SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:20 horas): Gracias. Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de noviembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Comisión Reguladora de Energía

Con la que remite el informe anual, que incluye un registro de los permisos otorgados durante el año; el listado de las solicitudes de permisos no otorgados, y la fundamentación de las deliberaciones adoptadas por los comisionados.

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Por el que comunica la designación del senador Marko Antonio Cortés Mendoza como presidente de dicha comisión por el periodo del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010.

Oficio del Congreso del estado de Guerrero

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 134, recorriéndose las subsecuentes y reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Oficio del Congreso del estado de Veracruz

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o., recorriéndose los subsecuentes, y se reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, presentado por el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se presente el dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se presente el dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que expide la Ley Nacional de la Juventud, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, con fundamento a la adición del mismo precepto, del decreto publicado en el DOF el 19 de junio de 2007, suscrito por las diputadas Georgina Trujillo Zentella y María Cristina Díaz Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a promover la firma de un convenio de coordinación con el Gobierno de Baja California para establecer las bases de participación en el proyecto de parque eólico en el estado, a cargo de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua que informe sobre las acciones específicas para atender el agotamiento de agua en Baja California, a cargo de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vivienda de esta soberanía a citar a comparecer al director de la Conavi y a la empresa constructora ANDHA, por el presunto incumplimiento del programa federal Esta es tu Casa en el municipio de Tala, Jalisco, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y a la Segob que se abstengan de cambiar el nombre geográfico a la isla Cerralvo, situada en el Golfo de California, y se elimine el acuerdo emitido por el INEGI para el cambio de nombre, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al retiro inmediato de los mensajes de la LXI Legislatura en que se omite la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales a fin de atender la emergencia en Veracruz debida a las lluvias torrenciales que han afectado dicho estado, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a incrementar de manera sustancial el salario mínimo general que se fije para el 2010, y que cubra efectivamente las necesidades normales de la vida de los trabajadores y sus familias en el orden material, social y cultural y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la SEP a resolver con la mayor brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional de esa institución educativa, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de investigación sobre violaciones de garantías individuales por la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Michoacán a cumplir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para implementar programas de desarrollo social, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a garantizar que los árboles de navidad naturales de importación cumplan la normatividad en materia de sanidad forestal, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex para que instruya al titular de Pemex-Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro con las estaciones de servicio del país para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a que se emita la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; al subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social nacional a impulsar mayores acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país, a cargo del diputado Carlos Bello Otero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a hacer un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Premio Goldman al medio ambiente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Partidos Políticos a disminuir voluntariamente el financiamiento público y asumir el compromiso de reformar la Constitución con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF a practicar, en forma urgente, una auditoría a la obra pública que se lleva a cabo en el hospital general de Zapopan (Hospitalito), a cargo de la diputada Clara Gómez Caro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y locales a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a sus padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes, a cargo del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y a la Sedesol a crear un fondo regional especial para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Sedesol a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación, a cargo del diputado Socorro Sofio Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, de la región de la Montaña de dicha entidad, a cargo del diputado Socorro Sofio Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de los ex-trabajadores migrantes mexicanos braceros, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que gire instrucciones a las dependencias correspondientes de la administración pública federal, a fin de diseñar programas complementarios que permitan mejorar la precaria situación que enfrentan las mujeres que habitan en el sector rural, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Jalisco a asignar, en acato de los decretos federales de 1995 y de 1997 así como de los acuerdos derivados, un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010 respecto de la emisión conmemorativa de los billetes de cien pesos, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía a resolver el problema del sector productivo lechero, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Auditoría Superior de la Federación a atender la solicitud de diversos diputados de efectuar auditorías permanentes y en detalle del gasto público, en partidas críticas e importantes, aunque no se haya concluido el periodo de ejercicio, publicando a su vez los resultados de los avances de su gestión financiera, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que disminuya 60% el peaje de motocicletas, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas, en las autopistas nacionales, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a aplicar acciones y medidas coordinadas dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención y sustracción de niñas y niños de las clínicas y hospitales públicos y privados, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía realiza un extrañamiento a la Comisión Nacional del Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud de que el jurado del Premio Nacional del Deporte dictaminó como desierta la categoría deporte paralímpico, a cargo del diputado Carlos Torres Piña , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de esta soberanía para que destinen el 10% de su dieta bruta a un fideicomiso para acciones socialmente concretas de corto alcance, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y que fue publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana, a cargo de la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para redoblar esfuerzos en el rescate de los ríos Magdalena y Eslava e informar a esta soberanía sobre las acciones y programas que actualmente se ejecutan en la zona, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se integra un grupo de trabajo para dar seguimiento al informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura a fin de conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica de diversos municipios del estado de Oaxaca, y modernizar la infraestructura para la prestación de este servicio, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias a fin de detener las invasiones a las barrancas ubicadas en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona de las colonias Álvaro Obregón, los Frentes, Leyes de Reforma Segunda y Tercera Secciones, y Renovación, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la CFE y a la Conagua a adoptar las medidas necesarias, a efecto de reclasificar las tarifas eléctricas de 1D a 1F y llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, en el estado de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, al Gobierno del Estado de México, a los titulares de la delegación Gustavo A. Madero y de los municipios de Ecatepec de Morelos, Coacalco y Tultitlán a actuar de manera coordinada para el apoyo urgente a las familias afectadas por la tromba que se presentó el viernes 30 de octubre en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y hacer llegar a esta soberanía un informe sobre el grado de afectación derivado de ese fenómeno natural, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a supervisar y verificar el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos, así como al Gobierno del Distrito Federal, a ejercer la acción de extinción de dominio de la propiedad respecto a los bienes muebles o inmuebles utilizados o producto de los delitos de tráfico de menores, delincuencia organizada y relacionados, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar prioridad, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos --formada por la Sagarpa, la Sener, la Semarnat, la SE y la SHCP-- a los productores rurales y campesinos de nuestro país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos, así como a la asociación con empresarios para el desarrollo de la industria nacional en la materia, a cargo del diputado Cruz López Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y evaluar, a través de la Semarnat y de la Profepa, si las acciones y obras relacionadas con el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna cumplen las normas ambientales y no representan un daño a los ecosistemas; asimismo, a solicitar el establecimiento de un plan de conservación y protección del manglar, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a observar estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental, a cargo del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob a incluir en el calendario oficial el 19 de julio como día para conmemorar la declaración de autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia Nacional, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud de la diputada Adriana Sarur Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Agenda política

Comentarios relativos a la privatización de la Energía Eléctrica en México, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con motivo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se celebra el 20 de noviembre, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Día de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LXXXVII aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cárdenas, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente. Respecto al orden del día. Aunque hay un punto en el orden del día para atender el tema de la posible presentación de la controversia constitucional por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, noso-tros consideramos ---en lo particular su servidor--- que hay un punto del acuerdo de la Junta de Coordinación Políticapor el que se designó a los miembros del grupo de trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica a emprender con relación al decreto de extinción de Luz y Fuerza, que no ha sido cumplimentado cabalmente, presidente.

El punto tercero de ese acuerdo señala que el grupo de trabajo debe presentar al pleno, en un plazo no mayor a 12 días hábiles, el resultado de sus estudios y análisis.

Tengo información, porque así lo ha comunicado el diputado Navarrete Prida, que él presentó ante la Junta de Coordinación Política el resultado de los análisis y los estudios derivados de los trabajos del grupo plural que constituyó este pleno. Sin embargo, esas conclusiones no han sido presentadas al pleno de esta Cámara de Diputados, violándose el punto tercero del acuerdo respectivo.

A mí sí me gustaría saber si en algún momento la Junta de Coordinación Política va a presentar al pleno de esta Cámara el resultado de este análisis, tal como se estableció por el acuerdo respectivo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Creo que es un tema que debe comentárselo a su coordinador, a efecto que en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Políticasea atendido y sea acordado por la misma, a efecto de que si la comisión le entregó un resultado de las deliberaciones puedan, en un momento dado, acordar se nos turne para efecto de listarlo en el orden del día. Con mucho gusto diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consultar a la asamblea si se dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciocho de noviembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 279 diputadas y diputados, a las 12 horas con 4 minutos del miércoles 18 de noviembre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 87 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Se designa comisión de representación.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

La Comisión Nacional del Agua con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de octubre de 2009, desagregada por tipo de fondo. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

La Secretaría de Gobernación remite:

a) Contestación de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con los Juegos Panamericanos 2011. Se remite a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

b) Solicitudes de permiso constitucional necesario para que los siguientes ciudadanos puedan desempeñar el cargo de cónsules honorarios los ciudadanos:

c) Prestar servicios los ciudadanos María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Édgar Sánchez Ladrón de Guevara y César Yamil Palozzi Moras, en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Se reciben oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:

Proposiciones con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:

El presidente informa que dichas proposiciones se recibieron el viernes 13 de noviembre y se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

minutas con proyecto de decreto que:

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

A las 13 horas con 23 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 406 diputadas y diputados.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín , del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Desde sus respectivas curules los diputados Laura Itzel Castillo Juárez y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , ambos del Partido del Trabajo, formulan preguntas con relación a la vigilancia en el Palacio Legislativo. El Presidente hace las aclaraciones correspondientes.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Función Pública y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Presidencia informa del sensible fallecimiento del ciudadano Eladio de la Cruz Maldonado , quien fuera diputado federal suplente por el segundo distrito de Tabasco y la asamblea guardar un minuto de silencio.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se continúa con la intervención para presentar proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausura la sesión a las 15 horas con 13 minutos, y cita para la que tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, como ustedes tienen conocimiento, la Junta de Coordinación Políticacelebró un acuerdo a efecto de instruirnos, a la Mesa Directiva, para establecer un lugar para recibir a todas aquellas y aquellos diputados que deseen suscribir el documento a efecto de poder interponer el recurso de controversia constitucional en contra de la determinación tomada por el Ejecutivo federal para la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Quiero manifestar, señoras diputadas y señores diputados, que en los términos del acuerdo --Primero, inciso b): ``Las diputadas y los diputados que se pronuncien a favor de la promoción de dicho medio de control deberán manifestarlo de manera personal y directa a través de la suscripción, con firma autógrafa, del documento que para este efecto ponga a su disposición la Presidencia de la Mesa Directiva, informando oportunamente el lugar que se instale para dicho fin''--, esta Mesa Directiva informó a todos los grupos parlamentarios, con oportunidad, que el lugar se establece en la propia sala de juntas de la Mesa Directiva, donde están las listas correspondientes para recibir sus firmas.

Por tanto, invitamos a todas las diputadas y a todos los diputados que deseen suscribir dicho documento, a que pasen, por favor, al salón de juntas de la Mesa Directiva de esta Cámara, a firmar el documento correspondiente.

Pido a la Secretaría continuar con el capítulo comunicaciones...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sobre este tema que acaba de presentar, diputado presidente, quisiera hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde su lugar hágalo, por favor, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No. Deseo hacerlo desde la tribuna, diputado presidente, es mi derecho.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No está a discusión ningún otro tema, por eso...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Pero estoy pidiéndole la intervención sobre el tema...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le suplico que desde su tribuna, su curul lo pueda hacer, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Desde mi tribuna quiero hacerlo, efectivamente, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, si es tan amable, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, mire, lo voy a hacer desde aquí sólo para no abrir un debate innecesario, porque es mi derecho usar la tribuna cuando lo solicito, diputado presidente. No hay ningún artículo donde usted pueda decidir en qué lugar hago uso de la palabra; lo debo hacer desde la tribuna.

Sin embargo, insisto, para no debatir sobre lo que no es fundamental, quiero, en primer lugar, hacer del conocimiento de la asamblea que solicité desde el viernes de la semana pasada que las mesas de recolección de las firmas de la controversia constitucional fueran en el lobby de este salón de sesiones, para facilitar que los diputados y las diputadas que quieran apoyar la controversia constitucional pudieran hacerlo.

Pero quiero mencionar que el diputado Jaime Cárdenas Gracia tiene absoluta razón en lo que reclamó hace un momento, que es el fondo del asunto. Este pleno acordó que una comisión especial que eligió y designó para el caso presentara las conclusiones sobre la viabilidad o no de esa controversia constitucional.

La comisión realizó trabajos y tiene conclusiones al respecto que este pleno debe conocer. Pero, además, este pleno debe realizar el debate sobre este tema, porque se está escudando en esta recabada de firmas y se está eludiendo el debate fundamental sobre si vamos a apoyar o no la controversia constitucional, si vamos a apoyar o no a la compañía Luz y Fuerza para que no desaparezca, que es una empresa patrimonio de los mexicanos, y si vamos a solidarizarnos o no con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por todas estas razones, le pido, diputado presidente, que se abra esta discusión obligada; se ha vencido con mucho el plazo. La Mesa Directiva es garante de los acuerdos que este pleno tome y este pleno dio ese mandato que hasta ahora no se ha cumplido, dado que la comisión no ha informado de sus conclusiones al respecto.

Sin más, le solicito que antes del debate de la agenda política se incluya el debate sobre la información, primero de la comisión, sobre la procedencia o no de esta controversia constitucional, y que ahí se abra el debate y finalmente se dé por cerrado este proceso que tenemos pendiente desde hace varias semanas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, como lo indiqué hace un momento, el acuerdo que aprobó este pleno era para que el grupo de trabajo que iba a analizar la viabilidad de la presentación o no de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia, presentara el resultado de estos análisis al pleno en un plazo no mayor a 12 días. Esto aún no ha ocurrido, presidente.

Luego nos inquieta mucho o me inquieta mucho el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque se establece como requisito recolectar para la presentación de la controversia más de 250 firmas de legisladores.

Ni siquiera, presidente, para aprobar una ley se exige la totalidad de los diputados o la mayoría del porcentaje del total de los diputados; se exige 50 por ciento más uno de los diputados o diputadas presentes en el recinto legislativo.

Ni siquiera, repito, para aprobar leyes o para reformas constitucionales. Para reformas constitucionales se exige el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas Cámaras.

Yo no sé por qué en este caso se exige un requisito anticonstitucional y se pide que firmen más de 250 legisladores, tomando en cuenta la totalidad de los votos de la Cámara y no de los presentes.

Está el argumento impecable, que ha pronunciado aquí mi compañero Fernández Noroña, acerca de que cualquier votación en la Cámara o cualquier decisión debe ser producto de un debate, de una discusión, para que la Cámara pueda expresarse, pueda manifestarse, pueda manifestarse esta voluntad, en el caso de que se votara a favor de la controversia.

A mí me parece que recabar firmas sin que la Cámara exprese su voluntad, implica una violación jurídica muy importante al procedimiento parlamentario.

Finalmente, presidente, aunque es cierto que usted, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, es el representante legal de esta Cámara, usted no puede actuar por sí, tiene que actuar una vez que la Cámara, que el pleno de esta Cámara le dé la autorización para poder intervenir y presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior señala que usted está sometido en cuanto a sus decisiones y resoluciones a la voluntad de este pleno, señor presidente.

Por todo lo anterior, creo que es fundamental que en esta Cámara tengamos un debate, una discusión y una votación nominal al respecto, para que en caso de que se decida apoyar la controversia constitucional, esta controversia tenga toda la legitimidad jurídica necesaria. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Ramírez Marín desea hacer uso de la palabra.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, solamente para recordar que este tema, a solicitud del Partido del Trabajo, está agendado en el punto 38 del orden del día, que parece ser el momento procesal para llevar a cabo esta discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es correcta su observación.

Pido a la Secretaría que continúe con las comunicaciones.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Reguladora de Energía.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, me permito adjuntar al presente el informe a que hace referencia el precepto mencionado y que incluye, entre otros elementos, un registro de los permisos otorgados durante el año; el listado de las solicitudes de permisos no otorgados, y la fundamentación de las deliberaciones adoptadas por los comisionados.

Aprovecho para saludarlo cordialmente y quedo a sus órdenes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.--- Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente

En atención a las facultades que tiene asignadas, le solicitamos atentamente hacer del conocimiento del Pleno de esa honorable Cámara de Diputados que, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el inciso a) del artículo 13 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General, el pasado 26 de agosto del año en curso se celebró sesión ordinaria de la Comisión Bicamaral de ese órgano de difusión, en la cual se eligió a un servidor como presidente de la mesa directiva que conducirá los trabajos del Canal del Congreso por el periodo que abarca del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010, y quedó pendiente el nombramiento de los secretarios de la mesa directiva, en tanto no sean propuestos los diputados que habrán de integrarse a la misma.

Lo anterior, conforme al acuerdo número CB/LX/087, que se anexa al presente.

Sin otro particular y para los efectos conducentes, le envío un cordial saludo.

«Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13, inciso a), del Reglamento del Canal del Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Bicamaral de este órgano de difusión toma el siguiente acuerdo para la integración de su mesa directiva por el periodo que abarca del 26 de agosto de 2009 al 26 de agosto de 2010, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión Bicamaral estará integrada por tres diputados y tres senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política.

II. Que los integrantes de la Comisión Bicamaral fueron designados de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del martes 24 de octubre de 2006 y con fundamento en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno del Senado de la República en sesión del jueves 9 de noviembre de 2006.

III. Que los diputados integrantes designados para el desa-rrollo de los trabajos del Canal del Congreso en la LX Legislatura del Congreso de la Unión son Gerardo Lagunes Gallina, Camerino E. Márquez Madrid y José Antonio Díaz García, y los senadores nombrados para participar en las tareas de conducción del Canal del Congreso en la LX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión son Carlos Jiménez Macías (PRI), Marko Antonio Cortés Mendoza y Carlos Sotelo García (PRD).

IV. Que el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la comisión bicamaral tendrá una mesa directiva integrada por una presidencia y dos secretarías, electas de manera directa por los integrantes de ese órgano legislativo; dichas responsabilidades se ejercerán durante 12 meses, y serán rotatorias entre los grupos parlamentarios representados en la comisión y de manera alternada entre ambas Cámaras.

V. Que, de conformidad con los precedentes de las anteriores Legislaturas, corresponde a la representación del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República presidir los trabajos de conducción del Canal del Congreso.

Por lo expuesto, se emite el siguiente

Asimismo, los tres senadores integrantes de la Comisión Bicamaral acuerdan apoyar el impulso y el fortalecimiento de lo anterior a fin de dar continuidad a los trabajos realizados en la LX Legislatura y de ser consecuentes con la pluralidad en la integración de las comisiones y subrayar el carácter bicamaral de esta comisión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo.--- LIX Legislatura del Congreso de Guerrero.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para su publicación y efectos legales conducentes el acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero hace del conocimiento la iniciativa por la que se reforman las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XV del artículo 134, el artículo 144, y se adiciona la fracción XV al artículo 134 de la Ley General de Salud.

Aprobado en sesión celebrada el martes 22 de septiembre del año en curso.

«Escudo.--- LIX Legislatura del Congreso de Guerrero.

La Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y

Considerando

Que en sesión de fecha 15 de junio del 2009, los integrantes de la Comisión de Salud presentaron a la plenaria el dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que les confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remiten al Congreso de la Unión iniciativa por la que se adiciona una fracción IX, recorriéndose las actuales IX, X, XI, XII, XIII Y XIV, para ser X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 134, y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud en los siguientes términos:

Antecedentes

Primero. Que en sesión de fecha 19 de mayo del año en curso, el pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero tomó conocimiento de la iniciativa por la que se reforman las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XV del artículo 134, el artículo 144, y se adiciona la fracción XV al artículo 134 de la Ley General de Salud, signada por la diputada Aceadeth Rocha Ramírez, turnándose, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio número LIX/1 ER/OM/DPU/0655/2009, signados por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso del estado, a la Comisión de Salud, para análisis y emisión del dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario correspondiente.

Segundo. Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 86, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, número 286, mediante oficio número........................ HCE/PCS/0021/009, se turnó un ejemplar del punto de acuerdo que nos ocupa a cada uno de los integrantes de la comisión dictaminadora, para análisis y comentarios, a efecto de que sean presentados en reunión de trabajo de la comisión.

Tercero. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 46, 49, fracción XV, 65, fracción III, 86, primer párrafo, 87, 127, párrafos primero y tercero, 132, 133, párrafo primero, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, número 286, la Comisión de Salud tiene plena facultad para analizar la iniciativa de reformas de referencia y emitir el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario que recaerá al mismo bajo los siguientes

Considerandos

Primero. Que los integrantes de la Comisión de Salud, analizado el objetivo a lograr mediante la aprobación de las reformas propuestas a la Ley General de Salud, como es el establecimiento de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) en el cuadro básico de vacunación, donde se ponderan aquellas acciones que vayan encaminadas a la prevención de alguna enfermedad que pueda causar un severo daño a nuestra población en general, a lo que esta comisión dictaminadora no puede quedarse inerte, sino todo lo contrario, considera de gran importancia impulsar este tipo de acciones, lo que puede concretarse al momento de la aprobación en sus términos de la propuesta de iniciativa en estudio; sin embargo, para la procedencia y debida adecuación jurídico legal de esta reforma es necesario retomar algunas circunstancias de forma y, en su caso de fondo, lo que nos proponemos realizar mediante el presente dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario.

Segundo. Que en la iniciativa de antecedentes se plasmaron como considerandos lo siguiente:

Tercero. Que los integrantes de la Comisión de Salud, previo al estudio de fondo de la iniciativa motivo del dictamen, consideramos pertinente analizar las cuestiones de forma; por lo que para la procedencia de la iniciativa, nos remitimos a lo ordenado por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8o., fracción II, 127, párrafos cuatro y cinco, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, número 286, del Estado Libre y Soberano de Guerrero, donde se establece el derecho de las legislaturas de los estados de iniciativa de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión. A su vez que nos indican de manera clara que los acuerdos parlamentarios son aquellas resoluciones que por su naturaleza no requieren de sanción ni promulgación, siendo en este caso el ejercicio del derecho de iniciativa de decretos ante el Congreso de la Unión.

En ese entendido, se considera necesario hacer la adecuación de la iniciativa motivo de dictamen, adecuándola a un dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero envía al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud.

Esto, atento a que la reforma que se propone es a una ley de carácter federal, así como lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, que establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión dictar leyes sobre salubridad general de la república, con la intervención del Consejo de Salubridad General, el cual depende directamente del presidente de la República, sin la ingerencia de ninguna secretaría de Estado.

Que vertido lo anterior, en sesiones de fechas 15 de junio y 22 de septiembre del año en curso, el dictamen con proyecto de acuerdo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos de lo establecido en el articulo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el dictamen con proyecto de acuerdo, al no existir votos particulares en éste y no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos el dictamen con proyecto de acuerda presentado por la Comisión de Salud.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, número 286, este honorable Congreso de Guerrero, expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Artículo Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite al Congreso de la Unión la iniciativa por la que se adiciona una fracción IX, recorriéndose las actuales IX, X, XI, XII, XIII Y XIV, para ser X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 134 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 134. ...

Artículo 144. Las vacunaciones contra tosferina, difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión, cáncer cérvico-uterino, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, privilegiando a los sectores más vulnerables, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Transitorios

Primero. El presente de acuerdo parlamentario entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el periódico oficial del gobierno del estado, así como en dos diarios de circulación estatal, para el conocimiento general y efectos legales procedentes.

Tercero. Remítase el acuerdo parlamentario acompañado de la iniciativa al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «LIX Legislatura del Congreso de San Luis Potosí.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente

En sesión ordinaria de esta fecha se aprobó, por unanimidad de votos del pleno, punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el que de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Constitución local tiene carácter de iniciativa al ser una resolución de esta LIX Legislatura, razón por la cual, con la facultad que el artículo 71, fracción III, de la Constitución federal concede a las legislaturas de los estados, se propone modificar el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal Federal para quedar en los términos que dispone el instrumento parlamentario aludido, que se adjunta en copia certificada para los efectos legales conducentes y mejor proveer.

Por la Directiva del honorable Congreso del estado

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Secretarios del Congreso de San Luis Potosí.--- Presentes.

Los diputados Bernardina Lara Argüelles, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Manuel Lozano Nieto, Jesús Ramírez Stabros, José Luis Montaño Chávez, José Luis Martínez Meléndez, Jesús Soni Bulos, Everardo Nava Gómez y Óscar Bautista Villegas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y miembros de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí; 61, 72, 73 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de San Luis Potosí, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea legislativa punto de acuerdo, con solicitud de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal Federal a fin de que las entidades federativas y los municipios del país puedan recibir mayores recursos por la vía de las participaciones federales del ramo 28 del Presupuesto de Egresos a partir del ejercicio fiscal de 2010 al tenor de los siguientes

Antecedentes

Las participaciones federales provenientes del ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación representan una herramienta importante de tipo económico, político y social, a través de la cual se apoya financieramente a los gobiernos de los estados y municipios del país. Tales recursos son distribuidos entre las entidades federativas conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación; asimismo, en dicho ordenamiento se establecen los montos mínimos que los estados deben entregar a sus municipios.

En este sentido, es preciso mencionar que la Ley de Coordinación Fiscal Federal menciona que los estados deben destinar ``cuando menos'' 20 por ciento de cada uno de los fondos participables, con excepción del Fondo de Fomento Municipal, en cuyo caso corresponde 100 por ciento al orden de los ayuntamientos. Por lo que las leyes estatales de coordinación fiscal que establecen porcentajes superiores reflejan el interés de los gobiernos y las legislaturas locales por fortalecer financieramente a sus municipios para que éstos puedan dar una mejor respuesta a las demandas socioeconómicas que les competen.

Justificación

En el contexto nacional se registran ya 10 entidades federativas que otorgan un porcentaje de participaciones superior al que establece la citada Ley de Coordinación Fiscal, lo cual es relevante, dado que, con estas acciones, estos estados muestran una fuerte vocación federalista, así como el interés por fortalecer financieramente sus municipios a costa de una reducción de sus propios recursos.

La coordinación fiscal y la redistribución de los recursos entre los tres órdenes de gobierno es un tema que ha estado en la mesa de las discusiones en las últimas dos décadas, siendo motivo de la primera convención nacional hacendaria en febrero de 2005 y del Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo, aprobado el 26 de septiembre de 2008, en el seno de la Confederación Nacional de Gobernadores, en Álamos, Sonora; sin que hasta el momento podamos registrar resultados tangibles.

El escenario económico y los tiempos actuales no nos permiten esperar a conformar una agenda federalista para que mediante cambios constitucionales, políticos e institucionales se fortalezca a los tres órdenes de gobierno a través de la redistribución de las competencias y recursos, y la redefinición del papel de los estados y los municipios como actores fundamentales en la construcción de dicha agenda, ya que, de no hacerlo, estaríamos condenando a dichos ordenes de gobierno al más mínimo desempeño institucional en el próximo ejercicio fiscal.

En este sentido, ante la coyuntura económica que atravesamos, se ha visto repercutido en una significativa disminución de las participaciones federales a los estados y municipios, estimada en una caída de 21 por ciento; la más severa en los últimos 30 años, a decir del secretario de Hacienda y Crédito Público.

Conclusión

Se requieren tomar acciones inmediatas para oxigenar las haciendas públicas de los estados y municipios.

Los representantes populares tenemos el compromiso moral de convocar a la federación para que al igual que ya lo han hecho diez entidades federativas con sus municipios, este orden de gobierno con vocación y sensibilidad federalista incremente el actual porcentaje de participaciones establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal para los estados y los municipios; ante el escaso margen de maniobra que con esta decisión federalista le queda ya al orden de gobierno estatal.

En razón de las consideraciones aquí expuestas, nos permitimos proponer a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal Federal a fin de que las entidades federativas y los municipios del país puedan recibir mayores recursos por la vía de las participaciones federales del ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del ejercicio fiscal de 2010. Para tal efecto se propone reformar y adicionar el primero, tercero y último párrafos del artículo 2o. de la citada ley, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 30 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

Del importe que se obtenga por este fondo, corresponderá cuando menos el 30 por ciento a los municipios de la entidad que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

...

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100 por ciento de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 30 por ciento a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo .--- Estado Libre y Soberano de Veracruz -Llave.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable LXI Legislatura del Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó presentar iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Anexamos, para los efectos procedentes, un ejemplar de la resolución correspondiente que contiene la mencionada iniciativa.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz -Llave.

La LXI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local; 18, fracción III, y 47, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide la siguiente:

Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Preséntese ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presente iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

La LXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local; y 47, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, somete a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El ser humano tiene, entre sus potestades inalienables, el derecho a la vida, reconocido universalmente como base de todo orden jurídico en razón del valor inapreciable que representa la existencia, cuyo disfrute verdadero está condicionado por el ejercicio pleno de otros valores como la libertad, la igualdad y la seguridad de su persona.

La historia universal es un muestrario de las luchas de los pueblos del mundo por la defensa de esos derechos. Ante las tiranías de todas las épocas y latitudes, el sacrificio de hombres y mujeres, guiados por caudillos de memoria ilustre, ha logrado consagrar el respeto a los derechos esenciales de todo individuo.

Desde el siglo XVIII, el movimiento de independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa enarbolaron prerrogativas fundamentales que todo Estado debe tutelar. Esas ideas se propagaron con tal vigor que en torno a ellas, durante el siglo XIX, se sucedieron las luchas libertarias de los países iberoamericanos contra el colonialismo europeo.

Los estados modernos han incorporado en sus constituciones el reconocimiento a esos derechos que, después de la Segunda Guerra Mundial y por las atrocidades que en ésta se cometieron, fueron recogidos en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 3 establece: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad de su persona.

En momentos como los actuales, cuando en todo el mundo se registran, con elevado número de víctimas, sucesos violentos que sólo muestran un menosprecio absoluto por la vida, se hace imperativo reflexionar sobre la manera de hacer efectivo ese derecho a la existencia que posee todo ser humano.

Nuestro país, por desgracia, no es ajeno a esa ola de violencia que flagela a tantos pueblos y ello motiva en primer término la propuesta que elevamos a ese honorable Congreso, ante el que también expresamos nuestra preocupación al advertir que nuestro orden jurídico, desde el rango constitucional es omiso en garantizar el derecho a la vida no sólo de individuos, sino también de quienes existen aun antes de que la ley los reconozca como personas.

Es preciso, desde nuestro punto de vista y con plena conciencia de lo que ésta afirmación motivará en el debate público, que la Carta Magna incorpore, en su artículo 1o. la protección del derecho de los individuos a la vida desde el momento en que son concebidos y hasta su muerte natural.

La protección del orden jurídico sobre el derecho a la vida debe corresponder a la magnitud del valor que ésta representa. Si ese valor es inapreciable porque no tiene límite, tampoco debe tenerlo la salvaguarda de ese derecho de los seres humanos.

Por otra parte, debe reconocerse la honda raigambre cultural del problema cuya solución buscan otras propuestas de reformas jurídicas incluso aprobadas en otras entidades, por lo que estimamos que, para complementar la incorporación al texto constitucional del derecho a la vida, debe garantizarse igualmente, en el artículo 4o. de la ley fundamental, la impartición de una educación sexual que permita de verdad a los gobernados el ejercicio de su derecho a decidir ``de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos''.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. y reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo con el de corrimiento de los actuales párrafos segundo y tercero que serán tercero y cuarto, al artículo 1o. y se reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

El derecho a la vida será garantizado por el Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La ley establecerá los casos de excepción.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Al efecto, el Estado garantizará una adecuada educación sexual.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado, y remítase a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos procedentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programa y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Quien suscribe, senador Alfonso Sánchez Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado en las siguientes

Consideraciones

En la región sur-sureste de México vive el 28 por ciento de la población del país y está conformada por las entidades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, región que observa los peores índices de desarrollo respecto a otras regiones como las del centro y norte del país en cuanto a nivel educativo, pobreza, infraestructura, desarrollo humano, salud y otros indicadores reconocidos oficialmente.

Contrastante es el hecho de que ahí se ubican importantes recursos naturales como el agua, hidrocarburos, ríos, bosques y selvas; vastas tierras aptas para la agricultura, ganadería y otras actividades productivas, lo cual resulta insultante ante las condiciones de pobreza y marginación en que vive la mayoría de los 30 millones de habitantes de la región.

Tales condiciones continúan a pesar de los esfuerzos de los distintos ámbitos de gobierno por abatir el rezago en la región; prevalecen altos índices de pobreza y una producción agrícola con carácter de subsistencia.

Un esfuerzo de vanguardia para atender al sur-sureste es el emprendido por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que el 22 de octubre de 2004 creó la Comisión para el De-sarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, con los objetivos de atender la situación migratoria en la frontera sur, implementar el programa México Seguro y analizar propuestas para definir programas estratégicos de desarrollo sustentable en la región.

Y como tal, la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México encuentra su origen en la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, que se basa en la representación nacional de los diputados que la integraron, la vinculación de muchos de ellos con los problemas regionales y estatales de la región sur-sureste y con las atribuciones otorgadas por la Constitución determinó crear dicho órgano legislativo.

Su objetivo principal fue, según punto de acuerdo fechado el 8 de septiembre de 2004:

Su existencia se extinguió al término de la legislatura que le dio origen, al ser creada con el carácter de comisión especial regulada por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el 18 de diciembre de 2006, crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México con el objeto de dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de esa zona del país.

En esa Legislatura, la Comisión Especial estrechó lazos de trabajo con la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República y realizaron, entre otras tareas, la gestión de recursos y programas etiquetados para la región sur-sureste, lográndose grandes avances, como destinar exclusivamente para ese propósito 5 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009.

Por su parte, la Comisión de Desarrollo Regional impulsó el Fondo Regional, y junto con la comisión especial de la Cámara de Diputados apoyaron la iniciativa del diputado Carlos Rojas Gutiérrez, y mediante el Programa del Sur en beneficio de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se logró sumar 10 mil millones de pesos del PEF 2009, a favor de la región sur-sureste.

El éxito de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República y la Comisión Especial sur-sureste de México despertó el interés de otras entidades como Tlaxcala, que solicitó su inclusión en la región sur-sureste con objeto de ser atendidas las condiciones de marginación y pobreza que ahí prevalecen, desde el Congreso y su Comisión Especial sur-sureste.

La Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México de la LX Legislatura cumplió cabalmente su papel; sin embargo, la Legislatura que la creó también marco su extinción como le sucedió a su antecesora.

Hoy la región sur-sureste al igual que todo el país, enfrenta nuevos retos, como el de la crisis económica, y reclama renovar los esfuerzos de impulso y seguimiento a programas y proyectos de desarrollo regional en el sur-sureste de México, con apoyo y gestión desde el propio Legislativo en la dinámica de apoyar programas emergentes y otros de mediano y largo plazos, constituyendo un imperativo de la Cámara de Diputados instaurar de nuevo la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

Los senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión debemos interesarnos en incentivar la coordinación y cooperación para el desarrollo que permita disminuir el rezago económico, las injusticias sociales y el desequilibrio regional del Sur-Sureste de México.

El Senado de la República no debe estar ajeno a los retos coyunturales, menos a los de mediano y largo plazo que desde el ámbito de sus responsabilidades debe velar en favor del desarrollo del la región sur-sureste de México, ya que está consciente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículos 25, prevé la planeación democrática y ordena al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

El Senado de la República es garante del artículo 26 de la misma Constitución, que dispone que el Estado organice un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Por ello, el Senado tiene la capacidad y el marco constitucional a su favor para exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso C, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

Por lo fundado y expuesto, se somete a consideración del honorable Pleno del Senado de la República, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a acordar la creación de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa en relación con la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

La Presidencia acordó remitir la documentación, la cual se anexa, a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXI Legislatura.--- Presente.

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la república de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente solicito se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que presenten dictamen relativo a la minuta que contiene proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2005 por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Moisés Jiménez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. En esta misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2. La iniciativa fue dictaminada y sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 26 de abril de 2006, aprobándose por la colegisladora con 224 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones.

3. En la fecha señalada en el numeral anterior, la colegisladora envió al Senado de la República el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose ésta el 27 de abril de 2006 a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Primera.

4. Posteriormente, una vez constituidas estas comisiones legislativas en la LX Legislatura, dieron inicio al proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

5. Con fecha 7 de octubre de 2008, la Mesa Directiva del Senado de la República aprobó la participación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el análisis del dictamen, únicamente para emitir opinión.

6. Con fecha 9 de octubre del presente año, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron el dictamen por virtud del cual se crea la agencia espacial mexicana.

7. En sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2008, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 85 votos a favor, el dictamen que contiene el proyecto de decreto por el cual se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

8. En la fecha señalada en el numeral anterior, el Senado de la República envió a la colegisladora el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose ésta a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

9. El 26 de febrero de 2009, en sesión ordinaria del Senado de la República, el que suscribe, junto con los senadores Jesús Murillo Karam, Beatriz Zavala Peniche y Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentaron una excitativa en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Consideraciones

Primera. El acelerado desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial obliga a nuestro país a dedicarle un lugar prioritario a la educación e investigación, impulsando y apoyando específicamente la ciencia y la tecnología como condición indispensable para garantizar la viabilidad futura de nuestro país como una nación desarrollada, libre y soberana.

Segunda. Los indicadores a nivel mundial comprueban que la inversión de recursos en ciencia y tecnología es un detonador económico, que no sólo estimula el crecimiento, sino además la productividad, la competitividad y el ingreso per cápita, lo cual redunda en creación de empleos de alto valor agregado y, por ende, en mayor bienestar para la sociedad.

Tercera. La creación de una agencia espacial mexicana que cuente con el aval del gobierno mexicano permitirá al país integrarse a la comunidad espacial internacional, con lo que se daría un paso adelante en crear las condiciones para contar, en un corto plazo, con tecnologías a las que, en otras condiciones, sólo podría tenerse acceso en el largo plazo. Del mismo modo, el funcionamiento de esta institución trae aparejado al país beneficios en los sectores educativo, económico, social, industrial y ambiental, por otra parte su creación impulsará e incrementará las capacidades nacionales en materia científica y tecnológica.

Cuarta. El rezago social y la pobreza en nuestro país deben atacarse con medidas que permitan avanzar en la creación de proyectos que estimulen las inversiones, el empleo y, por tanto, la generación de riqueza, una agencia espacial en México no sólo permitirá el desarrollo de oportunidades para el valioso capital humano con el que contamos, sino también permitirá desarrollar proyectos que tendrán un impacto positivo en el desarrollo económico y social de las regiones donde se realizarán. Hay países como Perú, Paraguay, Nigeria, Turquía, Brasil, Argentina, que ya cuentan con una agencia de este tipo y que los coloca en la posibilidad de realizar proyectos conjuntos con las grandes agencias espaciales del mundo desarrollado.

Quinta. Económicamente, de acuerdo a un estudio de NASA, por cada dólar invertido en proyectos espaciales se obtienen siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas. Por su parte en China se ha comprobado que por cada dólar que se invierte en el terreno espacial trae a la economía beneficios de impulso por un monto de 8 a14 dólares. Más de mil 800 tecnologías espaciales han sido aplicadas en diferentes ramas de la economía nacional y el 80 por ciento de los más de mil 100 nuevos materiales desarrollados dominados en los últimos años fueron logrados bajo el impulso de la tecnología espacial.

Sexta. Gastamos más de 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) en dependencia tecnológica y alrededor de 1 por ciento del PIB en dependencia en el área espacial, por lo que nos hemos convertido en consumidores de tecnología en vez de desarrolladores.

Séptima. Más que nunca y en el marco de la crisis económica mundial, es necesario emprender acciones que fomenten las actividades científicas y tecnológicas en el país. La inversión económica para la creación de la agencia espacial mexicana es mínima en contraste con los resultados y beneficios que su puesta en marcha traerá, por lo que se requieren de pocos recursos para un máximo desarrollo.

Es por eso que su aprobación es urgente para revertir la caída en la competitividad mundial y la dependencia tecnológica a la que México ha estado sujeto.

Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que me confiere la ley, me permito solicitarle, ciudadano presidente, la propuesta de la siguiente

Excitativa

Única. Se turne la presente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que presenten, a la mayor brevedad, el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, aprobada por el Senado de la República el 4 de noviembre de 2008 y, en caso de que las comisiones no presenten el dictamen respectivo durante el presente periodo ordinario, se proponga un cambio de turno a otra comisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud.

La Presidencia acordó remitir la documentación, que se anexa, a la Cámara de Diputados.

«Excitativa a la Cámara de Diputados, a solicitud del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El suscrito, Ramiro Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, numeral 2, 66, numeral 1, inciso c), y 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General que se formule excitativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que presente el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, para los efectos del artículo 72 constitucional, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de febrero de 2007, el senador Ramiro Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, para que las recetas médicas que se expidan contengan de manera obligatoria la denominación genérica del producto que se prescribe.

2. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, para el análisis y dictamen correspondientes.

3. Con fecha 4 de diciembre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, que fue turnado el mismo día a la Cámara de Diputados. La colegisladora determinó turnar la minuta a la Comisión de Salud para los efectos correspondientes.

Consideraciones

Primera. La iniciativa tiene la finalidad de que las recetas médicas que se expidan contengan de manera obligatoria la denominación genérica del producto que se prescribe. Esto es de gran relevancia social porque de esa manera se reduce la cantidad destinada del presupuesto familiar para la adquisición de medicamentos.

Segunda. Desde 1997 se puso en marcha el Programa Nacional de Genéricos Intercambiables, y entraron en el mercado farmacéutico mexicano, pero a precios menores que los innovadores y los genéricos de marca. No obstante, hay un vacío en la Ley General de Salud porque no regula que se señale la denominación genérica en la receta médica, dejándolo sólo en el Reglamento de Insumos para la Salud.

Tercera. Con esta disposición se permitirá adecuar el marco regulatorio en la materia, mediante el cual el consumidor determina la marca por adquirir de las opciones que le son ofrecidas por el responsable de las farmacias, previa receta hecha por un médico facultado para su expedición.

Cuarta. Aunado a lo anterior, con la permisión del acceso a la población a opciones menos costosas para el tratamiento de enfermedades se generará mayor calidad de vida, particularmente en los estratos de la sociedad de menores ingresos que, al día de hoy, prefieren no adquirir medicamentos a precios más altos que los genéricos a que podrían tener acceso. Asimismo, se pretende homologar los criterios de prescripción de la práctica, pública, social y privada, al privilegiarse tanto la denominación genérica del medicamento y la marca distintiva.

Quinta. En ningún momento se pretende limitar el derecho que tienen los médicos a prescribir, toda vez que se establece la posibilidad de que, de forma conjunta al genérico recetado, se incluya la marca distintiva del medicamento que acostumbre recetar.

Sexta. La Ley General de Salud menciona en el artículo 225 que los medicamentos para su uso y comercialización serán identificados por su denominación genérica y distintiva, subrayando que la identificación genérica es obligatoria. Debe entenderse que si bien es para su uso y comercialización, no lo es la prescripción de los medicamentos recetados, el cual es el objetivo de la presente iniciativa.

Por lo expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el senador abajo firmante, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, se permite solicitarle, ciudadano presidente, la propuesta de la siguiente

Excitativa

Única. Que se turne la presente a la Cámara de Diputados a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a presentar con la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, y en caso de que la comisión no presente dicho dictamen, se proponga un cambio de turno a otra comisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Juventud.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Iniciativa que expide la Ley General de la Juventud, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Francisco Ramos Montaño integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto de Ley General de las y los Jóvenes.

Exposición de Motivos

En México debemos considerar a los jóvenes como la mejor apuesta para enfrentar los nuevos retos nacionales y poder consolidar con su talento, ánimo y empeño la construcción de un mejor futuro para el país.

Ante los nuevos escenarios nacionales y globales, marcados por los cambios y trasformaciones propias de la dinámica de la historia, es necesario atender en el país, desde los diferentes niveles de representación y ámbitos de competencia del Estado, el desarrollo integral de los jóvenes, conscientes de que las decisiones que tomen en esta etapa de su vida, serán las bases para la construcción de su futuro, y en corto plazo trazar el nuevo rumbo de nuestra Nación.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), señalan que en el país hay más de 20 millones de jóvenes, lo que sin duda representa social, política y económicamente grandes retos para priorizar y satisfacer sus necesidades elementales para su formación y desarrollo.

Sin duda, los desafíos para enfrentar la problemática de las y los jóvenes, implica también la oportunidad de establecer propuestas coherentes y viables que signifiquen y representen soluciones.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como el centro nacional de las expresiones, las ideas, los debates, las propuestas y la promoción de leyes para la transformación de la realidad nacional, asume el compromiso de legislar a favor de la juventud mexicana como respuesta a salvaguardar sus intereses y demandas presentes y futuras, así como el impulso de políticas públicas orientadas para atender sus peticiones de educación, científicas, tecnológicas, artísticas, recreativas, de salud, seguridad social, vivienda, empleo, capacitación, y respeto.

El Poder Legislativo, representa un puente permanente de comunicación y de diálogo con los jóvenes. Es un interlocutor plural con los demás Poderes e instituciones del Estado para propiciar y fortalecer la intervención y participación de los jóvenes en los asuntos y temas medulares de la vida nacional, social, económica y política.

En febrero de 1972, se reforma la fracción segunda del artículo 55 constitucional, reduciendo la edad de 25 a 21 años de edad para que los jóvenes puedan ser, de acuerdo a los procedimientos democráticos y electorales votados a ocupar cargos de representación nacional.

Es cierto, aun existen asignaturas pendientes que atiendan la problemática de la juventud, por ello, las voces, las diferentes formas de pensar, las inquietudes, las expresiones, las ideologías de los jóvenes deben ser escuchadas sin afanes protagónicos; deben atenderse con el ánimo y el espíritu constructivo para avanzar hacia una mayor equidad e igualad de oportunidades, eliminando las asimetrías de nuestro entorno social, cultural, económico y político.

La legislación, como la implementación de programas y políticas públicas gubernamentales, deben ser los ejes y soportes para promover y generar el desarrollo y crecimiento de los jóvenes, quienes sin duda alguna, serán ellos los que el día de mañana contribuirán en el fortalecimiento de una mejor y más grande Nación.

Reconocemos que los jóvenes se encuentran involucrados en una gama de cambios nacionales y globales, que tienen que ver con las tendencias sociodemográficas, la familia, la pobreza, la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente, el consumo, por lo que se hace necesario garantizar la plenitud de sus derechos.

El tema de los jóvenes con sus diversas problemáticas ha ganado la atención de muchas naciones en el mundo, y en consecuencia de las organizaciones internacionales, reconociendo que la juventud ha sido un valioso capital humano en la preservación de la paz mundial, ha sido un engranaje fundamental en los procesos de desarrollo social, económico y político en todas las naciones. Ante este reconocimiento, 1985 fue declarado por la ONU como el ``Año Internacional de la Juventud''.

Cifras del Consejo Nacional de Población, revelan que los jóvenes en México de entre 15 y 29 años representan el 27.3% de la población total, lo que significa el 29.1 millones de personas, y de este universo, aproximadamente 15 millones son jóvenes que viven en condiciones de pobreza.

El promedio de escolaridad de este sector es apenas de 9 años, lo que quiere decir que solo cuentan con la educación primaria y secundaria. Comparativamente la brecha es mayor entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ya que se estima que en estas zonas los jóvenes de entre 15 y 19 años en desventaja de recursos económicos solo asisten el 40% a las escuelas, además de estimar que cada año más de 200 mil jóvenes emigran del país en la búsqueda de cambiar y mejorar su condición de vida.

La inestabilidad y la baja percepción de los ingresos en muchos hogares, han obligado a que cada vez más los jóvenes contribuyan en el sustento de la familia a través de la informalidad de los trabajos, con jornadas de más de 8 horas, sin contrato y sin la prestación de servicios de seguridad social y de salud.

El Banco Mundial, indica que en México cada año los más de 900 mil jóvenes que pretenden incorporase al mercado laboral, se enfrentan a un escenario adverso, que obedece entre otros factores por la actual crisis económica que ha afectado más a nuestro país en comparación con otras naciones en desarrollo, y por la falta de una política de Estado diseñada específicamente para el crecimiento integral y sustentable de los jóvenes.

Es el momento de generar para los jóvenes las nuevas condiciones que les permitan centrar sus expectativas en mejores oportunidades de calidad vida, combatiendo las desi-gualdades y la vulnerabilidad en la que miles de jóvenes se encuentran ante factores adversos que tienen que ver con la pobreza, la marginación, la discapacidad, la apatía, el abandono y la falta sensibilidad social.

Como resultado de esta realidad que enfrentan las y los jóvenes en México, la presente iniciativa, tiene como propósito ser un instrumento normativo que impulse el desarrollo integral de los jóvenes en sus aspectos personal, social, cultural, educativo, económico y político, como sujetos de derecho y su incorporación y participación en las políticas públicas de participación libre, solidaria y eficaz en el alcance del desarrollo nacional.

El Título Primero, hace referencia:

El Título Segundo, enmarca:

El Título Tercero, señala:

El Título Cuarto, establece:

El Título Quinto, relativo:

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa:

Con proyecto de decreto que crea la Ley General de la Juventud

Título Primero Capítulo I Disposiciones generales, del objeto y ámbito de aplicación

Artículo1. La presente ley es de orden público, interés social. Tiene por objeto el establecimiento de un marco normativo que impulse el desarrollo integral de los jóvenes, personal, familiar, ambiental, económico, social, educativo, político y cultural, como sujetos de derecho y su incorporación en las políticas públicas de participación libre, solidaria y eficaz en el desarrollo de la sociedad nacional e internacional.

Artículo 2. La aplicación de la presente ley será para todos los jóvenes nacidos en la República mexicana, aquellos que residan de forma temporal o definitiva en su territorio, como a los jóvenes que sean transeúntes en el mismo, en lo que les corresponda, y a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que lleven a cabo cualquier tipo de actividades o presten servicios que afecten directa o indirectamente a los jóvenes.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley:

Capítulo II Principios rectores

Artículo 4 . Los principios rectores de la presente ley son las siguientes:

Título Segundo Capítulo I Derecho a una vida digna, humana y con calidad

Artículo 5. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad y a la privacidad:

Artículo 6. De los derechos humanos que las y los jóvenes detentan y deben ser promovidos por el Estado:

Capítulo II Derecho a la educación

Artículo 7. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, garantizarán el derecho de acceder a la educación de calidad, a su permanencia y egreso y a la formación integral de las y los jóvenes que debe impulsar todos los derechos humanos, para participar plenamente en la vida social, ya que representa el modo más efectivo para el logro de una sociedad equitativa en la que los derechos de toda persona y de la sociedad en su conjunto sean valorados y respetados.

Artículo 8 . La educación de las y los jóvenes que tienen por derecho debe:

Artículo 9. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y las secretarías públicas de educación a sus cargos:

Artículo 10. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, impulsarán la vinculación entre la educación formal y la denominada no formal de las y los jóvenes, como la educación a distancia:

Artículo 11. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, las Secretarías de Educación Pública correspondientes deberán promover y facilitar tanto en dependencias públicas destinadas para el caso, en organizaciones no gubernamentales, como en los programas educativos, en la educación formal como no formal:

Artículo 12. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, las secretarías de educación pública correspondientes y las dependencias e instituciones públicas y privadas de esta materia, impulsarán la igualdad de oportunidades, los beneficios y servicios que ofrece el país, como la prevención y cualquier tipo de discriminación social, étnica y de alguna diversidad:

Artículo 13. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, garantizarán el derecho de la educación y reinserción social a las y los jóvenes privados de libertad, a través de medios eficientes y efectivos, ya que repercute en la reincidencia, como en las oportunidades de integración social y de empleo, después de su excarcelación.

Capítulo III Derecho al trabajo y capacitación

Artículo 14. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, deben garantizar a las y los jóvenes:

Artículo 15. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, deben velar por las condiciones en las que se realiza el trabajo, y proteger a las y los jóvenes trabajadores:

Artículo 16. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales, establecerán un Plan, políticas, programas y acciones concretas para el trabajo de las y los jóvenes:

Artículo17. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales elaborarán un plan de primer empleo:

Artículo 18. Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, dependencias públicas, instituciones de educación superior, empresas y organizaciones promoción y desarrollo social no gubernamentales impulsarán programas, orientación, asistencia técnica, económica y financiera, para desarrollar el autoempleo y las iniciativas emprendedoras, cooperativas y empresariales de las y los jóvenes:

Artículo 19. Para favorecer y promover la permanencia de las y los jóvenes agricultores, incluyendo a las comunidades indígenas como centros de población, y garantizar un futuro sólido del medio rural, los Gobiernos Federal y Estatales, deberán promover políticas y programas concretos en el desarrollo de la modernización del sector agrario, como contribuir al desarrollo rural sostenible:

Capítulo IV Derecho a la salud

Artículo 20. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales promoverán y garantizarán a las y los jóvenes el derecho a la información, orientación, acceso y protección de la salud integral. El derecho a la salud como un estado integral de las personas, conlleva una perspectiva social, porque se desarrolla desde la comunidad social produciendo sus efectos en hábitos, conductas y acciones conscientes, responsables y solidarias.

Artículo 21. Los gobiernos establecerán e impulsarán políticas integrales que concreten acciones y programas de salud, con la participación y en continua articulación con las Dependencias públicas y privadas, Organizaciones de promoción y desarrollo social no gubernamentales, en cuanto corresponda.

Artículo 22. Las jóvenes y los jóvenes deberán tener acceso a la información, orientación y formación para el ejercicio y disfrute del derecho de su sexualidad y reproducción de forma consciente, voluntaria, responsable y sin riesgo, decidiendo el número de hijos que planeen y quieran tener, ejerciendo su maternidad y paternidad con responsabilidad cívica y social.

Artículo 23. Se impulsarán acciones y programas que promuevan la información y formación de la salud y hábitos saludables, de forma que engloben todas las dimensiones del desarrollo y realidad biológica, psicológica y social de las y los jóvenes.

Artículo 24. Se establecerán las acciones y programas que lleven a cabo la prevención y protección de la salud integral de las y los jóvenes, la atención sanitaria respecto a necesidades y los problemas de salud que afecten a la población.

Artículo 25. Se realizarán acciones y programas de prevención y atención psicológica y social a los problemas de salud y rehabilitación en su caso, especialmente relacionados con el consumo y dependencia a las diferentes drogas y otras adicciones, a la enfermedades de transmisión sexual, al VIH-sida, a los trastornos alimentarios como el exceso de alimentación como son la anorexia, bulimia. el sobrepeso y la obesidad.

Artículo 26. Las y los jóvenes tienen derecho a la confidencialidad y al respeto por parte del personal de los servicios de salud, en particular, en relación a su salud sexual y reproductiva.

Capítulo V Derecho a una vivienda digna

Artículo 27. El Estado impulsará el derecho de las y los jóvenes a una vivienda digna y de calidad y promoverá políticas y programas efectivos que faciliten su acceso, en condiciones económicas favorables, por la compra, alquiler o construcción para su realización personal en la comunidad social.

Artículo 28. Se priorizarán en las políticas y programas favorables de crédito y apoyo para el acceso a una vivienda a las y los jóvenes las siguientes consideraciones:

Capítulo VI Derecho a un medio ambiente mejor

Artículo 29. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales promoverán y garantizarán el derecho de pretender y lograr un Medio Ambiente mejor para las y los jóvenes, para responder a sus aspiraciones y darles perspectivas de futuro, ya que protege el medio ambiente, lo repara y renueva, conservar sus recursos propios y naturales, los utiliza de forma sostenible, impulsa a tomar acciones adecuadas ante la producción que no es sostenible y su consumo correspondiente, reduciendo la pobreza, sociedades justas y pacíficas con participación social.

Artículo 30. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales y las Dependencias oficiales correspondientes, promoverán políticas, acciones y programas para consolidar modos de vida sostenibles, con la participación de las instituciones educativas, los sectores públicos y privados, y las Organizaciones que promueven el desarrollo, de manera que impulsen la toma de conciencia, la capacitación y la educación de las y los jóvenes para el lograr la responsabilidad y el uso sostenible de los recursos naturales y la solidaridad inter generacional.

Las políticas, acciones y programas que se adopten para las y los jóvenes, implementarán los siguientes objetivos:

Capítulo VII Derecho al consumo

Artículo 31. El Estado impulsará programas y campañas de sensibilización y formación de las y los jóvenes, para ejercer sus derechos como consumidores y usuarios de manera razonable, crítica, responsable y solidaria con la sociedad y medio ambiente.

Capítulo VIII Derecho a la cultura y su expresión

Artículo 32. Las y los jóvenes tienen derecho al acceso, participación, fomento y expresión de la vida cultural, a la libre creación y expresión de la de la vida artística; el ejercicio de este derecho se ubicará dentro de la normatividad vigente de los ciudadanos y en su formación integral.

Artículo 33. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales deben estimular e impulsar acciones y programas para el fomento, creación y expresión de la cultura de las y los jóvenes, para la promoción y apoyo a sus iniciativas culturales, para realizar acuerdos con instituciones públicas y entidades privadas para el desarrollo de actividades culturales, artísticas y científicas, para el desarrollo de programas juveniles de conocimiento, intercambio e integración cultural, del patrimonio de las comunidades indígenas, a nivel regional, nacional, de Latinoamérica e internacional.

Artículo 34. Se promoverán diferentes actividades:

Artículo 35. Los Gobiernos Federal, de los Estados y Municipios correspondientes, deberán garantizar, proteger y promover el derecho de las y los jóvenes de comunidades indígenas a su determinación y formas de convivencia, herencia y diversidad socio-cultural, siempre que no atenten contra las garantías individuales constitucionales y los valores humanos.

Capítulo IX Derecho a la información

Artículo 36. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales fomentarán el acceso de las y los jóvenes a la tecnología de la información y comunicación, aportando y promoviendo el desarrollo de la disponibilidad de los recursos tecnológicos, impulsando, así, el derecho a la información para un mejor conocimiento, aprendizaje y como instrumento de igualdad de oportunidades.

Artículo 37. Se impulsarán políticas, acciones y programas que propicien el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación de las y los jóvenes:

Artículo 38. Se establecerán redes de información, como sistema integrado, para ofrecer a las y los jóvenes los elementos de información requeridos para el desarrollo integral de sus personas, para la toma de decisiones, para el fomento de la participación activa en los medios de comunicación y en los diferentes ámbitos de la sociedad, con sede en los institutos estatales de la juventud, fomentando así centros de información, orientación y asesoramiento.

Capítulo X Derecho al deporte

Artículo 39. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales fomentarán el derecho al deporte de las y los jóvenes, en igualdad de oportunidades, así como la creación de espacios deportivos y construcción de polideportivos, espacios públicos.

Artículo 40. Se establecerán políticas y programas para el impulso y desarrollo del deporte entre la juventud, con la participación del Instituto nacional de la Juventud, de las dependencias públicas, Instituciones públicas y privadas, organizaciones juveniles, propiciando las siguientes, entre otras:

Capítulo XI Derecho a la recreación, turismo y tiempo libre

Artículo 41. Las y los jóvenes tienen derecho a la diversión y disfrute de actividades de esparcimiento que dediquen en su tiempo libre, a viajar y realizar turismo a nivel regional, nacional e internacional, a gozar de espacios para la recreación y promover intercambios culturales, lúdicos, vivenciales o educativos, con el fin de descanso, de conocimiento de otras personas y de la diversidad de culturas, de obtener una relación solidaria, de intercambio y convivencia.

Artículo 42. Los gobiernos deben de promover y facilitar acciones y programas para que las y los jóvenes puedan tener acceso a espacios, prácticas y diversas formas de recreación, de aprovechamiento productivo del tiempo libre para su formación personal y desarrollo de su personalidad y socialización:

Artículo 43. Los diferentes gobiernos promoverán políticas y programas para la realización del turismo joven y turismo alternativo, como las actividades náuticas, cicloturismo, escalada, supervivencia, observación de flora y fauna, entre otras, que puedan promoverse por dependencias oficiales o licitarse a empresas a precios preferenciales, adoptar medidas que faciliten el tránsito de las y los jóvenes entre diferentes países, especialmente de la región, como medio de enriquecimiento cultural y humano.

Capítulo XII Derecho al desarrollo y a la participación activa

Artículo 44. Las y los jóvenes tienen derecho al proceso de desarrollo del país en sus diferentes ámbitos, cívico, social, económico, político y cultural y a tener una vinculación y participación activa en el mismo.

Artículo 45. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales garantizarán y promoverán la participación plena de las y los jóvenes, en los diferentes ámbitos del desarrollo a través de sus planes, programas, proyectos y gestión correspondiente; así, establecerán estrategias, medios e instrumentos para la promoción de la participación activa.

Artículo 46. Se fomentará y asegurará la participación de las y los jóvenes tanto en la discusión para la elaboración de planes, proyectos y programas de desarrollo, como en su diseño, en su aplicación e implementación y en evaluación que contribuyan a su progreso integral, y a su integración con las acciones nacionales, estatales y locales.

Artículo 47. Los gobiernos deberán promover con los diferentes sectores sociales la representación de las y los jóvenes en los diferentes órganos o instancias de participación, ejercicio y gestión pública de los asuntos que tengan que ver con el desarrollo y promoción de la juventud.

Artículo 48. Se establecerán acciones y programas de promoción del liderazgo de las y los jóvenes, seleccionando a los que posean mejores cualidades, capacidades y aptitudes, para capacitarles y formarles en los diferentes ámbitos sociales de desarrollo, sin perjuicio, marginación o eliminación de la igualdad de oportunidades para los demás jóvenes.

Artículo 49. El Estado promoverá políticas y programas con asociaciones, organismos, asociaciones e instituciones internacionales, promoviendo iniciativas de participación, intercambio y cooperación científica, tecnológica, intercultural, social, histórica y artística y cualquier otra iniciativa que aproxime los talentos, las sensibilidades e intereses de las y los jóvenes; atenderá de manera propia a los discapacitados en este objeto.

Capítulo XIII Derecho a la formación de organizaciones, asociaciones, cooperativas y al voluntariado juvenil

Artículo 50. Los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales, como las Instituciones y actores sociales promoverán y apoyarán el derecho de las y los jóvenes a formar organizaciones, asociaciones, cooperativas de diferente y consejos juveniles, gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas, con el fin de facilitar su participación en la sociedad, generadas por sus aspiraciones, propuestas y proyectos colectivos en beneficio de la comunidad social y de ellos mismos.

Artículo 51. Se establecerán políticas y programas para impulsar y fortalecer las organizaciones, asociaciones y cooperativas de las y los jóvenes democráticas, comprometidas en la participación y con conciencia de responsabilidad social, fomentando entre otras, las siguientes:

Artículo 52. Las y los jóvenes tienen el derecho de constituir el voluntariado juvenil, es decir, el aporte voluntario, no remunerado, de distintas formas y modos de participación activa, servicio, solidaridad y compromiso de las y los jóvenes voluntarios, de las organizaciones, asociaciones no gubernamentales juveniles en distintas iniciativas para el desarrollo, solución de problemas y desastres sociales y una mayor calidad de vida social.

Artículo 53. Para la organización y fomento del voluntariado juvenil, los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales se establecerán políticas, programas y acciones por una sociedad solidaria, justa e igualitaria, entre otras:

Título Tercero Capítulo Único Deber del respeto y cumplimiento de la Constitución y del marco jurídico

Artículo 54. Son deberes de las y los jóvenes que habitan en el territorio nacional:

Título Cuarto Capítulo I Sistema Nacional de la Juventud y Consejos de la Juventud

Artículo 55. El Sistema Nacional de Juventud es el conjunto de institutos, organizaciones, asociaciones, cooperativas, consejos nacionales, estatales y municipales de la juventud con el objeto de impulsar la participación activa en la sociedad y organizada, promoviendo el desarrollo de las inquietudes y valores culturales, artísticos, cívicos, solidarios o interculturales de las y los jóvenes.

Artículo 56. El Instituto Mexicano de la Juventud con participación del Consejo Nacional de la Juventud formularán las directrices para la integración del Sistema Nacional de la Juventud en los términos de la presente ley, entre las que incluirá:

Artículo 57. El Sistema de Registro de Organizaciones será configurado con su reglamento interno por el Instituto Mexicano de la Juventud, en los correspondientes ámbitos a nivel nacional, estatal y municipal, donde las organizaciones juveniles, agrupadas por diversos motivos, de oficio, profesión o gremio, académicas, cívicas, de voluntariado, culturales, artísticas, deportivas, sociales, políticas o ideológicas, serán reconocidas e identificadas.

Artículo 58. El Sistema Nacional de Participación de la Juventud:

Artículo 59. Se constituirá el fondo de iniciativas juveniles, con la participación de instituciones y organismos nacionales e internacionales, priorizando y determinando las iniciativas de proyectos respecto a las necesidades y urgencias de la sociedad, como forma de financiación de las propuestas del sistema de participación de la juventud.

Capítulo II Consejo Nacional de la Juventud

Artículo 60. Se constituye el Consejo Nacional de la Juventud, órgano colegiado y consultivo, con personalidad jurídica, autónomo, representativo de la sociedad civil, que tiene como finalidad promover las iniciativas para asegurar la participación activa en los aspectos y decisiones que les conciernen y la representación organizada de las y los jóvenes ante el Instituto Mexicano de la Juventud y el Sistema Nacional de la Juventud.

Artículo 61. El Consejo Nacional de la Juventud:

Artículo 62. El Consejo Nacional de la Juventud representará a todas las organizaciones y asociaciones juveniles como interlocutor ante el Instituto Mexicano de la Juventud y ante cualquier organismo o instituto público o privado, nacional o internacional y podrá participar en aquellas comisiones que traten asuntos de las y los jóvenes y se les permita.

Artículo 63. Atribuciones del Consejo Nacional de la Juventud:

Capítulo III Consejos Estatales de la Juventud

Artículo 64. Los Consejos Estatales de la Juventud, son órganos colegiados dependientes del Consejo Nacional de la Juventud y consultivos de los institutos estatales de la juventud y que, con personalidad jurídica, representativo de la sociedad civil, que tiene como finalidad promover las iniciativas para asegurar la participación activa en los aspectos y decisiones que les conciernen y la representación organizada de las y los jóvenes de cada Estado.

Artículo 65. Los Consejos Estatales de la Juventud:

Artículo 66. El Consejo Estatal de la Juventud representará a las organizaciones y asociaciones juveniles del propio Estado como interlocutor ante el Consejo Nacional de la Juventud y ante cualquier organismo o instituto público o privado del Estado y podrá participar en aquellas comisiones que traten asuntos de las y los jóvenes y se les permita.

Artículo 67. Atribuciones del Consejo Estatal de la Juventud:

Capítulo IV Consejos Municipales de la Juventud

Artículo 68. Los Consejos Municipales de la Juventud, son órganos dependientes de los consejos estatales de la juventud y consultivos de los institutos estatales de la juventud y que tiene como finalidad promover las iniciativas para asegurar la participación activa en los aspectos y decisiones que les conciernen y la representación organizada de las y los jóvenes de cada Municipio.

Artículo 69. Los Consejos Municipales de la Juventud:

Artículo 70. El Consejo Municipal de la Juventud representará a las organizaciones y asociaciones juveniles del propio Municipio y podrá participar en aquellas comisiones que traten asuntos de las y los jóvenes y se les permita.

Artículo 71. Atribuciones del Consejo Municipal de la Juventud:

Título V Capítulo Único Responsabilidades y sanciones

Artículo 72. Es responsabilidad de las Instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil cumplir, promover y garantizar los derechos y formas de participación organizada promovidos por la presente Ley. El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la misma se sancionará conforme a los códigos penales federales, de los estados y de las demás leyes aplicables en los diferentes niveles.

Artículo 73. La violación de la presente Ley por parte de las autoridades y servidores públicos responsables de su aplicación se sancionarán conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes a los servidores públicos de las los estados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de la Juventud deberá quedar integrado en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la publicación de la presente Ley.

Tercero. Una vez integrado el Consejo Nacional de la Juventud, se tomarán las medidas para que en un plazo no mayor a 90 días, se formen los Consejos Estatales de la Juventud, y después de un plazo máximo de 90 días, se constituirán los Consejos Municipales de la Juventud.

Cuarto. El Instituto Mexicano de la Juventud y los Institutos Estatales de la Juventud correspondientemente, adecuarán sus atribuciones, organización y funcionamiento conforme a las disposiciones de la presente Ley.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente, con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como lo marca el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución de esta Cámara de Diputados analizar, revisar y, en su caso, desechar o aprobar las iniciativas que por derecho constitucional presentan el presidente de la República, las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.

La Cámara de Diputados distribuye su trabajo en comisiones, las cuales se definen como órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. En estas comisiones es donde se construyen las políticas públicas del país; en su interior es donde se discuten, negocian y analizan las propuestas de reformas, que después se llevarán al pleno para su votación definitiva.

La gran demanda de trabajo del Legislativo que se da dentro y fuera de las comisiones obliga a que los tiempos que se dedican para el desahogo de estos compromisos sean muy cortos, por lo que creo que es de suma importancia aprovechar al máximo cada día de dicho periodo.

Estos tiempos legislativos cortos obliga a tener sesiones muy largas y de trabajos apresurados, además de cortar la posibilidad de poder realizar un análisis más a fondo de las propuestas recibidas.

Por tal motivo, la siguiente reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos busca reducir el tiempo de espera para la constitución de las comisiones ordinarias y así aprovechar al máximo el periodo de trabajo de las mismas, con lo cual se pretende mejorar y hacer más eficientes los trabajos legislativos de la Cámara, en general.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como dice:

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante los primeros 15 días de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer a hasta tres de ellas; para estos efectos no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

Transitorios. Artículo primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito, presidente, que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Erandi Bermúdez Méndez , en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la presente:

Exposición de Motivos

La función legislativa es una de las actividades más importantes que realiza el Estado, pues esta consiste en la producción de normas generales y abstractas que reflejan la potestad y el imperio del mismo, pues impone patrones de actuación a la conducta externa humana.

En el desempeño de dicha función, el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley, para hacer frente a los problemas fundamentales de la sociedad de lo que se infiere debe realizarse de manera eficiente y eficaz.

Las Comisiones son órganos especializados constituidos por el Pleno que por medio de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las Cámaras del Poder Legislativo cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales. Se integran por diputados o senadores de los diversos grupos parlamentarios, buscando que en su seno se refleje lo más fielmente posible la composición política del Pleno (criterio de proporcionalidad) y toman sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros.

Son tareas de las Comisiones elaborar su programa de trabajo, informar periódicamente sobre sus actividades y publicar las actas de sus reuniones.

Para este trabajo se tienen varios tipos de Comisiones, las cuales se dividen en:

1) Ordinarias. Son permanentes; se conservan de una legislatura a otra; cumplen funciones de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio en su ramo; su competencia se corresponde en lo general con la otorgada a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

2) Especiales. Se constituyen por determinación del Pleno y se encargan de asuntos específicos. Cuando se crean se establece su objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para realizar las actividades que se les encomienden. En el caso de la Cámara de Diputados, cumplido el objeto para el que fueron creadas o, en su defecto, al final de la legislatura, se extinguen mediante un informe que la Secretaría General dirige a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la que emite la declaración correspondiente.

3) De Investigación. Se constituyen con carácter transitorio por acuerdo del Pleno y a pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados o de la mitad si se trata de la de Senadores, para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados federales o de empresas de participación estatal mayoritaria. Su alcance se limita a hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de sus investigaciones.

El artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que dichas comisiones se constituirán durante el primer mes de ejercicio de la legislatura.

La gran demanda de trabajo legislativo que se tiene tanto por la Legislatura que comienza, como el retraso legislativo de la Legislatura saliente, dentro de las comisiones, obliga a que los tiempos de trabajo sean muy cortos, por lo que creo es de suma importancia aprovechar cada día de dicho periodo.

Un ejemplo de lo en supralineas descrito, es el caso de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien tiene a su cargo dictaminar la iniciativa de Ley de Ingresos; la cual es presentada por el Poder Ejecutivo conforme el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; los cuales transcribo a continuación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Capítulo III De la aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 42. ...

Partiendo de estos tiempos establecidos en estos dos ordenamientos federales, y de lo que marca la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 43, numeral 1, que a la letra dice:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Sección Segunda De su integración

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

Nos encontramos que la Comisión de Hacienda y Crédito Público se constituye a partir del 30 de septiembre, y como establece la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaría en su artículo 42, fracción IV, tiene hasta el 20 de octubre ¹ para dictaminar y en su caso aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos.

Esto deja a la mencionada comisión con solo veinte días naturales para realizar todo el trabajo legislativo que un dictamen requiere: análisis, recepción de opiniones, reuniones de los integrantes de la comisión, etcétera.

Estos tiempos legislativos son muy cortos, lo que obliga a tener sesiones largas y de trabajos apresurados, además de cortar la posibilidad de poder realizar un análisis más a fondo de las propuestas recibidas en las comisiones.

Por tal motivo, la siguiente reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, busca reducir el tiempo de espera para la constitución de las comisiones ordinarias y así aprovechar al máximo el periodo de trabajo de las mismas, con lo cual se pretende mejorar y hacer más eficientes los trabajos legislativos de esta cámara en general.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Sección Segunda De su integración

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante los primeros quince días de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenecía a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Artículo 42. IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre;

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Bermúdez Méndez. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señor presidente. Quisiera llamar su atención, compañeros, en un tema que al Partido del Trabajo, a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, le es un asunto de prioridad.

Las telecomunicaciones se han convertido en 8 por ciento del producto interno bruto de la aportación de la riqueza a nuestro país. El 8 por ciento. En las últimas dos décadas se han convertido en un instrumento de fortalecimiento de la economía de nuestro país. Sin embargo, de las aproximadamente 80 millones de líneas telefónicas que hay en nuestro país, entre telefonía móvil y no móvil, tenemos un problema no solamente del alto costo. El alto costo de la telefonía sí deteriora el desarrollo económico de nuestro país, pero tiene otro problema todavía por encima de este problema de alto costo.

La telefonía móvil cobra por fracciones, no cobra por tiempo exacto; o sea, si cualquier usuario de nuestro país realiza una llamada de un minuto con un segundo, por poner un ejemplo, se le cobran dos minutos; prácticamente 59 segundos te los están cobrando por un servicio que no te prestan. También puede darse el caso de que sea un minuto 59 segundos, y te están cobrando un segundo más por un servicio que no están dando.

En consecuencia, podríamos sacar un promedio de 30 segundos. Si sacamos, en consecuencia, que 72 millones de líneas telefónicas de celulares son de prepago y en prepago cuesta hasta 4 pesos el minuto, esto nos lleva entonces a que si sacamos un promedio de seis llamadas diarias por cada usuario en nuestro país, tendríamos una cantidad de seis llamadas en promedio por 4 pesos, serían 24 pesos.

Si sacáramos el promedio a 30 centavos serían 6 pesos y si lo multiplicáramos por los 72 millones de líneas telefónicas celulares que hay en nuestro país estaríamos sacando una cifra de alrededor de 750 millones de pesos diariamente que se cobran sólo por la modalidad de cobro, no por el servicio.

Quiero llamar su atención a esto, porque entonces significa que por eso estamos haciendo al hombre más rico de nuestro país y ahora del mundo. No es posible que tengamos una telefonía celular cara y por encima de todo eso, todavía una forma particular de que te cobren.

Eso, compañeros, lleva a un deterioro del desarrollo de la economía y a un deterioro del bolsillo sobre todo de los de prepago, que es el sector que menos acceso tiene.

Quien tiene acceso a una telefonía celular tiene acceso a un sistema de contrato; el que no tiene acceso lo hace de prepago. En consecuencia, el llamado que nosotros estamos haciendo es que esta iniciativa que estamos presentando va en busca de que al usuario se le cobre por el servicio que se le da y no por un servicio que no se le da.

Ése es el llamado de atención que nosotros queremos hacer y le pedimos al presidente que en su turno, que haga un llamado a la comisión que lo turne, para que lo pueda atender de manera inmediata.

Es increíble que nosotros permitamos, en nuestra calidad de legisladores, que exista una cantidad tan grande. Lo recuerdo, porque aquí hemos discutido presupuestos. ¿Y si les dijera a ustedes que son 700 millones de pesos diarios, compañeros? Estaríamos hablando de cantidades estratosféricas, que ni tendríamos que andarle aumentando al IVA, ni le tenemos que andar poniendo impuesto a nada; o sea, creo que a veces traemos la mira equivocada y deberíamos poner atención dónde los recursos de nuestro país se están deteriorando y que es en particular la telefonía celular. Eso es por un lado.

Y por otro lado, también que se pueda colocar un medidor de tiempo y de costo en los teléfonos residenciales. Tenemos una de las tecnologías más avanzadas de nuestro país y en nuestro país nadie, nadie, nadie puede colocarte, que te digan cuánto te está costando tú llamada y cuánto tiempo estás gastando, ya sea llamada local o internacional o nacional.

O sea, lo que buscamos es, digo, hasta Luz y Fuerza ---que decían que estaba muy deteriorada--- tiene un medidor, ¿por qué el señor Slim no nos puede poner un medidor en nuestros teléfonos y que te diga cuánto te está costando?

El llamado que les hago es, tiene más demandas ante Profeco Telmex, que CFE y que Luz y Fuerza del Centro juntas. Entonces, que se le ponga un medidor y que te digan cuanto te está costando y que la gente pueda racionalizar su consumo telefónico y que también pueda hacer una demanda correcta ante Profeco. Son dos cosas, la telefonía instalada y la telefonía celular.

Insisto, llamamos la atención, porque esto ha generado al hombre más rico de este planeta, sólo por la forma de cobrar, ni siquiera por la riqueza que genera, ni el servicio que te da. Por su atención, a todos los compañeros, a todas las fracciones, muchísimas gracias. Señor presidente, aquí dejaría la iniciativa.

«Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El sector servicios ha registrado en los últimos años un importante crecimiento, hasta colocarse a la par o por encima de otros, como son el industrial y la agricultura.

La actividad económica relacionada a los servicios intensivos en conocimientos tiene un alto potencial, ya que involucra aspectos de innovación tecnológica que lo impulsan más que a los dos anteriormente mencionados.

Las tecnologías de la industria microelectrónica, las telecomunicaciones y la informática han provocado en las últimas dos décadas el crecimiento de nuevas actividades y de otros sectores relacionados con los servicios.

Lo anterior se refleja en la aportación que hace el sector de comunicaciones y transportes a la producción de riqueza nacional. Para 2007 el producto interno bruto (PIB) del sector representó el 13.4 por ciento del total de la economía; y el PIB del sector de comunicaciones es del 6.2 por ciento en relación con el nacional, de acuerdo con lo reportado en el III Informe de Gobierno.

El anexo estadístico del III Informe de Gobierno de la presente administración reporta que a marzo de este año existen 79.8 millones de usuarios de telefonía móvil, mientras que en el año 2000 había 14.1 millones, esto significa que en 9 años se ha quintuplicado el número de usuarios. En contraste las llamadas líneas fijas para 2009 son 20 millones.

Los crecimientos más significativos a nivel de usuarios se han dado en cuatro momentos muy concretos de desarrollo de la industria. En 1996 cuando se introduce la tarjeta de prepago, en 1997 con la introducción de descuentos en llamadas entrantes, en 1999, año en el que entra en funcionamiento la modalidad ``el que llama paga'' y recientemente este año, con la modalidad ``el que llama paga nacional''.

Hoy en días las nuevas aplicaciones en la telefonía celular, así como equipo más sofisticados y con mayores funciones modernos se han convertido en símbolo de status, promovido todo ello con fuertes campañas de publicidad y mercadotecnia entre gran parte de la población mexicana.

Prácticamente cualquier mexicano, ya sea ama de casa, estudiante, profesionista, trabajador por su cuenta, todos cuentan con un teléfono celular. Muchos micronegocios prefieren contratar una línea celular a una línea convencional por que el costo de la línea fija es mayor.

Los usuarios de telefonía en México gastan un promedio mensual de 491.7 pesos de acuerdo conforme a datos señalados en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2008 de los Hogares, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2004, gastaban en el mismo rubro 286 pesos, lo que significa un incremento del 58 por ciento en 4 años.

De acuerdo a cifras reportadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, del total de usuarios de telefonía celular, el 9 de cada 10 lo hace bajo la modalidad de prepago, y el resto a través de pospago.

Se ve una clara preferencia de los usuarios a utilizar la modalidad de prepago ya que las condiciones son más flexibles que estar bajo el esquema de pospago. Por principio de cuentas en la modalidad de prepago no hay un plazo forzoso que cumplir para conservar la línea de telefonía celular o para el cambio de aparato telefónico, lo que sí ocurre en la modalidad de pospago.

Son 4 las compañías que ofrecen el servicio de telefonía móvil en México: Telcel, Telefónica Movistar, Iusacell y Unefon. Cada una de ellas ofrece una gran variedad de planes en las modalidades de prepago y pospago, lo que da al mercado características de alta segmentación.

Por otra parte, la telefonía local móvil tiene un marco normativo que tiene como eje la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la cual se derivan reglas de carácter general relativas a la prestación del servicio local de telefonía ya sea móvil o fijo.

El artículo 7 de la ley en comento establece la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer las políticas y acciones encaminadas a promover un adecuado desarrollo del sector telecomunicaciones.

Esta secretaría es la responsable de autorizar las tarifas de prestación de servicio de telefonía local móvil que fijan libremente las empresas que gozan de una concesión para prestar el servicio de telefonía, conforme a lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley en la materia.

Al estar a libre albedrío de las compañías concesionarias el establecimiento de las tarifas, hay un gran margen de discrecionalidad por parte de dichas compañías para establecer los montos y las condiciones sobre las cuales se fija la tarifa y se presta el servicio.

Es así que dentro de las condiciones que fija la compañía al establecer las tarifas, que son avaladas por la Cofetel, están las relativas a la medición y facturación del tiempo aire que los usuarios consumen. Las tarifas señalan que el tiempo de llamada será facturado por minuto, sin importar que el usuario no hable la totalidad del mismo, es decir, el tiempo de la llamada se redondea al minuto superior siguiente.

Supongamos que un usuario hace 6 llamadas cada una con duración de 1 minuto con 1 segundo. Lo lógico es que el usuario se le cobrará 6 minutos con 6 segundos. La compañía de telefonía celular aplicando el redondeo le cobrará 12 minutos, poco más del doble del tiempo que efectivamente hizo uso del servicio. De esta forma las compañías celulares obtienen una ganancia por minuto de 100 por ciento.

Esta situación pone en una situación de desventaja y de inseguridad jurídica al consumidor, porque la forma de medición y de facturación no es plenamente conocida por el usuario al momento de adquirir y usar un teléfono celular.

Creemos que es importante rectificar esta situación mediante la reforma a la Ley Federal Telecomunicaciones, para obligar a las compañías concesionarias de la telefonía local móvil a facturar por tiempo efectivo de llamada, eliminando con ello el sistema de redondeo.

Esta reforma de ninguna forma nos parece lesiva para el sano desarrollo del sector de la telefonía celular y de las empresas que participan en el mismo. Por el contrario, esta reforma legal propiciará aún más el crecimiento del sector, porque el usuario al recibir una facturación apegada al tiempo aire efectivo, podrá incrementar su consumo.

El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece claramente que las tarifas garantizarán la prestación de un servicio de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

La reforma que proponemos a la Ley Federal de Telecomunicaciones, es adicionar un segundo párrafo al artículo 60 donde se establezca la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil, la obligación de facturar a los usuarios el tiempo aire efectivo de llamada.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil, el parámetro para fijar la tarifa será la facturación del tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 15 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado González Yáñez.Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

A solicitud del diputado Óscar González Yáñez se pospone su participación a efecto de promover la reforma de los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Igualmente, la diputada Yolanda de la Torre Valdez pide que se posponga su participación para tratar su tema listado en esta sesión.

De la misma manera, la diputada Paula Angélica Hernández Olmos solicita que se posponga su participación en esta lista.

ARTICULOS 3O., 4O., 5O., 24, 40, 115 Y 130 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado Presidente. Distinguidas diputados y diputados, hoy vengo a esta máxima tribuna de nuestro país a presentar una iniciativa que busca adaptar la laicidad como un concepto transversal de nuestra Constitución, de manera tal que dentro de las actividades del Estado mexicano no exista algún poder o dominio de carácter religioso o secular capaz de imponerse a las funciones y obligaciones del Estado mismo.

Sin embargo, esta definición constitucional ligada a la laicidad del Estado no debe entenderse como antirreligiosa, pues en ningún momento el Estado procurará socavar la libertad de culto; es decir, entrometerse en la vida privada de las personas para prohibirles que ejerzan con libertad sus creencias religiosas o las manifiesten mediante el culto público.

Por el contrario, la laicidad del Estado constitucionalmente aprehendida deberá asumirse como condición necesaria para que cualquier creencia, credo o religión cuente con un ámbito de libertad para poder existir, siempre que respete la existencia de las demás y la vocación neutra del Estado mexicano.

Esto último es importante porque, pese a lo acostumbrados que podríamos estar con la noción de laicidad, la autonomía del Estado frente a las cuestiones religiosas es una invención relativamente reciente, cuyo proceso de formación nos ubica en el ideario de la Ilustración, esto es, en el génesis mismo del Estado republicano moderno.

En una historia que nos enorgullece como país, porque fue el nuestro uno de los primeros que estableció formalmente esta separación entre la Iglesia y el Estado, adelantándose incluso a los franceses que pudieron hacerlo hasta 1905; la reforma liberal del siglo XIX y su consagración en los textos constitucionales de 1857 y las posteriormente incorporadas Leyes de Reforma constituyen el evento histórico que cimienta definitivamente el régimen republicano en nuestro país.

La Reforma es, en otras palabras, el momento fundacional de nuestra actual República. Tan es así que gracias a las Leyes de Reforma fue posible suprimir en nuestro país viejos privilegios que favorecían a la jerarquía católica. Mediante un conjunto de disposiciones legales se pudo redefinir y constreñir los campos de intervención de la Iglesia católica, que hasta entonces invadía competencias de la autoridad pública, por ejemplo, el cobro de derechos y obtenciones parroquiales, los servicios educativos, el Registro Civil, etcétera.

Esta reformulación en la relación entre la Iglesia y el Estado mexicano vio su cenit en la Constitución de 1857, la cual previó una serie de derechos y libertades que jamás habían sido consideradas para una carta fundamental, entre ellas la libertad en materia de educación, artículo 3o.; la eliminación de la coacción estatal en el cumplimiento de los votos monásticos, artículo 5o.; la eliminación del fuero eclesiástico, artículo 13, etcétera.

Es preferible no detenernos mucho en el recuento histórico de los agravios entre la Iglesia y el Estado mexicano, pero es indispensable recordar que la separación de la Iglesia y el Estado y con ello la fundación de una República en nuestro país ha debido reiterarse y reafirmarse nuevamente a lo largo de nuestra historia, pues algunos sectores de la jerarquía católica se han resistido en distintos momentos, inclusive con la violencia, a aceptar que la laicidad es y ha sido el principio fundante de nuestra República.

La Guerra Cristera de 1926 a 1929 y el movimiento sinarquista fueron los dos últimos grandes conflictos armados en que el Estado se vio obligado a defender por la vía armada el principio fundante de laicidad.

La historia nos enseña entonces que debemos siempre estar atentos a los intentos de las jerarquías eclesiásticas de imponer su hegemonía religiosa como un elemento consustancial a las actividades del Estado. Se trata de un riesgo del cual no debiéramos descuidarnos.

Señoras diputadas y señores diputados, es tiempo de inaugurar una nueva etapa en la laicidad del Estado mexicano, es tiempo de fortalecer a nuestras instituciones democráticas para que no vean amenazadas su pluralidad y tolerancia, es tiempo que como comunidad política hagamos explícito aquello que resulta tan esencial a nuestro régimen.

Por eso pongo a consideración de ustedes la necesidad de fortalecer la laicidad de manera transversal en nuestra Carta Magna, como garantía de libertad en las creencias religiosas y como realidad de una educación libre de dogmas, artículo 3o.; como un derecho a la libertad sexual y reproductiva, artículo 4o.; como una protección contra el trabajo sometido a creencias religiosas, artículo 5o.; como una libertad en las convicciones filosóficas, artículo 24; como una característica fundamental de nuestra República, artículo 40; como un elemento sustantivo en los gobiernos estatales, artículo 115; como una obligación de los ministros religiosos de no oponerse al laicismo, artículo 130.

Las pretensiones de esta iniciativa, diputados, de ninguna manera pueden considerarse novedosas; al contrario, su contenido refleja el interés de todos los grupos parlamentarios, que tan sólo en las últimas tres legislaturas han presentado iniciativas sobre el tema con distintos alcances.

Habida cuenta que incluso la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura aprobó un dictamen de alcances limitados debemos proveer a nuestra Carta Magna de un concepto transversal de la equidad...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, señor diputado.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: ... que sea más útil y provechoso de cara a los nuevos tiempos ---Termino, diputado presidente.

Ha llegado el momento de concretar esta reforma constitucional. Hoy más que nunca debemos defender la laicidad de nuestra República, justo cuando los principios de representatividad, democracia y federalismo se han tornado realidades, vale la pena recordar que históricamente hacerlo siempre ha requerido contar con un Estado libre de imposiciones dogmáticas, de creencias con pretensión universal. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 5o., 24, 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En su acepción más simple, laicismo significa que no existe dentro de las actividades del Estado ningún poder, autoridad o dominio impuestos por alguna autoridad religiosa o secular ajena al propio Estado. Como una seguridad que protege los derechos como ciudadanos, el laicismo nos garantiza que nunca veremos la imposición de una sola verdad religiosa o de índole dogmática como una política de Estado.1

La Real Academia Española desconoce el término laicidad y sí, en cambio, define laicismo como la ``doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa''. Sin embargo, se ha ido abandonado el termino laicismo que se apega conceptualmente más a los ismos ideológicos. Por otro lado, la idea de laicidad, que es citada en referencias diversas, debe entenderse como una ``doble emancipación: la del Estado frente a las iglesias y la de las iglesias frente al Estado''.2

Laicidad refiere más a un modelo institucional y a un proyecto intelectual y político ligado al principio de igualdad. En este mismo tenor, puede afirmarse de manera contundente que el laicismo, o mejor dicho la laicidad, posibilita la existencia de un Estado que no inculca o impone entre los ciudadanos religión o creencia alguna y se mantiene en absoluta neutralidad frente a ideas o expresiones con un mismo carácter, pues considera que todas las religiones e iglesias, todas las creencias y dogmas tienen el mismo valor y quienes las profesan poseen idénticos derechos y obligaciones .

Sin embargo, esta definición ligada a la laicidad del Estado no debe entenderse como antirreligiosa pues en ningún momento el Estado procurará socavar la libertad de culto, libertad de religión o de convicciones filosóficas, es decir, entrometerse en la vida privada de las personas para prohibirles que ejerzan con libertad sus creencias religiosas o las manifiesten mediante algún culto. Por el contrario: la laicidad del Estado es la condición necesaria para que quienes profesen cualquier creencia, credo o religión o aquellos que no tengan ninguna cuenten con un ámbito de libertad para que su visión pueda exisitir, siempre que respete la existencia de las demás y la vocación neutra del Estado. En consecuencia, lo que sí implica la laicidad es la justificada intervención estatal en presencia de una afectación a derechos de terceros provocada por el ejercicio público o privado de algún culto religioso, creencia o dogma.

Esto último es importante porque pese a lo acostumbrados que podríamos estar con la noción de laicidad, la autonomía del Estado frente a las cuestiones religiosas es una invención relativamente reciente, cuyo proceso de formación remite al ideario de la Ilustración, específicamente a la Revolución Francesa de 1789; esto es, en el génesis mismo del modelo republicano moderno.

Previa esta etapa, que inauguró la modernidad, el discurso simbólico de la Iglesia Católica Apostólica Romana era la matriz de significación central de toda la vida social, un dogma con pretensión de validez universal que sancionaba cada uno de los actos humanos sin que admitiera la posibilidad de existencia a otras iglesias o religiones. Desde su punto de vista, esta hegemonía significaba estar con ella o contra ella. ³

Aunada a esta argumentación, dicha iglesia no sólo reclamaba su hegemonía del poder espiritual sino que buscó sojuzgar al poder político de los gobiernos, monárquicos en su mayoría, a través de la suprema potestad del poder eclesiástico sobre el poder temporal.

Esta suprema potestad, también conocida como ``la doctrina descendente del poder'', partía de una concepción donde, al existir un solo rebaño ---el pueblo de Dios---, no debía existir más que un solo pastor (el Papa), puesto que el origen de la dignidad sacerdotal provenía del mismo Dios y siendo el Papa la cabeza visible del pueblo de Dios, por encima del poder papal no debía existir ninguna autoridad, sea de carácter religiosa o política. ⁴

Hubieron que transcurrir siglos para que la controversia entre el poder eclesiástico y el poder temporal deviniera en una batalla ganada por el poder monárquico en primer lugar, y por la autoridad democráticamente electa en segundo lugar.

Esta revolución de la modernidad, entonces llamada laicismo, además de que fomentó la convivencia pacífica entre hombres y mujeres, posibilitó la distinción entre norma religiosa, norma moral y norma legal. La primera opera sólo para quienes voluntariamente se sujetan a un credo o iglesia particular; la segunda cae estrictamente en el espacio de la autonomía individual; y la tercera corresponde al orden que debe guardar justamente esa convivencia pacífica.

Esta distinción entre religión, moralidad y legalidad fue fundante en la historia de la república: la separación entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano que se concretó sólo hasta mediados del siglo XIX con el triunfo de la reforma liberal, en la que don Benito Juárez jugó un papel fundamental.

La reforma liberal, más que ningún otro acontecimiento histórico, debe considerarse como la piedra de toque del régimen republicano actual. Nuestra Constitución hoy vigente es una con la Constitución de 1857. La revisión profunda al texto constitucional que tuvo lugar en 1916-1917 incorporó, es cierto, las aspiraciones sociales y de igualdad de las mayorías excluidas que hasta la Revolución, no habían logrado establecerse como participantes plenos en la deliberación pública del país. En consecuencia, en la versión reformulada que nos brindó el Constituyente de 1916-1917 se cuenta ya con la legitimidad popular necesaria para regir la vida pública. Pero no podemos ignorar que la reforma liberal del siglo XIX --y su consagración en los textos constitucionales de 1857 y las posteriormente incorporadas Leyes de Reforma-- es el acto histórico que cimienta definitiva e incuestionadamente el régimen republicano del país. La Reforma es, en otras palabras, el momento fundacional de nuestra actual república.

Tan es así que las legislaturas --la representación popular del pueblo mexicano unido en cada momento particular-- se contabilizan desde el establecimiento definitivo de la república a mediados del siglo XIX y no a partir de la entrada en vigor del texto de 1917. Pues bien, la fundación de nuestro régimen republicano se sitúa, históricamente, en el triunfo de la Reforma; y la Reforma buscó --y logró-- antes que otra cosa, la separación de la Iglesia y el Estado.

Es una historia que nos enorgullece, pues este país fue uno de los primeros que estableció formalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, adelantándose incluso a los franceses que pudieron hacerlo hasta 1905, aún cuando fueron la cuna de la Ilustración.

En lo particular, gracias a las Leyes de Reforma fue posible suprimir viejos privilegios que favorecían a la jerarquía católica. Mediante un conjunto de disposiciones legales, que fueron redactadas en las gestiones de Juan Álvarez, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, se pudieron redefinir y constreñir los campos de intervención de la Iglesia Católica, que hasta entonces invadía competencias de la autoridad pública (cobro de derechos y obvenciones parroquiales, los servicios educativos, el registro civil, etcétera); además de incorporar en ese marco la igualdad ante la ley y la libertad de cultos.

Esta reformulación de la relación entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano vio su cenit con la promulgación de la Constitución de 1857, la cual previó una serie de derechos y libertades que jamás habían sido consideradas para una carta fundamental, entre ellas ``la libertad en materia de educación (artículo 3), la eliminación de la coacción estatal en el cumplimiento de los votos monásticos (artículo 5), la eliminación del fuero eclesiástico (artículo 13)'', etcétera. ⁵

Es preferible no detenerse mucho en el recuento histórico de los agravios entre la Iglesia Católica y el Estado en México.

La pluralidad democrática es la única forma de Estado que garantiza un conjunto de derechos y libertades individuales y colectivas para el ejercicio de la ciudadanía. Violar uno de sus principios fundamentales como es el de la laicidad resulta una amenaza que socava la libertad de elegir el culto religioso o convicción filosófica que cada quien desee profesar y elimina toda posibilidad de actuar conforme a la conciencia individual.

Por eso es importante recordar que el Estado mexicano --concretamente el régimen republicano-- es y ha sido siempre laico y no puede entenderse sin el respeto cabal a dicho principio, mismo que se liga y sustenta al de la igualdad. Se debe recordar y reafirmar este principio histórico de laicidad que ha formado nuestra vida constitucional desde su orígen, para asegurar que en México no se pueda privilegiar o imponer un credo a otros, para reafirmar que en la república no cabe la eliminación de quien discrepa en sus creencias o religión como forma de actuar en la política.

La laicidad es una idea central que diversas repúblicas han sabido defender y mantienen vigente, pues se entiende que toda renuncia a la libertad, aún sea con riesgo de exponer la vida, es una oprobiosa condición para la ciudadanía.

Véase el caso del artículo 1o. de la Constitución de la República Francesa, según la cual ``Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión. Respeta todas las creencias....''.

La Constitución española, en tanto, dice a la letra en su artículo 16 lo siguiente:

Por su parte, la histórica aportación de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos de América significa un referente para muchos países, aún cuando ésta fue ratificada el 15 de septiembre de 1791:

Nótese cómo los citados ordenamientos acentúan la importancia de la libertad o la correlativa ``no obligación'' para declarar y practicar un credo religioso, a su vez que prohíben que una religión se acepte como oficial por parte del Estado.

Por lo demás es necesario puntualizar que esta iniciativa tiene importantes antecedentes, cuya definición de apoyo al Estado laico ha sumado a todos los grupos parlamentarios:

Como un antecedente fundamental, es preciso reconocer que la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, salvo que no incluye la primera iniciativa citada, aprobó en sesión plenaria, el 29 de abril de 2008, un dictamen que resuelve reformar los artículos 40; 115, primer párrafo; 130, primero y último párrafos, así como adicionar un segundo y tercer párrafos del artículo 130, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo sustancial, el dictamen al cual se dio primera lectura en sesión celebrada el 30 de mayo de 2008 reconoce el carácter laico de nuestra república (artículo 40), que los estados adoptarán para su régimen interior (artículo 115) y donde el principio de laicidad se asume como garante de la libertad de conciencia de todas las personas (artículo 130).

Con estos antecedentes, pero cuyo reconocimiento no ha sido posible plasmar en la Carta Magna, la presente iniciativa intenta trascender las propuestas citadas y busca fortalecer los rasgos de laicidad que están contenidos en la Constitución, de manera tal que las instituciones democráticas no vean amenazada su pluralidad y tolerancia. Con la reforma propuesta se busca señalar claramente, en el artículo mismo donde se declara el régimen que los mexicanos nos hemos dado, el principio constitucional que siempre ha identificado y regido a nuestro régimen político.

El principio de laicidad da forma, transversalmente, a todo el texto constitucional; se manifiesta explícitamente en los artículos 3o., 24 y 130, pero está presente --como presupuesto indispensable-- en cada una de las normas que consagra la Constitución Política.

La importancia real de la laicidad se certifica de manera muy particular en la libertad de cada persona para decidir sobre su propio cuerpo. Este es un hecho que no se puede dejar pasar en esta reforma porque está ineludiblemente ligado a las libertades de pensamiento, religión o convicciones, que el Estado debe garantizar a todo individuo bajo su jurisdicción, además de obedecer a las normas jurídicas que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos pactadas entre casi todos los Estados del orbe.

La garantía para el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos sólo se puede instalar en una laicidad contundente como marco para la exigibilidad de éstos, una laicidad que no deje ningún asomo de duda o sospecha de la libertad que necesita cada quien para construir su proyecto de vida sin discriminación.

No obstante que el actual artículo 4o. de la Constitución ya apunta esa idea es necesario precisarla a fin de que la norma sea plenamente acorde con las libertades y los derechos expresados en tratados internacionales que van desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Belem do Pará y que han sido ratificados por México, respecto de la sexualidad y la reproducción, temas todos que requieren de este marco de laicidad para su ejercicio real. La laicidad es necesaria para la pluralidad de formas de vida que conviven como familias, bajo un mismo principio de igualdad y no discriminación, precisamente porque permite la diversidad de convicciones y pensamientos.

Es hora de que, como comunidad política, hagamos explícito aquello que resulta tan esencial al régimen político y que hasta ahora, no había tenido necesidad de manifestarse. Hoy, más que nunca, debemos defender la laicidad de nuestra república, justo cuando los principios de representatividad, democracia y federalismo se han tornado realidades, vale la pena recordar que, históricamente, hacerlos realidad ha requerido, antes, contar con un Estado libre de imposiciones dogmáticas y de creencias con pretensión universal.

En virtud de lo expuesto y fundado, propongamos ante el pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 5o., 24, 40 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o., fracción I; 4o., párrafo tercero; 5o., párrafos tercero y cuarto; 24, párrafo primero; 40; 115, párrafo primero; y 130, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

Artículo 4o. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias.

Toda persona tiene derechos y libertades sexuales y reproductivos. En caso de elegir tener hijos, tiene derecho a hacerlo de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de éstos.

...

Artículo 5o. ...

...

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto por la pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. Nadie podrá ser obligado a presentar trabajos personales que impliquen sometimiento a creencias religiosas.

En cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios, en los términos del párrafo anterior y las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el de-sempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas las que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que esta señale.

...

Artículo 24. Toda persona es libre para profesar la convicción filosófica o la creencia religiosa que más le agrade y para practicar o no las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley, ni vulneren el principio histórico de separación del Estado y las iglesias a que se refiere el artículo 130 de la presente Constitución.

...

...

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, laico, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Artículo 130

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, páginas 570-571. 2 Véase a ANDAR, Laicidad. En los senderos del siglo XXI, México, noviembre de 2006. 3 Carretero Pasín, Ángel Enrique. ``El laicismo, ¿una religión metamorfoseada?'' Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, volumen 15, número 1, 2007, páginas 239-248. 4 D'Amico, Claudia. El conciliarismo y la teoría ascendente del poder en las postrimerías de la Edad Media, en Atilio Borón (comp.). La filosofía política clásica. De la antigüedad al Renacimiento, colección CLACSO--EUDEBA, Buenos Aires, 2000, páginas 183-204. 5 Margadant, Guillermo F. La Iglesia frente al derecho mexicano. Esbozo histórico-jurídico, Miguel Ángel Porrúa, México, 1991, páginas 163-182.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Círigo Vásquez.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El señor diputado Luis Felipe Eguía solicita hacer una manifestación. ¿El diputado Felipe Eguía?

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): Acá, presidente. Gracias. Nada más para preguntarle al diputado Círigo, si nos permite adherirnos a su propuesta de iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Usted lo autoriza, señor diputado?

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Por supuesto, y agradezco, diputado presidente, la adhesión.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): También para adherirme a su propuesta de iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Moreira. Señor diputado ¿está usted de acuerdo en la adhesión?

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Por supuesto que sí, diputado presidente. Gracias, diputado Moreira.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pediríamos a todas las diputadas y a todos los diputados que deseen adherirse, que pasen, por favor, a la Secretaría para poder firmar el documento correspondiente. Muchas gracias.

Señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia saluda la presencia en el salón de sesiones del doctor José Hernández Moreno, astronauta de origen mexicano, de Michoacán, que hoy nos visita en este pleno. Gracias.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, dígame ¿con qué objeto? Sí, diputado Robles, dígame.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Diputado presidente, para solicitar, en nombre de la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tener una intervención para darle la bienvenida al doctor José Hernández.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, con mucho gusto, diputado.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Desde la tribuna, si fuese posible.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, con mucho gusto le concedo el uso de la palabra, no es un tema que esté a discusión.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hace algunos días tuvo a bien, el de palabra, presentar un punto de acuerdo a esta soberanía a fin de solicitar que el pleno de esta LXI Legislatura diese un recibimiento y a la vez un reconocimiento al doctor José Hernández Moreno, por su destacada tarea en la recientemente llevada misión espacial a bordo del transbordador Discovery.

Y he manifestado, en ese momento, que José Hernández ha tenido lo que algunos mexicanos no han podido lograr: una historia de éxito más allá de la frontera del río Bravo.

Una persona humilde, una persona que, de haber cosechado remolacha y fresa, se convirtió prácticamente en pieza clave en las misiones espaciales. Y a quien hoy nos da mucho gusto y beneplácito enorme poder recibir aquí para que nos transmita esa historia de éxito que él ha logrado. Los mexicanos nos sentimos, de veras, muy agradecidos y muy comprometidos con el trabajo que él y Danny Olivas ---otra persona de origen mexicano--- han tenido en la carrera espacial.

Y que él ha venido planteando la creación de la Agencia Espacial Mexicana que ya ha tenido, prácticamente, por parte de esta legislatura, la aportación en el Presupuesto de Egresos, de una cantidad con la cual iniciar sus operaciones.

Por eso es nuestro deseo decirle al doctor José Hernández Moreno, que es bien recibido en esta Cámara de Diputados y que los logros que él tiene y que seguramente tendrá en el futuro serán muy enaltecedores de su persona y, sobre todo, de la figura que los mexicanos deseamos tener en el extranjero, en el mundo mismo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Robles Medina. Ha solicitado también el uso de la palabra el diputado Jorge Romero Romero. Desde la curul, con mucho gusto, señor diputado.

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): Muchas gracias. Quiero expresar también nuestro reconocimiento al doctor José Hernández. Para nosotros es muy importante su visita promoviendo la Agencia Espacial Mexicana. Estamos ciertos de que entrar a la era del conocimiento exige hoy que la gran apuesta de nuestra nación sea en tecnología, en ciencia, que es lo que viene promoviendo el doctor José Hernández.

En ese sentido, sentimos muy oportuna su visita al país y, desde luego, a esta Cámara. Le damos la bienvenida, nuestro más sentido reconocimiento. Y, desde luego, le reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en aras de que México tome las mejores decisiones en materia tecnológica, en materia de investigación que nos permita estar a la altura de las economías con las que hoy competimos. Estar a la altura de lo que la sociedad demanda también a esta representación. Felicidades al doctor José Hernández, muchas gracias y enhorabuena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Romero Romero.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y al artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Juan José Guerra Abud: Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Estimados colegas, la humanidad enfrenta hoy un desafío sin precedente: el calentamiento global, el cual ha dejado de ser una teoría para convertirse en una lamentable realidad, realidad que nos afecta a todos por igual, previéndose escenarios que podrían ser devastadores si no actuamos de manera urgente y reducimos la emisión de gases de efecto invernadero.

En 2006, México generó 715 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente, que si bien es cierto nos ubica en el decimotercer lugar mundial en la generación de este tipo de gases, la cifra resulta preocupante porque en sólo cuatro años la incrementamos en 11 por ciento y subimos dos posiciones en el cuadro mundial de emisiones.

Al igual que en la mayoría de los países, en México las principales fuentes de emisión es la producción de energía eléctrica, la cual en 2006 nos generó 40 por ciento de las emisiones.

Colegas, esto no debe ser una concesión graciosa, es una imperiosa necesidad. Tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los instrumentos fundamentales para conseguir este objetivo son el uso eficiente de energía y el máximo aprovechamiento de energías renovables.

El planeta se está moviendo ya en la dirección de transformar sus sistemas energéticos para maximizar el uso de las fuentes renovables. Países como España, Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, China e India están basando su crecimiento energético en fuentes renovables.

Lamentablemente, insisto, lamentablemente todo parece indicar que en México vamos en la dirección contraria, ya que penosamente seguimos quemando combustibles fósiles para generar electricidad y lo peor es que varias plantas como Salamanca, Tula, Petacalco y parte de Tuxpan queman combustóleo, que según los expertos es el segundo combustible más contaminante.

La desgracia de que México esté reduciendo su plataforma petrolera podría acarrear la triste ventaja de que deje de usarse este combustible, pero desgraciadamente y aunque parezca increíble, la Secretaría de Energía está planeando parte del crecimiento eléctrico con nuevas plantas, pero éstas con base en el único combustible que es más contaminante que el combustóleo; las nuevas plantas quemarán carbón, el cual, por cierto, tendremos que importar.

Las metas del Programa Sectorial de Energía 2007-2012 establecen en un muy pobre 6 por ciento de generación eléctrica con renovables y un muy grande 71 por ciento con combustibles fósiles. El resto es energía nuclear e hidroeléctrica.

Consideramos que las metas para renovables son insuficientes y no están en proporción a la magnitud del reto que enfrentamos.

Según estimaciones de la propia Secretaría de Energía, México tiene un amplísimo potencial de generación de energía limpia, tan sólo en la región del Istmo de Tehuantepec existe un potencial de 10 mil megavatios de energía eólica, pudiendo crecer en todo el país. La disponibilidad de recursos geotérmicos, según la misma Sener, es al menos de 10 mil megavatios y la energía solar tiene, para efectos prácticos, disponibilidad ilimitada.

Considero, estimados colegas, que promover y aprobar iniciativas viables que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero es una responsabilidad no jurídica; es una responsabilidad moral que debemos asumir.

Por ello, proponemos las siguientes reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética:

En el artículo 3o., para dar mayor precisión a la definición de ``externalidades''. Según el Inegi, el costo de la degradación ambiental en nuestro país es de 8.8 por ciento del PIB, costo que hemos ignorado, pero que más temprano que tarde tendremos que pagar.

Parte del problema es que la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprar la energía más barata, sin considerar las externalidades, como los costos por el deterioro de la salud por la emisión de gases contaminantes.

En el artículo 10, para que las externalidades sean calculadas no sólo para las energías renovables, sino para todas las fuentes de electricidad.

En el artículo 11, para que las metas de participación aumenten gradualmente con base en el potencial técnico-económico.

En el artículo 14, de modo que las secretarías facultadas para emitir opinión sobre el cálculo de externalidades también emitan su opinión sobre el cálculo de las contraprestaciones.

En el artículo 26, para que la Secretaría de Energía actualice y publique las metas de participación de manera semestral.

Termino, señor presidente. Es fundamental que la opinión pública esté permanentemente informada de los avances en la materia e impedir que por negligencia o apatía no se alcancen las metas que establezca el Congreso.

De manera complementaria proponemos reformar el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para evitar una visión de corto plazo en la planeación energética.

Finalmente, proponemos que se fije una participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en 2015, de 60 por ciento en 2020 y de 50 por ciento en 2025. Son metas difíciles que sí se pueden alcanzar si existe la voluntad política.

Colegas, revisen mi propuesta y adecuen lo necesario; pero, por favor, por nuestros hijos, hagamos algo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud , del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan José Guerra Abud , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El mundo enfrenta hoy en día un desafío sin precedentes, el calentamiento global; para mantener los efectos de este fenómeno dentro de límites aceptables, es necesario un gran esfuerzo para transformar la economía en todos los países con objeto de disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica cambiar radicalmente la forma en que se produce y se consume la energía, inclusive en aquellos países que, como el nuestro, participan con pequeños porcentajes en la emisión de este tipo de gases.

El bióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global, se ha acumulado en la atmósfera durante los pasados dos siglos principalmente por causa del consumo de combustibles fósiles. Disminuir la utilización de estos energéticos es indispensable para alcanzar el desarrollo con baja intensidad de carbono que se requiere hoy en día.

Los instrumentos fundamentales para conseguir ese objetivo son: el incrementar la eficiencia en el uso de la energía y el máximo aprovechamiento de las energías renovables. Por esta razón, dichas acciones son hoy en día parte fundamental de la agenda de la mayor parte de los países desa-rrollados y de muchas de las economías en desarrollo. El planeta se está moviendo ya en la dirección de transformar sus sistemas energéticos para maximizar el uso de las fuentes renovables de energía.

Lamentablemente, en México vamos en dirección contraria a la tendencia mundial ya que la generación y oferta de energía primaria es mayoritariamente de origen fósil y la energía renovable se utiliza en forma aún muy limitada.

De acuerdo al Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, la capacidad instalada de energía eléctrica en México es de 58 mil 105.53 megawatts, de los cuales el 75.3 por ciento utiliza combustibles fósiles, 19 por ciento son grandes hidroeléctricas, 2.4 por ciento utiliza energía nuclear y solamente el 3.3 por ciento emplea energías renovables.

En 2008, se generaron 246 mil 785 gigawatts hora de los cuales apenas el 3.9 por ciento fue a través de las energías renovables.

Lo preocupante es que parecería que la intención es seguir consumiendo combustibles fósiles, los cuales, tarde o temprano escasearán, por lo menos en nuestro país y seguramente incrementaran sus precios internacionales. De acuerdo a declaraciones de algunos expertos y a las estadísticas actuales de Pemex, todo parece indicar que México dejará de exportar petróleo crudo en 2012, con lo cual se convertirá en un importador neto de hidrocarburos.

El Programa Sectorial de Energía 2007-2012 establece las siguientes metas de participación para las diversas fuentes energéticas:

En el Partido Verde consideramos que estas metas son insignificantes y no están en proporción con el potencial de México. Comparativamente, otros países han fijado metas más ambiciosas para disminuir la participación de los hidrocarburos y aumentar la participación de las energías renovables en la generación de electricidad.

Esta escasa participación de las fuentes renovables es inconveniente para el país por razones económicas, estratégicas, ambientales y de competitividad, México no se puede retrasar en el proceso de transformación que lo conduzca a una economía de bajo carbono con alta eficiencia en el uso de la energía y mínima dependencia en los combustibles fósiles.

Afortunadamente, según datos de la propia Secretaría de Energía, el país cuenta con una alta disponibilidad de recursos renovables. Con respecto a la energía eólica, tan solo en la región del istmo de Tehuantepec existe un potencial de 10 mil megawatts, pudiendo crecer de manera muy importante en el resto del país. La disponibilidad de los recursos geotérmicos es al menos de 20 mil megawatts y la energía solar tiene disponibilidad prácticamente ilimitada, ya que la irradiación solar es en promedio de 5 kWh/día/m²; la energía proveniente de la biomasa también tiene un gran potencial en México.

En el Partido Verde consideramos que el esfuerzo que debe realizar el país debe ser mayor, ya que según cálculos del Instituto Nacional de estadística y Geografía, el costo de la degradación ambiental en nuestro país es de 8.8 por ciento del producti interno bruto, costo que a la fecha hemos ignorado, pero que más temprano que tarde tendremos que pagar.

En atención a lo anterior, consideramos que es urgente aumentar la participación de las fuentes renovables y crear un escenario de certidumbre en la generación de electricidad, reduciendo el consumo de los combustibles fósiles, de la meta gubernamental del 71 por ciento en 2012 al 65 por ciento en 2015, al 60 por ciento en 2020 y al 50 por ciento en 2025.

Es importante hacer notar que la meta inmediata propuesta para 2015, es sólo 6 puntos porcentuales por arriba de la ya establecida por la Secretaría de Energía para 2012. Estas metas son ambiciosas pero factibles y seguramente contribuirán a poner a México en la ruta de la prosperidad sustentable con bajo contenido de carbono que es la única ruta responsable para este país.

Para ello, proponemos las siguientes reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética:

De manera complementaria, proponemos reformar el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que las externalidades sean consideradas en las estimaciones de costos que lleva a cabo CFE en su planeación energética.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., fracción III; 10; 11, fracción III; 14 y 26; todos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

Artículo 10. La Secretaría de Energía, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Salud, elaborará una metodología para valorar las externalidades asociadas con la generación de electricidad, a partir de las diversas fuentes renovables y no renovables en sus distintas escalas, así como las acciones de política a que se refiere esta ley, relacionadas con dichas externalidades. A partir de esa metodología y acciones de política, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales diseñará mecanismos de regulación ambiental para el aprovechamiento de energías renovables.

Artículo 11. ...

Artículo 14. La comisión, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, determinará las contraprestaciones mínimas y máximas que pagarán los suministradores a los generadores que utilicen energías renovables. Dichas contraprestaciones deberán incluir pagos por los costos derivados de la capacidad de generación y por la generación de energía asociada al proyecto.

El cálculo de las contraprestaciones tomará en cuenta la tecnología, la ubicación geográfica de los proyectos y las externalidades derivadas, con respecto a la electricidad generada con energías no renovables.

Artículo 26. Cada año la Secretaría llevará a cabo la actualización de la Estrategia y presentará una prospectiva sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de las energías renovables, incluyendo un diagnóstico sobre las aplicaciones de las tecnologías limpias y las energías renovables, así como sobre el ahorro y uso óptimo de toda clase de energía. Adicionalmente, cada seis meses la Secretaría actualizará y publicará las metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo por tipo de tecnología para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales, sociales y a la salud para cada tecnología, y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de la fracción III del artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la Secretaría de Energía fijará una participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en el año 2015, del 60 por ciento en el 2020 y del 50 por ciento en el 2025.

Tercero. En un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Energía deberá hacer las modificaciones que corresponda al Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y a las demás disposiciones aplicables cuya expedición sea de su competencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Guerra Abud.Túrnese a la Comisión de Energía.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita hacer uso de la palabra el diputado Jorge López-Portillo, del PRI. A sus órdenes, diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente, para que consulte al orador si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, ¿acepta usted?

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Juan José Guerra Abudacepta que todas aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen adherirse a su iniciativa pasen a firmar el documento correspondiente.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo y se adicionan párrafos segundo, sexto, séptimo y octavo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La competencia económica significa rivalidad entre empresas que participan en un mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que pueden minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas rivales.

La política de competencia tiene como propósito promover al máximo la rivalidad entre empresas. Con ello busca que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el uso de recursos para producir bienes y servicios, y de perfeccionar e innovar en la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que reditúe en mejoras en competitividad y más beneficios para los consumidores. Todo esto, para lograr un mayor crecimiento económico y bienestar para la sociedad.

La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) representa el cimiento de la libertad empresarial y juega un rol fundamental en mantener y defender la libertad de los gobernados para acceder a los mercados y beneficiarse de la competencia en ellos.

En México, estas libertades tienen su origen en el artículo 28 constitucional y es la LFCE el instrumento jurídico que hace efectivo el mandamiento de la Carta Magna respecto de la garantía que tiene todo individuo para acceder a un mercado en competencia.

Sin embargo, el contenido del artículo 28 constitucional no se limita a proteger una garantía individual, sino que va más allá al ser el fundamento del derecho que tiene la sociedad de beneficiarse de los efectos de un mercado en competencia, es decir:

La consecuencia de lo anterior es un mayor crecimiento económico en beneficio de todos los mexicanos.

Las compras consolidadas representan una oportunidad para que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) reduzcan su presupuesto en materia de adquisiciones y consecuentemente se tenga un ahorro que pueda ser destinado a áreas prioritarias o estratégicas como lo es inversión en infraestructura.

Frecuentemente, las diversas unidades de la administración pública buscan mejores precios en sus compras; sin embargo, no lo obtienen, pues el volumen de pedidos puede no ser el adecuado, lo que no les permite obtener mejores condiciones o accesos a descuento en precio.

En la iniciativa privada, la modalidad de adquisiciones consolidadas se hace desde varios años atrás, las grandes empresas logran importantes convenios con sus proveedores, lo que les permite manejar con eficiencia sus recursos financieros.

De acuerdo con la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística (Aprocal) ¹ , ``los ahorros por hacer compras consolidas van desde 15 hasta 30 por ciento''.

Los recursos son escasos y se deben tomar acciones que no sólo busquen medidas temporales sino de largo plazo y una estrategia de gran alcance presupuestal. Acciones que realmente impacten en la reorientación de las políticas financieras y presupuestales del gobierno.

Se debe propiciar un cambio en la manera en que las diversas dependencias y entidades adquieren productos, no sólo aquellas bajo la tutela del Poder Ejecutivo federal, sino de los gobiernos de los estados y municipios.

Es importante también tomar en cuenta la posible monopolización y constricción de los contratos a los grandes prestadores de insumos o servicios, sobre todo en cuestiones de consolidación sectorial. Al respecto la oferta consolidada no implica que no puedan existir diversos licitantes, ya que el proceso cumpliría con las condiciones actuales que señala la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otra parte, el alcanzar en nuestro país la máxima transparencia y el arraigo de la cultura de la rendición de cuentas en todos los niveles y esferas de la gestión pública, es un asunto de conciencia y de compromiso con los valores éticos y morales que han sido parte fundamental de nuestra historia.

Sin transparencia, sin acceso a la información y sin rendición de cuentas, no hay democracia. La transparencia es requisito fundamental del ejercicio del poder. La sociedad tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, de conocer su desempeño a través de la rendición de cuentas y de la exposición permanente al escrutinio público.

Dentro de la legalidad, en conciencia y con la certeza de que se ha actuado con ética y profesionalismo en la búsqueda de la verdad y la justicia, todos debemos seguir adelante con la convicción y la firmeza renovadas para honrar el compromiso adquirido ante el interés superior de la nación.

En este orden de ideas, es por ello que también propongo que la Secretaría de la Función Pública estará obligada a proporcionar los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal proporcione información sobre la evolución de las compras consolidadas al Congreso de la Unión.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el primer párrafo y se adicionan un segundo, sexto, séptimo y octavo párrafos al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Único. Se modifica el primer párrafo y se adicionan párrafos segundo, sexto, séptimo y octavo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

Para tal efecto la Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades para el ejercicio siguiente.

La Secretaría de la Función Pública, en los términos del reglamento de esta ley, podrá promover contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la suscripción de contratos específicos.

Lo previsto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios.

En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, la secretaría implementará procedimientos de contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos.

La Secretaría de la Función Pública estará obligada a proporcionar los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal entregue información sobre la evolución de las compras consolidadas al Congreso de la Unión.

Dicho informe deberá presentarse a la Comisión de la Función Pública, a más tardar 30 días después de terminado el ejercicio de que se trate, señalando con detalle los beneficios en ahorros o economías presupuestales que se hayan presentado por este concepto.

En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Asociación fundada en 1999, creada para formar profesionales mexicanos que contribuyan a incrementar la eficiencia de la cadena de suministro de las organizaciones tanto dentro de nuestro país como fuera de él, dar al profesional de las áreas de compras, abastecimiento y logística las capacidades teórico-prácticas que le permitan posicionar sus funciones como áreas de impacto estratégico en el negocio, crear un marco conceptual adaptado a las necesidades de México que proporcione herramientas de aplicación inmediata a los profesionales de dichas áreas, ser un punto de encuentro para los profesionales de compras, abastecimiento y logística.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro: Con su permiso, señor presidente; con su permiso, compañeros diputados. El que suscribe, Carlos Oznerol Pacheco Castro, diputado del distrito I de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

La actividad económica de México en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo desigual en las diversas regiones que integran el país. Esta situación ha provocado que la riqueza nacional se concentre en unas cuantas regiones y en un porcentaje reducido de la población. La realidad de las entidades federativas y de sus municipios es diversa, pero les caracteriza la insuficiencia de recursos públicos.

La descentralización es clave en la vida política y económica de nuestro país. El movimiento de descentralización llegó a su punto más álgido en 1980, cuando se llevó a cabo la reforma fiscal con mayor impacto en las relaciones intergubernamentales a través del sistema nacional de coordinación fiscal, con el que los estados y municipios pudieron participar de la totalidad de los impuestos recolectados por el gobierno federal.

A cambio de ver aumentados sus ingresos a través de las transferencias provenientes de dicho sistema, los estados cedieron sus facultades recaudatorias a favor de la federación por medio de la firma de acuerdo de coordinación fiscal.

Como bien sabemos, el gasto federalizado o descentralizado son los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados y los municipios a través de las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas y los convenios de descentralización para que complementen sus erogaciones en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras necesidades que consideren deban satisfacerse.

Es importante resaltar que poco más de 75 por ciento de los ingresos transferidos son utilizados para pagar nómina de personal de educación y salud, así como programas asistenciales; los demás fondos, junto con los convenios de descentralización, están destinados a incrementar la infraestructura y equipamiento, lo que provoca una presión sobre los ingresos propios, ya que cada vez se requieren mayores recursos para operar y conservar dicha infraestructura, que origina un aumento del gasto corriente y deja escaso margen de maniobra para que los ingresos provenientes de participaciones federales se destinen a las prioridades estatales y municipales.

En el Sistema Nacional de Participación Fiscal concurren, como bien sabemos, los tres órdenes de gobierno. Este sistema se estableció para redistribuir los impuestos, permitiendo así que cada orden de gobierno pueda administrarlos con mayor eficacia, evitando el problema de la concurrencia impositiva o de la múltiple tributación.

Con la consolidación del régimen posrevolucionario, en 1929 inició una etapa en la que, a pesar de la crisis mundial, los municipios del país administraban 7.7 por ciento del ingreso público nacional, porcentaje que llegó al máximo histórico en 1932 de 8.9 por ciento.

Señores diputados, los municipios del país en general y las entidades siguen requiriendo más recursos para poder ejercer a plenitud sus funciones. El esquema de distribución fiscal de nuestro país debe modificarse para fortalecer los órdenes de gobierno que reciben menos ingresos y que tienen mayor cercanía y contacto con el pueblo.

En síntesis, es inexplicable que de 1980 a 1996 la distribución fiscal en México sólo haya evolucionado de 16.93 por ciento a 20 por ciento, estancándose prácticamente 13 años su crecimiento en perjuicio de los estados y, en especial, de los municipios.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero, del artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue.

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio; porcentaje del cual, al menos una cuarta parte debe ser destinada por las legislaturas locales a los municipios a través de las leyes de ingresos de los estados.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo. El porcentaje de 25 por ciento de la recaudación federal participable deberá alcanzarse de forma gradual a partir del porcentaje de 20 por ciento vigente, al proponerse esta reforma, incrementándose anualmente 1.66 por ciento a partir del ejercicio fiscal 2010, hasta alcanzar en el ejercicio fiscal 2012 el 25 por ciento que se propone.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de noviembre de 2009. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Carlos Oznerol Pacheco Castro , diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La actividad económica de México en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo desigual en las diversas regiones que integran el país, así como por una creciente incapacidad para generar empleos a la población en edad de trabajar.

Esta situación ha provocado que la riqueza nacional se concentre en unas cuantas regiones y en un porcentaje reducido de la población, originando un grave desequilibrio regional que limita las potencialidades productivas del país.

La realidad de las entidades federativas y de sus municipios es diversa, pero les caracteriza la insuficiencia de recursos públicos.

La descentralización es clave en la vida política y económica de nuestro País. Existen diversos enfoques acerca de este concepto; pero el que nos importa es la descentralización política, entendida como la transferencia de atribuciones y responsabilidades a los gobiernos locales y municipales; los cuales la ejercen a través del pacto federal, previsto en el máximo ordenamiento del Estado Mexicano.

En este sentido, es importante describir el papel que juega la descentralización fiscal, definida como la transferencia de recursos que el gobierno federal otorga a los otros órdenes de gobierno, junto con la capacidad para decidir cómo ejercerlos.

En 1983, el Presidente Miguel de la Madrid promovió reformas sustantivas para fortalecer la institucionalidad del municipio, definiendo sus ingresos fiscales, los servicios públicos de su competencia y facultándolos para reglamentar y administrar su hacienda pública.

El movimiento de descentralización llegó a su punto más álgido en 1980, cuando se llevó a cabo la reforma fiscal con mayor impacto en las relaciones intergubernamentales, a través del sistema nacional de coordinación fiscal, con el que, los estados y municipios pudieron participar de la totalidad de los impuestos recolectados por el gobierno federal. A cambio de ver aumentados sus ingresos a través de las transferencias provenientes de dicho sistema, los estados cedieron sus facultades recaudatorias a favor de la federación por medio de la firma de acuerdos de coordinación fiscal.

El gasto federalizado o descentralizado son los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados y municipios a través de las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas y los convenios de descentralización, a fin de que complementen sus erogaciones en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras necesidades que consideren se deben satisfacer.

El gasto federalizado se integra por los siguientes rubros:

Las aportaciones federales están reguladas por el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, contemplando los siguientes fondos de aportación:

Este conjunto de participaciones constituye la parte medular del sistema nacional de coordinación fiscal, ya que las entidades federativas, Distrito Federal y municipios dependen de los recursos provenientes de esta fuente, para integrar sus Ingresos y programar su gasto público.

Las participaciones y aportaciones federales, se definen como:

Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b, de la Constitución federal.

Participaciones federales

La característica de estos ingresos, consiste en que tanto la federación como las entidades federativas gravan la misma fuente, pero convienen para que no se dé una doble tributación; el monto que obtiene la federación la redistribuye a los estados. Por lo mismo, como el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes, por tener facultades concurrentes, el legislador estableció la celebración de convenios de coordinación fiscal, por virtud de los cuales, los estados, a cambio de abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que también prevén las leyes federales, podrán beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de Participaciones, formado con la recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convengan con la federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación. A las legislaturas locales les corresponde aprobar los ingresos tanto estatales como municipales.

El artículo 115, fracción IV, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso, de las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados.

Este derecho de los municipios de recibir, entre otros recursos, participaciones federales, implica tener conocimiento cierto de la forma en que se les está cubriendo tales participaciones, para lo cual el propio precepto constitucional impone la condición a los Congresos locales, para legislar al respecto; y la obligación de los gobiernos estatales, para que además de remitir esos fondos a los municipios, les expliquen pormenorizadamente cual es el monto global de las participaciones federales recibidas, la forma en que se distribuyen entre todos los municipios y la manera en que se envían, a través de un informe detallado.

Aportaciones federales

Estos fondos son de naturaleza federal destinados a coadyuvar al fortalecimiento de los estados y municipios, en apoyo de actividades específicas; se prevén en el Presupuesto de Egresos de la Federación, regulándose en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, independientemente de los que se destinan a los estados y municipios por conceptos de participaciones federales.

Es importante resaltar que, aún cuando poco más del 75 por ciento de los ingresos transferidos son utilizados para pagar la nómina del personal de educación y salud, así como programas asistenciales; los demás fondos, junto con los convenios de descentralización, están destinados a incrementar la infraestructura y equipamiento, lo que provoca una presión sobre los ingresos propios, ya que cada vez se requieren mayores recursos para operar y conservar dicha infraestructura, que origina un aumento del gasto corriente y deja escaso margen de maniobra para que los ingresos provenientes de participaciones federales se destinen a las prioridades estatales y municipales.

En el sistema nacional de participación fiscal concurren los tres órdenes de gobierno. Este sistema se estableció para redistribuir los impuestos, permitiendo así, que cada orden de gobierno pueda administrarlos con mayor eficacia, evitando el problema de la concurrencia impositiva o múltiple tributación.

Desarrollo y fortalecimiento municipal

Los municipios tienen como fundamento legal las disposiciones del Artículo 115 de la Constitución federal. El municipio mexicano nació constitucionalmente en 1917, con el propósito fundamental de crear una instancia de gobierno libre y autónomo, cercano al pueblo, sin autoridades intermedias entre ésta y el gobierno estatal.

Con la consolidación del régimen posrevolucionario en 1929, inició una etapa en la que, a pesar de la crisis mundial, los municipios del país administraron el 7.7 por ciento del ingreso público nacional, porcentaje que llegó a ser el máximo histórico en 1932, del 8.9 por ciento.

En las décadas subsecuentes el porcentaje fue disminuyendo: 5.3 por ciento en 1940, 3.3 por ciento en 1959; 2.8 por ciento en 1960; 1.6 por ciento en 1970, y 1.1 por ciento en 1980, hasta llegar al mínimo histórico en 1982: 1.0 por ciento.

En 1983, después de varias modificaciones precedentes, el artículo 115 constitucional, fue objeto de la primera gran reforma municipal, que de acuerdo con la exposición de motivos de la misma, tenía como finalidad ``entregar al municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución: el gobierno directo de la comunidad básica'', dado que ``la centralización ha arrebatado al municipio capacidad y recursos para desarrollar sus funciones''.

A partir de esta reforma, los municipios empezaron a recibir gradualmente más recursos, hasta llegar en el 2000 a su mayor recuperación acumulada, ejerciendo en ese año, un 4 por ciento de los recursos públicos. Desde entonces, el crecimiento presupuestal a favor de los municipios se ha estancado y deteriorado, a pesar del fortalecimiento normativo.

A la par del aumento en ingresos, el municipio ha visto crecer su investidura política mediante diversas modificaciones constitucionales, resaltando la segunda gran reforma municipal de 1999, que reconoce al municipio como orden de gobierno, al disponer que cada municipio sea gobernado y no administrado, como se citaba anteriormente, por un Ayuntamiento de elección popular directa.

Sin embargo, los avances constitucionales aún no se reflejan suficientemente en la realidad municipal. Los municipios del país en general y las entidades siguen requiriendo más recursos para poder ejercer a plenitud sus funciones.

Las entidades federativas no generan mayores ingresos debido a la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece el sistema nacional de coordinación fiscal, donde la federación se quedó con las fuentes tributarias que generan mayores recursos, con lo cual resulta poco redituable para los gobiernos locales establecer impuestos que no generarán los ingresos suficientes para hacer rentable la administración de esos nuevos tributos.

El esquema de distribución fiscal debe modificarse, para fortalecer a los órdenes de gobierno que reciben menos ingresos y que tienen mayor cercanía y contacto con el pueblo.

El gobierno municipal tiene una función eminentemente social, razón por la cual, su fortalecimiento es indispensable para aspirar a un desarrollo equilibrado y sustentable.

En síntesis, es inexplicable que de 1980 a 1996 la distribución fiscal en México sólo haya evolucionado del 16.93 al 20 por ciento, estancándose 13 años su crecimiento, en perjuicio de los estados y en especial de los municipios.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, porcentaje del cual al menos una cuarta parte deberá ser destinada por las legislaturas locales a los municipios, a través de las leyes de ingresos de los estados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo. El porcentaje del 25% de la Recaudación Federal Participable deberá alcanzarse de forma gradual a partir del porcentaje del 20% vigente al proponerse esta reforma, incrementándose anualmente un 1.66% (uno punto sesenta y seis por ciento) a partir del ejercicio fiscal 2010, hasta alcanzar en el ejercicio fiscal 2012, el 25% dispuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Esthela Damián Peralta , diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se complementan los párrafos de la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Una ley se promulga con la finalidad de regular la conducta de los ciudadanos de determinado territorio situados en tiempo, modo y lugar. En este caso, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos surgió estrictamente con el propósito de delimitar el ámbito de competencia de éstos para que sus actos y facultades se desarrollen de conformidad con el marco jurídico previamente establecido.

Ahora bien, el derecho debe ir de la mano con las transformaciones y necesidades de la sociedad, que exige un mejor desempeño de los servidores públicos. Por ello, una ley no puede permanecer estática sin reformas o modificaciones, ya que se convertiría en un derecho positivo obsoleto; esto es, si no se modifica, quedaría como letra muerta y, por ende, rebasada por las exigencias de la misma sociedad. Por tal motivo se propone esta iniciativa, que busca reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que se actualice y cumpla las expectativas de la sociedad.

Dicha reforma se plantea en virtud de que los más altos tribunales de la nación se han pronunciado en diversas tesis en el sentido de que el artículo 37 del citado ordenamiento viola el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, toda vez que con el actual precepto se impone al servidor público infractor invariablemente la sanción consistente en la suspensión de 15 días naturales en el caso de omisión en la presentación de la declaración inicial y para el caso de la omisión de la declaración de conclusión del cargo la inhabilitación por el término de un año por disposición de la ley sin tomar en consideración los elementos a que se refiere el artículo 14 de la ley que nos ocupa.

Con las modificaciones que aquí se proponen, la autoridad competente tendrá la facultad de individualizar la temporalidad de la sanción según la gravedad de la infracción, las circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico, los antecedentes y la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones del servidor público infractor.

En consecuencia, se propone al pleno la modificación del tercero, sexto y octavo párrafos de la fracción III del artículo citado.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican el tercero, sexto y octavo párrafos de la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo Primero. Se modifican los párrafos tercero, sexto y octavo de la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Iniciativa que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como resultado del avance en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de las prácticas democráticas, tanto en México como en el resto del mundo han demandado de la sociedad el reconocimiento de nuevos derechos, además de la garantía de su efectiva protección.

Destaca la necesidad de mejorar, en la lucha contra el amplio conjunto de prácticas discriminatorias extendidas a todos los ámbitos de la vida cotidiana, el derecho de toda persona a no sufrir discriminación, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 1 como una garantía individual, al ser tutelada a través del orden legal y la acción institucional de las autoridades.

Las prácticas discriminatorias son formas de trato diferenciado que vulneran y restringen los derechos fundamentales de las personas, al tiempo que reducen dramáticamente sus oportunidades de desarrollo, de participación social, de acceso a la salud, de educación y de empleo, y degradan por tanto la dignidad de cualquier ser humano.

Expertos en la materia señalan que la discriminación puede clasificarse en dos tipos, según la condición de los grupos que la sufren: visible y no visible.

Visible se refiere a las conductas discriminatorias por razón de género, de edad, de pertenencia étnica, de lengua, religión, oficio o profesión, preferencia sexual, identidad o expresión de género, condiciones de salud o de discapacidad; es decir, de conductas que llevan a la estigmatización de manera inmediata, ya que los rasgos que la generan son físicamente visibles en el cuerpo mismo de las personas.

No visible, como consecuencia de un tipo de pertenencia menos evidente ante la percepción inmediata, pero capaz de dar lugar a violaciones de derechos tan graves como en el primer caso. Entre las formas de discriminación no visible registramos los tratos de desprecio por motivos religiosos, por xenofobia, o por antisemitismo. Existen, sin embargo, formas de discriminación, como la que se da por motivos de salud o por preferencia sexual no convencional, que en ocasiones se registra como visible y en ocasiones como no visible. En todo caso, la distinción entre ambas formas de discriminación no implica sino la constatación de que los estigmas sociales pasan de lo físico a lo simbólico sin dejar de ser violaciones de la dignidad de las personas sujetas a la discriminación.

La lucha contra la discriminación en el derecho mexicano es reciente, lo que confirma la falta de reconocimiento explícito de esta problemática social. A partir del 14 de agosto de 2001, el derecho a la no discriminación es una garantía consagrada en la ley fundamental, en el artículo 1o., párrafo tercero:

La prohibición constitucional de la discriminación, a más de un lustro en México, indudablemente sentó las bases para que en los ámbitos federal y estatal se crearan o perfeccionaran diversos instrumentos jurídicos para prevenir o eliminar los actos de discriminación.

El 31 de marzo de 2007 entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE, que establece un nuevo régimen de seguridad social, sustancialmente diverso del que regulaba la ley abrogada de 1983.

La Ley del ISSSTE de 2007 tuvo como propósito reformar y reestructurar de manera integral el instituto para cumplir cabalmente el derecho a la seguridad social, consagrada en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política, para los trabajadores al servicio del Estado.

Sin embargo, en esta ley encontramos inconsistencias con el derecho a la no discriminación. Específicamente, en los artículos 6 y 134 se usa la expresión ``defectos físicos'' que evidencia atrasos respecto a lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos y advierte sobre la necesidad de ser escrupulosos con la utilización del lenguaje adecuado.

Por ello se propone reformar en el inciso c) de la fracción XII del artículo 6 las expresiones contenidas en el artículo 6 de la Ley del ISSSTE, que establece como familiares derechohabientes, entre otros, a los hijos del trabajador o pensionado mayores de 18 años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico. Lo anterior, con objeto de eliminar la peyorativa y menospreciadora expresión ``defecto físico o psíquico'', por ``discapacidad física o psíquica'', de acuerdo con lo previsto en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

En el artículo 134, relativo a la prórroga de la pensión por orfandad, se propone cambiar las expresiones ``defectos físicos'' por ``discapacidad física'' y la inconveniente ``enfermedad psíquica'' por ``discapacidad psíquica''.

Como legisladores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos obligados a llevar a cabo reformas del marco jurídico con objeto de posibilitar que mediante el ISSSTE más de 2.8 millones de asegurados y pensionados, incluidos los familiares de éstos, tengan acceso a los servicios médicos y no sean objeto de discriminación en materia de salud.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso c); y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

Artículo 134. Si el pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, discapacidad física o psíquica, el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión; asimismo continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Alonso Bailey Elizondo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXI Legislatura, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto con el cual se reforma el artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se adicionó el 8 de diciembre de 2005, para permitir que los extranjeros con calidad de turistas que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, puedan obtener la devolución del impuesto al valor agregado, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

Que el comprobante fiscal reúna los requisitos fiscales.

Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país.

Que el valor de las compras realizadas por establecimiento ampare un monto mínimo, en moneda nacional, de mil 200 pesos.

Quedando dicha normatividad claramente referida a los turistas, sin considerar a otro tipo de personas que se internan en el país por diversos medios y por lapsos cortos de tiempo.

El artículo 42 de la Ley General de Población contiene una disposición más amplia para referir a aquellos que por diversos medios, causas o temporalidad, se internan al país conceptualizándolos como no inmigrante, siendo éstos los siguientes: turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional y corresponsal.

En este sentido, la concepción limitada de turista y la actual redacción del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado resulta discriminatoria al dejar fuera del beneficio de la devolución de este impuesto a una buena parte de los visitantes, quienes generalmente tienen un alto poder adquisitivo como los pasajeros de cruceros.

El turismo, conjuntamente con el petróleo, ha formado a lo largo de los años uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. La actividad turística genera más de 10 por ciento de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para más de un millón 800 mil mexicanos, cuya remuneración media es 30 por ciento superior a otras actividades productivas y al menos el triple de empleos indirectos.

En este sentido, deben promoverse todas aquellas actividades que amplíen el abanico de nuestra oferta turística, para ser más competitivos ante la gran oferta que tenemos de parte de países que cuentan con una mayor infraestructura e incluso tradición turística, como son los europeos, quienes con una extensión pequeña han logrado atraer un flujo varias veces superior al de México, que cuenta con un territorio y manifestaciones culturales igualmente abundantes.

Uno de los sectores más afectados por el manejo de la crisis y la influenza fue el turístico, en donde sólo en cuanto a los cruceros, según datos de ayer de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estimaba una caída de 17.1 por ciento de enero a octubre de este año, perdiendo más de 800 mil turistas y más de 64 millones de dólares con un estimado, gasto conservador, de 80 dólares por persona.

Por ello, debemos retomar el espíritu del legislador al adicionar el artículo 31 de la Ley del IVA, de incentivar la derrama económica por parte de los turistas que se internan en el territorio nacional, fomentando el gasto a través de la devolución del IVA, ampliando este beneficio a cualquiera de las calidades de no inmigrante señaladas.

Lo anterior, con el objeto de incrementar en cantidad y calidad los participantes en el programa de devolución del IVA que resulta sumamente discriminatorio, ya que un visitante extranjero a Cancún, que retorna por vía aérea, sí tiene derecho a la devolución del IVA de las mercancías que adquiere y se lleva consigo al salir del país. Otro extranjero que visita esta misma ciudad arribando en un crucero no tiene este derecho, esto porque este último no tiene la calida migratoria de turista, sino de visitante local.

Por ello, la modificación a la ley que se propone, de sustituir el concepto de ``turista'' por el de ``no migrante'', tiene diversas bondades: incrementa muy notablemente el número de personas que se benefician con la disposición, que significa mayor número de compradores y, por tanto, un incremento de la derrama económica en el lugar y la región, al ser condición necesaria la presentación de la documentación fiscal para llevar a cabo la devolución mencionada.

La disminución de recaudación impositiva por la devolución se compensaría con la ampliación de la base gravable y se tendría un esquema más competitivo...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Termino, diputado presidente.

Con otros países que cuentan con un sistema semejante.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Único. Se reforma el artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de no inmigrante de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero, por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que les conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura someten al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se adicionó después de un largo y arduo trabajo legislativo mediante la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre de 2005, en los términos siguientes:

El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse con el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas''.

Este decreto antes señalado, mediante artículo transitorio otorgó al Servicio de Administración Tributaria un plazo, que venció el 30 de junio de 2006, para la elaboración de las Reglas de Operación para efectuar las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado a los extranjeros con calidad migratoria de turistas que retornen al extranjero por vía aérea o marítima. Ello con la finalidad de dar la mayor claridad a la normatividad específica para hacer efectivo este esquema de devolución del impuesto a que refiere el artículo 31 arriba señalado. Quedando dicha normatividad claramente referida a los ``turistas'', sin considerar a otro tipo de personas que se internan en el país por diversos medios y por lapsos cortos de tiempo.

Cabe señalar que en este sentido el artículo 42 de la Ley General de Población, contiene una disposición más amplia para referir a aquéllos que por diversos medios, causas u temporalidades se internan la país, conceptualizándolos como ``no inmigrante'' entendiendo por este al extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente dentro de alguna de las características siguientes: I. Turista, II. Transmigrate, III. Visitante, IV. Ministro de culto o asociado religioso, V. Asilado político, VI. Refugiado, VII. Estudiante, VIII. Visitante distinguido, IX. Visitantes locales, X. Visitante provisional XI. Corresponsal.

En este sentido la concepción limitada de turista en la Ley General de Población en el artículo 42, fracción I, con relación a la actual redacción del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado resulta discriminatoria al dejar fuera del beneficio de la devolución de este impuesto a una buena parte de los visitantes extranjeros que visitan nuestro país como lo son entre otros los hombres de negocios (II. Visitantes), quienes generalmente tienen un alto poder de adquisitivo, así como los pasajeros de cruceros (IX. Visitantes locales) los cuales son considerados con calidades migratorias diferentes a la de turistas.

Exposición de Motivos

Comos sabemos, el turismo, conjuntamente con el petróleo, ha formado a lo largo de los años dos de los pilares fundamentales de la economía nacional Todos sabemos de la importancia y gran potencial que tiene la actividad turística para el país cuya generación de divisas extranjeras en un futuro no muy lejano superar a las generadas por la venta del petróleo y por ello tiende convertirse en la actividad económica más importante ya que es una gran generadora de empleos directo e indirectos, tan necesarios actualmente en que el país se encuentra en una de sus peores crisis económica que ha generado una gran cantidad de empleos perdidos y con ello afectando de manera grave la calidad de vida de los mexicanos, que tienen en el empleo el único medio de subsistencia. De ahí la necesidad de incentivar el turismo por todos los medios con que el Estado cuente.

Cabe señalar que la actividad turística genera más del 10 por ciento de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para más de 1.8 millones de mexicanos, cuya remuneración media es 30 por ciento superior a otras actividades productivas y al menos el triple de estos indirectos. En México existen alrededor de 54 municipios de vocación turística absoluta de los cuales el 87.7 por ciento están en niveles bajos y muy bajos de marginación.

Está demostrado que el turismo tiene una incidencia real y directa en el combate a la pobreza, pues permite generar empleos, la mayoría como ya se manifestó con una remuneración superior a las de los sectores tradicionales haciendo evidente su influencia en el desarrollo regional.

Resulta evidente también que se deben de apoyar todas las actividades productivas que generen empleo para los mexicanos, en este sentido se deben de promover todas aquellas actividades que amplíen el abanico de nuestra oferta turística para ser más completivos ante la gran competencia que tenemos de parte de países que cuentan con una mayor infraestructura e incluso tradición turística como lo son los europeos como Francia, España, Italia y Alemania, entre otros, quienes con una extensión de una pequeña parte de la nuestra han logrado atraer un flujo varias veces superior al de México que cuenta con un territorio y manifestaciones culturales con vocación turística que podría ampliar la oferta turística de manera considerable.

Los momentos actuales a nivel mundial son difíciles, la actual crisis económica iniciada en el último trimestre del 2008, a afectado el gasto promedio por turista que nos visita, es decir como país tendremos un mayor costo con un menor ingreso, esto en detrimento de las finanzas del país, aunado a lo anterior, el impacto negativo adicional provocado al sector turismo por la emergencia sanitaria derivada de la gripe A (H1N1), conocida como influenza porcina ha sido enorme, al grado que no se han terminado de estimar cuáles fueron realmente sus impactos en el grueso de le economía nacional. Pero lo que si supimos y fue real es que uno de los sectores más afectados fue el turístico, en donde existieron lugares cuya vocación productiva es exclusivamente la turística, que vieron totalmente parada su economía, como lo fueron algunos lugares del caribe mexicano.

Por ello debemos de retornar al espíritu del legislador al adicionar en su momento el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que fue el de incentivar la derrama económica por parte de los turistas que se internaban en el territorio nacional, fomentado el gasto de los visitantes extranjeros a través de la devolución del IVA. Por ello es que atendiendo a este espíritu es que se hace necesario ampliar a cualquiera de las calidades de no inmigrante contempladas en el artículo 42 de la Ley General de Población antes señalado, los beneficios del esta devolución contempladas en la ley del IVA. Lo anterior con el objeto de incrementar en cantidad y calidad el número de participantes el programa de devolución del IVA contemplado en el articulo 31, el cual actualmente resulta sumamente discriminatorio de acuerdo a su actual redacción y reglamento, lo cual se puede mostrar de la manera siguiente:

Un visitante extranjero a Cancún que retorna por vía aérea, si tiene derecho a la devolución del IVA correspondientes a las mercancías que adquiere y se lleva consigo de regreso al salir del país, otro extranjero que visite esta ciudad arribando en un crucero aunque retorne por vía marítima no tiene ese derecho, esto porque este último no tiene la calidad migratoria de turista sino visitante local, en ambos casos son una categoría de no inmigrante de acuerdo a la Ley General de Población.

La modificación a la ley que se propone, de sustituir el concepto de turista por el de no migrante tiene diversas bondades a la vista: a) Incrementa muy notablemente el número de de personas, no inmigrantes, que se benefician con la disposición, que a la vez significan mayor número de compradores y por lo tanto un incremento de la derrama económica en el lugar y la región; b) Al ser condición necesaria la presentación de la documentación fiscal correspondiente para efectos de llevar a cabo la devolución incrementaría también de forma notable la regularización de quienes actualmente actúan dentro de la informalidad, con lo cual la disminución de recaudación impositiva por la devolución se compensaría con la ampliación de la base gravable, al incorporar a los comerciantes informales a la formalidad; c) Se tendría un esquema más competitivo con la gran cantidad de países que ya cuentan con un sistema semejante de devolución impositiva, como procedimiento de los Estados nacionales para incentivar su desarrollo económico, sustentado en el turismo.

Finalmente es importante insistir en que las devoluciones del impuesto al valor agregado sólo corresponden a mercancías adquiridas en establecimientos que puedan emitir los comprobantes con los requisitos fiscales autorizados para esto, lo que garantiza que el impuesto ha sido pagado previamente al realizarse la compra.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforma el del artículo 31 párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de no inmigrante de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

...

...

Artículo Transitorio

Artículo Único. La reforma del artículo 31, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 433 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia tienen hasta 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Procedamos con el siguiente punto del orden del día que son dictámenes negativos de iniciativas

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen negativo de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura le fue enviada en fecha martes 6 de octubre de 2009, copia del dictamen negativo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social), presentada, en ejercicio de sus facultades constitucionales, por el diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Eduardo Ortiz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el martes 8 de abril de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Comisión de Seguridad Social elaborar el dictamen correspondiente, lo cual hace de acuerdo a los siguientes antecedentes, opinión, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el martes 8 de abril del año 2008, el diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social.

2. En la misma fecha y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Social.

3. La Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura, recabó la información necesaria, solicitó y tomó conocimiento de la opinión del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibida en fecha 25 de noviembre de 2008, y sostuvo reuniones para el análisis de la iniciativa referida que permitiera la elaboración del dictamen correspondiente.

4. La Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura, elaboró dictamen negativo que fue aprobado por 16 votos a favor, en su reunión ordinaria celebrada el jueves 5 de febrero de 2009, y enviada a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Asuntos Legislativos para la conclusión de su trámite legislativo.

5. El dictamen de referencia no fue programado durante el segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, y quedó en poder de la Mesa Directiva como proyecto de dictamen.

6. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, aprobó el jueves 17 de septiembre de 2009 el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y en cumplimiento del punto tercero de éste, remitió a la Comisión de Seguridad Social, copia del dictamen negativo por él que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, remisión que en oficio DGPL 61-II-5-98 de fecha 06 de octubre de 2009, fue recibido por la Comisión de Seguridad Social el 13 de octubre de este año.

7. La Comisión de Seguridad Social, de la LXI Legislatura, analizó el contenido de la iniciativa de referencia, la opinión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las consideraciones, conclusiones y acuerdo del dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura, y las ratificó en su forma y fondo, como se expone a continuación.

Contenido de la iniciativa

En su exposición de motivos, el diputado Eduardo Ortiz Hernández (PAN), señala que un objetivo prioritario para la consolidación democrática del país, la construcción de una nación de justicia y de leyes, y la creación de las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, es la adecuación del marco jurídico que impida, limite u obstaculice la creación de mejores empresas, y de más y mejores empleos.

Agrega que actualmente los empleadores mexicanos se encuentran en una encrucijada debido a una jurisprudencia, identificada como Clave:2ª./J. Número: 19/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en resumen determina que si un trabajador es dado de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social se presume un despido injustificado, salvo prueba en contrario, y corresponderá al empleador, en caso de ser llevado a juicio, la comprobación de que la baja ante el IMSS tuvo una causa distinta a un despido injustificado.

Refiere también, en la exposición de motivos de la iniciativa, que en la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social se establece como obligación patronal la de inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores a cinco días hábiles, considerando que no se precisa en dicho ordenamiento que se debe entender por ``baja'', ni cuándo debe presentarse la misma, lo que los orilla a no presentar la solicitud de ``baja'' del IMSS hasta que cuenten con un documento probatorio de la terminación de la relación laboral, para evitar el ser llevados a juicio, con las consecuencias correspondientes.

Cita el autor de la iniciativa que, entre otras circunstancias, el patrón al no dar de baja ante el IMSS a un trabajador, por no tener un documento probatorio de la causa de dicha ``baja'', tiene que seguir cubriendo las cuotas obrero patronales a los diversos seguros establecidos en la ley, así como las cuotas al Infonavit, y se expone a la reclamación de salarios caídos con el argumento de seguir inscrito en el IMSS y en consecuencia trabajando para el patrón correspondiente; también menciona que para el IMSS representa también el daño que correspondería al pago de incapacidades en caso de enfermedad de quien ya no es trabajador afiliado.

Concluye su exposición de motivos, manifestando que tener un marco jurídico justo y equitativo es fundamental para la generación de empleos y consecuentemente para el impulso de un mayor bienestar, y que debe de ponerse énfasis en no obstaculizar con disposiciones arbitrarias y excesivas a las empresas.

La propuesta es la adición de tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, con el siguiente texto:

Transitorios

Opinión institucional

La Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura, con la finalidad de obtener la mayor información posible para la elaboración de este dictamen, solicitó al IMSS proporcionar su opinión en relación a la iniciativa que se analiza, opinión que fue recibida con fecha martes 25 de noviembre de 2008, y en la cual se manifiesta que el aspecto que la iniciativa aborda es eminentemente procesal, con la finalidad de revertir la carga de la prueba del despido al trabajador, que en primera instancia corresponde al patrón, por lo que resulta improcedente regular la carga del despido a través de la reforma a la Ley del Seguro Social.

Se agrega en la opinión del IMSS, que sería un error definir el alta de un trabajador en el instituto como la fecha en que se inicia la relación laboral, cuando que administrativamente el alta de un trabajador es el acto mediante el cual el patrón cumple con la obligación de inscribir a un trabajador, al igual que la ``baja'', que tampoco es una fecha en la cual el patrón o el trabajador rescinden la relación de trabajo, sino el acto mediante el cual el patrón cumple con la obligación de comunicar que el trabajador ha concluido su relación laboral con un patrón.

Igualmente, opina el IMSS que la propuesta de reforma contiene disposiciones que resultan contradictorias con la Ley Federal del Trabajo, por lo que, a través de un artículo transitorio en el proyecto de decreto, se estarían derogando normas de carácter laboral.

Consideraciones de la comisión

La comisión coincide con al autor de la iniciativa que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, en cuanto a que México está inmerso en un proceso de transformaciones que no puede detenerse, en que la consolidación democrática del país está abriendo paso a una etapa de modernidad en áreas de la economía y la política, y en la necesidad de una mayor generación de más empleos y mejor remunerados.

Sin embargo, también considera que estos objetivos no pueden conducir a la modificación de leyes de carácter laboral, y, menos aún, por medio de una adición a la Ley del Seguro Social, modificación que, en esencia, lo que propone es revertir la carga de la prueba de un despido injustificado, trasladándola del patrón al trabajador, con la finalidad de eludir las responsabilidades que pudieran resultarle como consecuencia de un despido injustificado.

A este respecto es prudente citar, como lo hace el instituto en su opinión, la tesis aislada identificada con Registro número 171696, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, agosto de 2007, Tesis II.T.321 L, bajo el epígrafe de ``Ofrecimiento de trabajo. Presupuestos y Requisitos para que opere la Figura Jurídica de la Reversión de la Carga probatoria'', que expone que ``La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la exigencia de diversos presupuestos y requisitos respecto del ofrecimiento de trabajo a fin de que opere la reversión de la carga probatoria, entendiendo por presupuestos los antecedentes fácticos sin los cuales ni siquiera puede hablarse de que se suscite alguna controversia en relación con el despido injustificado...'', y que ``...; en cuanto a los requisitos, se establece que son las exigencias cuando está presente la problemática de distribuir la carga probatoria del despido y los elementos necesarios para hacerla compatible con la citada reversión, es necesario satisfacerlos a fin de que se actualice esta última, trasladando esa carga, que originalmente corresponde al patrón, al trabajador.''

De lo anterior, la comisión que dictamina considera que la iniciativa que se analiza, al proponer reformas a la Ley del Seguro Social, con la adición de tres párrafos a la fracción I del artículo 15, independientemente de definir conceptos como ``alta'' y ``baja'', en relación a la obligación patronal de inscribir y dar de baja a sus trabajadores, en caso de ser aprobada, estaría derogando, a través del artículo segundo transitorio, disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que no son motivo específico de ella, ni se plantean en su exposición de motivos.

Por otra parte, al proponer que ``se entiende por baja la fecha en la que el trabajador o el patrón rescindan la relación de trabajo por cualquier causa justificada, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo'', deja sin considerar otras causas por las que el patrón tiene la obligación de dar de baja a su trabajador, como puede ser por defunción, incapacidad médica, o pensión por invalidez, entre otras.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben este dictamen, concluyen, ratificando el dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que no es de aprobarse la iniciativa que se ha analizado, y someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LX Legislatura Eduardo Ortiz Hernández (PAN).

Segundo: Archívese este asunto como totalmente concluido y descárguese de los asuntos pendientes de trámite turnados a la Comisión de Seguridad Social.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reservan para su votación en conjunto.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen negativo de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura le fue enviada, el 6 de octubre de 2009, copia del dictamen negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social, presentada, en ejercicio de sus facultades constitucionales, por el diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Neftalí Garzón Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 8 de noviembre de 2007.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 60, 87, 88, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Comisión de Seguridad Social elaborar el dictamen correspondiente, lo cual hace de acuerdo a los siguientes antecedentes, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social.

2. En la misma fecha y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa mencionada fue turnada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión recabó la información necesaria, solicitó y tomó conocimiento de la opinión del Instituto Mexicano del Seguro Social fechada el 21 de agosto de 2008, y sostuvo reuniones de trabajo para el análisis de la iniciativa referida que permitieran la elaboración del dictamen correspondiente.

4. La Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura elaboró dictamen negativo que fue aprobado por 17 votos a favor, en su reunión ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2009, y enviada a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Asuntos Legislativos para la conclusión de su trámite legislativo.

5. El dictamen de referencia no fue programado durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, y quedó en poder de la Mesa Directiva como proyecto de dictamen.

6. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión aprobó, el 17 de septiembre de 2009, el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y en cumplimiento del punto tercero del mismo, remitió a la Comisión de Seguridad Social copia del dictamen negativo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, remisión que en oficio DGPL 61-II-1-0062, de fecha 6 de octubre de 2009, fue recibida por la Comisión de Seguridad Social el 8 de octubre de este año.

7. La Comisión de Seguridad Social de la LXI Legislatura analizó el contenido de la iniciativa de referencia, las consideraciones, opinión institucional, conclusiones y acuerdo del dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura, y las ratificó en su forma y fondo, como se expone a continuación.

Contenido de la iniciativa

El autor de la iniciativa señala en su exposición de motivos, que el objeto de la misma es consagrar en la Ley del Seguro Social la obligación, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), del reembolsar los gastos médicos y el costo de medicamentos cuando el instituto no otorgue la atención médica o no surta las recetas prescritas por sus médicos a los derechohabientes.

Señala igualmente que no es posible que, cumpliendo los trabajadores afiliados al IMSS sus obligaciones en cuanto al pago de las cuotas obreras, el IMSS no cumpla con la obligación de otorgar servicio médico, quirúrgico y farmacéutico a los trabajadores o sus beneficiarios, lo que, según el dicho del promovente, es una abierta violación al derecho humano a la salud y el incumplimiento de las obligaciones que le señala la Ley del Seguro Social.

Menciona, por una parte, que los factores que provocan el desabasto de medicamentos son problemas administrativos de las licitaciones que se llevan a cabo para la compra de medicamentos, en las que se relegan a los productores nacionales, un pésimo control que permite el robo hormiga de sus farmacias y una indebida distribución de las medicinas entre las delegaciones del IMSS y sus unidades médicas, así como la obtención de algunos medicamentos por conducto de distribuidores farmacéuticos que han creado un verdadero monopolio.

Por otra parte, hace referencia a los grandes periodos de espera antes de otorgar consulta o programar una intervención quirúrgica y el poco contacto entre médico y paciente.

Por último, menciona que la relación de seguridad jurídica entre el trabajador y el instituto debe partir de que, cubiertas las cuotas correspondientes señaladas en la ley, el instituto debe cumplir con sus obligaciones relativas al servicio médico.

Con ese fundamento, el promovente sostiene que si el instituto no cumple, el derechohabiente tiene el derecho de acudir a servicios particulares para contratar los servicios médicos, y a la compra en farmacias privadas de los medicamentos que no se le surten, situaciones estas que no están reguladas en la Ley del Seguro Social, sino en disposiciones de carácter administrativo, por lo que, según su argumentación, estas situaciones se resolverán regulando el reembolso de gastos médicos y de medicinas en el contenido de la Ley del Seguro Social.

Para ello propone que se adicione un segundo párrafo al artículo 90 de dicha ley, que en su primer párrafo señala que ``el instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica'', propuesta que concreta en la siguiente redacción:

Consideraciones de la comisión

El autor de la iniciativa, al fundamentarla, señala que un 38 por ciento de los derechohabientes del IMSS no reciben las medicinas que les prescriben los médicos, por falta de abastecimiento en las farmacias que cubren este servicio, no como una concesión graciosa, sino como la contraprestación a las cuotas que los trabajadores y sus patrones pagan, además de las aportaciones del Estado para el ramo de seguro de enfermedades y maternidad establecidos en la ley.

Los integrantes de la comisión, con base en las informaciones proporcionadas por el instituto en julio de cada año calendario, en los informes que la ley le obliga a proporcionar, considera que la cifra señalada no corresponde a la realidad, ya que eso significaría que una tercera parte de las recetas médicas anuales no fueran surtidas en la fecha de su expedición; la cifra, sin modificaciones sustanciales en los últimos de ellos, ha fluctuado entre el 5 y el 10 por ciento del total, con cifras de 84 por ciento de surtimiento inmediato en 2003, 94 por ciento en 2004, 96 por ciento en 2005, 95 por ciento en 2006 y 98 por ciento en 2007.

De ser apegada a la realidad la cifra señalada en la iniciativa que se dictamina, habría dado lugar a una inconformidad muy justificada y, por la vía que fuere, ya se habría solucionado, toda vez que no es posible que más de una tercera parte del total de enfermos que asisten a consulta en un año, no tuvieran acceso gratuito a las medicinas necesarias para recuperar su salud.

Señalar, igualmente, que los consultorios parecen centros de atención médica a destajo de seres humanos, y que existe un diferimiento ``criminal'' de las intervenciones quirúrgicas, es también una exageración que poco contribuye al análisis del funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el organismo público que atiende a un poco más de la mitad de la población del país.

La cifra de falta de surtimiento total en materia inmediata, revela que una de cada veinte recetas han sido dejadas de surtir en forma total de manera inmediata, y el programa de ``procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en las unidades médicas'' del IMSS establece los mecanismos para comprar aquellas medicinas que no son abastecidas con oportunidad, todo lo cual debería ser considerado como un avance importante de los últimos años.

Por otra parte, para la elaboración de este dictamen, la Comisión ha tomado en cuenta el número de quejas que se presentaron en el IMSS durante 2006, última cifra disponible, proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la opinión institucional recibida en agosto de 2008, por diferimiento de la atención médica y por falta de recursos, como causales para la contratación de servicios médicos fuera del instituto, y que corresponde, por ese año, a 0.27 quejas por cada 10,000 derechohabientes.

Otro aspecto que se tomó en cuenta para estas consideraciones de la comisión es el correspondiente al aspecto legal, en cuanto a la presentación de reclamaciones de ciudadanos que consideren han sufrido daños en sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, mecanismo que establece el derecho a una indemnización en esos casos, como establece el último párrafo del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo mandato se regula en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que prevé un procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la parte afectada en sus bienes y derechos, cuya competencia o resolución corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otra parte, también se consideró por los integrantes de la Comisión de Seguridad Social que obligar al pago de una atención médica o de la compra de un medicamento en los plazos perentorios que se señalan en el texto de la iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social se convertiría, casi de inmediato, en un mecanismo de privatización por la vía de la subrogación de servicios, ya que bastaría que un paciente de urgencias, real o subjetiva, se tardara en recibir atención médica para que acudiera lo más inmediatamente posible a un servicio hospitalario al que sus recursos económicos le permitieran, con la certeza legal de que, ante su reclamación, recibiría, sin mayor investigación sobre la veracidad o justificación de su dicho, el costo del servicio pagado por él, a precios con toda seguridad mayores al que en realidad correspondería por ellos en el IMSS, sin considerar el amplio margen de corrupción que podría presentarse.

Esto implicaría un subsidio inverso, toda vez que quien no tuviera los recursos para atenderse en forma privada, se vería obligado a esperar su turno en los servicios institucionales y, con sus cuotas obreras, las que su patrón paga por él y la aportación del Estado, cubriría el costo de servicios privados de quien si tiene recursos para atenderse privadamente, desapareciendo además la equidad en la recepción de los servicios de una institución que no hace distingos entre las cuotas pagadas y el costo de los servicios que otorga.

Conclusiones

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben este dictamen, concluyen, ratificando el dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que no es de aprobarse la iniciativa que se ha analizado y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Primero: Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LX Legislatura Neftalí Garzón Contreras en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 8 de noviembre de 2007.

Segundo: Archívese este asunto como totalmente terminado y descárguese de los asuntos pendientes de concluir el trámite legislativo de la Comisión de Seguridad Social.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueban éstos y los puntos de acuerdo anteriormente reservados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban éstos y los puntos de acuerdo anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asunto totalmente concluido.

INTERVENCIONES ESTETICAS Y COSMETICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Saluda que emitan el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, con fundamento en la adición del mismo precepto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007, suscrito por las diputadas Georgina Trujillo Zentellay María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, con fundamento en la adición del mismo precepto del decreto publicado en el DOF el 19 de junio de 2007, suscrita por las diputadas Georgina Trujillo Zentella y María Cristina Díaz Salazar , del Grupo Parlamentario del PRI

Las diputadas federales Georgina Trujillo Zentella y María Cristina Díaz Salazar , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, para regular las intervenciones estéticas y cosméticas, y los lugares donde se practiquen; con los siguientes:

Antecedentes

La formación como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva; contempla un programa de seis años después de obtener el título de médico cirujano.

Concluidos los estudios de especialidad, el Consejo Mexicano de Cirugía Plática, Estética y Reconstructiva, AC, los somete a un examen oral y escrito; a aquellos que aprueben dicho examen se les certifica como especialistas.

Los conocimientos deben actualizarse para no caer en la obsolescencia, cada 5 años es necesario demostrar ante el consejo haber adquirido y practicado nuevos conocimientos para obtener la ``recertificación''. El cirujano que no la obtenga, deberá nuevamente presentar examen, si no es aprobado, no podrá ser recertificado.

Exposición de Motivos

Desde los inicios de la cirugía plástica se ha buscado contar con sustancias que, siendo inyectadas, sirvan para proporcionar relleno, contorno o forma a diferentes zonas de la cara y del cuerpo; genéricamente esas sustancias se llaman ``modelantes''.

Éste tal vez sea uno de los temas más controvertidos de la cirugía plástica y una de las actividades que más practican los charlatanes, con la que defraudan y ponen en peligro la salud y la vida de los incautos que caen en sus manos, al ser sometidos con engaños a inyecciones de sustancias que prometen mejorar la apariencia de la cara, dar más volumen a los senos, glúteos o piernas.

Todos los cirujanos plásticos reciben con frecuencia pacientes con resultados grotescos y graves, en muchos de los casos incluso se pone en riesgo la vida como resultado de la aplicación de estas ``sustancias milagrosas'', por algún charlatán; de aquí deba considerarse lo riesgoso que resulta ponerse en manos de personas desconocidas que no tienen ningún escrúpulo, ni preparación.

Ninguna de estas sustancias debe ser aplicada por personas que no sean cirujanos plásticos o dermatólogos certificados, ni tampoco en salones de belleza o en otras instalaciones; sólo en consultorios médicos formales y bajo normas estrictas de limpieza y seguridad.

En nuestro país se realiza el 10 por ciento del total de cirugías plásticas que se llevan a cabo en el mundo, los mexicanos solicitan en primer lugar el relleno de bótox, posteriormente, la lipoescultura y el aumento de senos comparten el segundo lugar; mientras que los rellenos en el rostro ocupan la posición número tres. Cabe decir que más de la mitad de quien se realiza un tratamiento estético se encuentra entre los 21 y los 50 años de edad.

Con fecha 4 de octubre de 2005, la diputada federal María Cristina Díaz Salazar , del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa por la que se adicionaba un segundo párrafo al artículo 271 de la Ley General de Salud, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la colegisladora, a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

El 19 de abril de 2006, la Comisión de Salud presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen, que fue aprobado. Ese mismo día se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen, y fue aprobada el 26 de abril de 2007 en el Senado de la República.

En el Diario Oficial de la Federación, el 19 de junio de 2007, se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El día 10 de abril de 2008, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN emitieron un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento referido en el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, el cual fue turnado a la Comisión de Salud para su estudio.

Con fecha 8 de julio de 2008, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictaminó que era urgente que la Secretaría de Salud emitiera el Reglamento correspondiente en materia de cirugía estética y cosmética; además de informar a la población sobre los riesgos que representa para la salud.

Quedando de la siguiente forma:

Transitorios

Con base en la anterior adición a la Ley General de Salud, es necesario reglamentar el párrafo adicionado, con el fin de cumplir con la observancia emitida que obliga a respetar el precepto constitucional de proteger la salud, previniendo riesgos graves e incluso la muerte; y habiéndose cumplido el término en diciembre de 2007, para que sea emitido el reglamento.

Una ley sin reglamento se vuelve de imposible cumplimiento y con ello se nulifica el esfuerzo de los legisladores que emitieron la norma que se ha quedado sin reglamentar.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, con fundamento en la adición del mismo precepto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007.

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/033_DOF_19jun07.pdf http://docs.google.com/gview?a=v & q=cache%3AfOqCnrh26sYJ%3Asil.gobernacion.gob.mx%2FArchivos%2FDocumentos%2F2009%2F02%2Fasun_2525004_20090210_1234301707.pdf+punto+de+acuerdo+271 & hl=es & gl=mx & sig=AFQjCNHKBeJIQtXmurIHhCR6PHTBiip-A & pli=1

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener a que promueva la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California para establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico en el estado.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a promover la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California para establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico en el estado, a cargo de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Laura Elena Ledesma Romo , integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El próximo 28 de noviembre celebraremos el primer año de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y sin duda que esa fecha será motivo especial para promover un primer ejercicio de análisis y reflexión de la ruta que nuestro país ha seguido en el cumplimiento de lo dispuesto por esta mandato legal, producto de la capacidad de trabajo y entendimiento de quienes hoy conforman la LXI Legislatura de este Congreso.

A todos quienes hemos venido pugnando para abrir una nueva vía para el desarrollo de nuestro país, mucho nos anima y compromete seguir y profundizar en esta gran visión, reconociendo en primer término el valor del trabajo colegiado que hoy se realiza al seno del Poder Legislativo, y en su relación con los demás poderes y órdenes de gobierno.

Con este ánimo venimos a ponderar el proceso de creación del nuevo marco jurídico que hoy viene a fomentar el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y de las tecnologías limpias, derivándose en disposiciones contenidas en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves 6 de agosto, así como en el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicado el 2 de septiembre del año en curso.

Sabemos que aún faltan otras herramientas previstas en la ley para poder avanzar con paso más firme en el terreno de la sustentabilidad energética de nuestro país, pero confiamos en que las instancias correspondientes están trabajando en ello porque están convencidas de que son necesarias para cumplir con los objetivos y las metas públicamente establecidas. Además de que nosotros también estamos pendientes de que cada quien cumpla con su tarea.

Sabemos que lo que demanda nuestra sociedad son resultados, y en esa línea de acción nos centraremos en cada uno de nuestros actos.

Es por ello que, al ver el anuncio del gobierno de Baja California el cual indicó la adjudicación del proyecto de parque eólico en La Rumorosa en donde se instalarán cinco turbinas de 78 metros de altura con capacidad para 36 megavatios de electricidad, hacemos un público reconocimiento al esfuerzo realizado en Baja California para lograr la construcción de lo que será el primer parque eólico de propiedad estatal con capacidad para generar 10 megavatios.

Este proyecto brindará ayuda a un sector de la población del municipio de Mexicali, reduciendo parcialmente el pago de sus consumos y también para abaratar el costo del servicio de alumbrado público. También este proyecto busca abastecer el alumbrado público de Mexicali y Tijuana, así como liberar capacidad de la planta geotérmica de Cerro Prieto.

Aunque la electricidad proveniente de fuente geotérmica es de por sí limpia y más económica que la que viene del agua, la eólica la supera en limpieza y su fuente de poder es el viento, recurso inacabable y disponible siempre en la zona de la instalación.

Este es un ejemplo concreto de lo mucho que se puede hacer para lograr una salida sustentable a la situación de crisis que hoy vivimos en el país, apostándole a una nueva forma de producir la energía que necesitamos para elevar nuestros indicadores de competitividad y de bienestar social, sin lastimar al medio ambiente.

Por eso es que hoy venimos a plantear, a manera de punto de acuerdo, que de conformidad con lo que prevé la misma Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en su artículo octavo, la Secretaría de Energía promueva la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California y sus municipios para que, en su caso y de manera conjunta, se busque establecer las bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo federal de conformidad con dicha ley.

Igualmente para promover acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables, facilitar el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento, establecer regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y la simplificación de los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.

En materia de fuentes alternas para la generación de energía limpia, Baja California cuenta con un gran potencial que debe de ser aprovechado para dar respuesta sustentable a su acelerado crecimiento.

Hay un gran potencial para producir energía eólica, solar, hidráulica, biomasa, residuos sólidos y oceánicos. Es este potencial con el que se tendrá que hacer frente a los estragos previstos por el cambio climático en la región y ello implica estrechar las relaciones de cooperación entre los tres órdenes de gobierno para poder hacer más con menos.

Más allá de cualquier diferencia política o partidista, siempre estará la búsqueda del bienestar de la población y del cuidado de nuestro medio ambiente. Esta es nuestra convicción ideológica y por ello es que ajustamos nuestro proceder a lo que mandatan nuestras leyes.

Venimos a trabajar con lo que ya tenemos y a debatir para siempre buscar ir más allá, por eso es que pedimos no descuidar lo que ya lograron construir quienes antes ocuparon esta honorable responsabilidad. Hagamos nuestros sus aciertos y vigilemos que la fuerza de las leyes le den cause al desempeño de nuestras instituciones.

En este caso nos queda claro que por mandato de la ley será la Secretaría de Energía, con la participación que le corresponda a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, quien de manera periódica evaluará el avance del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desa-rrollo 2007-2012, pero también, y en su momento, sabemos que esta soberanía hará lo propio, porque esta es una de nuestras principales responsabilidades de cara a nuestra sociedad.

Nuestra población quiere ver y sentir más resultados de sus gobernantes y representantes y por ello es que proponemos estrechar los vínculos de colaboración en el marco de las competencias que establecen las leyes de nuestro país.

Es por lo antes expuesto y fundado, me permito poner a la atenta consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Envíese atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía, y con fundamento en lo previsto en el artículo 8o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, promueva la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California y sus municipios para que, en su caso y de manera conjunta, se busque establecer las bases de participación para instrumentar las disposiciones que se emitan de conformidad con dicha ley.

Igualmente para promover acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables, facilitar el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento, establecer regulaciones de uso del suelo y de construcciones que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y la simplificación de los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Energía.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión Francisco Ramos Montaño , del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo a fin de crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

Antecedentes

1. El 29 de noviembre del 2000 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

2. El 30 de abril de 2001 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la creación de dicha comisión especial.

3. Durante las tres anteriores legislaturas, por consenso de todos los grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara ha aprobado, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, incluso se han presentado diversas iniciativas con proyecto de decreto a fin de modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso para que pueda tener el carácter de comisión ordinaria.

Consideraciones

Primera. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que ``corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución''.

Segunda. Que en el artículo 26 de nuestra Ley Suprema se dispone también que ``el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación''.

Se señala además que ``los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal''.

Tercera. Que el artículo 2o. de la Ley de Planeación establece que ``la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

Cuarta. Que el artículo 21 de la Ley de Planeación, establece que ``el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo''.

Quinta. Que la comisión especial en cuestión ha sido un órgano legislativo de suma importancia para que el Poder Legislativo siga fomentando, fortaleciendo y dando seguimiento a las diversas políticas y programas que en el ámbito de la administración pública se han emprendido para contribuir a mejorar y elevar el nivel de vida de los habitantes de la región sur-sureste de México, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Sexta. Que ante los complejos escenarios económicos nacionales e internacionales, en el país, se hace necesaria la suma de consensos y voluntades políticas y sociales, a fin de buscar mejores mecanismos de cooperación entre los diferentes actores de gobierno, así como de la sociedad en su conjunto, con el propósito de contar con mejores programas y políticas públicas que den pauta a reestablecer el desarrollo de la economía nacional, haciendo énfasis en la región sur-sureste del país que promuevan la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en la región sur-sureste del país.

Séptima. Que el artículo 39, numeral primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que ``las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales''.

El numeral segundo del mismo ordenamiento, puntualiza que las comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura en legislatura, por lo que a consideración del proponente, ninguna de las comisiones señaladas atiende como materia específica para sus trabajos el desarrollo regional.

Si bien es cierto que la gran mayoría de las comisiones ordinarias se interrelacionan con las ramas de competencia de la administración pública federal, según su naturaleza y materia, y que de algún modo pueden tener interés en los diferentes aspectos del desarrollo regional en un proyecto señalado para el sur-sureste del país, resulta evidente que, por su complejidad y alentadora expectativa, se requiere necesariamente de un trabajo de una comisión especial legislativa que pueda abocarse específicamente al impulso, seguimiento, y evaluación de los programas y proyectos de estas zonas geográfica del país, sin demérito de la participación que las demás comisiones puedan tener conforme a su competencia y atribuciones constitucionales.

Octava. Que el artículo 42 de la propia Ley Orgánica del Congreso señala que el Pleno de la Cámara podrá acordar la constitución de comisiones especiales para hacerse cargo de un asunto específico, y que dicho acuerdo señalará su objeto, el número de los integrantes que la conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se le haya encomendado.

Novena. Que el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina que, para el despacho de los negocios se nombrarán, de cada una de las Cámaras, Comisiones Permanentes y especiales que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución.

Décima. Que el artículo 71 del mismo reglamento establece que cada una de las Cámaras nombrará las comisiones especiales que considere conveniente, cuando así los exija la urgencia y calidad de los negociaos.

Undécima. Que el artículo 78 del ordenamiento en cuestión señala que serán comisiones especiales las que acuerde cada Cámara para el mejor despacho de los negocios.

Por las consideraciones expuestas, se solicita que el presente documento se envíe a la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

Segundo. La comisión especial se integrará por treinta diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, de acuerdo con la propuesta que sobre el particular determine la Junta de Coordinación Política de conformidad con sus atribuciones señaladas en los artículos 33, 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las propuestas de diputadas y diputados para la integración de dicha comisión especial que corresponda presentar a los diferentes grupos parlamentarios, considerarán, preferentemente a los diputados federales provenientes de entidades de la zona del sur-sureste de México.

Tercero. La comisión especial impulsará y propondrá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para la región sur-sureste de México.

Cuarto. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará hasta el término de la LXI Legislatura.

Quinto. La comisión especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conagua que informe sobre las acciones específicas a realizar para atender el agotamiento de la disponibilidad de agua para Baja California.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua que informe sobre las acciones específicas por realizar a fin de atender el agotamiento de la disponibilidad de agua para Baja California, a cargo de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Laura Elena Ledesma Romo , diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país semiárido, que anualmente recibe 1,488 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, el 72.5 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 25.4 por ciento escurre por los ríos o arroyos y el 2.1 por ciento restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, de tal forma que anualmente el país cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos de agua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han identificado 1,471 cuencas hidrográficas en el país, las cuales, para fines de publicación de la disponibilidad de aguas superficiales, se han agrupado y/o subdividido en 728 cuencas hidrológicas. Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas, y estas a su vez están agrupadas en las 13 regiones hidrológico-administrativas.

Esta red hidrográfica está constituida de 633 mil kilómetros, donde destacan 50 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren el 65 por ciento de la superficie nacional. Es importante mencionar que se comparten cuencas con Estados Unidos (Bravo, Colorado y Tijuana), Guatemala (Grijalva-Usumacinta, Suchiate, Coatán y Candelaria) y con Belice y Guatemala (Hondo).

El estado de Baja California se encuentra ubicado en la parte baja de la cuenca del río Colorado, que se encuentra entre México y Estados Unidos

Con base en acuerdos interestatales y el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado con México en 1944, la Suprema Corte de los Estados Unidos decretó que 20,361 millones de metros cúbicos de las aguas presentes y futuras del río se destinarían para su uso en las cuencas alta y baja de ese país y 1,850 millones de metros cúbicos corresponderían a México. Lo que indica que sólo el 8.3 pertenece a nuestro país.

Aunado a lo anterior, Baja California tiene registros de precipitación entre 1941 a 2005 de 203.7 mm por año, siendo con ello el segundo estado con menores niveles de precipitación, después de Baja California Sur. Situación que contrasta radicalmente con estados como Tabasco, el más alto del país, con 2,405.8 mm, Chiapas con 1,968.9 y Oaxaca con 1,518.8.

A raíz del fenómeno del cambio climático y su posible impacto en esta región del noroeste de nuestro país, se han perfilado escenarios que hablan de las graves dificultades que se pueden llegar a vivir ante la presencia de fuertes sequías que vendrían a restringir el caudal de la principal fuente del recurso hídrico y que es el río Colorado.

Esta situación nos vuelve vulnerables, aunado a los efectos del manejo del agua y de la cuenca que se hace en el vecino país. Es por esto que existe una gran preocupación, dada la disminución de los caudales del río y su posible impacto en el suministro a toda la región, sin dejar de advertir su repercusión en la ecología de la zona del delta que se encuentra en el extremo norte del Golfo de California.

Recientemente el coordinador de Consejo de Cuenca de la Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua declaró que está agotada la disponibilidad de agua para Baja California. Siendo que anualmente la disponibilidad del vital líquido para ese estado es de 3 mil 326 millones de metros cúbicos, que ya se encuentra asignada.

Esta situación, es alarmante toda vez que la demanda aumenta por el crecimiento de la población.

A esta situación el consejo de cuenca de la región está planteando las siguientes medidas:

De acuerdo con la Conagua, Baja California tiene concesionado al año 2,414.7 Mm³, lo cual representa el 69.1 por ciento de la disponibilidad total de recursos hídricos con que cuenta esta entidad fronteriza. De ahí que, en el futuro inmediato, el óptimo funcionamiento de este distrito de irrigación sea vital para la sobrevivencia de ese estado.

Estas aguas son el sustento de 3 millones 481 mil personas que habitan ahora en esta entidad, que definitivamente no dan respuesta al problema que representa el hecho de que para el 2030 la población de Baja California se habrá de duplicar.

Esta situación obliga a que esta soberanía promueva un llamado tanto a la Comisión Nacional del Agua, para que exponga a esta legislatura cuáles son las medidas que se están previendo para atender de manera eficaz la problemática del agua en el estado de Baja California.

Aunado a lo anterior, hay que decir que por consideraciones de tipo político y económico, en Baja California se ha dejado de atender el mandato constitucional previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que establecen como facultad de los municipios el manejo del servicio de agua potable y alcantarillado.

En Baja California sigue siendo el gobierno del estado el que controla el manejo del agua potable en los municipios, a través de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California en cada municipio.

Estas comisiones están fundamentadas, en la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del estado de Baja California, donde se establece que tendrán, entre otras funciones, todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras de cada uno de los municipios a que correspondan.

Esta postura centralista tiene hoy a los organismos operadores del agua en Baja California, sometidos a una camisa de fuerza que impide que puedan tomar medidas de acuerdo al espíritu del municipio libre y de su realidad económica y social, ecológica y ambiental. Esta es una realidad que tampoco podemos soslayar. El marco jurídico del agua en Baja California es obsoleto y con una gran dispersión.

Pero es claro y es importante mencionar lo indicado en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que a la letra dice:

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa que radicará en la cabecera de cada municipalidad y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éstos y el gobierno del estado.

Por esta autonomía que tienen los municipios, es necesario que el Poder Legislativo del estado de Baja California realice un análisis a la legislación vigente para que la ley no contravenga el mandato constitucional a que se hace referencia.

Sabemos que en la agenda de esta LXI Legislatura el tema del agua es una de sus grandes prioridades. Por ello es que en mi calidad de legisladora que vive en la región fronteriza de Baja California expongo esta preocupante situación para que sea parte del programa que al efecto de la agenda y que por la vía del análisis y la reflexión se tomen de manera oportuna las medidas a que de lugar.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la atenta consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a informar a esta legislatura a través del director general de la Comisión Nacional del Agua sobre las acciones específicas que se realizarán para atender el impacto del agotamiento de agua para Baja California, así como los resultados esperados con dichas acciones.

Segundo. Envíese al honorable Congreso del estado de Baja California una respetuosa excitativa a fin de que con la mayor brevedad realice un análisis y en su caso las adecuaciones correspondientes a su marco jurídico local para dar congruencia a los dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de administración y manejo del agua potable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Francisco Ramos Montaño del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipyme.

Antecedentes

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos reconoce que en la última década en muchos países han crecido las pequeñas y medianas empresas, jugando un papel determinante en la economía y en la generación de nuevos empleos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99 por ciento del total en el país; aportan más del 52 por ciento del producto interno bruto, el 18.1 por ciento lo aportan las micro; el 12.5 por ciento las pequeñas y el 24.4 por ciento las medianas empresas; y generan cerca del 79 por ciento de los empleos formales.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de estadística y Geografía, en México la tasa de desempleo --en agosto de 2009-- subió 6.28 por ciento, significando su mayor nivel en más de una década, dejando a más de 2 millones de mexicanos sin acceso a un empleo.

Gobiernos de incontables países del mundo implantan programas de apoyo para el desarrollo, productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), conscientes de son parte sustancial en el soporte y desarrollo económico, destacando además, que las llamadas microempresas también constituyen parte fundamental en la base económica de las naciones.

Como se puede observar, el impacto de las Mipyme es muy importante, por lo que en el país las políticas públicas deben apuntar de manera decidida hacia el apoyo de este sector, desde distintos ámbitos como son los de la promoción, innovación, financiamiento y capacitación, ya que dependiendo de su desarrollo y competitividad se fortalecerá al mercado interno, lo que conllevaría a generar los empleos que la población demanda, además de enfocarlas con programas específicos para llegar a ser grandes empresas y modificar la tendencia de que México sea un país de changarros.

Se estima que en el año 2003, existían en el país 3 millones 5 mil 157 empresas, de las cuales el 99 por ciento representaban a las Mipyme, motivo por el que se creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de diseñar, fomentar, y promover programas que permitan el desarrollo de las Mipyme.

En junio de 2009, la Secretaría de Economía publicó el acuerdo que establece la clasificación de la micro, pequeñas y medianas empresa, tomando como base el número de trabajadores y el monto de sus ventas anuales.

De conformidad con el acuerdo, se establece que:

Sin duda, la importancia de desagregar a las microempresas de las pequeñas y medianas empresas, obedece al promedio de empleados que en una microempresa es de 3.76; en una pequeña el promedio de empleados es de 20.54, es decir 5.46 veces más grande la pequeña que la micro; además de que los sistemas de planeación, control, personal y ventas entre unos y otros simplemente no son iguales.

Ante la pérdida del empleo de la población y en consecuencia su ingreso --sin diferenciar la condición social o posición laboral-- y en con la necesidad de cubrir el sustento y las demandas elementales de la familia, las microempresas se han convertido en una opción para tratar de atender sus necesidades.

El escenario resulta complicado, cuando las personas quieren impulsar su pequeña o mediana empresa, tienen que enfrentar una excesiva tramitología para su negocio, --que fluctúan entre 60 y 80 tramites, según la entidad federativa en donde se haga el trámite-- lo que de alguna manera inhibe que se promueva una economía más sana que permita una mejor recaudación de impuestos y permita el desarrollo de la economía nacional.

Sin embargo, se reconocen los esfuerzos en la materia así como los que vienen realizando varios gobiernos de los estados, tomado muy enserio el impulso de programas y foros para estimular el cooperativismo y adoptar una cultura de emprendedores, como una alternativa para enfrentar los retos económicos actuales.

En este sentido, el tema del empleo para los millones de mexicanos, es sin duda un tema prioritario para los legisladores. Por ello, la propuesta de crear una comisión especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, va orientada precisamente en atender el problema de la crisis y verla objetivamente como una oportunidad para crear competidores y mover al mercado laboral entendiendo que hay gente con capacidades que día a día anda buscando trabajo.

El mayor de los estragos que deja una crisis es sin lugar a dudas desempleados, quienes ante la pérdida de su ingreso se ven orillados a abrir un negocio, como esta ocurriendo en el país. El aumento de compras de franquicias por ejemplo es muy notorio actualmente, por lo que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial con más franquicias en el mundo. Si embargo, debemos entender que adquirir una franquicia no es precisamente una cuestión emprendedora sino que resulta como comprar un trabajo, con las limitaciones y desventajas de lo se pueda ganar o se puede perder.

Finalmente, creemos que resulta urgente en el país, evaluar los programas y políticas públicas destinadas para el desarrollo y fortalecimiento de las Mipymes, razón por la se propone contar con una Comisión Especial que evalué los programas federales para este propósito, y propiciar las reformas necesarias en la materia en beneficio de este sector, como parte elemental en la generación de empleos y en consecuencia del crecimiento de la economía nacional.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Segundo. La comisión especial se integrará por treinta diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, de acuerdo con la propuesta que sobre el particular determine la Junta de Coordinación Política de conformidad con las atribuciones señaladas en los artículos 33, 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará hasta el término de la LXI legislatura.

Cuarto. La comisión especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Viviendade esta soberanía a que cite a comparecer al director de Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) y a la empresa constructora ANDHA , por el presunto incumplimiento del programa federal Ésta es tu casa, en el municipio de Tala, Jalisco.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vivienda de esta soberanía a citar a comparecer al director de la Conavi y a la empresa constructora Andha por el presunto incumplimiento del programa federal Ésta es tu Casa, en Tala, Jalisco, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI

Leobardo Soto Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de cuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En México, el tema de la vivienda es de gran trascendencia para el desarrollo integral y sustancial de la familia. Día con día, las distintas clases sociales reclaman con justa razón un techo seguro; y año con año el gobierno mexicano, vía Cámara de Diputados, presupuesta una partida para construir casas o pies de casa que beneficien a gran cantidad de personas de escasos recursos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere en el artículo 4o., párrafo quinto, a toda familia el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, como elemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar.

La Ley de Vivienda señala en el artículo 47 que los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para realizar las acciones de vivienda serán el crédito, los subsidios del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, el ahorro de los particulares y otras aportaciones de los sectores público, social y privado.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como objetivo de la política de vivienda ampliar el acceso a financiamiento a los segmentos de la población más desfavorecidos y emprender proyectos de construcción habitacional en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable para los asentamientos humanos.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) es un organismo descentralizado de utilidad pública e interés social no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de junio de 2006.

Tala se localiza al centroponiente de Jalisco, en las coordenadas 20° 29' 00'' de latitud norte y 103° 29' 30'' de longitud oeste, a una altura de mil 320 metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal cuenta con una población de 32 mil 180 habitantes, seguida de El Refugio con 5 mil 725.

El municipio colinda al norte con Teuchitlán, Amatitán, Arenal y Zapopan; al este, con Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga; al sur, con Tlajomulco de Zúñiga, Acatlán de Juárez y Villa Corona; y al oeste, con Villa Corona, San Martín de Hidalgo y Teuchitlán.

El 7 de enero de 2008, la empresa Construcciones y Edificaciones Andha, SA, vía su representante legal, arquitecto Arnoldo Trinidad Barba Orozco, solicitó al ayuntamiento de Tala la autorización para el cambio de uso de suelo y factibilidad de uso de suelo del predio El Bajío de Las Pintitas, de esta ciudad, con una superficie de 208 mil 100.67 metros cuadrados, a fin de construir un conjunto habitacional de aproximadamente 600 casas de tipo económico para personas inscritas ante la Conavi en el programa Ésta es tu Casa. El conjunto se denominará ``Residencial La Joya''.

El 19 de agosto de 2008 se firmó el convenio de adhesión al programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda, Ésta es tu Casa, que celebran --por una parte-- la Conavi, representada por su director general, el señor Carlos Javier Gutiérrez Ruiz; y --por la otra-- Construcciones y Edificaciones Andha, SA, vía su representante legal, arquitecto Arnoldo Trinidad Barba Orozco, donde se presentaron las formalidades necesarias para llevar a cabo el convenio de adhesión, que tiene como objeto establecer los compromisos y procedimientos para otorgar los subsidios federales respecto a los financiamientos que proporcione la constructora conforme a lo establecido en las reglas de operación de dicho programa, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2007, y en la adición publicada el 21 de diciembre de 2007.

El 24 de noviembre de 2008 se firmó un contrato de compraventa en Tala entre el arquitecto Arnoldo Trinidad Barba Orozco, con domicilio en la calle Las Cumbres 201-A, en Zapopan, Jalisco, a quien se denominó ``promitente comprador''; y el señor Francisco Martínez de la Mora, con domicilio en Donato Guerra 39, en Tala, propietario y poseedor del predio rústico El Bajío de Las Pintitas, al suroeste de Tala, con una superficie de 208 mil 100.67 metros cuadrados, a quien se denominó ``promitente vendedor''.

El 10 de diciembre de 2008, en sesión extraordinaria del ayuntamiento de Tala se aprobó por mayoría calificada y se autorizó el proyecto de vivienda popular Residencial La Joya, con todos los trámites necesarios y derechos que obligan las Leyes de Desarrollo Urbano, y de Ingresos Municipales, así como la formación de la comisión edilicia transitoria para integrar los expedientes de los beneficiarios.

El contrato de promesa de compraventa del fraccionamiento La Joya con los beneficiarios refleja las siguientes cantidades:

El 11 de febrero de 2009, presuntos beneficiados por el programa Ésta es tu Casa dirigieron un oficio a la presidencia municipal de Tala para manifestar el grave problema económico en que se encuentran porque pagan renta y, además, el préstamo para el enganche del programa. También solicitan que no se les cobre la mensualidad correspondiente hasta que se les entregue la nueva casa.

El 5 de junio de 2009, el ingeniero Enrique Aranda Vargas, subdirector general de la Conavi, informó mediante oficio al presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, que se suspendían las operaciones con la entidad ejecutora Construcciones y Edificaciones Andha, SA, porque se detectaron inconsistencias en el otorgamiento de subsidios por la empresa, además de que se recibieron llamadas de beneficiarios que aún solicitan recursos a la población con la promesa de que la Conavi otorgará subsidio.

El 12 de junio de 2009, el presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, solicitó mediante oficio al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que se resuelva el problema, pues casi mil personas ya dieron la aportación inicial y están en espera de recibir la vivienda, y de no ser así bloquearían las principales calles de esa ciudad.

El 6 de julio de 2009, el presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, envió un oficio al director general de la Conavi, actuario Ariel Cano Cuevas, para recordarle el compromiso hecho con el anterior director, ingeniero Carlos Gutiérrez Ruiz, y que el programa funciona en dos etapas: un lote con servicios, don de la primera aportación sería de 16 mil 800 pesos; y la autoconstrucción, con una segunda aportación por 38 mil 175 pesos. Y le solicitó que cumpliera los compromisos.

El 6 de agosto de 2009, el ingeniero Enrique Aranda Vargas, subdirector general de la Conavi, informó mediante oficio al presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, que se detectaron inconsistencias en el otorgamiento de subsidios por la empresa mencionada y le agradecía que considerara esa situación y se abstuviera de apoyar las actividades de la entidad.

El 7 de agosto de 2009, Construcciones y Edificaciones Andha, SA, envió un oficio a actuario Ariel Cano Cuevas, director general de la Conavi, para solicitarle la transferencia urgente de los apoyos del subsidio.

El 10 de agosto de 2009, por medio del licenciado Javier Govea Soria, coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Conavi, notificó a Construcciones y Edificaciones Andha, SA, vía representante legal, arquitecto Arnoldo trinidad barba Orozco, la visita de verificación ordinaria respecto a las obligaciones con el destino, la correcta operación y la aplicación de los recursos federales derivados del programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda Ésta es tu Casa.

El 24 de agosto de 2009, por medio del licenciado Javier Govea Soria, coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Conavi, se notificó a Construcciones y Edificaciones Andha, SA, vía representante legal, arquitecto Arnoldo Trinidad Barba Orozco, la continuación de la visita de verificación ordinaria respecto a las obligaciones descritas.

El 3 de septiembre de 2009, el ingeniero Enrique Aranda Vargas, subdirector general de la Conavi, envió un oficio al presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, para informarle que se había iniciado el procedimiento administrativo correspondiente a Construcciones y Edificaciones Andha, SA. En términos de procedimiento, dicha entidad ya exhibió pruebas que fueron desahogadas, y en breve se iniciará la etapa de alegatos, por lo que le solicitan que abstenga de apoyar las actividades de la entidad. Sin embargo, la Conavi, se encuentra en plena disposición de apoyar a la población.

El 29 de octubre de 2009, el presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, envió oficio al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con atención al licenciado Emilio González Márquez, donde le solicita que resuelva la problemática en materia de vivienda, donde la Conavi otorgaría 54 mil pesos por beneficiario para construir mil viviendas, a cuyo respecto la constructora ya solicitó el ahorro de 12 mil pesos, que aproximadamente 950 personas ya dieron su parte en la cuenta personal y fiscal de la constructora. También manifiesta que la constructora ya recibió de la Conavi entre diciembre de 2008 y enero de 2009 cerca de 11 millones de pesos de subsidio federal. Por otro lado, la constructora ya recibió por los beneficiados casi 12 millones de pesos, y resulta que la constructora está suspendida de operaciones.

El 5 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados recibió un oficio, dirigido a la Comisión de Vivienda por el presidente municipal de Tala, Cipriano Aguayo Durán, en que se informa de la situación y se presentan los mismos datos que recibió el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

La problemática desencadenada en Tala por el tema de la vivienda puede acarrear movimientos sociales a causa del incumplimiento a 950 familias, lo que sesgaría la posibilidad de tener un techo seguro que asegure un desarrollo integral de personas de escasos recursos.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados a hacer comparecer al director de la Conavi y a la empresa constructora Andha, por el presunto incumplimiento del programa federal Ésta es tu Casa en Tala, Jalisco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Vivienda.

ISLA CERRALVO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernaciónque se abstengan de cambiar el nombre geográfico a la isla Cerralvo, ubicada en el Golfo de California, y se elimine el acuerdo emitido por el Inegi para el cambio de nombre.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y a la Segob que se abstengan de cambiar el nombre geográfico a la isla Cerralvo, situada en el golfo de California, y que se elimine el acuerdo emitido por el Inegi para esa modificación, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno los presentes puntos de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las islas, los cayos y los arrecifes de los mares del territorio nacional dependan directamente del gobierno federal, y en particular la isla Cerralvo, en el golfo de California.

La Secretaría de Gobernación, como encargada de administrar las islas de jurisdicción nacional, solicitó en días pasados, violando la historia, la cultura, los valores y el patrimonio del estado, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registrar el cambio de nombre de la isla Cerralvo en el Registro Nacional de Información Geográfica, sin justificación alguna.

El martes 17 de noviembre, el director general de Geografía y Medio Ambiente del Inegi, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante al cual se actualiza el Registro Nacional de Información Geográfica respecto al cambio de nombre geográfico de la isla Cerralvo por el de isla Jacques Cousteau, el cual rechazamos categóricamente todos los habitantes de Baja California Sur.

Reconocemos la importante labor que ha tenido el científico Jacques Cousteau en los mares mexicanos. Sin embargo, no es motivo para cambiar el nombre de la isla Cerralvo, que data del siglo XVII y que ha sido parte de la identidad de Baja California Sur. Además, estamos seguros de que el científico francés, conocedor del respeto al derecho de los demás, declinará por tan honrosa distinción, considerando primero el respeto del pueblo de México y de los sudcalifornianos.

Una vez más nos damos cuenta de la toma de decisiones de forma unilateral y arbitraria del gobierno federal para afectar el patrimonio de todos los mexicanos, violando la Constitución local y las facultades que a través del artículo 124 confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los gobiernos estatales.

Por lo expuesto, someto a consideración de ustedes la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación no cambiar el nombre geográfico de la isla Cerralvo, situada en el golfo de California, frente a las costas de Baja California Sur.

Segundo. Se elimine el acuerdo, emitido por la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el cual se actualiza el Registro Nacional de Información Geográfica respecto al cambio de nombre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del presente año.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Gobernación.

LXI LEGISLATURA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo al retiro inmediato de los mensajes de la LXI Legislatura en los que se omite la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, sobre el retiro inmediato de los mensajes de la LXI Legislatura en que se omiten la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , con fundamento en lo dispuesto por nuestro ordenamiento supremo en su artículo 73, fracción X, los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que actualmente, se están difundiendo en distintos medios de comunicación, supuestos acuerdos adoptados al interior de esta Cámara de Diputados, con motivo de la aprobación de la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de 2010, por los que se alcanzarán mayores beneficios económicos y sociales.

Que esta soberanía, al ejercer una de las funciones sustantivas del Estado, está sujeta a principios esenciales en su conducción entre los que destaca la transparencia y la veracidad de la información que se genera en las actividades legislativas y parlamentarias, por lo que deben desecharse todas aquellas versiones que sobre el trabajo y posiciones parlamentarias producen confusión en la sociedad mexicana y en la opinión pública.

Que el acontecer de la vida parlamentaria, debe difundirse en todo momento de manera objetiva y transparente, de modo que refleje la realidad y la pluralidad que priva en el máximo órgano de representación popular del país.

Que el Grupo Parlamentario del PRD no puede ser complaciente ni coparticipe con la política de la ocultación, manipulación y el engaño, que afecta gravemente el interés y el derecho a la información de la sociedad mexicana.

Que los diputados del PRD protestamos al asumir el cargo cumplir y hacer cumplir la ley fundamental, por lo que reivindicamos nuestra posición frente al pueblo de México de rechazo categórico a las propuestas que alientan las políticas de crear más y aumentar los impuestos que tanto afectan el poder adquisitivo de los mexicanos.

Que la coordinación de comunicación social depende directamente de la Mesa Directiva, por ello se pide a ese órgano de gobierno interior ordene el retiro de los mensajes en los que se omite la auténtica realidad que vive este órgano camaral.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados, ordena el retiro inmediato de los mensajes publicitarios oficiales de la LXI Legislatura, en los que se omite la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Presidencia de la Mesa Directiva.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernacióna que se destinen mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales, con el objeto de atender la emergencia que se presenta en el estado de Veracruz.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol: Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral y en la normatividad aplicable, el suscrito, diputado federal Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo.

Resolución que tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación a que se destinen mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, con el objetivo de atender diversas emergencias que se tienen en Veracruz, derivado de las lluvias torrenciales que afectaron a todas las comunidades de esta zona del estado, bajo el tenor de las siguientes consideraciones.

El deterioro ambiental, del cual el ser humano es el principal responsable, ha ocasionado que los fenómenos meteorológicos tengan mayor intensidad y frecuencia, superando los promedios que se tienen considerados; los huracanes, las tormentas tropicales, los ciclones, los frentes fríos y demás fenómenos naturales afectan no solamente a nuestro estado, sino a todo nuestro país.

Sin embargo, a pesar de que se implementan medidas preventivas ---y son de reconocer los esfuerzos que hacen el gobierno federal y los gobiernos estatales para intentar que estos efectos sean mínimos--- estos daños que les pegan son incuantificables.

Año con año se pierden vidas humanas, las inundaciones ocasionan que las infraestructuras de todo tipo se vean afectadas, provocando pérdidas y dificultades para los habitantes de las regiones, ya que quedan incomunicados y, en muchos de los casos, en espera de ser ayudados mediante los programas de emergencia que se diseñan y se tienen preparados para atender este tipo de problemas.

Entre las entidades que han resentido en mayor cuantía las consecuencias de las torrenciales lluvias han sido, desde luego, Veracruz, Tabasco y Chiapas, en donde ---según la última información proporcionada por los diferentes medios de comunicación--- han resultado más de 15 mil habitantes afectados y más de 50 comunidades incomunicadas debido a los ríos Aguadulcita, Coatzacoalcos, Uxpanapa, Tancochapa y otros ríos derivados de esta zona.

Protección civil de Veracruz ha declarado en estado de emergencia más de 36 municipios ubicados en el litoral y en el sur de la entidad. En el municipio Las Choapas tuvimos más de mil 500 personas ubicadas en albergues. A la fecha se tiene un estimado de más de 40 mil damnificados en la entidad.

La cantidad de lluvia y los vientos, que superaron los promedios que han azotado a Veracruz, ha hecho necesario, inclusive, que en algún momento se cerrara la navegación de los puertos en esta entidad; lo que afecta, desde luego, a los pescadores de toda esta región.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, ha puesto en marcha los diversos programas, desde luego que en un momento son insuficientes para alcanzar y atender la emergencia.

Por eso es importante que nosotros como legisladores debamos ser sensibles ante problemas de este tipo sumando nuestros esfuerzos, dejando a un lado los intereses de algunos, personales o de partido.

Lo anterior, con el objetivo de coadyuvar con los esfuerzos que se hacen a través del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Exhortar al titular del Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, gire las instrucciones necesarias a las autoridades competentes con el objeto de que en la prevención de estas tragedias pudiéramos encontrar algún otro tipo de resultado para atender los fenómenos naturales que nos afectan.

Segundo. Exhortar al Secretario de Gobernación con el objeto de que sean liberados mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de subsanar las emergencias que se presentan no solamente en Veracruz, sino en todo nuestro país, y que afectan a los municipios y a sus habitantes.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la urgencia que Veracruz presenta por las lluvias torrenciales, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Luis Antonio Martínez Armengol , integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deterioro ambiental del cual el ser humano es el principal responsable, ha ocasionado que los fenómenos meteorológicos se presenten con mayor frecuencia y con una intensidad que supera el promedio que se tenía considerado.

Los huracanes, tormentas tropicales, ciclones, frentes fríos y demás fenómenos naturales afectan a las entidades que se ubican en las costas de nuestro país, en embargo, a pesar de que se implantan medidas preventivas para intentar que los efectos sean mínimos, la realidad es que los estragos que causa son inconmensurables.

Cada año se pierden vidas humanas, las inundaciones ocasionan que la infraestructura de todo tipo se vea afectada, ocasionando grandes dificultades para los habitantes de las regiones afectadas, ya que se quedan incomunicados, a la espera de ser ayudados mediante los programas de emergencia que se tienen diseñados para atender este tipo de problemas.

Entre las entidades que han resentido en mayor cuantía las consecuencias de las torrenciales lluvias destaca Veracruz, en donde, según la última información proporcionada por diferentes medios de comunicación, existen más de 10 mil damnificados, 30 comunidades se encuentran incomunicadas, ya que los ríos Aguadulcita, Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tanchopan se desbordaron.

Protección Civil de Veracruz ha declarado en estado de emergencia a 36 municipios ubicados en el litoral y el sur de la entidad; en Las Choapas hay más de 500 personas en albergues. A la fecha se tiene un estimado de más de 40 mil damnificados en la entidad.

La cantidad de lluvia y los vientos, que superan el promedio, que han azotado a Veracruz han hecho necesario cerrar a la navegación los puertos de la entidad, lo que causa afectaciones de tipo económico ya que los pobladores no pueden realizar sus actividades de manera cotidiana.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, han puesto en marcha el Programa DN-III, es insuficiente para atender la emergencia que se presenta.

No sólo es importante la implantación de acciones que otorgan apoyos para albergues, dotación de comida y demás provisiones, es fundamental destinar recursos financieros que permitan a los afectados poder recuperar su patrimonio perdido, así como otorgarles apoyos económicos que les permitan solventar sus gastos inmediatos entretanto se supera la emergencia.

Como legisladores debemos ser sensibles ante problemas de este tipo, sumando esfuerzos, dejando a un lado los intereses personales o de partido, lo anterior con el objetivo de coadyuvar a que los habitantes de las localidades afectadas por las lluvias puedan solventar la emergencia por la que ahora atraviesan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en ámbito de sus atribuciones, gire sus instrucciones a las autoridades competentes con el objeto de prevenir tragedias ocasionadas por los fenómenos naturales que afectan a las entidades costeras del país.

Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación con el objeto de que sean liberados mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de subsanar la emergencia que se presenta en Veracruz y que afecta a la mayoría de los municipios del estado y sus habitantes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

SALARIOS MINIMOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general que se fije para el 2010 tenga un incremento sustancial que redunde en beneficio de las y los trabajadores.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, diputado presidente. Quisiera comenzar mi intervención con una pregunta a todas las diputadas y todos los diputados presentes: el salario mínimo al día es de 54.8 pesos, ¿ustedes podrían vivir con esta cantidad, al día? Porque 5 millones 589 mil 274 trabajadores mexicanos ganan un salario mínimo al día; es decir, 13.4 por ciento de la población económicamente activa es lo que gana a diario, un salario mínimo; hecho que la deja en la extrema pobreza en nuestro país.

¿Para qué les alcanza con 54.80 pesos al día? ¿Qué pueden adquirir diariamente con esto miles de familias mexicanas, si, por ejemplo, el kilo de carne de res cuesta 78 pesos? Pues ni siquiera para eso; el kilo de jitomate, 25.90 pesos; el transporte público, porque diariamente se transportan; el calzado, la ropa... En fin, se deja en una situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad a estos cerca de 5 millones 589 mil mexicanos en todo nuestro país.

Es por esto que, con estos ejemplos y apelando a la sensibilidad de las diputadas y los diputados, es urgente detener esta embestida contra la población trabajadora y sus familias. Es necesario que el Estado anteponga el bienestar de la mayoría y se frene la especulación y los aumentos a los artículos y servicios de primera necesidad.

Porque viene enero, la cuesta de enero, y viene el alza a una serie de productos de la canasta básica y aun así, con el salario mínimo, ¿qué van a hacer cerca de 5 millones 589 mil personas, que para enero del próximo año estamos seguros que se estarán duplicando?

Entonces, apelamos a la sensibilidad. Es por eso que sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general que se fije para 2010 en el país tenga un incremento sustancial que redunde en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, que cubra eficientemente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias, en el orden material, social y cultural, y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.

Por economía y con fundamento en el artículo 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates de la propuesta que estamos sometiendo. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de la clase laboral, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general, que se fije para 2010, tenga un incremento sustancial, que redunde en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, y que cubra efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento su dignidad, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario el 31 de diciembre de ese mismo año.

Segundo. La Conasami tiene como objetivo fundamental por ley el de cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartita, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas geográficas y salarios mínimos profesionales).

Tercero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) tiene como función, establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia, así como, fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia, circunstancia que en los hechos no ocurre.

Cuarto. La figura del salario mínimo se contempla desde la Constitución de 1917, en cuyo artículo 123, fracción VI, establecía que éste debería ser suficiente ``...para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia...''. Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.

Quinto. En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa por la cual los salarios mínimos serían fijados por una comisión nacional, lo que dio lugar a la actual comisión y dio pie a la desintegración del sistema de comisiones regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986.

Sexto. En México, como en la mayoría de los países donde imperan las políticas neoliberales, las familias y la población en general enfrentan el constante deterioro de sus condiciones de vida derivadas de malas condiciones de trabajo, de la dificultad de acceso a sistemas educativos superiores, de la falta de acceso a una vivienda digna y a servicios como salud, entre otros. Estas políticas lejos de atender las demandas más elementales de la población, las oprimen aún más, favoreciendo únicamente a los dueños del capital, estos se han enriquecido a costa del pueblo a costa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora y sus familias.

Considerando

1. Que la canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso (salario).

2. Que entre las canastas básicas más conocidas está la que utiliza el Banco de México, la cual mide la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se obtiene a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH. Dicha encuesta proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.

3. Que de conformidad con investigaciones de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos 30 años los trabajadores de México han visto disminuir sus condiciones de vida, de trabajo, de ingreso familiar, debido a que el aumento de los precios de los productos como tortilla, pollo, leche, huevo, entre otros y servicios básicos como gasolina y el gas no corresponden a los aumentos del salario, el cual obtuvo solamente el 3.9 por ciento a diferencia de la tortilla que ha obtenido un 21 por ciento.

4. La investigación realizada por Luis Lozano, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, indica que entre el 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2009, el precio de la canasta alimenticia recomendable ha pasado de 80.83 pesos a 135.12 (cerca de nueve dólares), un incremento de 67.1 por ciento.

5. Otro dato que alerta sobre la condición que viven las familias mexicanas, es que 18 millones de los 103 millones de habitantes de México viven actualmente en la pobreza alimentaria, 25 millones en pobreza de capacidades y 48 millones en pobreza patrimonial.

6. Que la situación económica que enfrenta el país y por lo tanto todos sus habitantes se ha reflejado crudamente en las condiciones de vida de los trabajadores, actualmente el salario mínimo general vigente, es de 54.80 pesos ¿Qué se puede adquirir con esta cantidad? ¿Puede una familia entera subsistir con esto o con dos o tres salarios mínimos al día?

7. Que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país 5 millones 589 mil 264 trabajadores mexicanos ganan un salario mínimo, es decir 13.04 por ciento de la población económicamente activa gana un salario mínimo diario, hecho que los condena a un nivel de ingreso de extrema pobreza, por lo tanto se acredita plenamente que es falso el argumento de la derecha que sostiene que casi ningún trabajador gana el salario mínimo en México.

8. Que en los últimos años, hemos sido testigos de una crisis financiera internacional, que no sólo ha afectado la macroeconomía, sino que evidentemente tiene y tendrá repercusiones en el bolsillo de los mexicanos. En los últimos días el peso ha sufrido una devaluación del más del 30 por ciento y se ha inyectado al sistema económico mexicano por parte de las autoridades monetarias casi 10 mil millones de dólares. Es evidente, que los incrementos en la gasolina inciden en todos los precios de los productos de la canasta básica y que esta crisis económica afectará en mayor medida a los que menos tienen.

9. Estos incrementos en los principales productos que integran la canasta básica recomendable permite que al día de hoy solo se pueda adquirir el 16 por ciento de lo que un trabajador podía comprar hace dos décadas con el mismo sueldo. ¿Si actualmente el litro de aceite cuesta 25 pesos, el azúcar 19.90, el arroz 20, el huevo 24.50, la leche 11.30, el kilo de tortilla 8.75, el gas 184 pesos, el transporte público cuesta de 3.50 a 4.00 pesos por viaje, puede una familia vivir con uno, dos o tres salarios mínimos y además proveer a los hijos de educación, salud, cultura, esparcimiento?

10. Que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, fracción VI, que los salarios mínimos generales ``deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos...'' Circunstancia que no se da en la realidad ya que el incremento a los salarios mínimos es ínfimo comparado con el incremento de los productos de la canasta básica, ni que decir de los bienes o servicios necesarios para subsistir.

Es urgente detener esta embestida contra la población trabajadora y sus familias, es necesario que el estado anteponga el bienestar de las mayorías y se frene la especulación y los aumentos a los artículos y servicios de primera necesidad y principalmente que se establezca un salario mínimo muy por arriba de la inflación, que sea suficiente y digno para atender todas las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y sus familias, incluyendo las de de-sarrollo humano.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general, que se fije para 2010 en el país, tenga un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que cubra efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

VOLUMEN II

COLEGIO DE BACHILLERES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de Educación Públicaa resolver a la brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.

El diputado Mauricio Toledo Gutiérrez : Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea legislativa de la honorable Cámara de Diputados, dado que el sello del gobierno federal es de total desprecio por la clase trabajadora, mostrando más allá de su pública incapacidad por generar empleos una profunda falta de voluntad por crearlos.

Que la política laboral de Calderón es el aniquilamiento de los trabajadores; eso hizo con los mineros de Cananea, eso mismo hace con los electricistas de Luz y Fuerza y ese desdén propina a los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Que el 24 de noviembre de 2007 se firmó un convenio entre el sindicato del Colegio de Bachilleres y el Colegio de Bachilleres, comprometiéndose ambos a desarrollar bilateralmente un programa de calidad y eficiencia para los trabajadores administrativos, que incluya diversos incentivos económicos, programa hasta el momento incumplido por parte de la institución educativa.

Que para los trabajadores y académicos la reforma curricular viola el convenio del 24 de noviembre de 2007, pues además de ir en detrimento de la calidad educativa, lesiona los derechos laborales de los trabajadores académicos y administrativos, contemplados en su contrato colectivo de trabajo.

Que de acuerdo con el sindicato, la reforma iniciada en el Colegio de Bachilleres impone la flexibilidad de perfiles y funciones, afectando las condiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Que para los trabajadores en huelga se ha incumplido, por parte de la institución, con el convenio del 7 de diciembre de 2008, en el que se comprometieron a analizar diversos puestos de confianza y determinar la naturaleza de sus funciones.

Que el Colegio de Bachilleres viola presumiblemente los derechos de todos los trabajadores al no ejercer, hasta el momento, el programa de nivelación salarial, con los recursos autorizados por esta soberanía en el presupuesto de egresos para 2009, 112 millones de pesos más otra cantidad igual que aporta la SEP por concepto de lo que se denomina peso a peso.

Que la huelga estalló desde el 19 de octubre, y hasta el momento la institución ha negado hacer ofrecimientos serios y genuinos para la concreción de acuerdos, lo que ha dejado a alrededor de 120 mil alumnos sin clases.

Por eso, solicito a esta soberanía, a la Cámara de Diputados, que solicite, que solicitemos una mesa de trabajo a la Secretaría de Educación Pública, al Colegio de Bachilleres, para que se resuelva de una vez por todas este conflicto laboral que tiene a cientos de estudiantes sin estudiar y que además no hay la voluntad de resolver los conflictos laborales de los académicos y los trabajadores del sindicato del Colegio de Bachilleres.

Primero. Se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de Educación Pública a resolver a la brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Segundo. Se integre a la brevedad una comisión legislativa plural para coadyuvar la concreción de la conciliación entre el Colegio de Bachilleres y el sindicato. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la SEP a resolver con la mayor brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el ordenamiento supremo, en el artículo 73, fracción X, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

El sello del gobierno federal es de total desprecio por la clase trabajadora, mostrando más allá de su pública discapacidad para generar empleos una profunda falta de voluntad para crearlos. La política laboral de Calderón es de aniquilamiento de los trabajadores; eso hizo con los mineros de Cananea, eso hace con los electricistas de Luz y Fuerza, y ese desdén propina a los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

El 24 de noviembre de 2007 se firmó un convenio entre el Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres y el Colegio de Bachilleres, comprometiéndose ambos a desarrollar bilateralmente un programa de calidad y eficiencia para los trabajadores administrativos que incluya diversos incentivos económicos, programa hasta el momento incumplido por la institución educativa.

Para los trabajadores y los académicos, la reforma curricular viola el convenio del 24 de noviembre de 2007, pues además de ir en detrimento de la calidad educativa, lesiona los derechos laborales de los trabajadores académicos y administrativos considerados en el contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con el sindicato, la reforma iniciada en el Colegio de Bachilleres impone la flexibilidad de perfiles y funciones, afectando las condiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Para los trabajadores en huelga, se ha incumplido por la institución el convenio del 7 de diciembre de 2008, en el que se comprometieron a analizar diversos puestos de confianza y determinar la naturaleza de sus funciones.

El Colegio de Bachilleres viola presumiblemente los derechos de todos los trabajadores porque no ha ejercido el programa de nivelación salarial con los recursos autorizados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos para 2009 (112 millones de pesos), más otra cantidad igual que aporta la Secretaría de Educación Pública, por concepto de lo que se denomina ``peso a peso''.

La huelga estalló el 19 de octubre y hasta el momento la institución se ha negado a formula ofrecimientos ciertos y genuinos para concretar acuerdos, lo que ha dejado sin clases a alrededor de 120 mil alumnos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Colegio de Bachilleres y a la Secretaría de Educación Pública a resolver con la mayor brevedad las demandas de los trabajadores del Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónejercer su facultad de investigación sobre violaciones a garantías individuales por la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados, si el 2 de octubre no se olvida, ¿quién podría olvidar ahora el 10 de octubre de 2009?

Como bien recordamos, ese día lo que en un principio fue una toma de 50 integrantes de la Policía Federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, poco antes de las 11 de la noche se convirtió en una toma de todas sus subestaciones por parte de miles de elementos de la Policía Federal.

Sin duda, estos hechos de manera abrupta sucedieron, con el preámbulo de una serie de atropellos a los derechos más elementales de miles de ciudadanos trabajadores, que durante parte importante de su vida estuvieron al servicio de esta paraestatal.

Contrario a lo que en su campaña populista prometió Felipe Calderón, generar empleo, con la publicación, del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de octubre de 2009, el autodenominado presidente del empleo mandó de la noche a la mañana al desempleo a más de 44 mil trabajadores, en su mayoría habitantes del Distrito Federal y del centro de nuestro país. A esta cifra hay que agregarle los más de 22 mil jubilados, por lo que el número se eleva a más de 66 mil familias electricistas afectadas.

En consecuencia, como solución desesperada a esta situación, el Ejecutivo decreta la extinción de la empresa. Sin embargo, lo que todos los trabajadores y la sociedad saben y que no se informó en el decreto, fue que desde administraciones pasadas los trabajadores de la empresa, por conducto del Sindicato Mexicano de Electricistas, han denunciado ante la opinión pública que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de esta empresa pública.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas, ha desarrollado una política de alto subsidios a los grandes empresarios que utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus enormes ganancias.

Que esta transferencia de valor a los grandes empresarios ha descapitalizado gravemente a Luz y Fuerza del Centro, tanto que los grandes empresarios de energía eléctrica se la venden muy por debajo de su valor real.

Compañeras y compañeros, solicito que la Suprema Corte atraiga el caso, conforme al artículo 97 de nuestra Carta Magna, que dice: ``La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación a la garantía individual.''

Por supuesto que es una grave violación a las garantías individuales dejar sin empleo, sin trabajo a miles de trabajadores. Por eso coincido con el diputado Ramón, con el diputado Nazario Norberto, en que tenemos, en esta Cámara de Diputados, que solicitar a la Suprema Corte de Justicia que atraiga este caso por la violación a los derechos individuales de los trabajadores de electricidad de Luz y Fuerza del Centro de nuestro país.

Por tal motivo, solicito a esta Cámara de Diputados que apoye esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de investigación sobre violaciones de garantías individuales por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Si el 2 de octubre no se olvida, quién podrá olvidar ahora el 10 de octubre de 2009.

Como bien recordamos, en ese día lo que en un principio fue una toma de 50 integrantes de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) poco antes de las once de la noche, se convirtió en una toma de todas sus subestaciones por miles de elementos de esa policía federal.

Sin duda, estos hechos que de manera abrupta sucedieron, son el preámbulo de una serie de atropellos a los derechos más elementales de miles de ciudadanos trabajadores que durante parte importante de su vida, estuvieron al servicio de esa paraestatal.

Contrario a lo que en su campaña populista prometía Felipe Calderón de generar empleo; con la publicación del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2009, el autodenominado ``Presidente del Empleo'', mandó de la noche a la mañana a más de 44 mil trabajadores, en su mayoría habitantes del Distrito Federal, a las filas del desempleo.

A esta cifra hay que agregarle los más de 22 mil jubilados, por lo que el número se eleva a más de 66 mil familias electricistas afectadas.

Como ya todos sabemos, los argumentos centrales que el Ejecutivo vertió para justificar la liquidación, fueron que además de ineficiente, la Compañía resultaba muy cara; que desde su creación este organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestales cuantiosas y, que para el presente ejercicio, dichas transferencias serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos.

Asimismo, se afirmó que uno de los problemas financieros de LyFC es el porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor del 30.6 por ciento al mes de junio de 2009.

En consecuencia, como solución desesperada a esta situación el Ejecutivo decreta la extinción de la empresa.

Sin embargo, lo que todos los trabajadores y la sociedad saben y que no se informó en el decreto fue

Que desde administraciones pasadas, los trabajadores de la empresa por conducto del Sindicato Mexicano de Electricistas, han denunciado ante la opinión pública que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de esta empresa pública.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas, ha desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus enormes ganancias. Baste mencionar que en promedio, el kilowatt/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el kilowatt/hora.

Que esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real. Este hecho, representa una merma importante en las finanzas de la paraestatal.

Que las transferencias presupuestales que recibía LyFC, no eran destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino a la compra de energía eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad ( CFE). Cabe resaltar, que desde 1975 por decisión gubernamental, no se permitió que esta empresa pública creciera en capacidad de generación, por lo que sí creció su necesidad de comprar energía en bloque a la CFE; y

Que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De acuerdo con los estados financieros de LyFC, lo que ésta destinó para este rubro a julio de 2009 es del orden de los $54 mil 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, estas transferencias, se utilizaron para el pago de la energía en bloque a CFE, y no, para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas.

Compañeras y compañeros diputados: con el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal no sólo trastocó el terreno de las garantías individuales al desmantelar un empresa pública dejando sin empleo a miles de ciudadanos y afectando a miles de familias, sino también violentó el derecho a la información ya que se pretendió justificar la extinción con argumentos manipulados e información incompleta, lo que abona a la cultura de la maquinación, el engaño y la ocultación en perjuicio de ese derecho fundamental que el estado está obligado a garantizar su ejercicio y disfrute.

Considerando, que

Por otra parte, aprovecho desde esta tribuna, y a nombre de esas miles de familias de nuestros compañeros electricistas, para decirle al señor Calderón que, por dignidad y por respeto a México, deje ya de prestarse a hacerse acreedor de galardones y premios que no le merecen, como el que recientemente consintió recibir de una revista en Estados Unidos el nombramiento de ``líder del año''.

Quién en el papel puede sentirse líder, cuando en los hechos es paladín del desempleo y el desaliento económico.

Por la trascendencia de estos hechos provocados por el actual gobierno y su vinculación con las condiciones económicas y sociales tan delicadas que prevalecen en el país, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a la consideración del Pleno como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que ejerza su facultad de investigación respecto de los hechos relativos al proceso de extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a partir de la toma de instalaciones y subestaciones de esta empresa pública por parte de la Policía Federal Preventiva acaecida el día 10 de octubre de 2009, en los que se violentaron de manera grave derechos y garantías fundamentales, particularmente, el derecho al trabajo prevista en el artículo 5o. de nuestra ley fundamental, al quedar sin empleo más de 44 mil ciudadanos trabajadores, con la expedición y publicación del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre del presente año.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Presidente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame, a sus órdenes. Sí, diputado Jiménez, dígame.

El diputado Ramón Jiménez López (desde curul): Señor presidente, solicito la palabra por alusiones, si es tan amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pues es una proposición que no está a discusión, diputado. Creo que no ha lugar en virtud de que solamente fueron hechos los planteamientos correspondientes.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Presidente, solicité la palabra por alusiones, no viole la norma.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar, al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán, a que den cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar: Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en un país como el nuestro, que ha vivido crisis recurrentes, es de suma importancia la atención a las necesidades prioritarias de la población, mediante la implementación de programas que permitan su acceso a los requerimientos básicos, como los son una alimentación suficiente, salud, educación, vivienda, entre otros.

Es claro que en la ejecución de los programas de desarrollo social se ha dejado de lado a los municipios, que son la instancia más cercana a la gente, base de la organización política de nuestra nación, y que por dicha cercanía conocen de mejor manera la problemática específica de cada uno de ellos; las condiciones de vida de sus pobladores y las necesidades reales.

La Ley General de Desarrollo Social establece, en su artículo 3o., los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social y que, por tanto, deben ser observados por las autoridades federales, estatales y municipales concurrentes en la materia.

Asimismo, hoy se viola el principio de transparencia toda vez que se mantienen en la opacidad los padrones de beneficiarios y de organizaciones que reciben recursos por parte de dichas instancias.

También se pasa por alto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, y sólo, por excepción, los ejecutarán directamente otras instancias.

En Michoacán, mi estado, durante el pasado proceso electoral federal, quedó evidenciado el uso político-electoral de los programas sociales por parte de la federación y del gobierno estatal, con acciones encaminadas a identificar los recursos o bienes otorgados por el partido del que provenía la autoridad de que se tratara.

Se ha buscado canalizar recursos y bienes por conducto de organizaciones sociales afines en los que frecuentemente participan militantes e incluso ex candidatos de dichos partidos políticos. El sonado caso del cementazo, implementado por el gobierno del estado, y la canalización de los recursos por medio de las delegaciones federales a organizaciones afines al partido en el gobierno federal son sólo ejemplos de lo anterior.

Por ello, presento a ustedes este punto de acuerdo, en el cual primero se exhorta al gobierno federal para que revise, y en su caso, modifique las reglas de operación de dichos programas federales en materia de desarrollo social, a fin de que para su ejecución sea obligatoria la coordinación de las instancias municipales correspondientes.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Michoacán a fin de que transparente la entrega de los bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales en materia de desarrollo social, estableciendo en las reglas de operación respectivas la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán a cumplir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social que imponen la obligación de coordinarse con los ayuntamientos para implantar programas de desarrollo social, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar , del Grupo Parlamentario del PRI

Jeny de los Reyes Aguilar , diputada federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a tenor de las siguientes

Consideraciones

En un país como el nuestro, que ha vivido crisis recurrentes desde hace mas de 20 años, es de suma importancia atender las necesidades prioritarias de la población mediante la implementación de programas que permitan su acceso a los requerimientos básicos como los son una alimentación suficiente, educación, vivienda, etcétera.

No se pone en duda ni se cuestiona la necesidad de dichos programas, pero sí la forma en que los gobiernos federal y estatal los implementan en el estado de Michoacán.

En la ejecución de los programas de desarrollo social se ha dejado de lado a los municipios, que son la instancia más cercana a la gente, base de la organización política de nuestra nación, y que por dicha cercanía conocen de mejor manera la problemática específica de cada uno de ellos, las condiciones de vida de sus pobladores y sus necesidades reales.

La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 3o. los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social, y que por tanto deben ser observados por las autoridades federales, estatales y municipales concurrentes en la materia.

Así pues, se violan los principios de solidaridad e integralidad toda vez que los gobiernos federal y estatal se abstienen de coordinar y articular con los ayuntamientos la ejecución de los programas de desarrollo social.

Se viola asimismo el principio de transparencia, toda vez que se mantienen en la opacidad los padrones de beneficiarios y de organizaciones que reciben recursos por parte de los dos ámbitos de gobierno.

Asimismo, se pasa por alto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, y sólo por excepción los ejecutarán directamente otras instancias.

Durante el pasado proceso electoral federal, quedó en evidencia el uso político electoral de los programas sociales por la federación y el gobierno estatal, realizando acciones encaminadas a identificar los recursos o bienes otorgados con el partido político del que provenía la autoridad de que se tratara.

Asimismo, se ha buscado canalizar recursos y bienes por conducto de organizaciones sociales afines en las que frecuentemente participan militantes e incluso ex candidatos de dichos partidos políticos. El sonado cementazo implementado por el gobierno estatal, y la distribución de recursos por medio de las delegaciones federales a organizaciones afines al partido en el gobierno federal son sólo ejemplos de lo anterior.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al ejecutivo federal a revisar y, en su caso, modifique las Reglas de Operación de los programas federales en materia de desarrollo social, a fin de que para su ejecución sea obligatoria la coordinación con las instancias municipales correspondientes.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Michoacán a transparentar la entrega de bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales en materia de desarrollo social, estableciendo en las reglas de operación correspondientes la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Desa-rrollo Social.

A solicitud de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone su intervención enlistada para tratar algún tema acerca del estado de Veracruz.

ARBOLES DE NAVIDAD NATURALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que garantice que los árboles de Navidad naturales de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, como podemos ver ya se acerca la temporada navideña y con ella la venta de árboles de Navidad.

En nuestro país actualmente se adquieren 1.9 millones de árboles de Navidad naturales, de los cuales 56 por ciento provienen de Estados Unidos y de Canadá, por lo cual México, a través de la Profepa, realiza acciones de verificación de dichos árboles con la finalidad de que no sean introducidas a nuestro país plagas y enfermedades que pueden contaminar nuestros bosques.

En 2008 se importaron más de un millón 200 mil árboles, y en las labores de verificación se detectaron más de 43 mil 700 árboles que venían infestados con algún tipo de plaga, y se impidió su ingreso a nuestro país.

Es importante destacar que en la segunda semana de noviembre, de este año, la Profepa regresó a Estados Unidos los primeros pinos de Navidad de la temporada, al detectar dos ejemplares del molusco conocido como ``babosa gris'', que se considera una plaga de alto riesgo para cultivos de maíz, soya, girasol, hortalizas, plantas de ornato y vegetación del bosque.

En este sentido, los diputados de mi grupo parlamentario expresamos nuestra preocupación relativa a la importación de árboles de Navidad que se hace cada año, toda vez que los árboles provenientes de Norteamérica han registrado plagas y enfermedades que ponen en peligro la calidad, no sólo de los árboles de Navidad producidos localmente, sino también de nuestras zonas agrícolas y de los recursos forestales en su conjunto. Además de estas acciones, también es importante que se reconozca que los pinos producidos en México son de igual o incluso mejor calidad que los importados. Si todos los pinos naturales comprados fueran nacionales tendríamos diferentes beneficios como los que destaco:

Primero. El incremento de la economía en las comunidades mexicanas que producen este tipo de árboles.

Segundo. El desaliento de la extracción clandestina de árboles.

Tercero. La disminución de plagas y enfermedades introducidas por productos importados.

Por tanto, es importante otorgar apoyos al fortalecimiento de la producción de árboles de Navidad naturales en nuestro país.

Actualmente en México existen poco más de 500 proyectos de plantaciones forestales comerciales que se especializan en el cultivo de árboles de Navidad, de los cuales cerca del 22 por ciento ya están en producción.

La superficie actual es de mil 750 hectáreas en 14 estados, en los que se destacan el estado de México, el Distrito Federal, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Morelia. Sin embargo, a pesar de la productividad nacional, la demanda del mercado mexicano obliga a que la importación sea mayor que la producción local, lo cual implica una fuga de divisas que podría bien ser recibida por los productores nacionales, si es que éstos tuvieran acceso a recursos que le permitieran incrementar la calidad, la cantidad y, sobre todo, la competitividad de los árboles de Navidad producidos en México.

Por lo cual, el punto de acuerdo que presentamos tiene dos objetivos:

El primero es exhortar a las autoridades ambientales a que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que los árboles de Navidad naturales importados, cumplan con la normatividad correspondiente en materia de sanidad forestal.

Y el segundo es que el gobierno federal incentive la producción de árboles de Navidad certificados en nuestro país, a través del programa de Plantaciones Forestales Comerciales. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a garantizar que los árboles de Navidad naturales de importación cumplan la norma en materia de sanidad forestal, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán , del Grupo Parlamentario del PVEM

Rafael Pacchiano Alamán y Juan Carlos Natale López , integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-158-SEMARNAT-2009, la cual regula la importación de árboles de Navidad para prevenir el ingreso al país de diversas plagas asociadas con ellos.

Esta norma fue elaborada debido a que en el estudio de análisis de riesgo de plagas de los insectos y patógenos exóticos que pueden entrar en los árboles de Navidad que se importan de Estados Unidos de América y Canadá a México, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se detectó la existencia de doce nuevas plagas de importancia cuarentenaria que actualmente no están reglamentadas por la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2004, que regula sanitariamente la importación de árboles de Navidad naturales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2004.

De acuerdo con información de la Semarnat, en el mercado nacional se adquieren 1.9 millones de árboles de Navidad, de los cuales 56 por ciento son de importación, por lo que para prevenir la entrada de plagas está en marcha un programa de vigilancia y se emitió esta norma urgente.

En 2008 se importaron 1 millón 248 mil 363 árboles y en las labores de inspección fitosanitaria que establece la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se detectaron un total de 43 mil 783 árboles que venían infestados con algún tipo de plaga, impidiendo su ingreso en nuestro país.

Para este año, desde la última semana de octubre se inició la puesta en marcha de un plan de acción tendente a mejorar la operación del Programa de Inspección Fitosanitaria temporada de 2009, consistente en capacitar a la plantilla de inspectores con que se cuenta y homogeneizar los criterios que aplicarán durante las acciones de inspección para la importación de árboles de Navidad.

Como cada año, en 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ha preparado para atender en los principales puntos fronterizos con Estados Unidos de América, la importación de más de 1 millón de árboles de Navidad, a fin de garantizar la sanidad vegetal e impedir el ingreso de aquéllos que presenten plagas cuarentenarias.

Es importante destacar que en la segunda semana de noviembre, la Profepa regresó a Estados Unidos de América los primeros pinos de Navidad de la temporada por la presencia de una de las 12 nuevas plagas cuarentenarias consideradas en la norma mexicana de emergencia 158.

El regreso de estos árboles se realizó al detectarse dos ejemplares de moluscos Deroceras reticulatum (babosa gris), que es considera una plaga de alto riesgo para cultivos de maíz, soya, girasol, hortalizas, plantas de ornato y vegetación de bosque.

En este sentido, expresamos nuestra preocupación relativa a la importación de árboles de Navidad naturales que se hace cada año en nuestro país, toda vez que los provenientes de Canadá y Estados Unidos de América se han registrado plagas y enfermedades que ponen en peligro la calidad, no sólo de los árboles de Navidad producidos en el territorio nacional, sino también de nuestras zonas agrícolas y los recursos forestales en su conjunto.

A estas acciones también es importante que se reconozca que los pinos producidos en México son de igual o de mejor calidad que los importados. Si todos los pinos naturales comprados fueran nacionales, tendríamos mayores beneficios entre los que destacamos lo siguientes:

De esta forma, la producción de árboles de navidad naturales es un proceso único, pues incorpora aspectos tanto de producción agrícola como forestal, toda vez que las plagas, entre insectos y enfermedades, pueden tener efectos importantes sobre el crecimiento, apariencia y valor de los árboles. El manejo de estas plagas es un factor fundamental de la producción de árboles, lo cual cobra especial relevancia si consideramos que muchos de ellos son exportados de sus países de origen hacia todo el mundo.

Por tanto, es importante otorgar apoyos al fortalecimiento de la producción de árboles de Navidad naturales en nuestro país.

Actualmente existe en México poco más de 500 proyectos de plantaciones forestales comerciales especializadas en el cultivo de árboles de Navidad, de los cuales 22 por ciento ya están en producción. La superficie plantada actualmente es de mil 750 hectáreas en 14 estados, destacando estado de México, Distrito federal, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Puebla.

El desarrollo de plantaciones de árboles de Navidad es apoyado por la Comisión Nacional Forestal a través del Proárbol con recursos en efectivo que se otorgan vía convocatoria a los productores. Sin embargo, estos apoyos no se comparan con los recursos gubernamentales que reciben los productores estadounidenses, lo cual propicia que el precio de los árboles de Navidad producidos en México sea mayor al de los importados, por lo que los productores nacionales se encuentran en franca desventaja.

En complemento de lo anterior, debemos mencionar que, a pesar de la productividad nacional, la demanda del mercado mexicano obliga a que sean importados cada año a nuestro país más de 1 millón de árboles de Navidad naturales provenientes de Estados Unidos de América y Canadá, toda vez que cada temporada decembrina se comercializan en México más de 1 millón 900 mil árboles de Navidad, lo cual implica una fuga de divisas que podría ser recibida por nuestros productores si tuvieran acceso a recursos que permitieran incrementar la calidad y cantidad de los árboles de Navidad producidos en nuestro país.

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para garantizar que los árboles de Navidad naturales que ingresen a nuestro país cumplan con la normatividad correspondiente en materia de sanidad forestal y agropecuaria;

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional Forestal a incentivar la producción de árboles de Navidad certificados, a través del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales, especializadas en el cultivo de árboles de Navidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografíade la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Me trae a la tribuna un tema que considero fundamental para que esta Cámara de Diputados ejerza a cabalidad las competencias que tiene para controlar y supervisar a la administración pública, tanto la centralizada como la descentralizada.

Es el caso, como recordamos todos nosotros, que la agencia Notimex fue creada recientemente por ley como agencia de noticias del Estado mexicano, para darle, para otorgarle autonomía técnica y de gestión y para establecer en el artículo 1o. de su ley la independencia editorial de esta agencia de noticias.

La finalidad de esta reforma realizada hace algunos años tuvo por propósito que esta agencia no estuviese subordinada al Poder Ejecutivo, sino que fuese una agencia de Estado que garantizara, que coadyuvara a garantizar el derecho a la información.

Sin embargo, me han llegado a mí oficina de diputado distintas críticas y señalamientos, tanto de trabajadores como de otras instancias, en donde me dicen o me señalan por escrito que Notimex no garantiza la independencia editorial; que existen sesgos informativos importantes que, por ejemplo, la información relacionada con seguridad pública no se da a conocer ampliamente y que algunas giras o recorridos que hacen políticos opositores, como Andrés Manuel López Obrador, nunca son difundidas por la agencia Notimex.

También se me ha dicho que ha habido aumento del personal de mandos medios y superiores, un aumento del gasto corriente en esta agencia de noticias y que se ha despedido a muchos reporteros de la misma.

Por lo anterior, ante estas críticas respecto al sesgo informativo o presumible sesgo informativo de Notimex y el estado administrativo en el que se encuentra esta institución, me parece muy importante que el director de esta agencia sea citado a comparecer ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que esta Cámara de Diputados ejerza a plenitud sus facultades de control y de supervisión.

Sobre todo, cuando, de acuerdo con el artículo 11 de la ley que creó Notimex, existe la disposición que establece que esta Cámara cuenta con un invitado permanente en la Junta de Gobierno de Notimex.

Por lo anterior, solicito muy atentamente que se cite al director de Notimex por parte de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que la comisión respectiva ejerza su atribución de fiscalización y de control. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , diputado federal del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta Cámara de Diputados, bajo las siguientes

Consideraciones

Que el artículo 1o. de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano establece que;

Que he recibido denuncias y quejas de trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano que se resumen en los siguientes puntos:

Que en función de los señalamientos referidos es necesario que esta soberanía, a través de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, analice el funcionamiento del organismo descentralizado Notimex, en el marco de la posible actualización de los supuestos del artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a saber

Que toda vez que el artículo 11, párrafo cinco, de la ley citada, establece que la Junta de Gobierno de Notimex contará con un invitado permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto, y que deberá ser miembro de la comisión ordinaria cuya competencia se corresponda, en lo general, con las atribuciones conferidas a la agencia, en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento, sería importante contar con la información que en relación con la participación del invitado permanente de la Cámara de Diputados se generó en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, o en cualquier otra instancia de la Cámara.

Que es necesario que se cite a comparecer al director general de Notimex con la finalidad de que presente información detallada sobre su gestión, plan de negocios, política editorial, informe sobre el cumplimiento del código de ética, informe del defensor de la audiencia, crecimiento de la estructura orgánica, ejercicio presupuestal, relación laboral, o cualquier otro asunto relacionado con su desempeño.

Que como resultado del análisis de la información que se proporcione en la comparecencia que se propone, los diputados contaremos con mayores elementos de análisis para proponer que la Auditoría Superior de la Federación, elabore una auditoría de desempeño y de cumplimiento financiero a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que proporcione información relacionada con su gestión en el organismo descentralizado.

Transitorio

Único. Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemexa que instruya al titular de PemexRefinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio en todo el país.

La diputada Olivia Guillén Padilla: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la importancia de las gasolineras en nuestro país es indiscutible, no sólo por el servicio que prestan, sino también por su importante aportación a la actividad económica.

Actualmente, operan en el país 8 mil 651 gasolineras con montos de venta entre gasolinas y diesel por 498 mil millones de pesos anuales.

Las estaciones de servicio tienen un papel importante en la recaudación de impuestos. El impuesto al valor agregado recaudado a través de las gasolineras es de 62 mil millones de pesos anuales y se recaudan por el impuesto sobre producción y servicios 22 mil millones de pesos.

En estas estaciones laboran 300 mil mexicanos, entre oficiales gasolineros, despachadores, oficinistas y técnicos. Son empresas que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día.

En la actualidad estas gasolineras trabajan mediante franquicias, con el otorgamiento de una sublicencia para uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional.

Si bien las condiciones de operación de las gasolineras se establecen con los contratos de franquicia y suministro, éstos requieren, en este momento, de su actualización ---que ha estado pendiente desde hace 15 años--- para no generar un trato diferenciado e inicuo y establecer condiciones favorables para las partes interesadas.

Por ejemplo, existen inconsistencias en la distribución de combustibles a las estaciones de servicio que se realiza mediante autotanques o pipas propiedad de Pemex Refinación o de terceros, por el incumplimiento de las Secretarías de Energía y de Economía para establecer las normas oficiales mexicanas que se establecen en la reforma energética y que brinden certeza volumétrica en la distribución de la gasolina y el diesel.

El suministro de los combustibles se lleva a cabo en pipas de Pemex que no son calibradas en términos de lo establecido por la reforma o norma oficial mexicana, porque se carece de ella. Es el propio Pemex el que realiza la certificación, sin tener facultades para esto.

Otra es que la facturación de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio que se realiza con el sistema de libre a bordo planta Pemex, es decir, se factura la compra de la gasolina a varios kilómetros de distancia de la estación, lo que motiva en ocasiones que llegue menos combustible a las gasolineras.

De esta manera, el mercado ilícito de combustibles se ve favorecido por no contar con un control integral que agrupe a todos los que intervienen en el proceso de comercialización de las gasolinas y el diesel en el país.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, las gasolineras realizan una actividad sumamente importante para la economía del país, por lo que debe actualizarse su marco jurídico y modernizarse la franquicia Pemex, considerando entre otros puntos los siguientes:

Fortalecer y modernizar la franquicia Pemex, impulsar la transparencia en el manejo de los combustibles en todos sus procesos, establecer a la brevedad las normas oficiales mexicanas que garanticen la certeza volumétrica, realizar una campaña de difusión de las nuevas disposiciones que beneficie al público consumidor.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorte al director general de Petróleos Mexicanos a instruir al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país para que haga un diagnóstico del sistema del control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a emitir la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral; e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente punto de acuerdo.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Diputadas y diputados que se suman al punto de acuerdo sobre Pemex: la diputada Clara Gómez, la diputada Marcela Guerra, la diputada Margarita Liborio, el diputado Joel González, el diputado Jorge Arana Arana , el diputado David Hernández Pérez , la diputada María Esther Scherman Leaño, la diputada Ana Estela Durán Rico , y el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del PT. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a instruir al titular de Pemex Refinación para que revise los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, a fin de realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en los procesos de distribución de gasolina y diesel; y a emitir la normatividad correspondiente que regule integralmente el proceso, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director de Petróleos Mexicanos para que instruya al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, hacer un diagnóstico del funcionamiento de los sistemas de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a impulsar y coadyuvar en la emisión de la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral en toda la cadena productiva del petróleo, e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Las estaciones de servicio de gasolineras en México operan mediante la modalidad de franquicias. De acuerdo con su marco jurídico, la franquicia Pemex opera a través del otorgamiento de una sublicencia para uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional y de franquicia unitaria, no exclusiva, al franquiciatario, sin derecho a subfranquiciar para operar una estación de servicio con la franquicia Pemex.

Se estipula que en la operación de la estación de servicio franquiciada, el franquiciatario deberá cumplir invariablemente las obligaciones pactadas en el contrato de franquicia. Asimismo, deberá acatar las instrucciones, lineamientos y directrices que se contienen en el manual de operación de la franquicia Pemex y todas aquellas que Pemex Refinación le comunique por conducto de la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio.

En 1992 se contaba con 3 mil 164 estaciones de servicio y con el arranque de la franquicia Pemex creció a 8 mil 651, que equivale a 175 por ciento, la ausencia de planeación de la territorialidad ha propiciado el crecimiento distorsionado de gasolineras, sin considerar las necesidades del mercado.

Sin embargo en este momento existen múltiples formatos de contratos de franquicia y suministro con los que operan las 8 mil 651 estaciones de servicio del país, otorgando el franquiciante, que es Pemex Refinación, un trato diferenciado e inequitativo, ante la misma oferta al público consumidor.

Existen seis modalidades de contratos que regulan las relaciones entre las estaciones de servicios y Pemex Refinación, que son los siguientes:

La diversidad de formatos de contratos de la franquicia Pemex establece condiciones y términos totalmente diferentes que no responden a la realidad con la que opera en el mercado las gasolinas y el diesel en México.

Además existe una clara falta de transparencia de Pemex Refinación en la distribución de combustibles a las estaciones de servicio, mediante auto-tanques o pipas de su propiedad o de terceros y el incumplimiento por parte de las Secretarías de Energía, y de Economía, para establecer normas oficiales mexicanas que brinden certeza volumétrica en la distribución de la gasolina y diesel.

Los sistemas de control volumétrico que exigen Pemex Refinación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las estaciones de servicio son deficientes e inexactos. Pensado como un sistema para combatir el mercado ilícito de los combustibles, el control ha fallado de acuerdo con informes de Pemex Refinación. Desde su creación en 2004, no se cuenta con un sistema de control volumétrico en las actividades de distribución de combustibles, sustantivas, como son:

La distribución del combustible para estos consumidores se realiza sin certeza volumétrica porque no existen normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación.

El suministro a las principales zonas metropolitanas del país se lleva a cabo en pipas de Pemex que no son calibradas en términos de lo establecido por la norma oficial mexicana porque ésta no existe, es Pemex quien realiza la certificación sin ser autoridad, así la mayoría de las estaciones de servicio del país reclaman faltantes hasta de 400 litros por pipa de 20 mil litros.

Por otra parte, la facturación de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio se realiza con el sistema de libre a bordo planta Pemex, a 50 o 70 kilómetros de distancia de la gasolinera y llegan menos litros a la gasolinera. Los reclamos por los faltantes no ha tenido resultado para que Pemex regrese un solo litro.

Durante años, el sector gasolinero ha solicitado a Pemex Refinación que facture con el sistema de libre a bordo la estación de servicio, expidiendo factura con el volumen registrado en el medidor de flujo, al momento de la descarga de los combustibles en los tanques de la gasolinera, sin obtener resultados de transparencia y equidad.

El porcentaje descuento o margen comercial, que corresponde a la contraprestación para la gasolinera, debió revisarse cada dos años como lo señalan los contratos de suministro. Sin embargo, Pemex Refinación no los ha revisado en los últimos 15 años, y los correspondientes a las nuevas estaciones de servicio llamadas ``Cualli'', ya tienen una revisión pendiente.

El contrato de suministro de combustibles que celebraron originalmente las estaciones de servicio en el periodo de 1992 al 2006 en gran porcentaje sigue vigente, en él se establece la obligación de revisar cada dos años el margen comercial. Así han trascurrido 15 años en los que Pemex Refinación no ha actualizado la cláusula séptima del contrato de suministro, relativa al descuento que reciben las estaciones de servicio.

Hasta la fecha, Pemex Refinación no ha revisado el margen comercial de los nuevos contratos de franquicia y suministro ni los convenios modificatorios.

Por otra parte los controles volumétricos son obsoletos desde hace cuatro años en las que han estado operando en las estaciones de servicio, por diversas causas ajenas a las estaciones de servicio, quienes han cumplido con la estalación de dichos controles y el envío de información cada cuatro horas, seis veces al día.

Los controles volumétricos han operado fuera de normatividad en metrología, no están certificados con norma oficial mexicana porque no existe. El sector gasolinero ha denunciado en múltiples ocasiones la ausencia de esta normatividad.

Sin la normatividad correspondiente los controles volumétricos instalados en las estaciones de servicio sólo sirven para funciones operativas y administrativas, no cumplen su cometido de control fiscal, debido a la incertidumbre en la precisión de volúmenes de combustible que se reciben de Pemex. Caso contrario es el despacho de los combustibles que opera con la tecnología de los nuevos dispensarios o bombas establecidas en la totalidad de estaciones de servicio del país, desde el año 2005 en que entró en vigor la norma que garantiza litro por litro.

La falta de controles en la cadena de suministro de combustibles comprende desde las refinerías hasta el reparto (TAR), distribuidores genéricos para ventas de mayoreo, distribuidores A, pipas o auto-tanques, estaciones de autoconsumo y las estaciones de servicio.

Los primeros carecen de un sistema integral de medición y control de operaciones de terminales (SIMCOT), en todas sus terminales de almacenamiento y reparto; el segundo, tercero y cuarto operan sin controles volumétricos; la ley los excluyó de la regulación de esta distribución de combustibles; en las estaciones de servicio, los controles volumétricos no funcionan adecuadamente y están fuera de la normatividad en la materia, básica para brindar seguridad jurídica a esta actividad económica que se realiza en el país.

De esta manera el mercado ilícito de combustibles se ve favorecido en la cadena de suministro por no contar con el control integral, agrupando a todos los que intervienen en este proceso de la comercialización de las gasolinas y el diesel en el país.

Para dimensionar la importancia que tiene la red de estaciones de servicio en el país es necesario considerar que actualmente operan en el país 8 mil 651 gasolineras, y que de acuerdo con los Indicadores Petroleros publicados el 23 de octubre de 2009 por Petróleos Mexicanos, el volumen de las ventas internas de gasolinas y diesel que se registran en las estaciones de servicio, es en promedio de 173 millones de litros diarios.

De gasolina Magna se venden diariamente 115 millones de litros, de gasolina Premium: 10 millones de litros y la venta de diesel por día es de 48 millones.

De cada 100 litros de combustibles vendidos en las gasolineras, 66 son de Magna, 6 de Premium y 28 de diesel.

La venta de gasolinas y diesel son del orden de mil 365 millones de pesos diarios. Esta cifra determina el parámetro para medir el mercado interno de petrolíferos en gasolineras que es de 498 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 38 mil millones de dólares.

Las estaciones de servicio son la red más importante de recaudación de impuestos por la venta interna de petrolíferos y que aportan la parte más importante al presupuesto de ingresos de la nación.

El impuesto al valor agregado recaudado por las ventas de gasolinas y diesel, a través de las gasolineras es de 62 mil millones de pesos anuales.

El impuesto sobre producción y servicios (IEPS) que se recauda en las gasolineras es de orden de 21 mil 900 millones de pesos anuales, que se entregan a las Secretarías de Finanzas de todos los estados de la República Mexicana, vía declaración de impuesto mensual retenido y que han venido a fortalecer los ingresos impositivos de los estados.

Sólo estos dos impuestos retenidos en las estaciones de servicio, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre producción y servicio, representan 83 mil 950 millones de pesos anuales, que enteran a la federación y a los estados.

En las estaciones de servicio trabajan 300 mil mexicanos entre oficiales gasolineros, despachadores, oficinistas, técnicos. Son empresas que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. A diario ocurren en México 14 millones de cargas de combustibles.

México es el segundo lugar del mercado interno de combustibles de Latinoamérica después de Brasil, pero somos el primer lugar en tasas de crecimiento en el consumo de los combustibles.

Las gasolineras realizan una actividad sumamente importante en la economía del país y debe actualizarse su marco jurídico y modernizar la franquicia Pemex para fortalecer este importante eslabón en la cadena productiva del petróleo.

Es evidente que la economía del país requiere de una mejor administración de los recursos existentes y de que todos los involucrados en los procesos productivos asuman su responsabilidad para contribuir a salir de la crisis por la que pasa el país, por ello se propone que Pemex Refinación realice lo siguiente:

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorte al director general de Petróleos Mexicanos para que instruya al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, que hagan un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a emitir la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral, e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Energía.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez. Adelante, señor diputado, desde la curul.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para solicitarle a la diputada Olivia Guillén, si no tiene inconveniente, que me sume a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada Guillén Padilla, si está de acuerdo en que el diputado Arturo Zamora se adhiera a su propuesta.

La diputada Olivia Guillén Padilla: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada, por lo que las diputadas y los diputados que deseen adherirse pasen, por favor, a la Secretaría a suscribir el documento.

NIÑOS CON MADRES EN LOS CENTROS DE RECLUSION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la calidad de vida de los niños y de las niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país.

El diputado Carlos Bello Otero: ``La libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de los derechos iguales de todos los miembros de la familia'': preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, a 20 años de su creación.

Gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Considerando que la niñez mexicana tiene derecho a la prevención, protección, desarrollo integral que el Estado y la sociedad deben garantizar, con el objeto primordial de asegurarles un desarrollo físico, mental, emocional y social en condiciones de libertad, dignidad, equidad y justicia, resulta una obligación en los términos del artículo 4o. de nuestra Constitución Política y en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la responsabilidad de proveerles lo necesario para su supervivencia, protección y futuro desarrollo.

Además, es necesario reconocer que todo niño mexicano debe crecer en el seno de una familia, educado en un ambiente de calidez, libertad y tolerancia; sin embargo, todos estos principios y derechos de las niñas y de los niños se encuentran en riesgo y vulnerabilidad cuando su madre se encuentra purgando una condena por la comisión de un delito en algún centro de reclusión de nuestro país.

Algunas cifras nos revelan que existe, a escala nacional, una población aproximada de 227 mil 21 internos en 433 centros de reclusión. De estos 433 penales, sólo 12 están destinados para albergar exclusivamente a la población femenina. Para junio de 2001 existían más de 6 mil mujeres internas que, en promedio, tenían tres hijos menores de edad, por lo que se estima que habría más de 20 mil niños y niñas, hijos e hijas de mujeres reclusas.

Desafortunadamente, los mismos problemas que presentan las madres los padecen sus hijos en los centros y en los reclusorios nacionales; hacinamiento, sobrepoblación, deterioro, violencia, corrupción e irregularidades en la prestación de servicios de salud, alimentación y educación, entre otros.

Adicionalmente, los centros penitenciarios no cuentan con las instalaciones adecuadas ni con los programas integrales para propiciar el desarrollo infantil.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en el marco de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la recomendación general número 3, con fecha 14 de febrero de 2002, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federales, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, al titular de la subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional, a que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país y que se reconstituyan sus derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral que contemplan los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, solicito a usted, diputado presidente, se sirva ordenar que la presente proposición con punto de acuerdo se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Por su atención muchas gracias, muy buenas tardes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública federal, al subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social del país a impulsar mayores acciones para mejorar la calidad de vida de los niños que permanecen junto con las madres en los centros de reclusión, a cargo del diputado Carlos Bello Otero , del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Carlos Bello Otero , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los gobiernos de los estados; a los responsables del sistema federal penitenciario y a las instituciones de asistencia e integración social, para que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los menores que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país.

Exposición de Motivos

La niñez mexicana tiene derecho a la prevención, protección, desarrollo y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar; con el objetivo primordial de asegurarles un desarrollo físico, mental, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.

Resulta una obligación, en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es prioridad tanto al interior de las familias como para el Estado, reconocer y aceptar la responsabilidad de proveer lo necesario para la supervivencia, protección y futuro desa-rrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Hoy reconocemos que para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, los niños mexicanos deben crecer en el seno de una familia, en un ambiente de calidez y comprensión, además de ser educados en un espíritu de tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Sin embargo, todos estos principios y derechos de los niños se encuentran en riesgo y vulnerabilidad cuando su madre se encuentra purgando una condena por la comisión de un delito en algún centro de reclusión del país.

Algunas cifras nos revelan que en México existe una población aproximada de 227 mil 21 internos en 433 centros de reclusión --es importante señalar que dejaron de funcionar ocho centros en el país, según el tercer informe de labores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal--; sólo en 230 existen población femenina, lo que representa aproximadamente 5 por ciento del total. De los 433 penales, sólo 12 están destinados para albergar exclusivamente población femenina, los demás son anexos de los penales varoniles.

Debido a que actualmente no existen estadísticas que den cuenta de la población infantil que realmente habita en los centros penitenciarios del país; para junio de 2001 existían 6 mil 591 mujeres internas que, en promedio, tenían de tres hijos menores de edad; por lo que se estima que habría aproximadamente 19 mil 773 hijos de mujeres reclusas. Se estima que alrededor de 80 por ciento de la población femenina interna en los centros penitenciarios del país tiene hijos.

En estos centros y en los espacios habilitados para albergarlas o recluirlas se detectó que los problemas que más afectan a la población femenil son: el hacinamiento, la sobrepoblación, el deterioro, la violencia, la corrupción e irregularidades con la prestación de servicios, salud, alimentación, educación y recreación, entre otros.

Ante esta situación, y en el marco de la atención integral para la niñez, resulta necesario destacar que las condiciones en las que viven los niños no difieren de las del resto de la población interna, es decir, los centros penitenciarios no cuentan con las instalaciones, lugares o espacios propios y apropiados para ellos, sólo en algunos casos se reporta la existencia de algún centro de desarrollo infantil que da atención a niños en los niveles de educación maternal, inicial y preescolar.

En general, los establecimientos penitenciarios en México no cuentan con las instalaciones adecuadas, carecen del personal capacitado o especializado y de programas integrales de asistencia y promoción para el desarrollo infantil.

Finalmente, se considera:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federales; al jefe del Gobierno del Distrito Federal; al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; al titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional a que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país y que se reconstituyan sus derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que contempla los párrafos sexto y séptimo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputado, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública.

PREMIO AMBIENTAL GOLDMAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a extender un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Premio Goldman al Medio Ambiente.

El diputado Guillermo Cueva Sada: Con su venia, presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. México, al ser uno de los países con mayor biodiversidad, tiene el compromiso de preservar las riquezas naturales que su ubicación geográfica le ha brindado.

Es por ello que desde esta tribuna es importante destacar las acciones que cuatro mexicanos han realizado por conservar nuestro ambiente y quienes han recibido el premio Goldman, mejor conocido como el Nobel Verde.

El primer mexicano al que quiero mencionar es al ciudadano Edwing Bustillos, quien a pesar de constantes amenazas contra su vida, ha frenado las operaciones de tala ilegal y la deforestación de los bosques de la Sierra Madre Occidental y ha trabajado para proteger los derechos de las comunidades indígenas tarahumaras.

El siguiente mexicano a destacar es el ciudadano Rodolfo Montiel Flores. Este personaje, al ver que diversas empresas comenzaron a comprar registros ejidales para deforestarlos, en la sierra de Petatlán, Guerrero, se dio a la tarea de organizar a campesinos en las comunidades aledañas para protestar por la explotación forestal. Su trabajo y su lucha por la defensa de esta sierra, lo llevaron a ser detenido durante dos años, pero fue reconocido internacionalmente por la conservación de los recursos naturales.

Buscando la misma defensa de las zonas forestales de nuestro país, encontramos al tarahumara Isidro Baldenegro López, quien atrajo la atención nacional y mundial al demostrar el grave deterioro de los bosques y montañas de la Sierra Madre Occidental y la sobrevivencia de la comunidad tarahumara. Este mexicano desarrolló, sin violencia, un movimiento de resistencia popular para luchar contra la tala y ganar el apoyo de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

Por último, y no por ello menos importante, destaco la labor del campesino indígena de la zona Mixteca alta de Oaxaca, el señor Jesús León Santos, quien, con su comunidad, utilizó técnicas agrícolas que resultaron efectivas al convertir las tierras áridas en zonas arboladas y tierras de cultivo.

Por el trabajo de estos cuatro personajes, la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Petatlán y la Mixteca alta no han sido devastadas.

Como lo mencioné al inicio de mi intervención, Edwing Bustillo, Rodolfo Montiel, Isidro Baldenegro y Jesús León Santos, gracias a sus esfuerzos en pro del ambiente han recibido el premio Goldman. Este premio se instituyó desde 1990 y se identifica como el estímulo más importante para los defensores de la naturaleza y el ambiente.

Los ganadores de este premio se caracterizan por sus esfuerzos sostenidos a favor del ambiente, con impacto regional o global. Son líderes reconocidos y respetados en sus comunidades, cuya labor inspira a otros ambientalistas y a la sociedad en su conjunto.

Es por ello, compañeros, que en esta soberanía debemos registrar el trabajo ambiental que han hecho estos cuatro mexicanos y reconocer públicamente su labor en pro de la naturaleza, así como lo hizo la fundación estadounidense Goldman. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a extender un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Premio Ambiental Goldman, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada , del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Guillermo Cueva Sada , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Premio Goldman también llamado ``premio Nobel Verde'', es un reconocimiento instituido desde 1990 y representa el estímulo más importante para los defensores de la naturaleza y el medio ambiente.

El proceso de nominación refleja la importancia del reconocimiento, ya que las propuestas son enviadas por un grupo de instituciones ambientalistas reconocidas mundialmente y por un conjunto de 150 especialistas en materia de medio ambiente provenientes de más de 70 países. Se valoran aspectos como la justicia ambiental, los derechos indígenas, la protección de los recursos ambientales, biodiversidad y conservación, salud ambiental, manejo de tierras, entre otros.

Los ganadores del premio se caracterizan por sus esfuerzos sostenidos a favor del medio ambiente, con impacto regional o global. Son líderes reconocidos respectados en sus comunidades, cuya labor inspira a otros medioambientalistas y a la sociedad en su conjunto.

Desde 1990 cuatro mexicanos han sido galardonados con este importante premio, el último de ellos es Jesús León Santos, campesino indígena de la zona mixteca alta del estado de Oaxaca, que junto con otros comuneros del lugar utilizó técnicas agrícolas precolombinas que resultaron efectivas al convertir las tierras áridas en zonas arboladas y tierras de cultivo.

El trabajo comunitario no remunerado conocido como ``tequio'' constituyó el principal impulsor del trabajo de León Santos. A través de la creación del Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, que juntó a cerca de 400 familias provenientes de 12 municipios con los que se articuló el programa de reforestación en la zona.

En 2003 la presea fue entregada al líder indígena tarahumara Isidro Baldenegro López, quien trajo a la atención nacional y mundial el grave deterioro de los bosques y montañas de la Sierra Madre Occidental y la sobrevivencia de la comunidad tarahumara.

En el año 2000 Rodolfo Montiel Flores recibió el premio por sus esfuerzos en la Sierra de Petlatlán, Guerrero.

Finalmente, en 1996, Edwing Bustillos lo hizo por su incansable trabajo en contra de la deforestación de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

Al margen de las fechas en que se entregaron este tipo de premios, las razones y el trabajo por las que son reconocidos siguen hoy más que nunca vigentes. El tema del deterioro del ambiente, del cambio climático, la disminución de la diversidad biológica y el agotamiento de la capa de ozono derivan de no tomar medidas inmediatas y de fondo sobre el manejo de los recursos, en un inminente colapso de los niveles de producción y de consumo a medida de que no existan la misma cantidad de alimentos y de agua para atender a los miles de millones que habitan en nuestro mundo.

Por ello es necesario que esta soberanía extienda un amplio reconocimiento a los ganadores mexicanos del Premio Goldman al Medio Ambiente en la región de Norteamérica.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo a efecto de la Cámara de Diputados extienda un reconocimiento a los cuatro mexicanos que han sido galardonados al Premio Ambiental Goldman al Medio Ambiente, por su invaluable labor a favor del medio ambiente y al desarrollo comunitario de nuestro país.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos a que disminuyan voluntariamente el financiamiento público y que asuman el compromiso de reformar la Constitución con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, éste es uno de los temas que generó, durante el proceso electoral de 2009, una amplia discusión en la sociedad, que fue promovido, entre otros, por distintos grupos de anulistas que pedían, a los ciudadanos, no solamente anular el voto en las pasadas elecciones, sino también la modificación del sistema de cálculo del financiamiento público.

Por estas razones, algunos compañeros diputados de distintas bancadas ya han presentado tanto iniciativas como proposiciones con punto de acuerdo para buscar un método, un sistema que haga menos oneroso al financiamiento público en nuestro país.

Creo que el actual método con el que se calcula el financiamiento público, tomando en cuenta el número total de empadronados por un porcentaje del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 65 por ciento, es un método inadecuado que debe ser sustituido por otro que tenga o que tome en cuenta, principalmente, la efectividad, la productividad de cada partido político.

Es decir, el cálculo de financiamiento público tendría que hacerse multiplicando algún factor del salario mínimo inferior al actual vigente en el Distrito Federal, por los votos efectivos de la última elección; es decir, votos en donde se haya descontado o se hayan descontado los votos nulos. Esto es fundamental para generar confianza en el sistema de partidos nacionales.

Una de las críticas más sensibles de los ciudadanos al sistema de partidos estriba en el exagerado monto de financiamiento público que reciben todos los partidos. Urge tomar una decisión al respecto; urge que la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados inicie con los trabajos correspondientes a la reforma electoral para estar en disposición, en el próximo proceso electoral, en condiciones mucho más equitativas, pero también más austeras en la competencia político-electoral.

Como diputado del Partido del Trabajo reitero esta urgencia, este exhorto de reducir el financiamiento público; pero también a que en su momento, cuando el Congreso de la Unión reforme las disposiciones electorales, pensemos muy seriamente en derogar el financiamiento privado y en aprobar una Ley de Austeridad Republicana que implique una reducción de 50 por ciento al gasto corriente del gobierno federal.

Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos a disminuir voluntariamente el financiamiento público y a asumir el compromiso de reformar la Constitución a fin de modificar el criterio para calcular el que reciben, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La labor más importante de quien ostenta un cargo de elección popular es representar a los ciudadanos y a la sociedad, por lo tanto, hago mío los múltiples reclamos que me ha hecho llegar Alianza Cívica, AC, con respecto a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.

El financiamiento de partidos, abarca todos los ingresos de los partidos políticos, ya sean provenientes de la iniciativa privada y del presupuesto público. El financiamiento público a los partidos políticos salta a la luz, sobre todo en crisis económicas como la que atraviesa México en la actualidad. Resulta excesivo y desproporcionado el precepto constitucional que establece que el financiamiento público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Resulta desproporcionado y excesivo, ya que una parte considerable de ese presupuesto, puede utilizarse para hacer frente a situaciones de mayor urgencia, como lo son el apoyo a la salud, educación, alimentación, entre otras.

El criterio para determinar el financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias no debe ser la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón el electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Consideramos que el criterio debe ser otro. El criterio que debe seguirse como base es el siguiente: en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, debe tomarse en cuenta el número total de los votos efectivos en la pasada elección , es decir, descontando los votos nulos.

La fracción 1 del artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos son entidades de interés público. En la fracción II del citado artículo se dispone lo siguiente:

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la federación.

De lo anterior se desprende una clasificación del financiamiento público en cuanto a su fin, es decir, el financiamiento público se divide en tres tipos: el destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. La Constitución precisa los alcances de cada tipo de financiamiento, así como su distribución. Como ya expusimos con anterioridad el financiamiento público, resulta excesivo y se aleja en demasía de la austeridad republicana que debe buscarse en el presente.

En teoría el apoyo público debería capacitar a los partidos a realizar mejor sus tareas, también en los períodos que se encuentran entre las campañas electorales, hecho que lamentablemente no ocurre. Por otra parte, existe la prueba empírica que en todas las democracias occidentales los partidos más grandes se benefician de manera desproporcionada de los financiamientos públicos, es decir, los partidos mayoritarios son los más beneficiados, mientras que los partidos minoritarios resultan perjudicados.

De la desproporción en los financiamientos públicos surgen varios problemas. Uno considerable es la ``interpretación económica de la democracia, según la cual ésta se caracteriza por la existencia de un mercado político al lado del económico, y en el que se da, en relación entre electores y elegidos --que es propia de la democracia representativa--, un continuo intercambio de dos mercancías: el apoyo, en su forma de voto de parte de los electores, y diversos beneficios, patrimoniales o de status, de parte de los elegidos.'' <sup>1</sup> Es decir, el principio democrático plasmado en la Constitución se mercantiliza, lo cual genera un círculo vicioso, ya que todo se vuelve un intercambio; sin el voto no hay apoyo de los elegidos y sin el apoyo de los elegidos se niega el voto, lo cual niega implícitamente que existe un deber del elector y del elegido más allá de los intercambios políticos. Los gobernados, pero sobre todo los gobernantes, deben regirse bajo la máxima kantiana ``el deber por el deber'', en vez de buscar el intercambio político desmedido.

Además del privilegio partidista, es decir, la protección, asegurada constitucional y políticamente de los partidos políticos, ya que tienen el monopolio en el registro de candidatos, lo cual ha motivado a que determinados casos lleguen a instancias internacionales, existe un financiamiento público desacorde con la realidad económica y social del país.

Es importante mencionar que los partidos políticos no se encontraban en la concepción originaria de la democracia. Sin embargo, en la actualidad ``la formación y el constante crecimiento de los partidos los ha llevado a interponerse --por inercia, y no por la mala intención de uno u otro grupo ávido de poder-- entre el cuerpo electoral y el parlamento y, más en general, entre el titular de la soberanía y aquellos que de hecho deberían ejercer la soberanía. Esto terminó por truncar la relación directa entre electores y elegidos, creando dos relaciones distintas: la primera entre los electores y el partido, la segunda entre el partido y los elegidos, lo que torna cada vez más volátil la relación originaria y característica del Estado representativo entre el que emite el mandato y el mandatario.'' ² Aunado a lo anterior, el financiamiento público desmedido causa perjuicio al derecho de los ciudadanos de participar en la democracia de manera más activa. Los partidos pierden contacto con su militancia y simpatizantes, y consecuentemente, los ciudadanos no participan en la deliberación de asuntos trascendentes.

No existe una fórmula de financiamiento público perfecto, sin embargo, es nuestro deber buscar la democratización constante del país, ya que así se dispone en la Constitución. Es nuestro deber buscar el bienestar del pueblo mexicano, consecuentemente, resulta necesario pugnar por la reducción voluntaria del financiamiento público a los partidos políticos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los partidos políticos a reducir de manera voluntaria el financiamiento público.

Segundo. Se exhorta a los partidos políticos a asumir el compromiso de reformar la el artículo 41 constitucional con la finalidad de cambiar el criterio para calcular el financiamiento público de los partidos políticos, cambiando dicho criterio para que en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección.

Notas: 1 Bobbio, Norberto. El Filósofo y la Política, FCE, México, 1996, página 278. 2 Ídem. Página 291.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federacióna practicar, en forma urgente, la auditoría en la obra pública que en materia de salud actualmente se lleva a cabo en el Hospital General de Zapopan, El Hospitalito.

La diputada Clara Gómez Caro: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El Hospital General de Zapopan, también conocido como El Hospitalito, fue inaugurado en 1948 por la señora Soledad Orozco, esposa del entonces presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho.

Desde ese tiempo ha prestado atención médica, mejorando en calidad y cantidad la rama médica, al cubrir aproximadamente 30 especialidades y servicios, motivo por el cual es evidente que se le considere de suma importancia, tanto para los habitantes de Zapopan como de la zona metropolitana donde el municipio se encuentra inmerso.

Se tiene conocimiento que en el presente año se recibieron recursos federales en tiempo y forma para realizar obras de reparación integral del hospital de referencia; no obstante, la actual administración municipal retrasó los tiempos de presentación del proyecto general y ejecutivo, licitación y demás trámites administrativos, lo que se pone de manifiesto si se toma en cuenta que hasta el 11 de junio del presente año dio el aviso de iniciación de las obras, no obstante, la obligación de que se terminara en el último trimestre de este año.

Las autoridades del ayuntamiento de Zapopan en funciones y el organismo público descentralizado de los servicios de salud de dicho municipio han evadido la obligación inexcusable de proporcionar la información que les ha sido solicitada para conocer el avance de las obras de reparación integral en el aludido hospital.

Las solicitudes de información se han generado principalmente en virtud de que a simple vista se observa que dicho hospital, otrora orgullo zapopano, se encuentra demolido sin que se advierta avance alguno en las obras. De ahí que sea imposible que se termine a finales del año que transcurre.

En tal virtud, la administración municipal que iniciará funciones el 1 de enero del próximo año heredará sin terminar las obras del citado hospital general, ignorando dónde se encuentran los dineros públicos, quién los tiene, qué estatus financiero guardan, qué ha pasado con los proyectos de obra y por qué se atrasaron. Asimismo, carecerá de hospital para atender a la población zapopana que, como toda la del país, sufre de la epidemia de dengue y de la pandemia de influenza.

Por otra parte, la conclusión de esas obras es urgentísima para que se atiendan las contingencias sanitarias y el sobresaliente derecho a la protección de la salud que, como ya se dijo, se encuentra tutelado en el artículo 4o., párrafo tercero de la Constitución federal, pues en tanto no se terminen es inminente el riesgo catastrófico de que el servicio de salud municipal sea deficiente en detrimento de la población, la que no debe pagar por culpa de las actuales autoridades.

Por tanto, pongo a su consideración, para ser aprobado, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Para que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una auditoría y seguimiento completo integral del manejo del dinero público entregado al ayuntamiento de Zapopan para la rehabilitación, remodelación y modernización del Hospital General de Zapopan.

Segundo. Que se incluya en el Plan Maestro de Salud del estado de Jalisco el proyecto ejecutivo de la unidad médica zona norte del municipio de Zapopan, con un costo aproximado de 19 millones 232 mil 750 pesos.

Señor presidente, asimismo solicito se transcriba íntegro el texto del anterior punto de acuerdo propuesto a esta honorable asamblea y cuyo original ya fue entregada a la Mesa Directiva. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a practicar en forma urgente la auditoría a la obra pública que se lleva a cabo en materia de salud en el Hospital General de Zapopan, Jalisco, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Clara Gómez Caro , miembro de la actual LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acude ante esta la mas alta tribuna política de la nación a presentar propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

1. El municipio de Zapopan, Jalisco, responde actualmente a la obligación de proporcionar el derecho a la protección a la salud que le obliga el artículo 4 de la Constitución federal por vía del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, conforme al decreto de fecha 30 de agosto de 2001, el cual se encuentra integrado por el Hospital General de Zapopan y las unidades de emergencia Cruz Verde Zapopan, de cuyo sistema, el hospital general se encuentra identificado como la columna vertebral del sistema de salud zapopano.

Dicho hospital fue inaugurado en 1948 por la señora Soledad Orozco, esposa del entonces presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, y desde entonces ha prestado atención médica que ha ido subiendo en calidad y cantidad de ramas médicas, pasando por angiología, andrología, cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía de corta estancia, laparoscopía, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía estética, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, urología, cardiología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, medicina física y rehabilitación, medicina preventiva, neurología, nutrición, odontología, clínica del dolor, banco de sangre, imagenología, laboratorio, rayos X y trabajo social.

A la lectura de los servicios que presta el Hospital General de Zapopan, se entiende que se trata de un hospital de suma importancia tanto para los habitantes de Zapopan como de la zona metropolitana, donde este municipio se encuentra inmerso.

2. Así pues y dada la importancia de este centro médico municipal zapopano, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se incluyó como dinero público federal ``etiquetado'' la cantidad estimada de 130 millones de pesos (http://www.zapopan.gob.mx/prensa/boletines/JUNIO%202009/bol_124.pdf y http://www.cnnexpansion. com/obras/2009/10/22/hospital-general-de-zapopan-a-ampliacion) para la reparación integral del Hospital General de Zapopan, que iría desde enero de este año, de tal manera que la terminación de la obra estaría considerada en el último trimestre de 2009, teniéndose conocimiento que el dinero público federal fue entregado por la federación al gobierno de Zapopan en tiempo y forma.

Sin embargo, los tiempo de presentación del proyecto general, proyecto ejecutivo, licitación, y demás trámites administrativos, antes que ser agilizados por la administración en funciones y que entrega el gobierno el 1 de enero de 2010, fue sentimiento general que se estaban atrasando, hasta que por boletín del mismo organismo Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, se indicó el 11 de junio de 2009 que se iniciaba la tan esperada obra (http://www. zapopan.gob.mx/prensa/boletines/JUNIO%202009/bol_124.pdf).

3. Como es sabido por todos los integrantes de esta honorable legislatura, en la jornada electoral del pasado 5 de julio, la votación no benefició al partido del actual alcalde, Juan Sánchez Aldana, ya que el triunfador fue el actual presidente municipal electo, Héctor Vielma Ordoñez, del Partido Revolucionario Institucional, cuyo interés en el estado de la administración que va a recibir a partir del 1 de enero de 2010 no ha sido imitado por la administración saliente, al tal grado que ha sido necesario solicitar, apoyado en la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco, para obligar al ayuntamiento de Zapopan a entregar copias específicas de datos para que la administración entrante pueda hacer un análisis propio y sin subjetividades de quien entrega una administración, lo que ha suscitado que se le requiera al alcalde electo que para contar con esa documentación deberá primero cubrir la cantidad de 400 mil pesos (www.milenio.com/node/284203) y hasta luego que entregue el recibo de pago, se le hará entrega de la documentación requerida, necesaria e indispensable para saber el estado actual y real de la administración zapopana saliente.

4. En ese contexto, la administración de Servicios de Salud Municipales de Zapopan también ha sido lenta y omisa en la información pública requerida, de tal manera que actualmente, no obstante que se le ha requerido en varias ocasiones por información sobre el avance de la obra en el Hospital General de Zapopan, debido, principalmente, a que a la vista se observa que este nosocomio se encuentra literalmente derribado, demolido, destruido, arrasado, desmantelado, aniquilado y derrumbado, sin que los trabajos avancen, de tal manera que es imposible que la obra sea terminada siquiera a finales de este año, de tal manera que la administración municipal y la que se haga cargo de Servicios de Salud Municipales de Zapopan heredará una obra sin terminar y sin saber dónde se encuentran los dineros públicos, quién los tiene, en qué estado se encuentran, qué ha pasado con los proyectos de obra, por qué se atrasaron y, sobre todo, no tendrá dónde atender a la población zapopana que, como toda la del país, sufre actualmente de la pandemia de influenza y la epidemia de dengue que ha asolado y seguirá asolando a todo el país y, para el caso que tratamos, a toda la zona metropolitana de Guadalajara dónde se encuentra inmerso el municipio de Zapopan.

5. En esas circunstancias, es necesario saber, antes de que la actual administración desaparezca y deje obras sin terminar que se convierten en problemas permanentes, saber el estado de dichas obras, dónde se encuentran los recursos, qué ha pasado con el desarrollo de las obras y frente a todos estos descréditos, críticas y silencio institucional del ayuntamiento de Zapopan y de la administración de Servicios de Salud Municipales de Zapopan, con qué recursos se va a contar para enfrentar las malas administraciones y malas decisiones tomadas por las actuales administraciones lo que nos lleva a temer por una situación catastrófica de tal manera que ni el organismo público descentralizado encargado de la salud en Zapopan, ni el mismo ayuntamiento, puedan enfrentar la problemática a partir del 1 de enero de 2010 por encontrar unos servicios de salud desarticulados, con una plantilla de personal sin ruta que, incluso, deja indefinida su función específica que es atender las necesidades de salud del municipio de Zapopan.

En ese sentido, actualmente se han presentado ya ante la honorable Comisión de Presupuesto de este órgano colegiado, presidido por el diputado Luis Videgaray Caso , así como en la honorable Comisión de Salud, presidida por el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente , así como en la misma Secretaría de Salud federal, a fin que se incluya en el plan maestro de salud para Jalisco el proyecto general, el proyecto ejecutivo y demás requerimientos técnicos a fin de que sea reconstruido en algunas de sus partes, tomando como base un hospital en funciones, la unidad médica zona norte del municipio de Zapopan con un costo aproximado de 19 millones 232 mil 750 pesos y que sería de utilidad extrema para atender, en la coyuntura sanitaria en que nos encontramos, a la atención de personas absolutamente desamparadas y que no tienen opción de recuperación sanitaria al haber prácticamente desaparecido el Hospital General de Zapopan.

Es preciso señalar que el proyecto de la unidad médica zona norte del municipio de Zapopan se encuentra en la zona de Mesa Colorada y, de ser incluida la cantidad antes mencionada para los fines que se requieren, se encontraría funcionando, adscrito al Seguro Popular y con las especificaciones de uso técnico y sanitario exigidas por todos y cada uno de los reglamentos de salud municipal, estatal y federal.

En atención a las consideraciones antes mencionadas, pongo a consideración para ser aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Caso contrario, respetuosamente solicito se le de el turno correspondiente a las comisiones que procedan.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la.

Han solicitado la palabra, el diputado Arturo Zamora y el diputado Jorge López-Portillo, del Partido Revolucionario Institucional, para adherirse a la propuesta anterior, si no tiene inconveniente, diputada, para que pasen adherirse. También el diputado Salvador Caro Cabrera .

CAMARA DE DIPUTADOS

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Sí, diputado, para señalar que veo con preocupación que están clausuradas las puertas de este recinto, del edificio A; que estamos rodeados por la PFP y que ésta ya es una característica de cómo se llevan a cabo las sesiones en la Cámara de Diputados, que es el espacio de representación popular.

Quiero desde aquí plantear mi indignación y reprobación; que exijo que se le dé apertura a este recinto; que lo que estamos exigiendo es que se abran las puertas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tomamos nota de su comunicación.

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Sí. Para solicitarle al diputado Cárdenas Gracia si me permite adherirme a su punto de acuerdo relacionado con el financiamiento de los partidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como no. Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí acepto su adhesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí acepta su adhesión y pase por favor a firmar a la Secretaría.

PROTECCION DE RECIEN NACIDOS EN HOSPITALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y locales a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Antes de iniciar la exposición, le solicito se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Hace apenas unas semanas nos enteramos que había sido descubierta una banda dedicada al robo de niños con fines de adopción ilegal, que operaba en un hospital de la delegación Venustiano Carranza, lo que conmocionó a la sociedad. Sin embargo, éste no es un hecho aislado, en junio una trabajadora del Hospital General robó una recién nacida y apenas el pasado 16 de octubre se presentó un hecho similar en el Hospital Metropolitano de Monterrey.

Es claro que cada vez son más los casos de niñas y niños que desaparecen de lugares públicos y privados del país, como es el caso de hospitales, albergues o centros educativos.

Lamentablemente estos acontecimientos se han convertido en un grave problema que incluso podría llegar a ser de seguridad nacional; y sin embargo, seguimos sin contar con los mecanismos adecuados de prevención, control y supervisión, lo que abre un amplio espacio al tráfico de menores.

Sin duda, el destino de estos pequeños no es el más alentador, ya que muchos de ellos son utilizados con fines de explotación sexual, laboral o de adopción ilegal, convirtiéndolos en mercancías sumamente rentables y, desafortunadamente, no se cuenta con cifras confiables y actualizadas sobre el número de víctimas de sustracción o robo, pero algunas organizaciones especializadas en la búsqueda de menores afirman que al año desaparecen en nuestro país cerca de 45 mil.

Un ejemplo adicional del alto grado de vulnerabilidad de los pequeños, debido a la ausencia de mecanismos de supervisión y control, lo representan los albergues.

Cómo olvidar la desaparición de 22 menores de Casitas del Sur, en el Distrito Federal; o los casos de La Casita, en Cancún, y del CAIFAC (Centro de Atención e Integración Familiar, AC) en Monterrey, que por cierto, siguen sin resolverse.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Información de Asistencia Social, a enero de este año únicamente se tenía registrados a 10 mil 326 niños y niñas albergados. Sin embargo, 17 estados de la República no reportan información alguna. Incluso se menciona que para 2010 habrá cerca de 30 mil niñas y niños sin cuidados familiares ni institucionales, lo que representa un gran riesgo para ellos y para la sociedad.

En este sentido, se torna necesario y fundamental reforzar todas las medidas tendentes a proteger a los menores, como podría ser el contar con un sistema de identificación confiable y eficiente que además de fomentar el hábito de la prevención, facilite la búsqueda, recuperación e identificación de los menores.

Señoras diputadas y señores diputados, esta soberanía no puede quedarse de brazos cruzados. Éste es un tema que nos involucra a todos y en el que no caben diferendos ideo-lógicos o políticos; son problemas que agravian profundamente a nuestra sociedad, que laceran al sector más indefenso y vulnerable, y que, por tanto, requieren atención inmediata.

En este sentido, se ponen a su consideración los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta a las autoridades federales y locales a que fortalezcan o, en su caso, implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a sus padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de los infantes.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y locales a fin de que se implementen mecanismos de prevención, control y supervisión en el ingreso y salida de menores en los albergues y centros educativos, a fin de evitar la sustracción y/o desaparición de menores.

Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que en el ámbito de sus competencias revisen la normatividad relativa a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la que regula los establecimientos en donde confluyen menores de edad como es el caso, entre otros, de centros educativos, albergues y hospitales. De igual manera, se exhorta a que revisen y, en su caso, homologuen los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores, todo ello con el fin de que se prevengan y combatan eficazmente estos delitos y se garantice plenamente la seguridad de la niñez. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y a las locales a fortalecer o, en su caso, implantar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente sobre la salida y la entrega de los recién nacidos a los padres, para evitar la sustracción ilegal, a cargo del diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Agustín Castilla Marroquín , diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a las autoridades federales y a las locales a implantar en los hospitales, albergues y centros educativos procedimientos de prevención, control y supervisión, a fin de prevenir y evitar la desaparición o sustracción ilegal de menores, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En días pasados, autoridades del Distrito Federal capturaron a una banda que se dedicaba al robo y a la venta de niños recién nacidos, en la cual engañaban a las madres informándoles que sus bebés habían fallecido, para posteriormente venderlos. Al mismo tiempo fueron detenidos un matrimonio y una mujer soltera que compraron a dos niñas, a quienes registraron de manera ilegal como sus hijos.

Consecuentemente, se informó que esta banda dedicada al tráfico de menores la integraban profesionales de la medicina y diversos trabajadores del Hospital Central de Oriente, situado en Venustiano Carranza, Distrito Federal. En virtud de lo anterior, las autoridades capitalinas señalaron que ya se realizan los trámites correspondientes para la extinción de dominio del hospital, derivado del probable delito de delincuencia organizada.

Tan lamentables acontecimientos no constituyen hechos aislados; por el contrario, se han presentado en otros nosocomios, como el ocurrido el 17 de junio de 2009, donde una trabajadora del Hospital General de México ``robó'' del área de ginecoobstetricia a una menor, o en Nuevo León, donde el pasado 16 de octubre una mujer se hizo pasar como embarazada para extraer a una menor del Hospital Metropolitano. Ambos casos fueron resueltos gracias a las cámaras de seguridad con que cuentan dichos hospitales.

Es necesario que las autoridades de salud federales y las locales establezcan medidas para prevenir y combatir el tráfico de menores, como podría ser la implantación de la identificación del tipo de sangre, las huellas dactilares y sus rasgos físicos, así como impulsar una cultura de la seguridad para evitar el robo de niños, la cual no debe ser una premisa sólo entre los padres, sino en los centros escolares, albergues, hospitales, y centros de maternidad públicos y privados, y entre las propias autoridades.

Resulta necesario que las clínicas y los hospitales del país revisen sus sistemas de seguridad, pues en realidad buena parte de la sustracción ilegal de menores se realiza escondiendo a los bebés en mochilas o paquetes y extrayéndolos sin ser detectados, precisamente por la falta de filtros de seguridad y control.

Esos acontecimientos se suman a la ola de desapariciones que han ocurrido en otros lugares donde se custodia a los menores, como los albergues. Basta citar los casos de Casitas del Sur, en el Distrito Federal; La Casita, en Cancún, Quintana Roo; y, más recientemente, el Centro de Adaptación e Integración Familiar en Monterrey, Nuevo León, de donde se sabe que hasta el momento han desaparecido al menos 22 menores.

Otro dato preocupante es que para 2010 habrá en el país más de 29 mil niños sin cuidados familiares ni institucionales, y de acuerdo con el Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social únicamente se tienen registrados a enero de este año a 10 mil 326 niños albergados, pero en 17 estados no se reporta información al respecto, como es el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca o Tlaxcala.

Todo lo anterior pone en evidencia la gran vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad en la República Mexicana y el gran riesgo de ser ``robados'' o de desaparecer.

En 2007, organizaciones especializadas en la búsqueda de infantes y México Unido contra la Delincuencia denunciaron que anualmente desaparecen en el país unos 45 mil niños, y que en el Distrito Federal y en los estados de México y de Jalisco el problema registra la mayor gravedad. De igual manera, señalan que en muchos de los casos los menores terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se pagan hasta 50 mil dólares por niño.

La Unidad Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores de la Procuraduría General de la República reveló que entre 2005 y 2006 se reportó que cerca de 32 mil niños fueron robados o extraviados; sin embargo, esas cifras no se han actualizado. Tales datos contrastan con los de algunas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación de Padres y Madres de Niños Perdidos, que estima que 500 mil menores han desaparecido en los últimos 5 años. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe en promedio al mes 20 casos, de los cuales se logra recuperar a 4 o 5 menores en el mismo lapso; asimismo, reporta que de los asuntos que recibe, 50 por ciento corresponde a sustracción de menor por el padre o la madre sin el consentimiento de la pareja, 20 por ciento a robo de infante, y 30 por ciento a desaparición de menores, personas adultas y discapacitados.

La mayor parte de la desaparición de personas, según las estadísticas disponibles, corresponde a menores de entre 4 y 12 años de edad, mientras que en segundo lugar se encuentra el rango de 0 a 3 años de edad, y en tercero se encuentran menores de 13 años a mayores de apenas 18 años de edad, a quienes corresponde el 14 por ciento de las denuncias.

Si bien la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios procurarán implantar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia basada en el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y, al mismo tiempo, brindarles la protección y el socorro que requieran en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, esto en la práctica ha quedado generalmente en sólo una buena intención, pues dista mucho de lo que sucede en la realidad.

Si bien coloquialmente se denomina este delito como ``robo'' de niños, en la legislación penal federal se tipifica de manera genérica como ``privación ilegal de la libertad'' o ``secuestro'', en tanto que en otras legislaciones, como el Código Penal del Distrito Federal, establecen los delitos de privación de la libertad personal, secuestro, retención de menores y sustracción de menores, por lo cual, según el ámbito de competencia y los actos realizados, se persigue alguno de estos delitos por el ``robo'' de un infante, siendo el caso que la autoridad ministerial debe determinar qué delito corresponde sancionar.

En tal virtud y ante la urgencia de proteger a la niñez del país, se hace necesaria la participación activa de esta soberanía a fin de que exhorte a las autoridades federales y a las locales a fortalecer los procedimientos de prevención, control y supervisión en hospitales, albergues y centros educativos para evitar o disminuir la sustracción ilegal de pequeños.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades federales y a las locales a fortalecer o, en su caso, implantar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a los padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y a las locales a implantar procedimientos de prevención, control y supervisión en el ingreso y en la salida de menores de los albergues y centros educativos, a fin de evitar la sustracción o desaparición de menores de edad.

Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión y a los locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar en el ámbito de su competencia la normatividad relativa a la protección de los derechos de niños y adolescentes, y la que regula los establecimientos donde confluyen menores de edad, como es el caso, entre otros, de centros educativos, albergues y hospitales. De igual manera, se les exhorta a revisar y, en su caso, homologar los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores, todo ello a fin de que se prevengan y combatan efectivamente estos delitos y se garantice de manera plena la seguridad de la niñez.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. A solicitud del diputado...

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, a sus órdenes. Diputada Quiñones, dígame, a sus órdenes.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): Para preguntarle al diputado si nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Castilla Marroquín, acepta usted la adhesión?

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta el diputado cualquier adhesión de nuestras compañeras diputadas y compañeros diputados. Favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.

Ha solicitado el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández posponer su intervención para la próxima sesión.

Asimismo, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández pide que se posponga su intervención acerca de los niños jornaleros.

Igualmente, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández pospone su participación acerca de la construcción de un hospital.

Tiene la palabra la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de los ex Trabajadores Migrantes Mexicanos Braceros. No se encuentra. Me informan que no se encuentra la diputada María Isabel Merlo Talavera .

MUJERES DEL SECTOR RURAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se diseñen programas complementarios que permitan mejorar la precaria situación que enfrentan las mujeres en el sector rural.

La diputada Margarita Liborio Arrazola: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la actualidad las mujeres juegan un papel cada vez más relevante. Su incorporación a ámbitos que se consideraban exclusivos para el género masculino se ha convertido en una constante.

El género femenino enfrenta problemáticas propias de la idiosincrasia e ideología de la sociedad. Asimismo, su participación es marginal en algunos rubros de la economía, las mujeres en México padecen las consecuencias de la diferenciación entre los géneros, el machismo continúa siendo un obstáculo que dificulta el desarrollo pleno de las capacidades de las mujeres mexicanas.

La situación se complica más para las que habitan en el medio rural, ya que enfrentan el machismo y padecen los efectos negativos de la falta de oportunidades y apoyos para desarrollar actividades que les proporcionen algún beneficio tangible.

Dada la importancia que representan las mujeres en el medio rural, la ONU, en coordinación con otras instituciones internacionales, impulsó la propuesta de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. Sin embargo, a las mujeres de las comunidades rurales no solamente hay que conmemorarlas en un día de un año, sino hay que reconocerles su gran labor en la formación de todos nosotros.

Actualmente, como consecuencia de la crisis alimentaria que padecemos y la falta de ingresos, las mujeres rurales mexicanas ven incrementadas sus actividades, lo que representa una limitante para participar en la defensa de sus derechos.

Diversos estudios de organizaciones internacionales sostienen que el alza de precios de los granos básicos, la liberación del mercado y la dependencia alimentaria impide que las mujeres rurales puedan comercializar sus productos adecuadamente.

Considerar a las mujeres como consumidoras y no como productoras limita su participación en los programas de desarrollo rural, lo que genera condiciones de inequidad y desigualdad.

Según cifras proporcionadas por el Inegi, en México las comunidades indígenas agrupan a más de 9.5 millones de personas, de las cuales, 5 millones son mujeres. Poco más de la mitad de la población indígena vive en regiones rurales, la mayoría en la región sur-sureste del territorio mexicano, donde se concentran los niveles de pobreza más altos.

El presupuesto que destina el gobierno federal para apoyar a las mujeres es insuficiente; en 2008 fue una cantidad con un porcentaje muy pequeño y ahora en 2010 se aumentó un poco más, sin embargo, no es suficiente para el porcentaje que tenemos de población rural en todo el país.

Por tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, en razón de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones diseñe e implemente programas complementarios dirigidos a apoyar a las mujeres que habitan en el medio rural con el objetivo de otorgarles mayores recursos y herramientas que les permitan incrementar su productividad y su desarrollo.

Segundo. A que incremente los recursos destinados a los programas de apoyo dirigidos a las mujeres rurales, procurando en todo momento incidir de manera positiva en el desarrollo pleno de las capacidades de dicho grupo social.

Tercero. A que el Instituto Nacional de las Mujeres diseñe e implemente programas integrales de atención al género femenino, con el objetivo de otorgarle apoyo psicológico, capacitación, fomento de proyectos productivos y actualización permanente en temas de interés.

Cuarto. A que el número de mujeres rurales beneficiarias de los programas federales aumente en la misma proporción en que lo hacen los recursos asignados. De igual forma, a que las reglas de operación de los programas dirigidos a mujeres rurales cumplan con los principios de claridad, sencillez y especificidad, ello con el objetivo de procurar un acceso sencillo a las interesadas. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes de la administración pública para diseñar programas complementarios que permitan mejorar la precaria situación que enfrentan las mujeres del sector rural, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

En la actualidad las mujeres juegan un papel cada vez más relevante, su incorporación en ámbitos que se consideraban exclusivos para el género masculino se ha convertido en una constante, generando un impacto positivo en los niveles de producción de bienes y servicios.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el género femenino aún enfrenta problemáticas propias de la idiosincrasia e ideología de la sociedad, asimismo, su participación todavía se considera marginal en algunos rubros de la economía.

En el caso particular de las mujeres en México, padecen las consecuencias de la diferenciación tan arraigada entre los géneros, el machismo continúa siendo uno de los obstáculos que dificulta el desarrollo pleno de las capacidades de las mujeres mexicanas.

La situación se complica todavía más para las mujeres que habitan en el medio rural, ya que no sólo deben enfrentar el machismo arraigado en demasía, sino que padecen los efectos negativos de la falta de oportunidades y apoyos para desarrollar actividades que les proporcione algún beneficio tangible.

Cabe mencionar que debido a la importancia que representan las mujeres en el medio rural, la Organización de las Naciones Unidas, en coordinación con otras instituciones internacionales, ha impulsado la propuesta de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, siendo designado el 14 de octubre para dicho fin.

En la actualidad, como consecuencia de la crisis alimentaria que padecemos y que, entre otras cosas, ocasiona una falta de ingresos, las mujeres rurales mexicanas ven incrementado su trabajo, lo que representa una limitante para fomentar su participación en la defensa de sus derechos.

Estudios de organizaciones internacionales, como la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Redpar), en su documento Diagnóstico del impacto de la crisis alimentaria mundial en las mujeres indígenas y campesinas sostiene que el alza de precios de los granos básicos, la liberación del mercado y la dependencia alimentaria impide que las mujeres rurales puedan comercializar sus productos adecuadamente.

La clasificación, que considera a las mujeres como consumidoras y no como productoras, limita su participación en los programas de desarrollo rural, lo que genera condiciones de inequidad y desigualdad.

Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitan más de 9.5 millones de personas indígenas, de las cuales 5 millones son mujeres. Poco más de la mitad de la población indígena vive en regiones rurales, la mayoría de ella en la región sur y sureste del territorio mexicano, donde se concentran los niveles de pobreza más altos.

El presupuesto que destina el gobierno federal para apoyar a las mujeres es insuficiente y no permite hacer frente a las problemáticas que tienen. Los recursos designados durante los últimos tres años son los siguientes:

La situación de precariedad de las mujeres rurales se agudiza si consideramos que la mayoría de ellas se ubica en los municipios con mayor grado de marginación, en donde la falta de oportunidades es una constante ya que no cuentan con los instrumentos suficientes que les permitan hacer frente a sus problemáticas particulares.

En este sentido, la participación gubernamental juega un papel determinante, sin embargo, el Estado mexicano adolece de políticas públicas específicas que permitan a las mujeres rurales subsanar sus deficiencias en términos de calidad de vida.

La actual administración federal no considera a las mujeres rurales como sujetas de derechos en los programas sociales, tampoco les proporciona una forma fácil de acceder a la información disponible de los diferentes programas que ofrecen las instituciones gubernamentales y en las reglas de operación de los presupuestos etiquetados en su favor se da preferencia a las mujeres que se ubican en otros sectores de la economía.

Otro de los problemas que aqueja a las mujeres del medio rural tiene que ver con la propiedad de la tenencia de la tierra ya que, ante el incremento de las agroempresas y urbanizadores que demandan una mayor cantidad de tierra para sus proyectos, ellas no son consultadas para la venta de la propiedad.

Con fundamento en lo mencionado anteriormente, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente programas complementarios dirigidos a apoyar a las mujeres que habitan en el medio rural, con el objetivo de otorgarles mayores recursos y herramientas que les permitan incrementar su productividad, desarrollar proyectos productivos e instalar micros y pequeñas empresas sociales rurales, ello a fin de mejorar su calidad de vida y disminuir sus niveles de pobreza y marginación.

Segundo. Incrementar los recursos destinados a los programas de apoyo dirigidos a las mujeres rurales, procurando en todo momento incidir de manera positiva en el desa-rrollo pleno de las capacidades de dicho grupo social.

Tercero. El Instituto Nacional de las Mujeres diseñe e implemente programas integrales de atención al género femenino, ello con el objetivo de otorgarles apoyo psicológico, capacitación, fomento de proyectos productivos y actualización permanente en temas de interés.

Cuarto. Que el número de mujeres rurales beneficiarias de los programas federales aumente en la misma proporción en que lo hacen los recursos asignados. De igual forma, que las reglas de operación de los programas dirigidos a mujeres rurales cumplan con los principios de claridad, sencillez y especificidad, ello con el objetivo de procurar un acceso sencillo a las interesadas.

Quinto. Se exhorta a los titulares de la secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y Trabajo y Previsión Social para que en coordinación diseñe e implementen un programa dirigido a otorgar apoyos de asesoría, capacitación y financieros, dirigidos de manera particular a las mujeres que habitan en el medio rural, con el objetivo de dotar a este grupo poblacional de elementos que le permitan desarrollarse, mejorando de manera importante su calidad de vida.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Equidad y Género.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco a que tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.

El diputado Salvador Caro Cabrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, hago uso de esta tribuna para presentar punto de acuerdo relativo a la urgencia de tomar decisiones acertadas para poder dotar de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara en un proyecto sustentable.

Desde 1990 se hicieron los primeros estudios para poder generar un esquema de infraestructura hidráulica que solventara tan importante problema. En 1994 se tomaron las primeras decisiones, avaladas posteriormente por decretos federales de 1995 y 1997, en los que se destinaban recursos hidráulicos para el estado de Guanajuato y principalmente para resolver el problema de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara.

Han pasado 15 años y los gobiernos estatales, desaprovechando las facultades que les da la ley federal en la materia, han dejado pasar oportunidades importantes para resolver este problema, postergándolo por 15 años, principalmente por intereses de carácter político y económico.

Hoy estamos frente a una decisión que tomó la Comisión Nacional del Agua con la que, contrario a los decretos federales, pretende construirse la presa El Zapotillo, que violenta dos decisiones relativas a estos decretos; por una parte, se afectan centros de población y también tierras de alta rentabilidad, en contravención con lo lógico en el proceso de construcción de presas.

Por eso es necesario que esta Cámara revierta esas decisiones y, a través del dictamen de la comisión respectiva, exhorte al gobierno del estado de Jalisco a designar un punto adecuado a los estudios de referencia y por fin pueda atenderse este problema.

La presa El Zapotillo, por los conflictos sociales que trae consigo, por la participación de organizaciones nacionales e internacionales que apoyan a los centros de población afectados, implica postergar por tres años más el abasto de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara. Es por esto que se propone el siguiente punto de acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Jalisco a que, en acato a los decretos federales de 1995 y 1997, así como a los acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a afecto de que, en acato de los decretos federales de 1995 y de 1997, así como de acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica que permita dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante de la LXI Legislatura, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta punto de acuerdo relativo a exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco para que, en acato de los decretos federales de 1995 y de 1997, así como de acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos de dotación de agua con otros estados de la República.

Exposición de Motivos

El programa de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara tiene un retraso de 14 años en la atención de la carencia de infraestructura hidrológica para garantizar servicio tan vital. En 1990 se iniciaron los estudios de la cuenca del río Verde que condujeron a una serie de determinaciones dirigidas a la construcción de una presa en Loma Larga II.

Mediante el decreto número 19956, de abril de 1995, se reservaron 504 millones de metros cúbicos de agua del río Verde apta para uso doméstico y servicio público, dejando 120 millones para León Guanajuato y 384 millones para la zona conurbada de Guadalajara.

Posteriormente, el decreto de noviembre de 1997 otorga 372 millones de metros cúbicos del río Verde para la zona conurbada de Guadalajara, con condicionantes, como no afectar ningún núcleo de población ni superficies agrícolas de gran rentabilidad.

Intereses económicos y políticos han obstaculizado esta obra y, artificiosamente, han promovido la construcción de presas rechazadas socialmente y de comprobadas deficiencias técnicas, como El Zapotillo y Arcediano.

La presa El Zapotillo, violentando los decretos presidenciales y acuerdos derivados, implica desaparecer las delegaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, con sus terrenos de amplia rentabilidad. Los nuevos alcaldes electos de Cañadas de Obregón y Mexticacán, donde las citadas poblaciones se hallan, declararon comprometiéndose a no dar cambios de uso de suelo dentro de los próximos seis meses para esta presa, a fin de no desaparecer las poblaciones.

Además, el dictamen técnico resultó contrario para la construcción de una cortina de 80 metros de altura porque los cerros de donde se iban a sostener los diques no poseen la resistencia exigida por las normas técnicas, por lo cual se decidió desaparecer las citadas poblaciones e inundar tierras de gran rentabilidad con una cortina de 105 metros.

Por todo lo explicado se hace inviable el cumplimiento del acuerdo de coordinación derivado de los decretos de 2005 y la atención de los decretos en las salvedades referidas. A los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara urge la solución en la materia.

Por tal motivo, propongo ante este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco para que, en acato de los decretos federales de 1995 y de 1997, así como de acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Les informo, señoras y señores diputados, que se encuentra entre nosotros la deportista medallista mundial de tae kwon do en Corea 2008, Ollin Yoliztlin Medina López, del estado de Veracruz, quien nos acompaña esta mañana.

Se pospone la participación del diputado Jorge Rojo García de Alba , del Grupo Parlamentario del PRI, para tratar el tema enlistado acerca de los titulares de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía.

PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES VEGETALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Saludy a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este punto de acuerdo que presenta un servidor ---agradezco mucho al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, al diputado Cruz López, y al diputado Javier Usabiaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, adherirse a este punto--- versa sobre lo siguiente:

Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario. Una de estas atribuciones es el control sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación, y de los establecimientos dedicados a los procesos de los productos.

Para esta función es creado el órgano desconcentrado llamado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) conforme a lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud. Una de las atribuciones de la Cofepris es el registro de plaguicidas y nutrientes vegetales, para lo cual publicó el Reglamento en Materia de Registro, Autorización de Importación y Exportación, y Certificados de Exportación de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, de la Ley General de Salud.

En dicho ordenamiento se indican las formas que existen para poder registrar un plaguicida. Una de éstas es el registro por equivalencia, el cual tiene como requisito esencial conocer el producto que servirá como su perfil de referencia.

Hasta el momento, en la página electrónica de la Cofepris sólo se encuentran publicados 38 perfiles de referencia, lo cual imposibilita el poder registrar productos por medio del registro de equivalencia. Según reporte de empresas multinacionales, el mercado total en agroquímicos equivale a alrededor de 800 millones de dólares, estando en poder de las multinacionales 70 por ciento, y que se pudiera registrar hasta un 50 por ciento adicional.

Con la publicación de los perfiles de referencia se aumentaría la competitividad de las empresas mexicanas al poder entrar al mercado de la venta de insumos con productos cuya calidad es igual a los que ya se encuentran registrados.

¿Cuál es el objetivo, compañeras y compañeros, de este punto de acuerdo? Que se conozcan las patentes de los perfiles de referencia que ya han vencido o caducado y así los formuladores nacionales puedan participar, si así lo desean, en la elaboración de fungicidas, herbicidas, nutrientes vegetales, fórmulas agroquímicas, en general, en los insumos que son utilizados en nuestro campo mexicano por nuestros agricultores, ya que es un sentir de todos nuestros agricultores que los insumos son caros y las cosechas son baratas.

Es por esto que en este punto de acuerdo pretendemos que al ser publicados los perfiles de referencia cuyas patentes ya están vencidas o caducas, puedan liberarse estos productos y haya una libre competencia en algunos de los insumos que son utilizados en el campo, y así la clara competencia que habría pudiera ayudar a disminuir hasta en 50 por ciento los costos de muchos de esos productos que utilizan nuestros campesinos en nuestro campo mexicano.

Es por eso que hoy someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al órgano denominado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al IMPI ( Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) a informar a esta soberanía el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia.

Solicito, diputado presidente, que el anterior punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Erandi Bermúdez Méndez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al órgano denominado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que informen sobre el estado que guardan los perfiles de referencia de las patentes vencidas para el registro de plaguicidas y nutrientes vegetales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, una de estas atribuciones es el control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos.

Para esta función es creado el órgano desconcentrado llamado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, conforme a lo establecido por el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, la cual tiene en sus atribuciones el Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia

Para cumplir con dicha función la Cofepris publicó el pasado 28 de diciembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento en Materia de Registros, Autorización de Importación y Exportación, y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, de la Ley General de Salud.

En su artículo 12 establece dos modalidades para poder registrar un plaguicida o nutriente vegetal:

La primera es para los plaguicidas que pretendan ser registrados por primera vez en México, para lo cual se requiere la presentación de información física, química y toxicológica que incluyen estudios a corto, mediano y largo plazo, así como ecotoxicológica del ingrediente activo del plaguicida o nutriente vegetal del que se realiza el tramite, de tal forma que la autoridad pueda determinar su riesgo a la salud y al ambiente, así como su efectividad para ser usado como un producto para el control de plagas y enfermedades en la agricultura, en el hogar o en la industria.

La segunda modalidad es el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales cuyo ingrediente activo ya cuenta con un registro previo en México. En este caso, el reglamento, en su artículo 12, fracciones XI y XII, establece un procedimiento denominado de ``equivalencia'', el cual establece las formas de comparación que se pueden dar entre dos productos: uno establecido como perfil de referencia cuyas características, composición e información sirven de base y contra la cual se compara un producto a registrar de diferente origen, cuya equivalencia se fundamenta en el hecho de que productos que cuentan con composición química similar establecidos bajo ciertos criterios de variación.

Para obtener este registro por equivalencia, es necesario, en principio, establecer el producto que sirva como ``perfil de referencia'', que será el estándar sobre el cual se deberán comparar los demás productos de diferente origen que pretendan registrarse como equivalentes.

Por la naturaleza de los productos plaguicidas y/o nutrientes vegetales y la toxicidad que pudieran representar, se hace necesario que la empresa que desarrolla y registra originalmente el plaguicida en cuestión, realice los estudios establecidos en el Reglamento que demuestren que este puede ser usado para el control de plagas, enfermedades o malezas que afectan a los cultivos y este mismo se encuentre dentro de los parámetros toxicológicos y ecotoxicológicos que las autoridades competentes determinen.

Bajo el esquema que el Reglamento establece, es fundamental que la autoridad establezca cuales serán las características, composición e información que define a los perfiles de referencia que servirán de base para poder iniciar el proceso de registro por equivalencia, información de un producto que teóricamente debe estar en poder de la autoridad al haber ésta otorgado por primera vez un registro del plaguicida referido.

A la fecha se tiene conocimiento que existen 350 patentes de productos plaguicidas o nutrientes vegetales vencidas, de las cuales solo 38 perfiles de referencia han sido publicadas, la última publicación a la que se tiene acceso es la encontrada en la página electrónica de la Cofepris, marcada con fecha, 16 de julio de 2009. Si tomamos en cuenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Reglamento en Materia de Registros, Autorización de Importación y Exportación, y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, de la Ley General de Salud publicado en el año de 2004, se hace notar la lentitud con la que se ha venido dando este proceso y la imposibilidad de realizar registros mientras esta situación no se regularice.

Con la publicación de todos perfiles de referencia, se aumentaría la competitividad de las empresas mexicanas al poder entrar al mercado la venta de insumos, con los productos cuya calidad sería igual a la de los que ya se encuentran registrados. Pero el beneficio de mayor impacto se daría a nivel de los productores: Agricultores de grano, de hortalizas, etcétera, ya que el precio, de sus insumos en algunos casos sería hasta el 50 por ciento menos del valor actual.

El sector agropecuario como todos los sectores productivos en México, necesita reactivar su economía, esta acción que tenemos la oportunidad de impulsar ayudaría de forma real a quienes producen los alimentos de este país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, y al órgano denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que informen a esta soberanía, el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Salud.

GASTO PUBLICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federacióna que atienda la solicitud de diversos diputados de llevar auditorías permanentes y en detalle del gasto público en partidas críticas e importantes, aunque no se haya concluido el periodo del ejercicio, publicando a su vez los resultados de los avances de su gestión financiera, suscrita por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD y del PT. Adelante, diputado.

El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras diputadas y señores diputados, el presupuesto de egresos que ha sido aprobado ha recibido un rechazo y una gran preocupación de la sociedad. Frente a esto, creo que nosotros mismos podemos encontrar una solución que acredite la función de este Congreso y de los diputados y diputadas para demostrar que sí estamos por la transparencia, por la rendición de cuentas y por un ejercicio presupuestal que sea digno, aceptable y funcional.

Por esa razón y en virtud de que la Constitución General de la República y la ley que maneja la coordinación del ejercicio de la función pública y su revisión nos dan la oportunidad de que nosotros podamos llevar a cabo un auditoría permanente que con base en el artículo 40 y 42 de la propia ley, y la Constitución, en el 79, nos permite que llevemos a cabo en las materias, en los temas presupuestales y en las partidas sustanciales, un control diario y una rendición de cuentas diario de cómo van estos gastos.

Si nosotros logramos que la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas, lleve a cabo esta auditoría permanente, creo que la reivindicación de muchas de las tareas de nuestro Congreso van a ser muy bien acreditadas en todo el país y frente a toda la sociedad.

En razón de esto, nosotros estamos presentando este punto de acuerdo para exhortar a esta Cámara de Diputados a que instruya a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que atienda de inmediato la solicitud de diputados federales de llevar a cabo auditorías permanentes y en detalle del gasto público, sobre todo en sus partidas más críticas e importantes, aun cuando no se haya cumplido el ejercicio presupuestal anual.

Segundo. Demostrar de esa manera que haya una eficiencia en el gasto y transparencia en la revisión de cuentas y que se publiquen mensualmente los resultados detallados del avance de este gasto.

Los coordinadores parlamentarios tanto del PRD como de Convergencia nos han apoyado para que, independientemente del avance de este punto de acuerdo, nosotros iniciemos de inmediato ya la requisitoria a la Auditoría Superior de la Federación para iniciar este proceso de auditoría en la forma en que podamos nosotros llevar a cabo esta tarea de manera inmediata. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos ustedes.

«Proposición con unto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a atender la solicitud de diputados de llevar revisiones permanentes y en detalle sobre el gasto publico en partidas críticas e importantes, aunque no se haya concluido el periodo de ejercicio, y a publicar los avances de su gestión financiera, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT

El suscrito diputado Alejandro Gertz Manero , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, interesado en que en el proceso legislativo de aprobación del Presupuesto General de la Federación se respete el orden jurídico que regula la asignación de recursos, la aplicación de éstos y el ejercicio escrupuloso, transparente y legal de los recursos y asimismo se cumpla con los ordenamientos que regulan las adquisiciones, la asignación de obras, el sistema normativo de compras y arrendamientos, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para exhortar se instruya a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que audite e informe mensualmente a los diputados de los partidos minoritarios del avance detallado del Ejercicio Presupuestal de 2010 con base en los siguientes

Considerandos

Es evidente que en el proceso legislativo que conduce a la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2010, el predominio de las fuerzas políticas mayoritarias tiende a ignorar la postura de las fuerzas minoritarias que es esencial para dar legitimidad plena a las decisiones legislativas, lo que redunda en perjuicio de la sociedad y del uso eficiente de los recursos públicos, porque se privilegian las excepciones y no las reglas generales que deben ser aplicadas como es el caso de las asignaciones directas que exceden ya toda proporción.

Igualmente es evidente que mediante el mecanismo de mayoría se están aprobando recursos sin considerar la importancia de respetar el orden jurídico, argumentando razones de urgencia o de prioridad política, generando así, por falta de precisión un ejercicio presupuestal laxo, carente de controles lo que puede ser demostrado por la creciente práctica de las ``economías'' que en realidad constituyen un subejercicio que más adelante permite un manejo de los recursos libre que lleva a la constitución de ``Bolsas discrecionales'', y fideicomisos prohibidos expresamente por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 1, fracción VI, último párrafo.

Que por otra parte hay una gestoría gubernamental y partidista para apoyar proyectos de gobierno que han demostrado que no cumplen sus objetivos como Proárbol y Procampo, en los cuales se han señalado abusos, ineficiencia y corrupción sin que los partidos minoritarios tengan posibilidad de influir en las decisiones de asignación de los recursos.

Que para frenar esta tendencia que rompe con el espíritu y la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con todo el orden jurídico relativo a control, vigilancia, transparencia y fiscalización, es urgente que los partidos minoritarios participen dentro de sus funciones legislativas, mediante una mayor actividad de supervisión y vigilancia en contacto con la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que dispongan mensualmente de los resultados a detalle de sus auditorías y de esa manera estos grupos parlamentarios puedan cumplir con las funciones de transparencia, publicando mensualmente cómo se está ejerciendo el gasto público y el uso indebido de los recursos públicos.

Que conforme lo establece el artículo 79, fracción III, tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con el artículo 4o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y para verificar que se cumplen con los supuestos que establece el artículo 42 de ésta;

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Cámara de Diputados para que instruya a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que atienda de inmediato la solicitud de los diputados federales de llevar a cabo auditorías permanentes y en detalle del gasto público, sobre todo en sus partidas más críticas e importantes, aunque no haya concluido el ejercicio del gasto.

Segundo. Que se demuestre de esa manera que hay eficiencia en el gasto y transparencia en la revisión de cuentas.

Tercero. Que se publiquen mensualmente los resultados detallados del avance del gasto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. El diputado Velázquez.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle al orador que acaba de exponer el punto de acuerdo si acepta me permita sumarme al punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Diputado Gertz Manero, ¿está de acuerdo?

El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado, así que los diputados y las diputadas que deseen firmar el documento adhiriéndose, pasen a la Secretaría.

PEAJE DE MOTOCICLETAS EN AUTOPISTAS NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesque disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales.

El diputado David Hernández Pérez: Gracias, presidente. Compañeros legisladores, la industria turística sin lugar a dudas es un detonante económico y es algo a lo que el país debe dedicarse. Debe quedarnos claro que el petróleo está disminuyendo los ingresos del país; que las remesas de nuestros connacionales también van a la baja y que la industria turística puede ser la principal fuente de ingresos del país.

En este sentido, hay grupos que se han venido formando y que día a día fortalecen el turismo; ese turismo en muchas ocasiones es de pequeñas poblaciones de turismo ecológico, como le llaman, pero también hay una serie de clubes de motociclistas que han ido formándose en diferentes partes del país y que han estado incrementando los recorridos turísticos.

El uso de motocicletas para recorridos turísticos ha venido incrementándose en los últimos años. Pero por el alto costo que representan las autopistas, los motociclistas utilizan las carreteras libres, que en algunas ocasiones son más peligrosas.

Las motocicletas obviamente llevan menos personas, dañan menos las carreteras, por lo que nosotros estamos solicitando en este punto de acuerdo que se les pueda hacer una disminución de lo que pagan en las autopistas.

Esto permitiría que los clubes de motociclistas utilicen más estas autopistas y puedan continuar haciendo estos recorridos turísticos, que a veces ---por los costos que tienen nuestras autopistas y que todos sabemos que son muy altos--- se limitan a ser recorridos muy cortos.

Por lo anterior, presento ante esta asamblea punto de acuerdo.

Primero. Que la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara de Diputados forme un grupo de trabajo para realizar acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el logro de este beneficio para un importante grupo social.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Transportes que, de acuerdo con las bases de regularización de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales, se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas. Es cuanto, gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas de acuerdo con las bases de regulación del peaje en las autopistas nacionales, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales.

Antecedentes

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 36 las atribuciones y el despacho de los asuntos competencia de la SCT. En la fracción XII del citado artículo señala como una de sus responsabilidades

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala en los artículos 5, fracción VIII, y 15, fracción VIII, como facultad de la SCT establecer las bases generales para el cobro de las cuotas en las carreteras y en los puentes, las cuales deberán estar contenidas en los correspondientes títulos de concesión.

Además, en su esquema de concesiones la SCT es la responsable de definir las bases de regulación tarifaria para las autopistas concesionadas.

La SCT determina la tarifa promedio máxima que puede aplicarse en la vía, por tipo de vehículo o grupo vehicular, considerando las características de cada ruta.

Las tarifas que pagamos los usuarios de las carreteras o autopistas varían de forma desproporcionada; y, como es del conocimiento público, en bastantes carreteras la infraestructura y el servicio no concuerdan con el pago.

El servicio de autotransporte federal cuenta con esquemas de apoyo fiscal por la utilización de las autopistas de cuota.

El uso de motocicletas para recorridos turísticos se ha incrementado en los últimos años y por el alto costo que representa el uso de autopistas de cuota, optan por utilizar carreteras alternas, y se han presentado un número considerable de accidentes.

Las motocicletas, a diferencia de los automotores, transportan un menor número de personas, y su peso y dimensiones son considerables de mencionar, por lo que el pago de las cuotas en carreteras para quienes utilizan este medio de transporte se vuelve desproporcionado.

La creación de club de motociclistas y su convocatoria a reuniones y exposiciones en el país se han incrementado y, con ello, la posibilidad de aprovechar el potencial turístico que esto representa.

Disminuir el peaje de las autopistas para las motocicletas favorecerá el turismo de quienes gustan de este transporte, además de que representa un acto de justicia.

Por lo anterior someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados forme un grupo de trabajo para realizar acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el logro de este beneficio de un importante grupo social.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales, se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.

SUSTRACCION DE NIÑOS DE CLINICAS Y HOSPITALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales, municipales y delDistrito Federala que instrumenten acciones y medidas coordinadas dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención y sustracción de niñas y niños de las clínicas y hospitales públicos y privados.

La diputada María Joann Novoa Mossberger: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el tráfico y secuestro de niñas y niños es uno de los temas más indignantes. Este suceso representa una verdadera fatalidad para los familiares de un menor, quien es separado de sus padres y de su entorno familiar.

Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes se colocaron como una prioridad para los países, a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, la cual constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia.

Con la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en México no cabe duda que han existido avances en el marco jurídico.

Además, el 27 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversos ordenamientos jurídicos en materia de combate a la explotación sexual infantil. No obstante dichos avances, se siguen presentando casos de robo, desaparición, secuestro y explotación de niñas y niños.

Durante semanas, el caso del albergue Casitas del Sur llamó la atención de autoridades, de medios de comunicación y de toda la sociedad, debido a la desaparición de más de 20 niños que estaban bajo el cuidado de éste, a petición de la Procuraduría capitalina, dejando al descubierto una serie de irregularidades y deficiencias en cuanto al control, regulación y vigilancia de los establecimientos que tienen a su cargo el cuidado de menores de edad.

Falta información con relación a cuántas organizaciones de la sociedad civil albergan a niñas y niños; tampoco existe información certera sobre cuántos niños albergados hay en este tipo de instituciones y, por tanto, mucho menos cuántas niñas y niños podrían estar desaparecidos.

Por otro lado, en días pasados, la denuncia de una mujer, a la que le dijeron que su hija recién nacida había muerto, permitió descubrir una presunta red de venta de bebés en una clínica privada de la Ciudad de México. El tráfico de menores es un asunto sumamente delicado. En este caso, la menor, refieren las autoridades, iba a ser cambiada por dinero y por un terreno en Toluca, estado de México, asunto convenido el pasado 5 de noviembre por los padres biológicos.

Desafortunadamente, cada día se conocen más y más casos de niñas y niños adolescentes que desaparecen de sus casas, de hospitales, de albergues, de escuelas, de centros deportivos, entre otros.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el tráfico y secuestro de niños es una tragedia inimaginable. Cuando una niña o niño es separado del seno familiar por delincuentes sin ningún tipo de escrúpulos ni respeto por la vida humana, el entorno nunca vuelve a ser igual para todos sus familiares, en particular para los padres. A partir de ese momento viven en una perdurable angustia y desolación.

Por todo ello, hoy presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se tomen las medidas pertinentes por parte de las autoridades competentes, en relación al tráfico, retención, sustracción y secuestro de menores, a fin de atacar esta problemática.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal correspondientes, a efecto de que instrumenten acciones y medidas coordinadas e inmediatas dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención y sustracción de niñas y niños, que se originan en las clínicas y hospitales públicos y privados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en la materia, y en especial a las de salud y educación a escala federal, estatal y del Distrito Federal, para que, en caso de los médicos, enfermeras y los auxiliares o empleados que estén bajo su dependencia y dirección, que resulten culpables de tráfico, retención o sustracción de niñas y niños, les sean aplicadas con todo rigor las disposiciones en materia de responsabilidad profesional previstas en la legislación penal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal a instaurar acciones y medidas coordinadas para disminuir y erradicar el tráfico, la retención y la sustracción de niños de clínicas y hospitales públicos y privados, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Joann Novoa Mossberger , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El tráfico y secuestro de niñas y niños es uno de los temas más indignantes. Este suceso representa una verdadera fatalidad para los familiares de un menor, quien es separado de sus padres y de su entorno familiar. Es evidente que estos ilícitos son graves, pero resulta más grave y preocupante si tomamos en cuenta la poca perspectiva que existe al respecto.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes se colocó como una prioridad para los países a partir de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, la cual constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, estableciendo una serie de compromisos y lineamientos a fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños del todo el mundo.

Es un hecho que ha habido avances en el marco jurídico referido a la protección de los derechos de las niñas y los niños. En nuestro país, con la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Además el 27 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversos ordenamientos jurídicos en materia de explotación sexual infantil. No obstante dichos avances, se siguen presentando casos de robo, desaparición, secuestro y explotación de niñas y niños.

Durante semanas, el caso del albergue llamado Casitas del Sur llamó la atención de autoridades, medios de comunicación y de toda la sociedad debido a la desaparición de más de 20 niños que estaban bajo el cuidado de esté a petición de la Procuraduría capitalina.

Podemos darnos cuenta que hasta ahora, el resultado de las investigaciones sólo ha evidenciado la falta de atención y control por parte de las autoridades sobre este tipo de organizaciones que quedan a cargo de niños que están relacionados con alguno tipo de averiguación previa.

El caso de Casitas del Sur dejó al descubierto una serie de irregularidades y deficiencias en cuanto al control, regulación y vigilancia de los establecimientos en los que tienen a su cargo el cuidado de menores de edad. Hay evidencias de la falta de información en relación a cuántas organizaciones de la sociedad civil albergan a niñas y niños; tampoco existe información certera sobre cuántos niños albergados hay en este tipo de instituciones; y por lo tanto, mucho menos cuántas niñas o niños podrían estar desaparecidos.

Por otro lado, en días pasados, la denuncia de una mujer a la que le dijeron que su hija recién nacida había muerto, permitió descubrir una presunta red de venta de bebés en una clínica privada de la Ciudad de México.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informo que investiga, al menos cuatro predios más presuntamente ligados a la banda de médicos del Hospital Central de Oriente que se dedicaba a la venta de recién nacidos y práctica de abortos ilegales.

Asimismo, en estos días también salió a la luz pública otro caso de tráfico de menores descubierto por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la detención de tres parejas involucradas en el intercambio de un niño de dos años de edad; en donde se encuentran involucrados para sorpresa de todos, los padres del menor.

El tráfico de los menores es un asunto sumamente delicado, en este caso, el menor, refieren las autoridades, iba a ser cambiado por dinero y por un terreno ubicado en Toluca, México, asunto convenido el pasado 5 de noviembre por los padres biológicos.

Afortunadamente para bien del pequeño no se logró concretar dicho ilícito, siendo capturados por los agentes de la Policía Judicial todos los involucrados, y de acuerdo a las autoridades están siendo procesados por el delito de tráfico de un menor.

Desafortunadamente cada día se conocen más y más casos de niñas, niños y adolescentes que desaparecen de sus casas, de hospitales, de organizaciones de cuidado como es el caso de Casitas del Sur, de albergues, de escuelas, de centros deportivos, y las autoridades no cuentan hasta el momento con un sistema confiable de registro estadístico que nos pueda dar una idea clara, sobre las dimensiones de este problema en el país, más aún, no se han llevado a cabo acciones efectivas por parte de las autoridades correspondientes para disminuir y detener estos actos delictivos.

Compañeras y compañeros legisladores, todos sabemos que el tráfico y secuestro de niños es una tragedia inimaginable, cuando una niña o niño es separado del seno familiar por delincuentes sin ningún tipo de escrúpulos ni respeto por la vida humana, la vida nunca vuelve a ser igual para todos sus familiares; en particular para los padres, a partir de ese momento viven en una perdurable angustia y desolación.

Por todo ello, hoy venimos a presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se tomen las medidas pertinentes por parte de las autoridades competentes, en relación al tráfico, retención, sustracción y secuestro de menores, a fin de atacar esta problemática.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades federal, estatales, municipales y del Distrito Federal correspondientes, a efecto de que instrumenten acciones y medidas coordinadas e inmediatas, dirigidas a disminuir y erradicar el tráfico, retención y sustracción de niñas y niños que se origina en las clínicas y hospitales públicos y privados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en la materia, y en especial a las de Salud y Educación, a nivel federal, estatal y del Distrito Federal para que en el caso de los médicos, enfermeras y los auxiliares o empleados que estén bajo su dependencia y dirección, que resulten culpables de tráfico, retención o sustracción de niñas y niños, les sean aplicadas con todo rigor las disposiciones en materia de responsabilidades profesionales previstas en la legislación penal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia.

CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Diputado presidente, hice entrega a usted de algo que se me pidió aquí. Y es para explicar ese asunto. Señor diputado, yo le pediría, con todo respeto, que quitara a la Policía Federal que está en el vestíbulo, porque no hay motivo para que esté ahí. Ese tubo es parte de con lo que están trabando las puertas del vestíbulo principal de esta Cámara de Diputados; están así la puertas y le pediría que, por respeto a nosotros, se quitara esa presencia de la Policía Federal, que no tiene razón de ser.

Hay una protesta afuera de la Cámara, pacífica, que ahorita no ha pasado más de lo normal y que no tenemos por qué estar nosotros en esta Cámara, ahorita, autosecuestrados, no vaya a ser que al rato a los de allá afuera les vayan a decir que nos secuestraron.

Le pediría, con todo respeto, señor presidente, que se quiten esos tubos de las puertas, que se abra esta Cámara, que es de todo el pueblo y que no va a pasar nada en este recinto. Es una petición muy respetuosa, que se normalice la actuación de esta Cámara, nuestra actividad, es la explicación y la solicitud. Simplemente no hay motivo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le agradezco, diputado, que haya entregado el tubo que mantenía usted en su poder en el interior de este recinto, eso da una muestra de esa participación y de esa responsabilidad de parte suya.

Ya hace un momento tomamos algunas determinaciones con todos los miembros del la Junta de Coordinación Política, que seguramente estaremos procesando en los términos que usted lo ha planteado, diputado. Sí, diputado, dígame.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Señor presidente, nada más le quiero aclarar que ese tubo no es mío, es el que estaba trabando las puertas del vestíbulo de esta Cámara de Diputados; lo aclaro para que no haya ningún genero de duda de que introduje algún utensilio de esta naturaleza a este recinto. Es una prueba de lo que está sucediendo allá, afuera de este pleno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pero lo tenía usted en la curul, lo tenía usted en el interior de este recinto. Por eso, le agradezco esa responsabilidad con la que usted actuó y nos hizo entrega del mismo.

Se pospone el uso de la palabra del diputado Carlos Torres Piña , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición referente al deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de esta soberanía a que destinen 10 por ciento de su dieta bruta para construir un fideicomiso que destine lo recaudado a acciones socialmente concretas de corto alcance.

El diputado Juan Carlos Natale López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, reconocemos la gravedad en que subyace la economía nacional y la incapacidad financiera con la que cuentan los diversos órdenes de gobierno para poder mitigar los efectos de la crisis, y a la vez cumplir con sus funciones de garantizar bienes y servicios como condición para una adecuada calidad de vida humana.

En este sentido, este presupuesto tuvo para bien plasmar el espíritu federalista entre nuestras instituciones de Estado, más aún cuando necesitamos de instituciones eficaces que promuevan e impulsen el desarrollo y bienestar de nuestros estados, municipios, pueblos y comunidades sin distinción de partidos y sin otro interés que retribuirles por el sacrificio de mantenerlos soterrados por el centralismo burocrático y las injusticias sociales.

Sabemos bien que la asignación de recursos por sí misma no propicia acciones y políticas concretas, ni mucho menos eficaces; pero sí cumplimentan la responsabilidad social de ejercer un gasto público oportuno, puntualizado, las necesidades prioritarias de diversas demarcaciones político-territoriales del país.

Debemos dejar en claro que a pesar de tener un sistema presidencialista no hemos incidido en crear prácticas sólidas de manera clara y acorde con las funciones de representación política y social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, los diputados federales somos representantes de la nación. En tal sentido, nuestras responsabilidades ante los electores trascienden la actividad meramente legislativa.

En efecto, el concepto de representación tiene que ver, además de lo legislativo, por lo menos con la mediación social, la representación política y las funciones de fiscalización, control e investigación y las de opinión y difusión de las ideas, entre otras.

En tal tesitura y con base en el propósito de la presente propuesta, la capacidad de atención y mediación social como función extra legislativa es un tema que amerita una debida reflexión y un debate a prontitud, ya que es un asunto oportuno para el fortalecimiento de la figura de los legisladores que integramos este Congreso de la Unión y, por ende, de los propios grupos parlamentarios y de los partidos políticos.

Es por eso que cada vez que asumimos nuestro papel de representantes populares a través de nuestras habituales convivencias con la ciudadanía, esta labor tiene un fuerte contenido de responsabilidad social, dado que es constante que en cada distrito se solicite ayuda para resolver problemas o apoyar acciones colectivas de grupos organizados, tanto en colonias, barrios, comunidades y pueblos.

Por tanto, el aspecto crucial de la atención de la demanda social y ciudadana, independientemente de los órdenes, esferas y órganos de gobierno que las realicen, consiste en la capacidad de respuesta para enfrentar los problemas sociales, principalmente en las localidades con evidente rezagos sociales.

Por lo anterior, lo más deseable y conveniente es que los cuerpos legislativos, los legítimamente facultados y responsables de examinar, discutir y modificar y aprobar anualmente el paquete económico que el Ejecutivo le presenta, puedan instituir y distribuir anualmente una partida presupuestal que pueda garantizar el desahogo, cumplimiento que la gestión social representa para cada distrito electoral.

Sin embargo, estamos conscientes del actual panorama económico y productivo del país, que aún pende sobre expectativas débiles e inciertas con respecto a la recuperación y crecimiento para el siguiente año.

En tal sentido, sin el afán de afectar las finanzas públicas federales ni de los estados y así como una medida de racionalidad, congruencia y sensibilidad, me es pertinente proponer a los integrantes de esta soberanía destinar 10 por ciento de nuestra dieta bruta para fines socialmente productivos y de asistencia colectiva en las demarcaciones territoriales que representamos, sin que ello limite o excluya a los legisladores de representación proporcional.

Para tales efectos, la Junta de Coordinación Política creará un fideicomiso público que tendrá la responsabilidad de administrar, vigilar, transparentar, distribuir y aplicar los recursos recaudados por la reducción de las dietas de nosotros, los diputados, que estamos comprometidos y que le vamos a entrar con nuestra gente.

Asimismo, éste se extinguirá con el cumplimiento de sus fines o por decisión de mayoría de los representantes de los fideicomitentes que conforman la Junta de Coordinación Política, y ésta última delimitará las facultades expresamente relacionadas con el objeto a cada uno de los integrantes del fideicomiso.

De esta forma, estimando que 10 por ciento de la dieta bruta mensual asciende a 7 mil 750 pesos por legislador, de los 500 legisladores se obtendrían al año 46 millones 500 mil pesos, que representan un ahorro de inversión significativo si es destinado a acciones sociales.

Si verdaderamente queremos contribuir al desarrollo y crecimiento del país y asumir a plenitud nuestro papel de representantes populares y mediadores de asuntos públicos, debemos iniciar un proceso de ahorro voluntario que permita orientar parte de lo recaudado a acciones concretas de beneficio social en forma institucional. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de esta soberanía a destinar 10 por ciento de su dieta bruta a constituir un fideicomiso que dirija lo recaudado a acciones socialmente concretas de corto alcance, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Juan Carlos Natale López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La nueva institucionalización legislativa en México ha permitido una mayor independencia política respecto del Ejecutivo y una mayor capacidad técnica para influir e impulsar cambios de políticas. Asimismo, y a pesar de ser aun insuficientes las facultades y atribuciones del legislativo con respecto al Ejecutivo, la consolidación de la actividad parlamentaria en México debe seguir el camino de un real equilibrio de poderes para que pueda cumplir con la función medular de desarrollar otros papeles primordiales como debatir propuestas y gestionar asuntos públicos en apoyo a los gobiernos con respecto a las reales demandas de los ciudadanos, en donde se actúa muchas veces, como interlocutores sociales activos y reactivos, representando intereses organizados, colectivos, particulares y cívicos. Esto hace, entre otras prácticas parlamentarias, que la legitimidad de un sistema político sea estable y duradero.

En México la institución legislativa, a pesar de tener un sistema presidencia lista, no ha traducido estas prácticas de manera clara y acorde con las funciones de representación política y social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, los diputados federales son representantes de la nación. A su vez, por su forma de elección, los senadores se consideran representantes de los estados en virtud del artículo 56 de la Constitución vigente. En tal sentido, sus responsabilidades ante los electores trascienden la actividad meramente legislativa. En efecto, el concepto de representación tiene que ver, además de lo legislativo, por lo menos con la mediación social, la representación política, y las funciones de fiscalización, control e investigación y las de opinión y difusión de las ideas, entre otras.

En tal tesitura, y con base en el propósito de la presente propuesta, la capacidad de atención y mediación social como función extra legislativa, es un tema que amerita una debida reflexión y un debate a prontitud ya que es asunto oportuno para el fortalecimiento de la figura de los legisladores que integran el Congreso de la Unión y, por ende, de los propios grupos parlamentarios y de los partidos.

En anteriores legislaturas, y de manera muy discreta, se han tratado de apuntalar temas referentes a diversas modalidades de asistencia y apoyo para los respectivos distritos electorales a través de los diputados principalmente de mayoría relativa; sin embargo, no han prosperado tales propuestas en el entendido de que ésta función social ha sido fuertemente criticada, pues se señala que los legisladores deben concentrar todos sus esfuerzos en su labor esencial desde sus Cámaras.

Sin embargo, tal y como lo puede comprobar cada uno de los integrantes que hoy formamos el Congreso, cada vez que asumimos nuestro papel de representantes populares a través de las proactivas convivencias con la ciudadanía, esta labor tiene un fuerte contenido de responsabilidad social dado que es constante que en cada distrito se solicita ayuda para resolver problemas o apoyar acciones colectivas de grupos organizados tanto en colonias, barrios, comunidades y pueblos; siendo de este modo, que el representante popular se significa por el estatus de ser integrante también del gobierno en su más amplia acepción, y por lógica, como promotor del desarrollo y el bienestar.

Sin embargo, y a pesar de que esta facultad implícita de la actividad legislativa ocupa gran parte del tiempo de los legisladores que enfrentaron al electorado y que, por tanto, tienen un vínculo mayor con sus estados o distritos; les son ineficaces e insuficientes sus esfuerzos para contribuir con las demandas de la ciudadanía, principalmente, en casos de obvia necesidad.

Por tanto, el aspecto crucial de la atención de la demanda social y ciudadana, independientemente de los órdenes, esferas y órganos de gobierno que la realicen, consiste en la capacidad de respuesta para enfrentar los problemas sociales, principalmente en las localidades con evidentes rezagos y demandas de la población.

En esencia, nos referimos a problemáticas concretas sobre seguridad, procuración e impartición de justicia, protección del ambiente, empleo y apoyo de la producción, salud y educación, que trascienden el nivel socioeconómico de las familias y respecto a las cuales no hay respuestas satisfactorias del gobierno. Además, debe considerarse que, conforme a los usos, a las tradiciones y a las costumbres, los pueblos y los barrios despliegan una importante actividad cultural y social en la práctica de tradiciones y fiestas populares y religiosas que dan sentido e identidad a las comunidades. Se trata de una diversidad de simbolismos, de todo tipo, en las que el legislador, como representante popular, generalmente ocupa un espacio para la atención y solución de conflictos y de demandas.

Por lo anterior, lo más deseable y conveniente es que los cuerpos legislativos, los legítimamente facultados y responsables de examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente el paquete económico que el Ejecutivo le presenta, puedan instituir y distribuir anualmente una partida presupuestal que pueda garantizar el desahogo y cumplimiento que la gestión social representa para cada distrito electoral. Sin embargo, estamos conscientes del actual panorama económico y productivo del país que aún pende sobre expectativas débiles e inciertas con respecto a la recuperación y crecimiento para el siguiente año.

Por lo tanto, reconociendo el compromiso de muchos de nosotros por no afectar a las familias en situación de vulnerabilidad, ni tampoco querer confrontar las acciones del gobierno federal con sus cuestionadas medidas anti cíclicas y programas gubernamentales para paliar los efectos de la crisis económica mundial, así como las veleidosas intenciones de asumir acciones de control y austeridad en ciertas áreas de la administración pública centralizada y paraestatal, quienes integramos el constituyente permanente, tenemos la obligación de solidarizarnos principalmente con las clases más desprotegidas por ser quienes están en situaciones de difícil acceso a lo imprescindiblemente vital para sobrevivir y más aún si confiaron en nosotros.

En tal sentido, sin afectar las finanzas públicas federales ni de los estados, y sí como una medida de racionalidad, congruencia y sensibilidad, me es pertinente proponer a los integrantes de ésta soberanía a destinar el 10 por ciento de nuestra dieta bruta para fines socialmente productivos y de asistencia colectiva en las demarcaciones territoriales que representamos, sin que ello limite o excluya a los legisladores plurinominales.

De esta forma, estimando que el 10 por ciento de la dieta bruta mensual asciende a 7 mil 750 pesos por legislador, de los 500 diputados se obtendrían 3 millones 875 mil pesos, y al año se recaudarían 46 millones 500 mil pesos, los cuales representan un ahorro de inversión significativo si se es destinado a acciones concretas de corto alcance entre la ciudadanía.

Las acciones que han emprendido diversos diputados de esta legislatura, por un lado algunos diputados del Partido Acción Nacional que han dispuesto de una reducción de su dieta producto de su voluntad de mutuo proprio, es algo que se reconoce pero que no cumple con una misión específica en pro del beneficio social de la gente principalmente de los diputados para con sus representados. Por otro lado, algunos otros diputados del Partido de la Revolución Democrática han señalado la necesidad por establecer las bases en materia de austeridad a fin de reducir las dietas en 25 por ciento, desaparecer gastos médicos y seguros de vida, derogar apoyos por gestión legislativa, y regular el uso de boletos de avión; sin embargo, no han señalado el costo-beneficio de dicha medida ni la labor social con que se estén orientando con estas acciones, ya que no son por sí mismos excesos de los legisladores, porque si comparamos los recursos técnicos, humanos, tecnológicos, financieros con que opera el Ejecutivo federal, los legisladores representan un gasto marginal en comparación del primero.

Si verdaderamente queremos contribuir al desarrollo y crecimiento del país, y asumir a plenitud nuestro papel de representantes populares y mediadores de asuntos públicos, debemos de iniciar un proceso de ahorro voluntario que permita orientar parte de lo recaudado a acciones concretas de beneficio social en forma institucional.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando la premisa de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a todos los legisladores de esta soberanía a destinar el 10 por ciento de su dieta mensual a efecto de destinarlos a obras y acciones concretas de corto alcance en las demarcaciones territoriales electorales.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para crear el fideicomiso público con la función de administrar, vigilar, transparentar, distribuir y aplicar los recursos recaudados por la reducción de las dietas de los diputados con la finalidad de destinar recursos para obras y acciones de beneficio social colectivo de corto alcance en cada demarcación territorial electoral.

Tercero. La Junta de Coordinación Política, con base en sus atribuciones legales, será la encargada de acordar y nombrar la conformación de dicho fideicomiso, el cual estará integrado por lo menos por un diputado de cada grupo parlamentario bajo los principios de equidad y eficiencia.

Cuarto. Se denominará un comité de gestión de la Cámara de Diputados, el órgano administrador del patrimonio fiduciario y tendrá bajo su responsabilidad realizar la justificación de los fiduciarios y la jerarquización de éstos, conforme a los principios de proporcionalidad y equidad hasta donde los recursos del fideicomiso lo permitan.

Quinto. El presente fideicomiso se extinguirá con el cumplimiento de sus fines o por decisión de mayoría los representantes de los fideicomitentes que conforman la Junta de Coordinación Política; asimismo, la Junta de Coordinación Política delimitará las facultades expresamente relacionadas con el objetivo a cada uno de los integrantes del fideicomiso.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario...Sí, diputado de Lucas, dígame usted.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins (desde la curul): Para solicitar al compañero Natale la autorización para adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted, diputado, la adhesión del señor diputado? Está de acuerdo, por tanto las compañeras y los compañeros que deseen suscribir el documento pasen a la Secretaría.

Tiene la palabra... Sí, diputado, dígame usted.

CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Señor usted acaba de decir que se estaban haciendo las diligencias pertinentes. Estamos encerrados.

Es necesario que cese este modo, este estilo. Creo que no tenemos por qué estar en esta actitud frente a un movimiento pacífico que ha demostrado madurez, que ha demostrado calidad. Y creo que esto es verdaderamente insultante, señor presidente.

Me perdona, no puedo salir de este recinto, porque usted, según las instrucciones, tiene cercada la Cámara de Diputados. No es posible; le ruego que el acuerdo que tuvieron en la Junta de Coordinación Política se haga efectivo de manera inmediata, por favor.

Es injusto lo que están haciendo con el pueblo de México que está expresándose libremente, creo que este derecho no puede seguir conculcándolo usted.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se ha implementado de manera inmediata el acuerdo de la Junta de Coordinación Política; y se están haciendo sus manifestaciones.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacióncontra el decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Diputadas y diputados, seguramente nunca he participado en esta tribuna para proponer un tema de tanta importancia nacional; por tanto, aludo a todas las diputadas y a todos los diputados aquí presentes, para participar en un debate sobre este tema fundamental para la vida de la nación.

Igualmente, hago entrega de la solicitud firmada por todos los diputados integrantes del Partido del Trabajo, para que al término del debate y de mi intervención se realice la votación nominal correspondiente a fin de preguntar a los señores legisladores si este tema debe ser de urgente u obvia resolución.

Paso a señalar la importancia de esta controversia. Como sabemos, el 11 de octubre de este año el Ejecutivo federal anticonstitucionalmente decretó la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, perdiendo o afectando laboralmente a más de 44 mil trabajadores.

Decimos y señalamos que este decreto es inconstitucional porque la creación de Luz y Fuerza del Centro obedeció a una orden del Congreso que se emitió en 1989, y por orden del Congreso también debió de haberse extinguido el organismo descentralizado.

No hay que perder de vista que la electricidad se trata de un área estratégica del Estado y conforme a la Constitución General de la República, tal como lo establece el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, todo lo concerniente a áreas estratégicas solamente puede ser normado y regulado por disposición de la Constitución y de la ley.

También, en este decreto hubo violación al artículo 26 de la Constitución, porque debió haberse modificado el Plan Nacional de Desarrollo o el plan sectorial. Nada de esto ocurrió ni se publicaron las respectivas modificaciones a estos planes en el Diario Oficial de la Federación.

También se violentaron artículos como el 73, fracción X, de la Constitución, que establece facultades exclusivas al Congreso para regular lo concerniente a la energía eléctrica, o el 73, fracción XI, que establece como facultad exclusiva del Congreso crear y suprimir empleos, aumentarlos o disminuirlos.

Igualmente se violaron otros preceptos de la Constitución, como el 73, fracción XXIX, inciso e), que regula como facultad exclusiva de la Cámara el abasto, producción de bienes y servicio social y nacionalmente necesarios.

Se violentaron también, presidente, las atribuciones de esta Cámara de Diputados en materia de presupuesto, ya que el decreto del Ejecutivo trastocó la estructura programática presupuestal del decreto de presupuesto aprobado por esta cámara para 2009.

Hubo un sinfín de irregularidades constitucionales y a los tratados internacionales. Sobre todo se violaron los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 123 de la Constitución; en las convenciones 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que sin juicio previo, sin seguir los procedimientos previstos en ley se dieron por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo.

Por todo esto existieron violaciones al derecho de asociación, al derecho humano, a la dignidad, al derecho a tener un proyecto a una vida digna y derechos humanos fundamentales en materia económica, social y cultural.

Hemos redactado un proyecto de controversia constitucional esperando que todas las diputadas y diputados de esta Cámara hagan suyo este documento por la trascendencia que tiene el tema y porque el decreto trata de una invasión clara y contundente a las atribuciones del Congreso de la Unión, principalmente a las competencias de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta, como asunto de obvia y urgente resolución, proposición con punto de acuerdo para solicitar que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional en contra del decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, mismo que fue publicado el día 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, al tenor de las siguientes consideraciones

Exposición de Motivos

El artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue reformado por Congreso de la Unión. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1989.

El artículo cuarto transitorio citado de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al establecer ``dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios...'' ordenó al Ejecutivo la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Además, el artículo tercero transitorio del propio artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica reformado en 1989 determinó: ``El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos, se constituya el organismo que se ordena crear''.

Acatando la orden legal establecida en el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el 9 de febrero de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. En el considerando tercero del decreto de 1994, el ejecutivo federal manifestó ``Que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1989 se reformó el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, previéndose que el Ejecutivo Federal a mi cargo, dispusiera la constitución, estructura y funcionamiento de un organismo descentralizado que tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando las empresas en liquidación....''

La noche del día 10 de octubre de 2009 el Ejecutivo, con apoyo de la Policía Federal y de otras fuerzas federales, tomó las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, desalojó a los trabajadores que ahí se encontraban, e impidió a quienes laboraban el desempeño de sus actividades. Lo anterior sin que se hubiese publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto respectivo y sin que éste hubiese entrado en vigor.

La ocupación implica que, sin existir fundamento legal, por cuanto a que el decreto no había sido publicado y no se había cubierto la vacatio legis , el gobierno federal, con apoyo de las fuerzas federales, inició la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y privó a los trabajadores de su fuente de trabajo.

La presentación de la controversia constitucional se hace necesaria porque el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: invade las competencias del Congreso de la Unión, infringe el principio de división de poderes, termina las relaciones de trabajo individuales y colectivas sin que se haya seguido juicio alguno que respete las formalidades esenciales del procedimiento y se haya pronunciado resolución por parte de las autoridades competentes y, porque su única finalidad es socavar la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En tal virtud, al reñir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro con los principios constitucionales es que se debe anular, invalidar y expulsar del sistema jurídico nacional.

La creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, tiene como fundamento legal y vida jurídica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Su creación no fue un acto discrecional del ejecutivo realizado en ejercicio de atribuciones propias, si de un acto obligatorio, reglado y ordenado por el Poder Legislativo.

Por tanto, el decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, al no haber sido un decreto originario y exclusivo del Ejecutivo, sino derivado de la orden dada por el poder legislativo, imponía en consecuencia que sólo un decreto nuevamente legislativo dispusiera la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, situación contraria a lo realizado por el Ejecutivo federal el 10 y 11 de octubre de 2009.

Este argumento tiene fundamento en el artículo 72, apartado F, de la Constitución, el que señala que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos legislativos se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación y, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales que dispone: ``En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación''.

Para la extinción de Luz y Fuerza del Centro debió seguirse el camino inverso al de su creación: a) derogación del artículo cuarto transitorio; b) abrogación del decreto presidencial de 1994 y, c) mediante orden previa del Congreso decreto del ejecutivo de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Al no haberse realizado lo anterior se infringen diversos preceptos constitucionales entre los que se destacan: los artículos 1, 5, 9, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 41, 49, 50, 72, inciso F, 73, fracciones X, XI y XXIX-E, 90, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de

Decreto para que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, mismo que fue publicado el día 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación

Único. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en el párrafo primero, inciso l), del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentará en tiempo y forma, de acuerdo con el formato anexo, controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto del Ejecutivo federal que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y que fue publicado el día 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.

«CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN VS PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIO DE GOBERNACIÓN SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE ENERGÍA SECRETARIO DE ECONOMÍA SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL C. MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA PRESIDENTE DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Presente.

FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA, en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, personalidad que acredito con la copia certificada del------------------ (anexo 1 ), con fundamento en el párrafo segundo del artículo 22 y el párrafo primero inciso l) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y, con el respeto que me merece su investidura, comparezco y expongo:

Que con fundamento en el inciso c) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio para oír notificaciones el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia el Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, México, D. F., acredito como delegados del cuerpo colegiado que represento a los señores licenciados __________ con cédula profesional número _________, de fecha _________, para que conjunta o separadamente realicen todo tipo de promociones, concurran a las audiencias, rindan en ellas pruebas, formulen alegatos, promuevan incidentes y recursos que en derecho correspondan y, autorizo para oír notificaciones y recabar toda clase de documentos al los licenciados y pasantes en derecho ________.

EXORDIO

1. Por medio del presente escrito, con fundamento con lo dispuesto en el artículo 105 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 21 fracción I y 22 de la Ley reglamentaria en cita, en tiempo y forma, vengo a interponer ante este H. Alto Tribunal, demanda de CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL en contra del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por haber emitido el decreto de fecha 10 de octubre de 2009, publicado el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación y, que extinguió indebidamente el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en contra de los CC Secretarios que refrendaron ese decreto y que menciono más adelante.

2. La presentación de la presente demanda y su admisión por parte de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace necesaria debido a que el acto impugnado es total y absolutamente contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque invade las competencias del Congreso de la Unión, infringe el principio de división de poderes, termina las relaciones de trabajo individuales y colectivas sin que se haya seguido juicio alguno que respete las formalidades esenciales del procedimiento y se haya pronunciado resolución por parte de las autoridades competentes y, porque su única finalidad es socavar la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En tal virtud, al reñir el acto impugnado con los principios constitucionales es que se debe anular, invalidar y expulsar del sistema jurídico nacional.

3. Me fundo para ello en los siguientes capítulos de proemio, antecedentes, conceptos de invalidez jurídica, suplencia de la queja, pruebas y petitorios.

PROEMIO

1. Nombre y domicilio de la parte actora.

La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia del Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, D. F.

2. Representación jurídica y legitimación procesal activa.

a) Conforme a lo ordenado por el artículo11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarlo, según los términos de las normas que los rigen.

Tal requisito sine qua non se encuentra debidamente satisfecho en la especie ya que, como se acredita con la documental pública que se acompaña como anexo 2 de este ocurso, el día 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la H. Cámara de Diputados emitió un Punto de Acuerdo autorizando la interposición de la presente Controversia Constitucional.

b) En otro orden de ideas, el presupuesto normativo de la legitimación procesal activa igualmente está colmado conforme a derecho porque acorde a lo establecido en el artículo 105, fracción I, inciso c), constitucional, la H. Cámara de Diputados está facultada para impugnar ante el Máximo Tribunal las normas dictadas por el Poder Ejecutivo, en aquellos casos en los que existen elementos para suponer una presunta violación a la Ley Fundamental. Es aplicable al caso el criterio jurídico que integra la jurisprudencia cuyo rubro reza como sigue:

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII, Agosto del 2000 Tesis: P./J/83/2000

Página: 962

``CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES. ESTÁN LEGITIMADAS AISLADAMENTE PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE A FAVOR DEL CONGRESO DE LA UNIÓN''.

3. Demandados.

4. Terceros interesados.

A juicio de la parte actora no existe otro tercero interesado, lo anterior se señala sin perjuicio de que si esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley reglamentaria de referencia supla la deficiencia que llegara a existir en esta demanda y considere con ese carácter a otro ente, poder u órgano.

5. C. Procurador General de la República, con domicilio en Paseo de la Reforma número 211 y 213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.

6. Actos cuya invalidez se reclama.

7. Preceptos constitucionales que se estiman violados.

Artículos 1, 5, 9, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 41, 49, 50, 72 inciso F, 73, fracciones X, XI y XXIX-E, 90, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Instrumentos internacionales violados.

ANTECEDENTES DE LOS ACTOS CUYA INVALIDEZ SE RECLAMAN

CONCEPTOS DE INVALIDEZ

Me llevan a promover la presente controversia constitucional, la existencia de los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ

La competencia y procedimientos de creación y extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro

El artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la reforma publicada el 27 de diciembre de 1989, estableció tres normas: a) La primera para determinar que las empresas privadas concesionarias que prestaban en ese entonces el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y entidades federativas limítrofes, continuarían en proceso de disolución y liquidación; b) La segunda que ordena al Ejecutivo Federal a disponer la creación de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el que tendría a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica, una vez que concluya el proceso de liquidación de las empresas privadas; y, c) La tercera que obliga al Ejecutivo a crear el organismo público descentralizado con arreglo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en cuanto a su estructura, organización y funciones. Además, el artículo tercero transitorio del propio artículo cuarto transitorio mencionado, señaló: ``El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos, se constituya el organismo que se ordena crear'' .

El artículo cuarto transitorio de la reforma de 1989, se materializó hasta el Decreto del ejecutivo publicado el 9 de febrero de 1994. En el considerando tercero de ese Decreto, el Ejecutivo reconoce que crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro por orden del Congreso de la Unión. De acuerdo a la orden dada por el poder legislativo en 1989, el Ejecutivo determinó personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones para el citado organismo, ajustándose tanto a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de 1989 como a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Lo anterior quiere decir que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, no la realizó el ejecutivo, en ejercicio de facultades o competencias que a él le correspondieran ``mutuo propio'', sino en virtud de la orden que el legislativo estableció en el artículo cuarto transitorio de 1989 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto significa, que la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en 1994, tiene como fundamento legal y vida jurídica el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. No se trató de un acto discrecional del ejecutivo realizado en ejercicio de atribuciones propias, si de un acto obligatorio, reglado y ordenado por el poder legislativo.

Por tanto, el Decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, al no haber sido un decreto originario y exclusivo del Ejecutivo, sino derivado de la orden dada por el poder legislativo, imponía en consecuencia que sólo un decreto nuevamente legislativo dispusiera la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, contrario a lo realizado por el Ejecutivo Federal el 10 y 11 de octubre de 2009. Argumento que tiene fundamento en el artículo 72, apartado F, de la Constitución, mismo que señala que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos legislativos se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación y, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales que dispone: ``En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación''.

Para la extinción de Luz y Fuerza del Centro debió seguirse el camino inverso al de su creación: a) derogación del artículo cuarto transitorio; b) abrogación del Decreto presidencial de 1994 y, c) mediante orden previa del Congreso decreto del ejecutivo de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro publicado el 11 de octubre de 2009 está en colisión con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley, prescrito en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, porque sin orden y norma del poder legislativo, el ejecutivo realizó actos jurídicos que no son de su competencia propia y exclusiva. Por lo que sus actos implican violación al principio de división de poderes previsto en los artículos 41 y 49 de la Constitución, en relación a lo contemplado en los artículos 29 y párrafo segundo del 131 de la norma fundamental cuando la propia Constitución excepciona la participación del Congreso de la Unión a favor del ejecutivo en actos legislativos.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ

El poder Legislativo es el que tiene competencia para crear y extinguir un organismo descentralizado que tiene por objeto la energía eléctrica y no el Ejecutivo.

Las razones de por qué el legislativo es el facultado para extinguir Luz y Fuerza del Centro, devienen del carácter estratégico de la industria eléctrica. De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución, las actividades, entre otras, relacionadas con la energía eléctrica son estratégicas, esto es, exclusivas del Estado, no constituyen monopolio y, sólo pueden estar previstas en la Constitución o en las leyes que expida el Congreso. Además, como señala el párrafo décimo primero de esa disposición constitucional: ``La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante la ley''. Es decir, todo lo vinculado a regímenes de servicio público, exclusivamente puede estar normado en la Constitución y en la ley, y no en decretos del ejecutivo sin intervención del poder legislativo .

La electricidad no es una actividad prioritaria en las que constitucionalmente concurre el sector privado y el social con el Estado, tal como se desprende del cuarto párrafo del artículo 28 constitucional y, tampoco es una actividad sujeta al libre mercado y participación de los particulares. Es una de las pocas actividades previstas en la Constitución de las que jurídicamente sólo puede ocuparse el Estado a través de organismos del sector público, como lo indica el párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.

Su carácter estratégico, a su vez se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución que indica en su parte conducente: ``...Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines''.

La decisión para crear o extinguir un organismo descentralizado que tiene entre sus fines la prestación del servicio público de la energía eléctrica no pude ser del ejecutivo sin que medie autorización u orden del Congreso, pues se trata de una de las funciones económicas fundamentales del Estado, sobre las que el ejecutivo, como dice el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, sólo tiene competencias sobre el control y la propiedad de dichos organismos. Por eso, cuando el ejecutivo en 1994, creó Luz y Fuerza del Centro lo hizo por orden del Congreso, no podía hacerlo por sí mismo y en ejercicio de sus propias facultades.

Este punto de vista se robustece con lo establecido por el artículo 73 fracción X de la Constitución, el que determina dentro de las competencias del Congreso la de legislar en materia de energía eléctrica. El ejecutivo no pude dictar normas particulares y abstractas para crear o extinguir un organismo descentralizado vinculado a la energía eléctrica. Si indebidamente lo realiza, al tener que ver con la personalidad jurídica, patrimonio y atribuciones de un organismo descentralizado que tiene por propósito una actividad estratégica del Estado, interferiría en ámbitos de competencia que le corresponden al poder legislativo.

La Ley de las Entidades Paraestatales no precisa en qué casos los organismos descentralizados se crean por ley o decreto del ejecutivo. Una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y secundario, nos lleva a concluir, que cuando se trata de actividades fundamentales para el Estado como son las estratégicas, la facultad es del poder legislativo. Por eso, todos los organismos descentralizados que existen en el país y que tienen que ver con actividades estratégicas han sido creados y extinguidos por Ley (Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera). Los organismos descentralizados fundamentales, los que tienen que ver con áreas estratégicas, según se desprende del artículo 14 de la Ley de las Entidades Paraestatales en su facción I, no pueden ser creados o extinguidos por decreto del ejecutivo. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, sólo los organismos subsidiarios y filiales pueden ser materia de decreto del ejecutivo en su creación o extinción, pero no el propio organismo descentralizado que sólo puede crearse o extinguirse por ley, según se colige del párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley de las Entidades Paraestatales. En este caso, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que realiza actividades estratégicas y exclusivas del Estado y, en donde el Congreso de acuerdo al artículo 73 fracción X de la Constitución tiene facultades para legislar en la materia de electricidad, sólo puede y debe extinguirse por orden del poder legislativo.

Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que: ``La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado''.

De acuerdo con la norma constitucional transcrita, es el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad para distribuir los negocios del orden administrativo de la Federación y, el ejecutivo federal, según esa disposición, sólo tiene competencias para intervenir en la operación de las entidades paraestatales, pero no para determinar su creación o su extinción.

No puede dejar de advertirse que el ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo lo que determina el artículo 49 de la Constitución cuando alude a las facultades extraordinarias derivadas de la suspensión de garantías individuales según lo prevé el artículo 29 de la ley fundamental, así como el caso del segundo párrafo del artículo 131 de la Carta Magna.

Tampoco los Secretarios de Despacho tienen facultades legislativas, según se desprende del artículo 92 de la Constitución y, sólo pueden refrendar los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente.

Por otra parte, el artículo 93 de la Constitución determina que los Secretarios del despacho, están obligados a rendir cuentas sobre el estado que guarden sus respectivos ramos. También establece esa norma, que las Cámaras pueden convocar a los Secretarios de Estado y a los administradores de las entidades paraestatales para que informen sobre la situación de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. Igualmente, las Cámaras pueden integrar comisiones de investigación sobre el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Lo anterior quiere decir, que el Congreso de la Unión tiene facultades de control, vigilancia y fiscalización sobre el ejecutivo, que no pueden ser soslayadas.

En general, la doctrina jurídica de nuestro país sostiene que la creación de organismos descentralizados por Decreto del Ejecutivo es inconstitucional, sobre todo, cuando a través de esos decretos se les otorga personalidad jurídica propia, patrimonio y competencias, pues para ello, es necesario una Ley en sentido formal y material, esto es, emanada del Congreso de la Unión. Así lo sostuvo el maestro Acosta Romero en su obra Teoría General del Derecho Administrativo, ¹ y lo aduce Fauzi Hamdan Amad en su ``Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales'', ² entre otros autores.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ

Relacionado con la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.

El artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución señala que el Congreso tiene facultad: ``Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios''. El servicio público de electricidad, es un servicio social, nacionalmente necesario, que tiene que ver con el abasto de ese recurso, porque de acuerdo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público y, en esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y, la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

A partir de lo contemplado en el artículo 73 fracción XXIX-E de la Constitución, queda claro que las facultades para normar, regular y legislar la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de su necesidad y su carácter social, son del Congreso de la Unión y no del ejecutivo. Éste al aprobar y promulgar el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está normando acciones de orden económico que tienen que ver con un servicio público, social y nacionalmente necesario, como es el de energía eléctrica en el centro del país. No se puede argüir, que el Decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el mismo se establece, tiene vinculación con un organismo descentralizado, pero también con derechos colectivos e individuales de trabajadores y de acreedores y, lo más importante con el servicio público de energía eléctrica y con los derechos de la Nación y sus integrantes, que son los propietarios de la energía eléctrica y los consumidores de la misma. Por tanto, la atribución para normar o regular, en cualquier sentido, incluyendo las bases de creación y extinción de las paraestatales que se ocupan del servicio de energía eléctrica, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Relacionado con la facultad prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Constitución.

El artículo 73 fracción XI de la Constitución dispone que es facultad del Congreso: ``...crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones''.

Esa facultad se relaciona con lo previsto en los artículos 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución que determinan que sólo en los presupuestos del Estado o en ley posterior pueden establecerse las retribuciones de los servidores públicos previstos en ley. Un empleo o encargo determinado en ley sólo puede ser suprimido en otra ley y, sus dotaciones o retribuciones deben estar previstas en el Presupuesto de Egresos o en ley posterior.

El ejecutivo al extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, extingue empleos previstos en Ley en contravención al artículo 73 fracción XI de la Constitución, tal como ocurre con el cargo de Director General del organismo, el cual tiene las facultades que le otorga el artículo 59 de la Ley de las Entidades Paraestatales y, las que enumera el artículo 7 del Decreto de creación del organismo Luz y Fuerza del Centro, publicado el 9 de febrero de 1994.

QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ

La violación del artículo 26 de la Constitución en materia de planeación democrática.

En el artículo 26 de la Constitución se establece el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que tiene como eje de articulación el Plan Nacional de Desarrollo. Éste está normado en los artículos 5, 7, 22 y 31 de la Ley de Planeación, bajo las reglas siguientes: 1) El Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuación del Plan; 2) Al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, el Presidente de la República informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que deberán elaborarse para la ejecución del Plan; 3) En el Plan se indicarán los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados a fin de alcanzar los objetivos y metas de la planeación democrática del desarrollo; y, 4) Las adecuaciones al Plan y los programas sectoriales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso concreto, al extinguirse el Decreto de Luz y Fuerza del Centro se afectaron el sistema de planeación democrática del desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa institucional del organismo ahora en extinción. Las modificaciones que sufrieron el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía, con la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, debieron ser revisadas por el Congreso de la Unión. Tales modificaciones a su vez, debieron ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, nada de lo anterior tuvo lugar en el caso concreto.

SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Relacionado con las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto.

El organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro está sujeto al control presupuestal de la Cámara de Diputados en los términos de los artículos 74 y 126 de la Constitución. La emisión del decreto del ejecutivo de extinción (publicado el 11 de octubre de 2009), trastoca el contenido sustantivo del Presupuesto de Egresos vigente en el año 2009 e igualmente altera la estructura programática-presupuestal derivada del mismo. Lo anterior significa que antes de la promulgación del Decreto, el ejecutivo debió dar a la representación nacional la intervención que constitucionalmente le correspondía en materia presupuestal.

Igualmente, para indemnizar a los trabajadores y disponer de más de 20 mil millones de pesos para ese efecto, según se fundamenta en los artículos cuarto y quinto del decreto de extinción, el ejecutivo debió solicitar la autorización de la Cámara de Diputados y en su defecto del Congreso, pues no puede hacerse pago alguno que no esté previsto expresamente en el presupuesto o en ley posterior.

SÉPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Vinculado con los derechos de los trabajadores, con las garantías de audiencia, de defensa, legalidad y de debido proceso.

El decreto de extinción conculca los derechos de los trabajadores porque con esa dispositivo, se transgrede el contenido normativo del artículo 5 de la Constitución que consagra y tutela el derecho al trabajo, derecho que determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y, que el ejercicio de la libertad de trabajo sólo puede vedarse por determinación judicial.

Igualmente, el decreto de extinción conculca los derechos de audiencia, defensa y debido proceso legal, pues las relaciones de trabajo se dieron por terminadas en virtud de un Decreto de extinción, en donde los trabajadores no tuvieron derecho de audiencia, de defensa ni oportunidad para ventilar sus derechos ante autoridad competente y mediante un procedimiento previsto en la ley que fundara y motivara la causa legal del mismo. Lo anterior es claramente violatorio de los artículos 1, 5, 9, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución.

El decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo establecidas en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro, sin haber seguido los procedimientos que regulan los conflictos colectivos de naturaleza económica previstos en el artículo 900 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo y, sin que las autoridades competentes conocieran de los mismos y resolvieran en consecuencia, violando con ello, los artículos 9 y el 123 apartado A fracciones XVI, XVII, XVIII, XX y XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La causa de la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es la incosteabilidad de la empresa, según lo expresa la exposición de motivos del Decreto publicado el 11 de octubre de 2009. Dicha incosteabilidad se considera imputable a las prestaciones de los trabajadores y se funda en diagnósticos y estudios de la Secretaría de Energía. Sin embargo, esos estudios y diagnósticos no se hicieron del conocimiento de los trabajadores, se consideraron información reservada impidiendo a los trabajadores su derecho de defensa. Según el artículo 434 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, es causa de terminación de las relaciones de trabajo la incosteabilidad de la explotación y, de acuerdo al artículo 435 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, el patrón, es decir la empresa, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. En el caso concreto, se transgreden derechos laborales, pues las autoridades competentes no se pronunciaron sobre la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo, no se dio a los trabajadores derecho de defensa y audiencia y, no se ventiló el procedimiento que determina la ley para esos efectos.

Además, se violenta el artículo 133 de la Constitución, pues los convenios 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, establecen garantías de seguridad y legalidad jurídicas para los trabajadores, tanto en la protección de sus derechos individuales como colectivos. Dichas garantías, tanto a nivel individual como colectivo se trastocaron con la emisión del Decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro. De esta suerte se privó a los electricistas de los derechos al trabajo digno y socialmente útil, libertad sindical, derecho al empleo y a la estabilidad en el mismo, sindicación, huelga y contratación colectiva, sin cumplir ninguna de las formalidades del debido proceso.

OCTAVO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Relacionado con la suspensión inconstitucional de garantías, ya que no se respetó el contenido del artículo 29 Constitucional.

Por la vía de los hechos, el titular del ejecutivo federal y su gabinete, en violación de los artículos 29 y 129 de la Constitución de los Estados Unidos, ordenaron tomar por fuerza pública y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, a las 23:00 horas, del sábado 10 de octubre de 2009, día inhábil, por medio de la policía federal y elementos encubiertos del ejército mexicano, tal como dieron cuenta los medios de comunicación electrónicos e impresos. Obligaron a los trabajadores que ahí se encontraban a abandonar sus puestos de trabajo y colocaron en su lugar a trabajadores de la Compañía Federal de Electricidad. Lo anterior lo realizaron sin que el Decreto de Extinción estuviese aún publicado, sin que hubiese entrado en vigor, sin orden de autoridad competente que fundara y motivara la causa del procedimiento o, que justificara la suspensión de garantía alguna. De facto, la policía federal y elementos militares actuaron anticonstitucionalmente. En el caso de los militares, éstos actuaron en tiempo de paz fuera de los extremos previstos en el artículo 129 de la Constitución.

NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Violación al derecho de asociación.

El Decreto de extinción viola el artículo 9 de la Constitución que garantiza el derecho de asociación, en tanto que los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas, a consecuencia del decreto perdieron la fuente de empleo a la que tenían derecho y, con ello, el derecho a mantener la vigencia plena de su sindicato. Además, han sido culpados en el Decreto de la ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado, cuando jurídicamente la administración del organismo recae en la dirección del mismo, en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y en la Secretaría de Energía, según se desprende del Decreto de creación del citado organismo. Luego entonces, la conducción financiera y administrativa del organismo, no estaba en manos de los trabajadores y a ellos no les es imputable la incosteabilidad de la empresa pública, como lo hace creer el diagnóstico de la Secretaría de Energía y el propio Decreto de extinción.

El despido de 66 mil, entre trabajadores activos y jubilados, en virtud de un Decreto inconstitucional de extinción del organismo en el que laboraban, constituye un atropello a los derechos laborales de los trabajadores, los que están consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Sobre todo, cuando se critican y se establecen como fundamentos en el Decreto de extinción, los logros del contrato colectivo entre el sindicato y el organismo descentralizado, que son la consecuencia del orden jurídico laboral vigente, mismo que hasta ahora es de carácter social en el Derecho mexicano.

DÉCIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Relacionado con el objeto de una controversia constitucional.

A diferencia de lo que tradicionalmente se supone, las controversias constitucionales no sólo resuelven cuestiones vinculadas a los conflictos competenciales entre autoridades legitimadas por el artículo 105 fracción I de la Constitución. Por medio de la controversia constitucional, es posible reclamar el control de la regularidad constitucional y, por ende, el examen de todo tipo de violaciones constitucionales. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: ``Controversia constitucional. El control de la regularidad constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal'' (tesis jurisprudencial 98/1999, siete de septiembre de 1999) ha establecido jurisprudencia que le permite a través de la figura de la controversia constitucional conocer de cualquier acto contrario a la norma fundamental y no sólo los que tienen relación con las diferencias por competencias entre poderes y órganos del Estado.

DÉCIMO PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ

Sobre las violaciones a los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social por la expedición del Decreto de extinción.

El Decreto de extinción transgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se violentan los derechos humanos a la integridad, a la dignidad, al trabajo y a la seguridad social. La violación de derechos humanos previstos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano da lugar a violaciones a la Constitución, pues de acuerdo al artículo 133 de la norma fundamental, los tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión y obligan a todas las autoridades del Estado y, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por nuestro país en 1974, los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando no acatan los tratados, aunque su orden interno, aún sea el constitucional disponga otra cosa. ³

DUODÉCIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Relacionado con el desvío de poder.

Según el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los principios de publicidad y la buena fe deben regir cualquier actuación administrativa. Por la manera en que se han dado los acontecimientos, antes, durante y, después de la publicación del Decreto de extinción, parece que el propósito gubernamental de extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro tiene que ver, más que con la eliminación del organismo con la eliminación de Sindicato Mexicano de Electricistas, organización sindical que se ha distinguido por su carácter opositor y reivindicativo de un modelo económico alternativo diferente al neoliberal. El artículo 3, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla la figura del desvío de poder, al indicar que el acto administrativo debe cumplir con finalidades de interés público sin que puedan perseguirse otros fines. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ``Baena Ricardo y otros. Panamá'', ⁴ determinó que la destitución de numerosos servidores públicos que habían participado en una movilización organizada por la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales carecía de validez jurídica porque lo que pretendía en realidad el gobierno de Panamá era coartar la libertad de asociación sindical reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y prevista igualmente en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

DÉCIMO TERCERO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Violaciones al derecho humano al proyecto de vida y al mínimo vital.

El Decreto de extinción modifica la existencia presente y futura de los trabajadores y sus familias. Tal situación violenta el ``derecho humano al proyecto de vida'' sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ``Loayza Tamayo. Perú'', ⁵ señaló que el derecho humano al proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone y, que esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no es ajeno a esa Corte.

En cuanto, al derecho al mínimo vital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1780/2006, de 31 de enero de 2007, dijo que el derecho al mínimo vital coincide con ``...las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona sea vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona --centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean''. ⁶

DÉCIMO CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Violaciones evidentes al derecho humano a la verdad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ``Ivcher Bronstein. Perú'', ⁷ señaló que las personas y la colectividad tienen derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos que les atañen o les preocupan. Tanto los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus familias, como la sociedad, tienen derecho a saber la verdad histórica de los hechos que motivaron la toma violenta de las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y la extinción del mismo. El derecho humano a la verdad está en entredicho porque en la exposición de motivos del Decreto se alude a que una de las causas de la extinción del organismo reside en la quiebra técnica e incosteabilidad de esa empresa pública, situación que se conocía desde la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación practicada a la cuenta pública de 2006. Esa situación intentó ser superada mediante la celebración de un Convenio de Productividad, firmado el 16 de marzo de 2008, entre la empresa y el Sindicato y avalado por el gobierno federal. Sin embargo, después de más de un año, en donde ya se habían reconocido por la empresa y por el gobierno, los avances en dicho convenio en más del 90%, el ejecutivo decidió extinguirla sin previo aviso a los trabajadores, al Congreso o a la sociedad.

DÉCIMO QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ

Respecto a la naturaleza jurídica del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

La naturaleza jurídica del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, no es solamente la de un acto administrativo particular y concreto como algunos podrían suponer. Como, bien ha definido la teoría del Derecho, los actos jurídicos pueden ser: generales (universalidad respecto al destinatario que regulan) y abstractos (universales respecto a las conductas que regulan); generales y concretos (cuando son universales respecto a los sujetos pero regulan u ordenan sólo una conducta de esos sujetos o una acción tipo de los mismos); particulares y abstractos (cuando regulan a una persona jurídica pero sobre ella se refieren a diversas conductas); y, particulares y concretos cuando aluden a una persona respecto a una particular conducta u orden. ⁸

El Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se refiere ciertamente a una persona moral, a un organismo descentralizado, sin embargo, implica un decreto derogatorio que pretende eliminar del orden jurídico competencias abstractas que a él le correspondían como organismo descentralizado previstas en las normas de creación del mismo. La norma que crea organismos descentralizados es particular y abstracta, porque se refiere a una persona moral pero regula sobre ella diversas conductas. Lo mismo ocurre con la norma de extinción de un organismo descentralizado, que extingue a una persona moral pero con ella las competencias y atribuciones diversas que ejercía. Por tanto, el decreto de extinción no es un acto administrativo, que contenga exclusivamente normas particulares y concretas.

Además el decreto de extinción no puede ser un acto administrativo particular y concreto, porque ello significaría en términos kelsenianos, ⁹ que con él se agota la producción normativa, que con él ya no se autoriza la producción de nuevas normas ni se autoriza a otras autoridades la realización de diversas conductas. Tan no lo es, que por ejemplo, el artículo tercero del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, autoriza la creación de nuevas normas a la Secretaría de Energía cuando determina que ésta ``...señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público''. Producción normativa que la Secretaría de Energía realizó el 11 de octubre de 2009 emitiendo las respectivas bases.

En todo caso, se trata de un acto formalmente administrativo pero materialmente legislativo, en tanto que derogó competencias abstractas del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Tal derogación se revistió de un acto formalmente administrativo. Sin embargo, se trata de un acto inválido jurídicamente por tres razones: 1) Porque no fue emitido por el poder competente; 2) Porque no se siguió el procedimiento previsto jurídicamente; y, 3) Porque se aprobó en contra de disposiciones constitucionales.

Si un acto del ejecutivo fuese dictado fuera de las atribuciones que han sido otorgadas a la autoridad emisora, es decir por el constituyente y dentro de la propia Constitución, el mismo está viciado de inconstitucionalidad y es violatorio de garantías.

SUPLENCIA DE LA QUEJA.

Estando perfectamente clara la causa de pedir, con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita lo siguiente:

PRUEBAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ofrecen desde ahora las pruebas que a continuación se enuncian, mismas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y conceptos de invalidez jurídica que anteceden:

PETITORIOS

Por lo expuesto y fundado, a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pido se sirva:

Primero. Tenerme por presentado en los términos de este oficio, interponiendo la Controversia Constitucional en contra de la norma impugnada y de las autoridades federales indicadas.

Segundo. Tener por exhibidas las copias necesarias para el traslado de los codemandados, de los terceros interesados y del Procurador General de la República.

Tercero. Tener por señalado el domicilio para recibir notificaciones.

Cuarto. Tener por Delegados a los CC. Licenciados en Derecho-------------.

Quinto. Corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos invocados, examinar en su conjunto los razonamientos que se hacen valer a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, y, en su caso, suplir la deficiencia de la demanda.

Sexto. En su oportunidad dictar sentencia definitiva declarando la invalidez del Decreto que extingue al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Notas: 1 ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría general del derecho administrativo, México, Editorial Porrúa, 1983, pp. 216-217. 2 FAUZI HAMDAN, Amad, ``Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales'', Revista de Investigaciones Jurídicas, No. 10, México, Escuela Libre de Derecho, 1986, pp. 189-190. 3 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, ``El control abstracto de constitucionalidad de las leyes en México'', en Derecho procesal constitucional, México, Porrúa, 2001, p. 320. 4 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM, volumen II, 2006, pp. 420-450. 5 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 172-225. 6 Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Omar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 7 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM, volumen I, 2006, pp. 721-765. 8 BOBBIO, Norberto, Teoría general del derecho, Madrid, Editorial Debate, 1992, pp. 141-146. 9 KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, México, UNAM, 1981, 201-284.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. En virtud de que hemos recibido una solicitud, en los términos del artículo 148, a efecto de que la votación sea nominal y para poder continuar con el asunto que nos ocupa, pido a la Secretaría instrumente el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para recibir la votación nominal y poder consultar a la asamblea si se considera de urgente resolución. Sí, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Antes de que ponga a votación, diputado presidente, le pediría hablar a favor de que es de urgente u obvia resolución, o por alusiones, o por rectificación de hechos, la que usted escoja.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Primero tenemos que tener la decisión de la asamblea, en los términos solicitados, y una vez que se considere de urgente resolución, se abrirá el turno de oradores correspondiente. Antes no es posible, señor diputado.

Proceda la Secretaría a implementar el sistema electrónico.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema por 10 minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya la votación, por favor, secretario.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Secretaría pregunte si han concluido los señores diputados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron un total de 387 votos: 84 en pro, 298 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente resolución, en virtud de haberse emitido 298 votos en contra. Por tanto, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el fomento, cultivo y desarrollo de la palma de aceite africana. No se encuentra en el salón de sesiones, pasa al final de la lista.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno delDistrito Federala tomar las medidas necesarias para redoblar esfuerzos en el rescate del río Magdalena y el río Eslava.

Solicitamos a las señoras diputadas y señores diputados, que tomen su lugar a efecto de poder escuchar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Compañeros y compañeras; presidente, actualmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México sufrimos una crisis profunda hídrica y ésta se da no porque no exista agua, sino porque el agua que cae sobre la superficie del valle de México no se filtra para la adecuada recarga de los mantos freáticos, por la extrema modificación que ha sufrido el territorio delDistrito Federal, el cual alguna vez estuvo bañado por un complejo sistema de lagos, ríos y canales, lo que hacía de él un sistema ecológico único.

Hasta hace unos años, los principales ríos descendían de las sierras y constituían la denominada cuenca del río Moctezuma. En ella se localizaban ríos como el Tacubaya, el Mixcoac, el Churubusco, el Consulado y el de la Piedad, todos ellos actualmente entubados.

El agua de los ríos que aún baja al Distrito Federal actualmente es conducida al lago de Texcoco o al gran canal del desagüe y, a través del sistema Tula-Moctezuma-Pánuco, es drenada hacia el Golfo de México.

Actualmente, en la zona sur-poniente del Distrito Federal se encuentran todavía 23 barrancas, que sólo en temporadas de lluvia son bajada de cauces de las partes altas de la sierra y ponen en serios problemas a la población. Por ello es necesario atender los ríos que se encuentran en Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, realizando desazolves preventivos y los trabajos de mantenimiento preventivos necesarios.

El río Magdalena corre por el área protegida de Los Dinamos, donde se encuentra aproximadamente 25 por ciento de la flora de la cuenca del valle de México, que es vital para purificar el aire y darnos oxígeno al Distrito Federal.

En una situación similar está el río Eslava, al que urge dar mantenimiento y realizar más acciones de desazolve para evitar el problema debido a la creciente de su cauce en temporada de lluvia y con ello evitar inundaciones y afectaciones a la gente que se ha asentado en las orillas.

En septiembre pasado los vecinos de la colonia La Concepción perdieron sus bienes por un desbordamiento del río Eslava, el cual alcanzó más de un metro de altura, acabando con el patrimonio de muchas familias y es la fecha en que las autoridades no logran dar una solución satisfactoria.

El rescate de los ríos Magdalena y Eslava es un reto al que debe darse toda la atención y generar programas adecuados para su rescate y, sobre todo, vigilar que se cumplan cabalmente; en pocas palabras, actuar para rescatar, con acciones para preservar este ecosistema, que se incrementen de manera considerable y efectiva. Para ello, es necesario que se asignen suficientes recursos para que permanezca saludable, y así garantizar la sustentabilidad del suroeste del Distrito Federal.

Lo que queda del bosque está amenazado ya por la mancha urbana irregular, la fuerte contaminación y la falta de acción de las autoridades. Por ello hoy hago un llamado a defender lo que queda de la primera reserva ambiental del Distrito Federal, pues la tierra de cultivo que anteriormente estuvo rodeada de un bosque poblado de oyameles y pinos, que generaba agua en abundancia y dio origen a varios manantiales ---de los cuales, me consta que ya se secaron dos, la semana pasada--- que todavía arrastran el vital líquido y hoy están amenazados. Los escurrimientos del río Eslava ayudarían al riego del valle, pero hoy sus aguas están muy contaminadas. El siguiente es el punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia tome las medidas necesarias para redoblar esfuerzos en el rescate del río Magdalena.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de Magdalena Contreras, de Álvaro Obregón, de Cuajimalpa de Morelos, de Coyoacán y de Tlalpan a que rindan informe a esta soberanía sobre el estado que guardan los ríos.

Tercero. Se exhorta a las autoridades del Distrito Federal y a las autoridades delegacionales a actuar de inmediato y en coordinación para recuperar las zonas invadidas, por donde corren los ríos antes mencionados. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a redoblar esfuerzos en el rescate de los ríos Magdalena y Eslava, y a informar a esta soberanía sobre las acciones y los programas que se ejecutan actualmente en la zona, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para agilizar el rescate de los ríos Magdalena y Eslava, así como impulsar las acciones necesarias para promover el desarrollo económico de la zona por medio de la aplicación de los distintos programas y acciones coordinadas con los gobiernos delegacionales al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, en la zona metropolitana de la Ciudad de México sufrimos una profunda crisis hídrica y ésta se da no por que no exista agua, sino que el agua que cae sobre la superficie del valle de México no se infiltra para la adecuada recarga de los mantos freáticos por la extrema modificación que ha sufrido el territorio del Distrito Federal, el cual alguna vez estuvo bañado por un complejo sistema de lagos, ríos y canales, lo que hacía de él un sistema ecológico único y del cual los últimos remanentes que sobreviven de los sistemas de canales son los que riegan la chinampería de Xochimilco y Tláhuac, los lagos artificiales de Chapultepec y San Juan de Aragón y los últimos ríos vivos, que son el San Borja y el Magdalena.

Hasta hace unos años, los principales ríos descendían de las sierras y constituían la denominada cuenca del río Moctezuma. En ella se localizaban ríos tales como Tacubaya, Mixcoac, Churubusco, Consulado y La Piedad, todos ellos entubados (aproximadamente 49 kilómetros) y por los que fueron sus cauces ahora corren importantes vialidades de la Ciudad de México, lo que nos hace asegurar que, en el pasado, la ciudad realmente era el paraíso soñado por cualquier ecologista.

La historia del Distrito Federal nos muestra que, entre los siglos XVIII y XX, los canales eran utilizados como vías de transporte que permitían la comunicación entre la ciudad y los pueblos del sur; algunos de ellos son descritos en las crónicas de la época de una gran belleza.

El cambio del paisaje se comenzó a presentar en el siglo XIX, pues en esta etapa desaparecieron los manantiales de Chapultepec, los cuales habían dado servicio a la población desde la época prehispánica.

Al comienzo del siglo XX, el gobierno del general Porfirio Díaz realizó obras para aprovechar las aguas de los manantiales de Xochimilco y de Atlapulco y con esto abastecer de agua al centro de la ciudad. Actualmente la mayor parte de estos manantiales están secos, hecho que puso en peligro la existencia de la chinampería de Xochimilco. Incluso desde los 80, los canales de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic han sido alimentados con aguas tratadas de la planta del Cerro de la Estrella.

El agua de los ríos que aún baja al Distrito Federal es conducida al lago de Texcoco o al gran canal del desagüe que, a través del sistema Tula-Moctezuma-Pánuco, es drenada hacia el golfo de México.

Tras la destrucción de los diques indígenas que contenían las crecidas del lago de Texcoco y las constantes inundaciones que afectaban a la ciudad, las autoridades del virreinato y la república independiente tuvieron la necesidad de desarrollar un sistema de desagüe que terminó por reducir el área de los lagos.

Actualmente, en la zona sur poniente del Distrito Federal se encuentran todavía 23 barrancas las que sólo en temporadas de lluvias son bajadas de cauces de las partes altas de la sierra y ponen en serios problemas a la población, por ello es necesario atender los ríos que se encuentran en Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, realizando desazolves preventivos y los trabajos de mantenimiento preventivo necesarios.

Este río corre por el área protegida Los Dínamos, donde se encuentra aproximadamente 25 por ciento de la flora fanerogámica de la cuenca del valle de México, que es vital para purificar el aire del Distrito Federal.

La importancia de esta zona incluye distintos aspectos de tipo arqueológico y paleológico; ejemplos de ello son las ofrendas dedicadas a Tláloc reportadas por Alfonso Caso en el Boletín del Museo Nacional de Arqueología de 1932. El más importante vestigio se encuentra en lo alto de lo que hoy se llama Cerro del Judío; o el famoso esqueleto de mamut hallado cuando se construía la unidad Independencia en 1960.

La zona de Chimalistac es uno de los más bellos puntos por donde pasa el cauce del río Magdalena. En algunas crónicas de la ciudad se ha planteado que es precisamente en este lugar donde se pudo haber labrado la emblemática escultura prehispánica conocida como ``Piedra del Sol'' o ``Calendario Azteca''.

En una situación similar esta el río Eslava, al que urge dar mantenimiento y realizar más acciones de desazolve para evitar problemas debido a la creciente de su cauce en temporada de lluvias, y con ello, evitar inundaciones y afectaciones a la gente que se ha asentado en sus orillas.

En el pasado septiembre, los vecinos de la colonia La Concepción perdieron sus bienes por un desbordamiento del río Eslava, el cual alcanzo más de un metro de altura, acabando con el patrimonio de muchas familias y es la fecha en las autoridades no logran dar una solución satisfactoria.

El rescate de los ríos Magdalena y Eslava es un reto al que se le debe de dar toda la atención y generar programas adecuados para su rescate y, sobre todo, vigilar que se cumplan cabalmente; en pocas palabras, es necesario que las acciones para preservar este ecosistema se incrementen de manera considerable y efectiva y, para ello, se asignen suficientes recursos para que permanezca saludable y así garantizar la sustentabilidad del suroeste del Distrito Federal.

Una de las primeras comunidades que se verían beneficiadas con el rescate del río Magdalena sería el pueblo de San Nicolás Totolapan, donde subsisten cerca de 2 mil hectáreas de bosque mixto y 4 valles destinados a la producción de hortalizas orgánicas, actividad que podría activar la economía de ese empobrecido pueblo originario del Distrito Federal.

El valle de Chitchitcatzpalt es cultivado por los ejidatarios, quienes han tenido que dedicarse a otras ocupaciones, pues las tierras en este momento no son suficientes para subsistir, lo que es una tristeza porque, originalmente, el valle se nutría del agua que le llegaba de las partes altas de la Sierra de las Cruces, a la que actualmente se le conoce como eje neovolcánico transversal Chichinautzin-Ajusco, que además forma parte de la cordillera que se tiende desde el Pico de Orizaba hasta el Nevado de Colima y, en la actualidad, con preocupación vemos como los escurrimientos naturales que dieron origen a los 20 manantiales de agua pura y dulce que existen en el pueblo, de los que nace el río Eslava, brazo del río Magdalena, son cada vez menores, y lo poco que se obtiene llega contaminado a causa de las descargas que envían hacia el cauce del Eslava decenas de asentamientos humanos.

Las áreas agrícolas son ahora muy pequeñas y en éstas sólo se pueden sembrar productos que se den en espacios reducidos, en forma intensiva y de manera controlada, pues ahora lo que queda del bosque está amenazado ya por la mancha urbana irregular, la fuerte contaminación y la falta de acción de las autoridades.

Por ello hoy hago un llamado a defender lo que queda de la primera reserva ambiental del DF, pues la tierra de cultivo que anteriormente estuvo rodeada de un bosque poblado de oyameles y pinos, que generaban agua en abundancia y dio origen a 20 manantiales, los cuales todavía arrastran el vital líquido, hoy están amenazados. Los escurrimientos del río Eslava ayudarían al riego del valle, pero hoy sus aguas están muy contaminadas a causa de la descarga de los asentamientos humanos y la ausencia de un plan efectivo para su protección.

Hoy acudo a esta tribuna para hacer un llamado a las autoridades y a la sociedad para tomar conciencia de esta realidad y comenzar a tomar acciones efectivas coordinadas que nos permitan lograr mantener vivos estos cuerpos de agua, que representan la propia existencia de la ciudad y, por tanto, fomentar el desarrollo de las comunidades de la zona. El rescate llevará tiempo y es momento de comenzar.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para redoblar esfuerzos en el rescate de los ríos Magdalena y Eslava e informar a esta soberanía sobre las acciones y programas que actualmente se ejecutan en la zona.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y a los jefes delegacionales de Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Tlapan a rendir un informe a esta soberanía sobre el estado que guardan los ríos Magdalena y Eslava y, de la misma forma, informar sobre los programas y acciones que se encuentren programadas para estos ríos.

Tercero. Se exhorta a las autoridades del Distrito Federal y a las autoridades delegacionales a actuar de inmediato y en coordinación para recuperar las zonas invadidas por donde corren el río Magdalena y a generar programas de recuperación ecológica para el desarrollo y recuperación de la zona.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada Quiñones Cornejo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame usted.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): ¿Puede preguntar a la diputada Paz Quiñones si puedo sumarme a su punto de acuerdo?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada María de la Paz, ¿acepta usted que la diputada suscriba su documento?

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría.

MINA PASTA DE CONCHOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se integra un grupo de trabajo que dé seguimiento al informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Hace rato no me dio usted la palabra, aprovecho para comentar que ya no está gobernando en Guadalajara, donde reprimió a los grupos que protestaron por lograr mejor soberanía para nuestra patria, y que hoy mismo ordenó que en las escalinatas de este edificio estuvieran apostados, tirados como perros, los agentes policiacos de la PFP.

Ojalá, y lo digo con toda responsabilidad, modifique su conducta, porque aquí somos iguales todos los diputados.

En segundo lugar, le solicito que se inscriba íntegro en el Diario de los Debates el documento que por razones de tiempo no acabaré de leer en esta corta exposición.

Esta proposición la firman los diputados Luis Felipe Eguía Pérez , Rodolfo Lara Lagunas , Teresa Guadalupe Reyes, Jaime Cárdenas Gracia, Adán Augusto López, Héctor Hugo Hernández y un servidor, Ramón Jiménez López , y va en los siguientes términos.

Los suscritos, diputados integrantes de los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones: el tiempo se sigue acumulando vergonzosamente en la decisión de injusticia e ilegalidad del gobierno federal, que no solamente ha mandado al desempleo a más de 44 mil trabajadores electricistas, sino que también en el campo de la minería persiste su actitud arrogante e intolerante.

En efecto, a unos cuantos meses de la conmemoración de cuatro años de la explosión en Pasta de Conchos, nada de fondo ha hecho para terminar con la impunidad y el riesgo de que se repitan homicidios industriales, tan graves como el acaecido aquel 19 de febrero de 2006.

Por tanto, en un reclamo en el que contamos con el pueblo de México, afirmo categóricamente que no hemos olvidado Pasta de Conchos, que los familiares de las 65 víctimas de esta terrible explosión no están solos en su lucha y en su dolor; que Pasta de Conchos no está prescrito ni cerrado, como lo pretenden los criminales que andan sueltos, y no puede cerrar la herida por la sencilla razón de que los reclamos hechos en torno a estos homicidios industriales siguen sin ser escuchados.

Aún están en los socavones de las minas los restos mortales de 63 mineros, están como rehenes de la injusta impunidad de que gozan los responsables, y para mantener el sometimiento ominoso del pueblo, decretado por el actual gobierno federal.

No hay un solo responsable tras las rejas, hay culpabilidad pero no culpables. Al parecer es un hecho intrascendente la muerte de 65 mineros por omisiones gravísimas y evitables.

No se han tomado las medidas administrativas y legales indispensables y profundas para evitar a futuro la repetición de estos homicidios industriales, ni siquiera se han respetado a plenitud los derechos de los familiares a recibir indemnizaciones y pensiones justas.

No, Pasta de Conchos no está cerrada, falta dar pleno cumplimiento y seguimiento al contenido del informe final, presentado por la Comisión Especial que se constituyó en la LX Legislatura para investigar esta tragedia, informe final que sospechosamente no aparece completo en el portal de Internet de esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, y reiterando que se anexe íntegro el texto al Diario de los Debates, fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados a integrar un grupo de trabajo que dé seguimiento al informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura, para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia en la mina Pasta de Conchos hasta su total cumplimiento. En general, continúe la actividad necesaria respecto de la explosión del 19 de febrero de 2006 sucedida en Pasta de Conchos, hasta que los restos mortales de todos los mineros fallecidos sean rescatados y, en general, se haga plena justicia a los familiares de las víctimas. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se integra un grupo de trabajo que dé seguimiento al informe final de la comisión especial constituida en la LX Legislatura para conocer las responsabilidades y el origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El tiempo se sigue acumulando vergonzosamente en la decisión de injusticia e ilegalidad del gobierno federal. En efecto, a unos cuantos meses de la conmemoración del cuarto año de la explosión en Pasta de Conchos, nada de fondo de ha hecho para terminar con la impunidad y el riesgo de que se repitan homicidios industriales tan graves como el acaecido aquel 19 de febrero de 2006.

Por tanto, en un reclamo en el que contamos con el pueblo de México, afirmo ¡que no hemos olvidado Pasta de Conchos! ¡Que los familiares de las 65 víctimas de esta terrible explosión no están solos en su lucha y dolor! ¡Que Pasta de Conchos no está prescrito ni cerrado, como pretenden los criminales que andan sueltos!

Y no puede cerrar la herida, por la sencilla razón, de que los reclamos hechos en torno a estos homicidios industriales siguen sin ser escuchados:

No. ¡Pasta de Conchos no está cerrada! Falta dar pleno cumplimiento y seguimiento al contenido del informe final presentado por la comisión especial que se constituyó en la LX Legislatura para investigar esta tragedia. Informe final que sospechosamente no aparece completo en el portal de Internet de esta Cámara. Recordemos la parte sustancial de este informe:

Por lo que es aplicable la cancelación de la concesión de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 54 de la Ley Minera; y la multa de conformidad con el artículo 57, fracción VII de la ley. Esta proposición deberá ser seguida y verificada por las Comisiones de Economía, y de Trabajo y Previsión Social.

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

4. La inhabilitación por veinte años, de acuerdo al artículo 13, fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de los ex-servidores y servidores públicos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía (tanto los ex Secretarios así como los demás funcionarios de conformidad con sus responsabilidades), así como aquellos servidores y ex-servidores de la Administración Pública Federal que resulten responsables -en el caso de los ex-servidores deberá aplicarse el criterio de termino de prescripción de hasta 5 años de conformidad con el artículo 34 del mismo ordenamiento- en los términos de los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Minera y los demás ordenamientos aplicables. Deberán, a su vez, aplicar la responsabilidad de no haber cumplido lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta proposición deberá ser presentada por la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas.

a. Corresponderá una indemnización con base en los dictámenes médicos correspondientes, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, y b. Además de la indemnización prevista en el inciso anterior, el reclamante o causahabiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal del Trabajo disponga para riesgos de trabajo.

7. Imponer sanciones al secretario de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, por ocultar información sobre los resultados de las verificaciones practicadas por personal contratado para este efecto, según se demuestra en los reportes del Servicio Geológico Mexicano, de conformidad con el marco regulatorio aplicable. Esta proposición deberá ser presentada por la Junta de Coordinación de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.

8. Exigir a la Procuraduría General de la Republica la garantía de la reparación del daño, de conformidad con la tesis jurisprudencial, que refiere a: establecer el quantum en ejecución de sentencia . Elevada ésta a pena criminal pública, esto es: derivada de un delito, y que, proporcionada a la gravedad de éste, está sujeta a variaciones en su quantum según el aspecto subjetivo del acto punible y la culpabilidad del delincuente; resarciendo el status quo de la víctima o sus beneficiarios, considerando el daño en la perdida de los ingresos por el periodo de vida laboral activa de los mismos y el valor de la vida de los mineros y sus familias. Y por otro lado, considerando las ganancias de la empresa Industrial Minera México y General de Hulla, que, en el caso de la primera, son condenados como culpables de homicidio culposo. Estableciendo que fijar el monto de la reparación del daño tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo se estaría ante la presencia de una pena fija, lo cual, para efecto de las penas, sería inconstitucional, como reiteradamente ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visto que las penas deben ajustarse al caso específico, valorando los hechos y circunstancias del evento delictivo y las circunstancias personales del sentenciado. Esta proposición deberá ser presentada por la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

9. Solicitar al IMSS la revisión de la situación de los sobrevivientes, tanto en las cantidades otorgadas para sus pensiones, así como la ampliación de los beneficios de conformidad con la Ley del Seguro Social. (Artículos 49, 54, 58, 59. 61, 62, 120) Esta Proposición deberá ser presentada y supervisada por la Comisión de Seguridad Social de ésta LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.

10. Solicitar al IMSS se aplique un periodo de gracia a los beneficiarios de los mineros fallecidos, así como a los sobrevivientes, para ampliar los términos de vencimiento a las prestaciones de ley que les correspondan. El cumplimiento de esta Proposición deberá ser presentada y seguida por la Comisión de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados.

11. Solicitar al IMSS que de manera inmediata se registre al régimen obligatorio a los trabajadores de los ``Pocitos'', ya que de acuerdo a la Minuta de la Reunión Celebrada en el Museo del Carbón, del 27 de abril de 2004, se reconoce que ``muchos no están inscritos en las diferentes instituciones, correspondiendo esto a 1000 trabajadores''. Esta Proposición deberá ser presentada y verificada por las Comisiones de Trabajo y de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados.

12. Exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las demás Instituciones de la Administración Pública Federal, a que inmediatamente se proteja con la Ley a los ``Pocitos'', así como, se inicie una extraordinaria verificación sobre la seguridad de estos con la participación de la Secretaría de Economía y del IMSS. Esta proposición deberá ser presentada por la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, estableciendo un seguimiento por las Comisiones Ordinarias del Congreso de la Unión correspondientes.

13. Solicitar respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Social y Administrativa, resuelva a la brevedad los juicios interpuestos por los beneficiarios y familiares de los mineros fallecidos. Esta proposición deberá hacerla la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.''

``Acciones

1. Establecer con claridad las causales de cancelación de la concesión minera, entre estas: por siniestros productos de la negligencia u omisión del concesionario, la falta de ademes de fortificación necesarios para la seguridad en las minas, el incumplimiento de las normas mexicanas e internacionales sobre seguridad en las minas, así como poner en peligro a sus trabajadores. Se presentará por esta Comisión Especial las propuestas necesarias.

2. Establecer el homicidio industrial como delito en el Código Penal Federal. Además establecer el Homicidio imprudencial a los responsables de la seguridad en las minas de carbón. Para lo cual presentará esta Comisión Especial, las reformas necesarias para tal efecto.

3. Realización de las adecuaciones de la Ley Minera, para precisar los procesos de concesiones. En este caso, las concesiones deberán sujetarse a una escrupulosa revisión, donde, entre otras cosas, se deberá observar el historial de siniestros como causal para negar dicha concesión. La Comisión Especial presentará las reformas necesarias.

4. La creación de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en Minas, como órgano autónomo, con personalidad jurídica y recursos propios; y cuyos integrantes serán seleccionados dentro de la comunidad científica y de especialistas en la exploración y explotación minera, y ratificados por esta Soberanía.

5. La adecuación de la Ley Federal del Trabajo para el establecimiento de un capítulo específico sobre la seguridad e higiene, así como las sanciones, aplicable en la industria minera, ya que en la vigente existen lagunas a este respecto. La comisión especial presentara las reformas para tal efecto, dentro del siguiente periodo ordinario.

6. Reforma al Código Penal Federal para definir los actos de negligencia u omisiones culposos como agravantes en los delitos culposos, así como establecer la pena de prisión a quienes presten sus servicios en la industria minera y hubiesen causado homicidios a dos o más personas, establecido en el actual artículo 60 del Código Penal Federal para quienes prestan servicios de transportes. La comisión especial presentará las reformas necesarias para tal efecto.

7. Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, para que se aplique la ley a los funcionarios públicos hasta diez años después de haber dejado sus responsabilidades como funcionario público.

8. Reformas a la Ley Federal del Trabajo para reglamentar la contratación terciaria o a los contratistas, garantizando la igualdad de ingresos y beneficios, y evitando que sea una forma generalizada de contratación. La Comisión presentara en breve esta propuesta.

9. Reforma a la Ley del Seguro Social para establecer con precisión entre las facultades del IMSS, la de visitas de verificación de cumplimiento de los programas de prevención de riesgos y seguridad social a las empresas mineras.

10. Incluir a los ``Pocitos'' dentro de los programas de verificación, y crear un programa de apoyo financiero para el desarrollo de medidas de seguridad y fortalecimiento productivo a los mismos. Otorgarles la mención como empresas sociales.

11. Reforma al Código Penal Federal, y otros, para establecer y ampliar la cantidad resultante de la aplicación de la fórmula establecida en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a indemnización y reparación del daño, artículos 486, 500 y 502. De manera de revalorar la vida y ampliar el concepto del beneficio de la víctima. Al mismo tiempo que castigar al empleador por su negligencia y omisión. ``

Recomendación 26/2006 de la CNDH

El contenido de este informe final, sustancialmente ratificó lo determinado en la Recomendación 26/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que adicionalmente señaló en uno de sus puntos:

``Esta Comisión Nacional expresa su preocupación por el rescate de 64 (actualmente 63) trabajadores que aún permanecen al interior de la mina, toda vez que ello ha implicado la vulneración de un derecho para los familiares de los mismos. En este sentido, conforme a los artículos 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de creencias y religión, dentro de éstas se encuentran las relativas a la relación del individuo con los restos mortales de sus difuntos...Adicionalmente, el entonces Juez Sergio García Ramírez, en su voto concurrente consideró que el derecho que asiste a los familiares de una persona que ha fallecido de recibir los restos mortuorios de ésta, independientemente de cualquiera consideraciones étnicas, religiosas, culturales que particularicen en el caso, se trata de un derecho universal e irreductible...''

A lo anterior, se debe sumar el contenido del Informe de la OIT, de marzo de 2009, sobre la Reclamación presentada sobre Pasta de Conchos, por diversos sindicatos de trabajadores.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, a integrar un Grupo de Trabajo, que dé seguimiento al informe final de la Comisión Especial constituida en la LX Legislatura, para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la Mina Pasta de Conchos, hasta su total cumplimiento. En general continúe las actividades necesarias en torno a la explosión del 19 de febrero de 2006 sucedida en Pasta de Conchos, hasta que los restos mortales de todos los mineros fallecidos sean rescatados y, en general se haga plena justicia a los familiares de las víctimas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidada que establezca una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica de diversos municipios del estado de Oaxaca y modernice la infraestructura utilizada en la prestación del servicio.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en 1949 se inicia la construcción de la presa Miguel Alemán en la microrregión del Papaloapan, en el estado de Oaxaca, y en 1972, la construcción de la presa Cerro de Oro, posteriormente llamada Miguel de la Madrid Hurtado.

Compañeros, la construcción de ambas presas generó todo tipo de problemas a los pobladores que ahí se asientan: reubicación a lugares impropios para la producción agrícola, mínimos pagos por las propiedades expropiadas, desempleo, sobreexplotación de los recursos naturales y deterioro del ambiente. La población asentada en algunos de los municipios afectados presenta altos índices de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades, que la ubica entre los mil 251 municipios de más alto índice de marginación.

La producción eléctrica generada por estas dos presas ha traído beneficios importantísimos a millones de mexicanos fuera de esa área geográfica, a quienes proporciona grandes cantidades de energía para mover un importante sector de la economía nacional; mientras, la mayor parte de los habitantes de los municipios y comunidades ribereñas de las presas materia de este punto de acuerdo sigue padeciendo elevados niveles de marginación y discriminación, y sólo se le trata de paliar su miseria con acciones asistencialistas que no le generan desarrollo alguno.

La paradoja de este problema se presenta cuando observamos a la población asentada en las riberas que no tiene acceso al fluido eléctrico; y quien cuenta con él tiene que pagar por este servicio fuertes erogaciones económicas que laceran considerablemente su patrimonio.

El servicio eléctrico proporcionado es de pésimas condiciones y hasta peligroso para los usuarios, debido a lo averiado e inservible de la infraestructura, causa principal de que el servicio falle y falte la energía eléctrica hasta por dos o tres días o hasta por un mes.

La situación, importante en esta región, requiere de la participación e intervención inmediata de la representación nacional, a efecto de buscar alternativas de solución a este problema.

Por lo expuesto, solicito sea sometido a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a que establezca una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, San Felipe Jalapa de Díaz, San José Independencia, San Miguel Soyaltepec, Santa María Chilchotla, San Pedro Ixcatlán, San Lucas Ojitlán, San José Tenango, San Felipe Usila, Valle Nacional, San Juan Lalana, Nuevo Soyaltepec, asentados en las riberas de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid Hurtado.

Señor presidente, solicito a usted que este punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones Unidas de Energía y de Desarrollo Social, y su dictamen, para conocimiento de este Congreso, así como que el documento quede totalmente inserto en el Diario de los Debates, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en diversos municipios de Oaxaca, y a modernizar la infraestructura utilizada en la prestación del servicio, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En la región del Papaloapan se encuentra el complejo hidráulico más importante del estado de Oaxaca, incluso del país, formado por las presas Miguel Alemán Valdez (Temascal), y Miguel de la Madrid Hurtado (Cerro de Oro).

La presa Miguel Alemán Valdez se construyó sobre el cauce del río Tonto en el periodo de 1949 a 1955 para el control y aprovechamiento de las aguas del río Papaloapan. El área de influencia directa de la presa Miguel Alemán Valdez abarca los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa, San Felipe Jalapa de Díaz, San José Independencia, San Miguel Soyaltepec, Santa María Chichotla, San José Tenango y San Pedro Ixcatlán. La presa tiene una extensión territorial de mil 755 kilómetros cuadrados, equivalente al 1.84 por ciento de la superficie del estado de Oaxaca

La segunda presa, Cerro de Oro, posteriormente llamada Miguel de la Madrid Hurtado, situada sobre el río Santo Domingo, se inició en 1972, concluyendo sus obras hasta 1988, cuya influencia directa se da en San Lucas Ojitlán, San Felipe Usila, Valle Nacional, San Juan Lalana, y Nuevo Soyaltepec, en los estados de Oaxaca y parte de Veracruz.

La presa Temascal y la de Cerro de Oro están unidas, en una cuenca conjunta de casi 70 mil Hectáreas y la capacidad común de almacenamiento de ambas presas es de 13 mil 380 millones de metros cúbicos de agua, de ahí la importancia estratégica que guardan con el desarrollo nacional.

Ambos proyectos son las más grandes construcciones de energía eléctrica de esa región que tuvieron como propósito resolver el problema de las inundaciones de la parte baja del Papaloapan, crear distritos de riego y generar energía eléctrica.

La capacidad generadora de energía eléctrica de estas presas coadyuva de manera significativa a abastecer de electricidad a los estados de Veracruz, Puebla, estados circunvecinos y al propio Distrito Federal.

La construcción de los proyectos hidroeléctricos generó grandes cambios socioculturales a los habitantes de la región de la cuenca del Papaloapan, quienes fueron expulsados de sus lugares de origen para llevarlos a condiciones climatológicas, políticas, sociales, culturales, ideológicas, y con otras costumbres de producción, principalmente la sustitución de la agricultura por la pesca, la cual ha resultado poco eficiente para las necesidades de empleo y desa-rrollo de los habitantes cercanos a las presas.

La ejecución de estos proyectos creó inconformidades entre la población que se encontraba asentada en lo que hoy es el vaso de las presas, ya que ésta se sintió despojada de tierras que nunca les fueron restituidas económicamente a un valor real, y a quienes optaron por su reubicación, las tierras intercambiadas no eran lo suficientemente productivas para cubrir sus necesidades alimentarias, laborales y de vivienda. Y lo peor, la población afectada, a la que se le prometió grandes transformaciones positivas para su desa-rrollo, en su mayoría todavía presentan niveles de vida que no van más allá a los alcanzados en el país a finales del siglo XIX.

Con la construcción de ambos proyectos hidroeléctricos se asentaron y edificaron una diversidad de industrias, quienes cimentaron su desarrollo productivo precisamente en la energía eléctrica que generan las presas, el agua que les es fácil obtener, recursos naturales que se producen en la región del Papaloapan, estímulos por parte de los tres niveles de gobierno y condonaciones fiscales, aunado a los bajos salarios que se fijaron para las personas que, al no tener otra fuente de ingresos, formaron parte de las filas laborales ahí empleadas.

Consideraciones

Las presas Miguel Alemán Valdez y Miguel de la Madrid Hurtado, ubicadas en la Cuenca del Papaloapan en el estado de Oaxaca, ocupan el quinto y octavo lugar dentro de las cuatro mil presas que aproximadamente posee la infraestructura hidráulica del país, considerándose éstas dentro de las más productivas y generadoras de energía eléctrica.

La población asentada en algunos de los municipios aledaños y circunvecinos de las presas Miguel Alemán Valdez y Miguel de la Madrid Hurtado del estado de Oaxaca presentan altos índices de pobreza, alimentaria, patrimonial y de capacidades que los ubica dentro de los mil 251 municipios con altos grados de marginación en las Zonas de Atención Prioritarias.

La producción eléctrica generada por ambas presas ha traí-do beneficios importantísimos a millones de mexicanos que se encuentran fuera de su área geográfica, proporcionándoles grandes cantidades de energía que hace mover a un importante sector de la economía nacional; mientras la mayor parte de los habitantes de los municipios y comunidades ribereñas de las presas, materia de este punto de acuerdo, siguen padeciendo elevados niveles de marginación y discriminación, a quienes sólo se trata de paliarle la miseria con acciones asistencialistas que no les genera ningún tipo de desarrollo.

A pesar de que la presa Miguel Alemán inició operaciones en 1955 y la presa Miguel de la Madrid en 1988, y en pleno siglo XXI prevalecen numerosos núcleos poblacionales en el estado de Oaxaca que carecen de tan necesaria fuente de energía, y a quienes ya se les ha proporcionado, tienen que pagar por ese servicio fuertes erogaciones económicas que laceran considerablemente su patrimonio, dejando de adquirir incluso alimentos y otros medios básicos para su sobrevivencia; por ello, es necesario hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que haga una revisión profunda de la situación económica y social que padecen los pobladores de las regiones arriba señaladas y, en su auxilio, fijar una tarifa preferencial de la que todos los usuarios puedan pagar para acceder a los beneficios de la electricidad.

Es de destacar que el servicio que proporciona la Comisión Federal de Electricidad en estos municipios es deficiente, caro y con problemas de interrupciones continuas, intervalos que llegan a durar hasta tres o cuatro semanas; lo que no justifica el cobro excesivo que tienen que pagar quienes lo reciben. Asimismo, es necesario señalar que las condiciones en que se encuentra la infraestructura local para la distribución de la energía eléctrica en esa región son pésimas y de graves riesgos para la población, que en cualquier momento puede sufrir un accidente de graves

Como se ha argumentado, la situación imperante entre los habitantes de esa zona requiere de la participación e intervención inmediata de esta representación nacional, a efecto de buscar alternativas de solución inmediatas a este problema.

Por lo anteriormente expuesto, solicito sea sometido a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica de los municipios Acatlán de Pérez Figueroa, San Felipe Jalapa de Díaz, San José Independencia, San Miguel Soyaltepec, Santa María Chichotla, San Pedro Ixcatlán, San Lucas Ojitlán, San José Tenango,San Felipe Usila, Valle Nacional, San Juan Lalana y Nuevo Soyaltepec asentados y circunvecinos en la periferia de las Presas Miguel Alemán Valdez y Miguel de la Madrid Hurtado, del estado de Oaxaca, y, a modernizar con la mayor brevedad la infraestructura utilizada en la prestación de este servicio.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Desarrollo Social.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno delDistrito Federala tomar las medidas necesarias para detener las invasiones a las barrancas ubicadas en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Gracias, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, a las barrancas las podemos definir como formaciones geológicas que albergan especies de flora y fauna, y capturan y mitigan los daños que produce el bióxido de carbono, contribuyendo a regular el clima delDistrito Federal. Estas formaciones son además sumamente importantes en el ciclo hidrológico al captar agua de lluvia, recargar el manto acuífero de la ciudad y abastecer 70 por ciento del agua que consume la ciudad.

Hasta ahora las autoridades del Distrito Federal han sido incapaces de proteger las áreas y, más aún, algunas autoridades delegacionales han impulsado y tolerado el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Algo que ilustra claramente este grave problema es el daño ecológico que se ha causado a las barrancas y ríos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa; daño que resulta evidente en muchos puntos.

Resulta apremiante que las autoridades ambientales del Distrito Federal, como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, incrementen sus acciones y apliquen la ley sin distingo a todo aquel que viole el uso de suelo o cause afectación a las barrancas, así como que levanten las denuncias penales que sean necesarias por delito ecológico, para cumplir con el fin de preservar esta zona.

La Ley Ambiental del Distrito Federal faculta específicamente a los jefes delegacionales para impedir construcciones en suelo de conservación, actividad en la que han sido omisos gobiernos delegacionales, ya que en los últimos años han aparecido asentamientos irregulares donde antes había área verde, y con ello se demuestra que no existe duda respecto a la ilicitud de los hechos y actos que se han descrito.

Del mismo modo, las condiciones de insalubridad que predominan alrededor de las presas de la delegación Álvaro Obregón han convertido muchas colonias en graves focos de contaminación y contagio de enfermedades respiratorias que afectan fundamentalmente a la población.

En esta demarcación existen 13 presas en las que es posible encontrar llantas, envases de plástico, alambres, animales muertos, etcétera, con salidas de aguas negras a estos espacios y a las mismas barrancas que son utilizadas como depósitos de basura.

Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, en el ámbito de su competencia, tome medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones a las barrancas ubicadas en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y que explique por qué no han sido desalojados los actuales invasores.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón a actuar de inmediato en coordinación para recuperar las zonas verdes invadidas.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al gobierno delegacional en Álvaro Obregón a que realicen los trabajos necesarios para desazolvar y dar mantenimiento en las 13 presas que se encuentran en dicha demarcación. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener las invasiones de barrancas en Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las barrancas las podemos definir como formaciones geológicas que albergan especies de flora y fauna de tipo silvestre, capturan y mitigan los daños que produce el bióxido de carbono contribuyendo a regular el clima del Distrito Federal.

Estas formaciones son además sumamente importantes en el ciclo hidrológico al captar agua de lluvia, recargar el manto acuífero de la ciudad y abastecer alrededor de 70 por ciento del agua que se consume en el Distrito Federal.

Hasta el año 1997, el suelo de conservación del Distrito Federal representaba el 60 por ciento del total del territorio y se ha ido disminuyendo bajo las últimas administraciones gubernamentales en las cuales se han perdido aproximadamente un promedio de 500 hectáreas anuales, esto como consecuencia de invasiones, deforestaciones y demás daños provocados por la falta de planeación y la correcta aplicación de políticas públicas adecuadas.

Hasta ahora las autoridades del Distrito Federal han sido incapaces de proteger las áreas protegidas y, más aún, algunas autoridades delegacionales han impulsado y tolerado el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Algo que ilustra claramente este grave problema, es el daño ecológico que se ha causado a las barrancas y ríos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa; daño que resulta evidente en muchos puntos pues afecta desde la zona de lujosas residencias y condominios, hasta las zonas donde están establecidas viviendas de cartón y lámina que de poco a poco ganan terreno y se van extendiendo cada día.

En la zona de Cuajimalpa encontramos la barranca El Ocote, ubicada en la cuarta sección de ``El Chamizal'', en ese lugar fueron arrasados árboles de pino, tepozán, capulín y varias especies de cactáceas que se localizaban en una de sus laderas, hasta dejarla prácticamente devastada, dejando de lado completamente la conservación de las áreas naturales y de la flora y fauna en esa barranca, cuya profundidad es de 80 metros.

Sobre la avenida La Palma, se cruza la barranca de La Providencia, en ese lugar se desarrollo un conjunto habitacional de lujo conocido como El Servilletero, abarcando parte de las márgenes del río La Providencia y afectando el entorno.

En este territorio se ubica la barranca La Diferencia, en donde podemos encontrar construcciones irregulares con todo y que el marco normativo del Distrito Federal señala que ahí el uso de suelo es de área verde.

Encontramos que la raíz del problema radica en que las zonas de barrancas no se encuentran delimitadas, por lo que no se puede llevar un control efectivo de las mismas, lo que también limita la posibilidad de presentar denuncias por delitos ecológicos, ya que no se acreditaría la constitución de las barrancas.

Resulta apremiante que las autoridades ambientales del Distrito Federal como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal incrementen sus acciones y apliquen la ley sin distingo a todo aquel que viole el uso de suelo y afectación a las barrancas, así como levantar las denuncias penales que sean necesarias por delito ecológico para cumplir con el fin de preservar esta zona.

La Ley Ambiental faculta específicamente a los jefes delegacionales para impedir construcciones en suelo de conservación, actividad en la que han sido omisos los gobiernos delegacionales, ya que en los últimos años han aparecido asentamientos irregulares donde antes había área verde y con ello se demuestra que no existe ninguna duda respecto de la ilicitud de los hechos y actos que se han descrito.

Resulta fundamental contar con instrumentos legales claros que frenen el deterioro de esas zonas verdes, pues de acuerdo a la opinión de los expertos juegan un papel importante en el equilibrio del clima de la ciudad y la regulación hidráulica; de no ser así seguirán ganando terreno las invasiones de casas a costa de la sustentabilidad de la ciudad.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de su competencia, tome las medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones a las barrancas ubicadas en la delegación Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y explique por qué no han sido desalojados los actuales invasores.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y a los jefes delegacionales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, a actuar de inmediato en coordinación para recuperar las zonas invadidas.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, realicen las acciones necesarias para establecer claramente la delimitación física de las zonas de barrancas y que éstas sean incorporadas a los planos oficiales de uso de suelo para el Distrito Federal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión del.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno delDistrito Federala que implemente una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarcan las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma, 2a. y 3a. Sección, y Renovación.

El diputado Eduardo Arellano Mendoza: Diputado presidente, antes de iniciar mi exposición le solicito sea inscrito el presente texto en el Diario de los Debates.

Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, al tenor de las siguientes consideraciones.

La salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna. No obstante, la población se enfrenta a un sinnúmero de problemas para acceder al cuidado de la misma. El sistema de salud de nuestro país está segmentado en tres subsectores, sin una real articulación entre sí: el público, para la población asegurada, el de la seguridad social y el privado.

La población del Distrito Federal es de 8 millones 720 mil 916 personas, de ellas 1.8 millones viven en zonas de muy alta marginación, con una profunda degradación del ambiente social y ecológico, así como con serias carencias de servicios.

Otros 4.1 millones viven en zonas de alta y media marginación. Estudios nos arrojan que 3.3 millones de capitalinos viven en pobreza extrema y otros 2.3 millones en pobreza moderada, lo que significa que cerca de 65 por ciento de la población de la capital puede ser considerada como pobre.

El Distrito Federal es la entidad federativa con mayor concentración de servicios de salud, que atienden a la población abierta y de seguridad social, esto es 650 unidades de consulta externa; 44 hospitales generales.

En el primer semestre de 2009 el IMSS tenía afiliados a 2 millones 467 mil 713 personas, cantidad menor en 44 mil 844 asegurados frente al registro que se tenía al término de 2008.

La delegación Iztapalapa concentra una población de un millón 820 mil 880 personas. De acuerdo con cifras del Inegi, del ciento por ciento de la población de la delegación política de Iztapalapa, únicamente 40.5 por ciento, según datos de 2006, cuenta con seguridad social, lo que significa que 861 mil 36 carecen de servicios de salud.

Para la aplicación de las políticas sociales, el gobierno de la ciudad dividió el territorio en mil 352 unidades territoriales, a partir de la integración de un análisis geográfico, demográfico, ambiental, económico, político, social y cultural.

Sólo 12 unidades territoriales clasificadas como de alta y muy alta marginación en el Distrito Federal tienen enclavadas en su territorio dos unidades de atención médica; 124 de las unidades territoriales tienen al menos una unidad de salud y 344 unidades territoriales no tienen ubicada en su territorio unidad de salud.

El distrito que yo represento está integrado por 35 unidades territoriales, de las cuales 17 son consideradas como zonas de muy alta o alta marginación. Por citar algo, tenemos: Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma, 2a. y 3a. Sección, entre otras.

La delegación Iztapalapa concentra el mayor número de unidades territoriales clasificadas como de alto y muy alto índice de marginación. Siendo la delegación más poblada, dentro de su territorio hay tres hospitales administrados por el Gobierno del Distrito Federal, en cambio la delegación Miguel Hidalgo, con población cinco veces menor, cuenta con el mismo número de hospitales.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con profundo respeto a la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal, a implementar una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarca las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma, 2a. y 3a. Sección, y Renovación.

Dicho programa, deberá incluir diagnóstico integral de las zonas anteriormente programadas para atender a grupos marginados y la posible construcción de un hospital general, para lo cual el Gobierno del DF deberá analizar las posibilidades, para que dicho centro se ubique en las zonas mencionadas anteriormente. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar una política integral de salud en Iztapalapa, donde pondere la zona que abarcan las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma Segunda y Tercera Secciones y Renovación, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, no obstante la población se enfrenta a un sinnúmero de problemas para acceder al cuidado de ella; el sistema de salud en nuestro país está segmentado en tres subsectores sin una real articulación entre sí: el público, para la población no asegurada; el de la seguridad social y el privado.

La población del Distrito Federal es de 8 millones 720 mil 916 personas; de ellas 1.8 millones de personas viven en zonas de muy alta marginación, con una profunda degradación del ambiente social y ecológico así como con serias carencias de servicios; otros 4.1 millones en zonas de alta y media marginación.

Estudios nos arrojan que 3.3 millones de capitalinos viven en pobreza extrema (38.3 por ciento) y otros 2.3 millones (26.6 por ciento) en pobreza moderada. Lo que significa que cerca de 65 por ciento de la población de la capital puede ser considerada como pobre.

El Distrito Federal es la entidad federativa con mayor concentración de servicios de salud, los que atienden a la población abierta y de seguridad social, esto es 650 unidades de consulta externa y 44 hospitales generales.

En el primer semestre de 2009 el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía afiliados a 2 millones 467 mil 713 personas, cantidad menor en 44 mil 844 asegurados frente al registro que se tenía al término de 2008 (2 millones 512 mil 557 personas).

La delegación Iztapalapa concentra una población de 1 millón 820 mil 880 personas de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de 100 por ciento de población de la delegación política de Iztapalapa únicamente 40.5 por ciento (datos 2006) cuenta con seguridad social, lo que significa que 861 mil 36 carecen de servicios de salud.

Para la aplicación de las políticas sociales, el gobierno de la ciudad dividió al Distrito Federal en mil 352 unidades territoriales, a partir de la integración de un análisis geográfico, demográfico, ambiental, económico, político, social y cultural del territorio.

Sólo 12 unidades territoriales clasificadas como de alta y muy alta marginación en el Distrito Federal tienen enclavadas en su territorio dos unidades de atención médica; 124 de estas unidas territoriales tienen al menos una unidad de salud y 344 unidades territoriales no tienen ubicada en su territorio ninguna unidad de salud.

El distrito que represento está integrado por 35 unidades territoriales, de las cuales 17 son consideradas como zonas de muy alta o alta marginación, por citar algunas tenemos: Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma 2a. y 3a. sección, Renovación, entre otras.

La delegación Iztapalapa concentra el mayor número de unidades territoriales clasificadas como de muy alto y alto índice de marginación, siendo la delegación más poblada dentro de su territorio existen tres hospitales administrados por el gobierno del Distrito Federal, en cambio la delegación Miguel Hidalgo con población cinco veces menor cuenta con el mismo número de hospitales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, con profundo respeto a la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal implementar una política integral de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarca Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma 2a. y 3a. sección, Renovación.

Dicho programa deberá incluir diagnóstico integral de las zonas anteriormente citadas; programas para atender a grupos marginados, y la posible construcción de un hospital general, para lo cual, el Gobierno del Distrito Federal deberá analizar la posibilidad para que dicho centro se ubique en la zonas mencionadas anteriormente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión del.

Tiene la palabra la diputada Delia Guerrero Coronado , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Conagua a que adopten las medidas necesarias a efecto de reclasificar la tarifa eléctrica de 1D a 1F...

ORDEN DEL DIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sé que el reloj parlamentario se para de manera indiscriminada y no sé si esta vez lo han detenido, porque son las 3:07 de la tarde y es hora del debate político y todavía no entramos a él.

Entonces, le pido que se respete el acuerdo del formato existente y entremos al debate del debate político.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Estamos concluyendo precisamente para avanzar. Recuerde usted que tenemos hoy hasta las 5: 00 de la tarde y los temas que tenemos de agenda política, de excitativas y de efemérides nos llevan menos tiempo de las 2 horas, por eso es que estamos avanzado para poder tener un mayor desarrollo de nuestra sesión.

Pero con mucho gusto tomo en consideración lo que usted comenta, señor diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Cómo consta a todos los señores coordinadores e inclusive lo dejamos por escrito como un acuerdo de los coordinadores de la Junta, ayer, presidente, la petición fue que se desahogara estrictamente el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, Muñoz Ledo, ¿quería hacer algún comentario?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): La última intervención. Sin embargo, además de la decisión que se tomó ayer, quedaba claro que a las 3:00 de la tarde comienza el debate político.

Lo otro, es seguir ahogando la discusión de fondo de este Congreso, teniendo el valor y la importancia que tiene cada uno de los puntos de acuerdo que someten las señoras legisladoras y los señores legisladores.

Le rogaría que consideráramos seriamente que el martes fuera día de puntos de acuerdo y de iniciativas y el jueves fuera el día del debate político, como tantas veces se ha propuesto a esta asamblea. Es una petición a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva.

Le ruego, porque todos tenemos actividades de Cámara incluso que cumplir, que en este caso podamos abrir el debate en público en tiempo. Usted, no puede prejuzgar que va a durar media hora o que va a durar una hora o que va a durar dos horas. Sabemos cuando comienza, pero no sabemos cuando se acaba.

Le ruego que después de esta oradora nos haga el favor de iniciar el debate político. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Nada más le comento que hasta las 5: 00 de la tarde es lo que tenemos establecido para la sesión, pero si en un momento dado es requerido, como somos diputados de tiempo completo, podemos estar las 24 horas del día en el recinto parlamentario.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Insistir en que para eso son los órganos de gobierno de la Cámara, a pesar de los que insisten en pasar por encima de sus acuerdos, y precisamente por eso se tomó el acuerdo ayer que fue remitido a usted donde dice: ``Me permito comunicar a usted, que en reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron solicitarle, si para ello no existe inconveniente, se respete estrictamente el orden de desahogo de los asuntos agendados en el orden del día''.

No le tenemos miedo al debate, presidente, pero tampoco queremos que se pase por encima de los derechos de todos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Carlos Pérez...

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido a lo expresado por el diputado Ramírez Marín. En efecto, la Junta de Coordinación Políticaayer adoptó por unanimidad el acuerdo de referencia y este acuerdo está fundamentado en las atribuciones que tiene la Junta de Coordinación Políticapara proponerle a la Mesa Directiva formas específicas de desahogo de la sesión.

En ese sentido, señor presidente, pedirle atentamente que se mantenga en sus términos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque así fue avalado por todos los representantes de los grupos parlamentarios que participaron en esa reunión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. El diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. He escuchado con atención las intervenciones del diputado Ramírez Marín, del PRI, y del diputado Gil, y quiero comentar varias cosas.

Primero, se había acordado ya ---y no pueden estarlo cambiando cada que el temperamento de los coordinadores así lo desee--- la forma de trabajo. La forma de trabajo es que en las sesiones de los martes, de 3 a 5 de la tarde, haya discusión política, les guste o no les guste. Ése es un acuerdo en firme que no puede estar cambiando la Junta de Coordinación Política.

En segundo lugar, quiero decir que si el PRI y el PAN no quieren subir a debatir el asunto de la controversia constitucional es su decisión soberana; pero hoy se vence el plazo. Este pleno formó una comisión para presentar los resultados de esa controversia constitucional y en los hechos no sólo la están desechando, sino que en los hechos están esquivando el debate y su responsabilidad, en un espacio de debate político por excelencia donde las decisiones que se toman son decisiones políticas; no jurídicas, no económicas, no técnicas.

Me parece lamentabilísimo que invoquen un seudoacuerdo para quitar el espacio de debate a esta soberanía. Enérgicamente protesto contra ello, enérgicamente exijo que se cumpla el acuerdo que tenemos de debatir a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde, y finalmente no le reconozco ningún acuerdo a ningún espacio institucional por encima de las facultades de este pleno.

Así es que vámonos respetando, compañeros coordinadores de las fracciones parlamentarias mayoritarias; vamos siendo serios y vamos abriendo el debate que no pueden ni deben evadir. De todos modos ---termino--- con la votación al punto de acuerdo que presentó Jaime Cárdenas ha quedado claro que el PRI y el PAN están mayoritariamente en contra de la controversia constitucional.

Pero me parece que es justo y legítimo de nuestra parte dar los argumentos de por qué es un error político, un error jurídico, una irresponsabilidad, como en su momento lo hicimos notar al haber dejado a la compañía Luz y Fuerza del Centro con cero centavos en el presupuesto.

Se siguen tomando decisiones absolutamente irracionales en esta soberanía y es nuestro derecho hacer valer en tribuna los argumentos y los posicionamientos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Rosaura Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias, señor presidente. Hago un atento llamado a mis compañeros diputados. Está en tribuna una diputada esperando el uso de la voz y antes de que se siga abriendo el debate, desahogarla, darle su oportunidad para que participe, e inmediatamente continuar con el debate que se está abriendo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. El diputado Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Con todo respeto a la señora diputada para que haga su intervención. Muy brevemente, nada más para precisar. Ayer, efectivamente, en la Junta de Coordinación Políticadiscutimos este tema y acordamos mantener la práctica regular de desarrollo del orden del día, tanto en la inscripción como en el desahogo de los asuntos. En ningún momento modificamos el formato al que nos hemos sujetado; que por cierto fue un formato propuesto por la Mesa Directiva de la Cámara y no por la Junta de Coordinación Política.

Por eso considero que, independientemente de la interpretación que hacen los vicecoordinadores del PRI y del PAN, es procedente sujetarnos a la práctica que hemos venido desarrollando para que la agenda política, una vez concluida la intervención de la compañera diputada, pueda desa-rrollarse puntualmente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): En el mismo sentido del diputado Encinas. Yo le quiero recordar a usted lo siguiente: en la pasada sesión, usted como presidente me solicitó diferir el tema que está agendado aquí, con el compromiso suyo, así me lo dijo, que a las 3 de la tarde sería el primer punto que desahogaríamos, por diversos diferimientos. Yo obsequié su petición.

Entonces, yo le pido que terminando nuestra compañera diputada, demos paso ya a la agenda política, y también quiero decir enfáticamente que es inexacto y carente de veracidad lo que afirmaron los vicecoordinadores del PRI y del PAN; en ningún momento se estableció lo que ellos arguyen. Es más, en alguna parte de la conversación se habló de que se desahogarían normalmente unos 38 puntos del orden del día, de propuesta.

Por tanto, le solicitamos que terminando la compañera pasemos ya al desahogo de agenda política.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Con tu venia, Delia. Señor presidente, le solicito a usted la versión estenográfica de la reunión de la Junta de ayer, probaremos quién falta a la veracidad, como ha sucedido una y otra y otra vez. Cada vez que tomamos un acuerdo trata de cambiarse aquí en el pleno. Las palabras fueron exactas, que se respete estrictamente el desahogo del orden del día.

El orden del día es un documento y eso fue lo que pedimos ayer en la Junta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Simplemente para poder también clarificar, la Mesa Directiva hizo una propuesta de orden del día, pero con números determinados de los asuntos, que hoy los que nos han listado, la Junta de Coordinación Política, son muchos más de los que nosotros habíamos propuesto, señor diputado. No son los números de asuntos que nosotros solicitamos para efecto de poderlos desahogar con toda oportunidad.

Pero estamos atentos a lo que un órgano de gobierno, como es la Junta de Coordinación Política, podamos desarrollar.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): También con la venia de la diputada, una disculpa, y de todos ustedes compañeros. Yo simplemente quiero decir que los acuerdos de la Junta de Coordinación Políticano pueden estar por encima de la voluntad del pleno ni de esta soberanía y que es muy grave que un órgano de gobierno imponga su decisión a 500 diputados. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Federal de Electricidady a la Comisión Nacional del Aguaa que adopten las medidas necesarias a efecto de reclasificar las tarifas 1D y 1F. Y le ofrecemos una disculpa por esta espera en la tribuna, diputada.

La diputada Delia Guerrero Coronado: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidady a la Comisión Nacional del Aguaa que adopten las medidas necesarias, a efecto de que reclasifiquen, de manera inmediata, la tarifa eléctrica de 1D a 1F y a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, todos ellos en el estado de San Luis Potosí.

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado , diputada por San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

La energía eléctrica es y ha sido un elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano en sociedad y, por tanto, un insumo básico para las actividades que generan progreso y desarrollo económico.

La calidad en el servicio eléctrico y el precio de la energía eléctrica inciden directamente en el bienestar y en el ingreso de las familias. La proporción del ingreso recibido por las familias que se destina al pago de este servicio alcanza hoy un porcentaje que en muchas ocasiones supera 10 por ciento de su ingreso, obligando al ciudadano a decidir entre el pago del recibo de la luz, el pago de otros servicios o la compra de alimentos básicos.

En San Luis Potosí diversos municipios registran condiciones climatológicas extremas, especialmente en la región que abarca los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín.

Considerando los registros del Servicio Meteorológico Nacional, de abril a junio, en estos municipios se registran temperaturas máximas que superan los 34 grados centígrados, inclusive se han registrado las más altas del país, al llegar a superar los 50 grados centígrados, obligando con ello al uso permanente de sistemas de ventilación y enfriamiento, y por tanto, un mayor consumo de electricidad y de gasto para las familias que allí desarrollan sus actividades diarias.

La tarifas que hoy se aplican en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín se encuentran clasificadas en el nivel 1D, siendo ésta una de las tarifas para localidades con climas extremos; sin embargo, el límite de alto consumo queda rebasado por las temperaturas máximas registradas en estos municipios durante abril, mayo y junio, alcanzando los 34 grados centígrados, lo que hace necesario reclasificar las tarifas que hoy se aplican en estos municipios para establecer una tarifa 1F, que considera un mayor subsidio por las elevadas temperaturas registradas en verano.

Es inaplazable que los municipios mencionados se reclasifiquen en la tarifa 1F, permitiendo con ello que las familias se vean beneficiadas con un mayor subsidio y con ello, menores costos del servicio eléctrico para uso doméstico.

Por lo anterior y con base en lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que es competencia de la Secretaría de Hacienda, con la participación de las secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, se busca exhortar a estas dependencias a llevar a cabo la reclasificación en los términos antes mencionados.

Por otra parte y considerando los criterios que siguen las áreas de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua y la Secretaría de Hacienda, se requiere llevar a cabo un estudio puntual respecto a la ubicación y condiciones físicas de las estaciones de registro de las temperaturas en estas localidades, contribuyendo de esta forma a registrar las temperaturas correctas.

En ese sentido, se identifican dos problemas fundamentales; por un lado, las estaciones no se encuentran en las ubicaciones más apropiadas para el registro, ya que actualmente muchas de ellas se encuentran en sitios donde los registros de temperaturas se ven alterados por factores adicionales como la cercanía a un río o niveles de humedad, entre otros, que no reflejan la temperatura real en los centros de mayor población.

Por otro lado, es evidente que las estaciones meteorológicas no cuentan actualmente con los equipos adecuados, en virtud de que éstos tienen fallas debido al deterioro que han sufrido por el uso que han tenido a lo largo de mucho tiempo.

En este sentido, es preponderante que la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, lleve a cabo un análisis detallado, tanto de las temperaturas registradas, de la necesidad de llevar a cabo una revisión de las condiciones de los equipos y la ubicación de ellos, así como de incorporar una mayor cantidad de estaciones en las zonas céntricas de los municipios señalados.

Asimismo es urgente reclasificar las tarifas de tal modo que los usuarios del servicio eléctrico obtengan beneficios en su aplicación, contribuyendo de manera decidida a beneficiar la economía familiar y, con ello, promover la actividad económica de la región.

En razón de lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a adoptar las medidas necesarias a efecto de reclasificar de manera inmediata las tarifas eléctricas de 1D a 1F, que se aplican en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, todos ellos en San Luis Potosí.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo un análisis detallado respecto de la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en estos municipios.

Se solicita que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la CFE y a la Conagua a adoptar las medidas necesarias para reclasificar las tarifas eléctricas de 1D a 1F, y llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas en Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Delia Guerrero Coronado , diputada por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La energía eléctrica es y ha sido un elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano en sociedad y, por tanto, un insumo básico para las actividades que generan progreso y desarrollo económico.

La calidad en el servicio y el precio de la energía eléctrica inciden directamente en el bienestar y el ingreso de las familias. La proporción del ingreso recibido por las familias que se destina al pago de este insumo alcanza hoy un porcentaje que en muchas ocasiones supera el 10 por ciento de su ingreso, obligando al ciudadano a decidir entre el pago del recibo de la luz, o el de otros servicios o la compra de alimentos básicos.

En el estado de San Luis Potosí diversos municipios registran condiciones climatológicas extremas, especialmente en la región que abarca los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín.

Considerando los registros del Servicio Meteorológico Nacional, durante los meses de abril a junio, en estos municipios se registran temperaturas máximas que superan los 34 grados centígrados, inclusive se han registrado las más altas del país, al llegar a superar 50 grados centígrados, obligando con ello al uso permanente de sistemas de ventilación y enfriamiento, y por tanto a un mayor consumo de electricidad y de gasto para las familias que allí desarrollan sus actividades diarias.

La pérdida de poder adquisitivo de la población, que en promedio ha sido de alrededor del 22 por ciento en los últimos años se suma a los importantes incrementos de precios de productos de consumo básico para las familias mexicanas, afectando no sólo la precaria situación económicas de las familias y el comercio, sino que se convierten en una restricción que impide a los trabajadores, madres solteras y jubilados pagar con oportunidad este servicio.

Adicionalmente a la problemática antes señalada, se suman los onerosos costos que enfrentan los sectores productivos del estado por las elevadas tarifas eléctricas y los importantes aumentos en los precios del gas, entre otros energéticos, restándoles competitividad frente a sectores productivos que desarrollan sus actividades en localidades con bajos costos, particularmente de la electricidad.

Actualmente existen las siguientes tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de acuerdo con los criterios que tanto la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han autorizado en el país: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Las tarifas señaladas se aplican a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico.

La tarifas que hoy se aplican en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín se encuentran clasificadas en el nivel 1D, que es para localidades con climas extremos; sin embargo, el límite de alto consumo queda rebasado por las temperaturas máximas registradas en estos municipios durante los meses de abril, mayo y junio, que alcanzan los 34 grados centígrados, lo que hace necesario reclasificar las tarifas que hoy se aplican en estos municipios para establecer la 1F, que considera un mayor subsidio por las elevadas temperaturas registradas en verano.

Es inaplazable que los municipios mencionados se reclasifiquen en la tarifa 1F, permitiendo con ello que las familias se vean beneficiadas con un mayor subsidio y, por ende, menores costos del servicio eléctrico para uso doméstico.

Por lo anterior, y con base en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece como competencia de la SHCP, con la participación de las Secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la CFE, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste; se busca exhortar a estas dependencias a llevar a cabo la reclasificación en los términos antes señalados.

Por otra parte, y considerando los criterios que siguen las áreas de la CFE, la Comisión nacional del Agua y la SHCP, se requiere llevar a cabo un estudio puntual respecto a la ubicación, y condiciones físicas de las estaciones de registro de las temperaturas en estas localidades, contribuyendo de esta forma a llevar el control las temperaturas correctas. En sentido se identifican dos problemas fundamentales:

Por un lado, las estaciones no se encuentran en las ubicaciones más apropiadas para el registro, ya actualmente muchas de ellas se están en lugares donde los registros de temperaturas se ven alterados por factores adicionales como la cercanía a un río o niveles de humedad, entre otros, que no reflejan la temperatura real en los centros de mayor población.

Por otro lado, es evidente que las estaciones meteorológicas no cuentan actualmente con los equipos adecuados, en virtud de que éstos tienen fallas, como consecuencia del deterioro por el uso durante largo tiempo.

En este sentido, es preponderante que la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, lleven a cabo un análisis detallado, tanto de las temperaturas registradas, de la necesidad de llevar a cabo una revisión de las condiciones de los equipos y la ubicación de ellos, así como de incorporar una mayor cantidad de estaciones en las zonas céntricas de los municipios señalados.

Asimismo es urgente reclasificar las tarifas de tal modo que los usuarios del servicio eléctrico obtengan beneficios en su aplicación contribuyendo de manera decidida a beneficiar la economía familiar y, con ello, promover la actividad económica en la región.

Finalmente, con la aprobación de mecanismos como el que aquí se presenta, se busca mejorar las condiciones de atraso y marginación de la población de estos municipios y coadyuvar a elevar la competitividad, combatir el desempleo y reducir los efectos negativos en el bienestar de la población derivados de la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

En razón de lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a adoptar las medidas necesarias a efecto de reclasificar de manera inmediata a la 1F la tarifa eléctrica 1D que se aplica en los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín, todos ellos en el estado de San Luis Potosí.

Segundo: Se exhorta a Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Agua, a llevar a cabo un análisis detallado respecto a la necesidad de reubicar, reemplazar y ampliar los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas con el fin de contar con un registro más exacto de las temperaturas en estos municipios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Energía. Dígame usted, diputado.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar respetuosamente a la diputada que hizo uso de la palabra, si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Delia Guerrero Coronado, ¿está usted de acuerdo en que puedan adherirse a su propuesta?

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Claro que sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí está de acuerdo la diputada, diputado. Todas y todos aquellos diputados que deseen adherirse a su propuesta, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente. Diputado, dígame.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): De igual manera, nada más para solicitar a la diputada Delia que me permita suscribir, si no tiene algún inconveniente, el punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ya manifestó su aceptación. Pase a la Secretaría, diputado, por favor.

DISTRITO FEDERAL - ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno delDistrito Federal, al gobierno del estado de México, a los titulares de la delegación Gustavo A. Madero y de los municipios de Ecatepec de Morelos, de Coacalco y de Tultitlán, a actuar coordinadamente para apoyar a las familias afectadas por la tromba del 30 de octubre.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Gracias, diputado presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, el pasado viernes 30 de octubre miles de hogares resintieron gravísimos daños e incluso sufrieron la pérdida total de su patrimonio tras la tormenta que cayó en la zona metropolitana de la Ciudad de México, afectando las faldas y la sierra de Guadalupe, los municipios del estado de México, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec de Morelos, y las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en elDistrito Federal.

Se calcula que el volumen de la precipitación fue de 7 millones de metros cúbicos, aproximadamente, lo que produjo enormes aludes de agua y lodo, y sólo en Coacalco afectó a una multitud de viviendas de la baja serranía, por el desbordamiento del río Cartagena, en su tramo de Tultitlán a Coacalco, en donde las placas de concreto fueron destruidas por la impresionante corriente que afectó la zona, como ustedes recordarán.

En Ecatepec de Morelos, el municipio más grande de América Latina y de nuestro país, las zonas más afectadas son San Andrés de la Cañada, Hank González, Los Bordos, La Esperanza y Ampliación San Pedro Xalostoc. La zona que sufrió más daños es San Andrés de la Cañada, en donde alcanzó el agua los 2 metros de altura. La fuerte lluvia ocasionó también el desbordamiento de una parte del río de los Remedios, a la altura del municipio de Naucalpan.

Ahora bien, en el Distrito Federal, en Cuautepec Barrio Bajo, en la delegación Gustavo A. Madero, numerosas casas quedaron bajo el agua debido al desbordamiento del vaso regulador El Cristo; Cuautepec Barrio Alto, Cuautepec de Madero y Cocoyoc, en esta zona también se desbordó el río San Javier.

En la delegación Azcapotzalco se reportó también el desbordamiento del río Hondo provocando que se presentaran fuertes inundaciones en la calzada de Las Armas, a la altura de San Pedro Xalpa.

El siguiente es el punto de acuerdo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, al titular de la delegación Gustavo A. Madero, al gobierno del estado de México, a las autoridades correspondientes de los municipios de Ecatepec de Morelos, de Coacalco y de Tultitlán, para que en el ámbito de sus competencias aceleren las medidas necesarias para apoyar a las familias que se vieron afectadas por ese fenómeno natural. Asimismo, a que hagan llegar a esta soberanía un informe detallado sobre el grado de afectación que se sufrió derivado de la tromba y sobre las acciones y programas de apoyo que se han estado ejecutando en esta zona. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, al delegado de Gustavo A. Madero, y a los presidentes municipales de Ecatepec de Morelos, Coacalco y Tultitlán a actuar de manera coordinada para proporcionar apoyo urgente a las familias afectadas por la tromba que se presentó el viernes 30 de octubre en la zona metropolitana de la Ciudad de México; y a hacer llegar a esta soberanía un informe sobre el grado de afectación derivado de ese fenómeno natural, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 30 de octubre, miles de hogares resintieron gravísimos daños e incluso sufrieron la pérdida total de su patrimonio tras la tormenta que cayó en la zona metropolitana de la Ciudad de México, afectando las faldas y la sierra de Guadalupe, en los municipios del estado de México: Tultitlán y Ecatepec de Morelos, y en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco en el Distrito Federal.

Se calcula que el volumen de la precipitación fue de 7 millones de metros cúbicos aproximadamente, lo que produjo enormes aludes de agua, lodo y rocas, que sólo en Coacalco afectaron las viviendas de la baja serranía por el desbordamiento del río Cartagena en su tramo de Tultitlán a Coacalco, en donde las placas de concreto fueron destruidas por la impresionante corriente que afectó la zona.

En Tultitlán se cuentan por miles las casas anegadas, presentando los principales daños las colonias Fuentes del Valle, La Mariscala, San Mateo Coatepec, Cocem y Los Reyes; sólo en este municipio suman más de 10 mil los damnificados.

En Ecatepec de Morelos, el municipio más grande de América Latina y de nuestro país, las zonas más afectadas son San Andrés de la Cañada, Hank González, Los Bordos, La Esperanza y ampliación San Pedro Xalostoc.

La zona que sufrió más daños es San Andrés de la Cañada, en donde alcanzaron los dos metros de altura el agua, arrastrando animales, vehículos y árboles.

La autopista federal México-Pachuca se vio detenida por la inundación de San Andrés de la Cañada al igual que una de las más importantes vialidades del oriente de la Ciudad de México, la Avenida Central, a la altura de Ciudad Azteca se vio también sumergida afectando a los vecinos de ese lugar.

La fuerte lluvia ocasionó también el desbordamiento en una parte del río de los Remedios, a la altura del municipio de Naucalpan.

Ahora bien, en el Distrito Federal en el barrio bajo de Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero, numerosas casas quedaron bajo el agua debido al desbordamiento del vaso regulador El Cristo (La Carreta), esta tromba provocó el descenso violento de agua de las zonas altas, lo que derivó en el desbordamiento del río Maximalaco, causando fuertes afectaciones en las colonias Malacates, Palmatitla, Valle Madero, General Felipe Berriozábal, Cuautepec el Alto, Cuautepec de Madero y Cocoyotes; en esta zona también se desbordo el río San Javier.

En la delegación Azcapotzalco se reportó también el desbordamiento del río Hondo, provocando que se presentaran una fuerte inundación en calzada Las Armas, a la altura de la colonia San Pedro Xalpa.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, al titular de la delegación Gustavo A. Madero, al gobierno del estado de México, y a las autoridades correspondientes de los municipios de Ecatepec de Morelos, Coacalco y Tultitlán, para que, en el ámbito de su competencia, aceleren las medidas necesarias para apoyar a las familias que se vieron afectadas por este fenómeno natural; asimismo, hagan llegar a esta soberanía, un informe detallado sobre el grado de afectación que se sufrió, derivado de la tromba, y sobre las acciones y programas de apoyo que se ejecutan en la zona.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, ¿desea usted manifestarnos algo?

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): Sí, señor presidente. Con sustento en los artículos decimosegundo y decimotercero de los acuerdos de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados; y en consideración de que el tema del punto de acuerdo propuesto por la diputada en uso de la palabra ha sido tratado por el diputado Jorge Hernández Hernándezen esta soberanía, el pasado 4 de noviembre, quiero solicitarle atentamente a la diputada Quiñones que si el exhorto que solicita pudiera ampliarse al gobierno federal, toda vez que existen áreas competentes como la Dirección General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación; y como la Comisión Nacional del Agua, que deberá participar en esta coordinación, para que también hagan llegar a esta Cámara el informe detallado que se solicita por parte de la diputada. ¿Estaría de acuerdo?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada María de la Paz Quiñones Cornejosi estaría de acuerdo con lo expuesto por el diputado Héctor Guevara, acerca de exhortar también al gobierno federal en los temas presentados hacia el gobierno delDistrito Federaly a los municipios en el estado de México.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Sí, acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada, por tanto, quedaría el exhorto correspondiente. Se turna a la Comisión de Gobernación, y se harán los exhortos en los términos.

Se ha propuesto posponer para la siguiente sesión la participación de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD.

BIOENERGETICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, dé prioridad a los productos rurales y campesinos en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos.

El diputado Gerardo Sánchez García: Con su venia, presidente. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a promover la generación de bioenergéticos, fomentando de este modo condiciones que permitan el aprovechamiento en el mercado interno de biocombustibles.

El que suscribe, Gerardo Sánchez García , integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

Una industria nacional de producción de bioenergéticos que tenga como su fuente de recursos naturales lo producido por los campesinos nacionales, generará empleos agrícolas y fomentará actividades económicas adicionales en el campo.

Cabe destacar que en la Conferencia y exposición anual de biocombustibles de las Américas, se concluyó que los países de Centroamérica y México poseen la tierra para ser fuente de suministros y podrán ser los líderes globales para la generación de productos bioenergéticos en el futuro.

Debemos ser muy claros. La producción de bioenergéticos genera importantes beneficios, como son el impacto ambiental positivo, la seguridad energética y el desarrollo rural nacional. Es precisamente en lo que se refiere a éste último punto, donde debe darse cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual establece en su artículo 1o., párrafo tercero, que se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización.

Por otro lado, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos tiene por objeto en su artículo 1o., la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable, como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano. Del mismo modo, en la fracción I establece que se promueve la producción de insumos para bioenergéticos y a partir de las actividades agropecuarias forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano.

Debe destacarse que dentro del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos se determina en su artículo 8o. que las dependencias y las entidades promoverán la participación de los sectores social y privado, a través de la celebración de convenios de concertación que tengan por objeto implementar los mecanismos, instrumentos, esquemas y acciones necesarias para la promoción y desarrollo de los insumos y bioenergéticos.

Asimismo, el artículo 9o. establece que las dependencias y entidades asegurarán la celebración de los convenios respectivos.

No obstante, no se ha dado prioridad a los productores rurales y campesinos del país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos. Por lo que propongo el siguiente acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, conformada por la Sagarpa, la Secretaría de Energía, la Semarnat, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, a dar prioridad a los productores rurales y campesinos de nuestro país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos, así como en la asociación de empresarios para el desarrollo de la industria nacional en la producción de bioenergéticos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar prioridad mediante la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos a los productores rurales y campesinos del país en la producción y comercialización de materias primas requeridas a fin de generar bioenergéticos, así como en la asociación con empresarios para el desarrollo de la industria nacional en la producción de éstos, a cargo del diputado Cruz López Aguilar , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Cruz López Aguilar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad que, en su caso, fuera aplicable, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias ha reiterado que, ante la realidad evidente del agotamiento de reservas petroleras en el mundo, la frecuencia de altos precios de energéticos no renovables y las consecuencias en la sustentabilidad ambiental, los bioenergéticos comienzan a abrirse paso en el siglo XXI, como una alternativa real para el desarrollo de todos los países del mundo.

Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México tiene 18 millones de hectáreas que podrían producir 20 toneladas de vegetación por hectárea y, con ello, 80 galones de etanol por cada tonelada de biomasa, por lo que, teóricamente, nuestro país podría producir más de 3.5 millones de etanol por día, lo cual lo situaría por encima de Venezuela y Kuwait en términos de producción energética de combustibles fósiles.

Una industria nacional de bioenergéticos que tenga como su fuente de recursos naturales lo producido por los campesinos nacionales generará empleos agrícolas y fomentará actividades económicas adicionales en el campo, ya que el peso y volumen de la mayoría de los cultivos energéticos dinamiza y capitaliza la producción rural.

Cabe destacar que en la Conferencia y Exposición Anual de Biocombustibles de las Américas se concluyó que la región andina de Sudamérica, Centroamérica y México poseen la tierra agrícola ideal para ser la fuente de suministros y que podrían ser las países de estas regiones los líderes globales para la generación de productos bioenergéticos en el futuro.

Las oportunidades de este enorme mercado potencial deben enfocarse a coadyuvar al desarrollo del país, tomando como punto de partida la producción de los campesinos mexicanos, generando un desarrollo sostenible en sus regiones, así como para lograr la autosuficiencia energética futura, llamar a una cultura de conservación de recursos no renovables y fomentar el uso de tecnologías y productos limpios que tengan un impacto positivo en el medio ambiente.

Debemos ser muy claros, la producción de bioenergéticos genera importantes beneficios, como son el impacto ambiental positivo, la seguridad energética y el desarrollo rural nacional; y es precisamente en lo que se refiere a este último punto donde debe darse cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual establece en su artículo primero, párrafo tercero, que ``se considera de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización''.

Por otro lado, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos tiene por objeto, de acuerdo con su artículo primero, la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano; del mismo modo, la citada ley establece en su artículo primero, fracción primera, que ``se promueve la producción de insumos para bioenergéticos a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano''.

Dentro de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos se establece, en su artículo primero fracción segunda que ``se debe desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para la población ; en particular las de alta y muy alta marginalidad'', lo cual se logrará si se da cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de dicha ley, donde se establece que son sujetos de ella los señalados en el artículo dos de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es decir, los ejidos, comunidades y los productores de recursos naturales de los que se puede obtener biomasa, de conformidad con la Ley de Promoción y De-sarrollo de los Bioenergéticos.

Debe destacarse que, dentro del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos se determina, en su artículo octavo, que las dependencias y entidades promoverán la participación de los sectores social y privado, a través de la celebración de convenios de concertación que tengan por objeto implementar los procedimientos, instrumentos, esquemas y acciones necesarias para la promoción y desarrollo de insumos y de bioenergéticos. Asimismo, dentro del artículo noveno, se establece que ``las dependencias y entidades asegurarán la celebración de los convenios con diversos fines, como son:

No obstante lo anterior, aún no se ha dado prioridad a los productores rurales y campesinos de nuestro país en la producción y comercialización de materias primas, así como en la asociación con empresarios para la generación de bioenergéticos, ni en el desarrollo de empresas nacionales para la industrialización de éstos.

Proposición

Única. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, conformada por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a dar prioridad a los productores rurales y campesinos de nuestro país en la producción y comercialización de materias primas para la generación de bioenergéticos, así como en la asociación con empresarios para el desarrollo de la industria nacional en la producción de bioenergéticos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Energía.

LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En los términos del acuerdo del 12 de octubre, pasamos ahora a excitativas. Esta Presidencia recibió del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se dirige a usted, a fin de que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por los diputados Ifigenia Martínez y Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández , de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática.

En la sesión del día martes 13 de octubre de este año fue presentada a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia . El Presidente de la Mesa Directiva ordenó: ``túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública''.

Es el caso que ha transcurrido más de los cinco días después de aquél en que se les turnó la iniciativa de mérito, conforme a lo que se establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hasta la fecha se haya formulado dictamen alguno.

Los suscriptores de la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana estamos convencidos de la imperiosa necesidad de su aprobación pues, entre otras cosas, se propone lo siguiente:

I. La reducción a 50% de las retribuciones y remuneraciones de todos los funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y del resto de las autoridades federales.

II. Proponemos en esta iniciativa la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, de los seguros de vida y los seguros de separación individualizados, para la alta burocracia de nuestro país.

III. Estamos también proponiendo que no se deben autorizar bonos o percepciones extraordinarias para los altos servidores públicos.

IV. También establecemos y proponemos la prohibición en la creación de plazas de secretarios privados, secretarios técnicos, coordinadores, asesores o equivalentes.

V. Algo muy importante en nuestra propuesta es la derogación de las pensiones de los ex presidentes de la República. También proponemos la prohibición, reajuste o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Como podemos apreciar, los temas que contiene la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana tienen plena vigencia para evitar gastos superfluos en el Gobierno y con ello generar ahorro de recursos públicos para ser destinados fundamentalmente a gasto educativo y gasto social.

En estos días la Cámara de Diputados está a punto de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y si nuestra propuesta es aceptada habrá un excedente de recursos que se destinen a satisfacer las necesidades apremiantes de millones de mexicanos.

Por estas consideraciones, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados, solicito:

Artículo Único. Formule excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia el 13 de octubre del presente año.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Kahwagi Macari, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias a dictaminar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 11 de octubre de 2005, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se reforma el inciso c) del artículo 43 y se adiciona el inciso I al artículo 49 para que el actual inciso I sea el J, y los posteriores se recorran sucesivamente, todos de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Las citadas comisiones dictaminadoras y de opinión, con fecha 18 de abril de 2006, dictaminaron a favor la iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; se reforma el inciso c) del artículo 43 y se adiciona el inciso I al artículo 49 para que el actual inciso I sea el J, y los posteriores se recorran sucesivamente, todos de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, el 27 de abril del mismo año, enviaron al pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen mencionado para primera lectura.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Formule excitativa a las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; se reforma el inciso c) del artículo 43 y se adiciona el inciso I al artículo 49 para que el actual inciso I sea el J, y los posteriores se recorran sucesivamente, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

ARTICULOS 14, 18 Y 22 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia recibió de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud de la diputada Adriana Sarur Torre , del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva formular excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para que dictaminen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de pena de muerte, presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde durante la LX Legislatura.

Antecedentes

1. En la sesión de pleno celebrada el 3 de marzo de 2009, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa que plantea la reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efecto de establecer nuevamente los fundamentos constitucionales necesarios, para permitir que se establezca en la legislación penal secundaria los supuestos específicos en los que procederá la aplicación de la pena de muerte.

2. Con esta misma fecha por mandato de la Mesa Directiva dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para la elaboración del dictamen correspondiente.

Consideraciones

1. El efecto intimidatorio que provoca la pena capital se comprueba en casos individuales que han sido documentados, donde los criminales han admitido que la pena capital fue la amenaza específica que les detuvo de cometer un homicidio bajo ciertas circunstancias, por su temor a ser ejecutados. De hecho, un estudio mostró que en una proporción de 5:1 los homicidas creen que la pena de muerte es un castigo lo suficientemente persuasivo para evitar que ellos o otros asesinaran a sus víctimas.

2. La ejecución de la pena no debe verse de forma aislada, pues ésta no es sino la consecuencia última de la comisión de un delito. Esto presupone que el condenado fue previamente oído y vencido en un juicio imparcial en el que gozó de todas las garantías que la Constitución otorga, durante el cual tuvo la oportunidad de desacreditar las acusaciones que el Ministerio Público formuló en su contra, sin olvidar que tuvo el derecho de que su caso fuera revisado por los tribunales superiores, una vez que fue sentenciado en la primera instancia.

3. Esta pena por su naturaleza no tiene el carácter de cumplir con la readaptación social del individuo; se trata de una medida extrema aplicada sólo en los casos límite cuyo único fin es privar definitivamente al delincuente de la posibilidad de volver a ofender a la sociedad. La prisión ordinaria y la pena de muerte son acciones con fines completamente distintos que no deben analizarse bajo los mismos criterios.

La iniciativa considera tres supuestos en los cuales se aplicaría la pena que se propone:

Delito de secuestro

Se propone reformar los artículos 366 y 366 Bis del Código Penal Federal para aplicar pena de muerte a los responsables de la comisión del delito de secuestro en los siguientes supuestos:

La pena de muerte sólo se aplicaría a delincuentes que, por su violencia y causas que los motivaron, reflejan el grado de inadaptación y desprecio a la ley y a la vida de otros que algunos miembros de la sociedad ya han alcanzado.

Delito de terrorismo

Partiendo de la base de que el delito de terrorismo es de competencia federal, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone modificar la sanción prevista para dicho delito, considerando los graves daños que su comisión produce, pero sobre todo el estado de incertidumbre, temor, zozobra, miedo, etcétera que este tipo de actos causan entre la población civil.

Delito de homicidio calificado

En el mismo tenor, se plantea la reforma al artículo 320 del Código Penal Federal, a efecto de sancionar con pena de muerte a los homicidas calificados, esto es, aquéllos que privan de la vida a otro ser humano valiéndose de la premeditación, la alevosía, la ventaja o la traición. Estos conceptos tienen un largo arraigo en nuestro sistema penal y además de que sus alcances están delimitados en el Código Penal Federal (artículos 315 al 319) han sido objeto de análisis tanto por la jurisprudencia como por la dogmática penal nacional.

Asimismo, se observa la figura de la falta de ``reconocimiento pleno'' en cuyo caso no se aplicará la pena de muerte.

Como podemos observar la iniciativa no busca la implementación de la pena de muerte como un método general, sino como un método estrictamente excepcional y con reglas muy claras para su aplicación. Recientemente una prestigiada empresa de encuestas hizo pública su más reciente levantamiento nacional sobre Medidas ante la inseguridad, opiniones ciudadanas, en donde ante la pregunta sobre la necesidad de aumentar los castigos contra el crimen, casi 100 por ciento de los entrevistados estuvo de acuerdo y ante la pregunta de imponer la pena de muerte sólo en delitos graves, 7 de cada 10 se respondieron a favor.

En este sentido, los especialistas afirman que una de las funciones del derecho constitucional consiste en el encuadramiento de los fenómenos políticos, entendidos como aquellos que deben encontrar cauce y solución a través de las leyes. El hartazgo social y la impunidad del delito ordinario y organizado, en cuanto a los delitos de secuestro y homicidio, nos lleva irremediablemente al agravamiento de una crisis que ya está aquí, y que atenta día a día con la forma de vida de todos los mexicanos. Es impostergable que nuestra responsabilidad se centre en la discusión objetiva que nos conduzca a la implementación de marcos jurídicos acordes con la realidad y demandas de nuestros electores.

Al día de hoy, han pasado más de seis meses desde que la iniciativa fue presentada y aún no contamos con dictamen alguno de las comisiones responsables, lo que obra en perjuicio del tema que se pretende regular y el proceso del cual emanó, razón por la cual, insto a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formula excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para que dictaminen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de pena de muerte, presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México durante la LX Legislatura.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

ENERGIA ELECTRICA EN MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la agenda política, relativa a la privatización de la energía eléctrica en México.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza: Señoras diputadas y señores diputados, me inscribí efectivamente para compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre la privatización de la energía eléctrica en nuestro país.

El artículo 27 constitucional establece, en relación con la industria eléctrica, que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.

En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. La ley secundaria establece que esas funciones son exclusivas de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, contraviniendo lo establecido en dicho artículo constitucional, empresas como Iberdrola Energía Monterrey, Generadora Eléctrica San Rafael, Distribuidora de Gas Natural, Mexhidro, CICSA, Quimobásicos y otras transnacionales están en el comercio ilegal de electricidad, venden energía pirata.

Éstas y otras empresas participan de una privatización silenciosa, furtiva, ilegal, que tiende a la desnacionalización de la industria eléctrica. En 2008 las cifras oficiales reconocían que 31.07 por ciento (70 mil 980 gigavatios/hora) de la capacidad total de energía eléctrica destinada al servicio público ya se encontraba en manos privadas. Sin embargo, hay estudios serios que establecen, con fundamentos, que prácticamente en la actualidad operan y generan 50 por ciento de la energía eléctrica.

¿Cómo operan? ¿Cómo se está dando esa desnacionalización? En diciembre de 1992, en la antesala del TLC, se publicaron reformas a la ley de electricidad mediante la creación de la Comisión Reguladora de Energía para una mayor atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Detrás de esa verborrea se disfrazó la arquitectura que generó esa cosa malhecha denominada Comisión Reguladora de Energía, cuya finalidad es la de constituirse ---y lo está haciendo--- en el brazo operador para desnacionalizar la industria eléctrica vía la privatización y el servicio de energía.

En un principio las empresas privadas echaron mano del artículo 36 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica y del 135 de su reglamento, y mediante las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, según las cuales las personas físicas o morales pueden producir energía eléctrica para destinarla a la satisfacción de sus necesidades propias, encontraron la venta de energía a través de lo que denominaban excedentes, de manera tal que si una compañía trasnacional generaba 500 kilovatios/hora y consumía 10 kilovatios podía vender el resto, los 490 kilovatios hora.

Luego vino una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional esa figura de los excedentes. Sin embargo, las empresas privadas no se han dado por vencidas y ahora han recurrido nuevamente, a través de ilegalidades, a la figura de los excedentes mediante el esquema de asociados o socios de a dólar.

¿En qué consiste este modus operandi? Ya no se venden excedentes, sino que se suministra electricidad a los socios de la empresa. Por ejemplo, Iberdrola invita como socio a un cliente al que se le obliga a comprar cuando menos una acción que vale un dólar y entonces ese copropietario, como dueño, paga el autoabastecimiento, no la compra de electricidad.

En la actualidad existen 24 permisos otorgados por la Comisión Reguladora, principalmente a empresas extranjeras. En un claro ejemplo de simulación tenemos el caso de la compañía citada, Iberdrola, que mediante un permiso que le dio la Comisión Reguladora, de 619.5 megavatios, que después, en 2006 lo amplió a mil 189.3 megavatios tiene más de 150 socios y mediante ese permiso, esa compañía le vende energía eléctrica en Monterrey, entre otros grandes corporativos, a Coca Cola, Colgate, Oxxo, FEMSA, Maseca, Protexa, Cementos Apasco, Cementos Mexicanos, Cervecería Cuauhtémoc y una lista innumerable de trasnacionales.

Un ejemplo adicional es el que ocurre con Mexhidro, esta trasnacional opera fundamentalmente con 15 socios y está llevando a cabo la venta de electricidad a diversos organismos municipales, léase ayuntamientos y organismos públicos de estados como México, Jalisco, Aguascalientes, Morelos y Guerrero.

Es el caso, por ejemplo, del ayuntamiento de Guadalajara, el ayuntamiento de esa ciudad es socio de a un dólar, puede ser consultado en Internet, ésa es su sociedad y le paga a Mexhidro 5 millones de pesos mensuales por concepto de autoabastecimiento.

En el valle de México desde 2001 empezó esta nefasta práctica de la Comisión Reguladora de Energía y a partir de ese año se otorgaron 145 permisos a favor de Telmex, Cinemex, Unilever, Nestlé, Mabe, Liverpool, Bryston, Firestone, Bimbo, Wal Mart, Laboratorios Abud, Gilsa y otras empresas, con lo cual evidentemente dejaron de comprar electricidad a Luz y Fuerza del Centro provocando, contribuyendo con ello a los números que se han mencionado.

Por ello, necesitamos en esta Cámara ver, debatir y discutir cómo podemos revocar esos contratos que a todas luces están en la ilegalidad, porque contravienen expresamente lo que establece el artículo 27 constitucional.

La invasión de empresas privadas de la industria eléctrica es un agravio a la nación que debe ser detenido vía la revocación de los permisos respectivos y se les debe exigir la reparación de los daños ocasionados a la industria eléctrica nacional.

Es un tema que seguramente nos acompañará en estos tres años y que tendremos que detener esa práctica silenciosa, furtiva e ilegal de privatizar la energía eléctrica en nuestro país y que tantos daños ha causado a empresas y lesionado a organismos sociales productivos como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, hasta por cinco minutos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Con su venia, señor presidente. Primero, un llamado respetuoso, para que nos tomemos en serio de que uniones parlamentarias las podemos hacer todos, como diría aquel famoso cómico ``jugamos como caballeros o como lo que somos''.

Hemos descubierto hoy, con sorpresa, varias cosas: uno, que la Junta de Coordinación Política no le hace caso a la Mesa Directiva; dos, que la Junta de Coordinación Política es defensora de los derechos de todos, no sé si de los ciudadanos o de los diputados.

A nosotros, nos protege la Constitución, la ley, el reglamento y el sentido común. Hemos descubierto entonces que se ha inventado un ombudsman parlamentario que creía que era un simple mandarinato.

Por último, si observamos lo acontecido en estos meses, veremos que no menos de 100 puntos de acuerdo e iniciativas versan sobre la materia eléctrica.

No añadiré ningún dato más a los que ha aportado el diputado Enrique Ibarra. Es claro que en una operación roedor, a partir del segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo se ha venido mermando la capacidad generadora y transmisora de energía eléctrica del Estado por una torpe interpretación de la Constitución que dice a la letra: ``Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público en esta materia. No se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará todos los recursos naturales disponibles.''

El legislador no quiso decir ---está la exposición de motivos, es la reforma del 60, está en todos los diarios de entonces--- que sólo la energía que fuera para un servicio público la generaba el Estado, la que sirve a la Secretaría de Hacienda o la que sirve al metro y si ya es una empresa, una casa particular, la pueden generar los particulares. Ésa es una inmensa tontería.

Así como en el Senado tuvimos ya un debate largo con expertos sobre el tema del petróleo, en donde muy parcialmente logramos parar esa operación de que se cuelen las empresas extranjeras por las rendijas abiertas en la ley, debiéramos tener un debate serio sobre la industria eléctrica, si queremos ser un Congreso responsable.

Me temo que en la gran decadencia de las instituciones empezamos a ser un Congreso fallido. La prueba es esta negativa de la Cámara a patrocinar una controversia constitucional que no es sino la defensa de sus propias prerrogativas frente a la justicia federal. Es claro el artículo 90 de la Constitución en el sentido de que las empresas descentralizadas, y desde luego el sector central del gobierno de la federación, sus entidades, se crean y desaparecen por leyes del Congreso.

Entonces, si esta Cámara es incapaz de defender sus prerrogativas constitucionales, la división de poderes desaparece como por ensalmo.

Lean, señores diputados, los invito, las dos últimas encuestas de la semana pasada sobre el desempeño del Congreso y por desgracia la opinión pública no está distinguiendo entre la actuación cómplice de la mayoría y la actitud defensora de los derechos de la sociedad, que todavía ejercemos algunos diputados con la responsabilidad que tenemos.

Si hubiera una disposición constitucional como la contenida en la fracción V del artículo 76, debiera haber una entidad capaz de declarar desaparecidos los poderes.

Estamos en vías de disolución del Poder Ejecutivo. Lo dice a gritos o en silencio el pueblo entero. Estamos en la coyuntura de una revocación de mandato. Seamos responsables, reordenemos nuestro trabajo, ofrezcamos a la opinión pública y a nuestros electores resultados positivos. No se valen las triquiñuelas parlamentarias, porque siempre habrá del otro lado.

Le recuerdo, señor Presidente, que somos diputados de tiempo completo, como hay parlamentarios de tiempo completo en todo el mundo. Pero los Parlamentos que conozco son ordenados y en el desorden sólo medra el abuso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Quiero agregar algunos elementos. Desde que inicia la política neoliberal en nuestro país, una acción sistemática de este modelo ha sido adelgazar el Estado mexicano, pero ese adelgazamiento, a través de las privatizaciones, se ha llevado en medio de una corrupción permanente y sistemática.

Cuando llegó a la Presidencia de la República Vicente Fox, desde sus primeros viajes al extranjero invitaba a las empresas transnacionales a venir al país a invertir en la generación de la energía eléctrica. Una condición que le impusieron fue elevar las tarifas de la energía eléctrica, y fiel cumplidor con las transnacionales en 2002, por medio de un decreto presidencial del 8 de febrero, se elevaron las tarifas eléctricas en nuestro país llegando a más de 185 por ciento, incluso en consumo doméstico. Ese mismo año Vicente Fox otorgó 36 permisos a empresas nacionales y extranjeras para la generación de energía eléctrica.

Dos años después, en 2004, la Auditoría Superior de la Federación auditó 19 de esos permisos y la situación que encontró fue tan grave que en consulta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM emitió una conclusión: Todos los permisos que se otorgaron en 2002, por el gobierno foxista, violan la Constitución; en consecuencia deben ser rescindidos.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vicente Fox acudió al Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte de Justicia declaró que la Auditoría Superior de la Federación no tenía facultades para emitir un resolutivo de esa naturaleza; es decir, el Poder Judicial, cómplice del gobierno foxista, permitió violaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Esto quiere decir que los gobernantes neoliberales, y sobre todo me refiero al periodo de Fox y ahora de Calderón, no han tenido empacho incluso en utilizar argucias de carácter legal o legaloide para violar la Constitución e ir privatizando paulatinamente el servicio de energía eléctrica.

En la actualidad más de 40 por ciento de la energía eléctrica, alrededor de 40 por ciento, violando el artículo 27 y 28 constitucional, es generado por compañías privadas, nacionales y extranjeras.

Con el decreto de extinción de Luz y Fuerza, el gobierno calderonista cumple muy bien su papel de usurpador porque ahora le usurpa a la nación una institución importante para el desarrollo nacional como es Luz y Fuerza.

La medida desarrollada por medio del decreto del 11 de octubre es una medida violatoria, artera, profascista e invasora. Violatoria, porque viola la Constitución en diversos de sus artículos. Artera, porque en pleno diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas tomó las instalaciones de Luz y Fuerza. Profascista, porque antes de publicar el propio decreto, la Policía Federal y el Ejército tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza. Invasora, porque invade las funciones de este poder autónomo que es el Poder Legislativo.

La medida artera que tomó Felipe Calderón atenta contra las facultades que tiene este Congreso. Exhorto a todos los diputados que tenemos dignidad a no dejar pasar una acción de esta naturaleza, porque estaríamos abdicando de una función que corresponde al Congreso de la Unión, y el pueblo no lo va a perdonar, compañeros.

Hay que recordar que en esta tribuna, en estas paredes están inscritos los nombres de los hombres que han luchado por la defensa de la soberanía de nuestra patria. Hay que recordar a Ricardo Flores Magón, que hoy seguramente estaría orgulloso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien nos decía: ``Nuestros enemigos nos ven pequeños porque estamos de rodillas. Levantémonos, pongámonos de pie''. Eso es lo que tiene que hacer este Congreso ante esta medida artera decretada por Felipe Calderón el 11 de octubre.

No bastaron muchos días, ni meses, para ver nuevamente que en el fondo de esta medida se encubren los negocios sucios, sobre todo de fibra óptica, que sistemáticamente ha denunciado el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Hoy mismo aparecen denuncias sobre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que pretenden prestar el servicio de calidad, entre comillas, en la zona centro del país.

El gobierno estadunidense de Barack Obama, a través del Departamento de Justicia, dio a conocer el encausamiento a dos empresarios: uno estadunidense y uno mexicano, por encabezar una red de corrupción, de Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo es amarrar contratos con la paraestatal mexicana.

¿A dónde vamos a llegar, compañeros diputados? Es muy claro que de acuerdo al artículo 79, en su fracción XIV, la medida que tomó Felipe Calderón invade las funciones de este Congreso de la Unión.

Por eso, para concluir, exhorto a todos ustedes, a los que tienen dignidad, a los que podrán ver a los ojos a nuestro pueblo, para que hoy firmemos la controversia constitucional que de manera digna y efectiva este Congreso debe oponer ante la arbitrariedad de Felipe Calderón. No desmayemos, compañeros. No esperemos respeto de nuestro pueblo si hoy abdicamos de una función fundamental que es defender la soberanía nacional y, sobre todo, defender a una empresa que es pública y es patrimonio de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, y mayoritariamente honorables curules, quiero, primero, empezar por reconocer al diputado presidente que a pesar de las presiones que hubo mantuvo la decisión de la Mesa Directiva de respetar el formato de debate político que correspondía a partir de las tres de la tarde. Así como hay críticas que se le vienen realizando y que yo comparto varias, ésta merece el reconocimiento y se lo comento, diputado presidente.

Quiero, por otra parte, comentar, miren, lo que hoy estamos viendo en el Congreso es lo que vamos a ver los próximos tres años si nos dejamos.

Hoy, para quien tuviera dudas de la alianza en lo fundamental del PRI y el PAN, ha quedado claro que esa alianza es indisoluble. Votaron juntos los impuestos en contra de la mayoría de los mexicanos, cargarle más la mano, y manteniendo un grupo de privilegiados sin pagar impuestos.

Se repartieron el presupuesto como si de botín se tratara. Dejaron en ceros a la compañía Luz y Fuerza del Centro en un acto de irresponsabilidad inaudito. Y hoy han dado la espalda a la controversia constitucional.

Nos equivocamos si creíamos que la Corte iba a resolver bien. Vivimos un estado de simulación, y sabíamos lo que podíamos esperar de la Corte. Sin embargo, es nuestra obligación acudir a todas las instancias existentes en esta República simulada.

Pero hoy, el hecho de que le hayan dado la espalda a la controversia constitucional, lo único que hace es acendrar nuestra determinación de combatirlos con toda firmeza y con toda determinación. No los vamos a dejar que se sigan repartiendo el poder y que lo sigan ejerciendo en contra de los intereses de la mayoría de la población, porque están pretendiendo rematar una empresa que es patrimonio de los mexicanos, no les corresponde a ustedes. No le corresponde al usurpador de Calderón, nos pertenece a todos los mexicanos.

Y están queriendo doblegar a uno de los sindicatos más importantes que ha habido en este país, el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Pero, con esto que acaban de decidir y con el miedo que mostraron por la manifestación que había afuera, nos queda hoy, absolutamente claro, que es en la calle donde les vamos a ganar esta batalla. Es con la lucha y con la organización popular. Es ahí donde los vamos a poner en su lugar. Es ahí donde los vamos a ir a arrinconando, vamos a obligar a que renuncie Calderón, nos lo quieran creer o no. Lo van a ver.

Esta soberanía va a tener que tomar, en su momento, la decisión de un presidente sustituto, porque Calderón no sirve para nada. No sirve ni a los intereses que lo impusieron. Es un pusilánime y un tipo verdaderamente menor, que estorba al desarrollo de este país. Ya ni siquiera a los privilegiados les garantiza absolutamente nada, y sabemos que en este tema tampoco se cuenta con el PRI, porque el PRI quisiera tener ahí de parapeto a Calderón de aquí a 2012 para sus cuentas alegres de que va a llegar a la Presidencia de la República.

No va a llegar, no lo vamos a dejar. Con la participación y la movilización de la gente no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir.

Si creen que el copetudo va a ser presidente, eso no va a suceder, le vamos a cerrar el paso; se lo vamos a cerrar con organización, con participación, con lucha popular. Vamos a hacer que Calderón renuncie en primer lugar, lo tenemos que lograr. Nos va la vida literalmente en ello, porque no podemos permitir un gobierno que siga sumiendo en la miseria, en la desesperanza a este país; que siga haciendo actos inhumanos y criminales, como mandar a más de 40 mil trabajadores a la calle.

Se necesita tener quién sabe qué aquí, para tomar una decisión de ese tipo y se necesita no tener nada acá, para tomar una decisión de ese tipo en un momento de una crisis económica tan grave como la que se está viviendo en este momento en el país.

Así es que yo vengo a tribuna sólo a decirle a esa alianza del PRI y del PAN; que estamos claros cómo nos vamos a llevar los próximos tres años, nos vamos a llevar fuertecito, así están las cosas, así van a seguir. Vamos a ganar esta batalla política al final del día.

Al final de la jornada la razón, la justicia y la verdad tendrán que imponerse, porque no están dándose cuenta del enorme malestar, del enorme enojo, del enorme repudio de la mayoría del pueblo de México a esto que se llama clase política y que hace mucho ha dejado de servir a los intereses del país. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, hasta por cinco minutos.

Pedimos a los asistentes en galerías conservar el orden, por favor. Dentro de la reglamentación establecida en esta Cámara no se permite que los que están en las galerías intervengan en el desarrollo de la sesión. Les pido mantengan el orden a efecto de poder continuar.

Le pido, diputado, continúe. Continúe, diputado, por favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: No he empezado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Empiece, diputado. Es su tiempo, es su turno. Pedimos a todos los que nos acompañan en galerías conserven el orden.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros, queda claro hoy de nuevo... ¡Viva la lucha del SME, viva la lucha de los electricistas de este país!

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Va a hacer uso de la palabra, compañero?

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Sí. Compañeros, no hay orden. Compañeras y compañeros, creo que haber hoy sentado este precedente de guardar silencio frente a uno de los problemas más importantes del país, es de verdad muy preocupante.

Creo que esta pírrica victoria que están celebrando algunas compañeras y compañeros, debiera de llevarlos a la reflexión.

Hoy no están derrotando solamente a los electricistas con su silencio cómplice; hoy están derrotando la posibilidad de encontrar, entre todas y todos, juntos, las mejores formas para que estos problemas nacionales se enfrenten de una manera correcta. Lanzar a la calle a los compañeros y generar más irritación en la sociedad creo que no es el camino, compañeras y compañeros, diputadas y diputados.

Hoy estos vergonzosos acuerdos son el preludio de la gran batalla que está librando el pueblo de México contra la injusticia, contra la pobreza. Hoy los gritos lanzados aquí por los compañeros electricistas deberían llamarlos, de veras, a pensar de qué forma construimos un país mejor. Debería llamarnos a pensar de qué manera pueden explicar ustedes y justificar que se lance a la calle a 45 mil ciudadanas y ciudadanos y no decir nada en esta tribuna y ni siquiera justificar lo hecho. Me parece absolutamente irresponsable que este silencio cómplice siga a las voces y a los gritos de los electricistas.

A esta lucha de los electricistas, compañeros diputados y compañeras diputadas, yo no tengo dudas, se irán sumando dignidades; y su ejemplo de lucha será la mejor respuesta al disimulo al que hoy aquí se ha acudido. Se prefiere guardar silencio, se prefiere mejor abandonar la sala, se prefiere dejar a un pequeño grupo de compañeras y compañeros, evitando la posibilidad de debatir. Creo que no es el camino que debe seguir el grupo mayoritario.

Sean cuales sean sus razones, el silencio es lo peor que pueden hacer, compañeros. La nación entera estaba pendiente de qué estaban planteando el PRI y el PAN. ¿Pero qué plantearon? Un acuerdo ominoso, un acuerdo que da pena a los trabajadores; que no justificaron ni siquiera en la tribuna las razones que tienen para liquidar una empresa nacional. No justificaron ni siquiera aquí en la tribuna las posibilidades de debatir con ustedes qué es lo que podemos hacer para que podamos encauzar estos temas, estos problemas nacionales.

El silencio de ustedes hoy debe apenar a todo el panismo y a todo el priismo nacional, porque solamente vinieron a votar y a dar la espalda a los trabajadores. Vinieron a votar y se largaron del recinto, a fin de cumplir su tarea. La cumplieron bien, pero esta pobre victoria no les va a traer buenos beneficios de ningún tipo, compañeros. ¿Con qué valor moral podrán ustedes encarar las razones de los que vinieron hoy sólo a votar?

A ustedes que me han escuchado hoy, les doy las gracias. De veras, este país necesita un Congreso que debata ideas, que debata razones. Hoy los electricistas, con su ejemplo de dignidad, seguramente están salvando la dignidad que hoy en este Congreso faltó. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez.

El diputado Francisco Hernández Juárez: Ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados, en realidad ya no le veo mucho sentido a presentar los argumentos que en un momento tenía previstos para tratar de exhortar a la mayoría de mis compañeros diputados a encontrarle una salida legal al problema que estamos enfrentando. En todo caso, sí me gustaría dejar constancia de algo que me parece fundamental. Los compañeros electricistas se encontraron de pronto frente al comportamiento histórico que han tenido, frente a la lucha que su actual comité ha llevado, con una respuesta que el gobierno les dio para quitarse de ese problema.

Tenía varias vías para encauzar su acción, cuando uno está revisando contrato colectivo y nos toca sentarnos con la empresa a discutir cuáles van a ser las nuevas condiciones de trabajo, la empresa o el gobierno, sobre todo si es una entidad pública, tiene la oportunidad de presentar sus propias propuestas, si es que algo no le gusta de la empresa, de cómo opera o de las prestaciones que tienen los trabajadores.

Tenía la posibilidad de encauzar un conflicto de carácter económico para decirle a la Junta de Conciliación: ``las condiciones de mi empresa ya no dan para mantener estas prestaciones y esos trabajadores, por tanto, considero que me debes declarar en quiebra para yo definir una relación distinta con los trabajadores''; o tenía la vía de una iniciativa para pedirle al Congreso, como nosotros creemos, que definiera, que presentara una nueva ley para que el gobierno pudiera, mediante un decreto, operar como lo hizo con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Es un gobierno que, ya lo definió Stiglitz hace unos días, es el gobierno que más mal hizo las cosas para enfrentar la crisis y que, en general, hace mal las cosas y crea problemas como los que estamos enfrentando en este momento. Simplemente como tiene en Javier Lozano a un bofe al que le gusta subirse al ring y golpear a todo el que se le pone al frente, decidió que éste era el camino y así aconsejó al presidente, a quien, además, no parece que le haya disgustado la medida para operarlo, y decidió dar un decreto, extinguir la compañía Luz y Fuerza y despedir a todos los trabajadores.

Presentamos un punto de acuerdo a esta Cámara para hacerle notar que el gobierno estaba actuando de manera ilegal, que no había respetado las facultades del Congreso para expedir esa ley; aceptó la asamblea, se nombró un grupo plural y se nos dieron 12 días para presentar el resultado de nuestro trabajo. Ustedes se acuerdan que tomaron ese acuerdo y que teníamos el compromiso de presentar ese resultado del trabajo que hicimos, se lo pasaron por el arco del triunfo los que aquí toman las decisiones y les pareció que era mejor ni siquiera presentar el resultado de ese trabajo.

Tan complicado, que no pudimos llegar a un acuerdo de consenso de si procedía o no esa controversia. Es tan complicado que hay jurisprudencia a favor de que sí se dé la controversia y jurisprudencia en contra de que no proceda la controversia. Estamos metidos en un problema legal, donde en realidad hay fuertes tendencias a creer que no se violentaron los derechos de la Cámara, pero también hay fuertes tendencias a que sí se violentaron.

Lo que estábamos pidiendo exclusivamente, ya que además la Cámara dispuso de los recursos de esa empresa, lo único que pedíamos es que le dieran la oportunidad a los trabajadores para que no utilicen otras vías, que les permitieran utilizar todos los caminos de carácter legal que le son posibles para que a través de los mecanismos de la ley puedan encontrar un cauce a su preocupación, a su inquietud, a su enojo.

Ya por la vía del amparo ya se demostró que el gobierno actuó inconstitucionalmente, ya les aceptaron el amparo de manera definitiva y la controversia iba a darle cauce a esta inconformidad, lo único que les pedíamos es su firma, hasta nos dijeron: si nos llevan a votación, vamos a tener que votar en bloques, si lo hacen buscando las firmas, de esa manera ustedes van a tener mayoría para poder promover la controversia. Y nosotros dijimos: si eso ayuda, por qué no lo buscamos.

Resulta que no quisieron ni que se presentara el trabajo, resulta que ni siquiera quieren subirse a debatir, resulta que ni siquiera quieren la controversia, ¿Bueno, qué quieren? ¿Que se metan los trabajadores a la fuerza a la Cámara? ¿Que los trabajadores realmente nos preparemos para hacerles una huelga nacional? ¿Para qué? Porque no entienden de otra manera.

¿Cuáles son los procedimientos, entonces, que podemos...? Simplemente nos hacen el vacío, se quedan callados. ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo entre todos?

Creo que esta Cámara tiene una gran responsabilidad: ayudarle a este gobierno ineficiente a hacer bien las cosas y sí podíamos acreditarlo viendo que legalmente el tribunal determinara si hubo o no violación a las competencias del Congreso. A mí me parece que estamos rehuyendo una responsabilidad fundamental.

A mí me parece importante dejar constancia que el Congreso no está cumpliendo con su responsabilidad. No está contribuyendo para que los problemas se resuelvan, por la vía pacífica y legal, y si quieren que utilicemos otros recursos, yo sinceramente no soy participante de ellos.

He estado teniendo diferencias serias con quienes contribuyen y toman medidas de otra naturaleza que violentan el funcionamiento del Congreso. Pero, sinceramente, parece que no entienden de otra manera.

Si esos son los recursos a los que tenemos que llegar, qué lástima. La verdad, qué lástima. Yo sentía que había posibilidades de generar los consensos que este país necesita, pero el Congreso nos está demostrando que no es así, que hay que utilizar todos los recursos que sean posibles para hacer valer nuestros derechos. Gracias, muy amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. No cabe duda que los hechos hablan más que las palabras. Lo que tanto se dijo en los días de la negociación para la integración y la definición del presupuesto de egresos aquí se está corroborando.

Hubo venta de voluntades a cambio de ciertos privilegios para establecer o fortalecer algunos cotos de poder. El silencio y la omisión aquí manifestados, no son más que una expresión de la falta de argumentos para debatir, y es una actitud cínica y de oprobio. Hay que decirlo con todo lo que significan sus letras.

Aquí ya se ha hablado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra cómo hubo toda una estrategia de desinversión operada concientemente contra Luz y Fuerza durante años. A pesar de la prestación del servicio eléctrico en la zona más poblada del país, con todo lo que significa su complejidad la compañía seguía funcionando.

Se argumentó, de manera fundamental, el costo del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas con la compañía Luz y Fuerza. Pero todas las prestaciones y los montos que lograron contenerse en el contrato colectivo fueron logrados por medio de un acuerdo entre las partes, entre el gobierno federal, Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Se hicieron, incluso, convenios de productividad 2008-2012 que contenía acuerdos muy claros para alcanzarlos en ese periodo, y todas las metas que les correspondieron a los trabajadores sindicalizados del SME se lograron al ciento por ciento.

Solamente, hay que decir, que el área comercial no había alcanzado hasta el momento del decreto de extinción, precisamente las metas, lo que expresa en todo caso una mala administración que fue incapaz de dirigir acertadamente esta compañía.

Ahora se pone de ejemplo, para tenerlo como un paradigma, el papel, la rentabilidad, la transparencia y la honestidad con que se maneja la Comisión Federal de Electricidad, una compañía, por cierto, prácticamente privatizada: el monto de la deuda contraída, ahora reconocida como deuda pública a través de la figura de los Pidiregas, alcanza 6.8 por ciento del producto interno bruto. Éste es un dato dado, por cierto, por Bancomer.

De esa manera se mantienen en realidad las finanzas de la CFE: a final de cuentas, transfiriéndolas al pueblo de México. Además, hay que decirlo, a través de estas figuras y por las que aquí se han mencionado de la confederación, entre otras, 40 por ciento de la energía que produce CFE es privada.

Y ahora además, como se señalaba también aquí, en las últimas horas ha quedado claro que hay una red de corrupción que se ha denunciado, precisamente en la CFE. Ese paradigma de manejo eficiente, honrado y transparente de una empresa pública con una lista, además contenida en una prestigiosa revista electrónica, Reporte Índigo.

Ahí queda claro que los funcionarios involucrados en la red de corrupción ahí siguen, a la luz de todo mundo, operando y auspiciados por la actual dirección de la CFE; paradójicamente, curiosamente, apenas el 11 de noviembre fue reconocido el director, Alfredo Elías Ayub, con el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2009.

Cuando lo premió con esa consideración, Felipe Calderón dijo que Elías Ayub es un gran servidor público por convicción que ha marcado una pauta y un ejemplo para el resto de los funcionarios que sirven a México. A ver si se atreven a ir contra esas redes de corrupción y a ver si efectivamente están dispuestos a ir a fondo en la lucha contra la corrupción.

Por cierto, apenas la semana pasada una asociación internacional que mide la percepción social sobre los índices de corrupción hablaba de que en los últimos años del gobierno de Calderón hemos mejorado en corrupción: hoy somos más corruptos gracias a las acciones tan valientes, tan transparentes que ha estado ejerciendo el gobierno federal. Por eso decimos que hay un proceso inexorable de privatización que ha sido un error, y que están jugando con lumbre al tomar estas decisiones, pues lo que están haciendo es apostar a que a lo mejor en 2010 haya un incendio político y social a escala nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor presidente. También quisiera reconocerle, efectivamente, que haya podido, que haya facilitado la discusión de este tema. Éste no es un buen día para la Cámara de Diputados, no es un buen día porque, como han dicho aquí legisladores en los meses que hemos estado trabajando, sin duda la importancia del Poder Legislativo es muy grande para el país. Y cuando el propio Poder Legislativo renuncia a sus facultades, no puede ser un buen día para sus integrantes.

Existen 129 diputados, hace un rato, presentes en esta sesión; no voy a pedir verificación de quórum, no es necesario: cualquier diputado que observe la asistencia que hoy tenemos en el tema seguramente compartirá conmigo que no existe quórum suficiente. Seguido sucede en la Cámara de Diputados porque no tenemos una buena organización, porque a veces se convoca a comisiones al mismo tiempo de que está instalada la Cámara, porque hace hambre y hay que ir a comer o porque simple y sencillamente no interesa el tema. Seguido nos sucede que nos quedamos sin quórum suficiente.

Pero hoy, después de que esta Cámara había procesado durante semanas un difícil tema como es la extinción de la compañía Luz y Fuerza, un tema que mereció varias sesiones con debates intensos y fuertes sobre este asunto, donde se expresaron las distintas posiciones entre quienes creemos, como soy yo y muchos diputados, que se cometieron violaciones a la ley y a la Constitución por la manera como se desapareció a la compañía Luz y Fuerza, y quienes creen que ésta es una facultad del Ejecutivo, que utilizó de manera legal e íntegra, llevaron a que esta Cámara propusiera que una comisión especial, del más alto nivel, hiciera un análisis jurídico sobre este asunto y fuese presentado en su momento con un tiempo perentorio marcado por la propia Cámara al pleno de la Cámara para que, independientemente de la conclusión, esta soberanía conociera los argumentos de unos y de otros.

Con esa información, que la Cámara decidiese, por mayoría simple, si se interponía o no la controversia constitucional.

Un método que hemos seguido para culminar un tema tan delicado. Culminarlo es un decir; todo mundo sabe aquí que ese problema no culmina hoy con esta manera de actuar de la Cámara, sino que tal vez lo que estamos haciendo es, en vez de encauzar institucionalmente esta discusión y este debate, estamos provocando reacciones como las que vimos ahorita de obreros indignados.

Sí, de amenazas, tiene razón, y yo puede que no comparta algunas de esas tomas y posiciones, diputado, pero menos comparto que si esta soberanía había acordado escuchar el informe, que había una comisión especialmente normada por este pleno. Pero no se presentan y hay ausentismo y hay sólo 130 diputados. Los demás no están escuchando el informe de juristas, en un tema delicado, donde hay 40 mil nuevos desempleados, compañeros, y a veces también uno se indigna y se molesta.

Eso en nada ayuda al Poder Legislativo, en nada ayuda a la Cámara de Diputados. Nos estamos pegando un balazo en el pie, estamos debilitando al poder de la representación popular, independientemente de cuál hubiese sido su resolución. Para eso existía este pleno.

La verdad, repito, es un día triste desde mi particular punto de vista, un día de luto para la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel.

El diputado Avelino Méndez Rangel: Con su permiso, señor presidente. En mayo de 2007, en la Asamblea Legislativa en la cual era diputado, señalé a los miembros del PAN que la guerra que empezaban, esa llamada guerra contra el narcotráfico, no tenía futuro, que iba a ser una masacre y que no era el método para combatir ese grave flagelo que aqueja a nuestra sociedad. Y no hicieron caso. Cerraron los ojos, los oídos, ante esta advertencia, de la cual hoy estamos viviendo las consecuencias.

Eso es lo que impera cuando no hay razonamiento, no hay análisis de lo que puede suceder al tomar decisiones tan graves, como lo que hoy está sucediendo en esta Cámara de Diputados.

Señor presidente, las protestas sociales no se detienen con tubos para trabar las puertas de la casa del pueblo, esta Cámara de Diputados. Es una vergüenza para todos nosotros que este órgano de Estado se escude con cuerpos represivos, como la Policía Federal, en lugar de atender puntualmente la demanda pacífica de trabajadores que han sido despojados de su trabajo.

Éste es el grado de insensibilidad política ante un reclamo justo para que les devuelvan su fuente de empleo, arrebatada por un decreto ilegal a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo que obligó o que nos puso en una condición muy vulnerable hoy en esta Cámara?

Yo lo único que les quiero decir, compañeras diputadas y compañeros diputados, y lo digo por un compañero panista que siempre se está riendo de estas situaciones, que después no se pregunten ¿de dónde sale la movilización insurreccional? ¿De dónde? No son amenazas, es producto de la irritación de gente que ha sido despojada ilegalmente de su trabajo.

Esas sonrisas burlonas que hoy vemos aquí se van a transformar en muecas de angustia cuando los ciudadanos lastimados dejen las formas pacíficas que hasta hoy han imperado; parece que a eso le apuestan, a causar desesperación ante estos hechos que hoy pudimos resolver aquí en esta Cámara.

Aquí, resguardados por la policía se sienten seguros. Afuera se quedan tal cual, como ciudadanos que tienen que enfrentar su responsabilidad ante quienes mandan en este país: los mexicanos.

No podemos olvidar, es un error olvidar que los grandes movimientos transformadores requieren de sólo un grupo decidido a cambiar el estado de injusticia que priva en una nación. Así ha sido la historia de nuestro país y de otros que se han atrevido a sacudirse las cadenas de la opresión y la injusticia.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, se han ido acumulando agravios en este país, por una clase política panista y priista que aumenta los impuestos, mantiene los privilegios de los poderosos y echa a la calle a miles de trabajadores. Y, lo más grave, este Congreso que está abdicando, y lo he dicho ya varias veces, que está abdicando, que se niega a defender sus atribuciones.

Es un poder que se niega a ser poder. Es un poder que se hace eco de las viejas prácticas y no se atreve a asumir sus responsabilidades. La desesperación, la falta de salidas legales lanzan a los pueblos a luchas no pacíficas.

Aquí, hoy, perdimos la oportunidad ante lo que era sólo la firma de una controversia constitucional para darle cauce legal a la inconformidad que allá afuera está y que allá afuera la van a cobrar, ya lo dijeron.

No nos preguntemos después, ¿por qué esos brotes? ¿Por qué, dice aquí el diputado, esas amenazas? No, no son amenazas, son advertencias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su venia, señor presidente.

Hemos escuchado pacientemente los argumentos de los compañeros diputados. Quiero dejar bien, bien claro en la Cámara, que nosotros no apostamos a la violencia, que somos gente que creemos en el derecho, en la legalidad.

Si hoy no les asiste la razón, la justicia ni los votos en esta Cámara es porque legalmente la medida del presidente está ajustada a derecho. Venimos hoy no a defender al presidente de la República, sino a defender a esta Cámara de una facultad que tiene para ejercer o no un derecho.

Hemos abierto no solamente una comisión especial para dilucidar un tema de controversia que se tiene que manejar en otros trámites comunes, por la atención que pedimos, y los diputados del PAN votamos a favor.

Hoy no les asiste la razón, el derecho ni los votos, porque también la sociedad se ha manifestado a través de sus órganos. En este caso hay un boletín claro de la Barra Mexicana de Abogados que me voy a permitir leer y es un órgano independiente que emite criterios estrictamente jurídicos. Y aquí está, señores.

En cuanto a los temas constitucionales y administrativos cabe decir que si el órgano fue creado en un acto del Ejecutivo, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en que se funda el decreto, es facultad del Ejecutivo extinguir entidades descentralizadas que él mismo haya creado.

No es la primera vez que se hace. Está el tema de Ruta 100, el tema de Teléfonos de México. Es una facultad que no puede mermar. Nosotros sí invadiríamos la esfera del Ejecutivo al autorizar una controversia. No es una postura meramente política; es una postura legal y de derecho consagrada en los artículos 89 y 90 de la Constitución que prevé en el decreto, que le da facultades para disponer, al presidente, cuando se extinguen dos empresas privadas. Al revés. Dos empresas privadas, cuatro empresas privadas, perdón, se extinguen y se crea Luz y Fuerza del Centro. Cuando se crea, se emite un criterio que va acorde a que la nación debe conservar como área estratégica la luz, la electricidad, y estoy de acuerdo con ustedes.

Pero, también, cuando se emite el decreto de extinción se le da formalidad a la Ley Federal de Energía en donde dice el artículo 6o. que la que provee energía para este país es la Comisión Federal de Electricidad.

No estamos vulnerando, no estamos privatizando, no estamos haciendo otra cuestión que mantener el estado de derecho. Hoy no estamos renunciando a ninguna facultad; estamos ejerciendo la facultad de debatir. Aquí estamos debatiendo el tema.

Lo hicimos en una comisión. Si no se fijaron los puntos del debate como querían, ésa es una cuestión que acordó la Junta a través de sus representantes. Y tenemos que acatar ese mandato.

Hoy seguimos apostando a la legalidad. Vamos a continuar defendiendo las posturas que son acorde a la Constitución, a las leyes reglamentarias y a lo que conviene al país que se tiene que modernizar. El país tiene que avanzar y no volvamos este tema estrictamente jurídico en un tema político, porque entonces, cuando vengan otros órganos, otras instituciones, a pedir justicia, vamos nosotros a proceder en una controversia que no tenga ni fundamentación ni motivación hacia la Corte.

Debemos ser, como les dije, legales, racionales y apegados a las facultades que establece la ley, y hoy el presidente actuó en el marco de la ley, y por eso estamos aquí defendiendo el derecho que tiene a hacerlo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Qué lamentable, compañeros, venir todavía con un rostro de simulación, a intentar defender lo indefendible. Ustedes tienen que asumir su responsabilidad y no traten de ocultarla. La política del avestruz, de ocultarse y todo lo demás de fuera, no tiene sentido, es una parte del costo de gobierno y parte del costo de tomar decisiones, y asúmanlo como tal.

Nosotros tampoco somos partidarios de la violencia, pero aquí hay que ver quién es el que genera la violencia. Cuando se genera una violencia jurídica, haciendo lo que hizo el Ejecutivo, cuando se genera violencia en los medios de comunicación, mintiendo, diciéndole a la población lo que un sindicato no es, diciéndole mentiras. Esto es violencia, y eso, compañeros, va a generar irritación social.

Lo que ustedes vieron hace un momento no es otra cosa más que la irritación social de una instancia, de una decisión que se tomó de manera irresponsable y de manera ilegal. Eso es lo que han hecho.

Tomar firmas por encima del pleno no tiene otro sentido más que ocultar el rostro, no se atreven los compañeros del PRI y los compañeros del PAN, no se atreven en este pleno a decir: no, no vamos. No quieren que quede evidencia para la historia, porque saben que si se votara aquí quedaría una evidencia para la historia. Y no quieren.

De dónde sacaron esa argucia, porque son bastante imaginativos, de las famosas firmitas, cuando lo tienen que hacer aquí en el pleno.

Se forma una comisión que no entrega ningún informe, ninguno, ninguno, porque no hay ningún informe aquí. En consecuencia, cómo se toma el criterio de las decisiones que tiene que tomar este pleno, cuando ni siquiera se toma en cuenta a una comisión que no entrega informes.

Así de sencillo. Para los compañeros del PRI este asunto lamentablemente se convirtió simple y llanamente en un insumo de negociación, que los compañeros del PAN compran rápidamente por tapar un error cometido.

Para eso se convirtió. Para ustedes es un asunto de equilibrios políticos entre dos fracciones políticas; para nosotros es un asunto de equilibrio en la República. Abandonar la responsabilidad de vigilar al Ejecutivo en su actuar es la gran responsabilidad, y eso es lo que estamos aquí... y lo tenemos que regular.

El abandonar esa responsabilidad desequilibra los poderes de nuestro país, y por ende desequilibra una República.

Qué tiene de malo que un tercer poder dirima una diferencia entre un poder y otro. Eso es fortalecer una República. Lo que se está haciendo en este momento es debilitar una República, y eso es lo que se pretende, y al debilitar una República nace el autoritarismo, y al nacer el autoritarismo nace la violencia jurídica y después la violencia física.

Estamos frente a un Estado que ya perdió el derecho y donde ahora lo que va a prevalecer es el estado social, o sea, el temperamento social.

Hay compañeros que aquí vienen y dicen que no pasa nada. Les informamos que el mes pasado, según cifras del propio Ejecutivo, rompimos récord en la historia de nuestro país de desempleados y quien abonó una parte importante de ese récord fue Felipe Calderón, con 40 mil desempleados más. Eso es lo que está sucediendo.

Nosotros lo que tenemos que hacer es debatir y contribuir a la construcción del establecimiento de una República que traiga bienestar a la sociedad y no que la altere. Eso es lo que se está haciendo en este momento, por eso nosotros discutimos esto.

Compañeros, no nos extrañe la situación social. No se extrañen de los comentarios que hace gente que viene acá. No se extrañen de lo que va a pasar los próximos días. También debieron de haber calculado el costo social. Esa es la gran responsabilidad de ser gobierno y si no quieren esa responsabilidad no sean gobierno. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros al final decimos que fue una decisión errónea, una decisión ilegal y políticamente mal conducida.

El señor presidente tiene problemas con el Nobel, porque resultó ser un novel, muy novato para conducir. Lo digo con muchísimo respeto al Partido Acción Nacional. Salieron muy novatos para este tema, muy novatos. Les pasan cosas que ni siquiera tienen calculadas.

Condúzcanse correctamente y ayúdenle al país desde la responsabilidad que ustedes tienen y no la abandonen. El silencio, lo que hicieron hoy, es abandonarla. Quien abandona una responsabilidad abandona el poder. Quien abandona el poder deja a la sociedad a su libre suerte y cuando la sociedad está a su libre suerte, vamos a un caos social.

Así coméntenlo, así platíquenlo entre ustedes para que se sepan conducir. Ya no les hagan tanto caso a estos compañeros que nada más los están cazando. Ojo, los están cazando y ustedes, en mi opinión, ingenuamente se dejan atrapar y se conducen en acuerdos políticos que van a llevarlos a que pierda el país. Ni siquiera ustedes, porque no crean que ustedes nos preocupan, nos preocupa que ustedes pierdan el poder o el PRI; nos preocupa que pierda el país como lo está siendo en este momento. Reflexionen sobre sus decisiones y reflexionen sobre sus relaciones.

Ya no les entreguen más a quienes solamente ven en esto un insumo de negociación política; para el PRI, el SME es un insumo de negociación. Tengan cuidado con lo que juegan porque están jugando con fuego. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Amigas y amigos diputados. En este problema que se está analizando hay dos aspectos fundamentales; el primero me parece un exceso, en razón de la publicidad contraria a todo lo sucedido respecto del SME; se ha soltado la prensa, a través de la inversión federal, contra el sindicato.

Me parece preocupante, porque en una empresa privada o en una empresa pública debe existir una lógica legal. En este caso priva el desprestigio antes que un análisis correcto, antes que la aplicación de toda la norma jurídico-constitucional para ver quién fue el responsable de todos los hechos que se dieron en este organismo. Por tanto, no se ha hecho uso de la parte legal correspondiente, a ver quién es el responsable de tal situación, sino que se ha acusado a los trabajadores de una manera directa, sin mediar análisis jurídico alguno ni mucho menos deslinde de responsabilidades.

El segundo aspecto que se analiza en torno a este problema es, en efecto, de igual forma, la cuestión legal. No es tanto el número de diputados, más bien es la cuestión legal. No se han agotado de manera correcta todos lo términos legales para dar de baja a la empresa pública, sino, por el contrario, se ha hecho de manera errónea.

Lo anterior nos dice que, en nuestra República, esto es preocupante, porque los contrapesos y la aplicación de la justicia están en duda y, si esto continúa de esta manera, estamos vulnerando el principio de esta República. Ya lo decía Marco Tulio Cicerón hace muchos años, que los enemigos que están al frente y que son externos, son combatibles; pero cuando se dan al interior, asumiendo que no se quiere seguir el cauce legal y, mucho menos, ajustarse a la Constitución, es una situación delicada.

Por eso, amigas diputadas y amigos diputados, lo que está a discusión aquí, en esta Cámara de Diputados, es la legalidad, no el número de diputadas y diputados en votación. Por tanto, esa legalidad que hoy se viola en este recinto, en esta máxima tribuna de nuestro país, es lamentable, pero también es omisa a la justicia en este país.

Amigas diputadas y amigos diputados, tuvimos una oportunidad de discutir y desahogar en esta Cámara, y lo reitero, discutir y desahogar, para que la justicia se dé como tal; nosotros en esta Cámara no podemos hacer las bases del Poder Judicial y aquí se ha intentado acallar con votos lo que le corresponde a otro poder. Por eso, hoy queda constancia de no haber asumido la obligación que la patria nos ha dado a cada una y cada uno de los diputados aquí presentes.

Muchísimas gracias, diputado presidente. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tenemos inscritos al diputado Guadalupe Acosta, al diputado Ramón Jiménez, a la diputada Laura Itzel Castillo, al diputado Rodolfo Lara. En los términos del artículo 116, al final de la intervención del último orador preguntaré a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El diputado representante del Partido Acción Nacionalha subido a esta tribuna a dar una serie de argumentos jurídicos legales que él comparte y cree que son razón que justifica la desaparición, mediante un decreto de parte de la Presidencia de la República, de Luz y Fuerza. Eso es lógico y saludable que así se defienda.

Esta Cámara es representación de la pluralidad del país. El Congreso, las Cámaras, ese problema intentaron resolver. Con anterioridad solamente había lo que hoy llamamos Poder Ejecutivo, y en aquel tiempo eran de distintas maneras monarquías, que no tenían un contrapeso y que había un poder absoluto.

Las cámaras de diputados en sus distintas modalidades, que han tenido distintos rumbos en todos los lugares del mundo, se constituyeron para que se reflejara la pluralidad del país en cuestión. Y por tanto, es normal que quien comparte el partido y las ideas de quien gobierna a México, no siempre sucede, pero es muy común que opinen de manera similar.

Lo que nosotros, o yo he venido aquí a reclamar, es que este Poder Legislativo nombró una comisión plural, conformada en su integración de juristas, presidida por el diputado Navarrete Prida, y que hicieron un estudio desde mi punto de vista serio, que recogió la dos posiciones jurídicas que se vertieron sobre el tema y que la intención de esta comisión era que se viniera a ilustrar a la Cámara de Diputados por una comisión que este pleno nombró, para que la Cámara tomase una decisión de si interponía o no el recurso de inconstitucionalidad.

No se presentó el informe. No se trajo a este pleno el trabajo que realizaron diputados durante semanas, y donde la visión que el diputado sostiene y otras con mucha mayor amplitud ---él tiene un espacio pequeño para poder, sin ninguna duda, reflejar aquí lo que motiva una tendencia y opinión respecto a este tema--- no se vio reflejada aquí. Ni tampoco la tendencia que refleja una opinión muy amplia de que debía interponerse, por esta Cámara, el recurso de inconstitucionalidad.

Lo que yo digo es que ante un tema tan delicado, lo que yo vengo a alegar aquí no es que los compañeros del PAN compartan la opinión de licenciado Calderón, pues es muy normal, y qué bueno que se sube y expone sus puntos de vista. Eso es lo adecuado.

Estamos en el tema de agenda política discutiendo el asunto, porque fue el último recurso para que esta Cámara pudiese conocer de diferentes opiniones sobre el tema, porque mediante una votación ampliamente mayoritaria se evitó que se considerara un asunto de urgente u obvia resolución y se presentase un informe oficial por parte de la comisión, en el que se recogían las distintas tendencias, y se diese un debate abierto, franco, con el estilo de cada quien, porque cada quien tiene un estilo para argumentar en esta Cámara. Hay gente a la que le gusta tener un cierto estilo, hay gente a la que le gusta tener otro cierto estilo, y cada quien se comporta de acuerdo con su responsabilidad y con sus creencias.

Pero lo que a mí me parecía adecuado, correcto, es que se diese ese debate, que se conociesen las posiciones, y que la Cámara, como había acordado, resolviese si se interponía o no el recurso. Y tal vez, por lo que veo, hubiesen sido mayoría quienes hubiesen considerado que no era adecuado que la Cámara de Diputados presentase este recurso. Y eso pudiera hasta entenderlo.

Lo que no puedo entender es esta maniobra legislativa, para que las comisiones que nosotros mismos formamos no terminen rindiendo informes al pleno en un tema tan delicado.

Ya termino, diputado, no soy de los que sube mucho y por lo regular cuando están las butacas solas casi no chiflan, pero ahora parece que algunas, aunque son pocas, sí pueden chiflar. Están molestos. Deberíamos estar un poco más molestos con los que no están en el pleno de la Cámara cumpliendo con su responsabilidad, por la cual votaron millones de mexicanos y que nos obliga a estar presentes en las sesiones cuando hay temas tan delicados, como es éste.

Termino y disculpen el exceso. Mí única observación es: compañeros, no denigremos al Poder Legislativo, las comisiones que nosotros mismos nombremos démosles el respeto suficiente para que presenten sus informes al pleno y la Cámara termine resolviendo siempre, en un sentido o en otro, lo que su soberanía indique. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Comento en definitiva los que están inscritos, antes de preguntar si está suficientemente discutido: diputado Ramón Jiménez, diputada Laura Itzel Castillo, diputado Rodolfo Lara, diputado Pedro Jiménez, diputado Encinas, diputado Carlos Alberto Pérez y diputado Roberto Gil.

Después de esto, estaremos cerrándolo totalmente. Tiene el uso de la palabra...

Discúlpenme diputados, lo he manifestado en dos ocasiones, por tanto no inscribo a otro diputado más. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Jiménez.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Buenas tardes compañeros. Gracias señor presidente. Parte de lo que aquí se ha mencionado es mentira. Alguien habló de un documento de una banda de abogados, perdón, de una barra de abogados en la cual se menciona que, de acuerdo a esta opinión, el Ejecutivo puede sustituir o puede liquidar empresas paraestatales, pero en ese documento, que ya lo conocemos, con una actitud fraudulenta, tramposa y de mala fe, no hace alusión a que en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, en el artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales se menciona claramente que para liquidar una empresa paraestatal debe recurrirse al ente que le dio origen.

Quiero decirles a todos ustedes que quien dio origen a Luz y Fuerza del Centro fue esta Cámara de Diputados y eso está muy claramente estipulado en el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía: que está Cámara de Diputados mandató al Ejecutivo para la constitución del órgano descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Con base a este artículo, quien puede suprimir o liquidar Luz y Fuerza del Centro solamente es quien le dio origen, que es la Cámara de Diputados y no el Ejecutivo, que por mandato de este Congreso constituyó esta entidad paraestatal.

Pero además, el artículo 79, fracción IV, dice claramente que la única facultada para legislar en materia de generación de energía eléctrica es esta Cámara de Diputados, también.

En consecuencia, si nosotros a sabiendas de que se han violado los procedimientos, la Constitución y la ley, no obramos en consecuencia, estaremos abdicando de una función básica de este Congreso.

Por eso quiero citar nuevamente a Montesquieu que decía: Si el Legislativo abdica de sus funciones, es decir, si el Legislativo permite al Ejecutivo actos que no le corresponden o no los sanciona, entonces el Legislativo abdica de su libertad, pues la libertad consiste en ejercer su poder, y no aplicar la libertad es aceptar la tiranía.

También Montesquieu afirmaba que la división de poderes es necesaria para crear una armonía en la República; es necesaria para evitar todo tipo de abusos de poder o de acciones tiránicas. Si uno de los poderes rompe ese equilibrio hay que trabajar para restablecerlo, pues cuando el equilibrio para la preservación de la República se rompe, el único camino que se abre ante nosotros es el caos. El equilibrio se restablece ejerciendo el poder que corresponde ---agrego yo--- a este Congreso de la Unión.

Si Calderón no hubiera violado la Constitución, la juez de distrito no habría otorgado la suspensión definitiva al amparo que solicitó el Sindicato Mexicano de Electricistas.

En consecuencia, quiero decirles a ustedes con toda claridad: si este Congreso no obra como lo plantea Montesquieu para restablecer el equilibrio de poderes, lo va a hacer nuestro pueblo. Pero debe quedar muy claro que quien está violentando el orden institucional es Calderón, con su alianza con las cúpulas del PRI y del PAN.

Por eso, desde aquí me dirijo a todos los mexicanos, a aquellos que por sus venas corre la sangre de Morelos, que corre la sangre de Juárez, de Cárdenas, de Ricardo Flores Magón y de otros grandes héroes cuyos nombres están inscritos aquí, para llamarlos a restablecer el poder que una tiranía está usurpando a nuestro pueblo, en contra de las luchas más sagradas del mismo.

A aquellos mexicanos, repito, por los que corre la sangre de estos grandes hombres, los llamamos a formar la cuarta República, a restablecer la República y a darle a nuestra patria y a nuestro pueblo una vida más digna, que no solamente esté beneficiando, como en el momento actual, a las cúpulas de la oligarquía nacional y de las empresas transnacionales.

Ante esta tribuna hago el juramento firme y solemne de que lucharé con firmeza, y si es preciso daré la vida, para restablecer el orden constitucional en nuestra patria. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Señor diputado presidente, diputadas y diputados, en primer lugar quiero, desde esta tribuna, solidarizarme con las 11 mujeres que se han puesto en huelga de hambre, compañeras mexicanas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde aquí, toda nuestra solidaridad y respeto por su entereza, por su valentía.

Hace unos momentos, el diputado del Partido Acción Nacional señaló que no estaban, dentro de su bancada, a favor de la violencia. Yo quiero aquí decir claramente que en este país existe una gran violencia que se ha promovido por parte del Estado; que hasta este momento se reportan 16 mil 500 muertos a causa de esta fallida guerra contra el narcotráfico y que detrás de ella sabemos que lo que está también es criminalizar las luchas sociales.

La legitimidad es la capacidad que tiene el Estado para obtener obediencia sin la fuerza, sin la violencia, sin esta violencia que se está ejerciendo desde el gobierno usurpador; sin embargo, aquí vemos que existe un gran miedo, basta salir alrededor de este recinto y encontrarnos con cómo se encuentra infestado de la Policía Federal Preventiva.

Basta ver a Felipe Calderón cuando está en algún evento, cómo está rodeado por las fuerzas armadas, ya sea policía privada, ya sea el Ejército, la PFP, pero no hay otro signo de sus reuniones que no sea ése; transita con miedo.

Hay un dato importante que me parece que es necesario señalar; el presidente Lázaro Cárdenas, militar, invertía en educación, invertía en programas sociales, y se enorgullecía de que no había una gran inversión en la milicia, cuestión completamente contraria a lo que caracteriza al actual gobierno usurpador, que incluso en seguridad pública, en este presupuesto que ustedes aprobaron, duplicó la cifra de lo que fue la inversión en 2008.

Para las fuerzas armadas hay más de 100 mil millones de pesos si nosotros juntamos todos los rubros; sin embargo, es también en este país donde existe, en la actualidad, el mayor índice de desempleo, el mayor índice de muertos, incluso está considerado que en el caso de Ciudad Juárez ya rebasó a los muertos que hay en Bagdad. ¿Y cuál es el resultado que estamos viendo de la implementación de esta política? Un enrarecimiento, una provocación que se le está haciendo a los mexicanos, a las mexicanas.

La respuesta que dieron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas al salirse del recinto hoy, debería servirles a ustedes, del PRIAN, de termómetro de cómo se encuentra la situación actualmente en el país, de qué es lo que han provocado estos gobiernos neoliberales. Aquí no nos debe extrañar, porque el mismo que se encuentra al frente de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, es el mismo que se encuentra en esas oficinas instaladas desde la época de Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional.

Por tanto, no por el hecho de que aquí escondan su cabeza quieran que no salga a la luz pública lo que está detrás, que es este proceso de privatización y de entrega de nuestros recursos naturales al exterior, porque una cosa es clara: la energía eléctrica está privatizada, y eso es lo que está detrás de la política que han estado ejerciendo.

Y una cosa, para finalizar, lo que demuestran al no subirse a la tribuna y lo que demuestran al no mandar y firmar esta controversia constitucional es la gran cobardía que los caracteriza. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunas.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Ciudadano presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, me dio gusto que subiera un diputado panista, porque creo que de eso se trata, de que haya debate, del cambio de ideas, ojalá subieran más.

Cuando vimos que los compañeros electricistas de manera iracunda salían, y escuchamos algunas expresiones de algunos de ustedes, panistas, entendiendo que prácticamente se exhortaba a la violencia, cabe la reflexión: y este país ¿cómo se ha construido?

El año que entra vamos a celebrar 200 años de Independencia, ¿cómo se obtuvo? No fue con conferencias, no fue con marchas, no fue con mítines. Fueron 11 años de guerra, 11 años de enfrentamientos entre los insurgentes y los realistas. Fue una revolución la que nos dio la Independencia de México.

Vamos a celebrar también, el año que entra, 100 años de la Revolución Mexicana, y la dictadura porfirista también cayó no usando las buenas maneras, que a veces quisiéramos que existieran para siempre, fue también, un gran movimiento armado que duró 10 años. Gracias a esa Revolución surgió la Constitución que está rigiendo la vida de México.

Pero también quiero recordarles que si tenemos libertad de conciencia, libertad de culto, fue por otra revolución, la que se inició en 1854 y que posteriormente produjo las Leyes de Reforma.

No me vayan a acusar de que esto es una apología a la violencia o que la estamos llamando, simplemente estamos recordándoles que este país, cuando se le han cerrado las vías legales, las vías pacíficas, es el único país de América Latina que ha hecho tres grandes revoluciones y cada una de ellas ha durado más de 10 años.

Por ello, me sumo a la crítica que han hecho los compañeros, de que fue un gran error histórico el no haber permitido que finalmente fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidiera si realmente el decreto del Ejecutivo es legal o no era legal.

Incluso, hasta dónde estamos llegando, que hasta ahorita mi formal compañero Francisco Hernández Juárez , ni siquiera les quieren recibir el documento con las firmas, ¿de qué se trata?

No se asusten luego de que tomemos las tribunas. No se asusten luego de las protestas airadas. Este régimen desde que tomó el poder se ha distinguido, precisamente, por no respetar la ley.

Calderón asumió la Presidencia de la República después de haber emprendido una guerra sucia que violentaba las normas electorales y de haber cometido un escandaloso fraude electoral. Para decirlo con sus propias palabras: ``gané, haiga sido como haiga sido.''

Pero sin duda, en donde se ve con toda claridad y transparencia su autoritarismo ---que incluso el propio Manuel Espino lo expresa en una revista, en una entrevista, al acusarlo de autoritario--- es cuando termina por doblegar el orden jurídico nacional en este conflicto electricista.

Desde su inicio se mandó al cesto de la basura la vida normativa que deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se metió en la vida del Sindicato Mexicano de Electricistas al negar la toma de nota al candidato triunfador Martín Esparza.

Luego, actuando como cualquier gorila de una república bananera y utilizando al Ejército y a la Policía Federal, tomó las instalaciones de Luz y Fuerza, para después emitir un decreto en donde liquida a esta empresa y manda a la calle a 44 mil trabajadores, terminando por suprimir de facto al sindicato más combativo, crítico e independiente de los últimos 95 años.

En cambio se alía ---como ya todo mundo lo dice en México--- con los sindicatos charros, autoritarios, corruptos, como es el SNTE y el sindicato de los petroleros.

Termino. Cuando estallan las huelgas de Río Blanco y Cananea seguramente el dictador pensó que una vez más la paz había triunfado. No entendió, tres, cuatro años después, que el pueblo se levanta en armas precisamente para mandarlo al lugar en que merecen estar todos los dictadores: el basurero de la historia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León.

El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados, cualquier balance objetivo que quiera realizarse sobre la industria eléctrica en México y la situación que hoy viven Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene que partir forzosamente del desempeño y el papel que juegan para la prestación del servicio público de energía eléctrica dos empresas: Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad.

Poco en realidad se ha valorado el papel que juega Luz y Fuerza del Centro en el contexto nacional. No olvidemos que opera en la Ciudad de México que tiene una densidad de población comparable con Tokio, siete veces más densa que Madrid y 25 veces más que Berlín.

Luz y Fuerza del Centro atiende a dos de las entidades con mayor número de habitantes: el estado de México, con casi 15 millones, y el Distrito Federal, con 9 millones de habitantes. Esta empresa enfrentó múltiples problemas, como la dificultad que representa la construcción de una red subterránea compleja, obstruida por el ambulantaje, y alimentadores de más de 100 kilómetros de extensión.

Con todo, los trabajadores lograron constituir una organización industrial que les permitiera crear un conjunto de procesos para autoabastecerse de los insumos necesarios para el desarrollo de la industria eléctrica. Se crearon talleres que le dieron la capacidad suficiente para reparar transformadores de distribución y de potencia, que reportaron a la empresa un beneficio de hasta 50 por ciento.

Además, a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza tiene la capacidad para reparar transformadores, fabricar torres de transmisión, postes, herrajes y tableros. Por lo tanto, es claro que la deficiencia que se le pretende atribuir al sindicato en realidad es sólo un pretexto para agraviar a los trabajadores y poder crear las condiciones de privatizar el sector eléctrico.

El otro asunto al que me quiero referir es al artículo 9o. del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994, a través del cual se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que se fundamentó en otro decreto de fecha 27 de diciembre de 1989, a través del cual se reformó el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual dispuso la constitución, estructura y funcionamiento de un organismo descentralizado que tendría a su cargo la prestación del servicio eléctrico.

El artículo transitorio referido, modificado por el Congreso, mandató al presidente de la República a la emisión de un decreto para crear la compañía Luz y Fuerza del Centro. Por tanto, el Ejecutivo debió enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el propósito de que el Congreso le facultara a emitir el decreto de extinción.

Al no haberse seguido el procedimiento en los términos del artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que señala: ``en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su crea-ción, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción o liquidación'', es evidente que el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro es a todas luces ilegal. El decreto violó la Constitución.

Quiero recordarles que quien llegó a la titularidad del Ejecutivo, ``haiga sido como haiga sido''; y que en esta tribuna haya entrado como haya entrado, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República; y, ésta, en su artículo 73, en su fracción XI, señala que otorga al Congreso la facultad exclusiva para crear y suprimir empleos públicos de la federación y aumentar o disminuir sus dotaciones.

Ya que la compañía Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la administración pública federal, estaba sujeta a la normatividad emitida por el Congreso. Por esa razón debimos haber presentado la controversia constitucional. Los seis diputados de Convergencia firmamos a favor de ello y lo sostenemos por ser inconstitucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente. Señores diputados, los que aún quedan. Han venido a hacer uso de esta tribuna a decir que le entremos al debate. Han venido a hacer uso de esta tribuna diciendo que no se da el uso de la palabra, que no se permite discutir, que no hay los argumentos necesarios; inclusive, más allá, algunos se atreven a decir que quizás otros, sumiendo la cabeza, no subimos a esta tribuna por temor.

No, señores diputados, no se equivoquen. No es temor lo que nos mueve a no subir el día de hoy a la tribuna, como muchos de ustedes quizá quisieran, para podernos engarzar en un carrusel de la diatriba, la amenaza, el chantaje y la ofensa vana que no lleva a debate alguno. Eso no es debate parlamentario, señores diputados. Ante la amenaza, la descalificación, la injuria y la agresión, nosotros siempre responderemos con educación, tolerancia y respeto.

Nadie ha dado aquí, a muchos de los que han subido a esta tribuna, la facultad de ser censores de determinar cuándo supuestamente les asiste la razón y cuándo no. Porque ahora resulta que este Congreso debe depender de la decisión de unos cuantos y cuando se hace lo que esos cuantos determinan; entonces ese Congreso es honorable, entonces ese Congreso cumple la ley, entonces ese Congreso cumple su trabajo. Y si no, todo lo contrario, señores diputados.

Aquí ha habido amenazas más allá de lo que permite cualquier estado de derecho. Y así como se ha venido a hacer uso de esta tribuna para amenazar, para advertir, para señalar lo que pudiera suceder, no se les olvide que mucho nos ha costado, inclusive a muchos de la izquierda, a muchos de Acción Nacional y de otros partidos, que hoy este país tenga instituciones democráticas, con muchas necesidades de cambio, con muchas cuestiones que hay que modificar, pero a eso es a lo que tenemos que entrarle como un debate serio y de fondo.

Nadie está contento con el país en las circunstancias que hoy nos reclaman a que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde.

Venimos a escuchar aquí que unos creen que procede la controversia y que otros no lo creen. No se equivoquen, señores legisladores, éste no es un acto de fe. En Acción Nacional estamos seguros que esta controversia no procede y no procede porque en cuatro reuniones de la comisión de trabajo dimos los argumentos jurídicos y en cuatro debates en este pleno hemos discutido esos argumentos jurídicos.

Quiero decirles, y me hicieron recordar mi infancia, ahora resulta que de tin marín, de do pingüé, decía por ahí la frase que algunos usábamos cuando éramos niños. Aquí vinieron muchos diputados a decir que querían una acción de inconstitucionalidad. De tin marín, de do pingüé. No resultó porque se dieron cuenta de que no era acción de inconstitucionalidad. Después dijeron: siempre no, vamos a la controversia constitucional. Ni los votos, como ya lo dijeron aquí, ni los argumentos, ni la razón, les asistieron. De tin marín, de do pingüé. Vamos al amparo y el amparo tampoco les dio la razón.

Hoy se presenta un punto para decir que la Corte haga uso de su facultad de investigación. Por fin, señores, ¿dónde está la inseguridad?

Nosotros seguimos afirmando y confirmando que la controversia constitucional no procede en términos legales, en términos de que el presidente hizo uso de una facultad asistiéndole la ley. Y con gusto le entramos al debate, pero al debate de altura, con ideas, con argumentos, no a la diatriba, ni a la amenaza, ni al chantaje. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Roberto Gil.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, por alusión personal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No hay alusiones personales, están debatiendo, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Entonces, para hechos. Si no quiere para alusiones, para hechos.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, diputado presidente. Este es el cuarto debate que sostenemos sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro y nadie puede acusar a Acción Nacional de que no ha plantado la cara con argumentos, con razones, decidida y valientemente para respaldar al presidente de la República en la determinación que ha tomado.

Nunca rehuimos al debate como algunos de ustedes quisieron. Estuvimos presentes en todos y en cada uno de los foros en los que se discutió la cuestión que se planteó en esta Cámara de Diputados.

Las únicas reflexiones que hoy nos quedan nos sugieren que, por fin, el país, encabezado por el presidente, tomó una decisión por mucho tiempo pospuesta, porque este país ha empezado a ser el país de las historias, de las decisiones pospuestas; de las decisiones que no se toman, porque se asume que no es el momento o porque no hay las condiciones.

Este país ha sido el país de las historias, de las decisiones pospuestas, porque no se tiene el valor democrático de tomarlas y de venir a defenderlas en cada una de las tribunas que existen en el país.

Quienes hablan en esta tribuna de irritación social, no se dan cuenta de que la mayor irritación social que se genera en el país es precisamente por la ausencia de decisiones, porque la clase política, los responsables públicos, las autoridades políticas no resuelven los problemas ni cumplen el mandato al que han estado encomendados.

Eso es lo que genera irritación social, señoras diputadas y señores diputados, que no se resuelvan los problemas. La política, hemos dicho en esta tribuna, no puede ser ocasión de conflicto, ni la pluralidad ocasión para la inacción.

Es momento que las instituciones tomen las decisiones valientes y decidas que demanda el país. Nadie nos puede decir, nadie puede reclamar a Acción Nacional que no vino a esta tribuna a decir que la decisión del presidente de la República no solamente se sostenía en razones jurídicas, sino también en razones económicas. Un profundo pasivo laboral que pagaban todos los mexicanos aunque no recibieran el servicio.

Vinimos a decir aquí en múltiples ocasiones, que los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro, como refleja el informe al que tuvimos ocasión de ver los miembros del grupo de trabajo, decía con toda claridad que los costos eran superiores al producto de las ventas.

Que Luz y Fuerza del Centro recibía transferencias federales por 42 mil millones de pesos anuales, 300 mil millones de pesos en toda una administración, ocho veces el programa Oportunidades, nada más y nada menos que el Fondo Nacional de Infraestructura.

Vinimos a sostener las razones económicas de esa decisión, porque consideramos que los miles y miles de millones de pesos pueden ser utilizados para la prestación de un servicio público de calidad que beneficie a los ciudadanos.

Vinimos a decir aquí, que había que representar las voces de las familias que sufren cortes de la electricidad, de las empresas que no pueden abrir por falta de suministro de electricidad, de las empresas y de las personas que reciben una tarifa injusta por un servicio malo y deficiente.

Todos esos argumentos vinimos a sostenerlos aquí en el seno de la tribuna del Congreso, en la representación nacional, y no porque sea nuestra obligación defender las decisiones del gobierno federal. Lo hacemos por convicción, porque respaldamos al presidente, y porque nunca hemos tenido la duda de que esa decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro era una medida de modernización del país. Una medida pospuesta por sexenios. Una medida que no había sido tomada, porque no se había tenido el valor democrático para sostenerla de cara a la sociedad.

Estamos convencidos de la necesidad, de las razones jurídicas, de las razones económicas, de la importancia histórica de la decisión que ha tomado el presidente de la República, y sabremos, sabemos y estamos ciertos de que la historia escribirá una página en la que declarará que esa decisión fue oportuna, valiente y decidida. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría, en los términos del artículo 116, que fue señalado con anterioridad, consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera suficientemente discutido.

En consecuencia y en virtud de que se ha cumplido con el tiempo reglamentario de la duración de la presente sesión, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de noviembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de octubre de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 17:40 horas): Gracias. Se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 de la mañana. Repito, el próximo jueves a las 10 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 20 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 280 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 433 diputados
• Oradores que participaron: 110
PRI 29 PAN 15 PRD 27 PVEM 8 PT 25 NA 3 Conv. 3
• Se recibieron o presentaron:
• 1 oficio de la Comisión Reguladora de Energía;
• 1 oficio de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Guerrero;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Veracruz;
• 1 proposición con punto de acuerdo de senador del PRD;
• 1 excitativa de senador del PRD;
• 1 excitativa de senador del PRI;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa del PT;
• 2 iniciativas de Nueva Alianza;
• 38 proposiciones con puntos de acuerdo
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona tres párrafos a la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social;
• 1 de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Acosta Naranjo, Guadalupe(PRD) Energía eléctrica en México: 248, 252
• Arce Paniagua, Óscar Martín(PAN) Energía eléctrica en México: 249
• Bailey Elizondo, Eduardo Alonso(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 95
• Bello Otero, Carlos(PAN) Niños con madres en los centros de reclusión: 145
• Bermúdez Méndez, José Erandi(PAN) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 65
• Bermúdez Méndez, José Erandi(PAN) Plaguicidas y nutrientes vegetales: 165
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Agencia de Noticias del Estado Mexicano: 138
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Energía eléctrica en México: 257
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Financiamiento de partidos políticos: 150, 157
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Luz y Fuerza del Centro: 30, 179
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Orden del día: 23, 227
• Caro Cabrera, Salvador(PRI) Estado de Jalisco: 163
• Caro Cabrera, Salvador(PRI) Financiamiento de partidos políticos: 157
• Castilla Marroquín, Agustín Carlos(PT) Protección de recién nacidos en hospitales: 157, 160
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Cámara de Diputados: 157
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Energía eléctrica en México: 254
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Cámara de Diputados: 178
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Energía eléctrica en México: 245
• Círigo Vásquez, Víctor Hugo (PRD) Artículos 3o., 4o., 5o., 24, 40, 115 y 130 constitucionales: 71, 78
• Concha Arellano, Elpidio Desiderio(PRI) Estado de Oaxaca: 218
• Cueva Sada, Guillermo(PVEM) Premio Ambiental Goldman: 148
• Damián Peralta, Esthela(PRD) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 91
• De los Reyes Aguilar, Jeny (PRI) Estado de Michoacán: 134
• De Lucas Hopkins, Ernesto (PRI) Cámara de Diputados: 178
• Di Costanzo Armenta, Mario Alberto (PT) Ley de Austeridad Republicana: 236
• Eguía Pérez, Luis Felipe(PRD) Artículos 3o., 4o., 5o., 24, 40, 115 y 130 constitucionales: 78
• Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús(PRD) Orden del día: 227
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Energía eléctrica en México: 243
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Luz y Fuerza del Centro: 30, 193
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Orden del día: 225, 226
• Gertz Manero, Alejandro(Convergencia) Gasto público: 168
• Gil Zuarth, Roberto(PAN) Energía eléctrica en México: 257
• Gil Zuarth, Roberto(PAN) Orden del día: 226
• Gómez Caro, Clara(PT) Estado de Jalisco: 153
• González Yáñez, Oscar (PT) Ley Federal de Telecomunicaciones: 68
• González Yáñez, Oscar (PT) Energía eléctrica en México: 250
• Guerra Abud, Juan José(PVEM) Ley para el Aprovechamiento de Ener-gías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 79, 84
• Guerrero Coronado, Delia(PRI) Estado de San Luis Potosí: 228, 231
• Guevara Ramírez, Héctor(PRI) Distrito Federal - Estado de México: 233
• Guillén Padilla, Olivia(PRI) Petróleos Mexicanos: 140, 145
• Hernández Juárez, Francisco(PRD) Energía eléctrica en México: 245
• Hernández Pérez, David(PRI) Peaje de motocicletas en autopistas nacionales: 170
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Energía eléctrica en México: 240
• Jiménez León, Pedro(Convergencia) Energía eléctrica en México: 256
• Jiménez López, Ramón(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 133
• Jiménez López, Ramón(PRD) Mina Pasta de Conchos: 197
• Jiménez López, Ramón(PRD) Energía eléctrica en México: 242, 253
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 84
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 93
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación - Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 237
• Lara Lagunas, Rodolfo(PRD) Energía eléctrica en México: 255
• Ledesma Romo, Laura Elena(PVEM) Estado de Baja California: 108, 113
• Liborio Arrazola, Margarita(PRI) Mujeres del sector rural: 161
• López-Portillo Basave, Jorge Humberto(PRI) Ley para el Aprovechamiento de Ener-gías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 84
• Martínez Armengol, Luis Antonio(PRI) Estado de Veracruz: 122
• Méndez Rangel, Avelino(PRD) Cámara de Diputados: 174
• Méndez Rangel, Avelino(PRD) Energía eléctrica en México: 248
• Mendoza Arellano, Eduardo(PRD) Distrito Federal: 223
• Moreira Valdez, Rubén Ignacio(PRI) Artículos 3o., 4o., 5o., 24, 40, 115 y 130 constitucionales: 78
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro(PT) Energía eléctrica en México: 241
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro(PT) Orden del día: 225
• Natale López, Juan Carlos(PVEM) Cámara de Diputados: 175
• Novoa Mossberger, María Joann(PAN) Sustracción de niños de clínicas y hospitales: 171
• Ochoa Mejía, María Teresa Rosaura(Convergencia) Orden del día: 227
• Pacchiano Alamán, Rafael(PVEM) Árboles de navidad naturales: 135
• Pacheco Castro, Carlos Oznerol(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 87
• Pedroza Gaitán, César Octavio(PAN) Estado de San Luis Potosí: 231
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Energía eléctrica en México: 256
• Ponce Beltrán, Esthela de Jesús(PRI) Isla Cerralvo: 120
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Distrito Federal: 197
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Salarios mínimos: 124
• Quiñones Cornejo, María de la Paz(PAN) Protección de recién nacidos en hospitales: 160
• Quiñones Cornejo, María de la Paz(PAN) Distrito Federal - Estado de México: 231, 233
• Quiñones Cornejo, María de la Paz(PAN) Distrito Federal: 194, 197, 220
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Luz y Fuerza del Centro: 31
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Orden del día: 225, 226, 227
• Ramos Montaño, Francisco(PRI) Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste: 109
• Ramos Montaño, Francisco(PRI) Comisión Especial para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas: 115
• Ramos Montaño, Francisco(PRI) Ley General de la Juventud: 46
• Rodríguez Martell, Domingo(PRI) Estado de San Luis Potosí: 231
• Sánchez García, Gerardo(PRI) Bioenergéticos: 233
• Sarur Torre, Adriana(PVEM) Artículos 14, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales - Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 238
• Soto Martínez, Leobardo(PRI) Estado de Jalisco: 117
• Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso(PRD) Colegio de Bachilleres: 129
• Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 130
• Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso(PRD) LXI Legislatura: 121
• Trujillo Zentella, Georgina(PRI) Intervenciones estéticas y cosméticas: 106
• Velázquez Esquivel, Emiliano(PRD) Energía eléctrica en México: 251
• Velázquez Esquivel, Emiliano(PRD) Gasto público: 169
• Zambrano Grijalva, José de Jesús(PRD) Energía eléctrica en México: 247
• Zamora Jiménez, Arturo(PRI) Petróleos Mexicanos: 145