se estima una inversión de 2 mil 900 millones de dólares para proporcionar agua limpia y servicios de saneamiento a los habitantes urbanos. Se necesitan miles de millones de dólares para servir a la región latinoamericana.

En 1995, el Banco Mundial estimó que se requeriría una inversión de 12 mil millones de dólares anuales durante 10 años para elevar los estándares de abastecimiento de agua y de aguas residuales a niveles razonables.

Como promedio, sólo 10 por ciento de las aguas de alcantarillado recolectadas en Latinoamérica es sujeto a cualquier tipo de tratamiento. Además, continúan las dudas acerca del modo apropiado de operar las plantas de tratamiento existentes. Una evaluación de las plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado en México calcula que únicamente 5 por ciento de dichas plantas es operado de manera satisfactoria.

Con todo esto, es clara la necesidad de implantar procedimientos que permitan un mejor aprovechamiento del agua, así como la urgencia de contar con equipos para purificación.

En la actualidad, las plantas tratadoras son indispensables para lograr en el futuro una mínima subsistencia respecto al abastecimiento de agua que requiere el país. Asimismo, la excesiva contaminación incluso del agua potable hace necesaria la utilización de filtros purificadores.

Hoy nos resulta imposible imaginar beber agua directamente del grifo, por lo que las familias se ven obligadas a consumir agua embotellada y, en el mejor de los casos, a colocar filtros purificadores, todo esto a un alto costo.

Ante esta realidad, nuestro grupo parlamentario pretende impulsar la presente iniciativa con el objetivo de que los filtros purificadores de agua y el equipo para plantas tratadoras estén sujetos a una tasa de 0 por ciento del impuesto al valor agregado.

Los estímulos fiscales se hacen necesarios para el mejoramiento del entorno natural, y fundamentalmente por lo que se refiere a hacer posible que más personas tengan acceso al agua potable a un menor costo. Sin duda, éste es un elemento fundamental de desarrollo para todo país.

Esta medida se considera equitativa, pues actualmente el agua potable ya es sujeta a una tasa de 0 por ciento. Sin embargo, no es posible la concepción de ésta sin una planta tratadora o un filtro purificador.

Lamentablemente, muchos de estos filtros o plantas de tratamiento son de importación, por lo que exhortamos al Ejecutivo federal a implantar las medidas necesarias para ofrecer mayores beneficios fiscales a estos productos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único.Se reforma el inciso c) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.La enajenación de

a)y b)...

c)Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su presentación sea en envases menores de diez litros. Filtros purificadores de agua y equipo para plantas tratadoras de agua.

d) ...

...

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, diciembre de 2009.— Senadores: Jorge Legorreta Ordorica, Francisco Agundis Arias, Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Único.Se reforma el artículo 20; y se adicionan la fracción XVI al artículo 3o., recorriéndose en su orden las demás fracciones, y se adiciona una fracción XVIII al artículo 15, recorriéndose en su orden las demás fracciones, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XV. ...

XVI. Difusión. La promoción nacional mediante los medios de información masiva escritos y electrónicos, libros, folletos y cualquier otro material idóneo que permitan dar a conocer los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable;

XVII. Entidades federativas. Los estados de la federación y el Distrito Federal;

XVIII Estado. Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios;

XIX. Estímulos fiscales. Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el ejercicio de la tributación;

XX. Marginalidad. La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

XXI. Órdenes de gobierno. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios;

XXII. Organismos genéticamente modificados. Cualquier organismo que posea una combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna;

XXIII. Productos básicos y estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales;

XXIV. Programa Especial Concurrente. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que incluye el conjunto de programas sectoriales relacionados con las materias motivo de esta ley;

XXV. Programas sectoriales. Los programas específicos del gobierno federal que establecen las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del desarrollo rural sustentable;

XXVI. Recursos naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos;

XXVII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXVIII. Seguridad alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;

XXIX. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una materia;

XXX. Servicios ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros;

XXXI. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito;

XXXII. Sistema-producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización; y

XXXIII. Soberanía alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.

Artículo 15. ...

I. a XVI. ...

XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social;

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido; y

XIX. Las demás que determine el Ejecutivo federal.

Artículo 20. La comisión intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 17.Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones contado a partir del inicio de la vigencia dé este decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULOS 94, 100, 103, 104 Y 107 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. ...

...

...

...

...

...

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Artículo 100.

...

...

...

...

...

...

...

...

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación, las que sean de materia laboral y las que se refieran a la designación, adscripción, cambio de adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales sólo podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

...

Artículo 103. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 104. Los tribunales de la federación conocerán:

I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

V. De aquellas en que la federación fuese parte;

VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

VII. De las que surjan entre un estado y uno o más vecinos de otro, y

VIII. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la asamblea general o el segundo emane de ésta;

III. ...

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

b) ...

c) ...

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) ...

b) ...

c) ...

...

d) ...

...

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;

VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII. ...

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b) ...

...

...

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los estados en los casos que la ley lo autorice;

XII. ...

...

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando los plenos de Circuito de distintos Circuitos, los plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;

XIV. Se deroga

XV. ...

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que Imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y

XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente decreto.

Tercero.Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR - LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, 8 Bis, 99, en su párrafo primero, y 134, y se adiciona una fracción XX Bis al artículo 24, una fracción XI al artículo 27, pasando la anterior XI a ser la XII; las fracciones V y VI al artículo 99, y un artículo 134-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 6. Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. La Procuraduría también será competente en los casos en que los proveedores suministren servicios tales como telecomunicaciones, transportes, turismo, electricidad y agua potable.

Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

Artículo 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en función de la afluencia comercial, del número de establecimientos y operaciones mercantiles, de la temporada del año y conforme a sus programas y medios, debiéndose otorgar a aquélla las facilidades necesarias para ello.

Artículo 24. ...

I. a XX. ...

XX-Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;

XXI. a XXII. ...

Artículo 27. El procurador federal del Consumidor tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IX. ...

X. Expedir el estatuto orgánico de la Procuraduría, previa aprobación del secretario de Economía;

XI. Expedir lineamientos, criterios y demás normas administrativas que permitan a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tenga conferidas; y

XII. Las demás que le confiera esta ley y otros ordenamientos.

Artículo 99. La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos:

I. ...

II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos;

III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione el reclamante;

IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación;

V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar, además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la personalidad del o los representantes del grupo de quejosos; que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y que no están vinculadas con actividades de proselitismo político o electoral; y

VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones grupales deberán acreditar, además

a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes;

b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos de los consumidores;

c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido;

d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad para formar parte de ésta;

e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar dicha circunstancia;

f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita; y

g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o electoral.

...

...

Artículo 134. La autoridad que haya impuesto alguna de las sanciones previstas en esta ley la podrá condonar, reducir o conmutar, para lo cual apreciará las circunstancias del caso, las causas que motivaron su imposición, así como la medida en que la reclamación del consumidor haya quedado satisfecha, sin que la petición del interesado constituya un recurso. Excepcionalmente procederá la condonación, reducción o conmutación de las multas que se hayan impuesto como medidas de apremio, cuando se hubiere logrado una conciliación en favor del consumidor y se acredite fehacientemente el cumplimiento del convenio correspondiente.

La autoridad no podrá ejercer la facultad referida en el párrafo anterior, una vez que las multas hayan sido remitidas a la autoridad fiscal competente para su cobro y tampoco cuando se trate de sanciones impuestas con motivo de los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 134 Bis. Las multas que imponga la Procuraduría, como medidas de apremio o como sanciones, serán cobradas exclusivamente por la autoridad fiscal federal competente.

Los recursos que se obtengan conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, serán destinados únicamente al desarrollo de las actividades y programas de cumplimiento de la ley a cargo de la Procuraduría.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción XVII al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y se adiciona una nueva fracción XVIII para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; y

XVIII. Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Participación Ciudadana.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable

Artículo Único.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 16....

...

El Ejecutivo federal garantizará que las previsiones presupuestales anuales para el fomento a las actividades económicas del desarrollo rural del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable sean crecientes en términos reales al año inmediato anterior, en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al gobierno federal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Minuta

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único.Se adiciona un artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 115 Bis.El gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de las organizaciones de productores y los comités de los sistemas producto conformará un padrón de comercializadores confiables dedicados a la compra de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y sus derivados, con los requisitos que al efecto se determinen; el cual deberá ser actualizado cada año, y publicado en el Diario Oficial de la Federación y estará disponible para su consulta en la página web de la dependencia que corresponda.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El gobierno federal conformará el padrón de comercializadores dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Que reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 5o. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, sobre todo de indígenas y de mujeres del campo, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Articulo Único. Se reforma el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

En caso de que en la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable se requiera emitir dictámenes o resoluciones arbitrales se tomará en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para tal efecto, se tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Minuta

Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único.Se reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres, tutores, y de toda persona responsable del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, impartan educación, tratamiento o vigilancia de niñas, niños y adolescentes; no podrán, so pretexto de cumplir con esa responsabilidad, atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Queda expresamente prohibido a las personas obligadas en los términos de este artículo, hacer uso de castigos, violencia, trato o métodos que generen algún daño, como forma de corrección o disciplina.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales implementarán medidas y campañas de información para promover métodos de disciplina alternativos, con características positivas, participativas y no violentas.

Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 10 de diciembre de 2009.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pasamos al capítulo Iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 176 de la del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de Coahuila Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Hilda Flores Escalera y Tereso Medina Ramírez en voz del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, nos permitimos presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XI del artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y se adiciona una nueva fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la educación se inscribe en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como de los principios y metas planteados por las principales cumbres y convenciones internacionales. Estipula que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación libre, gratuita y de calidad adecuada, y que el Estado es responsable de garantizarlo a lo largo de todas las etapas de la vida de los niños y niñas, en sus distintas expresiones el derecho a la escolarización, a una educación de calidad y a un trato justo en las escuelas.

El derecho a la escolarización con base en el ciclo de vida pone de relieve la importancia del acceso a la educación preescolar de calidad y armónica con los arreglos familiares es por eso que es fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional y la salud física y mental, dado que en los primeros tres años de vida se logran habilidades como la regulación emocional, el apego, el desarrollo del lenguaje y la motricidad básicos en la vida del ser humano.

Si bien el artículo tercero constitucional establece el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria, también muchas leyes estatales adicionan dicho artículo y dicha legislación secundaria precisa un poco más su alcance, principalmente en cuanto a la extensión de la enseñanza obligatoria, la gratuidad y la equidad de la educación pública, la igualdad de oportunidades y las medidas compensatorias que el Estado debe tomar para que este derecho sea efectivo para todos.

Aun así el Estado ha demostrado la incapacidad de solventar la matrícula escolar con calidad, es por esto que  surgen las instituciones educativas de tipo privado como una opción para obtener una educación de mejor calidad, sobre todo en un país donde el mercado laboral exige una mayor capacitación día con día  para poder competir.

Las instituciones educativas de tipo privado han logrado elevar el nivel educativo, y no solo eso, han fortalecido los principios básicos fundamentales como son la conciencia ciudadana, el amor a nuestros símbolos patrios y el conocimiento y la valoración por nuestra historia. Un extra que proporcionan estas instituciones son el desarrollo de nuestras capacidades artísticas, físicas, de investigación así como un aspecto básico la conservación y preservación del medio ambiente, todo esto gracias a las instalaciones y a la continua capacitación y actualización de su profesorado.

En México existen aproximadamente 239,150 escuelas de las cuales 33,767 son instituciones privadas, el total de la matrícula es de 31.9 millones de estudiantes en todos los niveles y la matrícula en instituciones privadas es de 4.1 millones de estudiantes aproximadamente el 12.23 por ciento del total; esto es sólo una muestra de cómo la educación privada complementa a la educación pública.

En 2008 el Ejecutivo federal creó el llamado impuesto empresarial a tasa única (IETU) cuyo propósito es gravar a los contribuyentes que perciben ingreso por actividad empresarial, prestación de servicios o arrendamiento de bienes.

Este nuevo impuesto desde su nacimiento ha mermado la capacidad financiera de las pequeñas industrias, aunado a que ha tenido un incremento gradual ya que inició con una tasa del 16.5 por ciento y para que el próximo año alcanzará un 17 por ciento.

Aunado a esto existen en el pleno de la Suprema Corte más de 30 mil juicios de amparo en contra de dicho impuesto los cuales a la fecha aún no han sido resueltos por dicho organismos y que de fallarse a favor de los contribuyentes por más de 40,000 mdp, también es cierto que quienes se ampararon fueron las grandes empresas.

En el caso de las instituciones de educación privada no están exentas de dicha problemática, ya que al pagar el IETU, se reflejarán incrementando las colegiaturas y al final el consumidor termina pagando dicho incremento en el mejor de los casos; sin embargo, la realidad, aunado al incremento de las colegiaturas y a la crisis actual, la merma en los bolsillos ha sido sustancial lo que ha llevado a que más de 550 mil estudiantes se trasladen de escuelas privadas a públicas.

En estricta teoría esto no tendría que ser un problema, ya que la educación es un derecho que desde temprana edad tendrían que tener todos los niños mexicanos. Sabemos que desafortunadamente no es así. El Estado mexicano no cuenta con la infraestructura para poder otorgar una educación con calidad.

Existen colegios e instituciones, que conscientes de esta situación han mantenido sus colegiaturas y han incrementado los apoyos económicos para sus estudiantes, con tal mantener sus matrículas, pero también es cierto que la situación que por la que atraviesa el país requiere de medidas drásticas que incentiven el flujo de efectivo para reactivar la economía.

En países como Chile donde se implementan programas cuyo objetivo principal es que las familias no se desvinculen de la red pública, que los niños no dejen de asistir al sistema educacional, que sigan estudiando y que las familias no impulsen a los niños a trabajar, parece ser que la consigna del gobierno es desaparecer las instituciones educativas privadas, creando cargas fiscales impagables ya que pagan una cuota por derechos de incorporación, además de que tienen que otorgar por ley el cinco por ciento de becas, lo cual priva del cinco por ciento de los ingresos totales de las instituciones los cuales no son deducibles y además se tiene que erogar el pago del IETU.

Es por eso que la presente iniciativa tiene por objeto que las escuelas privadas puedan hacer deducible los importes que por concepto de becas están obligadas a otorgar así como los pagos que los contribuyentes realizan por concepto de pagos de colegiaturas.

Por lo antes expuesto presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción XI del artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y se adiciona una nueva fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XI del artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 5.Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a X. ...

XI. Los montos que corresponden a las becas que por ley son otorgadas por las escuelas particulares siempre y cuando presenten las listas de los beneficiarios en el año fiscal que se pretende deducir.

Artículo Segundo.Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176....

I. a VIII. ...

IX. Los pagos de colegiaturas que por concepto de educación o capacitación sean efectuados por el contribuyente para sí y sus descendientes en primer grado.

...

Transitorios

Único.Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Miguel Ángel Riquelme Solís, Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Héctor Franco López (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que se reglamente el término que tendrá la honorable Cámara de Diputados para el estudio y debida valoración del dictamen propuesto por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Justamente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios sobre los cuales debe sustentarse la administración de los recursos de la federación y del Distrito Federal, con el objeto de que estos lineamientos sean idóneos para el mejor ejercicio del gasto público, es decir, que los recursos económicos se administraran con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esté destinado.

El objetivo del gasto público es la correcta administración de los recursos, que hacen los Poderes pero principalmente el Ejecutivo, que no debe sustentar en un ejercicio desordenado del gasto que alcance ciertos fines en detrimento de otros, distrayendo con ello indebidamente recursos.

De la lectura de la propia exposición de motivos del proyecto de Presupuesto enviada por el Ejecutivo, se desprende por ejemplo que para el ejercicio fiscal de 2010, propone: “una política de gasto público orientada a continuar desarrollando y potenciando las capacidades básicas de la población, en particular de la que padece condiciones de marginación y pobreza, para asegurarle un mayor acceso a la alimentación, a los servicios de salud, a la educación y a la vivienda. Esta orientación del gasto público hacia funciones de desarrollo social busca primordialmente proteger a las mexicanas y a los mexicanos –en especial a quienes forman parte de los grupos más vulnerables de la población– de los efectos negativos del ciclo económico mundial experimentado durante el año 2009, y mejorar de manera permanente sus condiciones de vida.

“Igualmente, para 2010 se propone que la política de gasto público coadyuve a que la actividad económica y el empleo retomen la senda del crecimiento, fortaleciendo los programas que tienen un mayor impacto en el mejoramiento de la productividad y la competitividad de los sectores y de las empresas, aunado al impulso de la inversión en infraestructura y obra pública prioritaria.”

En este sentido y de acuerdo a lo que establece el artículo 74, fracción IV, de la Carta Magna, ésta le confiere facultades exclusivas a la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

Ahora bien, en las distintas circunstancias en las que se puede encontrar el país tomando en cuenta la situación económica, social, política etcétera, por la que se ven afectados diversos rubros de la economía nacional, uno de los objetivos primordiales del Presupuesto es utilizar el gasto público para contribuir a una recuperación o fortalecimiento económico como proyecto de nación, implantando programas y proyectos que induzcan un mayor crecimiento, mejor seguridad pública y el combate al crimen organizado, en virtud de que son factores que frenan el crecimiento económico y el desarrollo social.

El Estado, debe tener como principal preocupación que el gasto público este orientado a impulsar los sectores más vulnerables del país, procurando en todo momento el desarrollo nacional con mayor justicia social, eliminando en la medida de lo posible las inequidades socioeconómicas entre los diferentes estratos de la población y regiones del país, fomentando las actividades productivas, que éste sea un reflejo de las demandas sociales con programas que efectivamente cumplan con los objetivos y metas de la ciudadanía y sustente el desarrollo sobre bases que impliquen una evolución, es decir, un cambio positivo en los grupos integrantes de la sociedad, con el único fin de que posean todos aquellos elementos que den lugar a un bienestar y desarrollo social.

Las facultades de este órgano legislativo para la aprobación, discusión o en su caso modificación del proyecto de Presupuesto, pero sobre todo considerando las necesidades que actualmente requiere la nación, resulta primordial que la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el pleno de ésta y los diputado en lo individual, realicen un estudio pormenorizado y con todos los elementos necesarios para la debida aprobación y ejecución del Presupuesto federal, pues lo contrario conlleva a priorizar la política y el acuerdo en contra de la disminución del progreso de todo un país.

Dada la importancia que tiene la debida orientación del gasto público, resulta necesario que en nuestro carácter de legisladores contemos con ese tiempo suficiente para que de acuerdo a nuestras atribuciones fiscalizadoras, asesorándonos y orientando en aras de dar cumplimiento a la representación popular atribuida, podamos dilucidar, entender y en su caso proponer mejoras del proyecto de egresos, pues el mandato que se nos da es para dar uso y destino a los recursos que provienen de la riqueza nacional y principalmente del esfuerzo de muchísimos mexicanos al aportar en vía de retribución fiscal esos bienes a la nación, con la reforma que se propone se hará más transparente y público el destino de los bienes proporcionando mayor certeza a los ciudadanos, una mayor transparencia y calidad en la ejecución del gasto público.

En otros países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Argentina, para la aprobación del presupuesto no solo se encuentran definidos los alcances de los poderes que intervienen, es decir, el legislativo y el Ejecutivo, bajo circunstancias especificas, sino que existe un calendario especifico en el cual se determinan tiempos prudentes, tanto para que el poder ejecutivo elabore y envié el proyecto presupuestario como para que el Congreso apruebe éste, en algunos casos después de la segunda lectura de dictamen aprobado por la comisión a cargo y en otros casos el termino dispuesto esta contado respecto de días hábiles.

En tal orden de ideas, la rapidez del proceso entre que ocurre el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el tiempo en que se propone al pleno el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, no dan tiempo sensato para poder perfeccionar o argumentar para lograr un trabajo que exigen los mexicanos, esa inmediata discusión en el pleno tiene invariablemente consecuencias de análisis deficiente del contenido del dictamen puesto a consideración de la asamblea, que repercuta de manera directa y negativa en la población del país y que sin estas tengan a través de sus diputados el tiempo de reflexión.

La rutina, formas o acuerdos que en el pasado se practicaban no nos pueden llevar a seguir politizando el presupuesto, con prácticas que necesariamente tienen que evolucionar a fin de dar mejores resultados, prestigiando con ello el trabajo de la honorable Cámara al dar un mejor resultado en el gasto partida tras partida y rubro sobre rubro.

Así pues, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único.Se adiciona el inciso g) a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes

Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. a VII. ...

VIII.En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) a f) ...

g) La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una vez que haya dictaminado el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, previsto en el segundo párrafo, fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo hará del conocimiento del pleno de la honorable Cámara de Diputados para que sea analizado con un plazo mínimo de tres días naturales con anterioridad a la fecha límite fijada para su aprobación.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULOS 74, 79, 110 Y 111 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Juan Carlos Natale López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestra gradual y accidentada transición que se ha prolongado por poco más de 25 años, se han erigido reformas jurídicas que han hecho posible nuestro actual régimen político, económico y social.

Por un lado, el papel que tuvo el Legislativo en los inicios de tal proceso, obedeció básicamente a las sujeciones que el contexto del presidencialismo le impuso sin cortapisas ni reclamos; además de que sirvió como un órgano legitimador por excelencia de los actos del Ejecutivo sin mayores complicaciones que ser la instancia idónea para consumar todo acto emanado del poder mediante la ratificación institucional. En ese sentido, la vigilancia y rendición de cuentas, que asumen y profesan los principios de separación y equilibrio de poderes, solo se podía explicar al margen de una desbordada concentración de poderes, funciones y recursos con que se gobernaba para garantizar el orden y la estabilidad.

Por otro lado, la competencia política de aquéllos años, se limitó en la existencia de un sistema de partidos condicionado dada la hegemonía de una sola entidad partidista que ejercía su absoluta dominancia en los congresos locales y en el mismo Congreso de la Unión; siendo inútil los esfuerzos de cualquier ente u órgano fuera del ámbito del poder público que hiciera eco en el legítimo interés y derecho de exigir la rendición de cuentas hacia a los gobernados.

Fueron hasta la LVI y LVII Legislaturas cuando las condiciones sociales y la correlación de fuerzas políticas que integraron el Congreso de la Unión, hicieron conveniente la oportunidad de procesar reformas con alto sentido de renovación institucional; entre las que destacan: la reforma electoral, la del nuevo federalismo con la creación de nuevos fondos a estados y municipios; la social con la institucionalización de nuevos programas sociales; y la que tiene que ver con la fiscalización y rendición de cuentas a través de un nuevo ente fiscalizador por parte de la Cámara de Diputados.

De este modo, el tema central del fortalecimiento de las facultades de fiscalización y control del Poder Legislativo, partió del propósito por robustecer la actividad de control y vigilancia de la Cámara de Diputados que había llegado a un nuevo contexto político idóneo para adecuar el marco institucional que rige la separación y equilibrio de poderes a la nueva realidad política que experimentaba el país para construir las bases de un real y verdadero régimen de rendición de cuentas mediante la vigilancia recíproca y efectiva entre los tres órganos de gobierno.

Por lo tanto, es un hecho que México hace apenas unos años inició en la práctica, el despliegue de un Congreso mucho más proactivo y beligerante con el Ejecutivo sin el afán de acotar sus funciones, sino de asumir como en un régimen de pesos y contrapesos, las facultades y atribuciones que la máxima norma le había delegado desde hace más de 70 años; en donde ya se preveía mecanismos formales de control y vigilancia sobre la actuación de los demás poderes: la responsabilidad política, el desafuero, la ratificación de nombramientos, la aprobación de los presupuestos, la revisión de la cuenta pública, y otros actos desempeñados por los congresos que permiten apreciar las funciones de control ínter orgánico que el legislativo ha desarrollado sobre los poderes Ejecutivo y Judicial en los últimos años; ya que sin equilibrios ínter orgánicos, no puede existir una auténtica división de poderes.

Sin embargo, tal equilibrio tiene que ver con las condiciones jurídicas y políticas para que cada uno de los poderes ejerza a plenitud sus facultades independientemente de que haya o no mayorías absolutas o congresos sin mayorías o gobiernos divididos, lo verdaderamente importante es diseñar y ejercer una ingeniería institucional para que el Congreso enfrente esos obstáculos de manera eficaz sin complacencias ni excepciones en su papel de control y vigilancia. En este renglón, se reconocen los logros alcanzados hasta ahora en el cumplimiento de la función de fiscalización del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, sin embargo, siguen siendo un hecho las notables insuficiencias con las que opera el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, aun muy por debajo de lo que es en cualquier democracia consolidada.

Antecedentes

No han sido pocas las propuestas de reformas legislativas presentadas en anteriores legislaturas de este Congreso con el objeto de robustecer la actividad fiscalizadora de ésta soberanía a través de su órgano técnico de auditoría. Sin embargo, la iniciativa aprobada por el Senado en la LIX Legislatura, ha sido la de mayor profundidad y madurez que en su momento tuvo a bien aprobarse por la colegisladora no siendo así por la Cámara de Diputados más por cuestiones políticas que de indefiniciones. Dicha propuesta se puede reseñar en los siguientes términos:

El 27 de abril de 2004, la Cámara Alta a través de los integrantes de la LIX Legislatura y de la fracción parlamentaria del PRI, entre ellos las senadoras Georgina Trujillo Zentella, Laura Alicia Garza Galindo, Dulce María Sauri Riancho y los senadores Carlos Chaurand Arzate, Mariano González Zarur, Carlos Rojas Gutiérrez, Fernando Gómez, Manuel Bartlett Díaz y Enrique Jackson Ramírez, presentaron una magnánima iniciativa que reformaba los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 constitucionales confluyendo en gran parte las exigencias de diversas proposiciones de reformas que desde 1999 se habían presentado en aras de consolidar la primera etapa desde aquél año.

En este sentido el senado destacó en la exposición de motivos de la iniciativa que la reforma de 1999 había establecido las bases y principios con los que la Cámara de Diputados habría de fortalecer con nuevas atribuciones la facultad de fiscalización superior de la Cuenta Pública y del manejo, custodia y ejercicio del gasto público federal.

También señaló que el fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo para el control y vigilancia de la gestión gubernamental, como uno de los objetivos esenciales que dieron origen a la reforma constitucional y a su ley reglamentaria, gozó del respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y de las Legislaturas de las entidades federativas animados principalmente  por emprender una reforma democrática del Estado, y con la finalidad de propiciar una mejor distribución de competencias entre poderes y la instauración de mecanismos más eficientes y transparentes para asegurar la rendición de cuentas.

Asimismo, la iniciativa puntualizó que se requiere de una generación de reformas que eleven la calidad, la oportunidad y la autonomía de la fiscalización superior; y que si en su momento no se reflejaron en los textos finales, ya sea por dificultad técnica o por no sobrecargar el trabajo a la entidad que se creaba, entre otros, ahora se debía subsanar ineludiblemente omisiones o aspectos insuficientemente valorados. Por lo que exclamaron el imperativo, legal, político y ético de prevenir y poner freno a los actos de corrupción de los servidores públicos al pugnar en contra del desempeño de las contralorías internas del propio Ejecutivo federal al señalar textualmente lo siguiente: “son más conocidos por la labor de los medios de comunicación que por las tareas de investigación y sanción de la vasta red de contralorías internas o de la propia Secretaría del ramo, responsable de prevenir el uso irregular o ilícito de los recursos, pues es evidente la ineficiencia en la que operan en prevenir y sancionar delitos en contra del patrimonio federal, y por otro lado, las limitaciones –en buena medida, la vulnerabilidad– con las que opera la ASF”.

Por otro lado, resaltaron la falta de claridad de las disposiciones constitucionales acerca del alcance de las atribuciones y facultades de la ASF para el control y la fiscalización de la totalidad de los recursos públicos federales, incluidos los transferidos a las entidades federativas ya que cabe precisar que suele ser copiosa la necesidad de que el máximo organismo fiscalizador se mantenga al margen de la revisión hasta que exista convenio alguno de colaboración para la fiscalización  del gasto federalizado para con las entidades federativas.

Ante esta exposición general de causales de reforma, un número considerable de senadores propusieron cuatro ejes fundamentales para la concreción del fortalecimiento al control y fiscalización por parte de la Cámara de Diputados y desde luego de la ASF, entre ellos: 1) Adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública del año anterior, a más tardar el último día hábil del mes de febrero y reducir el plazo para la entrega del Informe de Resultados a más tardar el 31 de octubre del mismo año de su presentación esto para darle utilidad al Informe para la corrección y, en su caso la sanción oportuna ante eventuales irregularidades; 2) Que la Cámara Diputados además de recibir y turnar la Cuenta Pública a la ASF, tenga la obligación de dictaminarla a más tardar el 15 de diciembre de ese mismo año para la oportuna y objetiva toma de decisiones; 3) Instituir las entidades estatales de fiscalización y establecer mecanismos de homologación de los sistemas jurídicos de fiscalización federal y locales para que la actividad sea regida por principios únicos; 4) Otorgar inmunidad relativa constitucional al titular de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación así como su responsabilidad correspondiente.

En consecuencia, el día 17 de febrero de 2005 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, emitieron el dictamen respectivo y convinieron con los motivos expresados en la iniciativa, así quedó asentado en las consideraciones donde se expresa que la materia relativa a la fiscalización superior es una de las más importantes por estar íntimamente relacionada con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

El 22 de febrero dicho dictamen fue presentado ante el pleno del Senado donde fue aprobado finalmente por 98 votos a favor, una abstención y cero votos en contra. Por lo que se turnó a las Comisiones de Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el día 24 del mismo mes para su proceso correspondiente. Dicha minuta ha sido prolongada en la Cámara de Diputados hasta la fecha.

En el marco de la reforma fiscal de 2007 en la LX legislatura, fueron presentadas siete propuesta de reforma dentro de la cual destaca la referente a la de incrementar la calidad del gasto público y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, esta iniciativa de reforma constitucional presentada a la Comisión Permanente, pudo anteponerse sobre cualquier otra consideración más allá de que si era conveniente y propicio incidir con reformas jurídicas de fondo en la materia. En este sentido, esta reforma sólo coincidió con la del Senado por cuanto a los propósitos del proyecto de decreto, únicamente con respecto a instituir constitucionalmente entidades estatales de fiscalización y a establecer mecanismos de homologación de los sistemas jurídicos de fiscalización federal y locales para que la actividad fuese regida por principios únicos.

Como podemos observar, el Congreso ha tenido la oportunidad de concretar un cúmulo de aspiraciones para modernizar parte de nuestro actual sistema de transparencia y de rendición de cuentas sin demeritar las reformas recién aprobadas por éste Congreso como la que creó la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental sin que hayan aún resultados concretos de las mismas; ya que de la información y de los actos conducentes que de las mismas se desprendan se probará su plena eficacia y la real determinación de éste Congreso.

Resultados de la función fiscalizadora de la ASF

A casi diez años de la reforma constitucional de dio origen a la entidad de fiscalización superior de la Federación, y derivado de la actuación desarrollada en los casi ocho años de gestión correspondientes al periodo 2002-2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha registrado importantes acciones, logros y resultados, entre los que destacan los siguientes:

Ha presentado a la Cámara de Diputados y a la opinión pública nacional, los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de los años 2000 al 2007, estando en proceso de revisión la del año 2008;

Ha multiplicado en más de tres veces las auditorías practicadas, al pasar de 312 en la Cuenta Pública del año 2000, a 979 en la del 2007;

Ha aumentado, en más de ocho veces la muestra fiscalizada en relación al gasto total ejercido, mediante la ejecución de auditorías de regularidad y de cumplimiento financiero, de desempeño y especiales, horizontales, integrales y de centricidad, así como de seguimiento y de situación excepcional;

Ha incrementado el número de observaciones en 187 por ciento y las acciones promovidas en 134 por ciento;

Ha practicado cerca de 600 auditorías de desempeño para la evaluación de las políticas y programas públicos, lo cual coloca a nuestro país dentro de las corrientes más avanzadas del mundo en este tipo de revisiones;

Ha realizado múltiples revisiones a las operaciones del rescate bancario. Los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han limitado, en su oportunidad, los resultados de la ASF, y por ende, han evitado fincar responsabilidades y recuperar importantes recursos en beneficio de la sociedad;

Ha realizado evaluaciones al Programa Oportunidades; a los servicios de educación; al programa estratégico para detener la degradación del medio ambiente, a la red de autopistas, carreteras y caminos rurales; así como al desempeño de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras;

Ha llevado a cabo un número significativo de auditorías horizontales a los principales regímenes de jubilaciones y pensiones; a los sistemas de servicio civil de carrera; ala regulación y evaluación del sistema financiero de fomento; a la operación de impacto financiero de los Pidiregas; a las remuneraciones y percepciones del sector público; al registro y control de donativos; a las políticas y acciones para el abasto de medicamentos en el sector salud; y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras;

Ha iniciado la práctica de auditorías de “centricidad”, que permiten la evaluación de la concurrencia en regiones de alta marginación, respecto de diversos programas y proyectos institucionales para atender las necesidades de un grupo específico de población;

Ha efectuado diversas auditorías a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. Mediante modificaciones a la ley, se ha obligado a estas figuras jurídicas a rendir cuentas y ser sujetos a procesos de fiscalización;

Ha logrado que las universidades públicas rindan cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos federales que les son transferidos. Estas instituciones, en el pasado, tampoco permitían la fiscalización de sus operaciones anteponiendo como argumento la invasión de su autonomía;

Ha puesto énfasis en la detención de operaciones no registradas, registradas erróneamente, o bien, no reveladas con suficiencia y consistencia en los estados financieros de los entes fiscalizados o en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y con base en lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación;

Ha impulsado, en forma decidida, un número creciente de auditorías a los recursos federales transferidos a estados, municipios y al Gobierno del DF, incluyendo en lo posible, la revisión del cumplimiento de objetivos y metas de los fondos que conforman el Ramo general 33 y en su oportunidad, los que integraban el Ramo general 39; en ese propósito, ha suscrito 32 convenios de coordinación en los Congresos locales para fortalecer los procesos de fiscalización de los recursos que se transfieren a esas instancias de gobierno. Como resultado de ello ha incrementado en más de 13 veces el número de auditorías directas al ejercicio de estos recursos;

Ha elaborado y promovido propuestas de Reglas de Operación de los Fondos del Ramo General 33, algunas de las cuales han sido ya incorporadas en los decretos aprobatorios de los Presupuestos de Egresos de la Federación de los años 2008 y 2009, así como en la Ley de Coordinación Fiscal;

Ha presentado 31 denuncias de hechos ante las autoridades de la Procuraduría General de la República, de las cuales 8 de ellas contaron con resolución definitiva mediante acuerdos de acumulación y de no ejercicio de la acción penal quedando vigente las 23 denuncias restantes cuyo proceso aun no se resuelve;

Ha logrado recuperaciones por 33 mil 949 millones de pesos con corte al 30 de junio de 2009, los cuales han sido reintegrados al erario público; este monto representa más de 30 veces el presupuesto anual de la institución, situación inédita en el país;

Ha identificado 17 grandes áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano que representan oportunidades de mejora de la gestión pública, siendo éstas las siguientes: eficiencia recaudatoria del Estado; fideicomisos; fondos, mandatos y contratos análogos; educación pública en sus componentes de calidad y cobertura; pensiones y jubilaciones; recursos federales transferidos a estados y municipios; proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas); recursos destinados a procesos electorales; sistema contable electoral; remuneraciones de servidores públicos; sistema de evaluación del desempeño (SED); donativos a los recursos públicos; mejora regulatoria; preservación del medio ambiente; subejercicios presupuestales; disponibilidades de recursos; discrecionalidad de los servidores públicos; y regulación y supervisión del Estado;

Ha instrumentado, hacia el interior de la institución, la operación del Servicio Fiscalizador de Carrera, con el propósito de atender e impulsar la mejora continua de su personal, basada ésta en el mérito, la experiencia y la medición de resultados;

Ha mejorado substancialmente la calidad, tanto el contenido de los informes particulares de auditoría que formula, como del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que rinde anualmente a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia; a pesar de que ésta última, siga sin emitir oportunamente los dictámenes para su conducente aprobación ante el pleno de ésta soberanía; entre otros aspectos no menos relevantes.

En fin, ha sido ampliamente destacable la  labor de la ASF a lo largo de casi ocho años de gestión a pesar de que financieramente la dependencia del ramo del Ejecutivo federal ha llegado a duplicar el presupuesto del órgano técnico fiscalizador del Congreso sin resultados tan holgados y contundentes. Sin embargo, progresivamente se han ido disminuyendo las marcadas diferencias presupuestales entre la dependencia administrativa del Ejecutivo y el órgano fiscalizador del legislativo; resaltando que, entre 2009 y 2010, la  diferencia por la comparación presupuestal se disminuye de un 34.5 por ciento a 1.7 por ciento respectivamente, esto debido más que nada a la pretensión inicial del Ejecutivo por desaparecer la dependencia administrativa a su cargo. Por lo que el presupuesto para 2010 es, en términos generales, casi igual al de la ASF.

Es un hecho que a pesar de que la ASF de 2009 a 2010 muestra un incremento en casi 20 por ciento de recursos presupuestales; es previsible que continúe presentando restricciones y riesgos tanto financieros como de facultades en las postrimerías sino se realizan reformas de fondo que garanticen un pleno control, fiscalización y vigilancia hacia quienes ejercen recursos públicos bajo cualquier modalidad, ahí están las constancias de los juicios perdidos por la entidad fiscalizadora en detrimento del erario público y la entronización de la corrupción y la opacidad en las más altas esferas del poder público.

Por lo que esta soberanía tiene el imperativo de aportar al diseño institucional de la transparencia y la rendición de cuentas el andamiaje constitucional y legal para consolidar la transición del máximo organismo mexicano que controla y evalúa gran parte de los actos de gobierno, más aún cuando estamos en la etapa idónea para designar al nuevo titular de la ASF como un acto de corresponsabilidad en el compromiso y la obligación de privilegiar la plena transparencia, eficiencia y la cultura de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 74; primero y segundo de la fracción I; así como el primer y segundo párrafos de la fracción II del artículo 79; los párrafos primeros de los artículos 110 y 111; y se adiciona un sexto párrafo a la fracción I del artículo 79, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a V. ...

VI. ...

...

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de éste artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública, con la aprobación del dictamen correspondiente a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

.........

Artículo 79. .,.

...

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, dichos fondos y recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal, y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y ejerzan por cualquier entidad de derecho e interés público, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

.........

La entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo el control de los órganos internos de fiscalización de los Poderes de la Unión, mismos que tendrán la obligación de coordinarse con esta entidad a efecto de comunicar los avances y resultados de las auditorías preventivas que realicen.

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del mismo año de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara para efectos de su aprobación y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditarías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

..................

III. ...

IV. ..................

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.

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...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

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Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

Artículo Segundo. Las reformas relativas a la entrega de la Cuenta Pública a más tardar el último día de febrero; así como la reforma relativa a la presentación del Informe de Resultados a más tardar el 31 de octubre del año de su presentación, a que se refieren el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 74 y el primer párrafo de la fracción II del artículo 79 de esta Constitución, respectivamente, entrarán en vigor al primer día de enero del año  2011.

Artículo Tercero. Para los efectos conducentes derivados de la adición del sexto párrafo a la fracción I del artículo 79, se subrogarán y trasladarán funciones, facultades, recursos técnicos, materiales y humanos de los órganos internos de control a nombre de la Auditoría Superior de la Federación. Por cuanto a la unidad administrativa responsable en el ramo del Ejecutivo federal, tendrá a su cargo única y exclusivamente, las competencias, funciones y atribuciones que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con excepción de las funciones de control y auditoría; siendo su mayor competencia, las relativas a las que marcan la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal y todas las concernientes al diseño y aplicación de sistemas gestión pública en mejora a la calidad de los servicios y procesos administrativos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil nueve.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:  Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Liev Vadimir Ramos Cárdenas, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En todas las economías del mundo el Estado y sus instituciones deben encargarse de dar contenido y perfil al desarrollo económico y social. En este contexto y observando el pobre desempeño de nuestra economía en los últimos años, es necesario y urgente reformar y reforzar nuestros instrumentos jurídico-económicos, en especial los presupuestales, para posibilitar mayores niveles de crecimiento, con estabilidad y equidad. Sobre todo a la luz de la crisis financiera internacional que hizo evidentes los serios problemas estructurales que presenta nuestro mercado interno y que retroalimentan los insuficientes resultados obtenidos en los últimos veinte años en términos de crecimiento económico en nuestro país.

Adicionalmente a estas graves circunstancias, nuestro país, presenta a la fecha los siguientes problemas presupuestales: caída de ingresos petroleros, caída en la recaudación de ingresos tributarios, un férreo programa de austeridad presupuestal y una política de recortes presupuestales que suman, al mes de agosto de 2009, la cantidad de 85 mil millones de pesos.

Este contexto económico internacional y nacional, nos obliga como legisladores a diseñar y proponer alternativas de política económica y en especial de política presupuestal que posibiliten fortalecer el ejercicio del presupuesto de una forma más flexible, por medio de presupuestos plurianuales, con el fin de fortalecer áreas estratégicas y sociales debilitadas o vulnerables, posibilitando a los ejecutores del gasto una mejor planeación en el corto y mediano plazo, al eliminar la restricción temporal y la rigidez que impone la obligación del ejercicio presupuestal anual. Con esto, posibilitaríamos un horizonte de planeación temporal más amplio y consistente, que posibilitaría un mayor alcance de las metas previstas y objetivos correspondientes por parte de cada una de las entidades.

Esta reforma adquiere una relevancia especial, sobre todo después del complejo contexto en que se dio la discusión del paquete presupuestal para 2010, donde se hicieron evidentes los estrechos márgenes en la negociación, derivados de la de la caída de ingresos tributarios y de la consecuente restricción presupuestal resultado de una férrea política de austeridad.

Claro ejemplo de lo anterior es que en el presupuesto para 2010 implica una reducción de (menos 0.4 por ciento) en el gasto programable del gobierno federal, respecto al aprobado en 2009. Esto implica que el gasto programable sólo representará para 2010, 11 por ciento del producto interno bruto.

Esta política presupuestal, implica una fuerte disminución del esfuerzo presupuestal que nuestro país debe sostener sobre todo para áreas y Ramos Administrativos fundamentales y estratégicos como son la educación y la ciencia y tecnología, sectores que fortalecen no sólo la economía, la competitividad, sino también el bienestar.

Ante esto, Nueva Alianza propone blindar el gasto, especialmente en educación, ciencia y tecnología, por medio de presupuestos plurianuales. En donde el objetivo de estos importantes sectores sea dar certidumbre presupuestal y posibilitar horizontes de planeación en el corto, mediano y largo plazos.

Este instrumento de la plurianualidad, fortalecería la educación, la formación de capital humano, la ciencia, los procesos de innovación y el desarrollo integral del país.

Esta reforma posibilitaría un esfuerzo más consistente, desde el punto de vista institucional, para alcanzar en el mediano plazo asignaciones presupuestales que nos acerquen a los montos recomendados por la UNESCO y señalados claramente en la Ley General de Educación y en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Convocamos a esta soberanía y especialmente a esta comisión para defender consistentemente un presupuesto plurianual para estos importantes rubros y a fortalecerlo en los futuros ejercicios, modificando los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Es urgente dar cumplimiento al compromiso planteado en el artículo 25 de la Ley General de Educación, que obliga al Estado, federación, entidades federativas y municipios a que se destine al gasto en educación y en los servicios educativos no menos de 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

De no hacerlo y de seguir en la situación en la que nos encontramos, las expectativas económicas de nuestro país seguirán siendo limitadas.

Necesitamos un cambio estructural, un cambio de visión en el presupuesto que supere el corto plazo. De lo contrario México seguirá reportando un desarrollo insuficiente no sólo de capital humano, sino también en ciencia y tecnología.

Nueva Alianza reconoce como urgentes y necesarios los cambios propuestos, con fin de detonar crecimiento económico, disminuir inequidades y propiciar igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

El instrumento fundamental para lograrlo es, entre otros, un presupuesto plurianual; no dejemos pasar esta oportunidad para corregir el rumbo.

Es necesario un Estado más activo, que instrumente presupuestos plurianuales, incrementando no sólo el gasto en educación, sino también, y de manera consistente, fortalecer los recursos destinados a ciencia y tecnología.

Recordemos que el desarrollo de capital humano y el fortalecimiento científico y tecnológico deben ser siempre variables estratégicas para México.

Es precisamente en este sentido que, como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comprometido con reformas legislativas dirigidas hacia una mejoría social y preocupado por la insuficiencia de recursos fiscales y el pobre desempeño de la economía nacional y del bienestar, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero. Se reforman los artículos 25 y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 25.La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal.

En los ramos correspondientes a educación, así como ciencia y tecnología, los presupuestos deberán ser plurianuales,y con base en:

I.Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;

II.Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría;

III.La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;

IV.El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica a que se refiere el artículo 16 de esta ley;

V.El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y

VI.La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento.

En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán.

Artículo 32.En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto en los ramos de educación, ciencia y tecnología, así como los que se autoricen en los términos del artículo 50 de esta ley, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual.

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a los que se refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por considerar que el esquema de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de nuevos financiamientos, para ser incluido en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la total terminación de los pagos relativos, con el objeto de que las entidades adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos.

Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos del Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser considerados:

I.Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y

II.Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el objeto principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de suministro de bienes o servicios.

La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este artículo, sólo en el caso de que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las obligaciones pactadas y los gastos asociados.

Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura productiva de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá realizar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren este artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo federal, tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Francisco Saracho Navarro iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez, Miguel A. Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Hilda Flores Escalera y Tereso Medina Ramírez,  con fundamento en el artículo 71, fracción II, y artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como finalidad otorgar a las autoridades de las entidades o dependencias pertenecientes a la administración pública de los estados y municipios, un medio de defensa que, lejos de implicar un sometimiento a la jurisdicción de los tribunales federales, les confiere la posibilidad de cuestionar la legalidad de las decisiones con que culminen los juicios de lo contencioso administrativo, prerrogativa con la que actualmente cuentan tanto los particulares, como las autoridades de la Federación y del Distrito Federal que funjan como demandadas en los juicios en mención, a través del recurso de revisión que prevé la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El planteamiento parte, por un lado, de la reflexión sobre las repercusiones que actualmente genera la disparidad antes anotada y, por otro, el de la conveniencia de establecer para los juicios de nulidad seguidos ante los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas, otra instancia que genere mayor certeza a la decisión final, y sea substanciada ante el Poder Judicial de la Federación, como consecuencia de la inconformidad que, la autoridad de la propia entidad federativa, haga valer en los juicios en comento.

La inequidad procesal que actualmente impera, en ningún supuesto tiene justificación, dado que, en pro del principio de seguridad jurídica, tanto el particular como la autoridad demandada en el juicio de nulidad, deben contar con las mismas oportunidades de defensa que garanticen que el juzgador que dirima la controversia, cuente con los elementos de convicción indispensables para arribar a una decisión definitiva apegada a derecho.

Entonces, se considera que no se irrumpe el principio del federalismo sino por el contrario, al generar equidad entre las partes contendientes en un juicio de nulidad, cuando se establece la posibilidad de que, a través del recurso de revisión previsto la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales de la Federación puedan revisar la legalidad de las sentencias definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo estatales, a petición de la propia autoridad administrativa perteneciente a la entidad en que ejercen jurisdicción dichos tribunales, implica que las autoridades estatales puedan hacer valer un medio de impugnación con el que sólo cuentan las de la administración pública federal y del Distrito Federal, además de que se propician las condiciones para que las resoluciones que se dicten en los juicios de nulidad sean, en mayor medida precisas.

Los tribunales de lo contencioso administrativo fueron incorporados en el sistema jurídico mexicano, tomando como modelo el francés, pues son órganos jurisdiccionales ubicados dentro de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, para conocer y resolver los conflictos suscitados entre la administración pública y los particulares.

Para la finalidad antes precisada se creó el antes denominado Tribunal Fiscal de la Federación, en 1936, ante el cual los particulares sólo podían plantear demandas de nulidad pero de carácter eminentemente fiscal.

Ahora la competencia de dicho tribunal denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se ha extendido a la mayoría de las resoluciones definitivas que emitan las autoridades de la administración pública federal y sus sentencias definitivas pueden ser impugnadas por los particulares en la vía de amparo directo; sin embargo, para las autoridades demandadas, este medio de defensa extraordinario está vedado, al no contar con la calidad de gobernado que las legitime para promover demanda de amparo.

Sin embargo, actualmente las aludidas autoridades de la administración pública federal, pueden interponer el recurso de revisión, previsto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política, contra las resoluciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo, más no siempre fue así.

El recurso de revisión tiene su antecedente en el recurso de súplica previsto en el texto original del artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, que establecía que las sentencias dictadas en segunda instancia en controversias del orden federal podían suplicarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma del 15 de diciembre de 1934 suprimió tal recurso, subsistiendo únicamente la apelación contra las sentencias en primera instancia y el juicio de amparo contra las sentencias definitivas; con lo que, en opinión de las autoridades hacendarias, dejaba a éstas sin la posibilidad de defender sus intereses, pues les estaba vedado interponer el amparo.

Ante el tema de la desventaja procesal en los juicios fiscales, que argüía la autoridad, se reformó la fracción I del artículo 104, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946, a través del que se restableció la antigua súplica pero ahora con la denominación de revisión fiscal, cuya competencia era exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para evitar la acumulación de asuntos en el máximo tribunal del país, el Código Fiscal de 1967 restringió la procedencia de la revisión fiscal estableciendo que, contra las sentencias de la salas ordinarias del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, procedía una primera revisión ante su Sala Superior y en caso de que la resolución que recayera aún fuera contraria a los intereses de la autoridad administrativa demandada, podía interponer recurso de revisión fiscal ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando, a juicio de aquélla, el asunto fuera importante y trascendente (debiendo razonar tales circunstancias) o bien, fuera de una cuantía mínima de quinientos pesos.

Por decreto de 25 de octubre de 1967, se reformó nuevamente el artículo 104, fracción I, constitucional que estableció, entre otras cosas, que contra las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo federales, procedía el recurso de revisión competencia del máximo tribunal del país, el cual se regiría por las normas contenidas en la Ley de Amparo, aplicables al también denominado recurso de revisión que ya regía para la propia materia de amparo.

En virtud de la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito y, para limitar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos estrictamente constitucionales, por decreto de 10 de agosto de 1987, se adicionó la fracción I-B del mencionado artículo 104, que otorga competencia a los tribunales en mención, para conocer y resolver de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo.

El 25 de octubre de 1993, la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución, sufrió una modificación más, dado que se extendió la competencia de los tribunales colegiados de circuito, para conocer de los recursos de revisión que se intenten contra las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Sin embargo, como se dijo al principio, el mencionado recurso de revisión sólo podrá ser interpuesto contra las resoluciones o sentencias dictadas por los tribunales administrativos federales o del Distrito Federal, de modo que, sólo las autoridades de la administración pública federal y del Distrito Federal, demandas en los juicios de nulidad, se encuentran legitimadas para interponerlo.

Ahora bien, aunque la Constitución Federal reconoce en su artículo 116, fracción V, la posibilidad de que en los estados se instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, la fracción I-B del artículo 104 del mismo ordenamiento, no prevé el recurso de revisión contra las resoluciones o sentencias definitivas que dicten los tribunales estatales a los que se les encomienda la impartición de justicia administrativa.

Se ha sostenido que la razón de excluir a los tribunales de lo contencioso administrativo estatales de la revisión del Poder Judicial de la Federación, es que éstos están concebidos en un sistema federal, en el que los estados son “libres y soberanos” en todo lo concerniente a su régimen interior.

Sin embargo, el argumento carece de validez, pues ya a través del amparo directo las sentencias definitivas pronunciadas por cualquier tipo de tribunal estatal, son revisadas por los tribunales colegiados de circuito, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación.

Además, como se ha expuesto, la propia autoridad demandada que forma parte de la administración pública estatal es la que, al interponer el recurso de revisión, daría pie a la substanciación de otra instancia ante los mencionados tribunales colegiados, lo que evidencia que la intervención de éstos es validada por la petición de una autoridad estatal, por lo que no existe ninguna intromisión de la autoridad federal que atente contra la soberanía de los estados.

Finalmente, si se considera que, bajo el esquema actual, las resoluciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal pueden ser recurridas por la autoridad demandada, es incongruente que sean revisables las resoluciones de los tribunal administrativos de una sola entidad federativa, y no así, las de los tribunales de las restantes entidades.

Por lo antes expuesto, se presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se reforma la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 104.Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I. ...

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73, la fracción V del artículo 116 y el Apartado C, Base Quintadel artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II. a la VI. ...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados, en un plazo de ciento veinte días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberán incluir el recurso de revisión en las leyes que rijan el juicio ante sus tribunales contenciosos administrativos, en las que se establecerán con precisión, los criterios de cuantía, importancia y trascendencia, para delimitar su procedencia.

Artículo Tercero.Respecto a los juicios contencioso administrativos que se encuentren en trámite ante los tribunales administrativos estatales, a la entrada en vigor del presente decreto, sólo será aplicable lo relativo al recurso de revisión materia del mismo, para los que no se haya dictado la sentencia definitiva con que culmine la instancia ante dichos tribunales, al momento en que el Congreso estatal respectivo, expida las leyes a que se refiere el artículo segundo transitorio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Francisco Saracho Navarro, Hugo H. Martínez González, Rubén I. Moreira Valdez, Miguel A. Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Hilda Flores Escalera (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la honorable Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad es un hecho universal que el derecho de los ciudadanos para votar en las elecciones de su país, a pesar de estar ausente de éste, es una de las realidades y de las aspiraciones de las democracias más avanzadas y consolidadas. La demanda del voto en el exterior ha sido defendida por décadas por parte de nuestros emigrantes y sus agrupaciones.

Con fecha 28 de junio de 2005, el Congreso Mexicano aprobó la legislación para reglamentar la implantación del voto de los mexicanos en el extranjero a partir de las elecciones de 2006.

Los poderes que integramos el Estado mexicano aún tenemos una deuda y un saldo pendiente con nuestros emigrantes, quienes a pesar de residir fuera del territorio nacional mantienen su calidad de ciudadanos mexicanos. La Constitución Política señala en el artículo 31, inciso a), que “ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”, por tanto, sus derechos deben quedar salvaguardados.

Entre las organizaciones más representativas y destacadas de nuestros connacionales en el extranjero, la academia y los expertos más reconocidos en el tema existe la sensación y la convicción generalizada de que el voto en el exterior fue en sí mismo un acierto, al haber sido aprobado por primera vez, como un hecho histórico, pero también que la experiencia se quedó muy corta respecto a las expectativas, que no estuvo a la altura de lo que sus promotores deseaban y las cifras de votación constatan que hay todavía un largo camino por recorrer en ese sentido, ya que ni siquiera el uno por ciento de los más de cuatro millones de connacionales que supuestamente tenían credencial para votar acudieron a realizar su solicitud.

Después de la primer experiencia del voto en el exterior, el IFE reportó la recepción de un poco más de 57 mil solicitudes de inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero, de las cuales 40 mil 876 prosperaron para quedar formalmente inscritos, y de ahí, únicamente se contó con la cantidad de 43,632 votos válidos.

La falta de éxito del voto en el exterior se debió a las múltiples restricciones que fueron impuestas en el marco jurídico y normativo, a un sistema con tantos candados que en lugar de motivar y alentar el ejercicio del sufragio, lo complicó y desincentivó. Resulta indudable que se eligió la opción más restrictiva, limitando de manera absurda la posibilidad de ejercicio del derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Aunado a ello, quizás el mayor de los obstáculos para el voto extraterritorial es que muchos de nuestros emigrantes perdieron, destruyeron o dejaron su credencial de elector en México antes de partir a Estados Unidos de América, y por tanto la mayor proporción de nuestros connacionales que radican en el exterior actualmente permanecen marginados y sin la menor posibilidad de participar en las elecciones de nuestro país.

La presente iniciativa está motivada, encaminada y dirigida a la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero. Sin lugar a dudas, una reforma legal al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que contenga elementos claros que motive y facilite el proceso para el registro y la emisión del sufragio, podría producir resultados mucho más alentadores en las próximas elecciones presidenciales.

Después de las elecciones del 2006, el Instituto Federal Electoral procedió a realizar un conjunto de evaluaciones en términos del voto en el extranjero, de las cuales surgió un documento público o libro blanco que emitió, entre otras, las siguientes recomendaciones específicas para fortalecer el voto de los mexicanos residentes en el exterior:

• El IFE deberá llevar a cabo programas de credencialización fuera del territorio nacional para dotar a un mayor número de migrantes de la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio.

• La Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del IFE deberá reiniciar su funcionamiento en el primer mes del año previo a la elección, a fin de participar en los procesos de planeación y presupuestación.

Otro de los grandes retos que permanecen en materia del voto exterior es el de consolidar no sólo el derecho a votar, sino el derecho a ser votado de nuestros emigrantes. Así como nuestra legislación electoral ya prevé mecanismos y normas expresas para garantizar la equidad de los géneros, de igual manera se podrían incorporar disposiciones para asegurar que, mediante el principio de la representación proporcional, lleguen a las cámaras del Congreso de la Unión, liderazgos de nuestros emigrantes que abanderen las causas de nuestra población radicada en el extranjero.

Por tanto, someto a la elevada consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman  los artículos 38 y 128;  y se adicionan los artículos 38, numeral uno, con un inciso t), pasando el actual t) y u) a ser u) y v) respectivamente;  128, numeral uno, con un inciso f), pasando el actual f) a ser g) y así sucesivamente;  un artículo 177, pasando los actuales 177 y 178 a ser 178 y 179 respectivamente, y así sucesivamente;  un artículo 221, pasando los actuales 221 y 222 a ser 222 y 223 respectivamente, y así sucesivamente;  y el Libro Sexto del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, con un artículo 314, pasando los actuales 314 y 315 a ser 315 y 316 respectivamente, y así sucesivamente;   todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, para quedar como sigue:

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) a s)...

t) Generar las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, incorporar a los emigrantes en la toma de decisiones del país y salvaguardar su derecho a votar y ser votados.

u) a v) ...

...

Artículo 128

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a) a e)...

f) La Dirección Ejecutiva podrá presentar los servicios del Registro Federal de Electores en el Extranjero, de acuerdo a las modalidades, criterios y disposiciones que dicte el instituto; 

g) a q) ...

...

Artículo 177.  El instituto podrá realizar programas y campañas de credencialización en el extranjero, ya sea de carácter temporal o permanente. Para ello, podrá suscribir convenios de colaboración con la finalidad de utilizar las embajadas, consulados y oficinas de representación nuestro país en el exterior para dar cumplimiento a dicho propósito. 

Asimismo, el instituto podrá establecer oficinas propias o bien desplegar caravanas o esfuerzos de movilización en las zonas de alta y mediana concentración de mexicanos en el extranjero para poder realizar las campañas de credencialización;  en cualquier caso, deberá ser el personal independiente del instituto, en todo momento, quien conduzca y lleve a cabo las campañas y procesos de credencialización. 

...

Artículo 221.  Las listas que los partidos políticos registren ante el instituto para diputados y senadores por el principio de representación proporcional, deberán incluir a ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, de la siguiente manera:

a) En el caso de las listas regionales para diputados, deberán registrar como titulares, para cada una de las cinco circunscripciones, al menos a un emigrante entre los lugares 1 y 10 del orden de las mismas; a un segundo emigrante entre los lugares 11 y 20; un tercero entre los lugares 21 y 30; y un cuarto emigrante entre los lugares 31 y 40 de la lista. 

b) En el caso de la lista nacional para senadores, deberán registrar como titulares, al menos a un emigrante entre los lugares 1 y 10 del orden de ésta; a un segundo entre los lugares 11 y 20;  y a un tercer emigrante entre los lugares 21 y 30. 

...

Artículo 314.  La Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto deberá reiniciar su funcionamiento en el primer mes del año previo a la elección, a fin de participar en los procesos de planeación y presupuestación, con la finalidad de generar las condiciones óptimas para el éxito del voto extraterritorial, así como para contar con campañas de promoción y de información oportunas y con la suficiente anticipación. 

...

Transitorio

Único. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Josefina Eugenia Vázquez Mota, José César Nava Vázquez, Francisco Javier Ramírez Acuña, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Arturo García Portillo, Jesús Ramírez Rangel, María Elena Pérez de Tejada Romero, Agustín Carlos Castilla Marroquín, José Ignacio Seara Sierra, Gumercindo Castellanos Flores, Benigno Quezada Naranjo, Arturo Ramírez Bucio, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Yolanda Valencia Vales y Leonardo Arturo Guillén Medina.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Hugo Martínez González iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 32 Bis, 33 Bis y 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 25, 32 Bis, 33 Bis y 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Hugo Martínez González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; los diputados federales de Coahuila Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera en voz del diputado Hugo Martínez González, presentamos a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 32Bis y 33 Bis y se reforma el artículo 34, todos de la Ley de Coordinación Fiscal bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2010 contempla una recaudación total de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, lo que representa una reducción en términos reales respecto de lo aprobado para el ejercicio fiscal 2009. No obstante la caída de los niveles de recaudación, los recursos destinados a los grandes programas de carácter social fueron incrementados sustancialmente.

Uno de los programas más beneficiados con recursos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 es el de Desarrollo Humano Oportunidades. El aumento en recursos fiscales que recibirá este programa ha sido de los más altos en la historia reciente. En 2007, el Programa Desarrollo Humano Oportunidades ejerció recursos por 17,769.9 millones de pesos y para 2010 se aprobó un presupuesto de 34,451 millones de pesos, es decir, un aumento de casi el doble en tan solo tres años.

La reacción del gobierno federal para detener el crecimiento de la pobreza ha sido tardía y no ha podido aminorar los impactos, debido a que los hogares mexicanos, pero sobre todo, las clases sociales más desprotegidas han sido afectadas por dos crisis mundiales. En primer lugar, desde finales del año 2007 se enfrentó una crisis alimentaria causada por la reducción de los inventarios de productos básicos debido al cambio climático y por el aumento de los insumos utilizados para la producción agrícola como son los fertilizantes, que son derivados del petróleo y que en su momento tuvieron un crecimiento elevado de precios. Como todos sabemos, México importa una gran cantidad de productos alimenticios, por lo que no tenemos una autosuficiencia alimentaria, lo que ha impacto en los precios de la canasta básica, y por ende, en el gasto de las familias más pobres.

Aunado a lo anterior y por si fuera poco, desde septiembre de 2008 inicio una crisis financiera en Estados Unidos causada por problemas en el mercado hipotecario de la vivienda que ha afectado económicamente a todos los países del mundo, que incluso fue anunciada desde el año 2006 por los economistas más reconocidos y prestigiados a nivel mundial; no obstante lo anterior, el gobierno federal no modificó su estrategia de combate a la pobreza, como ejemplo señalo que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que es parte central de la política social, no aumentó su cobertura, ya que desde el 2004 hasta la fecha se ha mantenido el número de familias beneficiadas en 5 millones, inclusive en este año de plena crisis económica mundial y la de mayor impacto para los hogares mexicanos, el Ejecutivo federal decidió mantener la misma cobertura de 5 millones de familias beneficiadas sin que se intentará otro tipo de estrategia para disminuir los impactos de la crisis económica y alimentaria en los hogares más pobres de México. Es importante recordar que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades le apuesta al futuro, otorgando becas a los niños para que continúen estudiando y puedan romper el circulo intergeneracional de la pobreza, pero condenando a los padres de familia a que sigan manteniendo su pobreza, debido a que sólo se les otorga una transferencia monetaria para alimentación menor a los 200 pesos mensuales.

Los efectos de lo mencionado ha sido informado por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en fechas recientes, como lo muestra su último estudio sobre mediciones de pobreza, en el que la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio se habían incrementado, cada una de ellas, en cerca de 5 puntos porcentuales, perdiendo los escasos logros que se habían tenido en el combate de la indigencia desde hace seis años. Según las estimaciones del Coneval, casi uno de cada cinco mexicanos no tenían en el año 2008 los ingresos necesarios para alimentarse, y casi la mitad de la población de nuestro país se encontraba en situación de pobreza patrimonial.

Por si fuera poco, la distribución del ingreso se siguió concentrando en pocos hogares. Con base en información del INEGI, se ha podido observar que el 10 por ciento de los hogares más pobre de México apenas generaban de riqueza el 1.7 por ciento de los ingresos corrientes totales, mientras que el 10 por ciento más rico acumulaban 36.3 por ciento, es decir, los hogares más ricos generaban 21.8 veces más ingresos corrientes totales que los hogares más pobres.

Otro indicador importante sobre la pobreza es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) dada a conocer en julio pasado por el Inegi; en materia de ingresos, la ENIGH señala que en el lapso de 2006-2008 el ingreso corriente total de los hogares se contrajo 1.6 por ciento en términos reales, siendo las familias más pobres las que reportaron las mayores disminuciones de sus ingresos, la caída de los ingresos respondió a varios factores, entre ellos, la desaceleración de la actividad económica, la reducción sin precedentes de las remesas familiares (las cuales descendieron conforme la economía estadounidense se debilitaba) y la regresividad del gasto gubernamental en programas de apoyo que representan recursos importantes para los hogares  de menores ingresos a través de transferencias de programas como Progresa y Oportunidades.

Por otra parte, los programas del Ejecutivo federal fueron incrementados en casi 12 mil millones de pesos, mientras que los programas en los cuales se cuenta con participación estatal solamente tuvieron un aumento del orden de los 1,411 millones de pesos. Esta enorme disparidad atenta contra el federalismo.

Los programas estatales deberían ser  los principales conductos para combatir la pobreza en México porque de manera local se conoce la problemática social. Adicionalmente a estos rezagos en materia de pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social establece que nueve estados de la República están catalogados con un nivel de pobreza alta, lo que deja en claro que estas entidades federativas deberían de estar recibiendo mayores ingresos federales para lograr combatir esta marginación. Estos estados son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Campeche, Yucatán, Hidalgo y San Luis Potosí; de los cuales entre el 31.4 por ciento y 48.3 por ciento de su población vive en la pobreza extrema.

Con base en la cifras de recursos presupuestales ejercidos, la política social de la actual administración ha centrado su estrategia en el desarrollo del capital humano mediante el fortalecimiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, descuidando otras vertientes importantes en el desarrollo social que son: el desarrollo del capital físico y la generación de oportunidades de ingreso.

La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo primero sección tercera, que uno de los objetivos principales de esta ley es establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el cual participen las entidades federativas, el gobierno municipal y el gobierno federal. Sin embargo, existe empeño por parte del Ejecutivo federal de ejecutar este Sistema Nacional de Desarrollo Social de manera independiente, de tal manera que se margina a las entidades federativas y a los gobiernos municipales.

Todos los estados de la República tienen necesidades y contexto disimiles, es por esto que se requiere la creación de programas específicos para cada estado, programas que reflejen y contribuyan al desarrollo social y económico de las zonas marginadas de los estados, como son las vertientes en el que el Ejecutivo federal no ha centrado su estrategia como son la generación de oportunidades de ingresos de la población más pobre y la creación de infraestructura social básica en las localidades más alejadas y en el que las instancias del gobierno federal, estatal y municipal no han podido atender por lo cuantioso de las inversiones sociales que se tienen que hacer y por los problemas orográficos de ese tipo de comunidades.

Esta posibilidad se ve sustentada en el artículo 9 de la Ley de Desarrollo Social, en el cual se establece que:

“Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.”

La aplicación de nuevas políticas compensatorias y la creación de nuevos programas estatales se han visto obstaculizados ya que en contraste con los programas sociales que ha impulsado el Ejecutivo federal, las entidades federativas no han contado con los recursos necesarios para complementar o promover nuevos programas que les permitan combatir la pobreza desde otro tipo de vertientes, es por esto que resulta de gran importancia para el país que estas entidades cuenten con los fondos necesarios para diseñar y ejecutar programas en contra de la pobreza como son programas dirigidos a la creación de infraestructura social básica y la generación de oportunidades de ingreso, aspectos que no son atendidos por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Por lo anterior, está claro que el Ejecutivo federal deberá dar mayor autonomía a las entidades federativas, de tal manera que se ejecute un combate a la pobreza más eficiente. Hoy más que nunca se deben realizar todos los esfuerzos posibles para lograr apoyar a los más necesitados de nuestro país.

La intención de esta iniciativa de Ley es la de reforzar el gasto social por parte de los estados, dicho gasto tiene como objetivo primordial el de aminorar las desigualdades sociales y económicas de la población y reducir la pobreza. Es por esto que buscamos impulsar que se destinen mayores recursos a las entidades federativas, los cuales deberán dirigirse a compensar la generación de empleos en zonas marginadas, abrir a las regiones con mayores rezagos sociales a los mercados mediante caminos rurales y proyectos productivos, el abastecimiento de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, saneamiento y drenaje lo que quiere decir que los estados deberán proveer mayores oportunidades de desarrollo a sus habitantes por medio de sus programas de infraestructura social básica y generación de oportunidades de ingreso.

Es por esto que proponemos la adición de una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal la cual creará un Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios denominado “Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional y Combate a la Pobreza” el cual, como su nombre lo dice, tendrá por objeto específico el incorporar nuevas vertientes al desarrollo local, así como objetivo el combatir la pobreza, en el que los montos asignados a dicho fondo serán distribuidos con la fórmula del Fondo General de Participaciones que se define en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Este esfuerzo de dirigir el presupuesto hacia las entidades federativas no sólo combatirá a la pobreza sino que fortalecerá el desarrollo regional y el federalismo a través de las aportaciones hacia las entidades. Dichos recursos podrían estar regulados por la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social deberán de tener un destino específico, en este caso, el combate a la pobreza y el desarrollo regional.

Destinar mayores recursos a los estados es una medida fundamental para combatir la pobreza. De esta manera las entidades federativas podrán ser más eficientes en la reducción de la marginación y podrán incorporar otras vertientes del desarrollo social que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades no atiende.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto;

Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 32 Bis y 33 Bis y se reforma el artículo 34, todos de la Ley de Coordinación Fiscal  para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para el Combate a la Pobreza

...

Artículo 32 Bis. El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional y Combate a la Pobreza se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33bis de esta ley.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 33 Bis. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional y Combate a la Pobreza se destinarán para:

I. Mejorar las condiciones de empleo y generar proyectos productivos para la población más pobres de las entidades federativas;

II. Abastecer de agua potable, energía eléctrica, drenaje y saneamiento a las localidades más pobres de los estados, que no han sido atendidas por las instancias federales;

III. Incorporar el desarrollo regional a las zonas más pobres, mediante obras de infraestructura social básica como caminos rurales y que podrían conectarse con carreteras estatales y federales;

IV. Fomentar la responsabilidad y la participación activa de la población mediante acciones de corresponsabilidad para que los propios habitantes de las localidades marginadas participen en las acciones gubernamentales para el desarrollo regional.

Artículo 34. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional y el Combate a la Pobreza entre los estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Esta reforma se aplicará en términos presupuestales el año fiscal siguiente a la publicación

Palacio de San Lázaro, 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Rubén I. Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hilda Flores Escalera (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESCUADRON 201

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Escuadrón 201”.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Escuadrón 201”, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre “Escuadrón 201”, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Hace poco más de 60 años, el país tuvo participación por primera vez en una guerra internacional. Era 1942 cuando el presidente Manuel Ávila Camacho anunciaba ante el Congreso de la Unión la declaración formal del estado de guerra contra los países del Eje: Alemania, Italia y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta declaración se debió a que submarinos alemanes atacaron dos buques petroleros mexicanos: Potrero del Llano y Faja de Oro, lo que fue considerado una afrenta contra el Estado mexicano, que hasta entonces se había mantenido como neutral.

Ante dichos acontecimientos, a finales de 1944 el Senado de la República autorizó el envío de tropas mexicanas al frente de guerra, por lo que se formó el Escuadrón de Pelea 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Dicho escuadrón estuvo formado por 5 jefes, 40 oficiales y 235 individuos de tropa, y contaba para el servicio con 16 aparatos P-47, además de emplear para ello las 8 ametralladoras calibre 0.50 con que están dotados los P-47, capaces de desarrollar una cadencia de tiro de 575 disparos por minuto, dejando caer sobre el blanco, literalmente, una granizada de plomo, todo ello suministrado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América, a la que estuvo adscrito durante la campaña. Todo el personal adscrito al Escuadrón 201 fue voluntario y enviado, en la única misión que tuvieron, a Filipinas con la promesa del presidente Ávila Camacho, de que si la ocasión llegara a presentarse, la Bandera Mexicana iría a los campos de guerra y, en tal caso, la Fuerza Aérea Mexicana sería la representativa de la cooperación nacional en la lucha contra los países totalitarios del Eje. Dicho escuadrón fue encomendado a las órdenes del capitán Radamés Gaxiola Andrade.

Finalmente, el 22 de febrero de 1945 aquellos valientes hombres fueron abanderados por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general de división Francisco L. Urquizo, ante cerca de 15 mil personas, donde los exhortó a que “en las duras pruebas que les deparaba la guerra sintieran el latir al unísono de todos los corazones mexicanos, y a que trajeran de vuelta la bandera que les envío el general Manuel Ávila Camacho, quizá desgarrada por el enemigo, pero cubierta de gloria”.

El grupo de soldados fue dividido en pequeños agrupamientos, organizados por especialidades, que fueron distribuidos en distintas bases y centros del Ejército y Fuerza Aérea estadounidenses para ser entrenados. Posteriormente fueron reunidos para iniciar una preparación en conjunto.

Así, a finales de julio de 1944, los miembros del Escuadrón 201, también conocidos como “Águilas Aztecas”, emprendieron sus apresurados cursos y entrenamientos que habrían de prolongarse, pues la guerra había concluido en Europa, donde originalmente serían enviados, y requerían preparación especial para enfrentar su nueva misión: participar en la liberación del archipiélago de las Filipinas.

Poco más de dos mes antes que concluyera la Segunda Guerra Mundial, el campamento Porac de la base militar estadounidense de la Isla de Luzón recibió al Escuadrón Aéreo de Pelea 201, en mayo de 1945. Ahí, los pilotos pudieron demostrar lo aprendido a marchas forzadas, a bordo de cazabombarderos P-47 Thunderbolt (de más de cuatro toneladas de peso cada uno), colaborando con las tropas estadounidenses y filipinas en misiones tácticas de apoyo aéreo, de reconocimiento de largo alcance y de bombardeo sobre las islas ocupadas de Formosa, para la liberación de las regiones de Luzón central y sur, que habían sido tomadas por los japoneses.

El Escuadrón 201 llevó a cabo su primera misión de combate de forma autónoma el 7 de junio del mismo año. Las misiones consistieron principalmente en incursiones de bombardeo y ametrallamiento sobre las posiciones japonesas establecidas en el norte y centro de Luzón y de reconocimiento armado sobre la isla de Formosa, hoy Taiwán.

En total, se realizaron 59 misiones en compañía de aliados de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron 252 bombas de propósito general de mil libras y se dispararon 138 mil 652 cartuchos de ametralladora calibre 0.50.

El 12 de octubre de 1945, el escuadrón entregó sus aviones al Grupo de Servicios Aéreos 45 e inició los preparativos para el regreso a México. Los integrantes de la FAEM abordaron el buque Sea Marlin el 23 de octubre, y arribaron el 13 de noviembre a San Pedro, California.

Los integrantes del Escuadrón de Pelea 201 fueron premiados con ascenso al grado inmediato superior y la Medalla del Lejano Oriente, la Legión de Honor de México y la Medalla de la Liberación de la República Filipina con gafete de Recomendación Presidencial, así como las condecoraciones estadounidenses Eficiencia del Ejército, Eficiencia de la Fuerza Aérea, Campaña de América, Campaña Asia-Pacífico y Victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Sin duda, los méritos alcanzados por los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana son de mucha valía para el país, ya que su amor por México los llevó, voluntariamente, a dar la vida por la nación.

Como muestra de reconocimiento, el 3 de enero de 2005 fue publicado el decreto por el que se instruye para que cada 2 de mayo todas las banderas nacionales de edificios públicos fueran izadas a media asta, en recuerdo de los militares del Escuadrón de Pelea 201 que cayeron en cumplimiento de su deber.

Ahora bien, en los muros de honor de la Cámara de Diputados está plasmada gran parte de la historia del país: hombres, mujeres e instituciones que sirvieron a la patria mexicana con gran valor, convicción y lealtad por defender el honor de nuestra nación; nombres entre los que destacan Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, además de grandes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como se hace honor a los defensores de Puebla de Zaragoza en 1862-1863, a los Constituyentes de 1917 y Heroico Colegio Militar.

Esos hechos, hombres y mujeres han contribuido para hacer de México una nación grande y, con su honor al servicio del compromiso por defender la patria, han dejado su vida de por medio. Por ello, las grandes hazañas realizadas por el Escuadrón de Pelea 201 merecen reconocimiento de esta honorable Cámara para mantener su historia viva y su lección de esfuerzo y amor a México sea ejemplo para las nuevas y futuras generaciones.

Para concluir, habrá que recordar las palabras de un legislador de 1945 al dar la bienvenida al Escuadrón 201: “Es necesario que, erguidos los corazones, todo el pueblo se levante para formar, como en el poema de Píndaro, un arco triunfal, un arco con sólidos cimientos, con columnas fuertes; un arco en el que queden inscritas las palabras que el poeta decía al héroe vencedor: ‘la victoria alegra el corazón’. Y al mismo tiempo que el pueblo se inclina al paso de estos hombres, dándoles una bienvenida única, tiene que hacer la remembranza de los que no volvieron, tiene que hacer memoria en la que quede grabado permanentemente el recuerdo de los que murieron por dar lustre y gloria a la patria”.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Escuadrón 201”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sobre la ceremonia correspondiente.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.— Diputada Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica).»  

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Hugo Martínez González iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 de la Ley de Telecomunicaciones, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Hugo Martínez González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera en voz del diputado Hugo Martínez González, presentamos a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En la lucha por un México que brinde mejores y más amplias oportunidades para las personas con discapacidades, se deben romper las barreras físicas, sociales, culturales y económicas. Un estado de derecho tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de integrar a aquellas personas que padezcan algún tipo de discapacidad.

Comparado con otros países, México, no ha tomado medidas necesarias para ofrecer mejores condiciones que promuevan la integración de las personas con discapacidades. Lo que resulta inaceptable, si consideramos que en México hay poco más de 10 millones de personas que sufren de alguna discapacidad. Dentro de estas discapacidades se incluyen: discapacidad motriz, que se refiere a la pérdida o limitación de la movilidad; discapacidad mental, la cual abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria; discapacidad auditiva, que se refiere a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar; y discapacidad de lenguaje, que incluye limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado entendible.

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del total de la población que sufre alguna discapacidad, 4 millones 530 mil padecen una discapacidad motriz (45.3 por ciento), 2 millones 600 mil discapacidad visual (26 por ciento), un millón 610 mil discapacidad mental (16.1 por ciento), un millón 570 mil una discapacidad auditiva (15.7 por ciento), 490 mil de lenguaje (4.9 por ciento) y 0.7 por ciento alguna otra. En cuanto a la división por género, los hombres son los más afectados ya que el grado de incidencia es de 2.5 por ciento, mientras que el índice para las mujeres es de 2.2 por ciento.

Del total de personas con discapacidad el 1.2 por ciento nacen bajo estas circunstancias y este porcentaje alcanza su nivel máximo en personas de la tercera edad, principalmente entre 70 y 74 años edad. Dentro de esta relación, es importante mencionar que a mayor edad, mayor proporción de discapacidad de tipo motriz, auditiva y visual, pero menor proporción de discapacidad de tipo mental. Además, el grupo de edad con la mayor proporción de discapacidad por lenguaje fue el de adolescentes con 4.6 por ciento.

En el ámbito federal existen por lo menos 14 leyes que contienen al menos un artículo referente a personas con discapacidad, en los cuales se reconocen sus derechos, se les otorgan facilidades o se indica la creación de programas específicos para las personas con discapacidad. Leyes tan importantes como: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o la Ley General de Salud, las cuales fueron promulgadas hace varios años, que siguen haciendo referencia a personas con discapacidad como “incapacitados” o “minusválidos”.

Legislativamente se han realizado diversos esfuerzos para apoyar a las personas con discapacidad, sin embargo, aún existen vacíos legales que impiden que exista una implementación y seguimiento efectivo de dichas leyes. Todas las entidades federales de nuestro país cuentan con leyes que protegen a las personas con discapacidades, sin embargo no todas cuentan con el reglamento correspondiente, lo que limita su aplicación.

El país ha comenzado a implementar diversos programas de atención a personas con discapacidad. La creación de estos programas ha significado un gran avance para fortalecer el apoyo a las personas con discapacidades, sin embargo, a la fecha aún se carece de información sistematizada y se desconoce el impacto real de dichos programas en las vidas de las personas con discapacidad.

Un ejemplo de estas carencias, es la falta de conciencia y el claro desconocimiento de las necesidades de las personas con discapacidades por parte de amplios sectores del gobierno y de la iniciativa privada. Por ejemplo, la accesibilidad es entendida únicamente como adecuaciones físicas a inmuebles, siendo que no son las únicas medidas necesarias para las distintas discapacidades existentes. Es por esto que, una de las prioridades del país debe de ser preparar a las personas con discapacidades para su futuro, por lo tanto, el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo se deben sensibilizar de las necesidades informáticas y de comunicación de las personas con discapacidades. A raíz de esto, el apoyo a personas con discapacidad debe convertirse en una prioridad.

La finalidad de esta iniciativa es lograr que las compañías de telefonía móvil otorguen las facilidades necesarias para que a las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje se les pueda exentar del pago del servicio de mensajería vía móvil (SMS), toda vez que dichas personas carecen de la facilidad de comunicarse a larga distancia de otra manera que no sea través de lo mensajes de texto; en este sentido, no está de más recordar que la Ley General de Personas con Discapacidad, en su artículo 17, fracción V, que a la letra dice:

“V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas concesionarias de las diversas modalidades de servicio de transporte público y de medios de comunicación, que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad”.

Lo que sería un estímulo para estas compañías y para evitar abusos y acciones arbitrarias en el uso de esta exención, las modificaciones aprobadas el año pasado a la ley Federal de Telecomunicaciones en materia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil nos daría certeza de que esta modificación sería en beneficio real de las personas con discapacidad.

Por lo anterior expuesto, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

Artículo 63. ...

La regulación tarifaria que se aplique buscará que las tarifas de cada servicio, capacidad o función, incluyendo las de interconexión, permitan recuperar, al menos, el costo incremental promedio de largo plazo.

La regulación tarifaria buscará exentar del pago del servicio de mensajería SMS en telefonía móvil a aquellas personas con discapacidad auditiva y/o de habla.

Transitorios

Primero.Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Para garantizar el uso debido de esta exención, los usuarios deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y comprobar su discapacidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Rubén I. Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hilda Flores Escalera (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el que propone reformar el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de evitar que el tráfico de personas continúe impune, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país cada entidad federativa tiene facultades para legislar en todas las materias con plena independencia y validez, reservándose sólo para la competencia federal aquéllas materias que se le atribuyen expresamente en términos del artículo 124 Constitucional, esto significa que los Congresos de las entidades federativas cuentan con sus propias legislaciones penales:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

El Estado mexicano se encuentra políticamente conformado en una federación con 31 estados y un Distrito Federal, unidos todos en un sólo estado, por el pacto federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución se origina una doble competencia, por una parte la de orden federal y por la otra la del orden común.

En este sentido, será oportuno definir el término competencia como la medida del poder o facultad otorgada a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. En otros términos, se puede decir que la competencia es aquella parte de la potestad jurisdiccional que está legalmente atribuida a un órgano judicial determinado frente a una cuestión determinada.

Se consideran del ámbito federal, todo lo expresamente señalado en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, de manera que lo no señalado en ese artículo deberá entenderse como competencia de las entidades federativas.

La determinación de la competencia de unos y otros en la medida en que se trata de tipos penales regulados tanto en códigos sustantivos penales del orden federal como local, deriva básicamente de lo dispuesto en los siguientes ordenamientos:

En nuestra Constitución federal se dan pautas para determinar la competencia de las autoridades en casos concretos, al señalar:

“Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante (apelables ante, sic DOF 08-10-1974) el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado...”

Ahora bien, en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el párrafo segundo del artículo 10, se dispone que la autoridad investigadora será competente en caso de concurso de delitos para conocer de delitos del fuero común, sólo para ejercer esa competencia se requiere de conexidad con los ilícitos federales.

“Artículo 10. ...

En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos...”

Asimismo, el mismo ordenamiento legal dispone, en su numeral 475, cuándo se considera que los delitos son conexos, al decir:

“Artículo 475. Los delitos son conexos:

I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas.

II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas.

III. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad.”

En este mismo sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone que la autoridad federal ministerial puede conocer de las conductas ilícitas del fuero común respecto de los delitos en materia concurrentes, lo anterior conforme al inciso d), fracción I del artículo 4, que a la letra dice:

“Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;...”

Por último, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 50, expresa los delitos de los que pueden conocer los jueces penales de jurisdicción federal, entre los que se encuentra el delito de trata de personas por estar contenido en una legislación federal, de conformidad con el artículo 50 inciso a), que a literalmente dice:

“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción;...”

Por otra parte, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas es del orden federal y define en su artículo 5o. lo que se entiende por el delito de trata de personas: “comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá acreditación de los medios comisivos”.

El delito de trata de personas, además de ser un delito federal, es un delito regulado en el orden común por los Códigos Penales de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En consecuencia, subsiste el delito en el orden federal y común en virtud de que en México se permite la doble jurisdicción al prever la existencia de delitos del orden federal frente a delitos del orden común, si bien esto supone un respeto a la autonomía interna de las entidades federativas origina, a la vez la presencia de un aparato judicial doble, federal y del orden común, que obviamente tiene que funcionar en todos y cada uno de los Estados de la República.

Respecto a la competencia en materia penal, la Suprema corte de la Nación ha emitido jurisprudencia, sobre la capacidad de atracción de los jueces y ministerios públicos federales, de delitos que se encuentran regulados también en el orden común, como es el de Trata de Personas.

Conexidad de delitos de distinto fuero. La conducta que en principio es considerada del orden común, debe calificarse y sancionarse en función del ordenamiento federal por la atracción del fuero.

De conformidad con los artículos 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 10, párrafo segundo y 475, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, los Jueces Penales Federales son competentes para conocer de los delitos del fuero común que concurran con los del orden federal cuando exista conexidad entre éstos, con la finalidad de que no se divida la continencia de la causa; de manera que si la ejecución de los delitos tiene una dependencia que motiva una relación entre uno u otro fueros, ello implica que no se puedan desvincular, pues las conductas constituyen una unidad dentro de la concepción criminal y, consecuentemente, la conducta que en principio es considerada del orden común debe calificarse y sancionarse en función del ordenamiento federal por la atracción del fuero, si las conductas están tipificadas igualmente en ambos ordenamientos, ya que no tendría objeto que el juzgador federal aplicara la legislación local, pues no sería congruente entonces la necesidad de fincar en él la competencia y, al no advertirlo así, se contravendrían los principios básicos que estructuran el procedimiento penal.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Amparo directo 3387/2006. 30 de noviembre de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Horacio Armando Hernández Orozco. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Alejandro Gómez Sánchez.

A su vez, el Ministerio Público Federal, encargado de decidir sobre la consignación de delitos relacionados con trata de trata de personas es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas

Artículo Tercero. Quien ejerza la titularidad de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, y será competente para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, así como los de trata de personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier hecho basado en su género, que lesione o ponga en peligro algún bien jurídico tutelado por las normas penales en materia federal o por normas penales del orden común cuando sean conductas conexas con delitos federales.

De la misma forma, el artículo cuarto del referido acuerdo establece las funciones de la Fiscal Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, entre las que se encuentra la de ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que el ministerio público que tenga conocimiento de la posible comisión del delito de trata de personas deberá realizar las diligencias más urgentes y después comunicárselo a la funcionaria encargada de la Fevimtra.

Sin embargo la facultad de atracción del delito de Trata de Personas no es exclusivo de la Fiscal Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el artículo noveno del acuerdo establece que el Ministerio Público competente para investigar el delito de trata de personas cometido en la modalidad de la delincuencia organizada es la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia organizada, la cual deberá coordinarse en lo conducente con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que todos los delitos relacionados con la delincuencia organizada son del fuero federal.

Entre los delitos que considera pueden ser cometidos por miembros de la delincuencia organizada se encuentra el de trata de personas, en los términos de la fracción VI, del artículo 2o. de esta ley:

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

...

VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Sin embargo, siendo la trata de personas un delito regulado en el orden común, el Ministerio Público Federal competente deberá ejercer su facultad de atracción con el fin de que un juez federal pueda conocer sobre el mismo, desafortunadamente la Ley Federal de la Delincuencia Organizada es omisa respecto a la facultad de atracción del delito de trata de personas, al señalar que sólo dentro de los delitos que pueden ser atraídos al fuero federal al no contemplar la fracción VI en el párrafo segundo del artículo 3o. de la misma ley.

Artículo 3o. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

La falta de señalamiento expreso de la facultad de atracción se ha reflejado según el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México en que un escaso número de 24 averiguaciones previas hayan sido iniciadas por ministerios públicos federal y sólo dos de las mismas hayan sido consignadas.

Es por esto que a través de esta iniciativa de reforma se propone ampliar la facultad de atracción del ministerio público federal en materia de trata de personas, con el fin de alcanzar un mayor grado de justicia para las mujeres y las niñas.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

Los delitos señalados en las fracciones V y VI de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Villalobos I (1983), Derecho penal mexicano. Parte general. Cuarta edición, Porrúa, México.

2 De Pina, Rafael y José Castillo Larrañaga, Instituciones de derecho procesal civil, vigésima sexta edición, Porrúa, México 2002, p. 88.

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007.

4 Malo G. (2001), Derecho Penal Mexicano; teoría general de la ley penal; t eoría general del delito; teoría de la culpabilidad y el sujeto responsable; teoría de la pena. Porrúa. México.

5 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996.

6 CEIDAS, (2009). Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México. México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Leobardo Soto Martínez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotándola de una facultad expresa en lo particular, respetando la jerarquía que tiene dentro de sus facultades de manera general. Es decir la problemática que aqueja a los usuarios de tarjetas de crédito en México es realmente de considerarse ya que una gran cantidad de tarjetahabientes han dejado de pagar aunque sea el mínimo, y se ha generado ya un retraso importante sin poder abonar a intereses y capital por lo que propone que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros sufra una reforma en su artículo 11, fracción VI, adicionando el párrafo tercero donde a petición del interesado cuando ya no pueda cubrir ni el pago mínimo por distintas razones comprobables, la Condusef pueda intervenir congelando las deudas para iniciar la intermediación de un convenio de pago entre el usuario y la institución financiera.

Consideraciones

El mundo globalizado, a llevado a la economía mexicana a formar parte del intercambio comercial internacional y por lo tanto la actividad financiera crece en todos sus aspectos; la rama del crédito no es la excepción, actualmente las instituciones financieras por una parte han otorgado irresponsablemente a cualquier cantidad de individuos tarjetas de dinero plástico, muchas de ellas con un alto interés ocasionando para la clase media un alta acumulación de intereses moratorios que lamentablemente suena difícil pagar capital, mucho menos interés, la falta de seriedad de algunas instituciones bancarias al no realizar exhaustivas investigaciones sobre historial crediticio, de empleos seguros, de verdaderos ingresos, y la falta de cultura de los mexicanos para utilizar estas tarjetas maravillosas que deslumbran al individuo, y sumémosle la obligación que tenemos como padres de familia de complementar necesidades básicas tales como alimento, vestido, salud y educación, que con los salarios tan bajos han hecho una utilización indiscriminada de las tarjetas de crédito ahorcando a una gran cantidad de familias.

El dinero plástico tuvo sus orígenes en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Su creador y difusor fue el director del Chase Manhattan Bank. La tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico con el logotipo y nombre del banco o tienda emisora, un número de identificación, el nombre del titular, las fechas de expedición y vencimiento de la misma y en el reverso tiene una banda magnética y otra en donde se encuentra la firma del propietario.

Una tarjeta de crédito es un instrumento financiero a través del cual una institución bancaria, como emisor de la tarjeta, concede a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito revolvente hasta por un importe determinado conocido como límite de crédito. En el clausulado del contrato de adhesión, el banco establece las condiciones bajo las cuales otorga el crédito al cliente, así como también la forma en que éste deberá retribuir o pagar al banco sus adeudos.

La tarjeta de crédito nos permite efectuar el pago de bienes y servicios disponiendo de ellos de inmediato sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Posteriormente se le paga al banco el importe del dinero que nos prestó por realizar las compras, así como también se le paga una cantidad extra, conocida como intereses por utilizar la línea de crédito.

En la actualidad existen dos tipos de tarjetas como son la de crédito y la de débito.

Tarjetas de crédito.

- Se utilizan para hacer compras y pagarlas con posterioridad, es decir, se trata de una financiación inmediata.

- Permiten gastar más dinero del disponible en la cuenta corriente, pero siempre sin sobrepasar el máximo estipulado en el contrato.

- Se puede disponer de dinero en efectivo pagando una cantidad económica. Además, sirven para conseguir dinero en los cajeros del extranjero de forma inmediata. También se les llama dinero de plástico.

Tarjetas de débito.

- Son utilizadas para extraer dinero de los cajeros y para realizar pequeñas compras.

- Sólo se puede gastar el máximo de dinero disponible en la cuenta corriente o libreta de ahorro.

- Las entidades suelen regalarlas con la apertura de una nueva cuenta. Su caducidad suele ser plurianual, en lugar de anuales como ocurre en las de crédito.

A la fecha la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es la institución pública dependiente de la SHCP que realiza acciones de tipo preventivas; es decir para orientar, informar, y promover la educación financiera y además de tipo correctivas; para atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros.

La propia comisión se define como buscadora del fomento a la educación financiera entre la población, el desarrollo de productos y herramientas que apoyen, asesoren y orienten a los usuarios de servicios financieros, y una relación justa y equitativa entre los usuarios y las instituciones financieras.

El 18 de enero de 1999, se publico en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones.

Esta ley le da a la Condusef, plena autonomía técnica para dictar sus resoluciones y laudos, y facultades de autoridad para imponer las sanciones previstas en esta ley.

Así como facultada para actuar como conciliador entre las instituciones financieras y los usuarios, con el objeto de proteger los intereses de estos últimos.

Esta ley, poco conocida por los usuarios de las tarjetas de crédito, representa un gran apoyo para los usuarios, la conciliación entre éstos y las instituciones financieras es su principal fortaleza, y dicha ley le otorga a la Condusef fuerza y credibilidad para los mexicanos, y por lo tanto se propone una reforma donde está comisión nacional tenga una facultad más en lo referente a los deudores de las tarjetas de crédito.

Proyecto de Decreto

Primero. Se adiciona el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 11 de la de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

I. a V. ...

VI. Proporcionar a los usuarios los elementos necesarios para procurar una relación más segura y equitativa entre éstos y las instituciones financieras;

Expedir, cuando así proceda, a solicitud de parte interesada y previo el pago de los gastos correspondientes, copia certificada de los documentos que obren en poder de la misma, siempre y cuando se compruebe fehacientemente el interés jurídico.

Congelar la deuda de los usuarios a petición de los interesados con relación al retraso del pago de capital e intereses de tarjetas de crédito, y que por falta de liquidez se acumulan y multiplican los intereses; evitando crecer la deuda aún más, interviniendo con la creación de un convenio para el pago entre el usuario y la institución financiera.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Leobardo Soto Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL BANCO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Banco de México.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Leobardo Soto Martínez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 29 y 95 de la ley del Impuesto sobre la Renta de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 24 de la Ley del Banco de México, dispositivo que le otorga a la institución facultades para la realización de reglamentos y circulares con relación a la regulación del sistema financiero, en este artículo se establece la protección al público por lo que se adiciona al párrafo primero un candado en relación a la ejecución de reglas en cuanto al cobro por compensación de cuantas de cheques, de ahorro y nómina con las tarjetas de crédito con pagos vencidos; puesto que muchas de las familias mexicanas recibieron tarjetas de crédito cuando los bancos las entregaron sin el respaldo de una investigación exhaustiva, y que al día de hoy presentan retrasos en sus pagos, y que muchos de los padres de familia son asalariados y su pago se hace vía nómina por la facilidad que representa. Por otro lado con esta propuesta quedaría sin efecto el punto 3.6 de la circular 29/2008 emitido por el Banco de México, de las reglas a las que habrán de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito, las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades de objeto múltiple.||

Consideraciones

El Banco de México actualmente goza de plena autonomía respaldada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley del Banco de México que entró en vigor el 1 de abril de 1994, y que tiene como finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

El artículo 28 constitucional dice que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financiamiento.

El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.

La Ley del Banco de México en su artículo 24 dice que esta institución podrá expedir disposiciones sólo cuando tengan por propósito la regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la protección de los intereses del público. Al expedir sus disposiciones el Banco deberá expresar las razones que las motivan.

En la misma ley en su artículo 26 nos remite a las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán a las disposiciones que expida el Banco Central.

El artículo 22 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros dispone que las circulares y reglas, actos administrativos y notificaciones que emita el Banco de México en ejercicio de sus facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán darse a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación.

La Ley de Instituciones de Crédito dice en su artículo 72 Bis que los clientes de las instituciones de crédito que tengan celebrados contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se refiere la fracción VII del artículo 46 de esta ley, podrán autorizar a dichas instituciones o a proveedores que se realice el pago de bienes y servicios con cargo a la cuenta que corresponda a dicho contrato.

Con las facultades otorgadas por la Carta Magna al Banco de México y por ser un organismo autónomo, ha emitido la circular 29/2008, las reglas a las que habrán de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito, con atinadas decisiones de protección al tarjetahabiente:

La emisora sólo podrá emitir y entregar tarjetas de crédito: Previa solicitud del titular en los formularios que la emisora utilice, mediante la suscripción de un contrato por parte del titular, o con motivo de la sustitución de una tarjeta de crédito emitida con anterioridad.

Todas las tarjetas de crédito deberán entregarse desactivadas y para su activación el tarjetahabiente deberá solicitarlo expresamente mediante el uso de cajeros automáticos, vía telefónica, a través de su página electrónica en Internet, o acudiendo a las sucursales.

No es procedente la realización de cargos en la cuenta respecto de tarjetas de crédito no activadas, excepto tratándose de los cargos por domiciliación previamente autorizados por el tarjetahabiente.

La emisora deberá contar con un seguro que cubra el saldo insoluto de la cuenta al momento del fallecimiento del titular.

La emisora no podrá establecer plazos de caducidad menores a ciento ochenta días naturales contados a partir del fallecimiento del titular, para hacer efectivo el seguro.

En caso de robo o extravío de la tarjeta de crédito, una vez que el tarjetahabiente tenga conocimiento de ello, deberá dar aviso a la emisora.

A partir de dicho aviso, la emisora deberá bloquear la tarjeta de crédito, por lo que el titular, sus obligados solidarios y subsidiarios, no serán responsables de cargos que se efectúen en la cuenta con posterioridad.

La emisora tendrá prohibido efectuar, por cuenta propia o de terceros, ofertas a los tarjetahabientes para la adquisición de bienes o servicios cuyo pago se realice mediante cargos que la emisora haga en la cuenta respectiva.

La emisora sólo podrá cargar intereses moratorios sobre el importe de los pagos mínimos vencidos, en cada período de pago y respecto del saldo insoluto, a partir de la fecha en que el crédito se considere vencido para efectos contables.

Las personas a quienes el titular haya autorizado el uso de tarjetas de crédito adicionales, en ningún caso podrán ser obligados solidarios ni subsidiarios del titular.

Pero lamentablemente una gran parte de las familias mexicanas han sufrido un golpe financiero producido por el punto 3.6 del mencionado circular que a la letra dice:

“En el evento de que el titular haya autorizado a la emisora a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito, en cualquier cuenta que tenga abierta con ella, la compensación respectiva sólo podrá efectuarse cuando la cuenta mantenga un saldo deudor vencido de más de 90 días naturales y que se trate de cargos que no hayan sido objetados en tiempo por el titular, cuya aclaración se encuentre pendiente de resolver”.

Con la crisis que estamos viviendo los mexicanos necesitamos reformas que en realidad apoyen a la gente más desprotegida, y muchos de ellos son las personas asalariadas que reciben su pago vía nómina que por la facultad otorgada al Banco de México es factible absorber automáticamente los recursos ingresados por la empresa o patrón, por otro lado si se está fomentando la cultura del ahorro, las familias corren el riesgo de perder lo que tienen con tan discrecional facultad de la institución en comento.

Proyecto de Decreto

Primero. Se reforma el párrafo I del artículo 24 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 24.El Banco de México podrá expedir disposiciones sólo cuando tengan por propósito la regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la protección de los intereses del público. Al expedir sus disposiciones el Banco deberá expresar las razones que las motivan. Por ningún motivo se expedirán disposiciones o reglamentos que afecten los intereses y la economía familiar de los particulares relacionados con instituciones financieras, en razón a la compensación de las tarjetas de crédito con cuentas de cheques, ahorro y nómina.

Segundo. Se deroga el punto 3.6 de la circular 29/2008 emitido por el Banco de México, de las reglas a las que habrán de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito, las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades de objeto múltiple.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Leobardo Soto Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AMPARO - LEY AGRARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Esta Presidencia recibió del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario y adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de garantías agrario, y se adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria, presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión del martes 5 de diciembre de 2009

El que suscribe, Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario, y se adiciona el artículo 23 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I

El objeto de la presente iniciativa es actualizar el marco normativo del juicio de amparo agrario, tomando en consideración, el cambio de circunstancias históricas en el sector agrario que llevaron a crear un marco tutelar, sumado a la experiencia de casi 17 años de vigencia de la legislación agraria de 1992, así como en atención al principio de seguridad y certeza jurídica que debe existir en el ordenamiento y tenencia de la propiedad agraria.

De tal manera, que este proyecto pretende enunciar un justo medio entre el sistema tutelar y garantista del juicio de amparo frente a la seguridad jurídica de la propiedad, como un presupuesto necesario para una mayor competitividad en el campo mexicano.

El juicio de amparo ha sido y es, una de las principales instituciones de defensa judicial de los derechos en México, y tal papel, resulta doblemente protector en lo que se refiere a la defensa de los derechos agrario, ya que flexibiliza las reglas del juicio de amparo en materia agraria, con el objeto de salvaguardar los derechos de una clase agraviada históricamente y que en la actualidad persiste un atraso o rezago, que sigue justificando la existencia del juicio de amparo agrario.

Sin embargo, los límites de tal régimen protector deben acotarse y enmarcarse a un nuevo contexto social, económico y político en beneficio de la colectividad ante una mayor certeza de la propiedad.

Cabe precisar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece ciertas reglas tutelares a la propiedad agraria, en específico en la fracción VII del artículo 27 constitucional, veamos:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

...

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5 por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;

...

En lo que corresponde al juicio de amparo, los últimos dos párrafos de la fracción II del artículo 107 constitucional flexibilizan las reglas del juicio de garantías, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

I. ...

II. ...

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.

De lo transcrito, se distinguen al menos cuatro principios constitucionales que dirigen y reestructuran el juicio de amparo en materia agraria

1. Obligación judicial de recabar pruebas oficiosamente;

2. Deber judicial de realizar diligencias para precisar los derechos controvertidos y los actos de autoridad;

3. No procedencia del sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, y

4. Improcedencia del desistimiento y del consentimiento de los actos reclamados de las autoridades, salvo que emane decisión de la asamblea general del ejido o comunidad

Nótese que las anteriores reglas constitucionales no aluden o flexibilizan los plazos para la interposición de la demanda en materia agraria, sino que están dirigidas a una actuación judicial activa en el proceso que garantice los derechos de la clase agraria; que su acción de amparo no se vea disminuida por la inactividad procesal, y que haya una certeza sobre el desistimiento o consentimiento de los actos reclamados.

Por lo que se advierte que la intención de este proyecto normativo no es modificar de modo alguno los principios o bases del artículo 27 o del 107 constitucionales, sino revisar y adecuar las formas y procedimientos de la Ley de Amparo en materia agraria, adelantándonos podemos referir que la iniciativa pretende examinar, en específico, lo que corresponde a:

• Plazos para la presentación de la demanda de amparo agrario;

• Plazos para exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y caducidad del cumplimiento de ejecución, ambas en materia agraria;

• Prestación de garantías para gozar de la suspensión por parte de sujetos individuales de derecho agrario.

Debe observarse, que ninguno de las materias referidas tienen que ver o alteran de modo alguno las máximas del texto constitucional, además de que debe considerarse que la modificación del texto constitucional presupone un mayor proceso de discusión y consenso para generar una nueva decisión política fundamental, aunado a que los principios constitucionales referidos no han sido objetados ni constituyen los tópicos que se pretenden actualizar.

En tal tesitura, las materias enunciadas que son objeto de regulación de esta iniciativa, pretenden actualizar lo referente a los plazos y otras formalidades del procedimiento legal en materia de amparo agrario que están previstos en la Ley de Amparo.

Luego entonces, los fines de la propuesta son otorgar seguridad jurídica sobre las decisiones o resoluciones que afectan los bienes y derechos agrarios, al establecer plazos ciertos, congruentes para el correcto ejercicio de los mismos, así como las demás excepciones a las formalidades que operan en el juicio de amparo agrario.

II

Una vez planteado el problema y formulada la justificación del proyecto, manifestemos que las formulas procedimentales en materia de amparo agrario, están previstas en el Libro Segundo de la Ley de Amparo, de los artículos 212 al 234, destacando que también opera la suplencia de la queja en términos del artículo 76-bis de la referida ley, a fin de que el juez supla con mejores argumentos o con los argumentos correctos la deficiencia que haya en los escritos de los sujetos de derecho agrario, lo que se sustenta de conformidad con las siguientes normas:

Artículo 2o. El juicio de amparo se substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III. En materia agraria, conforme lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. (Énfasis añadido)

A continuación, en el siguiente cuadro procedemos a revisar las normas vigentes, enunciando el beneficio procesal que contienen, y la justificación de su revisión, a fin de identificar en su conjunto y con precisión los beneficios del régimen tutelar del juicio de amparo agrario, así como para explicitar previamente las razones y argumentos que motivan esta iniciativa de reforma y adición, pasemos al referido cuadro:

Revisado el marco jurídico del amparo agrario, delimitemos nuevamente las materias que aborda la presente iniciativa:

• Plazos para la presentación de la demanda de amparo agrario;

• Plazos para exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y caducidad del cumplimiento de ejecución, ambas en materia agraria;

• Prestación de garantías para gozar de la suspensión por parte de sujetos individuales de derecho agrario.

Asimismo debemos recordar que el objeto de este proyecto legislativo es actualizar el marco normativo del juicio de amparo agrario, ponderando entre el sistema tutelar y garantista frente a la seguridad jurídica de la propiedad, como un presupuesto necesario para una mayor competitividad en el campo mexicano, y para los adquirentes de bienes agrarios, así como para salvaguardar aquellas propiedades del régimen civil que en su momento guardaron el régimen ejidal o comunal, que previo procedimiento legal pasaron al dominio pleno de particulares civiles.

Justificando en lo general, debemos referir que la inexistencia de plazos para ejercitar un derecho, ya sea para iniciar un juicio o para exigir el cumplimiento de una sentencia, sólo puede tener como consecuencia un grave problema de certeza en la propiedad y tenencia de la tierra, lo que significa la falta de inversión y el mejoramiento de los bienes ante la inseguridad de que en cualquier momento, el derecho de propiedad se vea afectado o atacado a través de juicio constitucional de amparo.

Igualmente, se reconoce que todavía se justifica la existencia del régimen excepcional del juicio de amparo que previamente hemos revisado, dadas las condiciones de atraso, pobreza, marginación, discriminación que se viven en el campo mexicano, y que se ahonda aún más si no se tiene certeza sobre la propiedad, ante una eventual impugnación a través del juicio de amparo, de tal manera que se puede decir, que la excepción fue tan laxa y amplia que ha terminado por perjudicar al grupo a quien debía proteger.

En tal tesitura, inmersos en el contexto contemporáneo en que vivimos resulta una justipreciación bastante y suficiente para el actuar público e integral que se comprometa en la revisión de las excepciones previstas en materia agraria, que son materia de esta iniciativa.

Por otra parte, alienta la presentación de esta iniciativa, el contenido de la Plataforma Electoral 2009-2012 de los diputados del Partido Acción Nacional, que en los numerales 15 del rubro “Para proteger tu economía” y 34 de la vertiente “Para garantizar tu seguridad”; se plasma, expresamente, el compromiso de facilitar el desarrollo de infraestructura lo que se puede realizar a través de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, así como de revisar integralmente la Ley de Amparo, siendo uno de los rubros la materia agraria contenida en el libro segundo de dicha ley, para mejor ilustrar se transcribe la oferta política de marras:

15. Facilidades para el desarrollo de infraestructura

Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de infraestructura y la creación de empleos es la obtención y el respeto de los derechos de vía. En este sentido, las y los diputados del PAN propondrán reformas a la Ley de Amparo para incorporar requisitos más estrictos en lo que se refiere al otorgamiento de la suspensión de actos relacionados con el desarrollo de obra pública y con ello eliminar resquicios legales que dificultan el desarrollo de la infraestructura.

34. Revisión integral a la Ley de Amparo

El juicio de amparo es una de las instituciones jurídicas más trascendentes del derecho mexicano. Su modernización y adecuación a las nuevas realidades es un imperativo para seguir constituyéndose como uno de los medios de defensa más poderosos del ciudadano pero asegurando a la vez la eficacia del sistema de administración de justicia. Por ello, Acción Nacional propondrá una reforma integral a la Ley de Amparo para modificar entre otros, los conceptos de actos consentidos, interés jurídico, suspensión de actos y en particular el de los efectos generales de la sentencia.

En el mismo sentido, la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, con el rubro Para igualar las oportunidades de desarrollo, se contempla expresamente, legislar sobre la materia, para mejor referencia:

Competitividad y generación de empleo en el campo mexicano. Fomentaremos la creación de una estrategia integral de competitividad en el sector agropecuario, a través de la generación de planes regionales que identifiquen la vocación y riqueza de cada zona del país. Asimismo, se propone fomentar la expansión de las cadenas productivas, mediante la asociación de productores y comercializadores del campo. Dentro de esta estrategia, se proponen cambios a la Ley Agraria, dentro de los que se incluya un término perentorio para la interposición del juicio de amparo. Igualmente a la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, para agregar un apartado enfocado al fomento de empresas agropecuarias.

Se propone revisar y perfeccionar los instrumentos financieros que atienden al campo, buscando la efectividad y correcta aplicación de los recursos al sector, para que éstos no se dupliquen y atiendan sus necesidades de crecimiento. Para tal efecto, se revisará el marco jurídico del sector financiero que atiende al campo, para modernizar y perfeccionar los servicios que ofrecen instituciones como la Financiera Rural. (Énfasis añadido)

Lo anterior, justifica que este proyecto resulta definitorio para el interés que tiene el Partido Acción Nacional en generar condiciones de competitividad en el campo mexicano, así como de fortalecer la institución del juicio de amparo.

En seguimiento, debemos referir que existe dictamen de la Cámara de Senadores de fecha 4 de abril de 2006, turnado a la Cámara de Diputados, en los siguientes términos

MinutaProyecto de decreto

Por el que se reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en el término de setecientos treinta días, contados a partir de la fecha en la que el núcleo de población respectivo tenga conocimiento efectivo de los actos de afectación realizados por las autoridades agrarias, y procederá cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorableCámara de Senadores. México, DF, a 4 de abril de 2006. Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica) Vicepresidente

Sin embargo, es un avance parcial y no integral a la revisión del marco jurídico en materia agraria en la Ley de Amparo, además de que establece un plazo de 730 días, que implica una dificultad para su cómputo, ya que se deben excluir días inhábiles de conformidad con la técnica del juicio de amparo, y que lleva a colegir, que aproximadamente significa un plazo de poco más de tres años, lo que sin lugar a dudas sigue siendo excesivo, y no resuelve en nada la certeza expedita que debe privar en los derechos de propiedad.

Además, del dictamen de referencia existen sendas propuestas del PRI y de Convergencia, de acuerdo al siguiente extracto:

Que reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

Actualmente el amparo en materia agraria no prescribe, cualquier persona puede promover un juicio de amparo reclamando tierras que le fueron “quitadas” a él o a alguno de sus ascendentes hace años; esto conlleva un problema en términos de derechos de propiedad, ya que éstos no están garantizados del todo.

Si una persona es dueña de un pedazo de tierra y una segunda reclama, mediante un juicio de amparo, que esa propiedad le pertenece y que se le despojó injustamente, entonces el juicio de amparo promovido por esa segunda persona puede que se resuelva a su favor y es muy factible se le regrese su propiedad. Más aún, un tercero puede argumentar que esa misma tierra igualmente les fue quitada injustamente a sus padres, por lo que debe de pertenecerle en su calidad de heredero único. Si el juicio interpuesto se resuelve a su favor, esto no lo exime que pueda enfrentar un tercer juicio de amparo por una cuarta persona blandiendo los mismos argumentos, independientemente de los años transcurridos en que se le haya despojado de la propiedad, lo que importa, en estrictos términos de la Ley que nos ocupa, es que el despojo se realizó de manera injusta. El juicio de amparo en sus artículos 21 y 22 señala:

Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

Artículo 22. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior.

I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.

II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzada al servicio del Ejército o Armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 15 días.

III. Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviera al lugar en que se haya seguido dicho juicio, quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior.

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.

Queda claro que el juicio de amparo prescribe, excepto en dos casos: cuando el individuo es forzado a incorporarse al Ejército o Armada nacionales y cuando se trata de juicios de amparo en materia agraria. De no ser así, la ley marca claramente, y dependiendo del caso, entre 15 y 180 días para la prescripción de dicho juicio.

Por lo anteriormente expuesto propongo una modificación al artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede como sigue:

Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en un periodo no mayor a 365 días, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2005.

Diputado Arturo Robles Aguilar (rúbrica)

Que reforma los artículos 212, 214, 217 y 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

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Desde sus inicios la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue revestida de una profunda inspiración social, resultante de un movimiento armado que afectó, fundamentalmente, a los sectores sociales más desprotegidos, en especial a los pertenecientes al sector campesino.

La sistematización del derecho agrario, como tal, fue parte de la normatividad originada en el proceso constitucional posterior a la Revolución de 1910, donde adquirió el carácter el derecho social. Como reacción a ese movimiento nuestra Constitución sentó las bases del moderno derecho agrario mexicano.

La Constitución federal, la Ley del 6 de enero de 1915, los códigos agrarios, la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley Agraria establecieron los principios de la organización jurídica del campo y han sido producto de diversas etapas en el origen, desarrollo y consolidación del régimen jurídico agrario mexicano.

El derecho agrario ha sufrido diversas transformaciones, de las que destacan por su importancia las ocurridas en la época independiente de nuestro país, particularmente las modificaciones que se incorporaron a este derecho a partir de la Revolución y que se vieron concretadas en el Congreso Constituyente de 1917; quienes lo integraron, resumieron en el artículo 27 de la Constitución promulgada en dicho año, los anhelos de los grupos revolucionarios en planes como el de San Luis y el de Ayala.

Así fue como la Constitución de 1917 dio paso al reparto agrario y fijó las bases para éste.

Como consecuencia, los conflictos jurídicos en el campo mexicano se suscitaron, fundamentalmente, entre los propietarios de tierras y los solicitantes de ellas; se dio paso a la organización de los núcleos de población, y se multiplicaron las demandas de tierra.

Para resolver los conflictos jurídicos en el campo el juicio de amparo, cuyo creador fue don Mariano Otero, y su precursor don Manuel Crescencio Rejón, tuvo la virtud de extender su teleología, en materia agraria, recogiendo los ideales del gran movimiento revolucionario de 1910, tutelando los derechos individuales y colectivos.

Como instrumento protector de las garantías individuales el juicio de amparo ha sufrido un proceso evolutivo a lo largo de su historia. En tal virtud, respecto al amparo agrario se han diferenciado distintas etapas en su evolución como significativas de esta justicia.

La primera, aquélla que se identifica de 1917 a 1932 como de la procedencia general del amparo por parte de los afectados por resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras o aguas.

Luego se proscribió el juicio de amparo en contra de ese tipo de resoluciones agrarias; primero, a través de la modificación a la Ley del 6 de enero de 1915 y luego reestructurando el artículo 27 constitucional. Con ello las afectaciones agrarias se aceleraron y, evidentemente, se multiplicaron los litigios.

Para 1947 se estableció una excepción para permitir la procedencia del amparo, que favorecía a aquellos propietarios a quienes se les hubiera expedido o en lo futuro se les expidiera certificado de inafectabilidad; y posteriormente se amplió ese beneficio a quienes se les hubiese reconocido o declarado la pequeña propiedad inafectable.

En 1963 se introdujo la posibilidad de interponer el juicio de amparo en cualquier tiempo, tratándose de actos que tuvieran o pudieran tener por efecto privar total o parcialmente, en forma total o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de bienes agrarios a un núcleo de población ejidal, así como, entre otros, la obligación de suplir la deficiencia de la queja y la prohibición de decretar el sobreseimiento por inactividad procesal; reforma cuyo propósito fue hacer del amparo no sólo el instrumento para la defensa de un interés individual, sino el escudo protector del régimen ejidal creado por la Revolución Mexicana.

En la exposición de motivos del decreto de reforma a la Ley de Amparo del 3 de enero de 1963, se dijo: “El Ejecutivo federal considera indispensable, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la reforma agraria y en consonancia con el espíritu del artículo 27 constitucional, que el juicio de amparo sea un verdadero instrumento protector de la garantía social que este consagra, y para ello se requiere distinguirlo del sistema tradicional del amparo de estricto derecho, concebido para la vida civil y mercantil en el que se debaten intereses particulares, como ya lo hace nuestro código político en materia penal y por lo que respecta a la parte obrera en materia de trabajo, disponiendo que podrá suplirse la deficiencia de la queja. Por ello es urgente adicionar la Ley de Amparo, poniéndola en congruencia con la citada reforma constitucional que ha venido a sentar las bases de un amparo de buena fe, al alcance de los campesinos, haciendo de nuestra mexicanísima y tradicional institución del juicio de amparo el escudo no sólo de los derechos individuales de los campesinos sino de la garantías social agraria y del régimen jurídico ejidal creado por la Revolución mexicana”.

Dicha reforma fue reestructurada a su vez mediante la diversa de 1976 en la que se ordenaron sistemáticamente los artículos relativos al amparo agrario, en un capítulo específico y enriquecido, motivado en el hecho de que: “...dada la dispersión de los preceptos que regulan el amparo en materia agraria, la falta de claridad en muchos de ellos, y las lagunas legales que existen, es necesario perfeccionarlo en sus normas substantivas y en sus procedimientos. A fin de tutelar con mayor eficacia a los núcleos de población, a los ejidatarios y comuneros en el ejercicio de sus derechos agrarios.”

Estas reformas a la Ley de Amparo siempre han tenido la idea de proteger a los sujetos de derecho agrario, es decir, han sido reformas proteccionistas; sin embargo, éstas no pueden desvincularse de las reformas a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, en materia de derecho agrario, es de destacarse que la reforma constitucional de 1992 al artículo 27 constitucional, constituyó una de las más importantes y trascendentales, no sólo para el derecho mexicano en general, sino también para el desarrollo agrario nacional, pues permitió la transformación del régimen de propiedad de las tierras de los sujetos de derecho agrario; dio por concluido el reparto de tierras; y creó los tribunales agrarios, entre otros aspectos de suyo relevantes.

Se dijo en la iniciativa de reforma constitucional: “La obligación constitucional de dotar a los pueblos se extendió para atender a los grupos de individuos que carecían de tierra. Esta acción era necesaria y posible en un país poco poblado y con bastas extensiones por colonizar. Ya no lo es más. La población rural crece mientras que la tierra no varía de extensión. Ya no hay más tierras para satisfacer esa demanda incrementada por la dinámica demográfica. Los dictámenes negativos del cuerpo consultivo agrario, derivados de que no se localizaron tierras afectables para atender solicitudes, son ya tan numerosas como todas las dotaciones realizadas desde 1917.”

Esa iniciativa marcó, ciertamente, otro paso en la evolución de la justicia agraria, pues los conflictos en esa materia ya no se presentan significativamente entre los propietarios y los solicitantes de tierras, sino entre los propios sujetos de derecho agrario, pues la población aumenta sin que la tierra pueda variar su extensión.

Esa dinámica, provocada por las reformas constitucionales de 1992, llevó los conflictos agrarios al interior de las organizaciones agrarias y los convierte en conflictos internos por la tenencia de la tierra y litigios entre los sujetos colectivos de derecho agrario y los centros urbanos.

A la par, la modificación que sufrió el régimen de tenencia de la tierra, para posibilitar su tránsito al régimen de propiedad particular, ha recrudecido los conflictos internos en los ejidos y comunidades. Es ya común ver litigios entre padres e hijos o entre hermanos.

Incluso, se ha suscitado el fenómeno de que los sujetos colectivos, a través de sus representantes, revivan o inicien conflictos con los gobiernos de los centros urbanos para reclamar la restitución de tierras, en algunos lugares en donde, desde hace muchos años, existen asentamientos humanos; y que al amparo de las normas proteccionistas exijan y demanden la restitución de tierras por medio del juicio de garantías e instituciones agrarias fundamentales, como la suspensión de plano y la posibilidad de demandar la protección de la justicia federal en cualquier tiempo.

Esos conflictos generan una gran presión sobre la sociedad y requieren la atención pronta y decidida de los órganos gubernamentales. Ello, porque las razones de justicia social que inspiraron la Constitución de 1917 han cambiado; no se trata ahora solamente de proteger al campesino frente al latifundista; se trata de resolver los conflictos entre los propios sujetos agrarios.

Esta necesidad social cambiante precisa tener reflejo en el instrumento tutelar de las garantías individuales para adaptarla y hacerla congruente con ella.

Es necesario entonces armonizar la realidad existente con los conflictos derivados del juicio de garantías, por lo que se requiere simplificar la solución de los litigios.

A eso pretende contribuir esta iniciativa limitando el término de la promoción del juicio de amparo cuando se trate de actos que puedan afectar a los sujetos de derecho agrario, en estricto sentido, con excepción de las comunidades indígenas, por las siguientes consideraciones:

En efecto, la introducción en la Ley de Amparo de la permisión de presentar el amparo en cualquier tiempo, tratándose de actos que tuvieran o pudieran tener por efecto privar total o parcialmente, en forma total o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de bienes agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal, efectuada mediante la reforma de 1963, se debió en gran medida a las características de las tierras agrarias; a saber, el que eran inalienables, imprescriptibles e inembargables, de donde resultaba correlativo que se pudiera presentar el amparo en cualquier tiempo.

Empero en 1992 cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a su artículo 27, a pesar de que se transformó la naturaleza de la propiedad agraria para incluso establecer la posibilidad de que se convirtiese en propiedad privada, no se modificó el término para promover el amparo agrario, de ahí que en la actualidad ya no exista esa correlación entre la oportunidad para promover el amparo agrario con el nuevo régimen de propiedad creado por la Constitución.

Por ello es importante y necesaria la presente iniciativa.

Para comprender lo anteriormente dicho es oportuno destacar que, en términos generales, los actos de autoridad impugnables en los juicios de amparo derivan de autoridades administrativas o de tribunales agrarios, los cuales fueron creados precisamente mediante la reforma constitucional de 1992, para garantizar la impartición y administración de justicia en materia agraria.

En el panorama actual, en contra de los actos de las mencionadas autoridades cuando tienen o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, el amparo puede ser promovido en cualquier tiempo.

Esto provoca que exista una gran inseguridad jurídica porque los actos de dichas autoridades, actualmente, pueden ser impugnados al momento de su emisión, un año, dos años, cinco años, etc. después de haber sido emitidos, porque la Ley de Amparo ha dispuesto que en esos casos no hay término. Y como no puede determinarse, a priori, si los actos que se impugnan tienen o no la característica de tener o poder tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, queda siempre la posibilidad de que se puedan impugnar mediante el juicio de amparo en cualquier momento.

Es decir, desde el punto de vista jurídico el problema de inseguridad se genera porque los actos de las autoridades, y, en particular, de los tribunales agrarios, cuando tienen relación o están dirigidos a los núcleos de población ejidal o comunal, no adquieren firmeza sino hasta que en contra de ellos se promueva el amparo (con independencia del resultado) lo cual puede no suceder, y siempre quedará latente la posibilidad de impugnarlo y de destruir su firmeza.

Lo anterior provoca que no se cumpla con el fin estipulado en la fracción XIX, del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fracción XIX, del artículo 27 constitucional, fue modificada para instituir tribunales agrarios dotados de autonomía y plena jurisdicción.

Sin embargo, en la actualidad eso se vuelve una ficción, en atención a que la autonomía y plena jurisdicción de que fueron dotados los tribunales agrarios no producen como consecuencia que queden resueltos los conflictos que se suscitan en materia agraria, porque hoy en día los actos destacados pueden ser impugnados vía juicio de amparo, en cualquier tiempo.

Como consecuencia de ello, los tribunales agrarios ven severamente limitados sus fallos en cuanto a firmeza. La falta de esta firmeza provoca inseguridad jurídica que afecta no solamente a los sujetos de derecho agrario, sino a quienes puedan asociarse con ellos.

Esto trae como consecuencia la falta de inversión en el campo, el crecimiento del número de desempleados y la emigración a centros urbanos e incluso al extranjero.

Por ello, esta iniciativa no pretende coartar esos derechos, sino otorgarles seguridad jurídica, pues una medida que en sus orígenes fue benéfica para los sujetos de derecho agrario, hoy debe adaptarse a los cambios constitucionales y a la realidad.

Se estima que la forma para lograr ese propósito es la de limitar la posibilidad de promover el juicio de amparo en cualquier tiempo tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de bienes agrarios a un núcleo de población; esto es, establecer como término para la presentación del juicio de amparo el general de 15 días, previsto en el artículo 21, o el contemplado por el artículo 22, en su caso, de la Ley de Amparo, con las modalidades que señalará la ley secundaria, a saber, en los artículos 212, 214, 217 y 218 de la Ley de Amparo, bajo el texto que hoy se propone.

Además, la restricción de la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo, ayudaría a ponerle fin al rezago en el campo y a adecuar a la realidad las actuales controversias jurídicas que, se insiste, se suscitan ya no principalmente entre el campesino frente al latifundista, sino entre los propios sujetos agrarios.

No obstante todo lo anterior, también hay una realidad que no puede pasarse por alto, como lo es la de los pueblos indígenas a que se refiere el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en su artículo 2 a las comunidades integrantes de un pueblo indígena como aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Así, si la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció un reconocimiento especial para los pueblos indígenas y sus comunidades, ese reconocimiento y la garantía del pleno respeto a sus derechos y tutela constitucional debe prevalecer y reflejarse en el juicio de amparo.

Por ello, se propone que tratándose de pueblos indígenas, a que se refiere el artículo 2 de la carta magna, permanezca la posibilidad contemplada en el artículo 217 de la Ley de Amparo, de presentar el juicio de garantías en cualquier tiempo, con el objeto de no dejar desprotegidos a las comunidades étnicas y sus miembros.

Así las cosas, el objeto de la presente iniciativa es limitar la posibilidad de que los juicios de amparo se presenten en cualquier tiempo, como lo dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo actual, así como limitar el término para la presentación de los amparos en materia agraria a los términos generales que disponen los artículos 21 y 22, en su caso, de la Ley de Amparo; y, únicamente, hacer la excepción cuando se trate de comunidades indígenas, a las que se refiere el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior con el propósito de posibilitar una defensa que se adecue a los tiempos que vive el campo mexicano tratándose de sujetos de derecho agrario, considerando que, como ya se resaltó, la situación actual dista mucho del contexto en el cual nació la posibilidad de presentar el juicio de amparo en materia agraria en cualquier tiempo, tratándose de actos que tuvieran o pudieran tener por efecto privar total o parcialmente, en forma total o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de bienes agrarios a un núcleo de población ejidal, cuestión que al día de hoy representa un rezago en el campo y únicamente un obstáculo para la seguridad jurídica en esos asuntos, toda vez que hoy en día ya no existe reparto agrario y por ello, las controversias jurídicas han cambiado.

Así, lo que en su momento fue bueno e importante, como el que no existiera término para promover el amparo, hoy en día no genera más que un rezago en el campo, conjuntamente con inseguridad jurídica.

Por la trascendencia que, de ser aprobado el texto propuesto, tendría la reforma legal, es necesario preservar los derechos de los justiciables frente a una aplicación retroactiva de la ley.

Para garantizar la no aplicación retroactiva en perjuicio de la ley, se propondrá en los artículos transitorios que la entrada en vigor del decreto se lleve a cabo con tiempo suficiente a efecto de que quienes lo deseen puedan ejercer sus derechos con toda oportunidad.

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Iniciativa que reforma los artículos 212, 214, 217 y 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 212. Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como a las comunidades indígenas en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se observarán las disposiciones del presente libro segundo en los siguientes juicios de amparo:

I. Aquéllos en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que como terceros perjudicados.

II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos a que se refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados.

III. Aquéllos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros.”

“Artículo 214. Quienes promuevan amparo en nombre y representación de un núcleo de población, acreditarán su personalidad en la siguiente forma:

I. Los miembros de los comisariados, de los consejos de vigilancia, de los comités particulares ejecutivos y los representantes de bienes comunales, con las credenciales que les haya expedido la autoridad competente y en su defecto, con simple oficio de la propia autoridad competente para expedir la credencial, o con copia del acta de la asamblea general en que hayan sido electos. No podrá desconocerse su personalidad, aun cuando haya vencido el término para el que fueron electos, si no se ha hecho nueva elección y se acredita ésta en la forma antes indicada.

II. Los ejidatarios o comuneros pertenecientes al núcleo de población perjudicado, con cualquier constancia fehaciente.

III. Las comunidades indígenas, atendiendo a sus usos y costumbres, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Federal.”

“Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos a una comunidad o población indígena de las que define el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

“Artículo 218. Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal a que pertenezcan; así como contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros o de aspirantes a esas categorías, los términos para promoverlos serán los contemplados en los artículos 21 o 22 de esta ley, según sea el caso.”

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De los proyectos legislativos citados, adviértase que existe concordancia jurídica en revisar los plazos en materia de ampara agrario, la propuesta del PRI lo reduce a 365 días, mientras que la propuesta del partido Convergencia incluye los derechos de indígenas, que ya estaban contenidos en la categorías agrarias, pero mantiene la posibilidad de que en cualquier momento se pueda impugnar en amparo cuando se afecten derechos colectivos, en conclusión resultan insuficientes para la materia que se pretende revisar y legislar.

Entre otros proyectos, mención especial merece el proyecto de nueva ley de amparo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla la posibilidad de unificar el procedimiento de amparo agrario al procedimiento regular u ordinario de la Ley de Amparo, lo que resulta tener el mismo sentido de reducir los plazos para la interposición de la demanda, así el plazo para exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

Por tanto, existe un ejercicio jurídico del propio Poder Judicial de la Federación a fin de extinguir el marco tutelar del amparo agrario, lo que tiene por objeto unificar el procedimiento de amparo, y que no hay islas o excepciones procedimentales.

Sin ánimo de soslayar la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, consideramos que adolece de algunas imprecisiones y omisiones, como serían:

• No deviene en ninguna innovación, ya que unifica los procedimientos del juicio de amparo, sin considerar las excepciones que en ciertas materias, como la agraria, deben operar;

• Omite considerar que la justificación de la existencia del acaparo agrario obedece a circunstancias históricas que aún existen y se encuentran vivas.

Lo anteriores afirmaciones, tienen su sustento en los siguientes datos estadísticos que pretende justificar la existencia de un trato garantista a las comunidades e individuos agrarios, indígenas o rurales, numéricamente:

• 6.7 por ciento población de 5 años y más que habla lengua indígena, en el 2005, y dado que la población indígena es un grupo representativo del sector agrario, estamos hablando de una porción considerable de la población.

• 8.1 grados, grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, en el 2005, lo que significa que el grado máximo de estudios promedio es la escuela secundaria, que en el sector rural las cifras se revierten existiendo no sólo analfabetismo sino el uso de una lengua distinta al español.

• 13 por ciento Población ocupada en el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca, al segundo trimestre de 2009, si hablamos que poco más del 10 por ciento de la población se dedica a actividades agropecuarias, mismas que requieren seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

• 35.2 por ciento Población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos, segundo trimestre de 2009.

• 269,951 millones de pesos, el valor de la producción agrícola, correspondiente al año agrícola 2007.

• 2 millones 710 mil 992 toneladas, el volumen de la producción de carne en canal de enero a junio de 2009.

• 31 mil 480 núcleos agrarios, de los cuales sólo 27 mil 810 tienen cartografía entregada,

En conclusión, la población destino de las normas que se revisan asciende a cerca del 10 por ciento de la población, teniendo impacto en cerca de 91 millones de hectáreas en donde están asentados los núcleos de población agrarios ejidales y comunales, lo que justifica numéricamente otorgar certeza jurídica en la propiedad relacionada con el sector rural.

Haciendo uso de otras estadísticas, el Tribunal Superior Agrario de acuerdo al informe 2008 manifiesta los siguientes datos relacionados con el juicio de amparo:

Año 2008

En cuanto a demandas de amparo contra resoluciones del tribunal superior agrario se interpusieron 406 en amparo directo. se resolvieron 175 de la siguiente manera: concedidos 29, que corresponde al 16.5 por ciento; negados 81, que representa el 46.5 por ciento; sobreseídos 16, desechados 24, equivalente al 13 por ciento y 25 de incompetencia, es decir el 14 por ciento.

Se interpusieron 218 demandas de amparo indirecto, se resolvieron 74 de la siguiente manera: 12 fueron concedidos, que representa el 16 por ciento; 20 negados, que equivale 3 al 27 por ciento; 40 sobreseídos, es decir el 54 por ciento y 2 desechados, que es el 2 por ciento.

Año 2007

De igual forma en el período que informo se interpusieron 5 mil 310 demandas de amparo en contra de resoluciones de los Tribunales Unitarios De ellas, 3 mil 234 fueron en amparo directo y 2 mil 76 en amparo indirecto.

De los amparos directos interpuestos se resolvieron mil 480. En cuanto al sentido de su resolución 445 fueron concedidos, que representan el 30 por ciento; 639 negados, equivalentes al 43.17 por ciento; 157 sobreseídos, es decir el 10.6 por ciento; 122 desechados que corresponden al 7.1 por ciento y 164 incompetencias, que significan el 9.5 por ciento.

Con relación a los amparos indirectos presentados durante el año pasado se interpusieron 2,076 en contra de resoluciones de los Tribunales Unitarios.

De ellos, se resolvieron 987. En cuanto al sentido de la resolución 268 fueron concedidos, que representan el 21.15 por ciento; 118 negados, que equivalen al 11.9 por ciento; 530 sobreseídos, que corresponden al 53.69 por ciento; 36 desechados, es decir el 3.6 por ciento y 35 incompetencias, que significan el 3.5 por ciento.

Es decir, que aproximadamente existen de 600 a 700 juicios de amparo en materia agraria incoados directamente contra el Tribunal Superior Agrario, y poco más de 5 mil amparos en contra de resoluciones de los Tribunales Unitarios Agrarios, dando un consolidado de aproximadamente 6 mil amparos al año, que se rigen por las disposiciones del Libro Segundo de la Ley de Amparo, que esta iniciativa pretende revisar y delimitar.

III

Una vez que hemos enunciado las justificaciones sociales, políticas, programáticas y estadísticas, pasamos a describir y a justificar las propuestas de esta iniciativa en lo específico.

Plazos para la presentación de la demanda de amparo agrario

Como habíamos mencionado previamente, el régimen del amparo en materia agraria que se encuentra vigente, flexibiliza los plazos para la interposición de la demanda según se trate de sujetos individuales (30 días) o de núcleos de población (En cualquier momento se podrá interponer).

Jurídicamente, dichos plazos no están referidos en el texto constitucional por lo que su establecimiento queda delegado a la facultad del legislador ordinario, y su modificación no altera de modo alguno el orden constitucional.

Recordemos que la Constitución, sólo ordena que el amparo en materia agraria se sujetara a las siguientes bases:

a) Obligación judicial de recabar pruebas oficiosamente;

b) Deber judicial de realizar diligencias para precisar los derechos controvertidos y los actos de autoridad;

c) No procedencia del sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, y

d) Improcedencia del desistimiento y del consentimiento de los actos reclamados de las autoridades, salvo que emane decisión de la asamblea general del ejido o comunidad.

En consecuencia, una modificación a dichos plazos no resulta inconstitucional de modo alguno, y se hace necesaria su reducción a fin de otorgar certeza jurídica respecto de la propiedad agraria, o de aquella que su momento tuvo dicha calidad, proponiendo a esta Soberanía el siguiente proyecto de reforma:

Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse hasta en el plazo de ocho meses, contado a partir del momento en que se notifique el acto reclamado, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal.

Los argumentos que justifican la reforma planteada serían los siguientes:

1. Existe inseguridad jurídica para la tenencia de la tierra, y de los adquirentes de inmuebles en el sector rural, ante la posibilidad legal de que en cualquier momento se pueda ejercitar la acción de amparo, por lo que al establecer un plazo cierto, dicha inseguridad se limita al plazo que se tiene para impugnar.

2. El plazo de ocho meses para que los núcleos de población ejidal y comunal interpongan la acción de amparo, se justifica en la medida de los plazos y términos previstos en las propias disposiciones de la Ley Agraria, que en el artículo 23, establece que la asamblea del ejido o comunidad se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre, además si se consideran los plazos que se establecen del artículo 24 al 31 de la referida Ley Agraria, el plazo de 8 meses es más que suficiente para que la asamblea se reúna y adopte la decisión de impugnar en amparo algún acto que en su estimación, tenga por objeto privar total o parcialmente de los bienes y derechos agrarios colectivos del ejido o de la comunidad.

En conclusión, resulta un plazo prudente y justo, que se considera suficiente para que los núcleos ejidales y comunales se reúnan en asamblea y adopten las medidas necesarias y suficientes para la defensa del núcleo, inclusive si se trata de segundas convocatorias o de nuevas asambleas por falta de quórum legal, por lo que si en dicho plazo no generan un consenso, la contraparte en un juicio no puede quedar en estado de indefensión hasta que haya una resolución sobre el particular.

3. Para el caso de que no haya consenso de la asamblea, se establece un medio subsidiario de inicio de defensa judicial en amparo por parte de la autoridad de procuración en materia agraria, luego entonces aunque haya omisión del núcleo de población ejidal y comunal para interponer la demanda de amparo, su derecho se verá protegido y deducido en juicio, a fin de que haya seguridad jurídica para los terceros involucrados.

4. Al establecerse la posibilidad de que haya una sentencia judicial de amparo, se determinará con certeza y seguridad jurídica los derechos en litigio, no sólo en beneficio de los núcleos ejidales o comunales, sino de la colectividad en lo general.

5. Si bien es cierto, existe minuta del Senado de la Republica remitida a la Cámara de Diputados, donde se establece un plazo de 730 días para interponer la demanda de amparo, tal plazo no ofrece seguridad jurídica, ya que resulta más complicado su computo, al tenerse que descontar los días inhábiles en la tramitación del juicio, por lo que definir un plazo por un periodo determinado (ocho meses) resulta de mayor sencillez, lo que genera mayor seguridad jurídica para aquellos que deben estar ciertos del plazo para interponer la demanda de garantías.

Respecto de la referida minuta, debe señalarse además, que el plazo de 730 días es excesivo, ya que si se descuentan los días inhábiles, estaríamos hablando de casi mas de tres años, lo que resulta un absurdo para la expedites de asegurar un derecho, y contrario totalmente al principio de justicia pronta, y en total contravención a la seguridad jurídica que debe privar.

No siendo óbice mencionar que el plazo de 730 días no es para resolver sino para iniciar el juicio, lo que resulta agraviante para aquellos que desean una resolución judicial inmediata.

6. Se proponen además adicional una fracción al artículo 23 de la Ley Agraria para establecer expresamente, como supuesto de competencia de la asamblea, la determinación del ejercicio o no ejercicio de la acción de amparo dentro de los plazo previstos en la ley, a fin de asegurar la debida defensa de los derechos de los núcleos de población ejidal y comunal.

Lo anterior, justifica al nivel de la ley que rige la materia agraria, como un asunto de la máxima atención y urgencia para los núcleos de población ejidal y comunal, mismo que no puede ni debe ser impostergable.

7. La propuesta trata de ponderar entre el principio de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y el principio de tutela de las comunidades agrarias, por tanto, la reducción del plazo no es en su perjuicio, ya que se establece un mecanismo subsidiario de defensa, además de que se define la obligación expresa de tratar en la asamblea si se promueve o no el juicio de amparo, y al final de todo, se resolverá el asunto por una sentencia judicial.

8. Un esquema de protección garantista como el que se establece en el actual régimen de amparo agrario obedece a otras circunstancias históricas, que si bien siguen vigentes, de algún modo, no debe resultar un obstáculo para mejorar y renovar las instituciones con un claro beneficio para el interés público y social.

9. Cualquier esquema o régimen de tutela debe ser limitado, ya que de lo contrario se convierte en un autentico estado de excepción que deriva en el incumplimiento de la norma y en el abuso en la aplicación de la misma, como sucede en el plazo sin plazo para interponer la demanda de amparo por núcleos ejidales y comunales, generando un grave problema de seguridad jurídica.

10. No escapa a la vista del legislador, que existe aún en nuestro país, un grave problema de atraso y marginación en el sector agrario, pero la indefinición jurídica de la inexistencia de un plazo para ejercitar un derecho, de algún modo también perjudica a los ejidos, comunidades y a sus miembros, ya que implica que en cualquier momento se iniciará el juicio de amparo, con la consecuencia de que la sentencia pueda ser favorable o adversa a sus intereses.

Por lo tanto, la inseguridad jurídica afecta a dichos grupos por igual.

11. Estamos pasando por una grave crisis económica, donde las inversiones en el campo requieren mayor certeza jurídica, por lo que asegurar una correcta ordenación de la propiedad rural permitirá que el país sea más competitivo, atraer mayores inversiones en el campo lo que permita su reactivación.

12. El envejecimiento de la población rural constituye un factor más que se debe tomar en consideración, así como la migración a las ciudades y a Estados Unidos de América, hace necesario otorgar certeza jurídica a los propietarios de la tierra.

La inseguridad no sólo económica, sino la jurídica, traducida en los despojos de propiedad que no sólo se realizan por los particulares o el gobierno, sino también por los núcleos ejidales o comunales en perjuicio de sus miembros individuales, debe igualmente tomarse en consideración para establecer plazos ciertos en la materia.

13. El campo mexicano, tiene un grave problema de minifundios basado en la economía del autoconsumo, y la manutención por subsidios públicos, que se sustentan en la inseguridad de la tenencia de la tierra.

En otras palabras los subsidios no tienen por objeto la inversión, tecnificación, aprovechamiento, e infraestructura del campo, sino la subsistencia de la población destino de éstos, y el desarrollo e inversión no llegara hasta que haya certeza respecto de quien es el propietario de la tierra.

14. El crecimiento y desarrollo urbano ha absorbido a algunos núcleos de población ejidal y comunal, por lo que el régimen tutelar deja de perder vigencia y puede constituir un estado de excepción a la generalidad de la norma en aquellos casos, donde son verdaderos comunidades urbanas, por lo que el esquema de protección ha perdido sentido por el desarrollo urbano.

15. Ante la migración y el envejecimiento del campesino, existe una mayor participación económica de la mujer y de los hijos, por lo que debe haber certeza jurídica para que las actividades económicas que emprenden se pueden desarrollar bajo la tutela del derecho de propiedad.

Por otra parte, también es menester reformar y adicionar el artículo 218 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:

Artículo 218. Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponerlo será de cuarenta y cinco días.

En ausencia del agraviado, tendrán derecho a iniciar dentro del plazo anterior la acción de amparo, y a continuar el procedimiento, aquel campesino que tenga derecho a heredar conforme a las leyes agrarias.

En principio, operan las mismas justificaciones de carácter social, económico y de certeza jurídica de la propiedad agraria, sin embargo, tratándose de derechos individuales de ejidatarios o comuneros, debe tomarse en consideración un acuciado fenómeno de migración hacía las ciudades y al exterior, ante la carencia de oportunidades en el campo, lo que deriva en el abandono de la propiedad rural.

Por lo que tomando en consideración tal circunstancia, así como las condiciones de desventaja en que se encuentra quien a dejado su tierra en busca de nuevas oportunidades, y con el ánimo de tener un amparo agrario más protector y acorde con la realidad, se propone aumentar el plazo 45 días, a efecto de asegurar la debida defensa de los derechos individuales, que se ve menoscabada por la simple ausencia, así como la lejanía de los movimientos migratorios (inclusive otros países), hace necesario aumentar el plazo y establecer una regla de subsidiaridad para que los posibles sucesores campesinos puedan interponer la demanda de amparo ante la ausencia del titular.

En tal tesitura, esta reforma pretende ser integral y no sólo contemplar la reducción del plazo en tratándose de derechos colectivos, sino que en aquellos casos que se haga necesario aumentar los plazos, se deberá establecer tales mecanismos de garantía

Plazos para exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y caducidad del cumplimiento de ejecución, ambas en materia agraria

Al igual que sucede con el plazo para la presentación de la demanda cuando verse sobre derechos colectivos del ejido o comunidad, la vigente Ley de Amparo, en el artículo 230 establece que no hay plazo para inconformarse con la sentencia.

Es decir, la ansiada res iudicata a la que aspira cualquier proceso judicial no opera en amparo agrario, ya que en cualquier momento puede inconformarse el núcleo de población ejidal o comunal, lo que es claro, que existe siempre el riesgo latente de que algún efecto de la sentencia afecte a la propiedad pese a existir una sentencia firme.

En tal exceso, por seguridad jurídica se debe establecer un plazo cierto ejercer el derecho y para determinar su cómputo, por lo que se propone lo siguiente:

Artículo 230. Cuando el quejoso sea un núcleo de población ejidal o comunal, ejidatarios, comuneros, o aspirantes a derechos agrarios, la queja respecto el cumplimiento dado a la sentencia podrá interponerse dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de que se declare cumplida.

Los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo agrario caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de un año, resultando aplicables las demás reglas del artículo 113 de esta ley.

Nótese que con la reforma se unifica el criterio, para que el beneficio abarque tanto a los sujetos colectivos como a los individuales, y el plazo de un año, guarda sistemática con el artículo 95 y 97 de la Ley de Amparo, por lo que existe un plazo definido para inconformarse con la sentencia, transcurrido dicho plazo adquiere todos los efectos no sólo de cosa juzgada sino de sentencia ejecutoriedad.

Por otra parte, con la adición de un segundo párrafo al artículo 230 de la Ley de Amparo, se pretende legislar respecto de la caducidad del cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que es una laguna no resulta, y debemos mencionar que la Constitución sólo previene que en materia agraria es improcedente tanto el sobreseimiento como la caducidad de la instancia, ambos por inactividad procesal.

Pero no refiere regla especial sobre la caducidad del cumplimiento de la ejecutoria de amparo agrario, que es un aspecto procesal distinto al sobreseimiento o a la caducidad de la instancia por no promover en la tramitación del juicio o del medio de impugnación, según corresponda.

La anterior, omisión tiene explicación, ya que la caducidad del cumplimiento de la sentencia, es una figura procesal relativamente nueva en la Ley de Amparo, incorporada mediante el Decreto por el que se reforman la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2001.

Esta figura procesal guarda concordancia con el último párrafo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que establece:

La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.

Y que se reglamenta en el artículo 113 de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 113. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición.

Los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles. En estos casos el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes.

Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad.

En consecuencia, si el legislador constituyente pretendió que la inactividad procesal no afectará de modo alguno a los sujetos de derecho agrario, debe flexibilizarse la caducidad del cumplimiento de la sentencia de amparo en materia agraria

Luego entonces, dadas las particularidades del amparo agrario, se modifica el plazo de 300 días naturales a un 1 año (365), que resulta un plazo equivalente y un tanto más largo (65 días) al que aplica para el procedimiento de amparo en general, justificando además que el definición por un periodo específico genera mayor seguridad jurídica para su cómputo.

Prestación de garantías para gozar de la suspensión por parte de sujetos individuales de derecho agrario

El vigente artículo 234 de la Ley de Amparo, refiere que sólo los sujetos colectivos de derecho agrario no estarán obligados a prestar garantías para la suspensión que se concede de plano y en forma oficiosa en relación con el artículo 123 de la ley citada.

Tal discriminación no contempla, que existe mayor capacidad de otorgar una garantía por el grupo de ejidatarios y comuneros constituidos en ejido o comunidad, que el sujeto individual aislado, por lo que si la Constitución ordena que el Juez de amparo, deberá acordar las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, siendo una de ellas la suspensión del acto reclamado, contemplando tanto a sujetos individuales como colectivos, por lo que resulta pertinente modificar el artículo 234, a fin de incluir a ambos sujetos y resulte plenamente acorde con el texto constitucional.

Artículo 234. La suspensión concedida a los núcleos de población y los sujetos individuales de derecho agrario, no requerirá de garantía para que surta sus efectos.

En consecuencia, la reforma proyectada salvaguardar el interés social de la Constitución tanto de los núcleos de población ejidal y comunal como de los sujetos individuales, considerando que la situación económica de los sujetos individuales es aún más precaria que la del grupo.

De lo que antecede, estimamos se justifica materialmente y jurídicamente la emisión del siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario, y se adiciona una fracción al artículo 23 de la Ley Agraria

Primero. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse hasta en el plazo de ocho meses, contado a partir del momento en que se notifique el acto reclamado, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal.

Artículo 218. Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponerlo será de cuarenta y cinco días.

En ausencia del agraviado, tendrán derecho a iniciar dentro del plazo anterior la acción de amparo, y a continuar el procedimiento, aquel campesino que tenga derecho a heredar conforme a las leyes agrarias.

Artículo 230. Cuando el quejoso sea un núcleo de población ejidal o comunal, ejidatarios, comuneros, o aspirantes a derechos agrarios, la queja respecto el cumplimiento dado a la sentencia podrá interponerse dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de que se declare cumplida.

Los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo agrario caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de un año, resultando aplicables las demás reglas del artículo 113 de esta ley.

Artículo 234. La suspensión concedida a los núcleos de población y los sujetos individuales de derecho agrario, no requerirá de garantía para que surta sus efectos.

Segundo. Se adiciona una fracción XV y se recorre la fracción XV a la XVI del artículo 23 de la Ley Agraria, en los siguientes términos:

Artículo 23.La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. a XIV....

XV. La determinación del ejercicio o no ejercicio de la acción de amparo dentro del plazo previsto en la ley, a fin de asegurar la debida defensa de los derechos de los núcleos de población ejidal y comunal, y

XVI. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor dentro de los seis meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Las autoridades encargadas de la procuración en materia agraria deberán realizar actos informativos a los núcleos de población ejidal y comunal, y demás sujetos de derecho agrario para que conozcan y se enteren de los efectos jurídicos e inicio de vigencia del presente decreto.

Notas:

1 Proyecto de Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México. SCJN. 2000

2 Conforme al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, www.inegi.gob.mx

3 De acuerdo a los informes 2008 y 2007 del Tribunal Superior Agrario. www.tribunalesagrarios.gob.mx

4 Artículo 107 constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009. — Diputados: Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio González Hernández, Juan Huerta Montero (rúbrica), José Luis Iñiguez Gámez, Oralia López Hernández, Alfonso de Jesús Martínez Alcázar, Carlos Meillón Johnston, Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Ramón Merino Loo, Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Felícitas Parra María, Benigno Quezada Naranjo, Arturo Ramírez Bucio, Julio Saldaña Morán (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Sergio Tolento Hernández, Arturo Torres Santos (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara, Javier Usabiaga Arroyo, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Reforma Agraria.

DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría asamblea, en votación económica, si se les dispensa de lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa de lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la diputada Alma Hilda Medina Macías, en nombre propio y de los diputados Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, Fidel Antuña Batista, Alma Xóchil Cardona Benavides, Ricardo Franco Cázares, Miguel Ángel Gutierrez Aguilar, Carlos Alberto Navarro Sugich, Francisco Javier Plascencia Alonso, José de Jesús Solano Muñoz y Carlos Alberto Torres Torres, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes.

2. En esa misma fecha, veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. Con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, el diputado Fidel Antuña Batista, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud.

4. En esa misma fecha, veintiocho de enero de dos mil ocho, la presidencia de la Comisión Permanente, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

5. Con fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.

6. Por oficio DGPL 61-II-5-91 del 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la Comisión de Gobernación copia del dictamen positivo de la iniciativa de referencia, en calidad de proyecto, de conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyecto de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre de 2009.

7. En sesión plenaria de ocho de diciembre de dos mil nueve, se sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura el proyecto de dictamen respectivo, que fue aprobado.

Contenido de las iniciativas

A) Iniciativa de decreto presentada por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

1. Según datos del Banco Mundial los jóvenes y los niños constituyen el 50 por ciento de la población de los países en desarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre los 12 y los 20 años y para 2012 serán cerca de 36 millones, siendo la cifra más alta alcanzada en la historia.

2. La etapa cronológica de la vida denominada juventud ha sido reconocida debido a su efecto en el mercado de trabajo, en materia de salud, seguridad, educación, vivienda y familia.

3. La juventud es más activa que nunca dentro de la sociedad, por eso surge la preocupación del efecto que tiene la violencia en la vida de los jóvenes, ya que se ven más expuestos a sus diferentes tipos debido a la multiplicidad de los roles que asumen actualmente; su temprana inclusión en la vida laboral, en la formación de familias y en el temprano inicio de su vida sexual, los confrontan a situaciones que en muchas ocasiones no saben manejar.

4. La violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte, nos muestra un espectro más amplio en el daño que causa a la persona violentada, como es el caso de los jóvenes.

5. La violencia interpersonal es un problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que pernean a los diferentes estratos donde se desenvuelven los jóvenes, ya que al ser violentados en la familia su comportamiento cambia drásticamente en la escuela o el trabajo, menoscabando sus relaciones personales y afectivas. Si los jóvenes no son tratados a tiempo y convenientemente, se convertirán en adultos poco capaces de enfrentarse a situaciones de frustración, respondiendo con más violencia o bien siendo poco asertivos en sus decisiones futuras.

6. La violencia en el noviazgo se ha incrementado de manera alarmante; según la Encuesta sobre violencia en el noviazgo de 2007 publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud, 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años, con alguna relación de noviazgo en 2007, ha experimentado algún episodio de violencia, siendo la zona rural la que más violencia física experimenta.

7. Asimismo, dentro de las etapas de la juventud se da el sentido de pertenencia a un grupo. La manifestación cultural a través de diversos grupos es significativa dentro de esta etapa, siendo así que grupos o tribus urbanas, como se les ha denominado actualmente, conviven no siempre en un ambiente de tolerancia.

8. El surgimiento de una economía criminal ha llegado a los jóvenes, lo que afecta cuando ellos participan directamente en los ilícitos o en el incremento en el consumo de drogas.

9. Es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, y campañas de difusión y orientación encaminadas a la prevención de la violencia entre los jóvenes, porque son el México del futuro y de las decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana.

B) Iniciativa presentada por el diputado Fidel Antuña Batista

1.La juventud es el periodo de semiindependencia y de formación que prepara a una persona para la vida adulta.

2. Los jóvenes tienen problemáticas generales y específicas que suelen tener gran importancia para este estrato poblacional, tales como el empleo, criminalidad, embarazo adolescente, control de la natalidad, educación, sexualidad, inseguridad, adicciones y violencia.

3. El periodo de la juventud en el ser humano se ha visto relacionado con el proceso de educación de las personas; trae consigo aspectos sociales, culturales, físicos, fisiológicos, económicos, ambientales, que deben ser analizados para plantearse a nivel nacional qué tipo de país y de futuro se pretende, ya que los jóvenes pueden ser la solución no sólo a sus propios problemas, sino también a otros importantes desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy en día; constituyen un recurso humano importante para el cambio social y el desarrollo.

4. El compromiso de México estriba en garantizar que los jóvenes disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, tomando medidas eficaces contra posibles violaciones.

5. En México, los jóvenes padecen diversas problemáticas en su desarrollo tales como aspectos sobre fecundidad, nupcialidad, ocupación y desempleo, salud, salubridad y seguridad públicas, crecimiento demográfico, calidad de vida y ambiente, morbilidad y mortalidad, desarrollo profesional y económico, oportunidades de acceso a mejores servicios urbanos y de educación por condiciones de vulnerabilidad, y adicciones, lo cual se ve mayormente impactado por la presencia del fenómeno globalización pues ante la creciente infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones, se ha hecho necesario que los jóvenes mexicanos evolucionen y se desarrollen a pasos agigantados para hacer frente de manera reactiva la competencia que se avista con países altamente desarrollados en cuanto a su economía, educación, ciencia, cultura, modo de vida, entre otros, por lo que dicho tema debe ser fortalecido e impulsado por acciones tendentes a optimizar sus condiciones para su adaptación al fenómeno de la globalización.

6.El 28 de agosto de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaró, exclusivamente para ese año, el 13 de septiembre de 1985 como Día Nacional de la Juventud Mexicana, considerando que al promover el Año Internacional de la Juventud se impulsaba la solidaridad de la juventud mexicana y su participación en los planes y programas del gobierno mexicano, así como fomentar el desarrollo político, social y económico que sustentase el nacionalismo haciendo referencia a la fecha histórica del 13 de septiembre, la cual recuerda y conmemora el sacrificio llevado a cabo por los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar en el año de 1847.

7.Considerando que la población juvenil crece rápidamente y que el desarrollo social, cultural y económico es cada vez más complejo para el progreso del país, así como que tal situación conlleva a dar origen a nuevas y mayores problemáticas, se hace necesario diseñar y fomentar una política nacional de juventud continua que sea objetiva, práctica y que garantice el pleno desarrollo de los jóvenes; crear y promover medidas legales en donde se reconozcan sus derechos y se asegure su participación en los distintos ámbitos y niveles de poder.

8. Lo anterior se podrá concretar de manera coordinada y participativa si, además de evocar un día internacional de la juventud, se decreta un día nacional de la juventud cuyo objeto sea resaltar la relevancia de la juventud en la sociedad.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. Esta comisión ha considerado las dos iniciativas identificadas en párrafos de antelación, en virtud de que ofrecen elementos que, en esencia, se encaminan a la protección de un sector de la población mexicana.

2.La juventud, desde los enfoques biológico y psicológico, se ha definido como el periodo que va desde el logro de la madurez fisiológica hasta la madurez social, aunque no todas las personas recorren este periodo vital de la misma forma, ni logran sus metas al mismo tiempo debido a que los factores ambientales son distintos.

3. La Organización de las Naciones Unidas considera a la juventud como el grupo poblacional entre 15 y 24 años de edad que debe ser reconocido dado su papel tan importante en el desarrollo de sus países.

4. Por tal motivo se creó el Programa de Juventud de las Naciones Unidas, que tiene como propósito incrementar el conocimiento de la situación global de la juventud y aumentar el reconocimiento y aspiraciones de los jóvenes.

5. México forma parte de la Organización Iberoamericana de Juventud, organismo internacional de carácter gubernamental creado para promover el diálogo y la cooperación en materia de juventud entre los países iberoamericanos. Entre sus objetivos se encuentra el de propiciar e impulsar esfuerzos que realicen los estados miembros, dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región.

6. El 11 de octubre de 2005, se firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, tratado internacional que reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo de cada país y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos. También brinda soporte jurídico a los gobiernos iberoamericanos para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la juventud.

7. En México, según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de personas de edad entre 18 y 29 años es de 21 millones, lo que representa el 20% de la población total del país aproximadamente.

8. Asimismo, de acuerdo con datos otorgados por el Consejo Nacional de Población, el incremento poblacional se ha concentrado en las personas en edad de trabajar, por lo que es necesario generar políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional e incentivar su participación en la sociedad.

9.El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 3, “Igualdad de oportunidades, 3.7, Familia, niños y jóvenes”, establece como objetivo 19 instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes.

10. Lo anterior se justifica por la necesidad de fortalecer cada una de las etapas del proceso formativo de los jóvenes para que se perfilen hacia la realización de sus metas personales logrando bases sólidas para su desarrollo personal y social. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que los jóvenes constituyen el motor para el crecimiento y desarrollo económico y humano del país.

11. El 6 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y en ella se refiere en su artículo 2 a los jóvenes como al grupo poblacional cuya edad queda comprendida entre los 12 y 29 años y que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, será objeto de diversos programas, servicios y acciones.

12. La ley faculta al Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo público descentralizado, a llevar a cabo la tarea mencionada en el numeral anterior, y establece que su propósito será definir y aplicar una política nacional de Juventud e incorporarla plenamente al desarrollo del país en cuanto a organización, salud, empleo, capacitación, prevención de adicciones entre otras.

13. También tiene como misión generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad como sujetos y actores de su propio destino, que respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y de su participación plena y desarrollo nacional.

14. Asimismo, el instituto está facultado para promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con la atribución de concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud.

15.La violencia entre los jóvenes es, sin duda, uno de los temas que deben abordarse de forma prioritaria por parte del Instituto Mexicano de la Juventud en ejercicio de sus facultades. Citando a la maestra Priscila Vera Hernández, Directora General del mismo Instituto, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Banco Mundial, en América Latina han surgido dos tipos de violencia entre los jóvenes que son las pandillas y la relacionada con las drogas, por lo que es urgente desarrollar políticas que promuevan valores como la solidaridad, justicia, tolerancia, igualdad, así como la participación activa y responsable de la juventud como actores centrales del desarrollo, por lo que se considera oportuno establecer políticas de financiamiento que aborden esta problemática.

16.El Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con institutos estatales, realizaron foros de consulta ciudadana en el año 2007 de los cuales se desprendieron propuestas para la realización del Programa Nacional de Juventud, destacando entre sus objetivos:

• Ciudadanía y participación social

• Acceso efectivo a la justicia

• Acceso y permanencia en la Educación

• Trabajo digno

• Fomento de la salud de los jóvenes

• Vivienda adecuada

17. Debido a la importancia de la juventud, se han creado incentivos como el Premio Nacional de la Juventud, máximo reconocimiento que el Gobierno de la República otorga a jóvenes mexicanos entre los 12 a 29 años de edad, por haber destacado por su conducta o dedicación al trabajo o al estudio y que cause entusiasmo y admiración que pueda considerarse como ejemplo de superación personal o de progreso en una comunidad.

18. Por lo anterior, y teniendo una visión integral del tema que involucra a los y las jóvenes de México, debe celebrarse el avance que se tiene en nuestro país para tener un marco que regule la problemática en concreto; sin embargo, deben cumplirse los compromisos internacionales y la regulación nacional que hagan posible el desarrollo integral de la juventud para enfrentarse a los retos actuales de la sociedad.

B) En lo particular

1. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud de Lisboa, en agosto de 1998, que declaró al 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud.

2. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los estados parte organizar actividades de información pública que apoyen ese día, con la finalidad de fomentar el conocimiento del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes.

3. Si bien en México se ha celebrado el Día Internacional de la Juventud, se considera oportuno decretar un día nacional que coincida con el día internacional para consolidar el compromiso con los jóvenes mexicanos que son prioridad para el futuro de este país.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud

Artículo Único.El honorable Congreso de la Unión declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil nueve.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Gregorio Hurtado Leija, Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barrón, Sami David David (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 4852, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 inciso E), 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el día 27 de marzo de 2008, el senador Jorge Legorreta Ordorica y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron al pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de especies exóticas invasoras. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

2. En sesión celebrada el jueves 6 de noviembre de 2008; las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, presentaron ante el pleno del Senado de la República el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de especies exóticas, mismo que fue aprobado por 71 votos a favor y 1 abstención.

3. En sesión celebrada el 11 de noviembre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, misma que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente No. 4852.

4. Que durante el proceso de entrega recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, por lo cual esta Comisión Legislativa presenta el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La Ley General del Equilibrio Ecológico y al Protección al Ambiente, define a la Biodiversidad como “La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;”; del mismo modo, este concepto se encuentra contenido en el Convenio sobre Diversidad Biológica del cual México es parte.

Por mencionar un ejemplo de la riqueza biológica de México, en nuestro país se localiza el 10% de las especies de plantas superiores del planeta, y más de 40% de ellas, son habitantes exclusivas del territorio nacional, es decir, son especies endémicas.

Desafortunadamente el severo daño a los ecosistemas provocado por las actividades humanas ha ocasionado que algunas especies de plantas y animales se extingan. De acuerdo con algunos científicos, la introducción de especies exóticas ocupa el segundo lugar en importancia después de la destrucción del hábitat, como causal de extinción de especies al actuar de manera sinérgica con las otras amenazas.

Se calcula que aproximadamente el 17% de las extinciones de especies animales en tiempos históricos, en todo el mundo pudo deberse a la introducción de especies exóticas; esto ocurre debido a que los ecosistemas y las especies que originalmente los integran, interaccionan biológicamente entre sí, manteniendo el equilibrio dinámico de su medio natural.

El hombre ha contribuido al traslado de organismos exóticos de un lado a otro del planeta. Las personas que migraban a otros países frecuentemente llevaban especies de su tierra natal para que su nuevo hogar tuviera una apariencia más familiar. El desarrollo de los medios de transporte que permitió el auge del comercio, y de las expediciones de colecta científica, fueron otras de las muchas causas de movimiento de especies en el mundo, sin olvidar el traslado accidental de organismos no deseados como ratas y enfermedades. En la actualidad existen muchas especies exóticas en instituciones como zoológicos, laboratorios o jardines botánicos. Estos organismos se reproducen y mantienen en condiciones controladas y la mayoría no podría sobrevivir sin la ayuda del hombre.

Al respecto, el Convenio sobre la Diversidad Biológica dentro de su artículo 8 inciso h) señala:

“Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) a g) ...

h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;”

Resulta claro que este artículo no solo se refiere a las especies exóticas, sino que particulariza a aquellas que al ser exóticas amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.

Dentro del conjunto de especies exóticas, existe un subgrupo conocido como especies invasoras o invasoras exóticas; estas son especies que sobreviven, se establecen y reproducen de manera descontrolada fuera de su ambiente natural, causando daños serios a la biodiversidad, economía, agricultura o salud pública.

Esto ocurre porque, al introducir a un organismo a un medio ambiente nuevo, las “medidas naturales de control” desaparecen. No todas las especies exóticas o no nativas que entran a un nuevo ecosistema se convierten en invasoras, de hecho la mayoría no sobrevive, y esta es la diferencia clave entre una especie exótica y una especie invasora. El que un organismo se convierta en invasor tiene que ver con las características intrínsecas de la especie, de las particularidades de la introducción, las rutas de invasión, el tipo y el estado en el que se encuentra el ecosistema al que se está introduciendo.

Al respecto, la el sistema jurídico mexicano aun se encuentra incipiente en la prevención y regulación de traslado de especies exóticas dentro del territorio nacional, sobre el tema la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 49, fracción IV, refiere:

“Artículo 49. En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido:

I. a III. ...

IV. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como organismos genéticamente modificados, y

V. ...”

Desafortunadamente, en la LGEEPA, éste es el único artículo que de alguna manera trata de establecer mecanismos de prevención y preservación de la biodiversidad evitando la introducción de especies o poblaciones exóticas.

Por otro lado la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 3, fracción XIII, claramente define a los ejemplares o poblaciones exóticos como: “Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.” Adicionalmente en sus artículos 26 y 27 determina que para evitar efectos negativos en las especies o poblaciones nativas, el manejo de ejemplares o especies exóticos, sólo se efectuará en condiciones de confinamiento entendiéndose éste como cautiverio, e incluso la contravención a estos artículos constituye una infracción en los términos del Capítulo legal correspondiente.

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, no alude a las especies exóticas en su articulado; sin embargo, por simple analogía conceptual, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, todos los organismos genéticamente modificados, serán considerados exóticos.

En materia de sanidad, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, respectivamente, sólo regulan lo relativo a las plagas y enfermedades exóticas, entendiéndose como plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los vegetales.

Las leyes de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Federal de Sanidad Animal y Federal de Sanidad Vegetal, prevén mecanismos específicos para hacer frente a situaciones de riesgo en caso de liberación de especies exóticas invasoras dentro del territorio natural. Sin embargo, las leyes enfocadas a la preservación como la LGEEPA y la Ley General de Vida Silvestre, carecen de fortalezas jurídicas en la materia, lo que deja desprotegidas a las especies de vida silvestre.

Las reformas propuestas en la minuta de referencia pretenden fortalecer la LGEEPA y la Ley General de Vida Silvestre, para orientar las políticas de preservación, resulta evidente que no basta son mencionar a las especies exóticas, sino que debemos instrumentar mecanismos que prevengan su liberación y particularizarlos a las especies exóticas invasoras, por lo que una vez expuesto lo anterior procederemos al análisis y estudio de las reformas planteadas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

1. Artículo 79 fracción I.

Texto Vigente

Artículo 79.Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:

I. La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;

II. a X. ...

Reforma

Artículo 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:

I. La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;

II. a X. ...

La reforma a este artículo propone incorporar el concepto de “conservación”, ya que a decir de la Colegisladora es necesario ampliar el criterio contenido en la fracción citada, toda vez que el término “preservación” es sumamente limitado y cancela la posibilidad de realizar u n aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre.

El artículo 79 de la LGEEPA, determina los criterios que se deberán seguir para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la fracción I establece:

“I. La preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;”

En términos legal y estrictamente conceptuales, “preservación” es un criterio lo suficientemente amplio para garantiza la conservación y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, cuidando en todo momento salvaguardar la continuidad de los procesos biológicos de los ecosistemas, ya que la propia LGEEPA dentro de la fracción XXIV del artículo 3 define a la preservación como:

“El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;”

Concepto que también se encuentra contenido dentro del párrafo tercero del artículo 27 constitucional.

Indudablemente la preservación es un concepto enfocado a políticas y medidas, por lo que adicionar el termino “conservación” a la fracción en comento, no contraviene el sentido del artículo; por el contrario, lo fortalece, determinando un acto especifico en materia de preservación y que de conformidad con la fracción IX del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre es “La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo”. Razón suficiente para que esta comisión determine la procedencia de dicha reforma.

2. Artículo 80 fracción IV.

Texto Vigente

Artículo 80. Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre a que se refiere el artículo 79 de esta ley serán considerados en:

I. a III. ...

IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias;

V. a VIII. ...

Reforma

Artículo 80. Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre a que se refiere el artículo 79 de esta ley serán considerados en:

I. a III. ...

IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias;

V. a VIII. ...

Esta reforma pretende adicionar expresamente a las “especies exóticas invasoras” para que sean consideradas como perjudiciales en la protección y conservación de la flora y fauna silvestres.

El artículo 80 particulariza en que casos deberán ser considerados los criterios de preservación señalados en el artículo 79, refiriéndose en las primeras tres fracciones a todo tipo de autorizaciones, vedas y acciones fitopecurias respectivamente, la fracción IV materia de la reforma en estudio habla de la protección y conservación de la vida silvestre contra plagas y enfermedades, por lo que resulta adecuado incorporar a las “especies exóticas invasoras”, pues como hemos señalado, su diseminación, constituye un riesgo potencial para las especies nativas, además de que dicha adición resulta congruente con la reforma realizada al artículo 79.

3. Artículo 85.

Texto Vigente

Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.

Reforma

Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, hábitat, ecosistemas, la economía o la salud pública, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Economía, el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres nativos o exóticos e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.

El artículo 85 determina facultades coincidentes entre la Semarnat y la Secretaria de Economía en materia de exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres, de tal suerte que la reforma planteada resulta totalmente coincidente con las facultades legales que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Economía; ya que el artículo 32 Bis de dicha ley estable que es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

“XX.Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencia y entidades, las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación y aprovechamiento;”

Asimismo, el artículo 34 establece que corresponde a la Secretaría de Economía:

“I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal;”

Adicionalmente la Ley de Comercio Exterior en su artículo 4 establece que son facultades del Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Economía:

“III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación;

IV.Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación;”

De conformidad con la organización de la administración pública federal, las facultades y competencias de cada dependencia, ambas Secretarías son competentes para coordinarse y ejecutar los actos referidos en el artículo 85, por lo que la reforma es congruente con el tema planteado y las conductas que pretende regular, por lo que es aceptada en sus términos por parte de esta comisión dictaminadora.

Ley General de Vida Silvestre

1. Artículo 3.

Texto Vigente

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVII. ...

Sin correlativo

XXIII. Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

XL. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Reforma

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Especie exótica invasora: es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

XXIV. Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal.

XLI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El artículo sobre el cual versan estas reformas contiene la parte conceptual de la Ley General de Vida Silvestre, sobre el particular sólo una de las tres modificaciones podría considerarse novedosa y de fondo, en virtud de que adiciona como nuevo concepto el de “especie exótica invasora”. Este concepto obedece a los conceptos que sobre especies exóticas invasoras han sido determinados por la comunidad internacional, en diversos documentos de entre los que destaca la Guía sobre Mejores Prácticas de Prevención y Gestión de Especies Exóticas Invasoras, generado por el Programa Mundial de Especies Invasoras.

Basta precisar que para efectos de conceptualización e interpretación cuando aparezca la palabra “especie”, no tiene sólo el significado científico estricto de “especie”, sino que tiene un significado más amplio e incluye otros niveles taxonómicos, ya que una subespecie exótica puede ser tan foránea y diferente en una zona como una especie exótica.

Por lo que toca a las otras reformas, esta comisión considera correcto actualizar la ley por lo que determina procedente la reforma a la fracción XXIV en la que se define el término legitimo poseedor, invocando la aplicación supletoria del correspondiente Código Civil Federal. Del mismo modo, y bajo este razonamiento se estima igualmente procedente que la fracción XLI actualice el nombre de la Secretaría a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Artículo 27 Bis.

Texto Vigente

Sin correlativo.

Reforma

Artículo 27 Bis. No se permitirá la liberación o introducción a los hábitat y ecosistemas naturales de especies exóticas invasoras.

La Secretaría determinará dentro de normas oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales las listas de especies exóticas invasoras. Las listas respectivas serán revisadas y actualizadas cada 3 años o antes si se presenta información suficiente para la inclusión de alguna especie o población. Las listas y sus actualizaciones indicarán el género, la especie y, en su caso, la subespecie y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

Asimismo, expedirá las normas oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales relativos a la prevención de la entrada de especies exóticas invasoras, así como el manejo, control y erradicación de aquéllas que ya se encuentren establecidas en el país o en los casos de introducción fortuita, accidental o ilegal.

Este artículo 27 Bis no cuenta con correlativo puesto que se pretende adicionar. El texto propuesto viene a fortalecer el Capítulo relativo a especies exóticas en general, y será el principal mecanismo para hacer frente a la erradicación de especies exóticas invasoras y prevenir su ingreso al país y los ecosistemas naturales del territorio nacional y las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Esta Comisión esta totalmente de acuerdo con este texto propuesto por la reforma, ya que esta ley como marco legal en la materia debe definir las oportunidades básicas de prevención y gestión de especies exóticas invasoras, las cuales, en este caso, son abordadas desde la prevención, la detección temprana, erradicación y control.

Por lo que generar los mecanismos legales que impidan la introducción de especies exóticas invasoras a los ecosistemas naturales mexicanos es la primera opción y la más rentable.

Es totalmente plausible que el texto propuesta considere que la Secretaría tenga la opción de emitir normas oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales con las listas de especies exóticas invasoras para el país. De conformidad con el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal corresponde a la Semarnat:

“IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;”

Con respecto a la identificación de las especies si bien no existen características que permitan pronosticar de manera definitiva si una especie se va a convertir en invasora o no, pero si hay una serie de particularidades que, solas o combinadas, favorecen el que un organismo sobreviva, se establezca y reproduzca en un medio diferente al original. Por ejemplo, las especies llamadas generalistas (que no tienen una dieta específica, son adaptables, tienen tolerancia amplia de temperatura, humedad o estacionalidad) y las conocidas como tipo r (estrategias de reproducción temprana, muchas crías por camada, capacidad de tener varias camadas en el año, poco cuidado parental y adaptación a cambios bruscos en el tamaño de las poblaciones), presentan más riesgo que aquellas que tienen necesidades específicas. Estos requerimientos específicos son los que limitan su sobrevivencia (tolerancia a variaciones de temperatura de menos amplitud, dieta específica, relaciones simbióticas, ambiente específico) o su reproducción (estacionalidad, sustrato, alimento, disponibilidad de parejas, etcétera). Sin embargo, estas características no necesariamente determinan la “invasividad” de una especie; así como diferentes características de una especie van a ser importantes en diferentes hábitats.

Esta reforma legal viene a tomar en cuenta la aplicabilidad de diversos estudios y documentos que sobre el tema han generado instituciones intersecretariales como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad la cual en su página electrónica presenta los listados de especies invasoras reportadas para nuestro país y algunas cuya entrada a México es inminente, o tendría consecuencias severas para nuestra biodiversidad. Estas listas se encuentran en constante revisión, debido a la naturaleza dinámica del problema, por lo que se actualizan de manera periódica. La información proviene de expertos, literatura científica, e información de proyectos apoyados por la Conabio. Esto demuestra que existe un trabajo que sirve como base para garantizar la aplicabilidad de las reformas expuestas, por lo que esta comisión las aprueba en los términos planteados.

3. Artículo Bis 1.

Texto Vigente

Sin correlativo.

Reforma

Artículo 27 Bis 1. No se autorizará la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas especies invasoras que representen una amenaza para la biodiversidad, la economía o salud pública.

Al igual que el artículo anterior esta es una nueva adición al texto legal mediante la cual se pretende impedir la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres portadoras de ellas. Como se ha demostrado resulta adecuado que desde la legislación se prohíba la importación y exportación de especies exóticas invasoras, ya que esta constituye una importante herramienta en su control y erradicación. Al respecto y al amparo del artículo 54 de la Ley General de Vida Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra facultada para emitir autorizaciones en materia de importación de ejemplares de vida silvestre, por lo que es competente para negar la autorización de especies que de conformidad con los listados, acuerdos o normas oficiales mexicanas en la materia, sean consideradas como exóticas invasoras. Sin embargo se debe precisar que para los casos en que las especies de vida silvestre sean portadoras de exóticas invasoras, estaremos refiriéndonos a medidas de control sanitario.

Por lo tanto, el objetivo de las presentes reformas es generar la información que permita distinguir entre las especies exóticas dañinas y las no dañinas, e identificar los impactos de las primeras sobre la biodiversidad nativa, así como la preservación o restauración de los ecosistemas.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 79; se reforma la fracción IV del artículo 80, y se reforma el artículo 85, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:

I. La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;

II. a X. ...

Artículo 80. Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán considerados en:

I. a III. ...

IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias;

V. a VIII. ...

Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, hábitats, ecosistemas, la economía o la salud pública, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Economía,el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres nativos o exóticos e impondrá las restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 3 y se adicionan un artículo 27 Bis; y un artículo 27 Bis 1, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Especie exótica invasora: es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

XVIII. Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.

XIX. Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta ley.

XX. Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.

XXI. Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de cualquier otra información relevante.

XXII. Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.

XXIII. Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional.

XXIV. Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal.

XXV. Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

XXVI. Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

XXVII.Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.

XXVIII.Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.

XXIX.Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.

XXX. Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados.

XXXI. Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.

XXXII. Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XXXIII. Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

XXXIV. Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.

XXXV. Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos.

XXXVI. Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.

XXXVII. Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles.

XXXVIII. Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.

XXXIX. Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.

XL. Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.

XLI. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XLII. Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.

XLIII. Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el largo plazo.

XLIV. Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados.

XLV. Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

XLVI. Vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Artículo 27 Bis. No se permitirá la liberación o introducción a los hábitats y ecosistemas naturales de especies exóticas invasoras.

La Secretaría determinará dentro de normas oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales las listas de especies exóticas invasoras. Las listas respectivas serán revisadas y actualizadas cada 3 años o antes si se presenta información suficiente para la inclusión de alguna especie o población. Las listas y sus actualizaciones indicarán el género, la especie y, en su caso, la subespecie y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

Asimismo, expedirá las normas oficiales mexicanas y/o acuerdos secretariales relativos a la prevención de la entrada de especies exóticas invasoras, así como el manejo, control y erradicación de aquéllas que ya se encuentren establecidas en el país o en los casos de introducción fortuita, accidental o ilegal.

Artículo 27 Bis 1. No se autorizará la importación de especies exóticas invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas especies invasoras que representen una amenaza para la biodiversidad, la economía o salud pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Bright 1998, Rodríguez 2001, en Animales Exóticos de México una Amenaza para la Biodiversidad, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Álvarez Romero Jorge, A. Medellín Rodrigo, Oliveras de Ita Adán, Gómez de Silva Héctor y Sánchez Oscar. México 2008, Pág. 15.

2 Grombridge 1992.

3 Especies Exóticas Invasoras, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, consultado en http://www.conabio.gob.mx

4 Williamson, 1996.

5 Definición conceptual del artículo 5, Ley Federal de Sanidad Vegetal.

6 Especie.- Taxon de menor categoría, de entre los esenciales. En la nomenclatura binonial se nombra con dos epítetos latinos, el primero corresponde al género ( se escribe con inicial mayúscula) y el segundo al epíteto específico.

7 Kolar y Lodge, 200.

Así lo acordó y votó en sesión plenaria la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica en abstención), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica en abstención), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica en abstención), Juan Pablo Escobar Martínez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica en abstención), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica en abstención), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 99, 101, 101 Bis, 102 y 103 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada por la Mesa Directiva, para estudio y dictamen, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el entonces senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Esta comisión ordinaria, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión plenaria celebrada el 13 de diciembre de 2005, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 75 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el entonces Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura del Senado de la República;

2. En esa misma fecha, la citada iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente;

3. En la sesión plenaria celebrada el 15 de diciembre de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 99, 101, 101 Bis, 102 y 103 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada igualmente por el entonces senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura del Senado de la República;

4. En esa misma fecha, la citada iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos de la honorable Cámara de Senadores, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente;

5. En la sesión plenaria celebrada el 25 de abril de 2006, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de las iniciativas en comento, cuya minuta fue remitida a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 constitucional;

6. En la sesión plenaria celebrada el 26 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta citada en el presente dictamen, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

7. Que durante el proceso de entrega-recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo cual esta comisión legislativa procede a elaborar el presente dictamen.

Consideraciones

La minuta, objeto del presente dictamen, tiene su origen en dos iniciativas presentadas en el Senado de la República, las cuales tienen como finalidad, por un lado, diversificar las fuentes de ingresos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), mediante el establecimiento de programas de aportaciones voluntarias en lugares públicos de influencia turística, y por otro, incorporar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) disposiciones encaminadas a prevenir el fenómeno de la erosión en los ecosistemas de montaña.

Respecto del primer aspecto, cabe mencionar que la Conanp es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual tiene a su cargo las facultades que le confiere la LGEEPA a la Semarnat en materia de áreas naturales protegidas (ANP), tales como su establecimiento, regulación, administración y preservación.

Este organismo es la única dependencia del sector ambiental de la administración pública federal, especializada en ANP.

Las ANP cobran especial relevancia si recordamos que México es considerado como un país megadiverso y que 95 por ciento de los ecosistemas representativos del país se encuentran protegidos bajo la modalidad de ANP.

Aun cuando la importancia del papel que desarrolla la Conanp en la política ambiental nacional es indiscutible, esta dependencia enfrenta grandes retos en el cumplimiento de sus responsabilidades, tales como la elaboración de los estudios previos justificativos de las propuestas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas, la elaboración de los programas de manejo de las ANP, la administración y manejo de las áreas ya declaradas, la ejecución de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable y el cobro de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos y recursos naturales dentro de estas áreas.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores ha sido plenamente avalado, en primer lugar, por la Auditoría Superior de la Federación, al expresar en su balance del desempeño Conanp (2002-2003) que “es necesario que la Conanp eleve a las autoridades hacendarias sus consideraciones del problema ambiental y procure que las áreas naturales protegidas sean consideradas como prioritarias en el gasto público federal”; y en segundo lugar, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en el balance del desempeño ambiental de México 2003 afirmó que “el financiamiento público no ha provisto los recursos necesarios para el establecimiento y mantenimiento de las ANP. El presupuesto actual de la Conanp es prácticamente la mitad de lo que requeriría”.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que la Conanp ha desarrollado un buen trabajo en la presente administración, y prueba de ello es que se cumplirá con la meta planteada para el final del sexenio de 20 millones de hectáreas del territorio nacional bajo el régimen de ANP, por lo cual es evidente que se trata de un organismo de toral importancia para la política ambiental nacional, por lo que resulta fundamental diversificar y fortalecer sus fuentes de financiamiento.

Inicialmente, la primera parte de la minuta buscaba reducir la dependencia fiscal de la Conanp, toda vez que establece un mecanismo alterno para la aportación voluntaria de recursos destinados a las ANP; sin embargo, este tipo de aportaciones se encuentran reguladas por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la que en el artículo 81 señala lo siguiente: “las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería de la Federación”; del mismo modo, el artículo 19 señala cuál será el mecanismo mediante el cual las dependencias que generan estos ingresos adicionales solicitarán a la Tesorería su reintegro como ampliación al presupuesto designado, por lo que quienes integramos esta comisión dictaminadora hemos decidido desechar esta primera parte de la minuta, ya que consideramos irrelevante establecer expresamente en la ley que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Conanp, establecerá módulos para recibir donativos.

Luego entonces, en otro orden de ideas, la segunda parte de la minuta, objeto del presente dictamen, pretende incorporar al Capítulo II, “Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos”, del Título Tercero, “Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales”, de la LGEEPA, disposiciones encaminadas a prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña.

Esta reforma tiene especial relevancia, toda vez que las pendientes inclinadas y el aislamiento ecológico de las montañas sostienen una gran cantidad de ecosistemas, los cuales incluyen una diversidad considerable de especies de vida silvestre. De esta forma, la importancia de los ecosistemas de montaña ha sido reconocida a nivel internacional, al grado que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 11 de diciembre de cada año se celebre el Día Internacional de las Montañas.

Asimismo, se debe considerar que las características físicas y ecológicas de las montañas hacen que estos ecosistemas sean muy sensibles a las alteraciones ambientales provocadas por el ser humano, tales como los cambios de los usos de suelo, la lluvia ácida, los efectos del cambio climático, entre otros, registrando alteraciones más intensas que los ecosistemas de las tierras bajas.

No obstante lo anterior, la minuta que nos ocupa propone que los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se consideren, no sólo en las actividades agrícolas, lo cual se encuentra previsto en el texto vigente de la fracción I del artículo 99 de la LGEEPA, sino también en las pecuarias, toda vez que éstas también conllevan impactos sobre el suelo y los ecosistemas de montaña. En el mismo sentido, se propone la adición de una fracción XIII a este artículo, a fin de que los mismos criterios también sean considerados en la determinación de usos, reservas y destinos que se lleven a cabo en ecosistemas de montaña o en predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie la erosión del suelo.

Por otra parte, la presente minuta propone reformar el artículo 101, el cual establece un listado de aspectos que el gobierno federal debe atender de manera prioritaria en las zonas selváticas. En este sentido, la reforma propuesta se encamina a que dichos aspectos prioritarios, como el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la diversificación del método de roza, tumba y quema, y la regulación de los asentamientos humanos, entre otros, sean atendidos no sólo en las zonas selváticas sino también en las de montaña.

Asimismo, se propone la adición de dos párrafos finales al mismo artículo 101, a fin de regular el desarrollo de actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios con pendientes propensas a la erosión, a fin de prevenir impactos ambientales negativos.

En el mismo sentido, se proponen reformas a los artículos 101 Bis y 102 de la LGEEPA, a fin de que ambas disposiciones contengan la mención expresa de los ecosistemas de montaña, como complemento y en plena congruencia con el resto de las propuestas de reformas que nos ocupan.

Finalmente, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 103, a fin de establecer la obligación a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de expedir las normas oficiales mexicanas para prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña, distinguiendo que en los casos en que la erosión ya se haya manifestado, la misma secretaría promoverá la declaración del lugar como zona de restauración ecológica.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman los artículos 99, 101, 101 Bis, 102 y 103 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en

I. Las actividades agropecuarias, así como los apoyos que a dichas actividades otorgue el gobierno federal, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos y animales compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;

II. a X. ...

XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales;

XII. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta ley, y

XIII. La determinación de usos, reservas y destinos que se lleven a cabo en ecosistemas de montaña o en predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie la erosión del suelo.

Artículo 101. En las zonas selváticas y de montaña, el gobierno federal atenderá de forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:

I. La preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos y de montaña, donde existan actividades agropecuarias establecidas;

II. a VII. ...

Quedan prohibidas las actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios cuya inclinación natural pueda generar procesos erosivos severos o de desertificación.

En todo caso, las autoridades ambientales determinarán en que casos las actividades que se pretendan llevar a cabo que generen dichos impactos podrán realizarse, siempre y cuando se sujeten al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 del presente ordenamiento.

Artículo 101 Bis. En la realización de actividades en zonas áridas y de montaña deberán observarse los criterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se establecen en esta Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 102. Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas, de montaña o áridas, así como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta ley y demás aplicables.

Artículo 103. ...

La secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña o en los predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie este fenómeno. En caso de que se presente la erosión de los suelos en los ecosistemas o en los predios antes citados, la Secretaría deberá promover ante el Ejecutivo federal la expedición de la declaratoria para el establecimiento de zonas de restauración ecológica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 78 Bis de la presente ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2009.— Así lo acordó y votó en sesión plenaria:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yánez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Buitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica en abstención), Juan Pablo Escobar Martínez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica en abstención), María de la Paz Quiñónez Cornejo (rúbrica en abstención), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica en abstención), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnado, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 5045, que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los senadores Antonio Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la citada minuta, se permite someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión plenaria celebrada el 21 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los senadores Antonio Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Javier Obregón Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

2. En la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 9 de diciembre de 2008 fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores la citada iniciativa, remitiéndose a esta soberanía para los efectos constitucionales correspondientes.

4. En sesión celebrada el 11 de diciembre del 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los senadores Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Obregón Espinoza, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente, la que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el expediente número 5045.

5. Que en el proceso de entrega-recepción de la LX a la LXI Legislaturas de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo cual esta comisión legislativa procedió a elaborar el presente dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta objeto del presente dictamen tiene como finalidad incorporar en el sistema jurídico diversas disposiciones legales que permiten la instauración de políticas públicas en materia de cambio climático, con objeto de cumplir los compromisos internacionales, coadyuvando así en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de las siguientes premisas:

I. Adiciona una definición de cambio climático, en el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, adición que es congruente con el espíritu de dicho numeral. Esta definición fue elaborada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la intención de unificar criterios y evitar divergencias en la interpretación del término cambio climático.

II. Establece en el esquema de facultades concurrentes atribuciones a los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo acciones tendentes a prevenir y controlar dicho fenómeno.

III. Establece como causa de utilidad pública la formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático, lo que permitirá en el pleno marco de legalidad implantar las políticas públicas transversales que se estimen convenientes.

IV. Finalmente, la reforma otorga facultades al gobierno federal, a los de las entidades federativas y a los de los municipios para fomentar las investigaciones científicas y promover programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan la prevención y control de este fenómeno, fomentando así la participación de la sociedad, en específico de las instituciones de educación superior y centros de investigación, a efecto de coadyuvar con el gobierno en el desarrollo de proyectos y acciones.

En este sentido, los textos propuestos en la iniciativa que nos ocupa se plantean de la siguiente forma:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a V. ...

V Bis. Cambio climático: Es el atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables;

VI. a XXXVII. ...

Artículo 5. Son facultades de la federación

I. a XIX. ...

XX.La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;

XXI. La formulación de acciones y medidas para la prevención y control del cambio climático; y

XXII. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Artículo 7. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XIX. ...

XX. La atención coordinada con la federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas;

XXI. La formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático, en coordinación con la federación y municipios; y

XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección del ambiente les concedan esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación.

Artículo 8. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XIV. ...

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección del ambiente;

XVI. La formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático; y

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección del ambiente les concedan esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación o a los estados.

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. a VII. ...

VIII. La realización de acciones operativas tendentes a cumplir los fines previstos en este ordenamiento;

IX.La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven; y/o

X. La prevención y control del cambio climático;

...

...

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, así como la prevención y control del cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Consideraciones

El cambio climático es un problema con características únicas, ya que es de naturaleza global, sus efectos mayores serán en el largo plazo e involucra interacciones complejas entre procesos naturales (fenómenos ecológicos y climáticos) y procesos sociales, económicos y políticos a escala mundial.

Este fenómeno ha sido definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la intención de unificar criterios, como el fenómeno atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables.

Al respecto, hay evidencias científicas de que la acumulación de gases termoactivos en la atmósfera planetaria ha prevalecido en los últimos dos siglos y de que las amenazas de un cambio climático representan un gran desafío a todos los encargados de políticas públicas.

Más aún, el cambio climático es un problema con enormes complicaciones debido a las considerables incertidumbres propias de una cuestión tan compleja; a la posibilidad de daños o costos irreversibles; a que son periodos muy largos entre las emisiones y los posibles efectos, que se tienen que considerar varios gases de efecto invernadero; a que las causas y los efectos varían extensamente entre regiones; y a que los resultados de acciones para mitigarlo son de muy largo plazo. La creación de políticas para proteger eficazmente los sistemas humanos y naturales del cambio climático se complica más si se considera que se requiere la cooperación internacional.

Precisamente atendiendo a las características propias de este fenómeno, debe prevalecer como premisa para enfrentar los efectos del cambio climático la cooperación internacional.

En el ánimo de promover acciones globales en la materia, a mediados de la década de los ochenta la comunidad internacional comenzó a ocuparse de este fenómeno: a través de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, organizó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el cual estuvo integrado por destacados científicos especialistas en la materia de diversos países, cuyos anuncios y resultados impulsaron la negociación de una convención internacional, al amparo de Naciones Unidas.

Así, a finales de 1990 se inició el proceso de negociación para llegar a acuerdos que se consolidaron en la elaboración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyos resultados, tras varias reuniones y negociaciones, se consolidaron en su protocolo.

El mayor éxito de la convención fue sin duda la amplia participación de los países miembros de las organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas, tanto los que podrían resultar perjudicados como los que pudiesen resultar beneficiados por los acuerdos.

Todos los países adquirieron compromisos, los incluidos en el anexo I o en el anexo II, lo que implica para los primeros la aceptación del compromiso de disminuir emisiones (que en la convención se estableció equivalente a la reducción a los niveles de 1990 para 2000), mientras que los países del anexo II han asumido compromisos de financiamiento hacia países en desarrollo.

En este contexto, México firmó el Protocolo de Kioto, referente al cambio climático, el 9 de junio de 1998, ratificado por el Senado de la República el 29 de abril de 2000, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005.

Mediante este instrumento de derecho internacional, México se comprometió a llevar a cabo acciones que confronten el cambio climático, a efecto de mitigar sus efectos y, en lo posible, prevenirlos. No obstante, el país ha sido y seguirá siendo objeto de crecientes presiones internacionales para aceptar compromisos voluntarios de limitación de emisiones debido al incremento de éstas, producto de su desarrollo.

La iniciativa que originó la minuta que nos ocupa es congruente con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de cambio climático, particularmente lo asumido en el Protocolo de Kioto.

Así, resulta precisa la inclusión gradual en el sistema jurídico nacional de las normas que habiliten al Estado mexicano para iniciar acciones tendentes a mitigar e incluso prevenir los efectos adversos del cambio climático, con el objetivo de reducir las emisiones antropogénicas globales.

Desde la publicación del primer informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático, el país comenzó a diseñar una serie de acciones en la materia. Algunas de éstas son

La participación activa tanto en el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como del Protocolo de Kioto. De igual forma, participa activamente en las reuniones de la conferencia de las partes y reunión de las partes de estos acuerdos internacionales.

La presentación de tres comunicaciones nacionales y dos inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

La institución del Comité Intersecretarial para el Cambio Climático en 1997, siendo titulares las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La elaboración de la estrategia nacional de acción climática por el comité, que “establece las políticas que el país debe instaurar en los ámbitos de energía, desarrollo urbano, agricultura, ganadería y desarrollo forestal, entre otros, para así contribuir tanto a la adaptación como a la mitigación de los efectos asociados al cambio climático”.

La instalación de la Oficina para Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, el 24 de enero de 2004, en México.

La creación con carácter permanente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el 25 de abril de 2005. Ésta funge como autoridad nacional designada para fines relativos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su protocolo.

La participación, junto con Brasil, Sudáfrica, China e India, en las reuniones del Grupo de los Ocho, en lo que se ha denominado “G-8+5”, a partir de 2005. Ello, con objeto de construir “un nuevo paradigma de cooperación internacional” en la lucha contra los efectos del cambio climático por medio de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la residencia oficial de Los Pinos, el viernes 25 de mayo de 2007. Este documento reúne las medidas que se aplicarán para hacer frente al reto que implica el cambio climático, particularmente en los ámbitos de producción y uso eficiente de energía, vegetación y uso de suelo, vulnerabilidad y adaptación.

El registro de 90 proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, que representan aproximadamente 11.55 por ciento de los registrados en el MDL y se ha hecho acreedor a certificados de reducción de emisiones.

En materia legal, aun cuando no se cuenta con una ley específica para cambio climático, se tienen instrumentos jurídicos e incluso normativos que se relacionan directa o indirectamente con éste. Sin embargo, ahora que el tema ha cobrado relevancia se ha urgido sobre reformas legales que permitan al Estado hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

La primera parte de esta reforma pretende adicionar la fracción V al artículo 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con objeto de considerar de utilidad pública “la formulación y ejecución de acciones para la prevención del cambio climático”. Al respecto, esta comisión ordinaria está completamente de acuerdo en instituir estas acciones como de utilidad pública; sin embargo, es necesario precisar en la redacción propuesta que el cambio climático per se es un fenómeno que ya no se puede prevenir, lo que se puede prevenir son los efectos adversos que éste tendrá, por lo que nos permitimos modificar la redacción, para que quede de la siguiente manera:

Artículo 2. Se consideran de utilidad pública:

I. a IV. ...

V. La formulación y ejecución de acciones y medidas preventivas que tengan como fin mitigar los efectos adversos del cambio climático.

La reforma planteada del artículo 3 pretende incorporar el concepto de cambio climático a la LGEEPA. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos la inexistencia en ley vigente de dicho concepto; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, México firmó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por lo que es ley suprema de toda la unión. Por tal razón, el concepto de cambio climático por incluir en la reforma debe ser idéntico al considerado en el artículo 1.2. de ese instrumento jurídico internacional, quedando de la siguiente manera:

Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos comparables.

Por tal motivo, esta comisión estima procedente la aprobación de la reforma del artículo 3.

Ahora bien, las reformas planteadas de los artículos 5, 7 y 8 son por demás necesarias, ya que facultar a la federación, los estados y los municipios para formular y ejecutar medidas preventivas que tengan como fin disminuir los efectos de los fenómenos provocados por el cambio climático se considera oportuno, toda vez que la Estrategia Nacional de Cambio Climático y diversos puntos de acuerdo presentados ante esta soberanía enfatizan la necesidad de contar con este tipo de acciones y medidas, las cuales deberán ser ejecutadas por los tres órdenes de gobierno de manera coordinada. Sin embargo, la comisión dictaminadora se permite precisar, igual que en la reforma del artículo 2, que el cambio climático per se es un fenómeno que no puede prevenir ni mucho menos controlar; estos mecanismos se orientan a prevenir y, en lo posible, mitigar sus efectos adversos, razón por la que se modifica el texto de los artículos 5, 7 y 8. Respecto a la adición de la palabra mitigar, ésta es aceptada por la comunidad internacional, además de que se encuentra plasmada tanto en los acuerdos internacionales como en los documentos de carácter científico y político sobre el tema. Al respecto, se considera pertinente mencionar que mitigación es “la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero”.

Por lo que toca a las reformas del artículo 11, esta comisión considera prudente y jurídicamente correcto desechar la propuesta, en virtud de que el objeto de dicho artículo es abrir una puerta a los estados y, en su caso, municipios para ejercer por excepción facultades conferidas inicialmente a la federación. Por simple congruencia y en virtud de que la reforma planteada otorga facultades coincidentes en materia de cambio climático a los tres órdenes de gobierno, resulta incorrecto y ocioso adicionar en el artículo 11 que la federación pueda suscribir convenios o acuerdos de coordinación para que las entidades federativas o los municipios asuman facultades relacionadas “La prevención y control del cambio climático”, cuya referencia es por lo expuesto imprecisa. Del mismo modo, y en esta tesitura, se acepta con modificaciones la reforma del artículo 41.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único.Se reforma el artículo 41; y se adicionan las fracciones V al artículo 2o., V Bis al artículo 3o., XXI al artículo 5o., recorriéndose las subsecuentes en su orden, XXI al artículo 7o., recorriéndose las subsecuentes en su orden, y XVI al artículo 8o., recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y al Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública

I. y II. ...

III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;

IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas riesgosas ; y

V. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a V. ...

V Bis. Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables.

VI. a XXXVII. ...

Artículo 5o. Son facultades de la federación

I. a XIX. ...

XX.La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y

XXII. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XIX. ...

XX. La atención coordinada con la federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas;

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y

XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les concedan esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación.

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XIV. ...

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección del ambiente;

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les concedan esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la federación o a los estados.

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas , determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación a l cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Fernández Bremauntz, Adrián; y Martínez, Julia. Cambio climático: una visión desde México, prólogo, página 15.

2 Ávalos Gómez, Montserrat. “Panel intergubernamental sobre el cambio climático, PICC”, en Cambio climático: una visión desde México, México, INE, página 126.

3 De Alba, Eduardo. “La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, en Cambio climático: una visión desde México, México, INE, página 151.

4 Instrumento firmado por México el 9 de junio de 1998, ratificado por el Senado de la República el 29 de abril de 2000. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: 24 de noviembre de 2001.

5 También forman parte del comité las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Social; de Economía; y de Energía.

6 Instituto Nacional de Ecología (2000). Op. cit., página 196.

7 IPCC. Anexo B, “Glosario de términos”, Tercer informe de evaluación grupo de trabajo I, página 188.

Así lo acordó y votó en sesión plenaria la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.– México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Leoncio Morán Sánchez, María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3681 que contiene la minuta proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. El 25 de octubre de 2007, el senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó al pleno de la H. Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley de General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2. En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el correspondiente.

3. En la sesión del 21 de abril 2008, el pleno de la H. Cámara de Senadores aprobó por 74 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la iniciativa con proyecto de decreto motivo del presente dictamen.

4. El 21 de abril de 2008, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dio cuenta del oficio que contiene el expediente completo de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que, bajo el expediente No. 3681 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5. Que durante el proceso de entrega recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo cual esta comisión legislativa procede a elaborar el presente dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto que se dictamina reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objeto de modificar el concepto “recursos genéticos” para considerar como recurso genético cualquier material genético terrestre o marino.

Consideraciones

De acuerdo con el estudio La Diversidad Biológica de México: Estudio de País elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio):”El número total de especies conocidas en México es de 64,878 aproximadamente. La expresión de especies conocidas se refiere a las especies descritas o que cuentan con un nombre científico, y el número total se basa en la suma de especies por grupo para las que existen datos publicados. Al considerar el número de especies que se esperaría encontrar dentro de los mismos grupos, la estimación del número total de especies en México es de 212, 932 especies, cantidad que seguramente se superará en la medida que el conocimiento sobre dichos grupos y de otros se profundice.” Por ello no es de extrañar que nuestro país pertenezca al selecto grupo de países megadiversos.

Con base a lo anterior, esta comisión dictaminadora considera importante recordar que tanto a nivel nacional como internacional existen tanto instituciones como instrumentos jurídicos encargados de la conservación de la diversidad biológica. A nivel nacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece las bases para la protección y conservación de la biodiversidad.

Por su parte, la comunidad internacional consciente de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, adoptó el Convenio sobre Diversidad Biológica en junio de 1992. Además de la conservación de la diversidad biológica, el artículo 1 establece que este convenio tiene por fin: “lograr la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.”

No obstante, la comisión dictaminadora coincide ampliamente con la minuta en que el avance de la investigación científica en materia de biotecnología obliga a introducir nuevos conceptos en la regulación de las actividades que impactan significativamente sobre la biodiversidad, como en el caso de los conceptos: “recursos genéticos” y “material genético”. Sobre el primero, tanto el artículo 2 de la Convención sobre Diversidad Biológica, como la fracción XXVIII del artículo 3o. de la LGEEPA los definen como: “El material genético de valor real o potencial.” Mientras que para el segundo, el mismo artículo 2 de la Convención y la fracción XXI del artículo 3o. de la LGEEPA lo definen como: “todo el material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de la herencia”.

Asimismo, esta comisión ordinaria coincide con los argumentos esgrimidos en la minuta que se dictamina, particularmente por lo que se refiere a la ambigüedad jurídica de la referencia a “material genético terrestre o marino”. Asimismo, considera oportuna la precisión relativa a los recursos genéticos existentes en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción. Ello en atención a que en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dispone que las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción comprenden las diferentes zonas marinas mexicanas, incluyendo sus fondos.

Esta precisión es congruente con la fórmula general que utiliza el sistema jurídico mexicano para referirse al ámbito espacial de su aplicación. De hecho, el artículo 1o. de la LGEEPA claramente dispone que: “es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección del ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción”.

Esta comisión dictaminadora estima pertinente referir que la reforma es oportuna pues a nivel internacional, no sólo en el ámbito del régimen internacional sobre diversidad biológica se aborda la importancia de dichos recursos genéticos. Al respecto destacan las negociaciones que tuvieron lugar en junio de 2007 en el marco de la Octava Reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar (Unicpolos).

En dicha conferencia México celebró la inclusión del tema sobre los recursos genéticos marinos y afirmó que: “los recursos genéticos marinos que caen dentro de la jurisdicción nacional se regulan por el derecho interno de cada Estado sin que quepan otras interpretaciones.” En ese sentido la reforma propuesta es muy oportuna.

Más aún, esta comisión dictaminadora se permite comentar que de cara a las negociaciones de este año del Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta sobre biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, resulta fundamental la inclusión de la protección de los recursos genéticos marinos. Al respecto, nuestro país estima necesario asegurar la participación de todos los Estados interesados, así como regular las actividades y definir la entidad o entidades responsables de ese manejo.

En virtud de que la minuta que se dictamina persigue perfeccionar y fortalecer la legislación ambiental, además de complementar futuras negociaciones internacionales en lo referente a recursos genéticos existentes en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, la comisión que suscribe, somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

Proyecto decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Único. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Recursos Genéticos: Todo material genético, con valor real o potencial que provenga de origen vegetal, animal, microbiano, o de cualquier otro tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia, existentes en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción;

XXIX. a XXXVII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Neyra González l. y Durand Smith L. 1998. “Parte II 3. Biodiversidad”. La Diversidad Biológica de México: Estudio de País. CONABIO, México, p. 82.

2 Misión permanente de México ante las Naciones Unidas. 2007. Intervención de la Delegación de México en la Octava Reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos y el Derecho del Mar (UNICPOLOS). En: http://www.un.int/mexico/2007/interv_062807.htm. página consultada el 16 de mayo de 2008.

Así lo acordó y votó en sesión plenaria la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XXIV, “De las franquicias postales”, con los artículos 69, 70, 71 y 72, a la Ley del Servicio Postal Mexicano

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 y demás relativos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen sobre la minuta del Senado, a partir de los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión celebrada de fecha 13 de octubre del 2009, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XXIV a la Ley de Servicio Postal Mexicano. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número DGPL 61-II-7-60, acordó el turno de la minuta de referencia a la Comisión de Comunicaciones.

II. Esta comisión dictaminadora procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la minuta del Senado y la elaboración del presente dictamen conforme a los siguientes

Contenido de la iniciativa

1. En la minuta del Senado establece, en el dictamen respectivo como antecedente, que desde tiempos remotos, el hombre ha necesitado comunicarse, a distancia, lo ha hecho con mensajes orales y por medio de mensajeros, destacándose aquellos quienes gozaban de excelente memoria.

Pero por sobre manera señalan que la palabra “correo”, se refiere a “el que corre”, y se remonta a épocas en que los portadores de noticias eran verdaderos atletas, dedicados a llevar y traer mensajes o documentos para la nobleza, la casta sacerdotal, y los militares.

El servicio postal es uno de los más antiguos de América. El Rey Felipe II nombró “Correo Mayor de Hostales y Postas de Nueva España” a don Martin de Olivares, quien tomó posesión de su cargo en 1580.

Sigue señalando la expositora que la primera estampilla postal apareció en mayo de 1840. Ostentando el perfil de la joven Reina Victoria. El 14 de septiembre de 1902, el presidente de la República Porfirio Díaz, deposito dentro de un cofre de acero periódicos y revistas del día como El imparcial, El País y El Mundo Ilustrado, monedas acuñadas en ese año, así como billetes en circulación, enterrándolo entre las primeras piedras de lo que sería el palacio postal.

En México, el día del Cartero y del Empleado Postal, fue establecido el 12 de noviembre de 1931, como un reconocimiento a la obra social que realizan, al llevar a todos los ciudadanos las buenas y a veces las no tan buenas noticias.

En 1933 se creó la Dirección General de Correos y Telégrafos, pero en 1942 el Ejecutivo federal decretó definitivamente su separación. Durante las siguientes décadas hubo más cambios administrativos y de organización, siempre buscando mejoras en el servicio postal.

Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 20 de agosto de 1986, se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano (conocido como Sepomex), como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación, con lo cual este organismo adquirió personalidad jurídica y patrimonio propio y paso a formar parte de la administración pública paraestatal.

2. Sigue exponiendo la colegisladora Senado de la República, que en nuestro país, la prestación del servicio postal ha sido un área protegida por el Estado desde la Constitución de 1857, la cual permitía por excepción la creación de monopolios y la imposición de prohibiciones en el área de correos a título de protección de la industria. Disposición que fue confirmada por el Constituyente de 1917 y que no sufrió modificación sino hasta la reforma a los artículos 25 y 28 de febrero de 1983, cuando el poder revisor decretó al sector público la propiedad y control del organismo establecido para la prestación del servicio.

El Servicio Postal Mexicano; en su forma descentralizada fue creado por decreto presidencial de 20 de agosto de 1986 y sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que regula dicha actividad estratégica.

Con fecha 1 de abril de 1989, se autorizó su reorganización, ampliándose las funciones existentes: se crea la Dirección Comercial, la cual absorbe las funciones de la Dirección de Planeación y Sistemas, que desaparece; se incorporan nuevas áreas a nivel departamental para el desarrollo de funciones básicas, en apoyo al logro de los objetivos del organismo, atendiendo aspectos relativos al/ aseguramiento de la calidad de los servicios, atención a los usuarios, relaciones laborales, promoción filatélica, proyectos, concurso y control de obras, entre otros.

Continuando con el estudio de la expositora también es conveniente precisar la dinámica que se llevó a cabo en el desarrollo legislativo de la presente minuta por lo cual se considera y para sustento de la misma, se transcriben:

a) El 4 de marzo de 2008, la senadora Rosalinda López Hernández y el senador Jesús Garibay García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan proyecto de decreto que adiciona un Capítulo a la Ley del Servicio Postal Mexicano para regular el otorgamiento de franquicias postales.

b) El 2 de octubre de 2008, los senadores Fernando Jorge Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se cita al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del Servicio Postal Mexicano, para que informen sobre la correspondencia enviada en forma masiva a la ciudadanía por el titular del Ejecutivo federal, con motivo de su segundo Informe de Gobierno.

c) El 22 de octubre de 2008, al comparecer ante senadores, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler aseguró que a partir del primer trimestre de este año se ha tenido un crecimiento geométrico en el ejercicio del gasto, y que esperan en el 2008 ejercer alrededor de 38 mil 500 millones de pesos.

d) Sobre el tema del informe sobre el uso, destino, volumen, costos y forma de distribución de la correspondencia con motivo del segundo informe de gobierno del Ejecutivo federal el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes se negó a dar información por seguridad y apegándose al artículo 9 de la Ley del Servicio Postal, el cual prohíbe proporcionar información acerca de las personas que lo utilizan, a menos que sea mediante orden judicial.

e) Desde septiembre de 2007, senadores del PRI cuestionaron al entonces secretario de Gobernación, respecto a las 30 o 40 millones de cartas que envío el presidente de la República con motivo de su informe de gobierno, dado que la anterior titular del Servicio Postal Mexicano acusó al Senado de casi quebrarlo por el envió de 800 mil misivas. El entonces secretario de Gobernación aseguró en esa ocasión que las misivas enviadas por el Ejecutivo federal fueron pagadas al Servicio Postal Mexicano con recursos públicos de cada dependencia federal.

3. Contenido de la iniciativa con proyecto de decreto, presentada el 4 de marzo del 2008, por los senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un capítulo a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para regular el otorgamiento de la franquicia postal.

Continuando con la misma mecánica, la justificación de la iniciativa, la colegisladora la basó en los siguientes términos. Tras una larga historia, el organismo que actualmente se encarga del área de correos en nuestro país el Servicio Postal Mexicano, entidad descentralizada creado por decreto presidencial del 20 de agosto de 1986 y sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dependencia que regula dicha actividad estratégica.

Sin embargo a la fecha, el Servicio Postal no ha alcanzado el nivel óptimo de modernización y mejoramiento operativo en la prestación del servicio público de correos a decir de su propia dirección fundamentalmente por escasez de recursos. Todo lo contrario, la reforma al servicio postal de 1986 que deroga el libro sexto de comunicaciones postales de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para en su lugar crear la nueva Ley del Servicio Postal Mexicano, trajo consigo el desmantelamiento de una parte importante sistema de correos del Estado mexicano, para permitir el ingreso de grandes compañías que le suplieran en lo que, se ha visto; resulta un buen negocio.

Desde entonces, el Servicio Postal identifica como debilidades fundamentales del organismo: la competencia de los correos privados a menores precios en los segmentos más rentables; el alto costo del correo social, que rebasa el ingreso por tarifas, la alta concentración del correo comercial en solo 20 clientes corporativos que maneja el 60 por ciento del volumen total de correspondencia; el escaso flujo de recursos para inversión operativa; una carente autonomía de gestión y la obligación de proporcionar franquicias postales a los partidos políticos y al Poder Judicial.

En la franquicia postal legislativa, la que mayor preocupación debe generar a este órgano legislativo. En días pasados, los medios de comunicación dieron cuenta del abuso en que incurre esta Cámara senatorial en el empleo de la franquicia postal que le atribuye la Ley de Ingresos. Envíos por más de un millón y medio de documentos en 2006, según denuncia pública formulada por la dirección del Servicio Postal Mexicano, han significado una enorme erogación que corre a cargo de la propia paraestatal y que no es compensada por asignación presupuestal o por alguna forma de subsidio, privándole así de imprescindibles recursos económicos. Mayor hubiera sido el daño al servicio público, de haberse atendido el requerimiento total de esta Cámara por tres millones de envíos adicionales.

Que el servicio puede utilizarse tanto por senadores como por las áreas legislativas, técnicas, parlamentarias y administrativas; que la documentación susceptible de enviarse mediante este beneficio deberá ser “de carácter oficial en apoyo de trabajo legislativo”; que no será aceptada “propaganda política y proselitismo general” ni felicitaciones, agradecimientos y condolencias de cualquier tipo o asuntos personales que no conciernan a la labor legislativa, entre otros objetos. Para hacer uso del servicio gratuito basta con llenar un formato y señalar el número de piezas, su destino, una relación de destinatarios con domicilios y una muestra del documento a ser enviado.

Entre otras medidas es necesario legislar en materia de franquicias postales para garantizar que su aplicación tenga como móvil el cumplimiento de una finalidad social relevante –como puede reconocerse en el caso de la impartición de justicia pronta y expedita– y que su aplicación no causara detrimento a las necesidades presupuestales del Servicio Postal Mexicano, tal como lo ha dispuesto este Poder Legislativo con relación a las actividades ordinarias y electorales de los partidos políticos.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo a la Ley del Servicio Postal Mexicano.

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo XXIV De las franquicias postales, que contiene los artículos 69, 70, 71 y 72 a la ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Capítulo XXIVDe las franquicias postales

Artículo 69. Sólo podrán establecer franquicias postales mediante su inclusión en la legislación federal y en aquellos casos considerados por el Congreso de la Unión como de interés general.

Una vez establecidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, la instrumentación de las franquicias deberá ejercerse mediante convenio que se suscribe entre el organismo y el beneficiario del servicio.

Artículo 70. Las disposiciones que expida el Congreso de la Unión para efecto de lo establecido en el artículo anterior, deberá considerarse la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia postal o, en su lugar, el mecanismo para financiarlo, a efecto de que en ningún caso sea asumido por el organismo.

El costo de las franquicias deberá ser cubierto, cuando menos, en forma trimestral, de conformidad con el convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

Artículo 71. Las franquicias postales sólo podrán referirse al servicio gratuito para los beneficiarios de envío ordinario dentro del territorio nacional.

Artículo 72. El convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 deberá contener, cuando menos:

I. La autoridad u órgano que podrá ejercer el servicio contenido en las franquicias;

II. Los servicios específicos de que podrá hacer uso los beneficiarios de la franquicia, observando lo establecido en el artículo 71;

III. El tipo de documentación que podrá remitirse mediante el ejercicio de la franquicia y las restricciones especiales, adicionales a las que determina esta ley;

IV. Las reglas especificas de empaquetado y prestación de envíos, y

V. Las oficinas del organismo en las que podrán depositarse los envíos, en uso de la franquicia.

4. La colegisladora señala como antecedentes jurídicos:

Que la historia de las franquicias postales en México es amplia, pero toma relevancia precisamente cuando fueron derogadas por parte del primer proceso de organización y fortalecimiento del sistema de correos en nuestro país. Al emitir la Ley de Vías Generales de Comunicación, en febrero de 1940 el propio legislador federal incluyo un artículo 12 transitorio en el que ordeno: “a partir de la fecha de expedición de la presente Ley quedaran derogadas todas las franquicias postales que se hubieren concedido con anterioridad y que no se ajusten a las disposiciones de la misma”.

1. El organismo que actualmente se encarga del área de correos en nuestro país es el Servicio Postal Mexicano; entidad descentralizada creada por decreto presidencial el 20 de agosto de 1986 y sectorizada en la SCT, dependencia que regula dicha actividad estratégica en entidades de interés público.

2. El financiamiento público directo constituye el aspecto más interesante (y también más innovador) del código de 1990. El artículo 49 en su apartado 1, establece cuatro conceptos a los que se reconducen las aportaciones del Estado y en su apartado 2, fija una barrera de porcentaje de voto por debajo de la cual no se causa derecho a financiación. Dicha barrera se establece en el 1.5 por ciento de la votación emitida “independientemente de que (los candidatos del partido del que se trate) hayan ganado elecciones para diputados de mayoría relativa o senador” por su parte los cuatro conceptos a que antes nos referimos son los siguientes: por actividad electoral, por actividades generales, como entidades de interés público, por subrogación o reemplazo que haga el estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos y por actividades especificas como entidades de interés público.

3. Franquicias. Los artículos 53, 54 y 55 del Código Federal de Procedimientos Electorales, regulan minuciosamente el régimen de franquicias postales y telegráficas en ellos se establece las reglas a que se ajustara el disfrute de esas franquicias con mención de los órganos del partido que podrán hacer uso de ellas acreditación de los representantes de los partidos autorizados a tales efectos, ámbito territorial y oficinas autorizadas para su aplicación.

4. La prerrogativa de franquicias postales para los partidos políticos. En años no electorales será equivalente al 2 por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias.

5. En años electorales equivaldría al 4 por ciento. El consejo general determinará en el presupuesto anual de egresos del IFE la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal.

6. En el caso de las franquicias telegráficas se establece que solo los comités nacionales de cada partido podrán usar las franquicias telegráficas; antes también podían ser utilizadas por comités regionales, estatales y distritales.

Ahora el IFE dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir el costo por el uso de las franquicias telegráficas al organismo público competente.

5. Concluye la colegisladora en sus consideraciones del proyecto de decreto que dada su importancia se transcriben íntegramente:

Primera. En nuestro país la prestación del servicio postal ha sido un área protegida por el estado desde la constitución de 1857, la cual permitía, por excepción, la creación de monopolios y la imposición de prohibiciones en el área de correos a titulo de protección de la industria. Disposición que fue confirmada por el constituyente de 1917 y que no sufrió modificaciones sino hasta la reforma a los artículos 25 y 28 de febrero de 1983, cuando el poder revisor decreto el área de correos como estratégica para la nación y, por lo tanto, reservo al sector público la propiedad y control del organismo establecido para la prestación del servicio.’

Segunda. En México la actividad postal ha sido declarada servicio público por tanto corresponde al estado la responsabilidad de lograr que el mismo se preste con regularidad, continuidad y con la calidad suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de los usuarios del mismo. Se trata de un servicio esencial del cual la sociedad no puede prescindir.

Tercera. En este sentido prevé un conjunto de disposiciones legales por medio de las cuales se establecen los alcances regulatorios de la autoridad administrativa, se señalan las facultades y funciones del organismo de control, se fijan los requisitos y condiciones mínimas de admisión, las pautas generales que deben cumplir los prestadores, los derechos de los usuarios, las relaciones entre estos las prestadoras y la autoridad administrativa, los sistemas de control y muy especialmente el régimen sancionatorio ante las infracciones al mismo.

Cuarta. Así, los envíos de correspondencia y los demás objetos postales podrán ser transportados por los operadores de los servicios postales dentro del territorio nacional, salvo en los casos en que deban de ser incautados o decomisados, en otras palabras, podrán ser detenidos interceptados o demorados en su curso mediante resolución judicial. Por su parte el Servicio Postal Mexicano garantizará la continuidad del proceso en el cual se encuentra en curso el resto de los envíos y la autoridad competente deberá preservar el secreto de lo privado que no guarde relación con la correspondiente indagatoria o el proceso penal federal.

Quinta. Las propias autoridades postales han reconocido estos efectos. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, considera que el problema tiene su origen en 1997, cuando finalizo la autosuficiencia financiera de la paraestatal, fundamentalmente porque se le obliga a proporcionar el servicio de correo social en todo el territorio nacional, con una operación deficitaria que no puede ser compensada con los otros servicios de paquetería y entrega que presta el estado, en competencia con las compañías particulares.

Sexta. Solo podrán hacer uso de la franquicia los comités directivos de cada partido y el IFE informará al servicio postal del presupuesto que corresponda a cada partido y le cubrirá trimestralmente el costo de los servicios proporcionados a estos hasta el límite informado.

Séptima. La naturaleza de la franquicia postal otorgada a diversas instituciones gubernamentales y de los poderes de la Unión no es explicable, el motivo por el qué se otorga gratuidad en el servicio de correo como una forma de incentivo fiscal, haciéndose necesario legislar en materia de franquicias postales, para garantizar que su aplicación tenga como móvil el cumplimiento de una finalidad social relevante –como puede reconocerse en el caso de la impartición de justicia pronta y expedita– y que su aplicación no causará detrimento a las necesidades presupuestales del servicio postal mexicano.

Consideraciones de la comisión

1. Del estudio y análisis efectuado por esta dictaminadora en la reforma propuesta por la colegisladora se encuentran coincidencias con la minuta turnada a esta Comisión Legislativa por la Mesa Directiva, de fecha 13 de octubre de 2009 presentada por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Transportes y de Estudios Legislativos, y de fecha 4 de marzo del año 2008, por los senadores Rosalinda López Hernández y/o Jesús Garibay García del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. La minuta de proyecto de decreto que adiciona un capítulo XXIV de las franquicias postales que contienen los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley del Servicio Postal Mexicano en el sentido que con dicho decreto deberá atenderse en la Ley del Servicio Postal Mexicano los alcances regulatorios por parte de la autoridad administrativa.

3. El servicio postal mexicano ha demostrado ser una institución noble al comunicar a nuestra sociedad, y de acuerdo al artículo 28 constitucional establece que correos es un área estratégica para el Estado Mexicano.

4. Es evidente que sobre el tema existe una preocupación por la colegisladora por regular la figura de las franquicias, para lo cual y dada la importancia de la misma, adiciona un capítulo XXIV, con el título de “franquicias” con sus correspondientes artículos, por considerarlo de su sumo interés, con el firme propósito de que se regule en la Ley del Servicio Postal Mexicano, la prestación a diferentes entidades del Gobierno.

En efecto esta Comisión de Comunicaciones, comparte el espíritu que motiva a la colegisladora, para que la figura de las “franquicias”, sea regulada en la Ley del Servicio Postal Mexicano, en los términos planteados, por lo tanto esta comisión considera que la minuta que se dictamina tiene el propósito fundamental de hacer congruente la normatividad.

Con base en lo anterior es de aprobarse en sus términos la minuta; su finalidad es lograr la congruencia con el ordenamiento legal vigente de las normas del Servicio Postal Mexicano, con las directrices constitucionales en materia de franquicias en los términos planteados por la colegisladora.

Por todo lo anterior y para efectos de la fracción a) del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión con base a las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo XXIV “De las franquicias postales”, con los artículos 69, 70, 71 y 72 a la Ley del Servicio Postal Mexicano.

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo XXIV “De las franquicias postales”, con los artículos 69, 70, 71 y 72 a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Capítulo XXIVDe las franquicias postales

Artículo 69.Sólo podrán establecerse franquicias postales mediante su inserción en la legislación federal y en aquellos casos considerados por el Congreso de la Unión como de interés público.

Una vez establecidas de conformidad con lo dispuesto por el párrafo anterior, la instrumentación de las franquicias deberá ejercerse mediante convenio que se suscriba entre el organismo y el beneficiario del servicio.

Artículo 70. Las disposiciones que expida el Congreso de la Unión para efecto de lo establecido en el artículo anterior, deberán considerar la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia postal o, en su lugar, el mecanismo para financiarlo, a efecto de que en ningún caso sea asumido por el organismo.

El servicio puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como por las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas; previa observación de que la documentación susceptible de enviarse mediante este beneficio es exclusiva de los trabajos oficiales realizados por la institución que lo solicita.

El costo de la franquicia en cualquiera de sus clasificaciones, deberá ser cubierto, cuando menos, en forma trimestral, de conformidad con el convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

Artículo 71.Las franquicias postales sólo podrán referirse al servicio gratuito para los beneficiarios de envío ordinario dentro del territorio nacional.

Artículo 72.El convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 deberá contener, cuando menos:

I. La autoridad u órgano que podrá ejercer el servicio contenido en la franquicia;

II. Los servicios específicos de que podrán hacer uso los beneficiarios de la franquicia, observando lo establecido en el artículo 71;

III. El tipo de documentación que podrá remitirse mediante el ejercicio de la franquicia y las estricciones especiales, adicionales a las que determina esta Ley;

IV. La especificación de los documentos que no quedaran integrados al convenio por no considerarse de carácter oficial ni en apoyo a las encomiendas de interés público;

V. No serán aceptados documentos que contengan: proselitismo particular y general, propaganda política, felicitaciones, agradecimientos, condolencias, regalos de cualquier tipo, asuntos personales que no conciernan a la labor oficial desarrollada;

VI. Las reglas específicas de llenado de formatos, número de piezas, destinos, relación de destinatarios con domicilios, empaquetado, muestras, de los documentos al ser enviados y presentación de envíos, y

VII. Las oficinas del organismo en las que podrán depositarse los envíos en uso de la franquicia.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas, el 18 de noviembre de 2009 y, a su vez, remitida a los integrantes de la comisión, para estudio y opinión, el 24 de noviembre de 2009.

Los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas, con base en las facultades que confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la minuta en comento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Análisis de la minuta

1. La minuta que remite la Cámara de Senadores a esta soberanía, dictamina favorablemente la reforma que propone la Cámara de Diputados a las fracciones XII y XIV, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y formula observaciones sobre la adición de una fracción XV de la mencionada ley.

2. Específicamente, el proyecto de decreto considera que los anuncios oficiales, la nomenclatura y los topónimos en los municipios y comunidades con población indígena, deberán expresarse en los idiomas español y el indígena que se hable en el municipio o comunidad, correspondiente.

3. La colegisladora expresa la necesidad y viabilidad de las reformas y la adición propuestas por la Cámara de Diputados, toda vez que la acción que se desprenda del mandato contribuirá al desarrollo y fortaleza de las lenguas y culturas indígenas; coadyuvando así a dar vigencia al mandato expresado en la fracción IV del Apartado B del artículo 2o. constitucional y en la propia Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos suscritos por el Estado mexicano.

4. La Cámara de Senadores considera que las reformas de redacción a las fracciones XII y XIV del artículo 13 de la ley que se afecta, propuestas por la Cámara de Diputados en el dictamen que da origen a la minuta en comento, son adecuadas para “...dar margen a la inclusión de una fracción XV y en el acto de mantener la coherencia y conjunción de la totalidad de las fracciones que contiene el supuesto”.

5. La colegisladora observa también que, con objeto de expresar adecuadamente el mandato y de precisar los sujetos responsables de su aplicación, se deben hacer ajustes a la redacción de la fracción XV, que propone la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Minuta de la Cámara de Diputados

XV. En municipios con población indígena y comunidades indígenas, se instrumentarán medidas para que sean inscritas en las lenguas indígenas que se hablen y el español, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos.

Minuta de la Cámara de Senadores

XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en su territorio.

Consideraciones de la comisión

1. La comisión considera acertadas las observaciones hechas por la Cámara de Senadores. En efecto, dar inicio a la redacción con un verbo en infinitivo, además de ser coherente con la redacción de las fracciones precedentes, expresa adecuadamente la atribución que se pretende asignar.

2. Se coincide con los argumentos de la Cámara de Senadores en relación a:

a) Que es conveniente “... precisar los sujetos que aplicarán este mandato así como la jurisdicción territorial de aplicación”.

b) Que dichos sujetos deberán ser los municipios y comunidades indígenas, que según el criterio que aplica la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, son aquellos cuya proporción de hablantes de lengua indígena, en relación al total, es de 40 por ciento y más. Particularmente, en esta condición se ubican 655 municipios y no los más de 2 mil donde hay presencia indígena, independientemente de su proporción.

Por lo antes expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a XII. ...

XIII. Establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero;

XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación, y

XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de diciembre de 2009.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada, Dora Evelyn Trigueras Durón, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis, iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, presentada el 23 de septiembre de 2009 por los diputados Germán Contreras García, Diva Hadamira Gástelum Bajo y Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con en los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada iniciativa presentando a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 23 de septiembre de 2009, los diputados Germán Contreras García, Diva Hadamira Gástelum Bajo y Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo correspondiente e inició el análisis de ésta.

II. Descripción de la iniciativa

En la iniciativa dictaminada, los promoventes enfocan su atención en la necesidad de cubrir un vacío que, desde su punto de vista, existe actualmente en el texto actual del artículo 92 de la Ley General de Educación, ya que dentro de los niveles y modalidades educativos que el Estado mexicano debe promover y atender no se incluyen la educación inicial, la especial y la media superior.

En su exposición de motivos, los promoventes destacan la importancia de los niveles y modalidad educativa que se propone incluir en el artículo en cuestión. Sobre la educación media superior, señalan que es un “asunto que cada vez cobra mayor relevancia y exigencia, sobre todo cuando se tiene una tasa baja en escolaridad obligatoria”. Sobre la educación especial, afirman que es de justicia incluirla en la ley toda vez que está destinada a alumnos con necesidades educativas especiales; en el caso de la educación inicial, destacan que tiene como propósito “favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los niños menores de cuatro años de edad e incluye orientación para padres de familia o tutores para la educación de sus hijos”.

Ante el vacío detectado, los promoventes proponen la reforma del artículo 92 de la Ley General de Educación en los siguientes términos:

Artículo Único. Se realiza las siguientes modificaciones al artículo 9o. de la Ley General de Educación.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media-superior ysuperior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión

1. En opinión de esta comisión dictaminadora, la iniciativa de los diputados Germán Contreras García, Diva Hadamira Gástelum Bajo y Óscar Lara Salazar Ortega atiende un vacío efectivamente existente en la Ley General de Educación, ya que al enumerar los tipos y modalidades que el Estado debe promover y atender sólo se señala la educación superior. Tal omisión se cubre por el hecho de que en el mismo párrafo se incluye la frase “todos los tipos y modalidades educativos” pero, tal como destacan los promoventes, la importancia que actualmente tienen la educación inicial, la especial y la media superior plantea la necesidad de que también se precisen en tal artículo, del mismo modo que se hace con la de tipo superior.

2. Esta comisión considera que la reforma propuesta al artículo 9o. de la Ley General de Educación se encuentra en armonía con el texto vigente del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la fracción V señala de manera específica a la educación inicial lo siguiente:

“V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”

3. Adicionalmente, la dictaminadora considera que el espíritu de la iniciativa obra a favor de un mayor reconocimiento a la educación inicial, especial y media superior por parte de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad misma.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación para incluir la educación inicial, la especial y la media superior dentro de los niveles y modalidades que el Estado debe promover y atender

Artículo Único.Se reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior ysuperior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baley Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desideiro Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basualda (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Quedan de primera lectura.

SERVICIOS DE TELEFONIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos del acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a hacer cumplir la implantación de las áreas de servicio local consolidadas en las resoluciones y a emitir las medidas sancionadoras correspondientes ante su incumplimiento o, en su caso, a revocar los títulos de concesión a las empresas telefónicas

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada en fecha 5 de noviembre 2009, la diputada federal Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, mediante el cual solicita exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, a hacer cumplir la implementación de las áreas de servicio local consolidadas en las diversas resoluciones, y a emitir las medidas sancionadoras correspondientes ante el incumplimiento de las mismas o, en su caso, revocar los títulos de concesión alas empresas telefónicas.

El propio jueves 5 de noviembre 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, dispuso el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictamen.

La comisión dictaminadora procedió al análisis y discusión de la proposición en comento, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen.

Contenido de la proposición

1. Manifiesta la diputada Sofía Castro Ríos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene como misión: “Promover sistemas de transporte, comunicaciones seguras, eficientes y competitivas, mediante el fortalecimiento del marco jurídico; la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente”.

Manifiesta la autora que de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IX. artículo 71, Apartado A fracciones II, y III; y artículos 73 y 74, relativos a “Infracciones y sanciones”, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la SCT es la entidad facultada para sancionar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en caso de incumplimiento a las obligaciones consagradas en dicha ley. Pudiendo resolver incluso la revocación de los títulos de concesión de las empresas telefónicas que reiteradamente incurren en incumplimiento a sus obligaciones.

La proponente argumenta que la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Tiene entre sus facultades la de emitir proyectos de sanción a la SCT, a fin de que esta última imponga las sanciones correspondientes. Sostiene que el 23 de octubre de 1997, la Cofetel publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las “Reglas del servicio local”. Un año después, el 30 de noviembre de 1998, la Cofetelpublicó en el DOF la resolución administrativa mediante la cual se establecen; los lineamientos para llevar a cabo la consolidación de los grupos de centrales de servicio local existentes en las áreas de servicio local, ASL, así como el calendario de consolidación respectivo.

Resultado de ello, en el año 2000 se llevó a cabo la primera consolidación de ASL con innumerables beneficios tanto para concesionarios como para usuarios del sector.

Las áreas de servicio local se definen como una delimitación geográfica en la cual se presta el servicio local entre los usuarios ubicados en cualquier punto dentro de ella, de tal suerte que las llamadas que se cursen dentro de dicha delimitación son pagadas como llamadas locales.

En ese mismo orden de ideas señala que la consolidación es el acto de fusionar dos o más ASL para conformar una sola, a fin de ampliar la delimitación geográfica, consolidadas y, por consecuencia, el espacio territorial de las llamadas telefónicas cursadas mediante servicio local.

Señala además que teniendo como premisas los éxitos durante las primeras consolidaciones, el 11 de enero de 2006 la Cofetel publicó en el DOF la “Resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local”, en los que se establece un procedimiento cierto y transparente, con base en el cual analiza y determina la viabilidad o inviabilidad de las solicitudes recibidas.

Conforme a lo dispuesto en los lineamientos, la Cofetel resolvió la consolidación de diversas ASL; mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54, entre otros. Consolidaciones que a la fecha no se han implantado; esto es, no se han llevado a la práctica y por consecuencia ni concesionarios ni usuarios han palpado los beneficios que dichas consolidaciones conllevan.

Argumenta que es necesario exhortar a ese órgano regulador para que aumente sus esfuerzos y concrete el trabajo de implantación de las ASL consolidadas, ya que con ello se lograrán romper las barreras de comunicación existentes entre localidades cercanas tanto rurales como urbanas, las cuales a la fecha sólo cuentan con el servicio de telefonía de larga distancia para comunicarse a la estación de policía, a los centros universitarios, financieros, sociales y de salud más cercanos.

La relatora señala la imperiosa necesidad que se implanten las consolidaciones de ASL en nuestro país, a fin de que los habitantes de éstas se puedan comunicar mediante el servicio de telefonía local, con lo cual se generarían ahorros municipales, así como en gastos familiares. Ahorros que impactarían en una mayor integración regional dada la accesibilidad en la comunicación, en los ámbitos (familiar, social, cultural, comercial) por mencionar algunos de ellos.

Señala además que un ahorro directo que aun no reciben los usuarios de este servicio, porque no se han implementado los ASL por la falta de consolidación, es la diversidad de ofertas de las ASL que actualmente siguen cerradas a la competencia por lo que solo los concesionarios más grandes venden y prestan dichos servicios; en este orden, son las telefonías con mayor poder las únicas que otorgan este servicio; por lo que si se logra la consolidación de las ASL se logrará que exista una verdadera competencia.

De esta manera los concesionarios podrán ofrecer servicios en condiciones de competencia equitativa y al contar con mejores y mayores opciones, así como mayor calidad en el servicio, se tendrán menores tarifas, accesibles al consumidor y como consecuencia se verá fortalecida la inversión y la entrada de nuevos concesionarios al sector de las telecomunicaciones y con ello quedaría salvado el derecho que tiene todo ciudadano a disponer de los medios de comunicación.

Señala la autora de la proposición que como parte de su labor legislativa es la de impulsar a las instancias de gobierno competentes, en el caso particular a la SCT y Cofetel, a que actúen y cumplan con la estrategia 14.1 del Plan Nacional de desarrollo 2007-2012, la cual establece que, para aumentar el acceso a los servicios de telecomunicaciones a un número cada vez mayor de mexicanos, se habrá de incrementar la competencia entre los concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio. Concluyendo la diputada Sofía Castro Ríos que este objetivo se logrará con la debida implantación de las áreas de servicio local consolidadas, por lo que la SCT y la Cofetel aún no han concretado e los beneficios reales de sus determinaciones.

Consideraciones de la comisión

1. Los integrantes de la comisión; comparten la preocupación que existe, por parte de la legisladora, sobre el exhorto que solicita se realice a la SCT y a la Cofetel sobre los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54; para que se consoliden las ASL en diferentes partes del país; ya que con ello no se tendría detrimento en la economía familiar con respecto a esta materia, es decir se estaría eliminando las largas distancia y como consecuencia de ello se acercaría la comunicación a la sociedad; además de hacer más eficiente y dar mayor calidad en los servicios.

Sin la consolidación de las ASL se seguirá postergando las comunicaciones a lo que hoy en día tiene derecho la sociedad mexicana, ya que al usar otro tipo de comunicación como puede ser la telefonía celular, resulta innegable que los costos son mayores y como tal la telefonía fija sigue a la zaga en comparación con otros países que cuentan con mejores comunicaciones.

Por lo tanto y analizada que ha sido la proposición de la diputada Sofía Castro Ríos, resulta de vital importancia para esta comisión saber el motivo por el cual se siguen postergando las consolidaciones de las áreas de servicio local a que se refieren los acuerdos anteriores, presentado por grupo Pegaso, Comunicaciones y Sistemas, SA de CV, de las cuales se recibió opinión en contrario por parte de los concesionarios de servicio local y de larga distancia; gobierno del estado de México, de las cuales no se recibió opinión en contrario por parte de los concesionarios de servicio local y de larga distancia; así también del estado de Jalisco de modificación del área de servicio local 131 para quedar consolidada en el 118, propuesta por el diputado federal por el Distrito XVII del estado de Jalisco; sin ignorar que el 23 de febrero de 2007, la SCT resolvió desechar el recurso de revisión interpuesto por Telmex y Telnor por considerarlo improcedente, por lo cual, la Cofetel consideró que se encuentra en total capacidad para continuar con la consolidación de las ASL previstas en la resolución P/140307/115 del 14 de marzo de 2007.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, haga cumplir la implementación de las áreas de servicio local consolidadas en las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que tome las medidas sancionadoras correspondientes ante el incumplimiento injustificado de los concesionarios de servicio local y de larga distancia a las resoluciones emitidas por su Pleno mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54. Enviando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su caso, las propuestas de sanción correspondientes.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir las sanciones correspondientes a los concesionarios de servicio local y de larga distancia que incurran en incumplimiento a las resoluciones emitidas por el pleno de la Cofetel mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que de reiterarse el incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de servicio local y de larga distancia, actué conforme a lo dispuesto en el artículo 38, fracciones III, IV y V; artículo 71, Apartado A, fracciones II y III, y artículos 73 y 74 de la Ley Federa1 de Telecomunicaciones, esto es, sancionar al responsable, incluso, con la revocación de su título de concesión.

Quinto. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que en un término de 45 días naturales informen las medidas implementadas, en favor de los exhortos que se realizan.

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica, en conjunto.

ESTADO DE GUANAJUATO - TELEFONIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rea-lizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio integral para que se proporcione el servicio de telefonía en diversos municipios de Guanajuato

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración de esta honorable asamblea dictamen relativo a punto de acuerdo, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 13 de octubre de 2009, el diputado Juan Huerta Montero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo mediante la cual solicita exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes realice un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en las comunidades de los municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, todos de Guanajuato.

El propio 13 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, dispuso el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictamen.

La comisión dictaminadora procedió al análisis y a la discusión de la proposición, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor de lo siguiente:

Contenido de la proposición

1. Manifiesta el diputado Juan Huerta Montero que la telefonía constituye un pilar importante para el progreso económico y social de las diferentes regiones del país, permitiendo la interacción entre las personas, así como el acercamiento para las comunidades.

Además, menciona los siguientes datos por considerar respecto a la telefonía del estado de Guanajuato:

a) La densidad telefónica móvil del estado de Guanajuato en 2007 fue de 44.8 líneas móviles por cada 100 habitantes, para 2008 registró un total de 48 líneas, con una tasa de crecimiento anual de 7.2 por ciento.

b) La densidad telefónica fija del estado de Guanajuato en 2007 fue de 15.5 líneas por cada 100 habitantes; para 2008 ésta fue de 16.2 líneas, con una tasa de crecimiento anual de 4.3 por ciento.

c) El estado cuenta con 441 poblaciones con servicio de telefonía local, así como 5 millones 527 mil 874 líneas en servicio, y se tienen 26 áreas de servicio local.

d) Sin embargo en Guanajuato hay comunidades que integran los municipios del norte y noreste del estado que hasta la fecha no cuentan con los servicios de telefonía fija ni móvil; dichos municipios son los señalados con anterioridad y que, en suma, cuentan con una población de 388 mil 186 habitantes, lo que ha afectado a los habitantes de estas comunidades por carecer del servicio telefónico.

e) Además, señala que, de acuerdo con el censo de 2000, el estado de Guanajuato tuvo una población emigrante que ascendió a 163 mil 338 habitantes, que se fueron en busca de mejores condiciones de vida a Estados Unidos de América, y por tales circunstancias resulta necesario y urgente que se tomen las decisiones que permitan resolver el problema de comunicaciones en estas regiones para contribuir así a su desarrollo integral.

También menciona que solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la delegación de Guanajuato, que proporcionaran el servicio telefónico al municipio de San Diego de la Unión, sin que a la fecha haya tenido respuesta favorable.

Refiere que es indispensable ampliar la cobertura de servicios tanto de telefonía fija cómo móvil, por lo que considera que la propuesta es viable y que generaría un efecto multiplicador al proporcionar una derrama económica, trayendo consigo mayores empleos.

Consideraciones de la comisión

1. La comisión dictaminadora toma en cuenta que la telefonía fija y la móvil se han convertido en una necesidad que mediante su uso tiene múltiples bondades, constituyéndose en factor de desarrollo de las comunicaciones, ya que propicia acercamientos entre pueblos y personas, detonando la economía, siendo un servio vital en las diferentes áreas de la sociedad.

En este contexto, se considera que está plenamente justificada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se realice un estudio integral para que sea proporcionado el servicio de telefonía en diversos municipios de Guanajuato.

Por lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones, con fundamento en los artículos 39, 45, numerales 1 y 4, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87, 88, 89, 90 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en las comunidades que integran los municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú.

Se solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Comunicaciones, dentro del término de 45 días, la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a extender la vigencia del acuerdo 358 y del programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que se recibe en centros comunitarios de ese nivel en el Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a extender la vigencia del acuerdo número 358 y del Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de educación preescolar en el Distrito Federal,presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, LXI Legislatura.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Justicia someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

A. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 2009 fue presentada proposición con punto de acuerdo en el tema de la educación preescolar ofrecida por organismo de la sociedad civil, por la por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, LXI Legislatura.

B. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar al punto de acuerdo trámite de recibo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

C. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis y dictamen de la proposición en comento.

II. Contenido de la proposición

La diputada Martínez Peña expresa preocupación por la situación que atraviesan los centros comunitarios de educación preescolar, que son establecimientos no lucrativos establecidos en diversas zonas del Distrito Federal en los que se proporciona atención educativa a niños y niñas pertenecientes a familias en condiciones económicas y sociales en desventaja, generalmente en horarios más amplios que los de las escuelas públicas con el interés de que los padres que trabajan realicen sus actividades sin preocupaciones. Dichos centros comunitarios fueron creados con la participación de padres y madres de familia.

A partir del establecimiento de la obligatoriedad de la educación preescolar, en noviembre de 2002, los centros comunitarios quedaron en una situación particular debido a que los estudios que ofrecen carecen de reconocimiento oficial, lo cual se convierte en un impedimento para que los niños atendidos puedan ingresar a la educación primaria.

La promovente señala que “la situación especial de los centros comunitarios fue regularizada por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal al establecer el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a los centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, a través del acuerdo número 358, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, en virtud del cual se adhirieron 231 centros pertenecientes a la Ciudad de México”.

Sin embargo, “el programa referido llegó a su término, al concluir el ciclo escolar 2008-2009, por lo que actualmente los centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal se encuentran impedidos para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial”.

De esta manera, “a partir del 12 de agosto del presente año, 12 mil familias de esta capital viven la problemática de la falta de enseñanza preescolar para sus hijos, situación que vulnera su derecho a la educación, consagrado por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, conculca los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la comunidad internacional en 2000, en virtud de los cuales México se comprometió a ir más allá del objetivo de la enseñanza primaria universal y lograr que todos los niños y niñas alcancen 12 años de educación efectiva para el año 2015”.

La diputada Martínez hace hincapié en que “la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a solicitud de la Secretaría de Educación Pública, emitió el 20 de mayo de 2009 un dictamen de manifestación de impacto regulatorio para analizar la viabilidad y oportunidad de extender la vigencia del acuerdo 358, en general, bajo las mismas reglas y procedimientos con los que operaba, mismos que no se limitan a sólo establecer la prórroga para el programa, sino también a requerir a los centros educativos el cumplimiento de condiciones mínimas para su funcionamiento, con la finalidad de evitar poner en riesgo la salud y el desarrollo de los menores”.

De esta manera, la diputada señala la impostergable necesidad de que la Secretaría de Educación Pública agilice los trámites para la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para acreditar la educación preescolar que reciben las niñas y niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

III. Consideraciones de la comisión

La educación preescolar pública forma parte de los servicios de educación básica y es responsabilidad de la SEP y sus organismos descentralizados; adicionalmente, el DIF también ofrece este servicio en comunidades rurales.

El carácter obligatorio de la educación preescolar para niños de tres a cinco años de edad establecido en 2002 ha obligado a una expansión del servicio, tanto en el ámbito público como en el privado. Pese a ello, actualmente el sistema educativo enfrenta la insuficiencia de los servicios educativos del nivel, especialmente en las entidades y zonas de mayor pobreza.

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) elaboró un análisis * de la cobertura actual y la estimada para los próximos años del servicio de preescolar. A continuación se presentan los principales datos:

1. En el ciclo escolar 2006-2007, la población de 3 años no atendida por preescolar a nivel nacional fue de 69.4 por ciento. El problema fue más grave en algunos estados: en Colima se registró 98 por ciento y en Campeche 92 por ciento.

2. La cobertura para el primer año de preescolar en el presente ciclo escolar (2007-2008) se estima en 35.6 por ciento. Para el ciclo 2008-2009 se estima en 41 por ciento, lo cual significa que más de 1 millón 100 mil niños de tres años no tendrían acceso, constituyendo un rezago temprano e incrementando la brecha de inequidad, ya que los educandos excluidos de este servicio en su mayoría pertenecen a estratos sociales caracterizados por la pobreza.

3. La cobertura universal de niños de tres años en 2008-2009 implicaría la creación de 61 mil 984 grupos, lo cual significaría una erogación de más de 20 mil millones de pesos.

4. De mantenerse el crecimiento inercial de los últimos años en la matrícula, la cobertura de los niños de tres años para 2012-2013 sería de 53.4 por ciento, mientras que la cobertura universal se lograría aproximadamente en 2030.

Frente a este panorama, la participación de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios educativos en el nivel preescolar, significa una valiosa aportación de la sociedad en el propósito de atender a toda la población en edad escolar. Adicionalmente, los servicios ofrecidos por estos organismos tienen la característica de responder de mejor manera a las necesidades de la población, ya que generalmente ofrecen horarios de tiempo completo, lo cual permite a los padres y madres cubrir sus horarios laborales con la confianza de que sus hijos son atendidos de manera adecuada por personas de la misma comunidad.

Sin embargo, la obligatoriedad de la educación preescolar colocó a las organizaciones de la sociedad civil que prestan este tipo de servicios, en la situación de que la educación que ofrecen no se reconoce oficialmente como válida para el ingreso a la educación primaria, por lo cual es impostergable establecer los mecanismos necesarios para el reconocimiento de estos estudios, favoreciendo así el tránsito de los alumnos egresados de este servicio.

En esta panorama, la extensión de la vigencia del acuerdo número 358 y del Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de educación preescolar en el Distrito Federal se convierte en un tema de la mayor relevancia, toda vez que la situación de irregularidad afecta en particular a la población pobre cuya única opción educativa para el nivel preescolar es la ofrecida por estos organismos, o bien la población que por su situación económica y condiciones laborales requieren un servicio con horario más amplio que el ofrecido en las escuelas oficiales regulares.

El reconocimiento de esta situación lleva a los miembros de esta comisión a considerar como procedente la proposición con punto de acuerdo de la diputada Martínez Peña, de manera que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al secretario de Educación Pública a agilizar los trámites para la aprobación del acuerdo número 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben las niñas y niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005.

Nota:

* SEP-Conadeu (2007). Las implicaciones de la obligatoriedad de la educación básica en México: diagnóstico y propuestas. México, octubre de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica en contra), secretarios; Eduardo Alonso Baley Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Elpidio Desideiro Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basualda (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica, en conjunto.

AGAVE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, SC, y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas a seguir permitiendo el uso de la palabra agave en los destilados, licores y elíxires provenientes de este cultivo; y a emitir una norma mexicana sobre las especificaciones físico-químicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse tales productos a fin de garantizar su naturaleza y calidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Economía, a Normex, SC, y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas NBAL-02 a seguir permitiendo y no se impida el uso de la palabra o término “agave” en los destilados, licores y elixires provenientes de este cultivo, en beneficio del campo mexicano, sobre todo de aquellos campesinos y productores que viven de este noble cultivo, así como a convocar a estas autoridades a crear la figura jurídica competente para que se emita una norma que determine las especificaciones físico-químicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse los destilados de agave, para asegurar su naturaleza y calidad, en beneficio de la salud del consumidor, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de septiembre de 2009, ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con puntos de acuerdo descrita al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 23 de septiembre 2009, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con puntos de acuerdo que presentó el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador menciona como antecedentes y consideraciones de su proposición lo siguiente:

“Antecedentes.Empresas ciento por ciento mexicanas dedicadas a la producción de destilados de agave han advertido de prácticas de competencia desleal en su contra a fin de desacreditar sus productos y prohibirles el uso del término “agave”.

Estas empresas, en muchos casos, debido a las condiciones ambientales, son la única posibilidad productiva en algunas regiones áridas y semiáridas. El agave, en sus diferentes especies y tipos, es una planta de muy bajo requerimiento de humedad, adaptada a suelos pobres.

Esta campaña golpearía sensiblemente a este sector productivo, que representa una oportunidad de agro negocios exitosos, para los productores del campo mexicano de casi todo el país, especialmente en los 12 estados de la república que cuentan las condiciones para el cultivo y producción de agave: Puebla, Oaxaca, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes y Michoacán.

Como representantes populares, es nuestra responsabilidad promover la inversión lícita de todas las fuentes existentes, pero es nuestro deber proteger la planta productiva nacional, el desarrollo de la agricultura mexicana e impulsar oportunidades para los campesinos que, a través de los agronegocios, generen empleos y riqueza.

Para este propósito, es urgente defender los intereses y derechos legítimos de todos los productores de destilados de agave que han cumplido con cada una de las normas establecidas por las autoridades, así como pedir que se convoque a la figura jurídica competente para establecer una norma específica que proteja a consumidores y productores, y evite que sean víctima de competencia desleal. Consideraciones.La industria productora de los destilados de agave es un gremio formal que, aun sin contar con el beneficio de una norma que permita su certificación, se apega a normas emergentes y a las normas oficiales mexicanas, demostrando con ello su total acuerdo con su regulación.

Los destilados de agave han cumplido con las especificaciones y criterios establecidos por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, la Norma Oficial Mexicana -142-SSSA1-1995, “Bienes y Servicios Bebidas Alcohólicas, Especificaciones Sanitarias, Etiquetado Sanitario y Comercial”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1997; sin embargo, en el contexto de la competencia desleal, se ha emprendido una campaña para que se les prohíba utilizar el término “agave”.

La industria de los destilados de agave es una realidad de desarrollo para el campo mexicano, pues genera ingresos y empleos para este importante sector, por lo que es urgente protegerla.

Sumado a las especificaciones técnicas debemos destacar que cualquier bebida producida o destilada a partir de agave es propiamente dicho un “destilado de agave”. Este es el nombre de la planta, un tesoro genético, derivado de su clasificación botánica.

En ningún momento existe confusión o dolo o mala fe en la utilización del término, por lo que no hay razones técnicas, históricas, jurídicas o comerciales, para modificar la denominación, ya que los Destilados de Agave son ciento por ciento de agave...”.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34, fracción XII y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino.

Segunda. Que con base a los antecedentes indicados por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercero.Que esta comisión reconoce que la industria de los destilados de agave es un área de desarrollo para el campo mexicano, pues genera ingresos y empleos en un sector donde las condiciones ambientales no siempre son las más favorables.

Cuarto. Asimismo, es de su conocimiento que la palabra “agave” y el término “destilados del agave” son conceptos que se refieren en lenguaje corriente y se usan en las prácticas comerciales, con una designación usual y genérica para éstos, por lo que en los términos de la fracción II del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, no sería posible que se registraran como marca.

Asimismo, el “género agave” se estima que sitúa a más de doscientas plantas las cuales son cultivadas como ornamentales o para cercas vivas, así como para la elaboración de mezcal, pulque, tequila y otros derivados.

Quinto.Que en virtud de lo anterior, esta comisión reconoce la necesidad de regular las características de los productos que sean denominados como derivados del agave, a fin de dar certeza a la sociedad respecto de su contenido, asegurando la calidad y naturaleza del producto, así como la salud del consumidor.

Y que siendo competencia de la Secretaría de Economía normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, y promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es que la proposición de acuerdo presentado por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino se considera pertinente.

Sexto.Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía

Acuerda

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, SC, y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas NBAL-02, a seguir permitiendo y no se impida el uso de la palabra o término “agave” en los destilados, licores y elixires provenientes de este cultivo, en beneficio del campo mexicano, sobre todo de aquellos campesinos y productores que viven de este noble cultivo.

Segundo.Se convoca a estas autoridades a crear la figura jurídica competente, para que se emita una norma que determine las especificaciones físico-químicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse los destilados de agave para asegurar su naturaleza y calidad, en beneficio de la salud del consumidor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Javier Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), Rolando Zuvia Rivera, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dofour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo anteriormente leídos, más los que habían sido reservados. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si autorizan que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se autoriza. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 17 de febrero de 2009 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, suscrita por el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L 60-II-5-2486, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo, por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. El proponente argumenta que una sociedad que tiene como meta incorporarse dentro de los países de primer mundo, necesita satisfacer su creciente demanda de comunicaciones. Por ello, el funcionamiento eficiente del Servicio Postal Mexicano resulta esencial para el desarrollo de nuestro país.

Que el correo mexicano es una institución que maneja más de mil millones de envíos al año en correo ordinario y más de 32 millones de piezas certificadas. Además cuenta con la certificación ISO 9001 desde el año 2005, y ha realizado profundas transformaciones en su gestión financiera. Esto se debe principalmente a los avances científicos y tecnológicos, los cuales, lejos de constituir una etapa pasajera o efímera, tienden a incrementarse cada día, mediante el empleo de nuevas técnicas y medios siempre más sofisticados que hacen de las comunicaciones una necesidad pública y de su administración un reto más complejo.

Que frente a las condiciones actuales en materia de comunicaciones, se hace indispensable modernizar los elementos jurídicos con que contamos para proteger a la persona en su esfera íntima. En tal sentido, la inviolabilidad de la correspondencia es un derecho reconocido por la legislación internacional y es una garantía constitucional establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Argumenta el proponente que en los últimos años, existe una creciente posibilidad de atentar contra la seguridad de las personas a través de los servicios postales, como ocurre en otras naciones. Por vía postal es posible transportar precursores químicos, drogas y otras sustancias tóxicas que, manipulados en forma inadecuada, pueden constituir daños a la población.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Esta Comisión llevó a cabo el análisis y discusión de las consideraciones expuestas, así como las posibles inconsistencias jurídicas de la iniciativa que se dictamina, con motivo de la reforma al párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, en los términos expuestos por el Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, al proponer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebre convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, con la finalidad de prevenir el envío o transporte de materiales tóxicos o peligrosos en la correspondencia y prevenir el empleo de este medio de enlace con una herramienta de cualquier expresión criminal.

La iniciativa en referencia propone la siguiente redacción de dicho ordenamiento:

Artículo 10. ...

I. a III. ...

La secretaría vigilará el estricto cumplimiento de este precepto y celebrará convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción con la finalidad de prevenir el envío o transporte de materiales tóxicos o peligrosos en la correspondencia.

Sin embargo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el artículo 70, expresa “La secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

En consecuencia la reforma del párrafo quinto del artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano estaría duplicando el contenido del artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, presentada por el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 14 de noviembre de 2007 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, así como diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L 60-II-3-1025, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo, por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. Los proponentes argumentan, entre otras cuestiones, que desde hace más de una década, nuestro país optó por el camino de la integración comercial para tener acceso a sus ganancias y así potenciar su expectativa de crecimiento. Ganancias, que han permitido a algunas economías que hace algunos años se encontraban entre las menos adelantadas, ver su realidad completamente transformada. Como ejemplos citan a países que, en el contexto de la Comunidad Económica Europea, han aprovechado enormemente los beneficios del libre comercio, ejemplo claro de esto es España, que al adoptar políticas públicas orientadas a la competitividad, logro generar más riqueza y mayores niveles de bienestar para la población en general, y que a diferencia de hace treinta años hoyes un país moderno en el que los beneficios de las telecomunicaciones y otros avances tecnológicos, llegan a cada rincón.

2. Que para comprender el valor de las telecomunicaciones, en la economía de un país, hay que integrarlas como un factor de modernidad que es la base de la comunicación eficiente de los agentes económicos de una nación, y a su vez a estos con los del resto del mundo, lo que permite intercambiar bienes y servicios de manera eficiente y a más bajos costos. Por tal razón, cada avance e innovación en el sector, contribuye cada vez más al desarrollo de las empresas y por lo tanto a la actividad económica y a la creación de empleos. En suma, un país que cuenta con telecomunicaciones de punta es un país que cuenta con poderosas herramientas para competir con éxito en la economía global.

3. Que la solidez de las instituciones y los marcos legales que regulan el sector de telecomunicaciones son el detonante que permitirán que se incluya a este entre las economías más competitivas, influyendo de manera definitiva en la capacidad de las economías para crear y distribuir riqueza, brindar certeza a los ciudadanos, empresarios y consumidores de bienes y servicios para que puedan recurrir de manera confiable a la inversión en este sector. Es decir, generara un escenario de igualdad de oportunidades para todos los participantes de los mercados. Lo anterior atiende a lo que señala la teoría económica que dicta la actividad comercial y económica en general, bajo condiciones de certidumbre, es motivante para que los mercados fallen. ¿A quién le gustaría invertir su dinero en un país en que las reglas que gobiernan las relaciones entre agentes económicos, son poco claras o eficaces?

Que para tal efecto, se propone que los criterios que definan el resultado último de las licitaciones, en particular de los que impliquen procesos de competencia sumamente cerrada, se definan por los criterios que beneficien a todos los involucrados.

4. Manifiestan que, por una parte se busca asegurar a los eventuales usuarios de esas tecnologías para que sean ofrecidas por concesionarios del más alto nivel y por otra parte, asegurar a los posibles inversionistas interesados que el ganador será el que efectivamente haga la mejor oferta y que por ende sus inversiones serán tratadas con criterios de igualdad; por último, se busca que todos los mexicanos recibamos el máximo beneficio de los bienes que siendo propiedad de la nación, sean concesionados a cambio de una contraprestación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Esta comisión no omitió analizar y discutir el contenido de la iniciativa, así como sus posibles inconsistencias jurídicas, con motivo de la adición a la fracción IV del artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en los términos expuestos por el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez y firmantes, al proponer la adición de mecanismos de desempate en los requisitos que deben cumplir los interesados para participar en la licitación de concesiones sobre bandas del espectro radioeléctrico para uso determinado.

2. Con base en lo anterior, resulta improcedente sujetar a la autoridad en materia de telecomunicaciones para que incluya mecanismos de desempate en las bases de licitación, transgrediendo el principio de igualdad que debe imperar en los derechos de los presuntos concesionarios, puesto que esto pudiese entorpecer los diferentes esquemas de licitación que implemente la autoridad para el otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico; en consideración a que el texto de la propia ley, faculta a la autoridad a adoptar un esquema de licitación que no admite empate entre participantes.

3. Prever en el texto de la ley las bases de mecanismos de desempate entre participantes es propiciar una mayor discrecionalidad en los requisitos de la concesión y la autoridad tendría que incluir dicho procedimiento aún cuando no lo aplicara.

4. A mayor abundamiento, una vez que él o los participantes han calificado con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley y en las bases de licitación correspondiente, la autoridad en materia de telecomunicaciones, es la responsable de determinar los mecanismos para seleccionar al ganador, en consideración a los intereses que busque satisfacer el estado, no necesariamente económicos, a saber; cobertura y contenido.

5. Cabe destacar que la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia en los procedimientos de licitaciones para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, es condición indispensable para que los interesados puedan participar en la misma, como lo prevé la propia ley.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IV del artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones presentada por el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 14 de noviembre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de marzo de 2009, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-3-233, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo, por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. El proponente argumenta, entre otras cuestiones, que un Estado que se denomine de derecho tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas e integrar a las que padecen algún tipo de discapacidad, exigencia social que es necesario cumplir pues hoy, en pleno siglo XXI, las barreras físicas, sociales, culturales y económicas para las personas con discapacidad no se han eliminado o disminuido respecto a otros países.

2. Que en nuestro país hay más de 10 millones de personas con discapacidad y 500 millones en todo el mundo según la ONU. Existen varios tipos de discapacidad: la motriz, que se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse; la visual, que es la pérdida total de la vista; la mental, que abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades cotidianas; la auditiva, aquella que tiene pérdida o limitación de la capacidad para escuchar; y la de lenguaje, que se refiere a las limitaciones y problemas para hablar.

3. Que en el ámbito federal existen por lo menos 14 Leyes que contienen al menos un artículo referente a personas con discapacidad, en los que se reconocen sus derechos, se otorgan facilidades o se indica la creación de programas específicos para las personas con discapacidad; ejemplo de estas leyes son la Federal del Trabajo, la de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o la General de Salud, que fueron promulgadas hace varios años haciendo referencia a “incapacitados” o “minusválidos”. Leyes de reciente creación ya utilizan el término “personas con discapacidad”.

4. Que actualmente el país se encuentra en la fase de implementar los programas gubernamentales desarrollados durante los últimos cinco años. Que existen avances, pero a la fecha se carece de información sistematizada y del impacto real en las vidas de las personas con discapacidad.

Se considera que un hecho evidente es el desconocimiento de amplios sectores del gobierno y de la iniciativa privada de las características y necesidades informativas de las personas con discapacidad sensorial, ya que la accesibilidad es entendida únicamente como adecuaciones físicas a inmuebles.

5. Manifiesta que el motivo de esta iniciativa es de que las compañías de telefonía móvil, otorguen las facilidades para que las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje se les pueda exentar del pago del servicio de mensajería, ya que dichas personas carecen de la facilidad de comunicarse a larga distancia de otra manera que no sea a través de los mensajes de texto.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Esta Comisión analizó y discutió el contenido, así como las posibles inconsistencias jurídicas de la iniciativa que se dictamina, con motivo de la reforma al segundo párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en los términos expuestos por el diputado Jericó Abramo Masso, al proponer que las compañías de telefonía móvil otorguen la facilidades para que a las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje se les pueda exentar del pago del servicio de mensajería.

2. Cuando exista un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones que tenga poder sustancial en el mercado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, tiene la facultad de imponer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, buscando que le permitan recuperar al concesionario, al menos, el costo incremental promedio de largo plazo.

3. Se propone una adición al segundo párrafo del artículo 63, por lo que ésta pasa a formar parte de las disposiciones establecidas en el propio artículo, de tal manera que al interpretarse éste no puede desprenderse de la totalidad del contenido de dicho artículo, máxima que establece una excepción a las porciones formativas que le anteceden dentro del mismo artículo.

4. Es importante mencionar que la excepción propuesta en la iniciativa irrumpe el derecho de los concesionarios de recuperar, al menos, el costo incremental promedio de largo plazo por la prestación de los servicios de mensajería; y su inserción podría interpretarse como un supuesto de regulación en beneficio de aquel concesionario que tenga la característica de discapacidad auditiva y de lenguaje, no al usuario, por lo que es evidente que el propósito que se persigue con la iniciativa de exentar de pago a los usuarios del servicio de mensajería SMS en telefonía móvil con discapacidad auditiva y de lenguaje no se obtiene, y por el contrario, se le otorga a un sujeto distinto.

5. Se considera que la iniciativa se debe rectificar a fin de establecer claramente el objetivo de su regulación y colocarse adecuadamente en donde no provoque la desamortización de las normas existentes.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado Jericó Abramo Masso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de marzo de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de octubre de 2008 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2 y 12 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, suscrita por el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1881, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo, por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. Que si bien el avance científico y tecnológico ha cambiado profundamente los medios de comunicación, la utilización de la vía tradicional, es decir, el uso de la correspondencia, sigue teniendo un peso específico en la comunicación de los mexicanos.

Que a diferencia de otros países que han emprendido un proceso de apertura total del sector postal, el servicio de correo en México se constituye como una actividad estratégica, cuyo rol debe ser fundamentalmente social e identificarse primordialmente con la necesidad de prestar el servicio postal universal a todos los ciudadanos a precios accesibles.

2. La iniciativa presentada por el diputado Jesús Ramírez Stabros busca brindar al ciudadano alternativas eficientes y seguras en materia de comunicación a través de mejores estándares de calidad, valores agregados y servicio. En tal sentido propone reformar la Ley del Servicio Postal Mexicano en el cuarto párrafo del artículo 2, con la finalidad de redefinir el concepto de correspondencia reservada, que propone reúna como características:

a) Que se contenga en sobre cerrado o en tarjetas postales.

b) Que se ajuste a los pesos y dimensiones que señala la ley.

c) Que se reciba, transporte y entregue mediante el pago correspondiente de estampillas oficiales o de las marcas de franqueo autorizadas por el Servicio Postal Mexicano.

3. De la misma forma, se propone reformar las fracciones I y II del artículo 12 del mismo ordenamiento a efecto de que no sea violación a la reserva del Estado, en caso de que se reciba y transporte correspondencia que no reúna las características antes mencionadas, y en el caso de que una persona física o moral envíe correspondencia utilizando sus propios vehículos y empleados.

Lo anterior, con objeto de beneficiar al Estado en la asignación de recursos, y de brindar al ciudadano alternativas eficientes y seguras en materia de comunicación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Que la citada iniciativa contraviene lo contenido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, el cual establece: “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Así como el artículo 28 del mismo ordenamiento, que señala que las funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva en áreas estratégicas como correos y telégrafos no constituirán monopolios.

2. De la misma manera, la iniciativa atenta contra los artículos 4 y 11 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, toda vez que la prestación del servicio público de correos, por ser un área estratégica, se encuentra reservada exclusivamente al Estado quien presta dicho servicio por conducto del Servicio Postal Mexicano.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano, presentada por el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica en contra), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B y 30-C, y reforma el 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 17 octubre de 2006 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11.A, 12.A, 30.A, 30.B, 30.C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L 60-II-3-099, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo, por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. La proponente argumenta que las adiciones a los artículos 11.A, 12.A, 30.A, 30.B, 30.C, y reforma al artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, tiene perfectamente claro y establecido el bien jurídico tutelado de la protección de una área prioritaria establecida en nuestra Carta Magna, así como del usuario mexicano o extranjero para que las empresas del ramo presten un servicio de magnífica calidad, eficaz, eficiente y con tarifas que promuevan la utilización de la comunicación vía satélite que se opera y presta con posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, por lo que, para ello se le otorgan facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la finalidad de que no sea un simple espectador, sino que participe en los procesos de transmisión, enajenación, cesión y venta de acciones representativas del capital social en sociedades concesionarias de comunicación vía satélite que operan y explotan posiciones geoestacionarias asignadas al país.

2. Sostiene que las reformas y adiciones que se proponen a la Ley Federal de Telecomunicaciones, son con la finalidad de establecer desde el punto de vista técnico-jurídico sustantivo, las normas que deben regular la venta, enajenación o adjudicación de acciones representativas del capital social en empresas que cuentan con concesión por parte del Estado, por ser áreas prioritarias para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México.

3. Menciona la proponente que, en cuanto hace a la Ley Federal de Telecomunicaciones, es necesario crear un artículo 11.A., hacer adiciones en el artículo 12, y adicionar el artículo 12.A, para hacer una salvedad o excepción de que tratándose de comunicación vía satélite que utilice posiciones orbitales asignadas al país, debe existir un porcentaje de inversión mexicana entre el 80% y 100%, disponer preferencia para mexicanos, y establecer mecanismos para que efectivamente tengan la mayoría de inversión mexicana, con el objeto de evitar el incremento de la participación extranjera, a través de la simulación jurídica que se crea por esquemas piramidados y la utilización de la figura de inversión neutra.

4. Que es necesario crear un Capítulo dentro de los artículos 29 y 35, porque en dicho capítulo no se prevé el hecho de la venta de acciones de las empresas a las que se otorgó la concesión de comunicación vía satélite y someterla a un procedimiento específico, sea cual sea el origen, motivo y montaje de dicha venta, enajenación o adjudicación, incluida una situación de concurso mercantil o quiebra.

5. Que resulta esencial que el Poder Legislativo haga estas reformas y dote de facultades al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que regule la venta, enajenación o adjudicación de acciones representativas del capital social conteniendo la hipótesis de que sea consecuencia de un juicio o proceso de cualquier índole incluso el concurso mercantil o quiebra, respecto de una empresa que represente, sea o forme parte de las áreas prioritarias para que el Estado conforme a la rectoría económica del mismo, cuente con concesiones para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país.

6. Que el espíritu de la reforma, corrige el concepto de desregulación para que el mismo no tenga ni deba tener el sentido que le dieron los economistas, como un relajamiento sino el concepto real de una regulación clara que garantice que se puede acceder a un mercado o sector cumpliendo los requisitos que dispone la ley, vigilar no sólo que le vaya bien económicamente a la empresa sino que se cumpla con el bien común.

7. Argumenta que el Poder Legislativo está obligado a realizar las adecuaciones, adiciones y modificaciones a la Ley, para que nuestros gobernados tengan una legislación de vanguardia y acorde con el ámbito internacional, dejando atrás los principios dogmáticos de generalizar la apertura total por la globalización, sin tomar en cuenta el caso específico de cada tipo de industria, como es el de la industria de la comunicación vía satélite y en especial la que presta, opera y explota a través de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México. Que bajo este tenor la Ley debe evolucionar y adecuarse a los tiempos en que nos toca vivir, por lo que es urgente la adición y reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se verá reflejado en la interpretación y resoluciones que tomen las autoridades competentes y evitar que las normas jurídicas e interpretaciones actuales nos continúen impidiendo tener una mentalidad más abierta que permita el desarrollo económico y social de esta área prioritaria, por no querer entender que todo ha sufrido una evolución y que es necesario adecuarse a los tiempos actuales.

Manifiesta que estas adiciones contemplan la protección al usuario y están orientadas a fomentar una mayor oferta del servicio por el crecimiento de la industria de la comunicación vía satélite, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regule el aspecto de la transmisión, enajenación, cesión y/o venta de las acciones de empresas concesionarias de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, para proteger al público en general y a los usuarios y así evitar que se puedan dar prácticas monopólicas relativas o absolutas, ya que debe quedar claro que al ser una actividad o área económica prioritaria para el Estado Mexicano no pueden considerarse que hay monopolio.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Esta Comisión analizó el contenido, así como las posibles inconsistencias jurídicas de la iniciativa que se dictamina, con motivo de las adiciones a los artículos 11.A, 12.A, 30.A, 30.B, 30.C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto sólo encuentra justificación en el hecho de que el sistema satelital está considerado como un área prioritaria y el Estado tiene la obligación de velar por su buen funcionamiento.

2. En el texto vigente de la Ley de Concursos Mercantiles y en las propias concesiones se encuentra previsto lo relativo a la participación extranjera en empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones; a la obligación de las concesionarias de someter a aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cualquier suscripción o enajenación de acciones, así como la intervención de la SCT en los procedimientos concursales de empresas que presten algún servicio concesionado, e incluso la facultad de vetar cualquier convenio concursal, aspectos que conforman el eje rector de la propuesta.

3. Se estima que las disposiciones que, con el referido proyecto de iniciativa se pretenden incorporar en la Ley Federal de Telecomunicaciones, constituyen barreras de acceso al mercado mexicano y, por ende, contravienen los compromisos que México ha adquirido en tratados internacionales.

4. El proyecto se considera contradictorio, ya que hace una serie de argumentaciones respecto de la necesidad de reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de proteger la comunicación vía satélite, para regular los procesos de transmisión, enajenación, cesión y venta de acciones representativas del capital social en sociedades concesionarias de comunicación vía satélite que operan y explotan posiciones geoestacionarias asignadas al país, sin embargo los artículos propuestos se refieren tanto a dichas concesiones como a las otorgadas sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11.A, 12.A, 30.A, 30.B, 30.C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 17 de octubre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de octubre de 2008 se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del honorableCongreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1847, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo, por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. A partir de la entrada en operación y generalización de uso de las denominadas antenas parabólicas que captan señal televisiva vía satélite y con el ánimo de brindar un servicio gratuito a la población, algunos gobiernos municipales se dieron a la tarea de captar de manera directa la señal de canales que luego retransmitían en frecuencia abierta en un radio geográfico limitado.

Para los efectos del caso, instalaron receptores y decodificadores de señal televisiva satelital. A su vez, la señal era enviada de manera abierta a un número limitado de hogares. La cobertura de captación era de un radio geográfico por lo regular de una extensión aproximada a los 6 kilómetros.

No obstante que la medida adoptada por administraciones municipales contravenía las disposiciones preceptuadas en la legislación correspondiente, la iniciativa en mención contó con el beneplácito de amplios sectores de la población, que vieron con ello la oportunidad de acceder a una oferta variada de entretenimiento televisivo.

Entre otros argumentos, las administraciones correspondientes sustentaron la medida en el hecho de que la población beneficiada, está asentada en zonas geográficas que por efecto de sus características orográficas no captan en condiciones óptimas las señales enviadas por la televisión abierta, sin dejar de mencionar que en algunos otros casos no la reciben.

Además, la televisión como medio de comunicación masiva y gracias a los adelantos de carácter técnico y tecnológico, ha ganado un peso de influencia en las sociedades, porque se ha convertido en un medio de auxilio fundamental para la pedagogía.

Fue así, que algunos gobiernos municipales concretaron la iniciativa de invertir en infraestructura elemental, con lo cual fue posible en algunas zonas del país captar una señal televisiva de satélite que después fuera retransmitida en frecuencia abierta, gracias a que el desarrollo de los satélites significa precisamente la posibilidad de que la televisión, como medio de comunicación, alcance una cobertura geográfica total.

Sin embargo, la autoridad normativa puso freno a esta práctica, debido a que contravenía y contraviene lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. La iniciativa en referencia propone modificar el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que los gobiernos estatales y municipales puedan retransmitir señales de televisión abierta, para cumplir con un propósito que califican como educativo y cultural de la población.

La iniciativa planteada por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho plantea el texto siguiente:

Articulo 29. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geostacionales y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán tanto a particulares como a los gobiernos estatales y municipales,mediante el procedimiento de licitación pública a que se refiere la Sección II del presente capítulo, a cuyo efecto el gobierno federal podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones, sólo en caso de aquellos particulares que lucren con el uso de las concesiones, con excepción de las otorgadas a los gobiernos estatales y municipales.

Es necesario precisar, que el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se refiera a las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencia y derechos de emisión y recepción de señales, cuyo fin es diferente al que persigue el objeto de la presente iniciativa.

Para el efecto que persigue la iniciativa el artículo 13 del mismo ordenamiento indica que “el servicio de radiodifusión, incluyendo el otorgamiento, prórroga, terminación de concesiones, permisos y asignaciones, para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias atribuidas a tal servicio, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Radio y Televisión”.

En merito a lo anterior, la modificación y adición al artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones es técnicamente inviable, toda vez que dicho ordenamiento legal no regula ese tipo de servicios.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por los diputados Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 días de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Eric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de regulación de los alimentos que se comercializan en las escuelas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación a fin de que las autoridades educativas regulen los valores nutricionales de los alimentos que se comercializan en las instituciones educativas, a cargo del Congreso de San Luis Potosí, LVIII Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha de 9 de agosto de 2009 se recibió el oficio del Congreso de San Luis Potosí, LVIII Legislatura, por medio del cual remitió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 8 de septiembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa del Congreso de San Luis Potosí se refiere a la obesidad como una epidemia mundial y señala que la Organización Mundial de la Salud advierte que 17 millones de personas mueren cada año a consecuencia de la obesidad.

Mencionan cómo alguna vez la obesidad fue considerada problema sólo en países ricos. Sin embargo, señalan que hay más de 22 millones de niños menores de 5 años obesos o con sobrepeso en el mundo, de los que 17 millones viven en países en desarrollo.

Atribuyen dicho incremento a factores como el cambio de dieta a escala mundial, con mayor consumo de carbohidratos, grasa, sal y azúcar, y a la disminución de actividad física debido a la naturaleza sedentaria del trabajo, los transportes, la urbanización y, en general, las condiciones de la vida moderna, así como a los hábitos de recreación de niños y de adultos.

Los diputados locales expresan su preocupación mencionando que en el mundo 10 por ciento de los niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) padecen de sobrepeso u obesidad, porcentaje que afecta también los índices de mortandad, al presentarse como causas de decesos el padecimiento de diversas enfermedades crónicas, como la diabetes, las cardiopatías, el cáncer o ataques apopléjicos, en que las más de las veces se presentan en personas obesas o con sobrepeso.

En el mismo sentido, los diputados hacen referencia a diversas enfermedades ocasionadas por la obesidad, como enfermedad de la arteria coronaria, hipertensión, colesterol alto, trastornos de vesícula biliar y de los riñones, osteoartritis y apnea del sueño, así como enfermedades padecidas por niños que antes sólo atacaban a los adultos, como es el caso de la diabetes de tipo 2, antes conocida como “diabetes de adulto”.

De esa manera, los legisladores locales califican como urgente realizar las acciones que contribuyan de manera efectiva al combate de este problema, promoviendo una cultura de hábitos saludables desde la escuela y el hogar, buscando generar un efecto positivo, formando niños y adolescentes bien nutridos y activos, y reduciendo los gastos de salud.

Entre las acciones que consideran necesarias se encuentra impedir la venta de alimentos y bebidas que son poco o nada nutritivos en las tiendas escolares del nivel básico y se comience a formar conciencia sobre los daños para la salud de los niños y que pueden llegar a repercutir en su calidad de vida.

Finalmente, y de acuerdo con las consideraciones del Congreso de San Luis Potosí, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a XIII. ...

En coordinación con las dependencias estatales y las municipales correspondientes, así como con la Secretaría de Salud, establecerán los valores nutricionales mínimos que deberán contener los alimentos que se vendan o comercialicen en las instituciones de educación de los niveles básico y medio superior, prohibiendo la venta y comercialización de los de bajo o nulo valor nutricional y alto contenido calórico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en virtud del espíritu que guarda la iniciativa que se describe en el punto anterior, coincide con los legisladores en que los temas que les preocupan son de suma importancia para la educación y comparte la idea de que son prioridades que deben ser consideradas por el sistema educativo nacional.

Los integrantes de la comisión comparten las preocupaciones expuestas por los legisladores y reconocen que la obesidad es un problema de salud pública mundial. Particularmente en México, como en diversos países de Latinoamérica, la prevalencia de la obesidad ha aumentado considerablemente en todos los grupos sociales, en especial en los de bajo nivel socioeconómico.

Al respecto, el pasado mes de octubre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad mórbida, como resultado de la mala alimentación, por lo que considera necesario promover un cambio de estilo de vida, que incluya una nutrición sana y actividades físicas.

En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Coberturas del IMSS reveló que 1 de cada 4 niños de entre 5 y 11 años de edad tiene sobrepeso u obesidad, con lo que México se sitúa en el primer lugar mundial de infantes con obesidad.

La doctora Beatriz García Castillo, jefa del Departamento de Nutrición del hospital regional número 1 Carlos MacGregor Sánchez Navarro, asegura que este problema no es privativo de la población adulta, como señalan los iniciantes.

De igual manera, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 (Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud, 2006) señala que en los últimos años el sobrepeso y la obesidad se incrementaron progresivamente, en especial en la población de entre 5 y 11 años; además, se estima que actualmente 1 de cada 3 adolescentes (de 12 a 19 años) tiene sobrepeso u obesidad.

Por su parte, la Fundación Mexicana para la Salud presentó el pasado mes de agosto los resultados del estudio Factores asociados al sobrepeso y obesidad en el ambiente escolar, en el que señala que 26 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años de edad tiene ya sobrepeso u obesidad.

A fin de comprender con mayor claridad la gravedad del problema que revelan los datos mencionados, a continuación se hace referencia a las definiciones de los términos sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida:

La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso a partir de un índice de masa corporal (IMC = peso en kilogramos/tallaen metros cuadrados) en un rango de 25 hasta 29.9; y la obesidad, como un IMC igual o superior a 30.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado clasifica la obesidad como leve (de 20 a 40 por ciento de sobrepeso), moderada (de 41 a 100 por ciento de sobrepeso) o grave (más de 100 por ciento de sobrepeso).

Respecto de la obesidad mórbida, la Secretaría de Salud informó el pasado mes de junio que se trata de un padecimiento que afecta a alrededor de 3 por ciento de la población en general y que el término se refiere a la presencia de enfermedades. Por ello, las personas con este tipo de obesidad son quienes tienen el IMC de 40 o más acompañado de enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas pulmonares.

Finalmente, y dando cuenta de la preocupación de los legisladores que presentan la iniciativa, reconocemos que el sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud pública que requiere atención por parte del gobierno y que es importante que se establezca en la normatividad vigente la necesidad de la concurrencia de acciones para atacar problemas como los expuestos en la iniciativa.

Con la misma preocupación, el 28 de abril del año en curso, el pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó en sentido positivo el dictamen de las iniciativas de los diputados María Gabriela González Martínez, Ector Jaime Ramírez Barba, Francisco Javier Gudiño Ortiz (PAN), Alberto Amaro Corona (PRD), Diego Cobo Terrazas, Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) y Pedro Montalvo Gómez (PRI), todas ellas relativas al problema del sobrepeso y la obesidad en la población infantil del país.

El dictamen de esta comisión contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción a los artículos 12, 13 y 57, se reforman los artículos 59, 67 y 75, y se adiciona el artículo 72 Bis de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XI. ...

XI Bis. Establecer la normatividad para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, y –en colaboración con la Secretaría de Salud– los lineamientos respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares;

XII a XII. ...

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a IV. ...

IV Bis. Observar la normatividad que la autoridad educativa federal establezca para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, así como vigilar la aplicación de los lineamientos respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los centros escolares, establecidos en colaboración con la Secretaría de Salud;

V. a VII. ...

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán

I. a III. ...

III Bis. Cumplir la normatividad que la autoridad educativa federal establezca para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, y con la que, en colaboración con la Secretaría de Salud, se establezca respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares;

IV. a V. ...

Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán además contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; cumplir la normatividad que establezcan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares, y facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto

I. ...

II. Colaborar para una adecuada integración de la comunidad escolar; en la operación, mejora y vigilancia de las cooperativas, tiendas y comedores escolares, así como en el mejoramiento de los planteles;

III. a V. ...

Artículo 72 Bis. Los consejos de participación social a que se refiere esta sección colaborarán en la vigilancia de la aplicación de las normas establecidas para el funcionamiento de las cooperativas y tiendas escolares, así como la relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos

I. a VII. ...

VIII. Realizar o permitir que se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos ; o bien, de éstos cuando no cumplan los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública –en colaboración con la Secretaría de Salud– respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los centros escolares;

IX. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaria de Educación Pública elaborará en un plazo no mayor de tres meses, a partir de la publicación del presente decreto, una nueva versión del reglamento para las cooperativas y para las tiendas escolares, y actualizará el correspondiente a los consejos de participación social. Asimismo, en colaboración con la Secretaría de Salud, establecerá la normatividad relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares.

De esa manera, consideramos que el decreto aprobado por esta dictaminadora no sólo comprende las preocupaciones expuestas por los legisladores sino que atiende también la necesidad de organizar y supervisar las cooperativas, los comedores y las tiendas escolares.

En la misma fecha de su aprobación, la comisión remitió el dictamen a la de Salud, por tratarse de iniciativas turnadas a ambas como comisiones unidas, a efecto de que fuera analizado y votado por sus miembros a fin de remitirlo a la Mesa Directiva para aprobación del pleno.

Cabe señalar que el artículo 83 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la presidencia de las comisiones será responsable de los expedientes que pasen a su estudio [...] y que dicha responsabilidad no cesará sino hasta que fuesen devueltos; es decir, que las cuatro iniciativas mencionadas continúan siendo responsabilidad y objeto de análisis hasta ser devueltas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido, las tareas de dictamen, reguladas en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deben finalizar de acuerdo con su proceso legal y las prácticas parlamentarias.

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente iniciativa por tratarse de temas ya atendidos, por lo que se proponen a esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, enviada por el Congreso de San Luis Potosí, LVIII Legislatura.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 1608, que contiene la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, cuya iniciativa fue presentada por la entonces diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 inciso D, 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 14 de abril de 2005, la entonces diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el día 26 de abril de 2006, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, el cual fue aprobado con 325 votos a favor y 4 abstenciones; turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

4. En sesión celebrada el día 27 de abril de 2006 en asunto antes referido se turnó al Senado de la Republica cuya Mesa Directiva remitió la minuta a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.

5. En sesión celebrada el día 13 de febrero de 2007, la Cámara de Senadores desechó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el día 19 de abril de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente No. 1608 que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

7.Que durante el proceso de entrega recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, por lo cual esta comisión legislativa procede a elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El asunto que se dictamina, tiene por objeto desechar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre, para tal efecto la Colegisladora expone que:

El apartado de Consideraciones bajo las cuales la Cámara de origen sustentó su dictamen, señala que “existen diversas especies cuyas poblaciones se encuentran amenazadas o en peligro de extinción como consecuencia de la sobre explotación, la sustitución de flora debido a la práctica del monocultivo, la contaminación del agua y del aire, el deterioro del suelo, el comercio ilegal, la destrucción del hábitat, el aprovechamiento incontrolado y la introducción de especies exóticas, han puesto en situación muy difícil a un gran número de especies.

“México cuenta con una gran diversidad de flora y fauna silvestre la cual lo coloca en los primeros lugares de las lista de riqueza de especies. Aunada a esta riqueza. México cuenta con gran cantidad de especies endémicas que están protegidas por acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro, Brasil en 1992, y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés), promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992.”

Bajo estos argumentos la reforma planteaba el siguiente texto:

Artículo 85. Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción, estará sujeto a que se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente para cualquiera de las tres actividades mencionadas anteriormente y que:

a) Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a su vez contribuya con el desarrollo de poblaciones en programas, proyectos o acciones avalados por la Secretaría cuando éstos existan, en el caso de ejemplares en confinamiento.

b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción controlada, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.

Para el caso de aprovechamiento a que se refieren los artículos 92 y 93, se podrá restringir el uso de especies consideradas como en peligro de extinción o amenazadas. Las autoridades competentes determinarán las especies y las tasas de aprovechamiento de las especies permitidas para este efecto.

Así, la Colegisladora sustento el desecho de la reforma antes referida en que las actividades que pretende regular la iniciativa ya se encuentran consideradas por otras disposiciones, en particular, en lo referente a las especies amenazadas y en peligro de extinción, que se encuentran sujetas a la Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Además, el segundo párrafo del artículo 92 de la Ley General de Vida Silvestre, otorga a la Secretaría la posibilidad de establecer limitaciones o negar el aprovechamiento, en los casos en que la información muestre que dichas prácticas o volúmenes están poniendo en riesgo la conservación de las poblaciones o especies silvestres, lo que para el Senado de la República hace innecesario aprobar la reforma contenida en la minuta enviada por esta Cámara.

Esta Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estima que los razonamientos bajo los cuales el Senado de la República sustentó su dictamen de desecho, son infundados y planteados desde una perspectiva errónea; ya que, los artículos que pretendió regular el planteamiento original de reforma, se refieren al aprovechamiento de subsistencia, actividad que no se encuentra sujeta al CITES en virtud de que su objeto por ningún motivo es el traslado, exportación, importación o en su caso reexportación de ejemplares de fauna silvestre, por el contrario, la actividad versa sobre un aprovechamiento cuyo principal fin es el autoconsumo de la vida silvestre y en su caso, la comercialización a pequeña escala; por lo que respecta al segundo párrafo del artículo 92 referido el cual se refiere en el acuerdo de desecho, éste establece que “Las autoridades competentes promoverán la constitución de asociaciones para estos efectos.”, por lo que evidentemente su contenido fue aludido erróneamente por la Colegisladora.

Si bien esta comisión no coincide con los argumentos vertidos por el Senado de la República en el dictamen de desecho a la minuta en estudio, ha determinado correcto adherirse al mismo en virtud de que por lo que toca al artículo 93 de la Ley General de Vida Silvestre, relativo a los aprovechamientos para ceremonias y ritos tradicionales, su párrafo segundo abre la posibilidad de interpretar, que dicho aprovechamiento, estará sujeto a autorización de la Secretaría, la cual en todo momento tendrá la posibilidad de negarlo o limitarlo en caso de que ponga en riesgo la conservación de las especies silvestres; sin embargo, para el caso del aprovechamiento meramente con fines de subsistencia, el artículo 92 de la Ley no prevé esta posibilidad, lo que hace imperante que de manera expresa el cuerpo normativo imponga limitaciones a esta actividad. Desafortunadamente la vía planteada por la diputada promovente no resulta la más congruente, pues al caso resulta inadecuado el término “restringir”, en virtud de que las autorizaciones de la Secretaría se otorgan o niegan, en ningún caso se restringen.

Aunado a lo anterior, esta comisión reconoce la importancia de legislar en la materia propuesta por la minuta; sin embargo, su aprobación no resolvería el problema integralmente, por lo que se estima pertinente su desecho ya que esta comisión tiene turnadas 2 iniciativas de reforma a la Ley General de Vida Silvestre en materia de aprovechamiento de subsistencia presentadas durante la LX Legislatura por lo diputados Christian Martín Lujano Nicolás del Partido Acción Nacional, y los diputados Octavio Klimek Alcaraz y Carlos Roberto Martínez Martínez del Partido de la Revolución Democrática, las cuales abordan desde una mejor perspectiva el tema planteando.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. De conformidad con lo determinado por la Colegisladora y lo establecido por el inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley General de Vida Silvestre.

Segundo. Archívese.

Nota:

1 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Así lo acordó y votó en sesión plenaria la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 4478, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 45 y 51 de la Ley de Federal de Sanidad Animal, cuya iniciativa fue presentada por el entonces diputado Luis Maldonado Venegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 inciso D, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 24 de agosto de 2005, el entonces diputado Luis Maldonado Venegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

2. Esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En sesión celebrada el día 25 de abril de 2006, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal, el cual fue aprobado con 330 votos a favor y 4 abstenciones; turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

4. En sesión celebrada el día 26 de abril de 2006 el asunto antes referido se turnó al Senado de la Republica cuya Mesa Directiva remitió la minuta a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

5. En sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2007 la Cámara de Senadores desechó la minuta con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2008 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que la Cámara de Senadores devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente No. 4478 que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

7. Que durante el proceso de entrega recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal, por lo cual esta comisión legislativa procede a elaborar el presente dictamen.

Consideraciones

La reforma que dio origen a la minuta que se dictamina, inicio su proceso legislativo en día 24 de agosto de 2005, y tenía por objeto reformar los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para regular y garantizar la actuación de las autoridades para procesar cualquier denuncia en materia de ataques a las especies de animales o problema que puedan generar alguna de ellas. Cuando el Senado de la República realizo el análisis y estudio del presente asunto, decidió desecharlo de plano, sustentándolo en que la iniciativa “pretendía modificar los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal, vigente hasta el día 25 de julio de 2007; esta ley quedó abrogada por una nueva ley llamada actualmente “Ley Federal de Sanidad Animal”.

Esta comisión dictaminadora, coincide plenamente con la consideración que sustentan el desecho del presente asunto, en virtud de que durante su proceso legislativo quedo abrogada la ley que reformaba, por lo que no existe materia para entrar a su estudio de fondo, toda vez que en la práctica parlamentaria y el derecho aplicado resulta imposible reformar una ley abrogada.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y para los efectos de lo dispuesto por el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. De conformidad con lo determinado por la Colegisladora y lo establecido por el inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 51 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Segundo. Archívese.

Así lo acordó y votó en sesión plenaria la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2009.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Por lo que se refiere a los dos últimos dictámenes, devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROGRAMAS SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL Y AL CAMPO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Esta Presidencia recibió del diputado Óscar Román Rojas González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a que estudie la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas dirigidos al desarrollo social y al campo, a fin de fomentar el desarrollo regional, aumentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Óscar Román Rosas González, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Motivos

El México que hoy conocemos, es producto de la formación de un sistema político que privilegió a la federación por encima de entidades y municipios, complicando así el desarrollo integral de cada una de las regiones del país.

Los programas de combate a la pobreza y de fortalecimiento al campo, aplicados de manera unilateral por el gobierno federal, han demostrado su ineficacia e insuficiencia; ya que son implantados de manera homogénea al no tomar en cuenta las características de cada estado, municipio o región.

Los estados y municipios tienen nula participación en la determinación de las zonas de atención inmediata y prioritaria del país. Éstas son elaboradas desde una perspectiva diferente a las condiciones actuales en que viven las comunidades en México.

Producto de estas medidas, hoy vemos a lo largo y ancho de nuestra nación, que la pobreza aumenta exponencialmente y el campo es cada día menos rentable, condenando a millones de mexicanos a vivir en condiciones infrahumanas.

En México la política social tiene enfoques distintos, mismos que se contraponen por las necesidades propias de cada región de la República Mexicana.

En relación al campo el fenómeno se reproduce, ya que el sector agrícola ha dejado de ser, el activo generador de ingresos para la población rural, originando una mayor migración de comunidades rurales a las grandes urbes a lugares conurbados; ocasionando un déficit de servicios públicos.

La relación estados, municipios y federación, se caracteriza por el enfrentamiento, la falta de coordinación y efectividad en la Política Social, porque no existe una coordinación adecuada y una visión global, que permita enfrentar los retos de hoy.

De esta manera, los gobiernos locales y municipales se ven en la necesidad de gestionar ante las autoridades federales, incrementos sustantivos en las participaciones federales que les permita atender las necesidades prioritarias de los que menos tienen.

La experiencia dicta que las autoridades locales y municipales son quienes conocen a fondo las necesidades más elementales de su población, sin embargo, sus propuestas para mejorar la calidad de vida de sus propias comunidades, muy pocas veces, son tomadas en cuenta.

Campeche es un estado que cuenta con vastos recursos naturales, que son usufructuados por la Federación, generando riqueza y bienestar, que no se redistribuye de manera equitativa y proporcional.

El progreso de los campechanos no puede esperar que la voluntad de la autoridad federal se haga presente y destine los recursos que le corresponden a cada Estado.

El desarrollo de México no debe basarse en una visión centralista, tenemos que fortalecer un federalismo más solidario, que transite de un enfoque centralista a una perspectiva más amplia de desarrollo nacional, sustentado en la fortaleza y diversidad de las regiones.

No queremos un Estado burocrático centralista, es la hora de establecer las bases de un Estado nacional con una visión regional, un Estado más eficaz, más justo y más democrático.

Vivimos una crisis alimentaría en el mundo y ante ello México cuenta con las oportunidades y condiciones suficientes para que nuestro campo aproveche las condiciones mundiales, pero no se hace. Las prioridades macroeconómicas son otras y lo peor, ahora importantes grano para el consumo interno, pudiendo producirlo nosotros.

Ampliar la capacidad de acción de los estados y municipios no es una concesión o una opción. Es una condición si queremos salir adelante. Es uno de los más grandes desafíos a que pueden enfrentar los ideales de modernidad del Estado mexicano.

Seguramente ningún otro reto como este, tenga mayor contenido político, de esta decisión colectiva depende en gran medida la disminución de la pobreza que existe en el país y en el campo mexicano.

Los retos nacionales solo podrán ser cumplidos si incorporamos la visión de los estados y los municipios.

Por ello, se hace necesario descentralizar los programas sociales y del campo, para atender una problemática real en que viven millones de mexicanos y dar paso al establecimiento de un federalismo más justo, equitativo y solidario.

Por lo expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, como urgente y de obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a estudiar la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, aumentar la productividad del campo e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social.

ENERGIA EOLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al proyecto eólico Energía Sierra Juárez.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al proyecto eólico Energía Sierra Juárez, a cargo de la diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Laura Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las energías renovables presentan un potencial muy importante para sustituir gradualmente a los combustibles fósiles en el portafolio energético nacional, con la ventaja adicional de reducir las emisiones del sector energético, que es el sector más contaminante de nuestro país.

El Partido Verde Ecologista de México ha sido un fuerte impulsor de las energías renovables. Prueba de ello es la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la cual hemos impulsado desde 2005 y finalmente fue publicada en noviembre de 2008.

Dentro de las energías renovables, la eólica es la que ha crecido con mayor rapidez, tanto a nivel mundial como nacional. En México, el Programa Nacional para el Aprovechamiento de Energías Renovables indica que los proyectos eólicos tienen actualmente una capacidad instalada de 85.25 megavatios, es decir, 0.15 por ciento de la capacidad total del país.

Por otra parte, el potencial explotable de la energía eólica es de al menos 10 mil megavatios. En consecuencia, se encuentran en desarrollo y planeación diversos proyectos eólicos, de manera que, en el año 2012, se espera que la energía eólica ocupe al menos 4.34 por ciento de la capacidad instalada para generación eléctrica.

Uno de los proyectos que se encuentran en la fase de planeación se denomina “Energía Sierra Juárez”, ubicándose en los municipios de Tecate, Ensenada y Mexicali, en Baja California. Se prevé que este parque eoloeléctrico generará entre mil y mil 200 megavatios totales de energía eléctrica.

La inversión total estimada para el proyecto es de mil a 5 mil 500 millones de dólares. Se estima que se instalarán alrededor de mil aerogeneradores con capacidad de 1.5 a 10 megavatios cada uno.

Un dato relevante, relativo al área del proyecto, es que su extensión total es de 294 mil 273.64 hectáreas; sin embargo, el proyecto utilizará solamente 5 mil 120 hectáreas discontinuas para su construcción y operación. Cabe mencionar que el parque nacional Constitución de 1857, con una superficie aproximada de 4 mil 991 hectáreas, se localiza dentro del área considerada para el proyecto. Este parque está declarado como área natural protegida, bajo la categoría de parque nacional.

Inicialmente fue decretado como reserva forestal el 31 de junio de 1951, y cambia de categoría en el decreto del 13 de junio de 1951, que lo estableció como reserva forestal nacional. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 1962 se declara como parque nacional para la conservación de la flora y fauna.

La vegetación está conformada por matorral xerófilo, bosque de pino-encino y bosque mediterráneo (de coníferas), el cual es un bioma único en Norteamérica. La fauna cuenta con especies como venado bura, puma de montaña, borrego cimarrón, zorros y conejos. En el área existen más de 50 especies de aves, sobresaliendo las codornices, pájaros carpinteros, patos, halcones y el águila calva. Cabe mencionar que varias de estas especies se encuentran en peligro de extinción.

El parque nacional ha sido considerado en función de que los bosques ubicados en esta zona constituyen un macizo forestal único en la península y son de gran trascendencia para el régimen climatológico, pluviométrico e hidrográfico de la península de Baja California. Debido a estas características, el parque es una zona importante para la conservación.

Por su parte, la manifestación de impacto ambiental del proyecto Energía Sierra Juárez fue inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 15 de septiembre de 2009 y puede consultarse en la siguiente página electrónica:

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bc/estudios/2 009/02BC2009E0007.pdf

Este documento señala en repetidas ocasiones que el proyecto no pretende desarrollar instalaciones (específicamente, las líneas de conducción eléctrica) dentro del parque nacional, aún cuando es permitido por el programa de ordenamiento ecológico de Baja California.

Por otra parte, el programa de ordenamiento ecológico estatal dice a la letra: “en el área natural protegida denominada parque nacional Constitución de 1857 se aplica una política particular de protección con uso activo y protección con uso pasivo para desarrollar actividades vinculadas con el ecoturismo, turismo rural y la conservación de ecosistemas de relevancia ecológica. El desarrollo de obras y actividades dentro de esa área natural protegida deberá ser acorde con la legislación ambiental vigente y con lo establecido en la declaratoria y en el programa de conservación y manejo vigente”. El programa de manejo del parque aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, por lo cual no se puede asegurar que se permite el desarrollo de instalaciones dentro del área protegida.

Adicionalmente, es necesario considerar que las actividades de preservación del equilibrio ecológico no deben limitarse al área que abarca el parque, sino que también deben abarcar la zona de influencia que los circunda, dado que los impactos negativos que ocurren en la zona de influencia pueden afectar indirectamente a las especies de flora y fauna del área natural protegida, las cuales no se rigen por límites territoriales establecidos por los humanos.

Esto es especialmente importante en los parques nacionales, que son áreas pequeñas. En este caso particular, el parque está completamente circundado por el área del proyecto, lo cual abre la posibilidad de impactos ambientales negativos en la zona de influencia, que podrían afectar al parque.

Al día de hoy, el trámite que Semarnat ha dado a la manifestación de impacto ambiental del proyecto es el turno de oficio de información faltante, por lo cual está aún en la fase de “Recepción e integración del expediente”, es decir, la primera de cuatro fases necesarias para concluir el trámite.

Por consiguiente, ahora es un buen momento para revisar y, en su caso, prevenir un impacto negativo del proyecto sobre el parque nacional y sobre su zona de influencia. Por ello proponemos exhortar a Semarnat a analizar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental del proyecto.

De manera complementaria, proponemos exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a entregar oportunamente la opinión técnica sobre el proyecto, cuando así lo solicite Semarnat.

Reiteramos que el Partido Verde Ecologista de México no se opone al avance tecnológico, mucho menos cuando se trata de energías renovables que contribuyen a disminuir las emisiones del sector energético. Sin embargo, esta cualidad no exime a dichos proyectos de la obligación de respetar el equilibrio ecológico y la integridad de las áreas naturales protegidas.

En mérito de lo expuesto y fundado, la legisladora que suscribe somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar exhaustivamente la manifestación de impacto ambiental del proyecto eólico Energía Sierra Juárez, con la finalidad de que el área natural protegida parque nacional Constitución de 1857 y la zona de influencia que lo circunda, no sean afectadas por las obras y actividades del proyecto, solicitando para ello la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que al recibir la manifestación de impacto ambiental del proyecto eólico Energía Sierra Juárez, entregue oportunamente la opinión técnica correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.— Diputada Laura Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CANCER DE MAMA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que destine recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular; y a la Cofepris para que modifique la NOM 041-SSA2-2002.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular; y a la Cofepris, a modificar la NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdocon base en las siguientes

Consideraciones

A pesar de que la salud, la cobertura y la calidad en la prestación de servicios son indicadores directos del bienestar y la igualdad de oportunidades de un país; en México, el nivel de gasto público en salud no le ha permitido al estado mexicano cumplir cabalmente con la obligación de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a toda la población pues representa 46% del gasto total en salud, porcentaje mucho menor que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de 72%. De hecho, México es el país miembro de esta organización con el gasto público en salud como porcentaje del PIB más bajo, lo que se traduce en rezagos acumulados y una grave desigualdad en los niveles de salud y la distribución de recursos entre grupos sociales y regiones.

Una de las enfermedades que siguen causando grandes estragos en la población mexicana y que a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de mortalidad, es el cáncer, padecimiento que a través de los años se ha vuelto un problema de salud pública debido a que no obstante los avances en la investigación y la diversidad en tratamientos dependiendo el tipo, se le atribuyen 7.9 millones de defunciones ocurridas tan sólo en 2007 y se estima que alrededor de 84 millones de personas morirán a causa de esta enfermedad entre 2005 y 2015.

El cáncer mamario, es el cáncer más común a nivel mundial entre las mujeres. En la actualidad 4.4 millones de mujeres viven con la enfermedad y se registran 411 mil muertes al año. Dichas estimaciones consideran solamente los casos diagnosticados y reportados, lo cual sugiere que el número de casos prevalentes es mucho mayor. Para este año se proyectaron 1.35 millones de nuevos casos, y en 2010 se espera que sean 1.5 millones, cifra que corresponde al 10.5% de todos los nuevos casos de cánceres, el único tipo de cáncer que registra más casos es el de pulmón.

En México, 12 mujeres mueren diariamente a causa de cáncer mamario, lo cual representa, aproximadamente, una tercera parte de las pacientes diagnosticadas con este tumor maligno. Diversos estudios revelan que nuestro país muestra incrementos constantes en la mortalidad de esta enfermedad; basta mencionar que en el período de 1980 a 2005 se registraron un total de 67,854 defunciones por cáncer mamario, con un aumento estimado anual del 3.6% en los últimos 18 años.

Adicionalmente, a partir de 2006 el cáncer mamario es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años, desplazando al cáncer cérvicouterino. Los datos sobre detección, si bien se encuentran subreportados, muestran que en 1990 hubo 6 mil nuevos casos y se estima un incremento cercano a los 16,500 nuevos casos anuales para 2020.

Aunque el 95% de los casos son prevenibles y curables si se diagnostican y atienden oportunamente en la etapa I, las mujeres mexicanas continúan muriendo por esta causa, tan sólo en el 2007 se reportaron 4 mil 851 decesos, con una tasa de 16.5 por cada 100 mil mujeres. Según la Sociedad Americana de Cáncer, las mujeres con tumores diagnosticados en etapa I tienen una supervivencia mayor al 95%, en contraste con 27% de las mujeres diagnosticadas en etapas más avanzadas. (American Cancer Society, 2008).

Esta evidencia sugiere que en México la detección tardía sigue siendo la norma y no la excepción. Más del 80% de los casos de cáncer de mama se identifica en etapas avanzadas de la enfermedad en contraste, por ejemplo, con la situación en los Estados Unidos, donde aproximadamente el 60% de los casos de cáncer mamario son diagnosticados en estadio I, en nuestro país la cifra se estima menor al 10%. De hecho, entre 40 y 50% de los casos se presentan en estadios III y IV y se ve poca mejoraría en estos porcentajes desde principios de los años noventa (México Reporte Rosa 2009-2010).

La utilización de la mamografía, el examen clínico y el autoexamen en México continúan siendo prácticas extremadamente poco efectuadas, particularmente entre la población de bajos recursos y en las áreas rurales. De acuerdo al Programa de Acción del Cáncer de Mama 2007-2012, la cobertura de detección por mamografía en mujeres de 50 a 69 años de edad es apenas del 8.5%.

Por otro lado, sólo el 22% de las mujeres de 40 a 69 años de edad reportaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2005-2006 haber tenido una revisión clínica de mamas o una mamografía. La encuesta anterior muestra que sólo el 12% de las mujeres de 40 a 69 años de edad se había sometido a algún examen de diagnóstico de cáncer, incluyendo la mamografía, practicada por sólo 1 de cada 5 mujeres. La cifra llega apenas a 16% en el quintil más pobre de la población, comparado con un 28% entre el 20% de la población con recursos económicos más elevados.

En cuanto a la autoexploración, un estudio indica que menos del 15% de las derechohabientes del IMSS y la Secretaría de Salud se exploran los senos mensualmente. Por su parte, la frecuencia con que las mujeres acuden a un examen clínico es de 29% entre las mujeres de muy bajo nivel socio-económico comparado con 49% entre las de nivel alto. La frecuencia es más de dos veces mayor entre las mujeres de por lo menos estudios de bachillerato y residentes en áreas rurales (43%) que entre las mujeres sin escolaridad residentes en áreas rurales (20%).

Debido a las debilidades del sistema de salud y la poca información que recibe la población acerca de la prevención de esta enfermedad, los resultados que arroja un estudio en tres hospitales públicos del país, confirman la falta de acciones y apoyo. El 90% de las mujeres estudiadas identificaron tardíamente por sí mismas una lesión mamaria que fue confirmada posteriormente como maligna.

Ello, aunado a la ausencia de programas de detección temprana explican la alta proporción de diagnósticos tardíos de cáncer mamario, los cuales para su tratamiento consumen eventualmente mayores recursos financieros del sector salud y determinan un aumento constante de la mortalidad por cáncer mamario en este país. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el costo por año-paciente para mujeres diagnosticadas en el año 2002 en etapa I resultó de $74,522, comparado con $102,042, $154,018, $199,274, en etapas II, III y IV, respectivamente.

Todas estas cifras demuestran que en México el acceso a la información sobre el cáncer de mama, el autocuidado y los procedimientos para la detección oportuna de esta afección, continúan siendo una barrera importante para la salud de las mujeres, que se encuentra determinada, en gran medida, por la capacidad económica y la condición de aseguramiento, hechos que se ven reflejados con la búsqueda, acceso y utilización de los servicios de atención.

El sistema de seguridad social en nuestro país cubre alrededor del 40% al 45% de la población total, y tiene incluido dentro del paquete de servicios disponible, la provisión de tratamiento del cáncer. No obstante, el acceso a esta atención está restringido a aquellas personas que trabajan en el sector formal de la economía y el resto de la población depende de servicios públicos de la Secretaría de Salud, hasta hace poco, sin protección financiera por ello una gran mayoría de la población, en especial las personas no aseguradas, sufragan los servicios y utilizan el sector privado.

Como se menciona en el estudio “Cáncer de mama en México: una prioridad apremiante”, una iniciativa de política clave fue la creación del Seguro Popular de Salud ya que incluyó un aumento sustancial del financiamiento y ofreció protección financiera a todas las familias que no contaban con seguridad social, con énfasis particular en los segmentos más pobres de la población. A principios de 2007, el tratamiento del cáncer de mama, incluidos los servicios de diagnóstico y medicamento, se incorporaron al Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Ello derivó en que, a partir de entonces cualquier persona diagnosticada con cáncer de mama, al margen de su situación de ingreso y empleo, tiene ahora el derecho de recibir atención médica integral con fondos públicos.

A pesar de que el sistema de salud mexicano es uno de los pocos dentro del grupo de los países en vías de desarrollo en donde la atención y el tratamiento del cáncer de mama están cubiertos con seguros públicos para todas las personas; la cobertura sigue siendo limitada y la falta de recursos ha generado una presión grande para alcanzar las necesidades de tratamiento requeridos por parte de la población detectada con la enfermedad. Ello demuestra que pese a todos los esfuerzos realizados por el sector público, y al fortalecimiento de acciones para la sensibilización de la población y del personal del sector salud, la falta de concientización, la detección oportuna, y el tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama son aún escasos.

De ahí la importancia y la oportunidad que representan los programas de promoción de la salud de la mujer para poder incidir en la detección temprana y la prevención y atención del cáncer mamario.

Un ejemplo de ello es el Programa de Acción de Cáncer de Mamá 2007-2012, que está a cargo del Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegysr), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tiene como fin contribuir a mejorar los servicios médicos de los sectores sociales más desprotegidos, a través de la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones del sector salud, así como de la salud sexual y reproductiva.

A pesar de que el Cnegysr es la institución encargada de brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer mamario, punto de suma importancia ante las evidentes y preocupantes cifras, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 le asignó un monto insuficiente comparado al monto aprobado en 2009, lo que representa una reducción que se traduce en un retroceso para el avance y cumplimento de los objetivos planteados en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 en donde se establece como meta incrementar al triple la cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 45 a 64 años y promover la prevención, detección y atención temprana de este tipo de cáncer.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que si el gobierno estableció como prioridad la lucha del cáncer mamario, y la tarea del Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva forma parte de las acciones por informar, educar y brindar servicios que abarcan no sólo la prevención, detección y atención del cáncer mamario, sino también temas como el cáncer cérvicouterino, la salud materna y perinatal, la prevención y atención de la violencia y la salud reproductiva, esta instancia debe asignársele los recursos suficientes para tarea tan importante.

Asimismo, consideramos urgente aumentar los recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, que otorga los servicios para la atención del cáncer de mamario, debido a que para atender la pandemia de la influenza humana AH1N1, la Secretaría de Salud tuvo que tomar recursos de dicho Fondo, lo cual se tradujo en la reducción automática de los recursos disponibles para atender dicho padecimiento y otros como el cáncer cérvicouterino, el VIH/sida, los cuidados intensivos neonatales, el cáncer de niños y adolescentes, entre otros. Diversas notas señalan que de los aproximadamente 1,800 millones de pesos que tenía asignado este Fondo, se han utilizado ya alrededor de un 70% y la adquisición de vacunas para atender tanto la influenza estacional como la que contiene la cepa AH1N1, implica otras erogaciones de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Por otra parte, el documento que unifica en México las acciones en salud en materia de cáncer de mama y tiene como propósito contribuir a la disminución de las tendencias de mortalidad por esta patología es la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, en la que se definen los criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer mamario y la cual es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado que brinden atención médica.

Debido a que la NOM-041-2002 fue publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2003 y entró en vigor al día siguiente con una vigencia de 5 años, actualmente está en proceso el anteproyecto para su modificación, titulado para quedar como “Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”.

El anteproyecto contempla varias modificaciones que ofrecen aportaciones importantes; sin embargo algunos cambios han causado controversias. Por ejemplo, el Reporte Rosa México 2009-2010, destaca que entre las diferencias importantes con la NOM-041-2002 se encuentra que el anteproyecto no menciona la necesidad de realizar actividades extramuros para difundir información sobre el riesgo y la detección del cáncer mamario.

Tanto la NOM-041-2002 como el anteproyecto de modificación señalan el examen clínico anual, pero cabe apuntar que ninguno de los dos incluye recomendaciones específicas en relación a cómo aumentar su eficacia y cobertura. Siendo el examen clínico una técnica de muy bajo costo y con una probabilidad alta de ayudar en la detección más temprana de las lesiones mamarias, la falta de indicaciones adicionales específicas en el anteproyecto es notoria.

Donde el anteproyecto es especialmente restrictivo, según el mismo Reporte, es en las indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía. Con esta iniciativa normativa se pretende ofrecer el servicio a un grupo más reducido de mujeres. Específicamente, entre las mujeres asintomáticas se busca practicar la mamografía sin indicación médica únicamente a partir de los 50 a 69 años y en forma bienal. El anteproyecto a discusión considera que en mujeres asintomáticas de 40 a 49 años sólo se realizará cada dos años y por alguna de las siguientes razones: antecedentes de cáncer de mama directos (madre, hijas o hermanas) y/o indicación médica según valoración individual de los factores de riesgo. De igual forma, entre mujeres mayores de 70 años se contempla únicamente en caso de antecedentes de cáncer o por indicación médica.

Debido a las recomendaciones internacionales y a las implicaciones que tendría esta recomendación, ya que en el caso de México se observa, como se ha mencionado a lo largo de este documento, una alta proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer mamario entre los 40 y 49 años, la posibilidad real de esta modificación ha generado un debate importante.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que si el propio Programa Nacional de Salud 2007-2012 reconoce que el cáncer de mama sigue causando un número importante de muertes, sobre todo en las mujeres de 40 a 49 años de edad es menester que en la actualización de la NOM -041-SSA2-2002 se cambien las nuevas indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía y tomen en cuenta las observaciones hechas por las organizaciones de la sociedad civil y diversos investigadores que trabajan en temas de cáncer de mama y que pretenden a través del estudio “México Reporte Rosa 2009-2010, contribuir en el proceso de toma de decisiones, en formulación e implementación proyectos, en el fortalecimiento de las instituciones y en la ampliación de la investigación sobre el cáncer de mama como una prioridad en el tema de salud de la mujer y para los sistemas de salud en este país.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del seguro popular con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y atención del cáncer de mama en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, en la revisión del proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; a tomar en cuenta las recomendaciones que diversas instituciones y organizaciones hacen en el estudio “México Reporte Rosa 2009-2010”, en específico, las indicaciones referentes a la aplicación de la mamografía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Salud.

IMPACTO AMBIENTAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, con el objeto de agilizar y facilitar los trámites de estudio y manifestación del impacto ambiental.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a agilizar y facilitar los trámites de estudio y manifestación del impacto ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

La acuicultura ha venido incrementando su importancia a nivel internacional, representa una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria, ya que tiene tasas de crecimiento que superan el 10 por ciento anual y una producción mundial anualizada que supera los 60 millones de toneladas.

En el ámbito nacional, la producción acuícola es liderada por el cultivo de camarón, que se desarrolla principalmente en la región noroeste, en este sentido es importante mencionar que existe un amplio potencial de desarrollo de esta industria para el país. Razón por la cual, algunos gobiernos estatales con potencial para la acuicultura, han incluido a esta actividad dentro de sus agendas de gobierno, así como en sus planes de desarrollo.

La acuicultura es una fuente adicional de proteína, contribuye a la seguridad alimentaria, a la generación de divisas, contribuye al fomento del desarrollo regional y a la creación de nuevas fuentes de empleo, así como a la reducción de la presión sobre los recursos naturales, particularmente en áreas costeras.

La aportación de esta actividad es de poco más del 12 por ciento de la producción pesquera total, aunque se estima que tiene un potencial para alcanzar hasta un 40 por ciento de dicha producción pesquera total. Entre las limitantes de la actividad está el alto costo de la electricidad, los alimentos y el comercio desleal; por ejemplo, la tilapia china está llegando en cantidades de 30 mil a 40 mil toneladas por año, a precios de 11 pesos por kilogramo.

Para impulsar este tipo de actividades es prioritario fomentar acciones que les permitan consolidar su lugar en el mercado nacional e internacional, para ello, es importante que el marco normativo que regula dicha actividad sea claro y especifico, a fin de permitir que el sector acuícola tenga certeza jurídica.

Por otra parte, uno de los obstáculos que complica el proceso de crecimiento de dicha actividad primaria está relacionado con la tramitología que dificulta la posibilidad de integrar procesos productivos tecnificados a las granjas, debido a que el proceso para conseguir la certificación de impacto ambiental es caro y tardado.

No debemos perder de vista que la aplicación de la tecnología en el mejoramiento de la producción en granjas otorga ventajas que se traducen en mejores ingresos, un nivel de producción más alto lo que genera un beneficio económico que mejora la calidad de vida de las familias acuicultoras del país.

Algunos acuicultores mencionan que una solicitud para usar el agua para la acuacultura, que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les llega a costar hasta 50 mil pesos, además del costo adicional por el permiso que se debe tramitar en la Comisión Nacional del Agua. Es importante mencionar que en la gran mayoría de los casos, el valor de la granja por tratarse de pequeños productores varía entre los 10 y 50 mil pesos, haciendo un comparativo con el costo de los trámites, el monto representa en algunos casos hasta cinco veces el costo de la granja.

Hablando de la temporalidad, los acuicultores han manifestado su inconformidad debido a que el tiempo que deben esperar para que les den una respuesta respecto a su solicitud llega a ser hasta de dos años. Durante este lapso de tiempo el proceso de producción se ve mermado debido a la lentitud del trámite.

Asimismo, un número importante de proyectos de infraestructura continúan “durmiendo el sueño de los justos”, debido a que las autoridades correspondientes aún no realizan el análisis que permita emitir un juicio relacionado con el impacto ambiental que puede ocasionar la obra.

No se trata de un asunto político, es una cuestión administrativa, en donde el ejercicio público debe desempeñarse conforme a la normatividad aplicable, no podemos seguir tolerando que los proyectos con un alto impacto social continúen siendo bloqueados o desechados por no convenir a intereses particulares.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua a agilizar y facilitar la realización de los trámites de estudio y manifestación de impacto ambiental, con el objetivo de que un número mayor de acuicultores puedan realizar los trámites conducentes que les permitan obtener la manifestación de impacto ambiental, la cual incentivará la existencia de un número mayor de granjas acuícolas en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INSTRUCCION AMBIENTAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a que se revisen los contenidos curriculares del Sistema de Educación Básica y de Bachillerato, a fin de promover la educación ambiental.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a efecto de que se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y del bachillerato para promover la instrucción ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Sólo tenemos una oportunidad para preparar a nuestros hijos para un futuro que nadie puede predecir. ¿Ya pensamos que vamos a hacer con esa oportunidad?

S. Covey

La educación es uno de los elementos que permite a las naciones alcanzar un crecimiento económico sostenido, ya que un país que cuenta con una población con un nivel académico más alto tiene mayores posibilidades de lograr la meta de conseguir el desarrollo económico, el cual se traduce en una mejor calidad de vida de los diferentes sectores sociales.

El sector educativo mexicano se ha caracterizado por otorgar una preparación integral en la que los contenidos curriculares están integrados por un conjunto de temas y asignaturas que permiten a los educandos contar con herramientas suficientes para hacer frente a los retos profesionales que su actividad les demande.

Sin embargo, aún hace falta mucho por hacer en materia educativa ya que hay temas que, a pesar de estar incluidos en los currículos escolares, no se enseñan o transmiten con la suficiente frecuencia y calidad, un ejemplo de ello es la conservación y preservación del ambiente.

La humanidad, a lo largo de su historia, ha realizado un uso excesivo e irracional de los recursos naturales, el efecto de ello nos ha puesto en un dilema de sustentabilidad ambiental, encontrándonos ante la disyuntiva de continuar generando bienes y servicios sin tomar en consideración los costos ambientales que conlleva.

A fin de coadyuvar en la construcción de una cultura que permita mejorar nuestro entorno ambiental, se propone que a la brevedad se revisen los contenidos curriculares a fin de fortalecer la educación ambiental, no sólo enseñando los efectos negativos de la transformación de la naturaleza, sino procurando incorporar la enseñanza de medidas paliativas de mejoramiento ambiental.

Es fundamental que la proposición con punto de acuerdo que ahora les propongo se realice de una manera integral, es decir, no sólo debe incluir el sistema de educación básica, si lo que pretendemos es realmente incidir en una reorientación educativa que promueva la educación ambiental debemos incluir el nivel bachillerato, ello en razón de que los jóvenes mexicanos representan un grupo poblacional muy numeroso.

No debemos de perder vista que las consecuencias negativas que ocasiona el deterioro ambiental, no sólo están vinculadas con la erosión de la tierra, la pérdida de la flora y la fauna, la contaminación y la sobreexplotación de recursos no renovables, es importante mencionar que hay efectos que se resienten en el contexto social, tales como la pobreza, la marginación y la escasez de alimentos, entre otros.

De 1950 a la fecha hemos perdido más de la mitad del agua disponible de cada mexicano, al pasar de 11 mil metros cúbicos anuales a sólo 4 mil 800, con la perspectiva de que la disminución llegue a los 3 mil 500 metros cúbicos en el año 2025.

La temperatura de la tierra se eleva peligrosamente cerca de dos grados centígrados y provoca graves cambios climáticos.

Perdemos cada año 2 mil 500 kilogramos de suelo por hectárea, equivalentes a 500 millones de toneladas de tierra fértil, empobreciendo la tierra en la que producirán nuestros hijos y nietos. Más de 6 mil hectáreas de vegetación se pierden anualmente en el país.

No conocemos nuestros recursos naturales, las plantas y animales útiles; por ello la escasa disponibilidad de oportunidades de desarrollo, la sobreexplotación, contaminación de aguas y la pérdida de especies son problemas que se presentan cada vez con mayor velocidad, lo que va cancelando el futuro de las nuevas generaciones.

El impacto social incluye diferentes vertientes de la vida cotidiana; en el caso de la salud, donde los problemas de obesidad y desnutrición son preocupantes, principalmente en la población infantil, a este respecto cabe mencionar que nuestro país ocupa el segundo lugar en lo que a obesidad infantil se refiere.

Otra de las problemáticas que se generan a partir de la falta de una educación ambiental adecuada se encuentra en la generación del ingreso familiar, la ausencia de una política educativa que fomente las actividades agrícolas desde una perspectiva de sustentabilidad y preservación, procurando generar un ingreso para las familias que se desempeñan en labores vinculadas al sector primario.

En el ámbito internacional, nuestro país cuenta con el reconocimiento mundial de ser un país que se preocupa por conservar y preservar su ecosistema haciendo uso de políticas públicas especificas en la materia, así como utilizando herramientas indispensables, tales como la educación. Si hoy empezamos a preparar a nuestros niños y jóvenes no tengo la menor duda que antes de 10 años empezaríamos a ver grandes trasformaciones.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que:

1. Se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y bachillerato con el objetivo de fortalecer la educación ambiental para que con ello se concientice a los menores y jóvenes sobre la preservación y conservación de los ecosistemas que existen en nuestro país.

2. Se diseñe una estrategia educativa que incluya el fomento de la preservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales a fin de dar sustentabilidad y hacer un uso racional de los recursos no renovables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a que acuerde lo necesario para que las curules en el pleno de sesiones cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a acordar lo necesario a fin de que las curules del salón de plenos cuenten con computadora integrada, para el mejor desempeño de las funciones legislativas, a cargo del diputado Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRI de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, acuerde lo necesario para que las curules en el pleno de sesiones cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas, bajo las siguientes

Consideraciones

Avanzar en la tecnología, es parte de la obligación de todo gobierno, aportar en ella conduce a alcanzar en el tiempo el desarrollo de los pueblos, esto permite reflexionar en el consumo desmedido del papel, que, según cifras de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, tan sólo en 230 dependencias del gobierno federal producen anualmente más de 100 mil toneladas de papel de desecho (que ahora, afortunadamente, serán utilizadas en la elaboración de libros). El dato más preocupante es que para cada tonelada de papel se talan de 12 a 17 árboles. En esa reflexión cabe la pregunta, ¿cuánto papel se consume, se desecha y se desperdicia en las actividades parlamentarias? que son base sustantiva de nuestro quehacer, esta referencia se esboza dado que debemos ajustar nuestras actividades a los avances de la tecnología, refiero a la computación.

La reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público establece que, a partir de marzo de 2008, en dependencias y entidades de la administración pública federal, el papel que adquieran debe contener un mínimo de 50 por ciento de material reciclado, fibras naturales no derivadas de la madera o materias primas provenientes de bosques y plantaciones sustentables, debiendo implementar programas para reducir su consumo en impresoras y fotocopiadoras.

El consumo de papel es un problema de todos, entre más desarrollado sea el país, mayor es su tasa de consumo. Todos podemos contribuir a disminuir el problema. Por supuesto el uso del Internet, aún impractico para largas lecturas, sigue haciendo su trabajo y aunque en el corto plazo no sustituirá al papel, si contribuye de manera sustantiva en el ahorro de la materia papel y sobre todo de mejoras sustentables en la naturaleza, preservando el medio ambiente al dejar de consumirse madera en grandes proporciones para su elaboración, sin duda es una condición de cultura.

El deterioro forestal por parte del ser humano es un problema grave, ya que la erosión del suelo a causa de la eliminación de la materia orgánica, las alteraciones climáticas, la reducción de nuestra biodiversidad y una aceleración en el sobrecalentamiento global de la tierra, son sin duda, consecuencias considerables en el deterioro del ecosistema de nuestro planeta. Sin embargo, aun cuando es tan manifiesta la tala desenfrenada de árboles al interior del país y la inexorabilidad de los efectos colaterales, no se ha podido crear una conciencia real del uso correcto del papel y la importancia de su reducción para beneficio de nuestros bosques, en virtud de que gran cantidad de la celulosa que se emplea en su fabricación y los árboles han venido desapareciendo paulatinamente.

La sensibilización hacia la población sobre la reducción, reuso y reciclaje de papel en los distintos espacios de la vida cotidiana es completamente indispensable y necesaria, pues se trata de una medida fundamental para cambiar de fondo algunas actitudes, ya que nos coloca ante la posibilidad de crear acciones especificas, claras y sencillas que todas y todos, con un poco de voluntad, podemos llevar a cabo. En toda oficina pública se podría aplicar medidas básicas para el buen uso del papel, que ayuden a racionalizar adecuadamente su consumo.

Para lograr que el personal esté al tanto del consumo desmedido del papel y la necesidad de cuidarlo, se deben llevar a cabo talleres de sensibilización que informen sobre las alarmantes cifras y datos sobre los daños ambientales que se ocasionan con la tala de árboles y toda la problemática que a este respecto sucede, para tomar conciencia de la necesidad de dar un buen uso a la celulosa, “papel”.

Los medios electrónicos, son fundamentales en toda actividad pública, permitiendo la comunicación con eficiencia, eficacia y sobre todo aplicar de manera constante el intercambio de información para el buen funcionamiento de la actividad que se desempeñe, en el caso de la actividad parlamentaria contar con una computadora integrada en la curul, permitiría tener con prontitud, información requerida, ahorrando cuando menos por sesión la impresión de 500 tantos de la orden del día, así también como 500 ejemplares de la Gaceta Parlamentaria, siempre y cuando esta no contenga anexos, porque de ser así se multiplicaría tantas veces contenga estos por 500, incluyendo en el ahorro del uso de papel inclusive la síntesis periodística diaria.

Lo anterior, permite hacer un ensayo cuántico y económico de cuantos kilos de papel consumimos en la Cámara de Diputados, por día, por sesión, por mes, por periodo de sesiones, por año de ejercicio legislativo y porque no decirlo por Legislatura, datos que muy bien pueden trasparentarse por parte de la Secretaría General hacia el Comité de Administración de la Cámara, para que logrando un balance de los números que ese ensayo arroje, se compare con el gasto que pudieran costar las computadoras integradas a cada curul del pleno de sesiones, como un elemento más para el buen funcionamiento del quehacer parlamentario.

Es por ello, que solicito su amplio apoyo, en este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que sea considerado por la Junta de Coordinación Política, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para que acuerde lo necesario y las curules en el pleno de sesiones cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas.

Palacio Legislativo, a 10 diciembre de 2009.— Diputado Héctor Hernández Silva (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales, que retornan durante el fin y principio de año, y de los extranjeros que se internan en nuestro país; y se exhorta a los diferentes niveles de gobierno a que se mantengan vigilantes de lo anterior.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en favor del respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que retornan durante la temporada de fin de año y de los extranjeros que se internan en el país, y exhorta a los diferentes niveles de gobierno a mantenerse vigilantes de ello, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, somete a discusión y, en su caso, aprobación del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio en México, es complejo e históricamente ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas a nivel nacional e internacional, un ejemplo de ello, es la experiencia cercana que tenemos en la región del continente americano, donde de la migración ha impactado positivamente en el desarrollo económico, social, cultural y político de los diferentes países.

Ante esa situación, es necesario reconocer que nuestro país, no sólo es de migrantes como lo ha sido manifestado por muchas voces de los sectores, gubernamentales, políticos, académicos y sociales, entre otros, si no también es un país de inmigración, emigración y trasmigración, y aún no tiene un legislación interna que permita mirar esa realidad desde el ámbito del desarrollo integral del país y de la región.

No hay estado de la República Mexicana y país en el mundo que no tenga entre sus ciudadanos migrantes, mujeres y hombres que contribuyan a cambiar la visión y el desarrollo de los pueblos, participan activamente en la comunidades de origen y destino, proporcionan a su familias esperanza de una mejor calidad de vida y experimentan nuevas formas de convivencias social.

A pesar de ello, los migrantes y sus familias son uno de los sectores de la sociedad cada vez más grandes y que se encuentran en extrema vulnerabilidad de sus derechos humanos. Desgraciadamente, porque ello está íntimamente relacionado con la pobreza a nivel mundial, con la necesidad de los indígenas, niños, mujeres y hombres que buscan en la migración una opción de vida, efecto del crecimiento de las desigualdades sociales y la falta de oportunidades.

México, es un país que ha adoptado una forma de vida binacional, hay millones de migrantes que en el transcurso del año van y regresan de sus comunidades de origen y destino, en ello se ha adoptado nuevas políticas públicas que buscan atender la demandas de este sector, sin embargo, hay integrantes de diversas corporaciones de seguridad del estado mexicano que han abusado y abusan de migrantes durante el retorno a sus comunidades de origen.

Ello debe de ser erradicado, nuestros paisanos que se encuentran en el norte y los ciudadanos centroamericanos, sudamericanos y del Caribe, entre otros que regresan a su comunidades de origen y que se internan en el país, deben de ser tratados por la autoridades gubernamentales, de todos los niveles de gobierno, con pleno respeto a sus derechos humanos, por lo que no se deben permitir los abusos a ese sector, pues todos somos ciudadanos y debemos exigir y ser tratados con respeto e igualdad.

En ese contexto, los diputados abajo firmanes consideramos en el marco de este importante Día Internacional de los Derechos Humanos y por la convicción de ser mexicanos y promotores constantes de los derechos fundamentales, que es imperante realizar lo conducente para promover la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas y más aún al tratarse de los migrantes que en esta temporada de fin y de principio de año, se enfrentan al abuso de las autoridades que actúan fuera del marco legal vigente.

La mejor bienvenida a nuestro compatriotas que vienen del extranjero y de los visitantes de otros países que se internan en México, durante esta temporada, es recibirlos con solidaridad, agrado y con pleno respeto a su derechos fundamentales y en caso de que ello sea, debemos de estar vigilantes de esos derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno plural de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retorna durante el fin y principio de año, y de los extranjeros que se interna en nuestro país. Asimismo, exhorta, respetuosamente a los diferentes niveles de gobierno para que, de acuerdo a sus atribuciones y facultades, se mantengan vigilantes de la protección de esos derechos de los migrantes durante la presente mencionada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICABLES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía, conjuntamente con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a realizar un foro de consulta en materia de ingeniería genética de organismos genéticamente modificables, con los grupos interesados sobre el tema, especialistas e investigadores públicos y privados; suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a realizar con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria un foro de consulta sobre ingeniería genética de organismos genéticamente modificables entre los grupos interesados en el tema, especialistas e investigadores públicos y privados, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados Jorge Humberto López Portillo Basave, Héctor Pedraza Olguín y Jesús Everardo Villarreal Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Indira Vizcaíno Silva del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática; Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría a efecto de que realicen un foro en materia de ingeniería genética, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de marzo de 2009, el Ejecutivo federal publicó el decreto por el que se modifican diversas disposiciones al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, consecuentemente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó 35 solicitudes, el 13 de abril del presente año, para la siembra de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas; a pesar de que el marco legal de bioseguridad se encuentra incompleto y plagado de irregularidades.

Por su parte, los campesinos establecieron su visión desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en abril de 2003, numeral 197, “fomentar la investigación y los estudios de análisis de riesgo, bajo estricto control científico, en la liberación de los organismos genéticamente modificados para su uso en agricultura y establecer los mecanismos que salvaguarden la variabilidad genética y la conservación de germoplasma tanto in situ como ex situ”.

El Poder Legislativo, antes de aprobar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, determinó la competencia del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, órgano de la Sagarpa, conforme al artículo 102, fracciones I y V, respectivamente, que a la letra dice: establecer y, en su caso, proponer conjuntamente con las demás dependencias e instituciones vinculadas, políticas, acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los recursos fitogenéticos, derechos de protección de los obtentores y análisis de calidad de semillas; en el tema de conservación e instrumentar las medidas de inspección y certificación para garantizar la inocuidad de los organismos genéticamente modificados, en los términos del artículo 97, en el tema de transgénicos.

La Ley de Federal de Variedades Vegetales, aprobada en México en octubre de 1996, señala que el objetivo de la esta ley es fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; asimismo, el artículo 3o., fracción XI, le concede: proteger la biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público (como atribución de Sagarpa), y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley; y el reglamento establece: artículo 5o. “en relación con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 3o. de la ley, las comunidades rurales tendrán, en todo tiempo, el derecho de utilizar y explotar comercialmente las variedades vegetales resultantes de su práctica, usos y costumbres”. Dichas comunidades permitirán el desarrollo de las actividades de investigación y estudio que sobre tales variedades vegetales lleven a cabo instituciones públicas y privadas para proteger la biodiversidad.

Cabe mencionar que el 18 de marzo de 2005 entró en vigor la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en marzo de 2008 se publicó su reglamento. Un año después se reforma el reglamento y se incorpora el Régimen de Protección Especial del Maíz que establece las condiciones legales para la liberación experimental con maíces genéticamente modificados, ordenando ya no como atribución sino como obligación que: la Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberán promover la conservación in situ de razas y variedades de maíces criollos y sus parientes silvestres a través de los programas de subsidio u otros mecanismos de fomento para la conservación de la biodiversidad, sin que ello implique autorización alguna para el cambio del uso de suelo de forestal agrícola.

Las dependencias señaladas en el párrafo anterior deberán fomentar el uso de semillas de maíces criollos en proyectos estratégicos que destinen su producción a mercados específicos y a la atención de oportunidades comerciales.

Algunas preguntas son inevitables:

¿Por qué sólo para el maíz se plantea un régimen especial de protección? ¿Es la única especie vegetal nativa de México?

¿Por qué en la Ley de Variedades Vegetales y su reglamento contemplan consideraciones para las personas físicas o morales que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal? ¿Por qué no considera al campesino de manera específica para protegerlo como un desarrollador de variedades vegetales que obtenga, considerando que los primeros obtienen las colectas de criollos, directamente o de bancos de germoplasma, con los cuales mediante mejoramiento convencional obtienen beneficios monetarios y prestigio profesional?

¿Por qué tanta atención a la posibilidad de experimentar con órganos genéticamente modificables de maíz en México y tan poco a la siembra de otras especies vegetales, así como la importación de maíz proveniente de países que cultivan precisamente maíz transgénico?

¿Los órganos genéticamente modificables son efectivamente una amenaza para la conservación de razas y criollos de maíz? De ser así, ¿son la única amenaza?

Todo lo anterior hace necesario escuchar a todos los actores rurales respecto de la conservación de germoplasma y órganos genéticamente modificables. En ese sentido es necesario implementar un foro de debate integrando a los productores rurales, a los consumidores, a las organizaciones ambientalistas, a los investigadores, a las empresas públicas y privadas que tengan que ver con el tema; evidentemente muchos de estos actores han estado ausentes del debate, en todos los espacios siempre son los mismos hablando a nombre de otros; en ese tenor necesitamos ampliar la discusión en la temática y en participantes.

Es necesario el debate entre todos los actores involucrados, investigadores públicos y privados para que manifiesten sus distintas apreciaciones sobre los temas de experimentación con organismos genéticamente modificables, conservación de germoplasma y transgénicos.

Independientemente de lo manifestado, existe el interés de diversos legisladores, quienes han presentado diversas proposiciones a efecto de proteger, prohibir y establecer la moratoria para la protección del maíz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, conjuntamente con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, para implementar el foro de consulta en materia de ingeniería genética con organismos genéticamente modificables.

Segundo. Que se invite al debate a participantes como son los productores rurales, consumidores, organizaciones ambientalistas, investigadores, empresas públicas y privadas que tengan que ver con el tema.

Tercero. Que se implemente la temática sobre la experimentación con organismos genéticamente modificables, conservación de germoplasma y transgénicos.

Cuarto. De urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputados: Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

NIÑOS JORNALEROS MIGRANTES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol a que atiendan el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México existe una población numerosa de indígenas que aún conservan su cultura y lengua propias, sin embargo, se ven en la necesidad de aprender el español para poder relacionarse en términos de igualdad con el resto de la población. Este es el caso de los niños y niñas migrantes indígenas.

Uno de los sectores más vulnerables de México está formado por los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes que son ejemplo de los niños y niñas más marginados de la sociedad mexicana, ya que no siempre cuentan con acceso a servicios básicos, lo que provoca impactos negativos en su nutrición, salud, desarrollo, educación y perspectivas futuras.

La dinámica migratoria de jornaleros agrícolas es la incorporación de las mujeres y los niños a los movimientos migratorios y al trabajo laboral, como una forma de incrementar los precarios ingresos familiares.

Existe en México un mínimo de 405 mil 712 familias en permanente movimiento entre las zonas de origen y las zonas receptoras; están integradas por jóvenes con una edad promedio no mayor de 30 años; el 57 por ciento son hombres y el 43 por ciento son de mujeres, y el 40 por ciento de esta población son niños y niñas menores de 14 años.

Tanto en sus regiones de origen como en las zonas de destino, las familias jornaleras migrantes sufren la marginación y la extrema pobreza. En la mayoría de las zonas de atracción además de la explotación laboral enfrentan la discriminación; la falta de derechos y de prestaciones laborales, y en general las consecuencias de la miseria, lo que los ubica como uno de los sectores de la población nacional más vulnerable.

De acuerdo con el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña por la temporada alta de migración, que comprende de septiembre de 2008 a enero de 2009, los 8 mil 177 indígenas que migraron como jornaleros se emplearon en las zonas agrícolas de los estados Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que en México existen 3.6 millones de menores de cinco a 17 años que trabajan todos los días para ganarse la vida, y la tercera parte de esta cantidad corresponde al sexo femenino.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación, sin embargo, en materia de trabajo y explotación infantil, estima que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan en situaciones precarias para apoyar la economía de sus familias.

Las niñas y los niños jornaleros migrantes presentan altos índices de enfermedades, debido a diversos factores como los cambios constantes del clima y los efectos negativos del medio ambiente, la falta de defensas nutricionales, la exposición permanente a riesgos en el trabajo, el acceso limitado al agua potable, la inadecuada forma de aplicación que persiste en el uso de los plaguicidas de alta toxicidad que son utilizados en los cultivos agrícolas, la carencia de servicios básicos de salud que producen condiciones adversas y de alto riesgo.

La Secretaría de Educación Pública solamente atiende un 12.5 por ciento de la demanda educativa de la población infantil agrícola migrante y se estima que alrededor del 20 por ciento del rezago educativo nacional en primaria se concentra en este sector de la población.

Otro problema para la atención escolar del niño migrante es que existe un desfase entre los tiempos que rigen los ciclos agrícolas y el escolar convencional, lo que provoca la interrupción constante del proceso educativo que se manifiesta en repetición o deserción definitiva, por lo que se requiere un uso flexible del tiempo escolar.

Ante esta situación y en medio de una crisis económica que aún podría agravarse, es necesario el trabajo conjunto con los gobiernos de los estados, las autoridades locales y municipales, el sector privado y toda la sociedad; son fundamentales, pues hacen posible detonar la participación de todos en la promoción y la protección de los derechos de los niños jornaleros migrantes.

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Desarrollo Social a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.— Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

ARTESANIAS MEXICANAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Sedesol y a la Sectur a coordinar acciones para promover, difundir y comercializar las artesanías mexicanas en los corredores turísticos, exposiciones y ferias comerciales en el extranjero.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Sectur a coordinar acciones para promover, difundir y comercializar las artesanías mexicanas en los corredores turísticos, y en las exposiciones y ferias comerciales en el extranjero, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1974 se crea el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) como un Fideicomiso de Nacional Financiera, en atención a las etnias que habitan el país y a los grupos mestizos regionales productores de artesanías. En 1995 quedó sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), debido al papel que ha jugado en el apoyo a las comunidades artesanales del país en la difusión de la cultura mexicana a través de la comercialización de las artesanías.

Este organismo, sectorizado a la Sedesol, tiene como objetivo general el apoyo a los artesanos que viven en condiciones de pobreza y que preservan técnicas y diseños tradicionales; ello, mediante financiamientos, estímulos, asistencia técnica y promoción de estrategias comerciales eficaces que permitan la venta adecuada de sus productos, según lo establecen sus reglas de operación.

Nuestros hermanos indígenas a través de sus artesanías muestran su creatividad, la historia de sus comunidades, sus creencias y tradiciones, y que son dignas de un reconocimiento, son obras de auténtico arte popular, hechas con distintas técnicas y ramas artesanales, características de la región, como son los textiles, cerámica, talabartería, cestería y trabajos en madera.

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se destinaron al Fonart 30 millones de pesos y para el ejercicio fiscal 2010 hemos aprobado 27 millones de pesos, una disminución de 3 millones de pesos, con relación al ejercicio fiscal 2009, sin embargo, cabe agregar que desafortunadamente los recursos se han gastado en la innecesaria remodelación y renta de edificios y locales para la venta de artesanías, en asesorías, estudios e investigaciones sin importancia, excesivos viáticos y altos salarios de sus funcionarios. Una vez más contemplamos la mala operatividad del programa, la falta de canales de comercialización para sus productos, la subvaloración del producto artesanal y la escasa penetración en los mercados nacionales e internacionales.

Que es fundamental que la Sedesol y la Secretaría de Turismo (Sectur) se coordinen, a efecto de diseñar un programa que se encargue de la promoción y difusión de los productos mexicanos, por ejemplo; la participación del Consejo de Promoción Turística de México será necesaria para identificar escenarios nacionales e internacionales en los que se difunda y promueva la imagen de México y de la comercialización de sus productos y servicios turísticos, asimismo, impulsar la venta de artesanías mexicanas en corredores turísticos, exposiciones y ferias comerciales nacionales e internacionales.

La Sedesol y la Sectur deben coadyuvar a promover la comercialización al exterior, con la presencia de los productores artesanales en exposiciones nacionales e internacionales, además de la participación en concursos de arte popular, poniendo énfasis en la atención de los mercados extranjeros.

Que es el momento de reivindicar y posicionar al sector artesanal como uno de los más importantes a nivel económico y cultural, porque la artesanía mexicana está situada como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con un acumulado histórico de tradición e identidad, que contribuirá a la generación de un mayor ingreso familiar de los artesanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar una política internacional a efecto de que se comercialicen nuestras artesanías indígenas.

Segundo. Se exhorta a la Sedesol y a la Sectur a coordinar acciones a efecto de que se promuevan, difundan y comercialicen las artesanías mexicanas en el extranjero.

Tercero. Se solicita a la Sedesol y a la Sectur que informen a esta soberanía sobre las acciones que se emprendan a favor de la promoción, difusión y comercialización de las artesanías indígenas en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.— Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Turismo.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a la ASF a efecto de que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, consistente en la comisión de posibles irregularidades en la administración de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados a Guadalajara en 2009.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se instruye a la ASF a efecto de que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, consistente en la comisión de posibles irregularidades en la administración de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados a Guadalajara en 2009, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo relativo a instruir a la Auditoria Superior de la Federación para que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que consiste en la comisión de posibles irregularidades en la administración del total de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados al municipio de Guadalajara en el Ejercicio Fiscal de 2009.

Exposición de Motivos

El Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad firmado en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública se define asimismo, como un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas a favor de la seguridad, justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.

En este sentido, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, donde en su artículo 10 se establece la cantidad del recurso aprobado para el ramo 36 Seguridad Pública, el cual se determinó por la cantidad de 4 mil 137 millones 900 mil pesos para el otorgamiento de los subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones policiales.

En este orden de ideas, el 15 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo 01/2009 de la Secretaría de Seguridad Pública por el cual se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal, este documento señala en el punto tercero, la selección de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que son elegibles para recibir el subsidio para la seguridad pública, de la entidad Jalisco, entre ellos, el municipio de Guadalajara.

Por otra parte, con base en el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá suscribir, el 27 de febrero de 2009, el ayuntamiento de Guadalajara aprobó la celebración del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública.

En este orden, con fecha 9 de octubre de 2009, un diario local público de Guadalajara divulgó una nota sin firma titulada “No hay recursos, pero quieren cámaras”, en la que textualmente se señala: “Sin recursos garantizados para sufragar la compra, el tesorero de Guadalajara, Armando González Cantú, insistió en la autorización de la adquisición del equipo necesario para la cuarta fase del programa de cámaras de video de vigilancia, que la Dirección de Seguridad instala en la ciudad con recursos federales del subsidio para la seguridad pública”, en otro apartado menciona: “La justificación de González Cantú fue que, en pláticas con el director de Seguridad Pública de Guadalajara, Macedonio Tamez, se aseguró que existía un convenio verbal con las autoridades federales de enviar los recursos y que, para apresurar los trámites lo conveniente sería autorizar ya la adquisición. El primer escenario que puso el tesorero fue que, cuando llegara el dinero federal, se harían los movimientos para subsanar la compra ya autorizada”, se añade: “En otras ocasiones, el tesorero ha sido señalado por realizar presuntos movimientos en partidas sin recursos para aprobar adquisiciones pero él ha argumentado que lo hace para acelerar tramites”. Lo señalado en la nota periodística expone una situación irregular grave en la que está implicado un recurso federal.

El artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Asimismo, el artículo 79, fracción I, segundo párrafo de nuestra ley suprema, menciona que la entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá a su cargo fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

En este orden de ideas, el artículo 41, tercer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que la Auditoria Superior de la Federación podrá fiscalizar directamente la situación excepcional una vez concluido el ejercicio fiscal y, en su caso, fincará las responsabilidades que procedan. Asimismo, el artículo 42 del ordenamiento menciona que se entenderá por situaciones excepcionales aquellos casos en los cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca: un daño patrimonial que afecte la hacienda pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal; posibles actos de corrupción; desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los están autorizados; la afectación de áreas estrategias o prioritarias de la economía; el riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad, y el desabasto de productos de primera necesidad.

Se desprende que existe la presunción de que los funcionarios públicos mencionados en el quinto párrafo de la presente iniciativa incurrieron en una situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por tal motivo, propongo ante este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se instruye a la Auditoria Superior de la Federación para que investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que consiste en la comisión de posibles irregularidades en la administración del total de los recursos del subsidio para la seguridad pública municipal destinados al municipio de Guadalajara en el Ejercicio Fiscal de 2009 por parte de servidores públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:La Presidencia recibió del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar lo conducente a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán, detenidos en el caso del operativo realizado en dicha entidad, sean trasladados al Cereso Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, Michoacán; suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que exhorte al titular de la SSP a realizar lo conducente a fin de que los ex servidores públicos de Michoacán detenidos en la operación realizada en esa entidad sean trasladados al Cereso Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, someten a discusión y, en su caso, aprobación del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 26 de mayo de 2009, elementos de la entonces Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano realizaron una operación en Michoacán, diligencia en la que en cumplimiento de diversas órdenes de localización y presentación emitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en México Distrito, Federal, detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales de Michoacán de Ocampo.

En consecuencia, el 16 de junio de 2009, el agente del Ministerio Público mencionado determinó que en virtud de que en la averiguación previa A.P.PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 398/ 2008 no se habían agotado las líneas de investigación, acordó el inicio de la indagatoria A.P.PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 205/ 2009, que el 17 de ese mes fue consignada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, situado en el centro federal de readaptación social número 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit, que motivó la causa penal 2/2009, dentro de la cual el 25 de junio del año en curso el juez del conocimiento dictó auto de formal prisión.

Por otra parte, el 29 de junio de 2009 fueron detenidos 3 ex servidores públicos más, quienes se encuentran en la misma situación, igual que otro que detenido en el penal de Puente Grande, en Jalisco.

A partir de los hechos mencionados, los ex servidores públicos michoacanos se encuentran confinados en el centro de readaptación social Venustiano Carranza y en el centro federal de readaptación social número 4, Noroeste, respectivamente, ambos en Nayarit, y radicados en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del mismo estado y uno más que se encuentra en el centro de readaptación social de Puente Grande, Jalisco.

Ante ello, y por propio derecho, mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2009, los procesados, con base en las normas y prácticas del sistema de prevención y readaptación social del país y en aras de mejorar las condiciones de confinamiento y defensa, solicitaron al comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal la procedencia de su traslado al centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, Michoacán, rogando que éste se realice con la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En apoyo de dicha demanda, el senador presidente del Grupo Plural para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios del estado de Michoacán recluidos en Nayarit de la Cámara de Senadores, licenciado Carlos Sotelo García, con otros legisladores, ha realizado gestiones con autoridades federales, tanto de procuración como aplicación de justicia, a fin de atender la demanda de los presuntos responsables de la comisión del delito de delincuencia organizada.

El director general de Prevención y Readaptación Social en Michoacán de Ocampo, doctor Jaime Álvarez Ramos, a petición del senador Carlos Sotelo García, presidente de dicho grupo plural, y por instrucciones del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, en el oficio número DGPRS/ 4547/ 2009, de fecha 21 de noviembre de 2009, manifiesta al gobernador de Michoacán que no hay inconveniente en que se lleve a cabo el traslado de los ex funcionarios mencionados al centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, si así lo consideran las instancias correspondientes, tomando en cuenta la calidad de procesados que guardan estas personas, ya que cuenta con la infraestructura, las condiciones y las medidas de seguridad adecuadas al efecto.

En el mismo sentido, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, en el oficio número GEM/ 103/ 2009, de fecha 23 de noviembre de 2009, manifiesta al comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal que no hay inconveniente para que los ex funcionarios de esa entidad federativa puedan ser trasladados, en atención de la solicitud hecha por el mismo senador presidente del grupo plural, por medio de la cual le requieren que exprese su anuencia e informe a la autoridad competente si existe la posibilidad de que los ex funcionarios mencionados puedan ser trasladados a un centro de reclusión de Michoacán de Ocampo. En el mismo acto, el gobernador de Michoacán remitió oficio enviado por el doctor Jaime Álvarez Ramos, director general de Prevención y Readaptación Social de Michoacán.

El 30 de octubre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 72/2009, sobre el caso de la operación realizada en Michoacán, dirigida al licenciado Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, y al ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, en la cual se manifiestan una serie de irregularidades y violaciones de las garantías de debido proceso, legalidad y presunción de inocencia, entre otras, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos regionales e internacionales.

El perfil de alta peligrosidad y criminológico en que han sido clasificados y sometidos los inculpados no corresponde al de estar confinados en dichos centros de readaptación social. No es concordante el lugar de internamiento con sus conductas, de antes y después de su reclusión. Por eso no se debe criminalizar a los presuntos responsables, conforme lo establece la citada recomendación de la CNDH 72/2009, que a la letra dice: “Debe hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales y evitar la criminalización de personas respecto a las que no existen elementos suficientes para hacer probable responsabilidad”.

Además, como se describe en la citada recomendación, hay hechos contundentes, recabados en los medios de comunicación y testimonios directos, donde se expone que los ex servidores públicos detenidos no presentaron oposición en su detención, no estaban armados ni se encontraban bajo el efecto de alguna droga o alcohol. Incluso dos de ellos, el procurador y el subprocurador de Morelia comparecieron voluntariamente ante el Ministerio Público y, pese a ello, se violaron sus derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, la situación a que se enfrentan los procesados, al encontrarse lejos de sus comunidades de origen, es propia a las dificultades para llevar a cabo su defensa y ejercitar plenamente el derecho a la debida defensa desde su detención, pues el hecho de trasladarse cotidianamente a Nayarit implica un gasto oneroso, aún más porque de acuerdo con las investigaciones que se realizaron a los inculpados por SIEDO, la mayoría de éstos carece de recursos económicos, lo que refiere que cuentan con escasos medios para su defensa.

La Constitución General prevé en el artículo 20 las garantías fundamentales para los inculpados, que han de aplicarse conforme a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de forma tal que puedan ejercer, entre otros derechos, el que se presuma su inocencia, a contar con la asistencia de un abogado para organizar su defensa y se les facilite toda la información relativa a su proceso, además a estar recluidos en centros cercanos a su domicilio.

Las personas que están recluidas preventivamente y a quienes aún no se dicta sentencia ni se les acredita responsabilidad penal por delito alguno pueden ser juzgadas en el lugar más cercano a su domicilio, facilitándoles con ello su defensa para recibirles testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, auxiliándoseles para obtener, en su caso, la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley.

Tal y como lo establecen ordenamientos de carácter regional e internacional suscritos y ratificados por nuestro país, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las personas privadas de su libertad son sujetos de derecho. Dicho de otra manera, quienes se encuentran recluidas aun cuando están sujetas a un proceso penal por la comisión de un delito conservan todos los derechos que no han sido restringidos o limitados por una resolución judicial.

Las personas detenidas en Michoacán que se encuentran recluidas en Tepic, Nayarit, sujetas a proceso pueden ser trasladadas a ese estado a fin de que su proceso sea sustanciado en ese estado y ello les facilite el ofrecimiento de testigos o pruebas que pudieran rendirse a su favor considerando, según consta en las diligencias practicadas, que se les acusa por hechos ocurridos en su lugar de origen, por lo que la sustanciación del procedimiento en un lugar distinto ha complicado su defensa, afectando su derecho a un debido proceso.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno plural de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que exhorte al secretario de Seguridad Pública a realizar lo conducente a fin de que los ex servidores públicos de Michoacán detenidos en el caso de la operación realizada en Michoacán sean trasladados al centro de readaptación social Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Diego Guerrero Rubio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

REGLAMENTO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla con la obligación de expedir el Reglamento de Mensajería y Paquetería, previsto en los artículos 8o., 9o. y 58, y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SCT a expedir con la mayor brevedad el Reglamento de Mensajería y Paquetería, previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual se sugiere analizar y, en su caso, atender las recomendaciones formuladas por las Comisiones de Competencia Económica, y Federal de Mejora Regulatoria, a cargo del diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI

David Ricardo Sánchez Guevara, diputado federal a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a expedir el reglamento de Mensajería y Paquetería previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que tiene su origen en la siguiente

Exposición de Motivos

El 22 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El artículo quinto transitorio de dicha ley establece que, mientras se expiden los nuevos reglamentos, se aplicarán las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor. No obstante, es necesario señalar que han transcurrido más de quince años, tiempo en el que el Ejecutivo federal no ha cumplido lo establecido en el artículo 89, fracción I, de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Es decir, el Ejecutivo federal está obligado, desde hace más de quince años, a proveer, dentro de la esfera administrativa, el cumplimiento de expedir lo siguiente:

1.La fracción IV del artículo 8o. de la misma Ley dispone que para la prestación de los servicios de paquetería y mensajería se requiere de permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 8o. Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:

IV. Los servicios de paquetería y mensajería;

2. El párrafo tercero del citado artículo dispone a la letra:

En los casos a que se refieren las fracciones I a III, IV y XI del presente artículo, los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

3.Por otro lado, el artículo 9 de la ley en comento vuelve a insistir en que los permisos para los servicios de mensajería y paquetería se otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Así el texto del primer párrafo de esta disposición establece lo siguiente:

Artículo 9o. Los permisos a que se refiere esta Ley se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

4.El artículo 58 de la Ley establece con claridad lo siguiente:

Artículo 58. La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la Secretaría en los términos de esta Ley y estará sujeto a las condiciones que establezca el Reglamento respectivo. A este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte.

Aún cuando a la fecha hay establecidas en el país más de 2,500 empresas dedicadas al servicio de paquetería y mensajería, el Ejecutivo federal ha omitido el cumplimiento a su obligación antes referida, con la consecuente falta de certeza jurídica en las inversiones de los agentes económicos que participan de la actividad. Estas empresas en su mayoría pequeñas y medianas generan más de 30 mil empleos a nivel nacional, atienden a más de 400 mil usuarios y contribuyen al buen funcionamiento tanto de empresas como de sectores enteros de la economía, permitiendo la instrumentación de formas de manufactura y modelos logísticos, como el denominado “justo a tiempo”, que hacen eficientes y agilizan los tiempos de entrega, facilitando por ende la distribución de mercancías, donde las empresas pequeñas y medianas (mismas que no cuentan con áreas especializadas de logística) son las más beneficiadas. El personal ocupado está altamente capacitado, por lo que sus remuneraciones están por encima de la media nacional en el sector servicios. Las inversiones en activos fijos, equipo de transporte, centros de logística, centros de atención a clientes, tecnología de rastreo y unidades de recolección y entrega de las empresas superan los 12,000 millones de pesos.

Asimismo, conforme aumenta la participación de México en el comercio mundial, se genera una creciente demanda de servicios de paquetería y mensajería confiables, rápidas, seguras, en tiempos predeterminados y con rutas regulares de entrega, que sigue en aumento cada día, no obstante la drástica caída reflejada en los flujos de inversión extranjera directa durante los últimos 12 meses.

Por lo anterior, la no expedición del reglamento correspondiente para los servicios de mensajería y paquetería es una laguna normativa que se ha traducido en que la empresa que se dedique a brindar este servicio se encuentre imposibilitada para solicitar el permiso correspondiente, toda vez que la misma Secretaría, al no existir reglamentación alguna, se niega a expedir los mismos, a pesar de que éstos se están provistos en la ley. Lo anterior ha causado que las empresas dedicadas a la paquetería y mensajería lleven a cabo su actividad sin el permiso respectivo en franca violación a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De tal forma, las empresas mexicanas ya sea que cuenten con inversión mexicana o extranjera dedicadas a estas actividades se encuentran en una situación de inseguridad jurídica plena. Más aún, el tratamiento que estas empresas reciben por parte de las autoridades competentes se encuentra alejado de la legalidad, dado que sus servicios no se encuentran regulados y, sin embargo, son equiparados arbitrariamente con los de carga, no obstante que en la actualidad no existe ninguna disposición legal o reglamentaria que establezca cualquier tipo de restricción al tamaño, peso o dimensiones de los vehículos o envíos que puedan utilizar o transportar las empresas de mensajería y paquetería.

Por lo tanto, la única manera en que dichas empresas salgan del estado de inseguridad jurídica total, es mediante la expedición del reglamento para los servicios de paquetería y mensajería. Cabe destacar que ante esta circunstancia algunas empresas de paquetería y mensajería han recurrido a la tramitación de recursos administrativos e incluso de amparos, a efecto de que les sean otorgados los permisos correspondientes para poder circular en carreteras federales.

En este tenor, con fecha 1 de septiembre de 2009 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio y Anteproyecto de Reglamento de Mensajería y Paquetería con base y para los efectos de lo señalado en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cabe destacar que, en virtud de las implicaciones que el referido anteproyecto de Reglamento pudiera generar en materia de competencia económica, con fecha 17 de septiembre de 2009 la citada Comisión Federal de Mejora Regulatoria solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en el convenio de colaboración administrativa suscrito entre ambas dependencias el 9 de marzo de 2005, plantear su opinión en torno al tantas veces referido anteproyecto de reglamento.

El 7 de octubre de 2009 el ciudadano Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria su opinión en materia de competencia económica y libre concurrencia a propósito del anteproyecto de reglamento en comento. En dicha opinión el organismo encargado de combatir la prácticas monopólicas en los Estados Unidos Mexicanos recomienda a la Secretaría de Comunicaciones, entre otras acciones, eliminar la restricción propuesta respecto del tamaño de vehículos que podrían ser operados por los prestadores del servicio de mensajería y paquetería, ello por considerar que dicha restricción constituye una barrera artificial que dificultaría la libre concurrencia y dañaría la eficiencia del mercado de servicios de mensajería y paquetería. Semejante recomendación fue ratificada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria mediante su dictamen de fecha 21 de octubre de 2009, en el cual solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que analice y atienda cada uno de los comentarios y sugerencias formulados por la Comisión Federal de Competencia Económica.

En virtud de lo antes expuesto, y considerando

1. Que es facultad y obligación exclusiva del Ejecutivo federal expedir el Reglamento de Mensajería y Paquetería de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. Que desde diciembre de 1993 hasta la fecha el Ejecutivo federal no ha expedido el citado reglamento.

3. Que es necesario conminar al titular del Ejecutivo federal a ejercer su facultad y llenar la laguna normativa que afecta a este importante sector de la economía del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración y aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ejercer su facultad en materia reglamentaria, con la mayor brevedad, para cumplir con la obligación de expedir el Reglamento de Mensajería y Paquetería previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual cordialmente se sugiere se analicen y, en su caso, atiendan, las recomendaciones formuladas por las Comisiones de Competencia Económica y Federal de Mejora Regulatoria, respectivamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Transportes.

DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Sedesol defina una política de Estado en materia de desarrollo social.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a definir mediante la Sedesol una política de Estado en materia de desarrollo social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, José Francisco Yunes Zorrilla, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a definir una política de Estado en materia de desarrollo social con base en los siguientes

Considerandos

La política de desarrollo social del gobierno federal requiere de una profunda revisión y un análisis exhaustivo para que pueda funcionar con eficacia, eficiencia y con un verdadero interés por mejorar los niveles de desarrollo social y humano de la población.

Se requiere elevar la política pública al nivel de Estado que el desarrollo social necesita, para lograr trascender los periodos sexenales y evitar los cambios de visión partidistas. La visión de una política de Estado va mucho más allá de los periodos de gobierno. Basa su identidad en la concurrencia de la propia sociedad, que es la guía y el beneficiario último de esta política.

El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) ha exhortado –en su último informe de evaluación de la política de desarrollo social– a los tres órdenes de gobierno para que exista una mayor participación en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas sociales.

Se requiere que se fomenten mayores mecanismos de participación ciudadana tanto en la formulación y aplicación como en la evaluación de los programas sociales para el logro de los objetivos y para la mejora de la coordinación entre sectores y programas, y así el objeto de la política social no esté fragmentado y disperso.

El Coneval, al evaluar programas como Oportunidades o el de Abasto Social, ha demostrado fallas en la metodología de selección de beneficiarios, en la focalización e implementación de ambos programas.

Lamentablemente en gran parte de los programas sociales existe duplicidad de objetivos y metas, motivo por el cual la mayoría de los indicadores de gestión necesitan ser adecuados y ajustarse a las nuevas condiciones sociales que nuestro país enfrenta.

De igual manera existe una evidente falta de claridad y actualización en la cuantificación de la población potencial y objetivo, ya que la cobertura es limitada es necesaria la evaluación de impacto que permita ponderar su contribución a la solución de la problemática social.

El artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social dicta que la planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el programa nacional de desarrollo social; y el plan nacional de desarrollo. Cabe mencionar que en la praxis, lo estipulado no se aplica, ya que los municipios y entidades se encuentran muy limitados en la participación de la planeación del desarrollo social.

Asimismo, el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo federal. Lo anterior hace evidente que los municipios, la importancia que el nivel municipal debe tener en la definición activa en la planeación y diseño de las reglas de operación de los programas sociales.

El artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 faculta a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Social para poder opinar sobre las reglas de operación emitidas por el Ejecutivo federal conforme lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Lo anterior da pauta al diseño de políticas públicas de Estado en materia social, en la cual hay una participación activa del Poder Legislativo, Ejecutivo, entidades federativas y municipios.

El artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece la posibilidad de que el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia competente, suscriba convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación con las entidades federativas. Lo anterior abre una mayor posibilidad de cooperación entre la federación y los estados para ampliar los horizontes de planeación y dar seguridad a los proyectos sociales en beneficio de la población más marginada.

De acuerdo a la última evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social en torno a la política social del gobierno federal, ésta arroja resultados negativos y preocupantes en cuanto a la transparencia de los recursos asignados.

El Coneval ha presentado recientemente una nueva metodología multidimensional para medir la pobreza en nuestro país, lo que demuestra que es necesario emprender políticas transversales de largo aliento que consideren diversos factores como la exigibilidad de los derechos sociales como elemento fundamental para el desarrollo social.

Si bien se ha tenido un avance en la descentralización de recursos federales en coordinación con las entidades federativas y los municipios, la transparencia de los recursos que son ejercidos para cada programa ha sido deficiente, ineficaz y alejada del principio de rendición de cuentas que debe contener toda Política de Estado en materia social. Por tanto, no existe una planeación estratégica de mediano y largo plazo que fomente la transparencia en la cobertura de los programas. Por ello, se requiere reforzar los sistemas de evaluación en el país, especialmente en los estados y municipios, a fin de que se cuente con un sistema nacional de evaluación de la transparencia y rendición de cuentas de cada programa de desarrollo social.

Por lo antes expuesto y con base en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a definir una política de Estado en materia de desarrollo social, que sea incluyente y verdaderamente federalista, que tenga como principios rectores la transparencia y rendición de cuentas y la exigibilidad de los derechos sociales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

ACUERDO NACIONAL PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y EL DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Manuel Cadena Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social, como medida necesaria para impulsar el desarrollo de México y de sus habitantes.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social como medida tendente a impulsar el desarrollo de México y de sus habitantes, a cargo del diputado Manuel Cadena Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Manuel Cadena Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición para que se analice y se aporte al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social como medidas necesaria para impulsar el despliegue de México y de las condiciones de vida de los habitantes.

Consideraciones

I. Las actuales circunstancias en que se encuentra nuestro país producto de la crisis económica, el desempleo, la inseguridad, la falta de credibilidad en las instituciones, y la desesperanza, obligan a todos los mexicanos a participar y a promover una gran alianza social en beneficio de México. Un acuerdo nacional para el crecimiento económico y el desarrollo social que tenga como objetivo replantear el papel del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en la construcción de un México más incluyente, justo, moderno y competitivo.

II. Para impulsar un acuerdo nacional contamos con elementos que permiten asegurar que esta alianza social tendría éxito. México posee un enorme potencial en su gente, con vastos recursos naturales, con riqueza cultural y con proyección internacional, condiciones que lo favorecen y lo posicionan como un país de enormes ventajas competitivas. Al mismo tiempo, estas circunstancias, ofrecen a su población la posibilidad de acceder a más y mejores oportunidades de desarrollo y bienestar que les permitan insertarse con éxito a un contexto mundial que exige ser más competitivos.

III. Es urgente adoptar medidas que promuevan la unidad y convoque a todos los actores, pues hoy observamos con desesperanza, la agudización de la pobreza y la marginación, fenómenos que reflejan a una sociedad desigual y de profundas carencias sociales en donde la falta de acceso a las oportunidades de educación, salud, vivienda, seguridad y a los satisfactores básicos indispensables es una constante. Estos problemas de índole política, económica, estructural y social contribuyen a ahondar las diferencias y a segmentar a la población entre ricos y pobres.

IV. El impulso de un consenso nacional debe detonar la creación de los procedimientos institucionales que permitan generar un desarrollo sustentable y sostenido que articule a las áreas productivas con el entorno local. Es decir, por un lado inversión en infraestructura y servicios públicos adecuados y, por el otro, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, con el debido cuidado de los recursos naturales.

En este sentido, es necesario estimular un conjunto de políticas incluyentes que aprovechen las vocaciones productivas de las regiones para la generación de riqueza, a partir de la coordinación de esfuerzos entre las esferas gubernamentales y privadas, tomando en cuenta aspectos relacionados con la distribución de la riqueza.

V. Al mismo tiempo es imperativo que en este despliegue de energías se incluya a todas los grupos sociales, especialmente, a los que son víctimas de discriminación llámese económica, política religiosa, social, negándoles sus derechos más elementales. Ello envuelve a grupos étnicos, ideológicos, raciales e indigentes, entre otros, que son víctimas de trato desigual.

VI. La marginación es hoy día sinónimo de pobreza, de sufrimiento a causa de las injustas condiciones económicas en que viven millones de mexicanos debido a la falta de recursos destinados primero, a su mejoramiento y en segunda instancia a su erradicación. Es indispensable que se promueva entre las personas de escasos recursos un seguro de desempleo y un fondo de pensiones y jubilaciones, y la conformación de un sistema universal de salud.

VII. El empleo es un derecho humano al que todos los individuos debemos tener acceso. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que la tasa de desocupación se disparó en los últimos doce meses de 4.3 por ciento en septiembre de 2008 a 6.4 por ciento en el mismo mes de 2009. Sin duda, para generar las fuentes ocupacionales requeridas, es necesario impulsar iniciativas vinculadas con la educación, lo que permitirá que las personas puedan construir un futuro más promisorio, y al mismo tiempo, disfrutar de un modo de vida digno. Lo anterior, dará como resultado fortalecer el ingreso familiar, y defender y generar nuevas fuentes de trabajo.

VIII. Somos conscientes de que los recursos disponibles del sector público son y serán insuficientes debido a que contamos con un sistema recaudatorio con enormes deficiencias que refleja profundas inequidades. Esto obliga a que los distintos actores de la sociedad impulsemos una reforma fiscal integral y progresiva en donde pague más quien ha tenido mayores ingresos, lo que nos permitirá generar las condiciones necesarias para un desarrollo viable con justicia.

En la recaudación y en el ejercicio del gasto público, entendemos que la rendición de cuentas y la transparencia deben ser una constante y son prerrequisitos inevitables de la respuesta institucional en un sistema democrático, en el que existe la evaluación social del ejercicio del gobierno, con la finalidad de garantizar la correcta aplicación de los ingresos públicos recaudados, y su custodia.

IX. Actualmente contamos con una institución bancaria privada cuya actividad crediticia destinada al sector empresarial se ha visto reducida sustancialmente y al mismo tiempo se ha concentrado en las grandes empresas. Al respecto, en 1997, la proporción del crédito de la banca múltiple al sector empresarial privado como proporción del PIB pasó de 29.1 por ciento al 14.0 por ciento en 2008, porcentaje que contrasta de manera muy desfavorable con respecto a otros países como Chile (80 por ciento), España (90 por ciento), Canadá (61 por ciento) y Brasil (40 por ciento).

La banca privada y de desarrollo tiene una enorme importancia en el financiamiento a los sectores económicos estratégicos generadores de empleo y de crecimiento económico en el país, por lo que es importante vincularla de manera más activa al desarrollo del país.

X. Es necesario replantear el modelo federalista del Estado mexicano sustentado en un nuevo esquema de relaciones intergubernamentales que opere bajo principios de cooperación, corresponsabilidad e interdependencia entre los distintos ámbitos de gobierno. Lo que obliga a impulsar la redistribución de competencias y facultades entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en las cuales se otorgue a las entidades federativas un papel más activo y decisivo en la creación e implantación de políticas públicas para el desarrollo del país.

XI. Finalmente, lo que hoy nos ocupa es redefinir el papel del Estado mexicano en el desarrollo. Es impostergable que a partir de las experiencias y los resultados obtenidos en la economía durante los últimos años transitemos de un estado asistencialista a la construcción de un Estado de bienestar donde tengamos capacidad de propiciar oportunidades de crecimiento con equidad y desarrollo individual de manera integral para todos los habitantes de este país.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que analicen el documento titulado Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social con la finalidad de que desde nuestros espacios aportemos las ideas necesarias que hagan posible una alianza social para beneficio de la sociedad mexicana.

Segundo.Integrar un grupo de diputados que, con base en el Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social, organicen y den seguimiento conjuntamente con la Cámara de Senadores a las aportaciones de los legisladores, al proceso de elaboración del texto final del acuerdo, y al impulso de su realización.

Tercero. Respetuosamente se solicita a la Junta de Coordinación Política se exhorte a la colegisladora a fin de que analice y –de ser procedente– se proponga las adecuaciones para la redacción del texto definitivo del acuerdo en comento, así como, designar un grupo de senadores que conjuntamente con los diputados elegidos por esta soberanía, promuevan la materialización del acuerdo.

Cuarto. Publicar íntegramente en el Diario de Debates estos puntos de acuerdo y el Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Manuel Cadena Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que se tomen las medidas necesarias para que en el Censo de Población y Vivienda 2010 se lleve a cabo, al menos, en los mismos términos que en el pasado Censo de 2000.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para que el Censo de Población y Vivienda de 2010 se lleve a cabo al menos en los mismos términos que el de 2000, a cargo del diputado Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Teofilo Manuel García Corpus, diputado federal a la LXI Legislatura, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Por diversos medios de comunicación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha informado que la cédula básica y la encuesta complementaria contarán con una reducción significativa de reactivos para aplicarse en el levantamiento destinado para el censo 2010, y de manera particular se ha reiterado en los medios de comunicación que dicha reducción será de 55 a 23 preguntas de la cédula básica.

II. Que los especialistas agrupados en la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) en sendas comunicaciones enviadas por su presidente a esta soberanía y de manera especial a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, así como a los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos de la Cámara de Diputados, señalaron que de aplicarse el censo con esa reducción no se contará con un instrumento de las características de un censo, sino de un simple conteo que posibilita conocer solamente el volumen poblacional y un breve conjunto de variables para identificar de manera muy reducida ciertas características de la población.

III. Que la Somede considera que esta reducción es de suma gravedad, toda vez que no serán conocidos aspectos fundamentales para detectar los cambios que la dinámica demográfica de la población viene presentando en las últimas décadas y que ello no permitirá disponer de información de localidades pequeñas, de manera particular aquellas que son menores de 50 000 habitantes, en detrimento de la planeación e instrumentación de las políticas de desarrollo económico, social y político de la población indígena

IV. Que de acuerdo con la misma Somede y con diversos investigadores y responsables de la planeación para el desarrollo en nuestro país, “la gravedad del asunto radica en que se lesiona al instrumento demográfico y estadístico mas importante de nuestro país y se consagran insuficiencias para ejercicios comparables con los datos de la serie histórica y se omiten reactivos que producen regularmente información estratégica para la Nación mexicana , sus políticas públicas y la planeación en los tres niveles de gobierno”.

V. Que como se desprende de la información de los censos de los últimos 20 años, la población indígena del país se ha caracterizado por contar con una gran movilidad demográfica en donde es posible encontrar representantes de pueblos indígenas en estados de la República donde antes no lo existían y que la cantidad de localidades de filiación indígena se han diversificado y multiplicado a nivel nacional con una gran cantidad de comunidades menores a 50,000 habitantes y que para la atención de estas poblaciones, tanto urbanas, como suburbanas y rurales, es necesaria la información derivada de estos censos.

VI. Que en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta legislatura, llevada a cabo el 8 de diciembre del año en curso, derivado de la preocupación que nos expresan los representantes del programa México Nación Pluricultural de la UNAM, se realizó un análisis de esta situación, llegándose al acuerdo unánime de emitir un punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Presidente de la República a emitir, en congruencia con las declaraciones que ha hecho sobre los tratos de su gobierno con la población indígena, las instrucciones correspondientes a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que el Censo de Población y Vivienda 2010 se lleve a cabo, al menos, en los mismos términos que el pasado censo del 2000.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ALBERTA ALCANTARA - TERESA GONZALEZ

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhu, presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto, Querétaro.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhus presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto, Querétaro, y que se haga extensivo al gobernador de dicha entidad este alegato social, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

El 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Irónicamente, en esa fecha la Procuraduría General de la República presentó ante el juzgado cuarto de distrito en Querétaro, conclusiones acusatorias contra las indígenas ñhañhus Alberta Alcántara y Teresa González –presas desde agosto del 2006–, solicitando se les condene y se les imponga la pena más alta, que podría alcanzar más de 40 años de prisión, por el mismo delito por el que se acusaba a Jacinta Francisco Marcial: “haber secuestrado con lujo de violencia –al decir del acta ministerial– a 6 policías judiciales federales en el tianguis de su modesto pueblo de Santiago Mexquititlan, del estado de Querétaro.

El 8 de septiembre último me permití presentar un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que retirara todos los cargos contra estas indefensas y débiles mujeres indígenas, a quienes se les acusaba, sin prueba consistente alguna, ni más testigos que los propios policías, de una ridícula acusación que causó escándalo y protestas que rebasaron las fronteras nacionales. El 17 de septiembre Jacinta Francisco Marcial fue liberada por falta de pruebas, pero Teresa González y Alberta Alcántara siguen en prisión, con los mismos absurdos cargos que violan su libertad y agravian todavía más a las mujeres, justamente cuando nuestra lucha, en México y el mundo, es contra la violencia que sufren las mujeres, particularmente las más débiles, marginadas y pobres.

Estos son asuntos que como legisladores no podemos callar. No podemos aceptar y menos acostumbrarnos a convivir con semejantes injusticias. Los indígenas han sido víctimas históricamente de la corrupción de una burocracia judicial y administrativa que los ha sometido a sanciones y penas, muchas veces por errores o menosprecio racista, que han lastimado en primer término a la misma justicia.

Ningún grupo social como los indígenas ha sufrido y sufre tantas vejaciones. Por eso es justificada su lucha contra los atropellos de que son objeto; contra los que explotan sus recursos naturales; contra los que les roban sus tierras, y contra la rapacidad de los intermediarios que les compran barato y les venden caro. No podemos admitir más, las arbitrariedades de quienes, como en este caso, se ensañan contra ellos.

¿Cuántos indígenas existen en el país, privados injustamente de su libertad como Teresa González y Alberta Alcántara? No pido que este grupo social goce de un estado de excepción. Alego que los indígenas son parte de nuestra sociedad, pero por su condición de vulnerabilidad es necesario tomar en cuenta sus circunstancias sociales, su lacerante realidad, su identidad, su cultura, sus usos y costumbres. ¿Cuántos indígenas alojados en las cárceles podrían alcanzar una pronta libertad si se atienden estas razones y se estudian, sin prejuicio alguno, cada uno de sus casos?

Señor Presidente: A punto de culminar este intenso periodo ordinario de sesiones he sentido la necesidad de plantear este asunto, no sólo por convicción y por los profundos valores humanos que contiene, sino también porque creo que tenemos la obligación, como legisladores que somos, de velar por el buen desempeño de las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la justicia. Por ello, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la honorable Cámara de Diputados, a través del Presidente de la Mesa Directiva, solicite a la Procuraduría General de la República que retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhus presas injustamente en el Cereso femenil de San José del Alto del estado de Querétaro; y hacer extensivo este alegato social al señor gobernador del estado de Querétaro.

Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ISLA DE COZUMEL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Gustavo Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que promulgue el decreto por el que se crea el área natural protegida con la categoría de área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel, localizada al norte del territorio insular del municipio de Cozumel, Quintana Roo, y el programa y planes de manejo del área.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar el decreto por el que se crea el área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, al norte del territorio insular del municipio, en Quintana Roo, así como el programa y los planes de manejo del área, a cargo del diputado Gustavo Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gustavo Ortega Joaquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a promulgar el decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, isla de Cozumel, así como a los tres órdenes de gobierno a coordinarse para proteger la flora y fauna de isla de Cozumel y al gobernador de Quintana Roo a continuar con la elaboración del programa de manejo y los trámites correspondientes para la expedición del decreto de área natural protegida terrestre de la zona norte de Cozumel al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2007, siendo presidente municipal de Cozumel el suscrito, junto con la Asociación Amigos de Xian Ka’an, se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a conseguir la protección de la zona natural de la parte norte de la isla. La primera fue realizar el estudio previo justificativo, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; con ellos se dio inicio a los trámites ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, formulándose la solicitud de creación del área de protección de flora y fauna en la superficie marina y terrestre de la isla de Cozumel, con una extensión de 49 mil 664 hectáreas. La segunda de estas acciones y, de la misma manera, dando cumpliendo con los requisitos que la ley establece, se consultó a la sociedad para establecer la viabilidad sobre esta solicitud, siendo la respuesta de total apoyo.

Quintana Roo posee una extensión de 50 mil 425 kilómetros cuadrados y su frente de costa se extiende por el Caribe mexicano. Precisamente es a lo largo de toda esta costa donde se desarrolla el sistema arrecifal mesoamericano, pasando por Belice y Guatemala y llegando hasta las Islas de la Bahía en Honduras.

De conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a solicitud hecha por el honorable ayuntamiento de Cozumel, en 2007 se realizó el estudio técnico para justificar la necesidad de decretar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna la zona conocida como zona norte de la isla de Cozumel, el cual estuvo a disposición del público según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2008, que es el instrumento con el que se da aviso a la sociedad de la intención que tienen la Conanp de crear dicha área.

Su creación tiene como principales objetivos, uno: la protección y rescate de las áreas terrestres y marítimas, así como las especies que en ellas se encuentran; dos: crear programas en materia de desarrollo turístico, sustentabilidad, control, ordenamiento, protección y educación ambiental; tres: reducir el detrimento de biodiversidad, que se traduce en la tendencia mundial de pérdida de especies y la continua transformación de ecosistemas de gran relevancia; cuatro: mantener la integridad funcional del mayor sistema lagunar de la isla Cozumel, dunas costeras, tasital, manglar y demás asociaciones de humedales costeros, que son el hábitat de una gran cantidad de especies en peligro de extinción, endémicas y de distribución restringida.

Consideremos que los sistemas arrecifales han sufrido la sobre explotación de pesca, la falta de un ordenamiento que la regule ha ocasionado el detrimento provocado por la presión inducida por las actividades turísticas. Por ser una zona de crecimiento de caracol rosado, especie cotizada en todo el Caribe tanto por sus conchas como por su carne, se ha sobre explotado olvidándose de que se trata de un recurso natural no renovable y que el mar no podrá proveernos de esta maravilla natural, a menos que le permitamos renovarse, bajo el concepto de uso racional, para conservarlo de manera sostenible.

En Cozumel existen varias especies de animales endémicos como el mapache enano, el tejón de Cozumel, el ave saltapared de Cozumel, el pinto de Cozumel y el pez sapo espléndido de Cozumel, y también se encuentran especies bajo algún estado de protección como las tortugas marinas (verde, caguama y carey).

La flora de Cozumel está compuesta por 105 familias de plantas vasculares, los tipos de vegetación que se encuentran en la isla son selva mediana sucaducifolia, selva baja caducifolia, matorrales costeros y manglares.

Las comunidades de manglares presentan una zonificación bien definida, según el nivel de oxigenación, inundación y salinidad del sustrato. Alberga anfibios, reptiles, aves y mamíferos para un total de 136 especies, de las cuales destacan las tortugas dulceacuícolas, el cocodrilo, pelícanos, fragatas, murciélago, zorra gris.

Es substancial propiciar la protección de las principales zonas lagunares, el manglar de Cozumel y los microatolones, que constituyen un ecosistema único formado por estructuras de algas calcáreas que crean un laberinto subacuático lleno de vida, a pesar de ser típicos del Caribe oriental, los encontrados en Cozumel son los únicos reportados en el Caribe occidental formados por algas coralináceas.

Cozumel es considerada internacionalmente como un área prioritaria de la diversidad biológica. Es la isla mexicana con mayor riqueza de especies y subespecies endémicas de animales (es decir, las que viven exclusivamente en la isla y no se encuentran en otro lugar del planeta). Al menos 31 de estas especies y subespecies habitan en la isla. Más de una decena de estas especies están en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y en el listado internacional de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 2009).

Con el establecimiento de áreas naturales protegidas, de orden estatal y federal, en la isla Cozumel será posible ordenar y regular las actividades humanas, con el propósito de garantizar el flujo futuro de beneficios que aportan los ecosistemas asociados a las zonas de lagunas costeras, de vegetación halófita o de duna costera del litoral, del continuo de tasistal y de importantes comunidades de manglar y otras asociaciones presentes en los humedales costeros.

De particular importancia ambiental y social son las selvas del interior de la isla Cozumel, por lo que la zona terrestre de aproximadamente 30 mil hectáreas requiere de una protección especial que el decreto que, en su caso emita el gobierno de Quintana Roo conforme a la legislación estatal aplicable. Su aplicación fortalecería la protección a la vida silvestre, el ordenamiento ecológico del territorio, las normas oficiales mexicanas, la regulación de descargas, los estudios de riesgo, la evaluación de impacto ambiental e incluso los instrumentos de regulación indirecta o instrumentos económicos.

Es preponderante lograr la reducción de los factores de presión sobre los ecosistemas naturales. Los arrecifes juegan un papel fundamental en los ecosistemas de Quintana Roo, ya que sirven de hábitat para muchas especies marinas de consumo humano, proveen protección a las costas de la erosión y los embates de las olas, son fuente de recreación y estimulan el turismo. Los fragmentos rotos y acumulaciones de sedimentos y arenas calcáreas que se origina de los propios corales y de los otros organismos con esqueletos calcáreos suplen a las costas con las arenas blancas que caracteriza a nuestro caribe mexicano.

Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a promulgar el “decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, isla de Cozumel, con una superficie de 49,664-98-66.07 hectáreas, localizada al norte del territorio insular del municipio de Cozumel, Quintana Roo”, y el programa y planes de manejo del área.

Segundo.Se hace un atento exhorto al gobierno federal, al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Cozumel a coordinar acciones y esfuerzos para lograr la protección y conservación de la flora y fauna de isla de Cozumel.

Tercero.Se exhorta al gobernador de Quintana Roo a continuar con la elaboración del programa de manejo y los trámites correspondientes para la expedición del decreto de área natural protegida terrestre de la zona norte de Cozumel.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Gustavo Ortega Joaquín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PEAJE DE MOTOCICLETAS EN AUTOPISTAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la SCT y la SHCP un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje correspondiente a motocicletas, a cargo del diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Guadalupe Vera Hernández de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Hacienda y Crédito Público, un estudio integral a fin de determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país. Asimismo, entreguen a esta soberanía en un lapso no mayor a 45 días un informe detallado del estudio, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

Las carreteras constituyen un pilar clave para el desarrollo y progreso de los países, fomentan la actividad económica incentivando la competitividad y la productividad de las entidades federativas, permiten la comunicación entre las comunidades de las distintas regiones, promueven el libre tránsito de personas, incentivan el turismo, y son fuentes generadoras de empleos.

En 2008, la red nacional de autopistas de cuota fue de 8,064 kilómetros, teniendo como operador al organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos con 4,266 kilómetros, que representan el 52.9 %, y las autopistas concesionadas y estatales representan 3,798 kilómetros que equivalen al 47%.

Las autopistas cobran un peaje con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el que establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, y corresponde a la SCT establecer las bases generales de regulación tarifaria.

La autorización de las tarifas de peaje concierne a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y para los caminos y puentes concesionados a terceros, en los cuales, este organismo se desempeña sólo como operador. La autorización de las tarifas corresponde a comités técnicos integrados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y el concesionario respectivo. En todos los casos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en los trámites y registra las tarifas autorizadas.

El mayor daño o desgaste que reciben las carreteras es por el peso de los vehículos, y está asociado principalmente a los ejes que tienen, por lo que el peaje a pagar se determina respecto a su número, en este sentido, las motocicletas deberían de pagar menor peaje, ya que no generan afectación alguna a la estructura o desgaste de la carpeta de rodamiento por donde transitan.

Es importante mencionar que las motocicletas por sus dimensiones, por su maniobrabilidad y por su precio, son en la mayoría de los países del mundo alternativas no sólo válidas y aceptadas, sino inclusive muy razonables, para el transporte cotidiano de las familias. Algunas son económicas, tanto para adquirirlas como para mantenerlas, por mencionar un caso, las de baja cilindrada pueden rendir hasta 25 kilómetros por litro, situación que permite que se conviertan en una opción para la gente de bajos recursos.

Ante esto, las motocicletas son un medio de transporte accesible para las esferas sociales que no tienen en México recursos suficientes para comprar autos. Son duraderas, fáciles de reparar y de adaptar a las necesidades de cada usuario, además de que siempre han sido parte imprescindible de la sociedad, pues permiten proporcionar servicios de comunicación que no están accesibles a otros tipos de vehículos.

En México hay una cultura importante para el uso de la motocicleta, en donde se promueven una gran cantidad de eventos recreativos y turísticos en las diferentes regiones de los estados del país, y participan una gran variedad de grupos de motociclistas los cuales para llegar a su destino de forma más segura y rápida requieren utilizar las autopistas, y que sin embargo en muchos de los casos no hacen uso de ellas, por no tener los recursos suficientes para cubrir el peaje, por lo que esta situación desincentiva el aforo de motociclistas.

Con lo anterior, se requiere que el Gobierno Federal junto con la red de concesionarios de las carreteras, realicen un estudio integral para evaluar la pertinencia de reducir el peaje de las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Estoy convencido que con esta medida se generarían importantes aforos de motociclistas que contribuirían a un peaje más justo, y a la vez, generarían mayores ingresos para la red de autopistas del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor a 45 días naturales, un informe detallado sobre la viabilidad de esta propuesta.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009. — Diputado José Guadalupe Vera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Enrique Torres Delgado, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Economía, de la Sedesol, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Semarnat, considere el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica del municipio de Cananea, Sonora, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la SE, la Sedesol, la SCT y la Semarnat el acceso y la promoción de diversos programas para la recuperación económica de Cananea, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de Secretarías de Economía, de Desarrollo Social (Sedesol), y de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica del municipio de Cananea, en el estado de Sonora, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La crisis económica mundial, combinada con la caída en los precios del petróleo y sus exportaciones, la contingencia producto de la influenza, la disminución en los ingresos por turismo y las remesas, han tenido efectos negativos en la economía nacional que repercuten en todas las economías locales del país.

Un efecto de la desaceleración económica, que afecta sensiblemente a la población es la falta de empleo, la tasa de desocupación a nivel nacional en octubre fue de 5.78% respecto a la población económicamente activa, inferior a la observada en el mes de septiembre, por tal razón se ha convertido en una de las preocupaciones centrales del Ejecutivo federal y en ese sentido es necesario seguir implementando acciones de política pública que permitan superar esta etapa cuanto antes.

En el caso particular del municipio de Cananea, en el estado de Sonora, al depender su economía de la actividad minera, este escenario se ve agravado por las difíciles condiciones económicas que aquejan a la localidad desde julio de 2007, a causa del conflicto entre los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Industrial Minera México.

Por causa del conflicto se han dejado de percibir 5 mil millones de pesos desde que comenzó la huelga en 2007 hasta julio de 2009, se han cerrado casi 150 comercios y se han dejado de percibir impuestos que han afectado las finanzas del ayuntamiento.

La adversidad económica que vive Cananea se puede dividir en factores que tienen que ver con la afectación de los ciclos económicos de la economía mundial, con repercusiones en la economía nacional, pero también con una problemática endémica que agudiza su situación y que supedita su recuperación económica a la resolución de una problemática particular, en ese sentido la acciones encaminadas a superar esta fase deben de tomar en cuenta estos dos tipos de dificultades.

Es importante colaborar de diversas formas posibles, a través de apoyos como el Plan Especial de Apoyo a Cananea, anunciado por el Gobernador de Sonora en días pasados, en el cual se contemplan 250 millones de pesos para la recuperación económica, o por medio de acuerdos como el alcanzado en el Senado a fin de promover reuniones entre Mexicana de Cananea y el sindicato minero para ayudar en la solución a la huelga.

Acorde a lo anterior se considera necesaria la acción gubernamental a través de estrategias y distintos programas económicos y sociales para la resolución de problemas de infraestructura, de falta de servicios o dificultad para acceder a ellos y de falta de empleo, que al mismo tiempo permitan fortalecer y diversificar otros sectores productivos vinculados a la economía regional.

A la par de las distintas ayudas que se han formulado por parte del gobierno de Sonora y de compañeros legisladores, es necesario seguir promoviendo esfuerzos que a la brevedad permitan salir avante de la problemática que se vive en el municipio de Cananea.

Por lo anteriormente expuesto, en pro de las familias cananenses y de la economía nacional, se pone a consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, para que, por medio de programas como Pronafim o Fonaes promuevan un plan emergente de generación de empleo, y por medio de Programas de Apoyo a la Maquila o fortalezcan el sector del municipio y ayuden a diversificar la economía local, aprovechando la cercanía de Cananea con Estados Unidos.

Segundo. En el mismo sentido, se hace un atento exhorto a los gobiernos locales para que promuevan políticas públicas que atraigan inversión y permitan diversificar la economía local, a fin de generar alternativas de empleo de largo plazo.

Tercero.Se hace un atento exhorto a la Sedesol, a la SCT y a la Semarnat, a través del comité estatal del Programa de Empleo Temporal, para que consideren la necesidad de hacer una excepción en la asignación de recursos al municipio de Cananea, a fin de generar opciones de empleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 10 de diciembre de 2009.— Diputados: Enrique Torres Delgado (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Alberto Esquer Guitérrez (rúbrica), Juan Huerta Montero, José Luis Íñiguez Gámez, Oralia López Hernández, Alfonso de Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Carlos Meillón Johnson (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Ramón Merino Loo, Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, Ricardo Sánchez Gálvez, Fernando Santa María Prieto (rúbrica), Julio Saldaña Morán, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Arturo Torres Santos, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Economía.

PROGRAMA DE APOYOS A LA AGRICULTURA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y al órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a que transparenten y publiquen los beneficios otorgados y los resultados del programa de Apoyos a la Agricultura, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a transparentar y publicar los beneficios otorgados y los resultados del Programa de Apoyos a la Agricultura, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados José Erandi Bermúdez Méndez y Javier Usabiaga Arroyo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, (Aserca), como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), tiene la obligación que diseñar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que en materia de apoyos al campo están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el programa sectorial de mediano plazo, para fortalecer el desarrollo del sector, la rentabilidad agrícola y el ingreso de los productores nacionales, todo esto mediante la aplicación de programas de apoyo directo al productor y a la promoción de procedimientos de financiamiento y de organización, para su incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de las cadenas agroalimentarias a los mercados nacionales e internacionales y de esta forma fortalecer la economía del país.

Entre los programas que maneja se encuentra el denominado Apoyos a la Agricultura por Contrato, el cual busca fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores, a fin de garantizar al primero la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo al término de la cosecha y al descubrimiento del precio, así como un porcentaje del costo de la cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dándoles certidumbre en el proceso producción-consumo de los productos.

Para su acceder a dicho programa las reglas de operación de los programas de la Sagarpa, y en este caso los apoyos para de 2008 de Aserca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, así como también los lineamientos específicos para la operación al ordenamiento de mercados para aplicar el apoyo a la agricultura por contrato de los granos y oleaginosas elegibles.

Sin embargo a la fecha de la presentación de este punto de acuerdo no se tiene conocimiento del estado que guardan los contratos antes mencionados, de los cuales muchos agricultores de los diversos estados del país son participes.

Dichos agricultores han manifestado su inconformidad sobre la falta del pago establecido en los contratos por los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno 2008, al cual tienen derecho por ser parte del programa en mención, y a lo cual están señalando un probable fraude debido a la falta de finalización del contrato con el paso correspondiente.

Por lo expuesto y continuando con nuestro compromiso de dar certeza a los usuarios de estos Programas Federales en lo referente a los apoyos que estos puedan recibir, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a que se transparente y publiquen los beneficios otorgados y los resultados del Programa de Apoyos a la Agricultura por Contrato en todo el país a partir del ciclo productivo primavera-verano y otoño-invierno de 2008 y en adelante al término de cada ciclo productivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputados: José Erandi Bermudez Méndez (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Ramón Merino Loo, Arturo Ramírez Bucio, Ricardo Sánchez Gálvez, Fernando Santa María Prieto, Julio Saldaña Morán, Sergio Talento Hernández, Arturo Torres Santos, Enrique Octavio Trejo Azuara, Dora Evelyn Trigueras Durón.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Semarnat y de la Conagua, así como de las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, ante el riesgo recurrente de inundación de la delegación de El Pitillal otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la población.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que mediante la Semarnat, la Conagua y las autoridades de Puerto Vallarta, ante el riesgo recurrente de inundaciones de la delegación de El Pitillal, ofrezca a la población las condiciones necesarias de seguridad y preserve el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que ante el riesgo recurrente de inundación de la delegación de El Pitillal, otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la población que habita la localidad y preserven el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Puerto Vallarta ha registrado un crecimiento poblacional sin precedentes en el resto del país. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el periodo de 1970 a 2005 la tasa de crecimiento promedio anual poblacional de dicho municipio fue de 5.4 por ciento, es decir, en total 185 mil habitantes nuevos, tasa muy superior al 2.0 por ciento registrado para Jalisco en el mismo periodo.

Históricamente la ciudad Puerto Vallarta ha concentrado el 67.0 por ciento de la población total del municipio. El crecimiento demográfico de la localidad ha provocado la ocupación de áreas como la de El Pitillal, que en el pasado estaba compuesta de humedales que formaban parte del estero de El Salado, y que actualmente cuenta con el río Pitillal y con los arroyos La Virgen y El Contentillo que dotan de agua dulce al estero antes mencionado.

La delegación de El Pitillal al convertirse en la zona habitacional de la localidad, como parte de la planeación urbana, debe de considerar aspectos de orden social, económico y ambiental, no obstante, esto no ha sido así debido al vacío de autoridad para sancionar las obras y actividades que afectan a la población, a estos humedales, y de manera indirecta al estero de El Salado.

Por un lado, la localidad del Pitillal se encuentra ante un riesgo latente de inundaciones, quedando expuesta incluso la vida de seres humanos y la pérdida de su patrimonio, tal como ocurrió el pasado 5 de julio del presente año, cuando a causa de una tromba resultaron afectadas: 17 colonias, 67 viviendas, 227 personas damnificadas, 14 vehículos con pérdida total, 3 establecimientos comerciales y 23 calles y avenidas anegadas. Por otro parte, la mancha urbana está causando un daño ambiental severo, al provocar un deterioro por contaminación con hidrocarburos y desechos sólidos, generar contaminación doméstica y pérdida de la cobertura vegetal del manglar. Otro aspecto importante, es que al obstruir el suministro de agua dulce al estero, se influye en su grado de salinidad y con ello se puede dañar la biodiversidad de la región.

En ese sentido, es importante que las políticas de crecimiento urbano, no dejen de lado el aspecto ambiental, pues de ser así atentarán contra el bienestar de la población ya que este tipo de cuerpos costeros cumplen funciones como estabilizadores de la línea de costa y protección contra huracanes; son de amplio valor para la pesca comercial y deportiva; constituyen fuente de productos de valor comercial (leña, medicamentos, miel, curtientes, entro otros); acarrean cantidades significativas de sedimento que posteriormente serán parte de las playas arenosas de diversos hoteles de la Bahía de Banderas; y albergan una gran biodiversidad compuesta por peces, crustáceos, moluscos, camarones, y otras especies. Por lo cual, estos aspectos deben de ser considerados en la toma de decisiones para el desa-rrollo de estas áreas.

No obstante la importancia de lo comentado, la falta de una planeación adecuada y la corrupción permiten asentamientos humanos sin la infraestructura mínima necesaria, que al ubicarse en los márgenes e incluso sobre los afluentes ya mencionados, incrementan la posibilidad de inundaciones recurrentes y un daño ecológico creciente.

Por lo expuesto, ante la oportunidad de otorgar seguridad a las familias de la delegación de El Pitillal de Puerto Vallarta, Jalisco, y de preservar el estero de El Salado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine las condiciones y lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar el flujo de agua dulce al estero de El Salado mediante los canales y humedales disponibles en el área, dando continuidad al desarrollo de las especies de la Bahía de Banderas, toda vez que dicho vaso lacustre ha sido afectado por la falta de una adecuada planeación urbana.

Segundo. Se hace un exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que lleve a cabo estudios relacionados a los riesgos posibles que enfrenta la población cercana a los arroyos La Virgen y El Contentillo, teniendo como resultado un sustento técnico que permita la realización de obras públicas orientadas a evitar pérdidas humanas.

Tercero.Se exhorta a las autoridades locales de Puerto Vallarta, para que evalúen la permanencia de construcciones existentes en los márgenes y sobre los arroyos La Virgen y El Contentillo, y nieguen la autorización de obras y fraccionamientos que afecten la sustentabilidad del estero El Salado y pongan en peligro la vida de seres humanos.

Nota:

1 Un estero o estuario es un cuerpo de agua de mar, un canal angosto y somero por donde ingresan y salen mareas a un río.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de diciembre de 2009.— Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la línea 12 del Metro se cumplan cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a verificar en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes destinados a la Línea 12 del Metro que se cumplan cabalmente los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio establecido en los procesos de compra del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a enviar a la Comisión del Distrito Federal toda la documentación relativa a la adquisición de material rodante para la línea 12 del Metro y para que la respectiva licitación se ajuste a derecho; asimismo, se solicita al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro que asista a dicha comisión para explicar todo lo relativo al tema en comento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jefe del Gobierno del Distrito Federal en 2007 anunció la construcción de la línea 12 del Metro, la cual se convertirá en la línea de mayor longitud de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, además de prestar servicio con trenes de características diferentes a los trenes del lote existente.

En los primeros meses de 2008 el Gobierno del Distrito Federal convocó a la licitación pública internacional para la realización del proyecto y construcción del la línea 12 del Metro y la adquisición de 35 trenes.

El Sistema de Transporte Colectivo originalmente estableció las especificaciones técnicas para el nuevo material rodante (trenes), bajo las consignas y normas técnicas que ha perfeccionado a lo largo de 40 años de experiencia en el servicio, exigencias técnicas que cumplen los proveedores actuales de trenes. Sin embargo, para ampliar la participación de más fabricantes, dicha licitación se abrió.

Derivado de este proceso se inscribieron como participantes las siguientes empresas: Alstom (Francia), Bombardier (Canadá), Caf (España), Siemens (Alemania), Breda-Ansaldo (Italia) y Norinco (China). Sin embargo, sólo los proveedores Alstom, Bombardier y Caf se encuentran actualmente certificados por el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Es así que en diversos medios se ha afirmado que el jefe de Gobierno adelanta a la empresa Norinco como la ganadora de la licitación, lo que resulta preocupante ya que sin concluir aún el proceso de licitación, se está impulsando a una empresa que no se encuentra certificada, que no cuenta con una planta de ensamble o fabricación en México y, por tanto, no genera empleo a connacionales, a diferencia de algunas de las otras empresas participantes.

Asimismo, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben asegurar que en el proceso de licitación se tome en cuenta lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, el cual indica que se debe de contar por lo menos con un 35 por ciento de contenido de integración nacional en la propuesta por seleccionar.

Aunado a lo anterior, es de considerar que la compañía Norinco es una de las principales fabricantes de explosivos y armamento, por lo que incluso el Estado mexicano colocó una nota diplomática al gobierno chino, porque la mayoría de las armas que usa el crimen organizado provienen de dicha compañía y los contrabandean de Estados Unidos de América, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por otra parte, a decir de algunas empresas participantes en la licitación, la selección de este nuevo tipo de vehículo que será más ancho que los trenes actuales, además de ser único traerá como consecuencia ciertas limitaciones en su manejo dentro de las instalaciones de la red existente, es decir, no podrán circular en ninguna de las once líneas de la actual red y no podrán utilizar los dos talleres de mantenimiento denominados de gran revisión, además de que las fosas o posiciones de mantenimiento están diseñadas para soportar y maniobrar carros de menor longitud.

Nuestra intención no es oponernos a ninguna empresa, ni a la inversión extranjera ni mucho menos al desarrollo de nuevas tecnologías, pero el Gobierno del Distrito Federal debe sujetarse a derecho en el proceso de licitación, transparentar la información relativa a las obras de la línea 12 del Metro y sobre todo que la licitación se otorgue a la empresa certificada que garantice el cumplimiento de calidad, rendimiento funcional, garantías técnicas y operativas que exigirá el servicio que tiene previsto ofrecer el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a efecto de que en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la línea 12 del Metro, cumplan cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio que se ha establecido en todos los procesos de adquisición del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fin de que la propuesta seleccionada ofrezca el cumplimiento del porcentaje (35 por ciento) de integración nacional, establecido en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

Tercero.Se solicita al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Francisco Bohórquez Hernández, que asista a la Comisión del Distrito Federal para explicar todo lo relativo a la línea 12 del Metro.

Cuarto. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal enviar a la Comisión del Distrito Federal toda la documentación relativa a la construcción y adquisición de material rodante para la línea 12 del Metro.

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

MEDICAMENTOS OTOTOXICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Cofepris, a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de medicamentos ototóxicos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Cofepris a intensificar las acciones de supervisión y control del uso en niños y en adolescentes de medicamentos ototóxicos, e informar a los ciudadanos y a la comunidad científica sobre los resultados de su empleo y las acciones de prevención adoptadas, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Agustín Torres Ibarrola, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de medicamentos ototóxicos, así como a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre los resultados de su uso y las acciones de prevención adoptadas, bajo las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sordo es aquella persona que no tiene respuesta al estímulo auditivo aun con el más potente auxiliar.

Según el XII Censo de Población y Vivienda en México existen alrededor de 281,000 personas con discapacidad auditiva y que en el 50% de los casos se debe a agentes externos y en el otro 50% se trata de una cuestión congénita. El impacto de este padecimiento sobre la población infantil de nuestro país es notorio, pues de cada 100 niños 2 padecen sordera profunda.

A pesar de que contamos con información, es necesario conocer con mayor profundidad este fenómeno en México. Requerimos ser capaces de detectar las causas de algunos tipos de sordera provocada por agentes externos y de diseñar políticas públicas para erradicar sus efectos.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley General de Salud “la atención materno-infantil tiene carácter prioritario” y entre sus acciones se contempla “la detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del nacimiento”, así como las acciones “para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas”.

Entre algunas de las causas del déficit auditivo en la población infantil, se encuentra el consumo de medicamentos ototóxicos, definidos éstos, como aquellos que, derivado de su consumo, producen un efecto nocivo sobre el oído y su buen funcionamiento.

Muchos de estos medicamentos son de uso común en los servicios de cuidados intensivos de los hospitales de pediatría y diversas asociaciones médicas les atribuyen afectos ototóxicos. Sin embargo, para que el poder legislativo pueda contribuir a la solución de esta problemática, es necesario que cuente con la información suficiente para poder plantear medidas efectivas que logren frenar o atenuar los efectos negativos de tales medicamentos.

En este contexto, toma una especial relevancia la información generada por nuestro sistema de vigilancia farmacológica. El Centro Nacional de Farmacovigilancia es el responsable de establecer las políticas, programas y procedimientos en tal materia en nuestro país, a lo que debe agregarse que coordina las acciones de los Centros Estatales de Farmacovigilancia y que colabora con la OMS en esta materia. Eso le permite contar con información privilegiada respecto a las reacciones adversas causadas por cada medicamento que es utilizado en nuestro país.

Por otra parte, contamos en el país con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dicha institución es la encargada de proponer la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de medicamentos.

A fin de poder realizar las acciones legislativas pertinentes, es necesario que el Poder Legislativo cuente con la información derivada de las acciones de vigilancia farmacológica y contra el riesgo sanitario vinculados a posibles efectos ototóxicos sobre medicamentos aplicados a la población infantil y que han sido señalados por asociaciones nacionales e internacionales de médicos.

En razón de todos los argumentos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de los

Antibióticos gminoglucosidos):

Amikacina                                      Gentamicina

Kanacimina                                    Aminosidina

Estreptomicina                              Capreomicina

Dehidroestrestreptomicina               Mínociclina

Vancomicina                                      Neomicina

Otros antibióticos:                     antipaludicos:

Cloranfenicol (local)                              Quinina

Eritromicina (dosis altas)                    Quinidina

Polipéptidos                                      Cloroquina

Colistina cilocerina

Famicetina

Agentes Antihepaticos:   Anti- Inflamatorios:

Bromo                                 A.C. Acetilsalicílico

                                                      Indometacina

                                                            Naproxen

Anestésicos generales:         Anti-metabólicos:

Cloroformo                        Mostaza nitrogenada

Cloruro de Etilo                                Vinblastina

Eter                                                     Cisplatino

Diuréticos:                                                        

Furosemide

Ácido Etacrinico.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre el número de casos en los que se presenten efectos secundarios de sordera provocada en niños o adolescentes, que se deriven o puedan derivarse del uso de los insumos enlistados en el cuadro anterior y en su caso, de las acciones que dichas instancias han realizado para su atención.

Notas:

1 Fracciones IV y V del artículo 61 de la Ley General de Salud. http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/sala_prensa/ley_general_salud.pdf

2 Ley General de Salud. Artículo 17 Bis, fracción II. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009. — Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Saud.

ASOCIACIONES CIVILES O INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los congresos estatales y a la ALDF que emitan disposiciones legales atinentes a las personas físicas y a las jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendarios no reguladas en la legislación financiera; y, en su caso, revisen la normativa local sobre ese tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera; y al Banco de México, para que estudie y evalúe la formal incorporación al Sistema Financiero Mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es indudable que en el presente siglo XXI, México se encuentra frente a enormes retos y desafíos esenciales. La crisis económica mundial a la cual nos enfrentamos, requiere continuar impulsando medidas urgentes para impedir que aquellos sectores más vulnerables de la sociedad resientan sus complejos efectos.

En este tenor, un tema de suma importancia sin duda alguna en la agenda, es regular a las instituciones, personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, comúnmente conocidas como “Casas de Empeño”.

En México, con la creación del Nacional Monte de Piedad en el año de 1775, comenzó la operación en nuestro país de las instituciones de asistencia privada, las cuales surgieron como un medio para realizar acciones en beneficio de la sociedad, cuyo objetivo primordial era proporcionar ayuda a las personas necesitadas, de bajos recursos a través de préstamos inmediatos, y sin cobrar intereses por el préstamo recibido al pignorante.

Sin embargo, al convertirse en una práctica popular, en virtud de la imperiosa necesidad de liquidez inmediata para cubrir eventualidades, en los últimos años es evidente que han comenzado a proliferar distintos establecimientos de empeño como negocios puramente lucrativos, ahora operadas por particulares.

Así pues, dentro de las figuras que más han proliferado al margen del sistema financiero se encuentran las casas de empeño, cuyos servicios se basan en operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Es de resaltar que, en los últimos años, el número y volumen de operaciones del sistema financiero se ha incrementado, sin embargo, este crecimiento es insuficiente para permitir que la totalidad de la población tenga acceso a los servicios de ahorro y préstamo.

Ante la falta de cobertura del sistema financiero “formal” surgen instituciones que brindan servicios alternativos, especialmente para la población que, por sus características socioeconómicas o por la rigidez de las entidades financieras, son marginadas de éste.

Las casas de empeño atienden a un segmento de la población que, por lo general, requiere liquidez inmediata, sin embargo, no cuenta con los medios para hacerse de ésta por lo que en el sistema financiero formal no son sujetos de crédito, obligándolos a recurrir al empeño de sus bienes.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el año 2006, el 25.3 por ciento de las personas que hicieron uso de los servicios de las casas de empeño no percibían algún ingreso personal y el 30.2 por ciento tenía ingresos menores a los 4,855 pesos.

Dadas las características de la población que requería los servicios, inicialmente la operación de las casas de empeño tuvo un fin netamente de asistencia social, sin fines de lucro, por lo que se instituían como asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada.

Con el paso del tiempo y, ante el incremento de la demanda de los servicios, comenzaron a proliferar casas de empeño bajo figuras mercantiles, distorsionando el concepto original de asistir a la población más necesitada.

Las casas de empeño que operan bajo la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada están sujetas a la regulación de las entidades federativas, mientras que las constituidas como sociedades mercantiles son reguladas por la legislación mercantil, cuyo único límite es que su actividad sea lícita y de acuerdo a las buenas costumbres, quedando sujetas a las normas correspondientes.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en la actualidad, existen 22 entidades federativas que cuentan con su propia legislación en materia de instituciones de asistencia. Sin embargo, la legislación local regula de manera general a las casas de empeño que estas constituidas como organizaciones de asistencia social.

Si bien es cierto que algunas de las entidades federativas han realizado esfuerzos legislativos para crear un marco jurídico, o en otros casos inexistente, así como al encontrarse sujetas a la regulación mercantil, las casas de empeño prácticamente operan sin regulación ni supervisión, generándose el escenario ideal para que operen con prácticas lesivas para la sociedad, pues actúan únicamente con el objetivo de multiplicar sus ganancias en detrimento de sus bienes de las personas.

En este contexto, un gran número de casas de empeño dejaron de lado su objetivo de asistir a la población necesitada al otorgarle una alternativa de financiamiento, para convertirse en un negocio muy lucrativo.

De acuerdo a la Condusef, factores como la confianza que han heredado de los antiguos montepíos y la falta de una costumbre de comparar opciones, así como la sencillez de los trámites, podrían explicar la proliferación de este tipo de instituciones a pesar de que, en general, los intereses son muy altos comparados con los que cobran las instituciones financieras como bancos y Sofoles.

De acuerdo a la Profeco, en el mes de agosto de 2009, el costo anual total (CAT) promedio de las casas de empeño fue de 257.2 por ciento, denotando claramente que actualmente su objetivo final ya no es la beneficencia.

Este elevado CAT lleva implícitas tasas de interés sumamente elevadas que exceden un interés mensual del 10 por ciento, haciendo sumamente caro el financiamiento otorgado por estas instituciones. Esta situación conlleva a una muy grave afectación a los ciudadanos que, no en pocos casos, pierden su patrimonio para cumplir con las obligaciones que las casas de empeño les requieren.

Si bien es cierto que otorgan financiamiento a quienes muchas veces no tienen acceso al sistema financiero formal y que, por sus características, denotan un grado de riesgo de incumplimiento, es de reconocer que reciben una prenda que, por lo general, es valuada muy por debajo de su valor real. Lo anterior aunado a que no existe una autoridad facultada que vigile el funcionamiento de estos establecimientos, conlleva a múltiples problemas como el agio, principalmente.

Diversos legisladores, de todos los grupos parlamentarios, coincidimos en la necesidad de regular a estos establecimientos y sujetarlos a la supervisión de las autoridades financieras, de ahí la importancia de la solicitud que realizamos al Banco de México para contar con la información que nos permita impulsar, desde esta soberanía, una reforma integral para regular la constitución y operación de las casas de empeño.

En la actualidad, las disposiciones vigentes referentes a las casas de empeño a nivel federal van únicamente en el sentido de regular los contratos de adhesión y la transparencia de las condiciones de los servicios, sin lograr aún que las autoridades financieras se responsabilicen de la supervisión de éstas.

Claro ejemplo de lo anterior es la NOM-179-SCFI-2007 que contiene información en materia de casas de empeño, señalando como objetivo “establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios”.

Esta NOM únicamente es aplicable para aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, por lo que sólo se regulan aquellas casas de empeño que no fueron constituidas como asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada que, como ya se mencionó, se encuentran sujetas a las legislaciones locales.

Como vemos, las casas de empeño prácticamente actúan sin una regulación que impida que abusen de los ciudadanos, por lo que es urgente que las legislaturas estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislen, y en su caso, revisen las disposiciones jurídicas locales que regulan a este tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada y que, por tal motivo, se propone dicha solicitud en la materia.

De manera adicional, y considerando la gravedad del asunto, se solicita al Banco de México para que realice un estudio para analizar la posible incorporación formal al Sistema Financiero Mexicano de las organizaciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, para sujetarlas a la regulación de las autoridades financieras y evitar con ello que se continúe lucrando con la necesidad de los ciudadanos.

La presente proposición con punto de acuerdo, abre la posibilidad de dar un paso adicional con la visión de proteger a los ciudadanos de los abusos que en muchas ocasiones realizan estos negocios por la falta de un marco regulatorio integral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace una respetuosa solicitud a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, y en su caso, revisen las disposiciones jurídicas locales que regulan a este tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada.

Segundo.Se hace una atenta solicitud al Banco de México para que, dentro de un plazo de tres meses, informe a esta soberanía sobre el estudio y evaluación de la formal incorporación al Sistema Financiero Mexicano de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, con el objeto de sujetarlas a la legislación vigente para favorecer su sano desarrollo, brindar mejores servicios en cuanto a precio y calidad, así como para evitar prácticas lesivas a los usuarios de estos servicios.

Nota:

1 De acuerdo con datos de la Profeco (2006), en una encuesta realizada a 972 personas de 18 años o más en el Distrito Federal y 11 municipios conurbados del estado de México, de las personas que hicieron uso de los servicios de las casas de empeño, el 25.3 por ciento no percibe algún ingreso personal; el 1.3 por ciento percibe de $0 a $932; el 5.1 por ciento de $933 a $2,110; el 7.6 por ciento de $2,111 a $3,036; el 7.2 por ciento de $3,037 a $3,935; el 9.0 por ciento de $3,936 a $4,855; el 7.6 por ciento de $4,856 a $5,971; el 8.8 por ciento de $5,972 a $7,482; el 6.0 por ciento de $7,483 a $9,696; 5.2 por ciento de $9,697 a $13,627; el 10.9 por ciento de $13,628 en adelante y; 5.9 por ciento no contestó.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a que establezca las medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del Grupo Parlamentario del PAN proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Aguascalientes a que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Aguascalientes a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISCRIMINACION LABORAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instrumentar acciones y mecanismos necesarios a efecto de prevenir y evitar la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del trabajo federales y locales a instaurar acciones y procedimientos que prevengan la discriminación en el acceso laboral de los mayores de 40 años, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La crisis mundial que se ha desatado en el último año ha repercutido enormemente en las finanzas públicas y en las inversiones privadas, lo cual se ha reflejado en la pérdida de empleo.

De acuerdo con del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el primer trimestre de 2009 la tasa de desempleo en personas de 40 a 49 años ha sido la mayor, lo cual es verdaderamente preocupante si tenemos en cuenta que es el grupo que en mayor proporción ocupa el rango de jefe de familia de acuerdo con estadísticas del mismo instituto: esas personas desempeñan un papel primordial en la manutención de los dependientes.

Aunado a lo anterior, estudios realizados por la Asociación por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, sobre ofertas publicadas en buscadores de empleo y bolsas de trabajo arrojaron datos alarmantes: 90 por ciento de las ofertas deja fuera del mercado laboral a las personas mayores de 35 años; y del 10 por ciento de las ofertas a que pueden acceder, sólo 2.7 por ciento son empleos reales y formales, y únicamente de guardias de seguridad o personal de limpieza.

El resto son ventas engañosas, como telemercadeo o fraudes, en los cuales terminan por no pagar a los empleados o los obligan a comprar productos para revenderlos. Eso aumenta la gravedad del problema, pues académicos en el tema, como Jesús Sánchez Arciniega, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevistas para medios de comunicación expresó que México está lejos de alcanzar la meta prevista de crear 800 mil empleos por año.

De acuerdo con su opinión, los adultos de arriba de 40 años estarán más vulnerables al desempleo y batallarán más para conservarlo, debido a la lentitud en la ejecución de sus tareas y a que les cuesta más adaptarse a los cambios y tecnológicos de las empresas.

También considera que en ese grupo sufrirán más los que “tienen menos educación, preparación, y en especial las personas que se dedican a la limpieza, mantenimiento, vigilancia y con niveles inferiores a preparatoria.”. Todo esto es consternarte: de acuerdo con estudios realizados por la Sedesol y el Conapred en 2005, la mayor discriminación en la sociedad es la sufrida por los adultos mayores; y gran parte de dicha discriminación ocurre en el ámbito laboral.

La encuesta de población del Inegi correspondiente a 2005 indica que en 2010 cerca de 40 por ciento de la población mexicana estará entre 35 y 59 años de edad. Y ante la imposibilidad de la población para encontrar un trabajo acorde con sus habilidades y necesidades, 3 millones de mexicanos migrarán de sus localidades en busca de empleo; 1 millón de ellos buscarán instalarse en la frontera norte, otro millón transitará hacia Estados Unidos y 1 millón más se dirigirá hacia el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.

Estas evidencias reflejan que además del crecimiento de la tasa de desempleo debido a la crisis, también se presentan contra los mayores de 40 años marginación y discriminación en el mercado laboral.

La discriminación está representada por la desigualdad, la pobreza y la falta de ciudadanía plena, que han provocado en el país fragmentación social, maltrato e iniquidad. Ello vulnera derechos y libertades de personas y grupos sociales; además, genera la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas. En una sociedad en la que se discrimina persistentemente se impide el acceso real de sus miembros a los beneficios sociales propios del estado de derecho.

En México, el primer paso para erradicar la discriminación se dio en 2001 cuando se reformó el artículo 1o. de la Constitución, donde se expresa la prohibición de cualquier forma de discriminación:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La discriminación laboral comprende el trato de inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad en el ámbito de la libertad de trabajo y derecho a él; la ejercida por el empleador atenta directamente contra ese derecho. Ésta es la antítesis de todo principio de libertad de trabajo. No es posible tener libertad de elección de trabajo cuando se discrimina en su obtención.

Además, el artículo 123 constitucional prevé que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”.

Compañeros legisladores: a efecto de coadyuvar al cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y de abatir todos los efectos negativos que implica el hecho de que una persona económicamente activa no tenga acceso a un empleo, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar las acciones y los procedimientos necesarios a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.— Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del Grupo Parlamentario del PAN proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE CAMPECHE

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del Grupo Parlamentario del PAN proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Campeche a que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio de los recursos públicos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Campeche a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del Grupo Parlamentario del PAN proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Coahuila a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Colima a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Colima a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Colima para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Colima a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Durango a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Gobierno de Durango a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Durango para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Durango a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Guerrero a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Guerrero a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE HIDALGO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Hidalgo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Hidalgo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Jalisco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Michoacán para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Michoacán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Morelos a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Morelos a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Morelos a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nayarit a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con unto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nayarit a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nayarit para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Nayarit a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Oaxaca a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Oaxaca a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Puebla a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Puebla a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Puebla a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE QUERETARO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Querétaro a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Querétaro a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Querétaro para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Querétaro a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Quintana Roo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Quintana Roo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de San Luis Potosí a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de San Luis Potosí a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de San Luis Potosí para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de San Luis Potosí a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Sinaloa a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Sinaloa a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sinaloa para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Sinaloa a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Sonora a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Sonora a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sonora para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Sonora a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tabasco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con unto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Tabasco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tabasco para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Tabasco a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tamaulipas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Tamaulipas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Tamaulipas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE TLAXCALA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tlaxcala a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Tlaxcala a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Tlaxcala a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Veracruz a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Yucatán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Yucatán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Yucatán a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE ZACATECAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Zacatecas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Zacatecas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero:  Se recibió del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales de Baja California Sur, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, a que aprueben las leyes y, en su caso, las reformas correspondientes para dar cumplimiento a la reforma constitucional, publicada el 7 de mayo de 2008 en materia de contabilidad gubernamental.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Baja California Sur, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán a aprobar las leyes y, en su caso, las adecuaciones correspondientes para cumplir la reforma constitucional, publicada el 7 de mayo de 2008, en materia de contabilidad gubernamental, a cargo del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo segundo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de la votación; el que suscribe, diputado federal Daniel Gabriel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de mayo de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional para regular las fechas y formas de llevar a cabo la fiscalización superior en nuestro país, a fin de volverla más oportuna, eficiente y eficaz.

La citada reforma constitucional incluyó diversas consideraciones en torno a la fiscalización en nuestro país; entre las que destacan, la introducción del concepto “contabilidad gubernamental”; que hace referencia a la facultad del Congreso de la Unión de legislar a fin de establecer criterios uniformes y homogéneos para el control y registro del patrimonio público en los tres órdenes de gobierno; mismo que se materializó el 31 de diciembre del 2008 con la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además, con la reforma constitucional al artículo 79 se  establecieron, como principios rectores del proceso de fiscalización la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; con la  finalidad de cumplimentar eficazmente los tiempos y procesos establecidos para la rendición de cuentas; ampliando la facultad de la ASF para que ésta pueda fiscalizar directamente los recursos federales que ejerzan los estados, municipios y el Gobierno del DF, con excepción de las participaciones federales, así como los recursos federales que ejerza cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los que se transfieran a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

Aunado a las  modificaciones mencionadas, se recorrieron las fechas de presentación de la Cuenta Pública y del Informe del Resultado de su revisión para el 30 de abril y 20 de febrero respectivamente y se previó el fortalecimiento de la autonomía presupuestal, técnica y de gestión de las entidades de fiscalización superior locales, así como el establecimiento de reglas claras para el nombramiento y remoción de sus titulares, que igualmente, en la citada reforma quedaron materializados al establecerse constitucionalmente la obligación y necesidad de que las entidades de fiscalización superior locales cuenten con dichas autonomías en el ejercicio de sus atribuciones y que la elección de sus titulares sea por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales por periodos no menores de 7 años, contemplando igualmente los requisitos mínimos de elegibilidad que deberán cubrir los titulares y aspirantes a dicho cargo.

Ahora bien, a pesar de que el artículo segundo transitorio del decreto estableció, para el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal un plazo máximo de un año para realizar las reformas necesarias y adaptar sus legislaciones a lo establecido en la reforma constitucional; actualmente a más de un año de la publicación, continúan existiendo entidades federativas que no han realizado las reformas planteadas y que por consiguiente, no se encuentran acordes al texto de la Constitución Política federal.

Al respecto, destaca que de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, actualmente las Legislaturas de Baja California Sur, Guanajuato, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán no han realizado la totalidad de las modificaciones pertinentes para acatar el mandato constitucional,  pues aún cuentan con omisiones legislativas primordialmente en lo concerniente a la contabilidad gubernamental; situación de suma importancia si tomamos en cuenta que una de las áreas más grandes de opacidad se manifiesta en la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios, que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable.

Por todo lo anteriormente expuesto, y a fin de fortalecer la eficiencia y control dentro de la administración pública local, se pone a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un exhorto respetuoso a los Congresos locales de Baja California Sur, estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán para que aprueben las leyes y en su caso, las reformas correspondientes para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 7 de mayo de 2008 en materia de contabilidad gubernamental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Baja California, a que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California para aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El siete de diciembre último se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, este instrumento jurídico ha sido el resultado y la suma de todas las fuerzas políticas que convergen en la Cámara de Diputados por establecer un gasto público que administre los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No debe pasarse por alto, que aún persisten con severidad los devastadores efectos de la crisis económica, y que el correcto uso del erario público bajo los lineamientos del instrumento presupuestal recientemente publicado y demás disposiciones aplicables, tienen como fin último realizar los ajustes necesarios en la política económica que permita a la nación salir del difícil trance económico que acontece.

Dentro de las medidas de ajuste presupuestal, la Cámara de Diputados realizó las modificaciones necesarias para que el tamaño y costo de la administración pública federal, así como el de otras entidades públicas federales no aumente, así como la vinculación del gasto público con los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

Pero se debe recalcar que el esfuerzo de integrar un Presupuesto Federal no debe ser aislado, sino que debe tener vasos comunicantes y permear en el correcto uso de los recursos públicos en las entidades federativas y en el Distrito Federal, por lo que se reitera que es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a fin de salir a flote de la crisis económica que nos aqueja.

En consecuencia, el Presupuesto aprobado por esta soberanía es sólo la avanzada, de un ejército de acciones encaminadas a eficientar el uso de los recursos públicos, que apoyado con las medidas de austeridad, transparencia y rendición de cuentas que se establezcan por cada gobierno local, permitirá darle verdadero sentido social al gasto público.

Ante todo se deben evitar despilfarros o derroches sobre el dinero que los ciudadanos han confiado al Estado, hagamos que su dinero se transforme en servicios y bienes tangibles, como escuelas, hospitales, agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, alumbrado, que permitan fortalecer la confianza en las instituciones, y que refrenden el compromiso público que se debe hacía los ciudadanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Baja California a establecer medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat que realice los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que se declare área natural protegida a la zona geográfica de la Isla de Petatán, ubicada en el municipio de Cojumatlán, de Régules, Michoacán.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que realice estudios técnicos que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que se declare área natural protegida la zona geográfica de la isla de Petatán, en Cojumatlán de Régules, Michoacán, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a realizar en la zona geográfica de la isla de Petatán ubicada en el municipio de Cojumatlan de Regules, en el estado de Michoacán, los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que éste la declare área natural protegida, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Año con año durante el mes de octubre, los pelícanos borregones, o cuyo nombre científico es Pelecanus erythorhynchos, originarios de las regiones de la Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Ontario, pertenecientes a Groenlandia y Canadá, emigran a la isla Petatán, ubicada en la ribera del lago de Chapala, dentro del municipio de Cojumatlán, en el estado de Michoacán, hasta el mes de abril, que regresan a sus lugares de origen.

2. Durante esta temporada, la llegada de esta majestuosa especie se convierte en un espectáculo natural para los residentes del lugar y para los cientos de turistas de la región e inclusive de otros países que acuden a verlos, trayendo consigo una derrama importante de recursos económicos, lo cual reactiva la economía del lugar.

3. Cabe hacer mención, que estas aves no sólo arriban a la isla de Petatán, en menor cantidad se pueden llegar a observar en La Palma, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, e inclusive, en coordinación con los municipios de Pajacuarán, Briseñas y Vista Hermosa, se ha llevado a cabo el “Festival Cultural del Pelícano Borregón”, mediante el cual buscan promover la preservación de dicha especie.

4. A la fecha se han realizado diversas gestiones por parte de los ayuntamientos involucrados, ante diversas instancias del gobierno estatal, a efecto de poder proteger este santuario natural y a su vez, recibir apoyos económicos para la alimentación y cuidado de esta especie, sin embargo, dichos esfuerzos no han tenido eco en los funcionarios estatales, razón por la cual, es necesario que el gobierno federal intervenga y brinde la protección necesaria a estos migrantes extranjeros, que buscan tener un lugar placentero para no padecer del crudo invierno que en sus países de origen se presenta y que los obliga a volar miles de kilómetros para sobrevivir.

5. Dada la importancia de proteger a esta especie así como el hábitat al que emigra, se considera necesario establecer esta área geográfica como una área natural protegida, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3 fracción II, 5 fracción VIII, 45, 46, 47 bis, 57 58 y 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a realizar en la zona geográfica de la isla de Petatán ubicada en el municipio de Cojumatlan de Regules, en el estado de Michoacán, los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que éste la declare área natural protegida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno municipal de Matamoros, a que lleve a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura y contaminación al medio ambiente.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Matamoros a llevar a cabo las acciones conducentes al rescate, al buen funcionamiento y a la adecuada operación del relleno sanitario del municipio para evitar un mayor derramamiento de basura y contaminación del ambiente, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno municipal de Matamoros a llevar a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura  y contaminación al medio ambiente con base en las siguientes

Consideraciones

Con recursos de los tres órdenes de gobierno y aporte locales, el relleno sanitario del municipio de Matamoros en Tamaulipas, el cual constaba de 103 hectáreas y una capacidad para recibir hasta 700 toneladas diarias de basura, fue puesto en operación el 2 de noviembre de 2005, dando servicio al área urbana de Matamoros, las comunidades rurales y el área de la Laguna Madre. Asimismo, se han firmado convenios con otros municipios mediante los cuales su cabecera municipal y principales comunidades formalizaron su acceso al uso del relleno, como es el caso del municipio de Valle Hermoso.

Dicho relleno tenía una perspectiva de hasta 40 años de vida útil, lo cual se ha visto reducido debido al reporte de diversas irregularidades y mala administración que se han denunciado en los últimos meses. Esto aunado al hecho de que dicho terreno tienen un faltante de tierra la cual es de suma importancia.

Si bien es cierto que como su nombre lo indica, un relleno sanitario debe de funcionar bajo ciertos estándares de calidad para el control y tratamiento de la basura que se genera a diario a fin de tener un control de los residuos orgánicos e inorgánicos; circunstancias que, al no cumplirse, hacen que el relleno se encuentre siniestrado.

Cabe mencionar que el lugar en el cual se deposita la basura, actualmente cuenta con una exagerada altura y un sobrepeso, lo que trae como consecuencia la derrama del contenido así como enfermedades a la población que vive en los alrededores.

Los beneficios que se adquieren como resultado del tratamiento de la separación de la basura pueden ser muy productivos y aprovechables para la población, siempre y cuando los mecanismos para la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos sean los adecuados.

Actualmente, consideramos que el relleno sanitario que se encuentra en Matamoros no tiene la suficiente capacidad para que pueda brindar un servicio adecuado en los próximos 40 años, tiempo para el que fue creado dicho lugar, esto sin añadir que realmente no se llevan a cabo los procedimientos  para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos.

El relleno sanitario que fue motivo entonces de promoción política, hoy se encuentra en el abandono y problemas muy graves. La primera celda se encuentra casi saturada porque se está depositando basura sin compactar. Su vida útil se ha acortado. Su manejo ha sido tan descuidado que se requiere de una inversión de millones de pesos para rescatarlo.

Asimismo, otra de las consecuencias que se generan es que debido al estado actual de siniestro en que se encuentra el relleno, no puede ser concesionado para su tratamiento, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Protección Ambiental para el desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, motivo por el cual le corresponde en primer lugar al municipio la responsabilidad de la operación de los sistemas de limpieza, por lo que de igual manera tiene la obligación de resarcir los daños que se generen en los mismos, en términos de los dispuesto por el artículo 115 constitucional.

Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno municipal de Matamoros a llevar a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura  y contaminación al medio ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009. — Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió de los diputados María Dolores del Río Sánchez, José de Jesús Zambrano Grijalva y Carlos Samuel Moreno Terán, de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y Verde, respectivamente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conagua, al gobernador de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, a que encuentren una solución conjunta, técnica y financieramente viable, para el abastecimiento de agua potable en Hermosillo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua, al gobernador de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo a encontrar una solución técnica y financieramente viable para abastecer de agua potable a esa ciudad, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben el presente, diputada federal María Dolores del Río Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, miembros de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 71, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante este Pleno, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador del estado de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, para que encuentren una solución conjunta, que sea técnica y financieramente viable, para el abastecimiento de agua potable de esa ciudad.

Consideraciones

En el 2009 la ciudad de Hermosillo cuenta con una población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 768 mil 954 habitantes y ocupa según fuentes del Consejo Nacional de Población, el lugar número 14 entre los municipios más poblados del país, con una tasa de crecimiento en el periodo 2000-2005 de 2.8 por ciento anual y, de acuerdo a las proyecciones más recientes, se espera que para el año 2030 su población se acerque al millón de habitantes.

Esta ciudad se encuentra enclavada en la cuenca baja del río Sonora, dentro de los límites del desierto de Sonora, una zona árida donde abundan las altas temperaturas y escasea el agua. Las temperaturas de la región se encuentran entre las más secas y calurosas de Norteamérica, en esta región la temperatura supera los 45 grados centígrados en verano.

Durante la época de lluvias sólo recibe entre 250 y 300 milímetros de precipitaciones en promedio al año, sin embargo la vaporación del agua excede su precipitación lo que provoca un importante déficit de humedad en el suelo.

En la década de los noventa la escasez de lluvia, la mala administración del recurso y el deficiente estado de la infraestructura de la ciudad de Hermosillo contribuyeron a la disminución de la disponibilidad de agua para la ciudad, por lo que los acuíferos del río Sonora pasaron a ser su principal fuente de abastecimiento.

Igualmente alarmante es el hecho de que el estado de Sonora cuenta con 60 acuíferos importantes, de los cuales 7 son sobreexplotados y de ésos, cinco presentan problemas de intrusión salina.

Si tomamos en cuenta que el 30 por ciento del agua de la lluvia se evapora, 30 rueda al mar y el 40 restante es agua para uso agrícola, ganadero, industrial, consumo humano y agua permeada, podremos darnos cuenta que el problema de escasez de agua en el Estado y sobre todo en la ciudad de Hermosillo comienza a ser una dificultad que va en aumento.

En especial, cuando del total de agua para uso de actividades humanas, el 65% es para uso agrícola, 5% para ganadería, 5% para uso industrial y sólo 25% es agua para consumo doméstico y agua permeada. Esto resulta en reservas de agua por municipio y uso, que van de 0.2 a 80 litros por precipitación.

Si bien el consumo agrícola sigue siendo el mayor, el aumento en la demanda de agua para consumo doméstico, causado por el aumento de la población en Hermosillo, ha ocasionado un conflicto de intereses entre la ciudad y los agricultores por el abasto de agua.

Ante esta realidad y como parte de un programa de corto plazo para el abastecimiento de agua a la ciudad, en el 2005 la administración municipal inició la compra del suministro a los agricultores de la costa de Hermosillo y elaboró la obra Los Bagotes, que vino a resolver el abastecimiento del vital líquido para la ciudad en esos años.

Posteriormente, en el 2007 la Comisión Nacional del Agua signó un convenio con el Gobierno del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Hermosillo para llevar a cabo la construcción conjunta de un acueducto por donde se envía agua desde la presa Rodolfo Félix Valdés, mejor conocida como El Molinito, hasta la red de distribución de la ciudad de Hermosillo.

No obstante, hoy, el principal problema que enfrenta la capital ante al cambio climático es la disponibilidad de agua, frenando con ello el desarrollo económico y social de la ciudad al estar limitado el abastecimiento de agua.

La ciudad de Hermosillo requiere de 1,750 litros por segundo diarios adicionales a los ya suministrados, para garantizar el abasto y el crecimiento sostenible de la población y poder brindar seguridad en este rubro a las empresas e industrias que decidan establecerse en la zona.

Por lo anterior, es importante impulsar una solución con visión a largo plazo de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la capital de Sonora.

El Plan Nacional Hídrico 2007-2012 contempla la tecnificación del riego y la eficiencia en el uso agrícola, como una de las metas más importantes, al igual que el tratamiento de las aguas negras y la reutilización de las aguas tratadas, y su intercambio para poder disminuir la explotación de los acuíferos.

En el marco de dicho Plan Nacional y de las nuevas administraciones estatal y municipal, es importante unir esfuerzos para darle a Hermosillo la posibilidad de una estrategia a largo plazo, que le permita garantizar el suministro de agua a sus habitantes presentes y futuros.

Dentro de esta estrategia, además de fuertes inversiones conjuntas en materia de infraestructura, deberá haber un programa de concientización del problema de escasez de agua.

Como ya se ha dicho, en esta zona existen pocos recursos hídricos renovables, pero hay importantes reservas de agua subterránea acumulada durante miles de años, que actualmente abastecen parte del consumo actual. La existencia de estas reservas genera la percepción social de que no hay problemas de abasto inminentes, ni límites para el desarrollo socioeconómico.

Sin embargo, la realidad es que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos y un alto desperdicio que trae consecuencias adversas para el ambiente además del gran costo del agua.

Aunque es de reconocerse que se han hecho esfuerzos en administraciones pasadas para crear conciencia sobre la importancia de este recurso natural, dichos esfuerzos han sido ejercicios intermitentes de una administración de gobierno a otra.

Por tanto, habrá que hacer de la cultura de ahorro del agua, una política estatal de largo plazo para crear conciencia en los ciudadanos de la posibilidad de que el agua se agote si persisten conductas de desperdicio e indiferencia.

Por lo expuesto, y frente a la necesidad imperante de que exista una política pública coordinada entre los tres órdenes de Gobierno para garantizar el abasto de agua potable a la ciudad de Hermosillo, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua; al licenciado Guillermo Padrés Elías, gobernador constitucional del estado de Sonora; y al licenciado Javier Gándara Magaña a encontrar una solución conjunta que sea técnica y financieramente viable para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Hermosillo.

Segundo. Igualmente se exhorta a coordinar una campaña de promoción de la cultura del cuidado del agua, aún cuando se desarrollen nuevas fuentes de abasto de este vital líquido, partiendo de la premisa de que es un bien escaso y vital para el desarrollo integral del ser humano.

Finalmente, debido a que las autoridades de Sonora y de Hermosillo están en la etapa de planeación y análisis de posibles soluciones para el abasto de agua en la ciudad de Hermosillo, solicitamos que se someta a consideración del Pleno esta proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución.

Nota:

1 Ultima información presentada por la Conagua, delegación Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.— Diputada María Dolores del Río Sánchez (rúbrica), diputado Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

BANRURAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implementar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implantar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales que integraban el Sistema Banrural, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implementar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural; y al Banco de México, a analizar la emisión de disposiciones generales que permitan eliminar antes de un año el registro de información de créditos de cuantías mínimas de los clientes que basan sus actividades en el sector agropecuario nacional.

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce al sector agropecuario y pesquero nacional como estratégico y prioritario para el desarrollo nacional, pues además de proveer alimentos para las familias mexicanas, representa una importante fuente de divisas para la economía, al mantener su dinamismo exportador.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2008 el sector agropecuario nacional, considerando la agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal y caza, produjo un total 1,779.1 miles de millones de pesos, equivalentes al 3.7% del producto interno bruto de nuestro país.

En el campo mexicano vive aproximadamente una cuarta parte de la población en donde, a pesar de los grandes avances en el combate a la pobreza, aun un importante porcentaje de habitantes se encuentra en pobreza alimentaria.

Esta situación es resultado de diversos factores, entre ellos, la falta de productividad impidiendo que la población que vive en estas zonas pueda mejorar sus condiciones de vida. Así pues, el sector agropecuario y pesquero continúa siendo el de menor productividad, ya que ésta representa sólo una cuarta parte de la del sector industrial y menos de una quinta parte de la del sector servicios.

El campo mexicano requiere de medidas estructurales que permitan incrementar su productividad y con ella, la calidad de vida de sus pobladores, siendo eje central los procesos que favorezcan la canalización rápida y efectiva de recursos a la actividad productiva. En este sentido, un tema fundamental es el financiamiento, pues a través de éste se logra adquirir activos e insumos productivos para incrementar su eficiencia.

De acuerdo a los resultados del Censo Agropecuario presentados por el Inegi en el 2007, en México existe un total de 5.5 millones de unidades de producción, de las cuales 4.0 millones cuentan con actividad agropecuaria o forestal. De éstas, sólo 159.3 mil unidades de producción contaron con disposición de crédito para la actividad agropecuaria y forestal, siendo Financiera Rural la principal institución de financiamiento.

Estas cifras denotan el bajo acceso al crédito por parte del sector agropecuario nacional, indicando la importancia de impulsar acciones en este sentido. Por estas razones, el presidente Felipe Calderón plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo la estrategia de “promover el financiamiento y la capitalización en el medio rural”.

Esta estrategia señala que canalizar recursos considerando las circunstancias específicas de las actividades productivas del campo, así como la naturaleza propia de los proyectos de inversión, representa una de las mejores vías para contribuir a elevar el nivel de bienestar de la población que habita en las comunidades rurales, al permitir que los proyectos generen ingresos para los beneficiarios directos, además de constituir importantes fuentes de empleo formal para la población, lo que impacta directamente en las familias rurales.

Acciones emprendidas por el gobierno federal para capitalizar e invertir en el campo, impulsar a los intermediarios financieros rurales, la promoción de la inversión, la instrumentación de esquemas de riesgo, permitirán incrementar el flujo de recursos, en especial para aquellos productores rurales que tienen la capacidad de accesar a los beneficios financieros.

Sin embargo, en materia de financiamiento tenemos grandes retos a enfrentar, tales como el elevado número de productores que se encuentran en los registros de las sociedades de información crediticia (buró de crédito) por haber incumplido en los pagos.

Estas sociedades representan un importante avance para evitar que los acreedores sean defraudados, incrementando con tal acción la certeza jurídica para los dueños de los recursos y permitiendo que cada uno de los solicitantes de crédito asuma la responsabilidad de los actos, impidiendo que el resto tenga que pagar por las acciones de otros.

Sin embargo, en el sector rural, muchas productores de bajos recursos han sido enviados con un mal historial crediticio a los registros de las sociedades de información crediticia, siendo muchas veces la causa de los incumplimientos en los pagos la presencia de fenómenos meteorológicos que arrasan con los cultivos, provocando la pérdida de las inversiones realizadas y con ello, la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones. Esta situación se ve ampliamente potencializada por la casi ausente presencia de instrumentos de cobertura de riesgo, en especial para los pequeños productores.

Cabe señalar que los productores mexicanos muestran una cultura de pago, sin embargo, las condiciones socioeconómicas muchas veces lo impiden, así como la presencia de personas y organizaciones que con afanes políticos o de lucro, obstaculizan y, con ello, dañan a los productores cumplidos y comprometidos con sus compromisos financieros.

Así pues, en el sector rural, es común la presencia de personas que engañan al prometer soluciones fáciles y rápidas, en especial, en cuanto a liquidación de adeudos, prometiendo que, con sólo el 50% del valor de los adeudos, podrán solventar los compromisos y evitar con ello manchar su historial crediticio.

Ante esta falsa oportunidad, los productores, muchos de ellos con un bajo nivel educativo, desembolsan recursos que no hacen más que alimentar la corrupción, con la consecuente afectación a los productores, pues ni se solventa el adeudo, ni se impide que el incumpliendo en los pagos afecte el historial crediticio.

Esta práctica generó que un gran número de productores, muchos de ellos con adeudos menores a mil pesos, vieran afectado su historial crediticio, por lo que al solicitar un crédito ante una institución financiera, en especial ante la Financiera Rural, no fueran sujetos de crédito.

Esta imposibilidad los orilla a buscar financiamientos alternativos, muchas veces sumamente costos, tales como las casas de empeño, agiotistas o créditos comerciales que, notablemente son más caros que los otorgados por las instituciones financieras, generándoles un costo adicional que les resta competitividad.

De ahí que la presente proposición con punto de acuerdo busca exhortar a la Financiera Rural para que evalúe la posibilidad de condonar los créditos vencidos de cuantías mínimas a los productores que basan sus actividades en el sector agropecuario nacional, para evitar que adeudos menores a mil pesos, por ejemplo, impidan el acceso al financiamiento futuro. De la misma manera, este exhorto busca atender las particularidades del sector rural, que este año se ha visto afectado por sequías y plagas.

Asimismo, apelando a las disposiciones contenidas en el párrafo octavo del artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, se exhorta al Banco de México para que analice emitir disposiciones que permitan eliminar antes de un año el registro de información de créditos de cuantías mínimas de los clientes del sector agropecuario nacional a efecto de evitar que un mal historial crediticio, generado por el incumplimiento de pago de cantidades mínimas impidan que los productores tengan acceso al financiamiento del sistema financiero formal, obligándolos a contratar créditos en condiciones sumamente desventajosas, o en su caso, generando el estancamiento de la actividad productiva y con ello, la producción alimentaria y el empleo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implantar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural.

Segundo. Se hace un respetuoso exhorto al Banco de México a analizar, conforme al artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la emisión de disposiciones generales que permitan eliminar antes de un año el registro de información de créditos de cuantías mínimas liquidados de los clientes que basan sus actividades en el sector agropecuario nacional.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

IMPUESTO SOBRE LA TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del cobro de impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, o al menos que se reduzca de manera paulatina hasta su total eliminación, a partir de enero de 2010.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos o que al menos lo reduzcan de manera paulatina hasta su eliminación a partir de enero de 2010, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Antonio Arámbula López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos es un impuesto federal que se empezó a cobrar en nuestro país desde el 1 de Enero de 1962, con fundamento en un artículo de la Ley de Ingresos de ese año, siendo presidente de México el licenciado Adolfo López Mateos, precisamente un año antes de que se formalizara la candidatura de nuestro país ante el Comité Olímpico Internacional para ser anfitrión de la Olimpiada de 1968, después de la cual este impuesto se especifico en una ley vigente por dos años, que por el sistema presidencialista y de partido único de Estado que se vivía, se fue alargando hasta nuestros días, siendo así que el cobro del impuesto por tener vehículo se convirtió en una de las formas más efectivas de recaudación fiscal durante ya más de 40 años, el cual ha ido en aumento por el crecimiento del parque vehicular en nuestro país.

En un principio, la tenencia se cobraba solo sobre vehículos automotores terrestres, pero en los 80 se amplió a yates, aviones, helicópteros, motocicletas entre otros, entregándose en un principio participaciones federales de este impuesto a los estados y municipios hasta de 30 por ciento, por lo que actualmente el total de dicha recaudación es administrado por los estados y municipios de acuerdo con lo establecido en la propia Ley de Coordinación Fiscal.

Atendiendo la propuesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa de terminar con el cobro del citado impuesto, el Congreso de la Unión aprobó en octubre de 2007 la abrogación de la Ley de Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos a partir del 1 de enero de 2012. Esta fecha fue establecida con el objetivo de otorgar a las entidades federativas un plazo adecuado para prever la sustitución de ingresos que dejarían de percibir por el entero de este impuesto.

Sin embargo, cuando las entidades federativas establezcan nuevos impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal previsto en la ley aún vigente, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate, a fin de evitar la duplicidad del impuesto.

En la actualidad, el impuesto de la tenencia o uso de vehículos es un impuesto cobrado en México a todos los propietarios de vehículos automotores, ya sean de fabricación nacional o importados, el cual es cobrado por el gobierno federal a través de los estatales en los primeros tres meses de cada año.

La tenencia vehicular afecta de manera directa parte de los ingresos, utilidades o rendimientos obtenidos por el contribuyente de manera individual, perturbando por su puesto la economía familiar.

Dicho impuesto resulta de igual manera gravemente lesivo para la industria automotriz nacional, que aun y encontrándose en una severa crisis mundial ocupa el segundo lugar en importancia, situándose sólo después del petróleo en la economía nacional, mencionado como dato estadístico que, aunque la producción es variable se arman 2 millones de autos al año en México, con un nivel de exportación a diversos países de 80 por ciento de su producción, siendo además una de las principales industrias precursoras de empleo en nuestro país, generando más de 1 millón de empleos directos formales y bien remunerados, por lo que gran parte de los mismos estarían en riesgo al no apoyar a esta industria tan importante para la nación.

El sector automotor es reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. En nuestro país la industria automotriz esta posicionada a lo largo y ancho de la República Mexicana, siendo de gran importancia su presencia en estados tales como Coahuila, Chihuahua, Baja California, Jalisco,  Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes, estado de México y Morelos, en los cuales actúa como la principal promotora de fuentes de empleos.

Esta soberanía debe ser consciente que el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, afecta de manera grave la economía de las familias mexicanas y en consecuencia a  la industria automotriz nacional, la cual se ha sumergido en una franca crisis económica, previéndose una reducción para el año próximo de entre 20 y 25 por ciento.

La tenencia es un impuesto incoherente, toda vez que el uso del vehículo no es fuente de riqueza ni de ingresos que justifique el gravamen, además de que los autos son bienes que demeritan su valor rápidamente.

La eliminación de este impuesto para el próximo periodo fiscal por parte de la federación y cada una de las entidades federativas, o su correspondiente reducción de manera paulatina hasta su total eliminación sería una medida que ayudaría a las familias en esta época de crisis, impulsando de manera directa la economía de la industria automotriz nacional.

Es por ello que la federación y las entidades federativas deben ajustarse a la situación que está pasando el país en materia económica, apoyando a la sociedad mexicana y a la industria automotriz nacional mediante la eliminación del multicitado impuesto a la tenencia, debiendo aplicar medidas adicionales como lo es la reducción del gasto publico la desaparición de secretarias innecesarias entre otras medidas para cubrir el gran hueco fiscal que dejaría la eliminación de este impuesto, puesto que esta vez debe ser la burocracia de cada uno de los estados la que se amarren el cinturón y busque los mecanismos necesarios para minimizar el impacto que sufrirán las entidades al dejar de cobrar dicho impuesto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del cobro del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos o al menos se reduzca de manera paulatina hasta su total eliminación a partir de enero de 2010.

Segundo.Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF, a proponer y aprobar medidas de austeridad en el ejercicio del gasto, con objeto de crear un ahorro sustancial que permita erradicar el cobro el impuesto local que tenga a bien aprobar como sustituto del impuesto del impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos.

Palacio Legislativo, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado José Antonio Arámbula López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

COMISION ESPECIAL DE CUENCAS HIDROLOGICAS DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado José Manuel Marroquín Toledo, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a instaurar la Comisión Especial de Cuencas Hidrológicas de México.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a instaurar la Comisión Especial de Cuencas Hidrológicas de México, a cargo del diputado José Manuel Marroquín Toledo, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado José Manuel Marroquín Toledo, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es el recurso natural más importante en el medio ambiente y para el desarrollo de las actividades del ser humano. Resulta asombroso identificar la relación y necesidad de utilizar este recurso en cada una de las acciones que realizamos a diario. Así es, el agua compañeros diputados, resulta indispensable para la vida en armonía del ser humano que, al ser un recurso limitado y en los últimos años escaso, requiere más que nunca de una correcta administración y una eficiente utilización.

Sin embargo, y aun cuando nuestro planeta está compuesto prácticamente por tres cuartas partes de agua, el agua dulce es apenas el 3 por ciento del total. Al respecto, las fuentes de agua dulce se clasifican en superficiales como lagos, lagunas y presas; y subterráneas como mantos acuíferos constituidos por arena, grava o roca que contienen agua. Para el caso de México, tenemos una disponibilidad anual de agua dulce per cápita de 5 mil metros cúbicos, lo cual ubica a México como un país con riqueza media en recursos hidráulicos.

Los cuerpos de agua superficiales naturales, como los ríos, integran cuencas hidrológicas, que representan a su vez sistemas ecológicos en los que las infiltraciones principales están interconectadas, ya sea el caso de cuencas cerradas que vierten el agua en lagos o cuencas abiertas, que vierten el recurso en el mar.

Sólo por mencionar un dato, se considera que el volumen medio anual de los ríos en México es de 360 millones de metros cúbicos. Cerca del 60 por ciento de este caudal lo aportan siete ríos que drenan el 27 por ciento del territorio, lo que indica fehacientemente una distribución desequilibrada.

Estas consideraciones permiten evidenciar la importancia de coordinar esfuerzos en la formulación de políticas públicas que, de una manera simple, puedan delimitar una planeación sencilla y esquemas para el eficiente aprovechamiento del agua en el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, una cuenca hidrográfica constituye la unidad territorial básica para la planeación y el manejo de los recursos naturales, entre los que destaca el agua. Por su parte, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una cuenca hidrológica se define como el área determinada en que el agua que escurre en un río es captada. En México, contamos con 320 de estas cuencas, ubicadas en 37 regiones hidrológicas, por lo cual resulta fundamental entender que también sirven como territorios delimitados para facilitar el estudio del ciclo que cumplen los recursos hidráulicos en el ecosistema y en las actividades humanas.

A partir de 1993, para una mejor estructura de las políticas públicas, planes, información, manejo y aprovechamiento del agua de cada una de las cuencas hidrológicas, se establecieron los denominados “Consejos de Cuenca”, de los cuales, se han constituido a la fecha 25; 17 comisiones de cuenca, 22 comités de cuenca y 76 cotas.

Toda la información que vierte en el sistema de cuentas hidrológicas de México resulta imposible de procesar por una sola comisión ordinaria, como lo es la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara de Diputados, incluso, la Constitución contiene los elementos necesarios para elaborar una ley reglamentaria en materia del manejo integral de cuencas hidrológicas, sin embargo, esa ley potencial no existe en la actualidad.

Por lo expuesto, les reitero que el propósito de este punto de acuerdo es exhortar a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, previa aprobación de quienes conformamos el pleno de la Cámara de Diputados, para crear una Comisión Especial de cuencas hidrológicas de México, que tenga por objeto formular un diagnóstico sobre la situación de las cuencas hidrológicas nacionales, que incluya una revisión y análisis de la calidad del agua y de las aguas residuales que no reciben tratamiento previo a su descarga a los cuerpos receptores; enunciar la cobertura y dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con los que cuenta la población aledaña a cada una de estas cuencas hidrológicas; además de delimitar un Programa Nacional de Cuencas Hidrológicas, en el cual se viertan las sugerencias de políticas públicas e instrumentos en los que concurran los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de las cuencas hidrológicas de México.

Con base en las consideraciones vertidas, y haciendo referencia a los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política, para que en el marco de sus atribuciones, instaure la Comisión Especial de Cuencas Hidrológicas de México para cumplir con los objetivos vertidos y expuestos en la presente exposición de motivos.

Notas:

1 Comisión Nacional del Agua, México 2008.

2 Revista latinoamericana de recursos naturales. FAO.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

REFORMA HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a diseñar e implementar una reforma hacendaria integral que integre el pacto federal en beneficio de los ciudadanos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a diseñar e implantar una reforma hacendaria integral, que comprenda el pacto federal, en beneficio de los ciudadanos, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para al Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo según los siguientes

Considerandos

La planeación del desarrollo es una obligación constitucional del Estado mexicano, entendiendo al Estado no sólo como el gobierno federal, sino a todas las partes que lo componen, desde la célula básica que es la sociedad organizada, pasando por los municipios, las entidades federativas y los Poderes de la Unión. Esta planeación es obligación de todos los estados y los municipios del país a partir de 1983, a través de la Ley Nacional de Planeación del Desarrollo, la cual sirvió de base para lo que hoy día conocemos como el sistema nacional de planeación.

La Constitución federal establece en los artículos 40 y 41 que la federación y los municipios son soberanos dentro de su competencia, los artículos 42 y 43 establecen las partes que integran la federación y el artículo 44 establece claramente el sentido centralista en la práctica de los Poderes de la Unión, así como la premisa de establecer dicha centralidad en el estado del valle de México, dejando clara que la centralidad prevalecerá a pesar de traslado alguno.

Con la inclusión del municipio al modelo mexicano, se reducen en la práctica las competencias estatales, en afectar las atribuidas por el gobierno federal, quien aumenta su influencia al trasladar al campo de la administración lo que no se haya resuelto en el campo de las conceptualizaciones políticas.

El antecedente de esta centralidad queda establecida por primera vez dentro de la primera Constitución Política del país en 1984, dónde se establece el régimen federal, el cual tuvo como objetivo principal unir sin fusionar y diferenciar sin dividir.

En la Constitución de 1857 se planteó la necesidad de una distribución que delimitara tanto el poder federal como el estatal, es entonces que hasta la Constitución de 1917, dónde quedó establecido que la federación, los estados y los municipios son soberanos dentro del ámbito de cada una de sus competencias.

Para 1972 se coordinaban 18 estados de la república y a partir de 1973, con la reforma a la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, que elevó la tasa federal del 1.8 al 4 por ciento, eliminando la tasa de los estados que era del 1.2 por ciento. Desde ese entonces, el fisco federal fue disminuyendo la posibilidad de que los estados pudieran aplicar sus propias contribuciones, surgiendo un nuevo federalismo fiscal que se consolidó en 1980 con la publicación de la actual Ley de Coordinación Fiscal y en 1990 nace el sistema nacional de coordinación fiscal.

Es importante señalar que el progreso que hemos tenido en el pacto federal y el surgimiento de una nueva organización federalista han sido a través de un largo proceso dónde la organización y representación en los órdenes de gobierno, en nuestra célula principal que es el municipio, dio cabida al surgimiento de nuevas leyes federales y reformas estructurales en materia del federalismo hacendario y la autonomía hacendaria que estos deben tener.

Ahora en el marco de una nueva reforma hacendaria integral, quienes estamos preocupados por fortalecer el federalismo mexicano e integrar un nuevo esquema de la forma de distribuir los recursos federales y las obligaciones que los municipios adquieren al interior de su propia hacienda municipal. Debemos luchar porque se integre esta parte tan importante dentro de una reforma integral que sin duda alguna beneficiará en este nuevo esquema federalista, dejando a un lado la importancia constitucional de mantener un centralismo y la radicación central de los Poderes de la Unión, para dar cabida a este esquema de autonomía a través del pacto federal renovado y fortalecido en lo que refiere a los recursos públicos federales emanados de la federación.

A lo largo de la historia se ha establecido, de manera paulatina la exigencia en que los gobiernos estatales renuncien poco a poco a exigir impuestos que alguna vez fueron locales, a cambio de recibir una parte de los ingresos federales, lo cual se ve reflejado en la Ley de Coordinación Fiscal, creada en 1953.

Actualmente quienes serán los encargados del diseño e implantación de la nueva reforma hacendaria integral, propuesta desde hace varios meses por el Ejecutivo federal y la mayoría de los partidos políticos, deberán tomar en consideración la autonomía presupuestal que se requiere desde las entidades federativas hasta los municipios, respetando las tres esferas de gobierno en conjunto con sus derechos y obligaciones.

Es menester del Legislativo adecuar nuestro marco legal, a efecto de coadyuvar en el fortalecimiento de las tres esferas de gobierno y la participación en los niveles de los Poderes de la Unión. Es momento de insertar nuestra participación como representantes de la nación en un tema de relevancia nacional que sin duda alguna tendrá auge en los próximos días.

La reforma hacendaria integral debe diseñarse con la participación de los municipios y los especialistas en la materia, no sólo en el ámbito federalista o del pacto federal, sino también de los que han estudiado y analizado la evolución y las necesidades de los municipios al margen de sus propias haciendas municipalistas y de la planeación del desarrollo de éstos.

Por lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a emprender el análisis, diseño e implantación de una reforma hacendaria integral que tome en consideración el pacto federal en beneficio de los ciudadanos.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir dentro del esquema nacional de vacunación la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano y que sea suministrada paralelamente a las mujeres mexicanas que se encuentran en un rango entre 9 y 55 años de edad.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el esquema nacional la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir en el esquema nacional la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.

Antecedentes

En los últimos años, el sistema nacional de salud ha instaurado diversas estrategias para garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los mexicanos, reduciendo las brechas y desigualdades propiciadas por las condiciones sociales y económicas de la población y para atender los retos derivados de las transiciones demográficas y epidemiológicas.

Parte de estos esfuerzos se ha canalizado a través del fortalecimiento del Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación y Caravanas de la Salud, programas que han permitido acercar los servicios de salud a las poblaciones más desprotegidas y con bajo índice de desarrollo humano.

Hoy, 80 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de afiliación a instituciones públicas de salud; se ha reducido en 8 por ciento la mortalidad materna y en 22 por ciento la infantil.

La vacunación, rubro preventivo por excelencia, tiene una cobertura superior a 98 por ciento en niños menores de 5 años. Es el esquema de vacunación más amplio de Latinoamérica, pues incluye 13 inoculaciones; sin embargo, no cuenta en su programa con la vacuna contra el VPH.

El del papiloma humano es un virus de transmisión sexual que no es nuevo. El contagio se da principalmente por medio del contacto genital, y al menos 50 por ciento de las personas que han tenido experiencias sexuales tendrán el VPH en algún momento. Pese a esto, muchos no saben de él, y la mayoría de los infectados no presenta síntomas, lo cual conlleva a que alguien pueda tener el VPH aun cuando hayan transcurrido años desde el contagio.

La infección por ciertos tipos de VPH es la causa principal de cáncer cervical, el cual afecta en todo el mundo a casi 500 mil mujeres anualmente y cobra más de 250 mil vidas.

En México, alrededor de 30 por ciento de las mujeres en edad reproductiva han presentado alguna infección de este tipo, dando lugar al cáncer cervicouterino, neoplasia que se ubica en los primeros lugares de mortalidad por cáncer de este grupo poblacional. Tan sólo en 2007, la tasa de mortalidad fue de 14 mil 300 decesos por cada 100 mil mujeres de 25 años y más. Se elevó súbitamente año con año, y afecta principalmente a entidades como Chiapas (21 mil 800), Oaxaca (21 mil 600), Veracruz (21 mil 600) y Campeche (21 mil 200).

El científico alemán Zur Hausen publicó en 1976 un revolucionario estudio sobre la relación del VPH y el cáncer cervical. Sus investigaciones permitieron que, en 1992, se iniciara el desarrollo de la vacuna. Ésta comenzó a aplicarse en 2006, y México fue uno de los primeros países donde se autorizó su aplicación, lo que significó un gran avance en la lucha contra este mal.

La vacuna está hecha mediante ingeniería genética, con partículas parecidas al agente infeccioso. No se trata de virus vivos o atenuados, como se hace en la mayoría de los casos. En éste, son partículas sintéticas que se ensamblaron y se hicieron similares al virus. Una vez que se inyecta en el cuerpo, simula una infección y el organismo empieza a producir anticuerpos o defensas, pero sin generar enfermedad, de tal manera que cuando hay contacto con un agente real, las defensas están muy altas y el cuerpo lo elimina en consecuencia.

En un inicio, la vacuna estuvo indicada únicamente para un rango de población de entre 9 y 26 años que no llevara vida sexual. Actualmente, diversos estudios han revelado que puede servir en mujeres hasta de 55 años de edad con vida sexual activa, hayan tenido o no lesión por VPH.

En el grupo de edad de 9 a 26 años, la protección es de 100 por ciento, pues en teoría no han tenido contacto con el VPH, y en el rango de 26 a 55 años se habla de una protección que va desde 70 hasta 80 por ciento.

El costo de la vacuna contra el VPH sigue siendo elevado. El precio al público en la actualidad es de 2 mil pesos cada dosis, y se requieren tres. Debido a los costos, los sectores de mayor pobreza no tienen acceso a ella.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud, si bien ha realizado una estrategia desde 2008 para inmunizar a 300 mil mujeres entre la población femenina de 35 a 64 años de edad en 125 municipios con menor índice de desarrollo urbano en Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, queda mucho por hacer. Por ello, a fin de llevar la lucha contra el cáncer cervicouterino para disminuir la incidencia de este padecimiento, que cada año cobra la vida a 4 mil 100 mujeres que habitan en áreas rurales y marginadas, con menor índice de escolaridad y sin acceso regular a los servicios de salud.

Por otra parte, la vacunación generalizada puede disminuir la necesidad de atención médica, biopsias y procedimientos agresivos asociados con el seguimiento de pruebas anormales de papanicolaou, lo que ayudaría a reducir los costos de atención médica y la ansiedad relacionada con las pruebas anormales de papanicolaou y procedimientos de seguimiento que realiza el Estado; esto es, la fuerte carga económica que representaría para el gobierno la aplicación de las vacunas a manera de prevención, se reflejaría claramente en la disminución o erradicación de la enfermedad.

Aunado a ello, de acuerdo con las investigaciones realizadas en los últimos tiempos, si la vacuna fuera aplicada a la mayoría de las mujeres, en 20 años se estaría hablando del cáncer cervicouterino como un problema ajeno, erradicándolo casi en su totalidad, y –por tanto– dejaría de enunciarse como uno de los cánceres que más muertes causa en el país.

Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a incluir en el esquema nacional la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, y a suministrarla paralelamente a las mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro.– México, DF, a 15 de diciembre de 2009.— Diputada Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Salud.

CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a solicitar al Instituto Electoral del Distrito Federal que someta a plebiscito la aprobación de la reforma al Código Civil del Distrito Federal relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a solicitar al IEDF que someta a plebiscito la aprobación de la reforma del Código Civil del Distrito Federal relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

A raíz de la iniciativa presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática David Razu, que pretende modificar el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal para que se incluya en la definición de matrimonio la unión entre personas del mismo sexo, el presente punto de acuerdo busca que se realice un plebiscito, es decir una consulta directa a la población del Distrito Federal, de manera  que la decisión que tome la Asamblea Legislativa goce de la legitimación ciudadana.

La unión de matrimonios del mismo sexo es un tema controvertido que suele dividir a la sociedad. La modificación de la definición de matrimonio que se busca aprobar en la Asamblea Legislativa, excluye la complementariedad sexual hombre-mujer que lo define, y elimina la procreación como uno de sus fines, buscando modificar las leyes relativas a la adopción. Lo anterior ha provocado la polarización de la sociedad, en razón de que el concepto de matrimonio está sumamente arraigado en la cultura mexicana.

Las personas homosexuales deben de ser respetadas y protegidas, evitando cualquier tipo de discriminación en su contra de manera que se les garantice en todo momento la salvaguarda de sus derechos humanos. En este sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, mediante la cual las personas homosexuales pueden registrar públicamente su unión y gozar de los beneficios que esta Ley les otorga.

Recientemente la encuesta realizada por el gabinete de Comunicación Estratégica manifiesta un rechazo mayor al 60 por ciento tratándose en el Distrito Federal a dicha iniciativa, lo que nos hace pensar que si esta ley se impone en la Asamblea por mayoría, tendría un efecto de rechazo y su consecuente costo político en otros estados de la República, por lo que de acuerdo a los principios que rigen a un estado democrático habría que tomar en cuenta el consenso social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa, V Legislatura, que se someta a plebiscito la reforma al Código Civil para el Distrito Federal en lo relativo al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputados: Paz Quiñones Cornejo, Reyes S.Tamez Guerra, Pablo Escudero Morales, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Orozco Torres, María del Rosario Brindis Álvarez, Francisco Ramos Montaño, Emilio Serrano Jiménez, Sergio González Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Oscar Saúl Castillo Andrade, Francisco Alejandro Moreno Merino, Sami David David, Tomasa Vives Preciado, Nancy González Ulloa, Raúl Gerardo Cuadra García, Silvia Esther Pérez Ceballos, Rosi Orozco, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Kenia López Rabadán, Valdemar Gutiérrez Fragoso, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Paz Gutiérrez Cortina, Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra la diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Señor presidente, para solicitar que el turno sea a la Comisión de Derechos Humanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal, con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos, como pide la diputada.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al jefe delegacional en Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se respete el programa delegacional de desarrollo urbano vigente.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al delegado de La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del DF a respetar el programa delegacional de desarrollo urbano vigente, llevar a cabo las visitas de verificación administrativa y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes por violaciones de los usos de suelo y de la normatividad sobre construcciones y funcionamiento de establecimientos mercantiles en esa demarcación, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al jefe delegacional en La Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se respete el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en la delegación La Magdalena Contreras, se lleven a cabo las visitas de verificación administrativa conducentes y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones, funcionamiento de establecimientos mercantiles y usos de suelo respecto a la construcción y operación de diversas construcciones y establecimientos mercantiles con giro de tiendas de autoservicio o “minisuper” en distintas colonias de la delegación La Magdalena Contreras, al tenor de lo siguiente:

I. Las leyes del libre mercado han marcado terminantemente a la sociedad contemporánea y han delineado la forma de una cultura que produce jerarquización, diferencias sociales profundas, competencia desleal y menoscabo en el intercambio, los consumos y los valores tradicionales de las regiones.

La libre competencia ha mostrado ser propicia a una distribución injusta de las riquezas y de las oportunidades pues los grandes capitales de las grandes firmas comerciales, en especial los supermercados de autoservicio o las cadenas de minisuper, al poder adquirir enormes volúmenes de mercancías, determinan poco a poco los precios, los estilos de consumo y las calidades de los alimentos. Poco a poco los consorcios, las cadenas comerciales han ido proliferando en los centros urbanos hasta desplazar casi completamente a los pequeños establecimientos, propiedades de familias y en especial a los mercados públicos.

El resultado es una inmensa desigualdad social, una paulatina transculturación, –pues las grandes cadenas de autoservicio reproducen el seguimiento de prácticas tradicionales extranjeras en cuanto a nutrición, cultura, festejos– y, sobre todo, un contundente e irreversible desplazamiento de los establecimientos en pequeño y una injusta competencia con los mercados públicos, que al no poder ofrecer precios competitivos por la desigualdad de los capitales, van perdiendo lenta pero definitivamente su oferta de mercancías, su emisión cultural y su paisaje. Muchos comerciantes de los mercados públicos han tenido que optar por ofrecer mercancías de entretenimiento tecnológico, desplazando así las mercancías tradicionales de alimentos perecederos, ropa, etcétera; esto ha dañado a los mercados públicos que están amenazados a su desaparición.

II. El abasto popular ha mermado su potencial pues al reducir su oferta los mercados públicos, las personas que prefieren alimentos perecederos frescos o de menudeo, tienen que sufragar gastos mayores que no pueden competir con las supertiendas o cadenas.

Por otro lado, la economía de mercado del sistema económico mexicano, sujeto e influido por culturas extranjeras, ha propiciado pobreza en la mayoría de la población por lo que los consumidores menores tienen la necesidad de hacer gastos mínimos para pequeñas cantidades lo que el mercado público puede satisfacer fácilmente pues la compra no está inducida ni obligada a cierto peso o cantidad.

El asunto de la injusta competencia de los grandes corporativos comerciales contra los mercados públicos no sólo tiene referencias comerciales sino culturales. Los mercados públicos están amenazados y no sólo son parte de un paisaje urbano propio de barrios y colonias, sino constituyen formas de comunicación, solidaridad, arraigo y convivencia cotidiana que una cadena comercial está imposibilitada a ofrecer.

Un mercado público es el espíritu de una colonia, es una forma de mantener tradiciones ancestrales nobles, lenguajes, apariencias y costumbres como las fiestas y las celebraciones, de reyes, de navidad, de la fiesta propia del festejo anual del mercado, de los santos patronos, del día de muertos.

III. Adicionalmente a lo señalado y el daño que ocasionan estos centros comerciales a los mercados públicos, vecinos de la delegación La Magdalena Contreras, representantes de comités vecinales, organizaciones vecinales, así como representantes de diversos mercados públicos de la demarcación han hecho del conocimiento de la a autoridad delegacional la problemática que viven cientos de familias derivado de la inminente construcción y operación de centros comerciales y los denominados minisuper en franca violación al uso de suelo de la demarcación, pasando por alto la opinión vecinal y sin contar con las manifestaciones de construcción, licencias especiales que estos proyectos requieren.

Que en múltiples ocasiones estos vecinos, así como las mesas directivas de los mercados públicos de la Delegación han solicitado a la autoridad delegacional la verificación administrativa de los trabajos de construcción que se realizan para la operación de dichos centros de comercio así como la suspensión de actividades o clausura de los mismos ya que no cuentan con la documentación que ampare la legalidad de dichos trabajos.

Que desde hace algunos meses en el inmueble ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1415, colonia La Cruz, entre las calles de Privada de Ferrocarril de Cuernavaca y Ferrocarril de Cuernavaca, código postal 10800, delegación La Magdalena Contreras, se está realizando una excavación muy profunda y trabajos de construcción, con maquinaria pesada, por lo que se presume que se realizará una construcción muy grande de lo que se dice será un centro comercial, violentando el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en La Magdalena Contreras que para la zona establece un uso de suelo HC3/50.

Cabe señalar que la obra en comento no exhibe placa que contenga número de manifestación de construcción o licencia especial, tipo de obra, superficie y uso destinado por que contraviene lo establecido en la normatividad vigente.

En ese sentido, la excavación y construcción realizadas, así como sus titulares violan lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones vigente y demás disposiciones que regulan las construcciones en zonas de conservación patrimonial, ya que el inmueble en comento se ubica dentro de una poligonal con esta especificación en el programa delegacional vigente.

Es evidente que la construcción que se ha referido viola lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal ya que además de carecer de la licencia especial que corresponde a las excavaciones, así como de la manifestación de construcción respectiva tampoco cuenta con la responsiva de un corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, carece del dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, no cuenta con licenciadel Instituto Nacional de Bellas Artes o licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia como lo establecen los artículos 36, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,57,58,59,60 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Cabe señalar que la construcción señalada en párrafos anteriores se ampara en un Cerificado Único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades folio 49764-183CHOM09 de fecha de expedición 13 de septiembre de 2009. Sin embargo, mediante oficio DRPP/2.0.0/3274/2009 de fecha 19 de octubre del 2009 de la Dirección del Registro de los Planes y Programas de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se informó, en respuesta a una solicitud de información, que “una vez concluido el análisis del certificado único de zonificación de uso de suelo y factibilidades folio 49764-183CHOM09 para el predio ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1415, colonia La Cruz, se detectó que fue erróneamente emitido en virtud de que se omitió señalar la norma de ordenación general número 4 en área de actuación de conservación patrimonial, lo cual se hará del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta dependencia para que se inicie el procedimiento administrativo que conforme a derecho corresponda...”

Sin embargo, es preciso señalar que la zona en la que se ubica el inmueble en comento es un área de conservación patrimonial en la que de conformidad con el Programa delegacional vigente no está permitida la instalación de plazas comerciales, tiendas departamentales, ni supermercados.

IV. En este sentido, se tiene conocimiento que en la demarcación se pretenden construir o acondicionar inmuebles mediante trabajos de remodelación para la instalación otros centros comerciales o mini-supermercados en otros puntos de la demarcación entre los que se encuentran:

• Avenida Ojo de Agua, colonia Lomas de San Bernabé entre Astilleros y Carbonero.

• Calle Chabacano y avenida México, colonia La Cruz.

• José Moreno Salido 18 esquina Álvaro Obregón, colonia Barranca Seca.

En particular, respecto del inmueble ubicado en José Moreno Salido 18 esquina Álvaro Obregón, colonia Barranca Seca se tiene conocimiento de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal emitió el Cerificado Único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades folio 55634-183BOSA09 de fecha de expedición 30 de septiembre de 2009, en el que se señala que están permitidos los usos de suelo para la construcción de una plaza comercial para una superficie de construcción en mil 600 metros cuadados –sujeta a restricciones– en el total del predio y señala que “ al inmueble de referencia le aplica la zonificación: CB/3/30/MB (centro de barrio, tres niveles máximos de construcción 30 por ciento mínimo de área libre muy baja: una vivienda por cada 200 metros cuadrados de la superficie total del terreno) asimismo aplica la norma número 4 de área de actuación referente a las área de conservación patrimonial, en la cual el uso de suelo para plazas comerciales está permitido...”

Sin embargo, es preciso señalar que la zona en la que se ubica el inmueble en comento es un área de conservación patrimonial en la que de conformidad con el programa delegacional vigente no está permitida la instalación de plazas comerciales, tiendas departamentales ni supermercados, hecho que además de violar el uso de suelo autorizado, afectaría gravemente a los comerciantes establecidos y los mercados públicos aniquilando estos centros de abasto popular, con una competencia desleal y voraz como se caracteriza estos monopolios.

V. En este sentido, es preciso tomar en cuenta que el marco jurídico del Distrito Federal obliga a los titulares de los órganos político administrativos a llevar a cabo acciones para registrar las manifestaciones de construcción según su tipo, expedir las licencias de construcción especiales, así como para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias especiales y verificar las obras, construcciones, excavaciones e instalaciones que se realizan en su demarcación.

En ese sentido, me permito citar los artículos del Reglamento de Construcciones que facultan y obligan a la autoridad delegacional a ejercer sus facultades en materia de verificación y sanción administrativa.

Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto por la ley y la Ley Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento corresponde a la administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares localizados en Áreas de Conservación Patrimonial incluyendo las zonas de monumentos históricos de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, así como a las Normas de Ordenación de los Programas General y Delegacionales;

III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la ley;

...

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a las características previamente registradas;

...

X. Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras que se le hubiere ordenado realizar y que en rebeldía, el mismo no las haya llevado a cabo;

XI. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos por la ley, su reglamento y este reglamento;

XII. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos por este reglamento;

XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este reglamento;

Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida la licencia de construcción especial, la delegación y, en su caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en la ley, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Artículo 245. Las verificaciones a que se refiere este reglamento tienen por objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación de construcción y de la licencia de construcción especial, referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las disposiciones de la ley, de los programas, de este reglamento y sus normas y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Por lo expuesto y en aras de la legalidad, el respeto al uso de suelo autorizado, la conservación de las fuentes de empleo y pequeño comercio de la delegación La Magdalena Contreras y la supervivencia de los mercados públicos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, verifique si los inmuebles señalados y en los que se pretenden instalar plazas comerciales, cuentan con legal uso de suelo expedido por la dependencia a su cargo en el que se autorice la construcción y posterior funcionamiento de éstos, si se respeta el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en La Magdalena Contreras, si los certificados de zonificación de usos de suelo específico señalados fueron expedidos apegados a la ley y al programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras.

Segundo. Se exhorta al jefe delegacional en La Magdalena Contreras a realizar, con carácter urgente, visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil a los inmuebles que se han señalado en el cuerpo del presente punto de acuerdo, en su caso, ordenar la clausura de los mismos y velar por la legalidad y respeto al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras.

Tercero. Se exhorta al Contralor General del Gobierno del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos responsables de aplicar las disposiciones jurídicas vigentes en materia de construcciones y uso de suelo en los asuntos que se han detallado en el cuerpo de la presente.

Dado en el Palacio Legislativo, el 10 de diciembre de 2009.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

VIRUS DE LA INFLUENZA AH1N1

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo a las vacunas contra la influenza AH1N1 en Colima.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las vacunas contra la influenza AH1N1 en Colima, a cargo de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Mariana Ivette Ezeta Salcedo, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 23 de noviembre del año en curso las autoridades de la Secretaría de Salud de México recibieron un lote de 865 mil dosis de vacunas contra el virus de la influenza AH1N1, que de inmediato se distribuyeron a todas las entidades federativas del país, a fin de iniciar el proceso de vacunación en las unidades médicas del IMSS, ISSSTE y centros de salud estatales.

El 24 de noviembre llegaron al estado de Colima 2 mil 670 dosis para ser aplicadas en la entidad. Debido a la falta de coordinación por parte de los distintos órganos de gobierno, el lote no fue recogido a tiempo e íntegro se echó a perder.

Cada dosis le costó al país 4.50 euros (alrededor de 87.75 pesos), es decir, se destinaron 234 mil 292 pesos para la adquisición de las 2 mil 670 dosis.

Lo grave es que tanto para el ejercicio fiscal 2009 como para el 2010, los recursos destinados al sector salud no han sido ni son suficientes, por lo que resulta lamentable que sucedan este tipo de situaciones.

Para el Partido Verde Ecologista de México es inaceptable que no se ejerzan con responsabilidad los recursos para la salud de todos los mexicanos y no es admisible, bajo ninguna circunstancia, que la tan esperada vacuna contra la Influenza se pierda por falta de previsión y coordinación en las dependencias.

Esto nos deja claro, que en pleno Siglo XXI todavía nos falta mucho para aprender y poder enfrentar con éxito ésta y cualquier otra epidemia que afecte a la población.

Es lamentable también, que en lugar de investigar el hecho a fondo y se deslinden responsabilidades, se castigue a funcionarios de tercer nivel y no a los verdaderos culpables del “penoso olvido”.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobierno federal a adoptar, a través de la Secretaría de Salud, los acuerdos necesarios con las Secretarías de Salud de las entidades federativas para evitar que en el futuro las dosis de la vacuna contra la influenza AH1N1 se inutilicen por falta de cuidado en su manejo.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal a investigar a fondo, a través de la Secretaría de la Función Pública y de las autoridades responsables correspondientes, lo sucedido en el estado de Colima, a fin de que se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables del “olvido” por el que las 2 mil 670 dosis de la vacuna contra la influenza AH1N1 no pudieron ser utilizadas como se tenía planeado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.— Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Salud.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al jefe delegacional en Iztapalapa y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, a acudir ante la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía para exponer sus consideraciones en relación con la situación en la delegación Iztapalapa, suscrito por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al delegado en Iztapalapa y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina a exponer ante la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía sus consideraciones sobre la situación en esa demarcación, suscrita por integrantes de la Comisión del Distrito Federal

Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 inciso a), 90 fracción X y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual “se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, al jefe delegacional en Iztapalapa, ciudadano Rafael Acosta Ángeles y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, a que acudan ante la Comisión del Distrito Federal en la honorable Cámara de Diputados a exponer sus consideraciones en relación con la controversia existente en el órgano político administrativo en Iztapalapa”.

Antecedentes

El Distrito Federal, a diferencia de las otras 31 entidades de la República, cobra una relevancia singular al ser además de la capital, la sede de los tres poderes federales y el centro económico de nuestro país; por ello, todo acontecimiento en su territorio, cobra relevancia para la vida de nuestra nación.

Concretamente, de entre las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, el órgano político administrativo en Iztapalapa, constituye el 8 por ciento de su superficie, cuenta con una población superior al millón ochocientos cincuenta mil habitantes y un presupuesto autorizado para el año 2010 que asciende a la cantidad de 3,076,512,084.00, (tres mil setenta y seis millones, quinientos doce mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), lo cual la convierte en la delegación más grande y con el mayor presupuesto asignado.

Es por lo anterior, que ante las eventualidades de los últimos meses, a raíz de la contienda electoral por la jefatura delegacional en Iztapalapa, y los sucesos derivados con motivo de ello, la Comisión del Distrito Federal en el seno de su cuarta sesión ordinaria, acordó exhortar a quienes conforman parte integral del conflicto, a que acudan ante dicha Comisión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados en la LXI Legislatura a exponer sus consideraciones, para el único efecto de ser facilitadores en encontrar a la brevedad soluciones en beneficio de los vecinos del Distrito Federal.

Por esta reflexión nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, al jefe delegacional en Iztapalapa, ciudadano Rafael Acosta Ángeles y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, a que acudan ante la Comisión del Distrito Federal en la honorable Cámara de Diputados a exponer sus consideraciones en relación con la controversia existente en el órgano político administrativo en Iztapalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de diciembre de 2009.— Diputados: Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Fuensanta Patricia Jiménez Case (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a publicar un informe del resultado general del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar un informe de resultados general del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Rafael Pacchiano Alamán, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente en materia de política ambiental es impensable plantear un proceso de fortalecimiento institucional sin el principio de “subsidiariedad”, el cual se asume como un principio de organización institucional, donde el proceso de toma de decisiones es más eficiente a escalas pequeñas que en unidades operativas relativamente grandes.

La subsidiariedad se identifica con un propósito descentralizador, inherente a la noción de federalismo y de autonomía local, donde hay una preferencia social por niveles de decisión de mayor proximidad a los ciudadanos, cuando esto signifique una jerarquía más apropiada para la resolución de problemas.

Bajo esta lógica, desde su creación, el Programa de Desa-rrollo Institucional Ambiental (PDIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha tenido por objeto lograr un nivel de capacidad institucional adecuado de los distintos órdenes de gobierno, como medio para mejorar la gestión ambiental. Se trata de un proceso de descentralización para acercar la toma de decisiones al lugar donde surgen los problemas, para mejorar su capacidad administrativa y propiciar una participación más amplia.

Por lo cual, el programa busca en sus objetivos fortalecer a la capacidad de los gobiernos estatales en las materias convenidas entre los gobiernos estatales y la secretaría. Para cumplir este cometido considera el otorgamiento de subsidios federales para consultar y fortalecer el programa mediante estudios de asistencia técnica, capacitación en materia ambiental y de recursos naturales, adquisición de mobiliario y equipo de campo, técnico y de informática.

Cabe señalar que el programa inició su operación en 2000 y se fundamenta en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su último párrafo señala el otorgamiento de subsidios con recursos federales a actividades prioritarias, cuando no sean de carácter temporal y no afecten las finanzas del país.

Con fines de transparencia, las Reglas de Operación del PDIA, publicadas el 30 de diciembre de 2008, establecen que la información relativa a los avances y logros del programa deberán ser difundidos periódicamente.

Al respecto, el informe final, Estudio de evaluación del impacto de los subsidios otorgados al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 2007, del Centro de Investigación Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional enuncia, entre sus conclusiones, la necesidad de que un grupo de trabajo de la Semarnat entregue un informe final del PDIA que incluya los avances, prioridades y rezagos en materia ambiental, y los aspectos administrativos y financieros, en donde se puedan cuantificar los logros y metas previstas, identificar las desviaciones  y justificaciones si las hubiera. Sin embargo, no aparece publicada ninguna evaluación por parte de la Semarnat, en los últimos dos años.

Por otra parte, para el ejercicio fiscal 2009, el PDIA tiene autorizados 27 proyectos en 17 estados de la república por un monto de 79 millones 977 mil 437.43 pesos. Considerando que los recursos otorgados a los estados a través del PDIA son federales, su ejercicio está sujeto a auditoria por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con el artículo 5 del acuerdo que establece las reglas de operación para el otorgamiento de subsidios del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante la presente propuesta con punto de acuerdo busca, que se den a conocer los resultados de estos esfuerzos con objeto de valorar su desempeño, cumplimiento de metas, el uso de recursos públicos y de las auditorias llevadas a cabo.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar un informe general de resultados del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental donde se explique su nivel de efectividad y los logros alcanzados en sus nueve años de vigencia.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a divulgar los resultados de la auditoría realizada para el periodo 2008-2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe delegacional de Xochimilco, Distrito Federal, a efecto de crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las 16 ya existentes.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al delegado de Xochimilco, Distrito Federal, a crear o instituir el establecimiento de tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las 16 existentes, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Luis Felipe Eguía Pérez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe delegacional en Xochimilco a crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales en esa demarcación, bajo las siguientes

Consideraciones

Xochimilco, palabra náhuatl que significa“El Lugar de la Sementera Florida”

La delegación Xochimilco, se localiza al sureste del Distrito Federal, y colinda con las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. Tiene una superficie de 122 kilómetros cuadrados, según el último censo consta de 368 mil 798 habitantes, de los cuales 180 mil 763 son hombres y 188 mil 35 mujeres.

La delegación Xochimilco abarca diversas zonas que definen el perfil de su extensión territorial, estas son: el centro histórico y zona de los 17 barrios, los 14 pueblos originarios, y la zona chinampera.

El centro histórico es el corazón de la delegación; aquí se concentran las principales actividades comerciales, culturales, religiosas, de esparcimiento y de servicios. Constituida en lo general por edificios de dos y tres niveles, destacan algunos monumentos históricos como la parroquia de San Bernardino de Siena, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Cuenta además con los mercados más grandes de la delegación, que comercializan toda clase de productos agropecuarios, plantas, flores y alimentos.

La zona de barrios es la que concentra los asentamientos más antiguos de la delegación y los inmuebles de mayor valor arquitectónico; sus habitantes conservan costumbres, tradiciones y festividades que conforman el patrimonio cultural e histórico de Xochimilco.

Finalmente, la zona de pueblos, integrada a la ciudad con su traza prehispánica, a diferencia de la zona centro de la demarcación, es un conjunto que ofrece una fisonomía típica de los poblados rurales tradicionales, con un alto contenido estético que preserva las tradiciones y las fiestas que ya forman parte del patrimonio cultural.

Respecto a sus formas de organización y con forme al cuarto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica, y cultural asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Por lo expuesto ,en 14 pueblos originarios y 2 colonias y con el fin de allegarse de algunos servicios públicos y dar solución a sus conflictos en la comunidad, han elegido mediante consultas ciudadanas a sus autoridades, llamadas “coordinadores territoriales”, consideradas entes administrativos desconcentrados, propios de la delegación del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco y que orgánicamente dependen de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, su marco y universo de actuación se rige bajo los lineamientos dictados por el titular de esa entidad delegacional; funciones, derechos y obligaciones regidas bajo los principios rectores de honestidad, moralidad, eficiencia, eficacia y calidad y que es pábulo de avance real en el desarrollo y fortalecimiento del proceso democrático en nuestro país y concretamente en la delegación Xochimilco, ya que su Titular es el facultado para designar coordinadores territoriales. Verbigracia, es fundamental la práctica democrática involucrar a la ciudadanía para emitir su opinión al respecto, ejercitando su garantía de libre decisión, para la persecución y alcance del bien común que es determinante para y en su organización.

Es de hacer referencia, que figuras de esta naturaleza, se encuentra establecidas en la diversas delegaciones y municipios de la República Mexicana; como son la de Milpa Alta, que cuenta 11 coordinaciones territoriales; la delegación Iztapalapa esta conceptuada por 7 direcciones territoriales; en Hidalgo se definen con el término de jueces; en el estado de México, en su municipios se les conoce como delegados municipales, por hacer referencia o dar cuenta y ejemplo de lo que nos ocupa.

Ahora bien en los catorce pueblos originarios, y en dos colonias de la demarcación territorial de Xochimilco; cuentan con coordinaciones ha servido para que los ciudadanos cuentan con mejores servicios públicos y apoyos gubernamentales delegacionales, sirvan para denunciar y poder detener a tiempo el crecimiento indebido de la mancha urbana, de giros negros, además de ser un perfecto enlace entre ciudadanos y las autoridades delegacionales.

Pero la composición geopolítica de la demarcación territorial, no la conforman únicamente los habitantes de los poblados antes referidos, ya que hay otras comunidades en la delegación como son los barrios de Xaltocan, Caltongo, San Marcos, Asunción, San Lorenzo, Tlacoapa, San Cristóbal, San Pedro, San Esteban, San Juan, San Antonio, San Diego, La Santísima, Belén, El Rosario, Guadalupita y Santa Crucita; San Marcos, la colonia San Lorenzo La Cebada, Barrio 18 y diversos parajes de la zona chinampera y lacustre quienes son notoriamente segregados o excluidos de una representación directa ante sus demandas de prestación de servicios públicos y para resolver los problemas jurídico administrativos que los aquejan y demandan, sintiéndose agraviados al no ser considerados en igualdad en su participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y costumbres, ya que no se cumple con uno de los principios plasmados en su artículo 1o. de nuestra Carta Magna, que es el de igualdad.

Es por ello y que a petición de diversos vecinos de la zona, se tiene la imperiosa necesidad de que al jefe delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco, se le exhorte a efecto de crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las 16 ya existentes, en el orden siguiente:

• La “primera” conformada por los barrios de Xaltocan, Caltongo, San Marcos, Asunción, San Lorenzo Tlacoapa, San Cristóbal, San Pedro, San Esteban, San Juan, San Antonio, San Diego, La Santísima, Belén, El Rosario, Guadalupita y Santa Crucita;

• La “segunda” conformada por la colonia Ampliación San Marcos

• La “tercera” de estas comprenderán: la colonia San Lorenzo La Cebada y el Barrio 18 y los diversos parajes como Amalacachito, Toltenco Secciones I, II, III, IV y V;

Y se convoque a una consulta ciudadana en los barrios y colonias antes señaladas conforme lo estipulado en la Ley de Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México, en sus artículos 42 y 43, para que sean representados ante las autoridades delegaciones de Xochimilco; siendo el objetivo principal, abrir a la sociedad canales de participación directa, con esta figura pública. Necesitando medios que agilicen, pero que además legitimen la voz de la ciudadanía; ése es un aspecto fundamental; Es abrir a la sociedad civil diversas formas de participar no sólo con las instituciones gubernamentales, sino también privadas y corporativas, ya que éstas pueden ayudar a solventar los grandes problemas de la delegación Xochimilco y por ser una demanda, que por muchos años los ciudadanos de esas colonias y barrios han elevado a las diversas Administraciones delegacionales en turno y no han sido escuchas ni atendidas.

Con la creación de las tres nuevas coordinaciones territoriales, no se afectaría ni se provocaría un menoscabo en las finanzas públicas y presupuesto de ese órgano político administrativo, ya que actualmente la percepción por honorarios por servicios profesionales de un coordinador territorial asciende a la cantidad de $12,650.00 (doce mil seiscientos cincuenta 00/100 m.n.); sumando la cantidad de $3,186.38 (Tres mil ciento ochenta y seis 00/100 m.n.) que percibe el auxiliar de coordinador por salario asimilados (autogenerador), más dos personas, las cuales perciben aproximadamente $3,000.00 (tres mil 00/100 m.n.), de base adscritas a esas coordinaciones dando un total de pago de salarios por coordinación territorial de $21, 836.00 (veintiún mil ochocientos treinta y seis 00/100 m.n.) y con las tres coordinaciones de nueva creación suman $65, 508.00 ( sesenta y cinco mil quinientos ocho 00/100), todas estas percepciones son mensuales y anualmente se derogaría la cantidad de $776, 096.00 (setecientos setenta y seis mil noventa y seis 00/100 m.n.)

La intención es que tengan una representación, obligando a los funcionarios a atender de manera objetiva las propuestas y demandas de la ciudadanía, que permitan la acción activa y directa de la población, con el propósito de consolidar el desarrollo democrático de participación directa de los ciudadanos.

En ese sentido, consideró que es muy probable sacar y sobre todo porque las diferentes organizaciones civiles han mostrado mayor interés en coadyuvar a solucionar los problemas que enfrenta el órgano político administrativo en diversos rubros.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe delegacional de Xochimilco en el Distrito Federal a crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales, que se sumen a las 16 ya existentes en esa demarcación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

FRAUDES A AHORRADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) a que sancionen en lo conducente a las sociedades Coofia, Grupo Sitma e Invergroup, así como a agilizar los trámites ante el Fipago para resarcir a los ahorradores defraudados por las mencionadas sociedades de inversión.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y a la Condusef a sancionar a las sociedades de inversión Coofía, Grupo Sitma e Invergroup, y agilizar los trámites ante el Fipago para resarcir a los ahorradores defraudados por éstas, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ha sido una constante para la población con menos recursos, el buscar alternativas para su ahorro, lamentablemente cada una de ellas ha revestido un alto riesgo, dada su informalidad y por ende falta de seguridad jurídica y financiera.

Dichos mecanismos que van desde las tandas, las pirámides y hoy en día las denominadas “Sociedades de Inversión”, han causado en menor o mayor medida, quebrantos en la de por si frágil economía popular.

Se ha presentado recientemente en el estado de Puebla, una serie de fraudes por parte de tres sociedades que presumían de estabilidad y rentabilidad a sus ahorradores, es el caso de la Financiera Coofía, del Grupo Sitma y de Invergroup; empresas que han dejado en la calle a más de 30 mil ahorradores.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular pretendió dar cauce a ese reclamo tan sentido de nuestra población, sin embargo se ha convertido en una maraña de normas ineficaces; toda vez que se ha institucionalizado el fraude, a través de las llamadas “sociedades de inversión o financieras” que ofrecen altos rendimientos a sus ahorradores, disfrazados en supuestos “Desarrollos inmobiliarios”, todo esto ante el conocimiento de la autoridad, que se hace de la vista gorda y permite su funcionamiento.

Compañeras y compañeros legisladores, el gobierno federal se ha mostrado frívolo e insensible ante la proliferación de este tipo de empresas, sus funcionarios se deslindan señalando que dichas negociaciones están al margen de la ley. ¿Entonces por qué no han actuado desde un inicio? ¿Por qué dejar que se robe y se defraude impunemente a los que menos tienen?

Es una pena que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no aplique la Ley de Ahorro y Crédito Popular; es una pena que la Condusef mire de lado y tampoco responda a quienes le reclaman con justicia que se recupere su patrimonio.

Es inaceptable que funcionarios federales, asuman posturas como la del delegado de la Condusef en Puebla, Iñigo Ocejo Rojo, quien comentó que las personas defraudadas por Sitma e Invergroup, difícilmente podrán recuperar su dinero; que el único camino legal que les queda a los defraudados es realizar un juicio mercantil y esperar un promedio de tres años para conocer la resolución final, recalcando que eso tampoco implica que haya seguridad en recuperar el dinero que depositaron en ambas empresas.

Es necesario que exista el compromiso del gobierno federal para apoyar a los defraudados, con la participación del Fideicomiso Pago, que fue creado, precisamente para el apoyo de ahorradores afectados por cajas de ahorro.

Urge la intervención de dicho fideicomiso, para mitigar la necesidad de los defraudados de las empresas Financiera Coofía, Grupo Sitma e Invergroup.

Con base en lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras a sancionar en lo conducente a las Sociedades Coofia, Grupo Sitma e Invergroup, así como agilizar los trámites ante el Fipago para resarcir a los ahorradores defraudados por las mencionadas sociedades de inversión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.— Diputado Óscar Aguilar González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRODUCCION PORCICOLA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente las medidas pertinentes que permitan salvaguardar la producción porcícola nacional, evitando las políticas del dumping que se han incrementado en la importación de productos derivados del cerdo, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh: Con el permiso, señor presidente. Compañeros legisladores de esta soberanía, el punto de acuerdo que vengo a presentar y que también suscriben los diputados de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tienen como objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal, a que en el ámbito de sus atribuciones implemente la medidas pertinentes que permitan salvaguardar la producción porcícola nacional.

El sector porcícola mexicano se encuentra en un periodo de crisis preocupante. Si bien es cierto que esta situación no es nueva, no se puede negar que a partir de la aparición de la influenza AH1N1, la cual fue identificada en una cepa que portaban los cerdos, la producción porcícola presentó una disminución considerable.

Las afectaciones han incidido en millones de productores, tanto sociales como a gran escala, ya que el nivel de importación de carne de cerdo se ha incrementado pasando de las 30 mil toneladas en 1995 a las 386 mil en 2008. A la fecha, las importaciones se ubican en 30 por ciento por encima del nivel del año anterior.

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el sector porcícola mexicano genera alrededor de 49 mil empleos directos y poco más de 245 mil indirectos. Cabe mencionar que los encadenamientos productivos permiten al sector porcícola generar un efecto multiplicador en la producción de granos y oleaginosas.

En el sector de los transportes, se trasladan más de 5 millones de toneladas de alimento, que son consumidas por cerca de 15 millones de cerdos en el país.

La competencia desleal por parte de nuestros competidores internacionales, en particular de Estados Unidos, ha puesto en jaque al sector porcícola nacional, ante lo cual es imperativo implementar medidas arancelarias y de importación que permitan erradicar dicha problemática.

El incremento en la importación de carne de cerdo es preocupante, de entre el conjunto de importaciones destaca la carne que viene en una presentación conocida como “combo”, la cual ingresa al país sin pasar por el procedimiento de revisión de las autoridades correspondientes.

La situación anterior de la falta de revisión pone en riesgo la salud de millones de consumidores, ya que no es posible verificar el estado de la carne importada, tampoco su tipo, y ante una emergencia mundial como la es la prevalencia del virus AH1N1, es importante no bajar la guardia sanitaria.

De igual forma, la importación de cerdo en pie que proviene de Estados Unidos no es revisada por las autoridades de sanidad animal mexicana. Para evitar la revisión fitosanitaria se apegan a lo establecido en su normativa interior, dejando al margen lo establecido en el marco del TLCAN, esto representa una política de dumping, que es fundamental erradicar.

Es importante hacer énfasis en la proposición que ahora presento. No estoy en contra de la globalización ni de la libre competencia internacional. De lo que se trata es que dicha competencia se dé con apego a las normas comerciales establecidas en un entorno de competencia leal y abierta.

Como legisladores tenemos el compromiso de velar por los intereses de los diferentes sectores sociales. En este caso, del sector porcícola, del que depende un número importante de familias, que ante la competencia desleal y manipuladora ve tambalear sus ingresos y estabilidad, impidiendo la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones gire sus instrucciones para que:

1. A través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público se diseñen e implementen medidas arancelarias que salvaguarden la producción del sector porcícola mexicano, a fin de garantizar el ingreso de millones de familias que dependen de dicha actividad.

2. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud para que revisen de manera exhaustiva y detallada la importación de carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar y preservar la salud de las familias mexicanas. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar medidas para salvaguardar la producción porcícola nacional, evitando las políticas de dumping, que han incrementado la importación de derivados del cerdo, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, representantes populares del estado de Sonora y pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El sector porcícola mexicano se encuentra en un periodo de crisis preocupante, si bien es cierto que esta situación no es nueva, no se puede negar que a partir de la aparición de la influenza AH1N1, la cual fue identificada en una cepa que portaban los cerdos, la producción porcícola presentó una disminución considerable.

Las afectaciones han incidido en millones de productores, tanto sociales como a gran escala, ya que el nivel de importación de carne de cerdo se ha incrementado, pasando de las 30 mil toneladas en 1995, a 386 mil en 2008. A la fecha, las importaciones se ubican un 30 por ciento por encima del nivel del año anterior.

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que el sector porcícola mexicano genera alrededor de 49 mil empleos directos y poco más de 245 mil indirectos.

Cabe mencionar que los encadenamientos productivos permiten al sector porcícola generar un efecto multiplicador en la producción de granos y oleaginosas, el sector de los transportes, quienes trasladan más de 5 millones de toneladas de alimentos que son consumidos por cerca de 15 millones de cerdos en el país.

La competencia desleal por parte de nuestros competidores internacionales, en particular de los Estados Unidos, ha puesto en jaque al sector porcícola nacional, ante lo cual es imperativo implementar medidas arancelarias y de importación que permitan erradicar dicha problemática.

El incremento en las importaciones de carne de cerdo es preocupante, de entre el conjunto de importaciones destaca la carne que viene en una presentación conocida como “combo”, la cual ingresa al país sin pasar por el procedimiento de revisión de las autoridades correspondientes.

La situación anterior, de la falta de revisión, pone en riesgo la salud de millones de consumidores, ya que no es posible verificar el estado de la carne importada, tampoco su tipo, y ante una emergencia mundial como lo es la prevalencia del virus AH1N1, es imperativo no bajar la guardia sanitaria.

De igual forma, la importación de cerdo en pie proveniente de los Estados Unidos no es revisado por las autoridades de sanidad animal mexicanas, para evitar la revisión fitosanitaria se apegan a lo establecido en su normatividad interna, dejando al margen lo establecido en el marco del TLCAN, esto representa una política de “dumping” que es fundamental erradicar.

Es importante hacer énfasis en que la proposición que ahora presento no está en contra de la globalización, ni de la libre competencia internacional, de lo que se trata es que dicha competencia se dé con apego a las normas comerciales establecidas, en un entorno de competencia leal y abierta.

Como legisladores, tenemos el compromiso de velar por los intereses de los diferentes sectores sociales, en este caso, del sector porcícola dependen un número importante de familias, quienes ante la competencia desleal y manipuladora, ven tambalear su ingreso y estabilidad, impidiéndoles la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, gire sus instrucciones para que:

1. A través de la Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se diseñen e implementen medidas arancelarias que salvaguarden la producción del sector porcícola mexicano, a fin de garantizar el ingreso de millones de familias que dependen de dicha actividad.

2. Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud revisen de manera exhaustiva y detallada las importaciones de carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar y preservar la salud de las familias mexicanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 diciembre de 2009.— Diputados: Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Jesús Cano Vélez, Miguel E. Pompa Corella, Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Gumercindo Castellanos Flores, Benjamín Clariond Reyes Retana, María Dolores del Río Sánchez, (rúbricas).»

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Sí, señor diputado.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Si me permite el orador adherirme a su proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Señor diputado Díaz Brown, están solicitando algunos diputados adherirse a su propuesta.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh: Adelante.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:No tiene inconveniente; por tanto, pueden pasar a firmar a la Secretaría. Se turna a la Comisión de Economía.

PROGRAMAS DE SALUD PARA MIGRANTES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Miguel Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el seguro binacional de salud, así como a fortalecer los programas de salud para migrantes.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán:Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, en pleno uso de las facultades que me confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el seguro binacional de salud, así como a fortalecer los programas de salud para migrantes.

Existen en la actualidad, en Estados Unidos de América, 28 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 12 millones nacieron en nuestro país y residen actualmente del otro lado de la frontera. Nuestras leyes los reconocen como ciudadanos mexicanos, por lo que no se les puede negar ninguno de sus derechos y mucho menos el derecho a la salud.

Alrededor de 6.5 millones de ciudadanos mexicanos que residen actualmente en Estados Unidos no tienen acceso a alguno a forma de seguro de salud ni servicio médico. El Estado mexicano tiene el deber de solucionar a fondo dicha problemática.

La propuesta de crear un seguro binacional de salud surgió del Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con la Fundación Ford de Estados Unidos de América.

Se trataría de un seguro de salud con beneficios concretos para los ciudadanos en ambos lados de la frontera, basado en la coordinación del sistema de salud privado no lucrativo de Estados Unidos y el sistema público de salud en México.

El seguro tendría un costo de 40.26 dólares mensuales, lo que está muy por debajo de lo que los migrantes estarían dispuestos a pagar por servicios de salud de calidad y oportunos, según sondeos que se han realizado.

Resulta imperativo e impostergable, el establecer a partir de enero de 2010 un programa piloto, que siente las bases y los fundamentos para cristalizar el seguro binacional de salud, por medio del establecimiento inmediato de una agencia que se encargue de hacer funcional y operativo el sistema del seguro binacional y que articularía todos los esfuerzos, tanto en Estados Unidos como en México.

Al mismo tiempo, es fundamental establecer las acciones que ya realiza la Secretaría de Salud en materia de programas de salud para migrantes, como son la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; la repatriación de connacionales enfermos, así como la investigación binacional en materia de salud.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el seguro binacional de salud, así como a fortalecer los programas en materia de salud para migrantes.

Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a lanzar y poner en pleno funcionamiento el seguro binacional de salud, a través del establecimiento de la agencia, ya sea pública o mixta, que se encargará de dar funcionalidad y operatividad al sistema del seguro binacional, así como de articular todos los esfuerzos en la materia y dar viabilidad a los mecanismos de coordinación, tanto en México como en Estados Unidos.

Se hace también un llamado a la Secretaría de Salud, para que fortalezca todos los programas de salud para migrantes, y de manera preponderante la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos, para realizar las afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en Estados Unidos, la repatriación de connacionales, así como la investigación binacional en materia de salud. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer el Seguro Binacional de Salud, y a fortalecer los programas de salud para migrantes, a cargo del diputado Miguel Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, así como a fortalecer los programas de salud para migrantes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Existen en Estados Unidos 28 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 12 millones nacieron en nuestro país y residen actualmente del otro lado de la frontera; nuestras leyes reconocen a nuestros emigrantes como ciudadanos mexicanos, al igual que quienes habitamos en el territorio nacional, por lo que no se les puede negar ninguno de sus derechos, y mucho menos el derecho a la salud.

Alrededor de 6.5 millones de ciudadanos mexicanos que residen actualmente en Estados Unidos no tienen acceso a alguna forma de seguro de salud ni servicios médicos. El Estado mexicano tiene el deber de solucionar a fondo dicha problemática, no sólo porque la salud es un derecho humano fundamental y constitucional, sino porque nuestros migrantes contribuyen en gran medida al desarrollo nacional, principalmente a través de las remesas familiares.

La propuesta de crear un Seguro Binacional de Salud surgió del Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con la Fundación Ford, así como destacados investigadores, académicos y universidades tanto mexicanos como estadounidenses.

Se trataría de un seguro de salud con beneficios concretos para los migrantes y sus familiares en ambos lados de la frontera, basado en la coordinación del sistema de salud privado no lucrativo en Estados Unidos y el sistema público de salud en México. En el norte, el seguro contemplaría un paquete de intervenciones de atención primaria (consultas médicas y quirúrgicas, laboratorio, radiología, inmunizaciones, exámenes, productos farmacéuticos y urgencias de primer nivel). En el sur la Secretaría de Salud garantizaría a los asegurados atención hospitalaria y especializada, y para ello se extendería la afiliación al Seguro Popular desde Estados Unidos.

El seguro tendría un costo de 40.26 dólares mensuales, lo que está muy por debajo de lo que los migrantes estarían dispuestos a pagar por servicios de salud de calidad y oportunos, según sondeos.

A pesar de que el tema del Seguro Binacional de Salud ha sido estudiado, trabajado e impulsado desde hace varios años, tanto por las autoridades federales como por el Poder Legislativo y el sector académico mexicano y estadounidense, a la fecha aún no se han concretado los esfuerzos para que finalmente sea una realidad y sea puesto en operación.

En consecuencia, resulta imperativo e impostergable el establecer, a partir del mes de enero del año 2010, un programa piloto que siente las bases y los fundamentos para cristalizar el Seguro Binacional de Salud, por medio del establecimiento inmediato de la agencia (ya sea pública o mixta) que se encargaría de hacer funcional y operativo el sistema del seguro binacional y que articularía todos los esfuerzos tanto en EUA como en México.

Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer las acciones que ya realiza la Secretaría de Salud, en la materia de programas de salud para migrantes, como son: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Secretaría de Salud del gobierno federal a lanzar y poner en pleno funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, a través del establecimiento de la agencia (pública o mixta) que se encargará de dar funcionalidad y operatividad al sistema del seguro binacional, así como de articular todos los esfuerzos en la materia y dar viabilidad a los mecanismos de coordinación, tanto en México como en Estados Unidos de América.

Segundo.Se hace un llamado a la Secretaría de Salud para que se fortalezcan todos los programas de salud para migrantes, y de manera preponderante: la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos para realizar afiliaciones desde aquel país; las ventanillas de salud en EUA; la repatriación de connacionales enfermos; así como la investigación binacional en salud.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputados: Miguel Osuna Millán, Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, César Mancillas Amador, Gastón Luken Garza, Francisco Javier Orduño Valdez, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Salud.

Señoras y señores diputados, les informo que nos visita un grupo de ciudadanos de San Juan del Río, Querétaro, quienes han sido invitados por la diputada Sandra Ugalde Basaldua. Les enviamos un saludo.

Igualmente, quisiera decir a todos los señores diputados y señoras diputadas que deseen adherirse a las proposiciones presentadas, que podrán hacerlo en la Secretaría, a menos de que exista una negativa explícita por parte del proponente.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Víctor Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con relación al incumplimiento de la recomendación 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Con su venia, señor presidente. El viernes 30 de octubre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 72/2009, dirigida a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública federal, por diversas violaciones cometidas durante el operativo rea- lizado el pasado 26 de mayo en Michoacán.

En ella se hace constar que durante las detenciones de los diversos funcionarios públicos, estatales y municipales, y en lo que va de sus procesos, se ha incurrido en violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La recomendación, dirigida a las dos instituciones encargadas de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas y de garantizar la procuración de justicia apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, según rezan sus principios, establecía 15 días hábiles para que éstas informaran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si aceptaban o no la recomendación.

Debe preocuparnos que las recomendaciones emitidas por nuestro máximo órgano en la materia sean ignoradas, pues el plazo perentorio concluyó el pasado 24 de noviembre sin obtener una respuesta del gobierno federal, hecho por el que legalmente se tiene por no aceptada.

La aceptación de los puntos resolutivos consistía en la reparación de daño ocasionado a los agraviados, por medio de apoyo psicológico; la integración de averiguaciones previas contra los servidores públicos de la SIEDO que estuvieron involucrados en los hechos; dar vista al órgano interno de control de la Procuraduría General de la República para la iniciación de procedimientos administrativos.

Fomentar que las actuaciones del Ministerio Público sean apegadas a lo establecido en el orden jurídico mexicano; garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los indiciados; garantizar el derecho a la defensa adecuada; resarcir los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales que se practicaron.

Iniciar averiguaciones previas en contra de los elementos de la entonces Policía Federal Preventiva. Que se garantizara que las personas detenidas por elementos de la Policía Federal, sean puestas de inmediato a disposición de autoridades competentes.

Asimismo, se señalaron en el cuerpo de la recomendación allanamientos a diversos edificios públicos, estatales y municipales, abusos en las órdenes de localización y presentación, las cuales tienen el objetivo de asegurar la comparecencia dentro del proceso, no la de privarlos de su libertad; dilación en los procesos, pleno valor probatorio a las declaraciones de los testigos protegidos, entre otras.

Es cierto, como ya se dijo, que el plazo que establece la Ley General de Derechos Humanos ya se venció, pero lo señalado en el cuerpo de la recomendación 72/2009, hace referencia a violaciones cometidas a distintas prerrogativas que son inherentes a la naturaleza de todo individuo, que se encuentran previstas en nuestra Carta Magna y en los diversos instrumentos internacionales que sobre la materia han sido aprobados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que su cumplimiento no se encuentra sometido a plazo útil ni a la potestad de autoridad alguna.

Por ello, ponemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo a que, en cumplimiento de lo que establece el artículo 87 constitucional respecto a su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, instruya al C. Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, y al C. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, a instrumentar y desarrollar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la recomendación 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por contener actos de violación a los derechos fundamentales de cualquier individuo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el incumplimiento de la recomendación número 72/2009, emitida por la CNDH, a cargo del diputado Víctor Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El viernes 30 de octubre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 72/2009, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), por diversas violaciones cometidas durante la operación realizada el pasado 26 de mayo en Michoacán.

En ella se hace constar que durante las detenciones de los servidores públicos estatales y municipales, y en lo que va de su proceso, se ha incurrido en violaciones de los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La recomendación va dirigida a las dos instituciones encargadas de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como de garantizar una procuración de justicia ajustada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto de los derechos humanos, según rezan sus principios. Se contaba con 15 días hábiles para que éstas informaran a la CNDH, si aceptaban o no la recomendación.

Preocupa que las recomendaciones emitidas por el máximo órgano en la materia sean ignoradas, pues el plazo perentorio concluyó el pasado 24 de noviembre, sin obtener del gobierno federal una respuesta, por lo que legalmente se tiene por no aceptada.

La aceptación de los puntos resolutivos consistía en la reparación del daño ocasionado a los agraviados, por medio de apoyo psicológico; la integración de averiguaciones previas contra los servidores públicos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada que estuvieron involucrados en los hechos; dar vista al Órgano Interno de Control en la PGR para el inicio de procedimientos administrativos; fomentar que las actuaciones del Ministerio Público se ajusten a lo establecido en el orden jurídico mexicano; garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los indiciados; garantizar el derecho a una defensa adecuada; resarcir los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales practicados; iniciar averiguaciones previas contra los elementos de la entonces PFP involucrados; y que se garantizara que las personas que sean detenidas por elementos de la Policía Federal sean puestas de inmediato a disposición de autoridad competente.

Asimismo, se señaló en la recomendación: allanamientos de diversos edificios públicos, estatales y municipales, el abuso de las órdenes de localización y presentación, las cuales tienen el objetivo de asegurar la comparecencia dentro del proceso, no de privarlos de la libertad, dilación en los procesos y pleno valor probatorio a las declaraciones de los testigos protegidos, entre otras.

Es cierto, como se dijo, que el plazo que establece la Ley General de Derechos Humanos ya se venció, pero lo señalado en el cuerpo de la recomendación número 72/2009 hace referencia a violaciones cometidas contra distintas prerrogativas inherentes a la naturaleza de todo individuo, que se encuentran previstas en la Carta Magna y en los diversos instrumentos internacionales aprobados y ratificados en la materia por el Estado mexicano, por lo que su cumplimiento no se encuentra sometido a plazo útil ni a la potestad de autoridad alguna.

Por ello pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que en cumplimiento de lo que establece el artículo 87 constitucional, respecto a su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, instruya a los ciudadanos Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República; y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, a efecto de que instauren y desarrollen las acciones necesarias para atender la recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por contener actos de violación de los derechos fundamentales de cualquier individuo, protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Víctor Báez Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Gobernación que suspenda provisionalmente cualquier trámite administrativo o de destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el Registro Nacional de Población.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, señor presidente, con su permiso. La cédula de identidad biométrica será obligatoria para los más de 107 millones de mexicanos que vivimos en el país. Tenemos que reflexionar seriamente y de fondo todos los temas relacionados con ésta, incluso temas tan delicados como la posible violación de derechos humanos relacionados con la obtención de los datos biométricos.

La única certidumbre que tenemos hoy es que la Secretaría de Gobernación será la encargada de la obtención, guarda y custodia de la base de datos de todos los mexicanos, situación en la cual por ningún motivo podemos coincidir o aceptar.

Por otra parte, tengo que reconocer que existe voluntad y buena fe en el actuar del secretario de Gobernación para encontrarle el rumbo a este proyecto; pero también tengo que reconocer que no comparto la premura inexplicable e incomprensible por seguir adelante con este proyecto costosísimo para la nación de más de 3 mil millones de pesos, a todas luces injustificable en la peor crisis económica del país.

Por ningún motivo podemos permitir, como se pretende hoy, que la información de todos los mexicanos se encuentre en el sótano de la Secretaría de Gobernación.

No lo digo en sentido figurado, literalmente se contempla adecuar un espacio físico en los sótanos de la Secretaría de Gobernación para instalar los servidores que contendrán los archivos electrónicos, con los datos de todos los mexicanos.

Basta con revisar el fallo de la licitación de la empresa Axtel por más de 600 millones de pesos. En éste podemos observar que la contratación de equipo y mantenimiento que se brindará a los servicios es para instalarse en Bucareli.

Señores legisladores, el tema es tan delicado que no podemos construir los acuerdos necesarios sin hacer un alto en el camino. No podemos esperar a que Gobernación obtenga la base de datos de todos los mexicanos, para luego decidir quién tiene que resguardar esta información. Información que debiera ser clasificada como de seguridad nacional.

Por lo anterior, se exhorta al Poder Ejecutivo a que instruya a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera provisional, hasta el 31 de marzo de 2010, en lo que en derecho proceda, cualquier trámite de índole administrativo operacional relacionado con la cédula de identidad ciudadana, así como la obtención de datos biométricos, hasta en tanto no se logren los consensos necesarios en el ámbito de las comisiones competentes del Congreso de la Unión y se revisen detalladamente y conjuntamente las modalidades de aplicación y condiciones generales de operación de dicho programa.

Es cuanto, señor presidente. Presidente, le pediría –este es un exhorto de más de 10 páginas–, que quedara incluido en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Segob para que suspenda provisionalmente cualquier trámite administrativo o de destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el Registro Nacional de Población, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM

Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Gobernación para que suspenda provisionalmente cualquier trámite de índole administrativo, operacional, de dirección, aplicación o destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el registro nacional de población hasta el momento en que, por acuerdo del Congreso de la Unión, lo autorice, y una vez que el titular de la dependencia señalada haya comparecido ante esta Cámara de Diputados, a efecto de informar detalladamente sobre la obtención, aplicación y destino de recursos federales y su transparencia, así como la operación y la estructuración de los órganos que habrán de ponerlo en marcha, con base en los siguientes

Antecedentes

Con fecha 28 de julio del año que transcurre, el titular del Ejecutivo federal, el presidente Felipe Calderón, anunció la creación de la cédula de identidad ciudadana, la cual contará con la identidad biométrica de cada mexicano, bajo las argumentaciones que este documento será garantía de la identidad legal y personalidad jurídica consagrada en las leyes civiles, señalando que con él se permitirá a cada mexicano tener garantía de la unicidad y distinción plena que cada persona tiene respecto de las demás.

La cédula de identidad se expide como una atribución y facultad de la Secretaría de Gobernación, consagrada en el capitulo especial relativo de la Ley General de Población.

Con la misma fecha, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde señalo que la cédula de identidad no suplirá a la credencial de elector, sin embargo servirá para que la identidad de los mexicanos sea infalsificable así como para acreditarse jurídicamente ante diversos programas sociales que el mismo gobierno federal ha implantado a fin de que estos recursos lleguen a sus destinatarios y se eviten manipulaciones.

Considerandos

Considero iniciar el presente exhorto analizando el documento que le da vida a éste, su nombre oficial será cédula de identidad ciudadana. Será obligatoria para los 107 millones de mexicanos que vivimos en el país. Pudiendo ser utilizadas dos denominaciones: la primera será la de cédula de identidad ciudadana para todos los ciudadanos mexicanos a partir de 18 años y para los menores de 18 años se denominara cédula de identidad personal, contando en todo momento con los mismo elementos, lo anterior con sujeción al comunicado emitido por la Subsecretaría de Población perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además de contener los datos personales de todos y cada uno de los mexicanos, como la edad y el lugar de nacimiento, la cédula de identidad ciudadana contendrá la huella digital de la persona, su fotografía personal y la huella del iris, lo último toda vez que es una huella que es prácticamente inmutable a lo largo de toda la vida de la persona, se lee en el comunicado de la Segob.

La finalidad que se le otorgo a el nuevo documento es el de garantizar la plena identificación de la persona para evitar la suplantación de personalidad así como la agilización de tramites al ser el único documento requerido, porque ya estará concentrada ahí toda la información de la identidad de la persona, evitando con ello la necesidad de presentar el acta de nacimiento, la cartilla de vacunación y otros documentos para acreditarla.

En el comunicado se señala que la cédula de identidad ciudadana, no remplazara a documentos oficiales como la credencial del IFE o el pasaporte, sino que coexistirán, pero habrá otras como el acta de nacimiento o la credencial de los adultos mayores que ya no se necesitarán porque los datos relevantes de una persona estarán en la nueva cédula. Se tiene previsto que el trámite de esta nueva credencial comience a finales de año, la Secretaría de Gobernación estableció que la tramitación será gratuita y antes de que concluya 2012 todos los mexicanos tendrán que tenerla.

Una vez observado el punto de vista de la autoridad emisora, debemos realizar una serie de preguntas y argumentaciones de fondo respecto a esta nueva herramienta que plantea implementarse en los próximos meses. Consideramos que en la comparecencia del titular de la secretaría nos debe argumentar solidamente el cómo se afecta directamente el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, cómo se resuelven temas tan importantes como la seguridad y el manejo de datos y el principio de proporcionalidad, así como el principio de finalidad que se busca con la implantación de esta cédula.

No podemos perder de vista que el derecho de protección de datos es en todo momento un derecho vinculado a la privacidad y a la intimidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo del artículo 16, que a la letra dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

No existe duda alguna el espíritu del legislador fue dejar de manera clara, precisa y concisa el derecho constitucional de la protección a los datos personales.

En todo momento, el Estado debe velar por proteger el derecho a la identidad de las personas, en cumplimiento a la normatividad constitucional y en apego a los principios generales del derecho y de las normas internacionales que han considerado grave que el ente del Estado se inmiscuya en el control de la individualidad de sus gobernados, máxime cuando dicha ingerencia sea sobre los datos que identifican y dan individualidad al sujeto, no se puede alegar como legalmente valida una intromisión de dicha naturaleza, en donde el Estado puede convertirse en un estado fascista controlador, argumentando una abstracción tan amplia como el derecho a la seguridad nacional.

El Estado debe cuidar bajo sus atribuciones y obligaciones el derecho a la dignidad de las personas respecto a los datos biométricos, su uso y destino. Como legisladores y representantes de la población preguntamos ¿quiénes son o serán las autoridades encargadas de la protección de los datos y los documentos de identidad?, ¿quién los vigilará, auditará, fiscalizará y en general, quien tendrá el control sobre ellos y qué relación tendrán con el gobierno?, ¿qué fines políticos, de control social se podrían dar?

Encontramos precedentes teóricos a este tema en 1988 con la obra del juez americano Thomas Cully que menciona el derecho de ser dejado solo, “the right to live alone”, quien en su obra realiza un importante análisis de las libertades y del derecho del individuo a mantenerse fuera de la esfera de control del poder gobernante.

El Diccionario de la Real Academia Españoladefine intimidad como zona espiritual, íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de un individuo.

Se trata del “derecho a ser dejado sólo y tranquilo o a ser dejado en paz”, este es un elemento conceptual integrante del derecho a la vida privada, vale decir, como un derecho de la personalidad que se desarrolla como consecuencia del conflicto con la libertad y el control del estado de la información.

El derecho a la vida privada encuentra su fundamento en la libertad y dignidad del individuo, es un derecho personal que forma parte de la propia vida y que deriva del derecho a la libertad, son inalienables a la persona humana y en que todos los hombres tienen igual dignidad, tienen derecho de validez universal, anteriores y superiores al Estado se deben velar.

La cédula de identidad ciudadana contendrá los datos biométricos los cuales son datos íntimos de la persona. El debate constitucional, publico e informado está pendiente, la autoridad no nos ha informado que hará con nuestros datos personales, ni le ha informado a la ciudadanía de forma clara ¿Cuál es la finalidad que se busca? Esta Cámara de Diputados tiene que analizar, debatir y discutir la pertinencia, así como la proporcionalidad de la implementación de este nuevo documento de identificación.

Pero sobre todo, no podemos perder de vista en ningún momento de quiénes serán los responsables de resguardar esta información El tema es tan importante toda vez que podemos perder el control sobre ella y lo peor que puede quedar colgando de manos que harían un mal uso con ella, información que pudiese ser sustraída sin que nosotros tengamos conocimiento, ¿qué pasaría en ese supuesto?, ¿cómo sería manejado el tema penalmente? No existe un tipo penal específico para sancionar un robo de este tipo de información, lo cual abriría la posibilidad de convertir esta información en botín de servidores públicos corruptos o delincuentes.

Otra pregunta que como legisladores hacemos es ¿quién será el encargado de supervisar la observancia de la protección de los datos personales?: ¿el IFAI?, ¿será la Procuraduría General de la Republica?, ¿el Consejo Nacional de Población?, ¿la Secretaría de Gobernación?

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 determinó la necesidad de que existieran autoridades independientes de la tutela y garantía del derecho a la protección de los datos personales, para salvaguardar y garantizarlos; ¿qué pasara en el caso de México?

Todas las medidas de seguridad adoptadas por el Ejecutivo federal tienen que garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos por ningún motivo se pueden violar los derechos humanos de los gobernados, lo que nos lleva a una de las preguntas más importantes que deberá contestar en su comparecencia el secretario de Gobernación: ¿quién va a decidir para que se usan los datos personales?

Nosotros como legisladores comprometidos con nuestros mandantes tenemos que decidir sobre la aplicación de esta herramienta y los aspectos de ella, información que nos será necesaria y que el día de hoy desconocemos.

Asimismo en el ámbito presupuestal y sobre todo en estos tiempos de crisis, nos parece un gasto inútil e innecesario contar con una cédula de identidad ciudadana ya que para los mismos fines fue diseñada la credencial única del registro de población (CURP), que sustituiría al RFC, la CIEC, la Fiel, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. El último reporte de avance de la CURP es que lleva 80 por ciento de registro. ¿No sería más congruente complementar y continuar con el uso de la CURP? o ¿acaso se trata de otro negocio de miles de millones de pesos que también quedará inconcluso?

De lo anterior se desprende que este proyecto de la cédula de identidad ciudadana en el uso caerá en conflicto con la credencial de elector, dando como resultado, que la ciudadanía se abstenga de mantener tantos documentos de identificación o renueve éstos, ya que lo mismo utilizaría la cedula como la credencial del IFE con los consecuentes problemas que afectan a los procesos democráticos.

El gobierno debe implementar otros métodos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no se puede seguir el ejemplo de los gobiernos totalitarios fascistas, comunistas y otros sistemas aberrantes, pareciese que el Ejecutivo federal busca crear otra herramienta mas para el control de los ciudadanos, hasta donde conocemos con esta cedula, la Secretaría de Gobernación podrá monitorear momento a momento y detalle a detalle, todas y cada una de las acciones de una persona desde el instante de su nacimiento hasta su muerte, hecho por demás violatorio de las garantías individuales.

Esta cedula coarta el derecho de privacidad de los ciudadanos, atenta contra la libertad de los mismos, pudiese ser inconstitucional, se asemeja mas a un instrumento de espionaje que a una cedula de identidad, pareciera ser que el ciudadano no llevara una identificación en el bolsillo más bien a un espía del gobierno personalizado.

No podemos ser indolentes ante esto, es un tema de la mayor trascendencia para este país para ser tomado a la ligera como lo hace el Poder Ejecutivo.

Debemos poner sobre la discusión y la agenda nacional este tema, y sobretodo el destino de los recursos, debiéndose destinar a obras sociales y no a una herramienta de hegemonía y control totalitario y violatorio a la Constitución, ¿por qué dicho presupuesto no se invierte mejor en programas para que no se pierdan empleos?, lo cual significaría un golpe real a la delincuencia. El secretario de Gobernación deberá informar ante el pleno de esta soberanía todo lo concerniente al régimen presupuestal destinado a la cédula de identidad ciudadana, los procesos de transparencia y la rendición de cuentas que muchas dudas ha dejado en esta licitación tan cuestionada.

Por lo expuesto, con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de ésta, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Gobernación para que suspenda provisionalmente cualquier trámite de índole administrativo, operacional, de dirección, aplicación o destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el registro nacional de población, hasta el momento en que se le informe al Congreso de la Unión detalladamente todo lo relacionado con la cedula de identidad y este considere procedente o improcedente seguir adelante con esta cedula.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de diciembre de 2009.— Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Esta propuesta ha sido inscrita como de urgente resolución. Le pregunto al diputado Escudero si retira esta petición.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:No se retira. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:En votación económica, se consulta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores en contra y en pro. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:En votación económica, se consulta a la asamblea, si la proposición se encuentra suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Comuníquese.

FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que ordene a la Secretaría de Gobernación para que, con cargo al patrimonio y del fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se pague la cantidad de 4 mil pesos a cada beneficiario.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza:Con su venia, ciudadano presidente. Señoras diputadas y señores diputados, vengo a compartir con ustedes un tema hoy, en su trámite, en su desahogo, muy sencillo, pero muy importante para muchas personas en todo el país.

Ha sido éste un tema, el de los ex trabajadores, comúnmente conocidos como braceros, de los temas más recurrentes en esta legislatura.

Muestra de ello es que, de 32 sesiones que hemos celebrado en este periodo en este tema, se han hecho 27 proposiciones con punto de acuerdo y, además, 10 iniciativas con proyecto de decreto.

¿En qué consiste mi petición? Mi petición para ustedes es que se les den las facilidades a los trabajadores ex braceros que están yendo a recabar el primer pago, la primera anualidad de 4 mil pesos en los municipios donde radican.

El Diario Oficial de la Federación publicó a finales de noviembre una relación de 117 mil mexicanas y mexicanos en esa condición. Pero es el caso, y pongo como muestra el botón de ex braceros de Huejuquilla El Alto, Jalisco, en donde por el cambio de una letra en el nombre o apellido entre los datos del IFE y como aparece en el Diario Oficial de la Federación, les están negando la entrega de los 4 mil pesos.

Por ejemplo, Román Torres Concepción, su nombre en la credencial del IFE aparece con “c” y en el Diario Oficial apareció con “f”; Sánchez Valenzuela Guadalupe, en su credencial de elector viene María Guadalupe, que es muy común esa confusión en ese nombre. O tenemos el caso de Adulfo Calderón López y en el Diario Oficial aparece como Adolfo, es la sustitución de la “u” por la “o”; o Sánchez Ortega Donaciano, en la lista del Diario Oficial aparece con doble “d”. Ésos son algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en los municipios del país.

Por ello la petición de que votemos un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Gobernación, para que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ante evidentes errores mecanográficos en las listas respectivas, se otorguen facilidades a los beneficiarios para que se les pague en inmediato la cantidad de 4 mil pesos, acordada en su favor. Muchas gracias, señoras legisladoras y señores legisladores.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar a la Segob que con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos se paguen cuatro mil pesos a cada beneficiario, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, referente a la exhortación al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene al secretario de Gobernación que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se pague de inmediato la cantidad de 4 mil pesos acordados en su favor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Con fecha 24 de mayo de 2005 se publicó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. Al efecto, se constituyó el fideicomiso número 2016 que tuvo como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC.

3. El último reporte de la situación financiera del patrimonio respectivo, rendido por el licenciado Jorge Martínez Pérez-Salazar, Director de Atención de la Unidad de Enlace Federal, indica que al 30 de septiembre de 2009, había “inversiones en valores por 858 millones, 555 mil, 97 pesos con 40 centavos”, con lo que se sustenta el hecho de que existen fondos suficientes para llevar a cabo el pago al que más adelante me referiré.

5. La ley en comento tiene la finalidad de otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos, que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América, durante los años de 1942 a 1964.

6. De acuerdo con la ley, los beneficiarios serán los ex trabajadores migratorios o, en su caso, sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan.

7. Se acordó, por el Comité Técnico del Fideicomiso, que se entregara a los beneficiarios del citado instrumento, la cantidad de 4 mil pesos, que dadas las condiciones económicas del país, aun cuando es mínima, cuando menos servirá para cubrir los gastos más elementales de este fin de año.

8. No obstante la obligación que tiene el Comité Técnico citado, para “ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley”, según el artículo 5o., fracción XIII, de la propia ley, de entregar esos exiguos recursos, la misma se ha diferido por razones, que son más bien argumentos que caen en el terreno de las trabas y obstáculos, para los beneficiarios del apoyo.

9. En esas condiciones lo que de inicio tenía un buen propósito, en los hechos se trastoca en una inadecuada acción de gobierno.

Por las motivaciones expuestas, el suscrito, diputado federal, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente resolución con

Punto de Acuerdo

Artículo Único:El Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene al Secretario de Gobernación, se cumpla de inmediato con el acuerdo de entregar la cantidad de 4 mil pesos a cada uno de los beneficiarios respectivos, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo, a 3 de diciembre del año dos mil nueve.— Diputados: Enrique Ibarra Pedroza, Paz Gutiérrez Cortina, Emilio Serrano Jiménez, Carlos Luis Meillón Johnston, César Octavio Madrigal Díaz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Esta proposición ha sido inscrita como de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de considerarse de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría...

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Perdón, la diputada Hilaria Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, quiere participar. ¿En pro o en contra, diputada?

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Adelante, diputada. También el diputado Emilio Serrano.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, diputado presidente. He solicitado el uso de la palabra porque conozco el tema. Su servidora fue la impulsora de este decreto de ley para que se creara para el Fondo del Fideicomiso de Braceros Mexicanos de 1942 a 1964.

El 28 de abril de 2004, en esta misma soberanía propuse la iniciativa de decreto de ley para crear el fideicomiso.

En 2005 solicitamos a esta misma soberanía un presupuesto de 700 millones de pesos y se otorgaron 292.8 millones de pesos, hasta 2007.

En 2008-2009 se aprobaron 700 millones de pesos. El fideicomiso tenía tres ejes fundamentales: el primero, que era para cinco años; el segundo, que era visa consular, era recibo de pago o era el contrato, pero dejaba a salvo también al fallecimiento del titular, quedaba la esposa o los hijos, previa una fedataria, es decir, un notario público que asignara a un representante para que fuera el albacea y en su representación lo hiciera.

En 2008 se hizo una reforma; queda fuera para cinco años y se deja abierto hasta al último ex bracero que se contempla en el territorio nacional y que haya acreditado esa condición de bracero de 1942 a 1964.

Y, por otra parte, deja a salvo los derechos del titular, de la esposa o de los hijos para que se mantengan con sus derechos vigentes a la hora del reclamo.

La otra parte es que se abrieron mesas receptoras entre noviembre y febrero y se amplían los requisitos para que quede una credencial para el Seguro Social.

El 28 de junio del año en curso, el comité técnico que lo conforma –Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo y Sedesol– cambia las reglas de operación y en lugar de como lo manifiesta el espíritu de la ley, de otorgar 38 mil pesos en una sola exhibición y por única vez, al trabajador ex bracero, sin facultad alguna, rompe el espíritu de la ley y manifiesta que son 4 mil pesos, para pagarlos, 4 mil pesos anualmente. Es decir, hasta dentro de 10 años van a pagarles el total de los 38 mil pesos.

Por eso, cuando subí a esta tribuna, la más alta de la patria, solicité la comparecencia del secretario de Gobernación y del comité técnico para que nos explicaran por qué las reglas de operación que ellos estaban modificando el 28 de junio de 2008, estaban mucho más allá del mandato constitucional, del propio espíritu de la ley.

Vengo a esta tribuna a apoyar la propuesta de mi compañero diputado, en el sentido de que se hagan las correcciones.

Ha habido dos listas y en estas dos últimas listas se habla de 120 mil ex braceros a los que les van a pagar 4 mil pesos.

Pero, efectivamente, puedo asegurar que 60 por ciento de esas listas, todas traen errores: Álvarez con “s”, y porque no trae “z”, va pa’tras y no se le paga. Castro dice “Cantro” porque no viene correctamente. No es culpa de los ex braceros, es culpa de la supervisión y vigilancia en la transparencia que se debe ejercer a la hora de operar las listas para poderlas publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Por eso vengo a esta tribuna a apoyar el punto de acuerdo. Pero a decirles también que no son 4 mil pesos los que se les deben pagar a los ex braceros, son 38 mil pesos y ahora mismo; que en esta soberanía, en la sesión anterior, se aprobó la Comisión Especial para ex braceros y que pronto habrá de constituirse con todos sus elementos.

Solicito a esta tribuna, solicito a esta soberanía, que en este mismo documento se evoquen, para que queden plasmados, los 38 mil pesos y que se deje a consideración y al trabajo que habrá de hacer la Comisión Especial para ex braceros para que ventile y concerte este tipo de anomalías que se han estado dando y que van más allá del espíritu de la ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del PRD.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Primero quiero hacer públicamente un reconocimiento a las diputadas y diputados por la gran responsabilidad que tienen. Felicidades, diputadas y diputados. Por primera vez están de acuerdo conmigo.

Es un tema bastante lamentable, penoso y creo que la diputada lo dijo muy claro: no les están regalando nada, es un dinero de los ex braceros; lo trabajaron, lo dieron y se los robaron. Ésa es la verdad.

Ahora, con muchos pretextos, lo que se acordó aquí en la Cámara de Diputados no se los quieren hacer efectivo. Pretextos como los cambios de letras, equivocaciones que tuvo el gobierno en el momento de elaborar los listados. Y esto no es justo.

Compañeras, compañeros: en nuestras manos, en nuestras decisiones está corregir muchos errores y lograr justicia para esa gente que trabajó mucho, que se partió el físico fuera de su tierra. Deberían ser los 38 mil pesos, no los 4 mil.

Sin embargo, no es así, pero vamos a evitar otra injusticia: que los saquen de esos 4 mil pesos por un error de dedo o de voluntad.

Vengo a esta tribuna a apoyar ese punto de acuerdo. Vamos a votar a favor por estos adultos mayores, que no tienen trabajo, que están enfermos por su edad, que no tienen para comprar medicinas, que no tienen para consultar a un médico y muchas veces no tienen ni para comer.

Vamos a hacer justicia y vamos a tratar de corregir muchos errores que se han cometido en perjuicio de los que menos tienen. Mi voto va a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del PRD.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: Estoy aquí en la tribuna para solidarizarme con la propuesta que hizo nuestra compañera diputada en el sentido de que debemos trabajar y apoyar el pago correspondiente a los ex braceros.

Es un pago que por ley les corresponde y que ahora se les quiere reconocer dándoselos a cuentagotas, cuando la mayoría de ellos son gente con problemas de salud, económicos. Y que es un aliciente que ellos están esperando para poder subsanar la crisis económica y los problemas económicos en los que nos encontramos.

Por ello, compañeros, la invitación para que todos juntos podamos lograr que se les haga entrega de lo que les pertenece por derecho, en una sola exhibición, y que puedan, por lo menos, aprovechar para salvaguardar o satisfacer alguna necesidad inmediata. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Antonio Arámbula López:Por supuesto que entendemos el problema de los ex braceros y entendemos este punto de acuerdo, un punto de acuerdo que debería ir un poquito más allá.

Claro que queremos que se les pague a los ex braceros, claro que queremos que se corrijan todos los errores, omisiones y dificultades que han tenido por errores ortográficos o de escritura. Muchos de los trabajadores ni siquiera sabían leer ni escribir y mucho menos pensaron que un error de una “s” por una “z” pudiera hacerlos acreedores a perder su derecho, a recibir ese dinero.

Estamos de acuerdo, y votaremos a favor. Pero creo que el punto de acuerdo también debe ir más allá, para que los ex trabajadores no solamente reciban los 4 mil pesos que están ahorita destinados en el presupuesto, creo que debemos hacer un esfuerzo en la Cámara para que se les completen los 38 mil pesos mínimo.

Este esfuerzo tiene que ir de manera que incrementemos la partida que va destinada a los ex trabajadores. Se lo merecen. Es su derecho. Creo que es una deuda que tenemos con estos trabajadores.

Yo añadiría también, que ahora que estaban a punto de formarse las comisiones especiales y que espero que se forme la comisión que le dé seguimiento a estos fondos, que también viéramos qué pasó con ese dinero, que también viéramos qué pasó, que hiciéramos una investigación, porque ese dinero ahí estaba y se entregó al gobierno de México. Que viéramos qué pasó, para, por justicia, también proceder.

Estamos a favor de los ex trabajadores migrantes y en apoyo a ellos votaré este punto a favor. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Habiéndose agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si la proposición se encuentra suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Comuníquese.

CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que, a través de la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, emita una convocatoria para homenajear en vida a las mexicanas y a los mexicanos nacidos en 1910 y anteriores, reconociéndolos como la “Generación Centenaria”.

El diputado Reyes Silvestre Tamez Guerra:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en el contexto del Día del Adulto Mayor festejado el pasado 28 de agosto pudimos conocer las vivencias de la señora Francisca Medina Ortiz, Doña Pachita, que nació el 7 de noviembre de 1900, hace 109 años, en Morelos, quien con profunda limpieza esbozó el momento en que conoció al general Emiliano Zapata.

Actualmente Doña Pachita cuenta con una familia de 8 hijos y más de 100 descendientes, por lo que a nombre de ella y su descendencia, así como de otros 9 mil 871 hombres y mujeres que cuentan con más de  100 años, según datos del Inegi, propongo la aprobación de un punto de acuerdo que tiene como propósito enaltecer y homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en 1910 y anteriores, reconociéndolos como la “Generación Centenaria”.

A nosotros nos corresponde la honrosa coyuntura histórica de ser los que coincidimos con estas celebraciones. Somos pues, responsables de recibir la estafeta de la “Generación Centenaria” y de dejar testimonios históricos de sensibilidad y de solidaridad.

No desaprovechemos esta oportunidad única de llamar y congregar en la medida de lo posible a quienes nacieron junto con el movimiento armado, para rendirles un digno y justo homenaje, recopilando sus experiencias de vida.

Ejercer y preservar la soberanía y unidad territorial, honrar a los héroes y próceres del pasado y del presente, cuidar y seguir las normas que aseguran el bienestar común a los individuos del territorio, son acciones que constituyen la esencia de nuestros valores; es necesario renovarlos mediante hechos que estimulen nuestra conciencia de identidad nacional.

Por ello solicito se exhorte al titular del Ejecutivo a que, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, incluya dentro de sus programas ubicar, reconocer públicamente y distinguir como miembros de la “Generación Centenaria” a los mexicanos nacidos en 1910 y años anteriores.

Instituya una medalla conmemorativa confeccionada de acuerdo con las especificaciones de la moneda denominada “centenario”, la cual se entregue a cada una de las personas integrantes de la “Generación Centenaria”.

Se otorgue a la “Generación Centenaria” el apoyo de los programas de asistencia y desarrollo social, así como los demás instituidos en la administración pública federal, en caso de que alguno de ellos lo requiera.

Y se edite un volumen con la recopilación narrativa y fotográfica, en lo posible, de las experiencias que deseen contar los integrantes de la “Generación Centenaria”. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir mediante la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana una convocatoria para homenajear en vida a las personas nacidas en 1910 y años anteriores, reconociéndolas como La Generación Centenaria, a cargo del diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Reyes Tamez Guerra, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, una convocatoria para homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la “Generación Centenaria” a través de diversas acciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Gracias a la cobertura informativa desplegada por un medio de comunicación nacional en el marco del Día del Adulto Mayor, festejado el pasado 28 de agosto en nuestro país, pudimos conocer las vivencias de la señora Francisca Medina Ortiz “Doña Pachita”, que nació el 7 de noviembre del año 1900 en el estado de Morelos, quien con profunda limpieza esbozó sus momentos en que conoció al General Emiliano Zapata, quien al pasar frente a ella se agachó para que le pusiera una corona de flores. Actualmente, “Doña Pachita” cuenta con una familia de 8 hijos y más de 100 descendientes en línea directa, por lo que a nombre de ella y su descendencia, así como de otros 9,871 hombres y mujeres que cuentan con 100 años o más, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, propongo la aprobación de un punto de acuerdo que tiene como propósito enaltecer y homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en el año 1910 y anteriores, reconociéndolos como la “Generación Centenaria”.

Es de elemental justicia histórica ubicar, identificar y reconocer a quienes nacieron en esa época y vivieron en su temprana edad o en su juventud los avatares de ese movimiento de emancipación social y política de trascendencia mundial, como lo fue nuestra Revolución Mexicana, ya que no es posible concebir un festejo sin la presencia de sus festejados.

A nosotros corresponde la honrosa coyuntura histórica de ser los que coincidimos con estas celebraciones. A partir de nosotros, tendrán que pasar 33 legislaturas más para que otra generación viva esta hermosa experiencia.

Somos pues, responsables de recibir la estafeta de la “Generación Centenaria” y dejar testimonios históricos de sensibilidad y de solidaridad.

Durante este tiempo de festejos se han realizado homenajes a las ciudades, lugares y rutas bicentenarias y centenarias, por ser testigos mudos de los hechos históricos que en ellos se sucedieron, considerando correcta esta acción porque permite a los habitantes de dichas regiones conservar el orgullo de ser originarios de una tierra que se labró con el temple y valor de quienes se asentaron en ella y donde se libraron batallas heroicas en sus antepasados; pero estoy convencido que resulta fundamental el llamado a la conciencia patriótica para celebrar por igual a quienes también estuvieron presentes durante la lucha armada revolucionaria y pueden relatarnos sus experiencias, aún cuando hayan sucedido durante sus primeros años de vida.

Lamentablemente muchos de ellos perdieron a sus padres o hermanos en el fragor de la batalla y otros debieron vivir el incesante peregrinar y la zozobra característica de este tipo de movimientos.

No desaprovechemos esta oportunidad única de llamar y congregar en la medida de lo posible a quienes nacieron junto al movimiento armado para rendirles un digno y justo homenaje, recopilando sus experiencias de vida. Sería una noble labor buscar a estas personas, ubicarlas, llamarlas y reconocerlas por ser parte viviente de la historia nacional....el último vestigio Centenario.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2010 esperamos tener en México, a 3,839 hombres y 6,033 mujeres, los cuales se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Por ello, el solo hecho de realizar una cruzada nacional en búsqueda de la Generación Centenaria, provocaría un movimiento y expectativa solidaria en todos los habitantes del país, con lo cual se cumpliría otro de los objetivos de los festejos que considero aún requiere el ser atendido: el sentido humanitario y de identidad originaria de los festejos señalados.

Se cuenta con la enorme ventaja de que en cada Entidad Federativa se encuentra instituida una Comisión Estatal Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, misma que ayudaría enormemente a que el esfuerzo fuera equitativo y simultáneo en todo el país y garantizaría el éxito de los objetivos de esta convocatoria hasta en las regiones más alejadas y de difícil acceso en el territorio nacional.

Seamos empáticos con esa generación de mexicanos: hagámoslos sentir que la nación los recuerda y los reconoce. Es nuestro deber y responsabilidad enseñarle a las nuevas generaciones que nuestro país tiene memoria histórica y sabe honrar a quienes han sido pieza importante en su construcción.

Ejercer y preservar la soberanía y unidad territorial, honrar a los héroes y próceres del pasado y del presente, cuidar y seguir las normas que aseguran el bienestar común a los individuos del territorio, son acciones que constituyen la esencia de nuestros valores patrios; es necesario renovarlos mediante hechos que estimulen nuestra conciencia de identidad nacional.

Por lo expuesto, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, dentro de sus programas y calendarios, la emisión de una convocatoria dirigida a todos los ciudadanos que residan dentro o fuera de nuestro país, la cual tenga como objetivos: ubicar, reconocer públicamente y distinguir como miembros de la “Generación Centenaria” a los mexicanos nacidos en el año de 1910 y anteriores.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a instituir, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, una medalla conmemorativa, confeccionada de acuerdo a las especificaciones de la moneda denominada “centenario”, donde se inserte en forma de Escudo la figura del Monumento a la Revolución, la cual se entregue a cada una de las personas integrantes de la “Generación Centenaria”.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a otorgar a la “Generación Centenaria”, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, el apoyo de los programas de asistencia y desarrollo social, así como los demás instituidos en la administración pública federal, en caso de que alguno de ellos los requiera.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a editar, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, un volumen con la recopilación narrativa y fotográfica, en lo posible, de las experiencias que deseen contar los integrantes de la “Generación Centenaria”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputados: Reyes S. Tamez Guerra, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Emilio Serrano Jiménez, Paz Gutiérrez Cortina, (rúbricas).»

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, nada más para, si es tan amable, preguntarle al diputado si me permite adherirme a su propuesta, pero agregándole que también les den un estímulo económico. Si van a morir dentro de poco tiempo, que por lo menos se vayan felices.

Y aprovecho, con su permiso, señor presidente, para desear-le a todas las diputadas, a todos los diputados: Feliz Navidad y un mejor 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Gracias, señor diputado. Les había yo solicitado a todos los diputados y las diputadas que, en todas las proposiciones que se presenten en tribuna, si no hay una oposición expresa del proponente, estarán a su disposición en la Secretaría para los que gusten adherirse.

Esta propuesta se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibe de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente acciones para salvaguardar la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de Guerrero, respecto de los riesgos de trabajo en campos agrícolas.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para salvaguardar la seguridad física y los derechos humanos de los niños y de los adolescentes guerrerenses respecto a los riesgos de trabajo en campos agrícolas, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad física y la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de Guerrero, respecto a los riesgos de trabajo en los campos agrícolas; garantizar condiciones dignas de contratación de los jornaleros y la implantación de un programa nacional donde concurran los esfuerzos de distintas dependencias para una atención integral a la situación de los jornaleros agrícolas en el país al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, las condiciones de desarrollo de millones de niños, niñas y adolescentes están vinculadas con una sistemática violación a sus derechos humanos sin que el Estado haya sido capaz de garantizar su respeto; ejemplo de ello son los miles de menores de edad que son víctimas de la explotación por el trabajo infantil como consecuencia de la extrema pobreza en que viven.

Particularmente, en la Montaña de Guerrero, los niños, las niñas y los adolescentes, víctimas de la pobreza, se ven obligados a abandonar sus comunidades para emplearse como jornaleros agrícolas en los campos del norte del país, al no poder acceder a la alimentación, vivienda, salud y educación.

En México, en 2006 existían 3.1 millones de jornaleros agrícolas. Casi 20 por ciento de su fuerza laboral estaba constituida por menores de 6 a 14 años, el cual presenta el más grave rezago educativo del país.

En ese año, la Coordinación Estatal de Guerrero del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), a través de su censo de población en la temporada de migración que inició en 2006, contabilizó un total de 40 mil 207 jornaleros agrícolas, de los cuales 25 mil 448 se desplazaron hacia Sinaloa, la región de la Montaña registró un total de 14 mil 021 jornaleros, donde 11 mil 293 están considerados como jornaleros en edad de trabajar, es decir, que van de los 6 años en adelante.

Los niños que habitan en el sur del país viven en condiciones extremas de pobreza y desigualdad en comparación a los del resto de México, situación que vulnera sus derechos humanos.

Asediados por la pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, unos 202 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58 mil desertaron de la escuela.

Estimaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, AC, señalan que en lo que va de 2009, más de 5 mil niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos por una jornada de 12 horas. Otros son llevados a ciudades como Acapulco o Chilpancingo para emplearse en el comercio informal (vender dulces, frutas o paletas).

En su mayoría son niñas y niños nahoas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Lamentablemente son graves las consecuencias en materia educativa: en la Montaña, municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

Hace ya casi medio siglo que cada año miles de niños mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas, de entre 8 y 14 años, emigran por temporadas con sus familias para trabajar en los fértiles valles de Sinaloa, realizando el desbrote, deshierbe y regado de surcos o como acarreadores de agua.

Todo lo anterior se presenta en México, pese a que la Ley Federal del Trabajo sólo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación. Además de lo complejo de supervisar aproximadamente 150 campos agrícolas situados en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Elota y Navolato, donde se concentran 150 mil asalariados, y de que se han implantado programas federales para desincorporar la mano de obra infantil, este fenómeno y sus consecuencias persisten.

Resulta fundamental que los gobiernos de los estados expulsores y receptores de jornaleros agrícolas, como Guerrero, garanticen el respeto a los derechos humanos de la población infantil indígena, expuesta por su pobreza a la explotación por el trabajo, sin acceso a derechos básicos como educación, salud, vivienda y alimentación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad física y la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de Guerrero, respecto a los riesgos del trabajo en los campos agrícolas.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados a velar que en la contratación de jornaleros se les garanticen condiciones dignas.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa nacional donde concurran los esfuerzos de distintas dependencias para dar atención integral a la situación de los jornaleros agrícolas en el país y que atienda las causas estructurales que originan la migración masiva.

Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Por petición del diputado Jaime Flores Castañeda se retira su propuesta para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se le solicita a la Profeco y a la Secretaría de Economía que promuevan la producción, venta y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños, niñas y adolescentes el respeto a la vida, la lealtad, el respeto al adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres.

CONDICIONES LABORALES REPARTIDORES Y MENSAJEROS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el principal objetivo de esta propuesta que pongo a su consideración, es garantizar que todos aquellos trabajadores que se desempeñen como repartidores y cuya principal herramienta de trabajo sea una motocicleta, cuenten con las medidas de seguridad necesarias para protección en su integridad física y social, en caso de sufrir algún accidente.

También se busca que patrones, trabajadores y sectores de la administración involucrados en el proceso laboral asuman su compromiso y cumplan cabalmente, en apego a la normatividad jurídica existente, con las obligaciones asignadas a cada ente.

No puedo dejar de mencionar que en nuestro país, debido a las condiciones económicas, laborales y sociales de la actualidad, se han incrementado notablemente las ventas respecto a los llamados alimentos rápidos de entrega a domicilio, así como la entrega de paquetería y demás actividades vinculadas con el reparto de productos, lo cual implica que día a día las empresas recurran más al uso de motocicletas como un medio de transporte económico, rápido, versátil y por demás viable para transitar.

Sin embargo, esta demanda ha desestimado en gran medida aspectos indispensables y esenciales para garantizar el bienestar en el desempeño de la jornada laboral de todos los repartidores.

Desafortunadamente, las cifras en cuanto a accidentes viales en los que se ven involucrados los repartidores en motocicletas son cada día mayores. Y si bien en muchos casos sufren de lesiones que van desde un simple raspón hasta incluso traumatismos cráneo-encefálicos, en otros casos el resultado se traduce lamentablemente en la muerte del trabajador.

Queda claro que éstos se juegan la vida al transitar a altas velocidades por las calles y avenidas de grandes urbes e incluso de caminos poco accesibles, sin sumar el factor clima, que en muchas ocasiones influye determinantemente en las condiciones de tránsito e incrementa todavía más el riesgo en el desempeño de su trabajo. Todo ello con el único objetivo de entregar en el tiempo prometido por la empresa en que laboran, los productos solicitados, aunado al tenor de contar con una penalización económica reflejada en la disminución de su sueldo, por no cumplir lo ofertado por el patrón.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, en el marco del Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo, tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo.

Igualmente, se le exhorta para que, en el marco de sus atribuciones, considere adicionar un capítulo en el reglamento en materia de seguridad e higiene, que contemple el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo en caso de que ésta sea la herramienta principal de su trabajo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el marco del artículo 15 y del Capítulo Tercero de la Ley del Seguro Social, emprenda acciones tendentes a que los patrones que contraten a personal cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, los inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, paguen su cuota por riesgo de trabajo y promuevan normas al interior de su empresa, para prevenir los accidentes que pongan en riesgo la integridad de dichos empleados.

Igualmente, con base en el artículo 251 y en el mismo capítulo de la citada ley, se le exhorta a redoblar esfuerzos para verificar y sancionar a aquellos patrones que incumplan con los requisitos anteriormente expresados. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a tomar las medidas conducentes a garantizar a todo repartidor, mensajero o similar cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta condiciones laborales dignas y protección social que les permita afrontar los riesgos inherentes a su empleo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Diariamente, cada mañana millones de personas dejan sus hogares para dirigirse a su lugar de trabajo. Profesiones y oficios hay muchos, algunos de ellos bien remunerados, otro no tanto y algunos otros brindan apenas el mínimo para subsistir. Economistas de antaño mencionaban que los salarios se correlacionaban de manera positiva con el riesgo en el que incurrían cuando se llevaba a cabo una actividad productiva. Ciertamente, en la actualidad el salario o las retribuciones para el trabajador no se determina por el riesgo de sufrir un accidente laboral o una enfermedad. Lo anterior resulta particularmente cierto para una actividad que ha tenido un auge enorme en los últimos 10 años en nuestro país, nos referimos a los servicios que prestan los repartidores.

Las actividades de reparto comenzaron con las comidas preparadas, pero se han ampliado a otro tipo de servicios, productos y comercios, que van desde las farmacias y mensajería, hasta los trámites. Y todo hace pensar que cada vez serán más los que se sumen a la lista. El problema es que el crecimiento de los repartidores ha sido desmedido en los últimos años, y no se ha visto acompañado con el desarrollo de una normativa específica, particularmente en lo que se refiere a los controles que demanda una actividad con alta incidencia en cuanto a la frecuencia y la severidad de los riesgos de trabajo.

En nuestro país, a principios del siglo XX, las necesidades y demandas populares se hicieron cada vez más apremiantes hasta culminar con el movimiento armado de 1910. La Revolución Mexicana sintetizó la aspiración de los trabajadores por su seguridad y por la reglamentación justa de sus condiciones de trabajo, el artículo 123 constitucional en su fracción 29 señala la necesidad de establecer un seguro social para resolver razonablemente los problemas derivados de los riesgos de trabajo, que se encuentran plenamente reconocidos en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo a que están sujetos los trabajadores y la necesidad inaplazable de encontrar un substituto del salario cuando por razones de invalidez o vejez los trabajadores dejasen de ser útiles. El resultado de estas necesidades se concretó en 1943 con la promulgación de la Ley del Seguro Social y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo trata de manera prolífica el tema de los riesgos de trabajo, sus formas de prevención y los órganos que en esta materia deben existir dentro de la administración pública federal, las estatales y de las propias empresas, para minimizar los accidentes laborales y así proteger la integridad física de los trabajadores.

En dicho Título, se contempla la creación de las Comisiones de Seguridad e Higiene al interior de las empresas, para que evalúen los riesgos de trabajo y las conductas que, trabajadores y patrones, deben adoptar para deducir el índice de accidentes laborales.

Igualmente, da atribuciones a los inspectores del trabajo para verificar que existan condiciones que reduzcan los riesgos de trabajo, así como para levantar actas en caso de que no haya tales condiciones.

Ahora bien, las personas que se dedican a esta actividad se encuentran expuestas a innumerables riesgos de trabajo, básicamente porque su principal herramienta laboral son las motocicletas con las que se desplazan. Frecuentemente sufren de lesiones que van desde un simple raspón o moretón hasta extremidades fracturadas, y traumatismos craneoencefálicos, sin olvidar que en el peor escenario el resultado es el deceso del individuo. Las lesiones más graves tardan en sanar entre 8 y 12 semanas más un periodo de rehabilitación para poder reintegrarse a sus actividades. Todo ello, sin olvidar que en innumerables ocasiones también son víctimas de robo con violencia, y sumado a las inclemencias del clima, la lluvia le añade un mayor elemento de riesgo al trabajo.

Las condiciones laborales de estos jóvenes son en suma precarias, tienen jornadas de trabajo de hasta 13 horas, por supuesto sin el pago de horas extras, algunos tienen seguro social pero no seguro de vida, otros no cuentan siquiera con el equipo de protección necesarios y muchas veces su principal herramienta de trabajo, la motocicleta, se encuentra en condiciones deplorables. En un día de trabajo con una alta demanda de pedidos, un repartidor hace entre 20 y 25 entregas al día, poniendo en peligro su integridad física en cada recorrido asignado.

Promociones de algunas empresas que ofrecen alimentos en 30 minutos o son gratis, incrementa el factor de riesgo, el repartidor se ve forzado a entregar el producto con la mayor celeridad posible, se tiene el conocimiento de casos de repartidores que fueron despedidos por quejarse al querer la empresa descontar de su sueldo los alimentos. En estos casos, el trabajador se encuentra en desventaja, porque se ha detectado que cuando se contratan los hacen firmar dos hojas en blanco, su renuncia, y una carta en la que deslindan a la empresa del pago de cualquier responsabilidad una vez que surte efecto dicho renuncia.

Desafortunadamente, el cúmulo de irregularidades con respecto las condiciones laborales de los repartidores es amplio. Sólo por mencionar algunos ejemplos, no se acredita el que los trabajadores reciban el equipo de protección personal adecuado para las labores que desempeñan, tampoco “se cuenta con avisos y estadísticas de accidentes de trabajo, manual de primeros auxilios ni planes y programas autorizados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la capacitación de los trabajadores”, así como “la existencia de algún médico dentro de la empresa”.

En cuanto a las condiciones generales de trabajo, se ha encontrado que las empresas carecen de la documentación correspondiente a la participación de utilidades, capacitación y adiestramiento. Tampoco cuentan con algún reglamento interior de trabajo donde se especifiquen las actividades que tiene que desempeñar el empleado.

Los accidentes relacionados con los repartidores, además de ser una preocupación válida de salud pública, también tiene implicaciones económicas.  Cuando un repartidor, sufre un accidente, implícitamente el empresario obtiene un subsidio, los costos se trasladan al seguro de accidentes (“cuando este existe”, y no a la empresa), o al Estado mediante los servicios de salud para la población abierta. La actividad productiva queda así aislada de la responsabilidad que tiene. Sus esquemas de distribución y el riesgo que crean en su personal son, sin duda, costos que deberían generalizar. La generalización de estos costos, evidentemente, tendría que afectar el precio de los alimentos.

Esta distribución de costo es ineficiente e inequitativa y adicionalmente se elimina el incentivo para que haya cambios socialmente beneficiosos en la distribución de productos y alimentos: de pronto los restaurantes tendrían que aumentar la seguridad de sus empleados y/o modificar creativamente sus esquemas de distribución. Sólo con costos adecuadamente ajustados pueden adoptar las decisiones correctas.

Sin embargo la Ley del Seguro Social, en su artículo 15, marca como obligaciones del patrón el registro de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el pago de sus respectivas cuotas. Igualmente, en su Capítulo III, señala que los patrones deberán reportar a la institución antes mencionada que el empleo que ofrecen conlleva un riesgo de trabajo y que por ello deberán pagar una cantidad extra a las cuotas ordinarias, por lo que los empresarios deberán contemplar, desde los costos iniciales de su inversión, aquellos inherentes a la seguridad social de sus empleados.

Por otro lado, sería injusto ignorar el gran esfuerzo del trabajo de los empresarios e inversionistas dedicados a esta rama del comercio, ya que en muchas de las ocasiones hacen más fácil el acceso a alimentos, más aún en medio del actual entorno acelerado en cada actividad cotidiana en la que nos vemos involucrados; además no olvidemos que también han demostrado ser solidarios con las necesidades sociales, claro ejemplo es incluso el establecimiento de asociaciones civiles y altruistas que encaminan los recursos a proveer mejores condiciones de alimentación, salud y educación a un gran número de niños (principalmente) vulnerables.

Es por lo antes expresado, que los conminanos a unir una vez más esfuerzos, para garantizar a los empleados en sus establecimientos comerciales las condiciones mínimas de trabajo, seguridad social, certeza jurídica y laboral, para salvaguardar cada día más vidas y con ello coadyuvar en la disminución paulatina de estadísticas en accidentes de tránsito vinculados con motociclistas repartidores, mensajeros, cobradores o cualquier otro trabajo cuya principal herramienta laboral sea una motocicleta.

Lo anterior, con base a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, misma que de manera explícita y abundante, contemplan los riesgos de trabajo y las formas de prevenirlos.

En congruencia con lo ya acotado, debemos ocuparnos de proteger la vida de estos trabajadores que a falta de una adecuada supervisión por las autoridades laborales, muchos de ellos no cuentan con protección social alguna. Los accidentes de trabajo entrañan diversas consecuencias que afectan las expectativas de desarrollo personal, tales como sufrimiento físico, disminución o pérdida de capacidades físicas, disminución de los ingresos, de la esperanza y calidad de vida. La seguridad de estos trabajadores es un tema que tiene que preocuparnos, los servicios que ofrecen los repartidores es una actividad que ha crecido exponencialmente y hoy en día es una parte fundamental de un sin número de negocios.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, en el marco del Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo, tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo. Igualmente se le exhorta, para que en el marco de sus atribuciones, considere adicionar un Capítulo en el Reglamento en Materia de Seguridad e Higiene, que contemple el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, en caso de que esta sea la herramienta principal de trabajo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el marco de los artículos 15 y del Capítulo III de la Ley del Seguro Social, emprenda acciones tendientes a que los patrones que contraten a personal cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, los inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, paguen su cuota por riesgo de trabajo y promuevan normas al interior de su empresa para prevenir los accidentes que pongan en riesgo la integridad de dichos empleados. Igualmente, con base en el artículo 251 y en el mismo Capítulo de la citada Ley, se le exhorta a redoblar esfuerzos para verificar y sancionar a aquellos patrones que incumplan con los requisitos anteriormente expresados.

Notas:

1 El derecho laboral mexicano en el artículo 474 de la Ley Federal de Trabajo define el accidente de trabajo como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.

2 Estadísticas señalan que al año, aproximadamente 500 accidentes de tránsito se relacionan con repartidores, mensajeros, cobradores o cualquier persona que utilice como herramienta de trabajo una motocicleta.

Salón de sesiones de la Cámara de diputados, a 10 de diciembre de 2009.— Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se retira la propuesta del diputado Emilio Serrano Jiménez.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

El diputado Carlos Manuel Joaquín González:Señoras diputadas y señores diputados, asistimos hoy a la crisis de los paradigmas del crecimiento económico nacional basado fundamentalmente en la industria petrolera; crisis que acelera el incremento de la pobreza de nuestra gente. Los mexicanos demandan a sus políticos nuevas alternativas que permitan la mejoría en su calidad de vida y la armonía social.

Quienes nacimos y vivimos inmersos en el turismo estamos convencidos de que esta actividad es la gran alternativa no sólo como detonador del crecimiento económico, sino como palanca del desarrollo nacional; palanca que nos permita sacar a nuestra gente de la pobreza de manera estructural y que le dé rumbo a nuestro desarrollo nacional.

Todos sabemos que el turismo ha contribuido al crecimiento económico nacional por su generación de riqueza, pero poco se habla de la aportación del turismo al desarrollo social que ha sido también esencial.

En los últimos 50 años millones de mexicanos se han desplazado a los destinos turísticos en la búsqueda de una mejor opción para sus familias. Y la encontraron, como en los casos de Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Ixtapa, Huatulco, Los Cabos, Puerto Vallarta o Manzanillo. Por eso nadie cuestiona la necesidad de seguir generando crecimiento a través del turismo.

Hoy lo importante no es cuánto crecimiento turístico generarles, sino qué tipo de crecimiento turístico. El turismo que queremos como palanca de desarrollo nacional debe ser un turismo sustentable. Para lograrlo necesitamos determinación y eficiencia; necesitamos movernos rápido.

Hoy vengo a esta tribuna soberana para proponer un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al señor secretario de Comunicaciones y Transportes que informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo, que ya debía haberse licitado.

Dicha obra de infraestructura resulta fundamental para el desarrollo y consolidación de la región turística más importante en el país. Es pieza clave para consolidar la integración del megacorredor turístico que vincula a Cancún con la Riviera Maya, y ésta, a su vez, con Majahual, Chetumal. Es un factor detonante del desarrollo para la zona centro-sur de Quintana Roo. Ahí se concentra el nivel más significativo de pobreza en la entidad y, en contraste, cuenta con múltiples atractivos turísticos y un gran potencial que hasta ahora no ha podido aprovecharse sustentablemente.

Asimismo, el aeropuerto de la Riviera Maya es también un factor de seguridad y protección civil para la población ante la ocurrencia de huracanes para realizar operaciones de emergencia. Por ello debemos acelerar el paso.

Estoy seguro de que el Ejecutivo federal también coincide con esta visión. En los tiempos de crisis el rumbo es lo más importante, pongamos a México a tiempo con los tiempos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a rendir un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Carlos Joaquín González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Dicha obra de infraestructura resulta fundamental para el desarrollo y consolidación de la región turística más importante en el país que abarca distintas localidades a lo largo de más de 120 kilómetros y cuyo dinámico crecimiento en las últimas dos décadas es equiparable al que experimentó Cancún en las últimas cuatro, superándolo ya en el número de habitaciones de hotel, sumando más de 37 mil unidades.

Tan sólo en el corredor comprendido entre las localidades de Puerto Aventuras y Tulum se registran más de 15 mil cuartos de hotel.

El aeropuerto internacional de Cancún, que ha venido dando servicio tanto a esta ciudad como a la Riviera Maya, se ubica ya en un punto lejano de los establecimientos de hospedaje localizados en la zona centro del estado, por lo que los visitantes de esas localidades deben utilizar la vía terrestre para llegar a ellos, invirtiendo en algunos casos hasta tres horas de viaje, dependiendo de las condiciones de tránsito vehicular en la carretera.

Por otro lado, la construcción de esta obra constituiría, sin duda alguna, un factor detonante del desarrollo para la zona centro y centro-sur de Quintana Roo, donde se concentra el nivel más significativo de pobreza en la entidad y, que en contraste, cuenta con grandes atractivos y un gran potencial que hasta ahora no ha podido aprovecharse debido a la lejanía de terminales aéreas que permitan el arribo de pasajeros. El retraso de dicha obra inhibe, en consecuencia, el desarrollo de esa zona y posterga las oportunidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto se anunció como parte del Plan Nacional de Infraestructura lanzado por el Ejecutivo federal, bajo el esquema de concesión. El aspecto de la superficie de tierra que sería aportado al proyecto ha sido resuelto y, sin embargo, no se ha avanzado en el proceso de licitación.

Para los quintanarroenses la concreción de este proyecto es de suma importancia, en la medida que será generador de empleos, pero sin duda lo es también para el país, ya que constituye un instrumento a través del cual se generará una sustantiva captación de divisas, en momentos en que México requiere de una inyección de recursos para ayudar a sanear las finanzas públicas.

Hoy que México necesita generar empleo y riqueza para distribuir en todo su territorio, el turismo se convierte en un factor estratégico que pueda contribuir a este propósito inaplazable.

Adicionalmente, ante la vulnerabilidad de Quintana Roo respecto de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, como son los huracanes, se requiere de una infraestructura aeroportuaria alterna, que sea capaz de realizar operaciones de emergencia para evacuar a los turistas que se encuentren en situación de riesgo antes o después del paso de un huracán, y que sirva también para permitir el arribo de aeronaves con despensas, apoyos y suministros para la población local afectada, lo que no sería posible si la única terminal sufriese daños de gravedad.

El aeropuerto de la Riviera Maya, además de las bondades ya explicadas, se convierte así también, en un factor que incidirá en la seguridad y el bienestar de la población.

Es por todo ello que someto la presente moción ante este honorable pleno, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Toda vez que dentro de los más de 300 proyectos contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2010, en su apartado de aeropuertos 1/3 se encuentra contemplado el aeropuerto de la Riviera Maya con una fecha de realización 2008-2010 y con un monto de inversión aproximado de mil 900 millones de pesos en un esquema de inversión privada.

2. En el Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 se reporta en el avance del aeropuerto de la Riviera Maya un cumplimiento de las metas de 2009 con un 10 por ciento total, en cuanto a:

- Publicación de la convocatoria (10 por ciento).

- Publicación de las bases de licitación (10 por ciento).

- Fallo del licitante ganador (10 por ciento).

- Construcción de obra (60 por ciento).

- Inicio de operaciones (10 por ciento).

3. En virtud de que esta Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestal etiquetada para el aeropuerto de la Riviera Maya por un monto de 60 millones de pesos en el esquema de inversiones asociadas, el cual publicado en el anexo 30 E, “Infraestructura ferroviaria, aeroportuaria y otros” para el ejercicio presupuestal de 2010.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Diputados: Carlos Manuel Joaquín González, Miguel Ángel García Granados, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín,  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

COMITE DE COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria.

La diputada Norma Sánchez Romero: Con su venia, señor presidente.  Uno de los problemas que enfrenta México es su falta de competitividad en distintos sectores y niveles, lo que requiere del diseño de una estrategia de competitividad sistémica para la planeación y el desarrollo económico sostenible y sustentable.

La competitividad es el detonante para crear las condiciones para la generación de empleos, la estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial. Nuestro país representa una paradoja que debemos resolver: somos el país más abierto, pero somos el menos globalizado.

En el contexto de la globalización, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa, en una buena medida, en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales, y en el apego de las disposiciones legales.

Por lo anterior, la competitividad es vista de manera compleja y sistemática, pues se basa en múltiples y variadas relaciones productivas. El Poder Legislativo es parte fundamental en el desarrollo y consolidación de la competitividad de un país, ya que por medio de éste se establecen las bases jurídicas para un mejor desempeño del sector económico; por lo que resulta trascendental el papel que juega el Poder Legislativo.

Como parte de una política de Estado para el desarrollo, también es indispensable fomentar el enfoque del desarrollo económico, potenciando las vocaciones productivas del país en distintas regiones con planeación y coordinación de los diferentes poderes y niveles de gobierno, sobre todo para proponer una visión estratégica en el diseño de los planes y programas regionales con visión de corto, mediano y largo plazo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el contexto de 2011.

Al promover la competitividad y el desarrollo económico, el Estado mexicano cumplirá con su obligación constitucional de ser el promotor del progreso; y el Congreso, particularmente, de representante e interlocutor de la sociedad para promover acciones normativas construyendo la estructura legal que regule las estrategias de competitividad en un marco de igualdad en beneficio del país.

La competitividad es la característica de atraer y retener inversiones y talento. Debemos generar acuerdos por encima de intereses privados, políticos y sindicales, ya que de no lograrlo regirá el estancamiento y la relegación a la competencia por labores de bajo valor agregado. El desplome de la demanda en nuestro país, principalmente en el mercado de exportación, nos lleva necesariamente a voltear al mundo para fuentes alternativas de inversión.

Si como país lográramos establecer una planeación estratégica adecuada, mantener una buena calidad en la infraestructura, ofrecer mecanismos legales ágiles, acercar tecnología al país, automáticamente elevaremos la atracción de inversiones, y por ende la competitividad.

La inversión en educación, investigación aplicada y en salud emerge como la prioridad máxima en el entorno global, donde cada persona depende de su capacidad para añadir valores.

Puntos de acuerdo. Primero. Que se crea el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.

Segundo. Se conforma el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria como una junta de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad y coadyuvar en el diseño, planea-ción e instrumentación de estrategias, políticas, planes y programas, así como de ordenamiento jurídico, para elevar la competitividad sistémica de México.

El Comité estará integrado por diputadas y diputados pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios. El Comité impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Concluya, por favor, diputada.

La diputada Norma Sánchez Romero:Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los problemas que enfrenta México es su falta de competitividad en distintos sectores y niveles, lo que requiere del diseño de una estrategia de competitividad sistémica para la planeación y el desarrollo económico, sostenible y sustentable.

La competitividad es el detonante para crear las condiciones para la generación de empleos, estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial.

Nuestro país presenta una paradoja que debemos resolver: somos el país más abierto, (se tienen 12 acuerdos de libre comercio, con dieciocho países y casi todos los países de la Unión Europea) pero somos de los menos globalizados.

En el contexto de la globalización, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales, y en la sujeción de estos a las disposiciones legales. Por lo anterior, la competitividad es vista de manera compleja y sistemática pues se basa en múltiples y variadas relaciones productivas.

Existen determinantes sectoriales y sistemáticos de competitividad.

• Los determinantes sectoriales de la competitividad son: las características del mercado, la organización de la industria y las características de la competencia.

• Los determinantes sistemáticos de la competitividad son: la política macroeconómica, aspectos políticos institucionales, régimen de regulación, infraestructura, condiciones sociales, aspectos locales regionales e internacionales.

El Poder Legislativo es parte fundamental en el desarrollo y consolidación de la competitividad de un país, ya que por medio de éste se establecen las bases jurídicas para un mejor desempeño del sector económico, por lo que resulta trascendental el papel que juega el Poder Legislativo.

Como parte de una política de Estado para el desarrollo, también es indispensable fomentar el enfoque de desarrollo económico, potenciando la vocaciones productivas del país en distintas regiones con planeación y coordinación de los diferentes poderes y niveles de gobierno, sobre todo para proponer una visión estratégica en el diseño de planes y programas regionales con visión de corto, mediano y largo plazos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el contexto de 2011.

Al promover la competitividad y el desarrollo económico, el Estado mexicano cumplirá con su obligación constitucional de ser el promotor del progreso, y el Congreso, particularmente, de representante e interlocutor de la sociedad para promover acciones normativas construyendo la estructura legal que regule las estrategias de competitividad en un marco de igualdad en beneficio del país.

La competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones y talento. Debemos generar acuerdos por encima de intereses privados, políticos y sindicales; ya que de no lograrlos seguirá el estancamiento y la relegación a la competencia por labores de bajo valor agregado. El desplome de la demanda en nuestro principal mercado de exportación lleva necesariamente a voltear al mundo para fuentes alternativas de inversión.

La frontera de México que comparte con Estados Unidos tiene una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales, la frontera que compartimos con Guatemala tiene una longitud de 871 kilómetros y con Belice, 251 kilómetros, México posee cerca de 11 mil kilómetros de costas.

Tomando como base principal nuestra condición geográfica, México puede y debe ser el eje logístico del mundo.

Para aprovechar las áreas de oportunidad, la tendencia macroeconómica global y la apertura comercial alrededor del mundo, nuestra visión debe estar enfocada a la competitividad.

Si como país logramos establecer una planeación estratégica adecuada, mantener una buena calidad en la infraestructura, ofrecer procedimientos legales ágiles, acercar tecnología al país, automáticamente elevaremos la atracción de inversiones, y por ende la competitividad.

La inversión en educación, investigación aplicada y en salud emergen como la prioridad máxima en un entorno global donde cada vez más las posibilidades de desarrollo de los países y las personas depende de su capacidad para añadir valor agregado a través de la innovación.

Están pendientes las reformas que permitan liberar el potencial productivo de México en sectores como el energético, el financiero y las telecomunicaciones.

Reformas legislativas inmediatas o de corto plazo bajo el criterio de necesidad y urgencia, para acelerar el ejercicio del gasto público con eficiencia y transparencia, para promover y agilizar la inversión pública en infraestructura, mejorar la eficiencia del sistema financiero, promover el crédito y adoptar medidas para proteger el empleo, fortalecer la seguridad social y promover y regular la inversión privada.

Estas reformas legislativas requieren de la acción inmediata del gobierno para presentar las iniciativas correspondientes y del Congreso de la Unión para evaluarlas y dictaminarlas en este periodo ordinario de sesiones.

Compromisos de mediano plazo, que involucran cambios sustantivos a leyes e instituciones en las cuales los grupos parlamentarios establecen compromisos para integrar una agenda de trabajo prioritario en los próximos meses.

Es necesario aplicar medidas suficientes y oportunas para enfrentar los efectos inmediatos de la crisis económica internacional, al tiempo de promover políticas de cambios estructurales que garanticen el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Las acciones deben traducirse en la creación de nuevos empleos, en la defensa del ingreso de las familias y el crecimiento económico.

Legislación en materia de órganos de regulación económica (Ley Federal de Competencia Económica, y Código Penal Federal).

Otorgar mayores facultades a los órganos reguladores para que puedan imponer multas económicas que sean comparables a las que se aplican internacionalmente, especificar sanciones penales para casos de prácticas monopólicas absolutas en todos los sectores y en todas las regiones, medios efectivos para que los consumidores puedan reclamar daños y perjuicios, así como emitir opiniones sobre el otorgamiento de concesiones y autorizaciones.

Además, las resoluciones de dichos órganos tendrán carácter vinculatorio.

Impulsar la competitividad del país como política de Estado a favor del desarrollo y el crecimiento económico para competir con éxito en el mercado mundial, así como elevar el nivel de vida de la población.

Política de tratados y acuerdos comerciales. Revisar la política comercial para fortalecer el mercado interno, la generación de empleo y la capacidad exportadora de la economía nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se crea el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.

Segundo. Se conforma el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria como una junta de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad, y coadyuvar en el diseño, planeación y aplicación de estrategias, políticas, planes y programas, así como de ordenamientos jurídicos para elevar la competitividad sistémica de México, para la aprobación de los temas de agenda.

Tercero. El comité estará integrado por diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

Cuarto. El comité impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de la honorable Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo económico y fomento a la competitividad, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Quinto. El comité funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comités establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones por y hasta el término de la LXI Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo, el 15 de diciembre del 2009.— Diputada Norma Sánchez Romero, Rubén Arellano Rodríguez, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Justino Eugenio Arriaga Rojas, José Erandi Bermúdez Méndez, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Huerta Montero, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, J. Guadalupe Vera Hernández, Sixto Alfonso Zetina Soto, José Gerardo de los Cobos Silva, Luis Enrique Mercado Sánchez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Adolfo Rojo Montoya, Sergio Tolento Hernández, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Bonifacio Herrera Rivera, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene la palabra el diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir de 2010 traslade a los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, de Quintana Roo, del área geográfica C al área geográfica A, en materia de salarios mínimos, a favor de los trabajadores y familias quintanarroenses.

El diputado Roberto Borge Angulo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el que suscribe, diputado Roberto Borge, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta esta proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes antecedentes:

Primero. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Apartado A, fracción VI, que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores, serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

Segundo. Que el mismo artículo 123, en su Apartado A, fracción VI, señala que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Estos salarios son fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Tercero. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dividió a la República Mexicana para fines salariales en áreas geográficas A, B y C, estableciendo en el orden respectivo para 2009 las cantidades de 54.80 pesos, 53.26 y 51.95.

Cuarto. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para esta fijación de los salarios 2009, señaló en su considerando octavo de la publicación del Diario Oficial, de fecha 23 de diciembre de 2008, que para reiniciar el proceso de convergencia de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, resolvió disminuir la diferencia entre las áreas geo-gráficas A y B, de 3.20 por ciento actual a 2.89 por ciento, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C, de 6.24 por ciento actual a 5.49, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C, de 2.95 al actual 2.52.

Quinto. Que mientras no se concluyan estos trabajos de convergencia de las áreas geográficas o se profundicen los criterios de fijación de los salarios, dichos esfuerzos son insuficientes para atender con principios técnicos de equidad a la clase trabajadora que pertenece a zonas geográficas cuyas características económicas, sociales y laborales demanden un salario mínimo mayor.

Consideraciones: primera. Que en un área geográfica, para términos salariales, puede estar integrada por varias entidades y éstas pueden contemplar uno o la totalidad de sus municipios –permítanme, compañeros–, de tal forma que se presentan entidades que en su interior cuentan con municipios pertenecientes a diferentes áreas geográficas.

En la zona geográfica A, por ejemplo, se encuentran, entre otros, todos los municipios de Baja California Sur, así como el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero; zonas con condiciones económicas y de mercado laboral similares a las de Quintana Roo, caracterizadas por su vocación eminentemente turística.

Que Quintana Roo, a pesar de presentar diferencias sustantivas en la estructura, composición y característica de sus ramas económicas, está clasificado en la zona geográfica C, lo que provoca fuertes desventajas a los trabajadores, principalmente de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, ubicados en la zona norte; Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco.

Que tal situación genera desequilibrio e inequidad en la clase trabajadora ya que el salario mínimo resulta simbólico en áreas geográficas turísticas donde los bienes y servicios son caros e inaccesibles.

Que el ciclo productivo de la actividad turística se caracteriza por presentar temporadas bajas y altas, lo que provoca que la clase trabajadora en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, se vea totalmente desprotegida en gran parte de los meses del año.

Séptimo. 45.7 por ciento de la población no cuenta con algún tipo de Seguro Social, cifras del Consejo Estatal de Población de Quintana Roo. Las cifras de grados de marginación arrojan para Cancún, Benito Juárez, 25.2 por ciento el nivel alto y 30.1 por ciento en nivel medio; para Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, 61.3 por ciento el nivel alto y 17.4 por ciento en el nivel medio.

Punto de acuerdo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que a partir de 2010 traslade a los municipios de Quintana Roo, del área geográfica C al área geográfica A, en materia de salarios mínimos, a favor de los trabajadores y familias quintanarroenses; así como a que otorgue prioridad al proceso de convergencia de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, para atender, bajo criterios técnicos de equidad, las necesidades de salarios mínimos de los distintos municipios de la República Mexicana. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar a partir de 2010 los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, Quintana Roo, del área geográfica C a la A, en favor de los trabajadores y de las familias, a cargo del diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Apartado A, fracción VI,  establece que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

2. Que el mismo artículo 123, en el Apartado A, fracción VI, señala que los salarios mínimos  deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Estos salarios deberán ser fijados por una Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

3. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dividió la República Mexicana, para fines salariales, en áreas geográficas A, B y C,  estableciendo, en el orden respectivo, para 2009, las cantidades en pesos de 54.80, 53.26 y 51.95.

4. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la Fijación de los Salarios Mínimos 2009 señaló, en el considerando octavo de la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha  23 de diciembre de 2008, que para reiniciar el proceso de convergencia de las tres áreas geográfica vigentes a una sola, resolvió disminuir la diferencia entre las áreas geográficas A y B de 3.20 por ciento actual al 2.89 por ciento, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C, de 6.24 por ciento actual a 5.49 por ciento, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C, de 2.95 por ciento actual a 2.52 por ciento.

5. Que mientras no se concluyan los trabajos de convergencia de las áreas geográficas o se profundicen los criterios de fijación de salarios mínimos,  dichos esfuerzos son insuficientes para atender con principios técnicos de equidad a la clase trabajadora que pertenece a zonas geográficas cuyas características económicas, sociales y laborales demandan un salario mínimo mayor.

Consideraciones

1. Que un área geográfica para términos salariales puede estar integrada por varias entidades y estas pueden contemplar uno o la totalidad de sus municipios. De tal forma que se presentan entidades que en su interior cuentan con municipios pertenecientes a diferentes áreas geográficas.

2. Que en la zona geográfica A se encuentran, entre otros, todos los municipios de Baja California Sur, así como el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, zonas con condiciones económicas y de mercado laboral similares a las de Quintana Roo, caracterizados por su vocación eminentemente turística.

3. Que Quintana Roo, a pesar de presentar diferencias sustantivas en la estructura, composición y característica de sus ramas económicas por municipio, está clasificado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el área geográfica C, lo que provoca fuertes desventajas a los trabajadores, principalmente a los pertenecientes a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, situados en la zona norte de entidad, caracterizados también por su vocación turística.

4. Que tal situación genera desequilibrio e inequidades en la clase trabajadora,  ya que  el salario mínimo resulta simbólico en áreas geográficas turísticas donde los bienes y servicios son caros e inaccesibles para grandes colectivos de trabajadores quintanarroenses.

5. Que la crisis económica mundial y la pandemia ocasionada por la influenza A (H1N1) provocó una fuerte contracción económica en 2009 y para 2010 organismos especializados proyectan una recuperación económica lenta y gradual para el País y consecuentemente Quintana Roo y sus municipios ?que soportan un gran porcentaje del producto interno bruto nacional.

6. Que el ciclo productivo de la actividad turística se caracteriza por presentar temporadas bajas y altas, lo que provoca que la clase trabajadora de los Municipios Turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum se vea totalmente desprotegida en gran parte de los meses del año.

7. Que el salario se ha visto disminuido por la inflación y deja de satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, aunado a ello la carga de soportar una familia. Al efecto se encuentran como datos ilustrativos:

a) El  45.7 por ciento de la población no cuenta con algún tipo de seguro social (Consejo Estatal de Población de Quintana Roo); y

b) Las cifras de grados de marginación arrojan para Cancún, municipio de Benito Juárez, 25.2 por ciento en nivel alto y 30.1 por ciento en nivel medio; para Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 61.3 por ciento en nivel alto y 17.4 por ciento en nivel medio (Instituto Nacional de Estadística, Geografía).

8. Que es fundamental para Quintana Roo elevar al menos para los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum la cantidad establecida como salario mínimo, más cuando su población está viviendo una de las mayores crisis económicas del estado y que diariamente se levanta para recibir a los turistas que lo visitan o bien, para producir algo que servirá para la atención de éstos.

9. Que paralelamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe otorgar prioridad a los esfuerzos para converger las áreas geográficas vigentes en una sola, o en su caso realizar los estudios pertinentes para atender bajo criterios técnicos de equidad las necesidades de salarios de las clases trabajadoras de los municipios de la República Mexicana

10. Que un servidor, el gobierno estatal y los empresarios reconocen que la familia y el trabajo son la base para que la sociedad se desarrolle plenamente. El empleo y una remuneración justa en tiempos de crisis es la medida para el crecimiento social y económico.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar, a partir de 2010, los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, del área geográfica C al área geográfica A, en materia de salarios mínimos, a favor de los trabajadores y familias quintanarroenses, así como otorgarprioridad  al proceso de convergencia de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, para atender bajo criterios técnicos de equidad las necesidades de salarios mínimos de los distintos municipios de Quintana Roo y de la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputado Roberto Borge Angulo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO RESPECTO AL DESTINO Y A LA APLICACION DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL PETROLEO GENERADOS DE 2000 A LA FECHA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibe del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial encargada de investigar y dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos de excedentes del petróleo generados a partir de 2000 hasta la fecha.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de investigar y dar seguimiento respecto al destino y a la aplicación de los recursos excedentes del petróleo generados de 2000 a la fecha, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Todos los años, el Congreso de la Unión establece un precio de referencia del petróleo que sirve para calcular los ingresos petroleros, que a su vez, se suman al total de ingresos con los que contará la federación para destinar al gasto federal.

De la relación entre las obligaciones fiscales por la actividad petrolera estimada al inicio del ejercicio fiscal y las pagadas al finalizar éste, podemos conocer los recursos excedentes ó faltantes en la recaudación de los ingresos, derivada de la actividad petrolera.

Para todos los presentes resulta conocido que los excedentes petroleros no han sido aprovechados correctamente por la administración federal para nuevas inversiones en infraestructura y desarrollo de la petroquímica, ya que cerca del 90% de éstos, se destinan al gasto corriente en el mejor de los casos.

De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 19, fracción I, se señala el destino prioritario que deberán tener los excedentes de ingresos y refiere textualmente que “se destinaran en primer término” a:

• Compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado para Estados y Municipios, por concepto de participaciones;

• Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

• Atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta ley resulte insuficiente.

El remanente de los ingresos excedentes se destinará en los términos de la fracción IV de este artículo a:

• En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

• En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

• En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

• En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a los estados, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Una vez considerado lo anterior, se deberá alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos.

Por lo expuesto, convoco a los compañeros legisladores de todos los partidos, para sumarnos al apoyo de la creación de una Comisión Especial encargada de dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos económicos excedentes, provenientes de la actividad petrolera, generados a partir del año 2000.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos económicos excedentes, provenientes de la actividad petrolera, generados a partir del año 2000.

Segundo.La Comisión Especial estará integrada hasta por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, según el principio de proporcionalidad y funcionará por el término de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2009.— Diputados: Óscar Aguilar González, Janet Graciela González Tostado, Francisco Alberto Jiménez Merino, Ardelio Vargas Fosado, Julieta Octavia Marín Torres, Blanca Estela Jiménez Hernández, María del Carmen Izaguirre Francos, Gerardo Sánchez García, Federico Ovalle Vaquera, Luis Hernández Cruz, María Hilaria Domínguez Arvizu, Jesús María Rodríguez Hernández, María Isabel Pérez Santos, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Leobardo Soto Martínez, José Alberto González Morales, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Ha pedido la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez que se retire su propuesta.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN, envió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, a revisar el proyecto del viaducto elevado Bicentenario, con el fin de no afectar al ambiente ni al libre tránsito por la zona.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado Bicentenario para no afectar el ambiente ni el libre tránsito en la zona, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza una serie de derechos humanos fundamentales, entre los cuales están la igualdad jurídica; la libertad de trabajo, industria, comercio y tránsito; el acceso a la información pública; la seguridad jurídica, entre otros.

A éstos se suman otra gama de derechos producto de tratados internacionales signados por el Estado mexicano, como el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, que impactan de manera importante al desarrollo urbano. En el mismo contexto, las autoridades administrativas tienen una serie de obligaciones traducidas en deberes de transparencia, cuidado del desarrollo urbano en forma ordenada, sustentable y de protección, incluso, de la buena imagen urbana como premisa de la identidad de la ciudadanía con los elementos estéticos de su entorno, que los dotan de arraigo con el sitio en donde viven.

No olvidemos que hoy por hoy la agenda política de toda la nación tiene inmerso el tema del cambio climático con el propósito de encontrar una solución y adaptación a este fenómeno que ha expuesto la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente y, por ende, de nuestra calidad de vida.

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al ambiente.

Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, en la ejecución por parte del gobierno del estado de México del proyecto de viaducto elevado Bicentenario se han afectado áreas verdes y la imagen urbana. Asimismo, existe inquietud respecto al proyecto final a ejecutar, toda vez que no existe información oficial ni por parte de la empresa concesionaria, ni del gobierno del estado.

Vecinos han manifestado, además, que tanto la empresa como el personal de la Secretaría General de Gobierno, bajo pretexto de impedir la politización de la obra, se han negado a escuchar a los vecinos que se sienten agraviados en su esfera jurídico-política.

La inconformidad se ve agravada porque en el desarrollo de planeación de la obra se ignoró a los vecinos que resultarían afectados; ante ello, han solicitado a través de los medios de comunicación audiencia con el gobernador del estado para que, en su carácter de jefe del Ejecutivo, tienda canales de comunicación, diálogo y entendimiento con sus gobernados, los cuales reiteran que han sufrido afectaciones viales consistentes en cortes de tránsito, daños ambientales por tala de árboles, pérdida de ingresos económicos por el menoscabo del comercio, incremento en la inseguridad pública y falta de atención por parte del gobierno del estado de México que se niega a atenderlos.

No debemos olvidar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente su responsabilidad. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

Por otra parte, existe la necesidad de que las obras públicas faciliten el traslado de personas, bienes y mercancías, acercando a la ciudadanía con las fuentes de empleo y que se traduzcan en progreso; sin embargo, también es claro que el ejercicio del poder público, no puede hacerse dejando de lado a quienes de forma directa o indirecta van a sufrir las consecuencias de la implementación de dichas obras de desarrollo colectivo o de acciones que generen afectación al estilo de vida y la fuente de ingresos económicos de comunidades con orgullo, arraigo y identificación con su comunidad, máxime cuando esta obra no será para el beneficio de todos los ciudadanos, sino que está destinada a ser utilizada únicamente por aquellos que tengan la posibilidad de pagar por el uso de esta obra de cuota.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado Bicentenario con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a transparentar los recursos utilizados en la construcción, así como los avances del proyecto de viaducto elevado Bicentenario.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a conceder el derecho de audiencia a los vecinos, comerciantes y ciudadanos en general de la zona en donde se desarrolla el proyecto de viaducto elevado Bicentenario, con el fin de dar información veraz y oportuna de los pormenores de dicho proyecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.— Diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

AUTISMO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibe del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud información respecto a los pacientes con autismo; y que en coordinación con la Sedesol, expida programas que tengan como fin la ayuda a estos pacientes.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que proporcione información sobre los pacientes con autismo y que expida con la Sedesol programas para ayudarlos, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fundamentado en las potestades conferidas en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes.

Exposición de Motivos

Bebés que no siguen a sus mamás con la mirada cuando las tienen cerca, tampoco las ven a los ojos, parece que están sordos, la mayor parte del tiempo mantienen sus rostros serios. Así son los niños con autismo, tercer trastorno mental más común en la infancia, después del trastorno por déficit de atención y las alteraciones del estado de ánimo cuyo diagnóstico y tratamiento en México sólo es posible obtener en una institución pública y algunas privadas.

El autismo no se cura. A lo máximo que pueden aspirar los papás de niños que padecen ese mal es a que sus hijos logren ser autosuficientes en su cuidado personal. Si sus condiciones neurológicas lo permiten, en la edad adulta podrán desempeñar alguna actividad u oficio y tener cierta independencia económica.

Sin embargo, cada caso tiene sus especifidades, porque en el autismo intervienen diversas alteraciones de las funciones cerebrales, la mayoría todavía inexplicables, que imposibilitan el aprendizaje escolar. En ocasiones los pacientes presentan retraso mental, aunque la combinación de los seis o siete síndromes combinados que caracterizan la enfermedad puede afectar el pensamiento, la comunicación, el lenguaje y la temporalidad.

En el sector salud, el único sitio que ofrece atención médica especializada es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde con muy limitados recursos económicos se ofrece a niños y padres un servicio integral, que va del diagnóstico y valoración del grado de afectación del pequeño a la terapia ambiental específica, con la que el paciente adquiere algunas habilidades que le permiten, entre otras cosas, vestirse, comer sólo y, en algunos casos, asistir a la escuela y adquirir conocimientos que luego, en la edad adulta, pueden aplicar en alguna actividad remunerada.

Hasta hace dos años había una lista de espera de 500 niños, debido a que la atención que se ofrece a cada uno es totalmente individualizada y de largo plazo, y con el personal disponible apenas se puede atender a 250 pacientes al año, de los cuales sólo alrededor de 100 son nuevos ingresos.

La valoración de cada uno puede durar meses, antes de que se defina el tipo de autismo que padece y la terapia que le será útil para insertarse en la sociedad de la mejor manera. Uno de los principales obstáculos es el reducido número de profesionales que realizan esa labor.

Por lo anterior, me permito someter a esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Que la Cámara de Diputados solicite respetuosamente a la Secretaría de Salud, información sobre los pacientes con autismo que tiene registrados en todo el territorio nacional.

Segundo.Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en conjunto con la Secretaría de Salud, elaboren programas de vinculación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicos, que se dedican a labores de apoyo a pacientes con autismo, con el fin de potenciar los apoyos gubernamentales que puedan generarse, e informen los avances de los mismos a esta soberanía.

Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 2009.— Diputado Ariel Gómez León (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Desarrollo Social.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO RESPECTO AL DESTINO Y A LA APLICACION DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL PETROLEO GENERADOS DE 2000 A LA FECHA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Estando ya en el salón de sesiones el diputado Óscar Aguilar González, tiene el uso de la palabra.

El diputado Óscar Aguilar González:Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

Todos los años el Congreso de la Unión establece un precio de referencia del petróleo que sirve para calcular los ingresos petroleros que a su vez se suman al total del ingreso con el que contará la federación para destinar al gasto federal.

De la relación entre las obligaciones fiscales por la actividad petrolera estimada al inicio del ejercicio fiscal y las pagadas al finalizar éste, podemos conocer los recursos excedentes o faltantes en la recaudación de los ingresos derivados de la actividad petrolera.

Para todos los presentes resulta conocido que los excedentes petroleros no han sido aprovechados correctamente por la administración federal para nuevas inversiones en infraestructura y desarrollo de la petroquímica, ya que cerca de 90 por ciento de éstos se destinan al gasto corriente, en el mejor de los casos.

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 19, fracción I, señala el destino prioritario que deberán tener los excedentes de ingresos y refiere textualmente que se destinarán, en primer término, a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuesto para estados y municipios por concepto de participaciones, acuerdos de ejercicios fiscales anteriores, atención de desastres naturales, cuando el fondo de desastres a que se refiere el artículo 37 de esta ley resulte insuficiente.

El remanente de estos ingresos excedentes se destinará, en términos de la fracción IV de este artículo a: 25 por ciento al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas; 25 por ciento al Fondo de Estabilización para Inversión en Infraestructura Petrolera; 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento a las entidades federativas.

Dichos recursos se destinarán en los estados conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participación, reparto en la cuenta pública. Una vez considerado lo anterior deberá alcanzarse una reserva adecuada para afrontar una caída de la recaudación fiscal.

Debemos recordar que en 1998 se presupuestó por esta Cámara de Diputados el barril de petróleo a 10 dólares y de ahí salía 40 por ciento del presupuesto federal, que fue de 2.2 billones de pesos; y en el sexenio de Vicente Fox el precio del petróleo tuvo un precio promedio de 31.93 dólares, con un aumento en la extracción de 10 por ciento, con lo que se considera que se obtuvieron excedentes de 2.5 billones de pesos. Lo que da un total de 15 billones de pesos en ese sexenio.

En la actual administración, el precio promedio del barril petrolero se ha mantenido en 65.21 dólares hasta julio, lo que originó excedentes de cerca de 17 billones de pesos en este gobierno. En suma, 32 billones de pesos no han sido aplicados con la vigilancia adecuada de este Congreso.

Por todo lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos económicos excedentes, provenientes de la actividad petrolera, generada a partir de 2000.

Segundo. La Comisión Especial estará integrada hasta por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los partidos políticos, según el principio de proporcionalidad, y que funcionará por el término de la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados.

Pido, señor presidente, que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria textualmente estos puntos de acuerdo*. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea...

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Sí. Diputada Guerra.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): Nada más para retomar la propuesta del compañero diputado, en el tenor de crear la Comisión Especial, por tratarse de una comisión sumamente importante. La secundo en todos sus términos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Gracias, diputada.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se concede la palabra al diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, en las principales redes sociales de Internet en México, con el objetivo de publicar la información parlamentaria y pertinente, de manera oportuna, respecto a las discusiones, decisiones y acuerdos tomados por el pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público.

El diputado Salvador Caro Cabrera:Con la venia de la Presidencia, señoras diputadas y señores diputados, hago uso de esta tribuna para presentar un punto de acuerdo que tiene que ver con la creación de una Comisión Especial.

El objetivo es conjuntar el esfuerzo de un grupo de diputados y funcionarios de esta Cámara de Diputados, de las áreas de Comunicación y Sistemas, para trabajar conjuntamente aportando tiempo y esfuerzo, a efecto de implementar un programa para darle seguimiento y, por supuesto, para evaluarlo, y para que de esta manera podamos acceder a un sector de la sociedad que está interesado en los asuntos públicos, en los sucesos del Poder Legislativo, pero que ha optado por informarse a través de las redes sociales y de sus vínculos.

En este momento, en nuestro país, ya lo hacen con éxito la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Nayarit como ejemplos de instituciones gubernamentales que han penetrado de manera exitosa en las redes sociales, informando oportunamente de las comunicaciones más trascendentes.

En este época, donde hay un franco deterioro de las instituciones públicas y una creciente crisis política es importante poder llevar información oportuna y objetiva en todas las vías posibles.

El honorable Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, a través de sus portales oficiales de internet, alertas en correo electrónico, el Canal del Congreso, el Infopal, video podcast, RSS, etcétera, mantienen al tanto a la ciudadanía de la información parlamentaria de los acuerdos y decisiones concretados en las reuniones de sus comisiones y datos que sean considerados de interés público.

No obstante el notable esfuerzo, se reitera la necesidad de transitar de los canales de Internet convencionales a las redes sociales de vanguardia que están sentando un precedente en las relaciones y comunicaciones humanas.

Por tal motivo propongo ante este pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión en las principales redes sociales de Internet en México, con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las decisiones y acuerdos tomados por el pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público.

Solicitando sea transcrito de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turne a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

«Proposición con unto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados en las principales redes sociales de Internet en México, a fin de publicar con oportunidad la información parlamentaria pertinente sobre los debates, las decisiones y los acuerdos del pleno y de las comisiones, así como las noticias relevantes de interés público, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los siguientes artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía y de la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión en las principales redes sociales de Internet en México, con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomadas por el Pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público.

Exposición de Motivos

El acceso a la información pública es un terreno que ha logrado un progreso notable, desde su reconocimiento constitucional como derecho, hasta la implementación de herramientas y mecanismos necesarios para satisfacer esta demanda ciudadana a través de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, los esfuerzos por proveer la información contemplada en la ley de la materia, no se han adaptado a la evolución que ha sufrido el formato en el que actualmente se presenta la información, lo que impulsa la urgencia de satisfacer esta necesidad con mayores niveles de éxito.

La sociedad ha transitado a nuevos lenguajes de comunicación, lo cual le exige acciones al actual sistema de acceso a la información pública. El reto pues, ya no es que los ciudadanos estén posibilitados para solicitar información o consultarla en los sitios de Internet oficiales, sino que la información se encuentre a disposición inmediata de los ciudadanos. Ésta es la nueva etapa de la transparencia y el acceso a la información pública.

En este orden de ideas, la Internet, específicamente las páginas web, han sido hasta el momento la herramienta más eficaz empleada por el gobierno para comunicar y divulgar la información pública, permitiendo el acceso a cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo. Prueba de ello son los portales oficiales del gobierno federal, Congreso de la Unión, Poder Judicial, gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo, la Internet se encuentra en una nueva era en donde el rol principal lo juegan las redes sociales o “social media” como Facebook, Hi5, MySpace, blogs, microblogs como Twitter, canales como Youtube, comercio en línea e Internet móvil; lo relevante de estos sitios es el intercambio y participación de los usuarios, la interacción, y la construcción de redes de información que fluyen en tiempo real, contrario a la información presentada de manera estática en las páginas web.

En México durante el año 2008, 27.4 millones de los 111 millones de habitantes aproximadamente, tuvieron acceso a Internet, se estima que para el cierre de 2009 existan 31.5 millones de usuarios y para el año 2010 aumente a 35.6 millones de personas navegando. La red social más importante a nivel mundial Facebook, cuenta con más de 300 millones de usuarios en más de 70 idiomas; en México la cantidad de usuarios de esta red asciende a 5 731 940. Por otro lado, un estudio reciente publicó que en nuestro país el 88 por ciento de los cibernautas son lectores de blogs y el 60 por ciento escribe en ellos.

En cuanto a la telefonía celular en el año 2007 existían 68.4 millones teléfonos celulares dados de alta, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento, tenía acceso a Internet móvil, se prevé que para 2010 la cifra aumente a 98.5 millones de teléfonos celulares. A través del servicio de Internet con el que cuentan algunos teléfonos móviles o teléfonos inteligentes, las personas se mantienen conectadas a la información de sus redes sociales de manera continua y permanente.

Para las personas, empresas y gobierno, la necesidad de estar presentes en la “social media” es inevitable a medida que el número de usuarios se incrementa exponencialmente y los flujos de información que en ellas convergen aumentan.

El gobierno de Estados Unidos de América, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno de Nayarit, etcétera, son algunos ejemplos de cómo las instituciones gubernamentales han penetrado ya de manera exitosa en las redes sociales, informando oportunamente las comunicaciones más trascendentes. Sin duda alguna, es tan solo un porcentaje de la población nacional, aunque significativo, el que se encuentra de manera permanente ingresando a las redes sociales, sin embargo, el esfuerzo debe ir encaminado a ofrecer información a los ciudadanos de manera sencilla y accesible, como respuesta a los avances tecnológicos más relevantes, expandiendo los canales de comunicación y participación ciudadana, ya que estos sitios no sólo brindan información sino que también permiten la expresión escrita por parte de los ciudadanos respecto a la toma de decisiones y acuerdos aprobados por sus representantes, fortaleciendo así la participación ciudadana.

El honorable Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a través de sus portales oficiales de Internet, alertas en correo electrónico, el Canal del Congreso, el Infopal, video podcast, RSS, etcétera, mantienen al tanto a la ciudadanía de la información parlamentaria, de los acuerdos y decisiones concretados en las reuniones de sus comisiones y datos que sean considerados de interés público. No obstante, el notable esfuerzo, se reitera la necesidad de transitar de los canales de Internet convencionales a las redes sociales de vanguardia que están sentando un precedente en las relaciones y comunicaciones humanas.

Por tal motivo, propongo ante este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión en las principales redes sociales de Internet en México con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomadas por el Pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibe de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se invita a una delegación plural de líderes migrantes a asistir al Palacio Legislativo para conmemorar el Día Internacional del Migrante.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se invita a una delegación plural de líderes migrantes a asistir al Palacio Legislativo para conmemorar el Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados invita a una delegación plural de líderes migrantes a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para conmemorar el Día Internacional del Migrante, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó oficialmente el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, mediante la resolución 55/93. De esta manera, los Estados miembros de las Naciones Unidas están invitados por la comunidad internacional a observar este día a través de la difusión de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, así como el intercambio de experiencias y, sobre todo, la formulación de medidas para protegerlos.

Segundo. México es un país de migrantes. Residen en Estados Unidos 28 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 12 millones nacieron en el territorio nacional y por tanto son y siguen siendo ciudadanos mexicanos, con los mismos derechos que quienes habitamos en México.

Tercero.  Los migrantes son un pilar para el desarrollo y progreso de nuestro país, y las remesas que envían a sus familiares constituyen la segunda principal fuente de divisas internacionales, sólo superadas por los ingresos del petróleo, y muy por encima de los ingresos del sector turístico.

Cuarto. Los emigrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos de América cuentan con una cantidad importante de organizaciones de diversa índole que los representan, así como con liderazgos destacados que pueden transmitir sus necesidades, problemáticas, propuestas e inquietudes, por lo que valdría la pena que la Cámara de Diputados abriese un canal y un foro para escucharles y analizar sus planteamientos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con punto de acuerdo por el que se invita a una delegación plural de líderes migrantes a asistir al Palacio Legislativo para conmemorar el Día Internacional del Migrante.

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados invita a una delegación plural de líderes migrantes a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para conmemorar el Día Internacional del Migrante, del 16 al 18 de diciembre del presente.

Segundo.La Junta de Coordinación Política se encargará de seleccionar y designar a la delegación de líderes migrantes, en cuanto a su composición y número, así como de extender las invitaciones correspondientes. Lo anterior se realizará, en función de la disponibilidad presupuestaria de la Cámara de Diputados y del tiempo con que se cuenta para la visita.

Tercero.La Cámara de Diputados absorberá los costos del traslado, alojamiento y alimentación de la delegación, y proveerá de las instalaciones y los insumos necesarios para que puedan reunirse en el Palacio Legislativo y conmemorar el Día Internacional del Migrante.

Cuarto. Se nombrará a una delegación de legisladores que se encargará de recibir y acompañar a los líderes migrantes.

Quinto.Como producto de la visita de los líderes migrantes y la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la delegación de legisladores elaborará un documento que destaque los principales problemas que enfrentan nuestros connacionales en Estados Unidos y que aterrice algunas propuestas viables que puedan ser materia del trabajo legislativo; dicho documento será presentado por la delegación de legisladores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.— Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que esclarezcan los casos de atentados y homicidios cometidos en contra de líderes campesinos y luchadores sociales.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la PGR y de la CNDH a esclarecer los atentados y homicidios cometidos contra líderes campesinos y luchadores sociales, a cargo del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Federico Ovalle Vaquera, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Es una preocupación de la sociedad mexicana el clima de inseguridad que se vive en el país, el cual adquiere manifestaciones en una serie de lamentables hechos que se han venido perpetrando desde hace varios meses en contra de diversos luchadores sociales, dirigentes campesinos, indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.

A continuación, de manera muy respetuosa y con el único objetivo de hacer un llamado a la conciencia colectiva, en orden cronológico quisiera referirme a algunos hechos relacionados con compañeros dirigentes campesinos y luchadores sociales.

El 14 de marzo de 2008, el dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), Armando Villarreal Martha fue asesinado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. Armando Villarreal fue un incansable luchador social que cobró notoriedad a raíz de su participación al frente de productores y campesinos que exigieron la revisión de tarifas eléctricas para consumo agrícola. Asimismo, participó en el movimiento nacional de productores y campesinos que demandaron al gobierno federal la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su lucha se extendió a la protección de los acuíferos en la región noroeste del estado de Chihuahua.

El 26 de agosto de este año, el otrora líder del Barzón Maximiano Barbosa Llamas fue atacado a balazos junto con su hijo, mientras departía con varias personas en un balneario ubicado en una localidad en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

De la misma manera, el 30 octubre de 2009 el líder agrario Margarito Montes Parra, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) junto con 10 hombres más, una mujer y tres menores de edad fueron asesinados en las cercanías del rancho El Alamito del municipio de Cajeme, Sonora cerca de los límites con Sinaloa.

Un día después, es decir el 31 del mismo mes y año, en la comunidad indígena de Ocotepec fue acribillado Miguel Ángel Pérez Cazalez, defensor del medio ambiente en la zona protegida denominada El Texcal, situada al nororiente de Morelos. Pérez Cazalez fue dirigente de la Unidad y Fuerza Indígena y Campesina (UFIC). Había sido reconocido en el año 2007 por la organización Greenpeace y otras organizaciones internacionales como uno de los hombres más comprometidos con la preservación del medio ambiente.

Más recientemente, el 2 de noviembre fue secuestrado frente a su domicilio el compañero Adelaido Pita Pérez, secretario general de la UGOCP en el estado de Guerrero y fue encontrado muerto al día siguiente en las afueras de la ciudad de Chilpancingo.

De la misma manera hace apenas unos días, para ser más específico el 24 de noviembre, a la altura del poblado de Palomares, Oaxaca, también fueron interceptados y baleados los autobuses en los que viajaban los dirigentes de la UGOCP del estado de Chiapas.

Estos dolorosos eventos se inscriben, por un lado, en el contexto de la actual crisis multidimensional que se refleja en el aumento del desempleo y en la pérdida de cohesión social en las familias y comunidades. Por otro, son resultado de la economía que subordina a la nación a poderes económicos y políticos internos y externos, lo que ha abierto las posibilidades para la organización de grupos delictivos que se han extendido prácticamente a todos los sectores de la sociedad, como han sido los grupos paramilitares y guardias blancas.

Ante esta situación, compañeras y compañeros diputados no podemos permanecer indiferentes. Como representantes populares, tratándose de dirigentes campesinos y luchadores sociales quienes han sufrido estas arteras, criminales y cobardes agresiones, condenamos enérgicamente estos sucesos particularmente porque parecería que por la forma en cómo ocurrieron los hechos podríamos estar ante una expresión de la criminalizacion de la lucha social.

Asimismo, desde esta tribuna y a petición de los integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp) así como de otras organizaciones de productores rurales, campesinas e indígenas demandamos la intervención expedita, oportuna y eficaz de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investiguen los hechos aquí descritos y en sus diferentes ámbitos de competencia apliquen y vigilen la aplicación de la ley.

Específicamente, a la primera de estas instancias gubernamentales solicitamos que profundice en las investigaciones correspondientes por tratarse presumiblemente de crímenes políticos.

A la segunda para que atraiga los casos arriba mencionados a fin de dar con los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes y se les aplique el peso de la ley, y a la tercera para que intervenga a fin de dar mayor certidumbre al esclarecimiento de los hechos.

Estimadas diputadas y diputados, aspiramos a que la aprobación de la presente proposición sea una forma de honrar la memoria de nuestros compañeros, así como utilizar este medio para manifestar nuestras más sinceras condolencias, enviar nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad con las organizaciones de productores, campesinas e indígenas y a los familiares de los compañeros desaparecidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que profundice en las investigaciones de los homicidios de los compañeros Armando Villarreal Martha, Margarito Montes Parra, Miguel Ángel Pérez Cazalez, Adelaido Pita Pérez, por tratarse presumiblemente de crímenes políticos. Asimismo para que esclarezca a la brevedad posible los hechos en torno a los atentados perpetrados en contra de Maximiano Barbosa Llamas y los dirigentes de la UGOCP del estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que atraiga los casos arriba mencionados a fin de dar con los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes y se les aplique el peso de la ley.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que a través de su pronta intervención se otorgue mayor certidumbre al esclarecimiento de los hechos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados, el día 8 de diciembre de 2009.— Diputado Federico Ovalle Vaquera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.

Pasaremos ahora a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de las diputadas y de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.

Se pide a la Secretaría leer la lista de diputadas y de diputados propuestos para formar parte de la Comisión Permanente.

COMISION PERMANENTE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

Considerando

I. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente, compuesta por 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras previo a la clausura de los periodos de sesiones ordinarias, y que ambas disposiciones prevén que por cada titular se elegirá un sustituto;

II. Que en virtud de que el día 15 de diciembre concluye el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78 de la Constitución Política y, en consecuencia, resulta procedente nombrar a las diputadas y a los diputados que integrarán la Comisión Permanente para el periodo de receso correspondiente;

Y con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados nombra a las diputadas y a los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el primer periodo de receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, y que son los siguientes:

Segundo. Notifíquese a las instancias correspondientes.

Tercero.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica),  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor secretario.

Se va a proceder a la elección de las diputadas y los diputados que formarán parte de la Comisión Permanente. Proceda la Secretaría de Servicios Parlamentarios a entregar las cédulas correspondientes.

Se invita a las diputadas y diputados a que pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.

Proceda la Secretaría a pasar lista e invitar a las diputadas y los diputados a que pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:

(Votación por cédula)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pregunte la Secretaría a los integrantes de la Legislatura, si falta alguno de depositar su cédula.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En tal condición, proceda la Secretaría al cómputo y escrutinio.

Proceda la Secretaría a darnos el resultado del cómputo y escrutinio.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Señor presidente, se emitieron un total de 323 votos: 314 a favor y 9 en contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada la propuesta por 314 votos.

En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, los siguientes integrantes:

Titulares: Francisco Rojas Gutiérrez, Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Santiago Ramírez, Cruz López Aguilar, Héctor Guevara Ramírez, Juan Nicolás Callejas Arroyo, David Hernández Pérez, Arturo Zamora Jiménez, Héctor Pablo Ramírez Puga, Francisco Javier Ramírez Acuña, Roberto Gil Zuarth, Óscar Martín Arce Paniagua, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Javier Corral Jurado, Uriel López Paredes, Adán Augusto López Hernández, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Juan José Guerra Abud, Pedro Vázquez González.

Sustitutos: Beatriz Paredes Rangel, Rogelio Cerda Pérez, David Penchyna Grub, Silvio Lagos Galindo, Alberto Jiménez Merino, Marcela Guerra Castillo, Hilaria Domínguez Arvizu, Miguel Ángel García Granados, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Francisco Javier Salazar Sáenz, Josefina Vázquez Mota, Adriana Fuentes Cortés, Sixto Alfonso Zetina Soto, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Guadalupe Acosta Naranjo, Víctor Manuel Castro Cosío, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Pablo Escudero Morales, Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Comuníquese.

Tenemos una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Acabamos de recibir esta comunicación, y pido a la Secretaría dé cuenta de ella.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible y con dispensa de trámite del siguiente dictamen:

•Dictamen con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; y modifica el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica),  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos propuestos por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es: dictamen de primera lectura de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; y reforma el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En virtud de que ha sido distribuido entre las diputadas y los diputados, pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa de lectura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y modifica el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Honorable Asamblea:

Los integrantes de esta Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 24 de noviembre de 2009, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Energía.

II. Objeto y contenido de la iniciativa

El objeto de la iniciativa es aumentar la participación de las energías renovables en la generación de electricidad, reduciendo el consumo de los combustibles fósiles, de la meta gubernamental del 71% en 2012 al 65% en 2015, al 60% en 2020 y al 50% en 2025.

Para ello se proponen las siguientes reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética:

• En el artículo 3o., para dar mayor precisión a la definición de externalidades.

• En el artículo 10, para que las externalidades sean calculadas no sólo para las energías renovables, sino para todas las fuentes de electricidad.

• En el artículo 11, para que las metas de participación aumenten gradualmente, con base en el potencial técnico-económico.

• En el artículo 14, de modo que las secretarías facultadas para emitir opinión sobre el cálculo de externalidades también emitan su opinión sobre el cálculo de contraprestaciones.

• En el artículo 26, para que la Secretaría de Energía actualice y publique las metas de participación de manera semestral.

De manera complementaria, se propone reformar el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que las externalidades sean consideradas en las estimaciones de costos que lleva a cabo CFE en su planeación energética.

Adicionalmente, los artículos transitorios del proyecto de decreto prevén lo siguiente:

• Fijar las metas de participación de los combustibles fósiles, tal como se describió previamente.

• Instruir a Sener a hacer las modificaciones que corresponda al Reglamento de la Ley, y otras disposiciones aplicables.

III. Consideraciones

Primera. En su exposición de motivos, el promovente argumenta lo siguiente con respecto a la iniciativa y su trascendencia:

Para enfrentar el calentamiento global es necesario un gran esfuerzo para cambiar radicalmente la forma en que se produce y se consume la energía. Los instrumentos fundamentales para conseguir ese objetivo son incrementar la eficiencia en el uso de la energía y el máximo aprovechamiento de las energías renovables.

En México la generación y oferta de energía primaria es mayoritariamente de origen fósil y la energía renovable se utiliza en forma aún muy limitada. De acuerdo con el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, la capacidad instalada de energía eléctrica en México es de 58 mil 1 05.53 megawatts, de los cuales el 75.3% utiliza combustibles fósiles, 19% son grandes hidroeléctricas, 2.4% utiliza energía nuclear y solamente el 3.3% emplea energías renovables.

México dejará de exportar petróleo crudo en 2012, con lo cual se convertirá en un importador neto de hidrocarburos. Por ello es necesario reducir drásticamente nuestra dependencia en los combustibles fósiles para generar electricidad.

El Programa Sectorial de Energía 2007-2012 establece las siguientes metas de participación para las diversas fuentes energéticas: Combustibles fósiles 71%, grandes hidroeléctricas 17%, pequeñas hidroeléctricas 3%, otras renovables 6%, nuclear 3%. El promovente considera que estas metas son insignificantes y no están en proporción con el potencial de las energías renovables en México.

El promovente concluye que la escasa participación de las fuentes renovables es inconveniente para el país por razones económicas, estratégicas, ambientales y de competitividad, por ello propone reducir gradualmente la participación de los combustibles fósiles en el portafolio energético.

Segunda. El Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, publicado en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2009 apoya los argumentos del promovente, indicando que México cuenta con una gran disponibilidad de energías renovables, la cual no se aprovecha a su máximo potencial.

Con respecto a la energía eólica, tan sólo en la región del istmo de Tehuantepec existe un potencial de 10 mil megawatts, pudiendo crecer de manera muy importante en el resto del país. La disponibilidad de los recursos geotérmicos es al menos de 20 mil megawatts y la energía solar tiene disponibilidad prácticamente ilimitada, ya que la irradiación solar es en promedio de 5 kWh/día/m2; la energía proveniente de la biomasa también tiene un gran potencial en México.

El programa también indica que la participación actual de las energías renovables para generación eléctrica es de 18% a nivel mundial y en México solamente alcanza 3.3% en capacidad instalada y 3.9% en generación bruta. Para el año 2012, las metas que marca el Programa son 7.6% en capacidad instalada y entre 4.5 y 6.6% en generación bruta.

El Programa Especial de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial el 28 de agosto de 2009, es otro instrumento con información que brinda soporte a la iniciativa que se estudia. Dicho Programa señala que con el escaso aumento previsto en la participación de energías renovables se podrá lograr una mitigación de 11.88 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) entre 2008 y 2012, así como un acumulado de 15.71 MtCO2e al finalizar el año 2012.

Otro documento relevante lo publica la Sener en octubre de 2009 y se titula “Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable de México”. En este documento se indica el estado actual, costos de generación, disponibilidad y potencial técnico-económico de las diversas fuentes renovables para generación eléctrica.

El documento concluye que ampliar la participación de las energías renovables generará beneficios como reducción de los costos y los riesgos económicos de la energía, contribución a la soberanía energética, aumento de la seguridad en el abasto de energía, mayor acceso a servicios energéticos sustentables en áreas rurales, fomento del desarrollo industrial y rural, mitigación del cambio climático, reducción de los impactos del sector energía sobre la salud y el medio ambiente, protección de bosques y selvas, entre otros.

De los datos anteriores se concluye que los documentos del gobierno federal cuentan con información suficiente que respalda la iniciativa que se estudia. Existe un gran potencial desaprovechado de las energías renovables en México, por lo cual hacen falta mayores esfuerzos para ampliar la participación de estas fuentes en la generación eléctrica. Esto generará beneficios económicos, ambientales y de competitividad para nuestro país.

Tercera. Además del objeto central de disminuir la participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica, la iniciativa propone favorecer la internalización de costos, es decir, reducir las externalidades, para las diversas fuentes de energía eléctrica.

El costo de producción de la energía que utilizamos actualmente no incluye las externalidades, es decir, los impactos negativos sobre la economía, el ambiente, la salud y la sociedad, derivados de su producción y consumo.

Así pues, existen numerosos estudios sobre las externalidades de las diversas fuentes energéticas. Dependiendo de la metodología utilizada, las externalidades se pueden medir en años de vida perdidos, o en costo económico. En cualquier caso, las energías renovables generan externalidades mucho menores que los combustibles fósiles, como se observa en la siguiente gráfica:

En contraste con los costos de las externalidades, el costo base de producción de electricidad es mucho menor en todos los países. Para revertir esta tendencia, la Unión Europea ya está implementando mecanismos de compensación de las externalidades causadas por los combustibles fósiles, así como estímulos financieros para las energías que generan bajas externalidades. Esto permitirá que las energías renovables compitan en condiciones de mercado más justas.

Las externalidades cambian con el tiempo y con la intensidad. En el mismo sentido, las tecnologías para generación de las diversas energías renovables varían de un país a otro, por lo cual nuestro país debe estudiar con mayor detalle las externalidades del sector eléctrico, y en base a esto, empezar a internalizar costos.

Esta medida también favorecerá la reducción de costos de las energías renovables, ya que tienen menores externalidades, en comparación con los combustibles fósiles. El Programa Especial para el Aprovechamiento de las Ener-gías Renovables prevé que entre 2012 y 2030 el costo fijo de las energías renovables se reducirá en más de 20%, particularmente, para la energía solar y la biomasa. Adicionalmente, se espera que la valoración de externalidades asociadas con la generación de electricidad impulse las energías renovables en el mediano plazo.

Cuarta. Con respecto al artículo transitorio relativo a los años propuestos como meta para reducción de la participación de los combustibles fósiles, esta comisión dictaminadora recibió diversos comentarios de los legisladores en el sentido de que las metas establecidas en la iniciativa son demasiado rígidas, y esa situación constituye un factor que podría afectar negativamente su cumplimiento.

Por ello, y con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo y acorde con la capacidad de adaptación del sector eléctrico, proponemos conservar la meta de 65% en el año 2015, 60% en 2020 y cambiar la meta de 50%; en vez del año 2025, proponemos que sea 2030.

Asimismo, consideramos adecuado agregar un artículo transitorio tercero, para que en 2012 la Sener presente a esta soberanía un informe sobre el avance en las metas, de manera que se verifique si es posible cumplir con el 65% en 2015, o de lo contrario, reprogramarla para el año 2018. Con este cambio, el transitorio tercero en la iniciativa pasa a ser transitorio cuarto en el presente proyecto de decreto.

Bajo estos fundamentos, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados considera que el objeto de la iniciativa es loable y las reformas que se proponen son factibles.

En virtud de las consideraciones anteriores, esta comisión dictaminadora considera que las reformas propuestas son de aprobarse, con las modificaciones antes señaladas. Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión de Energía formula el siguiente

Decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y modifica el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., fracción III, 10, 11, fracción III, 14 y 26; todos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. y II. ...

III. Externalidades. Los impactos positivos o negativos que genera la provisión de un bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las externalidades ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los daños y beneficios en términos económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su producción y consumo;

IV. a IX. ...

Artículo 10. La Secretaría de Energía, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Salud, elaborará una metodología para valorar las externalidades asociadas con la generación de electricidad, a partir de las diversas fuentes renovables y no renovables en sus distintas escalas, así como las acciones de política a que se refiere esta ley, relacionadas con dichas externalidades. A partir de esa metodología y acciones de política, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales diseñará mecanismos de regulación ambiental para el aprovechamiento de energías renovables.

Artículo 11. ...

I. y II. ...

III. Establecer metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad, las cuales deberán aumentar gradualmente sobre bases de viabilidad económica y potencial técnico existente. Dichas metas deberán ser actualizadas y reportadas semestralmente, y se expresarán en términos de porcentajes mínimos de capacidad instalada y porcentajes mínimos de suministro eléctrico, e incluirán metas para los suministradores y los generadores.

Cuando por negligencia o causa inexcusable no se establezcan las metas a que se refiere el párrafo anterior, o no se actualicen y reporten semestralmente dichas metas, los servidores públicos que incurran en dicho incumplimiento serán sancionados en términos de lo dispuesto en los artículos 8, 12, 13 y demás aplicables de la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

IV. a VIII. ...

...

Artículo 14. La comisión, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, determinará las contraprestaciones mínimas y máximas que pagarán los suministradores a los generadores que utilicen energías renovables. Dichas contraprestaciones deberán incluir pagos por los costos derivados de la capacidad de generación y por la generación de energía asociada al proyecto.

El cálculo de las contraprestaciones tomará en cuenta la tecnología, la ubicación geográfica de los proyectos y las externalidades derivadas, con respecto a la electricidad generada con energías no renovables.

Artículo 26. Cada año la Secretaría llevará a cabo la actualización de la estrategia y presentará una prospectiva sobre los avances logrados en la. transición energética y el aprovechamiento sustentable de las energías renovables, incluyendo un diagnóstico sobre las aplicaciones de las tecnologías limpias y las energías renovables, así como sobre el ahorro y uso óptimo de toda clase de energía. Adicionalmente, cada seis meses la Secretaría actualizará y publicará las metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo por tipo de tecnología para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales, sociales y a la salud para cada tecnología, y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:

I. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de la fracción III del artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la Secretaría de Energía fijará como meta una participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para el año 2015, del 60 por ciento en el 2020 y del 50 por ciento en el 2030.

Tercero. A más tardar el 1 de marzo de 2012, la Secretaría de Energía deberá presentar a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados un informe preliminar sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el artículo segundo transitorio del presente decreto. En caso que en dicho informe la Secretaría de Energía presente justificación técnica y económica, avalada por un experto independiente, sobre la imposibilidad del cumplimiento de la meta correspondiente al 2015, la meta de participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica se podrá reprogramar para el año 2018.

Cuarto. En un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Energía deberá hacer las modificaciones que corresponda al Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y a las demás disposiciones aplicables cuya expedición sea de su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2009.

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica); Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López, Cesar Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Queda de primera lectura. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa de segunda lectura y en consecuencia se pone a discusión y votación de inmediato. Quienes están por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se dispensa de segunda lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; y reforma el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En virtud de no existir alguna diputada o algún diputado registrado para intervenir en los términos del artículo 108, en consecuencia está a discusión en lo general. Al no haber participantes, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

En virtud de no haber reservas, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Se les informa a los señores diputados que queda menos de un minuto para emitir su voto.

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Adelante, está abierto el sistema, compañera. Está todavía abierto el sistema para que pueda usted votar. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El diputado Vázquez.

El diputado Pedro Vázquez González (desde curul): En contra.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:El diputado Vázquez, en contra.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Señor presidente, se emitieron 265 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 265 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; y reforma al artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En consecuencia, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

FOMENTO AGROPECUARIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es un dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentra distribuido entre las diputadas y los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae), estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados, presentada por los diputados Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Hilaria Domínguez Arvizu y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 4 de diciembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados, presentada por los diputados Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Hilaria Domínguez Arvizu y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI.

El 2 de diciembre de 2009, los diputados Cruz López Aguilar, Fermín Montes Cavazos, Alberto Jiménez Merino, Manuel Humberto Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Hilaria Domínguez Arvizu y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal el pago inmediato a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario, estén o no correspondidos con la parte comprometida por los gobiernos de los estados.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone que “en el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país”.

Que el artículo 6 la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone que “tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado. Los compromisos y responsabilidades que, en materia de esta ley, el gobierno federal acuerde frente a los particulares y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Que el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que “los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo 3, fracción III, de esta ley son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos”.

Que el apoyo oportuno a los productores agrícolas y pecuarios, así como a los emprendedores de las zonas rurales de nuestro país es determinante para el cumplimiento de políticas en materia de productividad, competitividad y desarrollo rural que se encuentran establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Que el Fofae es un modelo administrativo adecuado para la distribución de fondos destinados a los diferentes programas del campo, de los tres órdenes de gobierno, que de manera coordinada se mezclan para ampliar metas y multiplicar los beneficios en favor del desarrollo del campo.

Que la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, en su estudio Panorama Social de América Latina 2009, confirmó que México fue el país donde la pobreza creció en mayor proporción en los últimos 5 años, siendo el sector rural el más afectado.

Que el año 2009, el cual podemos considerar “atípico”, ha sido muy grave para el campo mexicano, no sólo por los efectos nocivos de las crisis mundial y nacional, sino también por los fenómenos climatológicos, como fueron las fuertes sequías, así como la sorpresiva embestida del virus de la influenza A (H1N1), la creciente violencia del crimen organizado y la caída de las remesas.

Que siendo, las anteriores, verdades de todos conocidas resulta preocupante e insensible que recursos que son fundamentales para la actividad productiva de miles de campesinos y pequeños productores del campo, como lo son los comprometidos en los fideicomisos de fomento agropecuario, sean retenidos por el Ejecutivo federal.

Que no existe en el decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, ni en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ni en su reglamento, como tampoco en los convenios de coordinación que se suscribieron con los estados, así como en las mismas Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa) elementos que faculten al Ejecutivo federal a determinar unilateralmente los plazos de radicación de los recursos de los estados.

Que, en consecuencia, resulta improcedente mantener en los fideicomisos recursos que son propiedad de los productores y además solicitar la devolución de estos recursos por la Tesorería de la Federación, toda vez que dejan de pertenecer a la Sagarpa y, como consecuencia, legalmente se les consideran ejercidos, una vez que fueron transferidos a los estados.

Que al pretender retirar los recursos de los Fofae, no se está afectando a los estados, sino a los productores rurales, es decir a los más pobres de este país; en un momento en el cual invertir cualquier recurso será siempre insuficiente para atender la enorme problemática de la pobreza.

Que es claro que esta disposición dificulta el correcto ejercicio de los recursos, dado que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en su artículo 35, incisos V y VI, determina y mandata a la Sagarpa “federalizar” los recursos en términos precisos.

Que a mayor abundamiento, los artículos e incisos del decreto en comento son concluyentes en los terminas siguientes:

a. Mandata a la Sagarpa la federalización del recurso. No son entonces las entidades federales agentes técnicos de esa secretaría; tampoco la aportación de recursos por parte de los estados condiciona el ejercicio del presupuesto convenido.

b. La disposición de radicar los recursos antes del último día hábil de febrero obedece a que éstos se puedan ejercer con oportunidad durante los ciclos agrícolas; para ello, las reglas de operación de 2009 se modificaron, a efecto de constituir una sola bolsa en los Fofae y, de esta manera, garantizar que con aportación de recursos estatales y/o federales se cumpla ese mandato. No obstante lo anterior, no se ha podido realizar su correcta aplicación, a pesar de que las mismas Reglas de Operación prevén que para iniciar de manera expedita el ejercicio podríamos atraer solicitudes aprobadas del 2008.

Que si los estados cumplimentan el total de sus aportaciones mediante una solicitud vinculante, podrían recibir el 100% de las aportaciones federales, hecho que la Sagarpa ignoró, en el marco de la firma de los convenios de coordinación; ahora pretende, mediante estos mecanismos, ignorar el cumplimento de la segunda ministración, cuando ha sido responsabilidad de la misma dependencia el no ejercicio de los recursos radicados en los Fofae.

Que conviene mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 la Cámara de Diputados aprobó recursos para el Fofae por un monto de 16,100 millones de pesos; de los cuales, a principios del mes de noviembre, se habían radicado 12,800 millones de pesos. De esta cantidad el 72% corresponde a recursos federales y el 28% a recursos estatales. No obstante, los recursos comprometidos ascienden a 12,400 millones de pesos, correspondiendo a recursos federales el 65% y a estatales el 35%.

Que es realmente inconcebible que el Ejecutivo federal insista en recuperar estos recursos en virtud de que no pertenecen al Ejecutivo, sino que ya vienen etiquetados para miles de campesinos y pequeños productores.

Que con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión, hemos tenido a bien tomar el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión de Agricultura y Ganadería, dictamina como positiva la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal la liberación del pago a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecuario (Fofae).

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal que permita la publicación de los recursos convenidos entre la Sagarpa y los Gobiernos de los Estados.

Tercero. Se conforma una comisión para que personalmente se entregue este punto de acuerdo al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre el desahogo del presente acuerdo.

Una vez recibido el anterior informe, entérese y archívese como total y definitivamente concluido el presente expediente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de2009.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, José M. Torres Robledo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez, Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Asimismo, pido a la Secretaría que dé lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política con relación a diputados de diversos grupos parlamentarios que integran el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.

COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones en el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2009.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se informa a las señoras diputadas y a los señores diputados que las proposiciones no abordadas en esta sesión tendrán el siguiente trámite:

Se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates, se turnarán a las comisiones correspondientes y se publicará el turno en la Gaceta Parlamentaria. Si alguna diputada o diputado desea retirar su propuesta, favor de anunciarlo a esta Presidencia para presentarla posteriormente.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señoras diputadas y señores diputados, con esta sesión concluye hoy el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de esta LXI Legislatura.

El Parlamento es la institución de representación política por excelencia, toda vez que sus miembros actúan en nombre y por cuenta de los ciudadanos que los han elegido y porque en conjunto reflejan la pluralidad de las orientaciones políticas nacionales, manifestadas en el momento electoral.

Por naturaleza, las diferencias son inherentes al Parlamento y contra quienes las ven como algo anormal que altera el funcionamiento de nuestro sistema, hay quienes las concebimos como un factor que abona al desarrollo de nuestra democracia.

No estamos exentos de divergencias, pero estamos convencidos de que la negociación, el diálogo y el consenso son las fórmulas para lograr la cooperación y el entendimiento en aras del interés superior de la nación.

En esta Cámara está garantizado el derecho de todas las representaciones parlamentarias, en especial de las minorías, a la expresión libre de sus ideas y programas, al debate, a la información, a la investigación y a la crítica sin cortapisas.

Hemos dado ejemplo claro de lo anterior, aunque como bien sabemos, por lo que se refiere a la modalidad de las decisiones, la regla fundamental de la democracia, es la regla de la mayoría.

Esta LXI Legislatura tiene que enfrentar los drásticos efectos de la crisis económica y financiera mundial, de la recesión en Estados Unidos de América, de la caída de los precios y de los ingresos petroleros, así como la desaceleración de nuestra economía.

Lo anterior inevitablemente concentró gran parte de nuestra actividad durante este periodo de sesiones y nos obligó a asumir decisiones difíciles, pero que sin duda permitirán financiar un Presupuesto de Egresos para 2010 equilibrado, con un alto contenido federalista y un marcado acento en el gasto social prioritario y en particular, orientado a los sectores más vulnerables de nuestro país.

Es evidente la solidaridad con los esfuerzos y sacrificios de todos los mexicanos. La Cámara de Diputados aprobó reducciones presupuestales para los Poderes de la Unión y las entidades autónomas, lineamientos generales para establecer programas de austeridad y de racionalidad del gasto público y previó la reducción de recursos del erario destinados a los partidos políticos.

A pesar del complejo trance mundial y nacional, la voluntad política para construir acuerdos se sobrepuso a las discrepancias, el interés nacional se hizo valer por encima de los intereses particulares o de grupo.

Sin el ánimo democrático y la disposición al diálogo de las partes aquí representadas, no habríamos alcanzado los consensos necesarios para aprobar en tiempo y forma los proyectos de decreto relativos al complejo paquete económico 2010 y las observaciones a ello planteados por la Cámara de Senadores.

De esta forma, la aprobación de los diversos proyectos de decreto de dictamen, con puntos de acuerdo, de dictamen negativo, de proyectos de decreto relativo a permisos constitucionales, de acuerdos propuestos por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como aquellos propuestos por la Junta de Coordinación Política, fue posible gracias a la disposición para generar acuerdos de las diputadas y de los diputados;

Comisiones y grupos parlamentarios, a quienes agradecemos y reconocemos su trabajo en beneficio del país. De ese trabajo del pleno, así como el de las comisiones legislativas, dio cuenta puntual el Canal de Televisión del Congreso y los medios de comunicación, a los que expresamos nuestra gratitud, pues con su labor refuerzan el principio consustancial del Poder Legislativo, el de la comunicación de sus actos, a partir del cual el proceso de elaboración de leyes está abierto al examen, escrutinio y crítica de la opinión pública.

Agradecemos a ustedes la confianza depositada en esta Mesa Directiva para presidir la Cámara de Diputados de esta LXI Legislatura; a mis compañeros Vicepresidentes y Secretarios por su desempeño y apoyo; al personal de asistencia parlamentaria por los servicios institucionales. Muchas gracias.

Solicito a la Secretaría que nos pida ponernos de pie.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Se pide a los presentes ponerse de pie.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Hoy, 15 de diciembre de 2009, la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio.

Procede ahora entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

La Presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la honorable Cámara de Senadores.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y que copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de diciembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del martes quince de diciembre de dos mil nueve, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual se establece la terna de los candidatos seleccionados que se someterán al pleno de la Cámara de Diputados para la designación del Auditor Superior de la Federación para el periodo dos mil diez-dos mil diecisiete. Es de primera lectura. En votación económica se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión. Intervienen los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en tres ocasiones, del Partido del Trabajo; Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en tres ocasiones, del Partido del Trabajo; Manuel Jesús Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; Javier Corral Jurado, en dos ocasiones, del Partido Acción Nacional; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Alejandro Moreno Merino, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul; Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional; desde su curul Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, desde su curul. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular y de la misma forma se aprueba el acuerdo.

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados.

Se procede a la elección por cedula del Auditor Superior de la Federación. Se aprueba como Auditor Superior de la Federación al ciudadano Juan Manuel Portal Martínez por cuatrocientos ocho votos en pro;  diecinueve votos para otros candidatos; ocho en contra y cuatro abstenciones. La Cámara de Diputados declara electo al ciudadano Juan Manuel Portal Martínez como Auditor Superior de la Federación para el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Se instruye su publicación  en el Diario Oficial de la Federación. El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del salón el ciudadano Portal Martínez, y acompañado de una comisión designada, rinde protesta de ley.

Comunicación del diputado Héctor Agustín Murguía Lardizabal, del Partido Revolucionario Institucional, electo en el segundo distrito de estado de Chihuahua, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como diputado federal a partir del quince de diciembre del año en curso. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquese.

La Junta de Coordinación Política, informa de los siguientes cambios en las comisiones y grupos de trabajo de los diputados:

• Carlos Torres Piña, del Partido de la Revolución Democrática, se integra a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión.

• Diego Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México, cause baja como integrante del Grupo de Trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos servidores públicos de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organismos delictivos.

• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, cause baja como integrante del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el tres y ocho de septiembre de dos mil nueve, relativos a la reconstrucción de diversos municipios de Baja California Sur y de Sonora, afectados por el huracán Jimena.

• Onésimo Mariscales Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional, cause alta como integrante del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, el tres y ocho de septiembre de dos mil nueve, relativos al mismo asunto en Baja California Sur y Sonora.

Del Partido Acción Nacional.

• Arturo García Portillo, cause baja como integrante en la Comisión de Equidad y Género.

• Oralia López Hernández, cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y cause alta como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Yolanda del Carmen Montalvo, cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y cause alta como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Agustín Torres Ibarrola, cause baja como integrante en el Grupo de Trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organismos delictivos.

• Camilo Ramírez Puente, cause alta como integrante en el Grupo de Trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos servidores públicos en el estado de Michoacán.

• Rolando Zubia Rivera, cause baja como integrante en la Comisión de Economía y cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Gerardo Leyva Hernández, cause baja como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos y cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

De enterado.

De la Junta de Coordinación Política, por el que comunica que el diputado Canek Vázquez Góngora fue designado como el segundo representante suplente del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De enterado. Comuníquese.

De la Auditoría Superior de la Federación con el que remite el informe de la gestión realizada por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a su Administración dos mil dos – dos mil nueve. De enterado. Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

En votación económica se aprueba incorporar en el orden del día el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto para adicionar una fracción decima sexta al artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil nueve. Desde su curul el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, realiza comentarios en referencia a dicho dictamen; el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia un receso, asimismo el Presidente atiende tal solicitud.

A las trece horas con cincuenta minutos el Presidente declara un receso.

A las trece horas con cincuenta y nueve minutos se reanuda la sesión.

En votación económica se dispensa la primera y segunda lectura del dictamen de referencia. Desde su curul el diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, propone modificaciones, que se aceptan en votación económica. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto respectivo, con modificaciones aceptadas, por trescientos cuarenta y ocho votos en pro; cero  en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos Constitucionales.

Se recibe de la Comisión de Hacienda y Crédito Público información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de noviembre de dos mil nueve, desagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Se reciben del Ejecutivo las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• • Que establece las características de cuatro monedas de oro.

• Que establece las características de una moneda de oro y dos de plata, conmemorativas del “Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional” y dos monedas de Plata Conmemorativas al “Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”

• Que establece las características de cinco monedas de plata relativas al complejo arquitectónico de “Chichén Itzá”.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De la Cámara de Senadores se reciben oficios con los que remite:

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso c) del artículo dos A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

b) Minutas con proyectos de decreto que:

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

• Adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos noventa y cuatro, cien, ciento tres, ciento cuatro y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Participación Ciudadana.

• Adiciona un párrafo al artículo dieciséis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

• Adiciona un artículo ciento quince Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

• Reforma la fracción primera del  artículo quinto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural

• Reforma el artículo treinta y tres de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

• Reforma el artículo once de la  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Miguel Ángel Riquelme Solís, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cinco de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza, que reforma los artículos veinticinco y treinta y dos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y  Cuenta Pública.

• Francisco Saracho Navarro, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• De diputados del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

• Hugo Martínez González, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veinticinco, treinta y dos bis, treinta y tres bis y treinta y cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Escuadrón doscientos uno”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Hugo Martínez González, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y tres de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

• María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia.

• Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo once de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticuatro de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Juicio de Amparo Agrario y adiciona el artículo veintitrés de la Ley Agraria. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Reforma Agraria.

• Quedaron de primera lectura los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

• Gobernación, por el que se declara al doce de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”.

• Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

• Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma los artículos noventa y nueve, ciento uno, ciento uno Bis, ciento dos y ciento tres de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma la fracción vigésima octava del artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Comunicaciones, que adiciona el Capítulo vigésimo cuarto “De las Franquicias Postales”, con los artículos sesenta y nueve, setenta, setenta y uno y setenta y dos a la Ley del Servicio Postal Mexicano.

• Asuntos Indígenas, que adiciona una fracción decima quinta al artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

• Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el artículo noveno de la Ley General de Educación.

Se da cuenta de los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de:

• Comunicaciones, por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a hacer cumplir la implementación de las áreas de servicio local (ASL) consolidadas en las diversas resoluciones y a emitir las medidas sancionadoras correspondientes ante el incumplimiento de las mismas o, si caso, revocar los títulos de concesión a las empresas telefónicas.

• Comunicaciones, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice un estudio integral para que sea proporcionado el servicio de telefonía en diversos municipios del Estado de Guanajuato.

• Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública a extender la vigencia del acuerdo 358 y del programa especial 2005–2009 para la acreditación de la Educación Preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de Educación Preescolar en el Distrito Federal.

• Economía, por los que se exhorta a la Secretaría de Economía a NORMEX, S.C. y al Comité Técnico de normalización nacional para bebidas alcohólicas NBAL-02, a que se siga permitiendo y no se impida el uso de la palabra o término “agave” en los destilados, licores y elíxires provenientes de este cultivo, y se emita una norma mexicana que determine las especificaciones físico-químicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse estos productos, para asegurar su naturaleza y calidad.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se da cuenta con los siguientes dictámenes en sentido negativo, con puntos de acuerdo por los que desechan:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• De la Comisión de Comunicaciones, que reforma el párrafo quinto del artículo diez de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

• De la Comisión de Comunicaciones, que reforma la fracción cuarta del artículo dieciséis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

• De la Comisión de Comunicaciones, que reforma el segundo párrafo del artículo sesenta y tres de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

• De la Comisión de Comunicaciones, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

• De la Comisión de Comunicaciones, que adiciona los artículos once A, doce A, treinta A, treinta B, treinta C y reforma el artículo doce de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

• De la Comisión de Comunicaciones, que reforma el artículo veintinueve de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que adiciona un párrafo al artículo treinta y tres de la Ley General de Educación en materia de regulación de los alimentos que se comercializan en las escuelas.

b) Minutas con proyecto de decreto:

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que adiciona un segundo párrafo al artículo ochenta y cinco de la Ley General de Vida Silvestre.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforman los artículos cuarenta y cinco y cincuenta y uno de la Ley Federal de Sanidad Animal.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se reciben proposiciones, de los diputados:

• Oscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, estudie la pertinencia de descentralizar los programas federales dirigidos al desarrollo social y al campo, con la finalidad de fomentar el desarrollo regional, aumentar su productividad e incrementar la igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida de los mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social.

• Laura Elena Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al proyecto eólico “Energía Sierra Juárez”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud destine recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, y a la COFEPRIS para que modifique la NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Se turna a la Comisión de Salud.

• Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, con el objeto de agilizar y facilitar los trámites de estudio y manifestación del impacto ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que se revisen los contenidos curriculares del Sistema de Educación Básica y Bachillerato, a fin de promover la educación ambiental. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Héctor Hernández Silva, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, acuerde lo necesario para que las curules en el Pleno de Sesiones, cuenten con computadora integrada para el mejor desempeño de las funciones legislativas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta Soberanía se pronuncia a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retorna durante el fin y principio de año, y de los extranjeros que se internan en nuestro país y se exhorta a los diferentes niveles de gobierno para se mantengan vigilantes de lo anterior. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Soberanía, conjuntamente con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, realicen un foro de consulta en materia de ingeniería genética de organismos genéticamente modificables, con los grupos interesados sobre el tema, especialistas e investigadores públicos y privados. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Desarrollo Social, para que atiendan el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social

• Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Turismo, coordinen acciones para promover, difundir y comercializar las artesanías mexicanas, en los corredores turísticos, exposiciones y ferias comerciales en el extranjero. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Turismo

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se instruye a la Auditoria Superior de la Federación, investigue sobre la situación excepcional establecida en los artículos treinta y siete y treinta y ocho de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que consiste en la comisión de posibles irregularidades en la administración del total de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal destinados al municipio de Guadalajara, en el ejercicio fiscal dos mil nueve. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, por el que se solicita Ejecutivo Federal, exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, realice lo conducente a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán, detenidos en el caso del operativo realizado en el dicha entidad, sean trasladados al Centro de Readaptación Social ¨Lic. David Franco Rodríguez¨ de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

• David Ricardo Sánchez Guevara, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad posible se cumpla con la obligación de expedir el Reglamento de Mensajería y Paquetería previsto en los artículos ocho, nueve, cincuenta y ocho y Quinto Transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para lo cual se sugiere se analicen y, en su caso, atiendan, las recomendaciones formuladas por las Comisiones de Competencia Económica y Federal de Mejora Regulatoria, respectivamente. Se turna a la Comisión de Transportes.

• José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de, defina una Política de Estado en materia de desarrollo social.  Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

• Manuel Cadena Morales, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al Acuerdo Nacional para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social como medida necesaria impulsar el desarrollo de México y de sus habitantes. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se tomen las medidas necesarias para que el censo de población y vivienda dos mil diez se lleve a cabo, al menos, en los mismos términos que el pasado censo de dos mil. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República retire definitivamente todos los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñhañhu, presas injustamente en el Centro de Rehabilitación Social femenil de San José del Alto, estado de Querétaro, y hacer extensivo este alegato social, al Gobernador de dicha entidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Gustavo Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, promulgue el “Decreto por el que se crea el área natural protegida con la categoría de área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel, localizada al norte del territorio insular del municipio de Cozumel, estado de Quintana Roo” y el programa y planes de manejo del área. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• José Guadalupe Vera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país. Se turna a la Comisión de Transportes.

• Enrique Torres Delgado, a nombre propio y de diputados del Partido Acción Nacional, por el que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de Secretaría de Energía, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideren el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica del municipio de Cananea, en el estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Economía.

• José Erandi Bermúdez Méndez, a nombre propio y de diputados del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a que transparenten y publiquen los beneficios otorgados y los resultados del Programa de Apoyos a la Agricultura. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, así como de las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, para que ante el riesgo recurrente de inundación de la Delegación de “El Pitillal”, otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la población que habita la localidad y preserven el estero el Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos “El Contentillo y “la Virgen”. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en la elección de las propuestas técnicas y financieras que se presenten en el proceso de adquisición de los trenes que correrán en la Línea doce del Metro, cumplan cabalmente con los requerimientos de fabricación y funcionalidad que permitan cubrir el nivel de servicio que se ha establecido en todos los procesos de adquisición del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

• Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la COFEPRIS, a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes, de medicamentos ototóxicos, así como a informar a la ciudadanía y a la comunidad científica sobre los resultados de su uso y las acciones de prevención adoptadas. Se turna a la Comisión de Salud.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federa, emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, y en su caso, revisen las disposiciones jurídicas locales que regulan a este tipo de instituciones que se acogen a la figura de asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local, a instrumentar acciones y mecanismos necesarios a efecto de prevenir y evitar la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de cuarenta años. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Campeche, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Colima, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que exhorta al Gobierno del Estado de Durango, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nayarit, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• De diputados Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Querétaro, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• De diputados Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• De diputados Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Sinaloa, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Sonora, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Tabasco, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Congresos Locales de Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, aprueben las leyes y en su caso, las reformas correspondientes para dar cumplimiento a la Reforma Constitucional publicada el siete de mayo de dos mil ocho en materia de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur, establezca medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, así como para que mejore sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Manuel Hinojosa Pérez, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo Federal con miras a que se declare Área Natural Protegida a la zona geográfica de la Isla de Petatán, ubicada en el Municipio de Cojumatlán de Regules, en el Estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Norma Leticia Salazar Vázquez,  del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno Municipal de Matamoros, lleve a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura  y contaminación al medio ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• María Dolores del Río Sánchez, José de Jesús Zambrano Grijalva y Carlos Samuel Moreno Terán, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática u del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, para que encuentren una solución conjunta, técnica y financieramente viable, para el abastecimiento de agua potable en Hermosillo. Se turna a la Comisión de Recursos Hidraúlicos.

• Banrural Gumercindo Castellanos Flores, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, evalúe la posibilidad de implementar programas para apoyar la condonación de créditos vencidos de cuantías mínimas a los clientes de las liquidadas sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 Entidades Federativas y del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del D.F., a proponer y aprobar normas y medidas que prevean la erradicación del cobro del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, o al menos se reduzca de manera paulatina hasta su total eliminación a partir de enero del dos mil diez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• José Manuel Marroquín Toledo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, instaure la Comisión Especial de Cuencas Hidrológicas de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Francisco Vega de la Madrid, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, diseñen e implementen una Reforma Hacendaria Integral, que integre el Pacto Federal, en beneficio de los ciudadanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, incluya dentro del esquema nacional de vacunación, la aplicación de la inocula contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), y sea suministrada paralelamente a las mujeres mexicanas que se encuentran en un rango de entre los nueve y los cincuenta y cinco años de edad. Se turna a la Comisión de Salud.

• María de la Paz Quiñones Cornejo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal soliciten al Instituto Electoral del Distrito Federal someta a plebiscito la aprobación de la reforma al Código Civil del Distrito Federal, relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde su curul la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia que también se turne a la Comisión de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, al Jefe Delegacional en Magdalena Contreras y a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se respete el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, se lleven a cabo las visitas de verificación administrativa y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan por violaciones a los usos de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones y funcionamiento de establecimientos mercantiles, en esa demarcación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

• Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a las vacunas contra la influenza A (H1N1), en el estado de Colima. Se turna a la Comisión de Salud.

• De diputados de la Comisión del Distrito Federal, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Jefe Delegacional en Iztapalapa, y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, para que acudan ante la Comisión del Distrito Federal de esta Soberanía, para exponer sus consideraciones en relación con la situación en la Delegación Iztapalapa. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

• Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar un informe del resultado general del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al jefe delegacional de Xochimilco, Distrito Federal, a efecto de crear o instituir tres nuevas coordinaciones territoriales que se sumen a las dieciséis ya existentes. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

• Óscar Aguilar González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras a que sancionen en lo conducente a las sociedades Coofía, Grupo Sitma e Invergroup, así como agilizar los trámites ante el Fipago para resarcir a los ahorradores defraudados por las mencionadas sociedades de inversión. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se concede el uso de la Tribuna para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

• Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, a nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente las medidas pertinentes que permitan salvaguardar la producción porcícola nacional, evitando las políticas de dumping que han incrementado la importación de productos derivados del cerdo. Se turna a la Comisión de Economía.

• Miguel Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta la Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, así como a fortalecer los programas de salud para emigrantes. Se turna a la Comisión de Salud.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, con relación al incumplimiento de la recomendación setenta y dos / dos mil nueve, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

• Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Gobernación, suspenda provisionalmente cualquier trámite administrativo o de destino de recursos relacionados con la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población. En votación económica se considera de urgente resolución y de la misma forma se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y se aprueba. Comuníquese.

• Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, ordene a la Secretaría de Gobernación, para que con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se pague la cantidad de cuatro mil pesos a cada beneficiario. En votación económica se considera de urgente resolución. Realizan cometario en pro y en contra respectivamente a los diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional y Emilio Serrano Jiménez y Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática; José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutida la proposición y de la misma forma se aprueba. Comuníquese.

• Reyes Tamez Guerra, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, emita una convocatoria para homenajear en vida a las mexicanas y mexicanos nacidos en mil novecientos diez y anteriores, reconociéndoles como “La Generación Centenaria”. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Laura Arizmendi Campos, de Convergencia, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal implemente acciones para salvaguardar la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el estado de Guerrero, respecto a los riesgos de trabajo en campos agrícolas. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Carlos Manuel Joaquín González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda un informe sobre el estado que guarda el proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, en el Estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité de Competitividad y Mejora Regulatoria. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Roberto Borge Angulo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del dos mil diez traslade a los Municipios Turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulúm del Estado de Quintana Roo del Área Geográfica “C” al Área Geográfica “A” en materia de salarios mínimos, a favor de los trabajadores y familias quintanarroenses. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se recibe de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, a revisar el Proyecto de Viaducto Elevado “Bicentenario” con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Continúan la intervención para presentar proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, información respecto a los pacientes con autismo, y que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social expida programas que tengan como fin la ayuda a estos pacientes. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Desarrollo Social.

• Óscar Aguilar González, del Partido Revolucionario Institucional, relativa a la creación de la Comisión especial sobre recursos excedentes del petróleo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, en las principales redes sociales de internet en México con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomadas por el Pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se invita a una delegación plural de líderes migrantes a asistir al Palacio Legislativo para conmemorar el Día Internacional del Migrante. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibe del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que esclarezcan los casos de atentados y homicidios cometidos en contra de líderes campesinos y luchadores sociales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

De conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política propone a los siguientes diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.

a) Del Partido Revolucionario Institucional:

• Titulares: Jorge Carlos Ramírez Marín; César Augusto Santiago Ramírez; Cruz López Aguilar; Héctor Guevara Ramírez; Juan Nicolás Callejas Arroyo; David Hernández Pérez; Arturo Zamora Jiménez y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.

• Sustitutos: Rogelio Cerda Pérez; David Penchyna Grub; Silvio Lagos Galindo; Alberto Jiménez Merino; Marcela Guerra Castillo; Hilaria Domínguez Arvizu; Miguel Ángel García Granados y Ricardo Armando Rebollo Mendoza.

b) Del Partido Acción Nacional:

• Titulares: Francisco Javier Ramírez Acuña; Roberto Gil Zuarth; Óscar Martín Arce Paniagua; Mario Alberto Becerra Pocoroba y Javier Corral Jurado.

• Sustitutos Francisco Javier Salazar Sáenz; Josefina Vázquez Mota; Adriana Fuentes Cortés; Sixto Alfonso Zetina Soto y Carlos Alberto Pérez Cuevas.

c) Del Partido de la Revolución Democrática:

• Titulares: Uriel López Paredes; Adán Augusto López Hernández y Enoé Margarita Uranga Muñoz.

• Sustitutos: Guadalupe Acosta Naranjo; Víctor Manuel Castro Cosío y Teresa del Carmen Incháustegui Romero.

d) Del Partido Verde Ecologista de México.

• Titular: Juan José Guerra Abud.

• Sustituto: Pablo Escudero Morales.

e) Del Partido del Trabajo.

• Titular: Pedro Vázquez González.

• Sustituto: Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Se aprueba la cedula respectiva por cuatrocientos veintitrés votos en pro y nueve en contra. El Presidente Formula la declaratoria correspondiente. Comuníquese.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política, aprobada en votación económica, se incorpore en el orden del día como de primera lectura con dispensa de segunda dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y modifica el artículo treinta y seis Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En votación económica se considera suficientemente discutido y se aprueba en lo general y en lo particular por doscientos sesenta y cinco votos en pro y siete en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal la liberación del pago a los productores beneficiarios de los recursos radicados en los fideicomisos estatales de fomento agropecuario. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con relación con la integración del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que las proposiciones con puntos de acuerdo no abordadas en esta sesión se insertarán en el Diario de los Debates, se turnarán a las comisiones correspondientes y se publicará el turno en la Gaceta Parlamentaria, y acto seguido dirige un mensaje a la Asamblea.

Puestos todos de pie el Presidente declara:

“Hoy, quince de diciembre de dos mil nueve, la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio”.

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

La Presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.

En votación económica se aprueba que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El Presidente levanta la sesión diecisiete horas con cincuenta minutos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 17:50 horas): Se levanta la sesión  y se cita a los diputados integrantes de la Comisión Permanente para mañana, miércoles 16 de diciembre, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo la instalación de la Comisión Permanente.

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