SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 279 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 12:04 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame secretaria, por favor. Sí, el diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde curul): Presidente, para preguntarle, en el reloj parlamentario, ¿qué día es?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe la secretaría.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa de lectura al orden del día.

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de noviembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón.

Oficio de la Procuraduría General de la República

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficio del Congreso del estado de Nuevo León

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficio de la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de octubre de 2009, desagregada por tipo de fondo.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Armando Antonio Aguilar Ruibal pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con Circunscripción Consular en toda la República Mexicana. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Edgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Palozzi Moras puedan prestar sus servicios a los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, presentada por los senadores Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que adiciona los artículos tercero y cuarto transitorios al decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero de 2006, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con el que comunica que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda desecharon la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se otorguen recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el estado de México, presentado por la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se evite la reducción del recurso asignado a la Universidad Autónoma de México, presentado por los senadores Alfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, José Luis García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideren los recursos suficientes para la Universidad Autónoma Metropolitana, presentado por los senadores Javier Castellón Fonseca, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se destine una partida especial de recursos para apoyar los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos, presentado por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideren recursos para dar continuidad a los proyectos de infraestructura carretera en el estado de Tabasco, presentado por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideren recursos para el secretario técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, presentada por los senadores Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Alfredo Rodríguez Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideren mayores recursos para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, presentada por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Minutas

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que adiciona la fracción IV del artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, y adiciona un artículo noveno y un décimo transitorios, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Everardo Villareal Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Eviel Pérez Magaña y Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Rosalina Mazarí Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto por el que se determina no proceder a nombrar nuevamente para un segundo periodo al titular de la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al titular de la Sagarpa considerar en el diseño del Procampo estrategias que permitan otorgar una mejor asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de dicho programa, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Sener y de la Semarnat a diseñar e implementar un Programa Nacional de Biocombustibles, para fomentar el desarrollo económico regional, reducir los efectos del calentamiento global y apoyar el desarrollo de las cadenas productivas, a fin de revertir el deterioro de los ecosistemas en el país, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Sedesol, del DIF y del IMSS, para que haya una coordinación interinstitucional que implemente un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, en el que participen de manera activa las familias rurales y urbanas, para que a través de huertos y granjas produzcan al menos una parte de los alimentos que necesitan e inicien un proceso de desarrollo duradero, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010 respecto de la emisión conmemorativa de los billetes de cien pesos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco que asigne el envío periódico o permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país, la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guardería para los hijos de las estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar la deserción y brindarles apoyo en el desarrollo educativo, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a informar a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación en el país; y a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumpla lo establecido en los reglamentos de circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un incremento salarial para el año 2010 de al menos 6.5%; y a esta soberanía, a constituir un grupo de trabajo encargado de elaborar las reformas necesarias para que la Cámara de Diputados sea la que fije los aumentos de los salarios mínimos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda un informe detallado, en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad, que contenga los permisos autorizados y negados, los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a los mismos, las sanciones que ha aplicado incluyendo a los sujetos sancionados, y las multas que efectivamente se han cobrado, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía a resolver el problema de los productores de leche, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a rendir un informe detallado del programa de creación de empleos en zonas de marginación, sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante dicho programa se incentiva el empleo en dichas áreas, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de Protección Civil del Gobierno Federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la zona binacional metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para incluirla en los beneficios del Fondo Metropolitano, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a hacer efectiva con la mayor brevedad la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a elaborar los suficientes programas de otorgamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado de la publicación de sus perfiles de referencia, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro de Arteaga a cumplir el convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica, celebrado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes, a cargo del diputado Balfre Vargas Cortez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de esta soberanía a destinar el 10% de su dieta bruta a un fideicomiso para acciones socialmente concretas de corto alcance, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero y al Congreso local a realizar el análisis y estudio correspondiente para evaluar la creación de la octava región del estado de Guerrero, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Colima a informar a esta soberanía, a través del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental de dicha entidad, sobre la operación de compra-venta del terreno localizado La Boquita realizada por el gobierno del estado y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, a cargo del diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la preservación ecológica de Mazapil, estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales con el objetivo de atender la emergencia en diversos municipios del estado de Tabasco por las lluvias torrenciales, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al retiro inmediato de los mensajes de la LXI Legislatura en los que se omite la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales con el objetivo de atender la emergencia que se presenta en el Estado de Veracruz por las lluvias torrenciales, que han afectado a comunidades de dicho estado, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a fin de que para el año 2010 haya un incremento sustancial en los ingresos de los trabajadores y cubra efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural y permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la SEP a resolver con la mayor brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de investigación sobre violaciones de garantías individuales por la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Michoacán a cumplir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para la implementación de programas de desarrollo social, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a aplicar las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad, en particular de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a eximir de la cuota de recuperación la consulta externa en los servicios de salud mental, a cargo de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a instruya al titular de Pemex Refinación para que revise los Contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, a fin de hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a emitir la normatividad correspondiente de manera integral, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas; al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública federal, al subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social nacional a impulsar mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen con sus madres en los centros de reclusión del país, a cargo del diputado Carlos Bello Otero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a extender un reconocimiento a los mexicanos ganadores al Premio Goldman al medio ambiente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Partidos Políticos a disminuir voluntariamente el financiamiento público y que asuman el compromiso de reformar la Constitución con la finalidad de modificar el criterio para calcular los recursos que reciben, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que realice obras de entubamiento del río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, y las necesarias para el tratamiento de las aguas residuales, suscrito por los diputados Clara Gómez Caro , Arturo Zamora Jiménez y José Trinidad Padilla López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y locales a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos de prevención, control y supervisión en hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a sus padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes, a cargo del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y la Sedesol a crear un fondo regional especial para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de Tlapa de Comonfort, de la región de la Montaña de dicha entidad, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes para que diseñen programas complementarios a fin de mejorar la precaria situación de las mujeres en el sector rural, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco a asignar, en acato a los decretos federales de 1995 y de 1997, así como de acuerdos derivados, un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica d dotación de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF a practicar, en forma urgente, la auditoría de obra pública que actualmente se lleva a cabo en el hospital general de Zapopan (Hospitalito), a cargo de la diputada Clara Gómez Caro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Agenda política

Comentarios relativos a la privatización de la energía eléctrica en México, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Efeméride

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes trece de noviembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 315 diputadas y diputados, a las 12 horas con 4 minutos del viernes 13 de noviembre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 185 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal. Se designa comisión de representación.

La Junta de Coordinación Política, pone a consideración de la asamblea los siguientes cambios de los diputados:

a) Del Partido de la Revolución Democrática:

b) De Nueva Alianza

c) Del Partido Verde Ecologista de México

En votación económica se aprueban los cambios.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la delegación que participará en la IV Reunión Interparlamentaria México-Guatemala a celebrarse en Antigua, Guatemala, del 18 al 20 de noviembre de 2009. En votación económica se aprueba.

La Cámara de Senadores remite proposiciones con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se reciben de diputados proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para:

Sofía Castro Ríos , del Partido Revolucionario Institucional, la instalación de un parque eólico en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Humberto Lepe Lepe , del Partido Revolucionario Institucional:

Ignacio Pichardo Lechuga, del Partido Revolucionario Institucional, para el colector de aguas residuales del río Almoloya, estado de México.

David Ricardo Sánchez Guevara , del Partido Revolucionario Institucional, para la remodelación del lienzo charro municipal, Manuel Ávila Camacho, situado en Naucalpan de Juárez, México.

Hilda Esthela Flores Escalera , del Partido Revolucionario Institucional, se le destinen recursos a Coahuila para la prevención y atención del cáncer de mama y cérvicouterino.

Alberto Jiménez Merino , del Partido Revolucionario Institucional:

Rubén Ignacio Moreira Valdez , Héctor Franco López , Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, garantice la construcción de los hospitales generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado en Saltillo, Coahuila, asignados en los Programas y Proyectos de Infraestructura del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el ramo de Salud.

Sofía Castro Ríos , del Partido Revolucionario Institucional, para la construcción del Sistema de Drenaje y Alcantarillado, y una planta tratadora de aguas negras en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Sergio Lorenzo Quiroz Cruz , del Partido Revolucionario Institucional:

Del Partido Revolucionario Institucional, para el Fondo de Resarcimiento de Recursos Federales para continuar el proceso de equiparación.

Óscar Román Rosas González , del Partido Revolucionario Institucional, para proyectos de inversión en desarrollo científico y tecnológico en las Universidades Autónomas del Carmen y de Campeche.

Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Partido Revolucionario Institucional, para el programa de escuelas primarias de tiempo completo y se pueda dar apertura a otras entidades que tengan un alto índice de marginación urbana, suburbana y rural.

Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar a la mujer, mediante créditos directos que les permita iniciar, ampliar y mejorar una actividad económica y productiva, en Acapulco, Guerrero y en todo el país.

Amador Monroy Estrada , del Partido Revolucionario Institucional, para la pinta de edificios y reparación de todas las unidades habitacionales situadas en Tlalnepantla, México.

Humberto Lepe Lepe , del Partido Revolucionario Institucional:

Isabel Merlo Talavera y Julieta Marín Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para la construcción de la carretera Intermixteca Epatlan--Zacapala, Puebla.

José Ricardo López Pescador , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita restablecer la regularidad constitucional en la emisión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ajustando el contenido de ese instrumento a las disposiciones constitucionales que rigen la distribución de competencias entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.

Alberto Jiménez Merino , del Partido Revolucionario Institucional, para la educación superior y agropecuaria, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Universidad Autónoma Chapingo, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y al Colegio de Posgraduados.

Óscar Aguilar González y Julieta Octavia Marín Torres , del Partido Revolucionario Institucional, para Puebla, del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

José Alberto González Morales , del Partido Revolucionario Institucional, para atender las necesidades y lograr la cobertura en la prestación de los servicios de educación preescolar en los plazos establecidos en la legislación vigente.

César Augusto Santiago Ramírez y Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional, relativo a los conceptos de disponibilidad y devengación comprometidos y no ejercidos relativos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

Salvador Caro Cabrera y Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Partido Revolucionario Institucional, se considere la aprobación del proyecto de inversión registrado para Guadalajara, Jalisco.

Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Partido Revolucionario Institucional, se considere la aprobación de los proyectos de inversión registrados para Zapopan, Jalisco.

Roberto Rebollo Vivero , del Partido Revolucionario Institucional, no se disminuyan los recursos presupuestales asignados en 2009 para los programas prioritarios de la delegación Gustavo A. Madero, y se le considere en las reasignaciones de los subejercicios que resulten en 2010.

María de la Paz Quiñones Cornejo , del Partido Acción Nacional, se asignen recursos para el Programa Integral de Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sur poniente del Distrito Federal.

Sergio Octavio Germán Olivares y Carlos Bello Otero , del Partido Acción Nacional, para diversas obras públicas en Almoloya de Alquisiras, Axapusco, Nopaltepec y Tonatico, México.

Sergio Octavio Germán Olivares , del Partido Acción Nacional, se considere la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que entregue a los municipios correspondientes a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ramo 33.

José Antonio Arámbula López y de diputados del Partido Acción Nacional, para la construcción del hospital de especialidades Miguel Hidalgo.

Silvia Esther Pérez Ceballos , del Partido Acción Nacional, a fin de considerar mayores recursos en el concepto de prevención y atención del virus de inmunodeficiencia humana, con clave de programa presupuestal P016.

Óscar Martín Arce Paniagua , del Partido Acción Nacional, para que se consideren mayores recursos para la implantación de la reforma del sistema de justicia penal.

Bernardo Margarito Téllez Juárez , del Partido Acción Nacional, a efecto de que se estipule un artículo que disponga que el cincuenta por ciento de los ahorros que se logren en el ejercicio fiscal 2010 sean destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bernardo Margarito Téllez Juárez , del Partido Acción Nacional, para que se asignen recursos necesarios para el desempeño de las funciones del Ejército Mexicano.

José Antonio Arámbula López , del Partido Acción Nacional, a fin de que se consideren recursos para la conclusión del proyecto de tecnificación del distrito de riego 001.

Silvia Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, para considerar mayores recursos para el sector Salud, particularmente en el rubro de prevención temprana y tratamiento de la demencia senil.

Silvia Esther Pérez Ceballos , del Partido Acción Nacional, con el objetivo de que se consideren recursos para la conservación, mantenimiento recate de diversos espacios públicos, situados en la delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal.

Gabriela Cuevas Barrón , del Partido Acción Nacional, a fin de considerar recursos para que la delegación Miguel Hidalgo realice diversas obras en las colonias de su demarcación.

Ovidio Cortazar Ramos , del Partido Acción Nacional, para las siguientes obras:

• Continuar la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, en Chiapas.

Guillermo Cueva Sada , del Partido Verde Ecologista de México, para el Fondo Metropolitano para la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Jaime Arturo Vázquez Aguilar , de Nueva Alianza, para el rubro de educación superior pública.

Ovidio Cortazar Ramos , del Partido Acción Nacional, mayores recursos para la Universidad del Instituto de Ciencias y Artes de la Universidad Autónoma de Chiapas y para la creación de la unidad regional universitaria sureste de la Universidad Autónoma de Chapingo, Chiapas.

María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , de Convergencia, a fin de que se etiqueten los recursos que se le destinan a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a ésta para que haga entrega mensual del reconocimiento económico vitalicio a los medallistas olímpicos y paralímpicos.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Humberto Lepe Lepe , del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la creación de un fondo compensatorio que mitigue el desequilibrio en el financiamiento del gasto estatal en educación básica que realizan las entidades federativas con alta matrícula educativa, mientras se corrige la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, estableciendo una equidad distributiva.

Se turnaron a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se dio cuenta con acuerdo del Congreso del estado de México por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen recursos a la educación pública y servicios educativos, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las 12:19 horas el presidente declaró un receso.

Receso

A las 23:30 horas del domingo 15 de noviembre se reanudó la sesión. Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que se solicita la inclusión en el orden del día de los siguientes asuntos:

Intervino en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Se aprobó en votación económica la inclusión.

A las 23:38 horas el presidente declaró un receso.

Receso

A las 22:08 horas del lunes 16 de noviembre se reanudó la sesión.

Se dio lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Se concedió el uso de la palabra en contra a los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo. En votación económica, se aprobó.

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Fue de primera lectura. En votación económica se dispensó la segunda lectura. Fundamentó el dictamen el diputado Luís Videgaray Caso, del Partido Revolucionario Institucional. Fijaron posición los diputados Pedro Jiménez León , de Convergencia; Pedro Vázquez González , del Partido del Trabajo; María del Rosario Brindis Álvarez , del Partido Verde Ecologista de México; Armando Ríos Píter , del Partido de la Revolución Democrática; Felipe de Jesús Rangel Vargas , del Partido Acción Nacional; y Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional.

Se dio cuenta con fe de erratas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se integró al dictamen.

A discusión en lo general, se concedió el uso de la tribuna a los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta , del Partido del Trabajo; y Ramón Jiménez López , del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Vidal Llerenas Morales , del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo, en contra; y Felipe Enríquez Hernández , del Partido Revolucionario Institucional, en pro. En votación económica, se consideró suficientemente discutido en lo general.

A las 0:06 horas del martes 17 de noviembre, el presidente declaró un receso.

Receso

A la 01:33 horas se reanudó la sesión. El presidente informó acerca de los artículos y anexos reservados.

Se aprobó el proyecto de decreto en lo general y, en lo particular, los artículos y anexos no impugnados, por 437 votos en pro, 25 en contra y 4 abstenciones.

Refirieron a los artículos reservados y propusieron modificaciones o adiciones los diputados del Partido de la Revolución Democrática:

Nazario Norberto Sánchez , al artículo sexto reservado en relación con el Anexo 1-C, ramos 19 y 23, y Anexo 1-D, que se desechan en votación económica; Héctor Hernández Rodríguez, al artículo 29 reservado, que se desechan en votación económica; y José Narro Céspedes , en dos ocasiones, al artículo 36 reservado, fracción V, en relación con el ramo 8 del Anexo 8, que se desechan en votación económica.

Continuaron refiriéndose a los artículos y anexos reservados, proponiendo modificaciones los diputados Alba Leonila Méndez Herrera , del Partido Acción Nacional, al artículo 36 reservado, fracción XII y XIII, que se admiten y aceptan en votación económica; Mary Telma Guajardo Villarreal , del Partido de la Revolución Democrática, al artículo 39, fracción III, párrafo tercero, que se admiten y aceptan en votación económica; Héctor Hernández Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, y propuso la adición de un artículo 55 al proyecto de decreto, en relación con el Anexo 1, que se desechó en votación económica; Pablo Escudero Morales , del Partido Verde Ecologista de México, al artículo 23 transitorio reservado, que se desechó en votación económica.

Propusieron la adición de artículos transitorios los diputados Alma Carolina Viggiano Austria , del Partido Revolucionario Institucional, que se admitió y se aceptó en votación económica; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario Alberto di Costanzo Armenta y Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo, los tres en dos ocasiones, que se desecharon en votación económica; e Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, que se desechó en votación económica.

La diputada Indira Vizcaíno Silva , del Partido de la Revolución Democrática, retiró sus reservas respecto del Anexo 1-B, ramos 8 y 10, en relación con el anexo 1-B, ramo 6.

Se refirieron a los anexos reservados y propusieron modificaciones los diputados Javier Duarte de Ochoa , del Partido Revolucionario Institucional, al Anexo 1 reservado, que se admitió y aceptó en votación económica.

Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Partido del Trabajo, a los Anexos 1 y 8 reservados, que se desecharon en votación económica.

Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo, a los Anexos 1, 24 y 29, que se desecharon en votación económica.

El diputado Mario Alberto di Costanzo, del Partido del Trabajo, retiró sus reservas de los Anexos 1, 24 y 29.

Samuel Herrera Chávez , del Partido de la Revolución Democrática, a los Anexos 1, 7, ramo 20, y 12, ramo 23, que se desechan en votación económica, y propuso fe de erratas al Anexo 26 que se turnara a la comisión dictaminadora para que procediera según lo conducente.

Cruz López Aguilar , del Partido Revolucionario Institucional, al Anexo 8. Desde sus respectivas curules, intervinieron los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar un receso, y Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, para realizar comentarios.

A las 4:16 horas se declaró un receso.

Receso

A las 4:31 horas se reanudó la sesión.

El diputado Ramírez Marín solicitó posponer el desahogo de la propuesta del diputado López Aguilar y el presidente atendió lo solicitado.

Las diputadas Teresa Incháustegui Romero y Martha Elena García Gómez , del Partido de la Revolución Democrática, retiraron sus reservas respecto del Anexo 10, y el diputado José Narro Céspedes , del mismo partido, retiró sus reservas del Anexo 12.

Continuaron refiriéndose a los anexos reservados y proponiendo modificaciones los diputados Avelino Méndez Rangel , del Partido de la Revolución Democrática, al Anexo 12 reservado, ramo 23, que se desecharon en votación económica.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez , del Partido Revolucionario Institucional, retiró sus reservas de lo Anexos 12 y 28.

Los diputados José Ignacio Adán Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, y Kenia López Rabadán , del Partido Acción Nacional, remitieron fe de erratas al Anexo 16.3.1. reservado y a los Anexos 26 y 26 E reservados, respectivamente, que se turnaron a la comisión dictaminadora para formular, en su caso, las correcciones respectivas.

El diputado Armando Ríos Píter , del Partido de la Revolución Democrática, presentó fe de erratas en relación con el Anexo 26-G reservado, que se turnó a la comisión dictaminadora para que procediera según lo conducente.

Los diputados María Araceli Vázquez Camacho , del Partido de la Revolución democrática, Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, David Hernández Vallín , del Partido Revolucionario Institucional, y Alba Leonila Méndez Herrera , del Partido Acción Nacional, retiraron sus reservas en relación con los Anexos 26, 29, 30, A y B, y 30, respectivamente.

Se reanudó el desahogo del Anexo 8 reservado y el diputado Cruz López Aguilar , del Partido Revolucionario Institucional, retiró su propuesta de modificaciones a dicho anexo y propuso la adición de un artículo transitorio. Desde su curul, el diputado Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, sugirió un cambio en la redacción que el proponente no admitió. Desde sus curules, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional, y Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Partido Acción Nacional, solicitaron un receso, y el presidente, a las 5:26 horas, lo declaró. A las 5:45 horas se reanudó la sesión. El diputado Ramírez Marín dio lectura al artículo transitorio que se propuso adicionar y, en votación económica, se admitió y aceptó.

Por 367 votos en pro, 54 en contra y 2 abstenciones se aprobaron los artículos 6, 29 y 23 transitorio, así como los Anexos 1-B, 1-C, 1-D, 7, 8, 10, 16.2.3., 16.3.1., 24, 25, 26, 26-E, 26-G, 29, 30 y 36, en los términos del dictamen.

Por 401 votos en pro, 6 en contra y 8 abstenciones se aprobaron los artículos 36 y 39 y los Anexos 1, 12, 19, 22 y 28, con las modificaciones aceptadas, así como la adición de dos artículos transitorios.

Aprobado en lo general y en lo particular, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El presidente formuló la declaratoria de las zonas de atención prioritarias para 2010 e instruyó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

El presidente dirigió un mensaje a la asamblea. La secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión. El presidente clausuró la sesión a las 6:12 horas del martes 17 de noviembre de 2009 y citó para la que tendría lugar el miércoles 18 de noviembre de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, el próximo 21 de noviembre a las 10:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, avenida Constituyentes sin número, esquina Panteón Civil, colonia América, delegación Miguel Hidalgo.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los señores diputados Roberto Rebollo Viveroy Avelino Méndez Rangelpara que cumplan su cometido.

Continúe la Secretaría con un oficio de la Procuraduría General de la República.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por medio del presente, y en atención al oficio número D.G.P.L.61-II-9-0276, del 4 de noviembre del año en curso, en el que informa sobre la aprobación del punto único del acuerdo celebrado en esa fecha en la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

Al respecto, me permito informar que esta subprocuraduría ha supervisado la referida denuncia, que se encuentra ratificada por la diputada local del estado de Veracruz, Elvia Ruiz Cesáreo, en términos de los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales; y en la que el agente del Ministerio Público de la Federación se encuentra practicando diligencias tendentes a recabar los medios de prueba que sean necesarios para el efecto de estar en aptitud de resolver lo que conforme a derecho proceda en la averiguación previa PGR/SIEDF/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/113/09.

Por tanto, se estará en coordinación con el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, a fin de atender el asunto que nos ocupa.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXXII Legislatura.--- Secretaría.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en la sesión de hoy fue aprobado el siguiente

Acuerdo

En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

SEQUIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente Mesa Directiva de la LXI Legislatura.--- Presente.

Me refiero a su oficio número DGPL 61-II -2-50, expedientes 20 y 21 LXI, relativos a la aprobación de cuatro puntos de acuerdo, en el segundo de los cuales se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a impulsar un programa especial de emergencia para canalizar apoyos a las zonas afectadas por la sequía atípica, aplicando los recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.

Al respecto, comunico a usted que está dirección local de Aguascalientes participó en la atención del trámite de la solicitud de declaratoria de emergencia, enviando en tiempo, mediante correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2009, del cual se anexa copia, la información climatológica del estado de Aguascalientes, la cual dio soporte al análisis realizado por la Subdirección General Técnica, que culminó con la emisión, por parte del director general de la Conagua, del oficio número BOO.-1439 de fecha 1 de septiembre de 2009, dirigido al ingeniero Federico Salas Díaz, director general de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del estado de Aguascalientes, certificando la ocurrencia del fenómeno de sequía atípica.

Sin otro particular, quedo a sus respetables órdenes.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ingeniero Gerardo Federico Salas Díaz, director general de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del estado de Aguascalientes.--- Presente

Me refiero a su solicitud de diagnóstico climatológico del Sistema de Operación y Gestión Electrónica del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), folio número 300297, de fecha 11 de agosto de 2009, por medio del cual solicita opinión técnica de este órgano desconcentrado sobre la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico denominado ``sequía atípica, impredecible y no recurrente,'' la cual, indica, se presentó durante el mes de julio de 2009 en 11 municipios que conforman el estado de Aguascalientes: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.

Como es de su conocimiento, las Reglas de Operación del PACC publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 31 de diciembre de 2008 señalan en el anexo 59 que las contingencias climatológicas objeto de dicho programa deben tener como características, ser atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles. Asimismo indican en el inciso a) que la sequía atípica e impredecible, es un desbalance temporal de la disponibilidad hídrica producido por la naturaleza, consistiendo en precipitaciones persistentes menores que el promedio, de frecuencia, duración y severidad incierta y de ocurrencia atípica e impredecible.

Para determinar si la sequía es atípica e impredecible se deberá, con la mejor información cuantitativa y cualitativa disponible, calcular las medias históricas del fenómeno en cuestión para la región de que se trate, así como las desviaciones estándar respectivas, determinándose como indicio de imprevisibilidad una diferencia mayor a una desviación estándar de los valores medios observados.

En la tabla adjunta se presenta el análisis de sequía durante el mes de julio de 2009 de los municipios en estudio.

Por lo tanto, de acuerdo a las Reglas de Operación del PACC, en opinión de la Comisión Nacional del Agua, se corrobora la ocurrencia de sequía atípica, impredecible y no recurrente durante el mes de julio de 2009 en 5 municipios: Aguascalientes, Calvillo, Cosío, El Llano y Tepezalá del estado de Aguascalientes como se indica en la tabla.

Reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a octubre de 2009, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a octubre de 2008.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

JUEGOS PANAMERICANOS 2011

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0231, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG103.303/09 suscrito por el licenciado Bernardo de la Garza Herrera, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los Juegos Panamericanos 2011.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su escrito número SEL/300/3288/09, remitido al secretario de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal, mediante el cual amablemente hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el cual se exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Conade, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara, para que tomen las medidas pertinentes a fin de garantizar la correcta realización eje los Juegos Panamericanos 2011.

Al respecto, atentamente, hago de su conocimiento que las instancias involucradas en la organización del evento han colaborado de manera muy estrecha, logrando importantes acuerdos y compromisos tendentes a la óptima realización de los Juego Panamericanos 2011.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

PERMISOS PARA DESEMPEÑAR CARGO DE CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO- 12271, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Armando Antonio Aguilar Ruibal pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada del Reino de España en México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO- 12275, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Óscar Ernesto de la Fuente Groskorth pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Malta en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de domicilio, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Malta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número DEP-1751/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«El que suscribe, Tomás Torres Mercado, senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social con la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que en nuestro país existen más de diez millones de personas con algún tipo de discapacidades. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en México la discapacidad más frecuente es la que limita la movilidad de brazos y piernas; le siguen los problemas severos de visión y ceguera; las que afectan las facultades mentales y las relacionadas con la comunicación auditiva y de lenguaje.

Desafortunadamente, pese a diversos esfuerzos públicos y privados, en nuestro país no existe un entramado institucional que garantice una atención adecuada a las personas con discapacidad, ni una cultura de respeto y convivencia que les permita alcanzar sus aspiraciones y desarrollar sus potencialidades.

Lo cierto es que día con día estas personas se enfrentan a falta de oportunidades, barreras físicas de acceso, discriminación, marginación, despojo y pobreza.

Entre los más afectados por tales fenómenos están los menores que padecen algún tipo de discapacidad, que en México, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones no gubernamentales, son más de 2.7 millones.

La gran mayoría de estos niños y sus familiares enfrentan serias dificultades para encontrar espacios que garanticen una educación y desarrollo adecuados.

El problema se agrava si los padres de los menores no cuentan con recursos suficientes y ambos se ven obligados a trabajar. En este caso, cuando los menores requieren atenciones especiales, es común que alguno de los padres deje su empleo para cuidarlo, lo que merma aún más los ingresos familiares y reduce la capacidad para enfrentar gastos en médicos, hospitales, terapias y medicamentos.

Por otra parte, aquellos padres trabajadores que gozan del seguro de guarderías se enfrentan al problema de la edad. Es importante recordar que el artículo 206 de la Ley del Seguro Social señala que estos servicios se proporcionan a menores de entre cuarenta y tres días y cuatro años de edad. En este contexto, muchos niños discapacitados quedan sin los cuidados necesarios tan sólo por rebasar el límite de edad que fija la ley. Pero es precisamente después de los cuatro años cuando la gran mayoría de los menores que padecen alguna discapacidad requieren de mayores cuidados y atención. También en este caso es común que alguno de los padres se vea obligado a dejar su empleo para cuidar al menor.

Al final de todo, se genera un círculo vicioso que condena a los menores discapacitados y a sus familiares a un futuro incierto: la pobreza profundiza la discapacidad y la discapacidad profundiza la pobreza.

No es casualidad que los niños con discapacidad y sus familias se encuentren entre los más pobres del mundo. Así lo constata el informe mundial Oigan nuestras voces, hecho por diversas organizaciones civiles que promueven los derechos de estas personas.

A través de la presente iniciativa buscamos avanzar en la construcción de un entramado de protección social que garantice la atención adecuada de los menores con discapacidad y rompa la cadena de pobreza y marginación que limita su futuro y el de sus seres queridos.

De forma concreta proponemos reformar el artículo 206 de la Ley del Seguro Social para establecer que en el caso de menores con discapacidad los servicios de guarderías se proporcionarán desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan diez años.

El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá celebrar convenios de subrogación para la prestación de los servicios de guarderías para menores discapacitados con instituciones que dispongan de recursos presupuestales para la atención de este sector de la población.

De forma complementaria proponemos reformar el artículo 211 de dicha ley a fin de señalar que para el financiamiento de los servicios de guarderías a menores con discapacidad desde la edad de cuatro hasta los diez años, el monto de la prima se compondrá de una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización aportada por el gobierno federal, una cuota del cero punto tres por ciento aportada por el trabajador y una cuota del cero punto dos por ciento aportada por el patrón.

Si aspiramos a construir un país más próspero, democrático y justo, debemos atender de manera urgente estos temas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años. En el caso de menores con discapacidad los servicios de guarderías se proporcionarán desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan diez años.

El instituto podrá celebrar convenios de subrogación para la prestación de los servicios de guarderías para menores discapacitados con instituciones que dispongan de recursos presupuestales para la atención de este sector de la población y con instituciones de asistencia privada, pudiendo ampliarse la edad para la protección, conforme a los mecanismos de financiamiento y reglas que dicte el consejo técnico del propio instituto.

Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.

Para el financiamiento de los servicios de guarderías a menores con discapacidad desde la edad de cuatro hasta los diez años, el monto de la prima se compondrá de una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización aportada por el gobierno federal, una cuota del cero punto tres por ciento aportada por el trabajador y una cuota del cero punto dos por ciento aportada por el patrón.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Los suscritos, Antonio Mejía Haro, Rubén Velázquez López y Claudia Corichi García, s enadores de la república de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector agrícola mexicano tiene como desafío adaptarse a las nuevas tendencias de oferta y demanda de productos e insumos agropecuarios para el abasto nacional alimentario. Por lo cual se requiere revisar y adecuar los distintos ordenamientos jurídicos que frenan su desarrollo y el aprovechamiento del potencial productivo de nuestro país.

El desarrollo de la agricultura dentro de la República Mexicana es diverso, ya que se produce tanto en regiones tropicales como en zonas templadas. En 2004, México contaba con una superficie dedicada a la agricultura de 21.8 millones de hectáreas, equivalente a 11.5 por ciento de la superficie total del país.

El sector agropecuario ha mostrado crecimiento, aún con la crisis económica que está viviendo el país. Durante el periodo de 1994 al 2006 el producto interno bruto (PIB) del sector agropecuario registró un incremento promedio anual de 1.4 por ciento. En 2008 el sector agropecuario y pesquero creció a una tasa de 3.2 por ciento comparado con 2007.

Por otra parte, las cifras oficiales señalan que la participación del PIB agropecuario en el nacional se ha reducido de 3.8 por ciento en 2003 a 3.5 por ciento en 2007.

De acuerdo con el servicio de información agroalimentaria y pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los principales cultivos que se producen en nuestro país son maíz, fríjol, trigo, caña de azúcar, alfalfa y tomate rojo. Los dos primeros por tradición son la base de la alimentación nacional; en el caso del trigo y la caña de azúcar son considerados de consumo generalizado, además de generadores de empleo. Por su parte, la alfalfa, por ser un forraje, es fuertemente demandado como alimento para ganado bovino y, finalmente, el tomate rojo es un producto de exportación.

En México 60 por ciento de los cultivos son cíclicos y 40 por ciento perennes. Los cultivos cíclicos son aquellos cuyo período vegetativo es menor a un año; sin embargo, al considerar la totalidad del ciclo de producción desde la siembra hasta que se llevan a cabo las cosechas, los ciclos se traslapan; es decir, todavía no termina un ciclo cuando inicia el otro.

Las siembras y cosechas de los cultivos cíclicos se concentran en dos períodos agrícolas: el primero conocido como otoño-invierno, donde las siembras generalmente inician en el mes de octubre y concluyen en marzo del siguiente año y las cosechas comienzan desde diciembre y finalizan en septiembre; el segundo denominado primavera-verano, en éste las siembras empiezan en el mes de abril y terminan en septiembre del mismo año, mientras que las cosechas inician en junio y concluyen hasta marzo del siguiente año.

Los ciclos se determinan por las condiciones topográficas y climáticas de las diferentes regiones del país. El ciclo primavera-verano es propicio para la mayor parte de los cultivos debido a que el clima es cálido, mientras que en el otoño-invierno son menores los cultivos resistentes a las bajas temperaturas.

Existen regiones en donde el invierno no es tan extremoso y se puede cultivar una gran variedad de productos en el ciclo otoño-invierno, como son las regiones del sureste, centro y centro occidente.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, los ejercicios fiscales coinciden con el año calendario, es decir, comienzan el 1 de enero y culminan el 31 de diciembre de cada año.

Sin embargo, el aplicar el ejercicio fiscal en los mismos términos del año calendario para las actividades agrícolas (sector primario), impacta de manera negativa a los agricultores de importantes regiones productoras de granos y hortalizas.

Lo anterior debido a que los ciclos agrícolas en algunos estados no coinciden con el año calendario fiscal, ya que la inversión productiva (compra de semillas, fertilizantes, instrumentos de trabajo, contratación de personal eventual, siembra, entre otros) se realiza durante los meses de agosto, septiembre y octubre, en tanto que la cosecha y el ingreso proveniente de la misma, sucede en los meses de abril, mayo y junio. Por lo tanto, existe un desfase, ya que el gasto de inversión realizado entre los meses de agosto y octubre, no se puede acreditar como tal al momento de percibir el ingreso del mismo ciclo productivo, habida cuenta que lo primero sucede en el segundo semestre de un año fiscal y lo segundo en el primer semestre del año fiscal siguiente.

Por tanto, el proyecto de decreto que se presenta tiene como objetivo central reducir los efectos negativos de la inversión al sector agrícola de los estados que, por su localización geográfica, se desfasan del año calendario, y tomando en consideración que es el único sector de la economía que presenta crecimiento, se solicita que, para efectos de dicho sector, el ejercicio fiscal inicie el 1 de agosto y culmine el 31 de julio de cada año, en aquellos estados en los que el ciclo agrícola no coincida con el año calendario.

La adición que se propone dará mayores oportunidades a los productores de invertir en la producción y capitalización del sector agropecuario, lo que beneficiará el crecimiento económico en las diversas zonas del país.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación

Artículo Único. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 11 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

En el caso del sector primario, cuando los ciclos agrícolas no coinciden con el año calendario, el ejercicio fiscal iniciará el 1 de agosto y culminará el 31 de julio del siguiente año.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 constitucional, adjunto devuelvo a ustedes el expediente con la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos tercero y cuarto transitorios al decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, desechada por el pleno de la Cámara de Senadores en sesión celebrada en esta fecha.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, originada en la iniciativa del senador Antonio García Torres, presentada el 5 de abril de 2006, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia informa que el viernes 13 de noviembre del año en curso se recibieron del Senado de la Repúblicasiete proposiciones con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010,mismas que se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en virtud de la urgencia para que fueran tomadas en consideración por la comisión.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el estado de México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presente

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el estado de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las obras públicas generan desarrollo y reportan importantes beneficios a la comunidad donde se construyen. Las exigencias ciudadanas nos compelen para que en coordinación con los diversos niveles y esferas de gobierno trabajemos en conjunto en la planeación, programación y eventual ejecución de aquellas obras y proyectos de infraestructura que impliquen un importante impulso al desarrollo integral del Estado.

En el caso del estado de México, obras públicas de trascendental magnitud son indispensables conforme han dejado de manifiesto los más recientes fenómenos meteorológicos, donde en dos ocasiones, un considerable número de familias mexiquenses han perdido su patrimonio por las intensas lluvias e inundaciones.

Nuevos emisores pluviales, que permitan desahogar la considerable cantidad de lluvia con las que arremeten las trombas que han azotado al estado de México, representa una necesidad imperiosa y urgente.

Las recientes catástrofes padecidas por los mexiquenses, hablan de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.

Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de nuevos túneles emisores para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial.

Con ello, además, se salvaguarda la integridad física de los ciudadanos del estado de México y se evita que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.

La construcción y mantenimiento de los túneles emisores poniente y oriente, permitirán que las aguas pluviales que se acumulen en el área metropolitana se les de el debido aprovechamiento a la par de que evitarán futuros desastres.

Por otro lado, la necesidad de contar con servicios públicos de salud, nos lleva inexorablemente a requerir de la edificación de hospitales en el municipio de Chimalhuacán. Ello, a fin de que los mexiquenses que ahí residen cuenten con acceso a la salud pública de calidad.

Asimismo, en virtud de que el transporte público en el estado de México cada vez requiere de más destinos y de mejores unidades donde se puedan transportar a sus lugares de trabajo y hogares miles de mexiquenses cada día, se requieren de mayores recursos para crear nuevas rutas, como en lo que se refiere al tren suburbano.

Para la ruta que 1 atiende a Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, México, y las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, del Distrito Federal y que tiene como tramo actualmente habilitado el que va de Lechería a Buenavista, consideramos de suma importancia que llegue también la línea en cuestión hasta el Huehuetoca.

En este tenor, proponemos que la ruta 2 que actualmente está en construcción y que se espera que esté en funcionamiento para el año 2010, beneficiándose así a los habitantes de Chalco, Ixtapaluca y La Paz, creemos que también debe de adicionársele a tal ruta como destino de Amecameca.

En lo que toca a la ruta 3 que estará funcionando, según proyecciones, a partir del año 2011 y beneficiará a Ecatepec, Nezahualcóyotl, y en el Distrito Federal a Aragón y la delegación Gustavo A. Madero, estimamos también relevante que se proyecte a Tecamac dentro de los destinos de dicha ruta.

Ahora bien, adicionalmente a la proyección y eventual creación de nuevos destinos en las tres rutas que arriba se proponen, discurrimos de vital importancia crear una nueva ruta que vaya de Naucalpan a Toluca, viéndose así beneficiados miles de usuarios mexiquenses.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2010, se otorguen los recursos suficientes para llevar a cabo diversas obras públicas de infraestructura para el estado de México, tales como la construcción y mantenimiento de nuevos emisores pluviales; la edificación de hospitales y servicios de salud pública en Chimalhuacán; para la proyección y eventual creación de nuevas rutas para el tren suburbano, a saber, para la ruta 1 Huehuetoca, para la ruta 2 Amecameca, para la ruta 3 Tecamac; y como nueva línea se contemple la creación de la ruta Naucalpan-Toluca.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Alfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, José Luis García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se evite la reducción del recurso asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Los suscritos, senadores Alfonso Sánchez Anaya, Javier Castellón Fonseca, Máximo García Zalvidea y senadora Rosalinda López Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los próximos días, a más tardar el 15 de noviembre, la colegisladora tendrá que aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que constituye el acto de la política fiscal de gasto más importante del Estado mexicano. Este acto legislativo, cuya potestad exclusiva compete a la Cámara de Diputados, se encuentra enmarcado en un contexto en el que la crisis económico-financiera nacional no ha sido superada y en el que las divergencias, tanto de los representantes populares como de la sociedad, respecto al denominado paquete fiscal para el año 2010, si bien han intentado superarse mediante un ejercicio democrático, lo cierto es que se mantienen latentes.

Estamos en presencia de un acto legislativo que necesita de toda la responsabilidad social que conlleva ser representante popular en nuestra democracia pues, por un lado, tenemos que ser consecuentes con las medidas de racionalidad de los recursos públicos, pero por otro tenemos que seguir impulsando áreas prioritarias como la educación, tal y como la ha venido sugiriendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Sin embargo, hemos podido observar que el Ejecutivo federal, parece no tener la misma visión, pues apenas en el pasado mes de agosto el titular de la Secretaría de Educación Pública anunció, durante una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el recorte presupuestal de ochocientos millones de pesos en lo que resta del año a las universidades, lo que representa aproximadamente el 1 por ciento del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2009.

Por el contrario, el Ejecutivo federal ha dirigido su atención presupuestaria en el tema de seguridad, que si bien es loable atender por las circunstancias y magnitudes alcanzadas por la delincuencia organizada en nuestro país, también es cierto que su perspectiva de seguridad, se encuentra encuadrada en una visión bastante estrecha y reduccionista.

El tema de seguridad no debe ser abordado solamente desde el punto de vista del combate a la delincuencia organizada, sino que debe atenderse desde una visión más amplia que eleve los estándares de vida, tal y como lo ha venido sugiriendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, abordando áreas de interés para la humanidad, como lo es, en particular, la seguridad de la educación.

Por otra parte, no resulta congruente que el Ejecutivo federal anuncie medidas de recorte y austeridad para el ejercicio fiscal 2010 cuando en el proyecto de Presupuesto de Egresos, tal como muestra un estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México las prestaciones a los altos funcionarios federales se elevan de 694 mil 548 pesos (seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos) promedio, a 715 mil 755 pesos (setecientos quince mil quinientos cincuenta y cinco pesos).

El impulso a la educación superior debe ser una de las improntas que caractericen el próximo gasto público que será aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en particular, con la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resulta incuestionable la calidad y el nivel educativo que se imparte en las aulas, laboratorios, talleres y auditorios de la UNAM, lo que se confirma con el lugar que ocupa, de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades, que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que para el año 2009 la sitúa en el lugar 44 del mundo y en el sitio número 2 de Latinoamérica. Es de especial relevancia que todavía para el año 2007 se encontraba en la posición 81 mundial, lo que significa que en menos de dos años, ha logrado escalar 37 escaños ante las mejores universidades del mundo.

Ante tan loable esfuerzo realizado por sus investigadores, profesores, estudiantes, trabajadores y directivos, el pasado 10 de junio, la Fundación Príncipe de Asturias, cuyos objetivos son favorecer el bienestar social y cultural de la sociedad, galardonó a la UNAM con el premio ``Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009'', por ser a lo largo de sus casi cien años, el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países, y nutrir el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos.

El reconocimiento internacional a nuestra máxima casa de estudios la ha llevado también a ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio cultural de la humanidad, cuya inscripción fue realizada el 2 de julio de 2007.

No impulsar el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos para el año 2010 resultaría ir en contra del propio desarrollo sostenible de nuestro país; pero disminuir su presupuesto en el gasto público implicaría un retroceso histórico en el meritorio curso, que durante casi cien años ha realizada la máxima casa de estudios, y en general para el desarrollo educativo y cultural que tanto requiere nuestra sociedad.

Siguiendo la clasificación administrativa del gasto público, en el Ramo Administrativo 11, ``Educación pública'', organismos públicos descentralizados, entidades de control indirecto, del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, encontramos la propuesta del Ejecutivo federal para la UNAM, que asciende aproximadamente a 24 mil 600 millones de pesos, lo que aparentemente significa un aumento, también aproximado, de 2 mil 500 millones de pesos, respecto de la propuesta para 2009, que --es importante destacar-- tuvo que ser incrementada en su momento con 700 millones de pesos por la Cámara de Diputados; sin embargo, de acuerdo con el mencionado estudio realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario, el presupuesto de la UNAM se reduce en términos reales en un 9 por ciento, mientras que las prestaciones de los altos funcionarios públicos federales aumentan en un 12 por ciento.

Esto nos permite inferir, que el proyecto económico de la administración federal supone más funcionarios de alto nivel, a cambio de menos presupuesto para la educación superior.

Estamos entonces ante un doble discurso de moral pública por parte del Ejecutivo federal, tal como lo hizo, comparando injustificadamente el gasto que significa la UNAM con el que representaba Luz y Fuerza del Centro, argumentando una supuesta reducción del gasto público y austeridad, que en los hechos nos demuestra que sólo utilizó para golpear al sindicalismo mexicano, sin tener ninguna acción programática presupuestaria para impulsar la educación superior, que tanta falta requiere en nuestro país.

No resulta ocioso reiterar que, por mandato constitucional, la educación es una responsabilidad del Estado mexicano, que debe promover y atender la educación superior mediante el impulso presupuestario, que contribuya al desa-rrollo educativo y cultural de la sociedad. Por eso se vuelve indispensable exhortar a la Cámara de Diputados a evitar, en pleno uso de sus facultades exclusivas, la reducción presupuestaria a la Universidad Nacional Autónoma de México; corregir las deficiencias del proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal, para dar mayor impulso a la educación superior, y atender la solicitud presentada por la UNAM de ampliación presupuestaria de 715 millones de pesos.

Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a consideración de la honorable asamblea del Senado de la República el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, respetuosamente, exhorta a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a evitar, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, cualquier reducción a los recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México e incrementarlos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos necesarios para la Universidad Autónoma Metropolitana.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Los suscritos, senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, José Guadarrama Márquez y Carlos Sotelo García, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para la que Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pueda continuar los proyectos de construcción de sus unidades académicas en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, y Lerma de Villada, México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con un análisis comparativo de la cobertura en educación superior a escala internacional, presentado por la Subsecretaría de Educación Superior, México alcanzó para 2006 una cobertura de 25.8 por ciento, que lo sitúa por abajo de países con producto interno bruto (PIB) similar, como España, Argentina, Chile, Tailandia, Bolivia, Perú, Colombia o Brasil.

Según los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México 77 por ciento de la población en edad de trabajar cuenta con el nivel educativo básico, y sólo 23 por ciento tiene estudios superiores, lo que contrasta significativamente con la media de este organismo internacional que, inversamente al resultado nacional, presenta 30 por ciento de la población con estudios básicos y 67 por ciento con estudios superiores.

Lo anterior no sólo ha incidido en que México haya disminuido sus índices de competitividad, pasando del lugar número 53 en 2006 al 60 en 2008; sino que además mantiene al país en los niveles más reducidos de inversión en educación superior, donde el gasto por alumno es de los 4 más bajos de los países miembros de la OCDE.

En promedio, en el país se destina 99.6 por ciento de los recursos educativos a gasto corriente, mientras que el presupuesto destinado a infraestructura educativa alcanza sólo 0.4 por ciento, lo cual difiere con los promedios internacionales, situados en 91.8 por ciento para gasto corriente y 8.2 para inversión en investigación, infraestructura y equipamiento.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se considera una inversión en el ramo educativo de poco más de 485 miles de millones de pesos --equivalentes a 3.8 por ciento del PIB--, de los cuales se destinan para educación superior 71.9 miles de millones de pesos, insuficientes respecto a las necesidades de cambio cualitativo que presenta el sistema educativo en su conjunto.

En los últimos 50 años, la población en México ha crecido cuatro veces (tan sólo en los últimos 5 años se incrementó en 5.8 millones más). Además, el estado de México ocupa el primer lugar de las entidades con mayor número de habitantes, seguido del Distrito Federal.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, la pirámide poblacional se ensanchará en su base para 2013 respecto a 2007, lo que significará un incremento en los grupos de edad que van de los 0 a los 19 años, apuntando una presión ascendente en la demanda de acceso a la educación media superior y superior para los próximos 25 años.

Si bien el país ha incrementado su matrícula en el nivel licenciatura durante los últimos cinco ciclos escolares, muchos jóvenes de entre 19 y 23 años de edad quedan fuera del sistema educativo nacional. Tan sólo en el ciclo escolar 2006-2007, 74.2 por ciento de los más de 9 millones 800 mil jóvenes en edad de estudiar no accedieron a la matrícula, pese a la reducción de 6 por ciento de jóvenes no matriculados alcanzada en los últimos 10 años.

Panorama presupuestal para 2010

De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 muestra un incremento en el gasto corriente de 2.7 por ciento, lo que contrasta con la reducción de 13.5 por ciento en el gasto de inversión, donde la función de desarrollo social presenta una caída de 0.8 por ciento en el presupuesto destinado a la subfunción educativa. A su vez, el presupuesto destinado a educación superior y posgrado muestra una disminución real de 6.9 por ciento, que se acompaña de una reducción de 7.5 por ciento para ciencia y tecnología, así como de recortes de 28.7 por ciento para la cultura y de 16.8 para el deporte.

Lo anterior no sólo contrasta con el crecimiento real de 4.3 por ciento que muestra la educación media superior, sino que limita los esfuerzos para incrementar nuestro nivel educativo. Así, la inversión federal en educación superior y posgrado en proporción con el PIB retrocede 0.06 por ciento respecto a 2009, mientras que el gasto federal por alumno cae aproximadamente en 10 por ciento.

Según los escenarios elaborados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es posible apreciar cómo el Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto para 2010 fractura la tendencia de inversión generada a partir de 2004, que tenía el propósito de alcanzar una inversión equivalente a 1 por ciento del PIB para 2012, lo que significa un retroceso de dos años y situará el monto propuesto para 2010 en niveles similares a lo invertido en 2008 (0.60 por ciento del PIB).

En el caso de la UAM, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 considera una reducción de 9.5 por ciento, lo que equivale a 228.4 millones menos que lo aprobado en 2009, lo que afecta negativamente los proyectos de inversión de esta casa de estudios, en particular los vinculados a la construcción de las unidades académicas en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, y en Lerma de Villada, México.

Las unidades Cuajimalpa y Lerma de la UAM no sólo permitirán acrecentar la oferta de esta casa de estudios en alrededor de 30 mil nuevos lugares --que se suman a los más de 45 mil ya existentes-- sino que, también, generarán una derrama económica que redundará tanto en la creación de empleos directos e indirectos, temporales y permanentes como en la adquisición de materiales para construcción y equipamiento, tan necesarios para impulsar a México a través de proyectos de inversión que estimulan la economía y resultan antirrecesivos.

De forma similar a 1973, cuando el Senado de la República discutió el proyecto de creación de la UAM para atender la demanda de acceso a educación pública superior, hoy día el país requiere la apertura de más y mejores espacios para que los jóvenes puedan hacer uso de su derecho a una educación de calidad, pública y gratuita.

Ello requiere que se aumenten los recursos destinados a la educación pública superior como la mejor inversión para enfrentar los retos del futuro, mediante la generación de conocimientos que den solución a problemas cada vez más complejos, aun más en un escenario de crisis como por el que atraviesan México y el mundo. Por ello, los senadores que suscribimos esta proposición con punto de acuerdo decidimos apoyar a instituciones como la UAM, que están en franca consolidación y crecimiento de su proyecto académico.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos para la Universidad Autónoma Metropolitana en 695 millones adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo federal, no sólo para subsanar la reducción de 9.5 por ciento considerada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sino, también, para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de la Casa Abierta al Tiempo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos de 2010 para apoyar los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«El suscrito, Tomás Torres Mercado, senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1 inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos de América para asistir a un encuentro con federaciones y clubes de migrantes zacatecanos en el sur de California, al que también acudieron connacionales que radican en los estados de Texas e Illinois. El motivo fue la celebración del trigésimo séptimo aniversario del Día del Zacatecano, en Los Ángeles.

En dicho lugar vi con orgullo que el deseo de progreso y superación de nuestros hermanos migrantes no se limita a la búsqueda de un trabajo, sino que muchos de ellos hacen un esfuerzo por concluir los estudios que dejaron sin terminar en México.

La realidad es que en un gran número de centros comunitarios de mexicanos en Estados Unidos de América se desarrollan proyectos educativos que dan la oportunidad a los migrantes adultos de concluir sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria.

Todo ello es posible gracias al apoyo de profesores que regalan horas de su trabajo en favor de la comunidad y de las propias comunidades de migrantes que donan libros, útiles y material didáctico para que aquellos que deseen avanzar en su educación puedan hacerlo.

Sin percibir remuneración por su trabajo y con pocos recursos, los profesores que colaboran en los centros comunitarios organizan grupos y establecen calendarios para abordar los planes y programas de estudio que corresponden a cada grado educativo. En los salones habilitados para tal efecto, se gestan muchas historias de esfuerzo y superación de migrantes originarios de todas las entidades federativas de México.

Al final, los estudios son validados gracias a la coordinación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y de los institutos de educación para adultos de los estados, con el apoyo de los consulados.

Iniciativas comunitarias como estas adquieren mayor relevancia si consideramos que nuestros migrantes constituyen el sector más afectado por los problemas que aquejan a la economía de nuestro vecino país del norte.

Por ello, consideramos que los proyectos educativos desarrollados en los centros comunitarios, con la colaboración de profesores voluntarios y de la comunidad en general, deben ser objeto del más amplio reconocimiento y apoyo.

A través del presente acuerdo proponemos exhortar a la Cámara de Diputados federal a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, a fin de apoyar dichos proyectos. La idea fundamental es que los recursos sean destinados al pago de maestros y a la adquisición de materiales educativos y didácticos para la educación de los migrantes adultos.

En 2001 impulsamos la creación de una partida presupuestal para atender y apoyar a las comunidades mexicanas en el exterior. Ahora debemos impulsar nuevas acciones en beneficio de nuestros hermanos migrantes y alentar sus iniciativas y proyectos de superación y progreso.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar una partida especial de recursos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, a fin de apoyar y fortalecer los proyectos educativos impulsados por centros comunitarios de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América que hacen posible que muchas de estas personas logren concluir sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en el extranjero. Dichos recursos serán destinados al pago de maestros y a la adquisición de materiales educativos y didácticos para la educación de los migrantes.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha el senador Francisco Herrera León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar los proyectos de infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente en la construcción del libramiento vial en la ciudad de Villahermosa.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«El suscrito, Francisco Herrera León, senador de la República en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Por su posición geográfica estratégica, el estado de Tabasco constituye como la principal puerta terrestre de entrada al sureste; es paso obligado por tierra para unir a éste con el centro y el norte del país. Sus carreteras permiten el tránsito ágil y rápido de personas y mercancías por su territorio.

Sin embargo, a más de dos años de las inundaciones que tuvieron como consecuencia graves daños a la red carretera en el estado, como la saturación del suelo, derrumbes y deslizamientos de tierras, así como escurrimientos muy significativos que causaron el desborde de muchos ríos, de nueva cuenta la red carretera vuelve a sufrir serios estragos en su infraestructura.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tabasco declaró recientemente que, si bien no hubo una destrucción total de la red carretera en el estado, la superficie de rodamiento si necesitó de una rehabilitación urgente en la que se invirtieron 380 millones de pesos, ya que se presentaban desprendimientos, baches y algunos tramos carreteros habían desaparecidos parcialmente.

Cabe mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 quedó incluida la construcción de los tramos: Villahermosa-Escárcega, Macuspana-límite de Tabasco y Campeche; Villahermosa-Ciudad del Carmen, Villahermosa-Macultepec; Cárdenas-Huimanguillo, carretera Malpaso-El Bellote; Libramiento de Villahermosa; Villahermosa-Coatzacoalcos, Entronque Reforma-Villahermosa; Raudales de Malpaso-El Bellote, Comalcalco-El Bellote; Villahermosa-Escárcega, Villahermosa- límite de los estados de Tabasco y Campeche; y Villahermosa-Escárcega, Emiliano Zapata-Tenosique.

Ahora bien, para estas obras se destinó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en conjunto, la cantidad de 835 millones de pesos, que han sido insuficientes para la reparación de los daños que se habían presentado en los últimos dos años, toda vez que con las recientes lluvias provocadas por el frente frío número 9, y la entrada de la noche del lunes 9 de noviembre del frente frío número 10, este avance que se llevaba se ha visto nuevamente afectado, ya que las lluvias han alcanzado un nivel de hasta 1.5 metros de altura, por lo que las carreteras una vez más se encuentran inundadas y en malas condiciones.

Si bien la Secretaría de Gobernación, mediante los boletines números 240 de fecha 9 de noviembre y 242 del 11 de noviembre del año en curso declaró como zonas de desastre los municipios de Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, Cárdenas y Huimanguillo, aún no se especifican los recursos que serán destinados para la reparación de las carreteras dañadas, por lo que es de urgente resolución que se incluyan recursos adicionales en la nueva figura de ``apoyos parciales inmediatos'' de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, a fin de poder atender los aspectos prioritarios y urgentes en la infraestructura carretera del estado.

Compañeras y compañeros legisladores: como vemos, hay tramos carreteros importantes y necesarios para reconstruir en el estado de Tabasco; sin embargo, para poder lograrlo es importante reconsiderar mayores recursos a los asignados en el Presupuesto de 2009, toda vez que las emergencias derivadas de la presente temporada de lluvias en la región han causado nuevamente serios estragos a la red carretera en el estado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a reforzar los proyectos de infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente la construcción del libramiento vial en la ciudad de Villahermosa.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones y Transportes de la honorable Cámara de Diputados a considerar recursos suficientes en el ejercicio presupuestal 2010 para dar continuidad a los proyectos de la infraestructura carretera en el estado de Tabasco, particularmente para la construcción del libramiento vial de la ciudad de Villahermosa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Emma Lucía Larios Gaxiola y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se consideren recursos para el secretariado técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo Tamborrel Suárez y Alfredo Rodríguez y Pacheco, senadora integrante de la Comisión de Salud, senador presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y senador integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, respectivamente, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad avance en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de las Personas con Discapacidad

Consideraciones

1. México fue promotor ante Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional que establece las directrices que deben contener las políticas públicas para la atención de las personas con discapacidad.

Con este convenio tan importante, los Estados parte se comprometen a realizar acciones diversas en beneficio de las personas con discapacidad, entre otras, en las materias de educación, trabajo, derecho a la justicia, salud, accesibilidad, entre otros.

La convención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2008, expone las directrices que México debe seguir para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad estableciendo los siguientes principios:

2. A su vez, la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada el 9 de junio de 2005, tiene como objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

El artículo 4 señala claramente que los derechos que establece dicha ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad.

Establece, como también lo hace la Convención, una serie de principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, los cuales son:

En lo que concierne al soporte institucional para dar cumplimiento a esta Ley, el artículo 29 dicta que ``el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.''

Como sus atribuciones, el artículo 30, enlista las siguientes:

3. El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad fue creado con el fundamento establecido en el artículo 31, último párrafo, que establece:

Una de esas unidades administrativas a las que refiere el párrafo anterior es el Secretariado Técnico.

Cabe precisar que debido a la conformación del consejo --con carácter interinstitucional y cuya tarea primordial es la coordinación entre las instituciones que lo conforman--, carece de la figura tradicional de director general como es usual en los organismos u órganos de la administración pública, recayendo las tareas ejecutivas y funciones administrativas en ese Secretariado Técnico.

Las atribuciones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se encuentran en el artículo 35 Bis 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

4. Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado diversas aproximaciones sobre la magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que actualmente 10 por ciento de la población del mundo, esto es, aproximadamente 650 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial.

Por su parte, el Banco Mundial estima que aproximadamente entre el 10 por ciento y el 12 por ciento de la población mundial tiene discapacidad y que en el 25 por ciento de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad.

En México, se han realizado diversos esfuerzos para medir la prevalencia de la discapacidad desde hace varias décadas. Sin embargo, actualmente se desconoce la verdadera dimensión y comportamiento histórico de este indicador, ya que se han utilizado diferentes conceptos, clasificaciones y fuentes de información.

El XII Censo General de Población y Vivienda, realizado en el año 2000, incluyó el tema de discapacidad atendiendo las recomendaciones en ese momento de la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual utilizó como marco conceptual que definió a una persona con discapacidad como aquella con alguna discapacidad física o mental de manera permanente o por más de seis meses que le impedía desarrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

De acuerdo con este instrumento, la prevalencia de discapacidad en el país ascendió en el año 2000 a 1.84 por ciento de la población total del país.

La encuesta censal realizada en ese mismo año, en la que se aplicó un cuestionario ampliado a una muestra de la población para conocer la causa de la discapacidad, arrojó una estimación de 2.31 por ciento de prevalencia de discapacidad en el país, cifra semejante a la obtenida mediante la Encuesta Nacional de Salud 2000, que utilizó el mismo marco conceptual.

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, efectuada en el 2003 por la Secretaría de Salud, se aprovechó para realizar un primer ejercicio para estimar la prevalencia de discapacidad en la población del país, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.

Esta medición se basó en el grado de dificultad en los dominios de salud: movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales, dolor y función social. Esta encuesta reportó la presencia de discapacidad en el 9 por ciento de la población mexicana, por lo cual representa un mejor acercamiento a la magnitud de la prevalencia de la discapacidad en el país.

5. Como se puede apreciar, la amplia gama de obligaciones del consejo, que como ya se dijo recaen en su Secretariado Técnico; así como la dimensión de la condición de discapacidad en el país requieren, para su mejor atención, de un soporte presupuestal acorde con estas obligaciones y la incidencia de la discapacidad en México.

En ese sentido, se estima procedente no sólo la petición que contienen estos puntos de acuerdo, sino el correspondiente respaldo siempre generoso de la Colegisladora para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad avance en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En particular se solicita, entendiendo que las condiciones económicas del país son sumamente difíciles, que si estos recursos no pudiesen incrementarse en un monto deseable y acorde con los grandes retos que enfrenta el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que éstos no disminuyan.

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que, con fundamento en la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea turnada a la Cámara de Diputados la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la honorable Cámara de Diputados, no se realicen reducciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 asignado a la unidad 314 denominada Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Segundo. Se solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados, que realicen los esfuerzos necesarios para incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, 388 millones de pesos para atención de las personas con discapacidad, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y autorizar en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 mayores recursos para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«El suscrito, Francisco Herrera León, senador de la república en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Los estudios superiores en el estado de Tabasco tienen su origen en 1861, gestión realizada por el entonces gobernador del estado, don Victorio Victorino Dueñas, ante el presidente de la República, licenciado Benito Juárez García, para crear un centro de enseñanza profesional en el estado.

Esta creación se realizó a través de bienes nacionalizados, autorizados por el presidente Juárez. Fue en 1879 cuando fueron inaugurados los primeros cursos en el entonces Instituto Juárez, siendo nombrado como director del Instituto el licenciado Manuel Sánchez Mármol.

Las carreras que se impartían durante las últimas décadas del siglo XIX eran agricultura, veterinaria, agrimensura, notariado, abogacía, comercio, pedagogía, jurisprudencia y farmacia, y su matrícula no excedía de 100 alumnos, antecedentes que constan en la memoria gubernamental del general Abraham Bandala.

En 1895 se expidieron las reformas al reglamento interior y al plan de estudios, año en que por la demanda de alumnos se amplía la duración de estudios de las carreras impartidas por el instituto. Sin embargo, en 1947, por gestiones del gobernador en turno, Francisco J. Santamaría, el instituto pasó a formar parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y en abril de 1950, el licenciado Miguel Alemán Valdés solicitó la fundación de la Universidad de Tabasco, lo que dio origen al Comité pro Universidad de Tabasco, publicando en 1954 la Ley Orgánica del Instituto Juárez.

Es de resaltar que el honorable Congreso del estado, en 1958, expidió la Ley que crea la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero fue hasta 1966 cuando se le otorgó esta autonomía, para entonces ya se había construido la Ciudad Universitaria de la misma institución.

Sin embargo, en 1976 se publicó en el periódico oficial del estado la modificación a la Ley Orgánica Universitaria, dando origen a la organización de escuelas e institutos e iniciando el proceso de descentralización universitaria.

Debido a este proceso, años después fueron inauguradas nuevas instalaciones en el municipio de Cunduacán y, en 1985, se instruyó el proyecto de excelencia y superación académica, el que consideró el primer Plan Institucional de Desarrollo con el que diseño un nuevo modelo universitario. Surgiendo así las divisiones académicas que actualmente aglutinan programas educativos en todas las áreas del conocimiento.

Al inicio de 2000, la universidad enfrentó al nuevo milenio ofreciendo alrededor de 33 licenciaturas, 17 especialidades, 10 maestrías y la carrera de enfermería en el nivel técnico superior. En la actualidad cuenta con 45 licenciaturas, entre ellas 4 son impartidas a distancia, por lo que el número de alumnos matriculados es aproximadamente de 30 mil que acuden a las diversas divisiones y a los centros de extensión universitaria. Cuenta con tres campus: Cunduacán, Teapa y el de los Ríos, que opera en Tenosique.

Cabe mencionar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha logrado rebasar ya el medio siglo, gozando con plena autoridad no lo solo académica, sino como espacio garante de la libertad de cátedra y libertad ideológica y posicionarse en 2007, como una de las mejores universidades de México, además de que había alcanzado los estándares requeridos de una institución universitaria a nivel nacional e internacional.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha participado vigorosamente en la transformación del futuro que anhelan los jóvenes y habitantes tabasqueños. Por lo que el interés de la universidad es de formar a profesionistas, especialistas e investigadores, capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que se traduzcan en beneficio colectivo, bajo un sistema educativo que proporcione conocimientos, habilidades y valores a toda la población, de gran calidad para el trabajo y para la vida.

Toda esta transformación ha sido posible a la constante formación y preparación por parte del personal docente y académico, lo que la lleva a que constantemente sea visitada por organismos evaluadores a fin de constar el nivel educativo de la máxima casa de estudios.

Es de mencionar que dentro de sus programas cuentan con visitas frecuentes a sus campus, por lo que su preparación debe ser continua y no por espacios.

De acuerdo con las declaraciones vertidas por la rectora de la UJAT, actualmente ejerce un presupuesto que le fue autorizado por 40 millones 500 mil pesos, que representa medio millón más que el de 2008.

Sin embargo, declaraciones de las autoridades escolares de la propia universidad refieren un incremento de 3 mil alumnos en los últimos años, por lo que se infiere que la demanda supera fácilmente a los recursos que le han sido asignados.

Finalmente, hay que resaltar que en este mes, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco recibió por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública a las instituciones de educación superior por la calidad de sus programas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados a considerar recursos suficientes para el ejercicio presupuestal de 2010 para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a fin de que pueda cumplir con sus objetivos, que son el de dar seguimiento constante a sus programas académicos y a la preparación de más y mejores profesionistas tabasqueños.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe la Secretaría con minutas.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Primero. Se reforman la fracción B del artículo 21 y la fracción C del artículo 49 y se adicionan una fracción D al artículo 21 y una fracción G al artículo 46, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. ...

B. El uso de drogas y enervantes, el secuestro, la trata, y todo tipo de explotación. En cuanto a los adolescentes mayores de catorce años serán protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o pueda entorpecer su educación, o sea nocivo para su salud y para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

C. ...

D. La necesidad de intervenir en procedimientos o procesos ante órganos jurisdiccionales o administrativos, caso en el cual tales órganos deberán dictar aquellas medidas que estimen pertinentes para protegerlos de cualquier acto que pudiera afectar su salud física y mental o alguno de los derechos consagrados en la presente ley.

Artículo 46. Los procedimientos a los que se someta a una o un adolescente que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, particularmente las siguientes:

A. a F. ...

G. Contar gratuitamente, en caso de requerirlo, con un intérprete, traductor y abogado defensor que conozca su lengua o idioma y el sistema normativo de su lugar de origen y a que las actuaciones se lleven a cabo tanto en idioma español, como en el propio.

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:

A. y B. ...

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, procurando prestar ayuda especializada a las y los afectados por tal vulneración y, en su caso, deberán solicitar a la autoridad prevista en la siguiente fracción tomar las medidas precautorias correspondientes.

D. a J. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 8, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Equidad y Género.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticas de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.

HORARIO ESTACIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV, del artículo único, del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que adiciona la fracción IV del artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gastón Luken Garza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa, que adiciona la fracción VI del artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El horario de verano es una medida que consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en la que se registra mayor insolación, es decir, en el periodo con mayor duración de luz solar, fenómeno que se debe a la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento de traslación. Así, en junio se presentan los días más largos del año en el hemisferio norte, y en diciembre en el hemisferio sur.

En nuestro país, el horario de verano logra reducir el consumo de energía eléctrica en la iluminación de más de 23 millones de hogares, sobre todo en las horas de mayor demanda de electricidad. En este sentido, el horario de verano reduce diariamente una hora la demanda máxima de electricidad.

Cabe mencionar que en la actualidad, cerca de 75 países han adoptado el horario de verano, de los cuales más del 70 por ciento lo implantan a través de un calendario común que comprende del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, como es el caso de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América, que con excepción de Arizona y Hawai, lleva a cabo la medida en todos los estados.

Sin embargo, en nuestro país el cambio de horario entra en función el primer domingo de abril y termina el último domingo de octubre, habiendo un desfase con nuestro principal socio comercial en el cambio de horario de aproximadamente un mes.

Este desajuste provoca impactos negativos en la vida cotidiana de los residentes de las ciudades fronterizas del norte del país. De acuerdo con estimaciones del Colegio de la Frontera Norte, además de generar afectaciones en la vida diaria de quienes cruzan la frontera, este desfase en los horarios tiene un importante costo de oportunidad para los miles de habitantes de la región.

El cambio, implantado por el gobierno de los Estados Unidos desde el 2007, para adelantar el horario de verano desde el segundo domingo de marzo, y atrasar el horario de otoño el primer domingo de noviembre ha dejado en desventaja a los municipios fronterizos con este país, lo que genera efectos económicos importante para los trabajadores, los estudiantes y las personas que a diario transitan por ambos lados de la frontera, porque tienen que lidiar con horas diferentes en las dos fronteras.

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que dicho desfase afecta las operaciones diarias en las aduanas de esta región. Tan solo en la región de California y Baja California se calcula que se ven afectadas entre 3 mil y 4 mil operaciones diarias.

Asimismo, en el caso particular de Ciudad Juárez se estima que este desfase en el cambio de horario impacta directamente a unos 42 mil residentes fronterizos, dado que tienen que cruzar de un lado a otro diariamente por motivos laborales o escolares.

Se considera también, que se tienen serias afectaciones en funciones informáticas, como los pagos con tarjeta bancaria con horas incorrectas, órdenes bursátiles no ejecutadas a tiempo e incluso confusiones en los horarios de la llegada o salida de aviones. En lo referente al transito de personas, es importante mencionar los largos tiempos de espera en los puentes internacionales, debido al desfase en los horarios.

Estas complejidades técnicas, logísticas y operativas que se viven en la zona fronteriza, fueron bien previstas por los estados de Sonora y Arizona que son los únicos estados que se mantiene sin la adopción de los horarios estacionales dada su estrecha relación económica.

Caso similar, se da en todas las ciudades fronterizas del resto del país, como Tijuana y Mexicali en Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Ciudad Anáhuac en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, que cuentan con una relación bilateral próspera y fructífera con sus ciudades colindantes en los Estados Unidos, por lo que se deben establecer los mecanismos para que se de la homologación en los horarios de las ciudades fronterizas, con el fin de agilizar y hacer más eficiente la actividad económica en la región fronteriza.

El ajuste de cambio de horario en los municipios de la frontera norte de nuestro país permitirá que exista una mayor sincronía e integración en las actividades económica que ambas partes de la frontera.

Es por ello que, como una respuesta a las diversas inconformidades planteadas por la sociedad fronteriza, y en virtud de los antecedentes expuestos, someto a consideración de esta soberanía la conveniencia de establecer un horario de excepción en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Anáhuac, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, adicionando la fracción VI del artículo único del decreto del 1 de marzo del 2002 en los siguientes términos

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción VI del artículo único del decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente forma:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Gobernación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, y adiciona los artículos noveno y décimo transitorios, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma el artículo 35 del Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y adiciona un artículo noveno y un décimo transitorios, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, 72 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, Héctor Fernández Aguirre , Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro , Hugo Héctor Martínez González , Melchor Sánchez de la Fuente , Miguel Ángel Riquelme Solís , Héctor Franco López , Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a esta soberanía iniciativa que reforma y adiciona la fracción V del artículo 35 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 e incluye los artículos noveno y décimo transitorio en el mismo Presupuesto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El federalismo se origina en el pensamiento de Miguel Ramos Arizpe, donde se dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, pero unidos en la federación establecida según los principios de la Constitución General.

En síntesis, el federalismo se concibe idealmente como la expresión de la voluntad de los mexicanos para alcanzar la unidad nacional, a partir de la variedad y diferencias regionales, reconociendo y garantizando jurídicamente la participación de tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y buscando distribuir responsabilidades y definir mecanismos de colaboración y coordinación.

En el sector agropecuario, el federalismo en algunos subsectores, no es necesario, es indispensable porque hablamos de diferentes formas de producir, de diferencias muy marcadas en la tenencia de la tierra a lo largo y ancho del país, de diferencias en los cultivos que prosperan en diferentes condiciones de clima y suelo, así como de diferencias en la propia visión de los productores, por tanto.

Por otra parte, los ciclos de producción agropecuaria no saben de adaptarse a un año fiscal porque dependen de condiciones en su mayoría naturales, no controlables. Baste recordar que no todo se produce en condiciones de invernadero.

Cada entidad tiene diferentes necesidades de inversión en el sector agropecuario y requiere una forma diferenciada para acceder a los recursos que año con año esta soberanía aprueba para ello. La participación de los productores en la propia inversión para la obtención de sus activos productivos siempre ha sido necesaria, e involucrarlos en la solución de sus problemas ha dado buenos resultados para reducir la visión paternalista y hacerlos partícipes de su propio desarrollo.

La descentralización ha encontrado varias limitaciones, entre las que destaca el hecho de que todo tiene que ser definido previamente por el gobierno federal para poder llegar a los estados.

Durante los últimos nueve años, en México ha prevalecido una práctica centralista en muchos aspectos, donde la política ha pesado en general más que la dinámica propia de la administración pública en busca de la solución de los problemas concretos.

Además, las instituciones han sido tradicionalmente testimonio vivo de una pesadez burocrática, que tiende a nulificar el espíritu y el mandato de las leyes, evidenciando así la demora o la arbitrariedad en la entrega de los fondos, que frustran los planes y compromisos con los grupos organizados, sembrando la desconfianza en los agentes encargados de hacer posible un verdadero desarrollo sustentable. Por ello es necesario, entre otras cosas, revisar en forma inmediata las reglas de operación que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha implantado como condicionamiento para entregar los recursos agropecuarios.

Una y otra vez hemos escuchado de los funcionarios que han pasado por la Sagarpa, y en general por otras dependencias, que todas las modificaciones de las reglas de operación de los programas a cargo de éstas se realizan para hacer más asequibles los recursos de los programas a los beneficiarios y para tener mayor transparencia en el otorgamiento de estos recursos. Sin embargo, de igual forma, año con año escuchamos las quejas de organizaciones campesinas, de gobiernos de los estados, de congresos locales y de productores en general por no poder acceder a dichos recursos porque, más que reglas de operación, parecen camisas de fuerza que bloquean dicho acceso.

Así, de nada sirve que desde el Congreso se trabaje en un solo frente para ayudar a la gente del campo si los recursos que se aprueban pasan de secretaría en secretaría y de funcionario en funcionario y no se entregan y aplican de manera suficiente y oportuna.

Las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo de 2003 establecían una estrategia del gobierno federal para el fortalecimiento del sector rural y otorgaban recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales, en un esquema de responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y los productores.

A partir de 2008, la Sagarpa emitió nuevas reglas de operación como marco definitorio para la ejecución de sus programas, donde ya no se consideran estos propósitos; con ello se deterioran los avances logrados en años anteriores en la transferencia de funciones a los estados, la llamada ``federalización''.

A través de las actuales reglas de operación se ha desarrollado mayor centralización de decisiones, criterios unilaterales modificatorios de las mismas reglas y convenio de coordinación retroceso en el federalismo. Prevalecen inconsistencias en la relación con la federación a través de la Sagarpa, ya que por una parte el Presupuesto de Egresos de la Federación define claramente que los recursos etiquetados a los estados en el marco del programa Activos Productivos tienen el carácter de ``federalizados''; y, por otra, la Sagarpa, a través del Convenio Marco de Coordinación, de las reglas de operación y de disposiciones unilaterales, se ocupa de la centralización de decisiones, minimizando el carácter de estos recursos y, por ende, sin reconocer las atribuciones de los estados en el direccionamiento y la operación de éstos, generando una constante discordancia en la aplicación de tales recursos.

Las nuevas reglas de operación de la Sagarpa no otorgan facultades a los estados para la definición de los estratos de productores, porcentajes y montos de apoyo, que es diferente para cada región, además de las distintas características de los productores en todo el país.

Con las nuevas reglas de operación de la Sagarpa, los calendarios de operación de los programas se determinan desde el centro, y no respetan en este caso los determinados por la Secretaría de Finanzas estatal.

Las reglas de operación de 2008 eliminaron la facultad otorgada en el convenio celebrado en 1996 entre el gobierno del estado y la Sagarpa, y que se había ratificado en el similar de 2001, para la coordinación de las acciones del programa Alianza para el Campo, donde antes el gobierno del estado asumía la coordinación y la operación de los distritos de desarrollo rural y de los centros de apoyo al desarrollo rural.

Además, con Alianza para el Campo las decisiones se tomaban en el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado, donde el estado tenía el voto de calidad; sin embargo, a partir de 2008 la Sagarpa plantea que las decisiones en que no se llegue a un acuerdo sean definidas por el centro.

Con las nuevas reglas de operación, el proceso de evaluación de los productores se establece en oficinas centrales de la Sagarpa, pero no van de acuerdo con el tipo de productores o proyectos estatales.

La Sagarpa no ha respetado lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni los puntos de acuerdo de las reuniones celebradas entre la Conago y el gobierno federal.

Las políticas públicas federales deberán construirse con una dinámica que vaya de la periferia al centro y no al revés. En consecuencia, la descentralización deberá extenderse a otras actividades que hasta ahora son materia exclusiva de la capital de la república. Los planes y los programas de desarrollo no deberán jamás ser instrumento de control político.

Por lo expuesto y fundado, acudo a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción V del artículo 35 del proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y se incluyen los artículos noveno y décimo transitorios en él, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 35. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de acuerdo con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y a fin de elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de la sociedad rural, orientará sus acciones y dará continuidad a los apoyos gubernamentales para lograr una oferta de alimentos de calidad, sanos y accesibles; que los productores tengan mayor presencia en los mercados; revertir el deterioro de los ecosistemas y, en general, el desarrollo armónico del medio rural, conforme a lo siguiente:

Artículo Noveno Transitorio. Con relación al Programa de Adquisición de Activos Productivos, fracción V, del artículo 35, del monto resultante para cada entidad federativa, la Secretaría de Agricultura y Ganadería no podrá destinar dichos recursos a otra entidad federativa ni a otro programa de ésta, a menos que la entidad correspondiente así lo decida.

Artículo Décimo Transitorio. El Ejecutivo federal deberá observar estrictamente lo aprobado por esta soberanía en este decreto, en lo relativo a las reglas de operación de los programas señalados en el anexo 18 de éste.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez , Ernesto de Lucas Hopkins , Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh , José Luis Marcos León Perea , Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con propuesta de decreto que adiciona una fracción que modifica el artículo 3o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con objeto de aumentar el poder adquisitivo de los municipios, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente los ayuntamientos pagan el impuesto al valor agregado en los servicios, materiales y suministros, así como obra pública. Es decir, hoy día los municipios en lugar de pagar cien pesos pagan ciento quince porque se les suma el quince por ciento del impuesto al valor agregado (IVA).

El municipio se encuentra obligado a pagar el 15 por ciento más sobre lo que debería pagar. La Ley del IVA no le permite a las entidades municipales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le devuelva íntegramente a los municipios lo que estos han aportado, en cambio lo que sucede es que después de pasar por la hacienda federal se distribuye en las entidades por medio de una fórmula que beneficia a las entidades con mayor población, teniendo como consecuencia que los ayuntamientos se vuelven recaudadores de impuestos federales, que si bien es el pacto federal, no significa que no lo podamos hacer más equitativo.

El municipio es la autoridad que tiene más cerca el ciudadano, a la que le exige más. En nuestra opinión, resulta injusto desde el punto de vista social que el gobierno federal utilice los municipios como recaudadores de impuestos, teniendo estos pocos recursos de ejercicio directo y haciendo difícil cumplir con las responsabilidades que como ayuntamiento tienen pavimentación, abasto de agua, alumbrado público, seguridad pública, recolección de basura, entre otros. Aunque la Constitución establece que los municipios administrarán su hacienda, en la realidad tienen limitada su capacidad para encauzar su destino si sus finanzas son limitadas.

La propuesta es sencilla, queremos que los municipios de México puedan recuperar del SAT lo que pagaron de IVA. De esta forma se logra que el poder adquisitivo de los municipios aumente. Como lo he apuntado, actualmente la Ley del IVA no lo permite, por ello esta propuesta encuentra su justificación en lo económico. La autoridad local, como lo es el municipio, conoce mejor sus necesidades directas, que una autoridad federal lejana a la población, por principio económico, entre mayores recursos tenga la autoridad local, mejor aplicados estarán los recursos.

El presente decreto tiene el objetivo de impulsar la modificación en la ley para que los municipios posean más recursos, lo que se verá reflejado en la totalidad de los municipios de México, ahora sí, teniendo como resultado mayor pavimentación, mejoras al sistema de agua, más seguridad, mejor alumbrado público y mejor servicio de limpieza.

Para lograrlo, la proposición busca la modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado consistente en suprimir la obligación del municipio del pago del impuesto por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, además de dotar a los municipios de la capacidad de acreditar el IVA que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación; para ello requeriríamos modificar el segundo párrafo del art 3o e incluir un nuevo tercer párrafo recorriendo los párrafos subsecuentes.

Por todo lo expuesto y fundamentado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se modifica el artículo 3o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del cero por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley.

Los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas municipales de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y podrán acreditar todo el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones II, III y IV del artículo 5o. de esta ley.

La federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta ley, en los casos en los que la federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.

Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto por el que se determina no proceder a nombrar nuevamente, para un segundo periodo, al titular de la Auditoría Superior de la Federaciónen ejercicio.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa de decreto, por el que se determina no proceder a nombrar nuevamente para un segundo periodo al auditor superior de la Federación en ejercicio, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 79, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79 y 82 de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación, se presenta a consideración del Pleno proyecto de decreto con arreglo a los siguientes

Antecedentes

Primero. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del año 2000, la Comisión de Vigilancia de la sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2001, el dictamen con la propuesta de terna de candidatos para ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. La Cámara de Diputados, con el voto favorable de 323 diputadas y diputados, designó para ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación al CPC Arturo González de Aragón, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2009.

Tercero. El 30 de abril de 2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en la que se establecen disposiciones relativas a la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación.

Cuarto. La Cámara de Diputados, en cumplimiento de la ley invocada, deberá designar a más tardar el 31 de diciembre del 2009 al ciudadano que deba fungir como titular de la Auditoria Superior de la Federación.

Considerando

Primero. Que derivado de las reformas en materia de fiscalización, se expidió una nueva ley que establece los plazos y procedimientos a que deberá sujetarse la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación.

Segundo. Que la Cámara de Diputados, deberá pronunciarse, ya sea por nombrar nuevamente por un sola vez para un segundo periodo al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, o bien, para designar a un nuevo titular, en los términos del procedimiento previsto en el artículo 80 de la ley de la materia.

Tercero. Que la fiscalización es una de las funciones de control de mayor importancia en el catálogo de atribuciones de esta soberanía, razón por la cual, el Congreso de la Unión, se ha dado a la tarea de evaluar periódicamente el contenido y aplicación de la norma que la regula, así como formular las modificaciones pertinentes, con el propósito de perfeccionar las disposiciones jurídicas en que tiene sustento.

Cuarto. Que en aras del fortalecimiento de esa institución del Estado, se coincide con su modernización estructural e institucional, y por ello, se estima adecuada la renovación periódica de los servidores públicos que tienen a su cargo dichas tareas.

Quinto. Que en el contexto plural y democrático que vive el país, resulta conveniente aplicar por primera vez las disposiciones relativas a la designación y por tanto renovación del titular de la Auditoría Superior.

Sexto. Que por ello, esta comisión legislativa, se pronuncia por no proceder a nombrar para un segundo periodo al actual titular de la entidad superior de la federación.

Séptimo. Que una vez que la Cámara de Diputados resuelva, se deberá aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo 80 de la ley rectora.

Octavo. Que se requiere garantizar la transparencia para dar certeza a la participación abierta de aquellos ciudadanos que se consideren en aptitud para desempeñar el cargo, en un marco de ejercicio democrático y en igualdad de condiciones, concurran al proceso de selección.

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 79, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Proyecto de decreto

Primero. La Cámara de Diputados, en el marco de lo dispuesto por el artículo 79, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, determina no proceder a nombrar nuevamente para un segundo periodo al titular de la Auditoría Superior de la Federación quien fue designado para el periodo comprendido del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2009.

Segundo. De conformidad con los artículos 79 de la Constitución, así como 79 y 80 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se procederá a sustanciar el procedimiento de convocatoria, evaluación, propuesta de terna y designación del titular de la entidad superior de la Federación.

Tercero. Se instruye a la Comisión de Vigilancia de la para que lleve a cabo el procedimiento previsto en los términos que establece el artículo 80 de la Ley en la materia.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Vigilancia de la.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, de la Ley General de Desarrollo Social, y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados.

La sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social) demuestran que en 2006 más de 42 millones de mexicanos están en algún grado de pobreza y, sin duda alguna, va en aumento.

La desigualdad de distribución del ingreso y la desigualdad en el acceso a Oportunidades ha sido un elemento persistente en la historia de nuestro país. La situación se agrava cuando en estas familias hay adultos mayores.

El programa de desarrollo humano Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo federal que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como aquéllas que promueven el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema.

Al concentrar todas sus acciones de geopolítica social y vincularlas a la política económica, el gobierno de la República ha articulado la estrategia Vivir Mejor, con el fin de generar condiciones de crecimiento económico y de prosperidad social para que los mexicanos podamos vivir mejor.

En nuestro país, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) se estima que en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores, personas de 60 años y más, quienes representan 7.5 por ciento del total de la población.

En 2010 habrá 9.9 millones, 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030, de modo que este grupo de la población incrementará su peso; dentro de este grupo se encuentran los mayores de 70 años, que suman ya 3.5 millones y que se prevé que alcanzarán 4.4 millones en 2010.

Con la publicación de las reglas de operación, el programa Oportunidades amplió la cobertura en 76 mil 514 localidades de hasta 30 mil habitantes, por lo cual en el bimestre julio-agosto de 2009 se benefició a más de 2 millones de adultos de 70 años o más, siendo la población objetivo de 2 millones 42 mil adultos mayores.

Los partidos políticos representados en esta Cámara estamos a favor de implementar una política social integral. Como ejemplo de ello cabe destacar que el 23 de septiembre del presente año la compañera diputada Martha Elena García Gómez , del Grupo Parlamentario del PRD, presentó punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se consideren mayores recursos para la atención de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que satisfaga las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

Por lo que se considera que más que un programa integral debe realizarse por ley y no meramente desde el punto de vista administrativo, pues se requiere implementar una verdadera política social que beneficie a los sectores más vulnerables de la población, como lo son los adultos de 70 años y más.

Actualmente, a través del programa de desarrollo humano Oportunidades, el gobierno federal otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a los adultos de 70 años o más que viven en localidades de menos de 30 mil habitantes para mejorar su condición de vida.

La presente iniciativa de reforma de Ley de Desarrollo Social y de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene como uno de sus principales objetivos que las personas adultas de 70 años o más por ley reciban un apoyo económico y no como actualmente se hace mediante programas que estén sujetos a decisiones del gobierno en turno y que en la mayoría de los casos se utilizan con carácter político electorero.

Por otra parte, para armonizar la Ley de Desarrollo Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estableciendo que de manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores el derecho a recibir el programa económico a que se refiere la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desa-rrollo Social.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de reformas al artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social y al artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

(...)

``VIII. El Programa de ingreso económico para adultos de 70 años o más''.

(...)

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

(...)

``h) A recibir el programa económico a que se refiere la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social''.

Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de noviembre de 2009. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado J. Everardo Villarreal Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad constitucional que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social y el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Contenido

Actualmente a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades el gobierno federal otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a los adultos mayores de 70 años o más, que viven en localidades de más de 30 mil habitantes, para mejorar su condición de vida.

La presente iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Social y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tiene como uno de sus principales objetivos que las personas adultas mayores de 70 años o más, por ley reciban un apoyo económico y no cómo actualmente se hace mediante programas que están sujetos a decisiones del gobierno en turno y que en la mayoría de los casos se utiliza con carácter político electorero.

Por otra parte, otro de los objetivos de la iniciativa, es ampliar la cobertura con la que actualmente cuenta el programa de adultos mayores de 70 años o más, es decir, pretende beneficiar a toda la población que se encuentre dentro de esta edad.

Por ello en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social se establece como prioritario y de interés público el Programa de ingreso económico para adultos mayores de 70 años y más, recorriéndose en su contenido las fracciones XI y X del numeral y ordenamiento en cita.

Por otra parte, para armonizar la Ley de Desarrollo Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estableciendo que de manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores, el derecho a recibir el programa económico a que se refiere la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desa-rrollo Social.

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Coneval muestran que a 2006, más de 42 millones de mexicanos están en algún grado de pobreza, y sin duda alguna va en aumento.

Cuando las carencias son extremas, además de la falta de ingresos, las personas y los hogares concentran los mayores índices de desnutrición, enfermedades, analfabetismo y abandono escolar, ocasionando por supuesto la desintegración familiar.

Se genera así un círculo vicioso en que los integrantes de las familias más pobres no desarrollan sus capacidades, situación que lleva a que las nuevas generaciones hereden la pobreza y la imposibilidad de generar los ingresos que les permitirían superar su condición.

La desigual distribución del ingreso y la desigualdad en el acceso a oportunidades ha sido un elemento persistente en la historia de nuestro país. La situación se agrava cuando en estas familias existen adultos mayores.

El Programa Desarrollo Humano Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo federal, que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema. El programa se alinea a los siguientes programas sectoriales:

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza y pretende abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012. Se pretende mejorar las condiciones de salud de la población, reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas, y garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.

Al concentrar todas sus acciones de política social y vincularlas con la política económica, el Gobierno de la República ha articulado la Estrategia Vivir Mejor, con el fin de generar condiciones de crecimiento económico y de prosperidad social para que los mexicanos podamos vivir mejor.

Lamentablemente este programa se aplica de manera deficiente por los funcionarios que lo operan, toda vez que le dan un trato político-electorero, afectando de una u otra forma a la población objetivo.

En México el significado de ser adulto mayor en general, es equivalente a una carga económica, de inmovilidad, deterioro físico y mental. En nuestro país, de acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), quienes representan 7.5 por ciento del total de la población. En 2010 habrá 9.9 millones, 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030; de modo que este grupo de la población incrementará su peso a 8.9, 12.5 y 17.5 por ciento del total de la población, respectivamente.

Dentro de este grupo se encuentran los mayores de 70 años y suman ya 3.5 millones y se prevé que alcanzarán 4.4 millones en 2010, 6.5 millones en 2020 y 10.2 millones en 2030.

Como lo mencioné anteriormente, la presente iniciativa busca proteger a este sector de adultos mayores de 70 años o más, por ser la población por excelencia física, síquica, económica y socialmente más vulnerable.

En el ámbito familiar, las personas con 70 o más años residen predominantemente en hogares de tipo familiar. Sin embargo, es la etapa del ciclo de vida en que se pueden apreciar el mayor número de hogares no familiares, principalmente de personas que viven solas. Cerca de una de cada diez personas de 70 años o más reside sola.

Esto resulta de gran relevancia si se considera que uno de los aspectos más relacionados con el bienestar en las edades avanzadas es la calidad de la integración de los adultos mayores a distintos grupos de pertenencia, como lo es el grupo de personas con las cuales se comparte la residencia. Dicho grupo es en la mayoría de los casos, la fuente principal de intercambios afectivos y de apoyo material y económico.

Con la publicación de las Reglas de Operación del Programa Oportunidades, amplió la cobertura en 76,514 localidades de hasta 30 mil habitantes, por lo cual al bimestre julio-agosto de 2009, se beneficio a más de 2 millones de adultos mayores de 70 años o más, siendo la población objetivo de 2.millones 42 mil adultos mayores. Pues tan sólo para el 2008 se entregaron 8,922 millones de pesos.

Una propuesta como la presente por el tema tan complejo, generará comentarios en pro y en contra. Sé que no es fácil otorgar apoyo económico al porcentaje en mención, hay quienes dirán que es un costo alto para el país, pero cómo legisladores debemos impulsar una política que se adecue a las necesidades de este sector de la población.

Los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados estamos a favor de implementar una política social integral, como ejemplo de ello, cabe destacar que el día 23 de septiembre del presente año, la diputada Martha Elena García Gómez , del Grupo Parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que satisfaga las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

Por lo que se considera que, más que un programa integral debe realizarse por ley y no meramente desde el punto de vista administrativo, pues se requiere implementar una verdadera política social que beneficie a los sectores más vulnerables de la población como lo son los adultos mayores de 70 años y más.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno de la cámara de diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Desa-rrollo Social y el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso h) a la fracción I del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

Transitorio

Único . La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Villarreal Salinas.Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

La diputada Georgina Trujillo Zentella: Con su permiso, señor presidente.

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos, fundamentada en la siguiente exposición de motivos.

En 1942, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Programa Bracero consecuencia de la necesidad de mano de obra que requería el país vecino en varios sectores económicos. Entre el periodo 1942 y 1964, a través de este programa social, miles de mexicanos trabajaron de manera temporal y legal en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción.

Los ex trabajadores migratorios mexicanos decidieron crear un fondo que tenía como objetivo retenerles 10 por ciento de sus ingresos mensuales mientras trabajaran en los Estados Unidos. El dinero ahorrado por los trabajadores le sería posteriormente pagado a su regreso al país, a través del Banco de Crédito Agrícola.

El 25 de mayo de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la ley que crea el fideicomiso para administrar estos fondos. La ley tiene por objeto administrar estos fondos de ahorro de los ex trabajadores migratorios, con el fin de que éstos o sus familiares obtengan dichos recursos de forma expedita.

Desafortunadamente, la ley dejó varios huecos que han propiciado que los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus familias no hayan podido cobrar el multicitado fondo, creando una situación de incertidumbre jurídica. Es por ello que se propone la reforma y adición de los artículos 1o., 2o. y 6o. de la ley mencionada, para cumplir con las peticiones de los ex trabajadores migratorios y eliminar los vacíos que tiene la ley.

La iniciativa tiene dos vertientes; la primera busca reconocer a los concubinos como beneficiarios del fondo de ahorro social; la segunda, tiene como finalidad adicionar a la ley la declaración de ausencia o la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano como medio probatorio para que los terceros beneficiarios puedan obtener el fondo social.

Retomando el primer punto, podemos manifestar que el concubinato es una figura jurídica que nació como medio de protección a las parejas que no tuvieran una relación matrimonial, pero que viviesen juntas como si fueran cónyuges en un mismo domicilio y que además cumplieran con cualquiera de las siguientes alternativas: vivir por un periodo de tiempo fijo establecido por ley o tener hijos en común. Y los efectos jurídicos que acarrea el concubinato, son derechos y obligaciones en materia de alimentos y sucesiones.

En el caso en particular de los ex trabajadores migratorios, el concubinato es un asunto relevante, esta figura jurídica protege las relaciones que existieron entre el ex trabajador y su pareja aunque no hayan contraído una relación matrimonial. Dadas las características del trabajo que realizaron los braceros, éstos pudieron haber creado un vínculo conyugal con sus respectivas parejas sin haber estado casados, o bien, pudieron haber tenido un concubinato después de que la esposa legal haya fallecido.

Tomando en consideración, el segundo punto, el artículo 6o. de la ley es limitativo y poco proteccionista, ya que sólo permite el acta de defunción del ex trabajador migratorio como documento probatorio para ser beneficiario distinto.

Es muy importante que se reforme este artículo y se incluyan como documentos probatorios, tanto el documento que acredita la declaración de ausencia, como el de presunción de muerte del ex trabajador. Estas dos figuras jurídicas son equiparables al acta de defunción, la única diferencia es que, para que se otorgue el acta es necesario que se presente el cuerpo del fallecido, y en las dos anteriores se cumple con el requisito por el mero transcurso del tiempo.

Por tanto, resulta muy limitativo que únicamente que se contemple el acta de defunción como requisito necesario para obtener el recurso, cuando existen jurídicamente otras figuras que son equiparables a aquélla.

En conclusión, se considera necesaria la urgente adecuación de los artículos 1o., 2o. y 6o. en sus diversas fracciones, incluyendo las propuestas planteadas en la presente iniciativa con proyecto de decreto, pues todavía existen algunos espacios vacíos que deben ser colmados para otorgar certeza jurídica y justicia a los beneficiarios de estos recursos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa, y por economía procesal solicito al señor presidente que sea incorporada íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en la facultad que conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

En 1942, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el programa Bracero como consecuencia de la necesidad de mano de obra que necesitaba dicho país en varios sectores económicos. Durante el periodo entre 1942 y 1964, a través de este programa social miles de mexicanos trabajaron de manera temporal y legal en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción.

Los ex trabajadores migratorios mexicanos decidieron crear un fondo que tenía como objetivo retenerles el 10 por ciento de sus ingresos mensuales mientras trabajaran en Estados Unidos de América. El dinero ahorrado por los trabajadores les sería pagado a su regreso al país, a través del Banco de Crédito Agrícola.

El 25 de mayo de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos (en adelante, la ley). La ley tiene por objeto administrar los fondos de ahorro de los ex trabajadores migratorios, a fin de que estos o sus familiares obtengan dichos recursos de forma expedita. Desafortunadamente, la ley dejó varios huecos que han propiciado que los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus familiares no hayan podido cobrar el fondo, creando una situación de incertidumbre jurídica.

Es por ello que se propone la reforma y adición a los artículos 1o., 2o. y 6o. de la ley, para cumplir con las peticiones de los ex trabajadores migratorios y eliminar los vacíos que tiene la ley. La iniciativa tiene dos vertientes: la primera busca reconocer a los concubinos como beneficiarios del fondo de ahorro social, y la segunda tiene como finalidad adicionar a la ley la declaración de ausencia o la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano, como medio probatorio para que los terceros beneficiarios puedan obtener el fondo social.

Retomando el primer punto, podemos manifestar que el concubinato es una figura jurídica que nació como medio de protección a las parejas que no tuvieran una relación matrimonial, pero que viviesen juntas como si fueran cónyuges en un mismo domicilio y que además cumplieran con cualquiera de las siguientes alternativas, vivir por un periodo de tiempo fijo establecido por ley o tener hijos en común. Los efectos jurídicos que acarrea el concubinato son derechos y obligaciones en materia de alimentos y sucesiones.

En el caso particular de ex trabajadores migratorios, el concubinato es un asunto relevante. Esa figura jurídica protege las relaciones que existieron entre el ex trabajador y su pareja, aunque no hayan contraído una relación matrimonial. Dadas las características del trabajo que realizaron los braceros, éstos pudieron haber creado un vínculo conyugal con sus respectivas parejas sin haber estado casados, o bien, pudieron haber tenido un concubinato después de que su esposa haya fallecido.

Independientemente de la situación que haya causado el concubinato, lo que resulta injustificado es que la actual ley no incluya a los concubinos como beneficiarios de este fondo, si los cónyuges se encuentran contemplados, por la misma razón se debería incluir a los concubinos, ya que los efectos jurídicos tanto del matrimonio como del concubinato son similares. Por tanto, si queremos que la ley satisfaga y proteja los intereses de los braceros, no podemos pasar por alto esta importante adición.

Tomando en consideración el segundo punto, el artículo 6o. de la ley es limitativo y poco proteccionista, ya que sólo permite el acta de defunción del ex trabajador migratorio como documento probatorio para ser beneficiario distinto. Es muy importante que se reforme este artículo y se incluyan como documentos probatorios tanto el documento que acredite la declaración de ausencia como el de la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano. Esas dos figuras jurídicas son equiparables al acta de defunción, la única diferencia es que para que se otorgue el acta es necesario que se presente el cuerpo del fallecido y en las dos anteriores se cumple con el requisito por el mero transcurso del tiempo. Por tanto, resulta muy limitativo que únicamente se considere el acta de defunción como requisito necesario para obtener el recurso, cuando existen jurídicamente otras figuras que son equiparables a aquella.

En conclusión, se considera necesaria la urgente adecuación de los artículos 1o., 2o. y 6o. en sus diversas fracciones incluyendo las propuestas planteadas en la presente iniciativa con proyecto de decreto, pues todavía existen algunos espacios vacíos que deben ser colmados para otorgar certeza jurídica y justicia a los beneficiarios de estos recursos.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 2o., fracción I; y 6o., primer párrafo, y fracción IV de la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y también se adicionan la sección d), inciso 1, de la fracción IV, la sección c), inciso 2, de la fracción IV, y el inciso 3 de la fracción IV del artículo 6o. de esa misma ley para quedar como sigue:

Artículo 1o. El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos de América de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges, concubinos o hijos que sobrevivan y que acrediten la procedencia, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la presente ley.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento, los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges, hijos o concubinos que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

a) a c) ... d) Acta de defunción del ex trabajador migratorio mexicano, o el documento que acredite la declaración de ausencia del ex trabajador migratorio mexicano, o el documento que acredite la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano. a) y b) ... c) Acta de defunción del ex trabajador migratorio mexicano, o el documento que acredite la declaración de ausencia del ex trabajador migratorio mexicano, o el documento que acredite la presunción de muerte del ex trabajador migratorio mexicano. d) y e) ... Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿dígame?

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Es para hacerle una pregunta a la diputada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya concluyó su presentación, diputado. No está a discusión, no proceden las preguntas. Si quisiera usted adherirse, entonces sí le preguntaríamos.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la participación del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, para la siguiente sesión.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 6 de abril de este año se expidió este reglamento que es muy importante para darle transparencia al funcionamiento de la Cámara. Es el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Es un reglamento que, entre otras cosas, obliga a las distintas áreas, tanto legislativas como administrativas y técnicas, a los grupos parlamentarios, a transparentar la información que generan los distintos cuerpos, órganos y áreas de la Cámara de Diputados. Sin embargo, este reglamento contempla en el artículo 23 y siguientes, la integración de un consejo; por cierto ese consejo aún no ha sido integrado por este pleno de la Cámara de Diputados.

Según el artículo 23 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el consejo estará integrado por tres especialistas en la materia, en materia de transparencia, y estos consejeros tendrán un ingreso salarial equivalente al de director general en la Cámara de Diputados; esto es un salario de aproximadamente más de 110 mil pesos mensuales.

Con ese motivo, y previendo que se va a crear una estructura burocrática adicional a las estructuras burocráticas con las que ya contamos en la Cámara de Diputados, lo que me parece un exceso es que se nombren tres nuevos consejeros para este órgano de transparencia de la Cámara; es por lo que estoy proponiendo una modificación al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para que los consejeros previstos en el artículo 23 del reglamento no perciban ingresos, que sean consejeros honorarios, que este consejo esté integrado por cinco consejeros.

Además, estoy proponiendo que el método de selección de estos consejeros se realice a través de una convocatoria pública, abierta a especialistas e investigadores en la materia y, que si tiene que haber algún tipo de estructura administrativa que auxilie a estos consejeros, sea una estructura administrativa reducida, muy pequeña y no dejarlo a la discrecionalidad de otros órganos de la Cámara.

En pocas palabras, lo que intento con esta propuesta de reforma al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta Cámara de Diputados es evitar la conformación de nuevos órganos burocráticos al interior de la Cámara, es establecer que estos consejeros tendrán una participación meramente honoraria, no percibirán ingresos y, si hay una estructura administrativa que auxilie al consejo, debe ser una estructura fijada en el propio reglamento, una estructura mínima.

Me parece muy importante que tomemos cartas en el asunto. Ya este pleno de la Cámara de Diputados está en falta, porque no ha designado este consejo. Y creo que es momento de repensar tanto la integración como el funcionamiento que tendría este consejo que, hay que decirlo, va a ser la última instancia al interior de la Cámara de Diputados para conocer temas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

No se trata, por tanto, de un asunto menor, se trata de un asunto muy importante, porque puede promover la transparencia en esta Cámara y la protección de los datos personales, pero que tenemos que hacerlo de una manera reflexiva e integrar un consejo con especialistas en la materia, pero que sea un consejo que no le cueste al contribuyente de nuestro país, que sea un consejo sí, de especialistas; en el que exista intervención pública de la sociedad en la designación de los consejeros y que podamos ya establecer esta integración en breve tiempo en la Cámara de Diputados.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia , diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el capítulo III, Del Consejo, y el artículo 46 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, con la finalidad establecer un consejo ciudadano menos oneroso que el considerado en el reglamento de mérito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 6 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, que en su capítulo III, creo la figura del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, como órgano especializado e imparcial de la Cámara con autonomía operativa de gestión y decisión.

El reglamento establece en su artículo 23, que el consejo se integrará de tres especialistas en materia de transparencia y acceso a la información pública, quienes durarán en su cargo cinco años con posibilidad de reelección por una sola vez, y cuyo rango salarial es equivalente al de director general en la Cámara, remuneración que según el tabulador de percepciones de servidores públicos de mando en la Cámara de Diputados, oscilará entre un mínimo de 91 mil 61 pesos y un máximo de 119 mil 78 pesos.

Dicho documento normativo establece además que, el consejo participará en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones, y para ello propondrá la estructura administrativa que requiera y presentará a la Junta de Coordinación Política, su proyecto de presupuesto de egresos.

Basten los datos citados para comprobar que en las instituciones públicas, en este caso en la Cámara de Diputados, ignorando por completo las pésimas condiciones económicas del país y la pobreza de miles de mexicanos, se continúan aprobando oficinas públicas onerosas, con altos sueldos para los funcionarios, con cheques en blanco para la creación de estructuras administrativas, porque en realidad no se tiene claridad sobre el número de plazas que se generarán o que ya han sido creadas, con el argumento de que la Cámara requiere de especialistas en materia de transparencia.

La historia de la administración pública ha demostrado que la socorrida solución de crear oficinas y estructuras, no es la mejor opción para hacer frente a los asuntos públicos, en este caso como en muchos otros temas, la mejor opción sería la de un consejo ciudadano y especializado en la materia, sin necesidad de incrementar la burocracia y los gastos públicos.

De la revisión a las actividades del consejo, relacionadas en el artículo 24 del reglamento que nos ocupa, se desprende que la mitad de las actividades son trabajos meramente administrativos, a saber: proponer la estructura administrativa del consejo, designar a los directivos y al personal de confianza del consejo, establecer los mecanismos de reclutamiento, selección, designación y promoción del personal del consejo, proponer a la Junta de Coordinación Política el proyecto de presupuesto de egresos del consejo, establecer las normas, procedimientos y criterios para la administración de los recursos y materiales del consejo, entre otras, con ello prácticamente podríamos asegurar que el reglamento vigente justifica la creación del consejo con la realización de tareas administrativas.

Es por ello que para evitar la conformación de un consejo con una amplia estructura burocrática y salvaguardar el diseño de la política institucional de la Cámara de Diputados en materia de acceso a la información pública, se propone que los consejeros se elijan a través de una convocatoria pública y abierta a especialistas comprometidos con la transparencia.

Contrario al reglamento aprobado, se propone un consejo ciudadano con las siguientes características:

Por lo expuesto, se propone el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman el capítulo III y el artículo 46 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se reforman el capítulo III Del Consejo, y el artículo 46 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados

Título Segundo Órganos de Transparencia Capítulo III Del Consejo

Artículo 23.

1. El Consejo, es el órgano especializado e imparcial de la Cámara con autonomía operativa de gestión y de decisión.

2. Se integra con cinco especialistas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

3. ...

4. Los consejeros duran en su cargo cinco años, sin posibilidad de reelección.

5. EI cargo de consejero es honorario.

6. ...

7. ...

8. ...

9....

10. ...

Artículo 24.

1. El Consejo:

2. La normatividad y...

Artículo 25.

1. Corresponde a la Cámara, por conducto de la Comisión de la Función Pública, emitir una convocatoria pública abierta a especialistas e investigadores en la materia que se interesen en participar en la Cámara de Diputados de manera honoraria.

2. ...

3. ...

Artículo 26. ...

Artículo 27. ...

1. En la segunda etapa...

2. Los aspirantes deben presentar un ensayo inédito por escrito que debe:

Artículo 28. ...

1. En la tercera etapa, la Comisión de la Función Pública organiza sesiones de trabajo para entrevistar a los aspirantes inscritos, en las que intercambia puntos de vista, respecto de su ensayo.

2. ...

Artículo 29. ...

Artículo 30. ...

1. Para ser consejero se requiere:

Artículo 31. ...

Artículo 32.

1. El cargo de consejero es incompatible con:

Artículo 33. a 45. ...

Artículo 46. ...

1. La Cámara, está obligada a publicar información sobre:

Transitorio

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Cárdenas Gracia.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresay de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en 1999 se celebró la Cumbre Económica Mundial, en Davos, Suiza. El secretario general de las Naciones Unidas, atendiendo a los resultados de la apertura de mercados y los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros para atender los efectos de la economía global, invitó a las empresas a cooperar en tres áreas en las que existe un consenso internacional compartido: derechos humanos, condiciones de trabajo y protección al ambiente.

Se propuso un acuerdo mundial en el que se invitó a los líderes económicos a adoptar y aplicar los principios derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, de la Cumbre de Copenhague y de la Declaración de Río de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente en 1992 la (Cumbre de la Tierra) y la fase operacional del Pacto Mundial se inauguró el 26 de julio de 2000 en la sede de las Naciones Unidas.

El pacto suscrito intenta promover, a través de la acción colectiva, el civismo empresarial responsable, a fin de que el mundo de los negocios forme parte de la solución de los retos que plantea la mundialización. De este modo el sector privado, en colaboración con otros agentes sociales, puede contribuir a hacer realidad la visión de una economía mundial más sostenible e incluyente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos aceptar que el mundo de las organizaciones ya no puede mantenerse al margen de las problemáticas globales, llámese cambio climático, pobreza o seguridad colectiva.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que todos tenemos una responsabilidad y todos podemos aportar si queremos avanzar hacia un mundo más justo y libre. Por ello entendemos estos principios como instrumentos que servirán de puente entre el mundo empresarial y las preocupaciones globales para hacer posible el desarrollo de una nueva cultura empresarial como sujeto social responsable.

La actividad empresarial y sus organizaciones a través de cámaras y confederaciones, se convierte en parte dinámica que incide en la formulación de políticas públicas o la construcción de una agenda común en materia de responsabilidad social.

Abordar este tema desde la Cámara de Diputados, en la LXI Legislatura, es aportar un elemento motivacional que generará un ambiente más propicio para la competitividad y viabilidad de las propias empresas, ya que es generadora de compromisos y metas comunes de quienes la integran, propietarias y propietarios, directivas y directivos, y trabajadoras y trabajadores.

Una nueva cultura de responsabilidad social empresarial es el punto de partida para la sostenibilidad y supervivencia en la era de la globalización. El presente proyecto de iniciativa propone adicionar al objeto de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la promoción de una cultura de responsabilidad social de las empresas y sus organizaciones en las materias de derechos humanos, condiciones laborales, ambiente, transparencia y anticorrupción.

Derivado de esta adición en los programas de formación empresarial, se propone el relativo a la protección de los derechos humanos; el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio del trabajo infantil; la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, así como la implementación de programas y políticas anticorrupción dentro de sus organizaciones y sus operaciones de negocios.

De igual forma se reforma la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para establecer como objeto de las cámaras y las confederaciones, el fomento y la producción de la cultura de la responsabilidad social de las empresas y sus organizaciones en materia de derechos humanos, condiciones laborales, ambiente, transparencia y anticorrupción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el inciso j) a la fracción II del artículo 4 y la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y se reforman los artículos 7 y 9 de la de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la Cumbre Económica Mundial en Davos Suiza de 1999, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en atención a los resultados de la apertura de mercados y los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros para atender los efectos de la economía global, invitó a las empresas a que cooperen en tres áreas en las que existe un consenso internacional compartido: derechos humanos, condiciones de trabajo y protección del medio ambiente. Para lo cual propuso un acuerdo mundial en el que solicitó a los líderes económicos a que adoptaran y aplicaran los principios derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, de la Cumbre de Copenhague, y de la Declaración de Río de la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo y medioambiente de 1992 (la Cumbre de la Tierra) y la fase operacional del Pacto Mundial se inauguró el 26 de julio de 2000 en la sede de las Naciones Unidas.

El pacto suscrito intenta promover, a través de la acción colectiva, el civismo empresarial responsable a fin de que el mundo de los negocios forme parte de la solución de los retos que plantea la mundialización. De este modo, el sector privado, en colaboración con otros agentes sociales, puede contribuir a hacer realidad la visión del Secretario General: una economía mundial más sostenible e incluyente.

El Pacto Mundial tiene dos objetivos complementarios:

Este instrumento se apoya en la responsabilidad ante el público, en la transparencia y en el interés bien entendido de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad civil, para poner en marcha acciones sustantivas comunes en pro de los principios en los que se basa el pacto.

El 9 de junio de 2005 se iniciaron formalmente las actividades del Pacto Mundial en México aglutinando a empresas y organizaciones en una red cuyo denominador común es el apego a 10 principios de responsabilidad social en cuatro áreas:

El Pacto Mundial en México se propuso como objetivo apoyar los esfuerzos realizados por las empresas y las organizaciones sociales del país para profundizar y difundir la cultura de la responsabilidad social de las empresas y organizaciones.

En esta convocatoria participaron las principales cúpulas empresariales de México y de las agencias de las Naciones Unidas que colaboran en la Oficina del Pacto Mundial, como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por su relevancia e impacto se transcriben los principios que rigen el pacto Mundial y las recomendaciones específicas a las empresas.

Derechos Humanos

Principio I. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional

La responsabilidad del respeto a los derechos humanos no se limita a los gobiernos o a las naciones. Los derechos humanos son tan importantes para los individuos como para las organizaciones que ellos forman. Como parte del compromiso con el Pacto Mundial, la comunidad empresarial tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos, tanto en el lugar de trabajo como en los sitios en los que se ejerce su influencia.

Las razones por las que las empresas deben atender los temas referentes a derechos humanos son:

Principio II. Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos

Muchos están de acuerdo en que el término ``complicidad'' es muy difícil de apreciar y categorizar. Es un gran reto para los empresarios entender planamente los que ``complicidad'' significa y evitar así verse involucrados en violaciones a los derechos humanos. Debido a que las dinámicas entre los gobiernos, las compañías y la sociedad civil están cambiando, también está cambiando nuestro entendimiento de cuándo y cómo las distintas organizaciones deben hacerse responsables de los derechos humanos.

Es importante entender que, en el contexto empresarial, la complicidad puede presentarse en muchas formas:

Se sugiere que las empresas:

Normas laborales

Principio III. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

Las empresas enfrentan mucha incertidumbre en el mercado mundial actual pues este se encuentra en constante cambio. Establecer un diálogo genuino con representantes laborales, electos libremente, permite tanto a los trabajadores como a los empleadores entender mejor los problemas mutuos y encontrar la mejor manera de resolverlos. La seguridad de estar representado es una base para construir una confianza bilateral. La libertad de asociación y el ejercicio de la negociación colectiva crean oportunidades para un diálogo constructivo, cuyas soluciones representan beneficios para la empresa, sus accionistas y, finalmente, para la sociedad. Muchos estudios demuestran que la dinámica resultante de la libre asociación puede aumentar la productividad, las ganancias y los beneficios para todos los interesados.

Posibles estrategias para las empresas:

Principio IV. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

El trabajo forzado u obligatorio es cualquier labor o servicio desempeñado por cualquier persona bajo la amenaza de cualquier penalización, o que la persona que lo desempeña no se haya ofrecido a realizar voluntariamente. El otorgar salarios u otras compensaciones no significa necesariamente que el trabajo no sea forzado u obligado. Por derecho, el trabajo debe realizarse libremente y los empleados deben poder retirarse cuando lo deseen de acuerdo con las normas establecidas.

Al retrasar el desarrollo adecuado de los recursos humanos, el trabajo forzado disminuye el nivel de productividad y de crecimiento económico para la sociedad en general. La pérdida de ingresos debido a la interferencia en el trabajo normal o en las actividades generadoras de ingreso puede reducir las ganancias de familias enteras y en consecuencia promover también la pérdida de alimentos, alojamiento y servicios de salud.

Los trabajos forzados u obligados se presentan en diversas formas:

Principio V. Abolir de forma efectiva el trabajo infantil

El trabajo infantil ha tenido lugar en casi todo el mundo y, actualmente, sigue siendo un problema importante en muchos países en desarrollo, a pesar de que también sucede (de manera menos evidente) en los países desarrollados e industrializados.

El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su dignidad. Muchos de los niños trabajan muchas horas por salarios muy bajos o nulos y en condiciones dañinas para su salud y su desarrollo físico y mental. Se les niega una educación y en ocasiones son separados de sus familias. Es muy probable que los niños que no terminan la educación primaria permanezcan analfabetos y nunca adquieran las habilidades necesarias para obtener un empleo y contribuir así con el desarrollo de la economía moderna. En consecuencia, el trabajo infantil se traduce en muchos trabajadores no aptos para el papel que desempeñan, lo que pone en riesgo las mejoras futuras en las habilidades de la fuerza de trabajo.

El trabajo infantil existe debido a las presiones de la pobreza y la falta de desarrollo, pero también es una simple consecuencia de la explotación. Existe tanto en la economía formal como en la informal. Sin embargo, es en ésta última en la que se encuentran la mayor parte y las peores formas de trabajo infantil.

Las peores formas de trabajo infantil son:

Acciones concretas:

Principio VI. Eliminar la discriminación con respecto el empleo y la ocupación

La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es ``cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga el efecto de anular o desequilibrar la equidad de oportunidades o de trato en un empleo u ocupación. La discriminación puede afectar a los sectores racial, de género, de religión, de opinión política, nacionalidad o extracto social''. Por supuesto, las distinciones basadas estrictamente en los requerimientos inherentes a un trabajo, no están consideradas como discriminación.

El no discriminar significa que los empleados sean seleccionados con base en su capacidad de realizar el trabajo y que no exista alguna distinción, exclusión o preferencia basadas en otras cuestiones. Los empleados que se ven afectados por la discriminación en el trabajo no tienen oportunidades y sus derechos humanos se ven violados.

La discriminación puede ser directa cuando las leyes, reglamentos o prácticas citan explícitamente algún motivo como el género o la raza para ser privado de alguna oportunidad. Pero, en general, la discriminación suele ser indirecta y se ejerce donde los reglamentos y las prácticas aparentan ser neutrales pero en realidad promueven las exclusiones.

Desde el punto de vista empresarial, la discriminación no tiene sentido puesto que esta práctica restringe el flujo de trabajadores y de habilidades y desacelera el crecimiento económico de la empresa y de la sociedad en general.

Las compañías pueden realizar actividades específicas para solucionar el problema de la discriminación:

Medio Ambiente

Principio VII. Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales

¿Qué es un método preventivo?

De acuerdo con la Declaración de Río, ``para lograr un desarrollo sostenible, la protección ambiental debe formar una parte integral del proceso de desarrollo y no debe ser considerado un tema aislado [...] Para proteger al medio ambiente, los métodos preventivos deben aplicarse de acuerdo con las capacidades de cada Estado. Cuando exista la amenaza de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como pretexto para posponer las medidas costo-beneficio que puedan prevenir el deterioro del medio ambiente''.

La prevención se encuentra en varios conceptos fundamentales:

El elemento clave de los métodos preventivos, desde una perspectiva empresarial, es tener la idea de la prevención más que la de cura. En otras palabras, es más efectivo, en cuanto a costos, llevar a cabo una acción temprana para garantizar que no se presente el daño ambiental irreversible.

Principio VIII. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental

La Cumbre de la Tierra en 1992 atrajo la atención a tres puntos importantes:

En esta cumbre, el significado de responsabilidad ambiental para las empresas es ``el manejo responsable y ético de los productos y los procesos con respecto a la salud, la seguridad y los aspectos ambientales. Para llegar a este fin, las empresas y las industrias deben incrementar su autorregulación, guiada por códigos, leyes e iniciativas adecuadas en las que se integren todos los elementos del planea miento de las empresas y la toma de decisiones, además de una apertura y un diálogo con los empleados y el público en general''.

Por medio del principio VIII, el Pacto Mundial presenta un esquema para que las empresas ejecuten algunos de los objetivos fundamentales establecidos en 1992.

Las empresas ganan legitimidad la atender las necesidades de la sociedad, y esta misma necesita, cada vez más, que se llevan a cabo prácticas que sustenten el medio ambiente. Una forma de demostrar el compromiso de las empresas, es cambiar sus métodos convencionales por métodos más responsables para solucionar los problemas ambientales.

Los siete elementos fundamentales para contribuir con la responsabilidad ambiental son:

Principio IX. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el ambiente

Fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías inofensivas para el ambiente es un objetivo a largo plazo para las empresas y debe atender las funciones tanto administrativas como de investigación de la organización. Estas tecnologías inofensivas para el ambiente son aquellas que ``protegen el ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos de modo más sostenible, reciclan sus productos y desperdicios y desechan los desperdicios residuales de forma más aceptable que aquellas tecnologías a las que ahora sustituyen. Las tecnologías inofensivas para el ambiente no son tecnologías individuales, sino un sistema en conjunto que incluye capacitación, procedimientos, bienes, servicios y equipo, así como procesos de organización y administrativos.

Las tecnologías ambientales efectivas nos permiten reducir la utilización de recursos finitos y utilizar los recursos existentes de manera más eficiente. El almacenamiento, tratamiento y disposición de desperdicios es productivo en términos financieros, ambientales y sociales. Debido a que estas tecnologías generan menos desperdicios y residuos, el uso de tecnologías ineficientes puede representar un incremento en los costos operativos de las empresas. En contraste, evitar el impacto ambiental por medio de la prevención en la contaminación y el diseño de productos ecológicos, incrementa la eficiencia y, sobre todo, la competitividad de la compañía y puede también conducir a nuevas oportunidades empresariales.

En una fábrica, el mejoramiento de tecnologías puede alcanzarse con cuatro principios básicos:

Anticorrupción

Principio X. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno

Para la implementación de los principios anteriores se sugirió que los participantes del Pacto Mundial adoptarán las medidas siguientes:

Por lo anterior, el mundo de las organizaciones ya no puede mantenerse al margen de las problemáticas globales, llámese cambio climático, pobreza o seguridad colectiva, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que todos tenemos una responsabilidad y todos podemos aportar si queremos avanzar hacia un mundo más justo y libre.

No es una casualidad que los 10 principios del Pacto Mundial se refieran a áreas tan críticas para la convivencia global como los derechos humanos, los derechos laborales, el ambiente y la lucha contra la corrupción.

En Nueva Alianza, entendemos estos Principios como instrumentos que servirán de puente entre el mundo empresarial y las preocupaciones globales, para hacer posible el desarrollo de una nueva cultura empresarial, como sujeto social responsable.

Por ello, la actividad empresarial y su organización a través de cámaras y confederaciones, se convierte en parte dinámica que incide en la formulación de políticas públicas o la construcción de una agenda común en materia de responsabilidad social.

Abordar este tema desde la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, es aportar un elemento motivacional que generará un ambiente más propicio para la competitividad y viabilidad de las propias empresas, ya que es generadora de compromisos y metas comunes de quienes la integran: propietarias y propietarios, directivas y directivas y trabajadoras y trabajadores.

Una nueva cultura de responsabilidad social empresarial es el punto de partida para la sostenibilidad y supervivencia en la era de la globalización.

El presente proyecto de iniciativa propone adicionar al objeto de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa la promoción de una cultura de responsabilidad social de las empresas y sus organizaciones en las materias de derechos humanos, condiciones laborales, ambiente, transparencia y anticorrupción.

Derivado de esta adición, en los programas deformación empresarial, se propone también el relativo a la protección de los derechos humanos; el respeto la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, del trabajo infantil y la discriminación con respecto el empleo y la ocupación; así como la implementación de programas y políticas anticorrupción dentro de sus organizaciones y sus operaciones de negocios.

Asimismo, se reforman la fracción XII del artículo 7 y la fracción VI del artículo 9 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para establecer también como objeto de las Cámaras y las Confederaciones, el fomento y la promoción de la cultura de la responsabilidad social de las empresas y sus organizaciones en materia de derechos humanos, condiciones laborales, ambiente, transparencia y anticorrupción.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan el inciso j) a la fracción II del artículo 4 y la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Y se reforman los artículos 7 y 9 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones

Artículo Primero. Se adiciona un inciso j) a la fracción II del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

``Artículo 4 . ...

Artículo Segundo . Se adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

...

Artículo Tercero . Se reforma la fracción XII del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para quedar como sigue:

Artículo 7 . ...

Artículo Cuarto . Se reforma la fracción VI del artículo 9 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

Artículos Transitorios

Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Pinedo Alonso.Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Eviel Pérez Magaña, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Eviel Pérez Magañay Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Eviel Pérez Magaña: Con su venia, diputado presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, donde los diputados demostramos actuar con responsabilidad ante el país para dotarlo de los recursos necesarios para enfrentar un año que se espera complicado para la economía nacional, es de reconocer que, a pesar de los esfuerzos, nuestro país está sumido en una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. Los efectos externos y la respuesta tardía del gobierno han provocado que la economía mexicana caiga aproximadamente 8 por ciento este año.

Los diputados, únicos facultados para aprobar el presupuesto de egresos, tenemos la obligación de proteger a la ciudadanía, especialmente a aquellos que menos tienen, a los que viven en condiciones de pobreza, a los que viven en condiciones de marginación y rezago.

Por eso, acudo a esta alta tribuna a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo propósito es crear un Fondo de Compensación que se integrará con 1 por ciento de la recaudación federal participable.

Los recursos que por este concepto se obtengan se distribuirán entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo al Inegi, tienen los menores índices de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero. Esos recursos serán destinados a combatir la pobreza en que viven millones de mexicanos en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Compañeras y compañeros, tenemos que impulsar desde esta soberanía popular el combate frontal a la pobreza en México. Asumamos el compromiso con los más necesitados; ellos demandan un Congreso que promueva la justicia social, un Congreso comprometido con la creación de empleos, un Congreso que fortalezca a los municipios y a sus estados para crear la infraestructura en aquellas regiones del país que se han visto rezagadas.

Muchos de nosotros somos originarios de estas regiones y ha llegado el momento de dar respuestas y resultados. La situación en que viven millones de mexicanos requiere de la atención urgente e inmediata de sus representantes en este Congreso de la Unión.

Hago un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, a sumar esfuerzos para dictaminar y aprobar esta iniciativa que permitirá atender las más urgentes necesidades de la población que vive en condiciones de pobreza y marginación. Apelo no a las ideologías políticas; hoy acudo a la alta responsabilidad y compromiso social que muchas y muchos de ustedes han mostrado y demostrado en este Congreso.

Hoy les pido que asumamos nuestra responsabilidad haciendo a un lado compromisos de partido, porque la marginación y la pobreza carecen de ideología y su único color es la indignación.

Los más pobres han esperado demasiados años para ser tomados en cuenta. Aprovechemos este momento y aprobemos reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para dotar a esas entidades de los recursos que les permitan disminuir sus rezagos. Otorguémosles la capacidad de ofrecer a esa población, mejores oportunidades de educación, salud, seguridad y beneficio social que les permitan salir de la condición en que se encuentran.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta alta soberanía la iniciativa de reforma al artículo 4o.-A, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal para adicionar con 1 por ciento de la recaudación federal participable al Fondo de Compensación. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Eviel Pérez Magaña y Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscritos, Eviel Pérez Magaña y Emilio Andrés Mendoza Kaplan , diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal surge en 1980 como un intento por simplificar nuestro sistema fiscal, participar a las entidades de la recaudación de todos los impuestos federales, evitar la doble y múltiple tributación, distribuir las participaciones en la recaudación de impuestos federales a las entidades federativas a través de una serie de indicadores y de fondos que han ido cambiando con el tiempo, perfeccionando la distribución de los mismos, con una tendencia creciente.

La base para su pago es la recaudación federal participable (RFP). El artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos y por los incentivos económicos que reciben con base en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal.

El porcentaje participable ha ido creciendo desde 12.5 por ciento en 1980 a 22.386 por ciento en la actualidad, destacando con 20 por ciento el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal que se constituye con 1 por ciento de la recaudación federal participable y el Fondo de Fiscalización que se integró con fondos previamente existentes y que equivale a 1.25 por ciento de la RFP. Las participaciones son de hecho ingresos propios, al provenir de la administración de impuestos en los que las entidades federativas tienen facultades concurrentes y que cedieron al gobierno federal al firmar el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Son de libre ejercicio, sancionado por los congresos locales.

Ante la crisis de 1995 que no llegó a los niveles actuales, se instrumentaron mecanismos de apoyo a las finanzas de los gobiernos locales, entre otros se incrementó el Fondo General de Participaciones de 18.5 a 20 por ciento, el Fondo de Fomento Municipal se duplicó hasta constituir 1 por ciento de la RFP, se empezaron a pagar participaciones del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas, cerveza y tabacos, se crea un fondo de emergencia en Banobras hasta por un mes de participaciones, se les dan nuevas potestades en materia de hospedaje, anuncios y bebidas alcohólicas, se les traslada la administración del impuesto de tenencia, se crea el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) y se toman las medidas para crear en 1998 el ramo 33 y el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) en 1999, este último con un promedio de 1.8 por ciento de la RFP, 2 por ciento en 2006 y 1.4 por ciento a partir de 2007, cuando se integra como un fondo más de aportaciones en la Ley de Coordinación Fiscal: reducción a cambio de estabilidad, sin embargo, ésta ya estaba incluida en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria desde 2006.

Ante un contexto de crisis económica, cuyo inicio fue externo, pero que dada la fragilidad económica de nuestro agotado modelo de desarrollo, se ha traducido en una crisis fiscal sin precedente para estados y municipios, y social para la mayoría de los mexicanos. La economía mexicana es la que caerá más en el hemisferio occidental como ha señalado el Fondo Monetario Internacional con menos 7.3 por ciento o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menos de 8 por ciento del producto interno bruto. Estamos en el sótano de las economías latinoamericanas y los indicadores de pobreza, concentración del ingreso y desempleo se encuentran totalmente deprimidos. De hecho se estima un hoyo fiscal cercano a los 100 mil millones de pesos: desaparecen los 25 mil millones de pesos promedio de 2003 a 2008 de los excedentes petroleros, que fueron utilizados en cientos de obras de infraestructura en los municipios, en apoyo a sectores estratégicos para el desarrollo social, y los entre 65 y 75 mil millones de pesos que se estima caigan las participaciones en relación a lo previsto en la Ley de Ingresos al inicio del ejercicio fiscal, 10 mil más si se comparan con el ejercido en 2008.

Los fondos de estabilización, particularmente el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), son insuficientes para cubrir ese boquete, los 24 mil millones disponibles, aun con su llamada bursatilización que agrega 19 mil millones de pesos, como deuda que tendrá que pagarse con participaciones futuras, apenas suman 43 mil millones de pesos, insuficientes para hacer frente a la contingencia presupuestal de este año.

Por otro lado, las finanzas federales tienen sus seguros, los cuales se niegan a compartir con los gobiernos de las entidades federativas, como es el caso de las coberturas, a pesar de que ellas contribuyeron para su contratación. Para 2010, el gobierno federal contará con 40 por ciento de los fondos de estabilización, los recursos de las coberturas, los de los fideicomisos, los subejercicios presupuestarios, además de que al no poder las entidades federativas y municipios cubrir su parte de los pari passu , su regreso se convierte en ahorro presupuestal en las finanzas del gobierno federal. Además conservan los fondos estatales como el FEIEF, FARP y 10 por ciento de los recursos excedentes para proyectos y programas de inversión en infraestructura en las entidades federativas, que se han negado a liberarles, como lo han solicitado.

En suma, las finanzas federales tienen recursos disponibles en los diferentes fondos y las entidades federativas y los municipios no, y la solución de endeudamiento para cubrir gasto corriente es poco conveniente. Ello significa que los ingresos del Fondo General de Participaciones son insuficientes para compensar la caída de 2009 y enfrentar las tareas para 2010.

Ahora bien, en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación aprobado para 2010, se otorgan 6 mil 688 millones de pesos adicionales al de la propuesta original enviada por el Ejecutivo federal, pero en el caso de la recaudación federal participable esta disminuye en 51 mil 260 millones de pesos, es decir, a pesar que se aprueban mayores ingresos a los solicitados por el Ejecutivo para 2010, las entidades federativas y los municipios recibirán menos recursos a los contemplados en la propuesta original del presidente.

Lo anterior debido a que las modificaciones realizadas en relación con las fuentes de ingresos propuestas por el Ejecutivo federal para alcanzar un presupuesto equivalente al aprobado para 2009, contemplaba más recursos vía impuestos que los aprobados y que afectaron directamente la RFP.

Dado que no se aprobó la contribución contra la pobreza y se ajustaron tasas y cuotas de otros impuestos, se obtendrán por este concepto 86 mil 656 millones de pesos menos, los cuales son compensados en parte por el incremento al precio del petróleo de 53.9 dólares por barril a 59.0 dólares por barril, que incrementó los derechos en 47 mil 155 millones de pesos, de los cuales son participables unos 42 mil millones de pesos.

Los otros mecanismos de compensación de la pérdida de ingresos tributarios se obtendrán de mayores ingresos para Pemex como resultado del ajuste mencionado al precio del petróleo y por el incremento al déficit fiscal de 0.5 por ciento a 0.75 por ciento del producto interno bruto, que representan 30 mil millones de pesos adicionales; sin embargo, estos conceptos no favorecen las finanzas estatales y municipales, ya que son ingresos que no integran la RFP.

Las modificaciones realizadas al Presupuesto de Ingresos federal que redujeron la RFP en 51 mil 260 millones de pesos, impactarán las finanzas de las entidades federativas y municipios en 14 mil 788 millones de pesos, monto cercano a 1 por ciento de la recaudación federal participable, que en justicia se propone resarcir, a través del Fondo de Compensación, ya que este es el mejor mecanismo para garantizar que los recursos que se aprueben para las entidades federativas y municipios, sean aplicados en programas de combate a la pobreza, la cual debe ser mayormente asumida por los gobiernos locales.

La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 4-A, fracción II, penúltimo párrafo, establece:

Esto quiere decir que aun cuando los recursos del Fondo de Compensación no están etiquetados, sí están sujetos a evaluación del Congreso de la Unión, lo que obliga a las entidades más pobres a destinarlos para el combate a la pobreza, a fin de asegurar su continuidad.

Además, se daría impulso al planteamiento que originó la propuesta de establecer una contribución para el combate a la pobreza por parte del gobierno federal, pero descentralizada a los niveles de gobierno más cercano a las necesidades de la población más pobre del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se reforma el artículo 4-A, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4o-A. La recaudación ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado Pérez Magaña.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores.

En los términos de lo dispuesto en los artículos 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha significado un gran avance en la consolidación de nuestro México como un Estado democrático y de derecho. Su equidad se ha depositado en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos al reconocer como garantías individuales y sociales parte de las normas jurídicas modernas que se encargan de fundamentar la dignidad de las personas, sin importar su edad, religión, sexo o condición social.

Lo anterior demuestra y nos hace ver que contamos con una comisión autónoma que no responde a cuestiones de tipo político; sin embargo, como legisladores que actuamos de manera congruente y responsable, es necesario dotar de mayores herramientas y facilidades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la protección, el respeto y la observancia de dichos derechos sea indudablemente su prioridad y compromiso.

Compañeros legisladores, queremos una comisión mucho más autónoma y funcional, una comisión que no obedezca a intereses ni presiones del gobierno en turno, pero que tampoco haga de cada situación una oportunidad para diferir y ponerle obstáculos al mismo.

Queremos una comisión que de manera responsable utilice todos y cada uno de los recursos recibidos, que su presupuesto de egresos facilite e incentive el desempeño de su trabajo. Un trabajo que brinde resultados satisfactorios para la sociedad mexicana, acorde con la difícil situación que hoy en día se vive.

Es cierto que la funcionalidad de esta comisión depende en gran medida de su titular y de la participación y aportación de su cuerpo de trabajo; por tanto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que busca dotar de mayor autonomía al cuerpo que respalda a esta organización, el Consejo Consultivo, al cual se le confiere coadyuvar en el desempeño de las responsabilidades de la comisión señaladas en el artículo 5o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se autoriza su reciprocidad para establecer los lineamientos generales de la actuación de la comisión y del propio consejo.

Este último cumple con aprobar el reglamento y normas de carácter interno, informa y opina a favor del informe anual emitido al Senado y al propio Congreso de la Unión, pero este consejo de ciudadanos no está facultado hoy en día para opinar respecto del presupuesto, un aspecto indiscutible y que depende en gran medida de su aprobación para el buen funcionamiento de la comisión, además de que en estos tiempos en que es necesario optimizar y hacer uso responsable de los recursos económicos, vemos con total acierto el hecho de facultar al Consejo Consultivo, formado por ciudadanos, para que participe y opine en el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente de la comisión, presupuesto que hemos aprobado hace unos días.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo único. Se adiciona una nueva fracción VI, convirtiéndose la actual fracción VI en fracción VII del artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya fracción VI queda de la siguiente manera:

Artículo 19.

V. Solicitar al presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la comisión nacional;

VI. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente de la Comisión Nacional; y

VI. Conocer el informe del presidente de la Comisión Nacional respecto del ejercicio presupuestal.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 10 de noviembre de 2009. Es cuanto, señores diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Rosa Adriana Díaz Lizama , secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La formación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) significó para nuestra nación un gran avance a la consolidación de un estado democrático de derecho. Su equidad se deposita en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, al reconocer como garantías individuales y sociales parte de las normas jurídicas modernas que se encargan de fundamentar la dignidad de la persona sin importar su edad, religión, sexo o condición social, simplemente toma en cuenta las facultades, prerrogativas y libertades básicas que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin esto, no podrían sobrevivir como tal leyes que acogen a la población bajo la legitimidad del Estado y su función, el cual no sólo tiene la responsabilidad de reconocerlos, sino también de respetarlos y defenderlos; además de concretar su actuación de acuerdo a los límites señalados por la ley, que impone en determinados casos la obligación de no hacer o actuar con el fin de garantizar al individuo la vigencia de sus libertades y derechos consagrados en la Constitución.

Asimismo, es nuestro compromiso impedir transgresiones a las garantías individuales y al abuso de poder, hace falta no sólo ser constantes y precisos en la aplicación de leyes sino también, en regular y crear la normatividad justa eficaz y eficiente a favor del respeto de las granitas individuales de nosotros como seres humanos; por ello y dada la relación existente entre los tres órdenes de gobierno con la CNDH, es elemental evidenciar que tan fuerte es el vínculo entre sí, que dicha organización por sí sola ya es un aparato autónomo e independiente del Poder Ejecutivo e invita a la población para que deposite su entera confianza y se acerque sin temor a ser desacreditado o a no ser tomado en cuenta. Es cierto que, depende en gran medida el funcionamiento y la estructura de dicha organización así como de quién es designado su titular y cuerpo de trabajo para enriquecer y garantizar el compromiso en la generación y aplicación de las políticas públicas y qué mejor si las reglas a determinarlo se apegan a la generación de estas políticas.

Es entonces que con la presente disposición se pretende dotar de mayor autonomía al cuerpo que respalda dicha organización --principalmente al consejo Consultivo--; al cual se le confiere, apoyar el desempeño de las responsabilidades de la CNDH señalado en el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se autoriza su reciprocidad para establecer los lineamientos generales de la actuación de la Comisión, aprueba reglamentos y normas de carácter interno, se informa y opina a favor del informe anual emitido al Senado y al propio Congreso de la Unión pero; no así está facultado para opinar respecto del presupuesto, un aspecto indiscutible y que depende en gran medida de su aprobación para el buen funcionamiento de un organismo público constitucional autónomo del Estado mexicano en la preservación del estado de derecho y que el logro de lo propuesto implica la formulación y perfección contundente de las normas sustantivas, operativas y administrativas que permitan cumplir a un cien por ciento con las funciones, facultades y atribuciones de forma eficiente y eficaz.

Como se sabe, el presupuesto responde a la adición de programas para la defensa de los derechos humanos que diferentes instrumentos nacionales o internacionales han demandado para su atención. La opinión del Consejo Consultivo respecto del gasto implica el conocimiento de medidas contundentes y equivalentes que solicitan el sustento, puesto que saben el destino y el modo en que es delegado el gasto público por lo que solicito su opinión puesto que su evaluación requiere aun de más personal no solo del presidente y que mejor si son ellos, puesto que además están facultados para promover su distribución.

Actualmente la sociedad enfrenta problemas muy complejos, cuyo tratamiento requiere del acuerdo de todos los actores y sectores políticos. Esto, sin embargo, no significa que optemos por visiones importadas o impuestas, sino más bien nos obliga a que seamos protagonistas de nuestro propio futuro, basados en la realidad que nos ocupa. No se pueden superar nuestros rezagos sin una política integral de derechos humanos, que refleje la visión de un Estado plenamente democrático, comprometido con la legalidad, teniendo como su base y principio el respeto a la persona humana, como mandato insoslayable de la Constitución mexicana; una política de estado que trascienda las acciones coyunturales y aisladas, para que aborde el tema en su conjunto. Estamos comprometidos en hacer de México un país donde la libertad y la dignidad sean plenamente respetadas día a día. Para conseguirlo, todos debemos renovar nuestro compromiso y poner en vigencia acciones precisas, ya que tenemos la dicha de vivir en un país libre, plural y representativo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Único. Se adiciona una nueva fracción VI, convirtiéndose la actual fracción VI en la fracción VII, del artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Díaz Lizama.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Se pospone la participación del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT, para la próxima sesión.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años los resultados del crecimiento económico en nuestro país nos obligan como legisladores a buscar alternativas que posibiliten reconducir el actual esquema de regulación jurídica de la economía, con el fin de rehabilitar y fortalecer el proceso de desarrollo de México.

La grave situación que enfrenta nuestro país se refleja en la pérdida de competitividad, desequilibrios fiscales y financieros, y en un alto nivel de vulnerabilidad de nuestra economía.

Con el propósito de evitar que continúen incrementándose los desequilibrios en los diferentes ámbitos de la vida económica debemos propiciar cambios legislativos que permitan evaluar la situación real de la economía y la dinámica del mercado interno, para así tener la capacidad de dar respuesta inmediata a través de medidas e instrumentos que compensen las caídas de la actividad económica.

Por lo anterior, propongo que desde el marco normativo del presupuesto público federal, se contemplen instrumentos de estabilización automáticos, que permitan adoptar e incluir en ley un balance fiscal ajustado, el cual estará en función del ciclo económico. Este indicador facilitaría el análisis y la discusión de la política económica, en especial de la política fiscal brindándole una pauta de orientación general mucho más consistente, en función de la dinámica de crecimiento de la economía.

Esta propuesta diseñada adecuadamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contribuiría a evitar una mayor carga impositiva a los contribuyentes en periodos de contracción económica, como la que hoy vivimos, y se activarían de forma automática transferencias temporales por montos mayores para los sectores sociales y económicos más vulnerables.

Por ello, como integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, comprometida con el estudio e implementación de acciones legislativas para dotar al Estado de mejores instrumentos para el desarrollo, someto a la consideración la iniciativa para incorporar al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el concepto, medición y proyecto de balance primario ajustado, con el fin de estimarlo en función del ciclo económico.

En caso de aprobarse la reforma a la ley antes referida se establecerían las bases para una mayor transparencia, consistencia y flexibilidad de la Ley de Ingresos y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En Nueva Alianza consideramos que la participación del Estado en la economía mexicana debe garantizar no sólo finanzas públicas sanas, sino, sobre todo, crecimiento económico real sostenible y sustentable como consecuencia de la evaluación estable de sus indicadores macroeconómicos.

En ese sentido, presento al pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por consideración a esta soberanía omito la lectura completa de la presente y solicito a la Presidencia que dé la indicación a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para la reproducción íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Pinedo Alonso, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los insuficientes resultados obtenidos en el crecimiento económico de nuestro país en los últimos años, nos obliga como legisladores a buscar alternativas que posibiliten reconducir el actual esquema de regulación jurídico-económica de la economía, con el fin de rehabilitar y fortalecer el proceso de desarrollo del país.

Esta grave situación que enfrenta nuestro país, de bajo nivel de crecimiento económico, y pérdida de competitividad, refleja que existen serios problemas en la economía mexicana, en especial resultado de los desequilibrios fiscales y financieros, los cuales se manifiestan en el bajo perfil de la dinámica económica, la perdida de patrimonio del Estado y el alto nivel de vulnerabilidad de nuestra economía.

Las crecientes deudas y pasivos, así como la caída del crecimiento económico, reflejan que tenemos una economía altamente vulnerable, sensiblemente dependiente del exterior y con una caída creciente en diversos índices de productividad y competitividad que elaboran diversos organismos e internacionales como Foro Económico Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otros.

Reconociendo esto, y con el fin de evitar que sigan creciendo los desequilibrios en los diferentes ámbitos de la vida económica, debemos propiciar cambios legislativos que permitan monitorear la situación real de la economía y la dinámica del mercado interno, para así poder dar respuesta inmediata, por medio de medidas e instrumentos que compensen las caídas importantes de la actividad económica.

Por lo anterior proponemos posibilitar, desde el marco normativo del presupuesto público federal, la instrumentación de estabilizadores automáticos, con el fin de tener la posibilidad de adoptar e incluir en ley la instrumentación de un balance fiscal ajustado, el cual estará en función del ciclo económico.

Este indicador, facilitaría el análisis y discusión de la política económica, en especial de la política fiscal, brindándole una pauta de orientación general mucho más consistente, en función de la dinámica de crecimiento de la economía.

Esta propuesta, diseñada adecuadamente por la Secretaría de Hacienda, ayudaría, por ejemplo a evitar una mayor carga impositiva a los contribuyentes, en periodos de contracción económica como la que hoy vivimos y en donde se posibilitaría la activación automática de transferencias temporales por montos mayores para los sectores sociales y económicos más vulnerables.

El tamaño de los estabilizadores automáticos, que se definan, determinaría la mayor o menor necesidad de aplicar políticas fiscales abruptas y discrecionales en épocas económicas adversas.

La estimación de un balance primario económico ajustado, en función de ciclo económico, serviría para orientar la política fiscal, con el fin de acumular reservas financieras durante épocas favorables, reduciendo la deuda y mejorando el acceso a un mejor nivel de liquidez.

Por ello, creemos necesario y urgente adoptar indicadores como el de balance fiscal ajustado, el cual estaría determinado por el comportamiento del ciclo económico, indicador que facilitaría el análisis y una discusión más seria y consistente de la política económica.

Por lo anterior, es fundamental incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el concepto, medición y proyección del balance primario ajustado, con el fin de estimarlo en función del ciclo económico, lo cual posibilitaría una mayor transparencia y se enriquecería a la Ley de Ingresos y al Decreto de Presupuesto de Egresos, dándoles, con este indicador, mayor consistencia y flexibilidad.

La estimación del balance primario ajustado, en el corto y mediano plazos, permitiría instrumentar medidas contra cíclicas durante las fases en las cuales la economía entra en desaceleración o recesión, protegiendo las áreas más delicadas, como lo es el gasto social.

En este sentido, la participación del Estado en la economía mexicana, debe garantizar no sólo finanzas públicas sanas, sino y sobre todo, un crecimiento económico real sostenible y sustentable como consecuencia de la evolución estable de sus indicadores macroeconómicos.

Es precisamente en este sentido que, como integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometidos con el estudio e implementación de cambios legislativos dirigidos hacia una mejoría social, y preocupados por el pobre desempeño de la economía nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en lo siguiente:

Único. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Pinedo Alonso. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Leobardo Soto Martínez: Gracias, señor presidente. Con su permiso diputadas y diputados, la iniciativa que propongo ante esta honorable Cámara de Diputados tiene como finalidad adicionar una fracción a los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El primero habla de las deducciones fiscales y el segundo de las personas morales sin fines de lucro.

Hoy, la seguridad social, a la cual todas las trabajadoras y los trabajadores tenemos derecho, se ve seriamente afectada, especialmente para las madres trabajadoras, ya que actualmente la gran mayoría son jefas de familia.

Si partimos de la afirmación de que nuestra Constitución es la sustancia de la existencia política de nuestro pueblo, como lo afirmaba el maestro Manuel García-Pelayo, entendiendo además que ésta no se agota en su significación jurídica, sino que comprende diversas esferas de la vida humana en sociedad, donde la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones futuras por ser los herederos del poder constituyente.

Es que el Estado debe de garantizar los derechos de la niñez, tal y como lo señala el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional que a la letra dice: ``... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...''.

Por lo expuesto, esta iniciativa tiene como objeto principal que el sector privado pueda invertir en el mejoramiento de los servicios de las guarderías para así fomentar la calidad y calidez en el servicio de las mismas a favor de la niñez mexicana. Con estas acciones se contará con lugares sanos para su esparcimiento y su educación.

Esta iniciativa permitirá a las empresas deducir impuestos por concepto de aportaciones a las guarderías infantiles concesionadas a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual garantizará los derechos consagrados en nuestra Constitución, y así se contribuye a preservar el futuro de México, que son nuestros niños.

Las guarderías del Seguro Social, que son contratadas para la prestación de servicios indirectos, nacen bajo una figura jurídica mercantil; es decir, reconocidas ante la autoridad fiscal como sociedades mercantiles, tributando ante las diversas leyes como personas morales.

Esto nos indica que tienen la obligación de pagar impuestos, con la cual nosotros estaríamos de acuerdo si no cumplieran con una función eminentemente social. Pero como el objeto principal de estas guarderías es acompañar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, esta característica mercantil, consideramos, se rompe, bajo el principio de interés superior de la infancia, ya que lo que debemos garantizar es que estas estancias infantiles cubran todos los requisitos de seguridad, atención, alimentación y buen de-sarrollo, correspondiéndole al Estado brindar todas las facilidades para que esto se materialice, sin descuidar la inspección y vigilancia de las mismas, de tal forma que adicionar una fracción a los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no implica una excepción en el pago de impuestos, sino una acción del Estado en beneficio de la infancia y en apoyo de la clase trabajadora, por lo que proponemos el siguiente proyecto de decreto.

Primero. Se adiciona la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

Fracción XII. Las aportaciones extraordinarias pagadas por las empresas por concepto de guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Segundo. Se adiciona la fracción XXI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 95. Para los efectos de esta ley se considerarán personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de esta ley, las siguientes:

(...)

Fracción XXI. Guarderías infantiles pertenecientes al Seguro Social, operadas directamente por el organismo, concesionadas o particulares.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI

Leobardo Soto Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 29 y la fracción XXI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Aunque la presente iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción al artículo 29 y al 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el primero en el capítulo de las deducciones y el segundo en el capítulo de las personas morales con fines sin lucro. Pareciera que el proyecto de decreto su fin es meramente fiscal, pero la verdad que toca en lo más profundo de la seguridad social y sin duda el objetivo principal es garantizar a los infantes que estén bajo el cuidado de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) tengan un servicio de calidad y calidez, y sólo será posible lograrlo si se atraen recursos extras a estas guarderías ya que sin duda con la crisis que vive el país resulta difícil ampliar los presupuestos en este rubro, pero con este proyecto se otorga una oportunidad para que la iniciativa privada le apueste apoyar con recursos económicos con la oportunidad de deducir en materia impositiva y por otro lado las guarderías infantiles del IMSS puedan ser objeto de recibir recursos económicos.

La presencia de enfermedades, el hambre, la inclemencia del medio, la insalubridad y la ignorancia han sido la esencia de movimientos sociales y de trabajadores de todo el mundo. Me es importante hacer una serie de señalamientos históricos y de la evolución de la seguridad social en el mundo y México.

I. Antecedentes

Los países pioneros en reglamentar la seguridad social se redunda a los siguientes:

La historia mexicana nos revela que

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, del 10 de diciembre de 1948, declaró en materia de seguridad social lo siguiente:

II. Consideraciones

Hoy día, las familias mexicanas necesitan trabajar padre y madre para obtener una vida digna cumpliendo mínimamente con las necesidades básicas para el sustento familiar. Esto ha orillado que miles de mujeres mexicanas dejen al cargo de sus hijos a otras personas o familiares para poder trabajar, uno de los derechos que otorga la Ley del Seguro Social son con apoyo del IMSS para guarderías, que poco a poco cada día se ve más difícil garantizar a los niños un servicio de calidad por lo que implican los altos costos de operación, sin duda gracias a las mujeres que aportan y contribuyen con el sustento familiar, provocando un mayor desarrollo integral de la familia.

En la actualidad, según el portal oficial del IMSS, desde 2005 hasta la actualidad oscilan entre mil 520 y mil 550 guarderías en todo el país.

Actualmente, el IMSS aporta para el cuidado de un niño 2 mil 299.42 pesos; divididos en 30 días nos quedan 76 pesos por día, con cuidados de 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Pero si de casualidad un pequeño llegara a faltar por distintas causas, es rebajado el día de la aportación mensual, creando un problema, ya que los gastos siguen siendo los mismos; por ejemplo, se les da desayuno, comida y merienda, y sumémosle los demás gastos ordinarios.

A raíz del siniestro ocurrido el 6 de junio en Sonora, propiamente en Hermosillo en una de las guarderías del IMSS, donde murieron 4 decenas de pequeños y otros más resultaron con daños a causa de un incendio, se ha desencadenado una exageración por parte de las autoridades en las medidas de higiene y seguridad, provocando que los costos promedio por niño se eleven muy por encima del subsidio o aportación del IMSS otorgado.

Las medidas de seguridad son necesarias y oportunas, pero que tienen un valor monetario y se hace necesario invertir en lo siguiente:

Las guarderías del IMSS, que son concesionadas, nacen con la característica mercantil, es decir, reconocidas ante la autoridad fiscal como sociedades mercantiles, tributando ante las diversas leyes como personas morales. Esto nos indica que por obligación hay que sumarle el pago de impuestos, por ejemplo, una guardería recibe la cantidad aproximada de 140 mil pesos por 80 niños, la ley fiscal lo toma como un ingreso y por lo tanto hay que pagar impuestos que redundan alrededor de 25 mil pesos por concepto de ISR o en su caso IETU, IVA, Infonavit e IMSS.

Proponer una cuota a las madres trabajadoras, por los gastos que se generan o se pudieran generar en un futuro por adecuaciones de locales, requisitos cotidianos, resultaría ser aún más lesivo para su economía familiar.

El artículo 251 del la actual Ley del Seguro Social, en su texto, alude tanto a las facultades y atribuciones de la institución en su carácter de

La Ley del IMSS, en el Apartado ``Guarderías'', en los artículos del 201 al 206, en el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.

Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones especiales por zonas, convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.

Este servicio se proporcionará a los menores desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años

El IMSS al emprender actividades en su ramo de la administración pública federal, le corresponde al gobierno mexicano en su conjunto, darle solución a este problema que aqueja a las madres trabajadoras y en conjunto a sus familias.

Para fortalecer lo dicho, invoco dos principios fundamentales de la seguridad social: la universalidad y la solidaridad, principios que nos demuestran que la seguridad social es de todos, para todos y financiada por todos.

Proyecto de Decreto

Primero. Se adiciona la fracción XII del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

Segundo. Se adiciona la fracción XXI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 95. Para los efectos de esta ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de ésta, las siguientes:

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Soto Martínez.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la participación del señor diputado Óscar González Yáñez para la próxima sesión.

LEY PARA LA IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS USADOS PROCEDENTES DE LA ZONA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Graciela Ortiz González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los suscritos, diputados federales Graciela Ortiz González, Adriana Terrazas Porras , Luis Carlos Campos Villegas , Alejandro Cano Ricaud , Jaime Flores Castañeda , Manuel Guillermo Márquez Lizalde , Héctor Agustín Murguía Lardizábal , Maurilio Ochoa Millán , Guadalupe Pérez Domínguez y Everardo Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la siguiente exposición de motivos.

En el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios de Canadá o de Estados Unidos, que tengan por lo menos 10 años de antigüedad.

Una realidad que se vive en nuestro país es que los mercados de los vehículos de Estados Unidos, Canadá y México presentan grandes asimetrías. El mercado norteamericano, dada sus características, con una enorme cantidad de oferta de modelos y de marcas, tasas de interés atractivas, facilitación de acceso al crédito e impuestos menores, logra que los vehículos se deprecien rápidamente y que el costo de reventa sea sumamente menor. Ante tal situación, resulta muy atractiva la importación de este tipo de vehículos a nuestro país.

México, desde 1978 y hasta el último decreto presidencial, ha realizado 15 programas para regularizar vehículos de procedencia extranjera, pero este problema persiste y es crónico, ya que el precio de los automóviles usados en Estados Unidos históricamente siempre ha sido y será más bajo que en nuestro país.

Ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en ese capítulo, el 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo publicó el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados que estaría vigente a partir del 1 de enero de 2009.

Con la publicación de este decreto, el Ejecutivo impuso la obligación de presentar el certificado de origen del vehículo sujeto a importación para gozar de las condiciones preferenciales del tratado. Por otro lado, actualizó hacia la alza los precios estimados de los vehículos para determinar el valor del vehículo en la aduana.

Con estas dos condiciones: certificado de origen y actualización a la alza de los precios estimados, la importación de vehículos usados se derrumbó; la no existencia del certificado de origen de vehículos provocó que todos los importadores debieran pagar 10 por ciento del arancel sobre el valor de aduana del vehículo y esto reavivó, sin duda alguna, la problemática que existía en el pasado.

Por ello se hace necesario que este Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, expida una nueva ley para la importación definitiva de vehículos usados, que tenga por objeto precisamente la importación definitiva de vehículos usados originarios de Estados Unidos de América y Canadá y que atienda a lo dispuesto y establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Se propone que en esta nueva ley se determinen las condiciones para la importación definitiva de los vehículos usados y evitar con ello que el Ejecutivo, a través de su facultad reglamentaria, obligue a los importadores a lo imposible, como es el presentar documentos que no se pueden conseguir ---como ya lo comentamos---, referentes al certificado de origen de los vehículos, para lo cual en el artículo 4o. del proyecto se señalan claramente los documentos que serán necesarios para la importación definitiva de los vehículos: el pedimento de importación, el título de propiedad del vehículo, la calca o fotografía digital del número de identificación vehicular, la identificación oficial del importador o el Registro Federal de Contribuyentes y, cuando sea necesario, el comprobante de domicilio vigente que acredite residencia en la franja fronteriza norte. Todo lo anterior, en apego a las disposiciones de la Ley Aduanera vigente.

De esta manera, los vehículos fabricados o ensamblados en Estados Unidos de América o Canadá, de acuerdo con su número de identificación vehicular, podrán realizar su importación definitiva sin el pago del impuesto general de importación, de conformidad con el tratado.

Para determinar el valor en aduana del vehículo usado, se podrán tomar como referencia los precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicados el 26 de enero de 2009. Sin embargo, se establece que el importador deberá pagar sobre 70 por ciento de ese precio, cuando sea el caso, en razón de que estos precios se incrementaron exponencialmente y sin justificación relevante alguna.

También se propone que todos los vehículos sujetos a importación mediante este ordenamiento sean inscritos al Registro Público Vehicular en el punto de entrada al país; es decir, antes de que empiecen a circular en la República.

Por otro lado, debemos reconocer que parte de los vehículos que se importan en algunas ocasiones no cumplen con las condiciones de seguridad para los ocupantes o las disposiciones de protección al ambiente. En este tenor se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, participen en la inspección de los vehículos que sean sujetos a importación definitiva.

En esta tarea sería muy valiosa la participación de las entidades federativas y de los propios municipios, que podrán coadyuvar con el Servicio de Administración Tributaria en la revisión de todos los vehículos que se sometan a los trámites de importación definitiva.

Esta ley también propone fortalecer el federalismo fiscal y las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Se establece en ella que las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, puedan participar en la ejecución de la presente ley y sean retribuidas con parte de los ingresos captados por la importación de vehículos usados.

Para lo anterior, se propone que las haciendas estatales perciban 50 por ciento de los ingresos de la recaudación y el resto lo deberán transferir a la Tesorería de la Federación. De igual manera, los municipios podrían colaborar en la ejecución de la ley y, de acuerdo con su legislación estatal, recibir parte de estos recursos, sobre todo los municipios que se encuentran ubicados en la zona de la frontera norte del país.

Otro problema mayúsculo relacionado con la importación de vehículos es el tema de la delincuencia. En diversas localidades del país, y notoriamente en la franja y la región fronteriza del norte, circulan miles de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal; no tiene placas nacionales, ni tarjeta de circulación y mucho menos se conoce el nombre de su propietario.

Estos vehículos, al no estar debidamente importados, son los que comúnmente se utilizan por la delincuencia organizada para llevar a cabo sus actos criminales. Aunque no tenemos un registro específico de los delitos cometidos en vehículos ilegales, las autoridades policiales y administrativas han mostrado su preocupación por esta situación, porque están imposibilitados para identificar o rastrear estos vehículos, así como a sus propietarios en el caso de que hayan sido utilizados en la comisión de delitos de toda índole.

Bajo este contexto se propone entonces que los vehículos que hayan sido importados de manera temporal o introducidos al país sin sujetarse a la normatividad aduanera, bajo la complacencia de la autoridad normativa y responsable de hacer cumplir la propia ley, puedan importarse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se internaron temporalmente o, en su caso, pagando la multa correspondiente.

Finalmente, en esta iniciativa se dejan intactos los derechos adquiridos por las comercializadoras de la frontera, que importan vehículos al amparo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006.

Con todo lo expuesto, compañeras diputadas y compañeros diputados, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Señor presidente, le ruego que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates y sea turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Graciela Ortiz González, Adriana Terrazas Porras , Luis Carlos Campos Villegas , Alejandro Cano Ricaud , Jaime Flores Castañeda , Manuel Guillermo Márquez Lizalde , Héctor Agustín Murguía Lardizábal , Maurilio Ochoa Millán y Guadalupe Pérez Domínguez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha mantenido restricciones a la importación definitiva de automóviles usados, con el objeto de apoyar a la industria automotriz nacional, pero a partir del 1 de enero de 2009, no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad, y en el 2019 no podrá mantener ningún tipo de barrera a los vehículos usados sin importar su antigüedad. Es decir, en el 2019 habrá una completa integración de estos mercados.

Los mercados de vehículos de los Estados Unidos, Canadá y México presentan grandes asimetrías. Por ejemplo, el mercado norteamericano, dadas sus características, con una enorme cantidad de oferta de modelos y de marcas, tasas de interés atractivas, facilitación de acceso al crédito e impuestos menores, logra que los vehículos se deprecien rápidamente y que su costo de reventa sea sumamente menor. Ante tal situación resulta muy atractiva la importación de este tipo de vehículos a nuestro país.

Con la entrada natural de vehículos al país procedentes del norte, México, desde 1978 y hasta el último decreto presidencial, ha realizado 15 programas para regularizar vehículos de procedencia extranjera, pero este problema es persistente y crónico, ya que el precio de los automóviles usados en los Estados Unidos históricamente siempre ha sido y será más bajo que en nuestro país; las diferencias económicas y las condiciones en que se adquieren los vehículos de un lado y el otro de la frontera marcan estas diferencias.

Dentro de este contexto, es claro que se fomentan la entrada legal o ilegal de vehículos usados en el país, procedentes de Estados Unidos y de Canadá. Los datos divergen, se calcula que cada año entran al país 300 mil vehículos de manera ilegal mediante la importación temporal y estos ya no son retornados. La industria automotriz y los distribuidores estimaron que en el 2005 circulaban más de 2.5 millones de unidades sin documentos.

En consecuencia, el 22 de agosto de 2005, el presidente de la república ejerciendo las facultades que le confiere la Constitución, expidió el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, cuyo año-modelo debía de ser de entre diez a quince años anteriores al año en que se importen, esto fue simplemente adelantar la entrada en vigor del tratado. Con esta medida se resolvió en una proporción un problema social que se venía presentando desde hace algunos años.

Más adelante, el 1 de febrero de 2008, el Ejecutivo publicó modificaciones al decreto del 22 de agosto de 2005. Estas reformas tuvieron tres propósitos: Se estableció que sólo se podrían importar vehículos cuyo año-modelo fuera 1998, es decir, solamente con diez años de uso, se pagaría el impuesto al valor agregado sobre el 100 por ciento del valor en aduana del vehículo, y los vehículos deberán cumplir con las disposiciones aplicables para la protección del medio ambiente.

Ante la entrada en vigor del TLCAN, el 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo publicó un nuevo decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, que estaría vigente a partir del 1 de enero de 2009.

Con la publicación de este decreto, el Ejecutivo impuso la obligación de presentar el certificado de origen del vehículo sujeto a importación para gozar de las condiciones preferenciales del TLCAN y, por otro lado, actualizó hacía el alza los precios estimados de los vehículos para determinar el valor del vehículo en la aduana. Con estas dos condiciones, la importación de vehículos usados se derrumbo; la no existencia del certificado de origen de los vehículos provocó que todos los importadores debieran pagar el 10 por ciento del arancel sobre el valor en aduana del vehículo.

Con tales medidas, se reavivo la problemática que existía en el pasado. Por lo que se hace necesario que este Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, expida una nueva Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, que tenga por objeto precisamente la importación definitiva de vehículos usados originarios de Estados Unidos de América, Canadá y México, y que atienda a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Condiciones para la importación de vehículos

Se propone que en esta nueva ley se determinen las condiciones para la importación definitiva de los vehículos usados, y evitar con ello que el Ejecutivo a través de su facultad reglamentaria obligue a los importadores a lo imposible, como presentar documentos que no se pueden conseguir, como lo es el certificado de origen de los vehículos.

Para lo cual, en el artículo 4 del proyecto se señalan claramente los documentos que serán necesarios para la importación definitiva de los vehículos; el pedimento de importación, el título de propiedad del vehículo, la calca o fotografía digital del número de identificación vehicular, la identificación oficial del importador o el registro federal de contribuyentes, y cuando sea necesario, el comprobante de domicilio vigente que acredite residencia en la franja fronteriza norte. Todo lo anterior en apego a las disposiciones de la Ley Aduanera.

De esta manera, los vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de América, Canadá o México, de acuerdo con su número de identificación vehicular (VIN), podrán realizar su importación definitiva sin el pago del impuesto general de importación, de conformidad con el TLCAN.

Los vehículos del resto del mundo podrán ser importados en definitiva cubriendo el impuesto general de importación que será de un arancel mixto según lo siguiente:

Para determinar el valor en aduana del vehículo usado se podrá tomar como referencia los precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicados el 26 de enero de 2009. Sin embargo, se establece que el importador deberá pagar sobre el 70 por ciento de ese precio, cuando sea el caso, en razón de que estos precios se incrementaron exponencialmente y sin justificación relevante alguna.

Inscripción al Registro Público Vehicular

Se propone que todos los vehículos sujetos a importación mediante este ordenamiento sean inscritos al Registro Público Vehicular en el punto de entrada al país, es decir, antes de que empiecen a circular en el país.

Los vehículos importados serán identificados mediante su número de identificación vehicular o con el número de identificación asignado por el fabricante o la ensambladora.

Con esta medida, se asegura el cumplimiento de la Ley del Registro Público Vehicular y de que el vehículo no es de procedencia dudosa y que se encuentra legalmente en el país. Esto brindará mayor certeza a las autoridades de seguridad pública y a los propios propietarios de estos vehículos.

Inspección de las condiciones del vehículo

Debemos reconocer que parte de los vehículos que se importa, en algunas ocasiones, no cumplen con las condiciones de seguridad para los ocupantes o las disposiciones de protección al medio ambiente. En este tenor, se propone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía participen en la inspección de los vehículos que sea sujetos a importación definitiva.

La Secretaría del Medio Ambiente cuenta con las atribuciones para prohibir la entrada de aquellos vehículos que no cumplan con los estándares de emisión de contaminantes, por ejemplo, y la Secretaría de Economía también cuenta con las atribuciones para expedir una norma oficial mexicana que establezca las condiciones mínimas de seguridad que debería presentar un vehículo que interne al país de manera permanente.

De igual manera, en estas tareas será muy valiosa e importante la participación de las entidades federativas y de los propios municipios que podrán coadyuvar con el Servicio de Administración Tributaria en la revisión de todos los vehículos que se sometan a los trámites de importación definitiva.

Ingresos participables

Esta ley también propone fortalecer el federalismo fiscal y las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Se propone que las entidades que se encuentren adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal puedan participar en la ejecución de la presente ley y sea retribuidas con parte de los ingresos captados por la importación de vehículos usados.

Para lo anterior, se propone que las haciendas estatales perciban el 50 por ciento de los ingresos de la recaudación y el resto lo deberán transferir a la Tesorería de la Federación. De igual manera, los municipios podrían colaborar en la ejecución de la ley y, de acuerdo con su legislación estatal, recibir parte de estos recursos. Sobre todo, los municipios que se encuentran ubicados en la frontera norte.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha delegado a las entidades federativas, a través de convenios de colaboración, diversas facultades de índole administrativa y fiscal. Asimismo, los estados han detentado facultades en materia aduanera sobre los vehículos de procedencia extranjera. Estos antecedentes, son prueba inequívoca de que las entidades federativas cuentan con la capacidad suficiente y la experiencia para coadyuvar en la aplicación de esta ley.

Coadyuvancia con la seguridad pública del país

Esta legislatura no puede ser ajena a la situación del parque vehicular de procedencia extranjera. Ante el oneroso costo de la importación definitiva de un vehículo usado, derivado del decreto presidencial de diciembre del año pasado, las personas prefirieron internar al país los vehículos de manera ilegal o introducirlos mediante un permiso temporal y no fueron retornados al extranjero. Esto solamente provocó que de nueva cuenta existan miles de vehículos de procedencia extranjera en el país de manera ilegal.

En diversas localidades del país, y notoriamente en la franja y la región fronteriza del norte, circulan miles de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal; no tienen placas nacionales ni tarjeta de circulación, y mucho menos se conoce el nombre de su propietario. Estos vehículos, al no estar debidamente importados, son los que comúnmente utiliza la delincuencia organizada para llevar a cabo sus actos criminales.

Aunque no se tiene un registro de los delitos cometidos en vehículos ilegales, las autoridades policiales y administrativas han mostrado su preocupación por esta situación, ya que están imposibilitadas para identificar o rastrear estos vehículos, así como a sus propietarios en el caso de que hayan sido utilizados en la comisión de delitos de toda índole.

En este contexto, se propone que los vehículos que hayan sido importados de manera temporal o introducidos al país sin sujetarse a la normatividad aduanera, bajo la complacencia de la autoridad normativa y responsable de la propia ley, puedan importarse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se importaron temporalmente o, en su caso, pagando la multa correspondiente. De manera similar, se propone que procederá la importación definitiva de aquellos vehículos que fueron embargados hasta el día que entre en vigor la ley, siempre y cuando el crédito fiscal derive directamente de la internación del vehículo al país.

Comercializadoras de vehículos de la frontera

Finalmente, se dejan intactos los derechos adquiridos por las comercializadoras de la frontera que importan vehículos al amparo del artículo segundo transitorio del ``decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, estado de Sonora'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Artículo Único. Se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para quedar como sigue:

Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados procedentes de Estados Unidos de América, Canadá y México, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Su aplicación corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

El Código Fiscal de la Federación se aplicarán supletoriamente en lo no dispuesto en esta ley.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

Artículo 3. Se permite la importación definitiva de los vehículos automotores usados procedentes de Estados Unidos de América, Canadá y México, que se clasifiquen en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, como sigue:

Cuando los vehículos se destinen a permanecer en la franja fronteriza norte únicamente podrán ser importados por residentes en dicha zona.

Artículo 4. La importación definitiva se realizará por conducto de agente o apoderado aduanal y pedimento, de conformidad con las disposiciones de la Ley Aduanera, el cual únicamente podrá amparar un vehículo y en ningún caso podrá amparar mercancía distinta.

Al pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documentación:

Para el trámite de importación de los vehículos se requerirá la presentación física del vehículo ante la autoridad aduanera, conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 5. El importador deberá pagar todos los impuestos, derechos y aprovechamientos que se deriven con motivo de la importación definitiva de un vehículo.

Los vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de América, Canadá o México, de acuerdo con su número de identificación vehicular, podrán importarse en definitiva sin el pago del impuesto general de importación, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Artículo 6. Los vehículos que no sean fabricados o ensamblados en la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podrán ser importados en definitiva cubriendo el impuesto general de importación y todos los demás impuestos, derechos y aprovechamientos que correspondan.

El impuesto general de importación deberá ser el arancel mixto según lo siguiente:

Artículo 7. Los vehículos importados bajo las disposiciones de la presente ley deberán ser inscritos al Registro Público Vehicular, de conformidad con lo establecido en la Ley del Registro Público Vehicular, en el punto de entrada al país.

Artículo 8. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía se coordinarán con el Servicio de Administración Tributaria para prohibir la importación definitiva de los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; o cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, o cuando el vehículo cuente con reporte de robo. Lo anterior, atendiendo a la legislación vigente que deberá cumplirse en el punto de entrada al país.

Asimismo, las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar con el Servicio de Administración Tributaria en las revisiones vehiculares a que se refiere este artículo.

Artículo 9. La legal estancia en territorio nacional de los vehículos importados en definitiva se acreditará con el pedimento de importación definitiva, las placas de circulación, el documento que permita la circulación del vehículo y su registro ante el Registro Público Vehicular.

Todos los vehículos importados bajo el amparo de esta ley se sujetarán a las disposiciones señaladas en la legislación y la normatividad federal y estatal.

Artículo 10. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá coordinarse con las autoridades fiscales de las entidades federativas para coadyuvar en el proceso de la importación definitiva de los vehículos a que se refiere esta ley.

Las entidades federativas que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, percibirán el 50% del total de la recaudación por la realización de los trámites efectuados conforme a esta ley.

Los municipios que colaboren en la ejecución de esta ley recibirán parte de la recaudación participable, conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.

Artículo 11. La importación temporal de los vehículos usados a que se refiere el artículo 4 de esta ley podrá convertirse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el pago.

Artículo 12. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de la presente ley.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para efectos del artículo primero, a partir de la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2010 se podrán importar vehículos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad; a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2012 se podrán importar vehículos que tengan por lo menos 8 años de antigüedad; a partir del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2014 se podrán importar vehículos que tengan por lo menos 6 años de antigüedad; a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 d diciembre de 2016 se podrán importar vehículos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad; y a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018 se podrán importar vehículos que tengan por lo menos 2 años de antigüedad.

Artículo Tercero. Para la importación definitiva de vehículos usados destinados para la franja y región fronteriza el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas correspondientes, a efecto de mantener los registros vigentes expedidos por la Secretaría de Economía que importan vehículos al amparo del artículo Segundo Transitorio del ``decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, estado de Sonora'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006.

Artículo Cuarto. Los vehículos que no puedan ser objeto de importación definitiva deberán ser retornados al extranjero o deberán ser donados al fisco federal o al fisco estatal que corresponda, debiendo este último informarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En todos los casos, el poseedor del vehículo quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y de la ausencia de la tenencia legal del vehículo en el país.

Artículo Quinto. Procederá la importación definitiva de los vehículos introducidos al país que no se sujetaron a la normatividad aduanera y de los vehículos embargados hasta antes de la entrada en vigor de esta ley, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados directamente con la internación del vehículo al país, en cuyo caso, se levantará el embargo respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de importación definitiva en términos de esta ley.

Artículo Sexto. Las entidades federativas interesadas en coadyuvar en la ejecución de esta ley deberán suscribir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su anexo 8.

Artículo Séptimo. Para la determinación del valor en aduana de los vehículos sujetos a importación a través de esta ley, se tomará como referencia el 70% del precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo Octavo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Ortiz González.Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Graciela Ortiz González está de acuerdo en que quienes deseen adherirse a su iniciativa lo puedan hacer. Por favor, pasen a la Secretaría a firmar la documentación correspondiente.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado David Hernández Pérez: Muchas gracias, presidente, con su permiso.

Ahora resulta que tener más de 45 años de edad y tener experiencia laboral va en perjuicio de quienes ya están en esas condiciones. La realidad nacional en materia de economía muestra el altísimo costo social en la toma de decisiones. Ahora van compañeros trabajadores con la intención de que sean contratados por algunas empresas, y tener más de 45 años es su principal defecto.

De qué sirve que ---por ejemplo, como Clarita Gómez Caro, aquí presente, como secretaria general del Sindicato del Seguro Social de los trabajadores en Jalisco---, estén haciendo un trabajo excelente en el Seguro Social, en el ISSSTE, en las instituciones de salud, para que mejoremos nuestro nivel de vida y que podamos aspirar a tener mayores años de vida, si a final de cuentas no podemos trabajar.

En este sentido, los índices recientes económicos muestran que hay alrededor de 20 millones de personas que están arriba de los 45 años y que son población económicamente activa. En ese sentido, los priistas presentamos ante este pleno una iniciativa que permita contratar a estos trabajadores y que sean incentivadas las empresas.

La población ocupada en el sector informal es de 28 por ciento, y de ésta, muchos, una gran mayoría es de mayores de 45 años. Son 23 millones de personas, las que les comentaba. Por eso la necesidad de presentar esta iniciativa para trabajadores de más de 45 años.

En este contexto, les comento, el Partido Revolucionario Institucional presenta una propuesta de iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, que adiciona una fracción en los artículos 29 y 31.

Esto se refiere a las deducciones fiscales para las personas físicas y morales que tengan la posibilidad de deducir hasta 10 por ciento de los costos de los salarios que apliquen para la contratación de empleados mayores de 45 años, estableciendo candados para que solamente puedan deducir montos salariales menores a cinco salarios mínimos mensuales y que las contrataciones de personas con ese rango de edad se realicen durante seis meses mínimo, para que no sea una contratación solamente por un mes. Tiene que ser mínimo seis meses y de hasta cinco salarios.

Comentaban algunos compañeros que esto iba a repercutir en los ingresos de la hacienda pública, y esto es al contrario. Estos compañeros trabajadores que actualmente no están percibiendo recursos, no están pagando impuestos, por lo que a la hora de que ellos son contratados tienen modo de estar haciendo compras, tienen poder adquisitivo y, por tanto, ese descuento, ese ahorro que van a tener los patrones, que no va a ingresarle a Hacienda, va a entrar vía el pago de impuestos de los trabajadores.

Es decir, un ejemplo, contratado un trabajador de cuatro salarios mínimos destinaría 4 mil 168 pesos para adquirir bienes gravados con el impuesto al valor agregado, lo cual generaría IVA por un monto de 667 pesos.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto para, en el Capítulo II, ``De las deducciones'', de la Sección I, de las ``Deducciones en general'', en el: ``Artículo 29: Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:''. Se agrega una fracción XII: ``La décima parte de los gastos que se generan por el pago de salarios y en general por la adquisición de servicios personales subordinados de personas de 45 años. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos; y tratándose de deducciones por salarios y en general, por contratación de servicios de personal subordinado de mayores de 45 años, como señala la fracción XII, el artículo 29 de esta ley se refiere a empleados que hayan sido contratados por un periodo mínimo de seis meses continuos y sean contratados con un salario inferior a cinco salarios mínimos en la zona geográfica que se trate''.

Y por presiones de tiempo le solicito, presidente, que sea integrado el documento completo en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 29 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa que adiciona las fracciones XII al artículo 29 y XXIV al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El empleo es una de las herramientas principales y más sensatas con las que cuenta una sociedad moderna para impulsar la distribución equitativa de la riqueza nacional que se genera, tiene, además, la finalidad de atenuar las diferencias sociales en beneficio de todos los habitantes de una nación.

Es a través del trabajo lícito remunerado como los ciudadanos obtienen los satisfactores básicos para ellos y sus familias, como la alimentación, la educación, la salud, el vestido y principalmente, pero también mediante la obtención de un ingreso la población lo destina primordialmente para el consumo de bienes producidos por la sociedad, que redunda en la obligación de pagar los impuestos que financian los gastos gubernamentales que deberían impulsar el desarrollo nacional.

En ese contexto, una sociedad, incluidos ciudadanos y gobiernos, que se presuma de justa y equitativa debe necesariamente destinar la mayoría de sus recursos y esfuerzos para impulsar y promover el pleno empleo. Un escenario social ideal debería ser la ocupación plena de su población económicamente activa, ello implica el uso total de los recursos humanos y materiales en el proceso de generación de la riqueza, pero además, genera altos índices de consumo, altos niveles de ingreso y una sana recaudación fiscal, condiciones propicias para obtener satisfactorios niveles de desarrollo y, por ende, de bienestar social.

Sin embargo, en nuestro país la realidad es otra, no solamente muy distinta, sino completamente opuesta. Las recurrentes y cíclicas crisis económicas que han transcurrido por nuestro país en los últimos años se enfrentan principalmente afectando la planta laboral, la receta, la panacea única de los inversionistas privados, con el apoyo de los gobiernos en turno, es el despido desmesurado de los trabajadores.

Parece ser que la única medida que existe en la atención y corrección de las causas y efectos de las crisis es el despido del trabajador, grande error, el empleado, el obrero, no solamente es un agente generador de bienes en el los procesos de producción, son, también, consumidores adquieren lo que se produce y en los proceso de consumo pagan impuestos, es decir, la decisión de corregir los efectos de las crisis económicas con el despido masivo de trabajadores-consumidores-pagadores de impuestos crea un circulo vicioso en el aparato productivo que como consecuencia propicia desempleo, caída de la eficiencia productiva, inhibe el mercado interno, afecta negativamente la recaudación fiscal y genera inflación, entre otras situaciones graves para la sociedad en su conjunto.

La realidad nacional en materia de economía muestra fehacientemente el altísimo costo social en la toma de decisiones erróneas en la economía. Solamente el hecho de evitar la profundidad de una crisis como la que afecta a nuestra nación muestra conductas poco serias de las personas que deben tomar decisiones en este rubro.

Los más recientes índices macroeconómicos señalan que la eficiencia de la productividad de la economía nacional se encuentra en franca caída; el desempleo se manifiesta en 6.8 por ciento para el mes de agosto del año actual, presentando tasas en permanente ascenso desde el segundo trimestre del 2008, elevándose de 3.5 por ciento a 4.26 en el cuarto trimestre de 2008. Para 2009 del primer trimestre se incremento del 5.06 por ciento al 6.28 para agosto. Pero otros datos a considerar es que para el mismo mes el índice de subocupación laboral determinado es del 9.23 por ciento, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Otros datos relevantes que muestra claramente la gravedad de la situación económica en México y en particular del mercado laboral es que para el segundo trimestre del año los índices de la población económicamente activa muestran que la población ocupada en el sector informal es del 28.12 por ciento. Para el mismo periodo de 2008 la tasa fue de 27.50 por ciento y para 2007 fue del 27.13 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. La misma fuente señala que los índices de desocupación de personas con niveles educativos de media superior y superior alcanzan para 2009 el 32.15 por ciento y que los trabajadores afiliados al IMSS disminuyeron de 14.5 millones en septiembre de 2008 a 13.8 millones de afiliados para el mismo mes de 2009.

Ante la frialdad de los números en el empleo que evidencian una serie de distorsiones en el mercado de la fuerza de trabajo que se profundizan por la existencia de discriminación por edad, sexo o discapacidades en los procesos de contratación de personal por parte de las empresas, circunstancias que agravan la crisis del empleo en el país, existe la necesidad de ajustar las políticas públicas de fomento al empleo para revertir esa tendencias negativas y romper el círculo vicioso en que se encuentra.

Es evidente que la crisis en el mercado laboral afecta a toda la población en su conjunto, sin embargo existen grupos poblacionales que la resienten más, uno de ellos es el de mayores de 45 años, en virtud de que son las personas en esas condiciones son las menos propensos a ser contratadas. Baste con echar un vistazo a las secciones de empleo de los diarios de circulación nacional para cerciorarse de que el 90 por ciento de las ofertas de empleo requieren personal menores a los 45 años, obtener trabajo remunerado a esa edad el realmente imposible.

El último Censo de Población y Vivienda de 2005 muestra que las personas mayores de 45 años son 23 millones, representa más de 50 por ciento de la población económicamente activa y por la definición de PEA están totalmente incluida en ese rubro. Son personas que presentan cierta experiencia laboral, deben de ser jefes de familia, pero por las especificaciones que impone el mercado de trabajo no son sujetos para ser contratados para ejercer una función laboral.

Lamentablemente este grupo es el más expuesto y más sensible al desempleo, debido a que las empresas ya no los contratan por ser mayores, a pesar de la experiencia, no es rentable permitir que hagan antigüedad en una empresa porque representan una carga en materia de prestaciones como seguridad e Infonavit.

Ninguna encuesta oficial muestra los niveles de empleo o desempleo de las personas de ese grupo, sin embargo, la revisión de los datos estadísticos de las Afore señalan que de las 39 millones de cuentas de trabajadores registradas para 2008 el 23.1 por ciento son de empleados mayores de 45 años, las cuentas de Afore registran que las pertenecientes a trabajadores con rangos de 45 a 55 años identificadas como básica 2 son de 9.5 por ciento hombres y 4.6 por ciento de mujeres, es decir, 14.1 por ciento, equivalentes aproximadamente a 4.5 millones de cuentas de ahorro para el retiro; las cuentas denominadas Básica 1, de trabajadores de más de 55 años en de 9 por ciento, equivalentes a aproximadamente 3.6 millones de cuentas de ahorro para el retiro, 6.8 por ciento de hombres y 2.2 de mujeres, es decir, de las 39 millones de cuentas de ahorro para el retiro 8 millones corresponde a trabajadores mayores de 45 años. Mientras que las personas de 45 años o más aportan más de la mitad de la población económicamente activa solamente una quinta parte de esa población tiene su cuenta de ahorro para el retiro.

Estos datos muestran claramente que existe una condición de desocupación de esta parte de la población, lo que implica el desperdicio de esa gran fuerza laboran aún productiva en su mayoría, con amplia experiencia, por lo que se deben promover políticas públicas en materia de fomento del empleo para ciudadanos mayores de 45 años en beneficio de la planta productiva y de la economía nacional en su conjunto.

En ese contexto, el Partido Revolucionario Institucional presenta una propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta que adiciona una fracción a los artículos 29 y 31 de la citada ley, que se refieren a las deducciones fiscales para las personas físicas y morales, para que tengan la posibilidad de deducir hasta en un 10 por ciento de los costos los salarios que apliquen para la contratación de empleados mayores de 45 años, estableciendo candados para solamente deducir montos salariales menores a cinco salarios mínimos mensuales y que las contrataciones de personas con ubicadas en ese rango de edad se realicen por seis meses mínimo. Lo anterior se establecería para inhibir deducciones de salarios de altos ejecutivos de las empresas y para fomentar la mayor creación del empleo.

Si bien es cierto que los ingresos públicos están mermando permanentemente, una medida de esta naturaleza no implica un impacto severo en la recaudación fiscal, toda vez que de cada 100 pesos que se destinen a la contratación de empleados mayores de 45 años, 10 pesos se deducirían, sin embargo, los beneficios que se obtendrían en la recaudación fiscal al generar empleos para que estén en posibilidades de consumir, toda vez que pagarían IVA e ISR, luego entonces los beneficios serían mayores toda vez que se generarían recursos sanos a través de la recaudación tributaria que ello propiciaría.

Por ejemplo, de la creación de un empleo de cuatro salarios mínimos equivalente a 6 mil pesos mensuales aproximadamente, realizando un cálculo simple sobre el monto de impuesto sobre la renta que establece el artículo 113 de la ley vigente generaría 441.93 pesos de impuesto sobre la renta. Además, habría de considerarse adicionalmente las erogaciones correspondientes al impuesto al valor agregado por consumo del 16 por ciento.

Tomado en cuenta los datos de la encuesta sobre ingreso-gasto de 2006 elaborada por el Inegi que señala que el gasto por familia mensual promedio nacional se distribuye en promedio por el 24.4 por ciento en alimentos, 18.9 por ciento en transporte, 15.5 por ciento en educación, vivienda, vestido, artículos de limpieza y salud 25.3 por ciento y otros gastos es el 10.9 por ciento, se podría deducir a simple vista que las personas físicas destinan las dos terceras partes de su gasto, equivalente a 75 por ciento, a la adquisición de bienes gravados con el impuesto al valor agregado.

Es decir, del ejemplo de un empleado contratado con cuatro salarios mínimos este destinaría 4 mil 168.50 pesos para adquirir bienes gravados con el impuesto al valor agregado, lo cual generaría pago de IVA por un monto de 667 pesos, que sumados al ISR, un empleo de cuatro salarios mínimos, acumularían como pago de impuestos mil 109 pesos, cifra superior a los 600 pesos que se concederían como estímulo fiscal a la persona física o moral que contratara a personas mayores de 45 años. Cabe señalar que en la clasificación del Inegi del rubro de alimentos en relación al gasto se encuentran bienes que son gravados con IVA, como bebidas alcohólicas y no alcohólicas o tabaco, que al considerarlos para cuantificar el pago del impuesto al valor agregado con relación a un ingreso el monto de este gravamen aumentaría.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía el proyecto de

Decreto que adiciona las fracciones XII al artículo 29 y XXIV al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Capítulo II De las Deducciones Sección I De las Deducciones en General

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Hernández Pérez. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, Rosalina Mazari Espín, diputada federal del IV Distrito por el estado de Morelos en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a consideración de este pleno una iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

El cobro de energía eléctrica a los usuarios es un problema recurrente que enfrenta la sociedad mexicana. Los usuarios reciben, sin justificación, cobros desproporcionados en su facturación en comparación a sus consumos que en periodos anteriores, incluso anuales, han pagado, el argumento de ajuste a los consumos; como explicación viciada por el prestador del servicio, ha creado abusos económicos hasta de 200 y 300 por ciento por cobros estimados de forma discrecional, con el argumento de aumento del consumo por parte de los usuarios, el mal estado de las instalaciones de medición y el robo supuesto del fluido eléctrico por los beneficiarios.

El control que por mandato constitucional se otorga al Estado mexicano en la generación, transmisión, distribución y abasto de la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad no exime a los funcionarios y trabajadores de cumplir y someterse a la ley mediante un servicio correcto y un cobro justo al consumo efectuado por los usuarios.

En la práctica, en una mayoría los verificadores de los sistemas de medición en hogares, pequeños negocios, empresas e industrias, de forma propia, omisa y mala fe establecen montos que no justifican el consumo realizado.

Hogares que por años cuentan con los mismos aparatos eléctricos, lámparas y usos de ahorro de energía eléctrica, pero de manera impositiva se les fijan cantidades que sobrepasan los ingresos completos a un integrante de familia económicamente activo.

Se han agudizado en muchos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los acuerdos ilegales mediante extorsión al usuario, de estimar en los recibos de pago menor consumo, a pesar de que en la realidad el suministro es igual o menor, pero por hacer realidad éste y evitar en papel poner un consumo mayor, se piden propinas y pagos en especie, lo que origina una grave corrupción.

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 26, establece los derechos que la Comisión Federal de Electricidad tiene sobre los usuarios en el corte inmediato por falta de pago del suministro y señala una serie de supuestos.

El principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica que otorga la Constitución debe establecer en toda ley ordinaria derechos entre partes, que en igualdad de condiciones, facultades y deberes permita un equilibrio entre el prestador y usuario de los servicios, sin que uno abuse del otro.

Ante esto se propone un artículo 26 Bis del ordenamiento en la materia que limita los excesos de cobro sin una justificación comprobada; un promedio base legal cuando se incurra en responsabilidad del usuario y el beneficio de nulidad de pleno derecho por abuso del prestador en el cobro.

Una petición ciudadana también incluye que se avise previamente a los usuarios de los cortes de energía eléctrica por mantenimiento de las redes de transmisión y suministro, que permita la precaución a los hogares, negocios, empresas e industriales, del cuidado de sus bienes o servicios que otorgan, que pase de 48 horas a tres días efectivos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 26 Bis. El cobro en ajustes o montos al usuario se restringe al promedio de pago de otras facturaciones y estará sujeto a comprobación de la Comisión Federal de Electricidad antes de proceder al corte del suministro de acuerdo con lo siguiente:

1. En casas habitación y pequeños comercios los estimados, ajustes y compensaciones por adeudo de pago por ningún motivo serán por un periodo superior a un año, a partir de la notificación del requerimiento; en industrias y empresas hasta dos años.

2. La asignación del monto por adeudo de pago se basará en la proporcionalidad al consumo cotidiano del usuario, resultado de un promedio por estimar hasta siete facturaciones anteriormente pagadas a la Comisión Federal de Electricidad.

3. Los usuarios en sus instalaciones de medición serán inspeccionados periódicamente para detectar fallas, que se notificarán inmediatamente al usuario. De forma anual se hará constar en su facturación la correcta operación de su medidor.

4. Es nulo de pleno derecho cualquier cobro por adeudo, sin cumplir los requisitos antes descritos.

5. Todo corte de suministro de energía eléctrica por mantenimiento y conservación de las instalaciones procede, previo aviso a los usuarios con 72 horas de anticipación.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín , del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín , diputada del 04 distrito por Morelos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno una iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

El cobro de energía eléctrica a los usuarios es un problema recurrente que enfrenta la sociedad mexicana, los usuarios reciben sin justificación cobros desproporcionados en su facturación en comparación a sus consumos que en periodos anteriores e incluso anuales han pagado, el argumento de ajuste a los consumos como explicación viciada por el prestador del servicio ha creado abusos económicos hasta de 200 y 300 por ciento por cobros estimados de forma discrecional, con el argumento de aumento del consumo por parte de los usuarios, el mal estado de las instalaciones de medición y el robo supuesto del fluido eléctrico por los beneficiarios.

El control que por mandato constitucional se otorga al Estado mexicano en la generación, transmisión, distribución y abasto de la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad no exime a los funcionarios y trabajadores de cumplir y someterse a la ley mediante un servicio correcto y un cobro justo al consumo efectuado por los usuarios. En la práctica en una mayoría los verificadores de los sistemas de medición en hogares, pequeños negocios, empresas e industrias de forma propia, omisa y mala fe establecen montos que no justifican el consumo realizado, hogares que por años cuentan con los mismos aparatos eléctricos, lámparas y usos de ahorro de energía eléctrica pero de manera impositiva se fijan cantidades que sobrepasan los ingresos completos a un integrante de familia económicamente activo.

Se ha agudizado en muchos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los acuerdos ilegales mediante extorsión al usuario de estimar en los recibos de pago menor consumo a pesar que en la realidad el suministro es igual o menor, pero por hacer realidad éste y evitar en papel poner un consumo mayor, se piden propinas y pagos en especie lo que origina una grave corrupción.

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 26 establece los derechos que la Comisión Federal de Electricidad tiene sobre los usuarios en el corte inmediato por falta de pago del suministro y señala una serie de supuestos. El principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica que otorga la Constitución debe establecer en toda ley ordinaria derechos entre partes que en igualdad de condiciones, facultades y deberes permita un equilibrio entre el prestador y usuario de los servicios, sin que uno abuse del otro, ante esto se propone un artículo 26 Bis del ordenamiento en la materia que limita los excesos de cobro sin una justificación comprobada, un promedio base legal cuando se incurra en responsabilidad del usuario y el beneficio de nulidad de pleno derecho por abuso del prestador en el cobro.

Una petición ciudadana también incluye que se avise previamente a los usuarios los cortes de energía eléctrica por mantenimiento de las redes de transmisión y suministro, que permita la precaución a los hogares, negocios, empresas e industriales del cuidado de sus bienes o servicios que otorgan, que pase de 48 horas a tres días efectivos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo 26 Bis. El cobro en ajustes o montos al usuario se restringe al promedio de pago de otras facturaciones y estará sujeto a comprobación de la Comisión Federal de Electricidad antes de proceder al corte del suministro, de acuerdo a lo siguiente:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Mazarí Espín.Túrnese a la Comisión de Energía.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, se informa que hasta el momento hay una asistencia de 406 diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.

Señoras diputadas y señores diputados, nos honran con su visita alumnos del Colegio Helen de Ciudad Satélite, Naucalpan, estado de México. Sean bienvenidos.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penalesy del Código Penal Federal.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Por economía parlamentaria solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Señoras diputadas y señores diputados, ¿se han preguntado alguna vez cuántos niños son víctimas de abuso sexual o de explotación sexual con fines comerciales en nuestro país? Seguramente no encontrarán ningún dato oficial al respecto pues en la mayoría de los casos estos delitos no son denunciados, ya sea porque muchas veces los menores no saben expresar lo que les pasó, o porque las autoridades desestiman su dicho, o los padres ocultan lo sucedido, pues en un alto porcentaje los agresores son personas cercanas a la familia; pero tampoco se denuncia. Porque el hecho mismo de acudir al Ministerio Público y participar en un proceso penal provoca afectaciones adicionales a la víctima debido a la forma en que actualmente está diseñado el sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo les pregunto ¿qué harían ustedes si su hijo fuera víctima de uno de estos delitos? ¿Acudirían ante el Ministerio Público sabiendo que, probablemente, le tomarán la declaración en el mismo lugar donde convergen delincuentes y que le harán repetir la historia en varias ocasiones? ¿Expondrían a su hijo a que un médico legista o un psicólogo no especializado en menores le practique infinidad de exámenes haciéndole revivir una y otra vez los horrendos hechos que conculcaron su intimidad? En efecto, diputados, quizá no lo haríamos, como tampoco lo hacen muchos otros padres quienes se niegan a exponer a sus hijos ante tales experiencias denigrantes.

De ahí la falta de denuncia, de ahí el temor a que los niños nuevamente sean víctimas ahora de las propias instituciones; es decir, que sean revictimizados.

Es así, que precisamente esta iniciativa pretende revertir esta revictimización institucional en el procedimiento. Y el procedimiento actual, la duplicidad de peritajes, el obligar al niño a repetir la historia traumatizante, la falta de asesoría y atención especializada para la realización de exámenes médicos o psicológicos, que incluso pueden llegar a resultar invasivos de su intimidad, el tener que presentarse a la inspección y reconstrucción de los hechos o la forma en que tiene que confrontarse con el posible agresor son tan sólo ejemplos de lo que puede llegar a enfrentar un menor y que desalienta la presentación de la denuncia, al mismo tiempo que se abre un amplio margen para que los agresores sigan actuando con total impunidad.

Esto es muy grave, porque recordemos que un pederasta no abusa una sola vez, ni de una sola persona. Además, de que si no se le da la atención a las víctimas las consecuencias pueden ser para toda la vida.

Por estas circunstancias esta iniciativa propone proporcionar asistencia legal, médica y psicológica especializada para menores víctimas, así como seguimiento a su recuperación postraumática; limitar la publicidad de las audiencias; videograbar las audiencias en donde participen menores; otorgar la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar un delito cometido contra un menor y participar en el proceso penal, pues muchas veces es la maestra en la escuela o alguna vecina quienes se dan cuenta de la agresión sexual y actualmente no tienen legitimación jurídica y, por tanto, no pueden participar en el proceso; videograbar y tomar la declaración del menor en lugar apto; celeridad en la resolución de los asuntos, candados en la práctica de la confrontación, a fin de salvaguardar la identidad y seguridad del menor; valoración de la prueba tomando en consideración las características de los menores y su grado de desarrollo.

Por último, esta iniciativa también propone que sea reformado el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, respecto de los delitos de índole sexual en contra de los menores de edad, a efecto de que el plazo de prescripción comience a correr a partir de que el niño o niña cumpla 18 años, dándose un margen lógico para que la víctima pueda denunciar, ya que en muchas ocasiones cuando la víctima cobra conciencia de lo sucedido y decide denunciar ya transcurrió el plazo de ley dejando impunes los delitos y con un gran margen de actuación a los pederastas.

Señoras diputadas y señores diputados, este tema no admite diferendos políticos e ideológicos, por lo que los invito a que se sumen a la lucha contra los pederastas y, a su vez, combatamos la revictimización institucional de la que son sujetos los menores en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal, a cargo del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Agustín Castilla Marroquín , diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa atiende al mandato consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Preponderantemente se toma a consideración el derecho de los menores de edad al acceso a la justicia cuando son víctimas de un delito, al acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, tal y como lo establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

Hablamos de un acceso a la justicia, en virtud de que por las características propias de un menor y aquellas intrínsecas a su nivel de desarrollo, se debe de adecuar el marco jurídico para que los niños y adolescentes que han sido víctimas de un delito, puedan efectivamente hacer valer sus derechos ante la autoridad ministerial y eventualmente ante la jurisdiccional, provocando así que el Estado procure los medios necesarios para que los menores puedan acceder a una justicia pronta, completa e imparcial.

Asimismo, la presente iniciativa atiende al marco jurídico internacional de la protección de los derechos humanos de los menores de edad, consagrados en diversos instrumentos jurídicos, fundamentalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas; el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, instrumento que concretamente se refiere a la infancia como víctima del delito; las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de 18 años, por citar los más trascendentes.

No debemos de olvidar que todos estos instrumentos han sido ratificados por el Estado mexicano y, consecuentemente, son de aplicación obligatoria en nuestro territorio nacional, incluso así lo dispone el artículo 133 constitucional al establecer que ``la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ésta, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados''.

También es de mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que se entiende por ``niño'' a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño define que se entiende como niño ``a todo ser humano menor a 18 años''.

En este sentido se ha aseverado que el ``interés superior del niño'' implica la necesidad de establecer que el niño requiere cuidados especiales, siendo así que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el niño debe recibir medidas especiales de protección, por lo que la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

Esta protección especial para los niños, niñas y adolescentes toma en cuenta la exposición a la serie de riesgos en los cuales pueden verse especialmente vulnerables e indefensos, debido a la etapa del ciclo vital en que se encuentran, razón por la cual esta protección se encuentra establecida en diversos ordenamientos a saber: ¹

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 25-2, establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial.

La Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, habida cuenta de la vulnerabilidad e indefensión del niño, establece la necesidad de protección y cuidados especiales de orden tanto material como psicológico y afectivo así como jurídico. Lo anterior a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone en el artículo 3-1 que ``en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño''; y en el artículo 3-2 establece que ``los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas''.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 24-1 que ``todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado''.

El artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual ``todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado''.

El artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ordena ``se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición''.

El principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad; para ello, precisa la declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación.

En el ámbito judicial, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, establece un conjunto de garantías que constituyen un enorme desafío para los sistemas judiciales, ya que exigen simultáneamente modificaciones importantes al sistema de justicia penal y al de protección de los derechos de la infancia:

Como se ve, este artículo se refiere específicamente a la protección de los derechos de las víctimas, teniendo especial consideración a su vida, integridad y derechos durante los procedimientos judiciales. De esta disposición, Miguel Cillero expone que es posible desprender ciertas garantías que deben regir los procedimientos: ²

Como se ve, en teoría existe un amplio corpus iuris internacional que protege a la niñez, sin embargo, es por todos sabido que en el ámbito de procuración de justicia, de por sí ineficiente, los niños son poco considerados en la legislación procesal penal, consecuentemente, en la práctica son relegados en su calidad de víctima y peor aún, no se han tomado en consideración sus características especiales a fin de otorgarles una mejor y más amplia protección en sus derechos y en su propia persona y desarrollo.

Por lo anterior, resulta necesario adecuar las legislaciones sobre protección de los menores de edad, para dar efectividad a la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales.

En este sentido, la victimización, ³ es decir, el ser víctima de un delito, tiene grandes consecuencias para los niños, descarrilando la trayectoria de desarrollo saludable. Puede afectar la formación de la personalidad, consecuencias negativas para la salud mental, impacta en el desempeño académico y también está fuertemente vinculada en el desarrollo de conductas delincuencia les y antisociales.

El sistema de procuración de justicia en México está trazado de tal forma que revictimiza a los menores de edad víctimas de un delito, ya que está diseñado en función de las capacidades cognitivas de los adultos y sin considerar las necesidades especiales de la infancia. Esto es aumentado por el ambiente formalista, distante, muchas veces carente de atención y mucho menos de atención especializada para los menores de edad, aunado a que se exige el desempeño de habilidades que no pueden llevar a cabo de acuerdo a su nivel de desarrollo.

La toma inadecuada de declaraciones, valoración inapropiada de pruebas, práctica innecesaria y errónea de peritajes no especializados, interrogatorios repetidos, las demoras prolongadas e innecesarias, la posible declaración frente al acusado, entre muchas otras inconsistencias más, revictimizan al niño, provocándole un daño emocional y a la vez, entorpeciendo la procuración de justicia.

Como consecuencia de todo ello, se genera temor, ansiedad, impotencia y sensación de vulnerabilidad en los niños que participan en el proceso, efectos que evidentemente afectan en la recuperación por el delito sufrido y que pueden llegar a provocar consecuencias graves a largo plazo.

El riesgo de revictimización consiste en que a los efectos que surgen como consecuencia del delito, se le agregan aquellos derivados de la exposición y experiencias por el niño una vez que inicia el proceso y procedimiento penal.

La revictimización o doble victimización, ⁴ o también conocida como victimización secundaria, se da cuando los efectos que aparecen debido a la primera violación a sus derechos, cualquiera que haya sido el delito, se le suman aquellos provocados o aumentados por las experiencias a que es sujeto el niño una vez iniciado el proceso penal.

Concretamente Grieschbach y Castañer indican que cuando existe revictimización, ⁵ el propio proceso penal se vuelve contra el niño víctima, que sufre ahora otro maltrato: el institucional.

En la práctica del derecho penal, la infancia se enfrenta al proceso penal en su carácter de víctima casi en las mismas circunstancias que un adulto, ya que no existen marcos jurídicos nacionales o internacionales que permitan dar un trato diferenciado razonable.

Sólo la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el niño tiene derecho a la igualdad frente a la ley y el derecho a la protección frente al proceso legal y al Estado, así como el derecho a la seguridad frente al abuso emocional, mental, psicológico y físico, así lo indica el artículo 19 de dicha convención:

Adicionalmente, los niños y las niñas tienen derecho a la información, el derecho a participar en el proceso legal, a expresar sus concepciones y opiniones y contribuir en las decisiones que afectan sus propias vidas, incluyendo aquellas tomadas en el proceso judicial. Se colige entonces que el niño tiene también el derecho a ser tratado como un testigo capaz.

Sin embargo, la desventaja del niño frente al proceso es claro, solo establezcamos como ejemplo el hecho de que un adulto en su calidad de víctima u ofendido cuando se enfrenta al proceso penal le resulta complicado entender el lenguaje jurídico y el tecnicismo procesal que se maneja, por lo que resulta evidente que la infancia se encuentra aún en mayor desventaja y en total incomunicación con los sistemas jurisdiccionales, por lo que para un niño es totalmente incomprensible el proceso penal.

En consecuencia, al afrontar el proceso de administración de justicia, como se presenta en la actualidad, es decir, sin mecanismos especiales para la infancia, lejos de proteger al menor y propiciar el proceso de recuperación y propiamente de justicia, no hace mas que reagudizar e incluso agravar la victimización.

El trato hacia el niño por parte del sistema legal, desde la investigación inicial hasta el juicio, en la mayoría de casos viola todos los derechos del niño conferidos por la legislación internacional y se encuentra en fuerte conflicto con la promoción de una recuperación física y psicológica, no obstante que el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados parte ``deberán tomar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social del niño víctima de...cualquier forma de negligencia, explotación o abuso; tortura o cualquier otra forma de trato cruel, inhumano o degradante. Esta recuperación y reintegración deberá producirse en un entorno que fomente la salud, la autoestima y la dignidad del niño''.

Siendo así necesario subrayar que si la justicia es percibida como parte de este proceso de recuperación del niño víctima del delito, entonces es ilógico que el proceso judicial continúe degradando y dañando a la víctima e impida su recuperación, al inflingir traumas adicionales que son innecesarios y completamente evitables.

En este orden de ideas podemos afirmar que el proceso y procedimiento penal en la actualidad, lejos de atender los requerimientos del menor de edad víctima, tiende a revictimizarlo o desconocerle derechos que le son inherentes; se llega a olvidar que el proceso se inicia porque se ha lesionado un bien jurídico tutelado por la legislación penal positiva vigente y a la vez se ha producido el agravio de una persona, o de un colectivo; de esta manera, entendiendo que en el derecho penal la acción es pública, se pretende hacer a un lado a la víctima, basándose en que el Estado le brinda tutela jurídica, olvidándose que el estado no es la víctima, razón por la cual, en los procesos muchas veces no se tiene en cuenta los intereses concretos de la persona que ha sufrido una agresión.

En efecto, el proceso y procedimiento penal basado en la persecución pública, en general, maltrata a la víctima del delito, pues no intenta satisfacer sus intereses concretos, sino cumplir con los intereses estatales de control social.

En el caso de los delitos sexuales o de aquellos cometidos en contra de niños y adolescentes, a este maltrato propio de la justicia penal se agrega otro que puede ser mucho más grave para la víctima, como lo es la revictimización de la que ya se ha apuntado, que para dicha víctima significa la exposición a un proceso penal nada garantista de sus derechos.

Es por ello que en la presente propuesta se pugna para que a las víctimas u ofendidos menores de edad se les garantice una adecuada y necesaria asistencia legal, médica y psicológica especializada.

Por otra parte, hay que reconocer que si bien en México, recientemente se ha legislado en materia penal para la protección a los niños respecto a los delitos que engloba la explotación sexual comercial infantil, como son el turismo sexual, pornografía infantil, trata de menores de edad con fines sexuales y lenocinio e incluso el abuso sexual; ésta adecuación de tipos penales resulta un elemento necesario, pero insuficiente para el combate de esos delitos.

Es decir, aún cuando actualmente existen tipos penales adecuados para la persecución de los delitos de carácter sexual en contra de menores de edad, si los procedimientos existentes, o la falta de medidas de protección, excluyen o impiden que la víctima denuncie o participe en la indagatoria y proceso penal o este les provoque más daños en lugar de protección y una verdadera justicia, los esfuerzos resultan infructíferos, de ahí la necesidad de legislar a favor de una protección integral para los menores víctimas de un delito, sea éste de carácter sexual o no.

Griesbach ⁶ apunta contundentemente que en la actualidad, la adecuación procesal y la protección a víctimas se limitan a las facultades que tanto el Ministerio Público como el juez pueden, discrecionalmente, aplicar al interés superior del niño o bien en aras de resguardar la integridad de la víctima. Sin embargo, la experiencia forense nos muestra que dichas facultades son poco utilizadas. Indica que esta situación se debe a dos factores: por un lado, las autoridades facultadas para determinar medidas especiales carecen de la capacitación adecuada para detectar y satisfacer las necesidades de la víctima. La discrecionalidad y ambigüedad relativa a las disposiciones existentes en materia de adecuación procesal y protección a víctimas, delega en el saber y pericia de la autoridad la posibilidad de activar medidas especiales. Es decir, la legislación vigente no indica qué medidas se deben tomar ante situaciones particulares. En este marco, la falta de capacitación resulta en la inactividad ministerial y judicial en contra de la víctima.

Es por ello que también se propone que al momento de que el Ministerio Público tome la declaración del menor de edad, pueda solicitar el apoyo de personal especializado en la atención psicológica y emocional del niño, ya que todo testimonio o declaración debe ser tomado bajo directrices específicas y conducido por personal apropiadamente capacitado y entrenado en técnicas diseñadas para obtener mejor información y, al mismo tiempo, minimizar los traumas adicionales para el niño o adolescente.

En este sentido, alguien entrenado y con conocimientos sobre desarrollo infantil y especializado en la atención a víctimas del delito, puede evaluar mejor la situación.

Asimismo, al hecho de enfrentar el proceso de administración de justicia, se le suma la actuación específica que le será requerida al menor. El niño que ha sido víctima deberá recordar y relatar el hecho que ha violentado el bien jurídico que tenía tutelado por la ley, con lo cual, debido a su imposibilidad de separar el recuerdo de la realidad actual, revive y vuelve a experimentar lo sucedido.

Cuanto mayor sea el tiempo de exposición a la situación traumática, mayores serán los efectos victimizantes e, incluso, se incurre en la revictimización, razón por la cual resulta necesario el grabar todas las diligencias en las que participe el menor, a fin de evitar repeticiones innecesarias y de esta manera que quede constatado a través de este medio lo dicho o lo practicado con el niño.

Es por ello que resulta necesario usar medios alternativos para registrar la declaración principal del niño y utilizarla para evitar toda repetición de información, ya que el número de veces en que el niño deberá prestar declaración puede variar, según las circunstancias de cada caso en particular, pero no es razonable que tenga que contar la situación en que fue víctima una y otra vez a diferentes investigadores y en distintas instancias.

En el mismo sentido, la iniciativa que nos ocupa propone que la diligencia practicada a los testigos menores de edad sea videograbada, lo mismo en toda diligencia en donde participe, a efecto de evitar duplicidad innecesaria de diligencias que sólo revictimizarán al niño.

Lo anterior resulta benéfico para la víctima del delito, toda vez que cuando un elemento probatorio está incluido en la averiguación previa, es necesario volver a presentarlo como prueba en el proceso, ya que en la averiguación previa sólo tienen valor indiciario en el proceso y no se sujeta a escrutinio judicial, por lo que esta repetición de prácticas probatorias, evidentemente tiene consecuencias negativas para un niño víctima, ya que sus declaraciones, periciales psicológicas y demás diligencias, como actualmente se encuentra la legislación, podrán ser repetidas en el proceso. Incluso, ante esta situación algunos países han resuelto este problema haciendo obligatoria la videograbación de toda diligencia o pericial desarrollada con un niño.

Ante este hecho, en que la legislación procesal penal vigente aún no contempla las adecuaciones necesarias para atender las necesidades de los niños víctimas, es por lo que se propone modificar la legislación a fin de incorporar la videograbación de las diligencias practicadas en niños víctimas, ya que con la norma adjetiva penal vigente la repetición es inevitable y necesaria para el proceso, lo cual es necesario reformar como lo propone esta iniciativa.

De igual manera, a fin de no exponer a la víctima menor de edad a los demás asuntos que se tratan en la agencia del Ministerio Público, es por lo que se plantea que las audiencias de desahogo de pruebas se lleven a cabo a puerta cerrada, además de que con ello se evita que se pudiera tener contacto con el inculpado si es que también acude a la agencia del Ministerio Público para atemorizar al menor.

Análogamente, a fin de otorgar mayor protección a los menores se plantea que la toma de declaración se realice en lugar apto para los infantes, procurando contar con un espacio físico agradable y en el mismo sentido, se propone la posibilidad de que la persona menor de edad pueda rendir la ampliación de su declaración en su casa, todo ello con el propósito de garantizar su estabilidad emocional.

Otro asunto de gran importancia que debemos abordar es el relativo a las diligencias que se practiquen al menor de edad en materia de exploración, atención médica psiquiátrica, ginecológica o cualquiera otra respecto de los delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Estas diligencias tratan netamente asuntos relacionados con la intimidad del menor de edad, razón por la cual la iniciativa propone que dicha atención necesariamente debe ser llevada a cabo por personal especializado en el tratamiento de menores, ya que muchas veces son en este tipo de diligencias en donde reside la revictimización, ya que al tener que ser explorados y por consiguiente nuevamente tocados en aquellas zonas íntimas, o al ser analizados psicológicamente sobre las repercusiones que trae consigo este tipo de delitos de carácter sexual, el asunto se torna evidentemente muy delicado y debe ser tratado con mucho cuidado y profesionalismo.

En efecto, este tipo de diligencias además de ser dolorosas para los padres, pueden resultar aún más traumáticas para la víctima, ya que implican revivir los momentos de abuso y sufrimiento, o ser manipulados físicamente de nueva cuenta, siendo por ello necesario proponer que se dé seguimiento a la recuperación postraumática del menor, a fin de que psicológica y emocional mente la víctima pueda recuperarse del delito y trasgresión a su intimidad.

Tratando el tema de peritajes llevados a cabo con la participación de menores de edad, la iniciativa contempla la posibilidad de que las victimas u ofendidos menores de edad puedan oponerse a la repetición de peritajes que vayan en contra de su integridad física, psicológica o emocional, ello con el fin de otorgar mayores candados en la práctica de diligencias innecesarias y repetitivas que puedan causar la revictimización.

En el caso de que un menor de edad sea testigo, se posibilita que sea acompañado por persona de su confianza y se impone la obligación de que se evite atemorizarlo, para que con ello el testigo menor, realice la diligencia más confiado y sin presiones.

Otro tema que se ha tratado mucho por especialistas, es el relativo a la confrontación o reconocimiento del delincuente, ya que esta diligencia implica necesariamente que el probable responsable sea presentado frente a la víctima para que ésta lo reconozca físicamente y así se haga la imputación directa de que efectivamente determinada persona fue la que cometió el delito.

Sin embargo, en el caso de delitos sexuales, maltrato, y muchos otros más, cometidos contra menores de edad, la diligencia en comento puede provocar trauma, impotencia y recuerdo del suceso, y consecuentemente revictimizar, razón por la cual se propone que esta diligencia sea llevada a cabo en recintos separados, con la ayuda de cualquier medio electrónico audiovisual, de tal manera que el declarante pueda reconocer o identificar al inculpado.

De igual manera, se plantea que el Ministerio Público o juez se aseguren que el inculpado no vea ni escuche o puedan identificar al niño; y a la vez, que el niño tampoco pueda escuchar al inculpado. De igual forma se propone que no se presione ni obligue al menor a que señale a persona alguna como la culpable del delito, sino que dicha diligencia debe ser tratada con la delicadeza que el caso amerita, procurando en todo momento salvaguardar la estabilidad emocional y psicológica del niño.

Como se ha apuntado, el trato hacia el niño por parte del sistema legal y en particular por parte del sistema penal, deja al niño en un estado de indefensión, ya que por principio a un menor de edad se le considera como incapaz, ya que si bien establece la legislación procesal penal que para los delitos de querella basta que el menor de edad acuda a manifestar verbalmente su queja, resulta poco probable que el niño víctima del delito conozca la dirección exacta de la agencia del Ministerio Público, se traslade solo a la misma y espere a que sea atendido por el Ministerio Público para que levante su denuncia.

Incluso, resulta absurdo que para casos de delitos como los contemplados en el Título Octavo del Código Penal Federal, como son violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, trata de menores con fines de explotación sexual y lenocinio, cometidos en contra de menores de edad, ellos mismos sean quienes acudan a denunciarlo, sobre todo en los casos de los delitos que engloba la explotación sexual comercial infantil, abordados en dicho Título Octavo, que incluso son controlados por verdaderas mafias, las cuales, obviamente, tienen incomunicadas o amenazadas a sus víctimas para que no denuncien.

Por ello, la presente iniciativa propone facultar a toda persona para que pueda denunciar ante el Ministerio Público este tipo de delitos. Así, las organizaciones civiles podrán intervenir en auxilio de los menores que son explotados sexualmente en diversos puntos del país, de igual manera cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos delictivos podrá acudir a denunciar.

En este contexto, se ha dicho que los menores de edad víctimas del delito se enfrentan a un proceso penal que en la gran mayoría de los casos se torna lento, ocioso, repetitivo, provocando la impotencia, sentido de injusticia y revictimización, principalmente por la eterna duración del proceso, aunado a los demás factores antes señalados.

Por otra parte, en caso de reposición del proceso derivado de una apelación promovida por el inculpado, esto devendrá en contra del niño víctima, ya que se deberán repetir todas las actuaciones hasta el momento en que se indique, lo cual resulta de suma afectación y desgaste para el niño e incluso determinante en un proceso, ya que por las condiciones cognitivas y psicológicas del niño víctima pueden derivar en que en la repetición de diligencias, estas varíen o sea imposible realizar una nueva y eventualmente el sentido de la investigación y el proceso se inclinará a favor del inculpado, probablemente absolviéndolo del delito cometido.

Siendo así que para evitar el efecto revictimizador en el caso de reposición del proceso, se propone que cuando sea decretado, se salvaguarden las diligencias en las que haya participado una víctima o testigo menor de edad, sin que se puedan repetir de manera injustificada, salvo que el Juez determine lo contrario, y al mismo tiempo se procure en todo momento no afectar la estabilidad emocional y psicológica del menor.

Con esta medida, las diligencias en las que participó el niño víctima del delito no serán repetidas injustificadamente, además de que las mismas serán rescatadas con la videograbación que se propone y que en líneas precedentes hemos apuntado, siendo así que la estabilidad emocional de la víctima será la premisa mayor que debe cumplir el juzgador.

Asimismo, para dotar de una protección integral en el caso particular de las personas menores de edad que han sido víctimas de violación o abuso sexual, es menester reformar el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, ya que en la mayoría de estos casos, las personas abusadas sexualmente en su infancia, no pueden denunciar directamente el delito, no tiene la capacidad para comprender el hecho, no son escuchados o no se les cree.

Sobre todo, tenemos que considerar que el abuso sexual infantil comúnmente se realiza en el seno familiar o por las personas cercanas al menor de edad, y con el afán de proteger al victimario, quien puede ser un pariente o amigo cercano, es por lo que se oculta el hecho en claro detrimento del menor.

En este sentido, con la presente reforma, abrimos la posibilidad de que una persona que fue abusada sexualmente en su infancia o adolescencia, al cumplir los 18 años pueda denunciar el hecho personalmente, ya que ha adquirido su capacidad de ejercicio.

Tenemos que tomar en cuenta que la prescripción en materia penal es personal y extingue por una parte, la pretensión punitiva (el derecho a denunciar o querellarse) y, por la otra, la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad (el derecho de la autoridad para imponer sanciones), y para que opere basta el transcurso del tiempo señalado por la ley.

En el caso que nos ocupa, interesan los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva, mismos que son continuos, considerando el delito con sus modalidades y se contarán a partir de

Para ello, debemos de tomar en cuenta de qué delito se trata y el caso particular; esto es casuístico.

En los casos de delito de querella, la potestad punitiva prescribe en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente y en tres años fuera de esta circunstancia.

En este sentido, por poner un ejemplo, si se comete el delito de abuso sexual a una adolescente de 13 años, sin que concurra violencia (si hay violencia se persigue de oficio) y en donde además (como resulta obvio) sabe quién fue la persona que abuso de ella, esta joven tiene un año para querellarse, si no lo hace, prescribe su pretensión punitiva.

Con la reforma que se plantea, este lapso de un año comenzará a correr a partir de que la joven cumpla 18 años, por lo que puede querellarse incluso a la edad de 19 años y no de 14 años, como actualmente se encuentra.

Por otro lado, en los casos de delitos que se persigan de oficio, la pretensión punitiva prescribe

Por ejemplo, si se comete el delito de abuso sexual a una adolescente de 13 años, en donde existió violencia física o moral, este delito se perseguirá de oficio, siguiendo las reglas establecidas.

En este sentido, la pena privativa de la libertad con que se sanciona esta conducta va de de seis meses a cuatro años de prisión (puede aumentarse hasta en una mitad en su mínimo y máximo, si es cometido por ascendiente, bajo su custodia, guarda o educación, etcétera). Entonces, el término medio aritmético de la pena privativa de la libertad para este delito es de 2.25 años (si es que no se aumentó). Siendo así que esta joven de 13 años tendrá un plazo de 2.25 años para denunciar, en caso contrario, la pretensión punitiva prescribirá.

Con la reforma que se plantea, este lapso de 2.25 años comenzará a correr a partir de que la joven cumpla 18 años, por lo que puede querellarse hasta que tenga 20.25 años y no 15.25 años, como actualmente se encuentra.

Es por ello que el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva en el caso de abuso sexual cometido contra una persona menor de edad comenzará a correr a partir de que la persona menor de edad cumpla 18 años, dando así un margen lógico para que la víctima pueda denunciar el ilícito que ha conculcado su intimidad.

La razón de lo anterior radica esencialmente en que al paso del tiempo un niño o adolescente abusado sexualmente pierde su derecho a denunciar el ilícito, simplemente porque pasó el tiempo y por su corta edad o por la falta de auxilio de un mayor no se denunció en su momento, por lo que se propone que hasta que se adquiera la mayoría de edad es hasta en tanto pueda comenzar a correr el tiempo de prescripción.

Con todo lo expuesto y fundado, en aras de otorgar una mayor protección a los menores de edad víctimas del delito y a fin de evitar su revictimización, presentamos ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2o., 86, 111, 115, 116, 117,141, Apartado A, fracción XIV, 142,147, 168 Bis, 210, 243, 247, 249 y 285; y se adicionan los artículos 86 Bis, 115 Bis, 264 Bis, 264 Ter y 388 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Artículo 86 . ...

A consideración del Ministerio Público, del juzgador o a petición de parte, se limitará la publicidad de las audiencias, cuando vaya en contra de la integridad física y emocional de la persona menor de edad, donde intervendrán únicamente las personas con interés legítimo. Se procurará que el menor víctima no tenga contacto con el inculpado.

Artículo 86 Bis. La participación de los menores de edad en las audiencias, estará limitada a lo estrictamente necesario, de conformidad con el principio del interés superior del niño, en los siguientes términos:

Artículo 111. Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este código previene, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación. Este precepto no aplicará para las víctimas u ofendidos menores de edad.

Artículo 115. Cuando la víctima u ofendido sea menor de edad, pero mayor de dieciséis años, podrá querellarse por sí mismo o por quien esté legitimado para ello. Tratándose de delitos cometidos en contra de personas menores de esta edad o de otros incapaces, cualquier persona puede presentar la denuncia de hechos correspondiente.

Artículo 115 Bis. La denuncia que realicen las personas menores de edad víctimas de un delito deberá ser videograbada y tomada de inmediato ante la presencia exclusiva del represente legal y/o persona de confianza del menor y del agente del Ministerio Público quien deberá estar capacitado en la atención de menores, pudiendo solicitar el apoyo de personal especializado en la atención psicológica y emocional de menores

La toma de declaración se realizará en lugar apto para los menores de edad, procurando contar con un espacio físico agradable para el menor y en donde se le proteja del contacto con el inculpado o con asuntos ajenos a su interés.

Se exime al menor de edad de expresarse con las formalidades que marca la ley, pudiendo el Ministerio Público o juez suplir las deficiencias.

Artículo 116. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio o cometido en contra de un menor de edad está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía.

Artículo 117. Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio o cometido en contra de un menor de edad , está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos.

Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:

A. ...

...

Artículo 142 . ...

...

Tratándose de delitos graves o de aquellos que atenten en contra de menores de edad, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación.

...

...

Artículo 147. La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible. Cuando exista auto de formal prisión y el delito tenga señalada una pena máxima que exceda de dos años de prisión, se terminará dentro de diez meses; si la pena máxima es de dos años de prisión o menor, o se hubiere dictado auto de sujeción a proceso, la instrucción deberá terminarse dentro de tres meses. Cuando se trate de delitos graves contra menores de edad, la instrucción se deberá agotar dentro de los seis meses.

...

...

Artículo 168 Bis. ...

Dichas muestras deberán ser obtenidas por personal especializado y del mismo sexo, y con estricto apego al respeto a la dignidad humana. Cuando la víctima sea menor de edad, dicha diligencia será realizada por personal especializado en el tratamiento de menores.

...

Artículo 210. ...

Cuando la inspección pueda impactar en la estabilidad emocional de las personas menores de edad, no estarán obligadas a presentarse en el lugar de la inspección, salvo juicio contrario, fundado y motivado del Ministerio Público o el juez.

Artículo 243. ...

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior en los casos de violación, abuso sexual y hostigamiento sexual cometido en contra de menores de edad ni en el caso de delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal.

Artículo 247. ...

...

A los menores de dieciocho años, en vez de hacérseles saber las penas en que incurren los que se producen con falsedad, se les exhortará para que se conduzcan con verdad, explicándoles claramente de manera que puedan entender el alcance de ésta y el objetivo de la diligencia, evitando en todo momento atemorizar al menor.

Artículo 249. ...

Cuando el testigo sea menor de edad, deberá estar acompañado por su representante legal o persona de confianza, el juzgador deberá estar de manera personalísima en la práctica de la diligencia y toda la declaración deberá ser videograbada, a fin de evitar posteriores comparecencias innecesarias.

...

Artículo 264 Bis. Cuando el declarante sea menor de edad, el juez o el Ministerio Público de oficio deberán acordar que la diligencia de confrontación se efectúe en un lugar donde no puedan ser vistos o identificados por el probable responsable. La confrontación se llevará a cabo en recintos separados, con la ayuda de cualquier medio electrónico audiovisual, de tal manera que el declarante pueda reconocer o identificar al inculpado.

Artículo 264 Ter. Cuando el declarante sea menor de edad, además de lo previsto por el artículo anterior, el Ministerio Público o juez deberán

Artículo 285. ...

...

Para la valoración de la prueba en donde participen menores de edad, se tomará en consideración las características de la infancia y el grado de desarrollo del menor.

Artículo 388 Bis. Cuando se decrete la reposición de actuaciones, se salvaguardarán las diligencias en las que haya participado una victima, ofendido o testigo menor de edad, tales como la declaración principal, las pruebas testimonial, pericial médica y psicológica, sin que se puedan repetir de manera injustificada, salvo juicio contrario del Juez, mismo que deberá estar fundado, procurando siempre no afectar la estabilidad emocional y psicológica del menor.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 102 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 102. ...

...

En el caso de violación o abuso sexual cometido contra una persona menor de edad, y en el caso de los delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal, el plazo para la prescripción de la acción penal comenzará a correr a partir de que la persona menor de edad cumpla 18 años.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Segundo . El presente decreto entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lapso en el que la Procuraduría General de la República realizará las adecuaciones administrativas conducentes para la aplicación de la presente reforma.

Notas: 1 Naciones Unidas. Manual de procedimiento penal y protección integral de niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata de personas y explotación laboral/sexual. Bogotá: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2007. 2 Miguel Cillero, La protección de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en el marco de la convención sobre los derechos del niño. Unicef Chile. 3 Angulo, Castañer, Griesbach, Magaloni y Rivera, El niño, víctima del delito: fundamentos y orientaciones para una reforma procesal penal. México, DF, 2005. 4 Ídem. 5 Griesbach, Margarita; y Castañer, Analía. Acciones para evitar la revictimización del niño víctima del delito. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC, México, DF, 2006, página 60. 6 Griesbach Guízar, Margarita. Características de una legislación procesal adecuada para la atención y protección a víctimas de trata y explotación sexual comercial infantil. Oficina de Defensoría de tos Derechos de la Infancia, AC, México, DF, diciembre de 2007.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Justicia.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada. Dígame, diputada De la Torre.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Si me permite el diputado adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, la diputada De la Torre solicita adherirse. ¿Tendría algún inconveniente usted?

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Ninguno, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado acepta que se adhieran las compañeras diputadas y los compañeros diputados que gusten hacerlo. Pasen por favor a la Secretaría, para poder suscribir el documento correspondiente.

CAMARA DE DIPUTADOS

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Una pregunta, diputado presidente. Le quiero solicitar información en relación con las razones por las cuáles se encuentra la Policía Federal Preventiva aquí en los escalones del propio recinto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Porque están encargados de vigilar la seguridad de todas y todos los señores diputados. Ése es el tema y ésa es la respuesta que le puedo a usted proporcionar.

El diputado César Augusto...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No se moleste, diputado presidente, es una facultad que usted tiene, el asunto de la seguridad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Pero le queremos compartir la preocupación que siendo la casa del pueblo parece excesivo. Nos hemos encontrado, como dijo la diputada Laura Itzel Castillo, en la escalera aquí para subir a nuestras oficinas, decenas de PFP con escudos, toletes, cascos y todo este asunto, que rea-lmente no sólo es excesivo, sino que le pediríamos de manera respetuosa y sensible, que revisara esta situación, porque no hay ninguna razón para ello, nos parece.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No nos molestamos, diputado, al contrario, le estamos dando la información y la respuesta que no tiene ningún otro doblez. Yo estoy obligado a tener y mantener la seguridad de las señoras y señores diputados y para ese efecto es por lo que lo estamos haciendo. Ninguna otra razón.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Quiero presentar esta iniciativa que tiene un tema, para mi gusto, de la mayor importancia, pero en vez de leer el texto prefiero compartir con ustedes una reflexión, porque creo que es una tarea común de todos los diputados el cumplir con este rito republicano de la Cámara, que anualmente solía rea-lizarse con la mayor exactitud.

Es mi convicción que desde la instauración del gobierno panista este rito ya no se cumple, de manera lamentable, diría yo. Hay tres eventos al final de cada año de naturaleza económica que le tocan a la Cámara resolver, algunas, dos de ellas, de manera exclusiva.

Lo primero es la posibilidad de decidir en la soberanía popular los impuestos y las contribuciones que se harán a la ciudadanía para poder garantizar el ejercicio fiscal del año siguiente.

El segundo tema es la aprobación, discusión y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que acaba de concluir, y solía ser tan importante como los dos anteriores, la discusión y la aprobación de la cuenta pública.

Este asunto, amigas y amigos legisladores, desde 2003 ya no se da en esta Cámara. Es decir, la última cuenta pública discutida y aprobada en la Cámara es la que corresponde al ejercicio fiscal de 2002. No puede esta soberanía legitimar el cinismo que convierte la rendición de cuentas en un ejercicio de fuegos fatuos; es decir, comentarios, declaraciones, expresiones fuertes en los medios y en la ejecución de las tareas cotidianas de revisión y rendición de cuentas, nula eficacia y efectividad.

No podemos seguir en este ejercicio que cotidianamente escuchamos, de que un gobierno para ser democrático tiene que sustentarse en el principio de rendición puntual de sus cuentas. Peor aun no puede la Cámara de Diputados eludir este debate con la única circunstancia de que como el plazo límite era septiembre y septiembre ya pasó, hagamos caso omiso del evento para no discutir con prontitud las cuentas públicas a que tenemos derecho y obligación ética, legal y moral.

Mi iniciativa trata de dar una solución a este problema, no es nada nuevo, es un tema que de manera recurrente se presenta en la Cámara. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tiene esa facultad, pero no la ha ejercido, no tiene tiempo. Sería injusto insistir en que fuera esta comisión la que al final de cuentas establezca la circunstancia de dictaminación de la cuenta pública.

Tan no es eficaz, tan no es posible, que vean ustedes que no hemos dictaminado ya cuentas públicas tan importantes. Existen las modificaciones a la ley de la materia, de 1999, que dan un procedimiento exhaustivo para la revisión de la cuenta pública.

¿Qué estoy proponiendo en esta iniciativa? Primero, con todo afecto para las legisladoras y legisladores, que concluyamos el ciclo en materia económica que está omiso en su parte para mí más importante; el de la rendición de cuentas.

Segundo, que discutamos, con base en esta iniciativa, si debe seguir siendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública quien dictamine la cuenta pública, o pasemos esta actividad a la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, que cuenta con los elementos, con la disposición y con la capacidad para poder hacerlo, y sólo le falta la voluntad de ustedes para que pueda hacerlo con eficacia.

Ésta es la iniciativa. La dejo aquí a consideración de todos ustedes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 36, 76 y 77, fracciones II y III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 39, numeral 2, fracción XXVIII; 40, numeral 4, y 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se recorren las subsecuentes, y una fracción XL al artículo 39, numeral 2, y se recorren las subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Las reformas en el año 1999 a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impulsaron cambios fundamentales en la estrategia de fiscalización superior en el país. La centenaria Contaduría Mayor de Hacienda se transformó en la Auditoría Superior de la Federación, a la que se le dotó de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna. Asimismo, se le facultó para que participara en proyectos sobre el control de los procesos de gestión del Estado. Dichas reformas permitieron ampliar las labores de análisis a la información de la Cuenta Pública, intervenir en la fiscalización de recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, y fortalecer sus facultades para sancionar directamente a los infractores, entre otros aspectos.

Para ser congruentes con estas reformas, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, misma que sustituyó a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y que fue resultado de las iniciativas presentadas tanto por el Ejecutivo federal como por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, representados en el Poder Legislativo, y que para efectos de la revisión de la Cuenta Pública tuvo vigencia a partir de la revisión de la Cuenta Pública de 2001.

Sin embargo, la sociedad mexicana, en su transformación vertiginosa, demanda cambios estructurales que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas, ya que es deber de todo gobernante, además de derecho de los ciudadanos, conocer cómo es que han sido aplicados los recursos públicos.

En un estado democrático como el nuestro, es premisa fundamental llevar a cabo una efectiva y eficiente rendición de cuentas que permita a los gobernados estar cada vez mejor informados sobre el destino, uso, aplicación, manejo y custodia de los recursos públicos.

Por ello, y con el objeto de actualizar los mecanismos implementados para la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, es que el 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización y gasto público. De las reformas que destacan es la actualización de las fechas para la entrega de la Cuenta Pública y del Informe del Resultado, así como el fortalecimiento de la entidad de fiscalización superior de la Federación en su atribución de revisar la Cuenta Pública.

Para lograr los objetivos trazados era indispensable contar con una legislación secundaria acorde a los cambios aprobados. De ahí que después de un minucioso estudio y de la recopilación de las diversas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados en la LX Legislatura del Congreso de la Unión se aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el 29 de mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, misma que abrogó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

No obstante lo anterior, es indispensable precisar algunos aspectos como

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación prevé en su artículo 36 que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá presentar a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, al Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen sobre el análisis del Informe del Resultado y del contenido de la Cuenta Pública.

La iniciativa que estoy sometiendo a su consideración plantea que sea la Comisión de Vigilancia la encargada de emitir dicho dictamen, en virtud de que es ésta quien conoce y analiza el Informe del Resultado. Además de sancionar a los legisladores que por el motivo que fuere, obstaculicen la dictaminación de la Cuenta Pública.

Aunado a lo anterior, nos encontramos con el problema de que las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005 no han sido dictaminadas y, como si esto no fuera suficiente, no existe constancia de que a la fecha se haya emitido dictamen respecto de las Cuentas Públicas de 2006 y 2007.

Esto es un grave problema, ya que el decreto en mención establece en su artículo cuarto transitorio lo siguiente:

De lo anterior se desprende que es urgente que se presenten los dictámenes correspondientes para de este modo dar cumplimiento a la normativa.

Es menester señalar que estoy consciente que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está muy ocupada con el estudio y dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y que además de esto no participa del análisis al Informe del Resultado, lo que dificulta más su actuar.

Como adición a lo anterior, se propone que la denominación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se actualice a Comisión de Presupuesto, en virtud de que, como ya se ha dicho, quien está a cargo de la revisión de la Cuenta Pública es la Comisión de Vigilancia de la y, como será ésta quien emita el dictamen, es preciso ser congruente con la reforma planteada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, 76 y 77, fracciones II y III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 39, numeral 2, fracción XXVIII; 40, numeral 4, y 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se recorren las subsecuentes, y una fracción XL al artículo 39, numeral 2, y se recorren las subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, 76 y 77, fracciones II y III, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 39, numeral 2, fracción XXVIII; 40, numeral 4, y 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se recorren las subsecuentes, y una fracción XL al artículo 39, numeral 2, y se recorren las subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 2, y se recorren las subsecuentes; se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 36 y el segundo pasa a ser tercero; y se reforma el artículo 76 y se le adiciona una fracción IV al artículo 77, y se recorren las subsecuentes, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

Artículo 36. La Comisión estudiará el Informe del Resultado y el contenido de la Cuenta Pública, llevará a cabo el análisis a que se refiere el artículo 34 de esta Ley. Asimismo, emitirá el dictamen de conclusión de la revisión de la Cuenta Pública, a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación.

En el supuesto de que la Comisión no emita el dictamen en el término antes citado, se considerará revisada la Cuenta Pública que corresponda.

...

Artículo 76. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II y en el último párrafo de la fracción VI, del artículo 74 constitucional, la Cámara contara con la Comisión que tendrá las atribuciones de coordinar las relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; evaluar el desempeño de esta última; constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos; solicitarle que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización y elaborar el dictamen con base en el análisis del contenido de la Cuenta Pública y las conclusiones técnicas del Informe del Resultado de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 77. Son atribuciones de la Comisión:

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXVIII y se adiciona una fracción XL al artículo 39, numeral 2, y se recorren las subsecuentes; se reforma el artículo 40, numeral 4, se adiciona el numeral 5, y se recorren los subsecuentes; y se reforman el artículo 45, numeral 5, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

3. ...

Artículo 40.

1. a 3. ...

4. La Comisión de Vigilancia de la realiza las tareas que le marca la Constitución, la correspondiente ley reglamentaria y esta ley. Esta Comisión tendrá facultades para dictaminar la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública, con independencia de las labores legislativas que le correspondan en razón de su naturaleza.

5. Para que ocurra la afirmativa ficta que establece el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se deberá dar el supuesto de que la causal de la dilación u omisión en la emisión del dictamen no sea por motivos de los integrantes del partido al cual pertenezca el Titular del Ejecutivo Federal. En el supuesto de que se dé la figura citada, los diputados integrantes de la Comisión incurrirán en responsabilidad administrativa por negligencia en el desempeño de sus funciones legislativas.

6. ...

Artículo 45.

1. a 4. ...

5. Asimismo, la Comisión de Vigilancia de la deberá solicitar a las comisiones a que hace referencia el párrafo anterior, opinión sobre aspectos o contenidos específicos del Informe del Resultado, de su análisis y de la Cuenta Pública, que rendirán máximo al 31 de julio, para que con base en ellos elabore el dictamen correspondiente a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

6. ...

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 80. La Comisión de Presupuesto se integrará conforme a lo establecido en el artículo 43, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la cual pasará una vez que se reciba el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Comisión de Vigilancia de la recibirá de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública para turnarla a la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 81. La Comisión de Presupuesto tendrá la obligación, de examinar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentar dictamen sobre el mismo para ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre, salvo en el caso previsto por el artículo 83 constitucional.

La Comisión de Vigilancia de la tendrá la obligación de examinar la Cuenta Pública, el Informe del Resultado de su revisión, así como las opiniones que emitan las comisiones ordinarias de la Cámara, cuya competencia corresponda con los ramos de la Administración Pública Federal, a fin de que someta a votación del Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública, a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación.

Transitorios

Artículo Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado César Augusto Santiago Ramírez.Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Sí, diputado. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quisiera pedirle, diputado presidente, si le solicita al diputado César Augusto Santiago que me permita sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado César Augusto Santiago, ¿tiene usted inconveniente en que se sume el diputado Fernández Noroña?

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): No, señor presidente, ningún inconveniente. Entre más se sumen, mejor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. El señor diputado acepta que se sumen, así que las señoras y señores diputados que deseen adherirse a la propuesta del diputado César Augusto Santiago, pasen por favor a firmar el documento correspondiente.

Se pospone la intervención de la diputada Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del PRI, para la siguiente sesión.

ELADIO DE LA CRUZ MALDONADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, la Mesa Directiva participa a ustedes el reciente fallecimiento del señor Eladio de la Cruz Maldonado, quien fuera diputado federal suplente por el II distrito de Tabasco.

Expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos, e invito a todos los presentes a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Descanse en paz.

PROGRAMA DE APOYO AL CAMPO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al capítulo de proposiciones. Se recibió proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicay al titular de Sagarpa a que en el diseño del Procampo se consideren estrategias que permitan otorgar una mejor asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de dicho programa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al titular de la Sagarpa a considerar en el diseño del Procampo estrategias que permitan otorgar mejor asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Héctor Velasco Monroy, Cruz López Aguilar , Alberto Jiménez Merino , Óscar García Barrón, Gerardo Sánchez García , Heriberto Ambrosio Cipriano , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el diseño del Programa de Apoyo al Campo, Procampo, se consideren las estrategias que permitan otorgar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de dicho programa con el propósito de hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes

Considerandos

La globalización es un proceso de integración entre países que permite establecer cadenas de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que generan las economías nacionales, lo anterior nos presenta un panorama con aristas de diversa índole, ventajas y desventajas.

Entre las ventajas que se pueden identificar se encuentran la posibilidad de acceder a un mercado mundial en el cual la demanda mantiene una línea de crecimiento constante, la cual puede ser aprovechada por naciones especializadas en la generación de productos provenientes de los tres sectores de la economía.

Entre las desventajas se pueden mencionar la falta de especialización y el aprovechamiento ineficiente de los avances tecnológicos aplicados a los procesos productivos, la ausencia de estos elementos es más notoria en sectores como el agrícola, en donde la tecnificación es un proceso que está inconcluso en México.

El modelo económico sustentado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas no logró consolidarse durante el tiempo en el que se implantó en nuestro país, ello debido a que el proceso de apertura comercial de México se dio en un contexto en el que aún no se contaba con el sustento que permitiera la integración plena a la globalización.

En el año de 1994, fue instituido el Procampo, atreves del cual se otorgan apoyos económicos a los campesinos de acuerdo al número de hectáreas de su propiedad, los apoyos son otorgados en dos ciclos anuales, primavera-verano y otoño-invierno.

El principal objetivo de Procampo es compensar el ingreso de los productores durante el tiempo de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

Dicho programa es el segundo en importancia de acuerdo al monto presupuestal que recibe, en este rubro el Programa Oportunidades recibe más de 40 mil millones de pesos en tanto que Procampo tiene un monto de 16 mil millones de pesos.

Es importante mencionar que el 75 por ciento de los beneficiarios del Procampo tienen más de 55 años de edad con un promedio de escolaridad de 3.3 años, de igual forma el programa se creó sin considerar la asistencia técnica, ni la capacitación.

Si bien es cierto que Procampo se ha caracterizado por la tranquilidad y convivencia social que genera en sus beneficiarios no ha logrado promover el desarrollo integral de la población rural.

En este contexto, si consideramos que el nivel de escolaridad es bajo y los servicios técnicos se han reducido al pago del apoyo, se puede afirmar que no habrá avances mientras no se ayude a la gente a ayudarse.

La asistencia técnica representa el 31 por ciento de los nuevos conocimientos de una persona y generalmente no rebasa el 12 por ciento del costo total de un programa determinado. Para aprovechar 90 centavos y lograr un máximo impacto, siempre será necesario gastar 10 centavos en quien va a vigilar la aplicación del recurso y a orientar a la gente. Pueden obtenerse en forma ideal, como recursos adicionales, pero si no incluso del mismo monto asignado. La fórmula parece ser que de cada peso a fomento, se garantice un 10 por ciento para desarrollo de capacidades.

Si bien es cierto que debemos reconocer que el Procampo ha demostrado ser una herramienta eficiente, para la estabilidad social, también es importante reconocer que se pueden aprovechar las bondades que el propio programa otorga, haciendo un uso más eficiente de las redes que se han construido y del eslabonamiento productivo.

Con el objetivo de contar con un sector agropecuario competitivo que cuente con los elementos suficientes que le permitan hacer frente a la integración de los mercados del sector primario, aprovechando la estructura productiva nacional, es importante fortalecer este tipo de instrumentos de compensación.

En este sentido, la capacitación y la asistencia técnica dirigida al sector primario son dos componentes que permiten alcanzar la meta de lograr consolidar nuestro papel en el mercado internacional. Nuestro campo adolece por la falta de apoyos y de una política pública que le otorgue un mejor entorno que impulse su crecimiento.

La proposición que ahora presentamos, tiene el objetivo de otorgar capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios través de Procampo lo que permitirá contar con un sector agropecuario mejor preparado frente a nuestros competidores internacionales. Por otra parte, la propuesta no pretende incidir en un presupuesto mayor para Procampo, ya que una parte de los recursos se destinará para cumplir con lo que se establece en el presente punto de acuerdo.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

PROGRAMA NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición por la que se exhorta a los titulares de Sagarpa, de la Sener y de la Semarnat a diseñar e implementar un Programa Nacional de Biocombustible para fomentar el desarrollo económico regional, reducir los efectos del calentamiento global y apoyar el desarrollo de las cadenas productivas, a fin de revertir el deterioro de los ecosistemas que existen en el país.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Sener y de la Semarnat a diseñar e implantar un Programa Nacional de Biocombustibles para fomentar el desarrollo económico regional, reducir los efectos del calentamiento global y apoyar el de-sarrollo de las cadenas productivas, a fin de revertir el deterioro de los ecosistemas del país, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El deterioro de los ecosistemas en el mundo se presenta de una manera cada vez más constante, situación que nos debe ocupar y preocupar. El avance tecnológico en las actividades humanas ha incidido de manera negativa en nuestro planeta, muestra de ello es el cambio climático que actualmente estamos padeciendo. Desde el inicio de la revolución industrial muchos son los avances y muchos también los efectos negativos sobre el ambiente.

La explotación irracional y desproporcionada de los recursos materiales, en particular de los energéticos, ha ocasionado que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la humanidad.

En el contexto internacional, los países desarrollados se han preocupado por preservar y conservar la biodiversidad que aun prevalece en algunas regiones del mundo, cabe mencionar que México forma parte de estas regiones a proteger.

Con el objetivo de implementar acciones que permitan reducir los efectos del cambio climático y de otras problemáticas que incidan de manera negativa en los ecosistemas, se han signado acuerdos internacionales para cumplir con dicho fin, muestra de ello son los recientes acuerdos de Kioto.

Es importante señalar que nuestro país ya cuenta con una normatividad que permite desarrollar actividades que promueven un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, siendo una vía para trasladarnos a un modelo de desarrollo sustentable.

La Ley de Bionergéticos en México representa un avance en la consolidación de un sector energético sustentable en el cual se dé prioridad al desarrollo de energías alternativas, haciendo un uso racional de los recursos naturales.

La posibilidad de generar combustibles a partir de fuentes provenientes del sector agrícola es una realidad, sin embargo, es importante ser mesurado y consiente de las implicaciones o efectos negativos que puedan generarse, es decir, es imperativo garantizar la soberanía alimentaria y la disponibilidad de productos agrícolas.

El calentamiento global se acerca peligrosamente a los 2 grados centígrados; ya estamos viendo los estragos de esta situación; se sabe que al llegar a los 4 grados ya no habrá nada que hacer. Es urgente que el calentamiento mundial no pase de los dos grados. Este es el gran reto para los líderes mundiales.

Por otro lado, la erosión del suelo avanza rápidamente. Muchas especies de importancia de las cuales se pueden obtener biocombustibles tienen una gran adaptación a tierras consideradas como pobres o degradadas.

El etanol proveniente de la caña de azúcar, el metano producido de los residuos y excretos de animales que hoy se consideran como contaminantes, así como la palma africana y el piñón mexicano se ubican entre las opciones más importantes para producir los biocombustibles, con lo cual también se puede mejorar la economía agropecuaria. Los productos mencionados permiten reducir la contaminación.

En este sentido, es importante establecer un Programa Nacional de Biocombustibles que permita detonar el desarrollo regional, procurando que la aplicación de los resultados permita disminuir los efectos del calentamiento global, fomentando el desarrollo de las cadenas productivas, permitiendo una diversificación en la producción de las tierras marginales, para con ello revertir el deterioro ecológico de los ecosistemas.

Con fundamento en lo expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar e implementar un Programa Nacional de Biocombustibles, para con ello fomentar el desarrollo económico regional, reducir los efectos del calentamiento global y apoyar el desarrollo de las cadenas productivas, a fin de revertir el deterioro de los ecosistemas que existen en el país.

Para lograr lo anterior, se debe considerar los siguientes elementos:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

AUTOPRODUCCION ALIMENTARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Sagarpa, de Sedesol, del DIF y del Instituto Mexicano del Seguro Sociala que haya una coordinación interinstitucional que implemente un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, en el que participen de manera activa las familias rurales y urbanas para que a través de huertos y granjas produzcan al menos una parte de los alimentos que necesitan e inicien un proceso de desarrollo duradero.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Sedesol, del DIF y del IMSS a establecer coordinación interinstitucional que implante un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria en el que participen de manera activa las familias rurales y las urbanas para producir mediante huertos y granjas al menos una parte de los alimentos que necesitan e iniciar un proceso de desarrollo duradero, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El rezago, la marginación, la desigualdad y la pobreza son problemáticas que aquejan a un número importante de personas en el país. La Secretaría de Desarrollo Social considera que alrededor del 54 por ciento de los mexicanos (57.8 millones) presenta pobreza de patrimonio, lo que implica que vive con menos de 4 dólares diarios (53 pesos), en tanto que el 32 por ciento (34.3 millones) lo hace con menos de 2.5 dólares (33 pesos), y 24 por ciento (25.7 millones) con menos de 2 dólares (27 pesos).

Por su parte, los estados con un nivel mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango; cabe mencionar que en dichas entidades se concentran altos porcentajes de población indígena.

La población rural en México, de acuerdo a lo que menciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es del 23.5 por ciento del total, la gran mayoría de ellos se desempeñan en actividades agropecuarias, lo que representa su fuente más importante de ingreso.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación, dos terceras partes de personas en situación de pobreza se ubican en el medio rural, de las cuales más de 12 millones presentan un nivel de pobreza alimentaria; 15 millones tienen pobreza de capacidades y, cerca de 24 millones están ubicados en el tipo de pobreza de patrimonio.

El panorama anterior nos da una perspectiva de la gravedad de la pobreza y la marginación en México, ante lo cual es imperioso diseñar mecanismos de compensación y apoyo que permitan incidir de manera directa en el abatimiento de las desigualdades sociales.

La propuesta que presento es una alternativa viable para subsanar estas inconsistencias y desequilibrios sociales, se trata de implementar un programa piloto en el que participen las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la estrategia del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria; y de Desarrollo Social, con su programa Oportunidades; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la vertiente de Oportunidades, tendiendo como objetivo la autoproducción alimentaria.

El Plan Nacional de Autoproducción Alimentaria dará prioridad en su conformación a la participación de los habitantes que se encuentran en zonas identificadas con un índice de alta y muy alta marginación, ello con el objeto de poder proporcionar alternativas productivas a las familias de escasos recursos que tienen en las actividades del campo su principal fuente de ingreso.

Los programas sociales han sido un paliativo para atender los problemas de pobreza, marginación y desigualdad, sin embargo, es importante darle un giro de 180 grados a la política social y su aplicación, no es suficiente con otorgar recursos, ya que lo único que se logra es fomentar el paternalismo estatal. Es imperativo implementar estrategias que permitan la vinculación e integración plena de los pobres en el medio rural, siendo éste el mecanismo de mediano y largo plazo que dará sustentabilidad al futuro de dichas familias.

El incremento de la pobreza que se ha presentado durante los últimos años nos obliga a tomar medidas alternativas que atiendan de manera inmediata a los habitantes que se encuentran en las poblaciones con alto y muy alto índice de marginación.

La precaria situación en que se encuentran millones de familias del medio rural debe ser un tema permanente, no debe estar supeditado a cuestiones vinculadas con las inercias económicas, políticas o de interés personal. Debemos sumar esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de un beneficio colectivo, en particular para quienes se encuentran en el medio rural.

En razón de lo expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Social; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social a coordinarse interinstitucionalmente a fin de que se implemente un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, en el que participen de manera activa las familias rurales y urbanas para que, a través de huertos y granjas produzcan al menos una parte de los alimentos que necesitan e inicien un proceso de desarrollo duradero.

Lo anterior, con el objetivo de que dicha producción familiar sea una opción que permita el desarrollo integral y pleno de las familias y pobladores que se ubican en las localidades de alta y muy alta marginación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social.

Se pospone la participación de la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para la próxima sesión.

Tiene la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al titular de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco que asigne el envío periódico y permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco. No estando presente, pasa al final de las proposiciones.

ESTANCIAS INFANTILES PARA HIJOS DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PUBLICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guarderías para las hijas y los hijos de las estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las mismas.

La diputada Martha Elena García Gómez: Con su permiso, señor presidente.

En México, de acuerdo con las cifras del Segundo Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), en ese año había 103 millones 263 mil 388 personas, de las cuales 33 millones 774 mil son personas jóvenes entre 12 y 29 años de edad, lo que representa 32.7 por ciento de la población.

De esta población juvenil, 48.52 por ciento son varones y 51.48 por ciento son mujeres. De la población joven, 24.7 por ciento asiste a la escuela. El porcentaje de asistencia escolar de los hombres jóvenes es de 26.1 por ciento y en las mujeres de 23.5 por ciento. El promedio de escolaridad de los hombres jóvenes es de 8.6 años por 8.5 años de las mujeres.

Hacemos mención a estos datos porque vamos a referirnos a uno de los problemas que influyen notoriamente en la deserción escolar de las mujeres y, de manera particular, en la deserción escolar de las madres estudiantes, planteando una propuesta de apoyo que les permita continuar y terminar su carrera profesional, permitiéndoles a futuro un mejor desarrollo personal, profesional y, sobre todo, eliminar obstáculos que eliminen la equidad entre los géneros.

Cuando se habla de embarazo en jóvenes, estamos hablando de cosas que van más allá de una etapa del desarrollo y la reproducción biológica. Aunado a esto, el problema de la continuidad escolar de estudiantes que se embarazan se convierte también en una preocupación de las autoridades educativas.

De esta manera, cuando una joven en edad escolar se embaraza tiene por doble partida elementos que complican su permanencia en la escuela, considerando que el embarazo en mujeres jóvenes, menores de 20 años, conllevan un alto riesgo a la salud, que se potencializa cuando existe un estado de desnutrición.

Cuando una joven estudiante decide continuar en la escuela, en no pocas ocasiones recurrirá a solicitudes de justificación de ausencia o retardo, permisos, bajas o distanciamiento definitivo que se originan en problemas de índole doméstico como enfermedad de las hijas o de los hijos, o la atención de diversos problemas familiares que deberán de ser resueltos por ellas.

Enfermedades también que muchas veces ellas tienen que padecer, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo familiar o institucional. Esto a la vez origina en las jóvenes procesos de angustia, miedo, baja autoestima e inseguridad, entre otros; y que necesariamente se reflejan en la ruptura y abandono de proyectos de vida personal.

Debemos abonar para reducir la brecha de desventaja que sufren las jóvenes estudiantes, con respecto al resto del universo estudiantil de acuerdo con su natural situación al compromiso y al esfuerzo que implica ser madre, que carece del apoyo necesario para el cuidado de sus hijos y para destinar adecuadamente el tiempo que requieren el resto de sus tareas.

Por ello, proponemos que las instituciones educativas coadyuven y apliquen soluciones para garantizar apoyos a las madres jóvenes estudiantes, que deben cumplir con las actividades relativas a su maternidad y de estudiantes a la vez, estableciendo estancias infantiles que les permita dejar a sus niñas y sus niños en un lugar adecuado para su desarrollo y así poder, de manera segura y confiada, avanzar en sus estudios.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.

Único. Se solicita a los rectores de las universidades públicas del país la creación de estancias infantiles, destinadas a brindar el servicio de guardería para las hijas y los hijos de las estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las mismas. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país que creen estancias infantiles para los hijos de las estudiantes de esas instituciones, con el propósito de evitar la deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez , del Grupo Parlamentario del PRD

Quién suscribe, Martha Elena García Gómez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guardería para las hijas y los hijos de las estudiantes de estas instituciones con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las mismas, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con las cifras del segundo Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan 103,263,388 (ciento tres millones, doscientos sesenta y tres mil, trescientos ochenta y ocho), personas de las cuales 33,774,976 (treinta y tres millones, setecientos setenta y cuatro mil, novecientas setenta y seis), son jóvenes entre 12 y 29 años de edad; lo que representa 32.7% de la población. De esta población juvenil 48.52% son varones y 51.48% son mujeres.

De la población joven, 24.7% asiste a la escuela. Por edad desplegada, a los 15 años el porcentaje asciende a 65.6% y disminuye en las edades siguientes, de tal manera que a los 17 años asiste 45.4%; a los 19 años, 29.9%, y a los 22 años 17.6%. El porcentaje de asistencia escolar de los hombres jóvenes es de 26.1% y en las mujeres de 23.5 por ciento. La mayor diferencia entre las tasas de asistencia de hombres y mujeres ocurre a los 22 años, donde 15.1% de los hombres y 11.8% de las mujeres asisten a la escuela. El promedio de escolaridad de los hombres jóvenes es de 8.6 años por 8.5 años de las mujeres. 23% algún año aprobado en educación media superior y 10.5% en educación superior o postgrado.

Hacemos mención a estos datos porque vamos a referirnos a uno de los problemas que influyen notoriamente en la deserción escolar de las mujeres, y de manera particular en la deserción escolar de las madres estudiantes, planteando una propuesta de apoyo que les permita continuar y terminar su carrera profesional, permitiéndoles a futuro, un mejor desarrollo personal, profesional y sobre todo eliminar obstáculos que limiten la equidad entre los géneros.

La carencia de recursos y la necesidad de contribuir económicamente al sostenimiento familiar son otros de los factores primordiales por los que las y los jóvenes dejan de estudiar y explican en alrededor de 35% la deserción escolar que ocurre entre la juventud. Asimismo, el embarazo, el matrimonio y la falta de apoyo familiar, contribuyen en un 14% a que las jóvenes dejen los estudios. Es importante resaltar que los factores descritos con anterioridad afectan en mayor medida a las mujeres que a los varones. Por ejemplo la falta de recursos representa el 19% de los motivos por los que los varones abandonan los estudios, mientras en la población femenina alcanza el 35%.

Cuando se habla de embarazo y jóvenes, estamos hablando de cotidianidad, hablamos de cosas que van más allá de una etapa del desarrollo y la reproducción biológica. Aunado a esto el problema de la continuidad escolar de estudiantes que se embarazan, que se convierte también en una preocupación de las autoridades educativas.

De esta manera, cuando una joven en edad escolar se embaraza tiene por doble partida elementos que complican su permanencia en la escuela, considerando que el embarazo en mujeres jóvenes menores de 20 años conllevan un alto riesgo a la salud que se potencializa cuando existe un estado de desnutrición.

En general, la limitada participación de las mujeres en la vida pública está relacionada con la división sexual del trabajo, con la responsabilidad en el cuidado de los hijos, la carencia de una infraestructura social que la auxilie en sus tareas, así como la doble o triple jornada que implica el estudio, el empleo asalariado y las tareas domésticas. A ello, se suman organizaciones, y concepciones sociales que reproducen las prácticas de exclusión y discriminación de género que obstaculizan aún más el avance de las mujeres.

Cuando una joven estudiante decide continuar en la escuela, en no pocas ocasiones recurrirá a solicitudes de justificación de ausencia o retardo, permisos, bajas o distanciamientos definitivos que se originan en problemas de índole doméstico como; enfermedad de las y los hijos, o la atención de diversos problemas familiares que deberán ser resueltos por ellas, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo familiar o institucional. Esto, a la vez, origina en las jóvenes procesos de angustia, miedo, baja autoestima e inseguridad entre otros y que necesariamente, se reflejan en la ruptura y abandono de proyectos de vida personal.

En nuestro país, las oportunidades en el terreno educativo para las mujeres han mejorado significativamente, logrando ver un número mayor de ellas en las aulas de los diferentes niveles escolares, pero aún se requiere de apoyos que le permitan la realización de sus metas en una adecuada combinación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Debemos abonar para reducir la brecha de desventaja que sufren las madres jóvenes estudiantes, con respecto al resto del universo estudiantil, de acuerdo con su natural situación, al compromiso y al esfuerzo que implica ser madre que carece del apoyo necesario para el cuidado de sus hijos, y para destinar adecuadamente el tiempo que requieren el resto de sus tareas.

Por ello, proponemos que las instituciones educativas coadyuven y apliquen soluciones para garantizar apoyos a las madres jóvenes estudiantes que deben cumplir con las actividades relativas a su maternidad y de estudiantes a la vez, estableciendo estancias infantiles que les permita dejar a sus niñas y niños en un lugar adecuado para su desarrollo, y así poder de manera segura y confiada, avanzar en sus estudios.

Esto contribuye a evitar la deserción estudiantil y preserva además la matrícula escolar de las mujeres que siendo madres desean continuar con su desarrollo personal obteniendo su título profesional, pues reconocemos que la educación es la variable más importante para generar riqueza y progreso, por lo que, ninguna estudiante que tenga hijos --por este hecho-- debe quedar al margen de su acceso.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a los rectores de las universidades públicas del país, la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guardería para las y los hijos de las estudiantes de tales instituciones con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de éstas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género.

Sí, diputada Pérez de Tejada, dígame.

La diputada María Elena Pérez de Tejada (desde la curul): Para felicitar a la diputada y para saber si me permite adherirme a la iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Preguntaría a la diputada Martha Elena García Gómez, si acepta que se adhieran a su proposición.

La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada. Así que todas las compañeras y compañeros que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría para efecto de suscribirla.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla, para hacer la proposición acerca de la Secretaría de Educación Públicadel gobierno de Jalisco.

La diputada Olivia Guillén Padilla: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la dinámica en el crecimiento de las ciudades, la de-sintegración cada vez mayor de la familia mexicana y la baja en la calidad de vida nos enfrenta a nuevos y complicados problemas sociales, que con el paso del tiempo se han traducido en una alarmante descomposición social. Esta situación no sólo afecta a la familia como núcleo de la sociedad, sino que penetra en el individuo y se refleja de manera negativa en su comportamiento como ser social.

Todos estos factores han propiciado el aumento de un problema social alarmante: el incremento de la detección de trastornos de la conducta y de la personalidad en los niños y jóvenes.

Por ello cada vez más se presentan casos de menores infractores entre 11 y 15 años, que en su mayoría también terminan por elevar las cifras de reprobación y deserción en los niveles primaria y secundaria de Jalisco.

Esto nos indica que los jóvenes tienen necesidades tanto materiales como personales, por lo que se requiere de personal profesional competente para responder de manera oportuna y acertada a sus demandas, ya que la situación social en la que se encuentran muchos niños adolescentes y jóvenes los expone a estados de depresión grave, trastornos de estado de ánimo, de periodos prolongados de ansiedad, impulsividad y sensación de desesperanza.

El analizar las manifestaciones alarmantes de la conducta en estos niños y jóvenes no es una tarea que debe ser atendida por los docentes de estos dos niveles de estudio. Por este motivo, es urgente solicitar a las autoridades educativas de Jalisco que atiendan este problema latente en las escuelas primarias y secundarias, con el envío de personal especializado en la orientación psicoeducativa y psicosocial que integren una labor preventiva ante la aparición de comportamientos preocupantes en este sector de la población.

No hay que olvidar que la escuela y la familia son los más importantes agentes educativos y socializadores en los jóvenes, en los que deben favorecerse los factores de socialización. Con este esfuerzo estaríamos identificando y eliminando motivaciones y/o causales de estos trastornos en las primarias y secundarias en forma oportuna, lo que nos permitiría una prevención y atención efectiva, anticipándonos a la formación de estructuras, tanto de los niños como de la comunidad-sociedad favorecedoras de estos patrones nocivos de conducta.

La prevención desde las primarias y las secundarias sería un avance muy importante en la intención de combatir las causas de problemas desde una perspectiva global como parte de una estrategia de reforzamiento de los mecanismos de socialización entre los niños y jóvenes ante la sociedad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación de Jalisco a asignar el envío periódico permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias de Jalisco. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Educación de Jalisco que asigne el envío periódico o permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Olivia Guillén Padilla , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La dinámica de crecimiento de las ciudades y como consecuencia la obligada desintegración cada vez mayor de la familia mexicana y la baja en la calidad de vida por la crisis económica; nos enfrenta a nuevos y complicados problemas sociales. En los municipios del país pero especialmente en el estado de Jalisco esta situación no es ajena y con el paso del tiempo se ha traducido en una descomposición social de la población.

Esta situación no solo afecta a la familia como núcleo de la sociedad, sino penetra en el individuo y se refleja de manera negativa en su comportamiento como ser social; es por ello que los factores reproductores de la pobreza se ven favorecidos y nos expone a que en seis de cada diez familias jaliscienses habite la violencia intrafamiliar reproduciéndose de generación en generación.

Todos estos factores han propiciado el aumento de un problema social silencioso y alarmante que es el incremento de los trastornos de la conducta y la personalidad en los niños y jóvenes que tarde o temprano en la mayoría de los casos fomentan los índices de delincuencia juvenil, que incide en menores de 18 años y que se mide particularmente por el número de detenciones e infracciones a la ley de este sector de la población.

Por ello, cada vez se presentan más casos en menores infractores de entre 11 y 15 años, que en su mayoría resienten los problemas cotidianos de sus hogares y terminan por elevar las cifras de reprobación y deserción en los niveles primaria y secundaria de este estado.

Lo cual nos indica que estos jóvenes tienen necesidades tanto materiales como personales, por lo que se necesita cada vez más de personal profesionalmente competente para responder de manera oportuna y acertada a sus demandas educativas y sociales, ya que la situación social en la que se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes los expone a situaciones de depresión grave, de trastornos del estado de ánimo, de periodos prolongados de ansiedad, impulsividad y sensación de desesperanza.

Analizar las principales manifestaciones alarmantes de la conducta en estos niños y jóvenes no es una tarea que debemos de dejar de lado o dejarla a los docentes de estos dos niveles de estudio.

Por este motivo es urgente la necesidad de intervenir en el centro escolar y solicitarle a las autoridades educativas de Jalisco que atiendan este problema que se está presentando en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco, a través del envío periódico y/o permanente de personal especializado en la orientación psicoeducativa y psicosocial que integren una labor preventiva ante la aparición de comportamientos negativos en este sector tan importante de la población y que constituye un tema de relevancia social indiscutible.

No hay que olvidar que la escuela junto con la familia constituyen los más importantes agentes educativos y socializadores en los jóvenes, por lo que en ninguno de los dos espacios se debe inadvertir el aumento y la intensidad del riesgo para este sector y que por el contrario se deben favorecer de manera positiva los factores de socialización.

Con este esfuerzo importante estaríamos identificando y eliminando las principales motivaciones o causales de estos trastornos en los niños y jóvenes de los niveles de primaria y secundaria en forma oportuna, lo que nos permitiría garantizar una prevención y atención efectiva basada en sus necesidades reales, tratando de anticiparse a la formación de estructuras tanto en los niños como en la comunidad-sociedad favorecedoras de estos patrones nocivos de conducta.

La prevención general y social, desde las primarias y las secundarias seria un avance muy importante en la intención de combatir las causas de este problema desde una perspectiva global y no aislada como se ha venido haciendo, dentro de una estrategia de creación y reforzamiento de los mecanismos de socialización entre los niños y jóvenes ante la sociedad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, que se asigne el envío periódico o permanente, o ambos, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a informar a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país, y de igual forma se exhorta a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados, en los últimos años nuestro país ha incrementado su red carretera tanto en vías federales, libres y de cuota, así como vías estatales.

El esfuerzo del gobierno y de la iniciativa privada, en algunos casos está logrando la rápida comunicación entre los pueblos, se están destinando miles de millones de pesos ---como lo vimos en este presupuesto de egresos que aprobamos el día de ayer y que es el rubro más requerido tanto por los gobiernos federal, estatal, municipal y diputados de esta soberanía--- para que esta red carretera crezca y se le dé mantenimiento.

Lamentablemente el abuso de algunos transportistas en exceder de peso su carga y medidas permitidas y en otras la mala calidad de las carreteras han ocasionado su pronta destrucción, teniendo como consecuencia infinidad de accidentes, miles de ellos fatales; asimismo inversión extraordinaria por parte del gobierno en el mantenimiento de sus carreteras, provocando que sólo 27 por ciento de las carreteras federales se encuentren en buen estado.

La simple conservación de las carreteras no basta para reducir los números rojos en los que nos encontramos ni para satisfacer el reclamo constante de los ciudadanos, ya que así se atiende solamente el problema de forma.

Lo que debe buscarse es dar cumplimiento eficaz a las disposiciones expresadas en los reglamentos propios de la materia.

La ineficacia en la operatividad de los reglamentos que atienden el tránsito federal se muestra con la notable circulación de vehículos con exceso de carga que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal y estatal, lo cual trae como consecuencia la destrucción rápida y progresiva del pavimento, provocando grietas, baches, ondulaciones y demás desperfectos que dificultan el tránsito vehicular y contribuyen a que los accidentes viales se hayan incrementado de manera acelerada en los últimos años, hasta llegar a ser una de las principales causas de muerte en nuestro país.

De esta manera y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación de peso y medidas vehiculares que existen en el país, y de igual forma se exhorta a los gobiernos estatales para que determinen las medidas necesarias a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a informar a esta soberanía sobre la ubicación, el funcionamiento y la supervisión de los puntos de verificación existentes en el país; y a los gobiernos estatales, a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumplan los reglamentos relativos a la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En toda la República Mexicana encontramos diversidad de problemas que aquejan a la población; el mal estado de las carreteras es algo cotidiano con lo que lidiamos día a día, tornándose en una incomodidad; siendo esto, un factor de riesgo importante que pone en peligro el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país; ya que no debemos olvidar que las vías de comunicación son el enlace más importante para cualquier productor del mundo.

En la actualidad es grave el deterioro que presentan las carreteras debido a la mala calidad en la construcción de éstas y al uso indebido representado principalmente, por las cargas excesivas en muchas de las unidades de transporte pesado que circulan por las vías, provocando así, que sólo el 27% de las carreteras federales se encuentren en buen estado.

La vulnerabilidad de los parámetros establecidos en el Reglamento Sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, así como en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, ha provocado que se haya visto mermada la seguridad de los usuarios que utilizan estas vías de comunicación; los datos más recientes arrojaron un total de 30 mil 551 accidentes anuales, con un costo de 515.2 millones de pesos en pérdida; desafortunadamente son números que van en aumento año con año, sin que hasta la fecha se hayan implementado políticas públicas que den mejoría a esta problemática.

El simple mantenimiento de las carreteras, no basta para reducir los números rojos en los que nos encontramos, ni para satisfacer el reclamo constante de los ciudadanos, ya que así se atiende solamente al problema de forma; lo que se debe buscar es dar cumplimiento eficaz a las disposiciones expresas en los reglamentos propios de la materia.

A consecuencia de este problema, también se ha debilitado el comercio interno y externo del país, afectando en gran medida a las actividades que mueven la economía de cada región, por ser las carreteras, la columna vertebral del flujo de capital y principal forma de enlace entre los pueblos y en algunos casos la única.

El detrimento de éstas, debilita la aceleración de las actividades económicas, como la industria, el turismo, el comercio, la agricultura, ganadería, entre otros, lo cual les impide extender sus productos a las zonas urbanas, debido a la dificultad con la que se enfrentan para su traslado, contribuyendo a que 54.8 millones de mexicanos vivan en la pobreza, esto es el 51% de la población total del territorio nacional.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que no existe equilibrio entre los gastos por el mantenimiento de las carreteras y los recursos que en el presupuesto son destinados para el buen funcionamiento de éstas, ya que el período de vida para el que son programadas, se ha visto disminuido por el mal uso que se les ha dado.

La ineficacia en la operatividad de los reglamentos que atienden el tránsito federal, se muestra con la notable circulación de vehículos con exceso de carga que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal; lo cual, trae como consecuencia el deterioro rápido y progresivo del pavimento, provocando grietas, baches, ondulaciones y demás desperfectos que dificultan el tránsito vehicular y contribuye a que los accidentes viales se hayan incrementado de manera acelerada en los últimos años, hasta llegar a ser una de las principales causas de muerte en nuestro país.

La inconsciencia de ciertos grupos de la sociedad, que con el fin de obtener ventajas económicas, infringen los reglamentos establecidos por el gobierno, al circular con exceso de peso y medidas en las carreteras federales, violan nuestros derechos como usuarios, al propiciar el incremento precipitado en el deterioro de las vías de comunicación.

Las carreteras han sido de primordial trascendencia en el crecimiento de todos los países desarrollados y esto se puede comprobar con el hecho de que todos ellos cuentan con carreteras sanas y eficientes.

En una época de crisis por la que está atravesando nuestro país, es indispensable contar con infraestructura carretera en excelentes condiciones, para lograr un mejor nivel de vida; ya que se ha tornado en una necesidad latente para impulsar el sano desarrollo de las regiones, sobre todo para las zonas marginadas, al ser éstas, el sector de la población más desamparado del gobierno del estado y la iniciativa privada, debido a la dificultad que representa el acercamiento a dichas zonas.

Es por esto, que el suscrito diputado federal manifiesta su preocupación por atender esta problemática, que como anteriormente se expuso, entorpece el crecimiento de toda nación, por lo cual se exhorta a los tres niveles de gobierno a trabajar en pro de esta situación.

De esta manera y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país; y de igual forma se exhorta a los gobiernos estatales, para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Transportes.

SALARIOS MINIMOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimo a que fije un incremento salarial para 2010, de al menos 6.5 por ciento, y a esta soberanía, para que constituya un grupo de trabajo encargado de elaborar las reformas necesarias para que sea la Cámara de Diputados la instancia que fije los incrementos de los salarios mínimos.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, pone a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.

Consideraciones: la paz social se está violando, se está violentando y se está convirtiendo en una verdadera utopía en el marco de una política instrumentada desde el gobierno federal que opta de manera sistemática por desconocer los derechos del pueblo mexicano, por arrinconarlo en el papel de perdedor. Muy por el contrario, la política debe ser la construcción de equilibrios en el marco de la justicia.

En este orden de ideas, cada vez es más sentido el reclamo de que los aumentos a los salarios mínimos sean fijados por esta honorable Cámara de Diputados, en virtud de ser factor esencial para la economía nacional y la justicia social.

En tanto se aprueban las reformas necesarias al efecto, urge que el incremento a los mínimos para 2010, que habrá de fijar en una semana la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no sólo ya no quede a la zaga de la inflación, como ya se ha hecho costumbre, sino que sea superior a ésta en uno o dos puntos porcentuales, por lo menos, a efecto de que el salario vaya recuperando la pérdida que ha acumulado y que desde 1982 al 2009 alcanza ya una pérdida de 82.17 por ciento, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

Este deterioro se agrava aún más como consecuencia del inconstitucional paquete fiscal recientemente aprobado por la mayoría de esta Cámara de Diputados.

Es mentira que ya nadie perciba el salario mínimo en el país ya que, según los datos del Inegi, al segundo trimestre del presente año 5 millones 622 mil 317 personas ganan salario mínimo. Si a estas personas sumamos los trabajadores que obtienen hasta tres salarios mínimos, nos encontramos con que casi 24 millones de trabajadores, que representan 54.9 del total de la población ocupada, está en esta circunstancia.

De esto se desprende que el aumento a los salarios mínimos define los niveles de bienestar o de hambruna de la mayoría de la población.

Por otra parte, el aumento a los mínimos sirve como referencia a los aumentos contractuales, sacrificados por topes injustos e inconstitucionales. Imposible que las variables macroeconómicas se sigan sosteniendo básicamente sobre el sacrificio salarial de los trabajadores.

Es también indispensable un incremento justo a los mínimos si partimos de que el desempleo sigue aumentando de manera desenfrenada. La tasa de desempleo a septiembre de este año nos habla de 6.44 por ciento, para dar un total de 2 millones 930 mil personas sin trabajo ---y eso que estamos con el presidente del empleo--- sufriendo, diría yo, los avatares de esta situación tan dramática para nuestro país.

Sólo en el último año se han perdido 540 mil empleos formales, según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en total, tomando en cuenta el empleo informal, se estima que son, solamente en este año, más de 900 mil desempleados los que se suman a este ejército incontrolable.

Es evidente que a mayor desempleo el salario percibido por los trabajadores en activo debe compartirse con un mayor número de personas.

Quiero hacer referencia a que tan sólo en 1976, y en el periodo en el que estuvo como secretario de Trabajo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, el salario mínimo de aquel tiempo, que era de 38 pesos con 70 centavos, alcanzaba para comprar 43 kilos de tortillas, porque estaba a 90 centavos el kilo de tortillas. De esos 43 kilos de tortillas que en aquel periodo se compraban con un salario mínimo, hoy ni siquiera alcanza para comprar seis kilos de tortillas. Qué desgracia la de nuestro pueblo.

Por todo lo expuesto y fundado, además pidiendo al presidente que se incluya el texto completo de este escrito, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que se fije un aumento a los salarios mínimos para 2010 de al menos 6.5 por ciento, no sólo viendo el bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo, sino para impulsar el crecimiento económico y la paz social. De manera que a partir de ahora, se dé inicio a un proceso para abatir la pérdida acumulada por estos salarios mínimos.

Segundo. Se exhorta al pleno de la honorable Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias a fin de que sea esta misma Cámara la que determine los incrementos a los salarios mínimos, suprimiéndose la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por haber incumplido de manera sistemática su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de los trabajadores. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento salarial de al menos 6.5 por ciento; y a esta soberanía, a constituir un grupo de trabajo encargado de elaborar las reformas necesarias a efecto de que la Cámara de Diputados establezca los incrementos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Ramón Jiménez López , diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La paz social se está volviendo una verdadera utopía, en el marco de una política instrumentada desde el gobierno federal que opta de manera sistemática por desconocer los derechos del pueblo, por arrinconarlo en el papel de perdedor. Muy por el contrario, la política debe ser la construcción de equilibrios en el marco de la justicia.

En ese orden de ideas, cada vez es más sentido el reclamo de que los aumentos a los salarios mínimos, sean fijados por la Cámara de Diputados, en virtud de ser factor esencial para la economía nacional y la justicia social.

En tanto se aprueban las reformas necesarias al efecto, urge que el incremento a los mínimos para el 2010, que habrá de fijar en unas semanas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no sólo ya no quede a la zaga de la inflación como ya se ha hecho costumbre, sino sea superior a ésta en uno o dos puntos porcentuales a efecto de que el salario vaya recuperando la pérdida que ha acumulada y, que de 1982 al 2009 alcanza el 82.17%, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Deterioro que se agravará aún más como consecuencia del inconstitucional paquete fiscal recientemente aprobado.

Es mentira que ya nadie percibe el salario mínimo en el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo trimestre del presente, 5,622,317 personas ganan el mínimo. Si a estas sumamos los trabajadores que obtienen hasta tres salarios mínimos, nos encontramos con casi 24 millones de trabajadores, representativos del 54.9% del total de la población ocupada. De esto se desprende que el aumento a los mínimos define los niveles de bienestar o de hambruna de la mayoría de la población.

Por otra parte, el aumento a los mínimos sirve como referencia a los aumentos contractuales, sacrificados por topes injustos e inconstitucionales. Imposible que las variables macro económica se sigan sosteniendo básicamente sobre el sacrificio salarial de los trabajadores.

Es también indispensable un incremento justo a los mínimos si partimos de que el desempleo sigue aumentando de manera desenfrenada, la tasa a septiembre de este año nos habla de 6.41%, para un total de 2 millones 930 personas sin trabajo. Sólo en el último año se han perdido 540,000 empleos formales, según reporte del IMSS. Es evidente que a mayor desempleo, el salario percibido por los trabajadores en activo debe compartirse con un mayor número de personas.

La contracción económica esperada para este año será de más del 7%, por lo que urge hasta para fines meramente económicos, para impulsar el dinamismo económico, otorgar un mejor incremento a los mínimos, ya que son decisivos para definir la dimensión del mercado interno.

Por lo que hace a la canasta básica recomendable, ha sufrido un incremento en sus precios de 67.16% sólo en los primeros 25 meses de gobierno de Felipe Calderón. La participación del salario en el producto nacional apenas representa el 27% frente al 47% de hace 25 años.

Y bien, nos encontramos que para el 2009, se espera una inflación anual de más del 4%, del 4.17 hasta 4.5%, según la fuente; por lo que proponemos que el incremento a los mínimos para el 2010 sea por lo menos del 6.5%.

Este incremento permitirá avanzar un poco en el combate a la pobreza padecida por más del 50% de los mexicanos. Pero sobre todo, permitirá que se avance hacia el respeto de lo ordenado por nuestra Constitución Federal, en su artículo 123, apartado ``A'', que como se ha repetido una y otra vez, ordena:

``Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos...'' Esto se ratifica en la Ley Federal del Trabajo.

Hemos llegado a un nudo histórico, en el que cumplir con los mínimos legales, parece ya un imposible. Esto es inadmisible y, como representantes populares debemos hacer uso de todas nuestras atribuciones, para hacer realidad la justicia social a favor de nuestro pueblo, lo cual además constituye un mandato social.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un aumento a los salarios mínimos para el 2010 de al menos 6.5%, no sólo viendo el bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo, sino para impulsar el crecimiento económico y la paz social. De manera que a partir de ahora se dé inicio a un proceso para abatir la pérdida acumulada por estos salarios.

Segundo. Se exhorta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias, a fin de que sea esta misma Cámara la que determine los incrementos a los salarios mínimos. Suprimiéndose a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por haber incumplido de manera sistemática su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de los trabajadores.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Muñoz Ledo, ¿desde la curul, diputado?

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (desde la curul): Si me permite subir.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Préstenle un banquito al diputado. Pase, por favor.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Quiero agradecer la amable mención que ha hecho de mi persona y de una política de Estado, el señor diputado, mi amigo Ramón, que acaba de tomar la palabra. Creo que éste es un asunto fundamental para la nación, tanto o más que el llamado paquete fiscal.

Hay dos métodos y nada más dos para la redistribución del ingreso en el corto plazo. Uno es el régimen fiscal, por el carácter equitativo y proporcional con que se grave a los ciudadanos, y por la distribución del gasto fiscal, al cobrar y al gastar. Otros son los métodos de medio plazo: educación, evolución científica y tecnológica, mejoría de la salud pública, cohesión social, equidad de género, etcétera.

En México se ha castigado el salario ---y quiero que tomen nota--- más que en cualquier otro país del mundo. El salario mínimo llegó a ser 80 por ciento; es decir, ha perdido 80 por ciento el salario mínimo desde 1976. Esto reduce el poder de compra y ningún ejercicio de recuperación económica puede funcionar. Los países del Grupo de los 20 han decidido en corto plazo implementar medidas que permitan transferir recursos a las clases laborales y a las clases medias.

El instrumento privilegiado es el salario mínimo, porque reduce o comprime la economía informal y porque disminuye la enorme brecha salarial que hay en el país, e incluso en el seno de una empresa u organismo público.

En México, por decreto, puede ganar en una misma fuente de trabajo un ciudadano 100 veces más que otro; es un caso de un secretario de Estado o un secretario de Cámara, que gana 400 mil pesos, cuando el empleo más modesto no llega a 4 mil. No es por accidente la desigualdad en México, que es la más grande del mundo; es una desigualdad por decreto.

De ahí que sea absolutamente pertinente la recomendación o el exhorto a las autoridades del Trabajo, en particular a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que eleve este año, cuando menos, en 6 por ciento el índice de salario mínimo.

Ahora, la solución de fondo ya ha sido planteada en varias ocasiones. Es una solución que desaparezca un órgano obsoleto, de carácter corporativo y al servicio del gobierno, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y esta función pase a ser jurisdicción de la Cámara de Diputados.

Esta jurisdicción se ejercería por medio de un sistema de evaluación anual de la pérdida del salario. No es lo mismo la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo con la inflación, repito, la inflación es general, cada categoría de ingreso y de salario tiene su propia canasta de consumo, donde puede pesar más la vivienda, la alimentación, la escuela o el transporte.

Los cálculos de la universidad es que el salario mínimo perdió este año 18.5 por ciento de su capacidad adquisitiva. La inflación mide desde una aguja y una tortilla, hasta un submarino y un Mercedes Benz. No tiene relación con la capacidad adquisitiva de cada categoría de trabajadores.

Volvamos sobre el debate laboral en este Congreso. Quiero recordar que el señor Lozano, que es el antitipo del funcionario republicano, interrumpió su comparecencia, y que deberá ser citado en donde se decida, en este pleno, en la Comisión del Trabajo o en Comisiones Unidas del Trabajo y de Derechos Humanos. Tendremos ocasión de impulsar entonces y a toda hora, una reforma fundamental para México. Muchas gracias. Señor presidente.

CONTROL SANITARIO EN LA PUBLICIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Muñoz Ledo. Tiene la palabra el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda un informe detallado, en un plazo no mayor de 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad, que contenga los permisos autorizados y negados, los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a los mismos, las sanciones que ha aplicado, incluyendo a los sujetos sancionados y las multas que efectivamente se han cobrado.

El diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Con su venia, señor presidente.

Los suscritos, diputados federales Alfredo Francisco Lugo Oñate , Reginaldo Rivera de la Torre y el de la voz, presentan a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. el derecho a la protección de la salud como una garantía individual. En este sentido, la denominada salubridad pública o general, corresponde a la parte del derecho a la protección a la salud.

Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, es atribución de la Secretaría de Salud actuar como autoridad sanitaria.

En lo que toca a la publicidad, el artículo 300 de la Ley General de Salud Pública dispone, con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud y a los alimentos, entre otros.

De igual manera, en los artículos 17 y 17-Bis, de la Ley General de Salud, se establece que estas atribuciones de regulación, control y fomento sanitario se ejercerán por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por otra parte, la propia Ley General de Salud en materia de publicidad señala que es objeto de autorización sanitaria la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los siguientes productos y servicios que, entre otros, se señalan insumos a la salud y a la alimentación.

Por su parte, en términos del reglamento de la citada referencia legal, se entiende por publicidad la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión y anuncios publicitados.

Por todo ello, consideramos que la Ley General de la Salud obliga a la dependencia correspondiente a establecer y ajustarse a la publicidad de los productos y servicios mencionados, dentro los que destacan por su contenido la conservación, propiedades nutritivas y beneficios que deben señalar todos los productos en materia de salud y alimentación.

Por lo anterior, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda un informe detallado, en un plazo no mayor de 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario y de la publicidad, en los que se incluyan en forma enunciativa, más no limitativa, una relación que abarque los últimos tres años y que contenga los permisos autorizados y negados; los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado, sus negativas y el sentido de las resoluciones de cada una de ellas; las sanciones que han aplicado, incluyendo a los objetos sancionados y las multas que efectivamente se han cobrado.

Solicito a la Mesa Directiva, haga favor de incorporar íntegramente el punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda un informe detallado, en un plazo no mayor de 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad que contenga los permisos autorizados y denegados, los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a éstos, las sanciones que ha aplicado, incluidos los sujetos sancionados, y las multas cobradas, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene su origen en las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. el derecho a la protección de la salud como una garantía individual. La salud pública es un elemento fundamental en el Estado moderno, ya que ninguna nación puede considerarse verdaderamente democrática si carece de las instituciones e instrumentos necesarios para hacer efectivo a la mayoría de la población el acceso a la salud.

En este sentido, la denominada salubridad pública o general corresponde a la parte del derecho a la protección a la salud que se otorga mediante prestaciones realizadas por el Estado en favor de las personas que integran la colectividad. El artículo 3o. de la Ley General de Salud establece un catálogo de materias que se estiman de salubridad general, entre las que se enumera el control sanitario de la publicidad.

Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de Salud actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general, así como vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

En lo que toca a la publicidad, el artículo 300 de la Ley General de Salud dispone que ``con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Comercio y Fomento Industrial, de Comunicaciones y Transportes, y otras dependencias del Ejecutivo federal''.

En los artículos 17, 17 Bis 1 y 17 Bis 2 de la Ley General de Salud se establece que las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario se ejercerán por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa, a cuyo frente se encuentra un comisionado federal designado por el presidente de la república, a propuesta del secretario de Salud, que se encuentra supervisado por la Secretaría de Salud.

La Cofepris es entonces la autoridad competente en materia de control sanitario de la publicidad a nivel federal. Mientras que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley General de Salud, así como a lo contemplado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, es objeto de autorización sanitaria la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los siguientes productos y servicios: insumos para la salud; alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; medicamentos y remedios herbolarios; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; productos de perfumería y belleza; servicios y procedimientos de embellecimiento; plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas; y, productos biotecnológicos.

Por su parte, en términos del reglamento citado por publicidad se debe entender ``la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de comunicación con el fin de promover la venta o consumo de productos y servicios''. Y dicha publicidad se puede realizar a través de diversos medios de difusión como son ``la televisión, cine, radio, espectacular, laterales de transporte, anuncios luminosos, carteles, prensa, revistas, correo directo, catálogos, folletos, volantes, material de punto de venta, así como a cualquier otro medio de comunicación, sea impreso, electrónico, telefónico, informático, de telecomunicaciones o mediante otras tecnologías''.

Un elemental análisis de las normas referidas nos permite apreciar con claridad la amplitud e importantes implicaciones que tiene el control sanitario de la publicidad en nuestro país. Asimismo, nos exhibe también el magro ejercicio de sus facultades en esta materia por parte de la Cofepris.

Si se revisan algunas de las normas aplicables a ciertos productos y servicios, de inmediato se ve que un importante número de mensajes difundidos de tales productos y servicios transgreden flagrantemente las disposiciones aplicables, sin que la autoridad sanitaria ejerza sus atribuciones al respecto.

En efecto, el artículo 306 de la Ley General de Salud dispone los requisitos a los que debe ajustarse la publicidad de los productos y servicios mencionados, entre los que destacan que la información contenida en el mensaje sobre calidad origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable; que el mensaje deberá tener contenido orientador y educativo; y, que el mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer.

En otras disposiciones de la citada normatividad sanitaria se señala que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada; así como que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o feminidad, como tampoco asociarlos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo.

No obstante toda esta normatividad vigente, basta ver los anuncios que de estos y otros productos se difunden a lo largo del día en diversos medios de comunicación para percatarnos que en un buen número de casos ocurre precisamente lo contrario. Las violaciones a las disposiciones que regulan el control sanitario de la publicidad en México son frecuentes y constantes, sin que la Cofepris como autoridad competente haga algo al respecto.

Por ello, y para que esta asamblea cuente con elementos suficientes para evaluar el desempeño de la Cofepris y, en su caso, tomar las medidas legislativas que estime pertinentes para su eficaz ejercicio en materia de control sanitario de la publicidad, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios rinda un informe detallado, en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad, en el que se incluyan, en forma enunciativa más no limitativa, una relación que abarque los últimos tres años y que contenga los permisos autorizados y negados; los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a los mismos; las sanciones que ha aplicado incluyendo a los sujetos sancionados; y, las multas que efectivamente se han cobrado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Salud.

Diputado Benítez, ¿deseaba hacer uso de la palabra?

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Señor presidente, quisiera adherirme a la proposición del señor diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le preguntamos al señor diputado Jesús María Rodríguez Hernández, si está de acuerdo en que el diputado Benítez se adhiera a su propuesta.

El diputado Jesús María Rodríguez Hernández (desde la curul): Por supuesto que sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor diputado. Todas aquellas y aquellos diputados que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.

Se pospone la participación del diputado Jorge Rojo García de Alba , del Grupo Parlamentario del PRI, para la siguiente sesión.

PROGRAMA DE CREACION DE EMPLEOS EN ZONAS DE MARGINACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economíaa que rinda un informe detallado del Programa de Creación de Empleos en Zonas de Marginación, sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante dicho programa se incentiva el empleo en dichas áreas de marginación.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano: Muchas gracias, señor presidente. El desempleo es una de las problemáticas que más agobian a nuestro país, ante ello se han implementado programas y proyectos orientados a fomentar y generar fuentes de empleo. Un caso concreto es el Programa de Empleo Temporal, conocido como el PET, el cual tiene como objetivo realizar contrataciones temporales de personas que están interesadas en desempeñar actividades formales.

En 2008 se creó el Programa de Empleo en Zonas Marginadas, el cual otorga apoyos a través de reembolsos de las cuotas del Seguro Social, exenciones tributarias y financiamiento para inversión.

Cabe mencionar que se realizaron propuestas concretas para que el programa mencionado estuviera dirigido a implementarse en zonas con un alto índice de expulsión de mano de obra; sin embargo, en la práctica el programa se ejecuta y está dirigido a industrias de 50 empleados y no a las pequeñas agroindustrias de las zonas marginadas.

Cuando se promulga el decreto que lo crea, se propone destinarle 250 millones de pesos, monto que disminuyó en 50 millones, de acuerdo con lo autorizado por esta soberanía, quedando un presupuesto de 200 millones de pesos. Elemento que genera incertidumbre con respecto a este programa, es la recalendarización de los recursos aprobados para el presente año.

En este sentido, es fundamental conocer los lineamientos, criterios y estrategias que consideró el gobierno federal para determinar que dicho recurso debía ejercerse en un plazo diferente al establecido. La Secretaría de Economía decidió que el programa comenzara a otorgar apoyos durante el último trimestre del año, concretamente de octubre a diciembre.

De igual forma, otra de las complicaciones es ocasionada por las reglas de operación del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, las cuales no son claras y carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación. Asimismo, dicho marco normativo permite que la ejecución del proyecto se realice de manera discrecional, otorgando incentivos y apoyos a sectores seleccionados.

Es imperativo que los recursos autorizados se ejerzan de acuerdo con lo establecido, ya que de no ser así se está incumpliendo con el objetivo real del programa, que es la generación de empleos.

De lo que se trata es de dar sustentabilidad al programa a fin de beneficiar a un número mayor de habitantes que radican en zonas con niveles altos de marginación y pobreza. Ello, mediante el fomento de las pequeñas agroindustrias, las cuales tendrían la posibilidad de encontrar un número mayor de personal.

El actual contexto de crisis requiere de acciones viables e inmediatas dejando a un lado los intereses de diversa índole. Es momento de sumar esfuerzos y de apoyar las propuestas que permitan alcanzar un mayor nivel de crecimiento.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a enviar a esta soberanía un informe detallado de la aplicación del Programa para Creación de Empleo en Zonas Marginadas, el cual incluya la justificación por la cual se decidió recalendarizar la aplicación de los recursos, así como el padrón de beneficiarios inscritos a dicho programa.

En caso de no ejercerse los recursos de acuerdo con el calendario de gasto, dicho monto sea destinado a apoyar actividades agropecuarias a fin de procurar reactivar a dicho sector de la economía.

Señor presidente, solicito que el texto íntegro sea inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a rendir un informe detallado del Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante éste se incentiva ahí el empleo, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Heriberto Ambrosio Cipriano , somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretaría de Economía para que rinda a esta soberanía un informe detallado del Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas, sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante dicho programa se incentiva el empleo en dichas áreas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, al tenor de los siguientes

Considerandos

El desempleo es una de las problemáticas que más agobia a nuestro país, ante ello se han implantado programas y proyectos orientados a fomentar y generar fuentes de empleo, un caso concreto es el Programa de Empleo Temporal, el cual tiene como objetivo realizar contrataciones temporales de personas que están interesadas en desempeñar actividades formales.

De igual forma, para coadyuvar a disminuir el desempleo, en el año 2008 se instituyó el Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, el cual otorga apoyos a través de reembolso de las cuotas del seguro social, exenciones tributarias y financiamiento para inversión.

Cabe mencionar que se realizaron propuestas concretas para que el programa mencionado estuviera dirigido a implementarse en zonas con un alto índice de expulsión de mano de obra, sin embargo, en la práctica, el programa se ejecuta y está dirigido a industrias de 50 empleos y no a las pequeñas agroindustrias de las zonas marginadas.

Otro elemento que genera incertidumbre con respecto a este programa es la reprogramación de los recursos aprobados para el presente año. Su ejecución es cuestionada, más aún considerando que nos encontramos inmersos en un periodo de crisis económica, en donde se requiere de incentivos que permitan reactivar el aparato productivo nacional.

Cuando se promulga el decreto que lo crea se propone destinarle 250 millones de pesos, monto que disminuyó en 50 millones de acuerdo a lo autorizado por la Cámara de Diputados, quedando un presupuesto de 200 millones.

En este sentido, es fundamental conocer los lineamientos, criterios y estrategias que considero el gobierno federal para determinar que dicho recursos debía ejercerse en un plazo diferente al establecido. La Secretaría de Economía decidió que el programa comenzara a otorgar apoyos durante el último trimestre del año, de octubre a diciembre.

Lo anterior genera mayores dificultades para lograr que en las zonas marginadas se pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes, debido a que ante el panorama de crisis se han pospuesto las acciones de fomento y generación de empleos.

De igual forma, otra de las complicaciones es ocasionada por las reglas de operación del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas las cuales no son claras y carecen de procedimientos de seguimiento y evaluación. Asimismo, dicho marco normativo permite que la ejecución del proyecto se realice de manera discrecional, otorgando incentivos y apoyos a sectores seleccionados.

Por otra parte, como ya se mencionó, es imperativo que los recursos autorizados se ejerzan de acuerdo a lo establecido ya que de no ser así se está incumpliendo con el objetivo real del programa que es la generación de empleos.

Con el alto índice de subejercicios que se presenta en el presente año, ninguna institución u organismo gubernamental está en condiciones de asegurara que los recursos se ejercerán de manera eficiente y eficaz, dando pie a cuestionamientos. Es conveniente mencionar que no se trata de generar empleos transitorios que pudieran durar sólo los últimos tres meses del año.

De lo que se trata es de dar sustentabilidad al programa a fin de beneficiar a un número mayor de habitantes que radican en zonas con niveles altos de marginación y pobreza, ello mediante el fomento de las pequeñas agroindustrias, las cuales tendrían la posibilidad de contratar a un número mayor de personal.

El actual contexto de crisis requiere de acciones viables e inmediatas, dejando a un lado los intereses de diversa índole. Es momento de sumar esfuerzos y de apoyar las propuestas que permitan alcanzar un mayor nivel de crecimiento.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que:

1. Envíe a esta soberanía un informe detallado de la aplicación del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, el cual incluya la justificación por la cual se decidió reprogramar la aplicación de los recursos, así como el padrón de beneficiarios inscritos a dicho programa.

En caso de no ejercerse los recursos de acuerdo al calendario de gasto, dicho monto sea destinado a apoyar actividades agropecuarias a fin de procurar reactivar a dicho sector de la economía.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Ambrosio Cipriano. Insértese en el Diario de los Debates, como lo solicita.Túrnese a la Comisión de Economía.

La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputada Guillén?

La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): Gracias, presidente. Solicito al ponente adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Preguntamos al señor diputado Heriberto Ambrosio Ciprianosi está de acuerdo en que la diputada Guillén se adhiera a su propuesta.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (desde la curul): Cómo no, con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el señor diputado. Aquellas diputadas y diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría para suscribir el documento correspondiente.

COMISION DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Políticaacuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea.

Durante las últimas semanas, vastas regiones de nuestro país han sido afectadas por los fenómenos de la naturaleza. Ciclones y tormentas tropicales han propiciado la inundación de decenas de comunidades rurales con severidad, pero también centros de población urbanos, golpeando la economía, una vez más, de los más pobres y vulnerables, poniendo además en evidencia la frágil, insuficiente o deteriorada infraestructura de nuestros sistemas o redes de drenaje pluvial.

No podemos ocultar o negar la rápida respuesta del gobierno federal, estatal o municipal ni mucho menos la participación del Ejército, ahí, donde los pueblos son dañados por la fuerza de estos fenómenos. Cada día acumulamos más experiencias en lo que se refiere a la protección civil y, aún más, a la prevención de los desastres naturales. Si acaso, falta impulsar la organización de las comunidades rurales y dotarlas de sus atlas de riesgos para ir perfeccionando nuestras políticas de prevención en los tres niveles.

Bien sabemos que los presupuestos, tanto del Fonden ( Fondo de Desastres Naturales) como del PAC (Programa de Ampliación de Cobertura), son sumamente limitados para enfrentar la magnitud de los desastres, pues además de 250 comunidades dañadas hoy en Tabasco y Veracruz, existen todavía zonas en nuestro país azotadas por inundaciones, sequías, incendios y huracanes que están esperando los apoyos que debieron de haber recibido desde hace muchos años.

Y aun cuando las reglas de operación son un poco más ágiles y sobre todo la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional es incuantificable, hace falta, desde mi perspectiva, una presencia solidaria más creciente de nuestra representación popular, para que ninguna comunidad o sector de la población que requiere con urgencia una gestión más ágil y expedita sienta la soledad y el abandono.

Compañeros diputados, el cambio climático es hoy, sin lugar a dudas, el principal problema de nuestro tiempo. Las inundaciones y la agobiante sequía que han afectado a nuestro país y, de la que oportunamente llamamos la atención desde esta tribuna, no son ajenas a estos indetenibles fenómenos, propiciados en parte por la conducta suicida de los hombres al deforestar sin freno, contaminar los ríos, degradar los ecosistemas, planear mal las obras de infraestructura, pero debido, sobre todo, a procesos propiciados por la propia naturaleza.

Por ello, no sólo es importante manifestar nuestra inquietud por los daños que sufren particularmente los más pobres de las zonas rurales de Tabasco y Veracruz, como lo hicieron con vehemencia nuestros compañeros diputados de esas entidades federativas en las sesiones pasadas.

Es imperativo, en esta hora, apoyar sin ninguna excusa a los campesinos que han visto inundadas sus siembras y muertas por miles sus cabezas de ganado. Hablo particularmente de Tabasco, donde más de un cuarto de millón de nuestros compatriotas claman por nuestra intervención.

Considero que es de una prioridad indiscutible formar un grupo de trabajo plural o crear la Comisión de Protección Civil de nuestra honorable Cámara de Diputados para que represente la voz y las demandas de los afectados y sea una fuente permanente de gestión y evaluación de los programas gubernamentales en este tema. Pero también que tenga la capacidad de evaluar no sólo las reglas de operación para hacerlas más realistas y ágiles, sino la estructura misma del aparato de protección civil del gobierno federal, responsable de atender a la población en las emergencias derivadas de los fenómenos naturales.

Por tal motivo, señor presidente, me permito elevar a la consideración de nuestra honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. Que la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que atienda y evalúe las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por desastres naturales, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del PRI

Durante las últimas semanas, vastas regiones de nuestro país han sido afectadas por los fenómenos de la naturaleza. Ciclones y tormentas tropicales han propiciado la inundación de decenas de comunidades rurales, pero también con severidad, centros de población urbanos, golpeando la economía, una vez más, de los más pobres y vulnerables, poniendo además en evidencia la frágil, insuficiente o deteriorada infraestructura de nuestros sistemas o redes de drenaje pluvial.

No podemos ocultar o negar la rápida respuesta del gobierno federal, estatal, o municipal; ni mucho menos la participación del ejército, ahí donde los pueblos son dañados por la fuerza de éstos fenómenos. Cada día acumulamos más experiencias en lo que se refiere a la protección civil y aún a la prevención de los desastres naturales. Si acaso, falta impulsar la organización de las comunidades rurales y dotarlas de sus Atlas de Riesgos para ir perfeccionando nuestras políticas de prevención en los tres niveles.

Bien sabemos que el presupuesto tanto del Fondo de Desastres Naturales, como del Programa de Ampliación de Cobertura, son sumamente limitados para enfrentar la magnitud de los desastres pues todavía hoy, existen zonas en nuestro país azotados por inundaciones, sequías, incendios y huracanes que están esperando los apoyos que debieron haber recibido desde hace muchos años. Y aun cuando las reglas de operación son un poco más ágiles y sobre todo la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional es incuantificable, hace falta, desde mi perspectiva, una presencia solidaria más creciente de nuestra representación popular, para que ninguna comunidad o sector de la población que requiere con urgencia una gestión más ágil y expedita, no sienta la soledad del abandono.

Por otra parte, es un imperativo escuchar el llamado de los científicos y expertos en relación con el calentamiento global que ya está teniendo sus efectos nocivos en el deshielo de los glaciares y aumentando con preocupación los niveles del mar en cuyos linderos han construido su hogar millones de personas en el mundo.

Sin duda, el cambio climático es hoy el principal problema de nuestro tiempo, y las tremendas inundaciones que viven los pobladores de Tabasco, de Veracruz y otras regiones de nuestro país, no son ajenas a estos indetenibles fenómenos, propiciados por la conducta suicida de los hombres al deforestar sin freno, contaminar los ríos, degradar los ecosistemas o debidos a procesos propiciados por la propia naturaleza.

Ante ello, no sólo es importante manifestar nuestra plena solidaridad para con nuestros compatriotas de Tabasco, Veracruz y últimamente del Estado de México, sino, como lo hicieron con vehemencia nuestros compañeros diputados de esas entidades federativas en las sesiones pasadas, esta dura situación, convoca a nuestra acción para apoyar, servir y entregar, sin ninguna excusa, nuestra plena solidaridad a quienes hoy requieren más que nunca, de sus representantes populares.

Por todo lo expuesto, considero que es de una prioridad indiscutible, formar un grupo de trabajo plural o crear la Comisión de Protección Civil de nuestra honorable Cámara de Diputados, para que represente la voz y las demandas de los afectados y sea una fuente permanente de gestión y evaluación de los programas gubernamentales en este tema, pero también, tenga la capacidad de evaluar no sólo las reglas de operación para hacerlas más realistas y ágiles, sino la estructura misma del aparato de protección civil del gobierno federal responsable de atender a la población en las emergencias derivadas de los fenómenos naturales.

Por tal motivo señor Presidente, me permito elevar a la consideración de nuestra honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Ramírez Pineda.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Sí, diputada Trujillo, díganos usted.

La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Gracias, presidente, solamente para solicitarle a la diputada Ramírez si me permite suscribir con ella su proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, Ramírez Pineda, la diputada Trujillo está solicitando adherirse, ¿tiene usted inconveniente?

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No tiene inconveniente la diputada. Por lo que aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente.

Sí, diputado, dígame usted.

ASISTENCIA

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Si me permite, señor presidente, de acuerdo con el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quisiera, si usted fuera tan amable, que verificara si existe el quórum suficiente para que esta sesión siga su curso. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En los términos del propio reglamento, a juicio de la Presidencia tenemos quórum, por lo que podemos continuar con este procedimiento.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la zona binacional metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que sea incluida en los beneficios del Fondo Metropolitano.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Gracias. Con su venia, señor presidente.

La ciudad de Nuevo Laredo, compañeros y compañeras, en Tamaulipas, es una ciudad privilegiada más que nada por su posición geográfica. Tiene acceso al noroeste, a 75 por ciento de la población económicamente activa de Estados Unidos de América. Esto nos ha permitido tener un desa-rrollo mayor en materia de comercio internacional y, la mayor prueba de ello es que por esta frontera cruza 39 por ciento del total del movimiento aduanero de todo nuestro país.

No obstante, en lo que se refiere a generación de empleos, la industria, principalmente la industria maquiladora ocupa 32 por ciento del total del empleo formal en México, de acuerdo con los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es claro que la globalización de la economía nos está exigiendo tomar las medidas que sean necesarias para ser más competitivos en los mercados internacionales.

La zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, es una de las seis áreas metropolitanas binacionales reconocidas por el Inegi en la frontera entre México y Estados Unidos.

Nuevo Laredo está situado en el lado sur del Río Bravo, mientras que Laredo está situado al lado norte, en el estado americano de Texas, y esta zona metropolitana también es conocida como los dos Laredos o la región Laredo. El área de Nuevo Laredo está unida por cuatro puentes internacionales para vehículo y obviamente, un puente ferroviario.

Más de 36 por ciento, compañeros, del total de la actividad del comercio internacional de México hacia el exterior cruza por Nuevo Laredo. Es por ello que esta economía gira obviamente en torno a la importación y exportación comercial e industrial entre México y Estados Unidos, contando con una infraestructura compleja y suficiente para facilitar el flujo de mercancías entre estos dos países.

En Nuevo Laredo se ofrecen los servicios de importación y exportación por tráiler, por ferrocarril, distribución de carga y servicios de consultoría, colocándose como el puerto más importante de comercio internacional por tierra en América. Cruzando diariamente más de tres mil tráileres y mil 500 carros de ferrocarril anualmente.

Dentro de las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, que pretenden generar a los habitantes mejores condiciones de vida y ayudar a crecer y a desarrollar economías regionales que tienen problemas como los que menciono, se encuentra el Fondo Metropolitano, que define como zonas metropolitanas a aquellos municipios que contienen una ciudad con un millón o más de habitantes, así como a aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos.

Desafortunadamente, este año la zona metropolitana de Nuevo Laredo no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2010. Esta exclusión, compañeros, impide que recursos importantes lleguen para construir nuevas obras de infraestructura que incrementen la competitividad y el desarrollo del acelerado crecimiento demográfico industrial, comercial, de nuestra entidad tamaulipeca, así como un incremento continuo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados que requieren de modernos sistemas de infraestructura.

Por todo lo anterior, quiero decirles que, de acuerdo con los criterios para asignar dichos fondos, se consideran avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los ejecutivos estatales y los municipales, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo de todas las entidades federativas, incluso a escala regional.

Por eso, una servidora en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI del estado soberano de Tamaulipas, de esta LXI Legislatura, proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal se incremente el Fondo Metropolitano, Ramo 23, ``Provisiones salariales y económicas'', y que se incluya como beneficiaria a la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque con el volumen de operaciones que manejamos en materia de comercio internacional, ayudar a la zona binacional de Nuevo Laredo, también es ayudar a México. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la zona binacional metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se incluya en los beneficios del Fondo Metropolitano, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Cristabell Zamora Cabrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, a nombre propio y de los diputados federales de Tamaulipas, en uso de la facultad que confiere los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que solicita que se incluya como beneficiaria del Fondo Metropolitano a la zona binacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, es una ciudad privilegiada; por su posición geográfica, tiene acceso en el noreste a 75 por ciento de la población económicamente activa de Estados Unidos de América.

Esto le ha permitido tener un extraordinario desarrollo en el comercio internacional. La mayor prueba de ello es que por esta frontera cruza 39 por ciento del total del movimiento aduanero del país. No obstante, en lo que se refiere a generación de empleos, la industria, principalmente maquiladora, es la que da ocupación a 32 por ciento del total del empleo formal en México, de acuerdo a los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Aún así, es claro que la globalización de la economía nos está exigiendo tomar las medidas necesarias para ser más competitivos en los mercados internacionales.

En esta ciudad hemos visto como varias empresas maquiladoras han emigrado hacia países de oriente buscando abatir costos de todo tipo; sin embargo, esta situación no es particular sólo de esta ciudad, sino de todas las regiones conurbadas y en crecimiento.

La zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, es una de seis áreas metropolitanas binacionales, reconocidas por el Inegi, en la frontera entre México y Estados Unidos de América.

La ciudad de Nuevo Laredo está situada en el lado sur del río Bravo mientras que Laredo está situado al lado norte del río en el estado americano de Texas.

Esta zona metropolitana también es conocida como ``Los Dos Laredos'' o ``Región Laredo''. El área Nuevo Laredo-Laredo está unida por cuatro puentes internacionales para vehículos y un puente ferroviario.

Esta región se compone de tres municipios: Nuevo Laredo, Anáhuac e Hidalgo, en Tamaulipas y un condado, el de Webb, en Texas; en el que se incluyen dos áreas urbanas, tres ciudades y 12 pueblos, entre los que cohabitan casi 600 mil habitantes según el conteo del Inegi y el censo de Estados Unidos en 2005. Aunque según la estimación de población del Diccionario geográfico del mundo esta zona metropolitana tenía, en 2008, una población superior a los 700 mil habitantes.

Más de 36 por ciento del total de la actividad de comercio internacional de México hacia el exterior cruza por Nuevo Laredo, es por ello que la economía de la ciudad gira en torno a la importación y exportación comercial e industrial entre México y Estados Unidos; contando con infraestructura compleja y suficiente para facilitar el flujo de mercancías entre estos dos países.

En Nuevo Laredo se ofrecen los servicios de importación y exportación por tráiler y ferrocarril, distribución de carga y servicios de consultoría; lo que coloca al puerto como el más importante de comercio internacional, por tierra, de América, cruzando diariamente más de 3 mil tráileres y mil 500 carros de ferrocarril anualmente.

Dentro de las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, que pretenden generar a los habitantes mejores condiciones de vida y ayudar a crecer y desarrollarse a economías regionales con problemas como éstos, se encuentra el Fondo Metropolitano.

Con todo lo anterior y a pesar de que en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008 se publica y señala que los recursos del Fondo Metropolitano pueden destinarse a resolver y crear ``acciones y obras públicas de infraestructura y equipamiento en las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional''.

Además, el cuarto grupo clasificatorio que incluye ciudades definidas en términos de su importancia para la política urbana, como las metrópolis transfronterizas, reconocidas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, definiendo como zonas metropolitanas todos aquellos municipios con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

Sin embargo, para ser beneficiario de ese fondo, uno de sus reglamentos indica que sólo ``las zonas metropolitanas incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente serán las beneficiarias de estos fondos''.

Desafortunadamente, este año la zona metropolitana de Nuevo Laredo no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2010.

El proyecto de egresos del Ejecutivo para 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones de pesos a zonas metropolitanas excluyendo a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Esta exclusión impide construir nuevas obras de infraestructura que incrementen su competitividad y desarrollo, pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados requieren de modernos sistemas de infraestructura.

Indudablemente para atender estas necesidades resulta indispensable que se cuenten con mayores recursos económicos, ya que sólo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.

Es por todo lo anterior que, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI de Tamaulipas en esta LXI Legislatura, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que se incluya a la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los beneficios del Fondo Metropolitano.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Zamora Cabrera.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la Comisión Federal de Electricidada que hagan efectiva, a la brevedad, la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Chiapas.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, todos aquí ya lo sabemos, hablar de Chiapas es referirse a las carencias y a una larga y compleja ausencia de las instituciones nacionales.

Hablar de Chiapas es referirse a viejas deudas que solamente van a pagarse con una renovada presencia activa institucional. Para decirlo pronto, en Chiapas tenemos 10 de los municipios más pobres del país y esa pobreza se refleja en formas de vida que son inaceptables en el siglo que vivimos.

La pobreza contrasta con las aportaciones de Chiapas al país. Allá en Chiapas producimos energéticos y regeneramos el agua y el aire para el país; allá en Chiapas tenemos más de 20 metales y metaloides de valor estratégico que ya alcanzarán su verdadera dimensión en el futuro de los mexicanos.

Por esas razones vengo a la tribuna para expresar y reiterar un viejo reclamo de los chiapanecos; vengo a solicitar a esta honorable Cámara de Diputados la aprobación y operación de dos puntos de acuerdo referentes a las demandas de los chiapanecos, relacionadas con las tarifas de la energía eléctrica en la entidad.

En Chiapas no solamente tenemos índices de marginación, que son ampliamente conocidos en el país; también tenemos temperaturas extremadamente contrastantes con nuestro clima, se relaciona con las alturas; en nuestro territorio las hay desde los 12 metros bajo el nivel del mar hasta los 4 mil de las cumbres del volcán de Tacaná.

En varias regiones y subregiones de la entidad se alcanzan promedios superiores a los 35 grados centígrados con picos por encima de los 40. En el otro extremo, las temperaturas de alrededor de 2 grados centígrados también son frecuentes en las regiones de Los Altos y de la Sierra Madre. En uno y otro caso, de calores y fríos con humedad extrema, los chiapanecos requieren de energía con menores precios.

Las altas temperaturas requieren de ventilación artificial, que a su vez necesita mayores cantidades de energía eléctrica; las bajas temperaturas necesitan también corriente eléctrica para disminuir sus impactos.

Todo lo anterior sin contar con que los chiapanecos merecen mejorar sus condiciones de vida con un mayor uso de aparatos eléctricos. Para muchos pueblos y comunidades la energía es un asunto de justicia.

En ese orden de ideas, solicitamos el establecimiento de tarifas justas en la entidad; no queremos más de lo justo, sino precisamente eso, un tratamiento más equitativo y más solidario.

En resumen, propongo aquí dos puntos de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva, a la brevedad, la reducción integral de las tarifas eléctricas que se aplican en Chiapas.

Segundo. Asimismo, se acuerda solicitar a la Secretaría de Energía que proceda a realizar una reunión con una comisión plural de diputados y con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, para analizar los precios y tarifas de energía eléctrica en Chiapas, planteados en el presente punto de acuerdo.

Una vez concluido el análisis, que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Diputado presidente, solicito que se inserte este punto de acuerdo íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a hacer efectiva con la mayor brevedad la reducción de las tarifas eléctricas en Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año del 2007, diversas organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, pueblos y comunidades del estado de Chiapas han manifestado su rechazo al alto cobro de las tarifas eléctricas. Asimismo, fuentes periodísticas han dado cuenta, cuando menos desde abril de 2007, de los compromisos expresados por la doctora Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, para reducir, a la brevedad, el precio de la electricidad en el estado de Chiapas.

En tal sentido, el gobierno de Chiapas y las autoridades municipales no han sido omisos en la atención de esta sentida demanda de la población chiapaneca, intercediendo ante los funcionarios de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para apresurar la aprobación de tarifas de energía eléctrica a la baja. Del mismo modo, en el Congreso de la Unión se han presentado y aprobado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la revisión integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Chiapas, proposiciones que no han obtenido la debida respuesta.

En el mes de octubre de 2009, el director general de la Comisión Nacional del Agua Región Frontera Sur expresó, para un medio informativo local, que a partir de este año procederá el ajuste de la tarifa eléctrica para el centro de Chiapas, en razón de que la dependencia ha enviado al gobierno del estado la retabulación de tarifas para hacer la solicitud a la Comisión Federal de Electricidad, proceso que si bien es aceptable se considera insuficiente pues el problema atañe a toda la entidad.

Los argumentos a favor de tal petición son determinantes. En principio, por que el estado de Chiapas es el productor del 30.0 por ciento de la energía eléctrica en nuestro país, las presas hidroeléctricas de Chicoasén, La Angostura, Malpaso y Peñitas tienen capacidad de generación para abastecer a varios estados de la República y países vecinos. Sin embargo, resulta paradójico que en estas entidades receptoras el cobro de luz sea inferior al que se aplica en Chiapas.

En el estado de Chiapas se registran temperaturas elevadas y altos índices de humedad, siendo la temperatura promedio de 30 a 38 grados centígrados, por lo que se requiere de ventilación y enfriamiento en forma permanente siendo el consumo de electricidad superior al de otras entidades de la república.

Asimismo, se ha detallado, mediante diversos estudios de los medidores de luz que utiliza la CFE, que las especificaciones de los medidores no están diseñados para operar correctamente a altas temperaturas. Para un correcto funcionamiento de éstos, deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, ya que en el medidor ésta se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en Tuxtla Gutiérrez y gran parte de los municipios del Soconusco y Frailesca. Además, se debe considerar que en el estado de Chiapas se registran altos niveles de marginación social y bajos ingresos, su pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional, lo que hace para muchos de sus habitantes imposible poder cubrir los altos cobros que exige la Comisión Federal de Electricidad ( CFE).

Se encuentra documentado que en las entidades del sureste del país, como Chiapas, poco se ha logrado avanzar en el combate a la pobreza y marginación y que a esta situación se suman desempleo, migración y en general falta de oportunidades para sus habitantes. Ante este escenario resulta preocupante la falta de sensibilidad cuando se incrementan las tarifas eléctricas por parte de la CFE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter, a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva, a la brevedad, la reducción integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Chiapas.

Segundo. Asimismo se acuerda solicitar a la Secretaría de Energía que proceda a realizar una reunión con una comisión plural de Diputados y con el director general de la Comisión Federal de Electricidad para analizar los precios y tarifas de energía en el estado de Chiapas, planteados en el presente punto de acuerdo. Una vez concluido el análisis que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Energía. Sí, diputado, dígame usted.

El diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (desde la curul): Señor presidente, para pedirle a la diputada Torres Abarca si nos puede incluir en su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Torres Abarca, ¿tiene usted inconveniente en que se adhieran a su propuesta?

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: No, ninguno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No tiene inconveniente la diputada, por tanto, todas y todos aquellos diputados que deseen adherirse, pasen a la Secretaría a suscribir el documento.Se turna a la Comisión de Energía.

ESTADO DE ZACATECAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la preservación ecológica de Mazapil, Zacatecas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la preservación ecológica de Mazapil, Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Gerardo Leyva Hernández , Claudia Edith Anaya Mota , Heladio Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1568 fue fundado el municipio de Mazapil, Zacatecas. Es el segundo municipio más extenso de la República Mexicana. Su producción minera ha representado una importante fuente de recursos desde 1608. Durante la Colonia se encontraron importantes yacimientos de plata. En la actualidad empresas trasnacionales explotan las minas en los rubros de producción y perforación, explotación de metálicos y no metálicos.

Peñasquito tiene reservas probadas de 575 millones de onzas de plata y 3.5 millones de toneladas de zinc. En oro, se tienen reservas de diez millones de onzas, que podrían tener una producción anual de 387 mil 500 onzas.

No obstante la riqueza de su suelo, es uno de los municipios más pobres del país. A pesar de que la industria minera ha generado más de 3 mil plazas de trabajo, éstas no son otorgadas a los habitantes del lugar, sino que han provocado un desplazamiento de mano de obra de otros estados de la república, contratados por la compañía minera Peñasquito, que opera con capital de la compañía minera canadiense Gold Corp., que invirtió mil 500 millones de dólares.

Desde 2006, la compañía minera Peñasquito se ha asentado en la localidad para explotar un importante yacimiento de plata y oro. El acelerado y desordenado crecimiento urbano ha implicado un desequilibrio para la población de 548 habitantes con el equilibrio ambiental.

El repentino incremento de los habitantes de Mazapil exige habitación, infraestructura de salud, de agua potable y alcantarillado y muchos otros servicios que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal. Sin embargo, por ser la explotación y las concesiones mineras competencia del gobierno federal, los impuestos generados por esa actividad productiva van directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto deja al estado y al municipio en una situación crítica. Además, las compañías mineras no cuentan con infraestructura y proyectos que permitan el desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad.

Es responsabilidad de quienes encabezan este proyecto propiciar y generar planes de desarrollo urbano coordinados con las diversas instancias del gobierno para que las personas que integran la planta laboral de la mina y sus familias accedan a alternativas dignas de vida una vez terminada la explotación de ésta.

Asimismo, debe cumplir las disposiciones legales en torno al equilibrio ecológico, generando planes de protección al medio ambiente desde ahora y hasta la culminación de los trabajos de explotación de la mina.

Las casi 6 mil hectáreas concesionadas a Gold Corp. son propiedad ejidal, han dejado sin fuente de ingresos a 435 familias de ejidatarios de la zona, quienes rentaron para establecer el complejo minero Peñasquito. Cada familia recibió tan sólo 50 mil pesos por rentar sus terrenos durante 30 años, con vistas a extender la renta por otros 30 más.

Estas familias accedieron a las pretensiones de la empresa Gold Corp. con la promesa de una mejor calidad de vida y oportunidades de trabajo, las cuales no han llegado. Por el contrario, la compañía minera El Peñasquito procesa diariamente 50 mil toneladas de oro, plata, zinc y cobre a costillas de las posesiones de los ejidatarios, teniendo ganancias estratosféricas.

El establecimiento de la compañía minera ha afectado enormemente la economía del lugar, pues los químicos utilizados en las explotaciones dejan los terrenos inservibles, incapaces de ser utilizados para la producción agropecuaria de alimentos y forrajes, aparte de las muertes de su ganado.

La explotación se realiza a tajo abierto, utilizando un método de explosivos para remover los terrenos, uno de los sistemas más dañinos para el medio ambiente. Con sólo agotar el primer tajo, se dejará un agujero de 600 metros de profundidad y 1.5 kilómetros de diámetro, por lo cual el terreno será inservible para los ejidatarios que rentaron.

Además de la posibilidad de que se esté extrayendo uranio --material peligroso que causa grandes efectos dañinos para la salud--, existen evidencias de la utilización de químicos y otros materiales como el cianuro, que están afectando el medio ambiente de los ejidos cercanos.

El uranio es un material altamente peligroso para la salud que, incluso, es utilizado como activador nuclear.

Es común para la población del lugar la percepción de olores extraños en el ambiente y el aumento de las enfermedades de las vías respiratorias.

Se tiene conocimiento que la empresa canadiense no sólo ha tenido conflictos con los ejidatarios de Zacatecas. También en el estado de Guerrero ejidatarios de las tierras mineras se han inconformado por el pago de la renta de sus terrenos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración y aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una evaluación de impacto ambiental de los trabajos en la mina que explota la compañía Peñasquito, y revisar la calidad del agua del municipio y la región verificando si es óptima para el uso agrícola y ganadero.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la Ley Minera a las empresas concesionarias en relación con la exploración y explotación de minerales o sustancias concesibles que se extraigan de la mina, así como la revisión de los términos de la concesión en cuanto a la legalidad de las cláusulas de arrendamiento respecto de los terrenos ejidales.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a ejercer sus atribuciones de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del ser humano.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernacióna que destinen mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales, con el objetivo de atender la emergencia que se presenta en diversos municipios del estado de Tabasco, debido a las lluvias torrenciales que han afectado a los poblados de dicho estado.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la urgencia que Tabasco presenta por las lluvias torrenciales, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Estela de la Fuente Dagdug , integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Los fenómenos climatológicos han evolucionado de manera importante, ello es consecuencia de la transformación y afectaciones que ha realizado el ser humano sobre la biodiversidad y los ecosistemas, tales cambios han ocasionado desequilibrios ecológicos que se manifiestan en los cambios de los fenómenos naturales, los cuales han incrementado sus efectos devastadores.

Nuestro país se ubica en el conjunto de naciones que, por su ubicación geográfica, resienten en mayor cuantía los efectos de los huracanes, ciclones, tormentas tropicales, y frentes fríos, entre otras manifestaciones climatológicas.

De igual forma, los meses de septiembre y octubre han sido identificados como los más peligrosos debido al alto nivel de incidencia de dichos fenómenos meteorológicos, los cuales ocasionan severos daños económicos, pérdidas de vidas humanas, efectos negativos en la infraestructura existente, entre otros.

Una de las entidades del país que más resiente los estragos del paso de los fenómenos climatológicos es Tabasco, en el cual se presenta una grave situación debido a las afectaciones causadas por la cantidad excesiva de lluvias.

Según el último reporte proporcionado por Protección Civil de Tabasco, indica que existen más de 151 poblados afectados, cerca de 150 planteles escolares inundados; más de 24 mil hectáreas de cultivos afectadas y 10 mil pastizales.

Consecuencia de las lluvias, hay más de 79 mil damnificados, que se ubican principalmente en Huimanguillo y Cárdenas, poblaciones en donde se han instalado 78 albergues.

Se han tenido que cerrar a la navegación los puertos de Dos Bocas y Frontera, en Tabasco lo que ha afectado de manera importante a miles de familias que dependen de las actividades marítimas.

Es importante mencionar que alrededor de 80 familias de los poblados de Torno Largo, El Censo San Pedro y Las Raíces fueron desalojadas debido al alto nivel de las inundaciones.

La Secretaría de Gobernación estableció el Programa DN-III, asimismo, destinó recursos del Fondo para Desastres Naturales, con el objetivo de atender la emergencia que se presenta en Tabasco.

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han participado de manera activa en atender a los damnificados, sin embargo es imperativo implantar acciones que coadyuven a superar la problemática que se presenta en esta entidad,

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, somos sensibles y sabemos de la necesidad de otorgar apoyos económicos suficientes, a fin de permitir que las familias tabasqueñas recuperen su patrimonio y tengan un recobro pronto de sus actividades cotidianas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones a las autoridades competentes con el objeto de prevenir tragedias ocasionadas por los fenómenos meteorológicos que afectan a las entidades costeras del país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que sean otorgados mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, con el fin de subsanar la emergencia que se presenta en Tabasco y que afecta a la mayoría de las poblaciones del estado y sus habitantes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Gobernación.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a que elabore los suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las Pyme.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el principal indicador macroeconómico hace referencia al crecimiento real del producto interno bruto a partir del segundo trimestre de 2008, pero en consecuencia sucede el decrecimiento de los sectores económicos, conflicto que se expande de manera alarmante a partir del cuarto trimestre de 2008.

Según indicadores, el primero durante 2009 da con esto un valor real al producto interno bruto, el cual se redujo en una tasa anual de 8.2 por ciento, equivalente a una disminución por trimestre de 5.9 por ciento. Estas cifras, ajustadas por estacionalidad.

En el primer trimestre es complicado el escenario; para el segundo trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que durante este periodo de 2008 el valor real del producto interno bruto ha caído a una tasa de 10.4 por ciento, por el adverso entorno internacional.

En materia de empleo, al 30 de junio de 2009 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó en 13 millones 793 personas, con una reducción de 596 mil plazas, 4.1 por ciento, durante el segundo trimestre de 2009. La tasa de desocupación fue de 5.24 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en el periodo fue de 3.47 por ciento.

Con estos indicadores que nos proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no queda más que la promoción de programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con el otorgamiento de créditos, acompañados de capacitación financiera, para que se eleve su competitividad económica y su volumen de ventas.

No olvidemos que gran parte de la población económicamente activa se debe a estas micro, pequeñas y medianas empresas que generan empleo, aportan un alto consumo interno, con lo cual estaríamos contribuyendo al crecimiento de una tasa superior a 5 por ciento. Para lograr esto debemos tener una inversión sostenida de por lo menos 25 por ciento del producto interno bruto, según datos el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

No olvidemos que algunos países asiáticos invierten alrededor de 40 por ciento de su producto interno bruto para el mejor desarrollo económico y social de sus habitantes. La inversión es productividad, es desarrollo, es empleo; la competitividad causa estabilidad económica.

Por lo anteriormente dicho, expongo el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al gobierno federal a que elabore los suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las Pyme.

Segundo. Que los programas sean operados por la Secretaría de Economía directamente con el solicitante.

Tercero. Que los microcréditos proporcionados sean blandos para los microempresarios. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a elaborar suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad por lo dispuesto en los artículos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

El principal indicador macroeconómico hace referencia a un decrecimiento real del producto interno bruto (PIB) a partir del segundo trimestre de 2008, pero en consecuencia sucede el decrecimiento de los sectores económicos; conflicto que se expande de manera alarmante a partir del cuarto trimestre del 2008 y según indicadores el primero durante 2009, dando con esto un valor real al PIB, el cual se redujo en una tasa anual de 8.2 por ciento equivalente a una disminución por trimestre del 5.9 por ciento estas son cifras ajustadas por estacionalidad.

De los sectores económicos se registró una tasa positiva de crecimiento del 1.4 por ciento en el primer trimestre, por la superficie cosechada de una mayor producción de cultivos tales como maíz, grano, cebolla, avena, forraje, sorgo y mango, informes estadísticos según la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en tanto el Sector Industrial registro una caída anual del 9.9 por ciento fundamentalmente por el decrecimiento del 13 por ciento de la producción de manufactura y del 7 por ciento en la industria de la construcción.

Dentro del sector servicios se contrajo 7.8 por ciento por la caída del comercio, que observó una reducción anual del 17.2 por ciento, por servicios inmobiliarios y alquiler cayeron en una tasa anual del 1.6 por ciento la disminución de las actividades de correos de transportes y almacenamientos a una tasa anual del 10.3 por ciento, mostrándonos con esto que los indicadores referidos nos señalan que el primer trimestre es complicado el escenario; para el segundo trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que durante este periodo de 2009 el valor real del PIB ha caído a una tasa de 10.4 por ciento, por el adverso entorno internacional, también la SHCP señala que el brote de la influenza A (H1N1), durante el mes de abril y mayo afecto actividades en varios sectores y regiones, causando con esto el decrecimiento de la nación y dejando sin empleo a muchos mexicanos.

En materia de empleo, al 30 de junio de 2009 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) se situó en 13 millones 793 mil personas, con una reducción anual de 596 mil plazas (4.1 por ciento); durante el segundo trimestre de 2009 la tasa de desocupación fue de 5.24 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en el 2008 fue de 3.47 por ciento.

Con estos indicadores que nos proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no queda más que la promoción de programas de apoyo a las micro y medianas empresas con el otorgamiento de microcréditos, acompañados de capacitación microfinanciera, que eleve su competitividad económica y su volumen de ventas; no olvidemos que gran parte de la población económicamente activa se debe a esta generación de empleos, que aportarían un alto consumismo interno, con lo cual estarían contribuyendo al crecimiento de una tasa superior al 5 por ciento, ya que para lograr esto debemos tener una inversión sostenida de por lo menos 25 por ciento del PIB, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A C (no olvidemos que algunos países asiáticos invierten alrededor del 40 por ciento de su PIB), para el mejor desarrollo económico y social de sus habitantes, la inversión es productividad, desarrollo, empleo, competitividad y causa estabilidad.

Por lo anterior, expongo

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a elaborar los suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Segundo. Que los programas sean operados por la Secretaría de Encomía directamente con el solicitante.

Tercero. Que los microcréditos proporcionados sean blandos al microempresario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Jiménez Hernández.Túrnese a la Comisión de Economía.

ESTADO DE QUERETARO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro de Arteaga a dar cumplimiento al convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica, celebrado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes.

El diputado Balfre Vargas Cortez: Con su venia, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones.

Primero. La delegación de Maconí, situada en el municipio de Cadereyta de Montes, en el estado de Querétaro, se remonta en sus orígenes a una población minera por excelencia, lugar resguardado por elevadas montañas, de cuyas entrañas se han extraído oro, plata, cobre, plomo y zinc con diferentes fines de uso, tanto rituales como comerciales, desde la época prehispánica hasta la actualidad, sin dejar de mencionar las cristalinas aguas del arroyo de Maconí que van a dar al río Moctezuma, cruzando por en medio de las casas.

Entre este recuerdo casi fugaz de su esplendor minero, en Maconí la incomunicación, la carencia de servicios básicos y el apoyo oficial nulo lo han convertido en un pueblo casi fantasma, de no ser por los hombres y mujeres de la comunidad que han cruzado la frontera en busca de otras oportunidades.

Ante este panorama geográfico de la región, el gobierno del estado de Querétaro, entonces gobernado por Francisco Garrido Patrón, celebró contrato de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica con la comunidad de Maconí en marzo de 2007, cuyos propósitos son la construcción de la infraestructura carretera que permitirá el acceso a la zona donde se llevan a cabo las obras del denominado Acueducto II, ubicadas en el cañón del río Moctezuma, cuya finalidad es abastecer de agua a la ciudad de Querétaro; para lo cual, se determinó, en calidad de pago en especie a favor de la localidad de Maconí, entre otras, como indemnización, una serie de apoyos y recursos, edificaciones y obras que han sido incumplidas, incluso por el actual gobierno estatal, a cambio de ceder 42.5 hectáreas de la zona piñonera.

En la cláusula segunda de dicho convenio, las autoridades gubernamentales se comprometieron a culminar las obras pactadas como indemnización a más tardar el 31 de diciembre de ese 2007, sin que a casi dos años hayan dado cumplimiento a lo que se obligaron legalmente, resultando un claro perjuicio de gran magnitud a los habitantes de la delegación.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Querétaro de Arteaga, Antonio Pérez Barrera, a dar cabal cumplimiento al convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica, firmado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes.

Segundo. Para que el gobierno del estado de Querétaro instruya a las autoridades correspondientes, a que instalen una mesa de trabajo en conjunto con los habitantes de la localidad delegacional de Maconí, que permita supervisar los avances de las obras y servicios comprometidos, así como para que informe a esta soberanía el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Asimismo, solicito que el texto del presente punto de acuerdo se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro de Arteaga a cumplir el convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica celebrado por esa entidad en favor de Maconí, en Cadereyta de Montes, a cargo del diputado Balfre Vargas Cortez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Balfre Vargas Cortez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La delegación de Maconí, situada en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, se remonta en sus orígenes como una población minera por excelencia, lugar resguardado por elevadas montañas de cuyas entrañas se ha extraído oro, plata, cobre, plomo y zinc, con diferentes fines, tanto rituales como comerciales, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Sin dejar de mencionar las cristalinas aguas del arroyo de Maconí, que van a dar al río Moctezuma, cruzando por en medio de las casas.

Entre este recuerdo casi fugaz de su esplendor minero, en Maconí la incomunicación, la carencia de servicios básicos y el apoyo oficial nulo la han convertido en un pueblo casi fantasma, de no ser por los hombres y mujeres de la comunidad que han cruzado la frontera en busca de una oportunidad.

Segunda. Ante este panorama geográfico de la región, el gobierno de Querétaro, entonces gobernado por Francisco Garrido Patrón, celebró contrato de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica con la comunidad de Maconí en marzo de 2007, cuyos propósitos son la construcción de la infraestructura carretera que permitirá el acceso a la a la zona donde se llevan a cabo las obras del denominado Acueducto II, situadas en el cañón del río Moctezuma, cuya finalidad es abastecer de agua a la ciudad de Querétaro, para lo cual se determinó en calidad de pago en especie a favor de la localidad de Maconí, entre otras, como indemnización, una serie de apoyos, recursos, edificaciones y obras que han sido incumplidas, incluso, por el actual gobierno estatal en turno, a cambio de ceder 42.5 hectáreas de la zona piñonera.

En la cláusula segunda de dicho convenio las autoridades gubernamentales se comprometieron a culminar las obras pactadas como indemnización a más tardar el 31 de diciembre de ese mismo año 2007, sin que, a casi dos años, hayan dado cumplimiento a lo que se obligaron legalmente, resultando en un claro perjuicio de gran magnitud a la habitantes de la delegación municipal de Maconí y sus comunidades.

Tercera. Sustancialmente lo que los habitantes de esta localidad exigen es el cumplimiento, por parte del gobierno de Querétaro, del contrato de servidumbre de paso de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica en lo relativo a la indemnización a favor de la comunidad, como lo son, entre las más apremiantes, que el servicio de agua potable llegue a todos los domicilios de las 18 comunidades de Maconí, pues no puede ser posible que se pretenda abastecer de agua a la ciudad de Querétaro, traída desde esta localidad y que su propia gente, a la que cito, ``solamente se quede viendo el tubo por donde pasa'', careciendo de este vital líquido; la construcción de tres caminos en las localidades de El Hortelano, La Luz, La Onda y solares, la construcción de la red de energía eléctrica en las localidades de El Hortelano, La Luz y La Onda, y la construcción de una bodega forrajera, obras hasta la fecha incumplidas.

Asimismo, el cumplimiento de las obras y servicios comprometidos en las siguientes localidades: la entrega de 18 plantas solares y la sustitución de las que salieron defectuosas o de mala calidad en La Joya; la entrega de 3 plantas solares en tierras coloradas; la construcción de red de agua en El Hortelano; colocación de la tubería y bombas de distribución en El Hurache; la entrega de 4 plantas solares y la sustitución de las que salieron defectuosas o de mala calidad en el torno; la sustitución de la tubería mal colocada en Martínez; la sustitución de la tubería mal colocada y la construcción de un camino en El Hortelano; la terminación de los tanques de almacenamiento en Los Lirios; la colocación de 2 postes de luz y la colocación de los cabes para electrificación correspondientes, y la sustitución de las plantas solares defectuosas en La Blanca; la colocación de tanques de almacenamiento y la colocación de tubería en el devisadero; la reparación por los daños ocasionados con motivo de los trabajos de construcción para la ampliación de la carretera en Rancho Viejo; la instalación de la red de conducción al tanque de almacenamiento, la reubicación de las tomas de agua que se encuentran lejos de los domicilios, la terminación del techado de la cancha de la escuela, terminación de la capilla y la rehabilitación del camino de Maconí a Piñones; la instalación del tanque de captación y construcción del tanque de almacenamiento, reubicación de las tomas de aguas que quedaron hasta 200 metros de distancia de los domicilios, la entrega de la planta potabilizadora en El Divino Pastor; la terminación de la instalación de las tuberías, instalación de los tanques de almacenamiento y terminar las cancha de básquetbol en Santo Tomás; adecuada distribución domiciliaria de las tomas de agua en La Mesa; redistribución de la red de tubería que se situaron lejos de las viviendas en cerro Colorado; instalación de red de electrificación, instalación de rampas a viviendas y terminación del camino en Maconí centro; la instalación de cable de luz y medidores en la red de electrificación y tuberías en Pinitos; reubicación de viviendas e instalación de luz eléctrica en las mismas en la Lomita; reubicación de las tuberías, tanques de almacenamiento y distribución domiciliaria, y la construcción de las represas en La Mora; todas estas obras y servicios no cumplidas.

Entre las quejas más recurrentes por parte de estas localidades es que los apoyos y recursos entregados han sido parciales y deficientes como es el caso de las plantas solares las cuales resultaron defectuosas y de mala calidad, en el caso de las que se entregaron.

Asimismo las obras de infraestructura carretera han afectado alrededor de 600 hectáreas propiedad de 697 comuneros, resultando la más afectada la localidad de Piñones, ya que los desechos por donde pasa la tubería de la presa derivadora hacia el túnel destrozó terrenos agrarios de la comunidad de Maconí, trabajos con los que además se han derribado árboles de 200 hectáreas, provocando un irreversible daño al impacto ecológico de la región, por lo que es urgente replantearse la modificación del contrato de servidumbre para incluir medidas preventivas, protectoras y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de los trabajos en cuestión.

Cuarta. Aunque los convenios con el gobierno del estado se firmaron en 2007, la administración pasado jamás inició las acciones comprometidas, a pesar que el ex mandatario de la entidad se ufanó de que las obras las entregaría concluidas antes de finalizar su sexenio; lo que incluso fue reconocido por las propias autoridades que iniciaron funciones el pasado 1 de octubre del presente año. Por lo que es urgente que el gobierno estatal cumpla inmediatamente con una de las necesidades más apremiantes para la localidad como lo es la de dotar de agua potable a todos los habitantes de la delegación municipal de Maconí, que comprende 22 comunidades, ya que resulta incongruente que se pretenda extraer de la región mil quinientos litros por segundo para dotar a los capitalinos y cumplir los compromisos del gobierno, de dar el servicio a los crecientes fraccionamientos que se están dando en la ciudad, y dejar en el olvido gubernamental a estas comunidades que sufren las pobreza extrema y el saqueo de sus recursos naturales, sin que esto represente beneficios reales para sus habitantes.

Quinta. Es por ello que esta Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Querétaro, Antonio Pérez Barrera, a dar cumplimiento inmediatamente a los convenios firmados en favor de la delegación municipal Maconí, municipio de Cadereyta de Montes, haciendo efectiva la cláusula relativa a la pena convencional, consistente en el pago de 20 por ciento del importe de la contraprestación no ejecutada en tiempo, pues, sobra decir, el gobierno estatal ha incumplido los tiempos a los que se comprometió legalmente, inicialmente fijados como fecha límite el 31 de diciembre del 2007. Asimismo para que por conducto de las autoridades correspondientes instalen una mesa de trabajo en conjunto con los habitantes de la comunidad de Maconí a efecto de que se supervisen y analicen las obras y servicios pendientes de darle cumplimiento, manteniendo un diálogo permanente con las comunidades, mediante la toma de acuerdos revisables mensualmente que verifique sus avances dando prioridad a resolver las necesidades más apremiantes de los habitantes que les garantice una mejor calidad de vida para toda esta región.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Querétaro de Arteaga, Antonio Pérez Barrera, a dar cabal cumplimiento al convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica, firmado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes.

Segundo. Para que el gobierno de Querétaro instruya a las autoridades correspondientes a que instalen una mesa de trabajo en conjunto con los habitantes de la localidad delegacional de Maconí, que permita supervisar los avances de las obras y servicios comprometidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Desarrollo Social.

Se pospone la intervención del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del PAN, para la próxima sesión.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero y al Congreso local a realizar el análisis y estudio correspondiente para evaluar la creación de la octava región del estado de Guerrero.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Con su permiso, señor presidente.

Mariguana y amapola, sostén económico principal durante muchos años de miles de ciudadanos guerrerenses de la Sierra Madre del Sur. Las acciones acertadas del Ejército y otros grupos de seguridad para terminar con esta actividad lograron en gran medida su propósito. A lo largo de esta sierra vemos el luchar más desprotegido, no tan sólo del estado de Guerrero, sino de muchas regiones del país.

Hoy transitamos sus pésimos caminos y si bien no se va en vehículo, porque una buena parte de sus pueblos los tenemos que recorrer a pie, en bestia mular o en cuatrimoto. Vemos las pocas escuelas, olvidadas y cerradas por la falta de maestros; uno que otro centro de salud a grandes distancias, y de igual manera, sin doctores ni medicamentos.

Morirse por la falta de atención médica es algo muy común. La electrificación de sus pueblos llega a 30 por ciento. Urge la instalación de una nueva subestación eléctrica que permita extenderse en este rubro.

Dentro de la organización geográfica del estado se encuentra la Sierra Madre del Sur, perteneciente a las regiones del Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, con una extensión territorial aproximada de 11 mil 800 kilómetros cuadrados, que van desde Chilpancingo hasta Coahuayutla, de la cual poco más de 50 por ciento se encuentra cubierta de bosque, otro 30 por ciento está clasificado como propicio para actividades ecoturísticas y áreas naturales protegidas.

Las partes altas son conocidas como filos y las cordilleras son notables por su alta biodiversidad y su gran número de especies endémicas. Datos del Inegi señalan que actualmente en esta zona viven 120 mil personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, la mayoría de ellas con un grado de alta y muy alta marginación.

Cuenta con importantes recursos minerales, destacando los yacimientos de oro y plomo, así como recursos forestales maderables y no maderables, una gran biodiversidad y una elevada fuente de servicios ambientales que benefician directamente a la población, lo que hace a esta zona punto clave para el desarrollo del estado, pero hasta la fecha su potencial se ve mermado a causa de la carente infraestructura básica de soporte a estas actividades como lo son almacenes, centros de acopio, parques recreativos, entre otros.

Los niveles de mortalidad infantil ubican que de cada mil nacimientos mueren entre 30 y 45 niños de entre 4 y 6 años de edad; 75 por ciento de esta población alcanza un alto grado de desnutrición, y también es más vulnerable la población infantil. Las tasas de crecimiento poblacional son negativas debido al elevado índice de migrantes en edad reproductiva.

Para el mejor aprovechamiento de la zona es preciso un estudio regional que muestre...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputado.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero: Termino, señor presidente. ...un estudio regional que muestre un diagnóstico con las características de la región. Asimismo, un análisis de las dinámicas y tendencias que conllevan a impulsar un crecimiento equitativo y sostenible a largo plazo. Esto con el fin de elaborar una propuesta de desarrollo sustentable de la octava región.

Para lograr este objetivo es necesaria la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y sus dependencias correspondientes, la población, las organizaciones civiles, entre otras, ya que la sierra del estado de Guerrero debe ser considerada como punto clave en el desarrollo sustentable, tanto del mismo estado como de la región sur de México. De esta forma, el suscrito, diputado federal, considera que es de trascendental importancia el estudio y análisis del proyecto para que se constituya legalmente la octava región del estado de Guerrero, puesto que ya es una demanda de los representantes municipales y las organizaciones sociales para contribuir al crecimiento de las comunidades de la sierra, así como de salvaguardar la biodiversidad y el medio ambiente de dicha región.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a esta Presidencia someta a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Exhortar al gobierno del estado de Guerrero y al Congreso del mismo a realizar los estudios básicos necesarios para determinar la importancia de constituir la octava región de la sierra de Guerrero.

Segundo. Establecer la delimitación geográfica y constituir legalmente la octava región del estado de Guerrero. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Guerrero a realizar el análisis y estudio correspondientes para evaluar la creación de la octava región del estado, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Guerrero se sitúa en el sur de la República Mexicana y tiene una extensión territorial de 63 mil 794 kilómetros cuadrados, divididos en 7 regiones, donde se asientan los 81 municipios que forman el estado. Cuenta con gran diversidad de ecosistemas, que favorecen a la variedad de las producciones de cada región.

En la organización geográfica del estado se encuentra la Sierra Madre del Sur, perteneciente a las regiones del centro, Tierra Caliente y la Costa Grande, con una extensión territorial aproximada de 11 mil 800 kilómetros cuadrados, que van desde Chilpancingo hasta Coahuayutla, de la cual poco más de 50 por ciento se encuentra cubierta de bosque, y otro 30 por ciento está clasificado como propicio para las actividades eco turísticas y áreas naturales protegidas. Las partes altas son conocidas como ``filos'', y las cordilleras son notables por su amplia biodiversidad y su gran número de especies endémicas.

Cuenta con importantes recursos minerales, donde destacan los criaderos de oro y plomo, y forestales maderables y no maderables; una gran biodiversidad y una elevada fuente de servicios ambientales que benefician directamente a la población, lo que hace a esta zona, punto clave para el desarrollo del estado, pero hasta la fecha, su potencial se ve mermado a causa de la carente infraestructura básica de soporte a estas actividades, como almacenes, centros de acopio y parques recreativos.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que actualmente en esta zona viven 105 mil personas dedicadas a la agricultura y ganadería, la mayoría de ellas con grado de alta y muy alta marginación, ocasionada principalmente por la carencia de carreteras apropiadas y necesarias que ayuden a combatir el problema de enlace con las zonas urbanas, lo cual ocasiona insuficiencia en los servicios de salud y educación, que aun y cuando ya existen son poco funcionales debido a la carencia del sistema de comunicación.

Los niveles de mortalidad infantil ubican que de cada mil nacimientos, mueren entre 30 y 45 niños de entre 4 y 6 años de edad. De esta población, 75 por ciento alcanza un alto grado de desnutrición, entre los que también es más vulnerable la población infantil. Las tasas de crecimiento poblacional son negativas debido al elevado índice de migrantes en edad reproductiva.

Hay también un gran problema con los servicios de energía eléctrica, pese a contar con la presa hidroeléctrica El Caracol; sin embargo, 50 por ciento de las localidades no cuenta con energía eléctrica o con voltaje suficiente para satisfacer a la población e incentivar el fomento de los procesos productivos microindustriales.

Para el mejor aprovechamiento de la zona es preciso un estudio regional que muestre un diagnóstico con las características de la región, así mismo un análisis de las dinámicas y tendencias que conlleven a impulsar un crecimiento equitativo y sostenible a largo plazo. Esto, a fin de elaborar una propuesta de desarrollo sustentable de la octava región. Para lograr este objetivo es necesaria la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y sus dependencias correspondientes, la población, las organizaciones civiles, entre otros, ya que la sierra de Guerrero debe ser considerada punto clave en el desarrollo sustentable tanto del mismo estado como de la región sur de México.

De esa forma, el suscrito, diputado federal, considera que son de trascendental importancia el estudio y el análisis del proyecto para que se constituya legalmente la octava región de Guerrero, pues ya es una demanda de los representantes municipales y de las organizaciones sociales, para contribuir al crecimiento de las comunidades de la sierra, así como salvaguardar la biodiversidad y el ambiente de dicha región.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al gobierno y al Congreso de Guerrero a realizar los estudios básicos necesarios para determinar la importancia de constituir la octava región de la sierra de Guerrero.

Segundo. Establecer la delimitación geográfica y constituir legalmente la octava región de Guerrero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social.

El diputado Ríos Piter deseaba hacer uso de la palabra. Diputado.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Diputado presidente, para preguntarle al diputado Cuauhtémoc Salgado, siendo que somos vecinos de distrito, si me permite adherirme a ese punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Salgado Romero, ¿acepta usted que se adhiera el diputado? Acepta el señor diputado, y todos aquellos que deseen adherirse pasen a la Secretaría, por favor.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Colima a que a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de esa entidad se informe a esa soberanía sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, que realizaron el gobierno del estado y la empresa Puerto Santiago Manzanillo.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

En octubre de 2009, el gobierno del estado de Colima, encabezado por el entonces gobernador, Silverio Cavazos Cevallos, anunció un megaproyecto turístico en la zona de La Boquita, en los márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima.

El terreno en donde se realizará el proyecto turístico inicialmente fue propiedad del gobierno federal, pero en 1991 éste donó el terreno al estado de Colima para que fuera utilizado con fines turísticos.

Posteriormente, en 1993, el Congreso de Colima autorizó al Ejecutivo colimense a vender el terreno, especificando que los recursos que se obtuvieran deberían ser utilizados para realizar obras de beneficio social en el puerto de Manzanillo; sin embargo, el comprador incumplió en las condiciones de pago, por lo que la propiedad y posesión del inmueble volvió al estado de Colima.

Fue hasta octubre de este año que el ex gobernador Silverio Cavazos Cevallos anunció que la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, realizaría el megaproyecto turístico, pues adquirió el terreno propiedad del gobierno de Colima; sin embargo, esta operación de compra-venta fue realizada bajo una notable opacidad, pues a la fecha no se han transparentado las condiciones de venta ni los mecanismos mediante los cuales se determinó que el terreno sería vendido a la empresa Puerto Santiago Manzanillo.

Hasta hoy, a los ciudadanos colimenses se les ha negado el derecho a la información, se ha obstaculizado la transparencia y desgraciadamente se descalifica a quienes exigen la información acerca de esta operación.

Es por esto que, en mi calidad de ciudadano colimense, pero también como representante popular y legislador, solicité información que permita constatar que la operación de compra-venta de estos terrenos fue realizada cumpliendo con la normatividad local y federal aplicables, respetando los derechos, tanto de los ciudadanos colimenses como de los posibles inversionistas que pudiesen estar interesados en participar en el desarrollo del proyecto turístico.

Sin embargo las solicitudes realizadas hasta hoy han sido ignoradas, a pesar de que se realizaron formal y directamente al gobernador del estado y a la Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Colima, principalmente.

Esto impide que tengamos acceso a la información sobre la cantidad de metros cuadrados que dejarían de formar parte del patrimonio estatal y que por el valor económico y ambiental representa un activo importante no sólo para los colimenses, sino también para los mexicanos, pues estos terrenos albergan importantes extensiones de manglares que proporcionan servicios ambientales invaluables.

Dada la opacidad con la que se enajenó el terreno, propiedad de todos los colimenses, ha sido imposible conocer el dato oficial del precio de venta por metro cuadrado. Lo que impide comprobar que la operación se realizó con apego a la ley y bajo precios de mercado, cuidando en todo momento las condiciones que mejor favorecieran al patrimonio público.

El gobierno de Colima está en deuda con los colimenses; debe informar sobre el mecanismo por el cual determinó que Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, es la empresa que mayores beneficios ofreció al estado al adquirir los terrenos.

Es por esto, compañeros legisladores, que hago la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y al Congreso estatal, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental ---todos del estado de Colima---, a revisar e informar a esta soberanía y a los colimenses sobre las condiciones de compra-venta del terreno en comento.

Por lo expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al gobierno del estado de Colima a que remita a esta soberanía la información sobre la operación de la compra-venta del terreno localizado en la zona La Boquita, en los márgenes de la Laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno del estado de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, referente a características y extensión, precio de venta del terreno...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Concluyo, señor presidente. ...avalúo con el valor de mercado del terreno; convocatoria de licitación, criterios de evaluación y resultado de cada una de las ofertas de compra, producto de la licitación y, en caso de haber existido una licitación, mecanismos o criterios para determinar la adjudicación del terreno; copia del contrato de compra-venta; copia de la escritura de contrato de compra-venta; nombre del notario ante el que se realizó la compra-venta; programación de los recursos que recibió el gobierno del estado por este concepto; recursos recibidos a la fecha por el gobierno del estado de Colima; institución bancaria, número de cuenta y titular de la cuenta a la que fue destinado el depósito; nombres de los integrantes del Consejo Directivo de Administración de Puerto Santiago; dictamen de cambio de uso de suelo; plan parcial de desarrollo urbano; autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la realización del proyecto del desarrollo turístico y las obras de mantenimiento y conservación del manglar, así como la manifestación de impacto ambiental.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Congreso de Colima a que a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado, revise e informe a esta soberanía sobre la operación de la compra-venta del terreno localizado en la zona La Boquita, en los márgenes de la Laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno del estado de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en especial para fiscalizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la no afectación del patrimonio del estado de Colima. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Colima a informar a esta soberanía mediante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental sobre la operación de compraventa de un terreno de la zona La Boquita que realizaron el gobierno del estado y Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, a cargo del diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar información sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En octubre de 2009, el gobierno de Colima, encabezado por el entonces gobernador Silverio Cavazos Ceballos, anunció un megaproyecto turístico en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima.

Este proyecto comprende la construcción de una marina de yates, hoteles de alto nivel, condominios, residencias y otras instalaciones.

El terreno en donde se realizará el proyecto turístico, inicialmente fue propiedad del gobierno federal pero, en 1991, donó el terreno al estado de Colima para que fuera utilizado con fines turísticos.

Posteriormente, en 1993, el Congreso de Colima autorizó al Ejecutivo colimense vender el terreno, especificando que los recursos que se obtuvieran deberían ser utilizados para realizar obras de beneficio social en el puerto de Manzanillo. Sin embargo, el comprador incumplió en las condiciones de pago, por lo que la propiedad y posesión del inmueble volvió al estado de Colima.

Los subsecuentes gobiernos estatales continuaron promoviendo proyectos de desarrollo turístico en estos terrenos, pese a esto, diversas circunstancias, entre ellas la falta de cumplimiento de la normatividad ambiental, impidieron que su ejecución se concretara.

Fue hasta octubre de este año, que el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos anunció que la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, realizaría el megaproyecto turístico pues adquirió el terreno propiedad del gobierno de Colima.

Sin embargo, esta operación de compra-venta fue realizada bajo una notable opacidad, pues a la fecha no se han transparentado las condiciones de venta, ni los mecanismos mediante los cuales se determinó que el terreno sería vendido a la empresa Puerto Santiago Manzanillo.

Hasta el día de hoy, a los ciudadanos colimenses se les ha negado el derecho a la información, se ha obstaculizado la transparencia y, desgraciadamente, se descalifica a quienes exigen la información acerca de esta operación.

Es por esto que, en mi calidad de ciudadano colimense, pero también como representante popular y legislador, solicité información que permita constatar que la operación de compra-venta de estos terrenos fue realizada cumpliendo con la normatividad local y federal aplicable, respetando los derechos tanto de los ciudadanos colimenses como de los posibles inversionistas que pudiesen estar interesados en participar en el desarrollo del proyecto turístico.

Sin embargo, las solicitudes realizadas hasta hoy han sido ignoradas a pesar de que se realizaron formal y directamente al gobernador del estado y a la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Colima (CAIPEC), principalmente.

Esto impide que tengamos acceso a la información sobre la cantidad de metros cuadrados que dejarían de formar parte del patrimonio estatal y que, por el valor económico y ambiental, representan un activo importante no sólo para los colimenses sino también para los mexicanos, pues estos terrenos albergan importantes extensiones de manglares que proporcionan servicios ambientales invaluables.

Dada la opacidad con la que se enajenó el terreno propiedad de todos los colimenses, ha sido imposible conocer el dato oficial del precio de venta por metro cuadrado, lo que impide comprobar que la operación se realizó con apego a la ley y bajo precios de mercado, cuidando en todo momento las condiciones que mejor favorecieran al patrimonio público.

El gobierno de Colima está en deuda con los colimenses: debe informar sobre el mecanismo por el cual determinó que Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, es la empresa que mayores beneficios ofreció al estado al adquirir los terrenos.

Es por esto, que hago la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y al Congreso a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, todos de Colima, a revisar e informar a esta soberanía y a los colimenses sobre las condiciones de compra-venta del terreno en comento.

Lo anterior con el objetivo de salvaguardar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre este tema de interés público y comprobar que la operación de compra-venta no oculta un fraude contra el patrimonio de los colimenses y los mexicanos, que fue realizada sin existir un conflicto de intereses y que se actuó con imparcialidad y responsabilidad social, económica y ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al gobierno de Colima para que remita a esta soberanía la información sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, referente a:

Segundo. Se hace un atento exhorto al Congreso de Colima para que, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima, revise e informe a esta soberanía sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, en especial para fiscalizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la no afectación al patrimonio de Colima.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Le solicito que este punto de acuerdo sea integrado al Diario de los Debates, tal como aparece en la Gaceta, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates, como lo solicita.

La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desea la diputada Vizcaíno hacer uso de la palabra. ¿Diputada, en qué consiste su intervención?

La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): Para adherirme al punto de acuerdo presentado por el diputado Leoncio Morán.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Morán Sánchez, está la diputada Vizcaíno solicitando adherirse, ¿tiene usted inconveniente?

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Ninguno, con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el diputado Morán Sánchez que se adhiera. Todas aquellas compañeras y compañeros que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría.

SALUD MENTAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a eximir el pago de cuota de recuperación a la consulta externa en los servicios de atención de salud mental.

La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la magnitud de la carga de enfermedad y discapacidad atribuible a los trastornos mentales es un fenómeno creciente y preocupante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que existen 450 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental.

En América Latina y el Caribe se calcula que las personas que sufren de estos padecimientos aumentarán de 114 millones en 1990 a 176 millones en el 2010; México no es la excepción. La Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 15 millones de personas que sufren estos trastornos; personas que además de ser excluidas y marginadas por la sociedad a causa de su enfermedad, en muchos de los casos no son oportunamente atendidas.

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, realizado recientemente en México, señala que hasta 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con alguna enfermedad mental no habían recibido atención durante los 12 meses previos al diagnóstico. Porcentaje similar al que el secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos aludió durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, cuando comentó que 75 por ciento de las personas que sufren desórdenes mentales en el mundo en desarrollo no reciben tratamiento alguno.

Como parte de la reforma psiquiátrica en nuestro país, el 19 de enero de 2004 se creó el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), organismo dependiente de la Secretaría de Salud cuya misión es la implementación del nuevo modelo de atención en salud mental denominado ``Miguel Hidalgo'', mediante el cual se proporciona a los usuarios de todo el país una atención de calidad, a través de acciones de promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la salud mental, lo que se traduce en una mejor calidad de vida del usuario y de la familia, así como su reintegración a la sociedad.

En México, las personas que no son derechohabientes de los servicios de salud, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien por el ISSSTE acuden para el tratamiento de su padecimiento a los hospitales o unidades de la Secretaría de Salud tanto federales como estatales, en donde pagan una cuota de recuperación por consulta externa.

Dichas cuotas encuentran su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley General de Salud, en el cual se señala:

``Artículo 36. Las cuotas de recuperación que, en su caso, se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas''.

Las cuotas de recuperación, si bien es cierto constituyen un ingreso para el erario, también desmotivan a los pacientes y sus familiares a acudir a las consultas. En refuerzo a lo anterior, es importante analizar el caso del Centro Integral de Salud Mental, Distrito Federal, en el cual los pacientes que eran atendidos pagaban hasta 2007 una cuota de recuperación de 10 pesos por consulta externa; recaudándose al término del año por este concepto 130 mil pesos.

Debido a la disminución en el número de pacientes, atribuible al costo originado por las cuotas, sumado al gasto de pago de transporte, comida y en ocasiones estancia que tienen que sufragar los familiares que acompañan al paciente, en 2008 se tomó la decisión de eliminar estas cuotas de recuperación. Como resultado de la medida, las consultas se incrementaron a 50 mil 576, a diferencia de las 39 mil 177 de 2007; o sea, crecieron en más de 10 mil.

En México únicamente es en el Distrito Federal y en San Luis Potosí donde no se cobran cuotas de recuperación. En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que se adopte, junto con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salud para eximir del pago de cuotas de recuperación a las consultas externas en los servicios de atención mental en todo el país.

Los diputados del Partido Verde esperamos contar con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias, a fin de disminuir el fuerte impacto económico para los pacientes y sus familias, que conlleva la atención de los padecimientos mentales. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a eximir del pago de cuota de recuperación por la consulta externa en los servicios de atención de salud mental, a cargo de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo , del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente

Exposición de Motivos

La magnitud de la carga de enfermedad y discapacidad atribuible a los trastornos mentales, es un fenómeno creciente y preocupante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, estima que existen 450 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. En América Latina y el Caribe se calcula que las personas que sufren de estos padecimientos aumentarán de 114 millones en el año 1990 a 176 millones en 2010.

México no es la excepción, muchos son los connacionales que padecen enfermedades mentales, la Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 15 millones de personas que sufren estos padecimientos. Personas que, además de ser excluidos y marginados por la sociedad, en muchos de los casos, no son oportunamente atendidos.

La organización civil ``Voz Pro Salud Mental'' estima que alrededor del 15 por ciento de la población de México padece algún trastorno mental, y solamente 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión médica. Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina el 0.85 por ciento de su presupuesto nacional en salud, para atender la salud mental.

Un estudio de la Organizaron Panamericana de la Salud, realizado recientemente en México señala que hasta un 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con alguna enfermedad mental no habían recibido atención durante los 12 meses previos al diagnóstico. Porcentaje similar al que nuestro secretario de Salud aludió durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, cuando comentó que el 75 por ciento de las personas que sufren desordenes mentales en el mundo en desarrollo no reciben tratamiento alguno como parte de la reforma psiquiátrica en nuestro país, el 19 de enero de 2004, se creó el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), organismo dependiente de la Secretaría de Salud federal, cuya misión es la implementación del nuevo modelo de atención en salud mental denominado Miguel Hidalgo, mediante el cual se proporciona a los usuarios de todo el país, una atención de calidad, a través de acciones de promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la salud mental. Lo que se traduce en una mejor calidad de vida del usuario y de la familia, así como su reintegración a la sociedad. Cabe hacer mención que, para la realización de este modelo, el gobierno federal y los gobiernos estatales del país, aplican recursos financieros adicionales.

En México, las personas que no son derechohabientes de los servicios de salud proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien por el ISSSTE, acuden para el tratamiento de sus padecimientos a los hospitales o unidades de atención sectorizados de la Secretarías de Salud federales y estatales, en donde pagan una cuota de recuperación por consulta externa.

Dichas cuotas de recuperación encuentran su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley General de Salud, en el cual se señala que aquellas ``que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud'' deberán ajustarse a lo dispuesto a la legislación fiscal y a los convenios celebrados. El mencionado artículo a la letra establece:

Las cuotas de recuperación, si bien es cierto que constituyen un ingreso para el erario público, también lo es que desmotivan a los pacientes y sus familiares a acudir a las consultas a las unidades u hospitales de atención sectorizados de la Secretarías de Salud federales y estatales.

En refuerzo a lo anterior, es importante analizar el caso del Centro de Integración de Salud Mental (Cisame-DF), en el cual los pacientes que eran atendidos pagaban, hasta el año 2007, una cuota de recuperación de 10 pesos por consulta externa. Recaudándose al termino del año, por este concepto, 130 mil pesos.

Debido a la disminución en el número de pacientes, atribuible al costo originado por el pago de cuotas, sumado al gasto del pago de transporte, comida y en ocasiones estancia que tienen que sufragar los familiares que los acompañan, en el 2008, se tomó la decisión de eliminar las cuotas de recuperación. Como resultado de la medida, las consultas incrementaron a 50 mil 572, a diferencia de las 39 mil 177 del año 2007.

En México, únicamente en el Distrito Federal y en San Luís Potosí no se cobran cuotas de recuperación.

Consideraciones

1. Si bien las cuotas de recuperación están previstas en el artículo 36 de la Ley General de Salud, el mismo ordenamiento, al incluir ``que en su caso se recauden'', no establece el cobro de éstas como obligación para las dependencias del sector salud, tan es así, que el Distrito Federal y San Luis Potosí con la finalidad de incentivar a los pacientes con problemas mentales a acudir a sus tratamientos, optaron por eliminar el cobro de dichas cuotas.

2. Si bien es cierto que los montos obtenidos por el cobro de cuotas de recuperación aportan al erario público, también lo es que el no cobrarlas, no afecta las finanzas de las instituciones de salud.

3. El impacto de la eliminación del cobro de cuotas de recuperación en las consultas externas de los servicios de salud mental puede ser beneficiar las fianzas de los pacientes y sus familias.

En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que adopte, junto con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salud, para eximir del pago de cuotas de recuperación a las consultas externas en los servicios de atención de salud mental, en todo el país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Ezeta Salcedo.

Le pido a la Secretaría...

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, la diputada Cuevas.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Para preguntarle a la diputada, si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo, a un grupo de diputados del PAN. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputada?

La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta su aceptación. Por tanto, todas aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen participar pasen a la Secretaría.

Señor diputado.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente, para que el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, se adhiera a esta proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo ha aceptado la diputada, por tanto pasen a la firma en la Secretaría.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Al no haber registro de oradores, pido a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por unanimidad se declara aprobada, por tanto, comuníquese.

En razón de que se ha cumplido con el tiempo reglamentario de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de noviembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 15:13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre, a las 10 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 horas del martes 24 de noviembre.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 9 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 279 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 406 diputados
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Minuto de silencio: 1
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 0
Diputados que participaron: 57PRI-31 PAN-6 PRD-11 PVEM-1 PT-6 Nueva Alianza-2
• Se recibieron o presentaron:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federala ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 oficio de la Procuraduría General de la Repúblicacon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Congreso de Nuevo León con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Comisión Nacional del Aguacon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernaciónpor los que solicita el permiso constitucional necesario para que igual número de ciudadanos puedan desempeñar cargos de cónsules honorarios;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernaciónpor el que solicita el permiso constitucional necesario para que cuatro ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, respectivamente;
• 1 oficio de la Cámara de Senadorespor el que comunica que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda desecharon la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 7 oficios de la Cámara de Senadorescon los que remite igual número de proposiciones con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010;
• 2 iniciativas de senadores del PRD;
• 1 minuta con proyecto de decreto para los efectos de la fracción D) del artículo 72 constitucional;
• 1 minuta con proyecto de decreto para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional;
• 1 minuta con proyecto de decreto;
• 11 iniciativas del PRI;
• 3 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PT;
• 2 iniciativas de Nueva Alianza;
• 19 proposiciones con punto de acuerdo.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Ambrosio Cipriano, Heriberto(PRI) Programa de creación de empleos en zonas de marginación: 151, 154
• Benítez Lucho, Antonio(PRI) Control sanitario en la publicidad: 151
• Burelo Burelo, César Francisco(PRD) Asistencia: 156
• Burelo Burelo, César Francisco(PRD) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 72
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados: 73
• Castilla Marroquín, Agustín Carlos(PAN) Código Federal de Procedimientos Penales - Código Penal Federal: 114, 126
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Cámara de Diputados: 126
• De la Fuente Dagdug, María Estela (PRI) Estado de Tabasco: 163
• De la Torre Valdez, Yolanda (PRI) Código Federal de Procedimientos Penales - Código Penal Federal: 126
• Di Costanzo Armenta, Mario Alberto (PT) Orden del día: 13
• Díaz Lizama, Rosa Adriana(PAN) Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 89
• Diputados del PRI Ley del Impuesto al Valor Agregado: 62
• Diputados del PRI Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 59
• Diputados del PRI Programa de Apoyo al Campo: 133
• Ezeta Salcedo, Mariana Ivette(PVEM) Salud mental: 175
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Cámara de Diputados: 127
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 132
• García Gómez, Martha Elena(PRD) Estancias infantiles para hijos de estudiantes de universidades públicas: 138, 140
• Guillén Padilla, Olivia(PRI) Estado de Jalisco: 141
• Guillén Padilla, Olivia(PRI) Programa de creación de empleos en zonas de marginación: 153
• Gutiérrez Villanueva, Sergio Ernesto(PRD) Estado de Chiapas: 161
• Hernández Pérez, David(PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 107
• Jiménez Hernández, Blanca Estela(PRI) Pequeñas y medianas empresas: 164
• Jiménez López, Ramón(PRD) Salarios mínimos: 145
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Autoproducción alimentaria: 136
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Programa nacional de biocombustibles: 135
• Leyva Hernández, Gerardo(PRD) Estado de Zacatecas: 161
• Luken Garza, Gastón(PAN) Horario estacional: 58
• Mazarí Espín, Rosalina (PRI) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 111
• Morán Sánchez, Leoncio (PAN) Estado de Colima: 171
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro(PT) Salarios mínimos: 147
• Ortiz González, Graciela (PRI) Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 99
• Pérez de Tejada Romero, María Elena(PAN) Estancias infantiles para hijos de estudiantes de universidades públicas: 140
• Pérez Magaña, Eviel(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 86
• Pinedo Alonso, Cora Cecilia(Nueva Alianza) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 92
• Pinedo Alonso, Cora Cecilia(Nueva Alianza) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 77
• Ramírez Pineda, Narcedalia(PRI) Comisión de Protección Civil: 154, 156
• Ríos Piter, Armando(PRD) Estado de Guerrero: 171
• Rodríguez Hernández, Jesús María(PRI) Control sanitario en la publicidad: 148, 151
• Salgado Romero, Cuauhtémoc(PRI) Estado de Guerrero: 169
• Salgado Romero, Cuauhtémoc(PRI) Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 143
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Auditoría Superior de la Federación: 64
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 127, 132
• Soto Martínez, Leobardo(PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 94
• Torres Abarca, Obdulia Magdalena(PRD) Estado de Chiapas: 159, 161
• Trujillo Zentella, Georgina(PRI) Comisión de Protección Civil: 156
• Trujillo Zentella, Georgina(PRI) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 69
• Vargas Cortez, Balfre(PRD) Estado de Querétaro: 166
• Villarreal Salinas, Jesús Everardo(PRI) Ley General de Desarrollo Social - Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 65
• Zamora Cabrera, Cristabell(PRI) Estado de Tamaulipas: 156