SUMARIO

---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 compañeros diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero (a las 11:12 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de noviembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de octubre de 2009 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo

Con el que remite iniciativa proyecto de decreto que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Minuta

Proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Solo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y el artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ana Esthela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a incorporar en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo a los congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los de entidades afectadas por la migración internacional que lo deseen, para que contribuyan a la instauración de planes alternos que complementen aquél, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y evaluar, a través de la Semarnat y de la Profepa, si las acciones y obras relacionadas con el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna cumplen las normas ambientales y no representan un daño a los ecosistemas; asimismo, a solicitar el establecimiento de un plan de conservación y protección del manglar, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a observar estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental, a cargo del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob a incluir en el calendario oficial el 19 de julio como día para conmemorar la declaración de autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia Nacional, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a fijar en favor de las familias de Quintana Roo la tarifa 1B para homologar ésta con los estados de la península de Yucatán, a cargo del diputado Roberto Borge Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de los ex-trabajadores migrantes mexicanos braceros, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios del 2010 respecto de la emisión conmemorativa de los billetes de cien pesos, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía a resolver el problema del sector productivo lechero, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía realiza un extrañamiento a la Comisión Nacional del Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud de que el jurado del Premio Nacional del Deporte dictaminó como desierta la categoría deporte paralímpico, a cargo del diputado Carlos Torres Piña , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a supervisar y verificar el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos, así como al Gobierno del Distrito Federal, a ejercer la acción de extinción de dominio de la propiedad respecto a los bienes muebles o inmuebles utilizados o producto de los delitos de tráfico de menores, delincuencia organizada y relacionados, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a entubar el río Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, suscrito por los diputados Clara Gómez Caro , Arturo Zamora Jiménez y José Trinidad Padilla López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a modificar mediante la Segob y la SHCP las Reglas de Operación del Fonden para 2010, a cargo de la diputada Paula Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones mediante la Semarnat, en coordinación con los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala, para sanear la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, a cargo del diputado Sergio González Hernández y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el clima de inseguridad, que ha obligado a empresarios de Nuevo León a abandonar el país, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a diseñar y ejecutar acciones y políticas efectivas para erradicar y sancionar el elevado índice de feminicidios y delitos cometidos contra mujeres en esa entidad, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que Pemex entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones de la paraestatal para combatir el robo de combustibles, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al caso de Minera San Xavier, en San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Puebla a cesar el hostigamiento contra los habitantes de San Andrés Azumiatla, en dicha entidad, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una revisión de diversos actos realizados en la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de Quintana Roo, de Benito Juárez, de Isla Mujeres y de Cozumel a coordinarse y realizar las acciones necesarias para proteger el ecosistema de La Ollita, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Salud de esta soberanía que integre una subcomisión que dé seguimiento a las quejas, a las denuncias, a los incidentes y a las irregularidades que se presentaren respecto a la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1) en los hospitales y las clínicas del país, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a resolver el desfalco contra los ahorradores de la caja Coofia en Puebla, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SRA y a la Procuraduría Agraria a implantar los trabajos, las acciones y la revisión jurídica pertinentes para posibilitar la conservación y ampliación de la mancha boscosa en la sierra nevada de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; La Malinche, en Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz; la Sierra Negra, en Puebla, Oaxaca y Veracruz; la Sierra Norte, en Puebla y Veracruz; y Cofre de Perote, en Veracruz, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a iniciar en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta soberanía y con el Instituto Mexicano de la Juventud el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de creación de un número nacional único de tres dígitos para atender a víctimas de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al pleno de esta soberanía que cite al secretario de Salud del gobierno federal a fin de que exponga la situación actual y las acciones que se llevan a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza A (H1N1) en nuestro país, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Aduanas a solucionar el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular instalado en la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, o --en su defecto-- a suspenderlo durante la temporada navideña, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a supervisar, evaluar y verificar la correcta aplicación de la vacuna antiinfluenza AH1N1 entre la población, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a indicar la partida presupuestal y establecer lineamientos que permitan a los municipios de Guerrero comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; a señalar el procedimiento para que queden liberados de las observaciones que ya tienen respecto a este rubro; y a rendir informes al gobierno, al Congreso y a la Auditoría General de esa entidad sobre dicho resultado para su procedimiento legal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a aplicar los recursos necesarios para formar el registro nacional de ciudadanos, que se integrará con datos de identificación biométrica, a cargo del diputado Javier Corral Jurado , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a publicar la trigésima segunda lista de beneficiarios, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes a solicitar a la SCT que informe a esta soberanía sobre la vigilancia, el funcionamiento y la operación de los servicios aéreos de las líneas comerciales, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas ``representantes'' al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa para que les sea reconocida su calidad de trabajadoras, con respeto de sus derechos laborales, y se les afilie sin distingo en el régimen obligatorio del IMSS, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a establecer horarios para programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de los niños, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal --mediante la Semarnat y la Conagua--, de Jalisco y de Michoacán a emitir un convenio de actividades dirigidas a la implantación total de los acuerdos del Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Jalisco a solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad que someta a plebiscito la ejecución de la obra de la Línea 2 del Macrobús, que forma parte del Proyecto de Renovación y Movilidad, a cargo de la diputada Ana Esthela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Agenda política

Comentarios relativos al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de las diputadas María Antonieta Pérez Reyes , Leticia Quezada Contreras y María Guadalupe García Almanza , de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, respectivamente.

Comentarios en relación con el cambio climático, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con motivo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se celebra el 20 de noviembre, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del día de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LXXXVII aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul para el diputado Di Costanzo. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para hacerle una pregunta a la Presidencia, diputado. Quiero saber si nos puede explicar por qué razón no se ha enviado el decreto de presupuesto al Poder Ejecutivo, presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: No tengo información al respecto, pero tomo nota. Con mucho gusto la Presidencia toma nota de la pregunta que usted está formulando, con el propósito de que demos respuesta puntual a ella, señor diputado, con mucho gusto.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa de lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 280 diputadas y diputados, a las 11 horas con 20 minutos del martes 24 de noviembre de 2009, el presidente declaró abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensó la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprobó esta última.

Desde sus respectivas curules los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo, y Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional, realizaron comentarios en relación con el orden del día. El presidente hizo aclaraciones al respecto.

Se recibieron los siguientes oficios:

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados de:

La Cámara de Senadores remitió:

a) Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, presentada por el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

b) Solicitudes para que se presenten los dictámenes relativos a las minutas con proyecto de decreto suscrita por los senadores:

Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño , del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Juventud. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

El presidente informó a la asamblea que se encontraba de visita el doctor José Hernández Moreno, astronauta de origen mexicano, de Michoacán. Desde sus respectivas curules realizan comentarios de reconocimiento los diputados: Guadalupe Eduardo Robles Medina , del Partido Acción Nacional y Jorge Romero Romero , del Partido Revolucionario Institucional.

Se continuó con la intervención del diputado Juan José Guerra Abud , del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía.

Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

Se continuó con la intervención del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se continuó con la intervención del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo , en nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las 12 horas con 25 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 433 diputadas y diputados.

Se sometieron a consideración del pleno los siguientes dictámenes negativos con puntos de acuerdo de la Comisión de Seguridad Social, por los que se desechan las iniciativas que adicionan:

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo y se instruyó archivar los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones a los diputados:

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

• Guillermo Cueva Sada , del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que extienda un reconocimiento a los mexicanos ganadores al Premio Ambiental Goldman. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde su curul la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo, formuló preguntas en relación con la vigilancia en el Palacio Legislativo. El presidente hizo las aclaraciones correspondientes.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El presidente informa a la asamblea de la visita de la deportista medallista mundial de tae kwon do en Corea 2007, Ollin Yoliztlin Medina López, del estado de Veracruz.

Desde su curul el diputado Avelino Méndez Rangel , del Partido de la Revolución Democrática, formuló preguntas en relación con la vigilancia en el Palacio Legislativo. El presidente hizo las aclaraciones correspondientes.

Desde su curul el diputado Víctor Manuel Castro Cosío , del Partido de la Revolución Democrática, formuló preguntas en relación con la vigilancia en el Palacio Legislativo. El presidente hizo las aclaraciones correspondientes.

Desde sus respectivas curules formularon comentarios en relación con el desahogo del orden del día los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , de Convergencia; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez , del Partido de la Revolución Democrática; Juan Enrique Ibarra Pedroza y Jaime Fernando Cárdenas Gracia , ambos del Partido del Trabajo. El presidente realizó aclaraciones al respecto.

Se recibieron solicitudes de excitativas de los diputados:

Conforme al artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excitó a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

Se refirieron al tema de la privatización de la energía eléctrica en México, los diputado Enrique Ibarra Pedroza y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Ramón Jiménez López , en dos ocasiones, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández No-roña, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío , Francisco Hernández Juárez , José de Jesús Zambrano Grijalva , Guadalupe Acosta Naranjo , en dos ocasiones, Avelino Méndez Rangel , del Partido de la Revolución Democrática; Óscar Martín Arce Paniagua , del Partido Acción Nacional; Óscar González Yáñez , del Partido del Trabajo; Emiliano Velázquez Esquivel , del Partido de la Revolución Democrática; Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo; Rodolfo Lara Lagunas , del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Jiménez León , de Convergencia; Carlos Alberto Pérez Cuevas y Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró suficientemente discutido el asunto.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausuró la sesión a las 17 horas con 40 minutos y citó para la que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Desinterés general, diputado presidente, pero mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día comunicaciones.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en la integración de comisiones, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De enterado. Continúe la Secretaría.

COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA UNION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los diputados que representarán a la LXI Legislatura en la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión

La Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 132, numerales 1 y 2, comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados que representarán a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados en la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, por lo que somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se designa a los diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que se integrarán a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 132, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputados que integrarán la comisión:

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en octubre de 2009, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y la que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- XII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de noviembre del año en curso, la honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Sin otro particular, les reiteramos las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.

«Escudo.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- XII Legislatura.

Honorable Cámara de Diputados

La honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 72, inciso h), y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; así como de los artículos 55, fracción III, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone ante esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, que se fundamenta bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, en el Caribe Mexicano encontramos cinco especies de caracol, siendo la más abundante la del caracol rosado (Strombus gigas) que alcanza una longitud de 20-25 centímetros, habita en aguas claras a poca profundidad, aunque han sido reportados hasta los 120 metros y su hábitat típico son arenales, pastos marinos y pedacería de coral. Desde tiempos muy antiguos esta especie se ha capturado y utilizado como alimento de subsistencia, instrumentos musicales, piezas de ornato, materia prima para la construcción de herramientas e inclusive como moneda, sin embargo la demanda de su carne ha prevalecido sobre las demás.

Para el estado de Quintana Roo, uno de los pocos de la república que cuenta en sus litorales con la especie de caracol rosado también conocido como de abanico o reina, constituye un significativo recurso de tradición e importancia económica, al ser la segunda pescadería más importante después de la langosta espinosa (Panulirus argus), y tratarse de una de las especies marinas con un alto valor comercial debido a la demanda nacional e internacional con que cuenta. Aunado a ello el caracol tiene un valor heráldico ya que se encuentra representado en el escudo de este estado lo que le confiere además un alto valor cultural y social.

Siendo así y por las nobles características de este producto marino fue que al final de la década de los ochenta que la pesquería comenzó a declinar significativamente debido a la pesca furtiva, comercialización ilegal, así como consumo de producto durante las vedas, aunado a la falta de un marco legal que protegiera más esta especie.

Hoy por hoy esta pesquería aunque disminuida, sigue siendo aprovechada en Banco Chinchorro y Cozumel, y su fuerza de trabajo son aproximadamente 108 pescadores organizados en cuatro Sociedades Cooperativas, utilizándose un total de 76 embarcaciones, con un beneficio directo a más de 200 familias quintanarroenses.

La zona pesquera donde se extrae más del 90 por ciento de la producción de esta especie de caracol rosado es Banco Chinchorro ubicado entre los poblados pesqueros de Mahahual e Xcalak, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el cual fue declarado mediante decreto presidencial de fecha 19 de julio de 1996 área natural protegida, no obstante de esta cualidad y contar con un programa especifico de conservación y manejo cuyo objetivo es asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad genética de las especies existentes, planear y administrar integral mente el cuidado y uso de los recursos naturales de la región así como el aprovechamiento sustentable de los recursos incluyendo la pesca de caracol rosado, no ha sido suficiente para impedir la sobreexplotación pesquera y la comercialización ilegal de esta y otras especies en los últimos años.

Motivos por los cuales se han ejercido diversas acciones institucionales conducentes a proteger especies que por su valor natural y económico deben contar con medidas para regular su aprovechamiento y nos referimos al aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de marzo de 1994, por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, específica mente el caracol del litoral en el estado de Quintana Roo estableciendo un periodo de veda del 10 de mayo al 31 de octubre de cada año.

Asimismo, el 21 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-013-PESC-1994, con el fin de regular el aprovechamiento de las especies de caracol en aguas de jurisdicción federal de los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, incluyendo medidas de regulación que considera variaciones regionales y locales, tallas mínimas de captura, métodos de pesca y una cuota anual de captura.

Derivado de lo anterior, actualmente el Instituto Nacional de Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se encarga de garantizar la pesca bajo el principio de precaución consistiendo su manejo en estimar la abundancia de la población para recomendar una cuota anual de captura por zona, comparando la distribución geográfica y comportamiento del recurso para que el muestreo proporcione estimaciones precisas de biomasa. En Banco Chinchorro y Cozumel personal del CRIP Puerto Morelos realiza anualmente un conteo de caracoles por cuadrantes dentro de una red de estaciones. De esta forma se han definido criterios para el aprovechamiento basado en un modelo dinámico de producción excedente: disponer del 50 por ciento de la biomasa adulta manteniendo una densidad mínima de 0.0048 ind/m2, punto de referencia límite (PRL) para favorecer el éxito re productivo. La evaluación para la temporada de pesca 2008-2009 se realizó en agosto de 2008, dando como resultado que la densidad media de caracoles en Banco Chinchorro fue de 0.02 ind/m2, por lo que la cuota recomendada fue de nueve toneladas, sin embargo la densidad en Cozumel fue de 0.007 ind/m2, inferior al PRL, por lo que se recomendó no autorizar cuota de captura.

Así también otra medida adoptada fue la reforma al Código Penal Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de febrero de 2006, mediante la cual se adicionó al Título Vigésimo Quinto, ``Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental'', en su Capítulo Segundo, ``De la Biodiversidad'' una fracción II Bis al artículo 420, para contemplar como delito al que ``de manera dolosa capture, transforme, a copie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso...'' . No obstante esta medida indudablemente favorable dejó fuera al caracol rosado.

Posteriormente la medida más recientemente adoptada es el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de febrero de 2009, por el que se establecen periodos de veda para la pesca comercial de caracol rosado o blanco en aguas de jurisdicción federal correspondientes al litoral del estado de Quintana Roo, con el objeto de aumentar el periodo de veda además del ya establecido, durante todo el mes de febrero y noviembre además de contemplar la veda durante 3 años en el banco de Cozumel.

Lamentablemente pese a este último esfuerzo la experiencia ha demostrado que de ampliar del periodo de veda para inducir el aprovechamiento sustentable de este recurso pesquero en el estado de Quintana Roo, difícilmente mostrará una recuperación sustancial en las poblaciones de caracol, por lo que consideramos, se debe adoptar una medida análoga a la determinada para las especies de abulón y langosta, pues ya han desaparecido en algunas zonas de la costa del estado de Quintana Roo la población de este caracol.

El deterioro del caracol rosado declarado por la Carta Nacional Pesquera es evidente, basta mencionar que en el año de 1987 la cuota de captura para los pescadores otorgada fue de 71 toneladas, para la década de los noventa la cuota permitida fue de 45 toneladas, para el 2005 disminuyó a 21 toneladas y para el 2008 como anteriormente se expresó, sólo se permitieron 9 toneladas tal y como se detalla en la gráfica siguiente:

En esa tesitura y como resultado de las reuniones llevadas a cabo en el Comité Interinstitucional para la Atención a los Delitos Ambientales en el estado de Quintana Roo, es que se consolida primordialmente, la necesidad de reformar el marco jurídico de acción en aras de proteger la actual población de caracol rosado, asegurando su aprovechamiento futuro.

Este comité se creó el 13 de febrero de 2004 con el objeto de prevenir y coadyuvar en el combate de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en la actualidad se encuentra conformado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la delegación estatal en Quintana Roo de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como este honorable Congreso del estado de Quintana Roo entre otras autoridades federales, estatales y municipales, las cuales se encuentran verdaderamente comprometidas con el medio ambiente.

Razones por las cuales se ha promovido una mayor vigilancia en el área de Banco Chinchorro, además de una mayor coordinación entre instituciones e inclusive con los pescadores y comercializadores, para poder así frenar en la medida de lo posible este proceso de deterioro, sin embargo sabemos que se requiere del instrumento legal correctamente aplicado para lograr la subsistencia y aprovechamiento sustentable de la población del caracol rosado.

En este orden de ideas se propone reformar la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal con el objeto de aumentar la penalización a aquel que de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie esta valiosa especie dentro y fuera de las vedas establecidas, pues la norma actual solo prevé su protección dentro de la veda, estando expuesta la población de caracol rosado a la sobrepesca no autorizada en los meses de diciembre, enero, marzo y abril.

Así también se propone se disminuya la cantidad de kilogramos de peso de 10 a 8 kilogramos en virtud de representar, de acuerdo a la talla de la especie llámese langosta o caracol, una cantidad significativa de individuos de la población que reiteramos se encuentra en riesgo, asimismo se toma en cuenta que la cantidad de 8 kilogramos inclusive rebasa lo que pudiéramos llamar el consumo doméstico.

De esta forma, al adicionar esta especie dentro del numeral multicitado, objeto de la reforma, también se prevé que este delito ambiental sea considerado como grave, ya que el Código Federal de Procedimientos Penales vigente en su artículo 194 contempla como delito grave el supuesto contenido en el artículo 420, fracción II Bis.

Esta última medida se hace necesaria, toda vez que las amenazas y las agresiones a pescadores y autoridades son más recurrentes, y la larga pudieran originar otro tipo de conductas ilícitas y de mayor peligro para la sociedad, asimismo consideramos el impacto ambiental significativo de un elemento natural tan importante.

En este sentido, consideramos nuestro deber impulsar esta iniciativa en aras de proteger la vulnerabilidad de esta especie ante la pesca furtiva y la indiferencia social, así como de entender y transmitir la gran riqueza natural, cultural y económica del caracol, símbolo heráldico del estado de Quintana Roo.

Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados tenemos bien a someter a la consideración de esta respetable Soberanía Popular, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A las personas que hayan cometido el delito contemplado en el presente decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones del Código Penal Federal vigentes en el momento de su comisión.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Justicia

ESTADO DE SINALOA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0219, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/764/2009 suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de emergencia en municipios del estado de Sinaloa afectados por el ciclón tropical Rick.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio SEL/300/3258/09, de fecha 27 de octubre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el viernes30 de octubre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-0219, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el martes 27 de octubre de 2009, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:

Sobre el particular, nos permitimos comunicar que esta DGF se pronunciará respecto del punto de acuerdo antes transcrito, en los siguientes términos:

Visto lo anterior, y en atención al punto de acuerdo que nos ocupa, esta DGF informa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respecto de las acciones que se han llevado a cabo en el marco del Fonden y a través del instrumento Fondo Revolvente Fonden para dar atención a la ocurrencia del ciclón tropical Rick en Sinaloa:

Fondo Revolvente Fonden

Ocurrencia de lluvias severas el miércoles 21 de octubre de 2009, en 3 municipios de Sinaloa

Por su parte, y toda vez que en el punto de acuerdo que nos ocupa, se hace referencia a ``...la liberación de recursos..'' para la atención del ciclón tropical Rick, debemos mencionar que la autorización de recursos con cargo al Fonden para la atención de los desastres ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, se lleva a cabo a través del instrumento denominado Fonden Reconstrucción, por virtud del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, autoriza recursos, ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso Fonden Federal, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y sector vivienda, de las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Para efectos del acceso a los recursos con cargo a este instrumento, el ``Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales'' ³ (en lo sucesivo las ROF), establecen la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Desastre , suscrita por el titular del ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la Instancia Técnica Facultada respectiva ⁴ como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por éste.

En ese sentido, se informa que en el caso de la ocurrencia de lluvias severas el día 21 de octubre de 2009, provocadas por el paso del ciclón tropical Rick, el gobierno de Sinaloa, ya ha satisfecho los requisitos y formalidades establecidos en las ROF, por lo que, con fechas de noviembre de 2009, la Segob ya emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre solicitada por el gobierno de la entidad federativa antes aludida procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Rosario, Concordia, Mazatlán y San Ignacio (municipios que el gobierno de Sinaloa incluyó en su respectiva solicitud de Declaratoria de Desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa por el impacto del ciclón tropical ``Rick'' el día 21 de octubre de 2009. iniciándose con .ello las acciones tendientes al acceso de los recursos del Fonden, para dar atención al desastre aludido a través de su instrumento Fonden Reconstrucción mismas que se detallan a continuación:

Fonden Reconstrucción

Presencia de lluvia severa por el impacto del ciclón tropical Rick el miércoles 21 de octubre de 2009, en 4 municipios de Sinaloa (Rosario, Concordia, Mazatlán y San Ignacio)

Finalmente para un adecuado entendimiento de la información que antecede, y a fin de brindar una visión más clara de la operación y alcances del Fonden, a continuación se ofrece una descripción sucinta de las características generales de este programa federal, de los instrumentos que opera y de los procedimientos de acceso los mismos.

Para tales efectos, consideramos oportuno mencionar que el Fonden, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen procedimientos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).

El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:

Procedimiento de acceso a los suministros de auxilio del Fondo Revolvente Fonden

El procedimiento de acceso a los suministros de auxilio que se otorgan con cargo a dicho instrumento financiero, se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento:

La DGRMSG enviará la información detallada de los contratos y/o pedidos a la DGF, para que se coordine con las instancias responsables de la recepción de los insumos para las entidades federativas declaradas de emergencia, sobre las condiciones establecidas con los proveedores, de acuerdo a las características de las fichas técnicas, los tiempos de entrega y la recepción de las mercancías.

• La entidad federativa correspondiente será la responsable de distribuir en los municipios declarados en emergencia los insumos autorizados (artículo 15, último párrafo, de los lineamientos).

• A efecto de dar por concluida la vigencia de las Declaratorias de Emergencia, la Dirección General de Protección Civil (DGPC) de la Segob, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la difusión vía boletín de prensa de la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva, enviará a la CGPC una opinión manifestando si, a su juicio persisten los efectos de la emergencia ante la población o si por el contrario, han dejado de surtir sus efectos, debiendo tomar en cuenta los argumentos e información que, en su caso, envíe la entidad federativa declarada en emergencia.

En el evento de que la opinión de la DGPC determine que han cesado los efectos de la emergencia, la CGPC emitirá a más tardar al día siguiente de recibido el citado dictamen, el aviso de término de la emergencia mismo que se difundirá mediante boletín de prensa a través de cualquier medio de comunicación y/o medio electrónico disponible, informando de inmediato a la DGRMSG y a la DGF del cierre de la declaratoria de emergencia, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en los 6 días hábiles siguientes (artículo 11 de los lineamientos).

De acuerdo al procedimiento que antecede, es importante destacar que a la DGF sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los insumos del Fondo Revolvente Fonden, desde la ocurrencia de la emergencia, hasta la autorización de los mismos, por lo que conforme al procedimiento antes descrito no es la encargada de realizar las compras respectivas, ni actúa como ejecutara de la distribución de los mismos.

Procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

No obstante para pronta referencia a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

Para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá seguir el procedimiento que a continuación se indica:

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas: 1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009.3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.4 Puede ser la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales; la Comisión Nacional del Agua, en cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos; el Centro Nacional de Prevención de Desastres, si se trata de fenómenos geológicos.5 La declaratoria de emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación de que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador, que pudiera provocar un daño a la sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (artículo 7 de los lineamientos).6 Según se ha visto, aquellos entes facultades para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.7 Entendiéndose éstos como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes. así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Declara la Segob el fin de la emergencia en los municipios de San Ignacio, Mazatlán y Rosario, de Sinaloa

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer hoy el aviso de término de la declaratoria de emergencia que emitió el pasado 23 de octubre con el boletín 213/09 para los municipios de San Ignacio, Mazatlán y Rosario del estado de Sinaloa.

Lo anterior toda vez que la situación anormal generada por este fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos proporcionados por la Federación, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia.

Los productos autorizados por esta declaratoria de emergencia para dichos municipios fueron despensas, láminas de cartón, cobertores, colchonetas, paquetes de limpieza y de aseo personal y agua.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-0127, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1381, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Prevención Social.

Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1752/09, de fecha 8 de octubre de 2009, por medio del cual remite el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión del 8 de octubre del presente año, por el que se exhorta al titular de la STPS a resolver en el caso de la toma de nota del SME conforme a derecho en los términos que la ley y los estatutos señalan, y a permitir que el sindicato pueda recuperar su representación jurídica, así como que la secretaría permita que el órgano jurisdiccional resuelva conforme a la ley.

Al respecto, es de señalarse lo siguiente:

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0119, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Teresa Ochoa Mejía, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 1175/09, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al control del dengue en Jalisco y Veracruz.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

José Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me permito enviar el oficio número 3601, suscrito por el doctor Fernando Meneses González, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través del cual remite diverso con número CENAVECE/ 018014/ 09, suscrito por el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, en el que proporciona información respecto del punto de acuerdo presentado por los diputados Salvador Caro Cabrera y Leandro Rafael García Bringas , en el cual se exhorta a esta secretaría a coordinarse con los gobiernos de Jalisco y Veracruz con el propósito de que se implanten acciones necesarias para combatir la crisis epidemiológica de dengue hemorrágico que afecta a Jalisco, particularmente la zona metropolitana de Guadalajara, y se atiendan los casos de dengue clásico y hemorrágico, y se establezcan medidas para disminuir la incidencia de esa contingencia sanitaria en Veracruz.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.--- Presente.

En atención de su oficio número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 999/ 09, mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo presentado por los diputados Salvador Caro Cabrera y Leandro Rafael García Bringas , de los Grupos Parlamentarios de los Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), respectivamente, donde se solicita lo siguiente:

Al respecto, me permito adjuntar el oficio número CENAVECE/018014/09, suscrito por el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, mediante el cual remite las acciones que se han realizado al punto de acuerdo de referencia.

Sin otro particular.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Fernando Meneses González, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.--- México, DF.

En referencia del oficio número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 999/ 09, relativo al punto de acuerdo presentado por los diputados Salvador Caro Cabrera y Leandro Rafael García Bringas , de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente, le comento lo siguiente:

Veracruz

De agosto del presente año a la fecha, en Veracruz se han realizado las siguientes acciones para el control del dengue:

Jalisco

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

ARTICULO 108 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que reforma el tercer párrafo el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

...

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los integrantes de los ayuntamientos, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones que contravengan el presente decreto quedarán sin efecto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Pasamos al capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán , del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Samuel Moreno Terán , diputado de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones XXVIII, XXIX y XXX del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad pública, así como la expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de una nueva Ley de la Policía Federal, el Estado Mexicano ha buscado establecer las bases para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y abatir el índice delictivo.

Asimismo, esta reforma integral en materia de seguridad pública ha tenido por objeto implementar un sistema nacional de seguridad pública que sea más efectivo y que dé lugar a una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante la integración de capacidades y esfuerzos; la operatividad y alcance de cada uno de los órdenes ha sido y es aún diferenciado, ya se trate de la competencia federal, ya del actuar local o municipal, pero la exigencia social, es para todos los niveles de gobierno, sin distingo alguno.

Es importante mandar el mensaje a la sociedad de que el combate contra la delincuencia es un solo esfuerzo de los diversos órdenes de gobierno y no únicamente acciones aisladas de diversas autoridades.

La iniciativa de ley que se propone, respetando el espíritu de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, tiene por fundamento el respeto al pacto federal, la división de poderes y, de manera primordial, se basa en la implementación de políticas preventivas y en la institucionalización de una serie de mecanismos que permitirán el control de las instituciones de seguridad pública.

En este mismo orden de ideas, si bien es cierto que en el marco de las atribuciones de las entidades federativas y el sistema de distribución de competencias entre diversos órdenes de gobierno, se fundamenta en el respeto a las autonomías de las entidades federativas y municipios, también se debe de reconocer que la seguridad pública ha quedado definida como una función de Estado y que deberá proveerse de manera concurrente en total coordinación de todos los órdenes de gobierno, tal como lo dispone nuestra Carta Magna en el párrafo sexto del artículo 21 de nuestra Constitución federal, que a la letra dice: ``La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública''.

El criterio referido ha sido adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir que la seguridad pública es una materia concurrente, en la que se pueden configurar las competencias en una ley o marco jurídico general.

En efecto, los artículos 40 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio fundamental de organización social, política y jurídica del Estado Mexicano; asimismo, el preceptivo 133 de la misma Carta Magna establece el principio de la supremacía constitucional.

No obstante, respecto del régimen federal y de supremacía constitucional, el alto tribunal de la nación ha definido que las leyes del Congreso emanadas directamente de la Constitución son precisamente las leyes generales cuya jerarquía normativa es de orden constitucional, es decir estas leyes no son emitidas motu propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Lo anterior significa que, en aquellos casos en que el legislador constitucional dispuso que determinada materia o facultad habría de normarse por una ley emanada de la Constitución, significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo que a la letra se describe:

``Nuestro lenguaje constitucional llama concurrencia legislativa las que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno, en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley del Congreso de la Unión, llamada Ley General''.

Es primordial que dentro de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se establecen los mecanismos de coordinación, cooperación y dirección de las políticas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno y que además se especifican los principios generales que deben regir las políticas de seguridad pública y los instrumentos institucionales mínimamente requeridos para conseguir sus fines, se incluya un cambio a la imagen de sus corporaciones policiales que realicen funciones preventivas ofreciendo a la sociedad un mensaje de unidad del Estado Mexicano ante la guerra contra la delincuencia organizada.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe cumplir su tarea de provisión de lineamientos para las políticas públicas en la materia, y de este modo constituir un verdadero eje de coordinación para el desarrollo institucional de las policías con funciones de prevención en sus diversos órdenes de gobierno en toda la República.

En tal virtud, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona las fracciones XXVIII y XXIX al artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo expuesto, el que suscribe, diputado Carlos Samuel Moreno Terán de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XXVIII, y XXIX al artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recorriéndose las demás en su orden, para quedar como sigue:

``Artículo 40. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizar todas las reformas legales y administrativas que sean necesarias para el cumplimiento del presente decreto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

A petición del promovente, se pospone la iniciativa planteada por el diputado Óscar González Yáñez , del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra, en consecuencia, la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy el 170 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene la palabra la diputada Hernández Olmos.

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 115, se define a la adopción como una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los niños y adolescentes, así como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de sus familias.

Técnicamente, la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen.

En la actualidad, el proceso de adopción tiende a ser riguroso y con un estricto apego a la ley; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no contempla para las madres trabajadoras adoptantes los mismos derechos, ya que contempla sólo a las madres en periodo de gestación y lactancia, otorgándoles seis semanas previas al parto y seis semanas posteriores a éste.

Al hablar de las madres adoptivas debemos pensar que al momento de incorporar un nuevo miembro a la familia se requiere de un tiempo que permita la adaptación, así como la integración al seno familiar.

En una sociedad en proceso de democratización y construcción de una cultura de equidad y género, es importante adecuar el marco jurídico, de tal forma que sean considerados en el texto de la ley los derechos a que se hacen acreedoras las madres trabajadoras adoptantes.

Nuestra legislación laboral debe ser generadora de certidumbre, tanto para el empleador como para el empleado. Debemos proyectar la atención y la cobertura legal a los casos minoritarios, los cuales, por el hecho de representar un pequeño porcentaje en las estadísticas no dejan de tener valor, más aún lo debe tener por el largo proceso que viven las madres adoptantes.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

Primero. Se adiciona un nuevo texto al apartado A, fracción V, del artículo 123 de la Constitución, para quedar como sigue:

Artículo 123. (...)

A. (...)

I. (...)

II. (...)

III. (...)

IV. (...)

V. (...)

En el caso de madres adoptantes gozarán de seis semanas posteriores a la entrega del menor, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación del trabajo.

Segundo. Se adiciona un nuevo texto a la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. (...)

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y posteriores al parto; en caso de que sean madres adoptantes disfrutarán de seis semanas posteriores a la adopción.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos , del Grupo Parlamentario del PRI

Paula Angélica Hernández Olmos , diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma los artículos 123, inciso A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Se le reconoce a la adopción como: ``la creación de una filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente ajeno, uno propio''.

En el Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 115 se define a la adopción como: ``Una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea.''

Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los niños y adolescentes así como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de sus familias.

Técnicamente, la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen.

En la actualidad el proceso de adopción tiende a ser riguroso y con un estricto cumplimiento de la ley, con la finalidad de garantizar seguridad, estabilidad y bienestar al menor.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no contempla derechos para las madres trabajadoras adoptantes, ya que contempla sólo a las madres en periodo de gestación y lactancia, otorgándoles seis semanas previas al parto, y seis semanas posteriores a éste.

Al hablar de madres adoptivas, debemos pensar que al momento de incorporar un nuevo miembro a la familia, se requiere un tiempo que permita la adaptación, así como la integración al seno familiar.

En una sociedad en proceso de democratización y construcción de una cultura de equidad y género, es importante adecuar el marco jurídico, de tal forma que sea considerado en el texto de la ley, los derechos a las que se hacen acreedoras las madres trabajadoras adoptantes.

Nuestra legislación laboral debe ser un generador de certidumbre tanto para el empleador, como para el empleado, debemos proyectar la atención y la cobertura legal a los casos minoritarios, los cuales por el hecho de representar un pequeño porcentaje en las estadísticas, no dejan de tener valor, más aún lo deben tener por el arduo proceso que viven las madres adoptantes.

Por lo anterior, y con la obligación que nos ha encomendado la ciudadanía debemos adecuar las leyes a nuestra realidad, y el Estado debe garantizar que en esa adecuación participen y estén integrados todos.

Resulta evidente que debemos adecuar el marco jurídico, incrementar el margen del derecho de la madre adoptante trabajadora, en proporción al crecimiento de sus obligaciones, de forma tal que la ley no ignore esta circunstancia, sino que por el contrario, genere una protección de facto para una situación real y necesaria como lo es la adopción.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 123 inciso A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se adiciona un nuevo texto al inciso A a la fracción V del artículo 123 de la Constitución, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión sin contravenir las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

En el caso de madres adoptantes gozarán de seis semanas posteriores a la entrega del menor, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo.

Segundo. Se adiciona un nuevo texto a la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Hernández Olmos.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Diputado Gerardo Sánchez, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Gerardo Sánchez.

El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Para preguntar a la diputada si tiene inconveniente en que nos sumemos a la iniciativa de reforma que acaba de presentar.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada, ¿tiene inconveniente?

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos: Ningún inconveniente. Adelante.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La diputada Hernández Olmos ha aceptado; por tanto, las diputadas y los diputados que deseen sumarse a la iniciativa de la diputada pueden pasar a la Secretaría para proceder en consecuencia.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada Díaz Salazar.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, entre las garantías sociales tuteladas en la Constitución, la protección a la salud es una de las más relevantes, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles pero que ciertamente son mortales como la obesidad, al derivar ésta en otras enfermedades de consecuencias graves como la diabetes mellitus y los efectos secundarios y complicaciones que ésta origina en los humanos.

La obesidad y el sobrepeso en escolares y adolescentes han aumentado de manera acelerada en la última década en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición en Salud, 26 por ciento de los escolares presentan sobrepeso u obesidad. De 1999 a 2006 la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en este grupo de edad 39.7 por ciento en ambos sexos.

En la etiología de esta enfermedad se encuentran factores genéticos, biológicos, socioculturales, económicos y ambientales. En los últimos 10 años se ha duplicado el número de casos de obesidad en México y triplicado durante el mismo lapso el número de casos de niños obesos cuyas edades fluctúan entre 6 y 15 años.

Ahora bien, la prevalencia de obesidad en la población diabética es de 40.1 por ciento; es posible afirmar entonces que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, entre otros factores, contribuye a determinar la presencia de diabetes mellitus, entre otros padecimientos de los individuos.

Entre los factores causales involucrados se encuentran los siguientes: alta disponibilidad de alimentos densos en energía con un bajo aporte nutrimental a bajo costo; aumento en el consumo de alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples; los integrantes de la familia realizan con mayor frecuencia comidas fuera de casa donde hay pocas opciones sanas; las porciones de los alimentos ha ido aumentando, ya sea en los paquetes que se compran en el supermercado o en los platillos de los restaurantes.

Los niños pasan cada vez más tiempo en actividades sedentarias, ya sea viendo la televisión, computadora o videojuegos. Por cuestiones de seguridad o por falta de parques, los niños no salen a jugar.

En las consideraciones está lo siguiente: no obstante la existencia y vigencia de la norma oficial mexicana NOM 174SSAI-1998 para el manejo integral de la obesidad, la transición epidemiológica en México indica el incremento exagerado de este padecimiento en los últimos años.

La salud debe ser atendida y entendida no sólo como un valor biológico, sino como un bien social y cultural tutelado por la Constitución, regulado por la Ley General de Salud y vigilado por el Sistema Nacional de Salud. Por ello se hace necesaria e indispensable una campaña de prevención, tratamiento y control de enfermedades como la obesidad, ya sea por medio de folletos, campañas permanentes, programas y actividades de educación o sistemas permanentes de vigilancia y pláticas de orientación médica especializada y gratuitas, destacando la importancia del cuidado de la salud, que se fomente el interés y bienestar social de todos los mexicanos.

Por ello, la Secretaría de Salud debe contar con las facultades necesarias para prestar servicios básicos de salud a la población mexicana que presenta claros síntomas de sobrepeso y obesidad, así como para fortalecer los programas de educación y nutrición que tienen por objeto promover hábitos de alimentación adecuados para cada individuo y, ante todo, para establecer programas y llevar a cabo actividades cuyo propósito sea prevenir y tratar de modo adecuado y controlar la obesidad del país.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65, fracción II, y se adiciona una fracción III Bis y se reforma el artículo 66. Todos de la Ley General de Salud.

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. ...

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento, culturales y de promoción para proveer una alimentación equilibrada, baja en grasas y azúcares, que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar.

III. ...

III Bis. La obligatoriedad escolar de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad que ponen en peligro la salud física y mental de los menores.

Artículo 66, se adiciona, para quedar:

Artículo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expedidos en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de noviembre de 2009. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Entre las garantías sociales tituladas en la Constitución, la protección de la salud es una de las más relevantes, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que ciertamente son mortales, como la obesidad, al derivar ésta en otras enfermedades de consecuencias graves, como la diabetes mellitus y los efectos secundarios y complicaciones que ésta origina en los seres humanos.

La obesidad y el sobrepeso en escolares y adolescentes ha aumentado de manera acelerada en la última década en nuestro país.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el 26 por ciento de los escolares presentan sobrepeso u obesidad. De 1999 al 2006 la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en ese grupo de edad 39.7 por ciento en ambos sexos.

En el 2006 se reportó que el 30 por ciento de los adolescentes presentaba sobrepeso u obesidad con una alta predisposición a ser adultos obesos.

En la etiología de esta enfermedad se encuentran factores genéticos, biológicos, socioculturales, económicos y ambientales.

Mientras un 33 por ciento de la obesidad se considera de origen hereditario el resto se debe a hábitos alimentarios inadecuados y al sedentarismo que dan como resultado una diferencia positiva en relación a la ingesta con el gasto calórico.

En los últimos 10 años se han duplicado el número de casos de obesidad en México y triplicado durante el mismo lapso el número de casos de niños obesos, cuyas edades fluctúan entre 6 y 15 años.

Ahora bien, la prevalencia de obesidad en la población diabética es de 40.1 por ciento (este porcentaje supera la prevalencia global de la obesidad de 24.4 y de 36 por ciento mundial de obesidad en diabéticos), situación que contrasta con la prevalencia de obesidad en la población no diabética, que es de 26.9 por ciento. Lo anterior representa un riesgo aproximado de 1.8 veces más de desarrollar diabetes si se tiene obesidad.

Es posible afirmar entonces que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, entre otros factores, contribuye a determinar la presencia de diabetes mellitus, entre otros padecimientos, en los individuos.

Entre los factores causales involucrados se encuentran los siguientes:

Consideraciones

No obstante la existencia y vigencia de la Norma Oficial Mexicana NOM 174 SSA1 1998, para el manejo integral de la obesidad, la transición epidemiológica en México indica el incremento exagerado de ese padecimiento en los últimos años.

La salud debe ser atendida y entendida no sólo como un valor biológico sino como un bien social y cultural, tutelado por la Constitución, regulado por la Ley General de Salud y vigilado por el sistema nacional de salud.

Por ello se hace necesaria e indispensable una campaña de prevención, tratamiento y control de esa enfermedad como la obesidad, ya sea por medio de folletos, campañas permanentes programas y actividades de educación o sistemas permanentes de vigilancia y pláticas de orientación médica especializadas y gratuitas, destacando la importancia del cuidado de la salud, que se fomente el interés y bienestar social de todos los mexicanos, principalmente de los menores de edad, sin distingo de clase social; que se encauce a todos los mexicanos, con independencia de los niveles socioculturales y económicos, pues las enfermedades no hacen distingos.

La prevalencia de obesidad en niños mexicanos menores de 5 años aumentó de 4.2 por ciento a 5.3 por ciento de 1988 a 1999 (Rivera et al. 2002), asimismo, los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2006) en México, reportan que la obesidad en escolares de 5 a 11 años de edad, aumentó de 5.3 por ciento a 9.4 por ciento en niños y de 5.9 por ciento a 8.9 por ciento en niñas de 1999 al 2006 mostrando con ello una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en aumento, pasando de 18.6 por ciento a 16.3 por ciento (Rivera et al., 2006). La región norte de México es considerada como la mas alta en prevalencia de obesidad y sobrepeso de niños de edad escolar con un 35.1 por ciento (Hernández et al. 2001). La Ensanut 2006, reportó un incremento en la prevalencia de obesidad y sobrepeso en mujeres de 12 a 19 años pasando de 6.9 a 9.2 por ciento y de 21.6 a 23.3 por ciento respectivamente en el periodo de 1999 a 2006, mientras que en el género masculino de la misma edad, no se reportaron cifras a nivel nacional del aumento a través del tiempo, sin embargo en los datos de la encuesta se observa la prevalencias de obesidad de 10 por ciento y sobrepeso de 21.2 por ciento (Rivera et al. 2006). Un estudio derivado de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (Ensa 2000) reporta en jóvenes de 10 a 17 años de edad, una prevalencia de obesidad y sobrepeso de 7.7 por ciento y 17 por ciento en hombres y 6.9 por ciento y 20.6 por ciento en mujeres. (Del Río Navarro et al. 2004)

Diversos estudios del estado nutricional, realizados en niños y jóvenes mexicanos muestran que en diferentes contextos de nuestro país la prevalencia de sobrepeso y obesidad presenta valores diversos de acuerdo al contexto (muestras y poblaciones del norte, centro y sur de México, comunidades fronterizas, urbanas, suburbanas, marginales y México Americanas).

En los últimos años México, al igual que muchos países, ha experimentado cambios en el estilo de vida a consecuencias de la urbanización. Dichos cambios incluyen la adopción de dietas altas en energía (con altos contenidos de grasas y azúcares) así como una disminución de la actividad física, presentando en mayor medida consecuencias patológicas, psicológicas y sociales relacionadas a la obesidad infantil, (Freedman et al. 1999; Hill Silver, 1995). El impacto de la obesidad en niños y adolescentes se convierten en adultos obesos (Kibbe y Offner, 2003). En los adultos, numerosos estudios epidemiológicos han demostrado la relación directa entre la obesidad y enfermedades como hipertensión, diabetes, esteatosis hepática no alcohólica, enfermedad de la vesícula, dislipidemia, cáncer, cardiopatía isquémica, entre otras (Bray, 2004).

Por ello la Secretaría de Salud debe contar con las facultades necesarias para prestar servicios básicos de salud a la población mexicana que presenta claros síntomas de sobrepeso y obesidad, así como para fortalecer los programas de educación y de nutrición que tiene por objeto promover hábitos de alimentación adecuados para cada individuo y, ante todo, para establecer programas y llevar a cabo actividades cuyo propósito sea prevenir, tratar de modo adecuado y controlar la obesidad en el país.

Es necesario dotar a la Secretaría de Salud de elementos y facultades para la prevención y el control de la obesidad y disminuir los índices de prevalencia de la diabetes mellitus, cardiopatías y demás padecimientos que origina, disminuyan significativamente en el país y se eviten complicaciones severas muertes prematuras y aumento del gasto en salud.

Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 65 fracción II y se adiciona una fracción III Bis, y se reforma el artículo 66, todos de la Ley General de Salud

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

Artículo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expedidos en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples, las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de éstas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Cristina Díaz.Túrnese a la Comisión de Salud.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada María de Jesús Aguirre, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada María de Jesús Aguirre.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente, sólo para pedirle a la diputada Cristina Díaz si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Con mucho gusto. Consulto a la diputada Cristina Díaz, si tiene inconveniente en que la diputada María de Jesús Aguirre y quienes así lo deseen, se sumen a la iniciativa que usted ha presentado.

La diputada Cristina Díaz Salazar (desde la curul): Sí. No tengo inconveniente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí la diputada Cristina Díaz. Por tanto, en esos términos ocurrirá.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul de la diputada Hilda Flores.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera (desde la curul): Diputado presidente, para pedir igual la venia de la diputada Cristina Díaz, para sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí la diputada Cristina Díaz y entiendo que la diputada Rosalina Mazari está en la misma circunstancia. Por tanto, quienes deseen sumarse a la iniciativa presentada por la diputada, pueden pasar a la Secretaría para suscribir la iniciativa correspondiente.

Nos visitan alumnos de la preparatoria regional de Hidalgo, invitados del diputado Jorge Rojo García de Alba , a quienes damos la más cordial bienvenida a este recinto.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene la palabra la diputada Méndez Herrera.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva es fundamental para su pleno desarrollo. Una de las etapas en las que la mujer requiere de cuidados especiales es el embarazo, y es el Estado quien tiene la obligación de generar las condiciones adecuadas para que en el proceso de ser madre, desde el momento de la concepción y hasta los 42 días después de que ocurre el nacimiento, sea atendida por personal de salud capacitado y profesional.

El embarazo somete a la mujer a riesgos de salud que pueden afectar tanto a la futura madre como al bebé. La norma oficial mexicana de atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y al recién nacido señala que la unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales durante el embarazo. Asimismo, recomienda limitar la proporción de cesáreas entre 15 y 20 por ciento con relación al total de nacimientos atendidos.

Para el cumplimiento de estas condiciones se requieren instituciones de salud con personal especialmente calificado en el ámbito de las ciencias de la salud, pero también con un alto sentido de responsabilidad, sensibilidad y profesionalismo en la atención a la mujer en estado de gestación.

Sin duda que una atención de calidad a la mujer durante el embarazo determina las condiciones del parto y puerperio. A este respecto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el artículo 12, punto 2, señala:

``Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.''

Para el cumplimiento de este mandato es necesario efectuar protocolos de atención a la mujer embarazada en las instituciones de salud. En esta tarea, el personal que la atienda en su ruta crítica juega un papel determinante.

Todas y todos sabemos que la forma y los tiempos de atención con los que el personal de salud actúa son decisivos para la vida de la madre y del bebé. Ante tal exigencia es necesario reconocer que las mujeres, especialmente las de zonas rurales y las más pobres, no siempre son atendidas de manera expedita, con la solicitud que toda urgencia obstétrica requiere.

Contravenir estas disposiciones puede traer como consecuencia el aumento de la tasa de mortalidad materna.

Por tanto, señala la Organización Panamericana de la Salud, las instituciones de salud de los países miembros, entre ellos México, que presentan una mortalidad materna relativamente alta y tienen tasas de cesáreas muy por encima de los valores de referencia, deben investigar si sus sistemas de salud están ofreciendo una atención obstétrica adecuada y establecer un sistema de seguimiento.

Ese indicador nos muestra que estamos ante un problema obstétrico que debe ser atendido y superado.

Por lo anterior y para salvaguardar la salud de las mujeres, es necesario determinar en la ley que la omisión o deficiencia en la atención a la mujer embarazada por parte del personal de salud deben considerarse como un tipo de violencia contra la mujer, porque ponen en riesgo su salud y la de su hijo.

Asimismo, deben incluirse los abusos en que incurre el personal citado cuando obliga a las mujeres a parir en condiciones contrarias a su voluntad; alteran el proceso natural del parto y todos aquellos tratos que atentan contra su capacidad de decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad.

Con base en lo expuesto, se propone adicionar la fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y recorrer el numeral de la subsecuente, para quedar como sigue.

Artículo 6. ...

I. a V. ...

VI. La violencia obstétrica. Cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el personal de salud sobre las mujeres en la atención médica que se les ofrece durante el embarazo, el parto y puerperio, tales como omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con la madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, y practicar el parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural, estas dos últimas sin obtener el consentimiento informado de la mujer.

VII. ...

Finalmente, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 53 de la misma ley, donde se señale la prohibición de someter a la víctima a mecanismos de conciliación y/o mediación con su agresor, en tanto dure la situación de violencia.

Es pertinente señalar que tal disposición ya se encuentra en la fracción IV del artículo 8, relativo a la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, debido a que el riesgo para la víctima frente al agresor es el mismo en todas las modalidades de violencia, se considera necesario establecer tal provisión en el Capítulo IV, artículo 53, que señala que el agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente.

Por lo expuesto, la suscrita, diputada Alba Leonila Méndez Herrera , somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo único. Se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se recorre el numeral de la subsecuente para quedar como VII.

Se adiciona un último párrafo al artículo 52 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 53 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En artículo 53:

Artículo 53. ...

Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de conciliación, de mediación y/o cualquier otro alternativo con el agresor en tanto dure la situación de violencia. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alba Leonila Méndez Herrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exposición de Motivos

I. El acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva es fundamental para su pleno desarrollo. Una de las etapas en que la mujer requiere cuidados especiales es el embarazo, y el Estado tiene la obligación de generar condiciones adecuadas para que en el proceso de ser madre, desde el momento de la concepción y hasta los 42 días después que ocurra el nacimiento, sea atendida por personal de salud capacitado y profesional.

El embarazo somete a la mujer a riesgos de salud que pueden afectar tanto a la futura madre como al bebé. La norma oficial mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido señala que la unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales durante el embarazo; asimismo, recomienda limitar la proporción de cesáreas entre 15 y 20 por ciento en relación con el total de nacimientos atendidos. Para el cumplimiento de estas condiciones se requieren instituciones de salud con personal especialmente calificado en el ámbito de las ciencias de la salud, pero también con gran sentido de responsabilidad, sensibilidad y profesionalismo en la atención de la mujer en estado de gestación.

Sin duda, una atención de calidad para la mujer durante el embarazo determina las condiciones del parto y del puerperio. Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el artículo 12, punto 2, señala lo siguiente:

Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Para cumplir este mandato es necesario efectuar protocolos de atención de la embarazada en las instituciones de salud. En esa tarea, el personal que la atiende en su ruta crítica desempeña un papel determinante.

Todos sabemos que la forma y los tiempos de atención con que el personal de salud actúa son decisivos para la vida de la madre y del bebé. Ante tal exigencia, es necesario reconocer que las mujeres, especialmente las de zonas rurales y las más pobres, no siempre son atendidas de manera expedita y con la solicitud que toda urgencia obstétrica requiere. Contravenir tales disposiciones puede traer como consecuencia el aumento de la tasa de mortalidad materna.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es uno de los países donde más cesáreas se practican, si bien desde 1985 la Organización Mundial de la Salud declaró que no había justificación para que las tasas de cesáreas (porcentaje de partos por cesáreas entre el número total de nacidos vivos) fueran mayores de entre 10 y 15 por ciento. En Latinoamérica, la tasa de cesáreas es de 29.2 por ciento en promedio y los valores mayores se presentan en Brasil (36.7 por ciento), República Dominicana (31.3 por ciento) y México (39.1 por ciento).

Por tanto, señala la OPS, las instituciones de salud de los países citados, entre ellos México, que presentan una mortalidad materna relativamente alta, y tienen tasas de cesáreas muy por encima de los valores de referencia, deben investigar si sus sistemas de salud ofrecen atención obstétrica adecuada, y establecer un sistema de seguimiento. Este indicador muestra que estamos ante un problema obstétrico que debe ser atendido y superado.

Por lo anterior, y para salvaguardar la salud de las mujeres, es necesario determinar en la ley que la omisión o deficiencia de la atención de la embarazada por el personal de salud deben considerarse un tipo de violencia contra la mujer, pues ponen en riesgo su salud y la de su hijo. Asimismo, deben incluirse los abusos en que incurre el personal citado cuando obliga a las mujeres a parir en condiciones contrarias a su voluntad, o alteran el proceso natural del parto o todos los tratos que atentan contra su capacidad de decidir sobre su cuerpo y sexualidad.

Con base en lo expuesto, se propone adicionar la fracción VI al artículo 6, y recorrer el numeral de la subsiguiente, para quedar como sigue:

II. Es importante incorporar en el capítulo de la atención a las víctimas que, en el ejercicio de los derechos tutelados en la ley que nos ocupa, la víctima deberá contar con información suficiente, clara e inteligible para orientar sus decisiones. Con esto se busca incluir la tutela para el acceso a los derechos establecidos en la presente ley a las mujeres con discapacidad, así como una protección específica en cuanto a mujeres indígenas, otorgándoles asistencia integral gratuita, brindada por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Si bien no hay un instrumento internacional vinculante en materia de derechos indígenas para el Estado mexicano, la Carta Magna, en el artículo 2o., Apartado A, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para ``aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres''. En mismo artículo, fracción VIII, establece que ``los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura''.

El artículo 20 constitucional, en el Apartado C, ``De los derechos de la víctima o del ofendido'', establece en la fracción III como un derecho ``recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia'' y para hacer efectiva esta garantía para las indígenas es indispensable que las asista un intérprete que hable su lengua.

Ellas sufren doble discriminación: primero, por ser mujeres; y, luego, por ser indígenas. Otra condición de desventaja es que la mayoría no cuenta con recursos económicos suficientes para contratar abogados privados que hablen su lengua en el proceso judicial. Por ello, la ley de acceso debe incorporar en su contenido que la atención de la mujer con discapacidad e indígena sea brindada de manera inteligible y en su lengua.

Por lo anterior, se propone adicionar un último párrafo al artículo 52, del capítulo de la atención a las víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 52. ...

Con esta reforma, el Estado mexicano garantiza una atención digna a las indígenas y con algún tipo de discapacidad que sean víctimas de violencia, que les permita declarar o ser atendidas con la debida diligencia y pleno respeto de sus derechos humanos.

III. Finalmente, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 53 donde se señale la prohibición de someter a la víctima a mecanismos de conciliación o mediación con su agresor, en tanto dure la situación de violencia.

Tal disposición ya se encuentra en la fracción IV del artículo 8, relativo a la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, debido a que el riesgo para la víctima frente al agresor es el mismo en todas las modalidades de violencia, se considera necesario establecer tal prohibición en el Capítulo IV, ``De la atención a las víctimas'', adicionando un segundo párrafo al artículo 53, para quedar como sigue:

La figura de la ``mediación'' se ha aplicado como sinónimo de ``reconciliación''; y en la violencia contra la mujer hasta ahora se ha dado prioridad a la preservación de una mal concebida ``unidad familiar'' y que deja de lado la protección de la víctima. Por ello no debemos minimizar los efectos nocivos que puede generar dicha conciliación y considerar los factores de riesgo que representa para las víctimas. La violencia contra la mujer ha llegado a extremos que podemos calificar como intolerables, por la especial gravedad y riesgo que le genera.

Por lo expuesto, la suscrita, Alba Leonila Méndez Herrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adicionan la fracción VI al artículo 6, y se recorre el numeral de la subsiguiente, para quedar como VII; un último párrafo al artículo 52; y un segundo párrafo al artículo 53 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

Artículo 52. ...

Artículo 53. ...

Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de conciliación, de mediación o cualquier otro alternativo con el agresor en tanto dure la situación de violencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Méndez Herrera.Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

ARTICULOS 70, 73, 74, 76, 78, 79, 89, 93, 102, 108, 110 Y 111 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y José Luis Jaime Correa, ambos del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeros y compañeras legisladoras: llevamos ya más de tres décadas impulsando la democratización del país y nos hemos quedado cortos en nuestros logros. Los estudiosos de la ciencia política y del derecho coinciden en que la transición democrática en México se inició formalmente a finales de los años ochenta y también coinciden en que el proceso fue atípicamente prolongado y que posteriormente entró en una fase de estancamiento e incluso terminó por descarrilarse. Es decir, la transición democrática no condujo a nuestro país a un nuevo orden institucional, ni a un nuevo contrato social, ni mucho menos a una nueva constitucionalidad.

Sería largo enumerar aquí los avances y los retrocesos de tan complejo proceso que combina evolución e involución política pero en general hemos sido nosotros mismos protagonistas de este hecho, y somos ejemplo de que el poder se ha pluralizado más no se ha democratizado a cabalidad. Lo que es peor, no lo hemos devuelto a la soberanía de origen que es nuestra sociedad, no le hemos querido dar a ésta los instrumentos necesarios para la toma de decisiones en los temas fundamentales de la república, a través de los instrumentos de democracia directa y de participación ciudadana, que por cierto, sí existen en la mayoría de las constituciones locales de la federación.

La alternancia en el poder no ha podido resolver los grandes rezagos que vive el país, la gente no ha visto reflejado en sus bolsillos, en su forma de vivir o de subsistir claros dividendos de la democracia. Estos últimos veinte años se han caracterizado por un grave deterioro económico, profundizado por un modelo neoliberal de desarrollo que ha llegado a su fin. La fórmula de alternancia política y continuidad económica nos ha llevado a una crisis de desempleo, de inseguridad, de mínimo crecimiento y de pérdida de presencia y competitividad internacional sin precedentes en nuestra historia reciente. Debemos impulsar la transición de un modelo basado en la especulación financiera y en la exportación, a uno basado en la producción e inversión en bienes, servicios y conocimiento.

Si bien la sociedad mexicana ha experimentado gestiones de gobiernos municipales, estatales y federales de diferente signo, que han representado experiencias positivas y renovadoras, también muchas de estas experiencias han sido desalentadoras y hasta traumáticas, sobre todo en donde la corrupción ha hecho presa de muchos de estos gobiernos, sean de derecha, de izquierda o de centro. La corrupción, no tiene ideologías, tiene apetito por el poder. Se ha pluralizado la tranza, y no hemos ni siquiera logrado transparentar suficientemente las prácticas gubernamentales. No hemos logrado incubar el profundo significado de la austeridad en el gasto corriente de los poderes, todos ellos dispendiosos, todos ellos con grandes franjas de opacidad, con una crecida sin precedentes en la alta burocracia, sobre todo, del poder ejecutivo.

Necesitamos cambiar, necesitamos tomar otra vez el timón de la democratización del país, y colocarnos a la altura de los cambios que exige la sociedad. Necesitamos emprender de nueva cuenta una metodología que recoja los avances que se lograron en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos y que nos permita arribar a nuevos acuerdos y consensos. Debemos, como paso fundamental y primigenio, transformar el órgano reformador del país, que es justamente este Congreso de la Unión, y en particular esta Cámara de Diputados.

Nuestra agenda política nos exige equilibrar los poderes públicos y sugiere entonces, en un país de acendrado presidencialismo, fortalecer al Poder Legislativo, confiriéndole rasgos parlamentarios a nuestro sistema político, ya que se trata, efectivamente, de dotar a este Poder Legislativo de mecanismos que aumenten su capacidad fiscalizadora y ratificadora sobre acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, para que rinda cuentas de sus actos a las Cámaras legislativas de manera más cotidiana.

Para fortalecer el diálogo entre los poderes, es importante modificar la Ley Orgánica de este Congreso para fomentar el intercambio cotidiano de asuntos y temas entre los secretarios de despacho y legisladores, y no sólo en el formato de la glosa del informe, o de las comparecencias en comisiones, a los que también habría que modificar, para suscitar una dinámica de visitas periódicas a las sesiones de trabajo de las comisiones ordinarias.

Esta iniciativa incluye propuestas para mejorar y aumentar las funciones de las comisiones legislativas tanto como instancias de dictaminación de iniciativas de ley como instancias de investigación, evaluación y fiscalización de cualquier institución considerada de interés público, incluso del propio Poder Ejecutivo.

Actualmente las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés nacional; estamos proponiendo la flexiblización de esta formulación, para que ambas Cámaras puedan establecer comisiones de investigación a pedido de una cuarta parte de sus miembros. Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva y del Ejecutivo Federal, así como del Ministerio Público federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, para que se adopten las medidas procedentes.

Las iniciativas de ley tendrán que ser dictaminadas estrictamente dentro de los plazos que establezca la ley; e igualmente, los decretos aprobados por el Congreso de la Unión tendrán que ser promulgados y publicados por el Ejecutivo en los plazos de ley o de la contrario, en caso de omisión del Ejecutivo, el propio Congreso de la Unión tendrá facultades para ordenar su promulgación. Los funcionarios tendrán que acudir a comparecer ante comisiones de manera cotidiana informando siempre bajo juramento de decir verdad y con toda oportunidad, siendo sujetos de juicio político, todos los funcionarios públicos de alto nivel, y entre ellos, desde luego, el presidente de la República, los secretarios de despacho, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los senadores, los diputados, y los procuradores, entre otros.

Dentro de estas nuevas facultades propuestas para que las Cámaras del Congreso de la Unión, está la de ratificar, por mayoría simple, los nombramientos que haga el Presidente de la República de todos los secretarios de despacho.

Esta iniciativa introduce también la moción de censura, que implica la pérdida de confianza de la Cámara en un funcionario propuesto por el titular del Ejecutivo, que en su momento hubiera sido ratificado por la misma e implica desde luego, la posible separación del cargo de dicho funcionario, y que por mayoría calificada se aplicaría a cualquiera de los servidores públicos por el desempeño inadecuado en su responsabilidad, no antes de haberse ocupado el cargo durante seis meses.

Finalmente, proponemos que la Ley Suprema establezca un plazo adecuado para que el presidente de la república promulgue las leyes que expida el Congreso de la Unión fijándose en un periodo no mayor de 30 días útiles a partir de su expedición, de lo contrario, el propio Congreso de la Unión quedaría facultado para exigir la publicación de dichas leyes al titular del Diario Oficial de la Federación; y con ello habremos de eliminar la facultad discrecional que tiene el titular del Ejecutivo --conocida popularmente como veto de bolsillo-- para empantanar el proceso de promulgación y publicación de leyes y reformas.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero . Se reforman los artículos 70, 73, 74, 76, 78, 79, 89, 93, 102, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXXI al artículo 73; se adiciona un párrafo octavo a la fracción IV, y las fracciones V y VI al artículo 74 y se recorren los numerales de las subsecuentes fracciones. Se adiciona una fracción III al artículo 76 y también se recorren los numerales de las subsecuentes fracciones. Se adiciona una fracción VI al artículo 89 y se recorren los numerales de las subsecuentes fracciones; se adicionan un segundo, tercero, cuarto y sexto párrafos al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 70 . Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto...

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, incluido el número, las características y las funciones de las comisiones legislativas como instancias de investigación, evaluación y fiscalización de cualquier institución considerada de interés público; así como las bases para el funcionamiento del servicio civil de carrera del Poder Legislativo y la modernización de los apoyos al trabajo legislativo.

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Artículo 76. Son facultades exclusivas de la Cámara de Senadores:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente...

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación...

...

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios del Despacho, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

En el ejercicio de la facultad de control evaluatorio, las comisiones ordinarias del Congreso podrán requerir a los secretarios del despacho, al Procurador General de la República, a los titulares de los organismos autónomos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Las Cámaras podrán crear comisiones de investigación cuando medie solicitud de una cuarta parte de sus miembros.

Estas comisiones podrán tratar cualquier asunto de interés público y sus conclusiones serán turnadas a la Junta de Coordinación Política, a la Auditoría Superior de la Federación, al superior jerárquico del organismo investigado, al titular del Ejecutivo Federal y, en su caso, al ministerio público.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones se estará a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución y demás leyes aplicables.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el titular del Ejecutivo federal con ratificación de la Cámara de Senadores o , en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Presidente de la República, o a petición de la Cámara de Senadores, a través de una moción de censura cuyo procedimiento estará previsto en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

...

Artículo 108 . ...

El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por el delito de traición a la patria, por violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común.

...

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador General de la República, el procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, de empresas de participación estatal mayoritaria, de sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y de fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, procuradores generales de Justicia y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en su ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Artículos Transitorios

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.

Segundo. Una vez aprobado el presente decreto, el Presidente de la República someterá a todas y todos los Secretarios de Despacho al proceso de ratificación, misma que será obsequiada por las Cámaras legislativas correspondientes en esta primera ocasión.

Tercero. El procedimiento de moción de censura se podrá iniciar en contra de cualquiera de los funcionarios ratificados por el Poder Legislativo, a través de las Cámaras legislativas competentes en los términos que marca la ley, una vez que transcurran los primeros seis meses posteriores a dicha ratificación.

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada Sarur.

La diputada Adriana Sarur Torre: Con su venia, diputado presidente. Una de las facultades con las que contamos como legisladores se refiere a la capacidad de modificar nuestro marco jurídico a efecto de buscar el fortalecimiento continuo de los trabajos de esta Cámara de Diputados. No obstante que no pueden dejar de reconocerse los grandes avances que hemos obtenido, es necesario que nos comprometamos aún más.

Las modificaciones de las reglas de organización y funcionamiento de las comisiones constituyen un tema de suma importancia, vital para el buen funcionamiento de esta Cámara.

Las comisiones son órganos determinantes en los procesos legislativos y de control, así como en el ejercicio de las funciones administrativas y jurisdiccionales, las cuales fueron creadas para hacer más eficiente la labor del Poder Legislativo.

En el caso de nuestra legislación se observa, a lo largo de la historia de México como nación independiente, un gran atraso en el diseño en el sistema de comisiones. En este contexto, compañeros legisladores han sido sensibles en este tema y han presentado iniciativas comprometidas que, no obstante aportar soluciones de fondo, no han sido aún dictaminadas.

Las diversas reformas sólo han afectado en su número y en forma muy reducida han definido sus atribuciones, sin que se hayan modificado en forma determinante sus facultades, organización y procedimientos internos.

Es por ello que la iniciativa que se presenta hoy plantea propuestas tendentes a fortalecer el trabajo del principal motor del Congreso: las comisiones.

1. Introducción del mecanismo del voto ponderado.

Dentro de las complicaciones que se presentan en el curso de los trabajos de las comisiones ordinarias, derivada de la imposibilidad de concretar el quórum respectivo, se encuentra la relativa a la acumulación de proyectos de dictamen propuestos para su discusión final y votación. Tal circunstancia evidentemente contribuye a la formación del rezago legislativo.

Siendo una realidad y a partir de la experiencia que han arrojado los órganos de gobierno al adoptar el sistema de voto ponderado, resulta conveniente en el camino del perfeccionamiento del trabajo en comisiones que se explore la idea de que dicha forma de votación se adopte para favorecer la expedición de los dictámenes legislativos.

El nuevo mecanismo sería aplicado única y exclusivamente para solventar el problema de la falta de quórum en las reuniones de comisiones, en las que se tuviese que votar, en definitiva, por sus integrantes, la aprobación o no del dictamen puesto a la consideración. Sin que se pierda en modo alguno el derecho individual de cada legislador a emitir en cada reunión su voto personal, el voto ponderado sería aplicado supletoriamente respecto de los legisladores ausentes y ejercido por el legislador miembro de la comisión que cada grupo parlamentario, representado en la propia comisión, hubiese designado para tal efecto desde la instalación de la misma.

2. Pertenencia de cada diputado a un máximo de dos comisiones ordinarias.

A efecto de garantizar un mejor desempeño de los diputados en comisiones es conveniente reducir el número de comisiones a las que pueda pertenecer, con el propósito de que se distribuyan mejor sus responsabilidades, haciéndolas más efectivas.

Actualmente los diputados pueden pertenecer a un máximo de tres comisiones, lo cual representa una importante carga de trabajo que impide que el legislador desarrolle su labor de manera eficiente, razón por la cual se propone reducir el límite a dos comisiones.

3. Publicación de los registros de asistencia a las comisiones y la facultad del presidente de la comisión de solicitar la sustitución de los diputados que no asistan.

Con estas propuestas se incorpora un mecanismo de difusión de trabajo de comisiones que incentive a los legisladores a concurrir a las reuniones de las comisiones.

Por otra parte, la oportunidad de solicitar a los coordinadores de los grupos parlamentarios la sustitución de legisladores, quienes no asistan a tres reuniones de comisión, constituye un importante instrumento para garantizar la continuidad en las reuniones, contribuyendo en gran medida al combate del ausentismo.

4. La adición de reglas para que los puntos de acuerdo sean turnados directamente a las comisiones por el presidente de la Mesa Directiva.

Con el fin de reducir la carga del trabajo del pleno es conveniente plantear la posibilidad de que los puntos de acuerdo sean turnados directamente a las comisiones competentes, sin que sean presentadas previamente ante la asamblea en el pleno, pero sí publicados en la Gaceta Parlamentaria, salvo que se soliciten de urgente u obvia resolución.

5. Adición de reglas para que los secretarios de comisión puedan convocar a reuniones.

Con el propósito de no detener el funcionamiento del trabajo de las comisiones es conveniente desarrollar un mecanismo alterno mediante el cual un número determinado de secretarios esté facultado para realizar la convocatoria respectiva.

6. Puntualizar la facultad de los coordinadores parlamentarios para decidir si forman parte o no de las comisiones.

7. Se incorporan nuevas reglas de dictaminación.

Se integrarán nuevas reglas para que las comisiones de-sahoguen las iniciativas que son sometidas a su estudio, discusión y dictamen. Se propone que el plazo para dictaminar sea de 30 días naturales con el propósito de que las comisiones cuenten con el tiempo razonable.

Compañeros, es impostergable que la Cámara de Diputados funcione en congruencia con las circunstancias que nos plantea la dinámica nacional. Para nosotros el rezago no es una opción. El Poder Legislativo debe ser referencia obligatoria de eficiencia, austeridad y compromiso. Es hora de dignificar el trabajo legislativo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre , del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Una de las facultades con la que contamos como legisladores se refiere a la capacidad de modificar nuestro marco jurídico a efecto de buscar el fortalecimiento contínuo de los trabajos de esta Cámara de Diputados. No obstante, no puede dejar de reconocerse, los grandes avances que hemos obtenido, es necesario que nos comprometamos aún más.

Las modificaciones a las reglas de organización y funcionamiento de las comisiones constituyen un tema de suma importancia, vital para el buen funcionamiento de esta Cámara. Las Comisiones parlamentarias son órganos determinantes en los procesos legislativos y de control, así como en el ejercicio de las funciones administrativas y jurisdiccionales, las cuales fueron creadas para hacer más eficiente la labor de los Poderes Legislativos mediante un principio elemental de la organización social que es la división del trabajo en grupos especializados y menos numerosos.

En el caso de nuestra legislación se observa un gran atraso en el diseño en el sistema de comisiones a lo largo de los más de 180 años de México como nación independiente. Es importante precisar los avances en los últimos 30 años, que se han enfocado en la modernización y funcionamiento de los órganos de gobierno, dejando de lado a los órganos funcionales como los son las Comisiones.

En este sentido, las diversas reformas solo han impactado en su número y en forma muy reducida han definido sus atribuciones, sin que ello haya modificado en forma determinante sus facultades, organización y procedimientos internos.

Es por ello que se plantean las siguientes propuestas tendientes a fortalecer el trabajo del principal motor del Congreso, las Comisiones.

1. Introducción del mecanismo del voto ponderado

Dentro de las complicaciones que se presentan en el curso de los trabajos de las comisiones de dictamen legislativo, derivada de la imposibilidad de concretar el quórum respectivo, se encuentra la relativa a la acumulación de proyectos de dictamen pospuestos en cuanto a su discusión final y votación. Tal circunstancia evidentemente contribuye a la formación de rezago legislativo.

Siendo una realidad y a partir de la experiencia que han arrojado los órganos de gobierno al adoptar el sistema de voto ponderado, resulta conveniente en el camino del perfeccionamiento del trabajo en Comisiones se explore la idea de que dicha forma de votación se adopte para favorecer la expedición de los dictámenes legislativos.

El nuevo mecanismo sería aplicado única y exclusivamente para solventar el problema de la falta de quórum en las reuniones de las Comisiones en las que se tuviese que votar, en definitiva, por sus integrantes, la aprobación o no del dictamen puesto a la consideración. Sin que se pierda en modo alguno el derecho individual de cada legislador para emitir, en cada reunión, su voto individualmente, el voto ponderado sería aplicado supletoriamente respecto de los legisladores ausentes y ejercido por el legislador miembro de la Comisión que cada Grupo Parlamentario representado en la propia Comisión hubiese designado al efecto desde la instalación de la Comisión dictaminadora o bien con posterioridad, so pena de su inmediata sustitución ante el primer incumplimiento injustificado de su encomienda.

La adopción de dicho sistema para el trabajo en Comisiones seguiría la misma regla de proporcionalidad, pero acotada al número de legisladores del mismo grupo parlamentario en cada una de ellas, en la inteligencia de que las cuestiones relativas a la proporcionalidad en la integración de cada comisión quedan resueltas desde el momento mismo de la integración que autoriza el Pleno a propuesta de su correspondiente Grupo Parlamentario durante el primer mes de ejercicio de cada legislatura.

Si bien podría opinarse que con la adopción de este sistema se estaría dando carta de naturalización a la práctica del ausentismo a las reuniones definitorias de las Comisiones de dictamen, puede sostenerse que no necesariamente sería así sino que, por el contrario, aumentaría políticamente el grado de exigencia hacía los legisladores ante la certeza de que los términos de las votaciones trascienden a la información política y pública, como sucede actualmente con las cancelaciones de reuniones por falta de quórum en primera y ulteriores convocatorias, con la diferencia de que en el primer caso trata de una ausencia mayoritaria de los legisladores miembros que puede corresponder a definiciones de carácter estratégico adoptado por los diferentes Grupos Parlamentarios conforme a su agenda o en coalición para esos efectos precisos, mientras que en el segundo no habría estrategia posible para ello, salvo ofrecer la inmediata destitución del titular del voto ponderado, por lo que estaría en la interpretación de una ausencia personalísima deliberada, salvo que se demostraran razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Cabría precisar que la responsabilidad del titular del ejercicio del voto ponderado podría quedar acotada a momentos o actos diferenciados en el curso de la respectiva reunión de Comisión o Comisiones, según la persistencia de las ausencias de los titulares individuales del voto, de acuerdo con la fase de discusión y votación.

De igual manera, convendría apuntar que la adopción del sistema de voto ponderado tendría efecto sólo en las reuniones plenarias de Comisión o Comisiones Unidas convocadas para la discusión y en su caso aprobación de dictamen, lo que evidentemente no tocaría la obligación de los legisladores de acudir puntualmente a todas las reuniones de esa clase, así como todas las reuniones de información o trabajo previas a las de dictaminación. La misma regla aplica en caso de que el Pleno o la Colegisladora decidieran modificar el dictamen o la minuta respectiva para retornarla a la Comisión dictaminadora.

Por otra parte, podría tomarse en cuenta que la óptica de la incorporación del sistema del voto ponderado en Comisiones se localizaría en la eficacia objetiva de la medida, que permitiría neutralizar las eventuales dificultades para la obtención del quórum en el tipo de reuniones que se aplicaría, facilitando la definición del dictamen o dictámenes puestos a votación.

La pertinencia del voto ponderado dentro de los trabajos de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados está demostrada, dado que los Grupos Parlamentarios han podido agilizar la toma de decisiones conforme a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Congreso, con la resolución ágil de los asuntos tanto del orden parlamentario como administrativo.

2. Pertenencia de cada diputado a un máximo de dos comisiones ordinarias

A efecto de garantizar un mejor desempeño de los diputados en comisiones es conveniente reducir el número de comisiones a las que puede pertenecer con el propósito de que distribuya mejor sus responsabilidades, haciéndolas más efectivas. Actualmente los diputados pueden pertenecer a un máximo de 3 Comisiones (sin contar los grupos de amistad, las comisiones especiales y de investigación, los comités de los centros de estudio, las comisiones bicamarales, así como la Comisión Jurisdiccional) lo cual representa una importante carga de trabajo que impide que el legislador se desarrolle adecuadamente, razón por la cual se propone reducir el limite a dos comisiones.

3. Publicación de los registros de asistencia a las Comisiones y la facultad del Presidente de la Comisión de solicitar la sustitución de los diputados que no asistan

Con estas propuestas se incorpora un mecanismo de difusión del trabajo de Comisiones que incentiva a los legisladores a concurrir a las reuniones de Comisión. Por otra parte, la posibilidad de solicitar a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios la sustitución de legisladores que no asistan a tres reuniones de Comisión constituye un importante instrumento para garantizar las reuniones de Comisiones, contribuyendo en gran medida al combate del ausentismo.

4. La adición de reglas para que los puntos de acuerdo sean turnados directamente a las Comisiones por el Presidente de la Mesa Directiva

Con el fin de descargar al Pleno el trabajo, es conveniente plantear la posibilidad de que los puntos de acuerdo sean turnados directamente a las Comisiones competentes sin que sean presentados previamente ante la Asamblea en el Pleno pero si publicados en la Gaceta Parlamentaria, salvo que se soliciten de urgente y obvie resolución.

5. Adición de reglas para que los Secretarios de Comisión puedan convocar a reuniones

Con el propósito de no detener el funcionamiento del trabajo de las Comisiones, es conveniente desarrollar un mecanismo alterno mediante el cual un número determinado de Secretarios este facultado para realizar la convocatoria respectiva.

6. Puntualizar la facultad de los Coordinadores Parlamentarios para decidir si forman parte o no de las Comisiones

7. Se incorporan nuevas reglas de dictaminación

Se integran nuevas reglas para que las Comisiones desahoguen las iniciativas que son sometidas a su estudio, discusión y dictamen, se propone que el plazo para dictaminar sea de 30 días naturales con lo que se busca que las Comisiones cuenten con el tiempo razonable para conocer y dar trámite a las mismas dejando abierta la posibilidad para que, en caso de tratarse de algún cuerpo normativo de mayor complejidad, la Comisión solicite la ampliación del plazo para dictaminar. Asimismo se propone la creación de la Comisión de Estudios Legislativos Especiales que se integrará con los diputados de mayor experiencia legislativa a efecto de ser la Comisión encargada de conocer sobre asuntos que hubiesen sido retirados de otra Comisión.

8. Inclusión de los Comités de los Centros de Estudio como órganos permanentes

Si bien con la expedición de la Ley Orgánica no se contemplaban órganos colegiados de diputados para supervisar la operación de los Centros de Estudios, durante el inicio de su funcionamiento se reconsidera la conveniencia de que éstos sean supervisados por Comités integrados por diputados. Sin embargo, al no ser órganos permanentes su integración es dilatada, lo que trae como consecuencia que inicien su operación varios meses después del inicio de la Legislatura, por lo que se propone que se integren a la par de las Comisiones Ordinarias.

En tal circunstancia, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un numeral 6 al artículo 40, se reforma el numeral 1 del artículo 42, se recorren los numerales 4, 5 y 6 del artículo 43 y se adicionan los nuevos numerales 4 y 8; se recorren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 44 y se adiciona un nuevo numeral 4; se modifica el texto del inciso d) del artículo 45, al actual inciso f) se le adicionan cuatro fracciones, el contenido del actual inciso g) queda como inciso h); se adiciona un nuevo contenido al inciso g) y se adiciona los numerales 8 y 9; el actual numeral 4 del artículo 46 para ser el numeral 5 y se crea un nuevo numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 40.

1. a 5. ...

6. La Comisión de Estudios Legislativos Especiales se integra con veinte miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los grupos parlamentarios estarán representados en la misma. Conocerá de asuntos de gran relevancia conforme lo determine el Pleno y podrá ser la encargada de fungir como la comisión que conozca de un asunto que hubiese sido retirado de otra comisión conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso f) del artículo 45.

Artículo 42.

1. El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformaran y la prevención de que se deberán designar a los diputados que ejercerán el voto ponderado a que se refiere el artículo 45 de esta Ley, así como el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objetivo se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta dos de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las Comisiones Jurisdiccional y las de investigación.

2. ...

3. ...

4. De igual manera, corresponderá a la Junta de Coordinación Política postular por cada Grupo Parlamentario representado en las Comisiones, al diputado que ejercerá el voto ponderado a que se refiere el artículo 45 de esta ley.

5. En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo Parlamentario correspondiente.

6. Si un diputado se separa del Grupo Parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del Grupo podrá solicitar su sustitución.

7. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.

8. Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios no estarán obligados a integrarse a las comisiones ordinarias.¹

Artículo 44.

1. ...

2. El Presidente de la Comisión ordenará la publicación de los registros de asistencia en la Gaceta Parlamentaria y solicitará la sustitución del diputado que no concurra, sin causa justificada, a tres o más reuniones de comisión al Coordinador del Grupo Parlamentario de éste.

3. El Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o definitiva.

4. Las Comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio necesario para el trabajo de su Mesa Directiva y para la celebración de sus reuniones plenarias.

5. Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión.

Artículo 45.

1. a 5. ...

6. Las Comisiones tendrán las tareas siguientes:

7. ...

8. Para el caso de que en primera instancia no pudiese llevarse a cabo la sesión por falta de quórum, ésta podrá desarrollarse en forma excepcional con los diputados presentes, quienes adaptarán sus determinaciones mediante el sistema de voto ponderado. Al efecto, el diputado designado por cada Grupo Parlamentario para dicha función ejercerá el voto ponderado por cuanto a los diputados de su Grupo ausentes en la sesión correspondiente y solamente durante el tiempo en que efectivamente éstos no se encontraren, de modo que por cuanto a los diputados presentes éstos ejercerán su voto directamente.

9. La falta de asistencia o de permanencia hasta la terminación a alguna de las sesiones de las Comisiones por parte del diputado designado para ejercer el voto ponderado, en contravención a lo dispuestos por el artículo 44.2 de esta Ley, dará lugar a su inmediata remoción de dicha función.

Artículo 46.

1. a 3. ...

4. Los Centros de Estudios a que se refiere el numeral 3 del artículo 49 de esta ley contarán con Comités que serán los órganos rectores del trabajo sustantivo, encargados de emitir los lineamientos para los programas de trabajo, aprobarlos anualmente, supervisar su cumplimiento y su elaboración así como evaluar el desempeño de los Centros. Se integrarán durante el primer mes de ejercicio de cada Legislatura.

5. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno propondrá constituir ``grupos de amistad'' para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente para cada legislatura.

Transitorios

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Tomado de la iniciativa del diputado Emilio Chuayffet Chemor , presentada el 26 de octubre de 2004. Aprobada en la Cámara de Diputados con 428 votos en pro, 16 en contra y 1 abstención, el 28 de junio de 2005. Turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes. 2 Tomado en parte del Acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados. Aprobado por el Pleno en la sesión del día 3 de diciembre de 1997. 3 Las modificaciones a los incisos g) y h) del artículo 45 se tomaron de la iniciativa del diputado Emilio Chuayffet Chemor , presentada el 26 de octubre de 2004, con algunas modificaciones.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Sarur. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento hoy una aportación a la necesaria y urgente reforma de la Cámara y de sus procedimientos legislativos.

Se trata de reformas legales que crearían el Consejo de Estudios e Investigación de esta Cámara de Diputados. Su objetivo sería evaluar, replantear, rediseñar y coordinar todos los centros de investigación y el trabajo editorial de esta Cámara, que es errático, opaco y desconectado.

Los centros de investigación de esta Cámara son: el de Estudios de las Finanzas Públicas, que creamos en 1998; el de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria y el de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, sin contar con la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.

Hace dos años, la auditoría de desempeño a los centros de estudio de la Cámara de Diputados, realizada en el marco de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, probó que hay fallas graves en el funcionamiento de los centros. Éstos no obedecen a las normativas elementales de este tipo de trabajos ni a las disposiciones que regulan el servicio de carrera. Son como una serie de centros universitarios desconectados o de apéndices burocráticos de la Cámara sin relación orgánica con la tarea de los legisladores, sin autoridad académica y sin control administrativo verdadero. Se trata, debo decirlo, de una anomalía en los sistemas parlamentarios.

¿De quién dependen esos centros? De la Secretaría de la Cámara. Y tienen unos comités de Cámara que supuestamente supervisan a cada uno de ellos, pero en su conjunto carecen de objetivos claros e, independientemente de la calidad de sus investigaciones o de sus libros, o de la falta de calidad, no tienen un diseño ni una organización que corresponda a los principios fundamentales de eficiencia administrativa, de claridad y transparencia y de funcionalidad para los trabajos de esta Cámara.

No podría dejar de mencionar, señor presidente, que el auditor superior de la Federación, a cuyo cargo estuvo esta investigación, acaba de declarar, aparece en los periódicos de hoy, que los partidos políticos en este recinto se han convertido en mafias que utilizan al país como botín para repartirse el patrimonio público con total cinismo y desvergüenza, sin saber siquiera los principios que están defendiendo, porque ello les da oportunidad de seguir disfrutando el caudal que representan los recursos públicos bajo su disposición.

Creo, señores, que ésta es una acusación grave que debe ser respondida por los diputados, por los grupos parlamentarios o por la Cámara. De acuerdo con la perspectiva y el juicio que cada uno tenga sobre estas afirmaciones. Pero que debe ser respondida, sobre todo, con hechos.

La reforma que presentamos es tendiente a esta transparencia, eficacia y limpieza del trabajo de la Cámara, a la que he llamado, hace poco, una cámara fallida. Probemos con responsabilidad lo contrario. Muchas gracias, señores.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT

Exposición de Motivos

El artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados contará con los siguientes Centros: 1) de Estudios de las Finanzas Públicas; 2) de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; 3) de Estudios Sociales y de Opinión Pública; 4) de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y 5) de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

El objetivo por el que se crearon los Centros de Estudios fue apoyar técnicamente, y con carácter institucional, al trabajo legislativo. El primero fue el de Finanzas Públicas, creado en 1998. En 1999 se establecieron los de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y el de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En el año 2005 se incorporaron los Centros de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y el de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cada Centro cuenta con una estructura y un presupuesto que en ocasiones resulta oneroso en comparación con los resultados que presentan.

Las fallas en el cumplimiento de los objetivos que enmarcan el trabajo público, el exceso o falta de estructura y hasta la ausencia de claridad de objetivos inciden negativamente en la retribución social de las organizaciones públicas. Su diseño institucional puede ser decisivo para su éxito o fracaso.

En un contexto democrático y plural como es la Cámara de Diputados esto adquiere mayor relevancia, ya que su trabajo está sujeto al escrutinio público y a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo porque están obligadas a generar bienes y servicios para la población.

Existen, en general, fallas en el diseño, opacidad en las actividades y desviación de los objetivos para los que fueron creados los Centros. Según la Auditoría de Desempeño a los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, realizada en el marco de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación, existen fallas graves en el funcionamiento de los Centros.

Esta auditoría tenía como objetivo: ``fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de otorgar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, servicios de apoyo técnico e información analítica, sustentados en los cánones de investigación científica para desarrollar la función parlamentaria''. Es decir, la Auditoría verificó el cumplimiento de objetivos basándose en la gestión financiera de los Centros.

Los resultados arrojados por la Auditoría son graves. Entre las fallas más constantes de los Centros se encuentran la falta de cumplimiento de las disposiciones que regulan el Servicio de Carrera. Esta anomalía tiene efectos importantes en el trabajo de los Centros, ya que el Servicio, según el artículo 72 del Estatuto, tiene entre otros fines: a) formar funcionarios de alta calidad que apoyen de manera profesional y eficaz el cumplimiento de las atribuciones y funciones de la Cámara; b) proveer a los servicios que se prestan en la Cámara de personal calificado; c) garantizar que el desempeño de los funcionarios del Servicio se realice bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional. Es decir, si las contrataciones de los Centros no se basan en el Estatuto, puede ponerse en entredicho la calidad de los servicios que prestan a los parlamentarios.

Otra desviación detectada en la mencionada auditoría es que ninguno de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados dispuso de indicadores de desempeño para evaluar la contribución de los servicios de apoyo técnico y de la información analítica en el cumplimiento de la función parlamentaria. No debe dejarse de lado que una correcta evaluación del desempeño, en cualquiera de sus modalidades, permite a las organizaciones determinar las carencias de formación de sus integrantes, los errores en la conducción de la misma y reorientar el rumbo si se ha desviado del cumplimiento de los objetivos que le dieron vida. Si los Centros no cuentan con indicadores y estándares que permitan verificar lo anterior es posible que se hayan alejado de sus funciones principales generando cargas económicas y financieras a la ciudadanía.

Según la Auditoría, ``los Centros de Estudios de la Cámara no dispusieron de criterios estandarizados sobre los servicios de apoyo técnico y la información analítica, ni contaron con mecanismos e instrumentos de control que permitieran la determinación de los productos y la calificación de este tipo de servicios en los Programas Operativos Anuales''. Con ello, la Auditoría evidencia la falta de homogeneidad en la calidad de los trabajos de los Centros. El impacto de lo anterior es sumamente negativo, ya que al ser organismos auxiliares del trabajo parlamentario, pueden entregar resultados de dudosa calidad académica y política.

Las omisiones y/o fallas hasta ahora mencionadas no incluyen la gestión de los recursos financieros. La auditoría registró numerosos incumplimientos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esta crisis económica resulta de la mayor importancia verificar que los recursos públicos se destinen de manera eficaz y eficiente.

La opacidad es un elemento que habría de combatirse de manera urgente. Según el artículo 36 del Estatuto ``los Centros de Estudios deberán guardar reserva sobre la información y resultados de sus actividades e investigación y sólo podrán darla a conocer por autorización superior expresa''. Los resultados de los trabajos de los Centros deben considerarse en todos los casos de interés público, así se fomentaría la rendición de cuentas y el estricto apego a la legalidad.

La adscripción de los Centros a la Secretaría de Servicios Parlamentarios puede ser causante de algunas de las desviaciones en sus fines. La naturaleza académica de los Centros no debiera pertenecer al ámbito de una Secretaría cuyo fin es apoyar a los órganos de la Cámara. La Secretaría tiene un objetivo de naturaleza técnica y administrativa que no coincide necesariamente con la calidad académica que debería regir a los Centros, ni debieran existir intermediarios entre éstos y los legisladores. Es decir, no hay coincidencia en los objetivos de unos y otros, contraviniendo la lógica organizativa y provocando distorsiones en los resultados. Es fundamental reforzar y revisar la transparencia, la rendición de cuentas, la estructura administrativa, pero sobre todo, su relación con el trabajo legislativo.

Los Centros de Estudio responden organizativamente a dos instancias: 1) según el artículo 22, inciso m, del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el Secretario de Servicios Parlamentarios tiene la obligación de ``Dirigir las actividades de los Centros de Estudios, con base en los acuerdos del Secretario General''; 2) por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los Centros responden también a los Comités constituidos en torno a cada uno de ellos. Esto evidencia que, a pesar de la duplicidad jerárquica del secretario de Servicios Parlamentarios y de los respectivos Comités, no hay instancia parlamentaria alguna que coordine los trabajos de los Centros. Las actividades no han sido supervisadas de manera suficiente ni adecuada, sino que se ha propiciado que dichos Centros se conviertan en cuotas adicionales de los partidos políticos. Así, se amplía la posibilidad de ineficiencias y falta de calidad en los resultados de las investigaciones y actividades.

La emergencia económica y la gravedad de los problemas sociales del país obligan a los legisladores a asignar con criterios de eficiencia y eficacia los presupuestos públicos. Asimismo, en un contexto de pluralidad política, como es la Cámara, la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de información clara y veraz adquieren mayor importancia. Al día de hoy, los Centros, que fueron concebidos para enriquecer el trabajo legislativo y apoyar a los diputados en sus tareas cotidianas, carecen de conexión con el trabajo parlamentario.

Por lo anteriormente mencionado, se presenta a su consideración el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona los numerales 6 y 7 del artículo 46, que deroga el numeral 3, del artículo 49 y que deroga el inciso c, numeral 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona el numeral 6 del artículo 46, se adiciona el numeral 7 del artículo 46, se deroga el numeral 3, del artículo 49 y se deroga el inciso c, numeral 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 46.

1. a 5. ...

6. La Cámara contará con los Centros de Estudios que requiera para el apoyo de las labores de los diputados y el debido funcionamiento de los sistemas de biblioteca, documentación y análisis al servicio del trabajo legislativo. Promoverá, además, un programa editorial acorde a sus fines y a la difusión de la cultura política y parlamentaria.

7. Para efecto de coordinar, planear y evaluar los trabajos de los Centros de Estudio y del Consejo Editorial se integrará el Consejo de Estudios e Investigación, integrado por legisladores de los partidos políticos representados en la Cámara, y que contará con el concurso de un Comité de académicos reconocidos por su trayectoria.

Artículo 49.

1. a 2. ...

3. Se deroga.

Artículo 50.

1.

2.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado Porfirio Muñoz Ledo.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Gracias, presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: A usted, diputado Muñoz Ledo.

Nos visitan alumnos del videobachillerato de San Cristóbal, Guanajuato, invitados de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa . Sean bienvenidos a este recinto.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que es suscrita, además, por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Sánchez de la Fuente.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Con su permiso, diputado presidente. Los diputados de Coahuila, en voz de su servidor, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Honorable soberanía, primero que nada voy a definir en número reales qué tan importante es el papel que juega la industria automotriz en la economía de México y de los mexicanos. Genera una cadena productiva que involucra en gran medida a otras industrias como las del acero, el vidrio, el hule, el plástico y la textil, entre muchas más.

Desde el suministro y fabricación de sus partes y componentes, el ensamble y fabricación de vehículos, la venta y distribución, hasta el servicio de postventa, crea cerca de un millón de empleos directos, más miles que conlleva la cadena productiva. Más de 13 por ciento del empleo nacional.

Nuestra industria automotriz representa 17.3 del producto interno bruto manufacturero; generó en este último año más de 17 mil millones de dólares en divisas, dando 21.4 por ciento del valor total de las exportaciones, y en 2008 fue la rama más productiva en nuestra economía nacional.

Si estamos conscientes del valor que representa la industria automotriz en la economía nacional, entonces, ¿por qué permitimos que la crisis económica y financiera que se vive en el mundo y en nuestro país dañe tan profundamente nuestra valiosa fuente de empleo?

La industria automotriz atraviesa una de sus peores crisis ante el ambiente recesivo que vivimos, lo cual ha traído como consecuencia la caída de la producción de vehículos en México, en 42.9 por ciento en el primer semestre de 2009. Es decir, se dejaron de fabricar 452 mil 422 automóviles sólo en el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2008. Por ende, las exportaciones se contrajeron 42.1 por ciento y se perdieron, señoras y señores, más de 350 mil empleos formales.

Otro factor que ha contribuido a esta contracción es la entrada de automóviles usados de procedencia extranjera. Durante los últimos cinco años se ha permitido la entrada a nuestro país a 4.5 millones de vehículos extranjeros, que lejos de contribuir a la creación y mantenimiento de los miles de empleos que genera nuestra industria automotriz, han provocado daños irreversibles, no nada más en las finanzas de nuestra industria, sino en la economía familiar de quienes los adquieren al tener que dar mantenimiento a automóviles que no cuentan con el respaldo en servicios y refacciones, quedando al final chatarra que sólo contamina y ensucia nuestro país.

Aunado a lo anterior, la industria enfrenta las fuertes cargas tributarias acumulativas, como el IVA, el ISAN y la tenencia, los cuales elevan aproximadamente hasta 25 por ciento el precio final del vehículo, haciéndolo menos competitivo.

En otros países, a la reactivación del mercado interno automotriz se le ha dado una gran importancia. Entre los ejemplos más exitosos están Alemania, con un alcance de 3 millones de vehículos renovados, y Brasil, que mediante un programa de eliminación de impuestos al consumidor de vehículos nuevos ha logrado que su mercado no sólo no caiga como el de México, sino que se espera un crecimiento de 6 por ciento en este año. En México vamos a decrecer 12 por ciento.

En nuestro país la única medida tomada ha sido un programa de renovación vehicular, el cual ha sido un total fracaso, ya que hasta el pasado 6 de noviembre, según datos de la Secretaría de Economía, sólo han sido emitidos 3 mil 923 certificados de destrucción de vehículos y por ende, el mismo número de coches vendidos.

Compañeros, es necesario que reaccionemos rápido, que se implementen medidas reales, urgentes, que beneficien al sector automotriz y que permitan la reactivación de la industria y la mejora de las condiciones ambientales, ya que la entrada de autos usados de procedencia extranjera al mercado nacional han causado daños a la industria automotriz mexicana, pero también al medio ambiente.

Es fundamental que desde el Congreso de la Unión nosotros los legisladores hagamos, como prioridad nacional, el impulso a este sector de la industria tan importante para nuestro país; debemos promover las reformas necesarias encaminadas a impulsar el crecimiento del mercado interno.

Sentemos precedentes, señores, y tomemos decisiones que realmente mejoren la economía nacional.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa que, mediante la reforma a la Ley del IVA, pretende que se incorpore un artículo transitorio para que se establezca una tasa cero a la enajenación de vehículos compactos y subcompactos.

Asimismo, con la reforma a la Ley del ISR se pretende la deducibilidad inmediata en todo el territorio nacional para la adquisición de vehículos, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas, con valor de hasta 400 mil pesos para personas morales y personas físicas, durante los próximos 12 meses nada más.

Por último, con la reforma a la Ley del ISAN (Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos) buscamos la exención del pago de este impuesto a vehículos con valor de hasta 200 mil pesos; y de 200 mil a 250 mil, una exención de 50 por ciento de este impuesto.

Desde esta tribuna hago un llamado a todos los legisladores. Con unidad, señores, creemos las condiciones para el desarrollo; ofrezcamos incentivos para que a los empresarios les convenga invertir en México. Si continuamos como hasta ahora con esta crisis, con esta línea fiscal, no habrá ISR que cobrar. Si no tomamos las decisiones rápidas y urgentes, no habrá IVA que cobrar. Si no sacrificamos nuestros impuestos hoy en esta crisis, en el mañana no habrá ISAN que cobrar.

Unamos esfuerzos, señores, y saquemos adelante a nuestro país. La decisión es nuestra. Hagamos la diferencia. Legisladores, sentemos precedente y trabajemos para los mexicanos.

Señor presidente, entrego en este momento a la Secretaría la versión de la iniciativa presentada y le solicito que sea ésta la que se envíe a la comisión y se publique íntegramente en el Diario de Debates. Por su atención, señores; señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 8 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se reforma el artículo 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforma el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Exposición de Motivos

El sector automotriz en nuestro país desempeña un papel estratégico en la actividad económica, laboral, de desarrollo de investigación y, particularmente, en el sector industrial es un eslabón que establece un encadenamiento con otros sectores como el acero, el vidrio, el hule, el plástico y el textil, entre otros; es decir, genera una cadena de valor productivo, desde el suministro de sus partes y componentes, el ensamble y la fabricación de vehículos, la venta y distribución, hasta el servicio de posventa. Es pionera en la innovación de procesos de producción y comercialización en el sector manufacturero, además de su importancia en el sector exportador y marginalmente en la recaudación tributaria, considerando que en 2010 el gobierno estima reacaudar 21 mil 67.9 millones de pesos por concepto de tenencia vehicular y 4 mil 27.1 millones de pesos por concepto del impuesto sobre vehículos nuevos (ISAN), los que en su conjunto representan poco más del 1 por ciento del ingreso público total.

La industria automotriz nacional se encuentra dividida en la fabricación y el ensamble de vehículos automotores (automóviles, camiones ligeros, autobuses, camiones pesados y tractocamiones), contando con 12 plantas de ensamble distribuidas a lo largo del país y en la fabricación de motores, autopartes y accesorios, teniendo plantas de fabricación distribuidas en 26 estados, así como una red de mil 400 distribuidores en todo el país.

Nuestra industria automotriz representa 17.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) manufacturero según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es generadora de 13.4 por ciento del empleo en este sector, genera cerca de 1 millon de empleos formales directos, también en este último año generó más de 17 mil millones de dólares en divisa neta, genera 21.4 por ciento del valor total de las exportaciones con poco más de 45 mil millones de dólares, según estimaciones del Banco de México.

Durante el periodo 2001-2008 tuvo una tasa de crecimiento acumulada de 35.7 por ciento, muy superior al crecimiento del PIB nacional, el cual creció 22.3 por ciento en el mismo periodo e invirtió más de 20 mil millones de dólares entre 2000 y 2006; asimismo realizo inversiones por más de 6 mil millones entre 2007 y 2008, por lo que este sector representa un componente muy importante de la inversión extranjera directa de las manufacturas en México.

En 2008 fue la rama más productiva y que más invirtió en el rubro de investigación y desarrollo en México, con más de 12 mil millones de pesos destinados a esta actividad. De acuerdo con Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la sexta parte de estos gastos en investigación y desarrollo fueron apoyados en sus programas de fomento.

Ante la crisis económica y financiera mundial, la industria automotriz también se ha visto severamente afectada y atraviesa una de sus peores crisis ante el ambiente recesivo lo cual ha traído como consecuencia la caída en los primeros seis meses del año de 37 por ciento en las ventas del mercado interno de Estados Unidos de América, principal destino de nuestras exportaciones (72 por ciento de la producción total de vehículos en México se exportan hacia ese país), 35 por ciento de caída en el mercado de Japón y una contracción del 31 por ciento en el mercado nacional, el cual acumula diez meses consecutivos de caída.

Como resultado de lo anterior, la producción de vehiculos en México ha caído 42.9 por ciento en el primer semestre de 2009 (es decir, se dejaron de fabricar 452 mil 422 vehículos en el primer semestre de 2009, comparado con el mismo periodo de 2008). Incluso la caída de la producción en junio fue la más alta, al alcanzar 48.1 por ciento. Por ende, las exportaciones se contrajeron 42.1 por ciento en el primer semestre de este año.

Otro factor que ha contribuido a esta contracción, es la entrada de autos usados de procedencia extranjera que, desde 2005, permitió la administración del ex presidente Vicente Fox. Durante estos últimos años, se permitió la entrada a nuestro país de 4.5 millones de vehiculos ``chocolate'', principalmente provenientes de Estados Unidos de América, ocasionando que el parque vehicular de nuestro país envejeciera (uno de los más viejos del mundo, con 14.5 años de antigüedad).

Por lo anterior, nuestra industria se encuentra en clara desventaja, ya que compite de manera inequitativa con los autos usados. En los últimos 4 años, estas importaciones deprimieron el mercado nacional de manera muy importante, dificultando la posibilidad de venta de autos nuevos.

Aunado a esto, la inequidad en la competencia con el mercado externo la industria enfrenta las fuertes cargas tributarias acumulativas, como el IVA, el ISAN, la tenencia sobre uso de automóvil, lo cual eleva entre 18 y 25 por ciento el precio final del vehículo, haciéndolo menos competitivos.

En otros países se han tomado las medidas necesarias para reactivar el mercado interno durante 2009, entre los ejemplos más exitoso estan el caso de Alemania, el cual mediante un programa de renovación del parque vehicular con un alcance de 3 millones de vehiculos y con un bono gubernamental de 2 mil 500 euros espera un crecimiento sostenido de más de 25 por ciento y Brasil mediante un programa importante de eliminación de impuestos al consumidor de vehiculos nuevos (estimulos fiscales), han logrado que su mercado no sólo no caiga como los del resto del mundo sino que espera un crecimiento de 6 por ciento.

En nuestro país la única medida tomada ha sido el programa de renovación vehicular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2008, en el marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat), el cual con un fondo inicial de 500 millones de pesos pretende otorgar estímulos de hasta 15 mil pesos a cambio de un certificado de destrucción de un vehículo con más de 10 años de antigüedad para la adquisición de un auto nuevo con un precio de hasta 215 mil pesos antes de impuestos.

El objetivo del gobierno federal ha sido limitado ya que con la operación del programa, hasta el pasado 6 de noviembre según datos de la Secretaría de Economía, sólo han sido emitidos 3 mil 923 certificados de destrucción de vehículos y, por ende, el mismo número de coches vendidos, y a la fecha deberían de llevarse comercializadas ocho mil unidades, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Es necesario que se implanten medidas reales que beneficien al sector automotriz, que permitan la activación de la industria y la mejora de las condiciones ambientales, ya que la entrada de autos usados de procedencia extranjera al mercado nacional han causado daños a la industria automotriz mexicana, pero tambien al medio ambiente y a la seguridad en nuestro país. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha insistido en la necesidad de hacer obligatoria la verificación de las condiciones físico-mecánicas y las emisiones contaminantes de los vehículos usados importados.

Es fundamental que desde el Congreso de la Unión los legisladores programemos como prioridad nacional el impulso a este sector de la industria tan importante para nuestro país. Debemos de promover las reformas necesarias encaminadas para el impulso al crecimiento del mercado interno.

Es por lo anterior que la presente tiene por objetivo la activación del mercado de la industria automotriz, con el propósito de fomentar las inversiones de las armadoras en México y, con ello, al mercado automotriz nacional, haciendo más competitiva a la industria mexicana.

La presente iniciativa pretende que mediante una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado se incorpore un artículo transitorio para que se establezca una tasa cero a la enajenación de vehículos compactos y subcompactos; con la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta se pretende la deducibilidad inmediata en todo el territorio nacional para la adquisición de vehículos autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas con valor de hasta 400 mil pesos para personas morales durante los próximos 12 meses y, por último, con la reforma a la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, con la cual buscamos la exención del pago de este impuesto a vehículos con valor hasta de 200 mil pesos y de 200 mil hasta 250 mil pesos, una exención de 50 por ciento de este impuesto.

Por lo anterior es que someto a consideración esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adicione un artículo transitorio a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Transitorio. Respecto del artículo primero, fracción I, enajenación de bienes, se exente de dicho impuesto a los vehículos automotores con valor de hasta 200 mil pesos, hasta por 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta reforma.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 40, la fracción II del artículo 42, y se adiciona un artículo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 40. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

Artículo 42. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

...

Transitorios

Artículo Primero. El porcentaje máximo de deducibilidad, establecido en la fracción VI del artículo 40, del 100 por ciento, será durante 12 meses siguientes a la entrada en vigor de esta reforma.

Artículo Tercero. Se reforma los párrafos primero y segundo del inciso II del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para quedar como sigue:

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley en los siguientes casos:

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Sánchez de la Fuente. Como lo solicita, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Benjamín Clariond, ¿con qué objeto?

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Presidente, para preguntarle al diputado; quisiera adherirme a la iniciativa del diputado De la Fuente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Sánchez de la Fuente, el diputado Benjamín Clariond le pregunta si puede suscribir la iniciativa que usted ha presentado.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Claro que sí, don Benjamín, con mucho gusto. Se lo agradezco.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Señor presidente, en el mismo sentido.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En el mismo sentido el diputado Miguel Ángel García Granados. Ha aceptado el diputado Sánchez de la Fuente. Por tanto, las diputadas y los diputados que deseen adherirse a la iniciativa pueden hacerlo con la suscripción del documento en la Secretaría.

Tenemos la visita de un grupo de colonos de Ecatepec de Morelos, estado de México, que hoy hacen presencia en este honorable recinto y son invitados del diputado Jorge Hernández Hernández . Bienvenidos a este recinto.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Adelante, diputada Rosi Orozco.

La diputada Rosi Orozco: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, me presento ante ustedes para invitarles a hacer una reflexión con respecto a la iniciativa que he entregado a la Junta de Coordinación Políticay que hoy presento ante ustedes.

El combate a la trata de personas es un tema que nos une como mexicanos y mexicanas, y, sobre todo, como seres humanos; es un tema en el que coincidimos sin importar la ideología o partido al que representamos, pero, sobre todo, el combate a este delito constituye una lucha en la que el país necesita de la participación de cada uno de nosotros.

El Estado mexicano adquirió compromisos con la suscripción al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

Entre dichos compromisos se encuentra la promulgación tanto de una ley que consagre en la legislación nacional los principios y mandatos establecidos, dictados por el instrumento internacional, antes mencionado; así como la norma que reglamente la misma. En este sentido, la ley ya fue publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007, con el propósito de incluir en nuestro ordenamiento jurídico federal los principales lineamientos y principios fundamentales para prevenir, tipificar y sancionar este delito con la debida colaboración de los tres órdenes de gobierno, así como de la procuración y administración de justicia.

En el artículo segundo transitorio de dicha reforma, se estableció la obligación del Ejecutivo federal de expedir el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en un término no mayor a los 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Con un atraso de más de un año, el 27 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Ahora bien, el artículo 10, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, previó la creación de una Comisión Intersecretarial, misma que una vez instalada deberá expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que deberá contener como mínimo las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito.

Si bien es cierto que a la fecha la legislación en la materia prevé esta creación y ya por primera vez se hizo una reunión a mediados de este año, todavía el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no se ha podido consolidar.

Aunado a lo anterior, resulta indispensable la participación constante del Legislativo en los trabajos de la Comisión Intersecretarial, a efecto de apoyar e impulsar el programa que habrá de diseñar la Comisión Intersecretarial, al tiempo de que sirva como canal natural para canalizar propuestas para reformas legales.

Por lo anterior, la iniciativa tiene como propósito reformar el marco legal con la finalidad de incluir a un representante de la Cámara de Diputados en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Se reforma el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a efecto de agregar una fracción III, que quedará como sigue:

Artículo 10. ...

I. ...

II. ...

III. En la Comisión Intersecretarial también participarán un representante de la Cámara de Diputados y un representante de la Cámara de Senadores.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores habrán de ser designados por dichos órganos legislativos dentro de un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, de conformidad a lo siguiente:

a) En el caso del representante de la Cámara de Diputados, éste será designado de entre sus miembros por el pleno de dicho órgano legislativo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Cámara.

b) En el caso del representante de la Cámara de Senadores, éste será designado de entre sus miembros por el pleno de dicho órgano legislativo, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Cámara.

Tercero. A efecto de cumplir con sus funciones, los representantes de ambas Cámaras contarán con el apoyo de un asesor cada uno, cuyo sueldo habrá de ser cubierto por la propia Cámara a que pertenezcan en los términos del acuerdo a que dicho efecto sea aprobado por la Junta de Coordinación Política de cada una de sus Cámaras. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y el artículo 10 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

El Estado mexicano adquirió compromisos con la suscripción del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

Entre dichos compromisos se encuentra la promulgación, tanto de una ley que consagre en la legislación nacional, los principios y mandatos establecidos en dictados por el instrumento internacional antes mencionado, así como la norma que reglamenta ésta.

En ese sentido, la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de noviembre de 2007, con el propósito de incluir en nuestro ordenamiento jurídico federal los principales lineamientos y principios fundamentales para prevenir, tipificar y sancionar este delito con la debida colaboración de los tres órdenes de gobierno, así como de la procuración y administración de justicia.

En el artículo segundo transitorio de dicha reforma se estableció la obligación a cargo del Ejecutivo federal para expedir el Reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas en un término no mayor a 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Con un retraso de más de un año, el 27 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Ahora bien, el artículo 10 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas previó la creación de una comisión intersecretarial que, una vez instalada, deberá expedir el programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, programa que deberá de contener, como mínimo, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito.

II. Objeto de la iniciativa

Si bien es cierto que a la fecha la legislación en la materia prevé la creación de una comisión intersecretarial encargada de coordinar el diseño de un programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, la realidad es que hoy día dicha comisión no se ha instalado y, por tanto, no se ha diseñado el programa antes señalado.

Aunado a lo anterior, resulta indispensable la participación del Legislativo en los trabajos de la comisión intersecretarial a efecto de apoyar e impulsar el programa que habrá de diseñar la comisión intersecretarial al tiempo que sirva como canal natural para canalizar propuestas para reformas legales.

Por lo anterior, la iniciativa de mérito tiene como propósito reformar el marco legal con la finalidad de incluir a un representante de la Cámara de Diputados en la comisión intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas

Único. Se reforma el artículo 10 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas a efecto de agregar una fracción III para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores habrán de ser designados por dichos órganos legislativos dentro de un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, de conformidad a lo siguiente:

Tercero. A efecto de cumplir con sus funciones, los representantes de ambas Cámaras contarán con el apoyo de un asesor cada uno, cuyo sueldo habrá de ser cubierto por la propia Cámara a que pertenezcan, en los términos del acuerdo que a dicho efecto sea aprobado por la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Rosi Orozco.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Manolo Acosta, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): Sí, presidente. Le quiero pedir a la diputada Rosi Orozcosumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputada Orozco, acepta que se sume el diputado Acosta?

La diputada Rosi Orozco (desde la curul): Sí, acepto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí, diputado. Por tanto, si lo desea ---y en la misma circunstancia las diputadas y diputados que estén en esa situación--- pasen a la Secretaría a firmar el documento.

Nos visita un grupo de alumnos de la Universidad Latina, de Celaya, Guanajuato, invitado por el diputado Martín Rico Jiménez y que está presente en el recinto. Bienvenidos. De la misma manera está presente también un grupo de colonos de Tizayuca, Hidalgo, invitado por la diputada Paula Hernández Olmos. A ambos grupos les damos la más cordial bienvenida a este recinto.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federaly de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Indira Vizcaíno Silva , diputada federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de la honorable asamblea iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución consagra los derechos fundamentales de todos los individuos, particularmente respecto de los menores, el artículo 4o. establece, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, garantías.

Existen también tratados internacionales generados en el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, relativos a los derechos fundamentales de los menores, que nuestro país ha ratificado.

México suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1990, ahí se establecieron las bases para la transformación de las instituciones en materia de protección a niñas, niños y adolescentes. Al ratificar esta Convención, el Estado mexicano se comprometió a proteger y asegurar todos y cada uno de los derechos de la infancia y aceptó cumplir con esta responsabilidad ante la comunidad internacional.

La Convención de los Derechos del Niño señala que el interés superior de la infancia debe ser una consideración primordial en todas las medidas que tomen las instituciones, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos. En todas las circunstancias, en todas y cada una de las decisiones que conciernen a niñas, niños y adolescentes, deben examinarse todas las soluciones posibles en función del interés superior de la infancia.

Este principio internacional señala que los organismos legislativos deben considerar si las leyes que se adoptan o se enmiendan beneficiarán a la niñez y a la adolescencia de la mejor manera posible. Los tribunales y otras entidades encargadas de resolver conflictos de intereses deben basar sus decisiones en la solución que sea mejor para la infancia. Cuando las autoridades administrativas intervienen deben hacerlo teniendo en cuenta a las niñas y los niños para salvaguardar su interés superior.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos la niñez mexicana sigue siendo uno de los grupos más vulnerables que existen en el país, las niñas y niños son víctimas de constantes abusos y se encuentran expuestos a entornos violentos, tanto en el hogar como en las escuelas.

México ocupa el lugar 28 en el mundo, y el quinto en América Latina, con mayor comercio sexual de menores, lo que hace al país un paraíso para la explotación sexual comercial infantil, que ocupa ya el segundo lugar en generación de recursos, que se ubican en el orden de los 24 mil millones de dólares anuales por encima de la venta de armas y sólo superada por el narcotráfico. Asimismo, después de Tailandia, México es el segundo lugar en producción de pornografía infantil en el mundo.

En el informe La infancia cuenta en México 2008, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se señala que en 2007 había en México más de 29 mil menores sin el cuidado de sus padres. 58 por ciento eran niñas y 42 por ciento niños; 23 por ciento pertenece al grupo de edad de 0 a 6 años, y 77 por ciento de 7 a 17 años.

A pesar de que la mayoría de los casos de abuso se dan en el ambiente familiar, cada vez más son los reportes de abusos en escuelas. De acuerdo con la Policía Federal Preventiva (PFP), a un pederasta le toma 15 días tener relaciones sexuales con niñas o niños, una vez que los conoce a través de un chat. La explotación sexual infantil a través de la red ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía tiene como fin limitar el hecho de que la prescripción de la acción penal y las sanciones sigan siendo la principal vía para que delitos como corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, homicidio queden en la impunidad.

En el derecho penal mexicano, la aplicación de la prescripción y de sus plazos, no presentan excepciones ni consideraciones específicas dependiendo del sujeto pasivo del delito, sino únicamente del tipo de delito y su sanción, de la situación específica del sujeto activo del delito y de los requisitos de procedibilidad específicos para la acción penal.

Sin embargo, en el derecho internacional de los derechos humanos existen instrumentos en donde dada las características de las víctimas o cuando se afectan valores fundamentales de la sociedad o el interés público, necesariamente se interrumpen los plazos para la prescripción de la acción penal.

Así lo han establecido tratados internacionales como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas o el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en materia de imprescritibilidad de delitos de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 205 Bis, y se adiciona un artículo 266 Ter, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 205 Bis. Serán imprescriptibles los delitos señalados en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204 y las sanciones se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:

Artículo 266 Ter. Serán imprescriptibles las sanciones y los delitos señalados en los artículos 261, 262, 265 y 266.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

Este delito será imprescriptible, cuando sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo y no se requerirá acreditación de los medios comisivos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que es suscrita también por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado Bailey.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma por adición el artículo 7o., en sus fracciones I y II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con la siguiente exposición de motivos.

En México, más de 2.3 millones de personas participan en el sector financiero denominado ``de ahorro y crédito popular'', con créditos que ascienden aproximadamente a 25 mil millones de pesos.

Una de las instituciones en que participa este sector es el de las uniones de crédito, constituidas con el propósito de ofrecer acceso al financiamiento y condiciones favorables para ahorrar y recibir préstamos y servicios financieros; constituidas con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que las supervisa bajo las normas establecidas en la Ley de Uniones de Crédito.

La figura jurídica cuenta con más de 70 años ofreciendo alternativa de financiamiento con tasas de interés atractivas y esquemas de garantías menos rigurosos que los establecidos por la oferta crediticia tradicional.

La crisis de 1995-96 llevó a muchas de estas empresas a elevar drásticamente sus tasas de interés, generando graves problemas de recuperación de cartera, que a su vez se tradujo en el incumplimiento de estas instituciones con sus acreedores.

Un caso específico de esta situación es el que se está viviendo con un importante número de ciudadanos en Nuevo León, así como en otras entidades de la República, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de la Unión de Crédito Monterrey, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fecha del 27 de octubre de 2004, revocó la autorización para operar.

Lo delicado del problema se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, pensionados y pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esfuerzo y trabajo.

Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares, la Unión de Crédito Monterrey no pudo cumplir con los compromisos asumidos con cerca de mil 800 socios ahorradores, por una cantidad aproximada de 380 millones de pesos.

En este sentido, para atender la problemática línea de este razonamiento, el honorable Congreso de la Unión expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con fecha del 29 de diciembre de 2000.

Todo esto para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores, que en esencia son similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, así como otras uniones en el resto de la República.

En este sentido, los legisladores hemos venido presentando diversos puntos de acuerdo, solicitando al Ejecutivo federal su atención, y se han sostenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, sin que el asunto se resuelva, argumentándose que el fideicomiso referido no contempla a las uniones de crédito, por lo que se está ante un problema legal. De ahí la necesidad de llevar a cabo la reforma que se propone en la presente iniciativa y con ello atender de fondo el problema, dentro de un marco legal adecuado.

Con esta iniciativa se pretende reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para que se apliquen los mismos principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en 2000, cuando se aprobó, y auxiliar a los ahorradores de menos ingreso, para la protección de grupos vulnerables, como jubilados y pensionados, y sus ahorros de toda la vida, que se quedaron totalmente desprotegidos por la irregular actuación de las señaladas sociedades de ahorro y préstamo.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma por adición el artículo 7o., en sus fracciones I y II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. Sociedades de Tipo ``I'': a) ...; b) ...; c) ...; d) ... y e) Uniones de crédito que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas.

II. Sociedades de Tipo ``II'': A las mismas sociedades a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción inmediata anterior, que se encuentren actualmente en operación. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, Eduardo Alonso Bailey Elizondo , María de Jesús Aguirre Maldonado , Rogelio Cerda Pérez , Benjamín Clariond Reyes Retana , María Cristina Díaz Salazar , Ildefonso Guajardo Villarreal , Felipe Enríquez Hernández , Marcela Guerra Castillo y Fermín Montes Cavazos , en ejercicio de la facultad que les conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman por adición el artículo 7, en sus fracciones I y II, de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México más de 2.3 millones de personas participan en el sector financiero denominado de Ahorro y Crédito Popular. Esta cifra representa más del 6 por ciento de la población económicamente activa y está conformada por una gran mayoría de mexicanos que no tienen acceso a los servicios financieros de la banca formal, por lo que cumplen una función importante de intermediación en el crédito que según estudios asciende aproximadamente a 25 mil millones de pesos.

Unas de las instituciones en que participa el sector de la sociedad, señalado en el párrafo anterior, son las Uniones de Crédito, que son instituciones financieras constituidas con el propósito de ofrecer acceso al financiamiento y condiciones favorables para ahorrar y recibir préstamos y servicios financieros, que actualmente se encuentra regulado por la Ley de Uniones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de agosto de 2008.

Existen uniones que agrupan a muy diversos sectores de la sociedad como las de los curtidores, de pescadores, de ganaderos, de industriales, de campesinos, de comerciantes, entre otras, o también existen las denominadas ``mixtas'', que aceptan socios con distintas actividades, así como las denominadas del ``sector social'', y todas ellas están orientadas a atender al sector económico que por sus condiciones sociales, económicas y geográficas están incapacitados para acceder a las instituciones financieras tradicionales. De ahí su importancia y la necesidad de preservarlas y regularlas para que cumplan a mayor cabalidad con su cometido.

Las Uniones de Crédito, están constituidas como sociedades anónimas de capital variable, con la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cual también se encarga de las labores de supervisión bajo las normas establecidas en la citada Ley de Uniones de Crédito.

Aunque la figura jurídica cuenta con más de 70 años de establecida en el país, el sector inicia su despegue real en las últimas dos décadas, fuertemente impulsado como canal de distribución para un importante volumen de recursos financieros --principalmente de la banca de desarrollo--, ofreciendo una alternativa real de financiamiento con tasas de interés atractivas y esquemas de garantías menos ``rigurosos'' que los establecidos por la oferta crediticia tradicional.

Con estos antecedentes, durante los años 1992 a 1994 se experimentó un crecimiento de la cartera colocada a través de este tipo de intermediarios financieros con operaciones de muy variado giro, nivel de apalancamiento, importe y calidad crediticia.

Con las reformas de 1993, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que las regulaba hasta el 21 de agosto de 2008, se desreguló de manera significativa su marco normativo con el propósito de fortalecer el financiamiento a las ya existentes y dotarlas de mayor autonomía de gestión y promover su desarrollo en el contexto de una mayor competitividad.

La crisis de 1995-1996 llevó a muchas de estas empresas a una revisión integral de sus operaciones en un entorno gravemente adverso en lo macro y microeconómico, generando en primera instancia una astringencia crediticia por parte de la banca de desarrollo; simultáneamente, las tasas de interés aplicables a sus operaciones crediticias se elevaron drásticamente, acorde a la situación económica del momento, generando graves problemas de recuperación de cartera que a su vez se tradujo en incumplimientos de esas instituciones con sus acreedores, provocando una problemática generalizada, y ocasionando en última instancia una dramática reducción del número de este tipo de intermediarios pasando de 402 al cierre de 1994 a 210 uniones de crédito en operación para septiembre del 2002 según datos de la CNBV (Fuente: Condusef).

Fue así como en --aproximadamente-- 25 estados de la República Mexicana ha sido necesaria la intervención de autoridades federales para asegurar diversas sociedades de ahorro y crédito, determinando en algunos casos su cierre temporal, debido a que les fueron detectadas una serie de irregularidades que ponían en peligro el ahorro de los mexicanos.

La precaria seguridad jurídica, situación por la que atraviesan los mexicanos que invierten de buena fe y pierden su patrimonio en las mencionadas instancias de ahorro popular, hace necesario que el Estado utilice todos los instrumentos económicos y jurídicos a su alcance para, por un lado, fortalecer la regulación de esas instituciones, estableciendo mecanismos que protejan el ahorro y establezcan garantías en la operación y responsabilidad de esas entidades; y por otro, a corto plazo, buscar opciones para que el patrimonio de los inversionistas afectados por la deficiente operación, vigilancia y supervisión de de instituciones que los defraudan, pueda tener la menor afectación posible, a fin de prevenir situaciones que pongan en peligro futuro el patrimonio de sus usuarios.

Un caso específico de esta situación es el que están viviendo un importante número de ciudadanos de Nuevo León, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, S. A. de C. V., a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 27 de octubre de 2004 revocó la autorización para operar. Lo delicado del problema, desde la perspectiva financiera y del control institucional que deben tener estas organizaciones auxiliares de crédito, se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.

Resulta incuestionable que la temática relacionada con la regulación, control y vigilancia de las organizaciones auxiliares de crédito y de las uniones de crédito, incide en el ámbito de competencia de esta soberanía de represtación popular; por consecuencia, el referente competencial tiene una fuerte vinculación económica y social que nos obliga a reflexionar sobre la trascendencia e impacto en estos ámbitos, de las acciones que realizan estas entidades financieras.

En este sentido y sólo con la finalidad de orientar el criterio de os compañeros legisladores se exponen los antecedentes del caso particular arriba citado con el objeto de palpar la enorme problemática que se genera por no estar protegidas las personas que depositan sus ahorros en uniones de crédito, como sucedió en la citada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.

Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares a que hemos hecho referencia, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, no pudo recuperar los recursos que fueron materia de las operaciones crediticias de referencia, y por tanto, no pudo cumplir con los compromisos asumidos con sus socios ahorradores, causándoles un grave daño a su patrimonio.

De esta manera, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, adeuda a cerca de mil 800 socios ahorradores una cantidad aproximada de 380 millones de pesos, cuyo reintegro han venido reclamando los afectados ante diversas instancias, tanto por la vía judicial, como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para estos.

Esto último plantea una situación socialmente muy delicada para el Estado mexicano en la protección de los grupos vulnerables, y de especial relevancia para Nuevo León, considerando que el 60 por ciento de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la unión de crédito citada. Situación en la que se pudieran colocar en otras entidades federativas, con casos análogos.

Como representantes populares estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados, y crear las condiciones para que ello sea posible. De esta manera, cada uno de los Poderes del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, debe implantar los procedimientos más idóneos para la consecución de tal bienestar, con especial atención a favor de los sectores más vulnerables.

En esta línea de este razonamiento, este honorable Congreso de la Unión expidió la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 2000, para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores que invirtieron parte importante de su patrimonio en sociedades de ahorro y préstamo, cuya operación irregular generó grandes afectaciones a sus cliente, que son esencia similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.

En efecto, miles de familias mexicanas perdieron sus ahorros por la insolvencia o quiebra de un importante número de sociedades de ahorro y préstamo, que tuvieron un funcionamiento irregular, pues fueron administradas en forma imprudente e incluso sin ser supervisadas por las dependencias o entidades competentes, generando un enorme perjuicio para miles de ahorradores, situación exactamente igual a la acontecida en Nuevo León en el año 2003. Es decir, sólo 3 años después de que entró en vigor la ley de referencia, acontecía un mismo supuesto que dejaba sin protección y con graves afectaciones al patrimonio de los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.

Por los evidentes costos sociales que ocasiona el funcionamiento irregular de las sociedades, cooperativas y uniones de crédito, es importante seguir fortaleciendo el marco jurídico de estas instituciones, que por otro lado son necesarios por un sector de cobertura, pero a la vez, resulta imperativo proponer y establecer los mecanismos legales para apoyar de manera inmediata a los ahorradores de este segmento, mediante recursos públicos administrados por el Fideicomiso que establece la ley en cita.

Con esta iniciativa, por la que se propone reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, se pretende precisamente que se apliquen los principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en 2000, cuando se aprobó, para auxiliar a los ahorradores de menos ingresos, para la protección de grupos vulnerables como jubilados y pensionados, mujeres que viven solas o son cabeza de familia, personas desempleadas, entre otras, que vivían del producto de sus ahorros de toda la vida, pero que se quedaron totalmente desprotegidas y sin recursos propios por la irregular actuación de las señaladas sociedades de ahorro y préstamo.

En tal virtud, se considera necesario nuevamente, participar en la solución del problema planteado, incluyendo entre los sujetos beneficiarios de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores a las Uniones de Crédito, a los ahorradores de las uniones de crédito que hayan sido afectados por sus operaciones irregulares, con el objeto de que se regulen o refuercen los principios de seguridad, control, supervisión, vigilancia, protección y responsabilidad que deben tener las precitadas uniones de crédito, así como proteger a los ahorradores de estas entidades y que no se generen actos como los acontecidos, en los que quedan en un estado de desprotección e indefensión los ahorradores.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma por adición el artículo 7, en sus fracciones I y II, de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Bailey.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta a este pleno del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 430 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada secretaria. Continuamos con el capítulo Iniciativas.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la honorable asamblea someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III y VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, permitiéndome, señor presidente, presentar una síntesis de la misma y pidiéndole se contemple íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

El 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para considerar como días de descanso obligatorio el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, y el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, creándose el concepto de fines de semana largos, a efecto de fomentar e incentivar, supuestamente, el turismo nacional en las diversas regiones de la República mexicana.

El objetivo del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es establecer un catálogo de fechas consideradas por los mexicanos como las más importantes en la vida cívica de la República, con la finalidad de fomentar el amor a la patria, a la comprensión de nuestros problemas nacionales, pero, a la vez, fortalecer los lazos de la unidad e identidad de todos los mexicanos, exaltando los valores del nacionalismo mexicano y de su memoria histórica, tomando como ejemplo los hechos históricos que han forjado nuestra patria, conscientes de que los grandes movimientos políticos, sociales y culturales de nuestro país, como la guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana construyeron la República representativa, democrática y federal que hoy disfrutamos.

Los días de descanso obligatorio contenidos en el artículo 74 de la citada ley tienen el propósito fundamental de promover el nacionalismo, el patriotismo y los valores nacionales, pero a la vez pretenden fomentar la convivencia cívica y familiar, fomentando también una importante tradición cultural, sin descartar el justo descanso para todos los trabajadores, quienes tienen derecho a un merecido reposo para reponerse de la fatiga generada por la labor diaria.

La hermosa tradición familiar de acudir a presenciar los desfiles cívicos, deportivos y militares como expresión de la libertad, de la fraternidad y de la convivencia pacífica, hoy se ve afectada por la redacción actual del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, pues la realidad social impide que las familias mexicanas participen con todos sus integrantes en los eventos conmemorativos, como son los desfiles y demás actos cívicos, ya que las diversas autoridades programan los citados eventos en fechas diferentes a las de los días de descanso obligatorio regulados en la ley, lo que genera la ausencia de los miembros de la familia que son trabajadores, pues éstos deben estar en sus labores productivas en los momentos en que sus hijos desfilan por las calles de nuestro país, rompiendo así con la posibilidad de compartir un acto cívico y patriótico en unión familiar. Por ese motivo, los días a conmemorar deben ser precisamente los señalados.

Es por ello que para restablecer los valores cívicos y culturales anteriormente mencionados someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. Se reforma el artículo 74, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo para que dar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. ...

II. El 5 de febrero.

III. El 21 de marzo.

IV. ...

V. ...

VI. El 20 de noviembre.

---Precisamente esos días.

VII. a IX. ...

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Luis Carlos Campos Villegas , diputado federal por el estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III y VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 17 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para considerar como días de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, creándose el concepto de ``fines de semana largos'', a efecto de fomentar e incentivar el turismo nacional en la diversas regiones de la República Mexicana.

La primera Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional fue la Ley Laboral de 1931, y en este ordenamiento se establecieron ciertos días de descanso obligatorio, mismos que se confirmaron y acrecentaron en la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. El objetivo del artículo 74 de la ley en comento es el de establecer un catálogo de las fechas consideradas por los mexicanos como los más importantes en la vida cívica de la república, con la finalidad de fomentar el amor a la patria, a la comprensión de nuestros problemas nacionales, pero a la vez fortalecer los lazos de unidad e identidad de todos los mexicanos, exaltando los valores del nacionalismo mexicano y de su memoria histórica, tomando como ejemplo los hechos históricos que han forjado a nuestra nación, conscientes de que los grandes movimientos políticos, sociales y culturales de nuestro país, como la guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana construyeron la República representativa, democrática y federal que hoy disfrutamos.

Los días de descanso obligatorio contenidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo tienen el propósito fundamental de promover el nacionalismo, el patriotismo y los valores nacionales del Estado Mexicano, pero a la vez pretende fomentar la convivencia cívica y familiar fomentando una importante tradición cultural, sin descartar el justo descanso para todos los trabajadores quienes tienen derecho a un merecido reposo para reponerse de la fatiga generada por la labor diaria.

La hermosa tradición familiar de acudir a presenciar los desfiles cívicos, deportivos y militares como expresión de la libertad, de la fraternidad, de la convivencia pacífica, hoy en día se ve afectada por la redacción actual de la Ley Federal del Trabajo, pues la realidad social impide que las familias Mexicanas participen, con todos sus integrantes, en los eventos conmemorativos como son los desfiles y demás actos cívicos, pues las diversas autoridades programan los citados eventos en fechas diferentes a los días de descanso obligatorio regulados en la ley, lo que genera la ausencia de los miembros de la familia que son trabajadores, pues estos deben estar en sus labores productivas en los momentos en que sus hijos desfilan por las calles rompiendo así la posibilidad de compartir un acto cívico y patriótico en unión familiar.

Por ello, para restablecer los valores cívicos y culturales anteriormente mencionados, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 74, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal de Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Luis Carlos Campos Villegas. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene, finalmente, la palabra en este apartado de iniciativas, la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 Bis, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional. Le escuchamos, diputada Durán Rico.

La diputada Ana Estela Durán Rico: Con la venia de la Mesa Directiva, señor presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B delartículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al pago en una sola exhibición del aguinaldo anual con la siguiente exposición de motivos.

La institucionalización del aguinaldo como un derecho de los trabajadores ha sido un reconocimiento a su labor durante una anualidad constituyendo un beneficio remunerador adicional a su salario. La consagración de esta prestación dentro del ordenamiento jurídico laboral tuvo lugar desde la Ley Federal del Trabajo de 1931 y posteriormente se hizo extensiva para los trabajadores al servicio del Estado con la Ley Burocrática de 1963 que rige en la actualidad.

En su origen, el aguinaldo se trató como un derecho, que tenía como finalidad que los trabajadores pudieran celebrar las festividades de fin de año, que por costumbre habían sido onerosas y obligaban a efectuar gastos extraordinarios, por lo que no era factible realizar dichas erogaciones con el salario porque éste está destinado a cubrir las necesidades básicas diarias.

Como se ha mencionado, el pago de aguinaldo para los trabajadores al servicio de Estado también es una prestación garantizada por la ley, la cual se establece en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, que a la letra dice: ``Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse en 50 por ciento antes del 15 de diciembre y otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna.''

En los últimos años, el destino del aguinaldo de los trabajadores ha variado con relación a sus orígenes, ya que en la actualidad es demasiado recurrente que éste se utilice básicamente para pagar deudas. Por ello es importante considerar que el actual precepto que regula el pago de esta prestación para los trabajadores al servicio del Estado, no se ajusta a la realidad actual, ya que implica que aquellos trabajadores del Estado que esperan liquidar la totalidad de sus deudas con su aguinaldo, se ven limitados a solamente pagar una parte de ellas, en virtud de que dicho precepto legal regula que el aguinaldo sea pagado una mitad antes y la otra un mes después, considerando que este precepto legal menoscaba al salario del trabajador; en virtud de que al no poder liquidarse la totalidad de una o varias de sus deudas u otro tipo de compromisos, se siguen generando intereses a favor de los acreedores.

De igual manera, con dicho precepto, se priva a los trabajadores a la adquisición de un bien o al pago de algún servicio en un momento de oportunidad única; es decir de una oferta, al no contar con el recurso económico suficiente.

El precepto en cuestión transgrede el principio de derecho laboral internacional de la libre disposición de los salarios, establecido en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país, el cual señala que ``se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario.''

Aunado a lo anterior, la Ley Federal del Trabajo no dispone que al trabajador se le pague el aguinaldo en parcialidades.

Con base en lo anterior se propone modificar el artículo mencionado para que a los trabajadores al servicio del Estado se les pague su aguinaldo en una sola exhibición a más tardar el 15 de diciembre, con el objetivo de no privarlos de oportunidades de ofertas u otro tipo de servicios, así como para dejarlos en las mejores condiciones para que aquellos trabajadores que tengan deudas las puedan liquidar totalmente para así evitar el pago de un mes de intereses.

Concretamente, lo que se pretende con esta reforma es obligar a todas las dependencias enumeradas en el artículo primero de la ley en comento a que paguen en una sola exhibición la prestación del aguinaldo a sus trabajadores. Podemos mencionar que, en otros casos, como en las resoluciones de conflictos laborales, se ordena que las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador le sean pagadas en una sola exhibición.

Es nuestra responsabilidad imperante, como legisladores, crear normas más eficaces que incluyan el mayor número posible de situaciones y realidades para proteger al ciudadano, como lo es, en este caso, al trabajador, darle la oportunidad de disponer desde los primeros 15 días de diciembre de su aguinaldo en forma íntegra para que lo pueda utilizar como mejor le convenga, evitando con ello un aprovechamiento deshonesto producido por la permanencia de los recursos destinados a esta prestación en las dependencias responsables.

Por inducción de esta propuesta, este beneficio debe hacerse extensivo a los trabajadores de confianza, ya que la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional protege a los trabajadores de esta modalidad en cuanto a su salario, en concordancia con el artículo 127 constitucional, al considerarse el aguinaldo como parte integrante de las remuneraciones que reciben los servidores públicos.

La reforma que se propone beneficiará a los trabajadores al servicio del Estado, tanto de base como de confianza, que presten servicios en dependencias y entidades paraestatales, personal del servicio exterior mexicano, agregados navales y militares y sus ayudantes en el extranjero, personas físicas contratadas por honorarios en el gobierno federal, pensionistas, al personal docente y de instituciones de educación superior y al personal obrero de base, a lista de raya, al temporal técnico, administrativo, especialista y profesional, así como también al de las fuerzas armadas del país, y a toda persona que tenga derecho a recibir esta prestación.

En resumen, se propone a esta soberanía reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que no se genere aprovechamiento de los recursos destinados para el pago de aguinaldo de los trabajadores y de que no se les prive de la posibilidad de utilizarlo en forma completa para su beneficio.

Por todos los motivos expuestos, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en estos términos:

Artículo Único. Se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 42 Bis. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en una sola exhibición antes del 15 de diciembre, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo, 26 de noviembre de 2009. Es cuanto, señor presidente.

Solicito, asimismo, señor presidente, que se integre en el Diario de los Debates el texto íntegro de esta iniciativa leído en tribuna.

«Iniciativa que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ana Esthela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Estela Durán Rico , diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, relativa al pago del aguinaldo anual.

Exposición de Motivos

La institucionalización del aguinaldo como un derecho de los trabajadores ha sido un reconocimiento a su labor durante una anualidad constituyendo un beneficio remunerador adicional a su salario. La consagración de esta prestación dentro del ordenamiento jurídico laboral tuvo lugar desde la Ley Federal del Trabajo de 1931 y posteriormente se hizo extensiva para los trabajadores al servicio del Estado con la Ley Burocrática del año de 1963 que rige en la actualidad.

En su origen el aguinaldo se trató como un derecho que tenía como finalidad de que los trabajadores pudieran celebrar las festividades de fin de año las cuales por costumbre han tenido la esencia de ser onerosas, por lo que para sufragar los gastos de estas eventualidades obligaban a efectuar gastos extraordinarios, por lo que no era factible realizar dichas erogaciones con el salario, porque éste está destinado a cubrir las necesidades básicas diarias.

Como se ha mencionado, el pago de aguinaldo para los trabajadores al servicio de Estado también es una prestación garantizada por la ley, la cual se establece en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional que a la letra dice: ``los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna''.

En los últimos años, el destino del aguinaldo de los trabajadores ha variado con relación a sus orígenes, ya en la actualidad es demasiado recurrente que éste se utilice básicamente para pagar deudas. Por ello es importante considerar que el actual precepto que regula el pago de esta prestación para los trabajadores al servicio del Estado, no se ajusta a la realidad actual ya que implica que aquellos trabajadores del Estado que esperan liquidar la totalidad de sus deudas con su aguinaldo, se ven limitados a solamente pagar una parte de sus deudas en virtud de que dicho precepto legal regula que el aguinaldo sea pagado una mitad antes y la otra un mes después, considerando que este precepto legal menoscaba al salario del trabajador en virtud de que al no poder liquidarse la totalidad de una o varias deudas se siguen generando intereses a favor de los acreedores. De igual manera con dicho precepto se priva a los trabajadores a la adquisición de un bien o al pago de algún servicio en un momento de oportunidad única, es decir de una oferta al no contar con el recurso económico suficiente.

La regulación actual sobre este derecho, es de especial mención que el precepto en cuestión trasgrede el principio del derecho laboral internacional de la libre disposición de los salarios establecido en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país el cual señala que ``se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario''. Aunado a lo anterior la Ley Federal del Trabajo no dispone que al trabajador se le pague el aguinaldo en parcialidades.

En base a lo anterior se propone modificar el artículo mencionado para que a los trabajadores al servicio del Estado se les pague su aguinaldo en una sola exhibición a más tardar el 15 de diciembre, con el objeto de no privarlos de oportunidades de ofertas, así como para dejarlos en las mejores condiciones para que aquellos trabajadores que tengan deudas las puedan liquidar totalmente para así evitar el pago de un mes de intereses.

Lo que se pretende en esta reforma concretamente es obligar a todas las dependencias enumeradas en el artículo primero de la ley en comento a que paguen en una sola exhibición la prestación del aguinaldo a sus trabajadores, situación que no obstante, en algunas dependencias se ha empleado este mecanismo como lo es en esta honorable Cámara de Diputados y en otros casos tales como en las resoluciones en conflictos laborales se ordena a que las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador le sean pagadas en una sola exhibición.

Es nuestra responsabilidad e imperante como legisladores crear normas más eficaces que incluyan el mayor número de posibles situaciones y realidades para proteger al ciudadano, como lo es en este caso al trabajador al darle la oportunidad de disponer desde los primeros 15 días del mes de diciembre su aguinaldo de forma íntegra para que lo pueda utilizar como mejor le convenga, evitando con ello un aprovechamiento deshonesto producido por la permanencia de los recursos destinados a esta prestación por parte de las dependencias responsables.

Por inducción de esta propuesta, este beneficio debe hacerse extensivo a los trabajadores de confianza, ya que la fracción XIV del apartado b del artículo 123 constitucional protege a los trabajadores de esta modalidad en cuanto a su salario, y que en concordancia al artículo 127 constitucional, al considerarse al aguinaldo como parte integrante de las remuneraciones que reciben los servidores públicos. La reforma que proponemos beneficiará a los trabajadores al servicio del Estado, tanto de base como de confianza, que prestan sus servicios en las dependencias y entidades paraestatales, al personal del servicio exterior mexicano, a los agregados navales y militares y sus ayudantes en el extranjero, a las personas físicas contratadas por honorarios por el gobierno federal, a los pensionistas, al personal docente y de las instituciones de educación superior y al personal obrero de base, a lista de raya, al temporal técnico, administrativo, especialista y profesional, así como también al personal de las Fuerzas Armadas del país, así como toda persona que tenga derecho a recibir esta prestación.

En resumen, se propone a esta soberanía reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que no se genere aprovechamiento de los recursos destinados para el pago de aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado y de que no se les prive de posibilidades de utilizarlo de forma completa en su beneficio.

Por todos los motivos expuestos, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 42 Bis. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en una sola exhibición antes del 15 de diciembre , y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Durán Rico. Como lo solicita, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Jorge López-Portillo. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente, para que le solicite a la oradora si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Durán Rico, le pregunto si acepta que el diputado López-Portillo suscriba la iniciativa.

Ha dicho que sí la diputada, diputado López-Portillo, y, por tanto, puede pasar a hacer la suscripción del documento en la Secretaría, y de la misma manera las diputadas y diputados que deseen hacerlo pueden pasar a la Secretaría a hacer lo propio.

Nos visitan diferentes grupos de ciudadanos, de los que esta Presidencia da cuenta. Están presentes ciudadanos del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados del diputado Martín Vázquez Pérez. Alumnos de la Universidad de Jalapa, invitados del diputado Javier Duarte de Ochoa . Nos visitan también del Instituto de Estudios Superiores en Gestión y Administración, de Puebla, invitados del diputado Juan Carlos Lastiri, y finalmente, también está presente un grupo de alumnos de bachillerato, de Morelia, Michoacán, invitados del diputado Ricardo Sánchez Gálvez .

A todos ustedes, bienvenidos a este recinto.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente punto del orden del día es dictámenes. El punto agendado corresponde a la primera lectura del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, de la Ley General de Salud.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa de lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa de lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por la Comisión de Salud sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detallada posible su contenido.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 10 de septiembre de 2009, el Ejecutivo federal presentó la referida iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva acordó fuera turnada a la Comisión de Salud.

II. Contenido de la iniciativa

I. El Ejecutivo federal sometió a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud.

II. La iniciativa propone en su parte medular, modificar el esquema de financiamiento del Seguro Popular para transitar de una cápita familiar a una personal, evitando así la desigualdad en la distribución de recursos, a fin de fortalecer el principio de equidad.

III. La iniciativa propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Los diputados integrantes de la Comisión de Salud tienen como prioridad legislar en pro de la Salud, basándose así en la Garantía Constitucional establecida en el párrafo tercero del artículo 4°, establece:

Segunda. Es de gran importancia señalar que dentro de los principios contenidos en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se menciona lo siguiente:

Tercera. Por ello es importante el cambio que se propone al financiamiento de los servicios de salud para eficientar el sistema y hacerlo más equitativo.

Cuarta. Es menester, mencionar que en materia de afiliación desde el comienzo de la operación del Sistema de Protección Social en Salud en el año 2004 el número de miembros por familia se ha desviado de las estimaciones originales ya que se esperaba que las familias se conformaran de 4.3 miembros, por consiguiente en el Sistema de Administración del Padrón de Afiliados el número de integrantes ha sido menor a lo contemplado.

Quinta. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece en sus objetivos, impedir que la población se vea severamente afectada en su economía por motivos de salud, evitando así su empobrecimiento. Actualmente el esquema de aseguramiento es sin distinción de condición social, laboral y económica y sin ser derechohabientes de alguna Institución Pública de Seguridad Social se puedan incorporar al Seguro Popular en términos de la Ley General de Salud y en coordinación con el Gobierno Federal contribuye anualmente a la sustentabilidad del sistema con una cuota social por cada familia beneficiada.

Sexta. Sin embargo, una de las razones por las cuales las familias que forman parte del Sistema son ahora menos numerosas, se atribuyen a que no todos los miembros de una misma familia se están afiliando en un mismo núcleo familiar y esto da como consecuencia que la incorporación de familias sea de una sola persona. La proporción de las familias unipersonales fue de 24% en el 2008, esta proporción presenta una elevada variación que va del 16% (Estado de México) la proporción mas baja a 40.1% (Baja California) la proporción más alta, dando como resultado una gran diferencia de 2.5 a 1.

Séptima. Por lo anteriormente mencionado el promedio del número de miembros por familia en cada entidad federativa difiere, originando una desigualdad en la distribución de recursos ya que el financiamiento es realizado por familia afiliada sin considerar el número de integrantes que tenga cada una de ellas. Un ejemplo claro se encuentra en los estados que se les asignan recursos por familia afiliada al Sistema de Protección Social en Salud para cubrir a 2.43 miembros, mientras que en otros estados se les asignan recursos por familia afiliada para cubrir a 4.36 miembros por familia. Lo cual incita a que exista dicho desequilibrio en el sistema.

Octava. Con la modificación al esquema financiero se tiene la ventaja de que los recursos se canalizaran de una manera equitativa ya que éstos estarían más relacionados a los miembros de la familia, lo cual permitirá destinar mayores recursos a las Entidades Federativas donde las familias tienen un mayor número de miembros, garantizando así una mejor disposición de recursos para prestación de servicios de salud.

Novena. Finalmente se observa que el objetivo de dicha iniciativa de decreto es replantear el modelo de financiamiento para cambiar de un esquema de familiar a uno personal con el fin de fortalecer el principio de equidad.

Décima. Los integrantes de la Comisión consideran viable la propuesta realizada por el Ejecutivo, sin embargo, en aras de proporcionar una mayor certeza jurídica a la población y la distribución del presupuesto designado para este programa, es necesario establecer en la ley el mecanismo por el cual se determinaran las contribuciones al Sistema, por lo que se propone que la reforma al artículo 77 Bis 12, se haga de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto los diputados integrantes de la Comisión de Salud, que suscriben el presente dictamen, someten a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, primer párrafo y fracción I de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 12. El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor será el primero de enero de 2009 y el salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal que se tomará en cuenta como punto de partida será el de ese mismo año.

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a los estados y al Distrito Federal cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 77 Bis 13. Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2010.

Segundo. El Ejecutivo Federal procederá a reformar y adicionar el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Mientras tanto las disposiciones de aquel se seguirán aplicando en lo que no se oponga al presente decreto.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se podrán incorporar al Sistema de Protección Social en Salud la Población susceptible de nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100% de la cobertura en el año 2011.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Es de primera lectura.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato, como lo ha solicitado la Comisión de Salud.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa de segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se dispensa de segunda lectura.

Tiene la palabra el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente , presidente de la Comisión de Salud, para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo escuchamos, señor presidente de la comisión.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los miembros de la Comisión de Saludde esta Cámara de Diputados, conscientes de la importancia y de la gran responsabilidad que implica el estudio, discusión y, en su caso, aprobación de toda iniciativa, emitió dictamen de carácter positivo a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el jefe del Ejecutivo federal, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que reforma y adiciona los artículos 77 Bis, numerales 12 y 13, de la Ley General de Salud.

La aprobación de tal iniciativa por parte de la Comisión de Salud se generó como resultado de un ejercicio responsable por parte de todos los integrantes de dicha comisión. Sus evidentes beneficios dieron origen a un clima de compromiso con el pueblo de México y de anteposición del interés colectivo por encima del interés personal o partidista.

Los diputados miembros de la Comisión de Salud actuamos con estricto apego al precepto constitucional que consagra el derecho a la protección de la salud para toda persona y en correspondencia con los principios de la Organización Mundial de la Salud que establecen el goce del grado máximo de salud que pueda alcanzarse, como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

Hemos asumido la responsabilidad de abonar a la construcción de las condiciones legales y estructurales para la protección de la salud de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, la cual sigue siendo una tarea pendiente para los tres Poderes de la Unión.

Desde el comienzo de su operación el Sistema de Protección Social en Salud en 2004, el número de miembros calculado por familia fue considerado entre cuatro y cinco miembros. Sin embargo, se ha constatado en los hechos que en la actualidad el promedio de miembros por familia es de tres y que incluso en algunos estados de la República, entre 20 y 40 por ciento, son familias unipersonales o individuales.

La desviación de la estimación inicial ha provocado que el Ejecutivo federal advierta que ese criterio para la asignación de los recursos del Seguro Popular que determina las aportaciones a cargo de las autoridades federativas, de las entidades federativas, del Distrito Federal y del gobierno federal, es un riesgo para la generación de los recursos necesarios para su funcionamiento y viabilidad.

Hemos comprendido la trascendencia del problema y la gran importancia que reviste que a la brevedad se generen los ajustes necesarios para garantizar que un mayor número de mexicanos cuente con protección social de salud y con los beneficios que ésta otorga.

Es por ello que en el seno de la Comisión de Salud se ha decidido que la reforma a la Ley General de Salud propuesta por el Ejecutivo federal continúe su proceso legislativo, bajo la consideración central de que garantizará la viabilidad financiera del Seguro Popular y el consiguiente desarrollo y permanencia del Sistema de Protección Social en Salud, lo cual deriva en la extensión de los beneficios a un mayor número de mexicanos.

Es preciso señalar que hemos considerado que la reforma que hoy se somete a su consideración disminuirá la aportación solidaria de los estados de la República en 23 por ciento, por lo que favorecerá las finanzas públicas de las entidades federativas.

Asimismo, facilitará el despliegue de acciones para la incorporación de un mayor número de beneficiarios, al mismo tiempo que permitirá ajustar los recursos que cada entidad federativa debe recibir de acuerdo con el número de personas afiliadas, lo que permitirá hacer realidad el acceso universal de todas y todos los mexicanos a la protección de la salud.

Los diputados que formamos parte de la Comisión de Salud ratificamos nuestro compromiso para continuar trabajando en beneficio del pueblo de México y dirimiendo nuestras diferencias en un clima de parlamentarismo propositivo e incluyente.

Por todo lo anterior, invitamos a todas las diputadas y a todos los diputados a votar a favor del dictamen que se somete a su consideración, que reforma y adiciona los artículos 77 Bis, numerales 12 y 13, de la Ley General de Salud. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias por la fundamentación, a nombre de la comisión, diputado Velázquez y Llorente. En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y los siguientes diputados: Mariana Ivette Ezeta Salcedo , por el Grupo Parlamentario del PVEM; Gerardo Verver y Vargas Ramírez, por el Grupo Parlamentario del PRD; Miguel Antonio Osuna Millán , por el Grupo Parlamentario del PAN, y Rodolfo Torre Cantú , por el Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene la palabra la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. La salud es un derecho universal plasmado en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Es por ello que nuestro compromiso como legisladores del Partido Verde va encaminado a garantizar a los mexicanos el acceso universal a los servicios de salud, superar los contrastes regionales que persisten en cobertura y calidad de los mismos, así como la equidad en la aplicación de políticas públicas en la materia.

El Seguro Popular representa un avance en la atención médica para los mexicanos ya que busca ampliar la capacidad de oferta, reduciendo las barreras financieras existentes, particularmente en aquéllas relacionadas al gasto excesivo en medicamentos.

Se ha estimado que alrededor de 1.5 millones de familias en México se empobrecen trimestralmente a consecuencia de los altos costos de los servicios de salud. Uno de los propósitos del Seguro Popular es reducir esta cifra ya que los gastos catastróficos se concentran principalmente en las poblaciones más pobres, las cuales no tienen acceso a la seguridad social.

A la fecha, cerca de 10.5 millones de familias, es decir, 31 millones de mexicanos, se encuentran afiliados al Seguro Popular. El dictamen que propone la Comisión de Salud a esta soberanía es replantear el modelo de financiamiento para cambiar de un esquema de afiliación familiar a uno personal, con el fin de fortalecer el principio de equidad.

El promedio del número de miembros por familia en cada entidad difiere, originando una desigualdad en la distribución de recursos, ya que el financiamiento es realizado por familia, sin considerar el número de integrantes que tenga cada una de ellas.

Con esta reforma se pretende fortalecer la dotación de recursos, aumentar su capacidad para prestar servicios, reducir la inequidad en la distribución de recursos financieros y ofrecer adecuada protección social a los millones de mexicanos que la requieren.

Al fortalecerse la entrega de recursos a las entidades existe el compromiso de las autoridades federales de dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la comunidad: la dotación eficiente de medicamentos.

El Partido Verde reitera que no quitará el dedo del renglón: si a un ciudadano enfermo no se le da la medicina que necesita, el gobierno tiene la obligación de pagarle las mismas.

Nosotros seguiremos proponiendo los vales intercambiables en farmacias como un mecanismo de certeza, tanto para la gente como para las autoridades.

Una de las metas del Partido Verde es alcanzar el seguro universal para todos los mexicanos desde su nacimiento. Por ello votaremos a favor de esta reforma, ya que hará posible una reorganización que responda a las nuevas realidades económicas, sociales, demográficas y epidemiológicas, por las que atraviesa nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Ezeta. Tiene la palabra el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Seguro Popular financia servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social en este país.

Cuando nació el Régimen de Protección Social en Salud existían reservas en relación a su funcionamiento. La normatividad hablaba de familias afiliadas, esto no daba equidad a la repartición de los recursos.

El panorama ha cambiado. El número de integrantes de familia igual y se prestaba a herramientas de familias unipersonales, en donde algunas entidades federativas tenían más recursos a pesar de no contar con familias con 4.1 o 3.9 integrantes.

Los recursos para la aplicación de la atención de la salud a la persona y actualmente de la prevención de las enfermedades del Seguro Popular nos llevaba a la utilización de estos recursos de manera discrecional.

Existía poca transparencia y esta Cámara de Diputados logró quitar esa falta de transparencia para lograr tener mayor certidumbre de cómo se aplicaban estos recursos. Los recursos frescos del Régimen de Protección Social en Salud han venido a una corresponsabilidad con los estados y las entidades federativas.

La cuota social, la aportación solidaria federal que hace que se aporten recursos estatales ha venido a incrementar el gasto en salud para tratar de disminuir la brecha que existe en nuestro país.

Por cada peso que se gasta en nuestro país 40 centavos los pone el gobierno y 60 los ponen los bolsillos de las personas. Por ello el cambio en la ley, en el 77-Bis, para que en vez de aportar por familia se aporte por persona viene a dar equidad a la aportación de los recursos para que en las entidades federativas se pueda disponer de ellos y se logre llevar salud a todas y a todos.

México está lejano de esta situación. Los recursos económicos que se disponen no han sido suficientes para ello y su utilización muestra necesidad de aplicar eficiencia y eficacia en ellos.

Por ello creo conveniente señalar que el cambio a la ley es importante y permitirá dar equidad a la aplicación de los recursos para lograr un financiamiento adecuado de la salud de las personas, y buscar que todas y todos tengan acceso.

No es suficiente, porque necesitamos que en nuestro país el acceso universal a la salud no sea letra de discurso. Necesitamos que el acceso universal a la salud sea la práctica cotidiana. Que la portabilidad se dé de manera legal donde ya se está dando de manera informal por la ciudadanía.

Las personas que tienen seguridad social, ante la falta de expectativa, tienen que ir a los servicios de salud. Y las personas que tienen servicios de salud desafortunadamente tienen que ir a la prestación de servicios privados ante el no cubrimiento de sus problemas y de sus compromisos de salud.

Por ello pensamos, en el PRD, que el cambio en la ley es equitativo y dará certidumbre a la aplicación de los recursos, pero no suficiente. Tenemos que buscar estrategias definitivas para lograr el acceso universal a la salud, estrategias fundamentales para lograr la aportabilidad, para que no se quede ninguna mexicana, ningún mexicano sin medicamentos, sin atención médica y lo peor, que pueda morir por no existir esto.

Estamos de acuerdo en esta gran oportunidad de sentar un precedente en la atención a la población abierta, que ojalá y se genere a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, dándoles certidumbre en el financiamiento y logremos que en este país de cada peso que gaste el mexicano en salud, 70 centavos los ponga el Ejecutivo y el gobierno federal, las diputadas y los diputados, y 30 centavos los pongan las personas de su bolsillo.

Ojalá esto logre suceder. Es un camino que tenemos que recorrer. Por ello el PRD votará a favor y en consideración a la gran oportunidad de sentar bases para un acceso universal a la salud. Gracias, con permiso.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Verver y Vargas Ramírez. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. El derecho a la salud debe considerarse como un derecho que integra no sólo la idea de curar enfermedades, sino también de prevenirlas. Ésta es una nueva concepción de la salud, implica que nosotros como legisladores ofrezcamos una mayor protección y compromiso a través de reformas que mejoren nuestro sistema de salud.

El Seguro Popular forma parte del sistema de protección social en salud, el cual busca otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia, que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.

También el Seguro Popular de Salud es la primera política pública de aseguramiento voluntario en la historia del país y está dirigido a poblaciones pobres que no tienen un vínculo con el sector formal de la economía.

La implementación de este programa deja en claro la naturaleza política de las estructuras de los sistemas de salud.

Es importante señalar que el Estado asume la responsabilidad de proteger a la población de riesgos y daños que afectan su salud, con las capacidades organizativas del gobierno y la administración pública para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.

En este sentido, hace ya más de medio siglo la asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se destaca el derecho que toda persona tiene a la seguridad social, a gozar de un nivel de vida que le garantice, junto con su familia, el acceso a la salud.

En nuestra Constitución se reconoce este derecho, el cual se reafirma día a día en diversos tratados internacionales, comprometiéndose, además, a buscar el más alto grado de bienestar.

Alcanzar estos logros es clave para el Estado, que debe considerar la equidad, el acceso y la utilización real de los servicios de salud, su calidad y las formas de financiamiento, subsidio y cobro.

Es por ello necesaria la aprobación de esta iniciativa, en donde se modifica la Ley General de Salud para que el Seguro Popular deje de ser familiar y se convierta en unipersonal. Dicho cambio nos permitirá cada año aumentar en 9 millones el número de derechohabientes, lo que acelerará la cobertura universal de esta política pública.

Por último quiero señalar que esta modificación no representa una reforma más; esta reforma significa que el Seguro Popular no sólo sea un sistema de salud, sino que sea, para muchas de las familias afiliadas, la posibilidad de acceder a los servicios y contar con medicamentos disponibles que no provoquen un decremento a su economía.

Recordemos, compañeros, que la salud no es una cuestión política ni de colores; es un derecho inalienable que nos corresponde a todos de manera igual por derecho. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Osuna Millán. Tiene ahora la palabra el diputado Rodolfo Torre Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rodolfo Torre Cantú: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosseñala que todos los mexicanos tienen derecho a la protección de la salud. Para hacer universal este derecho constitucional, la Secretaría de Saludcreó en 2002 un programa piloto denominado Seguro Popular dirigido a la población no derechohabiente de la seguridad social.

Este programa sentó las bases para las reformas realizadas en 2004 a la Ley General de Salud que dieron origen a la creación del sistema de protección social en salud: el Seguro Popular. En esta reforma se estableció un esquema financiero para los afiliados al Seguro Popular, con aportación específica de los gobiernos federal, estatal y, en su caso, aportaciones familiares, por lo cual cada una de las partes que integran el financiamiento tripartito realiza contribuciones por familia para generar los recursos necesarios para el Seguro Popular, de tal manera que proporcione a las familias afiliadas los servicios médicos que contemple el catálogo de servicios esenciales de salud, que incluye sin costo adicional medicamentos asociados a los tratamientos, que proteja a las familias contra aquellas intervenciones que provocan gastos catastróficos y que provea a las entidades federativas de una previsión presupuestal para apoyar la creación de infraestructura, así como el incremento en la demanda de los servicios médicos.

A partir de entonces, el Seguro Popular ha apoyado el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos, bajo un sistema de aseguramiento universal en salud. Este apoyo se ha traducido en una importante cantidad de recursos que se han transferido a las entidades federativas.

Sin embargo, a seis años de la evolución del sistema se hace necesario replantear el modelo de financiamiento para transitar de un esquema familiar a uno personal, a fin de fortalecer el principio actuarial de equidad, es decir, calcular y transferir las primas del Seguro Popular de acuerdo con el riesgo que cada persona representa, y a la estabilidad registrada de cada asegurado.

Pero no sólo el principio de equidad es relevante ya que la trascendencia también se desprende de la gran heterogeneidad que existe en el país, no sólo en términos geográficos, sino de marginación y pobreza de la población.

El esquema de financiamiento actual no ha privilegiado el apoyo a estas zonas ni diferenciado los apoyos que reciben las entidades federativas con mayor marginación o una mayor población, ya que, por ejemplo, es una realidad que las familias que viven en entidades con mayor proporción de población que habitan en zonas semiurbanas o rurales, de mayor concentración indígena, tienen un mayor número de miembros por familia, en comparación con aquellas que viven en las zonas urbanas.

Con este cambio se incentiva la solidaridad financiera de las contribuciones en el sentido de que los costos promedio en que incurren las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud puedan llegar más equitativamente. Derivada de esta realidad, la propuesta de modificación al esquema financiero tiene la ventaja de que los recursos se canalicen de esta manera.

En suma, dada la heterogeneidad geográfica, de marginación y pobreza, de diferentes condiciones de infraestructura física, así como de diferencias en los miembros por familia que existen en el territorio nacional, las modificaciones a la Ley General de Salud proponen que el financiamiento se transforme de un esquema familiar, a uno en el que los recursos se determinen con base a las personas que tenga afiliadas.

En ese sentido, se promueve la optimización de los recursos tanto federales como estatales que se destinan a la operación de este programa.

Por otra parte, es importante resaltar que esta situación no representa impacto negativo en los recursos líquidos. En suma, resulta necesario establecer reglas de financiamiento acordes a la realidad que vive nuestro país, a fin de que el financiamiento del Seguro Popular sea sustentable y equitativo hacia aquellos lugares en que existe una mayor población en condiciones de pobreza, con lo que se busca la consolidación en el largo plazo de los objetivos del propio sistema y su participación, del Sistema Nacional de Salud. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado Torre Cantú. Ha concluido la fijación de posiciones por los grupos parlamentarios.

Esta Presidencia informa que no tiene registrados oradores para la discusión en lo general. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Suficientemente discutido en lo general. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se encuentran presentes en el recinto diversos grupos de ciudadanos que nos acompañan, entre otros: integrantes del Colegio de Estudios Científicos y Técnicos de Tlaxcala, invitados de la diputada Perla López Loyo; alumnos del municipio de Copala, Guerrero, invitados del diputado Ángel Aguirre Herrera; invitados del Comité Morfín, del sector popular, invitados del diputado Héctor Pedroza Jiménez; colonos de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de Coacalco, estado de México, invitados del diputado Agustín Castilla Marroquín; integrantes del Instituto de Administración Pública, invitados del diputado Antonio Benítez Lucho. A todos los grupos que nos acompañan hoy, sean bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema de votación electrónico.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 355 votos en pro, 13 en contra, 4 abstenciones.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado en lo general y en lo particular por 355 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente capítulo del orden del día corresponde a las proposiciones. Se recibió del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para que se incorporen al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, los congresos locales y presidentes municipales de los estados y ayuntamientos fronterizos del norte y sur del país.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a incorporar en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo a los congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los de entidades afectadas por la migración internacional que lo deseen, para que contribuyan a la instauración de planes alternos que complementen aquél, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Humberto Lepe Lepe , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración internacional es un fenómeno que se desa-rrolla principalmente entre países colindantes con grados de desarrollo desiguales. En nuestro caso, es muy evidente por la vecindad geográfica que tenemos con el país más rico del mundo, lo que propicia una profunda interacción económica y, en cuyo marco, se ha presentado el tránsito de trabajadores que acuden al mercado laboral de Estados Unidos de América. Este fenómeno fundamentalmente está determinado por factores históricos y económicos.

Es indudable que el asunto de los trabajadores migratorios interesa a los dos países, porque afecta a ambas econo- mías. La estadounidense, por su dinamismo ha venido requiriendo de la mano de obra mexicana, y la nuestra no ha sido capaz de generar suficientes empleos para dar ocupación a la mano de obra mexicana que labora en el campo y en los servicios.

En la medida en que México sea capaz de recuperar su actividad económica y generar más fuentes de trabajo, habrá una disminución de las corrientes migratorias. Sin embargo, en el corto y mediano plazos parece no vislumbrarse esta visión. Desgraciadamente, seguirán emigrando más mexicanos a la Unión Americana en busca de opciones que no encuentran en nuestro país.

Además de verse en la necesidad de abandonar su hogar, su familia, su forma de vida y tener que sufrir las consecuencias de marginación y maltrato por carecer de documentación para su estancia legal en otro país, cuando regresa a México, con los recursos que obtuvo con esfuerzo, tiene que sufrir en muchos casos el tortuoso camino para regresar a su casa, sin obtener la atención adecuada, sobre todo en puntos fronterizos, terminales de autobuses, aeropuertos y aduanas.

Siempre exigimos respeto, trato justo y cumplimiento de la ley a las autoridades estadounidenses; les insistimos permanentemente, a través de instrumentos jurídicos, políticos y diplomáticos, que nuestros compatriotas gocen de las garantías y prerrogativas que como personas merecen y que con su trabajo han ganado.

A su regreso, tenemos que ofrecerles el respeto y reconocimiento por su aportación a la economía nacional. Nuestra hospitalidad debe ser de excelencia para ellos en todos sentidos. Por eso, una vez más demandamos a nuestras autoridades brindarles el mismo respeto a sus derechos tal y como se establece en el artículo 11 de la Constitución, el cual señala que todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella y viajar por su territorio.

Reconocemos que ante la problemática que afectaba a muchos migrantes que regresaban al país por los constantes abusos de autoridad y asaltos, las autoridades federales diseñaron el programa Paisano. El 6 de abril de 1989, el Ejecutivo federal expidió el acuerdo por el que se instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país.

Sin embrago, sus objetivos se centraron inicialmente en la generación de mayores divisas por medio del turismo, fomento a las exportaciones, eficiente transportación de personas y mercancías, otorgar mayor seguridad al público usuario, simplificación administrativa, fomento de sistemas de quejas y denuncias, entre otros.

La primera operación se realizó en diciembre de 1989, y por varios años funcionó sólo en periodos vacacionales. Posteriormente, las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso o transito a México se fueron ampliando.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el programa Paisano buscó dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero, que los mexicanos al retornar reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas en Estados Unidos de América y Canadá.

Por su parte, el 28 de noviembre de 2000, el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal aprobó la proposición con punto de acuerdo para la operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a fin de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos de América y Canadá a su regreso a nuestro país, debido a las denuncias de violaciones a sus derechos humanos en muchos casos. Asimismo, se estableció que dicho programa iniciara el 10 de diciembre del mismo año.

En la pasada LX Legislatura se aprobó que este programa fuera de carácter permanente, además de autorizarle presupuesto que le permitiera cumplir con su finalidad y contar con recursos materiales necesarios y la elaboración de propaganda para publicitar su operación según los siguientes objetivos:

El 27 de octubre de 2009, la mesa directiva de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios analizó el proyecto de punto de acuerdo relativo al establecimiento del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo en la LXI Legislatura.

El pleno de dicha comisión coincidió en que resulta necesario apoyar a los paisanos durante su llegada a México y retorno a Estados Unidos de América o Canadá, mediante un sistema de monitoreo y protección. Al mismo tiempo, esto permitirá supervisar la operación del programa Paisano.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política hizo suya la proposición según los siguientes parámetros:

Finalmente, el 5 de noviembre pasado, en el pleno aprobamos que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se mantenga con el carácter de permanente durante la LXI Legislatura.

Los principales objetivos en los que se enmarca la labor que habrá de desempeñar la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y demás diputados que se sumen a esta responsabilidad son los siguientes: combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros, a fin de orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes, así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por parte de funcionarios públicos.

La integración de diputados que participarán será a través de un grupo plural para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, coadyuven con el funcionamiento del programa Paisano.

En el periodo de diciembre de 2008 a enero de 2009, los diputados recibieron a miles de paisanos. Se instalaron módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de cobertura; se distribuyeron más de 28 mil folletos promocionales para difundir sus derechos; se fabricó material impreso tipo ``charola'', como acreditación metalizada en nombre de la comisión, distribuida por los legisladores entre los paisanos para que éstos pudieran utilizarlas en sus vehículos como protección para prevenir y evitar que fuesen extorsionados o maltratados. Se distribuyeron más de 40 mil de estas acreditaciones.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración, en lo que va de 2009 se han registrado alrededor de 340 mil ingresos al país de mexicanos residentes en el extranjero. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos tendientes a proteger el derecho que tienen de regresar; asegurarles un trato digno y conforme a derecho; velar por la protección de su integridad física y patrimonial; sensibilizar a servidores públicos y sociedad; y dar seguimiento de quejas y denuncias.

Es evidente el difícil momento en el que se encuentra el país pero, a pesar de ello, no debemos abandonar los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables; por el contrario, deben mantenerse vigentes y reforzarse.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte e incorpore al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo a los Congresos locales y presidentes municipales de los estados y ayuntamientos fronterizos del norte y sur del país, además de las entidades afectadas por el fenómeno de la migración internacional que así lo deseen, para que contribuyan ellos mismos con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Segundo. Se exhorte a los Ejecutivos federal, estatales y municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales y a los presidentes municipales participantes en el programa. Por su parte, se invitará a los diputados federales a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.

Tercero. Que la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión de sus compromisos con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, utilizando el Canal del Congreso y otros medios de comunicación, nacionales e internacionales contratados para el caso, a fin de dar a conocer, principalmente en estados de la Unión Americana donde existe el mayor número de connacionales, la ubicación, los teléfonos de contacto y demás datos de los legisladores federales y locales y de los funcionarios de los ayuntamientos participantes en el programa, así como el tipo de apoyo que éstos ofrecerán.

Cuarto. Que se conformen a la mayor brevedad posible los grupos plurales de diputados federales que participarán en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo para que puedan iniciar sus labores, y que el material que se utilizará, como placas, trípticos, tarjetones de información, carteles, gafetes, vestimenta distintiva, sea elaborado de manera inmediata para ser enviado a los puntos establecidos y contar con él desde su inicio.

Quinto. Exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios, a la mayor brevedad posible, para el cumplimiento de los objetivos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra, en este capítulo, el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que revise y evalúe las acciones y obras relacionadas con el proyectorescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turísticohabitacional Puerto de Santiago de la Laguna. Adelante, diputado Morán Sánchez.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ante la escasez de recursos y el incremento de las necesidades de la población, las autoridades gubernamentales están obligadas a encontrar los mecanismos que permitan brindar bienes y servicios públicos a los ciudadanos siempre salvaguardando los derechos, el bienestar y el patrimonio de las generaciones presentes y futuras.

Sin embargo, en México tenemos casos de irresponsabilidad económica, social y ambiental, pues ante el afán de obtener recursos y beneficios para grupos reducidos de personas, se empeña la conservación y sustentabilidad del ambiente bajo la complicidad de funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno.

En Colima, en octubre de 2009, el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos anunció que su gobierno vendió un terreno, propiedad de los colimenses, para desarrollar un megaproyecto turístico. Por cierto, a decir de él, a 10 dólares el metro cuadrado a la orilla de la playa.

De acuerdo con diversas organizaciones sociales, ambientalistas, nacionales e internacionales, el megaproyecto turístico Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna, puede generar afectación a la fauna local y migratoria, a más de 100 hectáreas de manglar y a 20 mil metros cuadrados de arrecifes de coral.

Pese a que a escalas nacional e internacional se ha reconocido la importancia de la conservación de los manglares y del ambiente en general, el gobierno de Colima hace caso omiso a su responsabilidad en la materia, pues aun sin contar con la autorización de la manifestación de impacto ambiental promueve el desarrollo del proyecto turístico.

En 2006 el gobierno de Colima, a través de la empresa Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, SA de CV, sometió a evaluación de la Semarnat la manifestación del impacto ambiental, modalidad regional para el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna. En esta solicitud se señalan algunos de los impactos ambientales como la eliminación irreversible de la vegetación existente, principalmente mangle blanco, considerado en estatus de protección especial; pérdida del hábitat en donde se ocultan, reproducen y alimentan organismos terrestres y acuáticos que forman parte de la cadena alimenticia; afectación a la migración de la fauna; aumento en la erosión eólica e hídrica; cambios en la morfología del terreno; afectación de la hidrología superficial y cambios en el flujo de los caudales, entre otros.

Este año, con el argumento de promover el desarrollo turístico del estado y ante el reconocimiento expreso de que diversas zonas de la laguna de Juluapan están muy deterioradas, el gobierno de Colima busca solicitar que la Semarnat autorice la manifestación de impacto ambiental para ejecutar el proyecto turístico.

El proyecto genera gran preocupación a los ciudadanos colimenses pues diversos funcionarios estatales han mostrado una actitud irresponsable hacia el ambiente. Es por esto que realizo la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con este proyecto cumplan con la normatividad ambiental y no representen un daño al ambiente.

Asimismo, considero fundamental que las autoridades en materia ambiental exijan a la empresa el establecimiento de un plan de protección y conservación del manglar localizado en los terrenos en donde se pretende desarrollar el proyecto turístico, para favorecer la protección a los ecosistemas que alberga.

Esta proposición tiene el único objeto de buscar asegurar la protección del ambiente, el patrimonio económico y ambiental de las generaciones presentes y futuras.

Por lo expuesto, se pone a consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo.

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna, cumplan con la normatividad ambiental y no representen un daño al ambiente.

Segundo. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicite que el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna, incluya un plan de conservación y protección al manglar localizado en los terrenos donde se busca realizar dicho proyecto.

Le solicito que este punto de acuerdo quede íntegro en el Diario de los Debates, tal como aparece en la Gaceta, señor presidente. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y evaluar mediante la Semarnat y la Profepa que las acciones y obras relacionadas con el proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna cumplen la normatividad ambiental y no representan un daño al ambiente; y a solicitar el establecimiento de un plan de conservación y protección del manglar, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto ``Rescate de la laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de la laguna'' cumplen con la normatividad ambiental y no representan un daño al medio ambiente, asimismo soliciten el establecimiento de un plan de protección y conservación del manglar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la escasez de recursos y el incremento de las necesidades de la población, las autoridades gubernamentales están obligadas a encontrar los mecanismos que permitan brindar bienes y servicios públicos a los ciudadanos.

Esta tarea requiere importantes esfuerzos y compromiso de todos los entes públicos para cumplir con su obligación, pero también para salvaguardar los derechos, el bienestar y el patrimonio de las generaciones presentes y futuras.

Sin embargo, en México tenemos casos de irresponsabilidad económica, social y ambiental, pues ante el afán de obtener recursos y beneficios para grupos reducidos de personas, se empeña la conservación y sustentabilidad del medio ambiente bajo la complicidad de funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno.

El estado de Colima no queda exento a esta práctica, pues en octubre de 2009, el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, anunció que su gobierno vendió un terreno propiedad de los colimenses para desarrollar un megaproyecto turístico.

El terreno está localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, Manzanillo, Colima. De acuerdo a funcionarios del estado, éste tiene una extensión aproximada de 50 hectáreas y fue vendido a la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, a 10 dólares el metro cuadrado.

Al margen del presunto daño a la hacienda pública de Colima y la violación a la normatividad aplicable, existe una enorme preocupación por la afectación a los ecosistemas que alberga este terreno.

De acuerdo con diversas organizaciones sociales y ambientalistas nacionales e internacionales, el megaproyecto turístico denominado ``Rescate de la laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de la laguna'' puede generar afectación a la fauna local y migratoria, a más de 100 hectáreas de manglar y a 20 mil metros cuadrados de arrecifes de coral.

Actualmente los manglares son considerados un importante activo ecológico, pues brindan servicios ambientales invaluables para la subsistencia de la pesquería al fungir como incubadora, absorben contaminantes del agua y funcionan como barreras naturales para brindar protección frente a fenómenos meteorológicos extremos como huracanes y ciclones.

Pese a que a nivel nacional e internacional se ha reconocido la importancia de la conservación de los manglares y del medio ambiente en general, el gobierno de Colima hace caso omiso a su responsabilidad en la materia, pues aun sin contar con la autorización de la manifestación de impacto ambiental promueve el desarrollo del proyecto turístico.

La manifestación de impacto ambiental es fundamental para conocer los posibles efectos en los ecosistemas por el proyecto turístico ``Rescate de la laguna de Juluapan y de-sarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de la laguna'', así como para conocer las medidas preventivas, de mitigación y demás, para evitar y, en su caso, reducir al mínimo los efectos negativos en el medio ambiente.

En 2006, el gobierno del estado de Colima, a través de la empresa ``Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, SA de CV'' sometió a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, para el proyecto ``Rescate de la laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto Santiago de la laguna''.

En esta solicitud se señalan algunos de los impactos ambientales como i) la eliminación irreversible de la vegetación existente, principalmente mangle blanco, considerado en estatus de protección especial; ii) pérdida del hábitat en donde se ocultan, reproducen y alimentan organismos terrestres y acuáticos que forman parte de la cadena alimenticia; iii) afectación a la migración de la fauna; iv) aumento en la erosión eólica e hídrica; v) cambios en la morfología del terreno; vi) afectación a la hidrología superficial y cambios en el flujo de los caudales; entre otros.

Cabe señalar que el gobierno colimense no presentó la información suficiente para mostrar los efectos que la ejecución del proyecto tendría en el medio ambiente, por lo que la Semarnat rechazó la autorización, sin embargo, quedaron a salvo los derechos para presentar una nueva solicitud de autorización.

Este año, bajo el argumento de promocionar el desarrollo turístico del Estado y ante el reconocimiento expreso de que diversas zonas de la laguna de Juluapan están muy deterioradas, el gobierno del estado de Colima busca solicitar que la Semarnat autorice la manifestación de impacto ambiental para ejecutar el proyecto turístico.

El proyecto genera gran preocupación en los ciudadanos colimenses pues diversos funcionarios estatales han mostrado una actitud irresponsable hacia el medio ambiente.

Es por esto que realizo la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto ``Rescate de la laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de la laguna'' cumplen con la normatividad ambiental y no representan un daño al medio ambiente.

Asimismo, considero fundamental que las autoridades en materia ambiental exijan a la empresa ``Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, SA de CV'' el establecimiento de un plan de protección y conservación del manglar localizado en los terrenos en donde se pretende desarrollar el proyecto turístico para favorecer la protección a los ecosistemas que alberga.

Esta proposición tiene el único objeto de buscar asegurar la protección del medio ambiente y el patrimonio económico y ambiental de las generaciones presentes y futuras.

Es importante señalar que los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de impulsar inversiones que detonen el empleo y el crecimiento económico, pero nos manifestamos en contra de proyectos que dañen significativamente el medio ambiente y subordinen el interés público al de unos cuantos particulares.

Por lo expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revise y evalúe que las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto ``Rescate de la laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de la laguna'' cumplan con la normatividad ambiental y no representan un daño al medio ambiente.

Segundo. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicite que en el proyecto ``Rescate de la laguna de Juluapan y desarrollo turístico habitacional Puerto de Santiago de la laguna'' se incluya un plan de conservación y protección al manglar localizado en los terrenos donde se busca realizar dicho proyecto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Morán Sánchez. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Nos visitan alumnos de la preparatoria número 24 de Naucalpan, estado de México, invitados del diputado David Sánchez Guevara; así como alumnos del Instituto Federico Froebel, del municipio de Zumpango, también del estado de México, invitados del diputado Raúl Domínguez Rex . Bienvenidos todos al recinto de la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que observen estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental. Lo escuchamos, diputado Lozano Herrera.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosprecisa que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, elDistrito Federaly los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para 2010 que está dotado de tres billones 176 mil 332 mil millones de pesos y que fue considerado por los legisladores como un gasto para un año de austeridad. En consecuencia, en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se señalan una serie de disposiciones en materia de austeridad, ajuste al gasto corriente y mejoras a la modernización de la gestión pública.

En consecuencia, y en escrupuloso sentido de priorizar la racionalización del gasto público y asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos para los que fue asignado, consideramos necesario y prudente ampliar estas medidas estableciendo un exhorto para que los gobiernos federal, estatal y municipal reduzcan al mínimo sus gastos de publicidad gubernamental y estos recursos se orienten a la inversión productiva y al fortalecimiento de los programas sociales. Esta medida es congruente con el espíritu de racionalidad y austeridad que marcó la distribución y aprobación del presupuesto de egresos y con la deprimente rea-lidad económica por la que atraviesa el país.

Además, resultante para las ciudadanas y los ciudadanos, que mientras este Congreso invoca la austeridad y la racionalidad del gasto, los gobernadores y presidentes municipales de los estados y municipios destinen millonarias cantidades de dinero público en campañas publicitarias para promocionarse con miras a alcanzar otros cargos de elección popular.

Está claro que el gasto en la compra de espacios publicitarios por distintos órdenes de gobierno ha ido en aumento y en detrimento del gasto social. Es probable que existan entidades donde el dinero público que se destina al culto, a la personalidad del mandatario, supere en mucho a los recursos orientados al desarrollo social, cultura o juventud, además de que esas partidas presupuestales se utilizan en forma discrecional como premio a medios afines o castigo a los que simplemente expresan sus puntos de vista sobre acciones públicas.

La forma en la que los gobiernos se encuentra obligados a garantizar la información pública está normada en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional que dice:

``La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.''

Sin embargo, esta norma es soslayada cotidianamente y en la actualidad la percepción ciudadana es que los gobernantes gastan más en promover su imagen y resulta que los que gastan son aquéllos que buscan brincar a un nuevo cargo de elección popular y usan el presupuesto público para hacer campañas políticas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en las democracias contemporáneas, la publicidad es razón de Estado, en los regímenes premodernos es instrumento de coacción, de inequidad y de gasto desmedido.

Por esta razón y en congruencia con el espíritu de austeridad y racionalidad que marcó el Presupuesto de Egresos 2010 y si en verdad queremos ser congruentes, aprobemos este exhorto para que el gasto de publicidad de los gobiernos se someta a estrictos criterios de austeridad y racionalidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a observar estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental, ajustándose a lo que mandata el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a observar estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad del gasto en publicidad gubernamental, a cargo del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ilich Augusto Lozano Herrera, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa: ``Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados''.

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de 2010, que estará dotado de 3 billones 176 mil 332 mil millones de pesos y que fue considerado por los legisladores como un gasto para un año de austeridad.

En consecuencia, en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se señala una serie de disposiciones en materia de austeridad, ajuste del gasto corriente y mejoras de la modernización de la gestión pública.

En consecuencia y en el escrupuloso sentido de dar prioridad a la racionalización del gasto público y asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos para los que fue asignado, consideramos necesario ampliar estas medias, estableciendo un exhorto para que los gobiernos federal, estatales y municipales reduzcan al mínimo sus gastos de publicidad gubernamental y estos recursos se orienten a la inversión productiva y al fortalecimiento de los programas sociales.

La medida es congruente con el espíritu de racionalidad y austeridad que marcó la distribución y aprobación del Presupuesto de Egresos y con la deprimente realidad económica por la que atraviesa el país.

Además, resulta insultante para los ciudadanos que mientras el Congreso invoca la austeridad y la racionalidad del gasto, los gobernadores y los presidentes municipales destinen millonarias cantidades de dinero público a campañas publicitarias para promoverse con miras a alcanzar otros cargos de elección popular.

Está claro que el gasto en la compra de espacios publicitarios por los distintos órdenes de gobierno ha ido en aumento, en detrimento del gasto social. Es reprobable que haya entidades donde el dinero público que se destina al culto a la personalidad del mandatario supera en mucho los recursos orientados al desarrollo social, cultura o juventud. Además, esas partidas presupuestales se utilizan en forma discrecional, como premio a medios afines o castigo a los que simplemente expresan sus puntos de vista sobre acciones públicas.La forma en que los gobiernos se encuentran obligados a garantizar la información pública está normada en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que dice: ``La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público''.

Sin embargo, esta norma es soslayada cotidianamente, y en la actualidad la percepción ciudadana es que los gobernantes gastan más en promover su imagen, y resulta que los que más gastan son los que buscan un nuevo cargo de elección popular y usan el presupuesto público para hacer campañas políticas.

En las democracias contemporáneas, la publicidad es razón de Estado; en los regímenes premodernos, es instrumento de coacción, de iniquidad y de gasto desmedido.

Por esa razón y en congruencia con el espíritu de austeridad y racionalidad que marcó el Presupuesto de Egresos de 2010, y si en verdad queremos ser congruentes, aprobemos este exhorto para que el gasto en la publicidad de los gobiernos se someta a estrictos criterios de austeridad y racionalidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a observar estrictas medidas de austeridad, transparencia y racionalidad en el gasto de publicidad gubernamental, ajustándose a lo que mandata el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DECLARACION DE AUTODETERMINACION DE MEXICO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernaciónque incluya en el calendario oficial el 19 de julio como eldía para conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional. Adelante, diputado Jaime Correa.

El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo hoy a esta tribuna para hacer una reivindicación de uno de los personajes que contribuyeron a preparar la Independencia de México.

Por tanto, pongo a su consideración una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, que por motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional, incluya en el calendario oficial el 19 de julio como el día para conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, al tenor de las siguientes consideraciones.

A mediados de 1808 llegó a la Nueva España la noticia de la abdicación de la familia real de los Borbones, debido a la invasión de España por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Ante estos acontecimientos el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico de la Ciudad de México, propuso junto con el regidor Juan Francisco Azcárate, que el virrey convocara a todos los ayuntamientos a crear juntas encaminadas a formar un gobierno provisional apoyado en el pueblo.

La propuesta del abogado Primo de Verdad encontró respaldo entre numerosos miembros de la población del país, pues consideraba que éstos, como cualquier súbdito de la Colonia Española, tenía derecho de establecer un gobierno provisional basado en las leyes de partida para que ejerciera la autoridad abandonada por el rey, con el fin de dar paso a un nuevo proceso independiente de toda autoridad peninsular en la Nueva España.

Fue así que el 15 de junio de 1808 el virrey José de Iturrigaray convocó a los notables del Virreinato, integrantes del Real Acuerdo, cuerpo formado por los oidores, para asesorarlo en asuntos difíciles a constituir dicho gobierno, destacándose las figuras del licenciado Primo de Verdad, de Francisco Azcárate y de Melchor de Talamantes, teniendo como proclama que la soberanía reside esencialmente en el pueblo.

El 19 de julio, Primo de Verdad y Ramos presentó al virrey la Declaración de Autodeterminación de México, en la que el ayuntamiento de la Ciudad de México, en representación de todo el reino, debería declarar la autodeterminación.

Para sofocar todo intento independentista, los peninsulares también decidieron aprehender a todos aquellos que se habían manifestado y abrazado la lucha de liberarse de la corona española, así fueron hechos presos Primo de Verdad y Ramos, Francisco Azcárate, el abad de Guadalupe José Neye de Cisneros, el canónico José Mariano Beristáin, el licenciado José Antonio de Cristo y fray Melchor de Talamantes, quienes fueron recluidos en las cárceles del arzobispado en la Ciudad de México.

Desde la asonada de Yermo, Primo de Verdad permaneció recluido en la cárcel eclesiástica del arzobispado, pero el 4 de octubre de 1808, por la mañana, misteriosamente apareció muerto en su celda de la prisión. Se asegura que fue asesinado por los españoles que se hicieron cargo del gobierno colonial. Primo de Verdad fue sepultado en la sagrada Basílica de Guadalupe.

En la actualidad el abogado Primo de Verdad y Ramos ha merecido todo tipo de homenajes, como parte de la celebración del bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario del inicio de la Revolución, a partir de 2007 el Banco de México puso en circulación monedas conmemorativas de 5 pesos, con personajes representativos de esos movimientos históricos. Una de ellas corresponde a Primo de Verdad y Ramos como un justo reconocimiento como precursor de la gesta independentista.

Por tanto, propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo a que instruya a la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional, y con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incorpore en el calendario oficial el 19 de julio como Día de la Proclamación de la Autodeterminación de México, hecha por el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano, y lo declare como fiesta nacional. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que incluya en el calendario oficial el 19 de julio como el Día para conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México, hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal José Luis Jaime Correa , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación que con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia nacional incluya en el calendario oficial el 19 de julio como el día para conmemorar la declaración de la Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo y de Verdad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A mediados de 1808, llegó a la Nueva España la noticia de la abdicación de la familia real de los Borbones debido a la invasión de España por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Ante estos acontecimientos, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico de la Ciudad de México, propuso junto cono el regidor Juan Francisco Azcárate, que el virrey convocara a todos los ayuntamientos a crear juntas encaminadas a formar un gobierno provisional apoyado en el pueblo.

La propuesta del abogado Primo de Verdad encontró respaldo en la población del país, que consideraba que, como cualesquier otro súbdito de la corona española, tenía derecho a establecer un gobierno provisorio en las Leyes de Partida que ejerciera la autoridad abandonada por el rey, con el fin de dar paso a un proceso independiente de toda autoridad peninsular en México.

En ese contexto conflictivo, pronto se distinguieron dos bandos antagónicos: uno, los españoles que sospechaban que el ayuntamiento aspiraba a la independencia; y otro, el de los criollos que suponían que la audiencia deseaba mantener la subordinación a España, aún sometida a Napoleón.

Ante esta situación, Primo de Verdad propuso al virrey y a la junta jurar a Fernando VII como rey de España y de las Indias, y trató de convencerlos para que se comprometieran a no reconocer monarca alguno que no fuese de la estirpe real de los Borbones, a defender el reino de Nueva España y no entregarlo a otra potencia, ni a otra persona que no fuera de la familia real legítima.

Fue así, que el 15 de julio de 1808, el virrey José de Iturrigaray convocó a los notables del virreinato integrantes del Real Acuerdo, que era el cuerpo formado por los oidores para asesorarlo en asuntos difíciles, a constituir dicho gobierno, destacándose las figuras del licenciado Primo de Verdad, Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes.

Teniendo como proclama que ``La soberanía reside esencialmente en el pueblo'', el 19 de julio Primo de Verdad y Ramos presenta al virrey la declaración de autodeterminación de México, en la que el ayuntamiento de la Ciudad de México, ``en representación de todo el reino'', propuso los siguientes puntos:

De hecho y de derecho, esta declaración significaba la independencia de la Nueva España, acto que los peninsulares vieron con temor y se rehusaron a admitir la declaratoria de Primo de Verdad y Ramos. De inmediato, los oidores objetaron el documento y el 9 de agosto se reunieron en una junta las principales autoridades de la ciudad para examinar el asunto.

Encabezados por el virrey, oidores, arzobispos, canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, fiscales, jefes de oficina, gobernadores de las parcialidades indios y españoles residentes en la ciudad de México no sólo se opusieron a la declaratoria de Primo de Verdad y Ramos, sino también fue proscrita y maldecida por la Iglesia la idea de que la soberanía residía en el pueblo.

En respuesta a ese primer intento por establecer un gobierno independiente de toda autoridad peninsular en México, la noche del 15 de septiembre estalló la asonada conocida como Yermo, dado que fue encabezada por el rico comerciante Gabriel de Yermo; quien acusó al virrey Iturrigaray de intentar sublevarse contra la corona española. Yermo junto con 300 españoles y con la complicidad de la guardia de palacio, pudieron hacer prisionero a Iturrigaray enviándolo a la Inquisición con sus dos hijos mayores.

Pero para sofocar todo intento independentista, los peninsulares también decidieron aprender a todos quienes ha- bían manifestado y abrazado la lucha de liberarse de la corona española. Así fueron hechos presos Primo de Verdad y Ramos, Francisco Azcárate, el abad de Guadalupe, José Neye de Cisneros, el canónigo José Mariano Beristáin, el licenciado José Antonio del Cristo y fray Melchor de Talamantes, quienes fueron recluidos en las cárceles del Arzobispado en al Ciudad de México.

Mientras tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables, reunidos en la Sala de Acuerdos, declararon al virrey Iturrigaray separado de su cargo y nombraron en su sustitución al mariscal de campo Pedro Garibay.

Desde la asonada de Yermo, Primo de Verdad permaneció recluido en la cárcel eclesiástica del Arzobispado, pero el 4 de octubre de 1808 una mañana misteriosamente apareció muerte en su celda de presión. Se asegura que fue asesinado por los españoles, que se hicieron cargo del gobierno colonial. Primo de Verdad fue sepultado en sagrario de la Basílica de Guadalupe.

Pero esa frase que sigue vigente en nuestro sistema político mexicano y la decisión de Primo de Verdad y Ramos marcó el hito histórico, para que en 1810 se diera la gran gesta de la Independencia del país.

Es así, que en los anales históricos de México Primo de Verdad y Ramos figura como el precursor de la soberanía popular en la Nueva España, por su decidida actuación política para proclamar la Autodeterminación de México.

Francisco Primo de Verdad y Ramos nació el 9 de junio de 1760 en la Hacienda de la Purísima Concepción de Ciénega de Mata, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, según consta en su acta bautismal en el Curato de Ojuelos.

Formado bajo el influjo de los ideales ilustrados, estudió leyes en el antiguo Colegio de San Ildefonso y llegó a ser síndico en el Ayuntamiento de la ciudad de México. Con la influencia de la Ilustración filosófica, estaba convencido que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, principio que difundió y lo hizo ganar opositores, principalmente de los peninsulares y la Inquisición.

En el año de 1808 la actuación de Primo de Verdad y Ramos fue decisiva ante la abdicación de los monarcas españoles por la invasión napoleónica de la península ibérica, muchos mexicanos. En 1808, el virrey Iturrigaray convocó a notables del virreinato a constituir dicho gobierno, destacándose las figuras del licenciado Francisco Primo de Verdad (en ese entonces síndico del Ayuntamiento de México), Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes. En respuesta a ese primer intento por establecer un gobierno independiente de toda autoridad peninsular en México, estalló la asonada de Yermo que llevó a prisión, entre otros, al licenciado Primo de Verdad, quien murió cautivo al poco tiempo. Por ello, Primo de Verdad ha sido considerado protomártir de la Independencia nacional.

En la actualidad, el abogado Primo de Verdad y Ramos ha merecido todo tipo de homenajes.

Como parte de la celebración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, a partir de 2007 el Banco de México puso en circulación monedas conmemorativas de cinco pesos con personajes representativos de esos movimientos históricos. Una de ellas corresponde a Primo de Verdad y Ramos, como un justo reconocimiento como precursor de la gesta independentista.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incorpore en el calendario oficial el 19 julio como día de la Proclamación de la Autodeterminación de México hecha por el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Jaime Correa.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Están presentes en el recinto presidentes municipales de distintos municipios de Oaxaca: de Salina Cruz, de Ciudad Ixtepec, de San Andrés Dinicuiti, de El Barrio de la Soledad y de Santo Domingo Petapa, todos ellos invitados por la diputada Sofía Castro. Les damos la más cordial bienvenida.

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidada fijar, a favor de las familias de Quintana Roo, la tarifa 1C a fin de estar homologada con los estados de la península de Yucatán. Lo escuchamos, diputado Borge Angulo.

El diputado Roberto Borge Angulo: Con su venia, presidente.

El que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a su director general, ingeniero Alfredo Elías Ayub, a revalorizar las tarifas eléctricas en los diferentes municipios de Quintana Roo, tomando en cuenta su temperatura mínima promedio, y los siguientes puntos que van en esta propuesta.

Antecedentes: el 1 de octubre de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para suministro y venta de la energía eléctrica.

Consideraciones: primera. Que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) establece tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo con lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.

Segunda. Que la diferencia de tarifas determinadas en Quintana Roo presenta una temperatura mínima mensual, en dos meses o más, mayor a lo establecido por la Comisión Federal de Electricidad.

Tercera. Que se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cuarta. Que en los estados de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el clima promedio es semejante; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no lo considera así para distribuir las tarifas de electricidad.

Quinta. Que las cifras del Inegi demuestran que la temperatura máxima promedio en Quintana Roo es de 33 grados centígrados, en Yucatán la temperatura máxima promedio es de 36 grados centígrados, y para Campeche la temperatura máxima es de 30 grados centígrados.

Sexto. Que la temperatura máxima de los tres estados es muy parecida y que en consecuencia hace que las familias consuman mayor cantidad de electricidad para conservar sus alimentos o, simplemente en sus hogares, para tener mayor comodidad utilizando ventiladores o aires acondicionados.

En virtud de lo expuesto y fundado, se pone a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo.

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Electricidad, a su director general, ingeniero Alfredo Elías Ayub, a revalorizar, a favor de las familias y los comerciantes del estado de Quintana Roo, las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado, tomando en cuenta su temperatura mínima promedio ---es decir, el municipio de Cozumel que cuenta con la tarifa máxima que hay en la Comisión Federal, 1A--- pudiera pasar a formar parte de la tarifa 1C.

Los municipios restantes de Quintana Roo: Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos y Othón P. Blanco, pudieran pasar de la tarifa 1B a la tarifa 1C, como la que hoy predomina en nuestro vecino estado de Yucatán.

Suplico que pudiera insertarse en el Diario de los Debates el verdadero título de este punto de acuerdo, porque estuvo suscrito de manera errónea en el oficio que se envió a la Junta de Coordinación Política. Mucho le suplicaré. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a fijar en favor de las familias de Quintana Roo la tarifa 1C para homologar éste con los estados de la península de Yucatán, a cargo del diputado Roberto Borge Angulo , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta una proposición con punto de acuerdo, de conformidad con lo siguiente:

Antecedente

El 1 de octubre de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

Consideraciones

Primera. Que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) establece tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.

Segunda. Que la diferencia entre tarifas determinadas en Quintana Roo presenta una temperatura mínima mensual, en dos meses o más, mayor a lo establecido por la CFE.

Tercera. Que se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano, cuando alcance el límite indicado durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cuarta. Que en los estados de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el clima promedio es semejante, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no lo considera así para distribuir las tarifas de electricidad.

Quinta. Que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía demuestran que la temperatura máxima promedio en Quintana Roo es de 33 grados Celsius, en Yucatán la temperatura máxima promedio es de 36 grados Celsius, y para Campeche la temperatura máxima promedio es 30 grados Celsius.

Sexta. Que la temperatura máxima de los tres estados es muy parecida y que, en consecuencia, hace que las familias consuman mayor cantidad de electricidad para conservar sus alimentos o simplemente en sus hogares para tener mayor comodidad usando ventiladores o aires acondicionados.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revalorizar a favor de las familias de Quintana Roo, las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado tomando en cuenta su temperatura mínima promedio.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Borge Angulo y como lo solicita, insértese el texto íntegro de la proposición, en el Diario de los Debates, así como la publicación también en la Gaceta yse turna a la Comisión de Energía.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta contra ellas.

Hablar de violencia feminicida es hablar de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres, es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por el Estado en el ámbito público y privado.

Esta violencia toma connotaciones particulares al conformarse por hechos que aunque penados por la ley, parecieran de aceptación y práctica común por una parte importante de la sociedad y de las instituciones que la norman.

En este tipo de violencia no sólo existe violencia social contra las mujeres, también está la violencia que las instituciones ejercen sobre ellas al no responder para garantizarles su vida, aun cuando ésta es una obligación del Estado, lo que lleva a que una vez cometidos los delitos contra ellas haya impunidad y la impunidad, amigos y amigas, es otro elemento de la violencia feminicida.

Es en este sentido que deseo exponer las siguientes consideraciones, pues en la Cámara de Diputados, como una institución nacional que debe tomar por elemental prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas, debemos dejar de ser cómplices, parte de la violencia institucional que se ejerce contra muchas mujeres a diario en nuestro país.

De 2007 a la fecha, en la zona que conforman los municipios de Isla y de Juan Rodríguez Clara, en Veracruz, son ya nueve mujeres asesinadas. Sus familias, indignadas por el nulo esclarecimiento de los hechos y la impunidad que los acompaña reclaman, con razón, justicia.

Así pues, en Veracruz contamos, desde febrero de 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por su parte, Veracruz atendiendo a la armonización legislativa, cuenta ya, desde febrero, con una ley al respecto. En ella se instituye la obligación de que el gobierno del estado atienda los casos de violencia feminicida. Así lo señala el artículo 38. De ahí que existe por ley la obligación clara para el gobierno de Veracruz de atender este grave problema social.

Es por ello que hoy, rompiendo con la indiferencia institucional respecto de la muerte de muchas mujeres en el estado de Veracruz, pugnamos por exhortar a su gobierno, que encabeza el licenciado Fidel Herrera Beltrán, a actuar en consecuencia y cumplir con las obligaciones que al respecto tiene para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres veracruzanas, en general y en particular las de los municipios de Isla y de Juan Rodríguez Clara.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el licenciado Fidel Herrera Beltrán, a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Juan Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, así como exhortar a esta honorable Cámara de Diputados a crear una comisión especial que investigue el tema de la violencia feminicida en el municipio de Isla, Veracruz y en el propio estado de Veracruz.

Es cuanto, Presidente. Únicamente le pediría insertar la versión estenográfica a la comisión a la cual sea enviado dicho punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida de la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Alba Leonila Méndez Herrera , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo destinado a exhortar al gobierno de Veracruz para llevar a cabo las medidas necesarias a fin de atender la problemática de violencia feminicida que vive la entidad, con base en las siguientes

Consideraciones

La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que puede culminar en homicidio, y otras formas de muerte violenta contra ellas.

Hablar de violencia feminicida es hablar de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres; es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por el Estado, en el ámbito público y en el privado.

Esta violencia toma connotaciones particulares porque se forma por hechos que, si bien penados por la ley, parecen de aceptación y práctica común por una parte importante de la sociedad y de las instituciones que la norman.

En este tipo de violencia no sólo hay violencia social contra las mujeres sino, también, la que las instituciones ejercen sobre ellas, al no responder para garantizarles la vida, aun cuando ésta es una obligación del Estado. Eso lleva a que, una vez cometidos los delitos contra ellas, haya impunidad, y la impunidad es otro elemento de la violencia feminicida.

Es este sentido deseo exponer las siguientes consideraciones, pues la Cámara de Diputados, como una institución nacional que debe tener por elemental prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas, debe dejar de ser cómplice parte de la violencia institucional que se ejerce contra muchas mujeres a diario en el país.

De 2007 a la fecha, en la zona que forman los municipios de Isla y Rodríguez Clara, Veracruz, han sido asesinadas nueve mujeres: Mireya, de 19 años; Rosa, de 79; Facunda, de 75; Bertha Yaneth, de 13; Paula, de 34; Pascuala, de 78; Yésica, de 19; Claudia, de 22; y Juana.

Sus familias, indignadas por el nulo esclarecimiento de los hechos y la impunidad que los acompaña, reclaman con razón justicia. Las pobladoras de estos municipios temen que el fenómeno se multiplique y muchas más mujeres mueran ante la inexistente protección de sus derechos humanos y la escasa importancia que las autoridades jurisdiccionales correspondientes dan a la atención de este grave problema social.

Constantemente nos congratulamos por la existencia de leyes que norman y establecen obligaciones tendentes a atender el problema de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Aunque la aprobación y publicación de tales ordenamientos jurídicos sean un logro fundamental, debemos trabajar por hacer cumplir las medidas establecidas en ellos y hacer efectivo el derecho de las mujeres a llevar una vida libre de violencia.

Así pues, contamos desde febrero de 2007 con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en el diseño y la aplicación de políticas públicas encaminadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Por otra parte, Veracruz, atendiendo a la armonización legislativa, cuenta ya desde febrero de 2008 con una ley al respecto, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En ella se instituye la obligación para el gobierno del estado de atender los casos de violencia feminicida.

Así se señala en el artículo 38: ``Cuando se presenten casos de violencia feminicida, los gobiernos estatal y municipal, por sí [...], dispondrán medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, detener la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentran [...] para lo cual se deberán, entre otras acciones, implantar las acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida''.

El artículo 41 menciona: ``En caso de violencia feminicida, el gobierno del estado, conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, garantizará la reparación de daños''.

De ahí que haya por ley la obligación clara, para el gobierno de Veracruz, de atender este grave problema social. Por ello hoy, rompiendo con la indiferencia institucional respecto a las muertes de muchas mujeres en Veracruz, pugnamos por exhortar a su gobierno a actuar en consecuencia y cumplir las obligaciones que al respecto tiene para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres veracruzanas en general, y en particular de los municipios de Isla y Rodríguez Clara.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Veracruz a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida de la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Méndez Herrera. Como lo solicita, se procederá en consecuencia por la Secretaría.Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

Tenemos la visita de un grupo de habitantes del estado de Tlaxcala, invitados del diputado Julián Velázquez y Llorente.

También nos acompaña un grupo de colonos del municipio de Villa de Allende, del estado de México, invitados del diputado Ignacio Pichardo Lechuga. A ambos grupos, la más cordial bienvenida al recinto de la Cámara de Diputados.

COMISION ESPECIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES MEXICANOS BRACEROS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de los ex Trabajadores Migrantes Mexicanos Braceros.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Grupo Parlamentario del PRI

María Isabel Merlo Talavera , diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de los diputados federales del estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración mexicana hacia Estados Unidos es de una prolongada tradición histórica, donde se conjugan la vecindad geográfica, las asimetrías económicas, las relaciones de los factores de la producción entre ambos países, y la creciente integración económica regional. Todos son parte de los elementos que estructuran la ecuación migratoria y hacen inevitable la generación de flujos de intercambio en ambas direcciones.

El programa Bracero, que surge el 4 de agosto de 1942, con marcadas desigualdades, es un importante logro para establecer un marco legal a estos movimientos migratorios. Los gobiernos de México y Estados Unidos firman un convenio para el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir las necesidades de mano de obra para los campos agrícolas y el mantenimiento de los ferrocarriles estadounidenses, se trataba de transferencia temporal del factor trabajo documentado, con base a convenios con caducidad previamente establecida.

En ese período muchos campesinos mexicanos dejaron de producir sus tierras y firmaron contratos que se les presentaban como la solución a sus problemas inmediatos. El convenio concluyo en 1964, sin embargo algunos trabajadores continuaron hasta 1967, siendo un movimiento singular en la historia de ambas naciones, sentando un precedente en las relaciones de integración económica.

Dicho convenio establecía la creación de un fondo de retención del diez por ciento del pago a los trabajadores, mismos que se depositaron vía Wells Fargo, transfiriéndose al Banco de México y éste, a su vez, a otras instituciones bancarias, para entregarlo al trabajador bracero a su regreso a México. Sin embargo, dichos recursos no fueron entregados a los interesados, quienes por falta de información dejaron de solicitarlos.

Quienes hemos tenido la necesidad y la fortaleza de emigrar a otras tierras, para encontrar un sitio dónde consolidar nuestro proyecto de vida, conocemos de los múltiples sacrificios y penalidades que hay que pasar, para establecerse en otro país. Todos estos esfuerzos esperan ser recompensados, al regreso a su patria al lograr mejorar la economía familiar.

Muchos tenemos la satisfacción de alcanzar nuestros objetivos, pero muchos otros aún están en espera de obtener al menos un beneficio, después de una vida de trabajo. Esta es la situación a la que se enfrentan los ex trabajadores migrantes, quienes muchos de ellos y sus familias, se encuentran en situación de marginación, sin recibir los beneficios de jubilación, salud ó de adultos mayores.

Un esfuerzo institucional, para atender esta problemática se inició en el año 2001, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, la cual continuó en las LIX y LX Legislaturas.

En 2003, se reunió, por primera vez, la Comisión de Investigación de los ex Braceros con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Banco Nacional de Crédito Rural, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representantes de las organizaciones de ex braceros, que acordaron levantar el padrón de ex braceros, definieron un esquema de asistencia médica, y en la firma del acuerdo participaron diputados de la LIX legislatura, representantes del gobierno federal, la banca de desarrollo, y por parte de los ex braceros firmaron representantes de la fundación de emigrantes de Puebla, de Fuerza de Migrantes sin Fronteras, del Comité de Indemnización de Trabajadores Agrícolas del Estado de Tabasco, la Organización de Trabajadores Latinos del Estado de Veracruz, y el Comité pro Braceros del Estado de Durango

La Cámara de diputados, en 2005, aprueba la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ratificado días después por la colegisladora, siendo este instrumento el que ha permitido avanzar con el pago a los trabajadores braceros, pero que ha generado incertidumbre por la falta de un esquema formalizado de los requisitos que deben cumplirse. Estas contingencias han tenido que resolverse conforme se presentan, hasta establecer una normativa más completa.

Sin embargo, aún existe un enorme rezago en la entrega de los recursos, y si a esto adicionamos las condiciones que rodean a muchos de los ex trabajadores migrantes y a sus familias, que carecen de los mínimos satisfactores para una vida digna, es el momento de buscar una solución integral a la problemática que enfrentan día con día los ex braceros y sus familias y en su caso la conyugue y los hijos.

El reconocimiento a los derechos de los ex trabajadores migrantes mexicanos, braceros, es una tarea irrenunciable e inaplazable, por lo que la presente LXI legislatura debe dar continuidad a los esfuerzos ya realizados, en atención a los beneficios derivados del trabajo efectuado por nuestros connacionales durante su estadía en Estados Unidos de América.

Por lo anterior, se presenta los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados la creación de una comisión especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros.

Segundo. La comisión tendrá por objeto ofrecer apoyo, información y orientación para que el ex trabajador migrante mexicano obtenga un beneficio integral de desarrollo, al incorporarlo a los programas sociales de vivienda, salud, educación, y asistencia a las actividades productivas, y dará un puntual seguimiento a las actividades del Fideicomiso que Administra los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros durante el Periodo de 1942 a 1964.

Tercero. La comisión especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros se integrará con la representación proporcional de cada fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, la directiva de la comisión especial será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa Directiva para los efectos procedentes.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

A petición de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia, se pospone la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la comisión organizadora de los festejos patrios de 2010 respecto de la emisión conmemorativa de billetes de 100 pesos.

SECTOR LECHERO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióny de la Secretaría de Economía, a resolver el problema del sector productivo lechero.

El diputado Jorge Rojo García de Alba: Con su permiso, señor presidente. Una de las principales motivaciones es la necesidad de alimentar a la población mexicana que, en su mayoría, tiene un nivel bajo de ingresos. La leche se presenta como una de las principales alternativas, sobre todo para la niñez de nuestro país, para que cumpla con este fin. Es necesaria su consolidación como un bien básico accesible a todos los niveles y en todos los lugares.

Por ello, en la medida en que aumente la importancia del consumo de este producto en la dieta básica de la población, la leche será un producto estratégico que ayude a mejorar la alimentación y la salud de los mexicanos.

Por otra parte, se enfatiza que el sector lechero mexicano se encuentra ante una disyuntiva que deberá crecer, igualando su productividad a la de los socios comerciales de México o admitir la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos, y en lo particular a Canadá.

La situación que enfrentan los productores de leche del país es preocupante, y en particular, Hidalgo es uno de los estados que resiente en mayor cuantía dicho contexto complejo. No es suficiente con garantizar que Liconsa adquiera la producción nacional; es necesario diseñar mecanismos que permitan compensar las disminuciones que pudieran presentar en el precio lácteo.

Nuestro país tiene un déficit de la producción de leche de aproximadamente de 50 por ciento. Esta situación ha dado cabida a que, con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche, y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegien la importación de leche en polvo descremada.

En su mayoría, en ocasiones importan sueros de uso veterinario; producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, que primero descreman y extraen propiedades nutricionales y posteriormente adulteran con grasa vegetal y otros productos que no son propios de la leche, ocasionando con ello un fraude al consumidor y la consecuente afectación a los productores nacionales.

Es de destacar que este año se presentó una de las sequías más graves, ocasionando que la producción de leche en México haya disminuido más de 20 puntos porcentuales, lo que genera una mayor dependencia a la importación de productos lácteos.

El impacto de lo mencionado anteriormente se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo con el nivel de la producción de cada entidad federativa. En ese sentido, el estado que me honro en representar, Hidalgo, es uno de los más afectados.

No es suficiente con implementar programas que fomenten la producción con el objetivo de eficientar a dicho sector; es necesario contar con acciones integrales que incluyan la distribución y la comercialización del lácteo y de los derivados del mismo.

La Sagarpa, como institución encargada de la política agropecuaria nacional, tiene la obligación de implementar programas emergentes de compensación y rescate a los productos de la leche en Hidalgo, en lo particular, y de todos los productores a nivel nacional.

En ese sentido es indispensable apoyar a los productores sociales, los cuales no pueden acceder a los programas del gobierno federal, ya que actualmente los excluyen de la mayoría de los programas de apoyo de los cuales dependen más de 200 mil familias mexicanas.

Hoy, la ley general de la leche reglamenta una norma jurídica para hacer obligatoria la planeación de la actividad lechera y sus derivados; sin embargo es de destacar que hay un gran déficit de reordenamiento para controlar la importación de sueros lácteos que vienen a distribuirse y a consumirse en México como leche, lo cual es un fraude para el consumidor.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, y en lo particular quienes representamos a Hidalgo, estamos comprometidos a velar porque el sector agropecuario del estado cuente con un entorno que favorezca su crecimiento y con ello que el objetivo coadyuvar al desarrollo económico nacional sea una meta viable a mediano y largo plazo.

Con fundamento en lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar de manera inmediata un programa emergente de rescate que otorgue apoyos financieros a los productos sociales de la leche que se encuentran en Hidalgo y a escala nacional.

Se considere al sector de productores de la leche nacional en el conjunto de las actividades prioritarias para el desa-rrollo integral del sector agropecuario nacional, ello con el objetivo que se diseñe una política estratégica particular que permita generar beneficios a los pequeños productores o productores sociales.

Unificar normatividad con relación a la producción, industrialización, distribución y calidad de la leche.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a que se regulen las importaciones de leche en polvo de acuerdo con las necesidades del mercado nacional. Y asimismo, que se envíe una excitativa a la Secretaría de Economía para que cumpla con la revisión periódica y veraz de los productos lácteos en el mercado, para asegurar con ello que los mexicanos recibamos lo que necesitamos para una correcta nutrición. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía a resolver el problema del sector productivo lechero, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, se somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Una de las principales motivaciones es la necesidad de alimentar a la población mexicana, que en su mayoría tienen un nivel de ingresos bajo; la leche se presenta como una de las principales alternativas, sobre todo para la niñez de nuestro país, pero para que cumpla con este fin, es necesaria su consolidación como un bien básico accesible a todos los niveles y en todos los lugares. Por ello, en la medida que aumente la importancia del consumo de este producto en la dieta básica de la población, la leche será un producto estratégico que ayude a mejorar la alimentación y la salud de los mexicanos.

Por otra parte, se enfatiza que el sector lechero mexicano se encuentra ante una disyuntiva que deberá crecer, igualando su productividad a la de los socios comerciales de México, o admitir la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos y, en particular, a Canadá.

La situación que enfrentan los productores de leche del país es preocupante y, en particular, el estado de Hidalgo es uno de los que resiente en mayor cuantía dicho contexto complejo.

No es suficiente con garantizar que Liconsa adquiera la producción nacional, es necesario diseñar mecanismos que permitan compensar las disminuciones que se pudieran presentar en el precio del lácteo.

Nuestro país tiene un déficit en producción de leche aproximadamente de 50 por ciento, esta situación ha dado cabida a que con la apertura comercial y Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche, y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegian la importación de leche en polvo descremada y, en la mayoría de las ocasiones importan sueros de uso veterinario, producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, la cual primero se descrema y se extraen sus propiedades nutricionales y, posteriormente, adulteran con grasa vegetal, así como productos que no son propios de la leche, ocasionando con ello un fraude al consumidor y la consecuente afectación a los productores nacionales.

Aunado a lo anterior es de destacar que este año se presentó una de las sequías más graves, ocasionando que la producción de leche en México haya disminuido más de 20 puntos porcentuales, lo que genera una mayor dependencia de la importación de productos lácteos.

El impacto de lo mencionado anteriormente se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo al nivel de producción de cada entidad federativa, en este sentido, el estado que me honro en representar, Hidalgo, es uno de los más afectados.

No es suficiente con implementar programas que fomenten la producción, con el objetivo de eficientar a dicho sector es necesario contar con acciones integrales que incluyan la distribución y la comercialización del lácteo y sus derivados.

La Sagarpa, como la institución encargada de la política agropecuaria nacional, tiene la obligación de implementar programas emergentes de compensación y rescate de los productores de la leche en el estado de Hidalgo en particular, y a todos los productores a nivel nacional.

En este sentido es indispensable apoyar a los productores sociales los cuales no pueden acceder a los programas del gobierno federal ya que actualmente los excluyen de la mayoría de los programas de apoyo de los cuales dependen más de 200 mil familias.

Hoy día, la Ley General de la Leche reglamenta una norma jurídica para hacer obligatoria la planeación de la actividad lechera y sus derivados; sin embargo, es de destacar que hay un gran déficit de ordenamientos para controlar la importación de sueros lácteos que vienen a distribuirse y a consumirse a México como leche pura lo cual es un fraude al consumidor, pero también tenemos la obligación de darle una norma jurídica que obligue al Ejecutivo para que en materia de planeación de la actividad lechera establezca las bases para que haya objetividad y certidumbre a largo plazo para los productores agropecuarios

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y, en particular, quienes representamos al estado de Hidalgo estamos comprometidos a velar porque el sector agropecuario del estado cuente con un entorno que favorezca su crecimiento, ello con el objetivo de coadyuvar a que el desarrollo económico nacional sea una meta viable en el mediano y largo plazo.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que:

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que:

Asimismo, se envíe una excitativa a la Secretaría de Economía para que cumpla con la revisión periódica y veraz de los productos lácteos en el mercado para asegurar con ello que los mexicanos recibamos lo que se supone adquirimos y, que debe ser lo que en realidad necesitamos para una correcta nutrición.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado Rojo García de Alba.Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Con objeto, presidente, de hacerle una pregunta al diputado orador: si permite que me adhiera a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le pregunto al diputado Rojo García de Alba si tiene inconveniente en que el diputado Omar Fayad suscriba con usted la proposición.

El diputado Jorge Rojo García de Alba: No, adelante.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado el diputado Rojo García de Alba, diputado Fayad, y por tanto, puede pasar a la Secretaría a suscribirla. Las diputadas y diputados que deseen también hacerlo, pueden hacer lo propio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

DEPORTE PARALIMPICO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía realiza un extrañamiento a la Comisión Nacional del Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud de que el jurado del Premio Nacional del Deporte, en la categoría Deporte Paralímpico, la dictaminó desierta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía formula un extrañamiento a la Comisión Nacional del Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación porque el jurado del Premio Nacional del Deporte dictaminó desierta la categoría de deporte paralímpico, a cargo del diputado Carlos Torres Piña , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Carlos Torres Piña , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados realice un extrañamiento a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en virtud de que el jurado del Premio Nacional del Deporte, en la categoría ``Deporte paralímpico'', la dictaminó desierta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte es una actividad que logra una gran respuesta a sus convocatorias. Esto no es sólo momentáneo o coyuntural: el deporte convencional y paralímpico se ha consolidado día tras día como parte de la cultura y cotidianidad de los pueblos. Así, lo que en principio fue una forma de ejercicio físico se ha convertido en una actividad de tiempo completo y profesional. Para competir y alcanzar récords, los deportistas tienen que prepararse de forma cotidiana, metódica e, incluso, científica.

Hoy, la lucha con los adversarios no es --en la mayoría de las ocasiones-- por situaciones derivadas de actos belicosos, pero sí por la demostración de talento, capacidad, preparación y desarrollo deportivo, ya que ser en los actos deportivos mundiales el representante de un país y posible ganador de una medalla olímpica es la más grande aspiración de todo deportista, pues es también el resultado de años de dedicación y esfuerzo dejado en la alberca, pista, cancha o estadio, así como el sacrificio personal y familiar de cada contendiente.

Muchos deportistas mexicanos convencionales o paralímpicos han desfilado por los estadios olímpicos, siempre con el anhelo de alcanzar la victoria, luchando contra la adversidad, la economía individual y la del país, también en ocasiones contra los mismos mexicanos que no entendieron en su momento el deseo de esos competidores de elevar el nombre propio y de su estado o país.

Reconocimiento especial merecen los atletas paralímpicos, a quienes por su propia condición física cada logro requiere un esfuerzo doble o triple, ya que en México más de 2 millones de personas enfrentan alguna discapacidad, y no son pocos los problemas que desafían estas personas para contar con las condiciones básicas que les permitan integrarse plenamente a la vida social, económica, política y deportiva.

Los atletas paralímpicos son orgullo de todos los mexicanos, un ejemplo para toda la población, ya que su tesón, disciplina, entrega y optimismo ante cualquier obstáculo resultan una lección de vida y éxito para todos los presentes.

Sobre todo cuando mencionamos cada uno de sus logros en las competencias deportivas, pese a no poseer los lugares adecuados para realizar los entrenamientos necesarios para su preparación, a no tener la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida diaria, a no contar con apoyos económicos, sin publicidad, pero con la convicción de representar al país dignamente en cada competencia nacional o internacional. Así, nos damos cuenta de que, en cuanto a deporte paralímpico, se cuenta con limitada infraestructura y demasiados ejemplos de indiferencia.

El país debe reconocer plenamente el derecho de igual que tienen, entender la situación en que se encuentran los deportistas con discapacidad y, por tanto, la necesidad de de-sarrollar acciones para apoyarlos plenamente, con mejores instalaciones deportivas, con becas, con entrenadores y, sobre todo, con el reconocimiento de su entrega y talento.

Los esfuerzos realizados por los deportistas paralímpicos han sido superiores a los de cualquier otro deportista, ya que además de las carencias que se padecen en el país en materia deportiva, se enfrentan a la necesidad de adecuar las instalaciones y el transporte, y a la prácticamente nula accesibilidad a los espacios físicos, lo que representa un esfuerzo adicional para desarrollar sus habilidades deportivas, pero sin un trato justo y equitativo.

Así también, enfrentan organismos que continúan con su desinterés y su falta de sensibilidad política y social, como la Conade, a través de los integrantes del jurado del Premio Nacional del Deporte encargado de revisar propuestas y decretar ganadores, que tenía el 10 de noviembre como fecha limite para la resolución de los ganadores.

Resultó una sorpresa la determinación, ya que el jurado decidió declarar desierto el Premio Nacional del Deporte, en el rubro de deporte paralímpico, pese a la existencia de tres candidatos propuestos para dicho reconocimiento: la nadadora Nelly Edith Miranda Herrera, Aarón Gordian Martínez --en la especialidad de atletismo de pista silla de ruedas-- y Fernando del Rosario González --en atletismo de campo.

Desde que se instituyó el Premio Nacional del Deporte, la categoría de deporte paralímpico siempre ha contado con un indiscutible ganador, con base en sus logros nacionales e internacionales y que, como se ha mencionado y es de dominio público, en este grupo hay mucha tela de donde cortar, lo preocupante es el acto discriminador y el regateo del reconocimiento de valiosos mexicanos, así también la violación de la Constitución, en los artículos 1o. y 4o., donde a la letra dice:

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en los artículos 2, 4, 9, 10,11, 15, 20, fracciones X, XI y XV, 46 y demás relativos al caso en comento.

Caso similar es el que corresponde a la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el artículo 4o., así como las demás aplicables.

La LXI Legislatura no puede permitir que este acto de evidente discriminación de que han sido objeto los deportistas paralímpicos en general quede en una simple anécdota de la historia del deporte adaptado, que se intentó resolver después de un tardío reconocimiento del hecho y por la presión de los medios de comunicación que ya se preparan para la ``celebración'' de su Teletón. Queremos un país de instituciones; ¿por qué escatimar el justo reconocimiento nacional a los deportistas paralímpicos?

Por ello, y en congruencia con lo señalado, debemos hacer un enérgico llamado de atención al jurado del Premio Nacional del Deporte, a la Conade y al Conapred: a unos por su acto discriminatorio al extender un veredicto desierto en la categoría de deporte paralímpico y a los demás por la falta de atención y desapego al permitir que dicho acto siguiera su curso y no manifestar ninguna objeción al hecho.

Por ello, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados dirige un extrañamiento al jurado del Premio Nacional del Deporte, y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en virtud de no preservar el reconocimiento y estímulo al trabajo de los deportistas paralímpicos, generando con ello actos discriminatorios y conductas omisas por los servidores públicos responsables de atender con eficiencia y eficacia este caso.

Segundo. Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud de que es el organismo nacional encargado de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, lo cual fue omitido al no manifestarse públicamente ni dar inicio a una investigación por oficio para determinar la existencia de actos discriminatorios.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables.

Nos visita un grupo de alumnos de la Universidad del Valle de México de la ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, invitados del diputado José Francisco Rábago Castillo . Bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados, alumnos de la Universidad del Valle de México, de Tampico.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en elDistrito Federal, en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos. Adelante, diputada Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Sí. El presente punto de acuerdo se suma a una serie de puntos que se han subido de varios grupos parlamentarios, sobre todo del Partido Acción Nacional, en donde en días pasados toda la ciudad nos dimos cuenta de una banda organizada que operaba en la delegación Venustiano Carranza en un hospital llamado Hospital Central de Oriente.

La captura de los presuntos delincuentes fue organizada por la denuncia de uno de los hijos de los implicados, del director del hospital. Y de acuerdo con las primeras investigaciones, a las madres de los niños robados, se les decía que sus bebés habían muerto al nacer.

En conferencia de prensa, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dio a conocer que dicho nosocomio llevaba más de 20 años de operar. Por lo que se ampliaron las investigaciones ya que en este ilícito se podría dar el robo y tráfico de decenas de recién nacidos. Además de que se buscaba a otros integrantes de dicha banda. A los detenidos se les acusa de los delitos de tráfico de menores, uso de documentos falsos y delincuencia organizada.

En virtud de lo anterior, solicitamos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ponga atención en el asunto, ya que ésta tiene las atribuciones de regulación, control, vigilancia y fomentos sanitarios, tal como lo establece el artículo 3o. del reglamento de la Comisión.

Asimismo, la Cofepris cuenta con la Comisión de Operación Sanitaria, que tiene la atribución de realizar visitas de evaluación, verificación y supervisión de la actuación de terceros autorizados, y emitir el dictamen correspondiente y, en su caso, las medidas de seguridad y sanciones que procedan, tal como lo establece el artículo 15 del mismo reglamento.

Así también, aunado a lo anterior, existe ya en el Distrito Federal la Ley de Extinción de Dominio, que mandata al Ministerio Público a iniciar el procedimiento de extinción de dominio, incluso a solicitar medidas cautelares respecto de los bienes relacionados con los delitos como el de la delincuencia organizada, delito que estamos comentando.

Es por lo anterior que someto ante este honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que en el marco de sus atribuciones supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal y en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, a través de la figura jurídica denominada extinción de dominio, a que se ejerza la acción de extinción de la propiedad respecto de los bienes o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos relacionados con tráfico de menores, uso de documentos falsos y delincuencia organizada.

Por economía procesal solicito se incluya íntegro el texto de la presente proposición en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a supervisar y verificar el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privados en el Distrito Federal donde se presten servicios de atención de embarazadas y de partos; y al Gobierno del Distrito Federal, a ejercer la extinción de dominio sobre bienes utilizados en tráfico de menores, delincuencia organizada y delitos relacionados o que son producto de ellos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que en el marco de sus atribuciones supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal, en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos, así como al gobierno del Distrito Federal con la finalidad de que través de la figura jurídica denominada extinción de dominio, se ejerza la acción de extinción de la propiedad respecto a los bienes muebles o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos de tráfico de menores, delincuencia organizada y relacionados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. La Procuraduría de Justicia capitalina desmembró y detuvo en días pasados, a una banda dedicada al robo y venta de niños, quienes eran vendidos hasta en 15 mil pesos. El grupo delictivo estaba integrado por doctores y trabajadores que tenían su centro de operación en el hospital Central de Oriente, situado en la delegación Venustiano Carranza, informó Luis Genaro Vásquez Rodríguez, subprocurador de Averiguaciones Previas del Gobierno del Distrito Federal.

II. La captura de los presuntos delincuentes fue originada por la denuncia de uno de los hijos de los implicados, y de acuerdo con las primeras investigaciones a las madres de los niños, que eran robados, se les decía que el bebé había muerto al nacer.

Junto con tres doctores y dos trabajadores del hospital ubicado en calzada Ignacio Zaragoza número 491, colonia Valentín Gómez Farías, fueron capturados un matrimonio, así como una psicóloga, --ocho detenidos al momento-- que ``compraron'' a sus respectivos bebés, e incluso, la profesionista adquirió a una infante, a la que registró como hija suya, con documentos entregados por los traficantes de menores.

III. En conferencia de prensa, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio a conocer que dicho nosocomio llevaba más de 20 años de operar, por lo que se ampliaron las investigaciones, ya que en este ilícito se podría dar el robo y tráfico de decenas de recién nacidos, además de que se busca a otros integrantes de la banda.

Los detenidos son: Víctor Manuel Mancera González, Jorge Adalberto Guerrero Bustos y Alfredo Ortiz Rosas, así como la enfermera, María Guadalupe Castro Morales, y el recepcionista, Leonel Rodríguez Mondragón, a quienes se acusa de los delitos de tráfico de menores, uso de documento falso y delincuencia organizada.

IV. Que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, es la normatividad que rige las obligaciones mínimas que deberán tener los prestadores de servicios de atención médica y que en virtud de esta disposición, una sanción aplicable por las autoridades sanitarias, consiste en la clausura cuando se empleen procedimiento proscrito por la legislación sanitaria que atente contra la integridad física del paciente, previsto en el artículo 249.

V. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene las atribuciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, tal como lo establece el artículo 3 del Reglamento de la comisión que a la letra establece:

Asimismo, la Cofepris, contará con unidades administrativas, las cuales la auxiliaran en la realización de sus funciones, entre ellas se encuentra la Comisión de Operación Sanitaria, que cuenta con la atribución de realizar visitas de evaluación, verificación y supervisión de la actuación de terceros autorizados y emitir el dictamen correspondiente y, en su caso, las medidas de seguridad y sanciones que procedan, tal como lo establece el artículo 15, fracciones III, IV, y V, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que a la letra dice:

Esta ley en su capitulo II denominado ``De la extinción de dominio'' dispone que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, la pérdida de derechos de propiedad será sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

La mencionada legislación mandata al Ministerio Público a iniciar el procedimiento de extinción de dominio e incluso a solicitar Medidas Cautelares respecto de los bienes relacionados con los delitos señalados en el punto anterior.

En el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal se dispone que los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal y serán destinados al bienestar social.

Por lo expuesto y fundado, someto ante el Pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a que en el marco de sus atribuciones supervise y verifique el legal funcionamiento de hospitales y clínicas privadas en el Distrito Federal, en donde se presten servicios de atención a mujeres embarazadas y partos.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de la figura jurídica denominada extinción de dominio, se ejerza la acción de extinción de la propiedad respecto a los bienes muebles o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos de tráfico de menores, delincuencia organizada y relacionados.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Quezada. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de su proposición en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y del Distrito Federal.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Esta Presidencia informa que se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidadante el pleno de esta Cámara de Diputados, de parte del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva , del Grupo Parlamentario del PRD

José de Jesús Zambrano Grijalva , diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Que, con fecha 23 de octubre de 2009, se publicaron diversos reportes e investigaciones periodísticas que contienen documentos diversos inéditos de la Comisión Federal de Electricidad, que se elaboraron como consecuencia de diversas auditorías y audios de conversaciones de funcionario de la propia dependencia, respecto de diversos actos de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a la misma.

Que, dichas publicaciones contienen asimismo, diversos datos, documentos, reportes y conclusiones, por las que se involucran a diversos funcionarios de la misma dependencia en diversos procedimientos de licitación beneficiando de manera ilegal a empresas nacionales e internacionales, entre los que destacan el ex director general de la dependencia Rogelio Gasca Neri y el actual director de operaciones Néstor Félix Moreno Díaz.

Que, con fecha 11 de noviembre de 2009, Felipe Calderón Hinojosa, entregó el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2009 al director de la Comisión Federal de Electricidad ``...por sus méritos profesionales y por ser un ejemplo en el servicio público...'' y ``Porque contra muchas ideas equivocadas, propaladas de buena o de mala fe, no es en el servicio público honrado en nuestro país, en donde se amasan fortunas y patrimonios''.

Que, Felipe Calderón Hinojosa expresó de manera literal que ``...ahora mismo el propio Alfredo Elías Ayub, diseña e implementa toda una estrategia operativa que evidentemente, elevará los estándares de calidad y de servicio de la zona centro''.

Que, con fecha 24 de noviembre de 2009, diversos medios de información nacionales e internacionales emitieron documentos por medio de los cuales establecen que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América informó que existe una red de corrupción entre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la subsidiaria de una empresa suiza, con sede en Texas, Estados Unidos de América.

Que, con fecha 25 de noviembre de 2009, medios de comunicación nacionales publicaron que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, se deslindó del caso de corrupción que publicaron diversos medios de información nacionales e internacionales respecto a la red de corrupción señalada en el párrafo inmediato anterior. De acuerdo con la publicación, el funcionario expresó literalmente ``Quiero dejar muy en claro que tuvimos conocimiento de esto el día de ayer y de inmediato presentamos la denuncia ante la PGR para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré como director en 1999''.

Considerando

I. Como consecuencia de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ha operado de manera temporal la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del país y diversas compañías privadas.

II. Que es trascendental para la estabilidad social y desa-rrollo de los ciudadanos que viven y residen en el país, la garantía de la prestación del servicio de luz, bajo estándares de eficiencia y eficacia.

III. Que es necesario que los ciudadanos mexicanos, a través de los representantes populares en la H. Cámara de Diputados, tengan conocimiento en qué circunstancias, bajo qué lineamientos, qué funciones, qué obras nuevas se llevarán a cabo y la forma de administrar y operar la energía eléctrica en la zona centro del país.

IV. Que es de interés público e interés nacional evitar la corrupción en todas las esferas y todos los poderes que integran el Estado Mexicano.

V. Que es de interés nacional que los funcionarios de primer nivel, que dirigen y administran recursos naturales y energéticos del país, tengan un constante y permanente diálogo con los representantes populares, con el fin de mejorar, discutir y dialogar a fin de mejorar el desempeño y la gestión de la empresa -- Comisión Federal de Electricidad-- y el servicio que presta.

Que por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las normas jurídicas relativas y aplicables del ordenamiento nacional, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se llame con el carácter de urgente al director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, con el fin de comparecer ante el Pleno de la LXI legislatura de la honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión para que informe sobre los asuntos señalados en el cuerpo del presente escrito.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de la Función Pública.

El diputado Leoncio Morán Sánchez ha invitado a esta sesión al niño Luis Samuel Catalán Decena, originario del puerto de Manzanillo, Colima, quien resultó ganador del concurso Diputado Federal por un Día, con su propuesta Posibles Soluciones a la Problemática de la Delincuencia Juvenil.

Le damos la más cordial bienvenida al niño Luis Samuel Catalán Decena, ganador del concurso Diputado Federal por un Día, por su propuesta Posibles Soluciones a la Problemática de la Delincuencia Juvenil. Bienvenido.

En cumplimiento...

El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sí, diputado. Diputado Luis Jaime Correa. Sonido en la curul. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): Solamente para solicitarle amablemente, señor presidente, que el punto anterior, el punto de acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidadpudiera ser turnado a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La Presidencia de la Mesa Directiva ha determinado el turno a las comisiones señaladas, de Energía y Función Pública, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo vigésimo de los lineamientos que regulan la estructura y funcionamiento interno de la Mesa Directiva, que está publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado jueves 19.

En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política conocido por el pleno, aprobado el 12 de octubre de 2009, a partir de las 14:00 horas...

El diputado Alfonso Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Dígame, diputado.

El diputado Alfonso Santana Alfaro (desde la curul): La intención es que comparezca ante el pleno, no ante comisiones. Por eso es que se está solicitando que la Junta de Coordinación Política determine el resultado de la solicitud de este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Pero para eso es necesaria la opinión de las comisiones de la materia, en razón de la naturaleza del planteamiento que se está formulando en los considerandos de la proposición, diputado. Las propias Comisiones Unidas, al conocer la proposición, pueden proponerlo a ese órgano de gobierno.

DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Políticaconocido por el pleno el 12 de octubre de 2009, a partir de las 14 horas del día de hoy, debe iniciar el capítulo de agenda política.

En tal virtud, entramos a dicho capítulo con el primer tema relativo a comentarios al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inscrito por la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Enseguida escucharemos a la diputada Leticia Quezada Contreras .

La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera hacer algunos comentarios en cuanto a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ayer.

Es inaceptable para muchas mujeres del país, y es una burla también, que ayer fue el día para conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer y el martes a esta soberanía llega un tipo de violencia que se llama violencia institucional, que está establecida dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta violencia institucional es una reforma que envía el Congreso de Veracruz, en donde se reforman derechos que, por años, mujeres hemos ido peleando y que queremos que se respeten en todo lo ancho y largo del país. Decimos que es una burla por parte de partidos políticos que, en estos 17 estados, han apoyado y que después de un día, llega de forma que violenta muchos derechos de millones de mujeres en todo el país.

Llega a esta Cámara, recibimos la noticia de este Congreso, en donde se reforma el artículo 1o. constitucional, sobre todo, y el 4o, en donde dicen que es una reforma progresista, pero nosotros no lo vemos de esta forma. Vemos que es un retroceso terrible para los derechos de las mujeres y que no salva en nada el derecho a la salud, a la libre elección de las mujeres. Ésa es una forma de violencia.

Existen muchos tipos de violencia que están catalogadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la violencia institucional es en la que son partícipes muchos hombres y mujeres, de 17 Congresos que hacen y reforman leyes. Se pretende que ese tipo de violencia también llegue a esta Cámara y que seamos parte de esto.

Sin embargo, decimos ---y mujeres organizadas alzamos la voz--- que no permitiremos ni un solo retroceso de nuestros derechos ganados por años, ganados con sacrificios de muchas mujeres en todo el país. La lucha lo dice, la lucha nos da la razón.

Es por eso que en esta máxima tribuna de la nación hoy comentamos y decimos que ya basta, que paren esa alianza política en donde están dejando a un lado a las mujeres, porque con este tipo de reformas criminalizan a las mujeres, castigan a las mujeres más pobres, a lo largo y ancho del país; pero también, ¿qué quieren?, ¿qué tipo de resultados quieren? ¿Aumentar abortos clandestinos en estos 17 estados? Porque el resultado también es que existirá probablemente mayor número de muertes maternas. Al no tener opciones, aquellas mujeres, irán de nueva cuenta a los usos clandestinos.

¿Esto acaso no es una violencia muy fuerte y muy grave en todo lo largo y ancho de nuestro país? Sí, y alzamos la voz y decimos que no es justo, que no vamos a permitirlo, que vamos hacia un frente, compañeros, compañeros, sobre todo compañeras de los diferentes partidos políticos que están aquí representados, queremos que esta voz se haga eco y llamar a todas las mujeres progresistas presentes y que no están, diputadas federales, a que integremos una mesa de trabajo y vayamos hacia el diálogo y la discusión; no solamente de esta violencia institucional, que nosotros mismos solapamos y también podemos dar la venia para que en 17 estados esté resultando lo que hasta el martes pasado llegó: está violencia hacia las mujeres.

Queremos que se abra un debate claro, no solamente en esta violación de derechos de mujeres, sino que en todos, porque la agenda de género es muy amplia y todavía hay mucho por qué pelear. Existen muchos tipos de violencia que tenemos que ver, las armas, herramientas jurídicas y desde aquí qué podemos hacer para ir generando los consensos para terminar, erradicar y también prevenir todo tipo de violencia para las mujeres.

Ya basta de mujeres que sean golpeadas, ya basta de mujeres que pasen a estadísticas y nosotros con los brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada. Tenemos leyes, hemos hecho reformas, la legislatura pasada y, sin embargo, es muy complicado que muchas reformas y muchas leyes se aterricen realmente para apoyar a las mujeres en los territorios, abajo, porque cuando las mujeres son golpeadas, violentadas, humilladas, sobajadas, todo tipo de violencia que existe hacia las mujeres, cuando llegan a presentarse a la procuraduría de justicia de cualquier estado, de cualquier lugar, simplemente se les dice: perdónalo, porque es tu pareja.

Ya basta. Tenemos que ver las herramientas jurídicas de cómo podemos sacar a todas esas mujeres que se encuentran en violencia día a día y, no se trata solamente de subir a esta máxima tribuna y decir que existen las leyes y recordar a lo largo de la historia lo que miles de mujeres han hecho.

Se trata de que actuemos en este momento y que formemos un grupo multidisciplinario para que podamos realmente, esta legislatura, sacar muy buenas propuestas para las mujeres y que esta legislatura brille porque se apoyen los derechos de las mujeres en todo el país, los derechos de las mujeres de todas las edades, porque aquí se trata de luchar por niñas, por adolescentes, por jóvenes y por adultas mayores.

También queremos comentar que, de todos los tipos de violencia que existen, una de las más reprobables es la violencia física que padecen muchas de nuestras mujeres al interior de sus hogares.

¿Qué vamos hacer? Se trata de llevar a cabo propuestas en donde el Grupo Parlamentario del PRD estará trabajando activamente en los derechos de las mujeres, porque hemos sido generadores de derechos. Tal es el caso en la Asamblea Legislativa, voy a poner un caso del Distrito Federal, en donde logramos la interrupción legal del embarazo para las mujeres del Distrito Federal, derecho que lo tenemos ganado ya en el Distrito Federal.

Y por este derecho vamos a todo lo largo y ancho del país. Y aquí, decirle tanto al PRI y al PAN, que apoyemos los derechos de las mujeres, pero sobre todo al PRI, decirle que ya no siga apoyando este tipo de iniciativas que se están llevando a cabo en los 17 estados, sino que saquemos adelante lo que ustedes tienen en sus estatutos y saquemos adelante los derechos de las mujeres en todo el país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Leticia Quezada. Esta Presidencia informa que se han registrado, para hacer uso de la palabra sobre este tema las diputadas María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, y la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, pues el registro fue realizado en forma conjunta.

En consecuencia tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe García Almanza , del Grupo Parlamentario de Convergencia, para hablar sobre el tema.

La diputada María Guadalupe García Almanza: Compañeras diputadas y compañeros diputados, ayer, 25 de noviembre, por declaración de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1999, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida en memoria del brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.

La violencia contra la mujer no es una cuestión cultural sino de orden delictivo. Es a escala mundial y se ha convertido en una pandemia que no respeta razas, clases sociales, religiones, niveles educativos ni económicos ni fronteras internacionales, ante la que los gobiernos deben dar respuesta.

Para poner fin a esta situación se necesita procesar a más responsables por este delito y trabajar para lograr la igualdad completa de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Poner fin a la impunidad y garantizar la implementación plena de las leyes que reconocen la igualdad de la mujer y su derecho a vivir sin violencia.

No seamos incongruentes. No seamos hipócritas. Es muy común escuchar que, por un lado, se expiden leyes federales y locales, con los rimbombantes nombres de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, y por otro lado, que cada vez son más las legislaturas locales en nuestro país, que en franca violación a nuestra Constitución y a los derechos humanos de la mujer buscan elevar a rango constitucional la penalización del aborto, lo cual es una forma más de violencia contra las mujeres.

Y es que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.

La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación y a la discriminación de la mujer por parte del hombre; constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Y son particularmente vulnerables las mujeres indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que habitan en comunidades rurales o remotas, las indigentes, las recluidas en instituciones o que se encuentran detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto. Pero no se salvan las señoras de Polanco y de Las Lomas, a las que el marido les tapa los moretones con abrigos de pieles y ropa de diseñador y que abarrotan los gimnasios porque sus maridos les dicen que están feas y gordas.

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa, para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar, por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.

Lejos está el Estado mexicano de cumplir con su obligación al respecto, cuando premia la ineptitud para esclarecer los feminicidios de Juárez con el cargo de procurador general de la República.

No podemos callarnos, no podemos permanecer ajenos e indiferentes. Hace 49 años fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en la República Dominicana. Mañana puede ser nuestra hija, nuestra amiga, nuestra hermana o nuestra madre, de aquellos que la tenemos, por supuesto. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada García Almanza. Tiene ahora la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, para referirse también a este tema.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, hace 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que designa al 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La respuesta es contundente, la respuesta es: por supuesto, que sí: la agresión contra una mujer constituye un acto violento contra todas y cada una de las mujeres del mundo.

En palabras de Marcela Lagarde, la violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad. Permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a devaluar, a denigrar y a amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal.

Según datos de la ONU, compañeros, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada. Se estima que al menos una de cada cinco ha sido violentada física o sexualmente. En México, a escala nacional, 40 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja; 32 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia emocional; 23 por ciento violencia económica; 10 por ciento violencia física y asciende a 30 por ciento el porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han sufrido algún tipo de incidente de violencia en el trabajo.

El 15 por ciento de las mujeres encuestadas reportó haber sufrido discriminación, hostigamiento, abuso o acoso sexual, en la escuela. Como ustedes ven, no hay ámbito que exima a la mujer de algún tipo de violencia. Ya 155 mil mujeres han declarado haber sufrido violencia emocional y económica en sus hogares, por lo cual han contemplado, en alguna ocasión, el suicidio.

Con estos datos no podemos más que estar de acuerdo en que registrar y evidenciar la violencia contra las mujeres es tarea indispensable para avanzar en la instrumentación de mecanismos que lo eviten. En los últimos 10 años México ha tenido importantes transformaciones legislativas, ha tenido reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El Estado mexicano, señores diputados, ha tenido avances significativos en la materia, pero aún están lejos importantes y significativas victorias. Hoy todas las entidades federativas del país cuentan ya con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 28 estados abordan ya el tema de violencia familiar en sus legislaciones.

A lo largo de esta legislatura se han presentado 22 iniciativas que contemplan propuestas de reforma en materia de derechos humanos de las mujeres, con lo cual la Cámara baja refrenda su compromiso por la observancia al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Hoy han suscrito las diferentes fracciones parlamentarias un punto de acuerdo para solicitar la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de las víctimas de la violencia contra las mujeres. Se presentará en su momento para aprobación y discusión por la diputada panista Kenia López Rabadán .

Sirva la voz de este día, compañeros, para recordar al mundo entero que la violencia contra las mujeres es un acto que lastima la dignidad humana, atentando siempre contra los principios de justicia y de libertad.

Sirva la voz para gritar: basta; sigamos actuando con energía, logremos erradicar por completo la violencia contra la mujer. Cada mujer golpeada es un golpe a cada una de nosotras, las mujeres de este mundo. Gracias por su trabajo, gracias por su compromiso y gracias por su atención.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Pérez Reyes. Se han inscrito para hacer uso de la palabra diversas diputadas de los distintos grupos parlamentarios. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar en relación con este mismo asunto.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, los reportes institucionales refieren que durante esta administración han sido ejecutadas 16 mil 500 personas y 3 mil 160 han sido desaparecidas por grupos del crimen organizado, según revelaron integrantes del gabinete de seguridad nacional.

Las estadísticas oficiales señalan que Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango son las entidades que concentran más de 54 por ciento de las víctimas mortales, cuyos casos se investigan como homicidio doloso. De los 6 mil 500 ejecutados este año, 300 eran mujeres.

Algunos datos obtenidos de las procuradurías estatales de justicia reflejan un mayor número de homicidios dolosos contra mujeres en 2008: Chihuahua, 187; estado de México, 176; Veracruz, 96; Quintana Roo, 64; Jalisco, 57; Sinaloa, 48, y Chiapas 45.

Conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Para atender este flagelo, en términos del artículo 26 de esta ley, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a lo siguiente:

1. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial.

2. La rehabilitación. Deben garantizarse la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas.

3. La satisfacción. Son las medidas que buscan una reparación orientada hacia la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de reparación.

b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad.

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres.

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

Yo les preguntaría aquí a mis compañeras diputadas federales que votaron a favor del presupuesto, si se etiquetaron recursos federales específicamente para este tema que ya está en la ley, y pues no.

La caravana Éxodo por la vida de las mujeres convocada por la Organización Mujeres de Negro, recorrió el país para denunciar a algunos gobiernos y Congresos estatales por negarse derechos como la promulgación de leyes para erradicar la violencia, el esclarecimiento de los feminicidios o el aborto legal en los casos de embarazo por violación.

Las organizaciones del Éxodo denunciaron, por ejemplo, el boicot del que fueron objeto, como caravana, a su paso por el estado de México, ordenado esto directamente por el gobernador Enrique Peña Nieto, entidad donde organizaciones civiles han denunciado el asesinato de más de 170 mujeres en lo que va de este año.

El diario español El mundo publicó recientemente una nota en la que señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se acredita la responsabilidad del Estado mexicano en los crímenes de Juárez.

Sin duda, esto es un logro de las organizaciones sociales y de las madres de las asesinadas y desaparecidas, las cuales luchan denodadamente porque en México se haga justicia, que la consigna que ha acompañado su larga marcha se haga realidad. Ni una muerta más.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Castillo. Tiene el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la familia es el núcleo de la sociedad. Ésta es una frase que hemos escuchado reiteradamente, puesto que es ahí, precisamente, donde nos formamos como personas, donde recibimos amor, cariño y enseñanza.

Pero lamentablemente es ahí también donde crece y se de-sarrollan, por diversas circunstancias, delincuentes, drogadictos y padres golpeadores, quienes desde niños seguramente sufrieron violencia, presenciaron golpes a sus madres y escucharon insultos y ofensas.

Ayer se conmemoró una fecha que, sin duda, es para nosotros motivo de preocupación y dolor, ya que nos recuerda y hace conscientes de que aún queda mucho por hacer en materia de respeto a los derechos humanos de la mujer.

La discriminación y la violencia que vivimos las mujeres en lugares públicos, como mercados, escuelas y trabajo, pero más aún en nuestras propias casas, es un tema que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido, debido a que es un tema que no es considerado como asunto importante y mucho menos, un tema sobre el que tuvieran que crearse leyes para evitarla.

Con el largo trabajo de hombres y mujeres que por décadas no han cesado en la lucha por defender los derechos de la mujer, hoy en día contamos con las herramientas legales para prevenir y erradicar todo tipo de violencia; sin embargo, todavía hace falta un mayor compromiso de las autoridades municipales y en algunos casos, estatales.

Por ello, es importante que reconozcamos el compromiso del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien desde su iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación buscó cuadruplicar el presupuesto asignado en materia de género.

Hoy, esto es una realidad insoslayable. Ahora la tarea de la sociedad civil y de las autoridades en su conjunto será unir esfuerzos para que esos recursos se transformen en mejores políticas públicas y programas de erradicación de la violencia contra la mujer.

También es cierto que nunca serán suficientes los esfuerzos, por lo que debemos fomentar una nueva cultura desde el seno del hogar, uniendo nuestros esfuerzos para acabar con la desigualdad, la marginación y la violencia.

Es por eso que hoy quiero convocar a todas las fuerzas políticas desde aquí, a todos los mexicanos, para prevenir la violencia y desechar de nuestra cultura el machismo; ése que hace que el hombre llame tonta a la mujer; machismo que lo orilla a llamar a una dama mediante un chiflido, como si fuera un animal; lo mismo que por demostrar su virilidad, abusa de la mujer.

Sumemos voluntades para que no sigamos siendo parte de las estadísticas crueles, aquellas que nos muestran la triste realidad de jóvenes, mujeres que viven silenciosamente un infierno, que creen que por ser del sexo débil no tiene posibilidad de superarse, de madres de familia que por no conocer sus derechos permiten que les digan que no sirven para nada o que dicen puras tonterías.

Recordemos que cuando se daña a una mujer, se daña a una familia. La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los importantes desafíos de nuestra época. Tenemos la posibilidad de poder evitar que más mujeres sigan muriendo a causa de la violencia.

Hoy es día de unirnos, de trabajar incansablemente para evitar más violencia contra las mujeres. Seamos, pues, la voz de aquellas que callan; seamos los brazos que cobijan a aquellas que viven amenazadas; seamos sensibles al sufrimiento que viven las mujeres que están presas, muchas veces por delitos que no cometieron o por actos que únicamente buscaban la defensa propia del agresor.

Sigamos siendo madres, esposas, hermanas e hijas que clamamos respeto y luchamos por una verdadera y plena equidad entre géneros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Montalvo. Tiene ahora la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. ``La violencia de género es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz'': Kofi Annan.

En el mundo se han documentado extensamente las ignominiosas situaciones de violencia, en la paz y en la guerra, de que somos objeto las mujeres y las niñas, y que padecemos en mayor o menor proporción abusos y vejaciones.

Este 25 de noviembre es una fecha triste que conmemorar porque en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vale la pena tener presente que se instituye a propuesta de la República Dominicana, al tenor del recuerdo del brutal asesinato de las hermanas Mirabal.

Hoy, debemos mirar la situación actual y preguntarnos sobre las perspectivas. Estadísticas mundiales señalan que de cada cuatro mujeres que son violadas en algún momento de su vida, dependiendo del país, entre una y tres son maltratadas físicamente de forma habitual.

Aproximadamente 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. Datos proporcionados por Unifem revelan que 65 por ciento de las mujeres a escala mundial sufren este problema, y que se repite de madres a hijas.

En México, 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de maltrato en los últimos cinco años. Los casos han aumentado en 12 por ciento. Según encuestas de la Secretaría de Salud, las autoridades federales sólo han podido consignar ante juzgados siete expedientes penales de 189 que se integraron en este último año.

La forma más común de violencia es la conyugal. Según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2008, 2 de cada 10 mujeres, 21.5 por ciento, padeció alguna agresión de su pareja. En 2008 la cifra se incrementó en 33 por ciento. Tres de cada 10 mujeres que acuden a los servicios públicos de salud viven algún tipo de violencia, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Esta cifra acusa una incremento de 12 por ciento.

Otros datos señalan que de 3 mil 510 llamadas realizadas al teléfono de emergencia de Inmujeres durante enero y febrero de este año, 73 por ciento fueron de víctimas de maltrato físico y psicológico. En 2 mil 732 casos, la violencia fue ejercida en el ámbito familiar; en 68 por ciento el generador de la violencia es el esposo o la pareja y en 135 casos, el novio.

Encontramos, pues, que el fenómeno sigue en aumento y que hay materias que siguen pendientes de revisar.

En el Partido Revolucionario Institucional mantenemos el firme compromiso de trabajar para lograr condiciones de acceso pleno a los derechos de las mujeres y las niñas, entre ellos, el derecho a una vida libre de violencia ocupa un lugar relevante.

Las formas del maltrato menos ostentosas, como la institucional, el abuso verbal, emocional, sexual y patrimonial, en contra nuestra, nos recuerdan la importancia de dar continuidad a los esfuerzos para lograr una transformación social radical, socavar la discriminación y la violencia desde los cimientos, a través de la educación y la sensibilización de los esquemas de pensamiento que toleran o favorecen estas conductas.

La ignominia de los homicidios contra las mujeres, léase feminicidios, ha permitido que México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea reconvenido. Por eso nos urge reforzar los mecanismos jurídicos para inhibir y sancionar la violencia de género y buscar la coadyuvancia para lograr la armonización en todos los estados de la República.

El camino es aún largo y no terso, y si bien yo les recuerdo, hace muy poco luchamos por un presupuesto nada fácil de alcanzar a favor de las mujeres, por eso asumamos, hombres y mujeres, con firmeza, que la violencia contra las mujeres se opone a cualquier aspiración de país, libertario y de pensamiento democrático. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Gastelum Bajo.

Nos acompaña un grupo de alumnos de la Universidad de Sonora, invitados del diputado Carlos Samuel Moreno Terán , así como colonos del municipio de Nicolás Romero, del estado de México, invitados de la diputada Elvia Hernández García . A ambos les damos la más cordial bienvenida, al igual que a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit, invitados por el señor diputado Manuel Cota. A todos, bienvenidos a este recinto.

Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Diputado presidente; señores y señoras diputadas. El pasado 19 de noviembre el Parlamento Europeo desarrolló una condena mayoritaria contra el Estado mexicano, definiéndolo como ineficiente al imperar la impunidad frente a los altos índices de feminicidios cometidos en nuestra nación. Este es el segundo año que el Parlamento Europeo declara que en México reina la impunidad en relación a los feminicidios.

Parece haber, ciertamente, aquí en la Cámara de Diputados, no sé si una doble o triple o múltiple moral. Resulta que en la LIX Legislatura un grupo de diputadas hicieron un proyecto de decreto para tipificar el delito de feminicidio; es decir, hace seis años se intentó tipificar el delito de feminicidio y no pasó nada.

En la LX Legislatura, otro grupo de diputadas, también de la Comisión de Equidad, propusieron modificaciones al Código Penal para tipificar el delito de feminicidio y no pasó nada.

Sin embargo, sí existe en otros países, como Brasil, Costa Rica, Argentina y España, por decir algunos, donde queda tipificado este delito que tiene que ver con la condición de género, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la virulencia y la violencia con la que se mata, con la que se destruye el cuerpo de las mujeres.

Es decir, cuando hablamos de feminicidio no estamos hablando solamente de un término sociológico, o no deberíamos de hablar de un término sociológico. Es un elemento que es posible trasladar a una categoría jurídica, tipificarla, ponerla en el Código Penal. Hacer que quien cometa un feminicidio en nuestro país tenga una condena específica.

Sin embargo es extraño, porque aunque el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en realidad en nuestro país más bien estamos a contracorriente. Resulta que mientras se está luchando en contra de la violencia, en varios estados de nuestro país se está tipificando como delito y penalizándolo al aborto. Incluso el estado de Veracruz mandó acá una minuta.

En varios estados hay toda una campaña del Partido Acción Nacional para lograr que se penalice cualquier forma de terminación del embarazo, sin importar el nivel de violencia que puede significar para una persona, para una mujer ser violada, ser lastimada, ser golpeada, ser mutilada y, además, tener que parir al producto de esta situación. Eso no lo consideran violencia hacia las mujeres.

Es decir, estamos en una doble moral porque por un lado estamos construyendo leyes que violentan los derechos humanos de las mujeres, que las agreden, que las limitan en su desarrollo como seres humanos, que tipifican y penalizan su acción de libertad y, por otro lado, somos incapaces, incluso en este Congreso desde hace por lo menos seis años, habría que rastrear años atrás, hemos sido incapaces siquiera de tipificar el delito de feminicidio y usamos el 25 de noviembre sólo para hablar de la importancia de luchar a favor de las mujeres.

Convoco a los muy pocos diputados y muy pocas diputadas que están todavía en el recinto a estas horas, a que impulsemos ---en las diferentes comisiones que sobre el tema pueden aportar--- primero, que sí tipifiquemos el delito de feminicidio; sí es jurídicamente viable tipificarlo, sí es jurídicamente viable ponerlo en el Código Penal.

Segundo. Reconozcamos que al violentar los derechos humanos de las mujeres, en cualquiera de sus formas de expresión, es una violencia decidida. Cuando los Congresos estatales tipifican y penalizan el aborto en contra del derecho humano de las mujeres es una violación y es una violencia que también deberíamos tratar de erradicar.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada Gloria Romero Leónpara referirse al mismo tema, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La escuchamos, diputada Romero León.

La diputada Gloria Romero León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue instituido a escala internacional por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, cuya petición fue presentada por República Dominicana, con el apoyo de más de 60 gobiernos.

Hasta hace unos cuantos años que la violencia contra la mujer ha venido pasando de ser un tema vedado, oculto en las entrañas de las familias, a un campo importante de acción de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales.

Actualmente se cuenta con una convención regional específicamente de este tema, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, convención de Belém do Pará, la cual es fruto del esfuerzo internacional por evidenciar la existencia del problema y por buscar las alternativas para su solución, por constituir una de las peores formas de discriminación contra la mujer y de violación de sus derechos humanos.

Pese a estos esfuerzos, la violencia contra las mujeres sigue siendo un enemigo invisible, presente en muchos rincones de la convivencia familiar y que se esconde en la ambigüedad de las estadísticas y en el solapamiento que le ofrecen muchas mujeres, hombres y familias.

El 25 de noviembre no es un día para celebrar, sino para reflexionar y tomar conciencia de un problema de dimensión social que nos afecta a todos y no únicamente a las mujeres que están sufriendo agresiones y malos tratos en la intimidad de su hogar y fuera de éste.

La violencia contra las mujeres, que es una de las más degradantes violaciones de los derechos humanos, se continúa propagando. En general, y no sólo para el caso mexicano, diversos estudios sugieren que la violencia contra las mujeres no distingue grupos socioeconómicos, edad o niveles educativos. Se observa en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas y, desde luego, en la privacidad del hogar.

En México es alarmante el nivel de violencia contra la mujer mexicana. Ante ello, queda cada vez más claro que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso para proteger a ese sector contra las agresiones, debe ir acompañada por un sistema de justicia eficiente para evitar la impunidad.

Las cifras más altas de violencia contra las mujeres se dan en Quintana Roo, con 31.8 por ciento; Coahuila y Nayarit, con 28; Oaxaca, con 27.5, y Tlaxcala, con 20 por ciento. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres levantada en 2004 por la Secretaría de Salud, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida y una de cada cinco sufre maltratos con su pareja actual. Además, dos de cada tres mujeres han sufrido violencia alguna vez en la vida, además de que la prevalencia nacional de la violencia en la pareja actual es de 21 por ciento.

Sin dejar de reconocer los esfuerzos que se han venido rea-lizando en México y en otros países de América Latina por generar información confiable y desagregada para conocer la situación real de las mujeres víctima de violencia, aún falta que éstos sean permanentes.

Es por ello que una tarea prioritaria es la actualización y la creación de un sistema de estadísticas e información para conocer de manera más precisa y actualizada la magnitud y las características de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de que las acciones emprendidas por las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil tengan el impacto y la trascendencia esperados.

Hago un llamado a las autoridades competentes para trabajar de inmediato en esta tarea. Quiero especialmente dirigirme a las mujeres para que rompan el silencio y denuncien que están siendo víctimas de violencia a las autoridades.

No sigamos encubriendo por más tiempo este flagelo. Abramos los ojos para darnos cuenta que el problema existe, y la boca para denunciarlo, instrumentemos la práctica de cero tolerancia.

Incluso hoy cuando algunas mujeres maltratadas comienzan a decir ya basta, y salen del anonimato para denunciar a sus agresores y pedir justicia, vemos cómo la mayoría sufre en silencio dentro de la prisión en la que se ha convertido su hogar.

El primer paso para acabar con esta insostenible situación es la denuncia. Hay que sensibilizar a toda la población, y desde esta tribuna hacemos un llamado a que todos luchemos para acabar con esta violencia irracional, que en ocasiones desgraciadamente cobra la vida de muchas mujeres. Sumemos los esfuerzos para que juntos, gobierno y sociedad, tomemos acción para acabar con la violencia contra la mujer. Es cuanto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Romero León. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres debe ser un tema de la más alta prioridad, razón de Estado y parte de la agenda estratégica.

Es necesario asumir que es un fenómeno social, que aunque afecta principalmente a las mujeres trastoca también a la sociedad nacional. Por tanto, no podemos seguir dando la lucha solas, requerimos necesariamente que junto de nosotras se constituya un modelo nuevo de sociedad y de relaciones interpersonales y familiares.

En este punto me atrevería a proponer como un primer gran desafío la urgente necesidad de tomar conciencia desde el ámbito institucional hasta el individual, de la existencia y vigencia de los derechos de las mujeres. Para ello es necesario mirar a través de otros cristales a la nueva sociedad, el entorno, y desde luego, a las mujeres y a los hombres de este siglo.

Para poner el tema en perspectiva es necesario señalar que, de acuerdo con los datos de Inmujeres y del Inegi, en México la violencia contra las mujeres se considera ya como una grave enfermedad social que afecta a más de 9 millones de mujeres en todo el país.

el 46.6 por ciento de las mujeres reconocieron haber vivido algún tipo de violencia. La más alta fue la emocional, después siguió la financiera, la económica, que es el control a través del dinero, después la física y al final la sexual.

Según el Instituto Nacional de la Mujer, en México cada día mueren entre 10 y 14 mujeres víctimas de violencia extrema; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida y una de cada cinco mujeres sufre violencia con su pareja actual; dos de cada tres han sufrido violencia alguna vez en su vida.

La Secretaría de Desarrollo Social reportó que 66 por ciento de las mujeres muertas en zonas urbanas son resultado de violencia intrafamiliar.

La violencia doméstica se vive en 7 de cada 10 hogares mexicanos; la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales e impide total y parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades; por tanto es un delito.

La violencia contra la mujer no sólo es una grave infracción a los derechos humanos, sino que además impone enormes costos sociales y económicos, menoscaba la contribución de las mujeres al desarrollo, la paz y la seguridad; plantea una grave amenaza al logro de los objetivos del desarrollo acordados internacionalmente.

Hoy podemos señalar, al igual que Octavio Paz, que la mejor medida de avance, progreso y modernidad de los pueblos, no sólo se determina únicamente por el grado de de-sarrollo científico y tecnológico, sino más bien por la capacidad crítica y autocrítica de los habitantes, así como por la libertad e igualdad de derechos humanos que se reconozcan a las mujeres. Esto es, en el acceso a las oportunidades de trabajo, de creación intelectual y las artísticas, la participación política e intervención en los asuntos del poder, entre otros.

Por lo que sólo en la medida en que se disminuya hasta desaparecer la discriminación de género y sexo, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana de la mujer, y la humanidad en su conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde.

La igualdad no es sólo un concepto a aplicar, sino una noción que necesita aprendizaje y práctica tanto por la que sufrimos de su falta como por quienes sólo la conciben por su forma abstracta.

En este sentido la educación tiene un rol fundamental. Desgraciadamente no es secreto para nadie que la educación en sí misma es un lujo en diversas regiones de nuestro país.

Queda claro en nuestros días que las mujeres tenemos derechos inalienables, imprescriptibles, inmodificables, intransferibles como son el derecho a la libertad de expresión, de asociación, sexual, de decisión, sobre todo en nuestro cuerpo, de elección de tránsito, etcétera.

Tenemos derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia; derecho a no ser discriminadas, derecho a un salario digno y bien remunerado, a la alimentación.

En ningún caso puede estimarse que sea el legítimo uso del poder con propósitos coercitivos; sólo cuando su abuso no se distingue de su uso, se terminan legitimando las agresiones.

Un país donde un alto porcentaje de las mujeres sufre violencia y discriminación, no puede ser un país justo.

La igualdad es la base de toda sociedad democrática y debe recoger entre sus principios la justicia, reconociendo como derechos fundamentales los denominados derechos humanos.

No podemos olvidar que las agresiones hacia las mujeres, la violencia de género, los delitos de género tienen su fundamento principal en la desigualdad.

Es imprescindible poner fin a la impunidad y garantizar que se exija responsabilidad por la violencia contra la mujer. Precisamente para prevenir y reducir esa violencia, la labor para poner fin a la violencia contra la mujer obliga a demostrar el compromiso político y las medidas sistemáticas y sostenidas, apoyadas con suficientes recursos y mecanismos institucionales poderosos, dedicados y permanentes.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las diputadas priistas les decimos a las mujeres que no daremos un paso atrás, que daremos una lucha incansable para lograr los mayores y mejores avances, los mejores derechos, con responsabilidad ética y congruencia.

Desde esta tribuna les decimos de frente a las mujeres mexicanas que caminaremos junto a ustedes y que no nos rendiremos en esta lucha histórica que nos compromete y nos pertenece, al igual que a todos ustedes.

Les pido que unamos nuestras voces, nuestros esfuerzos y voluntades para decir no a la violencia contra las mujeres. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Jiménez.

Está presente un grupo de estudiantes de Tepic, Nayarit, invitados de la diputada Ivideliza Reyes Hernández . También están presentes vecinos de Atizapán de Zaragoza, y estudiantes de la maestría en administración pública de la Universidad Anáhuac, invitados del diputado Sergio Saldaña. Bienvenidos.

Tiene la palabra la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco del Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981, fue declarado el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dicho encuentro se caracterizó por la denuncia de la violencia doméstica de género, así como la violación y el acoso sexual a nivel de Estado.

El 25 de noviembre se adoptó para conmemorar el brutal asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana.

El 20 de diciembre de 1993, cuando la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se señaló que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y a las libertades, por lo que se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra las mujeres, una puntual declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda forma de violencia y un compromiso de los estados y de las comunidades internacionales, en general.

Sin embargo, es hasta el 17 de diciembre de 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas dio carácter oficial a esta fecha mediante la resolución 54/134, en la cual se invita a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo actividades de sensibilización sobre el problema de la violencia contra las mujeres.

Hoy, a casi una década de conmemorarse el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, observamos que si bien ha habido cambios, en su mayoría de carácter legislativo, que pretenden eliminar y sancionar la violencia cometida contra las mujeres, aún hay mucho camino por recorrer en este rubro.

Uno de los temas que sin lugar a dudas pone en evidencia la violencia cometida contra las mujeres es el tema de trata de personas; para muestra, algunos datos, algunas cifras. Este delito es conocido como una forma moderna de esclavitud y representa una de las más crueles formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y del tráfico de armas.

La Organización de las Naciones Unidas calcula que este delito genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares, aproximadamente al año. Según el informe del Departamento de Estado ---de Estados Unidos--- sobre la Trata de Personas 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas en fronteras y turísticas, mediante ofertas falsas de trabajo.

Es un problema trasnacional y de múltiples aristas en donde se conjuga la comisión de delitos. La Organización Internacional por la Migración señala que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de trata; sin embargo, las mujeres, las niñas y los niños son los más vulnerables; en especial en lo que respecta a la explotación sexual y a la servidumbre.

Éstos son algunos datos que nos muestran que en el tema de delito de trata de personas el trabajo realizado hasta hoy ha sido insuficiente. Desde el ámbito legislativo celebramos el contar con una legislación específica en la materia y con la legislación penal que contempla este marco jurídico. Pero es necesario redoblar los esfuerzos desde este Poder Legislativo federal y desde los Poderes legislativos locales, a fin de armonizar la legislación estatal a los instrumentos internacionales en la materia. Hasta hoy sólo dos entidades federativas cuentan con una legislación específica en materia de trata de personas.

Por lo que este 25 de noviembre es un día importante para señalar las carencias que aún tenemos en nuestro marco jurídico en este tema, y sobre todo las tareas legislativas pendientes que coadyuven a eliminar la forma de violencia cometida contra las mujeres y las niñas de México.

Diputadas y diputados, este 25 de noviembre, además de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hay que refrendar nuestro compromiso legislativo por la lucha contra la eliminación de la violencia, y en específico refrendar nuestro compromiso en la lucha contra el delito de la trata de personas, al ser éste una forma de violencia cometida en mayor medida contra las mujeres y las niñas del mundo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La diputada Marcela Torres Peimbert ha invitado a esta sesión a integrantes del Instituto Asunción del estado de Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida.

Tiene la palabra la diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, no podía yo quedarme callada, no estaba yo registrada para pasar a tribuna, pero yo no quiero dejar pasar y decir que en este recinto hemos también recibido violencia. Las mujeres que han renunciado y han asumido algunos otros, dos compañeros, ahora sí el fuero, es una violencia.

Uno de los valores fundamentales de la democracia es la representación equitativa de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la economía, en la vida social, en la cultura, y por supuesto en la política.

En México, el acceso de las mujeres a la política inició formalmente en 1953, cuando se nos dio el derecho al voto; 138 diputadas tomamos protesta; 26 puntos por ciento del total de las curules; 128, a lo mejor habremos de quedar, que sería menos de 26 por ciento.

Las mujeres representamos 52 por ciento de la población nacional. El 51 punto por ciento de la lista nominal de electores a nivel federal. Dato importante, ya que una de las formas en que las mujeres participan en las decisiones del país es ejerciendo su derecho a votar.

Algunos partidos han defendido y promovido los derechos políticos de las mujeres, además de ser una premisa para alcanzar una ciudadanía más democrática y un indicador que fortalece la gestión de las instituciones políticas públicas.

Qué lástima que iniciados los trabajos de la LXI Legislatura ocho diputadas renunciaron para ceder las curules a compañeros de su partido, para dejarles dieta, curul y fuero. Desafortunadamente todo esto se debe a pactos de partidos, incluyendo el mío.

No podemos permitir más juanitas y juanitos que denigran la política y al sistema de partidos del país. Esta LXI Legislatura no debe seguir permitiendo este tipo de acciones y de ser burlados con tanto cinismo y arrogancia por parte de algunos integrantes del mismo. Ahora resulta que siguen aumentando las solicitudes de otros partidos políticos.

En las condiciones actuales del país, en donde la pobreza se extiende y abraza a más mexicanas y mexicanos, en donde persisten profundas desigualdades entre hombres y mujeres, en donde la discriminación hacia la mujer está presente en las actividades cotidianas, hace falta hoy más que nunca de nuestro trabajo organizado y honesto, de nuestra perseverancia y convicción democrática.

Lástima que algunas mujeres se presten y algunas se dejen utilizar por familiares y jefes corruptos. Esto que se atreven a hacer públicamente, que más no echarán atrás. Actitudes como ésta, es una violencia para la lucha femenina, para tener representación de las mujeres en los espacios de decisión.

Hago un llamado a mujeres y hombres dispuestos a luchar por México, por los principios y los derechos humanos, la justicia y la equidad, la legalidad y las convicciones justas y así acabar con estos vicios de corrupción que se han dado y siguen dándose y revertir la simulación.

Tenemos una compañera que pasó aquí a tribuna, la diputada Araceli, a presentar para la reforma, una propuesta para reformar el artículo 51 y 57. Ojalá, compañeros y compañeras, esta propuesta no quede en el olvido.

Sabemos que va a ser difícil pararlo porque lo han hecho anteriores legislaturas, pero lo fueron haciendo poco a poco. En esta legislatura presentaron de sopetón las ocho renuncias que no han pasado, pero ya pasaron dos de otros partidos. Ojalá y se dé esta reforma para que no se sigan dando estos vicios de corrupción, para que los partidos puedan registrar las fórmulas de titulares y suplentes mujeres, para que sigamos la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y la violencia se está dando en este recinto, compañeros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Torres Abarca. Tiene la palabra, ahora, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

No se encuentra. Se concede el uso de la palabra, finalmente, a la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Felícitas Parra Becerra: Con su venia, señor presidente. Las mujeres hemos luchado por alcanzar la igualdad de nuestros derechos dentro de los diversos marcos normativos mundiales; sin embargo, aún no podemos hablar de haber alcanzado esa igualdad, la cual tiene diferencias abismales entre pueblos y regiones.

Tan sólo por poner un ejemplo, en México existen más de 300 pueblos indígenas cuyos usos y costumbres no permiten a las mujeres acceder a la igualdad de oportunidades en valores, tareas, trabajos, derechos y obligaciones.

Alrededor del mundo la cifra entre desigualdad de oportunidades y violencia en contra de las mujeres señala que casi 70 por ciento de las mujeres, de 15 años en adelante, ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, y que más de 40 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional, económica, física o sexual por parte de sus parejas, estableciendo aun en nuestros días una inequidad y desigualdad, principalmente de oportunidades y derechos existentes en un entorno diseñado principalmente para los hombres, siendo esto el preámbulo principal que da pauta a la tolerancia de la violencia que aún existe en contra de las mujeres.

No obstante los esfuerzos de muchos gobiernos a escala global que han implementado políticas públicas donde se trata de erradicar la violencia, alguna de cuyas clases padecemos las mujeres, muchos teóricos clasifican la violencia en tres vertientes: violencia física, sexual y psicológica.

En nuestro país contamos con una legislación que ha tratado de terminar con la violencia en contra de las mujeres, enmarcada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No obstante, quienes estamos inmersas en la búsqueda de nuestra igualdad, equidad y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, aún alzamos la voz para denunciar que, a pesar de los tratados internacionales y de nuestras propias leyes, las mujeres seguimos padeciendo alguna clase de violencia.

Compañeras y compañeros, es labor fundamental de esta LXI Legislatura luchar hombro con hombro con nuestros compañeros para adecuar, endurecer y fortalecer nuestro marco normativo, a efecto de que aun en aquellos rincones en donde las mujeres son víctimas día a día de alguna clase de violencia terminen con ese padecimiento que nos envilece y demerita como sociedad y como nación.

Hoy, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres debemos reconocer los esfuerzos que nuestro gobierno ha implementado; sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la imperante necesidad que aún existe en varias legislaciones de los estados. Prueba de ello es que nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa ha exhortado a las 32 entidades del país y han aprobado su legislación respectiva, pero sólo 18 han publicado los reglamentos correspondientes.

Es por ello que el Partido Acción Nacional, a través de mi conducto, hace un llamado a todos y cada uno de los gobernantes, representantes y actores políticos del país para que reúnan y redoblen los esfuerzos y sensibilicen ante éste que es uno de los problemas del que son víctimas las mujeres y que nos atañe a todos, bajo la responsabilidad que nuestros representados nos han encargado.

Señoras y señores, estoy cierta de que en la misma medida en que nosotros coadyuvemos con los gobiernos locales y el gobierno federal, luchando siempre al lado de nuestros hombres, lograremos el tan anhelado bienestar común. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputada Parra Becerra.

La Presidencia informa que no hay más oradores anotados para pronunciarse sobre el tema, e informa adicionalmente que se acaban de recibir dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de éstas.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la discusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la delegación permanente de legisladores que representarán a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en calidad de observadores permanentes ante el Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala, Guatemala.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la discusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa la delegación permanente que representará a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Consulte a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se designa la delegación permanente de legisladores en calidad de observadores ante el Parlamento Centroamericano que representará a la honorable Cámara de Diputados en Guatemala, Guatemala.

PARLAMENTO CENTROAMERICANO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la delegación permanente de legisladores que representará a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en calidad de observadores permanentes, ante el Parlamento Centroamericano, con sede en Ciudad de Guatemala

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Segunda. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno, proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban de ser desahogados en ese órgano.

Tercera. Que de acuerdo con el artículo 34, numeral 1, inciso c), es atribución de la Junta de Coordinación Política designar a las delegaciones que atenderán la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral.

Cuarta. Que en la designación de estas delegaciones la Junta tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de la delegación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales.

Quinta. Que reconociendo lo fundamental que es para el Estado mexicano el diálogo permanente con los esfuerzos de integración en Centroamérica, incluyendo las instancias legislativas y registrando la importancia del parlamento centroamericano como el foro regional permanente de representación política del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) en el que sus miembros son electos democráticamente para lograr, mediante la integración regional, el bienestar y la unión de los pueblos centroamericanos y de República Dominicana.

Sexta. Que para efectos de la integración de la delegación de la Cámara de Diputados, se cumple con las reglas del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en la que México tiene el estatus de observador permanente, definido por el referido parlamento regional el 29 de enero de 2002, en el que se establece que la delegación permanente de la Cámara de Diputados, conformada por siete diputados federales, tiene derecho a voz pero no a voto, además de tener participación en las 12 comisiones existentes en el Parlacen.

Se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se designa a la delegación permanente de diputados que representarán a esta Cámara, con estatus de observador permanente, ante el Parlamento Centroamericano, con sede en Ciudad de Guatemala.

Segundo. La delegación estará integrada por siete diputados de los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara, en la siguiente proporción: tres del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido de Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y un legislador con carácter rotatorio, cuyo lugar ocuparán los partidos con representación política minoritaria, que deberá alternarse sucesivamente entre el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Convergencia.

Los diputados que integrarán la delegación son:

Tercero. Para el desarrollo de sus trabajos la delegación estará a lo establecido en los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales de esta Cámara.

Transitorios

Primero. Para efectos de los dispuesto en el resolutivo segundo del presente acuerdo, la rotación del legislador que integren los grupos parlamentarios minoritarios iniciará con la participación en las asambleas plenarias del Parlacen que se celebrarán el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, de un representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al cual deberá seguir sucesivamente, en las futuras reuniones, un representante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y un representante del Grupo Parlamentario de Convergencia, repitiendo la rotación tantas veces como sea necesario.

En caso de que uno de estos grupos parlamentarios decida no acreditar representantes en alguna reunión de este mecanismo deberá comunicarlo a la Junta de Coordinación Política a efecto de que esta decida lo conducente, en el marco de sus atribuciones legales, respecto a la integración final de la delegación.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, señora secretaria. En consecuencia, consulte a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.

Proceda ahora la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo por el que se designa a la delegación permanente de legisladores que representará a la honorable Cámara de Diputados en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA MEXICO-UNION EUROPEA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la delegación permanente que representará a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

Segunda. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno, proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban de ser desahogados en ese órgano;

Tercera. Que de acuerdo al artículo 34, numeral 1, inciso c), es atribución de la Junta de Coordinación Política, designar a las delegaciones que atenderán la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral;

Cuarta. Que en la designación de estas delegaciones la Junta tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de la delegación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales;

Quinta. Que la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados busca continuar con el diálogo parlamentario con la instancia legislativa que representa uno de los mayores esfuerzos de integración, diálogo y cooperación del mundo, como lo es la Unión Europea;

Sexta. Que en ese sentido los diputados de la actual legislatura buscan fortalecer los trabajos de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, participando activamente en sus reuniones para generar mayores puntos de coincidencia y encuentro con sus contrapartes de las naciones europeas, continuando con un esfuerzo legislativo del más alto nivel iniciado en 2005 y continuado a través de ocho encuentros que se han realizado en sedes alternas en México y en las instalaciones del Parlamento Europeo, en aquel continente;

Se somete a la consideración del honorable pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se designa a la delegación permanente de diputados que representarán a esta Cámara ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

Segundo. La delegación estará integrada por siete diputados y diputadas de los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara, en la siguiente proporción: tres del Partido Revolucionario Institucional, uno por el Partido de Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, uno por el Partido Verde Ecologista de México y un legislador con carácter rotatorio, cuyo lugar ocuparán los partidos con representación política minoritaria, que deberá alternarse sucesivamente entre el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Convergencia.

Las diputadas y diputados que integrarán la delegación son:

Tercero. Para el desarrollo de sus trabajos la delegación, estará a lo que establecen los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales, que establece la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. Para efectos de los dispuesto en el resolutivo segundo del presente acuerdo, la rotación del legislador que integren los grupos parlamentarios minoritarios, iniciará con la participación en la IX Reunión de este mecanismo parlamentario, con un representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, al cual deberá seguir sucesivamente, en las futuras reuniones, un representante del Grupo Parlamentario de Convergencia y un representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, repitiendo la rotación tantas veces como sea necesario.

En caso de que uno de estos grupos parlamentarios decida no acreditar representantes en alguna reunión de este mecanismo, deberá comunicarlo a la Junta de Coordinación Política a efecto de que esta decida lo conducente, en el marco de sus atribuciones legales, respecto a la integración final de la delegación.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, consulte a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 1o. de diciembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 180 aniversario del natalicio de Francisco Zarco Mateos, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a las 10 horas.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero (a las 15:36 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 1 de diciembre a las 10 horas. Se informa a las diputadas y a los diputados que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 24 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 280 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 430 diputados
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3
• Oradores que participaron: 54
PRI 24 PAN 12 PRD 13 PVEM 3 PT 1 Conv. 1
• Se recibieron o presentaron:
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Políticacon el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de: Economía, y en la de Recursos Hidráulicos;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Quintana Roo;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 minuta con proyecto de decreto;
• 5 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PAN;
• 5 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 11 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 1 tema de agenda política.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio(PRI) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 79
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Ley General de Salud: 51
• Bailey Elizondo, Eduardo Alonso(PRI) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores: 82
• Borge Angulo, Roberto(PRI) Tarifas eléctricas: 113
• Campos Villegas, Luis Carlos(PRI) Ley Federal del Trabajo: 87
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 133
• Clariond Reyes Retana, Benjamín(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley del Impuesto sobre la Renta - Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 76
• Di Costanzo Armenta, Mario Alberto (PT) Asistencia: 16
• Díaz Salazar, María Cristina(PRI) Ley General de Salud: 48
• Durán Rico, Ana Estela(PRI) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 89
• Ezeta Salcedo, Mariana Ivette(PVEM) Ley General de Salud: 98
• Fayad Meneses, Omar(PRI) Sector lechero: 122
• Flores Escalera, Hilda Esthela(PRI) Ley General de Salud: 52
• García Almanza, María Guadalupe(Convergencia) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 131
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley del Impuesto sobre la Renta - Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 76
• Gastélum Bajo, Diva Hadamira (PRI) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 134
• Hernández Olmos, Paula Angélica(PRI) Artículo 123 constitucional - Ley Federal del Trabajo: 45, 47
• Jaime Correa, José Luis(PRD) Comisión Federal de Electricidad: 129
• Jaime Correa, José Luis(PRD) Declaración de Autodeterminación de México: 110
• Jiménez Hernández, Blanca Estela(PRI) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 137
• Lepe Lepe, Humberto(PRI) Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo: 102
• López-Portillo Basave, Jorge Humberto(PRI) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 92
• Lozano Herrera, Ilich Augusto (PRD) Publicidad gubernamental: 108
• Méndez Herrera, Alba Leonila(PAN) Estado de Veracruz: 115
• Méndez Herrera, Alba Leonila(PAN) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 52
• Merlo Talavera, María Isabel(PRI) Comisión Especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros: 117
• Montalvo López, Yolanda del Carmen(PAN) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 134
• Morán Sánchez, Leoncio Alfonso(PAN) Estado de Colima: 104
• Moreno Terán, Carlos Samuel(PVEM) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 43
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro(PRD) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 69
• Orozco , Rosi(PAN) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 76, 79
• Osuna Millán, Miguel Antonio(PAN) Ley General de Salud: 99
• Parra Becerra, María Felícitas (PAN) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 141
• Pérez Reyes, María Antonieta(PAN) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 132
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 129
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Distrito Federal: 125
• Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe(PT) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 135
• Rodríguez Galarza, Wendy Guadalupe(PAN) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 139
• Rojo García de Alba, Jorge(PRI) Sector lechero: 119, 122
• Romero León, Gloria(PAN) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 136
• Sánchez de la Fuente, Melchor(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley del Impuesto sobre la Renta - Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 72
• Sánchez de la Fuente, Melchor(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley del Impuesto sobre la Renta - Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 76
• Sánchez García, Gerardo(PRI) Artículo 123 constitucional - Ley Federal del Trabajo: 47
• Santana Alfaro, Arturo(PRD) Comisión Federal de Electricidad: 129
• Sarur Torre, Adriana(PVEM) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 62
• Torre Cantú, Rodolfo(PRI) Ley General de Salud: 100
• Torres Abarca, Obdulia Magdalena(PRD) Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 140
• Torres Piña, Carlos(PRD) Deporte paralímpico: 122
• Velázquez y Llorente, Julián Francisco(PAN) Ley General de Salud: 96
• Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo(PRD) Ley General de Salud: 98
• Vizcaíno Silva, Indira(PRD) Código Penal Federal - Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas: 80
• Zambrano Grijalva, José de Jesús(PRD) Artículos 70, 73, 74, 76, 78, 79, 89, 93, 102, 108, 110 y 111 constitucionales: 56
• Zambrano Grijalva, José de Jesús(PRD) Comisión Federal de Electricidad: 127