SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 329 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:39 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea si es de dispensarse la lectura del orden del día, en virtud de encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 1o. de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal

Por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 201 Aniversario Luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, que tendrá lugar el 4 de octubre a las 10:00 horas, en el Monumento erigido en su Memoria.

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Por el que comunica la reducción de su presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010.

Oficio del Banco de México

Con el que remite Informe del Banco de México sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2009, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.

Oficio del Congreso del estado de Michoacán

Con el que remite Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, discuta lo referente a las jurisdicciones especializadas constitucionales, en el ámbito penal y se analice la situación que prevalece en materia de derechos humanos en México.

Oficio del Congreso del estado de Nuevo León

Con el que remite acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a fin de que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se asigne una partida para útiles escolares y desayunos para los niños que cursan la educación básica.

Iniciativa del Congreso del estado de Michoacán

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el queremite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por Rosalinda López Hernández y Tomás Torre Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que adiciona el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma la fracción I del artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Javier Duarte de Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ignacio Téllez González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez , Humberto Lepe Lepe , Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que crea la Pensión Universal a favor de las Personas de Setenta Años y Más, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o., 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Lara Salazar y Germán Contreras García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Hilda Esthela Flores Escalera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la industria automotriz, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez , Humberto Lepe Lepe , Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a promover la reinstalación de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Salvador Manzur Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a presentar conclusiones en favor de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, para que el juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro restituya la libertad corporal, reconozca la inocencia y se repare el daño ocasionado a estas mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP y al director del Fideicomiso para el Rescate a Autopistas Concesionadas a anular la aplicación del incremento del 4.1% al peaje en la autopista del Sol, y a realizar un descuento de hasta el 50% en el tramo Chilpancingo-Acapulco, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a y supervisar los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, a cargo del diputado Genaro Mejía de la Merced , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se incluya a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 y subsecuentes, a cargo de los diputados Jaime Flores Castañeda , Adriana Terrazas Porras , Manuel Guillermo Márquez Lizalde , Alejandro Cano Ricaud , Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas , Guadalupe Pérez Domínguez , Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos financieros para el Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana, a cargo del diputado Pedro Jiménez León , Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las altas precipitaciones que se registraron en el Distrito Federal y en el estado de México, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a sus municipios, al Gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones, así como a las diversas entidades públicas a aplicar medidas de austeridad y previsión, con el objeto de hacer frente, en términos de la ley a la obligación de pagar aguinaldos al personal correspondientes al ejercicio 2009, a cargo del diputado Pablo Rodríguez Regordosa , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar las Reglas de Operación del Procampo, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a reforzar las acciones de protección, recuperación y vigilancia del parque nacional La Malinche, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se establece como Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre y se exhorta a la Sagarpa a suspender los permisos de liberación de transgénico en tanto se forma el régimen de protección especial del grano y se dictan los acuerdos que ordena la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a realizar las acciones necesarias para prevenir el contagio de influenza AH1N1, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con unto de acuerdo, por el que se solicita la formación de un grupo de trabajo encargado de observar y dar testimonio acerca de la actuación de los niveles de gobierno en el proceso electoral que se celebrará en Tabasco el 18 del presente mes, a cargo del diputado César Francisco Burelo Burelo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para instaurar el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a garantizar a los campesinos su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural; y a aportar de manera urgente recursos financieros que formen un subsidio que permita en 2010 adquirir insumos agrícolas básicos, particularmente a los afectados por la sequía atípica en Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a intensificar las labores de desazolve y bacheo en la ciudad, a cargo de la diputada Silvia Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reducir las tarifas domésticas de electricidad para atenuar los problemas económicos de las familias, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los servidores públicos federales y a los locales no sujetos durante su desempeño a la aplicación de la reciente reforma del artículo 127 constitucional a sensibilizarse y, en un acto de solidaridad, adecuar sus percepciones a la situación del país, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención de migrantes de los estados, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la Semarnat y a la Profeco a instalar la mesa de diálogo sobre el proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un comité de trabajo que estudie las normas operativas de la regulación de las guarderías subrogadas del IMSS para dotarlas de mayor calidad y seguridad, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a desistirse de las demandas interpuestas contra usuarios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por la protesta social en repudio del alza de las tarifas, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a honrar la memoria del Generalísimo José María Morelos y Pavón mediante acciones tendentes a conservar en buen estado y restaurar monumentos que lo evoquen, así como a difundir en radio y en televisión su biografía, sus logros y sus virtudes, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo, a cargo de la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República a emprender acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre la comisión de concordia y pacificación, a cargo del diputado Luis Hernández Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas conducentes a que Pemex reduzca en 40 por ciento el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a integrar la conferencia de comisiones a fin de concluir el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, suscrita por los diputados Francisco Hernández Juárez , Federico Ovalle Vaquera , José Narro Céspedes y Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación de Liconsa, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho y suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a la población mediante la Secretaría de Salud sobre los grupos que recibirían la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar los recursos aprobados por esta soberanía para concluir la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro, hasta Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Tereso Medina Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener a través de la Sagarpa el uso experimental de maíz transgénico en el país, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de citricultura, a cargo del diputado Fermín Montes Cavazos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial nacional del empleo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuernavaca, como beneficiarias del Fondo Metropolitano, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec a cargo del diputado José Manuel Aguero Tovar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita un programa nacional de operación sin contaminación ambiental en ingenios azucareros de México, y que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización anual del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nueva propuesta hacendaria que contribuya al desarrollo económico del país, mediante la adopción de un plan estratégico de un sistema ágil y expedito de recaudación que no incremente ni cree impuestos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incorpore la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo en el Fondo Metropolitano del ramo 23, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la inversión en el tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios derivadas del convenio de coordinación celebrado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes --por el gobierno federal-- y el gobernador de Sonora, a cargo del diputado Jesús Alberto Cano Vélez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación universitaria, a cargo del diputado Juan Carlos Lastiri Quirós , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 183, sobre la protección de la maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere destinar recursos a diversas adquisiciones y obras para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios.

Con motivo de la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Agenda política

Comentarios sobre el Bordo Poniente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a las solicitudes de licencia que presentaron diversas diputadas en la LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre los jóvenes baleados el día de ayer por el Estado Mayor Presidencial en el centro de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura, tomando en consideración también que ha sido publicada.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintinueve de septiembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 330 diputadas y diputados, a las 11 horas con 35 minutos del martes 29 de septiembre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Se recibe de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invitación a la ceremonia del izamiento de Bandera a media asta con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas del 2 de octubre de 1968. Se designa comisión de representación.

Se recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficio con el que informa que en agosto de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía. En tanto se integra la comisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El presidente informa a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, con el fin de llevar a cabo la comparecencia para el análisis del tercer Informe de Gobierno en materia de política exterior y designa una comisión para acompañarla e introducirla hasta el lugar que le ha sido asignado.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del acuerdo parlamentario aprobado por el pleno en la sesión del 10 de septiembre de 2009, que norma el procedimiento para esta comparecencia, acto seguido el presidente toma la protesta de decir verdad a la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, y le otorga el uso de la tribuna para exponer el estado que guarda el ramo respectivo.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con, un registro de 455 diputadas y diputados.

Presentan la posición de su grupo parlamentario los diputados: Laura Arizmendi Campos, de Convergencia; Jaime Arturo Vázquez Aguilar , de Nueva Alianza; Ifigenia Martha Martínez y Hernández , del Partido Trabajo; María del Rosario Brindis Álvarez , del Partido Verde Ecologista de México; Indira Vizcaíno Silva , del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez , del Partido Acción Nacional y María Esther de Jesús Scherman Leaño , del Partido Revolucionario Institucional.

En la primera ronda de preguntas, respuestas y comentarios, formulan sus cuestionamientos y comentarios respectivos los diputados: Laura Arizmendi Campos, de Convergencia; María del Pilar Torre Canales , de Nueva Alianza; Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

Carlos Samuel Moreno Terán , del Partido Verde Ecologista de México; Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva , del Partido de la Revolución Democrática; Norma Leticia Salazar Vázquez y para comentarios el diputado Óscar Martín Arce Paniagua , ambos del Partido Acción Nacional, Raúl Domínguez Rex y para comentarios el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella , ambos del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, da respuesta.

En la segunda ronda, formulan sus cuestionamientos y comentarios respectivos los diputados: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , Convergencia;

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

Elsa María Martínez Peña , de Nueva Alianza; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Rafael Pacchiano Alamán , del Partido Verde Ecologista de México; Claudia Edith Anaya Mota , del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín y para comentarios la diputada Kenia López Rabadán , del Partido Acción Nacional; María Isabel Merlo Talavera y para comentarios el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , ambos del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, da respuesta.

Antes de la intervención de la diputada Merlo Talavera, el diputado Muñoz Ledo contesta alusiones personales.

En tercera ronda, formulan sus preguntas y comentarios respectivos los diputados: Ramón Jiménez Fuentes , del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Octavio Trejo Azuara y para comentarios el diputado Jesús Ramírez Rangel , ambos del Partido Acción Nacional; y Éric Luis Rubio Barthell y para comentarios el diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal , ambos del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, da respuesta.

Antes de la segunda intervención del diputado Jiménez Fuentes, desde su curul el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, hace comentarios.

El presidente instruye, de conformidad con el numeral 5 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remitir la versión estenográfica de esta sesión al presidente de la república, para su conocimiento.

La Presidencia pide a la comisión designada acompañar a la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, cuando desee retirarse del salón.

El presidente expresa sus condolencias a la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Partido de la Revolución Democrática, por el fallecimiento de su hermana.

A las 17 horas con 56 minutos, el presidente declara un receso.

A las 4 horas con 32 minutos del miércoles 30 de septiembre de 2009, se reanuda la sesión.

Se recibe comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que se solicita se modifique el orden del día. En votación económica se aprueba.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de las 44 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Encinas Rodríguez , del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra y solicitar votación por separado, de la Presidencia de la Comisión del. Desde sus respectivas curules los diputados José Gerardo Rodolfo Ramírez Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia , ambos del Partido del Trabajo, se adhieren a la posición del diputado Encinas Rodríguez. En sendas votaciones económicas se aprueban el acuerdo y lo relativo a la Comisión del, en términos del propio acuerdo.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausura la sesión a las 4 horas con 57 minutos del miércoles 30 de septiembre de 2009 y cita para la que tendrá lugar el jueves primero de octubre de 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Está a discusión el acta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, presidente; respecto al acta, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): No sé si pueda pasar a tribuna... ¿O desde mi curul?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Desde su curul, señor diputado, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Es para manifestar nuestro desacuerdo respecto al acta, con la integración de las comisiones. Hemos hecho un análisis en el grupo parlamentario y, desde nuestro punto de vista, la integración de las comisiones, principalmente por lo que ve al tema de la sobrerrepresentación de los secretarios en las comisiones, favorece sobre todo al Partido Revolucionario Institucionaly al Partido Acción Nacional.

Es decir, no existe una representación adecuada en los términos que establece el artículo 43, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso, que señala: ``Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones''. Asimismo, el párrafo cuarto establece el mismo criterio de proporcionalidad.

Vemos, en el análisis del acta y de la Gaceta Parlamentaria, que en los casos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional existe una sobrerrepresentación de esos partidos en las secretarías de las comisiones; y nuestro grupo parlamentario, que de acuerdo a la composición que tienen en esta Cámara debería tener 12 secretarios en las comisiones, no alcanza a tener ese número.

Por eso consideramos que no se está dando cumplimiento cabal al artículo 43, párrafos tres y cuatro, de la Ley Orgánica. Así como tampoco se está dando cumplimiento pleno e íntegro al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, porque las comisiones, como todos sabemos, se constituyeron dejando espacios en blanco, sin que tuviésemos claridad, en el caso del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre quiénes serían los integrantes de esas comisiones.

Para concluir, señor presidente, estimamos que cualquier acuerdo de la Junta de Coordinación Política o acuerdo que asuma el pleno de esta Cámara, debe respetar a cabalidad lo que establece la Ley Orgánica del Congreso. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias a usted, señor diputado. Solamente le comentaría que estamos en la discusión del acta de la sesión anterior, que da muestra y fe de lo que sucedió en la sesión correspondiente. El tema que usted comenta es tema de la sesión anterior, que debimos de haberlo discutido en sus términos, como usted lo señala, haber hecho el planteamiento adecuado; pero hoy solamente el acta da justa relación de lo que sucedió en la sesión anterior. Sí, diputado, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Yo insisto, señor presidente, en la importancia que tiene este asunto, la trascendencia para que las decisiones del pleno y de la Junta de Coordinación Política se tomen respetando el contenido de la ley, y pienso que siempre este pleno de la Cámara es soberano, y como tal, puede rectificar y modificar decisiones previamente asumidas, sobre todo cuando estas decisiones se han tomado con desapego a lo que establece la propia ley.

No hay que olvidar que el pleno de esta Cámara de Diputados es soberano y puede modificar decisiones previamente adoptadas, como ya lo hemos hecho al cambiar el formato de las comparecencias de los secretarios de Estado cuando asistieron a esta Cámara a presentar sus informes respectivos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias a usted, señor diputado. Está pidiendo la palabra la diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. Hay una violación al artículo 34 de la Ley Orgánica, con relación a la proporcionalidad, y que tiene que ver desde luego también con la aplicación de la austeridad a la que se está llamando.

Nos sorprende encontrar dentro de los mismos documentos donde se asientan los representantes de cada una de estas comisiones que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Desarrollo Social, el representante presidente es del PRI, y además hay seis secretarios del mismo partido, dos del PAN, uno del PRD, uno del Verde y uno de Nueva Alianza.

Así podríamos revisar algunas otras, por lo que consideramos que además de esta violación flagrante que se hace a la proporcionalidad, el problema también radica en el número de secretarios y lo que implica en torno al gasto para esta Cámara de Diputados.

Por tanto, estaríamos llamando a que se respete la misma ley y a que se tome en consideración que si de acuerdo a esta proporcionalidad se viera que existieran seis secretarios y un presidente en cada una de las comisiones, los resultados obviamente serían distintos.

Por lo que desde el Partido del Trabajo planteamos, en primer lugar, que de acuerdo a estas 44 secretarías ---que estarían dentro de las mismas comisiones---, 19 serían para el Partido Verde, 12 para el PT, 8 para el Panal y 5 para Convergencia.

No es conveniente, de ninguna manera, el tono en el que se hacen las votaciones, la hora en que se realizan y que esto es un precedente seguramente de cómo se van a llevar a cabo las votaciones con relación al paquete económico. Se podía haber hecho la votación el mismo miércoles en la tarde y no en la madrugada, tomando en consideración todas estas cuestiones que aparecen en la propia Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias por su intervención, diputada. El pleno la ha escuchado y los grupos parlamentarios también han tomado conocimiento de lo que usted ha expresado.

Le pido a la Secretaría continuar con la votación, con la discusión del acta.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Es el acta lo que se está votando. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se aprueba el acta.

Pido a la Secretaría continuar con el orden del día, que son comunicaciones. En este caso, la comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 201 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, para el próximo 4 de octubre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria, en la plaza ubicada en las calles de República del Salvador y Pino Suárez, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los diputados Roberto Rebollo Viveroy José Luis Jaime Correa.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente

En congruencia con el entorno económico y el estado que guardan las finanzas públicas del país, así como con la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considera necesario hacer un esfuerzo adicional para disminuir el gasto programado para el ejercicio 2010 de esta instancia jurisdiccional.

De ahí que el pleno de magistrados de la sala superior ha decidido ajustar aún más el proyecto de Presupuesto, hecho llegar a la Cámara de Diputados por el titular del Poder Ejecutivo federal, el 8 de septiembre del año en curso, sin poner en riesgo la actividad jurisdiccional que constitucionalmente tiene asignada este órgano jurisdiccional.

Sobre el particular, me permito comunicarle que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previa solicitud del pleno de la sala superior del TEPJF, aprobó mediante acuerdo 296/S9(24-IX-2009), la reducción del proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal, en un monto de 85 millones 30 mil pesos (anexo 1), lo cual ha sido hecho del conocimiento del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (anexo 2).

En ese tenor, considerando que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados tendrá la facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, por su conducto, me permito presentar a ese órgano legislativo el ajuste en comento, a efecto de que sea considerado en el análisis y aprobación del referido proyecto.

Anexo 1

Ajuste al proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Total: 85 millones 30 mil pesos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : De enterado. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : « Banco de México.--- Gobernador.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

El artículo 51 de la Ley del Banco de México contiene disposiciones para conciliar la autonomía del Instituto Central con la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha considerado más apropiada para dicho fin es la presentación por el Banco Central de informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala, en su fracción II, que en septiembre de cada año el Instituto Central enviará al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.

En cumplimiento de lo anterior, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Central, con fundamento en la fracción IX del artículo 46 de la ley que lo rige, el Banco de México envía adjunto el informe sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de 2009. En apego al ordenamiento legal, el informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante dicho semestre. Cabe mencionar que las referidas acciones fueron oportunamente reseñadas en los informes sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, los cuales también se anexan al presente documento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, se remite acuerdo número 189, aprobado por la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

«Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo 189

Artículo Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en la glosa de su III Informe de Gobierno responda puntualmente a las observaciones que, en materia de derechos humanos, se le han hecho a su gestión.

Artículo Segundo. Se exhorta al gobierno federal para que dé respuesta detallada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, estrictamente de naturaleza constitucional civil y se establezcan los criterios para su regreso a actividades propias de su investidura.

Artículo Tercero. Se exhorta a la Legislatura de la Cámara de Diputados entrante, en San Lázaro, a discutir lo referente a las jurisdicciones especializadas constitucionales en el ámbito penal y se analice la situación que prevalece en materia de derechos humanos en nuestro país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo.--- H. Congreso del Estado de Nuevo León.--- LXXII Legislatura.--- Secretaría.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en la sesión hoy fue aprobado el siguiente

Acuerdo

Primero. La LXXII Legislatura del honorable Congreso del estado solicita al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León que designe una partida especial dentro del Presupuesto de Egresos de 2010 para útiles escolares y desayunos de niños neoleoneses de educación básica.

Segundo. La LXXII Legislatura al honorable Congreso del estado exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a asignar en el análisis del Presupuesto de 2010 una partida para útiles escolares y desayunos para los niños que cursan la educación básica.

Lo anterior a fin de que, en su oportunidad, se sirva remitirlo a los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, se remite acuerdo número 185, aprobado por la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior, para su conocimiento y efectos procedentes.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

«Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo 185

Artículo Único. La LXXI Legislatura del estado de Michoacán de Ocampo, envía la iniciativa de reformas al segundo párrafo del artículo 3o. y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los siguientes términos:

Articulo 3o. ...

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de su mayor edad, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que aduzca distinción discriminatoria.

Artículo 133. Queda prohibido al patrón:

Transitorio

Único. Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que sea turnado a la comisión legislativa que corresponda y se le dé trámite legislativo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, senadores de la República en la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177, en cuanto a sus tarifas, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Ante el difícil panorama económico que vive nuestro país, reflejado en la drástica caída de los ingresos fiscales y de la plataforma de producción petrolera, así como en los miles de empleos perdidos en los últimos meses, el gobierno federal ha planteado que para superar esta etapa recesiva se requiere avanzar en tres direcciones: un mayor endeudamiento, recortes al gasto operativo e incrementos y creación de nuevas cargas tributarias.

Es posible que las dos primeras acciones pudieran instrumentarse con el consenso de todas las fuerzas políticas, siempre y cuando se perciba que existe un planteamiento serio y relevante, y que podremos garantizar, por ejemplo, que los recursos liberados o productos del déficit serán invertidos en obras de infraestructura, proyectos productivos y programas dirigidos al abatimiento efectivo de la pobreza.

En cuanto a la parte impositiva, seguramente será la que genere mayor oposición si se insiste en el esquema fiscal que por décadas ha sangrado al contribuyente cautivo y si se intenta gravar a alimentos y medicinas, así como incrementar aún más los precios de los bienes y servicios que presta el Estado, como las gasolinas, el diesel y la electricidad.

Es una realidad que necesitamos fortalecer los ingresos públicos y despetrolizar las finanzas del país, pero a la par debemos trabajar en la construcción de nuevos mecanismos que nos permitan medir y evaluar el desempeño del ejercicio presupuestal en los tres niveles de gobierno, con el objeto de recuperar el potencial de los multimillonarios recursos que se destinan año con año para financiar el gasto público.

El fortalecimiento de las finanzas del país pasa también por el combate frontal a la corrupción, el adelgazamiento del aparato burocrático bajo los principios de máxima austeridad y racionalidad presupuestaria, por una mayor eficiencia recaudatoria de la autoridad hacendaria y, por supuesto, por la supresión de los regímenes especiales.

En cuanto al esquema tributario, debiéramos garantizar que toda la legislación en esta materia se apegue al espíritu del artículo 31 constitucional que obliga a todos los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, pero de manera proporcional y equitativa.

La presente iniciativa, que pretende reformar dos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hace evidente que la premisa de que debe pagar más quien más gane está muy lejos de cumplirse en el marco legal de nuestro régimen tributario.

A través de esta iniciativa estamos planteando corregir la falta de proporcionalidad y equidad que prevalece en el caso del impuesto sobre la renta (ISR) que se aplica a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

La importancia de este graven radica en su aportación al total de los ingresos tributaros no petroleros, toda vez que sólo en 2008 del total de los ingresos generados por concepto de ISR, el 41 por ciento provino de los ingresos percibidos por las personas físicas que tributan bajo el régimen de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado.

En el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece la siguiente tabla con la tarifa que deberán pagar de ISR las personas que se encuentren en el supuesto laboral arriba descrito, según los ingresos obtenidos.

Desde 1993 persiste en la Ley del Impuesto sobre la Renta un mecanismo de redistribución de los ingresos que es financiado por el patrón y cuya instrumentación no le genera al Gobierno Federal costos adicionales. Primero como crédito al salario y a partir de 2008 como subsidio al empleo, las personas con menores ingresos reciben un subsidio que les ayuda a cubrir el monto del ISR aplicado e incluso a obtener un beneficio adicional.

Dicha disposición actualmente se encuentra en el artículo octavo transitorio de la reforma fiscal de 2007 y si bien hace posible que los trabajadores que ganan hasta 4 mil 767.60 no paguen el ISR causado, el subsidio al empleo restante resulta poco efectivo para avanzar en la necesaria redistribución de los ingresos del país, sobre todo en los actuales tiempos de crisis en que se requiere promover el consumo y la inversión.

Por lo anterior, estamos proponiendo modificar los rangos de ingresos de la tarifa del artículo 113 de la Ley del ISR, a efecto de que el criterio utilizado para establecerlos tome en cuenta la distribución de los hogares por deciles que es la metodología utilizada por el INEG para agrupar los diferentes niveles de ingresos en el país.

En este sentido, en el primer nivel de la tarifa estarían agrupadas las personas con ingresos de hasta tres salarios mínimos mensuales, es decir, colocaríamos en el primer intervalo a los hogares que componen los tres primeros deciles con los menores ingresos.

Lo anterior, resultaría en un mayor beneficio para aquellas familias que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, ocupan en promedio el 60 por ciento de sus ingresos para el pago de alimentos y transporte. La propuesta no sólo permitiría incrementar las percepciones de este sector de la población al recibir un monto mayor de subsidio al empleo, sino que además fomentaría el consumo redundando en mayores ingresos fiscales.

Debido a esta modificación los siguientes intervalos sufrirían ajustes pero siempre garantizando la progresividad en la aplicación del impuesto.

Si bien en los primeros tres niveles de ingresos de la tarifa vigente se busca no dañar tanto a quienes ganan hasta 7 mil 399.42 pesos, aplicándoles una tasa marginal máxima del 10.88 por ciento, en el último nivel de ingresos el porcentaje aplicable a los excedentes de quienes tengan ingresos superiores a 32 mil 736.84 pesos, es del 28 por ciento, esto es, se trata igual a personas físicas que tributan bajo este mismo régimen aunque el nivel de ingresos sea diametralmente desigual.

Para probar esta afirmación basta señalar que una persona con un sueldo de 40 mil pesos debe destinar al pago de ISR el 20 por ciento de este ingreso, mientras que una persona con un sueldo de 240 mil pesos mensuales ocupa para el pago del ISR el 27 por ciento, es decir, aun cuando la base sea mayor, el porcentaje impositivo aplicado carece de proporcionalidad, lo cual se hace más evidente en el caso de aquellas personas con sueldos superiores a los 680 mil pesos mensuales, en cuyos casos sólo se destina el 28 por ciento para el pago del impuesto en cuestión.

En este sentido, la presente iniciativa propone también dar un trato diferenciado a quienes se encuentren en los supuestos del último nivel de la tabla tarifaria, incorporando dos niveles más de ingresos sobre los que se deberán aplicar tasas del 29 y 30 por ciento respectivamente, lo cual además redundará en una mayor recaudación.

El siguiente cuadro ejemplifica el impacto que tendrían las modificaciones propuestas en los diferentes niveles de ingreso:

Debido a que el artículo 177 de la Ley del ISR contiene los valores de la tarifa en comento en forma anualizada, resulta necesario realizar la modificación correspondiente.

En la presente iniciativa coexiste una motivación que trasciende la propuesta misma y es provocar la revisión y modificación de los injustos y en ocasiones absurdos criterios que se utilizan para determinar la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la constitución del gasto público, que como se vio, no responden a la realidad económica del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforman los artículos 113 y 177, en sus tarifas, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforman los artículos 113 y 177, en sus tarifas, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 113. ...........

Tarifa

Artículo 177. ...........

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los dos primeros párrafos y se adiciona un último párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los dos primeros párrafos y se adiciona un último párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del senador Raúl Mejía González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL suscrito, Raúl Mejía González, senador de la república de la LXI Legislatura por Nayarit, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los dos primeros párrafos y se adiciona un último párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal al tenor de la presente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la concurrencia fiscal entre la federación, entidades federativas y municipios, lo que ha provocado, en la mayor parte de nuestra historia como nación, una anarquía fiscal, tal como la denominó el notable constitucionalista Felipe Tena Ramírez.

Con la excepción de la fracción XXIX del artículo 73, donde se establecen contribuciones exclusivas para el gobierno federal, en los impuestos más importantes no se delimita la exclusividad para su cobro por parte de algunos de los órdenes de gobierno. Esto ha sido causa de muchos conflictos entre las entidades federativas y el gobierno federal.

Así se han determinado las bases de nuestro sistema de coordinación fiscal; en el siglo anterior, a fin de armonizar la hacienda pública, el gobierno federal convocó a las Convenciones Nacionales Fiscales. Se llevaron tres: 1925, 1933 y 1947. La tercera convención dio como resultado, entre varias propuestas, la creación de un plan nacional de arbitrios (considerado como el antecedente de la coordinación fiscal); la planeación de la forma para distribuir los impuestos locales, dándole importancia a la hacienda municipal; la derogación de los impuestos sobre el trabajo y las inversiones locales y municipales; la uniformidad de la legislación impositiva sobre el comercio de las entidades federativas; y la facultad para que el gobierno federal pudiera suprimir todos los impuestos especiales sobre comercio, a fin de crear un sólo impuesto sobre el consumo.

En 1948 se aprobó, por el Congreso de la Unión, la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. La novedad consistió en crear una tasa federal de 1.8 por ciento aplicable a toda la república y establecer que las entidades federativas adoptaran el mismo sistema, suprimiendo y derogando sus impuestos sobre comercio. Las entidades federativas tendrían derecho a cobrar una tasa que determinara la legislatura local y que no excediera 1.2 por ciento. Ambas tasas se cobrarían juntas. Para poner en práctica este sistema, el gobierno federal y las entidades federativas debían firmar un convenio de coordinación. Esto significó el principio del actual Sistema de Coordinación Fiscal, con la aprobación en 1953 de la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas y de la Ley que otorga Compensaciones Adicionales a las que celebren el Convenio de Coordinación en materia de Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles.

La actual Ley de Coordinación Fiscal, vigente a partir del 1 de enero de 1980, consolidó el Sistema de Coordinación Fiscal que se venía gestando desde los siglos XIX y XX.

La prudencia de los poderes federales y las entidades los ha llevado a institucionalizar los acuerdos para que sólo sean gravados en determinada materia y se comparta el producto de la recaudación, además de establecer bases para la cooperación administrativa entre los fiscos locales y el federal.

Actualmente, la crisis económica obliga a las entidades federativas a buscar nuevas fuentes de financiamiento público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció por medio de los criterios generales de política económica, presentados el pasado 8 de septiembre, que para el presente año

Se estima que las participaciones a las entidades federativas serán menores en 60.9 miles de millones de pesos y 16.9 por ciento real respecto de 2008, como reflejo de la reducción en la recaudación federal participable y como consecuencia de que el monto del tercer ajuste cuatrimestral y el definitivo correspondiente a 2008 resultaron negativos para las entidades federativas. Si los datos se ajustan para no considerar en 2008 y en 2009 el efecto de los ajustes cuatrimestrales, las participaciones se reducen en 14.5 por ciento real.

La crisis no permitió que el fisco federal pudiera recaudar los ingresos programados; esto afectó a las haciendas estatales al disminuir drásticamente sus participaciones.

Ante esto se planteó conseguir financiamiento vía mercado de valores, mediante la bursatilización de los 13 mil millones del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, lo cual redundaría en una bolsa de 37 mil millones de pesos. Esto es al parecer una de las pocas posibilidades para que se pueda completar el faltante en las participaciones para las haciendas locales.

La importancia de las participaciones federales es de tal magnitud que en algunas entidades federativas y municipios representan cerca de 80 por ciento del total de sus ingresos.

Esta difícil situación para las finanzas públicas de las entidades federativas ha originado el cuestionamiento del Sistema de Coordinación Fiscal vigente. La principal crítica parte de la existencia de una gran dependencia de las entidades federativas y de los municipios a los ingresos federales, lo cual no favorece el desarrollo pleno de una recaudación propia.

Por eso, debemos replantearnos las participaciones federales; el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal establece el Fondo General de Participaciones que, para el tratadista Jorge Armando Mora Beltrán, es el fondo más importante del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y se creó con la finalidad de resarcir a las entidades federativas y los municipios por la pérdida de dejar en suspenso impuestos locales y municipales que graven las mismas fuentes al adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El Fondo General de Participaciones se compone de 20 por ciento de la recaudación federal participable y se integra de todos los impuestos federales, de los derechos sobre extracción de petróleo y de los derechos de minería.

Las reformas de 2008, que se consideran las más trascendentales que tuvo la ley desde su entrada en vigor, modifican sustancialmente la fórmula de asignación de los recursos, al establecer el producto interno bruto estatal, el incremento de la recaudación local y el nivel de recaudación local.

Recordemos que por la naturaleza de estos recursos, las entidades federativas tienen potestad exclusiva en su utilización, por ser parte de su hacienda y sólo tiene como limitante el Presupuesto de Egresos que aprueben los Congresos locales.

En vista de lo expuesto, se hace necesario introducir en la ley de Coordinación Fiscal diversas restricciones a los ingresos derivados de las participaciones federales, tales como un mayor esfuerzo tributario --como complemento de las reformas de 2008--, determinar un monto destinado a la inversión, así como establecer facultades de fiscalización a estos recursos por parte de la federación.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman el primer y segundo párrafos y se agrega un último al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 30 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. Del importe que se obtenga por este fondo, corresponderá cuando menos el 50 por ciento a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Del monto de las participaciones de las entidades federativas y municipios, deberá destinarse cuando menos el 20 por ciento en gasto de inversión, que permita la agilización de recursos para modernizar la infraestructura, para dirigir estímulos hacia el empleo y eficientar el gasto en salud y en educación. Las entidades federativas y los municipios tienen la obligación de rendir cuenta del gasto de las participaciones federales y la Auditoria Superior de la Federación tiene competencia para la fiscalización de las erogaciones efectuadas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pasamos al capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los altos niveles de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en países desarrollados están ligados al grado de compromiso de sus ciudadanos para contribuir al logro del bienestar común. Llegar a estos grados de responsabilidad fiscal ha sido producto de procesos largos donde se ha logrado impartir a todos los niveles de la sociedad una adecuada cultura fiscal, de modo que el cumplimiento de las obligaciones tributarías sea el comportamiento necesario de todo ciudadano.

En nuestro país se carece de una verdadera responsabilidad fiscal y, por el contrario, se tiene la percepción de que los impuestos pueden ser evadidos siempre que el ciudadano no sea detectado por la entidad que los administra; además el infractor no tiene ninguna sanción de tipo social o moral, ya que existe una generalizada tolerancia de la ciudadanía hacia conductas evasoras, consideradas prácticamente como comportamientos propios de la idiosincrasia nacional.

Esta problemática no se limita a un asunto de restricción legal y actividades de fiscalización, sino a una falta de cultura contributiva del ciudadano y de credibilidad en la función de asignación de los recursos financieros por parte del Estado.

Uno de los factores determinantes en el grado de cumplimiento de la misión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el nivel de cultura fiscal de la sociedad, en la medida en que influye directamente en la disposición de quienes la integran al cumplimiento voluntario y al rechazo del fraude fiscal.

Por ello, el SAT debe definir las líneas estratégicas de la política de comunicación y actuaciones para reforzar los canales de relación y contacto con los ciudadanos, trasladando la imagen de organización confiable, moderna, innovadora, eficaz, transparente, que trabaja con profesionalidad al servicio del ciudadano y de la sociedad.

No se puede basar un proyecto influyendo en una sola parte de la sociedad para incrementar la base de los impuestos, sino que aquél debe estar conformado por dos partes: sociedad y autoridad, para que exista un equilibrio perfectamente identificable.

Es habitual considerar la fiscalización como un hecho que afecta solamente a los adultos que llevan a cabo algún tipo de actividad económica sujeta a impuestos y es importante tomar en cuenta a los niños, niñas y jóvenes que, desde edades muy tempranas, ya empiezan a incorporarse a la actividad económica y no sólo a través de la familia y la escuela, primeros grupos sociales de los que son miembros. En sociedades que han alcanzado un cierto grado de desarrollo y bienestar empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de bienes y servicios.

El SAT, en su estrategia comunicativa, debe tener en cuenta la diversidad de la población-objeto a la que se dirige. Sus actuaciones tienen una pluralidad de destinatarios que, a efectos educativos, podemos simplificar en ciudadanos adultos, niños y niñas, así como jóvenes.

El hecho de que los niños, niñas y jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas no significa que sean totalmente ajenos a la fiscalidad. Desde la vertiente del ingreso público, su consumo está generando ingresos tributarios. Desde la vertiente del gasto público, la fiscalidad está posibilitando una igualdad de oportunidades en múltiples aspectos entre los que destacan la salud y la educación por ser los más visibles en estos estratos de edad.

Sin esa inversión de solidaridad, aportada mediante el esfuerzo tributario de los ciudadanos y gestionada por los diferentes organismos de las administraciones públicas, la vida cotidiana y las perspectivas de futuro de estos miembros de la sociedad serían muy distintas. Es preciso hacerlos conscientes de esta realidad.

En el caso de los adultos, las diversas acciones de comunicación institucional tienen como finalidad informar a los contribuyentes de cuáles son sus obligaciones fiscales, así como del calendario de sus deberes tributarios. Paralelamente, también hay que recordarles que las normas fiscales forman parte del conjunto de normas sociales que debe cumplir un individuo adulto.

En lo concerniente a los niños, niñas y jóvenes, la finalidad de la estrategia educativa fiscal no es transmitir conocimientos instrumentales o prácticos, sino socializar en valores de responsabilidad cívica y, por tanto, fiscal.

El cumplimiento fiscal es una cuestión de ciudadanía. Los efectos del incumplimiento, es decir del fraude fiscal, perjudican a todos los ciudadanos pero especialmente a aquéllos que asumen sus responsabilidades sociales y cumplen correctamente sus obligaciones tributarías. El fraude fiscal es un fenómeno complejo basado en una mentalidad de derechos adquiridos sin ninguna contrapartida desde la vertiente de las obligaciones. Es, en definitiva, un problema de socialización inadecuada en los valores éticos de justicia y solidaridad

No cabe duda de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente a los niños, niñas y jóvenes en el hecho fiscal. Incorporarían las pautas de conducta propias de individuos que de adultos van a vivir en una cultura democrática que hace de la solidaridad tributaria uno de los pilares básicos del modo de organizar su convivencia social.

En la actualidad, más de 26 países cuentan con programas de educación fiscal. En Europa los países nórdicos fueron los pioneros y destaca la iniciativa tan meditada que se llevó a cabo en el Reino Unido. En América del Norte y en el área del Pacífico, aparte del programa decano estadounidense, también tienen programas educativos las administraciones tributarias de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. En América Latina, la mayoría de los países, apoyados financieramente por organismos internacionales, han adoptado estrategias educativas similares.

La conciencia cívico-fiscal no es algo natural; es un producto social y, por tanto, resultado de la educación. El comportamiento fiscal correcto se aprende y es necesario que exista realmente un enlace formal entre el Servicio de Administración Tributaria y las instancias de educación para acelerar el proceso de cultura fiscal tan necesario entre nuestros ciudadanos y se fortalezca una educación cívico-tributaria.

Para crear una conciencia real sobre la importancia del pago de impuestos, a mi entender, debe de abordarse este tema desde que se es niño o niña, así como también en los jóvenes, puesto que en esta etapa de la vida se puede influir en gran medida para el futuro de un país.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para quedar como sigue:

Artículo19. ...

Segundo párrafo. ...

En dichas instancias de consulta y comités especializados deberá coordinarse con la Secretaría de Educación Pública para fomentar, promover y estimular una educación cívico tributaria.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Está solicitando la palabra la diputada Clara Gómez. Adelante, diputada.

DIPUTADO VALDEMAR GUTIERREZ FRAGOSO

La diputada Clara Gómez Car o (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Quiero hacer uso de la voz para informar que el martes falleció el hijo del diputado Valdemar Gutiérrez Fragosoy pedirles un minuto de silencio, si es posible.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo pide, diputada, pedimos a las señoras diputadas y a los señores diputados ponernos de pie.

(Minuto de silencio)

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Asimismo, recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El vínculo entre la libertad de expresión, la participación ciudadana en asuntos públicos y la libertad de acceso a la información gubernamental es en la actualidad un trinomio indispensable. Solamente si los ciudadanos contamos con acceso a la información en resguardo del gobierno podemos hablar de una sociedad plenamente informada y lista para ejercer su derecho a participar en un país democrático.

Con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 11 de septiembre de 2002, se dio respuesta a varias de las demandas ciudadanas de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Contribuir para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos es el fin de esta ley. Sin embargo, al cumplir dicha obligación podemos también contribuir a garantizar otros derechos, como el derecho constitucional de toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

El papel es uno de los materiales de uso más generalizado en todo el mundo y, a su vez, uno de los residuos de mayor producción. A diario y prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas hacemos uso de enormes cantidades de papel, sin detenernos a pensar en el proceso industrial subyacente a una hoja de papel y del efecto ambiental de su producción y desecho.

Cada persona consume en promedio 120 kilogramos de papel y cartón al año, y para poder producirlo, en nuestro país, se cortan diariamente 500 mil árboles. En dicha producción se utilizan grandes cantidades de agua, energía y químicos. A su vez, un enorme volumen termina en los tiraderos de basura, ocupando espacio y provocando, junto con el resto de los desechos, graves problemas de contaminación, ya que aunque el papel es un material biodegradable, el proceso puede tardar varios años.

En México, según datos del Programa de Medio Ambiente de la Dirección General Administrativa y de Asuntos Comunitarios de la Universidad Iberoamericana, el papel y el cartón constituyen aproximadamente 14 por ciento de la basura, y en promedio se consumen 5 millones 370 mil toneladas de papel al año; además, la producción de papel ha aumentado 46 por ciento en los últimos 9 años.

El deterioro del ambiente tiene relación directa con nuestros patrones de consumo. El reto a que nos enfrentamos es construir alianzas para avanzar en la protección del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos, satisfaciendo las necesidades de información con opciones menos agresivas a nuestro entorno, como el uso de dispositivos de almacenamiento digital, que permiten disminuir costos, garantizar la seguridad de los documentos y mejorar los procesos internos.

Los dispositivos de almacenamiento digital son el sustituto del papel. El almacenamiento digital se utiliza para guardar datos y después procesarlos y usarlos como programas o información de cualquier tipo. Con el uso de medios digitales podemos garantizar el derecho a la información gubernamental y replantear los modos de almacenar, preservar, difundir y adquirir la información, disminuyendo el consumo de papel, de materias primas, de agua y de energía.

Con la presente iniciativa, que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se propone que para dar por cumplida la obligación de acceso a la información, los documentos puestos a disposición del solicitante que se entreguen mediante la expedición de copias simples o certificadas no excedan las 100 hojas; y que cuando se trate de documentos que rebasen dicha cifra, se tendrá que entregar en medios digitales.

En un esfuerzo por contribuir con acciones que reduzcan el uso de papel, protejan el ambiente y fomenten el uso de la tecnología, someto a consideración de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Único. Se reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 42. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas cuando éstas no excedan las 100.

Cuando se trate de documentos que rebasen la cifra mencionada, la información se entregará preferentemente en medios digitales.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia recibió del señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción XXXVIII del párrafo 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Es imperativo que el Legislativo realice permanentemente una evaluación integral de la infraestructura con que cuenta el país y determinar el grado en que contribuye a sustentar las actividades económicas en general, agropecuarias, industriales y de servicios, entre otras.

Consecuentemente, deben analizarse sus insuficiencias en los distintos ramos de la economía y regiones del territorio mexicano para contribuir al desarrollo regional.

Al mismo tiempo, se requiere determinar su grado de actualización tecnológica, y contar con información para que el país pueda enfrentar el futuro con tecnologías de punta y compatibles con el ambiente.

Por lo anterior, el mantenimiento de la infraestructura es fundamental para consolidar el desarrollo nacional en todos los ámbitos económicos y sociales, y es sin duda un factor decisivo para elevar los índices de competitividad de México.

Efectivamente, en múltiples ámbitos, para el desarrollo nacional se requiere una infraestructura eficiente, y los transportes tienen una connotación históricamente vinculada con el concepto de infraestructura. Por eso, sin que esta comisión se aboque exclusivamente a los temas vinculados con esto último, pensamos que sus integrantes podrán abarcar ambos ámbitos. Por ello consideramos necesario ampliar las facultades competenciales por materia de la Comisión de Transportes para que comprenda la infraestructura y los transportes.

Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXXVIII del párrafo 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : De igual manera, recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema jurídico mexicano se ha caracterizado, entre otras deficiencias, por los vacíos legales en diversos ordenamientos que han dado origen a confusiones e imprecisiones, producto de la irracionalidad o de la ligereza que contaminan la elaboración de las leyes.

La abundancia de las imprecisiones o vacíos legales hace posible que en la sustanciación de las acciones procesales en general las partes puedan manipular o usarlas a su favor, derivando con ello, un uso abusivo del derecho procesal.

Por consecuencia, tanto las partes contendientes como el propio juzgador tienen espacios abiertos para incurrir en el abuso de la interpretación legislativa en formas muy diversas y en ocasiones hasta tergiversadas para tratar de adecuar la aplicación de la norma.

La omisión y confusión legislativa es la primera causa de la costumbre en el abuso procesal administrativo; en otras palabras, la ausencia de regulación o deficiencia de sus alcances son motivo suficiente para que en México la aplicación de la ley sea tan cuestionada y no se alcance el objetivo y la finalidad que inspiró su creación.

En esta LXI Legislatura para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es evidente la necesidad de promover las reformas legislativas que establezcan los alcances de la libertad procesal de las partes y de la autoridad jurisdiccional, por lo que es urgente iniciar un periodo de reformas a un sinnúmero de leyes imperfectas para contribuir a la solución en materia de imprecisiones, falta de definición y vacíos legales en las mismas, y con ello evitar la divergencia de criterios para la aplicación de la normatividad.

Estamos convencidos que el debate sobre la cantidad de normas debe dar paso a otro más importante: el de su calidad. Este concepto incorpora, en su propia naturaleza, más rigor y eficacia en la regulación. El denso sistema institucional de nuestra democracia y las dinámicas descentralizadoras han generado una abundante iniciativa normativa, en la que indudablemente sobresale como efecto inmediato su inacabada articulación.

Si queremos lograr el anhelado progreso económico y social debemos iniciar reformando las leyes que garantizan los derechos constitucionales a través de reglamentación que no propicie la interpretación y la confusión al momento de aplicarse.

Nueva Alianza propone, como una de las alternativas de solución, la calidad normativa como parte de la responsabilidad de las legisladoras y los legisladores en la Cámara de Diputados; por ello, el objetivo de la presente iniciativa pretende reformar el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para precisar que los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI, en materia de planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, son aquellos que de forma taxativa establece el artículo 1 del mismo ordenamiento.

Lo anterior en cumplimiento de lo previsto en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en el sentido de contribuir al fortalecimiento del trabajo legislativo de los órganos encargados de dictaminar el desempeño de las diputadas y los diputados en la Cámara de Diputados.

No olvidemos que como legisladores el derecho a iniciar leyes debe hacerse con la finalidad de crear las mejores o perfeccionar las existentes, ya que sólo así se podrá exigir su cumplimiento y por ende la eficacia del sistema legislativo mexicano.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 18 de de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Único. Se reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 18. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de esta ley, deberán ajustarse a:

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En este capítulo de iniciativas recibimos del diputado Javier Duarte de Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Iniciativa que reforma la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Javier Duarte de Ochoa , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Javier Duarte de Ochoa , integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Exposición de Motivos

La política social es indispensable para compensar la desigualdad y promover el desarrollo individual y colectivo del pueblo mexicano. En ello concurre la actuación de un conjunto de dependencias del gobierno federal, que cubren las actividades agropecuarias, económicas, laborales, sociales y comunitarias. El papel que juegan las delegaciones federales en los estados en materia de atención a la desigualdad y combate a la pobreza es de suma importancia para el desarrollo del país, ya que a través de ellas los programas se materializan en las comunidades y regiones más desfavorecidas.

Por eso que la presente iniciativa tiene por objeto establecer condiciones legales para que los titulares de las delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal no sean operadores de algún partido político durante su ejercicio ni actúen de manera clientelar, y tengan conocimientos suficientes para su óptimo desempeño; a fin de lograrlo es indispensable propiciar que cuenten con un perfil profesional acorde al puesto que ejercen.

Resulta fundamental garantizar su independencia política, con el fin de asegurar la correcta conducción y aplicación de los programas sociales, manteniéndolos al margen de intereses que alteran el fin de las políticas públicas, al condicionar o desviar los recursos en función de las preferencias electorales. Estas prácticas ponen en riesgo la efectividad de los diversos programas que buscan disminuir las brechas de desigualdad o brindar oportunidades a la población más marginada de México.

Los representantes del gobierno federal en las entidades federativas son los responsables de ejecutar el gasto y coordinar los programas de las Secretarías de la que forman parte. Concretan, operan y vigilan el cumplimiento de los programas federales. Por ello, con el fin de avanzar hacia una política social de Estado, tenemos que encontrar mecanismos que nos lleven a la aplicación ética y legal de los recursos públicos destinados a los fines establecidos en cada política pública, y de la cual los delegados federales son responsables.

En época de crisis como la actual, es aún más importante asegurarnos de que los programas sean efectiva y eficientemente aplicados, no sólo por la escasez de recursos sino por el riesgo inminente de que más familias sigan cayendo en la pobreza o marginación social. Evitar cualquier manipulación o sesgo en la actuación pública de estos funcionarios para favorecer a algún interés ajeno a la naturaleza de su cargo, debe ser un compromiso de los responsables de la conducción de la política social en sus diferentes vertientes, y una tarea del legislador en su facultad de acotar a través de la ley, la selección y el desempeño de los servidores públicos.

Entre los múltiples programas que coordinan las delegaciones para combatir la pobreza y atacar la desigualdad se encuentran el de Empleo Temporal; Oportunidades; de Apoyo a Zonas Marginadas; de Apoyo a Comunidades Rurales Marginadas; de Apoyo a Artesanos Tradicionales, Desempleados y Jornaleros Agrícolas en Pobreza; el Seguro Popular, Proárbol; de Atención a Adultos Mayores, entre otros.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en las 32 entidades federativas del país operan cerca de mil 390 delegados que, sumados a su estructura burocrática, ascienden a más de 5 mil funcionarios federales. Según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009, el gasto programable destinado a estas delegaciones federales ascendió a 66 mil 885.9 millones de pesos.

Es justamente por la relevancia de las tareas que deben desempeñar en el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad; por la cantidad de funcionarios que operan a través de ellas, y por los montos de recursos que ejercen, que las delegaciones federales deben contar con el más alto nivel de desempeño y compromiso con el sentido social de su gestión. Además, es importante evitar que un delegado federal sea nombrado inmediatamente después de concluir una tarea de dirección partidista o cargo de elección popular.

Por la certeza y eficiencia de la política social, lo anterior no debe continuar sucediendo.

Eso será posible mediante el establecimiento de requisitos concretos para los titulares de las representaciones federales en las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Trabajo y Previsión Social y, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, se establecerán periodos obligatorios para que quienes ejerzan cargos partidistas o de elección popular no puedan fungir como delegados sino hasta que los tiempos legales lo permitan. Todo ello, con el fin de hallar perfiles profesionales y de desempeño acordes con la responsabilidad propia de su función.

La política social de nuestro país debe avanzar hacia una mayor transparencia en su ejercicio, y buscar deshacerse de prácticas que comprometen su efectiva aplicación. No debemos olvidar que el país tiene a la mitad de su población viviendo en algún tipo de pobreza, ya sea alimentaria, patrimonial o de capacidades, y que la crisis que hoy enfrentamos puede incrementar estas dramáticas cifras. Es nuestra responsabilidad encontrar formas de garantizar una política con visión de Estado, que rebase los intereses partidistas y responda a las necesidades de la población.

Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los incisos b), c) y d), y se adicionan los incisos e), f) y g) a la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.

En el caso de las secretarías orientadas a combatir la desigualdad y la pobreza, en particular las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, observarán lo siguiente:

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.

El diputado Ignacio Téllez González : Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, voy a empezar a exponer los motivos de la iniciativa de ley.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el consumo de psicotrópicos es uno de los problemas de salud pública más complejo que enfrenta nuestra sociedad. El artículo 3o. de la Ley General de Salud, en su fracción XXIII, establece que el programa contra la farmacodependencia es materia de salubridad general.

La OMS define a la farmacodependencia como: ``El estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar una sensación de malestar que surge al dejar de consumirlo''.

Los trastornos por consumo de psicotrópicos son algo común en la demanda de servicios de salud. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002, entre la población de 12 a 65 años, un total de 314 mil 760 personas afirmaron consumir drogas inhalables; el 59 por ciento de ellas afirmaron haberlas obtenido en la calle, 3.67 en la casa y 24.63 por ciento con un amigo.

En mi experiencia como presidente municipal tuve la oportunidad de conocer muy de cerca el problema de las adicciones entre los jóvenes. En 3 años, en el municipio de Etzatlán logramos reducir el consumo drogas y alcohol; antes la propia autoridad incentivaba el consumo de las mismas entre los jóvenes. En una población de 18 mil habitantes ocurrían en promedio nueve muertes ocasionadas por el consumo de alcohol y drogas. En mi periodo como presidente municipal logramos que se registrara sólo una por esta causa.

¿Cómo logramos este avance? Sin duda era un gran reto. Primeramente aplicando un reglamento donde empezamos a reducir los horarios en bares, cantinas, tiendas de abarrotes, etcétera. Así como un combate frontal a narcotienditas. Además de que a todos los jóvenes que ingresaban a la cárcel, con problemas de alcohol y drogas, los empezamos a vincular a la unidad de atención contra la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, no fue suficiente y empezamos a invertir en infraestructura deportiva. Terminamos invirtiendo la sexta parte de nuestro presupuesto total, durante los tres años, en unidades deportivas, canchas de usos múltiples en todos los barrios y comunidades; empastamos canchas de futbol, además de un domo polideportivo donde actualmente estamos desarrollando 10 disciplinas diferentes.

Todo esto lo menciono porque creo firmemente que hay diversas formas de empezar a disminuir los problemas de drogadicción y alcoholismo en nuestros jóvenes. Uno de mis compromisos como legislador es con los jóvenes, por ello me propongo presentar como mínimo tres iniciativas en beneficio de la juventud, y de esta manera buscar que alcancen mejores condiciones de vida y de desarrollo.

Resulta evidente que en la sociedad actual se han diversificado de manera descomunal la oferta y diversidad de drogas que se encuentran al alcance de la población y que va en franco aumento la cantidad de personas que recurren al uso de drogas por diversas causas. En ese contexto es conveniente localizar aquellas que por su gran demanda y por sus efectos puedan representar un mayor riesgo para la salud.

El nitrito de amilo, el nitrito de butilo y el nitrito de isobutilo son los nombres técnicos de una droga que se mantuvo de moda entre las personas del sexo masculino con preferencias homosexuales durante los años ochenta, dichas substancias han sido llamadas comúnmente poppers.

Algunos de los efectos psicotrópicos que producen los poppers, son: taquicardia, sensación de relajación, dolor de cabeza, hipertensión ocular, adormecimiento; relajamiento de los esfínteres y de la cavidad vaginal. Por tratarse de un vasodilatador produce una mayor erección; sin embargo, en combinación con otra droga o con medicamentos, como el viagra, es común que produzca infarto.

Actualmente, esta droga se distribuye de una manera relativamente clandestina en las calles y en los sex shops, su presentación se ha sofisticado y se ofrece en frasco con etiquetas atractivas y con diversidad de aromas, de acuerdo con la información proporcionada por el reportero Fernando Díaz, de la revista Chilango.

Esta droga no se encuentra en la lista de psicotrópicos que establece la Ley General de Salud, por lo que no existen elementos jurídicos para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la dependencia que se encarga de la vigilancia de la materia, pueda emprender acciones.

Está claro que la distribución de los poppers resulta un gran riesgo para la salud de un sector de la población, dada la magnitud de sus efectos psicotrópicos y nulo efecto terapéutico, así como por que existen las condiciones propicias para su venta indiscriminada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 245 de la Ley General de Salud, agregando a su fracción I los nitritos de amilo, butilo e isobutilo: poppers ---como decía--- como parte del grupo de substancias psicotrópicas de nulo o escaso valor terapéutico, para quedar como sigue:

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son como lo denominamos comúnmente, internacionalmente: nitrito de amilo, de butilo e isobutilo, y otras denominaciones comunes o vulgares como poppers. La denominación química, insisto, es el nitrito de amilio, nitrito de butilo y nitrito de isobutilo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ignacio Téllez González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Ignacio Téllez González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 245 de la Ley General de Salud, agregando una fracción para incluir los nitritos de amilo, butilo e isobutilo (poppers) a la lista del grupo I de la clasificación de substancias psicotrópicas, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que el consumo de psicotrópicos es uno de los problemas de salud pública más complejo que enfrenta nuestra sociedad. El artículo 3o. de la Ley General de Salud en su fracción XXIII, establece que el programa contra la fármaco dependencia, es materia de salubridad general.

La OMS define a la farmacodependencia (consumo de drogas) como: ``el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar una sensación de malestar que surge al dejar de consumirlo.''

Los trastornos por consumo de psicotrópicos, son algo común en la demanda de servicios de salud. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2002, entre la población de 12 a 65 años, un total de 314,760 personas afirmaron consumir drogas inhalables, el 59 por ciento de ellos, afirmaron haberlos obtenido en la calle, 3.67 en la casa y 24.63 por ciento con un amigo.

De acuerdo con la OMS, las substancias psicotrópicas son compuestos naturales o sintéticos, cuyos efectos se manifiestan particularmente en el sistema nervioso central y que, por su perfil de acción farmacológica, poseen la capacidad de crear estados de abuso o dependencia que llevan al sujeto al consumo recurrente.

En mi experiencia como presidente municipal tuve la oportunidad de conocer muy de cerca el problema de las adicciones. En tres años, en el municipio de Etzatlán logramos reducir el consumir drogas y alcohol, después de que la propia autoridad incentivaba el consumo de las mismas entre los jóvenes. En una población de 18 mil habitantes ocurrían en promedio 9 muertes ocasionadas por el consumo de alcohol y drogas, en mi periodo como presidente sólo se registro una por estas causas.

¿Cómo logramos este avance? Sin duda era un gran reto, primeramente aplicando un reglamento donde empezamos a reducir los horarios en bares, cantinas, tiendas de abarrotes, etcétera; así como un combate frontal a narcotienditas, además de que a todos los jóvenes que ingresaban a la cárcel con problemas de alcohol y drogas, los vinculamos a la unidad de atención contra la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, no fue suficiente y empezamos a invertir en infraestructura deportiva, terminamos invirtiendo la sexta parte de nuestro presupuesto total durante los tres años en unidades deportivas, canchas de usos múltiples en todos los barrios y comunidades, empastamos canchas de futbol, además de un domo polideportivo donde actualmente estamos desarrollando 10 diferentes disciplinas deportivas.

Todo esto lo menciono porque creo firmemente que hay diversas formas de empezar a disminuir los problemas de drogadicción y alcoholismo en nuestros jóvenes. Uno de mis compromisos como legislador es con los jóvenes, por ello me propongo presentar como mínimo 3 iniciativas en beneficio de la juventud, buscar que alcances mejores condiciones de vida y desarrollo.

Resulta evidente que en la sociedad actual se han diversificado de manera descomunal la oferta y diversidad de drogas que se encuentran al alcance de la población y que va en franco aumento la cantidad de personas que recurren al uso de drogas por diversas causas. En ese contexto, es conveniente localizar aquellas que por su gran demanda y por sus efectos puedan representar un mayor riesgo para la salud.

El nitrito de amilo, el nitrito de butilo y el nitrito de isobutilo, son los nombres técnicos de una droga que se mantuvo de moda entre las personas del sexo masculino con preferencias homosexuales durante los años 80, dichas substancias han sido llamadas comúnmente ``poppers''.

De acuerdo con fichas internacionales de seguridad química, estas substancias son ampliamente tóxicas, aunque son inhalables también se absorben por medio de la piel y pueden provocar la pérdida del conocimiento, labios o uñas azulados. piel azulada, confusión mental, convulsiones, vértigo, dolor de cabeza, sudoración, náuseas, pérdida del conocimiento, vómitos, sonrojamiento de la cara, todos ellos son síntomas que no se manifiestan de manera inmediata.

En 1857, el doctor Brunton administró por inhalación nitrito de amilo, un conocido vasopresor, y observó que el dolor anginoso se atenuaba en 30 o 60 segundos. Sin embargo, la acción del nitrito de amilo era transitoria y la dosificación era difícil de ajustar. En 1879, William Murrell consideró que la acción de la nitroglicerina era muy similar a la del nitrito de amilo y estableció el uso de ésta para tratar la angina de pecho por lo que los nitritos cayeron en desuso. Los cambios en la percepción del tiempo provocados por estos psicofármacos iniciaron su uso extra-médico durante los ochentas.

Algunos de los efectos psicotrópicos que producen los poppers, son: taquicardia, sensación de relajación, dolor de cabeza, hipertensión ocular, adormecimiento, relajamiento de los esfínteres y de la cavidad vaginal. Por tratarse de un vasodilatador produce una mayor erección, sin embargo, en combinación con otra droga o con medicamentos como el viagra, es común que produzca infarto; lo que debe ser común.

Actualmente, esta droga se distribuye de una manera relativamente clandestina en las calles y en sex shops, su presentación se ha sofisticado y se ofrece en frasco con etiquetas atractivas y con diversidad de aromas.

Esta droga no se encuentra en la lista de psicotrópicos que establece la Ley General de Salud, por lo que no existen elementos jurídicos para que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, que es la dependencia que se encarga de la vigilancia de la materia, pueda emprender acciones.

Resulta claro que la distribución de los poppers resulta un gran riesgo para la salud de un sector de la población, dada la magnitud de sus efectos psicotrópicos y nulo efecto terapéutico, así como, por que existen las condiciones propicias para su venta indiscriminada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 245 de la Ley General de Salud, agregando a su fracción I, los nitritos de amilo, butilo e isobutilo (poppers) como parte del grupo de substancias psicotrópicas de nulo o escaso valor terapéutico, para quedar como sigue:

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, con un proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

El diputado Miguel Ángel García Granados : Muchísimas gracias.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, el suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados , somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el más firme propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En opinión de estudiosos del tema financiero, la economía del mundo ha caído en una de las más graves crisis de las últimas décadas, con consecuencias altamente graves para la conservación y generación de fuentes de empleo.

La recesión financiera registrada en los últimos meses se ha significado por la pérdida de fuentes de trabajo, con la consecuente baja en el poder adquisitivo de los consumidores lo que, a su vez, es una de las causas directas del cierre de micro, pequeñas y medianas empresas.

Incluso el propio Banco de México pronostica para el presente año la pérdida de entre 635 mil y 735 mil empleos formales, con una caída anual de 6.5 a 7.5 del producto interno bruto.

El propio Banco Central estima que al menos 2 de cada 10 empresas recortarán personal debido a otras causas. Entre otras causas, debido a los incrementos de las materias primas y a la elevación de los costos de producción.

Frente a este panorama, el sector productivo del país ha demandado con urgencia a la autoridad gubernamental la instrumentación de medidas que alienten el crecimiento de las mismas, y de esta manera, garantizar la conservación de las fuentes de empleo.

Una de estas demandas es precisamente la eliminación de cargas tributarias ---que en opinión del sector, desalientan la productividad---, como lo es la aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Sobre todo, ahora que las circunstancias económicas del mundo, y de México en particular, son diametralmente contrarias a la realidad que se vivía en septiembre de 2007, que es cuando se aprobó la aplicación de este impuesto.

La correspondiente exposición de motivos que dio origen a la Ley del IETU precisaba, entre otros argumentos, que la aplicación de este instrumento tributario era establecer competitividad con efectividad, equidad y proporcionalidad. Estos principios no se cumplen, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas no tienen activos fijos que en un momento determinado puedan deducir, depreciar o aplicar para deducción inmediata, como sí lo pueden hacer las grandes empresas.

Se habló también de que este instrumento sería promotor de la inversión y la creación de empleos, lo cual es una falacia más; toda vez que, de cara a la emergencia financiera mundial del último año, la generación de fuentes laborales se ha visto sensiblemente contraída. Los recortes, la reducción de jornadas laborales, la baja en los sueldos de personal, siguen estando a la orden del día.

En los motivos que sustentaban la Ley del IETU se hablaba también de un principio de equidad tributaria, lo cual tampoco se cumple. Consecuentemente, urge a México que sean instrumentadas medidas que realmente promuevan la inversión y la productividad, y no obligaciones tributarias que representen un freno para el crecimiento de la economía.

Las leyes salidas de las manos falibles de los hombres no son perfectas ni tienen aplicación perenne. Por ello, hoy estoy pidiendo la comprensión de todos los grupos parlamentarios para que en el seno de la comisión enriquezcamos esta iniciativa, que fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

La iniciativa simplemente pretende: Artículo único. Abrogar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de octubre de 2009. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados , somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el más firme propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En opinión de estudiosos del tema financiero, la economía del mundo ha caído en una de las peores crisis de las últimas décadas, con graves consecuencias para la conservación y generación de fuentes de empleo.

La recesión financiera registrada en los últimos meses se ha significado por la pérdida de fuentes de trabajo, con la consecuente baja en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que a su vez es una de las causas directas del cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme).

Incluso, el Banco de México pronostica para el presente año habrá una pérdida de entre 635 mil y 735 mil empleos formales, con una caída anual de 6.5 a 7.5 por ciento del producto interno bruto.

Todavía más, el propio Banco Central estima que al menos dos de cada diez empresas recortarán personal, debido, entre otras causas, a los incrementos de las materias primas y a la elevación de los costos de producción.

Frente a este panorama, el sector productivo del país, sobre todo el que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, ha demandado con urgencia a la autoridad gubernamental la instrumentación de medidas que alienten el crecimiento de éstas y, de esta manera, garantizar la conservación de las fuentes de trabajo.

Una de estas demandas es precisamente la eliminación de cargas tributarias que, en opinión del sector, desalientan la productividad, como lo es la aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (Ley del IETU), por cuyo efecto, los contribuyentes no sólo se han visto obligados a pagar más, sino que han tenido que incrementar sus costos de operación a partir de un aumento en sus controles administrativos y de capacitación para no caer en errores por la determinación del pago del gravamen del instrumento legal en referencia.

Sobre todo ahora que las circunstancias económicas del mundo y de México, en particular, son diametralmente contrarias a la realidad que se vivía en septiembre de 2007, cuando se aprobó el dictamen por el que fue aprobada la Ley del IETU y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008.

La correspondiente exposición que dio origen a la Ley del IETU precisa, entre otros argumentos, que la aplicación de este instrumento tributario es competitivo, con efectividad, equidad y proporcionalidad. Estos principios, en opinión de los especialistas, no se cumplen, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas no tiene activos fijos que, en un momento determinado, puedan deducir, depreciar o aplicar para deducción inmediata, como sí lo pueden hacer las grandes empresas.

Los argumentos por los que fue creada la Ley del IETU hablan también de que este instrumento será promotor de la inversión y creación de empleos, lo cual es una falacia más, toda vez que, de cara a la emergencia financiera mundial del último año, la generación de fuentes laborales se ha visto sensiblemente contraída. Los recortes, reducción de horarios de trabajo y baja en los sueldos del personal siguen estando a la orden del día.

Otro de los fundamentos de la Ley del IETU refiere como inexacto que se hable de una doble tributación. La aseveración es incorrecta: basta un ejemplo de cálculo para una empresa con 40 trabajadores.

Esta empresa, para el caso del impuesto sobre la renta (ISR), por un ingreso de 455 mil 378.92 pesos con una deducción de 392 mil 518.73 pesos, tendría una base gravable de 62 mil 860.19 pesos que, al aplicarle la tarifa de enero de 2009, daría como resultado 14 mil 240 pesos por pagar, menos el acreditamiento de subsidio al empleo efectivamente pagado a sus trabajadores por 11 mil 365 pesos, el resultado del gravamen a pagar sería entonces de 2 mil 875 pesos.

Ahora bien, al realizar el cálculo con base en el impuesto empresarial a tasa única, con el mismo monto de ingresos, la deducción disminuye a 242 mil 532 pesos, debido a que los gastos por sueldos y salarios, por aportaciones al seguro social y los intereses pagados por conceptos de prestamos del sistema bancario no entran para efectos de deducibilidad de este gravamen a partir del monto referido. Por ello, la base gravable se eleva a 212 mil 847 pesos que, al aplicarle el factor del IETU de 17 por ciento, da un impuesto a cargo de 36 mil 184 pesos. Cabe aclarar que aún aplicando sobre esta última base los beneficios por créditos fiscales de sueldos y salarios y aportaciones patronales por 23 mil 571 pesos, el saldo final de impuesto a pagar es de 12 mil 613 pesos.

Entonces, por ISR se estaría pagando un monto de 2 mil 875 pesos, digamos aceptable frente a la crisis económica del presente, más el excedente de los 9 mil 738 pesos que adicionalmente se pagan precisamente por la aplicación del IETU, lo que da una suma final de 12 mil 613 como pago por una doble tributación.

En los motivos que sustentan la Ley del IETU se habla también de un principio de equidad tributaria, lo cual tampoco se cumple, ya que por su tamaño las grandes empresas tienen una amplia gama de oportunidades para deducir sus gastos fiscales frente a las pequeñas empresas que no cuentan principalmente con plantillas laborales numerosas y deducción de inversiones, entre otros.

A consecuencia de los factores en comento, es que el sector de las Pyme, fundamental para el crecimiento del país, reitera su demanda de que sean instrumentadas medidas que vengan a promover la inversión y la productividad y no obligaciones tributarias que representan precisamente un freno para el crecimiento de la economía.

Es evidente lo inoportuno que resultan la aplicación de gravámenes --entre estos el del IETU-- dentro de una nueva realidad económica mundial caracterizada por una contracción en los ritmos de crecimiento financiero, cuyo saldo más visible es la pérdida de fuentes de empleo en niveles preocupantes para la estabilidad social.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Único. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AUSTERIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS TRES PODERES DE LA UNION Y DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMIA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja : Con su venia, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta inconcebible y es verdaderamente vergonzoso que un país que cuenta con casi 20 millones de personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria, tenga un gobierno tan dispendioso como el nuestro.

Los tres últimos gobiernos de nuestro país han ido incrementando su gasto corriente de manera exponencial. Por ejemplo, durante los dos primeros años de gobierno de Ernesto Zedillo, el gasto corriente tuvo incremento por un monto de 538 mil 697 millones de pesos. Posteriormente, en el gobierno de Vicente Fox, el gasto corriente se incrementó a un billón 668 mil 183 millones; y en los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón el gasto remontó a 3 billones 197 mil 513 millones de pesos. Es decir, duplicó la cifra de su antecesor, que ya era de por sí muy onerosa.

Pero lo más escandaloso es que esta cantidad representa el 74 por ciento del gasto programable total. Es decir que el gobierno se gasta prácticamente todos los recursos en gasto corriente y solamente destina el 26 por ciento del gasto a inversión. Estas cifras nos demuestran que ha habido una distribución absolutamente injusta de los recursos, y los legisladores somos parcialmente responsables de esta situación porque somos nosotros los que aprobamos el Presupuesto de Egresos.

Es por eso que hoy vengo a proponer a nombre de mi grupo parlamentario una ley de austeridad que detenga tal dispendio. No es justo que un país que cuenta con 70 millones de personas que no perciben un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades más elementales, tengan un gobierno con un gasto corriente tan elevado.

Adicionalmente, nuestro país cuenta con 50.6 millones de personas que son consideradas pobres en su patrimonio, es decir, que no cuentan con un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades mínimas de salud, educación, vivienda, vestido y transporte público.

De continuar por este camino el país se dirige al precipicio. Es necesario actuar para evitar un colapso. No podemos permanecer inermes bajo el argumento de que somos víctimas de la crisis mundial. Es necesario asumir que la crisis es nuestra y, por tanto, es nuestra responsabilidad poner el mayor esfuerzo para enfrentarla.

Sin el ánimo de ser apocalípticos, pero sí realistas, debemos ser conscientes de que esta crisis podría llegar a convertirse en la peor crisis que hayamos vivido y que las consecuencias pueden derivar cosas terribles.

Los exhorto a que tengamos una poco de sensibilidad. Ya no es posible continuar denigrando de esta manera a los ciudadanos pidiéndoles que, además de su raquítica situación, tengan que aportar mayor cantidad de recursos a través del pago de impuestos.

Los integrantes del sector público de alto nivel debemos dar el ejemplo, debemos comenzar por recortar nuestros ingresos que son suficientes. Un país con altos índices de pobreza, como México, no puede dilapidar sus pocos recursos económicos en una clase política llena de prebendas y privilegios; por tanto, debemos poner un alto a esta mala práctica.

En estos momentos de crisis, los legisladores, como representantes populares, debemos ser los primeros en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad entre todos los sectores de la población.

Si todos los ciudadanos pagan la gasolina de su automóvil para ir a trabajar, hagamos lo propio, paguemos nuestra gasolina. Y si los servicios del ISSSTE no nos satisfacen, debemos trabajar en lo necesario para que mejoren los mismos para toda la población. Hagámonos cargo de nuestra cuenta de teléfonos celular, como lo hacen los demás ciudadanos, etcétera.

Con una distribución tan injusta de los recursos no nos podemos sentir sorprendidos cuando vemos que los índices de delincuencia se incrementan o cuando vemos que los delincuentes son ahora más jóvenes y más rudos. Por eso, necesitamos reordenar los recursos del presupuesto federal dando prioridad a los asuntos más sensibles de nuestro país como la prevención de la delincuencia.

Debemos poner especial atención en las causas que generan la descomposición social e invertir en las áreas rurales o urbanas de alto riesgo; es decir, aquellos espacios con altos índices delictivos, de desempleo y de pobreza.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto a que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 16 de julio del presente año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer, mediante la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008, que entre 2006 y 2008 el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento y el porcentaje de personas en condición de pobreza de patrimonio en el país se incrementó de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento.

De acuerdo con la información de la ENIGH 2008, los pobres alimentarios sumaban 19.5 millones y los precisa como quienes tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si destinaran exclusivamente sus recursos para ese fin. De los pobres alimentarios en 2008, 7.2 millones habitaban en zonas urbanas (localidades de 15 mil o más habitantes), mientras que 12.2 millones residían en el área rural.

Asimismo, los datos arrojan que 50.6 millones de mexicanos eran pobres de patrimonio, es decir que no contaban con un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte público.

De igual forma, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que con la finalidad de asegurar la consistencia de los resultados en apego a los criterios de rigor técnico y de transparencia establecidos en la Ley General de Desarrollo Social, y como parte de un convenio de colaboración entre el Coneval y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ambas instituciones, el Coneval y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollaron, de manera independiente, las estimaciones de pobreza por ingresos 2008 y se obtuvieron los mismos resultados.

Por otra parte en días pasados, un diario de circulación nacional ¹ dio a conocer el aumento en el gasto corriente de los dos primeros años de gobierno de los tres últimos sexenios, tomando como base los Informes de Gobierno presidenciales. Así pudimos observar que durante los dos primeros años de gobierno (1995-1996) de Ernesto Zedillo el gasto corriente tuvo un monto de 538 mil 697 millones de pesos; en los dos primeros años de gobierno (2001-2002) de Vicente Fox el gasto corriente se incrementó a 1, 668,183 millones y en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón (2007-2008) este gasto tuvo un monto de 3, 197,513 millones de pesos, lo cual representa el 74 por ciento del gasto programable total, dedicando únicamente el 26 por ciento de este gran total a gasto de inversión (datos a 2009).

Estas cifras son bastante elocuentes, lo invertido en gasto corriente en los dos últimos años es un gasto obsceno del cual los legisladores somos parcialmente responsables. No es justo que un país que cuenta con 70 millones de personas que no cuentan con un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades más elementales, exista un gobierno con un gasto corriente tan oneroso.

De continuar por este camino el país se dirige directo al precipicio. Es necesario actuar para evitar un colapso, no podemos permanecer inermes bajo el argumento de que somos víctimas de la crisis mundial. Es necesario asumir que la crisis es nuestra y por tanto es nuestra responsabilidad poner el mayor esfuerzo para enfrentarla. Sin el ánimo de ser apocalípticos pero sí realistas, debemos estar conscientes de que esta crisis podría llegar a convertirse en la peor crisis que hayamos vivido.

Los exhorto a que tengamos un poco de sensibilidad, ya no es posible continuar drenando de esta manera a los ciudadanos, pidiéndoles que aporten una mayor cantidad de sus recursos a través del pago de impuestos. Los integrantes del sector público de alto nivel debemos dar el ejemplo, debemos comenzar por recortar nuestros ingresos, que son ya lo suficientemente generosos.

Un país con altos índices de pobreza como México, no puede dilapidar sus pocos recursos económicos en una clase política llena de prebendas y privilegios, por lo tanto, debemos poner un alto a esta mala práctica.

En estos momentos de crisis, los legisladores, como representantes populares, debemos ser los primeros en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad entre todos los sectores de la población, ya no podemos continuar teniendo funcionarios privilegiados y ciudadanos empobrecidos.

Si todos los ciudadanos pagan la gasolina de su automóvil para ir a trabajar, hagamos lo mismo nosotros, paguemos nuestra gasolina. Si tenemos necesidad de recurrir al sector salud, acudamos a las clínicas del ISSSTE y si su servicio no nos satisface, hagamos uso de nuestra facultad de fiscalización para mejorar su servicio en beneficio de todos los usuarios, pero si aún así, deseamos un seguro de gastos médicos, paguémoslo con nuestro espléndido salario.

Hagámonos cargo de la cuenta de nuestro teléfono celular como lo hacen los demás ciudadanos, compremos con nuestro salario nuestros automóviles, en fin, dejemos de ser dispendiosos y responsabilicémonos de nuestras necesidades y quitémoselas al fisco, aprobemos esta Ley de Austeridad y hagamos realidad que los recursos que actualmente se utilizan para pagar costosos seguros médicos, automóviles de lujo o suntuosos viajes, sean utilizados para programas sociales que impacten directamente a la educación y al entorno de nuestros jóvenes y niños, a nuestro sistema de salud, al mejoramiento de vivienda y a la inversión en el turismo, área estratégica de nuestro país.

A juzgar por los encabezados de los periódicos, los delincuentes son ahora más rudos y más jóvenes y la respuesta de las autoridades hasta ahora ha sido aumentar el catálogo de delitos e imponer penas de prisión más severas pero estas acciones no toman en cuenta la causa del problema y por lo tanto no sirven para atacar el incremento de los índices delictivos.

Necesitamos reordenar los recursos del presupuesto federal dando prioridad a los asuntos más sensibles de nuestro país como la prevención de la delincuencia. Debemos poner especial atención en las causas que generan la descomposición social e invertir en las áreas rurales o urbanas de alto riesgo, es decir, en aquellos espacios con altos índices delictivos, de desempleo y de pobreza.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los Tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. Las normas contenidas en la presente Ley son de orden público y de observancia general.

Artículo 2 . Esta ley establece los criterios de economía y austeridad que deberán regir para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las dependencias de los tres Poderes de la Unión, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y la Auditoría Superior de la Federación interpretará y vigilará su debida observancia.

Artículo 3 . En materia de servicios personales:

Cualquier remuneración extraordinaria que perciba algún ex servidor público deberá ser cancelada debido a la emergencia económica.

Artículo 4. En materia de gastos administrativos y de apoyo al desempeño de las funciones:

Artículo 5. Los recursos que se obtengan derivados de estos recortes presupuestales deberán ser canalizados a programas de oportunidades educativas, capacitación laboral, creación de empleos y rehabilitación física y/o conductual dirigidos a jóvenes en áreas rurales o urbanas de alto riesgo, es decir, con altos índices delictivos, de desempleo y de pobreza.

Artículo 6. Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas en esta ley incurrirán en responsabilidad administrativa independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de la violación a la presente ley.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión al aprobar su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 y los subsecuentes, realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Nota: 1 El Universal, 4 de septiembre de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González : Con la venia de la Presidencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde 1993, año en que entró en vigor la reforma constitucional que dotó de autonomía al Banco de México, se canceló el crecimiento económico de nuestra nación.

Esto ocurrió así porque toda la política monetaria se puso al servicio de la oligarquía empresarial y financiera. El trasfondo de esta autonomía era desarrollar una política monetaria que fortaleciera el tipo de cambio del peso frente al dólar para que los grandes empresarios fortalecieran su presencia en otras partes del mundo, comprando empresas con dólares baratos.

Como esto no puede continuar así, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que ha llegado la hora de romper con el carácter neoliberal y autónomo del Banco de México. Para ello, estamos proponiendo la presente iniciativa de ley que reforma el párrafo seis del artículo 28 constitucional para que el Banco de México vuelva a depender del gobierno federal, y cumpla la función de financiarlo.

Queremos que vuelva a ser un activo promotor del crédito y del desarrollo nacional. Ése fue el propósito fundamental que le asignó el Constituyente de 1917 al aprobar en la Constitución un banco único de emisión, lo cual se concretó en 1925, con la creación del Banco de México.

Sin el papel activo de esta institución como promotora del desarrollo económico, México jamás hubiera logrado el exitoso desempeño que tuvimos desde los años 40 hasta los 80 del siglo pasado. Por ejemplo, entre 1941 y 1950 el Producto Interno Bruto creció al 6 por ciento; entre 1951 y 1960 el crecimiento fue de 6.2 por ciento; entre 1961 y 1970 la economía mexicana creció 7 por ciento; y entre 1971 y 1980 lo hizo 6.7 por ciento.

Los datos son contundentes; tuvimos un crecimiento económico extraordinario; sin embargo, con la crisis económica actual y la llegada al poder del núcleo impulsor de neoliberalismo, la política de promoción del desarrollo económico por parte del gobierno federal y del Banco de México fue desmantelada totalmente. Desde ese entonces, se estancó y los ritmos de crecimiento han sido raquíticos.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid la economía de México creció 0.06 por ciento anual durante la década de los noventa y el crecimiento promedio del producto interno bruto fue de 3.5 por ciento. En lo que va del presente, el crecimiento ha sido de tan sólo 1.4 por ciento.

México es hoy el único país en América Latina que ya no crece. Dotar de autonomía al Banco de México, en 1993, fue una decisión económica y política pensada para el largo plazo. Esta determinación se basó en el predominio de los grandes monopolios y oligopolios en el entorno mexicano. Por esta razón, promover a estos grupos económicos y financieros se convirtió en una prioridad de la nueva élite gobernante.

La decisión política se sustentó en el hecho de que al comandar la acumulación capitalista de nuestro país, la oligarquía empresarial planteó una estrategia de desarrollo en la que el sistema financiero debería estar volcado al servicio de sus intereses, es decir, el financiamiento a la acumulación tenía que estar enfocada a sus privilegios.

Ésa fue la razón por la que propusieron dar autonomía al Banco de México, porque ello implicaba garantizar que los créditos serían para ellos y ya no para el gobierno federal, como era el esquema del llamado estado de bienestar.

Las repercusiones globales de esta política económica están a la vista de todos. El escaso crecimiento económico, mayor pobreza y crecimiento del desempleo, y en contrapartida esta política ha generado un pequeño grupo de ricos más ricos y la exclusión de millones de mexicanos. Al mismo tiempo ha promovido un sistema financiero rapaz a su servicio, porque los bancos sólo prestan recursos a estos grandes monopolios y oligopolios.

Asimismo, la autonomía del Banco de México fue otro factor de la profundización de la crisis económica actual, porque al impulsar la acumulación financiera y la especulación de estos grandes grupos con los instrumentos derivados, terminaron por ahogar a algunos de ellos y a la economía mexicana. Ése fue el caso de Cemex, Comercial Mexicana y otras grandes empresas.

¿A quién beneficia la autonomía del banco central? La evidencia muestra que es a la oligarquía empresarial y financiera, así como a los funcionarios neoliberales de la alta burocracia.

Señor presidente, por las razones antes expuestas ---y termino---, el Partido del Trabajo tiene claro que para que nuestra economía vuelva a crecer necesita desterrar del poder político al grupo neoliberal y convertir al Banco de México en un baluarte de nuestro desarrollo, como se hizo en el pasado.

Le solicito, señor presidente, que la presente iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Hago entrega a la Secretaría de esta Mesa.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Banco de México retorne su función de financiar al gobierno federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme lo ilustra la historia financiera de las naciones, la creación de la banca central en el mundo no fue una instauración mecánica o un hecho dado, sino que fue producto del desarrollo del sistema financiero de los países. Por lo tanto, después de un largo proceso de operación local, regional y nacional de la banca privada, se creó la exigencia de dotar a este sistema de un banco central, que cumpliera el papel de homogeneizar y centralizar las operaciones de los bancos a nivel estatal y nacional.

También se crea, porque hace la función de prestamista de última instancia y garante del sistema financiero de una nación.

Una vez que el banco central toma este control, adquiere el derecho exclusivo de efectuar operaciones que en su inicio no estaban caracterizadas como hoy se tienen. De esta manera los incipientes banqueros privados que otorgaban créditos a personas conocidas ya fueran de carácter hipotecario, habilitación o avío, refaccionario, depósito y de emisión, pasan a ser regulados por un banco central que toma la función exclusiva de banco emisor y a efectuar operaciones bancarias del Estado.

Este proceso fue un fenómeno universal y México no fue ajeno a él, porque desde los años sesenta del siglo XIX se empezaron a crear los primeros bancos privados, con las características señaladas, que tuvieron presencia local. Hacia los años ochenta de ese siglo, se consolidó una banca regional y en 1897 se creó la primera Ley de Instituciones de Crédito en nuestro país.

Fue hasta 1917, que por mandato del Constituyente se aprueba constituir un banco único de emisión, que tendría su concreción en 1925, cuando se creó el Banco de México, cuya capital social era mixto, es decir, con participación mayoritaria del gobierno y una participación minoritaria de la iniciativa privada.

El papel del Banco de México se volvió crucial cuando la industrialización del país se aceleró en los años cuarenta del siglo pasado, porque se comenzó a proletarizar de forma masiva a la población campesina, así como a impulsar activamente la política de sustitución de importaciones, al tiempo que se promovió la expansión de la producción del campo.

El dinamismo de la industria y el desarrollo agropecuario durante los años cuarenta del siglo pasado obligaron al Banco de México a ampliar sus funciones crediticias y a elevar el porcentaje del encaje legal.

Además, la entrada masiva de capitales del exterior en el curso del período de la Segunda Guerra Mundial, alteraron las reservas internacionales del Banco de México y amenazando con impulsar un peligroso brote inflacionario que rompería con el cálculo económico y la relación cambiaria entre el peso y el dólar. El encaje legal, fue el instrumento de política monetaria que absorbió esos peligros, porque el coeficiente de encaje se elevó hasta el 50 por ciento de los depósitos para los bancos del Distrito Federal, y hasta el 45 por ciento para los bancos asentados en las entidades federativas.

Este encaje legal tenía varios propósitos, entre ellos, estaba el obligar a los bancos privados a establecer un depósito proporcional al monto de sus pasivos por depósitos de inmediato reembolso, así como financiar al gobierno federal para que promoviera el desarrollo económico, con los recursos provenientes del encaje legal.

A los factores que dinamizaban la industrialización del país desde los años cuarenta a los años ochenta, se adicionó el papel promotor del Banco de México. Esto hizo posible que nuestra economía tuviera las siguientes tasas de crecimiento anual. Entre 1941 y 1950 el PIB creció a 6 por ciento; entre 1951 y 1960 el crecimiento fue de 6.2 por ciento; entre 1961 y 1970 la economía mexicana creció al 7 por ciento y entre 1971 a 1980 lo hizo al 6.7 por ciento. Los datos son contundentes, tuvimos un crecimiento extraordinario en la historia económica de México.

Sin embargo, con la crisis económica de los años ochenta y la llegada al poder del núcleo impulsor del neoliberalismo, la política de promoción del desarrollo económico por parte del gobierno federal y del Banco de México fue desmantelada totalmente. Desde ese entonces, México se estancó y los ritmos de crecimiento fueron raquíticos.

Para sustentar nuestro dicho, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la economía de México creció 0.6 por ciento anual. Durante la década de los noventa, el crecimiento promedio del PIB fue de 3.5 por ciento y en lo va que del presente, el crecimiento ha sido de 1.4 por ciento. Es tal nuestro estancamiento, que somos el único país de América Latina que ya no crece.

Dotar de autonomía al Banco de México en 1993 fue una decisión económica y política pensada para el largo plazo. Esa determinación se basó en el predominio de los grandes monopolios y oligopolios en el entorno mexicano. Por esa razón, promover a estos grupos económicos y financieros se convirtió en la prioridad de la nueva elite gobernante; Para ello, se privatizaron las empresas públicas para ampliarles las esferas de negocios lucrativos.

La decisión política se sustentó en el hecho de que al comandar la acumulación capitalista en nuestro país, la oligarquía empresarial planteó una estrategia de desarrollo en la que el sistema financiero debía estar volcado al servicio de sus intereses. Es decir, el financiamiento a la acumulación tenía que estar enfocado a sus privilegios.

Esa fue la razón por la que propusieron dar autonomía al Banco de México, porque implicaba garantizar que los créditos serían para ellos y ya no para el Gobierno Federal, como lo era en el esquema del Estado de bienestar, cuando gobernó la burguesía nacionalista y estatista representada por el PRI.

Esta autonomía no era un propósito en sí mismo, sino que traía como fondo el fortalecimiento del poder de compra externo del peso frente al dólar, para que se abaratara la divisa verde yesos grupos pudieran continuar con su expansión en el mercado mundial, comprando empresas de otros países, utilizando el dispositivo cambiario como un mecanismo que subsidie esa penetración internacional.

Para lograr ese fortalecimiento del tipo de cambio, se valieron también del control de todas las variables monetarias y financieras, porque de lo que se trataba era conseguir ese propósito.

Las repercusiones globales de esa política económica están a la vista de todos. Escaso crecimiento económico, mayor pobreza extrema y creciente desempleo. En contrapartida, esa política ha generado un pequeño grupo de ricos más ricos y la exclusión de millones de mexicanos.

Al mismo tiempo, ha promovido un sistema financiero rapaz a su servicio, porque los bancos sólo prestan recursos a estos grandes monopolios y oligopolios.

Incluso, los mismos empresarios se quejan de que no hay equidad en la forma en que se otorgan los créditos y los dejan en estado de indefensión frente al resto de la competencia.

Asimismo, la autonomía del Banco de México fue otro factor de la profundización de la crisis económica actual, porque al impulsar la acumulación financiera y la especulación de esos grandes grupos con los instrumentos derivados, terminaron por ahogar a algunos de ellos y a la economía mexicana, ese fue el caso de Cemex, Comercial Mexicana y otras grandes empresas.

Esto es, utilizaron las reservas internacionales para promover la especulación cambiaria que realizaron estos grandes empresarios. A la fecha, se han utilizado para esos fines más de 30 mil millones de dólares, acerca de los que no se tiene información de quienes fueron los especuladores.

¿A quién beneficia la autonomía del banco central?

La evidencia empírica muestra que es a la oligarquía empresarial y financiera, así como a los funcionarios neoliberales de la alta burocracia.

La tendencia, mundial a la autonomía es un proceso capitalista vinculado al desarrollo de los grandes monopolios y oligopolios en los países capitalistas, que se corresponde a la coyuntura en la que esta oligarquía empresarial, tiene capacidad para gestionar directamente los destinos del Estado en todos los órdenes.

Su reversión sólo es posible con el arribo de una nueva fuerza social y política que oriente el desarrollo nacional sobre nuevas bases. Es decir, la autonomía de la banca central no es un destino manifiesto de las economías capitalistas, porque Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países del mundo, así lo ilustran actualmente, después de haber vivido bajo el yugo neoliberal.

Está claro que la autonomía del dinero y del crédito no tienen que ser reguladas necesariamente por un banco central autónomo, porque esa lógica no se corresponde con los factores de autonomía de la moneda y su función crediticia, sino con una situación política específica de hegemonía de poder, es decir, quien determina la autonomía del banco central es la fracción de la burguesía nacional que hegemoniza el poder político en un momento específico, por así convenir a sus intereses, como es el caso actual.

Hacer política monetaria no requiere que haya autonomía de la banca central, porque se trata simplemente de administrar la orientación del crédito neto del banco central. Por lo tanto, lo que define la autonomía no es esa administración del crédito, sino la prohibición expresa de que el banco central financie al gobierno. Es un asunto de política-política y no sólo de política económica. Por lo tanto, no se necesitan funcionarios neoliberales, para administrar ese crédito interno neto.

También es una mentira que la estabilidad de precios se logra con la autonomía del banco central, porque el crecimiento de la productividad laboral o la baja de la misma, sí tiene que ver con el comportamiento de los precios y ninguna con la autonomía del banco central.

Por esas razones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que para que nuestra economía vuelva a crecer, necesita desterrar del poder político al grupo neoliberal y convertir al Banco de México en un baluarte de nuestro desarrollo, como se hizo en el pasado. Incluso, países como Corea del Sur, China, India y otras naciones, que tienen un Estado con carácter promotor del desarrollo, tienen mejor desempeño económico que nuestro país.

En esas circunstancias, proponemos romper con la autonomía del Banco de México. Esta propuesta también es respaldada por un considerable número de empresarios mexicanos que se han manifestado, porque ``regrese por disposición del gobierno federal, el llamado esquema del encaje legal, que de forma obligatoria los bancos comerciales destinen determinadas cantidades de recursos que captan del público a las actividades productivas para el financiamiento''.

Esta queja, se puede ilustrar, mostrando los datos correspondientes al comportamiento del crédito que otorgan los bancos de primer piso a los productores, donde la mayoría de las empresas obtiene financiamiento por la vía de sus proveedores en 61 por ciento, mientras que por financiamiento de la banca comercial reciben el 16.5 por ciento.

Este encaje legal debe ser determinado por el Banco de México en función de los requerimientos financieros de la economía nacional y del papel del Estado como promotor del desarrollo y rector de la economía.

Romper con la autonomía del Banco de México significa el primer paso para acabar con la institucionalidad del modelo neoliberal.

México necesita un banco central que promueva todas las actividades productivas con créditos baratos, que estén a disposición de todos los productores, particularmente, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los productores ejidales, comunales y pequeños propietarios del campo.

Esta promoción debe abarcar también, la construcción de vivienda popular directamente realizada por el gobierno federal como se hizo en el pasado.

Está demostrado que para que un país crezca en términos cuantitativos y cualitativos, es indispensable que el banco central impulse una política crediticia blanda, que incluya tasas de interés bajas y plazos largos, que beneficie a todas las actividades económicas.

Compañeras y compañeros, legisladores: por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo seis del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Banco de México retome su función de financiar al gobierno federal, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

... ... ...

...

El Estado tendrá un banco central que dependerá del gobierno federal en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello, la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Para cumplir con esta función, el Banco de México deberá financiar al gobierno federal para que éste fomente el desarrollo económico del país.

... ... ... ... ...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto, realizará las adecuaciones correspondientes a la ley Orgánica del Banco de México para que la reforma que aquí se contiene, se aplique.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Publíquese tal como lo solicita el señor diputado, ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarroy Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez : Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, por obvio de tiempo, y ya que esta iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, quisiera compartir con este pleno las siguientes reflexiones a efecto de normar nuestras consideraciones futuras sobre el tema.

La lucha por la consolidación del derecho social de los trabajadores para adquirir una vivienda digna y decorosa encuentra cauce en los postulados básicos que recogió el Constituyente de 1917, y que posteriormente rindieron frutos al promulgarse la primera Constitución social del siglo XX, ordenamiento rector de los derechos y garantías de los mexicanos.

Hay que recordar que el Constituyente, a través del artículo 123 de la propia Carta Magna, en su fracción XII obligó a toda empresa a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, mediante un mecanismo que se consignó en el mismo artículo.

Para 1972 se reforma el 123 constitucional para crear, por un lado, el Fondo Nacional de la Vivienda, con las aportaciones del patrón, a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y hacer posible que adquieran su patrimonio familiar; y por otro lado, se crea el organismo que administra dicho fondo.

La pérdida de empleo ha situado a muchos mexicanos en una gran disyuntiva: comer o pagar las cuotas del Infonavit.

Se ha colocado en una espiral de consecuencias al trabajador. Primero, ha perdido todo poder adquisitivo al desaparecer su fuente de ingresos; después pierde toda prestación que alivie sus necesidades tales como salud, escuela y vestido; y tercero, pierde su patrimonio y el de su familia.

A esta agobiante situación, de manera inhumana, el encargado de administrar los fondos generados con su trabajo, el Infonavit, suma otra calamidad en contra de la clase trabajadora: la venta a particulares de la cartera vencida, acción que está en contra del espíritu de la ley ya que el instituto debe ser protector del patrimonio que se generó con el esfuerzo de los trabajadores. El instituto es de ellos, de los trabajadores, y no de quienes ocupan sus cargos de dirección.

No obstante que la Constitución y las leyes protegen a los trabajadores ante el capital, el Estado mexicano parece renunciar a su misión de protegerlo.

Los trabajadores se enteran de manera indirecta, por medios electrónicos u otros, que han adquirido una enorme deuda con una empresa que es profesional en el cobro de adeudos y que no es la institución pública creada por el Estado mexicano para beneficio de ellos.

No debe una institución pública ---creada por una ley de interés social, alimentada con recursos de los trabajadores--- ser instrumento de empresas privadas. Estas empresas, a la sombra protectora del instituto, han iniciado juicios que conducen al desalojo de los trabajadores que ahora suman a su terrible situación de pérdida del empleo, la pérdida de su patrimonio y esto no puede nunca ser admitido por esta soberanía.

Hace pocos días subió a esta tribuna la señora diputada Laura Itzel Castillo, a quien le reconozco su enorme conocimiento sobre el tema; lo hizo para proponer una reforma en esta misma materia.

Como ella y como el diputado Isaías González Cuevas, muchos legisladores de varios partidos y lugares del país nos hemos sumado a la defensa del trabajador ante la política inhumana del instituto.

Con respeto les pido que pronto nos aboquemos a la atención del reclamo que hoy hacen miles de mexicanos en materia de vivienda. Reclamos que hoy se están convirtiendo en iniciativas de ley y que su constante presentación en tan poco tiempo ante esta soberanía son prueba de que las cosas en el Infonavit marchan mal.

Es mucha la angustia de los trabajadores. Algunos de ellos han sido amenazados no sólo con perder su casa; también los acreedores plantean ir contra otros de sus pocos bienes para cobrar un adeudo imaginario.

Diputados de esta soberanía, la iniciativa que hoy les presento modifica tres artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: el 3, fracción I; el 16, fracción IX y adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente al artículo 41. Tiene por objeto que en ningún caso el instituto pueda ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares el cobro de los adeudos que el trabajador tiene con el Infonavit. Esta reforma los protegerá de quienes se quieren enriquecer a costa de su modesto patrimonio.

Miles de mexicanos esperan que nosotros demos respuesta a su inquietud, terminando con esta situación injusta. Por ello los convoco para aprobar, en su momento, esta reforma en apoyo y solidaridad con quienes menos tienen, pero más contribuyen al país: los trabajadores.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito que se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates la iniciativa publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez , Humberto Lepe Lepe , Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Rubén Moreira Valdez, y los diputados federales por el estado de Coahuila abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La lucha por la consolidación del derecho social de los trabajadores a adquirir una vivienda digna y decorosa, encuentra cauce en los postulados básicos que recogió el Constituyente de Querétaro en 1917 y que posteriormente rindieron frutos al promulgarse la primera Constitución social del siglo XX, ordenamiento rector de los derechos y garantías de los mexicanos.

El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución federal, que de manera textual señala: ``Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo''. Estos instrumentos y apoyos pueden traducirse en la creación de instituciones sociales que permita a los trabajadores mexicanos la obtención de una vivienda que permita el desarrollo de su familia.

Para cumplir con la obligación conferida a los patrones, consistente en otorgar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, el Estado ha constituido diversos organismos públicos responsables de atender a sus empleados en el rubro de la vivienda. Por su parte, los particulares lo hacen a través de un organismo público con representación tripartita (trabajadores, patrones y gobierno): el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), creado en 1972.

El Infonavit se crea como una institución con carácter social, cuyo compromiso principal radica en proveer mejores condiciones de vida y bienestar a los trabajadores, al facilitarles la obtención de créditos oportunos y de bajo costo, que permitan satisfacer sus necesidades de vivienda y construir un patrimonio familiar digno.

El dar atención integral a las necesidades de vivienda de la población mexicana es una tarea compleja. De acuerdo con las proyecciones en materia de vivienda del Consejo Nacional de Población, ¹ las población de 20 años o más, es decir, aquellas personas en capacidad de encabezar un hogar, se incrementará en 44 por ciento de 2005 a 2030. Este incremento generará la necesidad de edificar 13.7 millones de viviendas adicionales al inventario inmobiliario existente en 2005, es decir 56 por ciento más vivienda. ²

En principio, el problema de obtención de una vivienda tiene como germen la falta de empleo, o contando con él, la insuficiencia de recursos para ser sujeto de un crédito de vivienda. La problemática se agrava cuando, habiendo accedido a un crédito para obtener casa habitación, se pierde la fuente de ingreso quedando el trabajador en imposibilidad de continuar con el pago correspondiente. En este caso, lejos de que el trabajador tenga mecanismos adecuados para resolver la situación, se enfrenta a la falta de información sobre la obligación que asumió y a intereses muy altos, que sumados a los ordinarios y el monto de los pagos omisos, hacen impagable la deuda. En peores circunstancias, el acreditado se ve sorprendido cuando se entera que ahora debe cumplir a una persona o entidad distinta a aquella con quien acordó la relación contractual, toda vez que el Infonavit, inobservando su naturaleza social, vendió más de 56 mil créditos a empresas extranjeras a menos del 14 por ciento de su valor real.

Las empresas que adquirieron la cartera vencida obligan a los trabajadores, a través de actos de molestia y perturbación, a someterse a nuevas condiciones de crédito, todas ellas desfavorables, o a enfrentar la pérdida de su casa junto con la inversión que ya se había realizado.

Considerando el carácter no lucrativo del Infonavit, resulta incomprensible que, so pretexto de las facultades conferidas al Consejo de Administración en materia de castigos y quebrantos, se cedan, a través de una venta desventajosa a negocios de índole privado, los créditos que se encuentran pendientes de pago. Esta situación, lejos de ser un mecanismo de apoyo y orientación para el trabajador, ha mermado el carácter social de esta institución, generando un lucro a favor de empresas cuyo único objetivo es obtener ganancias financieras a costa del patrimonio de miles de familias de bajos ingresos que han sido golpeadas por la crisis económica y el desempleo.

Los trabajadores titulares de estos créditos han sido privados de manera arbitraria no sólo de su patrimonio familiar, sino también de su relación jurídica con el Infonavit, dejándolos en estado de indefensión al reubicar como acreedores de dichos créditos a empresas que aplican políticas meramente financieras, que exigen a los acreditados montos, en su mayoría incosteables, que deben realizar en una sola exhibición bajo la amenaza de privarlos de sus viviendas. Quienes, por alguna circunstancia, se ven en imposibilidad de pagar las mensualidades de sus créditos, deben entregar su casa, misma que será adquirida por otro a precios sobrevaluados. Se trata entonces de un negocio redondo.

La gravedad de la situación económica actual es irrefutable: el empleo va en un histórico descenso. Los salarios de los trabajadores que logran mantenerse a flote van disminuyendo, en tanto que el saldo de los créditos otorgados por el Infonavit se actualiza conforme a los incrementos del salario mínimo.

Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los trabajadores reconocen el adeudo que tienen con el Instituto y que existen distintos mecanismos viables para lograr un acercamiento entre la institución y los deudores, a fin de lograr un acuerdo que les permita cubrir la deuda adquirida. Es tarea del Estado Mexicano el brindarles condiciones justas que les permitan seguir cubriendo las cuotas legales y preservar sus bienes.

La privatización de la cartera vencida conlleva al enriquecimiento de unas cuantas empresas y a la inevitable pérdida del patrimonio de millones de familias. Lo anterior provoca la deslegitimación de una entidad social, creada con el propósito de servir de apoyo y garantía a los trabajadores más necesitados, para convertirla en un ente empresarial con fines de lucro.

El Infonavit tiene una razón jurídica e histórica que le da sustento en beneficio social de los trabajadores y sus familias, por lo que no podemos permitir que sea el propio Instituto el que atente contra los mexicanos, privilegiando el enriquecimiento de empresas y fomentando la inequitativa distribución del ingreso. Es fundamental encontrar nuevos mecanismos de solución al problema de la morosidad que enfrenta el Infonavit, sin que ello signifique el atropello de los derechos y garantías de los trabajadores.

Es indispensable abatir las prácticas incorrectas que se han presentado desde el sexenio pasado en instituciones de corte social como es el caso del Infonavit. El interés por beneficiar a unos cuantos, haciendo negocio con la desventaja económica de otros, es una conducta ilógica y fuera de contexto para cualquier nación, más para una que enfrenta mayores problemas económicos debido al inadecuado manejo de la crisis por parte de las autoridades federales.

Por lo anteriormente descrito, presentamos ante esta Legislatura, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifican los artículos 3, fracción I; 16, fracción IX; y se adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41; todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El Instituto tiene por objeto:

Artículo 16. El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

Artículo 41. ...

...

...

En ningún caso podrá el Instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos a que se refiere el presente artículo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas: 1 Consejo Nacional de Población, Los desafíos demográficos de México en el nuevo milenio , http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/ sdm/sdm1998/02.pdf 2 Consejo Nacional de Población, Proyecciones de los hogares y las viviendas de México y de las entidades federativas , 2005-2050, http://www.conapo.gob.mx/00cifras/hogares/hogares.pdf

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Publíquese, tal como lo solicita, y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda.

LEY QUE CREA LA PENSION UNIVERSAL A FAVOR DE LAS PERSONAS DE 70 AÑOS Y MAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Pensión Universal a Favor de las Personas de Setenta Años y Más.

El diputado Emilio Serrano Jiménez : Con su venia, señor presidente.

Pena de muerte a quien no llegue a viejo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, así como ustedes nos dieron seguimiento, nos monitorearon en campaña, nosotros también lo hicimos y muchos de ustedes ofrecieron trabajar y velar por la calidad de vida de los adultos mayores, las personas mayores, quizá viendo cómo viven sus abuelos, sus papás o previendo el futuro de ustedes.

Esto nos hace reflexionar que en México hay miles, millones de personas mayores que no tienen trabajo, porque nadie les da trabajo a los 40, 50, 60 años; menos a los 70; y si no tienen trabajo, no tienen ingresos; si no hay ingresos no hay para comprar medicamentos, para atender su salud, que es muy deficiente, para comprar comida, para comprar vestido, y podemos garantizar que muchos, muchos, no tienen ni para comer.

Sabemos que el gobierno federal está dando un apoyo de 500 pesos bimestrales y hemos escuchado, a través de la televisión y la radio, a Felipe Calderón que dice que les va a ofrecer 900 pesos. No pedimos que sean 900 pesos; que sea medio salario mínimo. Sí se puede. En México hay mucho dinero, mucho, mucho dinero; desgraciadamente mal distribuido.

Uno de los segmentos que más padece la desigualdad son los adultos mayores. Que no sirva nada más para el voto, que no sirva nada más para hacer que lleguen los diputados a las curules. Hay que responderles ahora.

Podemos garantizar que muchas y muchos de ustedes prometieron en campaña y pronunciaron muy hermosos discursos. Que esos discursos se conviertan en una realidad aquí, con el voto de ustedes. Vamos a hacer realidad el que tengan para comer los adultos mayores que no tienen ningún ingreso. Sí se puede. Es cuestión de voluntad política, de sensibilidad.

Agradezco el apoyo de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza. No hubo oportunidad de solicitarle al Verde Ecologista y a los compañeros de Acción Nacional el apoyo a esta iniciativa con su firma, pero sabemos que todas y todos quieren cumplir con ese compromiso de campaña.

Es de humanidad y hay que demostrarles a los adultos mayores que no son votos, que son personas, que son seres humanos que tienen necesidad de comer, de vestir, de medicamentos, de salud, que tienen derecho a la vida. Vamos a apoyarlos.

Apelo a la sensibilidad de todas y de todos ustedes y vamos a hacer realidad el sueño de muchos mexicanos.

En el Distrito Federal se está dando ese apoyo de medio salario mínimo a los adultos mayores. Vamos a hacerlo a nivel nacional, que es donde más hace falta. En la sierra, en el campo, en el monte, en donde la gente muestra su hambre en el rostro, que bajan con los huaraches rotos, sus ropas rotas y que de veras no tienen ni para comer.

Vamos a lograr la pensión universal a nivel nacional. Sí se puede. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley que crea la Pensión Universal a favor de las Personas de Setenta Años y Más, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Emilio Serrano Jiménez , diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que concede los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Crea la Pensión Universal a Favor de las Personas de Setenta Años y Más, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No hay mejor manera de celebrar el Día Internacional de los Adultos Mayores, este 1 de octubre, que aplicando los medios necesarios para dar plena efectividad a sus derechos ya que, en la actualidad, prácticamente no pasan de declaraciones retóricas y buenos deseos.

En México, la pobreza y la desigualdad van aumentando hasta grados humana, política y económicamente insostenibles. Es necesario tomar urgentemente las medidas necesarias para que todo mexicano cuente con las oportunidades necesarias de vida y desarrollo, tal y como lo ordena la Constitución federal.

Esta situación de desigualdad se remarca en el sector de la población adulta mayor que en la actualidad abarca ya a más de 9 millones personas, en el marco de un proceso acelerado de envejecimiento de nuestra población.

En tal virtud, deben tomarse las medidas necesarias para dar atención a las personas de la tercera edad, apoyarlas de manera decidida ya que, mayoritariamente, están excluidas de una alimentación adecuada, empleo, salud, vivienda, seguridad social y esparcimiento. Además, son víctimas de abandono, despojo y violencia de todo tipo, incluida la de miembros de sus familias.

Basta señalar que sólo 21.6 por ciento de estas personas cuentan con una pensión que les ayuda a satisfacer sus necesidades y les apoya en su autonomía y dignidad.

Por otra parte, sólo 3.4 millones de adultos mayores realizan alguna actividad económica, es decir, sólo 34.7 por ciento participan en el mercado de trabajo y lo hacen en ocupaciones precarias.

Tutelar los derechos de los adultos mayores no sólo es humanismo y justicia social, también es apoyar la identidad, la cultura y la dignidad nacional, en suma dar fortaleza a nuestra nación.

La protección de los adultos mayores exige abordar un abanico complejo de soluciones; pero en el caso de esta iniciativa ante todo propongo elevar a la calidad de derecho, de ley, el programa 70 y Más, operado por la Sedesol. Lo que proponemos es que se consagre como una pensión universal, a favor de todas las personas de la tercera edad sin distingos, rompiendo con el artificial e injusto límite que sólo beneficia a las personas que residen en localidades de menos de 30 mil habitantes, lo que resulta una medida discriminatoria en los términos del artículo 1 de la Constitución federal.

Por lo que se refiere al monto actual de 500 pesos mensuales que se entrega a los adultos mayores dentro del programa 70 y Más, se propone incrementarlo a medio salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a 822 pesos sólo para 2009.

La aplicación inmediata y masiva de la pensión universal en el marco de una ley a favor de las personas de 70 años y más; además de lo dicho, se constituirá como una medida en contra de la actual emergencia económica, lo que será de gran importancia, al permitir que millones de mexicanos adultos mayores y sus familias accedan de inmediato a un apoyo económico que dinamizará el mercado interno, el empleo y, en general, el crecimiento de la economía nacional.

El otorgamiento de la pensión universal a partir de los 70 años de edad implicará una erogación de 38 mil millones de pesos, equivalente apenas a 1.27 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009. La coincidencia de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados permitirá de inmediato aprobar y aplicar la presente iniciativa de ley.

Los millones de personas de la tercera edad del país exigen soluciones inmediatas y profundas, especialmente en las actuales circunstancias de crisis económica que ha empeorado aún más sus condiciones de vida.

Como sabemos, la pensión universal a favor de las personas de la tercera edad nace como un programa social en el Distrito Federal; posteriormente en 2003 fue consagrada en una ley en esta misma entidad federativa.

La consagración en una ley de esta pensión permitirá darle claridad, estabilidad y viabilidad futura para que no dependa de caprichos sexenales.

Desde luego el otorgamiento a nivel nacional de esta pensión debe ir acompañado de la aplicación de otras medidas sociales a favor de las personas de la tercera edad.

Finalmente, esta pensión a cargo del gobierno federal complementará los esfuerzos de las autoridades locales, algunas de las cuales ya hacen entrega de una pensión a favor de este segmento de población.

Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea la Pensión Universal para las Personas de 70 Años y Más

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la república.

Artículo 2. Se crea la pensión universal a favor de todas las personas a partir de los 70 años de edad. Serán excluidos de la pensión universal, los adultos mayores que reciban un beneficio equivalente por parte de las autoridades locales.

Artículo 3. La pensión universal será equivalente a medio salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y será pagada de manera mensual.

Artículo 4. La pensión se otorgará en efectivo, mediante una tarjeta de débito u otro medio análogo, conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Artículo 5. La aplicación de la presente ley queda a cargo del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, en coordinación con las autoridades locales.

Artículo 6. La Secretaría de Desarrollo Social impulsará actividades educativas, incluidas las de carácter físico, recreativas, de capacitación, esparcimiento y otras, a favor de los beneficiarios de la pensión universal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 40 días naturales siguientes a su publicación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Deberán destinarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y los subsecuentes, los recursos necesarios para la debida aplicación del presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULOS 4O., 27, 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Graciapara presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el señor diputado, y además por el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, señor presidente. Con la venia de las diputadas y de los diputados.

Efectivamente, esta iniciativa está firmada tanto por el compañero Gerardo Fernández Noroña como por su servidor, y busca la reforma, la adición, la modificación a cuatro artículos constitucionales: al artículo 4o., al artículo 27, al artículo 73, fracción XVII, de la Constitución y al artículo 115, en su fracción III, inciso a).

El propósito de esta iniciativa es elevar a carácter constitucional el derecho humano de acceso al agua. Nuestra propuesta se apoya en precedentes tanto internacionales como de derecho comparado.

Desde hace varios años tanto Naciones Unidas, en particular, la UNESCO, han insistido en el acceso al agua como derecho humano fundamental. De hecho existe la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que regula y establece las condiciones de acceso al agua.

Algunas constituciones de América Latina, como la Constitución Boliviana y Ecuatoriana, muy recientes, han establecido que este derecho es un derecho humano y fundamental. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Nuestra propuesta se apoya en los siguientes aspectos:

En primer lugar, recuperar el agua para la nación; es decir, para toda la población. Tanto para las generaciones presentes, como las futuras.

En segundo lugar, derogar las atribuciones del Ejecutivo para aprobar reglamentos autónomos en la materia como hoy sucede.

En tercer lugar, la imposibilidad para que los particulares, sean nacionales o extranjeros, puedan adquirir el dominio o propiedad sobre el agua.

En cuarto lugar, el reconocimiento de que toda persona tiene el derecho fundamental a acceder y a utilizar el agua potable en cantidad y calidad suficientes, bajo condiciones de no discriminación y asequibilidad para su uso personal y doméstico.

En quinto lugar, la determinación de que la federación, las entidades federativas y los municipios, según lo disponga la Constitución y la ley secundaria en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la obligación de asegurar el goce de efectivo de este derecho fundamental.

También se señala que los servicios de acceso a los servicios de alcantarillado no podrán privatizarse ni serán susceptibles de concesión. Se establece que la gestión y supervisión del agua debe ser pública, pero también social, colectiva, participativa, equitativa y no comercial.

Consideramos que el cobro por los servicios del agua para consumo humano y doméstico debe ser de carácter social, y el no pago de derechos dará lugar a las acciones que determine la ley, pero nunca a la suspensión de los servicios cuando el agua se use para consumo humano o doméstico.

El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Asimismo se establece que toda actividad relacionada con el agua no debe afectar la calidad y la cantidad del agua ni el equilibrio de los ecosistemas, en especial de las fuentes y zonas de recarga de agua.

También consideramos que es importante mantener el principio de sustentabilidad de que los ecosistemas y el consumo humano sean prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

Las autoridades a cargo de la gestión del agua deben ser responsables de la planificación, regulación y control en los términos de la ley. La explotación y el aprovechamiento del agua deben estar sujetos a procesos de consulta libres, previos e informados con las poblaciones afectadas.

Se debe garantizar la participación ciudadana en todos los procesos de gestión y promover la conservación de los ecosistemas. Asimismo, los núcleos ejidales y comunales, así como las comunidades indígenas, deben ser consultados cuando se afecte su derecho al agua, respetando sus normas y procedimientos.

En estos y en otros puntos más consisten nuestras propuestas, que intentan elevar el derecho al acceso al agua como derecho humano previsto en la Constitución. Establecer la prohibición de la privatización de estos recursos y establecer, también, que es un recurso del dominio directo de la nación.

Muchas gracias a ustedes, señoras diputadas y señores diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o., 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , diputados federales en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y modifican los artículos 4, 27, fracción XVII del 73, y fracción III inciso a) del artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

I. Introducción

El acceso al agua potable resulta indispensable para el desarrollo humano. El contenido del cuerpo humano está formado en gran parte de agua. Entre un 58% y un 67% en los adultos y entre un 66% y un 74% en los recién nacidos.

Además, el 80% de las enfermedades se transmiten a través del agua, lo cual demuestra la necesidad de asegurar un cierto nivel de calidad en el aprovisionamiento del líquido. En este sentido, el derecho al agua podría calificarse como un derecho humano fundamentalísimo y, como una expresión concreta del derecho a la alimentación. El derecho al agua es usualmente definido como el derecho a poder acceder y utilizar en cantidades suficientes y bajo condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para poder llevar una vida digna. ¹

Según datos internacionales, el 12% de la población en México ² no tiene acceso sostenible a fuentes de agua apta para el consumo humano. El derecho al agua encuentra su fundamento jurídico dentro del derecho internacional de los derechos humanos en varias disposiciones, tanto de carácter general como sectoriales de los que México forma parte. Algunas de esas disposiciones integran la llamada ``Ley Suprema de toda la Unión'', de acuerdo a lo que señala el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ver la tesis 77/99 del Pleno de la Corte, por ejemplo).

En este sentido, a partir de la Declaración de Mar de la Plata de 1977, se reconoció el derecho de toda persona a tener acceso al agua potable en cantidad suficiente.

II. Los principios y normas internacionales

En el ámbito internacional se han producido importantes documentos referidos al derecho al agua, entre los que se pueden mencionar los siguientes: ³ ``Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento'', rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 25 de junio de 2002; <sup>4</sup> el ``Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo'', coordinado por la UNESCO y realizado por 23 agencias de las Naciones Unidas, que fue publicado a principios del año 2003; y la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. ⁵

Por lo que respecta al Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, coordinado por la UNESCO, conviene considerar los siguientes puntos:

El informe destaca que aunque pudiera pensarse que el agua sobra en el planeta, lo cierto es que solamente el 2,53% del total es agua dulce; de ese pequeño porcentaje hay que tomar en cuenta que la mayor parte se encuentra inmovilizada en los glaciares y en las nieves perpetuas.

También retoma el informe el asunto de la contaminación de las aguas y menciona que 2 millones de toneladas de desechos son arrojados cada día en aguas receptoras; la producción global de aguas receptoras es de 1,500 kilómetros cúbicos, lo que da como resultado que el 50% de la población que vive en los países en vías de desarrollo esté expuesta a aguas contaminadas.

Las proyecciones hacia el futuro, si no se toman medidas drásticas, no son muy halagüeñas; hacia el año 2050 se calcula que 7,000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua, aunque si las tendencias se corrigen dicha escasez afectará a 2,000 millones de personas en 48 países, México entre ellos.

La UNESCO ubica, entre otros, los siguientes desafíos mundiales en torno al agua:

El derecho al agua ya se encuentra contenido de forma implícita en el derecho a la salud establecido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en el derecho a la vivienda y a la alimentación del artículo 11 del mismo Pacto, que ha sido firmado y ratificado por el Estado mexicano.

Al interpretar este artículo, el Comité DESC de la ONU ha señalado en la citada Observación general número 15 que existen ciertos factores que deberán estar presentes en cualquier circunstancia para asegurar el derecho al agua (párrafo 12):

El Comité se detiene en un aspecto central del derecho al agua al señalar medidas específicas para tutelar ese derecho en favor de los grupos vulnerables. Particularmente, se señala con especial énfasis que las autoridades deben poner en el abastecimiento de agua de las mujeres (que en muchos casos tienen la carga de conseguir el agua), de los niños (que pueden ver conculcado su derecho a la educación por falta de agua en las instituciones de enseñanza o en su hogar), de los habitantes de las zonas rurales, de los pueblos indígenas, de las comunidades nómadas y errantes, de los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y repatriados, de los presos y detenidos, así como de las personas que tienen dificultades para acceder al agua por sus condiciones físicas, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad, las víctimas de desastres naturales o los habitantes en zonas áridas (párrafo 16).

El Comité también señala que los Estados deben tomar medidas no solamente para garantizar el abasto de agua para las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras. Para lograrlo, se proponen una serie de medidas que el Estado debe tomar, entre las que se encuentran las siguientes (párrafo 28):

Siguiendo la terminología adoptada desde la Observación General número 3, el Comité señala en la OG 15 las obligaciones básicas de los Estados en relación con el derecho al agua (párrafo 37). Éstas son las siguientes:

Estas obligaciones básicas deben ser siempre cumplidas por los Estados, con independencia de la disponibilidad de recursos que tengan y de si están o no atravesando por periodos de crisis económica. Cualquier violación de una de estas obligaciones básicas arrojaría una presunción prácticamente irrefutable en el sentido de que el Estado está violando el pacto.

El Comité reconoce en la OG 15 que ``el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos'' (párrafo 1).

Define el derecho al agua como ``el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación o por enfermedades gastrointestinales, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con la falta de agua o por mala calidad de ésta y, para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica'' (párrafo 2).

El Comité señala que el derecho al agua es de carácter complejo, en tanto que involucra tanto libertades como derecho a acciones positivas por parte del Estado: ``las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua'' (párrafo 10).

El derecho al agua también está expresamente mencionado en el artículo 14, apartado 2, inciso h) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (la CEDAW), en donde se reconoce el derecho a ``gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua , el transporte y las comunicaciones''.

También se recoge en el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, donde se establece que los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para: ``c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre , teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente''.

El relator especial de Naciones Unidas --en el ya citado informe preliminar sobre la ``Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento'', rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 25 de junio de 2002-- <sup>6</sup> sostiene que el objetivo del derecho al agua es ``garantizar a cada persona una cantidad suficiente de agua de buena calidad que sea suficiente para la vida y la salud, es decir, que le permita satisfacer sus necesidades esenciales que consisten en beber, preparar los alimentos, conservar la salud y producir algunos alimentos para el consumo familiar'' (párrafo 19).

Según el mismo informe, la escasez de agua afecta el derecho a la educación, particularmente en el caso de las niñas, las cuales asumen la tarea en muchos casos de trasladar el agua desde grandes distancias hacia el hogar. En este sentido, señala que ``en lo que respecta a las necesidades domésticas de agua para beber, preparar los alimentos, lavar la ropa, fregar los platos y lavarse, son las mujeres, de preferencia las jóvenes e incluso las niñas, las que con un barreño sobre la cabeza recorren largas distancias, a menudo varias veces, para llegar al punto de agua más cercano. El camino a la escuela no lo conocen'' (párrafo 45).

Las obligaciones de los poderes públicos en materia de derechos sociales (como lo es el derecho al agua) han sido detalladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General número 3, referida justamente a la índole de las obligaciones de los Estados, dictada en su Quinto Periodo de Sesiones, en el año de 1990. ⁷

La mencionada Observación toma como punto de partida el texto del artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece lo siguiente: ``Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos''.

En consecuencia con el precepto que se acaba de transcribir, los Estados deben garantizar el goce de los derechos establecidos en el Pacto sin discriminación alguna, como lo reitera el mismo artículo 2 del Pacto, en su apartado 2. Esta obligación es inmediata y no puede estar sujeta a ningún tipo de limitación u obstáculo (párrafo 1 de la Observación General número 3).

Además, los Estados deben ``adoptar medidas apropiadas''; esta obligación debe ser cumplida dentro de un plazo razonablemente corto tras la suscripción del Pacto, con independencia de que la plena realización de todos los derechos pueda llevar un tiempo más prolongado (párrafo 2). Sobre esta obligación Christian Courtis y Víctor Abramovich señalan que no es declamativa: ``significa que el Estado tiene marcado un claro rumbo y debe comenzar a 'dar pasos', que sus pasos deben apuntar hacia la meta establecida y debe marchar hacia esa meta tan rápido como le sea posible. En todo caso le corresponderá justificar por qué no ha marchado, por qué ha ido hacia otro lado o retrocedido, o por qué no ha marchado más rápido''. ⁸

Entre las primeras medidas a tomar se encuentran las de carácter legislativo, lo cual supone fundamentalmente dos cuestiones: la primera consiste en recoger en el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que establece el Pacto , de forma que no quede duda sobre su vigencia dentro del territorio del Estado Parte; la segunda consiste en adecuar el ordenamiento interno para el efecto de eliminar cualquier norma que sea contraria a esos derechos o que pueda suponer un obstáculo para su completa realización.

Hay que enfatizar el hecho de que la legislación nacional no sólo debe ser no contradictoria con los instrumentos jurídicos internacionales, sino que debe contener las disposiciones necesarias para hacer de éstos, normas completamente aplicables por las autoridades locales.

El quinto Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul, Turquía, sostuvo que: el agua es un derecho fundamental e inalienable y que debe ser garantizado para las generaciones presentes y futuras. Es un recurso natural que debe estar a disposición de todos y no debe privatizarse. La gestión y supervisión del agua debe ser pública, social, colectiva, participativa, equitativa, y no comercial. Además indicó que es preciso que en el mundo exista una gestión democrática y sostenible de los ecosistemas para preservar el ciclo del agua mediante la adecuada protección y administración de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente. ⁹

Los años por venir, serán el escenario de luchas mundiales y nacionales por el acceso al agua. El Estado y la sociedad mexicana deben oponerse a cualquier modelo económico y financiero que determine la privatización, comercialización y cesión a las corporaciones privadas del agua y de los servicios de saneamiento.

En nuestro país, en municipios como Aguascalientes, Saltillo o Cancún, por citar algunos ejemplos, la administración de los servicios públicos del agua se ha privatizado. Las empresas que participan en el sector hídrico como cualquier empresa privada, sólo buscan su rentabilidad y beneficios a costa de las personas y de la sociedad. Por eso, además de que el agua debe ser considerada como un derecho humano universal, los grandes acuerdos comerciales y globales sobre ella deben quedar excluidos.

La privatización del agua ha significado el fracaso de cualquier solución integral para garantizar el acceso universal agua en el mundo entero. El uso social del agua debe implicar, entre otras cosas, que en la construcción de grandes obras hidráulicas, sobre todo de presas, se respeten los derechos humanos de las personas y de las comunidades, principalmente el derecho a la consulta y a la participación en los beneficios. Y, se debe entender que existe una interdependencia básica entre el agua y el cambio climático, privilegiando siempre el consumo personal y el doméstico, sobre el consumo industrial y comercial.

III. El derecho comparado

La reciente Constitución del Ecuador señala en su artículo 12 que: ``El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida''.

Los artículos 411 y 412 de la Constitución ecuatoriana indican: ``El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico''.

Por su parte, el artículo 16.I. de la Constitución de Bolivia señala que: ``Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación''. Su artículo 20. III. indica que: ``El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a la ley''.

El artículo 348.I. de la Constitución de Bolivia menciona que: ``Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamientos''. Asimismo su parte II determina que: ``Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país''.

En el artículo 349.I. de la Constitución de Bolivia se precisa que: ``Los recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. La parte II de esa norma agrega: ``El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derecho de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales''.

IV. El derecho nacional

En nuestro país, las normas constitucionales que tienen relación con el agua y el acceso a la misma, se encuentran en los siguientes preceptos: 1) En el artículo 4, que alude al derecho a la salud y al derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas. Sin embargo, no reconoce expresamente el derecho al agua como derecho fundamental; 2) El artículo 27 que establece los siguientes principios: a) La propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación; b) La nación dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de aguas; c) Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos; d) Son propiedad de la nación las aguas ubicadas en el territorio mexicano. Las aguas del subsuelo pueden libremente apropiarse por el dueño del terreno. No obstante, cuando así lo determine el Ejecutivo Federal, éste podrá reglamentar su extracción; e) También existen aguas que se considerarán parte integrante de los terrenos por los que corren; f) El dominio de la nación sobre el agua es inalienable e imprescriptible, y su explotación por particulares sólo podrá realizarse mediante concesión; g) La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso; h) La capacidad para adquirir el dominio de aguas de la nación se regirá por diversas prescripciones, de las que destaca que sólo los mexicanos pueden adquirir dominio sobre aguas. En el caso de los extranjeros, éstos tendrán que sujetarse a la ``cláusula Calvo''; e, i) El ejercicio para impugnar las acciones de la nación se hará efectivo por el procedimiento judicial; 3) El artículo 42 de la Constitución establece que el territorio nacional lo comprenden las partes integrantes de la Federación; las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes; la plataforma continental y zócalos submarinos y las aguas de los mares territoriales; 4) El artículo 73 fracción XVII de la Constitución indica que el Congreso puede emitir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; y, 5) La fracción III inciso a) del artículo 115 de la Ley Fundamental que determina que los municipios tendrán a su cargo la función y servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

En el nivel secundario existen diversas disposiciones que tienen relación con el agua, tales como: la Ley de Aguas Nacionales; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y, la Ley Federal de Derechos. Muchos criterios del Poder Judicial de la Federación se han ocupado del agua. A últimas fechas, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido la jurisdicción federal sobre aguas nacionales, aunque a partir de lo previsto expresamente en la Constitución, admite la posibilidad de apropiación de las aguas del subsuelo por particulares. ¹⁰ La doctrina jurídica sostiene que el propósito de la legislación sobre aguas debe consistir en: ``...establecer las bases para la planeación, gestión, control y preservación del agua; los principios y reglas aplicables de la política hídrica nacional; la organización, funcionamiento y competencia de las instancias de agua respectivas, y de otras instancias de gestión hídrica; las bases para la regulación y prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; las reglas para la participación del Estado en el fomento, apoyo, gestión, regulación y vigilancia de la política y acciones hídricas en los distintos sectores usuarios. Se deben establecer también las bases para la distribución de competencias entre el estado respectivo, los municipios y la Federación en materia de recursos hídricos y sus bienes inherentes, así como la delegación de funciones en diferentes materias y la concertación con el sector privado y la sociedad civil en materia de agua y sus bienes, para la ejecución y operación de obras, programas y la prestación de servicios públicos de agua, que sean competencia del estado y los municipios, y las bases para la vinculación hídrica con los problemas y retos en materia de salud, medio ambiente y desarrollo urbano, económico y social, y en la preservación y gestión de las aguas...''. ¹¹

Autoras como Tello Moreno, señalan que aún cuando los derechos económicos, sociales y culturales suponen ciertas dificultades en cuanto a su cumplimiento y exigibilidad, esto no debe ser una limitación en la lucha para alcanzar un derecho al agua que suponga el acceso al recurso para todas las personas en condiciones de igualdad, que si bien puede ser un derecho complejo en cuanto a su otorgamiento, regulación, distribución y gestión, es también una herramienta básica para el cumplimiento de otros derechos humanos. Por lo que reconocer el acceso al agua como derecho humano constituiría un gran avance en la mejoría en las condiciones de vida de las personas. ¹²

V. Nuestra propuesta

Las características de nuestra propuesta se apoyan en los siguientes principios constitucionales que sometemos a la consideración de esta soberanía:

Con estos principios constitucionales estimamos garantizar el derecho fundamental de acceso al agua a todas las personas y grupos, sin privatizar su uso y aprovechamiento y, dando amplia participación a la sociedad en la planeación, gestión y control de los recursos hídricos. Además, al ser el agua un recurso del dominio directo de la nación, apreciamos que la legislación reglamentaria de la Constitución en la materia, deberá establecer las competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Por lo anterior señalamos que resulta indispensable el reconocimiento a nivel constitucional del derecho al agua como derecho fundamental ya que el propio Estado mexicano reconoce que el agua es un bien estratégico, ``vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional.'', según lo recoge la vigente Ley de Aguas Nacionales en su artículo 14 bis 5, fracción I.

La población del Distrito Federal y en especial aquella que habita en la Delegación Iztapalapa a la que representamos, ha sufrido en los años recientes una pronunciada escasez de agua, que no solamente ha afectado el disfrute y goce de distintos derechos fundamentales (derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo, etcétera), sino que además se ha convertido en una permanente condena al subdesarrollo personal, familiar y profesional de millones de personas. Los representantes populares no podemos desentendernos de esta tragedia cotidiana, sino que debemos tomar todas las medidas a nuestro alcance para hacer que todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, puedan gozar de todos los derechos fundamentales. ¹³

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto que reforma, adiciona y modifica los artículos 4, 27, la fracción XVII del 73, y la fracción III inciso a) del 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo primero. Se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene el derecho fundamental a acceder y utilizar el agua potable, en cantidad y calidad suficientes, bajo condiciones de no discriminación y asequibilidad, para su uso personal y doméstico. La Federación, las entidades federativas y los municipios, según lo disponga la Constitución y la ley, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la obligación de asegurar el goce efectivo de este derecho. El acceso a los servicios al agua y alcantarillado no podrá privatizarse ni entregarse en concesión. Su acceso debe ser garantizado para las generaciones presentes y futuras. La gestión y supervisión del agua debe ser pública, social, colectiva, participativa, equitativa, y no comercial. El cobro por los servicios del agua para consumo humano y doméstico será de carácter social. El no pago de derechos dará lugar a las acciones que determine la ley, pero nunca a la suspensión de los servicios cuando el agua se use para el consumo humano y doméstico. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. Las autoridades a cargo de la gestión del agua serán responsables de su planificación, regulación y control en los términos de la ley. La explotación y aprovechamiento del agua estará sujeto a procesos de consulta libres, previos e informados, con las poblaciones afectadas. Se garantizará la participación ciudadana en los procesos de gestión y se promoverá la conservación de los ecosistemas. En los núcleos ejidales y comunales, así como en las comunidades indígenas, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos. Se asignará una participación económica prioritaria a los territorios donde se explote y aprovechen los recursos hídricos, así como a los núcleos ejidales, comunales e indígenas .

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Artículo segundo. Se reforma y modifica el artículo 27 de la Constitución para quedar como sigue:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación. Ésta puede transmitir el dominio de las tierras a los particulares para constituir la propiedad privada. En lo que respecta al agua, su uso y aprovechamiento por los particulares, en los términos de este artículo, no les otorga derechos de propiedad sobre la misma .

Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de limite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la Republica con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser alumbradas mediante obras artificiales y usarse y aprovecharse por el dueño del terreno mediante permisos, pago de derechos y registros regulados en ley , pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Congreso de la Unión podrá normar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas. Si las aguas se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de éstas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones legales.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable, imprescriptible e inembargable. El acceso al agua se explotará, usará y aprovechará por la Nación a través de los poderes y autoridades del Estado . En los supuestos diferentes, al uso y aprovechamiento del agua, siempre que faculte la Constitución , la explotación, uso y aprovechamiento de los recursos mencionados en los dos párrafos anteriores, por los particulares y por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas en los términos de la ley. Las declaratorias correspondientes se harán por el ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

Artículo tercero . Se modifica y reforma la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución para quedar como sigue:

El Congreso tiene facultad:

Artículo cuarto . Se modifica y reforma la fracción III del artículo 115 de la Constitución para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se faculta al Congreso de la Unión para que, en un plazo no superior a 12 meses, contados desde la entrada en vigor del presente Decreto, emita una nueva Ley de Aguas Nacionales, en la que ordene las competencias necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental al agua.

Notas: 1 En este punto, me baso en la obra de Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales en México, 3ª edición, México, Porrúa, 2009, páginas 986 y siguientes. 2 Para un análisis completo sobre la problemática del agua en México ver: La Jornada , ``Agua'', edición especial, México, 2005. 3 Ver el análisis contenido en García Morales, Aniza. El derecho humano al agua , Madrid, Trotta, 2008. 4 Figura en el documento E/CN.4/Sub.2/2002/10. 5 Se encuentra en el documento E/C.12/2002/11; fue aprobada durante el 29o. periodo de sesiones del Comité, celebrado del 11 al 29 de noviembre de 2002. 6 Figura en el documento E/CN.4/Sub.2/2002/10. 7 Consultable en: Carbonell, Miguel; Moguel, Sandra; y Pérez Portilla, Karla (compiladores). Derecho internacional de los derechos humanos. Textos básicos, 2ª edición, México, CNDH, Porrúa, 2003, tomo I, pp. 497 y ss. 8 Abramovich, Víctor; y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid, Trotta, 2002, páginas 79-80. 9 Declaración final de los Foros del Agua de los Pueblos y Alternativo, Estambul, marzo de 2009. 10 Góngora Pimentel, Genaro David, ``Tesis y jurisprudencia en materia de aguas'', en Rabasa, Emilio O.; y Arriaga García, Carol B. (coordinadores). Agua: Aspectos constitucionales, México, UNAM, 2008, pp. 53-81. 11 Ortiz Rendón, Gustavo Armando, ``Evolución y perspectivas del marco jurídico del agua en México: Nuevos retos y oportunidades para la gestión integrada del recurso hídrico'', en Rabasa, Emilio O.; y Arriaga García, Carol B. (coordinadores). Agua: Aspectos constitucionales, México, UNAM, 2008, p. 47. 12 Tello Moreno, Luisa Fernanda. El acceso al agua potable como derecho humano, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2008, p. 147. 13 Adbjorn, Eide. ``Realización de los derechos económicos y sociales. Estrategia del nivel mínimo'', Revista de la Comisión Internacional de Juristas, número 43, Ginebra, diciembre de 1989, p. 48.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia instruye a la Secretaría, para que a su vez instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Con los registros de los diputados Raúl Domínguez Rex , diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf , diputado Jaime Sánchez Vélez y diputado Canek Vázquez Góngora hay un total de 441 diputados, presidente.

Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto, señor presidente.

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. Continuamos. Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la ciudadana diputada, además por Óscar Lara Salazary Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo : Con su permiso, señor presidente. Vengo a presentar un proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer día de sesiones de la LXI Legislatura, la Cámara de Diputados fue escenario de una intentona que, de prosperar, violaría el espíritu de equidad en la distribución de las diputaciones que se planteaban, de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Cofipe, en el artículo 219, manifiesta que la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los partidos o las coaliciones ante el IFE deberán integrarse con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. De esto quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa, y decididas por votación de cada partido.

La intención de imponer, vía solicitud de licencia, a aquellos suplentes en perjuicio de los legisladores propietarios se llevó a cabo en este pleno camaral con el argumento de defender la libertad de que goza cualquier persona por decidir lo que mejor convenga a sus intereses. Es lamentable que los partidos se valgan de recursos legaloides para evitar sanciones del IFE en materia de cuota de género, y considero el hecho como un tropiezo en la lucha de las mujeres. Además de que representa un engaño para el electorado. Por ello presento este proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 48. ...

Párrafo segundo: ``La licencia se negará cuando se presuma que la misma ha sido motivada por la preterintencionalidad de garantizar temporalmente la equidad de género a que hacen referencia los artículos 38, inciso s), 218, numeral 3; 219, numeral 1; 220, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es todo, señor presidente. Esto lo presentamos a nombre de la bancada priísta sinaloense.

«Iniciativa que reforma el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Lara Salazar y Germán Contreras García , del Grupo Parlamentario del PRI

Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71, en relación con el segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el primer día de sesiones de la LXI Legislatura, la Cámara de Diputados fue escenario de una intentona que, de prosperar, violaría el espíritu de equidad en la distribución de diputaciones que se plantea desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Diez nuevos representantes populares, ocho de ellos mujeres, solicitaron licencia indefinida para entregar el cargo a sus suplentes, la mayoría varones.

El Cofipe manifiesta en el artículo 219 que la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los partidos o las coaliciones ante el IFE deberá integrarse con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

De eso quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa decididas por votación de cada partido.

La intención de imponer vía solicitud de licencia a los suplentes, en perjuicio de los legisladores propietarios, se llevó al pleno camaral con el argumento de defender la libertad de que goza cualquier persona por decidir lo que mejor convenga a sus intereses.

Y precisamente ese criterio imperará en un mes, cuando de nueva cuenta la Mesa Directiva someta a consideración del pleno las mismas solicitudes de licencia que fueron tan cuestionadas.

Es lamentable que los partidos se valgan de recursos legaloides para evitar sanciones del IFE en materia de cuota de género. Considero el hecho como un tropiezo en la lucha de las mujeres, además de que representa un engaño para el electorado.

Por ello se requiere poner los candados necesarios para hacer valer la voluntad ciudadana.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

La licencia se negará cuando se presuma que ha sido motivada por la preterintencionalidad de garantizar temporalmente la equidad de género a que hacen referencia los artículos 38, inciso s); 218, numeral 3; 219, numeral 1; y 220, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

La diputada María Dina Herrera Soto : Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Apenas hace un par de días, el 29 de septiembre, se cumplieron ya 67 años de que los primeros trabajadores braceros mexicanos marcharon hacia Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas de aquella región.

Durante más de 20 años, nuestros compatriotas se convirtieron en la fuerza humana indispensable que permitió a los Estados Unidos mantener la estabilidad económica durante la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento y la recuperación en los años posteriores.

Como sabemos, mediante el acuerdo migratorio que se suscribió entre México y Estados Unidos para tal efecto, los trabajadores mexicanos aportaron el 10 por ciento de sus salarios a cuentas bancarias de ambos gobiernos. No obstante, el fondo de ahorro creado nunca fue devuelto a nuestros connacionales.

Así, mediante la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, el Poder Legislativo reconoció la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los trabajadores ex braceros.

Gracias a esta nueva ley se instituyó un primer intento por retribuir a nuestros trabajadores migratorios parte de la deuda económica que se tiene con ellos. Así, el Ejecutivo federal decidió otorgar un apoyo social de 38 mil pesos para cada uno de los ex braceros.

No obstante, ni la aprobación de dicha ley, ni las reformas y adiciones aprobada por el Congreso de la Unión durante 2008 a este ordenamiento han podido satisfacer las múltiples irregularidades e inconsistencias que se han suscitado durante estos años en el funcionamiento de las reglas de operación del fideicomiso creado para otorgar el apoyo social para los ex trabajadores migratorios mexicanos.

La iniciativa de reformas que estamos proponiendo busca que ningún trabajador ex bracero mexicano que laboró en Estados Unidos en el periodo de 1942-1964 quede exento de recibir el apoyo social. Queremos evitar los trámites burocráticos excesivos que han impedido que nuestros connacionales sean debidamente integrados en el padrón constituido para tal efecto.

Proponemos para ello flexibilizar los requisitos que actualmente se solicitan para acreditar la calidad del trabajador migratorio pues, como hemos visto en estos años, esta situación ha impedido la inclusión de muchos compatriotas que son legítimos merecedores del apoyo.

Nuestra propuesta contempla también dar mayor participación en este proceso a la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migratorios, de esta Cámara de Diputados, o al mecanismo que esta soberanía decida integrar, con el fin de supervisar y dar seguimiento al cabal cumplimiento de las disposiciones de la ley y del comité técnico del fideicomiso.

Asimismo, planteamos la inclusión de representantes de las diversas organizaciones de braceros en estos órganos de supervisión. Buscamos también otorgar un orden de prelación en el pago del apoyo social a los ex trabajadores migratorios y/o sus beneficiarios, a fin de privilegiar a aquéllos que tengan alguna enfermedad terminal o una discapacidad severa.

La iniciativa de reformas contempla también la posibilidad de que se brinde asesoría legal gratuita para denunciar a personas u organizaciones que cometan fraude, abuso de confianza y otras irregularidades que, desafortunadamente, se han presentado durante los últimos años contra los ex braceros o sus beneficiarios.

Finalmente, nuestra iniciativa contempla la celebración de convenios con otras dependencias federales y de los estados, a fin de que el pago del apoyo social a los beneficiarios pueda darse en lugares alternos a las oficinas de Telecom, sin que por ello signifique el cobro de alguna comisión.

Las demandas de los ex trabajadores braceros son justas y urgentes. Esperamos que todos los grupos parlamentarios puedan apoyar esta iniciativa para cumplir con la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con sus ex trabajadores migratorios. Por su atención, muchas gracias.

Suscriben la iniciativa los diputados: Laura Arizmendi Campos, de Convergencia; María Guadalupe Silerio Núñez , del PRD; doctor Heladio Gerardo Verver y Vargas, PRD; y el diputado Ramón Jiménez Fuentes , del PRD. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada María Dina Herrera Soto , del Grupo Parlamentario del PRD

María Dina Herrera Soto , integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto según la siguiente

Exposición de Motivos

Es del conocimiento de todos el caso de los ex trabajadores migratorios mexicanos, los cuales requieren que su gobierno atienda las demandas que los aquejan. Hoy por hoy se requieren reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2005, mediante la cual se pretende poner solución al conflicto de los ex trabajadores migratorios mexicanos, puesto que se han presentado una serie de problemáticas en cuanto al funcionamiento de la propia ley y, en consecuencia, de las reglas de operación, pues en múltiples ocasiones se ven envueltos en la tramitología o burocracia que difícilmente ayuda a obtener la restitución de sus derechos.

Es por ello que se proponen una serie de reformas a la ley en comento para hacer factible las peticiones de los ex trabajadores migratorios mexicanos en cuanto al orden, cantidad y forma de pago, realización de trámites, reducción y flexibilización de requisitos, asesoría legal y creación de áreas especiales que atiendan correcciones, así como tramites de documentos faltantes en las entidades federativas de las delegaciones de la Secretaría de Gobernación y los consulados de México en el exterior.

Entre las propuestas también se considera la celebración de convenios con otras dependencias federales o de los estados que realicen el pago a los beneficiarios en lugar de Telecom, sin que por ello signifique el cobro de alguna comisión.

Otra de las iniciativas de reforma a la ley en comento es que se realice un nuevo registro de acreditación entre 1942 y 1964, para las personas que presenten un documento probatorio a las delegaciones de la Secretaría de Gobernación o consulados de México en el exterior, así como que se brinde asesoría legal gratuita para denunciar a personas u organizaciones que cometan fraude, abuso de confianza o acto siniestro contra ex braceros, viudas e hijos.

En conclusión, y entre otras propuestas que tendrán que ser reguladas en las reglas de operación, se considera necesaria la urgente adecuación a la norma de las propuestas planteadas en la presente iniciativa con proyecto de decreto, pues algunos ex trabajadores braceros están falleciendo y la lentitud con que se realizan los trámites y los pagos son fatales para garantizar el derecho adquirido y reconocido por el gobierno.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 9o. y 10o. de la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para quedar como siguen:

Articulo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por

Articulo 3o. El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de la Función Púbica, del Trabajo y Prevención Social; Comisión Especial de ex Braceros de la Cámara de Diputados; y asimismo, de los ex trabajadores migratorios y sus beneficiarios . Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

Artículo 5o. El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

Articulo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges, o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

a) a d) ... a) a d) ... e) Derogado.

Artículo 9o. Los ex trabajadores o sus beneficiarios con derecho a recibir el apoyo previsto en esta ley, será en una sola exhibición de 3 mil 500 dólares o su equivalente en pesos.

El apoyo otorgado por esta ley no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.

Artículo 10. Se deberá ordenar la realización de un nuevo registro de acreditación entre 1942 y 1964, para las personas que presenten documentos probatorios a las delegaciones de la Secretaría de Gobernación o consulados de México en el exterior, lo cual será regulado en las reglas de operación respectivas, sin plazo alguno. Se permitirá que promoventes o familiares sean autorizados por los ex trabajadores migratorios o sus beneficiarios por medio de una carta poder sencilla.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Técnico establecerá otro medio de pago que no sea Telecom.

Tercero. El Comité Técnico le asignará número de folio otorgado durante el proceso de acreditación que se llevó a cabo en 2006, a todas las personas que se les asigno numero de folio durante el registro de 2003 (o, en su caso, una entrevista exhaustiva), a fin de incluirlos en el primer padrón de pago, para que se les pague de acuerdo con el artículo 5o., sección III.

Cuarto. En el caso especial de los ex braceros, viudas e hijos del periodo 1947--1964 del estado de Chihuahua, que se registraron a través de una dependencia de este estado entre el 7 de abril y el 15 de octubre de 2003, sin ser ellos los responsables de este hecho, se les asigne número de folio de 2006.

Quinto. El Comité Técnico le pagará a todas las personas con folio de 2006, que no haya recibido su pago, sin excepción alguna.

Sexto. El Comité Técnico establecerá áreas especializadas de atención y gestoría para la realización de trámites de documentación en las entidades federativas y los consulados de México en el exterior, hasta no cumplir con el decreto.

Séptimo. El Comité Técnico subsanará aquellos casos donde por medio de la administración de la ley se hayan extraviado documentos necesarios para completar el expediente de los ex trabajadores migratorios o sus beneficiarios, con asignarles un formato de entrega de documentos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas : Con su permiso, señor presidente

Con el permiso de la honorable asamblea, comparezco a presentar iniciativa para adicionar una fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para evitar que, por la falta de una redacción adecuada, los menores de edad de las escuelas primarias y secundarias sean gravados con este impuesto en su ahorro escolar.

Pido a la Secretaría que se integre totalmente la redacción de esta iniciativa al Diario de los Debates, toda vez que presento solamente en este momento una síntesis de la misma.

En México las condiciones para fomentar el ahorro familiar no son las adecuadas. Nuestro país está inmerso en una profunda recesión económica que se traduce en pérdida constante de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios.

Asimismo, el aumento de los mexicanos que viven en la pobreza extrema y la crisis económica que ha encarecido el consumo de los bienes y servicios de primera necesidad son factores que desincentivan la práctica de ahorrar.

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos factores, existen instrumentos que las familias mexicanas utilizan para incrementar su consumo futuro, siendo uno de ellos el ahorro escolar, definido como una cantidad monetaria predeterminada fijada unilateralmente por los padres de familia y los alumnos, y que es entregada semanalmente por cada educando. Los fondos provenientes del ahorro escolar son conservados en depósitos y manejados por las instituciones de crédito, con el propósito de que al final del ciclo escolar a cada estudiante le sea devuelta la cantidad total de su ahorro, más una tasa de interés.

Por otra parte, el 1 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Depósitos en Efectivo, cuyo objetivo fue imponer un gravamen a la informalidad. De acuerdo con el artículo 2o. de esta ley, el ahorro escolar, acumulado superior a 25 mil pesos mensuales no está exento del pago de este impuesto; es decir, es sujeto de una tasa impositiva de 2 por ciento.

Asimismo, en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2010 que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo, se contempla una reforma a esta ley para incrementar la tasa tributaria de este impuesto de 2 al 3 por ciento y reducir su base gravable de 25 mil, a 15 mil pesos mensuales.

Como se puede observar, este impuesto es distorsionante, porque al intentar gravar la actividad informal y no hacer las exenciones adecuadas, y la redacción en la ley correcta, termina gravando actividades económicas formales y desincentivando la práctica de diferentes tipos de ahorros y, como en este caso en particular, el ahorro escolar.

Actualmente cientos de escuelas, fundamentalmente de educación primaria y secundaria, han suprimido esta tradición y práctica educativa del ahorro escolar para evitar el pago de este impuesto.

Por las razones expuestas previamente, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 2o., de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y quedaría redactada de la siguiente manera:

Artículo único. Se adiciona la fracción VII al artículo 2o. de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Artículo 2o. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:

VII. Las personas físicas y morales que acrediten ante la institución del sistema financiero en la que realicen el o los depósitos en efectivo, que se encuentran debidamente inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, y el depósito provenga del ahorro educativo mensual captado en las escuelas del sistema educativo nacional, y que el dinero pertenezca a los alumnos inscritos en el centro escolar.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Luis Carlos Campos Villegas , integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la perspectiva inter-temporal, el ahorro presente se define como la postergación del consumo hacia periodos posteriores, con el propósito de asegurar la disponibilidad de un ingreso futuro, para cubrir necesidades de consumo que los jefes de los hogares prevén que se les va a presentar.

En México, las condiciones para fomentar el ahorro familiar no son las adecuadas. Nuestro país está inmerso en una profunda recesión económica que se traduce en pérdida constante de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios, asimismo, el aumento de los mexicanos que viven en la pobreza extrema y la devaluación cambiaria que han encarecido el consumo de los bienes y servicios de primera necesidad, son factores que desincentivan la práctica de ahorrar.

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos factores, existen instrumentos que las familias mexicanas utilizan para incrementar su consumo futuro, siendo uno de ellos el ahorro escolar, definido como una cantidad monetaria predeterminada fijada unilateralmente por los padres de familia y los alumnos, y que deberá ser entregada semanalmente por cada educando. Los fondos provenientes del ahorro escolar son conservados en depósitos y manejados por las instituciones de crédito, con el propósito de que al final del ciclo escolar, a cada estudiante le sea devuelto la cantidad total de su ahorro más una tasa de interés.

El ahorro escolar es un medio para el fortalecimiento del hábito de previsión de los educandos y ayuda a los ahorradores a la adquisición de uniformes, útiles escolares o la prevención de los gasto generados en el fin de curso.

Por otra parte, el 1 de octubre del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Depósitos en Efectivo, cuyo objetivo fue imponer un gravamen a la informalidad.

De acuerdo con su dictamen:

De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, el ahorro escolar acumulado superior a 25 mil pesos mensuales no está exento del pago de este impuesto, es decir, es sujeto de una tasa impositiva del 2 por ciento. Asimismo, en la miscelánea fiscal para el ejercicio 2010, contempla una reforma a esta ley para incrementar la tasa tributaria de este impuesto de 2 a 3 por ciento y reducir su base gravable de 25 mil a 15 mil pesos mensuales.

Como se puede observar, este impuesto tiene un efecto de distorsión porque al intentar gravar la actividad informal y no hacer las exenciones adecuadas, termina gravando actividades económicas formales y desincentivando la práctica de diferentes tipos de ahorro, incluyendo el escolar.

Asimismo, este impuesto tiene un carácter regresivo, porque grava con la misma tasa el esfuerzo del ahorro de los hogares con los ingresos más altos y los hogares con los ingresos más bajos, tal como se deduce de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2008).

De acuerdo con esta Encuesta levantada cada dos años por el Inegi, los hogares del país reciben 9 mil 806.95 pesos mensuales en promedio de ingreso monetario. Sin embargo, los hogares más pobres, concentrados en el decil I, reciben mil 337.17 pesos mensuales en promedio, mientras que, los hogares más ricos reciben 36 mil 769.73 pesos mensuales en promedio.

Como producto de esta desigual captación del ingreso monetario, los hogares más pobres del país apenas destinan 50.81 pesos mensuales en promedio para fomentar el ahorro familiar, lo que representa el 3.80 por ciento de su ingreso monetario total; por su parte, los hogares con los ingresos más altos destinan mil 370.58 pesos mensuales para ahorro familiar, lo que representa el 3.73 por ciento de su ahorro monetario.

Dado el carácter de distorsión y regresivo del impuesto a los depósitos en efectivo, se propone que queden exentos del pago de este gravamen el ahorro escolar de los hogares del país.

Por las razones expuestas previamente, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar como sigue:

Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del señor diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz , diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración del Congreso de la Unión, a través de esta asamblea, iniciativa de decreto que reforma las fracciones XXIX a XL, y adiciona la fracción XLI al párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Por su ubicación geográfica y sus dimensiones territoriales, México cuenta con gran variedad de climas y ecosistemas, así como con abundantes recursos naturales y energéticos, numerosos ríos y lagos, volcanes, miles de kilómetros de litoral, etcétera, que se constituyen en fuentes de riqueza y de beneficio.

Sin embargo, esto trae aparejada la posibilidad de ocurrencia de diversos fenómenos que pueden derivar en situaciones de desastre, como los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales, las heladas o las granizadas.

El 19 de septiembre se recordó con pesar el vigésimo cuarto aniversario de los sismos de 1985, causantes de la muerte de más de 10 mil compatriotas y de cuantiosos daños materiales. El acontecimiento de tal trascendencia llevó a instituir por decreto presidencial el 19 de septiembre como Día Nacional de Protección Civil.

Desafortunadamente, lamentables experiencias como ésta, acontecidas a lo largo de la historia nacional, nos han dejado lecciones respecto de los peligros a que los mexicanos estamos expuestos, pero sobre todo a percibir la enorme importancia de estar preparados ante la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan desembocar en afectaciones a la población civil, máxime si partimos de la base de que el activo de mayor valor de un país es su gente.

Actualmente se cuenta en el ámbito federal con la Ley General de Protección Civil, con el Sistema Nacional de Protección Civil, con el Consejo Nacional de Protección Civil y con el Programa Nacional de Protección Civil. Se han tomado medidas semejantes en las entidades federativas, en un esfuerzo nacional por alentar la cultura de la protección civil, entendida como ``conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre''.

La aprobación de la presente iniciativa vendrá a llenar el vacío existente respecto a lo establecido en el artículo 5o. de la Ley General de Protección Civil, que prevé la participación del Legislativo al disponer que ``los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la población que colabora con las dependencias del Ejecutivo federal, se podrán sumar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz'', pues no hay mejor manera de que el Poder Legislativo se sume a este esfuerzo colectivo que la creación de una comisión ordinaria, que tendría a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas destinadas a la protección contra peligros que pudieran presentarse, así como a la recuperación de la población en la eventualidad de un desastre o una contingencia.

La creación de la comisión ordinaria de protección civil permitirá una eficiente fiscalización sobre la oportuna y correcta aplicación de los recursos provenientes del Fonden, del Fodepren y del Fipreden, los cuales en muchas ocasiones no llegan a sus destinatarios con la prontitud que sería deseable y necesaria, ante los largos y demorados trámites que los estados tienen que realizar.

Algunos estados aún no se reponen de los estragos de una sequía que llevó a la pérdida de cosechas enteras; a la temporada de huracanes del presente año restan aún casi tres meses; en varias zonas del territorio nacional han ocurrido inundaciones de enormes proporciones, y estamos asistiendo a un rebrote de la epidemia de influenza AH1N1, por citar sólo algunos ejemplos, que dan perfecta cuenta de la necesidad y pertinencia de que se cree la comisión legislativa ordinaria que esta iniciativa de decreto busca.

El propio jefe del Ejecutivo, al entregar el Premio Nacional de Protección Civil, el 19 de los corrientes, aseguró que en el país se ha logrado avanzar en mitigación de riesgos. Sin embargo, subrayó que aún faltan mejoras, sobre todo en la coordinación entre instituciones, para poder responder así de manera más eficaz frente a las tragedias.

Respecto a la parte de técnica legislativa, se consideró el hecho de que al agregarse una nueva fracción al párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cabida a la nueva comisión ordinaria planteada en la presente iniciativa, se modificaría el orden alfabético de las restantes fracciones del mencionado párrafo segundo del artículo que nos ocupa, por lo que se propone reformar la fracción XXIX, en la cual se incorporaría la nueva comisión ordinaria de protección civil, y consecuentemente efectuar el respectivo recorrido de las fracciones restantes, para finalmente adicionar una fracción XLI, que contendrá el mismo texto de la actual XL.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones de los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones XXIX a XL, y adiciona la fracción XLI al párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de protección civil

Artículo Único. Se reforman las fracciones XXIX a XL, y se adiciona una fracción XLI al párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf : Con su permiso, señor presidente.

A partir de la LVIII y hasta la anterior LX Legislatura, la Cámara de Diputados, por consenso de todos los grupos parlamentarios ha determinado establecer la creación de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste, órgano legislativo que ha tenido como objeto el que se deriva de su denominación y que, en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, han impulsado, mediante el Presupuesto de Egresos, proyectos en materia de infraestructura de impacto regional, tales como carreteras, hospitales, pasos fronterizos, entre otros, y que se han traducido en beneficio para los nueve estados que comprenden el sur-sureste del país.

Esta comisión, con carácter de especial desde su origen, ha coordinado acciones para fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas que en el ámbito de la administración pública se han emprendido con el compromiso de contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste del país, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

No obstante, y pese a que se han realizado esfuerzos importantes en esta Cámara de Diputados por incorporar al desarrollo nacional a esas entidades federativas, lo cierto es que prevalecen realidades socioeconómicas con profundas diferencias que se reflejan en una geografía desigual y compleja.

Como casos extremos, Oaxaca y Chiapas tienen más de 50 por ciento de su población en localidades clasificadas de alta o muy alta marginación; Guerrero registra 45 por ciento, Puebla y Veracruz más de 30; Yucatán y Campeche entre 20 y 30, mientras que Quintana Roo y Tabasco entre 10 y 20 por ciento.

Por los razonamientos antes expuestos elevo a la consideración de esta soberanía que se establezca, con carácter de ordinaria, la Comisión de Desarrollo Regional del Sur-Sureste, bajo la siguiente exposición de motivos:

El último Censo de Población y Vivienda muestra que de las 10 entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana 8 pertenecen a la región sur-sureste. El rezago es evidente, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica.

De igual manera, de los 851 municipios del país considerados por Conapo como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes.

Otros datos mencionan que en la referida región habitan 28 millones de habitantes, lo que representa el 43 por ciento de la población total, 74.4 por ciento de la población indígena del país habita en ésta, y el índice de escolaridad media es de 6.7 años. Lo cual es comparativamente menor al índice de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años.

Igualmente, el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país. Ello dificulta, sin lugar a dudas, la provisión de servicios públicos e infraestructura.

Dentro de estas localidades pequeñas en la región sur-sureste, existen más de 23 mil en condiciones de aislamiento, sin caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad, cuya población vive en condiciones de pobreza extrema.

El efecto del desarrollo desequilibrado en el sur-sureste resulta aún más dramático si lo analizamos en términos de distribución social y del ingreso, donde es calificado por el Banco Mundial como de los peores del mundo. Las asimetrías que presenta el desarrollo regional del sur-sureste de México no sólo son evidentes en los indicadores como producto interno bruto, sino también variables como la ubicación geográfica del aparato productivo, la infraestructura, la organización del sistema de ciudades, la distribución de la población y el destino de las políticas en materia de de-sarrollo regional.

Por todo lo anterior planteo la necesidad urgente de establecer, con carácter de permanente, la Comisión de Desa-rrollo Regional del Sur-Sureste, y en consecuencia esta Cámara de Diputados no se vea en la necesidad, legislatura tras legislatura, de crearla con carácter de especial y con vigencia determinada. No omito mencionar que durante las tres anteriores legislaturas ya se han presentado similares propuestas a esta iniciativa. En esta ocasión apelamos a su voluntad política, conciencia social y solidaridad parlamentaria.

La comisión que propongo a ustedes tendrá como prioridad abocarse a generar políticas públicas diferenciadas, presupuestos más eficientes y leyes acordes a la realidad de cada estado en esa región. Desde luego, apoya a revertir las tendencias dispares de crecimiento y desarrollo que se contrastan entre el norte y sur del país.

Señor presidente, quiero agradecer a los 63 diputados y diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de los estados del sur-sureste que, conscientes de las necesidades que apremian a esta región del país, suscriben la presente iniciativa. Y solicito, respetuosamente, sean incorporados sus nombres tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.

Entrego al presidente el texto original y queda abierto en la Mesa Directiva, por si algún otro legislador quiera adherirse a ella y respaldarla. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf , del Grupo Parlamentario del PRI

Antecedentes

A partir de la LVIII y hasta la anterior LX Legislaturas, la Cámara de Diputados, por consenso de todos los grupos parlamentarios representados en ella, ha determinado establecer la creación de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, órgano legislativo que tiene como objeto el que se deriva de su denominación, y que en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública han impulsado mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación distintos proyectos en materia de infraestructura de impacto regional, tales como carreteras, hospitales, pasos fronterizos, entre otros, y que se han traducido en beneficio para los nueve estados que comprenden el sur-sureste del país.

Esta comisión del Congreso con carácter de especial, desde su origen ha coordinado acciones para fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas que en el ámbito de la administración pública se ha emprendido, con el compromiso de contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste del país, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

No obstante; y a pesar de que se han realizado esfuerzos importantes por incorporar al desarrollo nacional a esas entidades federativas, lo cierto es que prevalecen realidades socioeconómicas con profundas diferencias que se reflejan en una geografía desigual y compleja. Como casos extremos, Oaxaca y Chiapas tienen más del 50 por ciento de su población en localidades clasificadas de alta o muy alta marginación, Guerrero registra 45 por ciento; Puebla y Veracruz, más de 30 por ciento; Yucatán y Campeche, entre 20 y 30 por ciento; mientras que Quintana Roo y Tabasco, entre 10 y 20 por ciento.

En ese sentido el Poder Legislativo Federal si se concibe así como representante de la sociedad y de las instituciones nacionales, queda obligado a cooperar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y, sobre todo, los desequilibrios regionales. Y en esta materia, respecto a los desequilibrios regionales, radica la enorme importancia que tiene para el país la búsqueda del desarrollo en la región del sur-sureste.

Cabe mencionar, que durante las tres anteriores Legislatura ya se han presentado similares propuestas a esta iniciativa, pero lamentablemente la falta de consenso y de voluntad política no han permitido establecer y darle el carácter de ordinaria a la comisión en comento.

En tal virtud, y por los razonamientos antes expuestos, elevo a la consideración de esta soberanía se establezca con carácter de ordinaria la Comisión de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

Exposición de Motivos

Datos del censo de población y vivienda muestran que de las diez entidades con mayor grado de marginación en la república mexicana, ocho pertenecen a la región sur-sureste. El rezago es evidente principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica (carretera, de energía y de servicios).

De igual manera, de los 851 municipios del país considerados por el Consejo Nacional de Población como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 (83.9 por ciento) se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes. De hecho, en esta región más de la mitad de los municipios tienen alta y muy alta marginación, y casi uno de cada tres de sus habitantes vive en estos municipios.

Otros datos mencionan que en la referida región habitan 28 millones de habitantes, lo que representa el 43 por ciento de la población total, 74.4 por ciento de la población indígena habita en ésta, y el índice de escolaridad medio es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor al índice de escolaridad promedio del resto del país que es de 7.6 años. Igualmente, el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país, ello dificulta sin lugar a duda la provisión de servicios públicos e infraestructura. Dentro de estas localidades pequeñas, en la región sur-sureste existen más de 23 mil en condiciones de aislamiento (sin caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad), cuya población vive en condiciones de extrema pobreza.

El efecto del desarrollo desequilibrado en el sur-sureste resulta aún más dramático si lo analizamos en términos de la desigual distribución social y del ingreso, dónde es calificado por el Banco Mundial como ``de los peores del mundo''. Las asimetrías que presenta el desarrollo regional del sur-sureste de México no solo son evidentes en los indicadores como producto interno bruto, sino también en variables como la ubicación geográfica del aparato productivo, la infraestructura, la organización del sistema de ciudades, la distribución de la población y el destino de las políticas en materia de desarrollo regional.

En este contexto de un nuevo desarrollo económico de México, la planeación regional representa un instrumento elemental para acercarse a la solución de estos problemas o cuando menos, atenuar los desequilibrios territoriales existentes. Junto al modelo focalizado del desarrollo del territorio, se contrapone un criterio integral del desarrollo que demanda se revitalice el papel que juegan las regiones como espacios alternativos donde la promoción del desarrollo regional habrá de encontrar un verdadero significado del devenir económico nacional.

El esquema de desarrollo regional que se propone a partir de la creación de esta comisión, parte de la premisa que el desarrollo es primordialmente de carácter humano, por lo cual se abocaría a legislar en términos de lucha contra la pobreza, promover inversiones de infraestructura, productivas y de sustentabilidad ambiental a fin de aprovechar las ventajas comparativas de la región.

Se ha demostrado que la planeación regional y las políticas de corte regional, cuando se llevan a cabo correctamente, pueden resultar instrumentos valiosos para promover procesos de integración territorial, son correctores de desigualdades entre distintas entidades territoriales y asimismo se convierten en promotores del desarrollo con alto sentido social. Así, reconocemos que la idea fundamental del desarrollo regional se refiere a ``un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región y de cada individuo residente en ella''.

Por ello planteó que debe existir a nivel del Congreso federal la estructura adecuada para abocarse a la solución a través de la creación de instrumentos legales y formar parte de la solución y del desarrollo estatal que contribuya también al desarrollo nacional.

Esa estructura corresponde a un órgano legislativo que impulse el desarrollo de la región sur-sureste, y que desde luego esta Cámara de Diputados cuente con un instrumento adecuado para generar políticas públicas diferenciadas, prepuestos más eficientes y leyes acorde a la realidad de cada estado en esa región, así como de los medios para definir y jerarquizar la problemática y retos que deben dirigir los instrumentos requeridos para su estudio y solución.

Por ello, resulta imprescindible propiciar las instancias necesarias para impulsar y dar seguimiento a los trabajos realizados para el desarrollo de la región, de manera concreta, en el marco de nuestras facultades y obligaciones, mediante la creación de una comisión ordinaria de este tipo que contribuya a revertir las tendencias dispares de crecimiento y desarrollo que se contrastan entre el norte y sur del país.

Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Nicolás Carlos Bellizia Aboaf , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se permite presentar a esta honorable asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México; de acuerdo con el siguiente

Decreto

Primero. Se adiciona la fracción X del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Capítulo VI De las Comisiones y Comités

Artículo 39

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

3. Las Comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Artículo Transitorio

Único: La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Insértese el texto en el Diario de los Debates, como usted lo solicita, ytúrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que contamos con la asistencia de invitados de Puente de Camotlán, del estado de Nayarit, y también nos acompañan invitados especiales del estado de Jalisco.

Sean ustedes bienvenidos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo : Con su permiso, señor presidente.

Esta iniciativa con proyecto de decreto es para adicionar los artículos 132 Bis, 132 Bis-A, 132 Bis-B y 132 Bis-C de la Ley Federal del Trabajo. Es referente a un permiso o licencia que se propone como derecho de los padres, y propongo que debe denominarse como permiso de licencia de paternidad remunerada. Toda vez que el mismo le será otorgado al padre para asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas del nacimiento de su hija o hijo.

Esto es, por su paternidad. En tanto la remuneración deviene del hecho de que durante este tiempo deberá percibir un salario íntegro como si estuviera laborando. En lo que respecta al tiempo de duración del permiso o licencia para ejercer su paternidad remunerada se estima debe de ser de 14 días, en razón de que durante este lapso el padre podrá realizar las atenciones y cuidados que requiere su hija o hijo recién nacido y que, por la naturaleza del parto, no puede realizar la madre.

A fin de gozar de este permiso o licencia de paternidad remunerada, se considera que el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedida por un centro de salud público o privado en el cual conste su carácter de progenitor.

Asimismo, tomamos en consideración que los permisos o licencias de paternidad no deben ser renunciables y deben computarse en determinación de la antigüedad del trabajador en la empresa.

Por tanto, propongo este decreto que adiciona los artículos 132 Bis, 132 Bis-A, 132 Bis-B, 132 Bis-C, de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo único. Se adicionan los artículos 132 Bis, 132 Bis-A, 132 Bis-B y 132 Bis-C, de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los términos siguientes:

Artículo 132 Bis. Además de las obligaciones previstas en el artículo anterior, el patrón deberá otorgar al padre de familia, quien tendrá derecho a un permiso o licencia de paternidad remunerada de 14 días contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a fin de que asuma en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento, las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación al cuidado y asistencia.

En caso de parto múltiple, el permiso o licencia de paternidad remunerada será de 21 días continuos. Para este efecto el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico del nacimiento del niño o la niña expedido por un centro de salud público o privado, en el cual conste su carácter de progenitor.

Artículo 132 Bis A. En caso de enfermedad grave del hijo, así como de complicaciones graves de salud que coloquen en riesgo la vida de la madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual de 14 días continuos.

En el supuesto de que, con ocasión del parto o sus complicaciones, fallezca la madre, el padre del niño o niña tendrá derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta.

Artículo 132 Bis B. Los permisos o licencia de paternidad no son renunciables y deberán computarse para los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la empresa.

Cuando un trabajador solicite inmediatamente después de permiso o licencia de paternidad las vacaciones a que tuviere derecho, el patrón tendrá la obligación de concedérselas.

Artículo 132 Bis C. Esta licencia de paternidad será sufragada por el sistema de seguridad social a la cual se encuentre sujeto el trabajador.

Transitorio. Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto también a nombre de la bancada sinaloense. Es todo, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastelúm Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe que el derecho de iniciar leyes o decretos ante el honorable Congreso de la Unión, y que compete, entre otros, a los diputados de éste, somete a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 132 Bis, 132 Bis A, 132 Bis B y 132 Bis C, a la Ley Federal del Trabajo, en base a la siguiente

Exposición de Motivos

1o. La igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley. Este es un derecho fundamental de los sistemas democráticos, en cuya promoción se detecta un progresivo cambio de actitudes, tanto en las entidades federativas como a nivel internacional en general. Asimismo, para conseguir la plena efectividad de la igualdad se comienza por tener en cuenta las particularidades de ambos géneros y se llega al convencimiento de que es necesario adoptar políticas transversales que integran la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida política, social y económica.

En este proceso, el desarrollo normativo y la adopción de medidas para conseguir la igualdad de trabajadores de distinto sexo, se ha visto preponderantemente el aumento significativo del empleo de la mujer. La población laboral femenina ha pasado en los últimos veinte años de 45 a 61 millones de trabajadoras, mientras que el número de trabajadores varones ha permanecido estable; pero siguen existiendo profundos desequilibrios en lo que a igualdad de género en el empleo se refiere.

Asimismo, frente a la igualdad formal que emana de las normas jurídicas, existe una desigualdad real que se impone a las mujeres, basada en ciertas prácticas y usos sociales, que pretenden reducir su papel social obstaculizando así el acceso a cotas de libertad e independencia, que sólo pueden obtenerse mediante el trabajo en condiciones de igualdad.

Esta igualdad de derechos del hombre y la mujer, ha sido una exigencia reiterada, no sólo por los mexicanos de los distintos estados de la república, sino también a nivel internacional.

2o. La protección de la organización y el desarrollo de la familia. Debido a esas reiteradas demandas que se han formulado, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 4o., primer párrafo, como derecho fundamental la garantía individual de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, con lo cual se evita la discriminación de que frecuentemente eran objeto uno u otra por razón de su sexo.

Dentro de ese primer párrafo, del artículo 4o., constitucional, se ordena al legislador proteger la organización y el desarrollo de la familia. En esta organización y desarrollo de la familia, debe de darse en pleno respeto a la autonomía de ésta, de tal forma que no debe de imponer un modelo de familia o de comportamiento familiar, y para ello debe de limitarse a dar cobertura a las opciones que puede tomar toda persona en uso de su autonomía moral, lo que incluye el respeto a la forma en que conciben a la familia las distintas culturas, sin restringir las posibilidades legales de organizarse conforme a sus propias creencias.

3o. La protección de los derechos de las niñas y niños. Los párrafos sexto, séptimo y octavo, del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contienen disposiciones sobre el régimen de los menores, y establecen diversas obligaciones para los padres y el Estado, con el fin de garantizarles la satisfacción de sus necesidades apremiantes, como la salud física y moral, la educación, el sano esparcimiento para su desarrollo integral, etcétera.

De esta disposición constitucional deviene el deber ineludible y obligación de las instituciones públicas, específicamente de esta Legislatura Federal, de legislar para que se implanten las políticas públicas que protejan y hagan realidad las prerrogativas mencionadas.

4o. Derecho de los trabajadores. Este se encuentra regulado por el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra derechos fundamentales para los trabajadores, y que se tratan de derechos de carácter social como complemento natural de la libertad de trabajo, ocupación y empresa que se establecen en el artículo 5o., de la Carta Magna citada.

El artículo 123 citado, establece que el Congreso de la Unión deberá de expedir leyes sobre el trabajo, sin contravenir, desde luego, las bases generales que se disponen en dicho precepto constitucional, entre las que destacan los derechos que tienen las mujeres en estado de embarazo, quienes encontrándose en esta circunstancia ``...no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;''

5o. Que de acuerdo con los fundamentos en que se sustentan los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer ante la Ley, la protección de la organización y el desarrollo de la familia, la protección de los derechos de las niñas y niños, y el derecho de los trabajadores, y con el objeto de establecer mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la paternidad así como para promover prácticas responsables ante las mismas, educando para la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, de manera que se les asegure a todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria, estimamos de suma importancia que se legisle para que se le otorgue a los padres el derecho de un permiso o licencia para que asuma, en condiciones de igualdad con la madre, el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación al cuidado y asistencia del nacimiento de su hijo o hija.

En virtud de ello, se considera que ese permiso o licencia debe ser remunerado, es decir, que durante el disfrute de ese permiso reciba su salario íntegro, para lo cual se estima que debe ser sufragada por el sistema de seguridad social a la cual se encuentre sujeto el trabajador, y de igual forma, el trabajador deberá de gozar de la conservación de su empleo, así como de los derechos que hubiere adquirido por la relación de trabajo.

Ese permiso o licencia que se propone como derecho de los padres, debe de denominársele como permiso o licencia de paternidad remunerada, toda vez que éste le será otorgado para asumir las obligaciones y responsabilidades derivadas del nacimiento de su hija o hijo, esto es, por su paternidad, en tanto la remuneración deviene del hecho de que durante ese tiempo deberá de percibir su salario íntegro como si estuviese laborando.

En lo que respecta al tiempo de duración del permiso o licencia para ejercer su paternidad remunerada, se estima debe de ser de 14 días, en razón de que durante este lapso el padre podrá realizar las atenciones y cuidados que requiera su hija o hijo recién nacido y que por la naturaleza del parto no puede realizar la madre.

Por otra parte, se considera la posibilidad de que el parto pueda ser múltiple, para lo cual se señala otro plazo de siete días adicionales al primero, es decir, que este permiso o licencia sea de veintiún días.

Otro supuesto que pudiera presentarse, es el de enfermedad grave del hijo, o de complicaciones graves de salud que pudiera colocar en riesgo la vida de la madre, para lo cual se estima que este permiso o licencia de paternidad remunerada deba extenderse por un periodo igual, adicional al de catorce días, de otros catorce días continuos.

Pero también pudiese darse el caso de que, debido a las complicaciones del parto, fallezca la madre, razón por la cual se considera que el padre del niño o niña tenga derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a la madre.

Con el fin de gozar de este permiso o licencia de paternidad remunerada, se considera que el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado, en el cual conste su carácter de progenitor.

Asimismo, tomamos en consideración que los permisos o licencias de paternidad no deben ser renunciables y deben computarse en determinación de la antigüedad del trabajador en la empresa.

Por último, consideramos la circunstancia de que aquellos supuestos en que un trabajador, inmediatamente después de gozar del permiso o licencia de paternidad, solicite las vacaciones a que tuviere derecho, el patrón tenga la obligación de concedérselas.

6o. Que en atención a las consideraciones señaladas en los puntos anteriores, presentamos ante esta soberanía del pueblo la iniciativa de adición de los artículos 132 Bis, 132 Bis A, 132 Bis B y 132 Bis C, de la Ley Federal del Trabajo, para que, si lo estima pertinente, apruebe el siguiente

Decreto que adiciona los artículos 132 Bis, 132 Bis A, 132 Bis B y 132 Bis C, de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adicionan los artículos 132 Bis, 132 Bis A, 132 Bis B y 132 Bis C, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 132 Bis. Además de las obligaciones previstas en el artículo anterior, el patrón deberá otorgar al padre de familia, al cuál éste tendrá derecho, un permiso o licencia de paternidad remunerada de 14 días continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, con el fines de que asuma, en condiciones de igualdad con la madre, el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia.

En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad remunerada será de 21 días continuos.

Para este efecto, el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado, en el cual conste su carácter de progenitor.

Artículo 132 Bis A. En caso de enfermedad grave del hijo, así como de complicaciones graves de salud que coloque en riesgo la vida de la madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual de 14 días continuos.

En el supuesto de que, con ocasión del parto o sus complicaciones, fallezca la madre, el padre del niño o niña tendrá derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta.

Artículo 132 Bis B. Los permisos o licencias de paternidad no son renunciables y deberán computarse para los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la empresa.

Cuando un trabajador solicite inmediatamente después del permiso o licencia de paternidad las vacaciones a que tuviere derecho, el patrón tendrá la obligación de concedérselas.

Artículo 132 Bis C. Esta licencia de paternidad será sufragada por el sistema de seguridad social a la cual se encuentre sujeto el trabajador.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera : Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la frontera norte aporta mucho al país y ofrece grandes oportunidades para la competitividad y el desarrollo humano y sustentable, a pesar del entorno actual adverso.

Ahí se generan grandes indicadores, como el 25 por ciento del producto interno bruto nacional y el 29 por ciento de la inversión extranjera directa. Además de ello, el 83 por ciento del empleo de las empresas maquiladoras se encuentra ahí. Sin embargo, las preocupaciones en la zona fronteriza no son los problemas más comunes de todos los municipios de nuestro país, como la seguridad y el desa-rrollo económico, entre otros, sino que se ven incrementados por la migración, el deterioro de la infraestructura, el comercio exterior, la modernización en puentes internacionales y la agilización en el cruce de mercancías, que los dejan indefensos ante la competitividad y el desarrollo de las ciudades del otro lado de la frontera.

Históricamente los estados y municipios fronterizos, para paliar los problemas relativos a su región, como los de cubrir de alguna manera los servicios básicos a los migrantes transfronterizos, han solicitado una mayor participación en los ingresos provenientes del cobro de peaje en puentes nacionales e internacionales. La principal finalidad de dicha solicitud es la de brindar una mejor atención y un servicio a la ciudadanía a través de la inversión en construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de impacto regional.

En segundo lugar, pero no menos importante, brindar servicios básicos a los trabajadores migrantes que llegan con el propósito de cruzar la frontera pero que, en muchos casos, al final terminan quedándose en las ciudades fronterizas o en su región.

Cada día, ante el aumento considerable del flujo migratorio y del aforo vehicular de las distintas carreteras, puentes y caminos del país, existe una creciente demanda por obras de infraestructura que permitan hacer frente a las nuevas necesidades de la población.

La justificación original del cobro de peaje en los puentes se basa en la recuperación de la inversión inicial, así como en la posibilidad de cubrir los gastos de mantenimiento de los mismos. Sin embargo, el peaje se ha convertido en un impuesto que se carga a la población que utiliza estas vialidades, sin que ésta se beneficie sustancialmente por su pago.

Para lograr mejorar la infraestructura carretera alrededor de los puentes de peaje y los servicios adyacentes es necesario que los ingresos obtenidos se apliquen a estos conceptos y no al gasto corriente. El actual esquema de reparto de los ingresos provenientes de los puentes de peaje ha mostrado su ineficiencia para satisfacer las demandas de la ciudadanía, ya que Caminos y Puentes Federales (Capufe) destina más de 90 por ciento de sus ingresos al gasto corriente.

Más aún, durante 2009 hasta hoy Capufe no destinó ni un solo centavo en inversión física en obra pública de sus recursos propios. Los únicos pocos recursos para este rubro provinieron de transferencias del gobierno federal. Sin embargo, de sus ingresos proyectados por concepto de peaje, 91 por ciento proviene sustancialmente de cada puente internacional. Inclusive, si quitamos los gastos de mantenimiento directos, es decir, aquellos que realmente van a mejorar la infraestructura de puentes, el 84 por ciento sigue destinándose a nómina. Vale la pena señalar un ejemplo claro: la administración municipal de Nuevo Laredo, en su Puente Internacional III gasta en honorarios menos del 6 por ciento de sus ingresos.

Por eso, una manera de garantizar mayores ingresos es el incremento en la aportación máxima que la federación, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, distribuye a los estados y municipios, provenientes de las cuotas de los puentes de peaje señalados en la Ley de Coordinación Fiscal.

Por eso, si incrementamos la aportación máxima de la federación hasta en 50 por ciento se da un paso adelante en materia de federalismo fiscal, y se cumple con la demanda por crear, mantener, reparar y ampliar la infraestructura que permita el buen funcionamiento de las carreteras y puentes.

Además, la misma ley es muy clara al incentivar a los municipios a mantener un nivel de recaudación considerable en el impuesto predial, y al prohibir la utilización de los recursos en gasto corriente, por lo que el uso correcto y el destino de los mismos ingresos estarían garantizados.

Por eso es muy importante que impulsemos el desarrollo de las comunidades de la región fronteriza del norte de nuestro país, tales como el desarrollo económico, la migración, las relaciones internacionales, la seguridad pública, el municipalismo y, en su caso, la infraestructura y el desarrollo urbano.

Por eso proponemos actualizar el esquema de participación de fondos, en beneficio de municipios y entidades donde se ubiquen tales puentes nacionales o internacionales en su caso. Quienes podrán obtener hasta 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que se deriven de la operación de los mismos y que se incluya en la ley la atención a los servicios básicos de los migrantes.

Señor presidente, le solicito que se incluya el documento completo de la presentación de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Cristabell Zamora Cabrera , en nombre propio y de los diputados federales de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

La frontera norte aporta mucho al país y ofrece grandes oportunidades para la competitividad y el desarrollo humano y sustentable, a pesar del entorno actual adverso. Ahí se generan grandes indicadores, como el 25 por ciento del producto interno bruto nacional y el 29 por ciento de la inversión extranjera directa. Además de ello, 83 por ciento del empleo de las empresas maquiladoras se encuentran ahí. Sin embargo, las preocupaciones en la zona fronteriza no son los problemas más comunes de todos los municipios de nuestro país, como la seguridad y el desarrollo económico, entre otros, sino que se ven incrementados por la migración, el deterioro de la infraestructura, el comercio exterior, la modernización en puentes internacionales y la agilización en el cruce de mercancías, que los dejan indefensos ante la competitividad y desarrollo de las ciudades del otro lado de la frontera.

Históricamente, los estados y municipios fronterizos, para paliar de alguna manera los problemas relativos a su región, como los de cubrir de alguna manera los servicios básicos a los migrantes transfronterizos, han solicitado una mayor participación en los ingresos provenientes del cobro de peaje en puentes nacionales e internacionales.

La principal finalidad de dicha solicitud es brindar un mejor servicio a la ciudadanía a través de la inversión en construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de impacto regional.

En segundo lugar, pero no menos importante, es brindar servicios básicos a los trabajadores migrantes que llegan con el propósito de cruzar las fronteras pero que en muchos casos al final terminan quedándose en las ciudades fronterizas o en su región.

Cada día, ante el aumento considerable del flujo migratorio y el aforo vehicular de las distintas carreteras, puentes y caminos del país, existe una creciente demanda por obras de infraestructura que permitan hacer frente a las nuevas necesidades de la población.

La justificación original del cobro de peaje en los puentes se basa en la recuperación de la inversión inicial, así como en la posibilidad de cubrir los gastos de mantenimiento de éstos. Sin embargo, el peaje se ha convertido en un impuesto que se carga a la población que utiliza estas vialidades, sin que ésta se beneficie sustancialmente por su pago.

Para lograr mejorar la infraestructura carretera alrededor de los puentes de peaje y los servicios adyacentes, es necesario que los ingresos obtenidos se apliquen a estos conceptos y no al gasto corriente.

El actual esquema de reparto de los ingresos provenientes de los puentes de peaje ha mostrado su ineficiencia para satisfacer las demandas de la ciudadanía, ya que Caminos y Puestes federales (Capufe) destina más de 90 por ciento de sus ingresos al gasto corriente.

Más aún, durante 2009 Capufe no destinó ni un solo centavo en inversión física en obra pública de sus recursos propios. Los únicos pocos recursos para este rubro provinieron de transferencias del gobierno federal.

Sin embargo, de sus ingresos proyectados por concepto de peaje, 91 por ciento proviene de puentes.

Inclusive, si quitamos los gastos de mantenimiento directos, es decir, los que realmente van a mejorar la infraestructura de puentes, 84 por ciento sigue destinándose a nómina.

En comparación, por ejemplo, vale la pena señalar que el Puente III de Nuevo Laredo, Tamaulipas (administrado por el municipio), gasta en honorarios menos de 6 por ciento de sus ingresos.

Una manera de garantizar mayores ingresos es el incremento en la aportación máxima que la federación, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, distribuye a los estados y municipios provenientes de las cuotas de los puentes de peaje señalados en la Ley de Coordinación Fiscal.

Pero el pago de derechos y el cumplimiento de la ley han disminuido 2.7 por ciento en los últimos dos años, aunque los gastos de Capufe se incrementaron 10 por ciento.

El pasado 23 de diciembre de 2006, dentro del dictamen de la miscelánea fiscal, se incluyó como dictaminada positivamente la iniciativa del diputado Horacio Garza Garza, que reformaba el artículo 9-A --aumentando de 25 por ciento hasta 50 por ciento el porcentaje de aportación federal dentro de la Ley de Coordinación Fiscal--, existiendo el compromiso de la Comisión de Hacienda de la LX Legislatura de revisarla posteriormente.

Aún en las discusiones del Presupuesto para 2009 se volvió tema importante, recibiendo las exposiciones del mismo Capufe y de los diputados y los senadores que presentaron durante esta legislatura diversas propuestas al respecto. Sin embargo, la coyuntura política económica de entonces no permitió se modificase para beneficio de los municipios de la frontera.

La ley vigente funciona bajo un esquema de participación de la federación que no se ha modificado desde 1995. Si incrementamos la aportación máxima de la federación hasta 50 por ciento, se da un paso adelante en materia de federalismo fiscal y se cumple con la demanda por crear, mantener, reparar y ampliar la infraestructura que permita el buen funcionamiento de las carreteras y puentes. Además, la misma ley es clara al incentivar a los municipios a mantener un nivel de recaudación considerable en el impuesto predial y al prohibir la utilización de los recursos en gasto corriente, por lo que el uso correcto y destino de éstos está garantizado.

En suma, la mayor participación federal en los peajes de los puentes nacionales e internacionales que opera Capufe es una lucha de mucho tiempo atrás por los municipios fronterizos y que merece toda la atención de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ante ello, existen recursos no presupuestarios, como los provenientes de las concesiones carreteras, que se pueden utilizar para subsanar la caída en los ingresos de Capufe, debiendo buscar (de cualquier manera) que esta entidad sí cumpla cabalmente con el objetivo de brindar un buen servicio a la ciudadanía. Para impulsar el desarrollo de las 38 comunidades de la región fronteriza del norte de México, tales como desarrollo económico, migración, relaciones internacionales, seguridad pública, municipalismo, medio ambiente y salud, infraestructura y desarrollo urbano.

Con base en los motivos aquí expuestos, los diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proponemos actualizar el esquema de participación de fondos en beneficio de los municipios y entidades donde se ubiquen tales puentes, nacionales o internacionales, quienes podrán obtener hasta 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que se deriven de la operación de éstos, presentando esta iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el artículo 9-A de la Ley Federal de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y municipios donde existían puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la atención de los servicios básicos para los migrantes, a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en los municipios donde se sitúen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20 por ciento del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50 por ciento y estados 50 por ciento.

Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50 por ciento más 1 de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la hacienda pública local con la federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo de 50 por ciento, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio el municipio se encuentra en este supuesto no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de éste decreto, podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2010 y para su suscripción se tomará como base de recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma de éste.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera : Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de la tribuna para presentar, a nombre de los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa que propone incluir a la región de Cinco Manantiales, del estado de Coahuila, a la región fronteriza contemplada en la Ley del Impuesto al Valor Agregadoy que, por obvio de tiempo, ya que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito compartir con ustedes los siguientes razonamientos.

Con frecuencia cuando se habla de regiones fronterizas, de manera inmediata se nos viene a la mente la noción de áreas territoriales localizadas en los extremos de un país, tratándose más bien de una región cuya extensión y límites no coinciden con la línea demarcadora internacional, ni necesariamente con las áreas limítrofes que concurren a un espacio regional fronterizo.

La región fronteriza es aquélla que está determinada por el tipo de procesos sociales que se establecen en estos territorios, donde los límites internacionales (la línea fronteriza) se convierten en factores que dinamizan las relaciones de intercambio y comercio fronterizo, lejos del rol formal que les asignan los tratados y las leyes.

En nuestro caso, nuestro país cuenta con dos regiones fronterizas: al norte, con Estados Unidos de América, y al sur, con Guatemala. Nuestra frontera norte comprende 24 condados del lado estadounidense y 38 municipios del lado mexicano. Éstos últimos reflejan las mismas condiciones de desarrollo en que se encuentra el resto de nuestro país. En ella se notan grandes concentraciones de población, la cual creció rápidamente hasta alcanzar 13 millones de habitantes en 2005.

La población tiene, en general, un bajo nivel de escolaridad. La mayoría de la infraestructura de salud se concentra en los grandes centros urbanos fronterizos y existe un sector importante de la población que no tiene acceso al agua potable, drenaje y vivienda. Un poco más de 60 por ciento de la población empleada en el sector formal tiene ingresos mensuales inferiores a 3 salarios mínimos, situación que los coloca por abajo de la línea de pobreza. En la región, más de 40 por ciento de la población total vive en condiciones de marginación social.

En México una de las experiencias más importantes para nuestro país es el programa Frontera 2012. Un programa de cooperación a 10 años, diseñado para proteger el medio ambiente y la salud pública en la zona fronteriza. Se estructura a partir del Acuerdo de La Paz, del 14 de agosto de 1983, firmado por los entonces presidentes Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, de México y Estados Unidos de América, respectivamente.

Como podemos observar, la definición de franja o región fronteriza responde a visiones de intereses de ambos países, a determinados problemas que deben ser resueltos de manera binacional, por lo que nuestras leyes deben adecuarse al nuevo panorama de intereses nacionales y binacionales.

En el caso de Coahuila, una región que ha sido participante fundamental en varios programas es Cinco Manantiales ---que comprende cinco municipios: Zaragoza, Morelos, Allende, Villa Unión y Nava---, entre ellos estan los proyecto de alcantarillado, saneamiento y reciclaje de cartón en dicha región.

El proyecto global, con un costo de casi 21 millones de dólares, incluye una planta industrial de reciclaje de papel y cartón, una planta de tratamiento de aguas residuales y una contribución en especie para obras públicas como un relleno sanitario o algunas otras relacionadas, y se enmarca dentro de las prioridades de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), referente al tratamiento de aguas residuales.

Este proyecto es auspiciado por municipios de la región de Cinco Manantiales, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y la empresa privada Grupo Solar, SA de CV. Asimismo, se encuadra dentro de los principios de la Cocef, en la categoría de proyectos del sector privado, como una asociación pública-privada.

La tesis que aquí argumentamos para presentar esta iniciativa se fundamenta en la experiencia que desde diversos ángulos ha llevado a cabo nuestro país, sobre todo con el compromiso del desarrollo y aprovechamiento de nuestras regiones que interactúan en el ámbito fronterizo.

Compañeros y compañeras, respetuosamente les solicitamos que aprobemos en su momento la siguiente iniciativa que adiciona al último párrafo del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2º. ...

Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo; los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como la región Cinco Manantiales, comprendida por los municipios de Zaragoza, Allende, Morelos, Nava y Villa Unión, todos municipios del estado de Coahuila.

Es cuanto, diputado presidente, y le solicito respetuosamente que se incluya de manera íntegra esta iniciativa que ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Hilda Esthela Flores Escalera , del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y los diputados federales por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, en voz de la diputada Hilda Flores Escalera, presentan a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Con frecuencia, cuando se habla de regiones fronterizas inmediatamente se nos viene a la mente la noción de áreas territoriales localizadas en los extremos de un país, se trata más bien de una región cuya extensión y límites no coinciden con la línea demarcatoria internacional, ni necesariamente con los límites político-administrativos preexistentes de las áreas limítrofes que concurren a un espacio regional fronterizo.

La región fronteriza es aquella que está determinada por el tipo de procesos sociales que se establecen en estos territorios, donde los límites internacionales (la línea fronteriza) se convierten en factores que dinamizan las relaciones de intercambio y comercio fronterizo, lejos del rol formal que les asignan los tratados y las leyes.

En nuestro caso, la República Mexicana cuenta con dos regiones fronterizas; al norte con Estados Unidos de América, en donde se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3 mil 152 kilómetros desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México, la cual incluye nueve estados; cinco mexicanos y cuatro estadounidenses (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila Tamaulipas, California, Arizona, Nuevo México y Texas).

La franja de la frontera norte comprende 24 condados del lado estadounidenses y 38 municipios del lado mexicano, estos últimos reflejan, de manera general, las mismas condiciones de vida y de desarrollo en que se encuentra el resto de nuestro país. En ella, al igual que en otras regiones de México, se notan grandes concentraciones de población, la cual creció rápidamente hasta alcanzar 13 millones de habitantes en 2005, en comparación con los 6.9 millones existentes en 1980. De 1990 a 2000, la tasa de crecimiento de la población en la región fue de más de dos veces la observada a nivel nacional en ambos países, además existen carencias importantes en la infraestructura urbana, educativa y de salud. La población tiene, en general, un bajo nivel de escolaridad, la mayoría de la infraestructura de salud se concentra en los grandes centros urbanos fronterizos, existe un sector importante de la población que no tiene acceso al agua potable, drenaje y vivienda. Un poco más de 60 por ciento de la población empleada en el sector formal tiene ingresos mensuales inferiores a los tres salarios mínimos, situación que los coloca, debido al nivel de ingresos, por abajo de la línea de pobreza. En la región, más de 40 por ciento de la población total vive en condiciones de marginación social.

Al sur, la línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 kilómetros, con Belice de 193 kilómetros (no incluye 85 mil 266 kilómetros de límite marítimo en la bahía de Chetumal) y colinda con los estados fronterizos del sur y sureste del país que son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las tendencias del mundo globalizado han marcado una pauta en las últimas décadas. Ha implicado, en el concierto mundial, una dinámica de gran movilidad de bienes, servicios y personas, de tal manera que la frontera sur de nuestro país se ha convertido en una ruta estratégica de acceso hacia Estados Unidos para miles de migrantes, la mayoría de ellos indocumentados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que buscan mejores condiciones de vida y, a la vez, quedan expuestos a los grupos de contrabandistas y traficantes de personas.

El concepto de ``franja fronteriza'' es de origen aduanero y corresponde a una extensión territorial comprendida entre una línea fronteriza y otra imaginaria, trazada paralelamente a una distancia de 20 kilómetros. El área así definida goza de las reglamentaciones especiales vigentes, referidas sobre todo a franquicias aduanales. La Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos incluye también el concepto de ``región fronteriza'' que se refiere a aquellas definidas por el Ejecutivo federal a través de un decreto.

A su vez, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley Aduanera adiciona a los 20 kilómetros referidos, una región fronteriza que comprende ``todo el territorio de Baja California, Baja California Sur, y de Sonora, el municipio de Cananea y la porción comprendida al norte de la línea divisoria internacional, desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado de esa línea a 10 kilómetros al oeste, de ese punto en línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce del río, hacia el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional''.

La imposición de las tasas diferenciales en cuanto al IVA tiene su antecedente en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, el 29 de noviembre de 1978, en donde planteaba una tasa de 6 por ciento aplicada a la franja fronteriza que comprendía 20 kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las zonas libres de Baja California y norte de Sonora y Baja California Sur. Para el resto del país, la tasa era de 10 por ciento, disposición que fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.

Un ejemplo claro del aprovechamiento de las regiones fronterizas como instrumento de desarrollo y de reducción de las grandes asimetrías lo tenemos en la Unión Europea la cual estableció entre sus mecanismos de política económica el Interreg III (2000-2006), que tiene como objetivo el desarrollo de la cooperación transfronteriza; la ayuda a las regiones situadas a lo largo de las fronteras interiores y exteriores de la UE para superar los problemas resultantes de su aislamiento. Para el logro de estos objetivos estableció otro mecanismo, conocido como ``acción comunitaria a favor de las regiones fronterizas--COM (2002) 660 Final''.

En México, una de las experiencias más importantes para nuestro país es el programa Frontera 2012, que es un programa de cooperación a 10 años diseñado para proteger el medio ambiente y la salud pública en la zona fronteriza; se estructura a partir del acuerdo de La Paz, del 14 de agosto de 1983, firmado por los entonces presidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Ronald Reagan, de México y Estados Unidos de América, respectivamente. Este acuerdo establece un convenio entre Estados Unidos de América y México sobre la cooperación para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza. En su artículo 4 se establece que ``para los propósitos de este convenio deberá entenderse que la zona fronteriza es el área situada hasta 100 kilómetros de ambos lados de las líneas divisorias terrestres y marítimas entre las partes''.

Como podemos observar, la definición de franja o región fronteriza responde a visiones de intereses de ambos países, responde a determinados problemas que deben ser resueltas de manera binacional (el asunto ambiental, seguridad, migración y comercio) por lo que nuestras leyes deben adecuarse al nuevo panorama de intereses nacionales y binacionales que conforman una larga lista de prioridades de desarrollo regional en aquellos estados que comparten una frontera.

En la frontera norte existe desde hace dos décadas la cooperación entre los 10 estados fronterizos a través de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, estableciendo acuerdos de cooperación en seguridad fronteriza, migración, combate al narcotráfico, modernización de los cruces fronterizos, apertura económica, abasto energético, explotación racional de los recursos, etcétera.

Asimismo, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) ha recibido recursos del Fondo para la Infraestructura Ambiental Fronteriza y del Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos para 22 proyectos, que significan 154.9 millones de dólares, que benefician a una población de 448 mil habitantes de los estados fronterizos mexicanos.

En el caso del estado de Coahuila, una región que ha sido participante fundamental en varios programas es la región conocida como Cinco Manantiales, que comprende cinco municipios: Zaragoza, Morelos, Allende, Villa Unión y Nava. Uno de ellos es el proyecto de alcantarillado, saneamiento y reciclaje de cartón en la región de Cinco Manantiales.

El proyecto global, con un costo de 20 millones 981 mil 800 dólares, incluye una planta industrial de reciclaje de papel y cartón, una planta de tratamiento de aguas residuales y una contribución en especie para obras públicas como un relleno sanitario o algunas otras obras públicas relacionadas; se enmarca dentro de las prioridades de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza relacionada con el tratamiento de aguas residuales. Este proyecto es auspiciado por municipios en la región de Cinco Manantiales, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y la empresa privada Grupo Solar, SA de CV. Asimismo, se encuadra dentro de los principios de la Cocef, en la categoría de proyectos del sector privado, como una asociación pública-privada.

También se está desarrollando el Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos, el Programa de Mejoras al Sistema de Agua Potable y otros que están en puerta, por lo que proponemos el apoyo a esta región desde todos los aspectos: fiscal, social y económico, ya que esto representaría fortalecer el desarrollo de esta importante región del país y pudiera ser un modelo de desarrollo que impulse otros en los estados mexicanos fronterizos.

La tesis que aquí argumentamos para presentar esta iniciativa se fundamenta en la experiencia que desde diversos ángulos ha llevado a cabo nuestro país, y que se renuevan al tenor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte; pero, sobre todo, con el compromiso del desarrollo y aprovechamiento de nuestras regiones que interactúan en el ámbito fronterizo esta modificación promovería el comercio y el empleo en esta zona, mejorando así su situación competitiva para evitar la salida de divisas al extranjero en estos momentos de crisis.

Sobre la obligación establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria acerca de establecer el origen de los recursos para esta iniciativa, sabemos que la recaudación por concepto del impuesto al valor agregado durante 2008 fue de 457 mil 697.7 millones de pesos, lo que significó 3.9 por ciento del PIB, esto nos da que por cada punto de la tasa de IVA se obtiene aproximadamente 0.26 por ciento del PIB; en el 2008 se dejaron de recaudar por concepto de la tasa de 10 por ciento en la región fronteriza 15 mil 63 millones de pesos, lo que equivalió a 0.1278 del PIB, aún así, lo recaudado en ese año fue 6.5 por ciento por arriba de lo estimado en la Ley de Ingresos aprobada para 2008; y para 2009 se prevé que dejen de recaudarse por este concepto16 mil 206 millones de pesos, lo que significa 0.1479 por ciento del PIB, a precios corrientes, de lo que va del año.

De conformidad con el informe del segundo trimestre de 2009, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que va de enero a julio se han gastado en servicios personales directos 111 mil 354.2 millones de pesos, 9.2 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2008, lo que significa 1.01 por ciento del PIB a precios corrientes en lo que va del año. Consideramos que el monto que dejaría de recibir la federación podría ser compensado con una reducción en el gasto corriente directo del gobierno federal y un eficiente gasto público, además de que se recuperaría por el desarrollo de regiones beneficiadas por esta reforma.

Por lo anterior descrito, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Primero. Una adición al último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

...

...

Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo; los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como, la región Cinco Manantiales comprendida por los municipios de Zaragoza, Allende, Morelos, Nava y Villa Unión, todos municipios del estado de Coahuila.

Transitorio

Artículo Primero. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Insértese el texto íntegro, como lo solicita, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable asamblea, tenemos entre nosotros a alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, así como estudiantes de la licenciatura en Derecho, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por visitarnos.

VOLUMEN II

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Mario Moreno Arcos : Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, los diputados federales por Guerrero del Grupo Parlamentario del PRI a esta legislatura sometemos a consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de regular y modificar el programa de subsidio del fertilizante en un programa social de financiamiento, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la relevancia que tiene para nuestra nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados. Y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, igual que señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 5o. determina que dentro del marco previsto por la Constitución federal, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y las municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país, y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.

Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales mediante su aprovechamiento sustentable, y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.

Promover y realizar acciones en pro del fortalecimiento de la hacienda municipal es otro de los factores que se pretende con la presente iniciativa, ya que se ampliarán los agentes que incrementarán el impulso al desarrollo agrícola en los municipios.

Por lo aquí expresado preparamos esta iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que éstas puedan destinarse en la adquisición de insumos agrícolas para el incremento del desarrollo rural sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 33 en su primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas, adquisición de insumos agrícolas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural e insumos agrícolas.

Gracias, ciudadano presidente. Agradeceré se incorpore el presente documento íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos , del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Guerrero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de regular y modificar el programa de subsidio del fertilizante en un programa social de financiamiento, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desa-rrollo nacional de los grupos organizados, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, y servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable determina en el artículo 5 que, dentro del marco previsto en la Constitución federal, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los de las entidades federativas y los municipios, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

El Partido Revolucionario Institucional en su plataforma electoral pugna por la revaloración de la política económica, agregando que el modelo de desarrollo no es funcional, sugiriendo corregir y reorientar las acciones, adoptando nuevas bases, correlacionadas con las nuevas circunstancias globales, para relanzar el desarrollo nacional e impulsar un nuevo ciclo de transformaciones capaz de generar una nueva vía mexicana del desarrollo.

Con ello no se busca regresar al estatismo de la década de 1970 sino luchar por revalorar el papel del Estado en la economía, porque sea un Estado moderno, promotor y regulador de las fuerzas del mercado, que apoye y complemente la iniciativa de los particulares, se fortalezca el mercado interno y se aprovechen la globalización y el libre comercio en beneficio de la sociedad, aprovechando lo positivo de las políticas aplicadas.

Entre otros aspectos, se propone reforzar nuestros sectores estratégicos y valorar las áreas de oportunidad e innovación que tiene el país de acuerdo con sus condiciones geográficas: recursos naturales, recursos humanos, infraestructura y estructura productiva, incluyendo la mejor integración y articulación de la industria exportadora, y la satisfacción, por industrias locales competitivas, de la demanda del mercado interno.

En los últimos tres ejercicios fiscales, las participaciones federales para los municipios han disminuido considerablemente. Esas acciones repercuten de manera directa en la capacidad adquisitiva para insumos y materiales requeridos en la aplicación de programas de carácter social, mermando la hacienda municipal y, en consecuencia, la oportunidad de apoyar para incrementar el desarrollo económico de la municipalidad.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en la fracción IV: ``Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de... b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados''. Asimismo, determina que ``los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley...''

La fracción V del citado precepto constitucional hace referencia a la facultad de los municipios para ``participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia''.

Promover y realizar acciones en pro del fortalecimiento de la hacienda municipal es otro de los factores que se pretenden con la presente iniciativa, ya que se ampliarán los agentes que incrementarán el impulso del desarrollo agrícola en los municipios.

Preparamos esta iniciativa de reformas de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social puedan destinarse en la adquisición de insumos agrícolas para el incremento del desarrollo rural sustentable.

Con todo ello, a partir del reconocimiento de que hay una evidente crisis política y económica, que ha llevado al país a una difícil situación para la gobernabilidad y el crecimiento, estamos seguros de que con la presente iniciativa estamos dando un paso pequeño con el que crearemos condiciones para que el Estado recupere su capacidad de promoción del desarrollo.

Pensamos que esto permitirá en una pequeña medida dinamizar el mercado interno para evitar que se agudicen la desigualdad y la pobreza y aprovechar todo el potencial productivo del pueblo mexicano.

Debemos iniciar con algunas condiciones que establezcan en forma deliberada nuevas políticas agropecuarias orientadas a desarrollar el mercado interno, fortaleciendo la articulación del sector exportador con el resto de la economía, aumentar la productividad y alcanzar mayores niveles de competitividad, utilizando toda la capacidad del gobierno en los ámbitos de la inversión y de las decisiones administrativas, en la reorientación del sistema financiero hacia la promoción del crecimiento.

Sabemos que al promover una economía que procure colaboración e interdependencia entre los sectores productivos se elevará el nivel de articulación complementaria entre lo rural y urbano, así como la elaboración de bienes de consumo y bienes intermedios, a partir de una estrategia de promoción industrial consensuada por los agentes económicos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas, adquisición de insumos agrícolas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penalesy 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga : Con su permiso, señor presidente. Durante los últimos años el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país ha experimentado un crecimiento exponencial. Los grupos delincuenciales que operan en la República obtienen ingresos superiores a los 30 mil millones de dólares anuales. Alrededor de 450 mil personas pertenecen a su estructura operativa y en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón se destaca que durante su administración se han capturado a 80 mil presuntos miembros del crimen organizado.

Los delitos que cometen las organizaciones delictivas lesionan fuertemente la economía del país y provocan alarma y crispación social. Por ello se ha hecho indispensable perfeccionar los mecanismos de reacción y prevención, para combatir más eficientemente este flagelo. Así han surgido nuevas figuras jurídicas como el arraigo en centros oficiales.

En junio de 2008 se reformó el artículo 16 constitucional para instituir formalmente el arraigo como una de las medidas cautelares en materia penal, por lo que cualquier debate respecto de la constitucionalidad de esta figura ya está zanjado.

Sin embargo, ha quedado pendiente establecer fórmulas congruentes al mandato constitucional, señalando reglas claras para su tramitación. Un aspecto, de varios hasta hoy no reglamentados, respecto al arraigo es el de su levantamiento, extinción o supresión individualizada de sus efectos.

En la práctica forense, cuando durante el periodo concedido por el juez las causas que le dieron origen desaparecen o el Ministerio Público no logra recabar elementos para la debida consignación de la averiguación previa, el arraigo se levanta por el mero transcurso del término concedido por el juez o por disposición unilateral del Ministerio Público.

En el primero de los casos no existe problema o inconveniente alguno. En el segundo de los casos sí hay una problemática, puesto que es frecuente que el Ministerio Público omita dar aviso del levantamiento del arraigo al juez que lo decretó, con lo que éste pierde el control del expediente relativo, en perjuicio de la eficiente administración de justicia.

Esto representa una constante y no un caso aislado. El arraigo está siendo una práctica que se está usando al extremo. En tan sólo nueve meses la solicitud de arraigo, demandas y demás medidas cautelares se han convertido en un boom legal, inundando de trámites a los tribunales federales especializados. Sólo apenas en julio pasado el Consejo de la Judicatura Federal debió acordar la creación de un juzgado más en la materia, luego de que, después de seis meses, los seis primeros juzgados creados en enero de este año se vieran saturados de asuntos de esta índole.

Por ello, si la práctica permanece sin ser debidamente regulada, en poco tiempo estará afectando negativamente a la administración judicial. De persistir el manejo discrecional del Ministerio Público sobre el levantamiento del arraigo, la función judicial en la materia quedará trunca, incompleta, contradicha y desordenada. En esa virtud, antes de que el tiempo avance y el problema se agrave, es necesario corregir la práctica indicada, estableciendo en la ley disposiciones para que sólo quien decrete el arraigo pueda levantarlo.

Por lo anterior, formulo la iniciativa siguiente: Se adicionan los artículos 133 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

El levantamiento del arraigo, en todo caso, será facultad del juez que lo decretó, quien resolverá en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes correspondientes del Ministerio Público.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, solicito que el texto de esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto. Señoras legisladoras y señores legisladores, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país ha experimentado un crecimiento exponencial.

Estadísticas oficiales indican que los grupos delincuenciales que operan en la República obtienen ingresos superiores a los 30 mil millones de dólares anuales; que alrededor de 450 mil personas pertenecen a su estructura operativa; y, en el tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón se destaca que durante su administración se ha capturado a 80 mil presuntos miembros del crimen organizado.

Asimismo, sólo en los tres años de ejercicio de la actual administración, los ``ajustes de cuentas'' y las disputas entre cárteles por territorios y mercados han ocasionado, hasta ahora, casi 15 mil muertes violentas.

La delincuencia organizada es pues un flagelo cuya operación no sólo daña severamente a la salud, a la vida, a la libertad, al patrimonio individual de las personas, sino que también vulnera la vigencia del estado de derecho y pone en riesgo la seguridad nacional.

Los delitos que cometen las organizaciones delictivas, como el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, el robo de vehículos, el lavado de dinero, el tráfico de personas, entre otros, lesionan fuertemente la economía del país y provocan alarma y crispación social.

Por ello, se ha hecho indispensable para el Estado perfeccionar sus mecanismos de reacción y prevención para combatir más eficientemente este fenómeno.

Recientemente, los programas contra la delincuencia organizada, siguiendo una orientación internacional, se han encauzado hacia la formación de estructuras oficiales especializadas para su combate, a la inteligencia policial como medio para lograr su desmantelamiento, a establecer métodos tecnológicos de vigilancia para el rastreo de delincuentes y a dotar de nuevas facultades a los órganos institucionales de prevención del delito, procuración y administración de justicia.

Conforme al ritmo de los tiempos del derecho escrito, han surgido nuevas figuras jurídicas, que a la vez son estrategias y acciones, como el arraigo en centros oficiales, la extinción de dominio de bienes de la delincuencia, las recompensas, la protección de testigos y jueces, la intervención telefónica, la agravación de penas o la reducción o supresión de beneficios preliberacionales para esta clase de delincuentes.

Su instauración, la de esas nuevas figuras penales en nuestra legislación, sin duda, ha sido útil y necesaria.

Ha implicado avances en el esfuerzo de romper con la ineficacia gubernamental ante la existencia de un inadecuado y poco flexible marco legal para perseguir y sancionar a la delincuencia organizada.

De esta forma, en 1993 se introdujo el concepto de delincuencia organizada, por medio de la reforma del artículo 16 constitucional; en 1996, el Congreso de la Unión aprobó la vigente Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y en junio de 2008, se reformó nuevamente el artículo 16 constitucional para instituir formalmente el arraigo, como una de las medidas cautelares en materia penal.

El arraigo es una medida precautoria útil para obtener una consignación eficiente y lograr, de esa forma, una sentencia condenatoria contra miembros de la delincuencia organizada, en tanto permite al Ministerio Público tener a su disposición al inculpado mientras recaba pruebas durante la averiguación previa y le da la posibilidad de integrar adecuadamente el cuerpo del delito y acreditar la probable responsabilidad de aquellos.

La justificación doctrinal del arraigo radica en la posibilidad fundada de que la persona en contra de quien se prepara el ejercicio de la acción penal, se sustraiga de la acción de la justicia.

El arraigo penal es definido por el diccionario jurídico mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como ``la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso''.

Actualmente, cualquier debate respecto a la constitucionalidad de esta figura legal, ya está zanjado porque, como se ha dicho, las recientes reformas al sistema de justicia penal lo han elevado a rango constitucional. Lo único que ha quedado pendiente, es establecer fórmulas congruentes al mandato constitucional, señalando reglas claras para su tramitación.

Un aspecto, de varios hasta hoy no reglamentados respecto al arraigo, es el de su levantamiento, extinción o supresión individualizada de sus efectos.

Conforme a la normatividad relativa en vigor, establecida en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 2, 133 Bis y 133 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales, únicamente se establece:

Por tanto, nada indica la normatividad relativa acerca del levantamiento del arraigo.

En la práctica forense, cuando durante el período concedido por el juez las causas que le dieron origen desaparecen o el Ministerio Público no logra recabar elementos para la debida consignación de la averiguación previa, el arraigo se levanta por el mero transcurso del término concedido por el juez o por disposición unilateral del Ministerio Público.

En el primero de los casos, no existe problema o inconveniente alguno. Es claro que si vence el término y no se consigna, que el afectado debe ser puesto en libertad absoluta o bajo las reservas de ley.

En el segundo de los casos sí hay una problemática, puesto que es más que frecuente que el Ministerio Público de la federación omita dar aviso del levantamiento del arraigo al juez de conocimiento, o sea a quien decretó ese arraigo, con lo que este pierde ``control'' del expediente relativo, fundamentalmente en perjuicio de los derechos del afectado o arraigado y de la eficiente administración de justicia.

Esto representa una constante y no un caso aislado. en el marco de una medida cautelar que apenas a poco menos de nueve meses de ser conocida por los administrativamente llamados ``juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones'', con competencia territorial en toda la República, el arraigo está siendo una práctica legalmente reconocida pero usada al extremo.

En efecto, en tan corto tiempo, la solicitud de arraigo y demás medidas cautelares se ha convertido en un boom legal, ha explotado, inundando de trámites a los tribunales federales especializados.

Sólo apenas en julio pasado el Consejo de la Judicatura federal debió acordar la creación de un juzgado más en la materia, luego que después de seis meses (enero a junio de 2009) los seis primeros juzgados, creados en enero de este año, se vieran saturados de asuntos de esta índole.

Según información oficial de la suprema corte de justicia de la nación, la atención de solicitudes del Ministerio Público de la federación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es creciente. Los juzgados referidos, hasta el 22 de junio del presente año, habían atendido 2 mil 86 de estas solicitudes para investigar delitos en todo el país.

De estas solicitudes, un mil 773 correspondieron, en dicho período, a cateos, 16 a intervenciones telefónicas y 297 a arraigos, que además, por su naturaleza, son colectivos; es decir, se solicita para varios inculpados en un solo acto.

Conforme a esa misma dinámica es de estimarse que al final de este año, los asuntos que ingresarán a los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, alcanzarán el número de 3 mil 500, de los cuales unos 500 corresponderían a arraigos.

Ahora bien, el descontrol que genera la falta de aviso del levantamiento del arraigo por el Ministerio Público de la federación está directamente relacionado con el alto número de asuntos decretados en tal sentido por los jueces de control.

Por ello, si la práctica permanece sin ser debidamente regulada, en poco tiempo estará afectando negativamente a la administración judicial, porque, por una parte, la fórmula del arraigo y otras medidas cautelares - contra el espíritu de la constitución reformada -se estará convirtiendo en regla y no en excepción, como debiera de ser, y porque, por otra parte, de persistir el manejo discrecional del Ministerio Público sobre el levantamiento del arraigo a favor de una o varias personas hará que la función judicial en la materia quede trunca, incompleta, contradicha y desordenada.

Es decir, es ilógico e incongruente que sea un juez quien por mandato constitucional decrete el arraigo y la autoridad administrativa quien lo levante, con el ingrediente adicional de no avisar al primero sobre la ejecución de la medida por este último adoptada.

En esa virtud, antes de que el tiempo avance y el problema se agrave, es necesario corregir la práctica indicada, estableciendo en la ley disposiciones para que sólo quien decreta el arraigo pueda levantarlo.

Por lo anteriormente expuesto formulo la iniciativa siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 133 Bis. El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al Ministerio Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse. el levantamiento del arraigo, en todo caso, será facultad del juez que lo decretó, quien resolverá, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes correspondientes del Ministerio Público.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 12. La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración total de esta medida precautoria exceda de ochenta días. el levantamiento del arraigo, en todo caso, será facultad del juez que lo decretó quien resolverá, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes correspondientes del Ministerio Público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa : Gracias, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los temas ---a pesar de ser muy recurrido por organizaciones no gubernamentales y por la propia comunidad internacional--- es la figura de la adopción. Acto jurídico que necesita una revisión y discusión profunda por parte de esta soberanía, para contar con una legislación nacional eficiente y moderna, que prevea las mejores prácticas adoptadas en tratados y convenios internacionales.

Actualmente es un hecho de que cada vez sean más los matrimonios y las familias mexicanas que recurren a este tipo de acciones y que tienen como objetivo fundamental proveer a los niños en situación de desventaja de un hogar con características similares a quienes tienen la fortuna de, en forma natural, procrear hijos.

Sin embargo, nuestra legislación no previó los alcances del tema que hoy se aborda, que la mujer trabajadora que ha decidido adoptar a un menor tenga los mismos derechos de las madres trabajadoras, contemplados en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo.

La ley laboral no contempla derechos para aquellas mujeres que no tuvieron un embarazo, sino que optaron por la maternidad por la vía de haber adoptado a un menor. Estamos convencidos de que el derecho laboral debe contribuir a la igualdad, la equidad y la justicia.

Es importante destacar que durante muchos años ha imperado en el trato hacia la mujer trabajadora una desigualdad que ha sido motivo de revisiones permanentes de las legislaciones, para proveer de normatividad justa y equitativa a quien desempeña un doble papel fundamental en la sociedad: ser madre y trabajadora.

La protección a la maternidad, que señala el artículo 165 de la Ley Federal en comento, debe interpretarse como un elemento fundamental para el desarrollo colectivo de la sociedad mexicana y sus próximas generaciones. El papel de la mujer y madre trabajadora, como se ha señalado anteriormente, debe ser reconocido por nuestra ley laboral. Sin embargo, como se ha podido constatar en los artículos mencionados y en el mismo capítulo, no se señalan las hipótesis que comprendan el caso de las mujeres que por adopción se conviertan en madres. El rol que se desempeña es exactamente el mismo.

El derecho que goza una mujer trabajadora posterior al parto debe ser igual al que debe gozar una madre trabajadora por la vía de la adopción, trátese de la edad que tenga el menor. La persona que adopta un hijo debe convivir con un menor que se está adaptando a un entorno desconocido, a quien en edad temprana resultará más fácil asimilarlo. Pero también es de considerarse que el menor resentirá ese cambio de entorno donde debe ser atendido con mayor precisión y cuidados por su madre.

La protección a la maternidad que señala el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, debe entenderse como ese rol que lleva la mujer genéricamente y no sólo enfocarse a las etapas pre y posparto, sino también contemplar a la etapa de adaptación de un menor adoptado.

De tal forma, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental el incorporar como derecho de la mujer trabajadora que se encuentra en la hipótesis en la que se convierta en madre por la vía de la adopción, equiparando su papel al de aquella que goce de estos derechos por motivo de estar embarazada; y en un segundo sentido, velar por los derechos de los niños que se integran a una familia por la vía de la adopción.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía la presente propuesta de iniciativa de decreto que reforma los artículos 165 y 170, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo.

Decreto. Único. Se reforman los artículos 165 y 170, fracción II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad por la vía natural o por adopción.

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, y de seis semanas posteriores a la adopción, para aquellas que por dicha vía sean madres.

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario, en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo, del parto o por la adopción.

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto o de la adopción.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan sin efecto las normas y los lineamientos jurídicos que vayan en contra de la aplicación e implantación del presente decreto.

Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Felipe Amador Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía, la presente propuesta de iniciativa de decreto que reforma los artículos 165 y 170, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el inicio de mi campaña, me comprometí por velar por el bienestar de las familias mexicanas. Es el momento propicio para comenzar a hacerlo.

Gran parte de las prioridades de todos los grupos parlamentarios que se encuentran representadas en esta soberanía, tienden a enfocarse en temas que son en suma, trascendentes para el desarrollo social y económico de la población, en embargo, sé que mis compañeros y compañeras coincidirán en la propuesta que se presenta, logrando así colaborar e construir un mejor país y por ende, mejores mexicanos comprometidos con la niñez de México.

Uno de los temas que a pesar de ser muy recurrido por organizaciones no gubernamentales y por la propia comunidad internacional es la figura de la adopción , acto jurídico que necesita una revisión y discusión profunda por parte de esta soberanía para contar con una legislación nacional eficiente y moderna que prevea las mejores prácticas adoptadas en tratados y convenios internacionales.

Actualmente, es un hecho que cada vez son más los matrimonios y las familias mexicanas que recurren a este tipo de acciones y que tienen, como objetivo fundamental, el proveer a los niños en situación de desventaja, de un hogar con características similares de quienes tienen la fortuna en forma natural, de procrear hijos.

La gran mayoría de las legislaciones que aborda el tema de la familia, recurren insistentemente al cuidado del entorno del menor y la convivencia armónica entre la madre y éste.

Sin embargo, nuestra legislación no previó los alcances del tema que se aborda: que la mujer trabajadora que ha decido adoptar un menor, tenga los mismo derechos de las madres trabajadoras contemplados en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo. La ley laboral no contempla derechos para aquellas mujeres que no tuvieron un embarazo sino que, son madres por haber adoptado a algún menor.

En el caso que motiva la presente iniciativa, la Ley Federal del Trabajo, en su Titulo Quinto denominado ``Trabajo de las Mujeres'', señala en su artículo 165, lo siguiente:

Es importante destacar que durante muchos años, ha imperado en el trato hacia la mujer trabajadora, una desigualdad que ha sido motivo de revisiones permanentes de las legislaciones, para proveer de normatividades justas y equitativas, a quien desempeña un doble papel fundamental en la sociedad: ser madre trabajadora.

La mujer mexicana hoy en día, desempeña en ocasiones roles que no han sido lo suficientemente valorados y que en lugar de otorgarle facilidades para su desempeño, se encuentran con limitaciones.

La protección a la maternidad que señala el artículo 165 de la Ley Federal en comento, debe interpretarse como un elemento fundamental para el desarrollo colectivo de la sociedad mexicana y sus próximas generaciones.

Si bien es cierto que la protección a la maternidad, tiene que ver con el periodo de gestación, también es indispensable revisar la formación de los individuos y los primeros cuidados del menor que, en la mayoría de los casos es en la mujer en donde recaen la mayor parte de las responsabilidades del cuidado familiar.

El artículo 170 de la multicitada ley, señala:

El papel de la mujer y madre trabajadora, como se ha señalado anteriormente, debe ser reconocido por la ley laboral; sin embargo, como se ha podido constatar en los artículos mencionados, y en el mismo capítulo, no se señalan las hipótesis que comprendan el caso de las mujeres que por la adopción, se conviertan en madres. El rol que se desempeña, es exactamente el mismo.

El derecho que goza una mujer trabajadora posterior al parto, debe ser igual al que debe gozar una madre trabajadora, por la vía de la adopción, trátese de la edad que tenga el menor.

La persona que adopta un hijo, debe lidiar con un menor que se está adaptando a un entorno desconocido, a quien en edad temprana resultará más fácil asimilarlo; pero también es de considerarse, que el menor resentirá ese cambio de entorno donde debe ser atendido con mayor precisión y cuidados por su madre.

La protección a la maternidad que señala el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, debe entenderse a ese rol que lleva la mujer genéricamente y no sólo enfocarse a las etapas pre y pos parto; sino también contemplar a la etapa de adaptación de un menor adoptado.

Por otro lado, y aunado a la importancia que la presente iniciativa le reconoce al derecho de todas las mujeres que son madres, resulta también de particular relevancia la presente iniciativa desde la perspectiva del ``derecho de los niños'', en el sentido de que los niños adoptados, al igual que los niños que son procreados de manera natural, tienen --y les debe ser reconocido-- el derecho a que durante las primeras semanas que se integran a una familia --por la importancia que dicho tiempo representa en su desarrollo-- se les brinde un cuidado y atención constante por parte de su madre.

En ese orden de ideas, el Estado mexicano ha suscrito una serie de instrumentos internacionales que refrendan su interés por velar a favor de los derechos de los niños, entre los que se encuentra el derecho a un sano desarrollo. Los instrumentos internacionales que destacan son los siguientes:

De tal forma, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental, el incorporar como derecho de la mujer trabajadora, que se encuentre en la hipótesis en la que se convierta en madre por la vía de la adopción, equiparando su papel al de aquella que goce de estos derechos con motivo de estar embarazada; y en un segundo sentido, velar por los derechos de los niños que se integran a una familia por la vía de la adopción.

En virtud de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 165 y 170, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Articulo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo, tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad por la vía natural o por adopción.

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

...

Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, y de seis semanas posteriores a la adopción, para aquellas que por dicha vía, sea madres.

Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo, del parto o por la adopción.

...

...

A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto o de la adopción; y

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan sin efecto las normas y los lineamientos jurídicos que vayan en contra de la aplicación e implantación del presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que es proposiciones...

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputada, adelante.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Le agradezco. Solamente para pedir que también sea enviada a la Comisión de Equidad y Género.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Cómo no, con mucho gusto. Como lo solicita, se remite también a la Comisión de Equidad y Género.

COMISION ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la industria automotriz, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarroy Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la industria automotriz, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez , Humberto Lepe Lepe , Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente , del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales que suscriben, de diversos estados de la República, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la industria automotriz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo del país por su gran efecto en la generación de empleos es la industria automotriz. Los datos estadísticos en noviembre de 2007 mostraban una generación de cerca de 1 millón de empleos formales directos. Este millón de empleos se sitúa a todo lo largo de la cadena de valor. Incluye desde el suministro de partes y componentes, el ensamble y fabricación de vehículos, la venta y distribución hasta el servicio posventa.

En 2008, la industria automotriz contribuyó con 16 por ciento del producto interno bruto (PIB) manufacturero; cuenta con plantas de ensamble de vehículos en 14 estados, la fabricación de autopartes tiene instalaciones productivas en 26 estados y la red de distribuidores está presentes en más de mil 400 localidades del país. Sus niveles de exportación son del orden de 81 por ciento de su producción y genera 21.5 por ciento del valor total de las exportaciones manufactureras del país, con más de 43 mil millones de dólares, derivados de exportaciones realizadas a más de 100 países. Tan sólo en 2008 generó más de 17 mil millones de dólares de divisas netas.

La industria automotriz invirtió, en el periodo 2000-2006, 20 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en nuevas plantas y expansiones de la industria terminal y de autopartes, y para el periodo 2007-2008 se hicieron inversiones adicionales de 6 mil millones de dólares. Además, esta industria fue la que más invirtió en investigación y desarrollo en México. Tal inversión ascendió a 3 mil 500 millones de pesos, de los cuales la sexta parte fue de manera directa a los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La industria automotriz vive la peor crisis mundial de los últimos 50 años. Su desempeño en México no ha sido la excepción; por el contrario, la nuestra es de las más afectadas. Como resultado de lo anterior, la producción automotriz en México cayó 49.2 por ciento en los primeros seis meses del año, y según un amplio estudio de los especialista de BBVA, la producción anualizada en 2009 caerá en 60 por ciento.

Los 14 estados del país donde la industria automotriz tiene presencia saldrán afectados inevitablemente, en mayor o menor medida, por la crisis que atraviesa este sector. Los estados con la mayor participación de esta industria en el PIB local son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

En la crisis actual, el crédito enfrentará restricciones sustanciales debido a que las instituciones financieras, automotrices y bancarias no encuentran liquidez en el mercado internacional. El riesgo es global y los inversionistas privilegian los portafolios con mayor seguridad. La legislación actual impide el otorgamiento de créditos a clientes con registros negativos en el buró de crédito, cuando menos durante siete años, lo que limitará aún más la venta de vehículos a clientes que en el corto plazo, superada la crisis, recuperen capacidad de pago.

La importancia del crédito para la adquisición de vehículos quedó de manifiesto, ya que en 2000 sólo 30 por ciento de las unidades se adquiría mediante el crédito, y en 2008 esta relación se había invertido al adquirirse mediante crédito más de 70 por ciento de vehículos.

En el renglón del empleo, para junio de 2009 la industria había perdido cerca de 200 mil empleos. Éstos se agregaron a los 2.6 millones de desempleados que hoy viven la crisis peor manejada por los responsable del desarrollo del país.

El pasado 21 de julio, el presidente de la República puso en marcha un infructuoso programa en apoyo de la industria. Se propone la renovación del parque vehicular, otorgando un bono de 15 mil pesos a cambio de la destrucción de vehículos de 10 años o más de antigüedad, y con un valor máximo de adquisición del nuevo vehículo de 160 mil. Este programa cuenta con un fondo de 500 millones y beneficia sólo a 3 mil 300 personas.

El programa está mal orientado, pues no se define si es un programa de eliminación de vehículos contaminantes, de descacharrización o de fomento y desarrollo de la industria automotriz. Se requiere un programa más vigoroso que permita de manera extraordinaria apoyar esta industria.

Como ejemplo podemos citar algunos gobiernos de países productores que han actuado rápidamente para mitigar los efectos de la crisis automotriz. En Brasil se han puesto a disposición de las financieras automotrices líneas de crédito gubernamentales por 4 mil millones de dólares, y en Argentina se apoyó con más de 900 millones de dólares un programa similar.

La industria automotriz, como hemos dicho, es un importante factor de desarrollo del país. De continuar su comportamiento negativo, afectaría de manera irreversible durante varios años las variables de desarrollo: empleo, competitividad y productividad.

Por lo anterior resulta imperativo tomar medidas que reactiven el mercado nacional y eviten la caída adicional de esta industria. Por tanto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial de la industria automotriz.

Segundo. El objetivo de la comisión será el seguimiento de la situación y el efecto de la industria automotriz en la economía del país, así como establecer las medidas necesarias para la recuperación de la industria, en beneficio de la generación de empleos, del país y de las entidades federativas afectadas.

Tercero. La comisión especial de la industria automotriz durará la totalidad de la LXI Legislatura o hasta cuando se haya agotado su objeto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE APOYO A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia recibió además proposición con punto de acuerdo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Políticaa que promueva la reinstalación de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a promover la reinstalación de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a que, en términos de sus atribuciones, promueva la reinstalación de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. El año 2010 será el año del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2006.

Segundo. Así en el año 2010, los mexicanos celebraremos 200 años del inicio del movimiento que tenía por finalidad lograr nuestra independencia de la corona española cuando en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, el primer orador cívico de nuestra historia el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, decidió lanzarse a la lucha libertaria, así Hidalgo junto con el otro gran prócer José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación, inició la lucha no sólo en contra del colonialismo español, sino también a favor de la igualdad y en contra del racismo y la explotación.

Tercero. Por otra parte, celebraremos 100 años del inicio del movimiento convocado por Francisco I. Madero, en el Plan de San Luís, como una respuesta a las continuas reelecciones de Porfirio Díaz en el cargo presidencial que habían provocado el descontento social, ya que mientras en el campo los indígenas y los campesinos habían sido despojados de sus tierras, en las ciudades los obreros desempeñaban sus labores en condiciones deplorables.

Cuarto. Estos son sin duda los movimientos más importantes y emblemáticos de nuestra historia nacional; así, recordamos en el marco de estos movimientos en los que miles dieron sus vidas, muchos acontecimientos protagonizados por los próceres independentistas y revolucionarios cuyos ideales de libertad, justicia y democracia quedaron plasmados en diversos documentos (la abolición de la esclavitud, los Sentimientos de la Nación, el Plan de San Luís, el Plan de Ayala, etcétera).

Quinto. En el contexto de estas celebraciones del bicentenario del inicio de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, a celebrarse en el año 2010, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura propuso al pleno la creación de una comisión especial, siendo uno de sus objetivos lograr la participación activa y coordinada de esta honorable Cámara con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles encargadas de organizar dichos festejos.

Sexto. La propuesta de la Junta de Coordinación Política fue bien acogida y el 29 de marzo de 2007 se instaló formalmente la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución.

Séptimo. Esta comisión definió como misión el fomentar la unidad de los mexicanos, a través de las celebraciones de los movimientos de Independencia y de la Revolución, para que fortalezca los valores que han forjado nuestra identidad nacional.

Octavo. La visión que se definió para realizar su trabajo es que el Poder Legislativo impulse y motive a cada mexicano para que se sienta orgulloso de su historia, aprendiendo de su pasado, para hacer crecer el futuro de nuestra nación.

Noveno. La conmemoración del inicio de estos importantes movimientos no puede quedar sólo como un festejo frívolo al estilo porfirista, sino que debe de ser la oportunidad para refrendar el compromiso de seguir luchando para hacer realidad los anhelos de sus próceres.

Décimo. Con el inicio de esta nueva legislatura y en la víspera del inicio del año 2010 se torna importante el reinstalar la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución y dar continuidad a sus trabajos.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitud respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados para que reinstale la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución como encargada de la organización de eventos y ceremonias cívicas para conmemorar diversos acontecimientos históricos del movimiento de Independencia y de la Revolución Mexicana, además de promover la participación activa y coordinada de esta Cámara con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles responsables de organizar los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término del año 2010 decretado como el año del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura y estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el señor diputado Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café. No se encuentra en el salón de sesiones en estos momentos el señor diputado Martínez Martínez, por tanto su participación se pasa al final de este capítulo.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Juan Carlos López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Promoción del Desarrollo Regional del Sur Sureste de México.

El diputado Juan Carlos López Fernández : Con su venia, señor presidente. En un país donde prevalece una profunda injusticia social, en donde la desigualdad económica se manifiesta a través de la ofensiva inequidad en la distribución del ingreso, en donde los derechos políticos de un amplio sector de la población están supeditados a la lucha diaria por la subsistencia, en un país como el nuestro, señoras y señores diputados, la pobreza y el combate de las causas que la hacen posible debe ser el tema central de nuestro quehacer parlamentario.

En México la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y cerca de una quinta parte vive en pobreza extrema. Esa desigualdad se refleja con crudeza en el plano regional. De acuerdo con las cifras de Conapo, tres estados que concentran el 10.6 por ciento de la población nacional se consideran con un índice de marginación muy alto, y me refiero a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Ocho entidades más se clasifican con un grado de marginación alto: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán.

En su conjunto, la región sur-sureste presenta los niveles de marginación más altos del país. En esta parte del país la pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional. La población analfabeta supera en más de 11 puntos porcentuales la media del país.

La cobertura del sector salud sólo atiende a la mitad de la población. Los niveles de urbanización son los más bajos de México y las condiciones de vivienda son malas para la mayoría. La dotación de agua, servicios sanitarios, drenaje y suministro de energía eléctrica, entre otros servicios, son desconocidos para más de un tercio de la población que habita esta región.

Ahí prevalece la agricultura de subsistencia y la producción pesquera sólo aporta 3.28 por ciento de la producción nacional, a pesar de contar con 17 por ciento de litoral del Pacífico y 28 por ciento de lagunas y costeras del país.

La infraestructura carretera muestra un rezago impresionante. Se carece de importantes conexiones terrestres. La red de puertos y aeropuertos es reducida. En suma, no se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad económica.

Señoras diputadas y señores diputados, una nación con profundas desigualdades económicas y sociales está condenada al fracaso. Un país con graves desequilibrios regionales no tiene futuro. Debemos abatir la pobreza, sí, y también debemos impulsar el equilibrio regional.

Para combatir la pobreza se requieren iniciativas y proyectos que ayuden a disminuir las condiciones de desigualdad social a través del crecimiento económico, con una más justa distribución del ingreso.

Para promover el equilibrio regional se necesita que el Presupuesto de Egresos destine recursos para promover el desa-rrollo de las entidades menos favorecidas, mediante proyectos de infraestructura, fondos de inversión y créditos productivos.

La pobreza y la extrema pobreza sólo disminuirán con inversiones, empleo y producción. Los desequilibrios regionales sólo serán atenuados con políticas específicas para revertir dicha situación.

Legislaturas anteriores tuvieron la visión para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. No desaprovechemos esos esfuerzos.

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura, por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura crea la Comisión Especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México.

Segundo. La Comisión Especial estará conformada por 20 integrantes electos, con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La Comisión Especial impulsará programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a la vez que promoverá y dará seguimiento a los programas del gobierno federal y estatal encaminados al mismo fin.

Cuarto. La Comisión Especial rendirá de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009.

Señor presidente, solicito que la presente intervención y el texto de la proposición del punto de acuerdo se integren al Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández , del Grupo Parlamentario del PRD

Juan Carlos López Fernández , diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, a fin de crear la Comisión Especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México, en razón de las siguientes

Consideraciones

Posicionamiento

En un país donde prevalece una profunda injusticia social, donde la desigualdad económica se manifiesta a través de la ofensiva iniquidad en la distribución del ingreso, donde los derechos políticos de un amplio sector de los ciudadanos están supeditados a la lucha por la subsistencia diaria, en un país como el nuestro, señoras y señores diputados, la pobreza, y el combate de las causas que la hacen posible, debe ser el tema central de nuestro quehacer parlamentario.

Como país, escuchamos y leemos con frecuencia que México es la segunda mayor economía en Latinoamérica y, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, basadas en ``cálculos oficiales'', 42 por ciento de la población es pobre y cerca de 15 por ciento vive en pobreza extrema. Estas conservadoras estimaciones, que son las aceptadas oficialmente por el gobierno y por las instituciones financieras internacionales, ya de por sí escandalosas, se quedan sin duda muy cortas ante las evidencias que la necia realidad nos presenta día con día.

Como representantes populares, la mayoría de nosotros hemos tenido y tenemos contacto diario con diversos grupos de la población. Casi todos hemos presenciado y vivido el contacto con los mexicanos menos favorecidos económicamente. La mitad de quienes aquí estamos somos representantes de la población pobre de México. Y muchos de nosotros representamos a grupos de la población más pobre del país: la población que vive en condiciones de pobreza extrema.

Como sucede en el plano social, la desigualdad también se refleja en el plano regional. Si bien es cierto que pobreza y zonas marginadas hay en todo el país, lamentablemente, también es cierto que como nación debemos lamentar que haya mayor concentración de la pobreza en regiones específicas de México. Las estadísticas y la realidad cotidiana nos hacen ver a diario que la región del país con mayor concentración de pobreza es la región sur-sureste. El distrito electoral que represento se sitúa precisamente en esta región.

De acuerdo con la clasificación del Conapo de 2007, tres estados que concentran 10.6 por ciento de la población nacional se consideran con un índice de marginación ``muy alto'': Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Ocho entidades más se clasifican con un grado de marginación ``alto'': Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán. Por su localización, la región sur-sureste presenta los niveles de marginación más altos del país.

Sólo a manera de ejemplo, me voy a permitir ofrecer a ustedes algunas cifras que ilustran las condiciones que tienen que enfrentar los habitantes de la región sur-sureste de México, en comparación con el resto de la población, por no comparar con los habitantes de otros países.

En términos de desarrollo social

En la región sur-sureste del país, la pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional. La proporción de la población analfabeta en la región supera en más de 11 puntos porcentuales la media del país. Así, en tanto que el promedio nacional de escolaridad es de 8.1 años, en Guerrero es de sólo 6.8, en Oaxaca de 6.4 y en Chiapas apenas si alcanza 6.1.

En estas entidades, la cobertura del sector salud sólo atiende a la mitad de la población. Lo anterior se refleja en los índices de mortandad materna, que en las entidades de la región sur-sureste es de 11.9 por cada 10 mil nacidos vivos, lo que representa el doble de la media nacional, de 5.52. Mientras que en el país, de cada mil niños menores de 1 año mueren 18, en las entidades más pobres el promedio es de 24.

Asociada a la pobreza está la diversidad étnica, que en vez de riqueza cultural ha devenido destino fatal para esta población. En el sur habita más de la tercera parte de la población indígena del país. 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una de las 29 lenguas indígenas de la región y una cuarta parte de ellos no habla español.

Una proporción importante de los trabajadores en los estados del sur-sureste no recibe ingresos por su labor; la población aquí presenta los índices más altos de emigrantes a Estados Unidos; los niveles de urbanización son los más bajos de México; las condiciones de vivienda, dotación de agua, servicios sanitarios, drenaje y suministro de energía eléctrica, entre otros servicios, son desconocidas para más de un tercio de la población que habita en la región.

En lo económico

En la región prevalece la agricultura de subsistencia, en vez de representar una actividad económica productiva. Las obras hidroagrícolas y la tecnificación de la agricultura de riego son mínimas. Pese a contar con abundantes acuíferos, no hay infraestructura para aprovecharlos. Con 17 por ciento del litoral del Pacífico y 28 por ciento de lagunas y costeras del país, la región aporta sólo 3.28 por ciento de la producción pesquera.

La infraestructura carretera de la región muestra un rezago impresionante comparada con el resto del país: de las carreteras de cuatro carriles a escala nacional, en el sur se cuenta sólo con 4 por ciento; casi la mitad de los caminos de terracería del país se encuentran en estos estados; se carece de importantes conexiones terrestres; y la red de puertos y aeropuertos es reducida. En suma, no se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad económica.

La actividad turística, con ser uno de los principales atractivos de la región, no se aprovecha en todo su potencial debido a la falta de infraestructura, apoyos para promoción y mejores servicios. El promedio de estadía del turismo en la región es de apenas 1.3 días. Los servicios bancarios y financieros para la población son limitados y de escasa calidad; en consecuencia, los créditos para la mayoría son escasos y poco asequibles. La actividad empresarial representa apenas 1.5 por ciento del total de país, con alrededor de 9 mil empresas, de las cuales casi 8 mil son microempresas, y la mayoría está dedicada al comercio.

Con este breve panorama, compañeras y compañeros diputados, es inevitable llegar a la misma conclusión a que llegara el gobernador chiapaneco al rendir su segundo informe de actividades: ``gobiernos van y gobiernos vienen, y los jodidos --el pueblo-- jodidos se quedan''.

Señoras y señores diputados: la pobreza no la vamos a combatir con impuestos que se transformen en dádivas en monetario o en especie. Los programas de apoyo gubernamentales ayudan, pero no resuelven de fondo el problema.

Se requieren iniciativas y proyectos que ayuden a disminuir las condiciones de desigualdad social, y potencien los recursos de la región sur-sureste.

La desaparición de secretarías y la reducción del gasto público es una apuesta arriesgada para enfrentar la crisis económica. Sin embargo, en el mejor de los casos, poco o nada contribuirán para impulsar el crecimiento económico de las regiones más desfavorecidas.

Se necesita, en cambio, que en el Presupuesto de Egresos se consideren recursos destinados a promover el desarrollo a través de proyectos de infraestructura, fondos de inversión y créditos productivos. La pobreza y la extrema pobreza disminuirán sólo con inversiones, empleos y producción. Las entidades del sur-sureste tienen recursos naturales, gente dispuesta al trabajo y voluntad de salir adelante.

Legislaturas anteriores tuvieron la visión para crear la comisión especial encargada de dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. Ese esfuerzo llevó a la creación del Fondo de De-sarrollo Regional, el impulso del Programa del Sur, la constitución del Fidesur, los fondos metropolitanos para diversas áreas de la región sur-sureste, y la asignación presupuestal de importantes recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo regional, así como para estudios y proyectos de inversión. No desaprovechemos esos esfuerzos.

Distinguidos miembros de la honorable Cámara de Diputados:

No podemos acostumbrarnos a que pasen gobiernos y recursos, y la pobreza extrema, con sus indicadores de las cifras de la vergüenza, sigan ahí, estáticas, inmóviles... ¹

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura crea la comisión especial para la promoción del desarrollo regional del sur-sureste de México.

Segundo. La comisión especial estará formada por 20 integrantes, elegidos con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La comisión especial impulsará programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a la vez que promoverá y dará seguimiento a los programas de los gobiernos federal y estatales encaminados al mismo fin.

Cuarto. La comisión especial rendirá de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Nota: 1 Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional de Chiapas, segundo Informe de Gobierno.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Cómo no. Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Señores diputadas y señores diputados, me permito informarles que nos visitan invitados especiales del municipio de Ecatepec, del estado de México. Bienvenidos, señores invitados especiales.

COMISION ESPECIAL DEL CAFE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café.

El diputado Carlos Martínez Martínez : Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, haciendo uso de esta alta tribuna manifiesto una de las principales prioridades de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalen torno a la creación de la Comisión Especial del Caféen esta LXI Legislatura.

Por tal razón, voy a dar algunos datos importantes de esta actividad productiva.

México ocupa el séptimo lugar en producción en el mundo. Ocupamos orgullosamente el primer lugar en producción de café orgánico. Esto muestra una clara responsabilidad social del sector cafetalero con el medio ambiente y con el cuidado de la salud.

El país cuenta con una superficie cultivada de 684 mil hectáreas, que se componen de 490 mil productores en 12 estados del país: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco. La producción anual es de 3.7 millones que producen divisas agropecuarias por un importe de 480 millones de dólares. Este sector contribuye al mejoramiento del medio ambiente. Una hectárea de producción de café equivale a 10 hectáreas de bosque.

Y quisiera citar de forma importante un acontecimiento que sucedió en Chiapas, de donde yo soy originario. En el 2005 el fenómeno hidrometeorológico Stan provocó daños incalculables, pero gracias a que la Sierra Madre se encuentra cultivada con este aromático grano, se evitó que las desgracias fueran superiores, y también hay que decirlo, estos cafetos tienen mucho que ver con la producción del agua, con la captación del bióxido para el mantenimiento de los acuíferos y también para la producción del oxígeno.

Cabe destacar que en la LIX y la LX legislaturas iniciaron estos trabajos de implementar diversas acciones, diversos políticas públicas. Mencionaré algunos de los desafíos que se han dado. Se ha fortalecido el desarrollo integral de los cafeticultores, se han impulsado proyectos productivos, se ha dado fomento productivo, realmente ha habido un impulso, pero es importante destacar que no toda política pública es una tarea terminada, siempre merece un trabajo para una mejora continua.

Por eso acá, en esta LXI Legislatura, es importante que se dé seguimiento a todos estos trabajos que nos han precedido y, por supuesto, tenemos que seguir mejorando el apoyo a los diversos programas del café como son: el fomento productivo, el fondo de estabilización, la capacitación, la promoción al consumo del café, y otras más. Tenemos que seguir impulsando en ese sector social la asociación productiva, que se formen estas organizaciones para que puedan aspirar a mejores mercados.

Acción Nacional es consciente de la problemática del sector cafetalero, así como de las necesidades de impulsar políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable que fomenten la asociatividad productiva, permitiendo a los productores conservar su patrimonio y generar un sustento significativo, o sea, una mejor calidad de vida.

Los legisladores de Acción Nacional tenemos claro el fomentar una política cafetalera que sea más equilibrada en el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes de la cadena productiva con el propósito de eliminar el comercio informal del café.

En el Grupo Parlamentario del PAN reconocemos la necesidad de contar con una comisión especial del café capaz de fomentar acciones para el desarrollo integral y sustentable de la cafeticultura nacional que impulse el aumento de la producción, de la productividad y la calidad del café mexicano para su mayor incursión en el mercado nacional y extranjero.

Para Acción Nacional es muy importante seguir trabajando en el campo, lograr el bienestar social y económico de todos los integrantes del sector cafetalero y de sus familias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial del café, a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

Carlos Martínez Martínez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación de la Comisión Especial del Café con base en los siguientes

Considerandos

I. Que la producción del café en México tiene una raíz histórica proveniente de la época de la colonia que incluso ha puesto a nuestra nación como uno de los principales países exportadores del aromático, no sólo por su cantidad sino por la calidad que se desarrolla debido a la riqueza del sustrato físico y el clima del que depende, lo que implica que en la actualidad sea una actividad de la cual subsisten cerca de cuatro millones de mexicanos, principalmente de nuestra población indígena.

II. El desarrollo de la cafeticultura nacional, tiene en consecuencia, la vertiente productiva, comercialización, torrefacción y exportación las cuales deben ser atendidas, por políticas específicas de orden económico y de orden social, respectivamente. Es un hecho sobresaliente que las actividades dominantes que generan ingresos a las familias rurales no solamente son las de carácter agropecuario y que el rezago en el sector campesino debe ser atribuido a muchos otros factores que entran al ámbito del desarrollo rural. Éste, por consecuencia, tiene que formar parte central de una política pública a la que debe contribuir el Poder Legislativo proveyéndolo de la normatividad que garantice a los habitantes del la cadena productiva de la café nacional, bienestar, seguridad, empleo y su participación e incorporación al desarrollo nacional.

III. México es el séptimo productor mundial y primero en producción de café orgánico, con una superficie cultivada de 684,840 hectáreas y un padrón de 490,734 productores a nivel nacional y en su mayoría indígenas de 25 etnias en más de 52 micro regiones en el país siendo la situación actual, de los principales estados productores de café como: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, y Tabasco, han propiciado que el Congreso de la Unión legisle sobre la materia con la finalidad de promover la comercialización del grano y fortalecer la presencia de los pequeños productores. Un ejemplo de lo anterior son los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, que ya cuentan con la certificación nacional de su producto, lo que le imprime un valor agregado lo que ha permitido detonar un mayor nivel competitividad y un mejoramiento del ingreso de los productores.

Que la Comisión Especial se orienta a impulsar la producción y la calidad, tanto para el mercado interno, como para los países a los que se exporta. Que en esencia busca crear condiciones para que el café mexicano supere la fase tradicional de venta en verde para avanzar hacia una comercialización de producto procesado.

IV. La actividad cafetalera es una de las más importantes a nivel nacional, en la cual participan además de los productores, comercializadores, inversionistas e intermediarios de bolsa de valores, transportistas, fabricantes de costales, distribuidores de insumos y detallistas que en conjunto generan más de 5 millones de empleos en el país. La producción promedio en los últimos 17 años ha sido de 3.7 millones de sacos de 60 kilogramos, donde el 80% es decir, 4.2 millones de sacos se destina al mercado de exportación; de éstos, el 90% se realiza como café verde, cuyo valor promedio ha sido de 480 millones de dólares, aunque en los últimos cinco años se ha desplomado en más del 58% al pasar de 668 a 278 millones de dólares. El consumo interno de nuestro país es de los más bajos entre los países productores, sin embargo en los últimos años ha registrado un ligero incremento al pasar de los 850g. a 1.2. Kg. per cápita anual.

V. Que durante la LIX Legislatura la Junta de Coordinación Política tuvo a bien crear desde sus inicios la Comisión Especial del Café cuyo desarrollo implicó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, derivada de múltiples iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, concretando sólo una de las acciones necesarias que se requieren para atender integralmente los asuntos nacionales sobre el café.

VI. Que no obstante la minuta con proyecto de decreto de ley que esta Cámara enviara a la Cámara Alta el 17 de marzo de 2005, la colegisladora elaboró un dictamen sobre esta minuta de ley para lo cual definía diversas observaciones para ser atendidas por los diputados; sin embargo y a pesar que el 26 de abril de 2006 la Cámara de Senadores agenda en el orden del día, el proyecto de dictamen para su primera lectura, este finalmente se sacó de dicha orden y no fue discutido.

VII. Que derivado de la acción anterior y ante la posibilidad que en este período de sesiones se discuta en el Senado de la República dicho dictamen con observaciones, se torna importante que la Cámara de Diputados cuente con una Comisión Especial del Café que le dé seguimiento a dicho dictamen y se fortalezcan sus contenidos de manera que nuestro país cuente con una legislación que atienda la realidad existente en el sector ya que en un año de discusión camaral nuevas situaciones han surgido en el sector, que requieren ser analizadas y atendidas en esta futura legislación.

En tal virtud, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial del Café.

Segundo. Esta comisión tendrá por objeto, el interactuar con los productores, comercializadores, industriales, con el gobierno federal y los estatales, y ser un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.

Tercero. La Comisión Especial del Café se integra con la representación proporcional de cada fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y tres secretarías entre los distintos grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Muchas gracias, diputado Martínez Martínez.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

TARIFAS ELECTRICAS - ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra, el señor diputado Salvador Manzur Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas.

El diputado Salvador Manzur Díaz : Con su permiso, señor presidente.

Veracruz es uno de los estados que más contribuciones ha hecho al desarrollo nacional. Una de ellas es su capacidad de generación de energía eléctrica. Veracruz es el primer productor en esta materia a nivel nacional; sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta. En Veracruz pagamos tarifas eléctricas más caras que en la gran mayoría de las entidades federativas del país.

Para medir adecuadamente los niveles térmicos en Veracruz, al igual que en otras ciudades del sureste mexicano, a las altas temperaturas de calor se deben añadir condiciones adicionales como la humedad y los vientos. Esto, todo junto, se le denomina la sensación térmica.

Afortunadamente estos criterios ya han sido incorporados en las mediciones oficiales realizadas por la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, a quienes viven en mi distrito se les cobra por parte de la Comisión Federal de Electricidad una tarifa denominada 1-C, que establece que la temperatura media en esta ciudad es de 30 grados centígrados durante el verano.

No obstante, la presencia de actores como los que ya he mencionado originan que las personas padezcan temperaturas muy por encima de las que determinan estas tarifas.

Por ello, en sus registros oficiales, Conagua ya mide los factores de viento y humedad que inciden sobre la denominada sensación térmica. Esta es así una medición más precisa sobre el efecto real de la temperatura.

Por tanto, las mediciones de Conagua demuestran que la clasificación que la Secretaría de Hacienda ha hecho en materia energética para la zona de Veracruz y Boca del Río es incorrecta. Y por tanto, esas tarifas deben ajustarse para que los veracruzanos paguemos menos por la electricidad que consumimos.

Conagua ha registrado un promedio de sensación térmica para Veracruz y Boca del Río que oscila entre 33 y 34 grados. A los usuarios de Veracruz y Boca del Río se les cobra una tarifa incorrecta que debería modificarse por la tarifa 1-F, que es la que pagan los usuarios domésticos con temperatura de 33 grados.

Como se puede observar, el campo de la técnica ha quedado demostrado, y el campo de la academia también nos da la razón. Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en el mes de agosto, nos ilustra sobre la situación actual con la que CFE realiza sus mediciones para determinar la eficiencia de sus redes de distribución y transmisión. Los resultados son reveladores y no dejan lugar a dudas. México obtuvo una calificación de cero.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, cuando los indicadores mismos del gobierno federal, la lógica económica, la situación que viven millones de familias y, mediciones de universidades de prestigio internacional nos dicen que la CFE está mal, no nos queda más que decirlo categóricamente, la Comisión Federal de Electricidad ha estado cobrando tarifas injustas a los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo:

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, reclasifiquen a las zonas de Veracruz y Boca del Río en materia eléctrica de la tarifa 1C a la 1F. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Salvador Manzur Díaz , del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Salvador Manzur Díaz y Luz Carolina Gudiño Corro , diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable pleno el presente punto de acuerdo, en términos de las siguientes

Consideraciones

México vive tiempos difíciles. Todos los indicadores económicos y sociales nos revelan que la República se enfrenta a un panorama complejo y muy riesgoso.

La dura crisis económica que nos ha embestido se ha convertido ya en una crisis de empleo y de falta de ingreso para millones de familias que, de no atenderse con sensibilidad y sentido de urgencia, se transformará en una crisis social.

En México hay pocos que tienen mucho y muchos, demasiados, que no tienen nada.

De acuerdo con los informes más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso per cápita de los mexicanos ha disminuido 28 por ciento este año.

Ya no hay duda: la crisis está afectando seriamente los niveles de bienestar de la población, particularmente la más necesitada. Los datos indican que los mexicanos de menores ingresos, así como los de la adelgazada clase media, deben destinar más recursos para sufragar sus gastos elementales.

Esta delicada situación nos obliga a replantear diversos aspectos del modelo económico.

Veracruz es uno de los estados que más contribuciones ha hecho al desarrollo nacional.

Uno de ellos, es su capacidad de generación de energía eléctrica. Veracruz es el primer productor nacional y contribuye con el 11. 95 por ciento de la producción en México.

Generación bruta de energía eléctrica Por entidad federativa

En su geografía se han instalado plantas productoras que reflejan las diversas posibilidades de generación: energía nuclear, termoeléctrica, ciclo combinado, hidráulica.

Plantas productoras de energía en Veracruz

Sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta, ya que, a pesar de nuestro liderazgo nacional en producción de energía, de nuestro compromiso para impulsar el desarrollo nacional, los habitantes pagan tarifas superiores a las que se registran en muchos otras ciudades del país.

Principales estados consumidores de energía

Las condiciones geográficas de Veracruz y en particular de los habitantes del distrito que represento, que incluye la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río, hacen que la humedad incremente de manera importante los niveles de calor que deterioran la calidad de vida de las personas.

Para medir adecuadamente los niveles térmicos en Veracruz, al igual que en otras ciudades del sureste mexicano, a las altas temperaturas se deben añadir factores como el de la humedad y el viento que modifican la percepción humana de la misma, pues generan lo que se denomina sensación térmica: el nivel de calor que el cuerpo humano registra y que, al mismo tiempo posee una influencia determinante en la vida cotidiana de las personas.

Estos criterios han sido ya incorporados en mediciones oficiales realizadas periódicamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la legislación vigente, a quienes viven en mi distrito se les cobra, por parte de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), una tarifa denominada 1C, que establece que la temperatura media en esta ciudad es de 30 grados centígrados durante el verano.

Tarifas domésticas

No obstante, la presencia de factores como los referidos arriba originan que las personas padezcan temperaturas muy por encima de las que determinan estas tarifas.

Por ello, en sus registros oficiales, la Conagua ya mide los factores de viento y humedad que inciden sobre la denominada sensación térmica. Esta es, así, una medición más precisa sobre el efecto real de la temperatura sobre las condiciones de vida de la población.

Si se consideran los factores que, repito, ya se miden en los registros oficiales, la temperatura promedio durante los cuatro meses más calurosos del año pasado, 2008, fue superior a los 30 grados que se indican en la tarifa que injustamente pagamos los veracruzanos.

En dos de los meses más calurosos del año, en mayo y agosto de 2008, fue de 33.6 y 34.3 grados centígrados, respectivamente. En junio y julio, la temperatura fue de 32 grados.

Temperaturas promedio en el verano 2008

Por tanto, las mediciones de la Conagua revelan que la clasificación tarifaria de la Secretaría de Hacienda para la zona Veracruz-Boca del Río es incorrecta y debe ser ajustada para que los habitantes de dicha zona paguen menos por la electricidad que consumen.

Este año, el patrón se repite: la Conagua ha registrado un promedio de sensación térmica de 33.4 grados en mayo y de 34.6 en junio.

Una reclasificación es una medida justa, urgente e impostergable.

A los usuarios de Veracruz-Boca del Río se les cobra una tarifa incorrecta que debería modificarse por la 1F, que es la que pagan usuarios domésticos que viven en localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.

Durante el periodo que mencioné --mayo a agosto del 2008-- de acuerdo con los registros de la Conagua, en mayo hubo sólo tres días en que se registró una temperatura con sensación térmica de 30 grados.

Sin embargo, hubo dos días en que fue de 37 grados, uno de 36 y 12 de 35, es decir, más de la mitad del mes la población estuvo sometida a temperaturas superiores a los 35 grados.

Lo mismo ocurrió cada mes de ese año y se ha vuelto a presentar en el verano de 2009.

Esos son factores que afectan de manera directa, clara a la población y no son simples mediciones técnicas.

Sin embargo, aún en el campo de la técnica, tenemos mucho que mejorar.

Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en el mes de agosto pasado, nos ilustra sobre la situación actual con la que la CFE realiza sus mediciones para determinar la eficiencia de sus redes de distribución y transmisión, que afectan los criterios de fijación de precios.

Se trata del estudio Análisis de la eficiencia de las redes de energía: una encuesta sobre organismos reguladores, que investigó las prácticas de regulación en materia energética de 40 países para conocer sus niveles de eficiencia.

Pues bien, los resultados son reveladores y no dejan lugar a duda:

Los países del mundo con mejores prácticas de regulación eléctrica fueron Austria, Finlandia, Bélgica, Hungría e Irlanda. Estas naciones obtuvieron una calificación de más de cinco puntos de un total de ocho posibles.

México obtuvo la calificación de cero.

En otras palabras, la industria eléctrica en México no cuenta con la regulación ni los parámetros adecuados para valorar el proceso de fijación de precios y tarifas.

Compañeros diputados, cuando las mediciones de otros organismos oficiales, las necesidades de las personas, la lógica económica y las mediciones de universidades de clase mundial dicen que la CFE está mal, no nos queda más remedio que decirlo categóricamente: la CFE está cobrando tarifas injustas a los mexicanos.

México necesita incrementar su competitividad para retomar el crecimiento. El crecimiento debe reflejarse en el ingreso de nuestras familias.

Hagamos que el ajuste del modelo económico comience con medidas que están al alcance de la autoridad realizar de inmediato.

Convirtamos a las palabras y a las invitaciones al diálogo en hechos concretos y acuerdos en favor de las clases más humildes de México, de Veracruz y de Boca del Río.

Por todo lo expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de ese honorable pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, reclasifiquen la zona conurbada Veracruz-Boca del Río del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la tarifa eléctrica residencial 1F, en vez de 1C.

Segundo. Que, en consideración a la crisis económica que se registra en México, la más grave de su historia, se revisen los esquemas generales de subsidios a fin de extender sus beneficios a la población más necesitada del país.

Tercero. Que la Comisión Federal de Electricidad valore los resultados del estudio internacional realizado por la Universidad de Cambridge para que incorpore sus sistemas de regulación a las mejores prácticas mundiales incidiendo positivamente en su competitividad.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, señor diputado Manzur Díaz.Túrnese a la Comisión de Energía.

TERESA GONZALEZ - ALBERTA ALCANTARA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la Repúblicaa que presente conclusiones no acusatorias a favor de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, y para que el juez cuarto de distrito en materia penal de Querétaro, restituya la libertad corporal, reconozca la inocencia y se repare el daño ocasionado a estas mujeres.

La diputada Leticia Quezada Contreras : Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Pido que se pueda enviar este punto a la Junta de Coordinación Política, por ser de urgente u obvia resolución.

También, comentar que tal parece que en nuestro país es un delito ser mujer, ser indígena y ser pobre. El 19 de diciembre de 2008, en Querétaro, fueron sentenciadas injustamente Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, por el delito de secuestro; por hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006, siendo sentenciadas a 21 años de prisión y 2 mil días de multa.

Como todos sabemos, el 16 de septiembre ---después de más de tres años de permanecer injustamente en prisión--- fue liberada Jacinta Francisco Marcial, ya que la PGR no pudo acreditar sus imputaciones y presentó conclusiones no acusatorias contra Jacinta; o más bien, no pudo sostener más el montaje y la simulación en el caso de estas tres mujeres.

Sin embargo, por esos mismos hechos, con las mismas pruebas fabricadas y por el pésimo sistema judicial penal, aún permanecen privadas de su libertad injustamente Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres ---al igual que Jacinta--- indígenas y pobres.

Alberta Alcántara y Teresa González han sido víctimas de discriminación. Se han violado en este proceso todas las garantías individuales y debido proceso, y se ha ejercido, además de la discriminación, violencia institucional, pasando por alto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Después de tres años de estar vinculada a proceso Jacinta, la Procuraduría consideró ---tal como lo informa a esta soberanía--- que formuló consideraciones no acusatorias debido a que le asiste a Jacinta el beneficio de la duda, actuándosele el principio de in dubio pro reo.

Sin embargo, en el caso de Teresa González y Alberta Alcántara no asiste el mismo principio sino el de la ilegalidad, tal como lo expresa el mismo comunicado. Es decir, respecto a una misma causa penal, respecto a las mismas pruebas que fueron presentadas en duda por un tribunal colegiado no operó el mismo principio de derecho penal. Esto es realmente indignante.

Debe resolverse, a la brevedad, la situación jurídica de Teresa González y Alberta Alcántara. Sin dilatación y en términos de ley deberá ser procesada su excarcelación, la reparación integral del daño causado y la no repetición de los hechos. Por lo que se pide:

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ---en un acto de justicia y estricto apego a la ley y a los derechos humanos de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales que Jacinta--- presente conclusiones no acusatorias en el proceso que se sigue en contra de estas dos mujeres y, en consecuencia, se dicte el sobreseimiento y absoluta libertad de Teresa González y Alberta Alcántara, como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco Marcial.

Segundo. Se exhorta al juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro para que, sin dilación alguna, ordene la libertad absoluta e inmediata de Teresa González y Alberta Alcántara, inculpadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, y se les restituya en su libertad. Se reconozca su inocencia y se ordene la reparación del daño, en los términos que plantea el derecho internacional público y las convenciones internacionales en las que el Estado mexicano ha sido parte, ordenando que se garanticen los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González, y

Tercero. Se publique la presente proposición con punto de acuerdo en dos diarios de circulación nacional.

Por economía parlamentaria solicito que se reproduzca íntegramente el presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a presentar conclusiones no acusatorias en favor de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas injustamente, igual que Jacinta Francisco Marcial; y al juez cuarto de distrito en materia penal de Querétaro, a restituir la libertad corporal, a reconocer la inocencia y a reparar el daño ocasionado a estas mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio de la cual se exhorta a la Procuraduría General de la República para que se presenten las conclusiones no acusatorias en favor de Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres acusadas injustamente al igual que Jacinta Francisco Marcial, y para que el juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro restituya la libertad corporal, reconozca la inocencia y se repare el daño ocasionado a estas mujeres, en los términos que establece la legislación mexicana y el derecho internacional, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, a quien se acusó, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla han sido insuficientes y por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada. Como lo demuestran recomendaciones hechas al Estado mexicano por la organización Amnistía Internacional, quien la ha declarado ``presa de conciencia''.

2. El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder, éstos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.

3. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo como ``garantía'' de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. El incidente terminó cuando el mismo día, alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados.

4. Cuando se cumplió lo pactado, como a las siete de la tarde, el incidente parecía haber terminado. De ello hay constancia en un documento firmado por el agente del Ministerio Público federal en el que los agentes de la AFI se comprometen a no molestar más a los pobladores de Santiago Mexquititlán.

5. El tres de agosto de 2006, un grupo de personas --de nuevo sin uniforme-- llegó a la casa de Jacinta. Le dijeron que tenía que ir con ellas a Querétaro para declarar sobre la poda de un árbol. La engañaron. Fue trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar ahí, la presentaron a los medios de comunicación sin saber aún de qué la acusaban. No fue sino hasta que llegó al Cereso femenil de San José El Alto que, con complicaciones, sus compañeras le explicaron que le atribuían, junto a Alberta Alcántara y Teresa González, el supuesto secuestro de los seis agentes de la AFI en los hechos del 26 de marzo. El proceso de Jacinta culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.

6. Los meses pasados se llevaron a cabo diversas diligencias judiciales en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Querétaro dentro del proceso seguido a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos mujeres, en cumplimiento de la reposición de procedimiento ordenada por el tribunal unitario que conoció el caso en segunda instancia.

7. En este mismo orden de ideas, respecto al desahogo de pruebas, fue evidenciada una vez más la inocencia de Jacinta, Alberta y Teresa, ya que se demostró la inconsistencia de la versión de los policías federales que se dicen víctimas de las tres mujeres, los agentes reconocieron que habían entablado una negociación con algunos comerciantes que reclamaban el pago de la mercancía que les había sido confiscada arbitrariamente; además, aceptaron que en ningún momento habían estado incomunicados.

8. En la audiencia del pasado 26 de mayo a María Adolfa González Melquíades, persona que intervino como testigo en los hechos que se le atribuyen a Jacinta Francisco Marcial, le fue negado el apoyo de un intérprete que pudiera traducir al otomí las preguntas formuladas y, en consecuencia, le fue negada una vez más el acceso a la justicia a la indígena otomí. Cabe hacer mención que este derecho le fue negado no obstante que sus defensores solicitaron oportuna y formalmente al juez cuarto de distrito un intérprete en lengua otomí para los testigos indígenas de Santiago Mexquititlán.

9. Que el pasado 16 de septiembre, después de más de tres años de permanecer injustamente en prisión, fue liberada Jacinta Francisco Marcial, mujer del pueblo ñahñú acusada falsamente de haber secuestrado a elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación en hechos ocurridos en la comunidad Santiago Mexquititlán, al sur de Querétaro, el 26 de marzo de 2006. Sin embargo, por estos mismos hechos en los que no hubo ningún secuestro, permanecen aún privadas de su libertad Teresa González y Alberta Alcántara.

Considerando

I. Que Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional y que existieron en el proceso graves desigualdades del sistema de justicia.

II. Que en el caso de las tres mujeres sentenciadas injustamente salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal, como quedó demostrado con la liberación de Jacinta.

III. Que este asunto saca a la luz la aplicación de tipos penales para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones públicas, ya que como se ha acreditado públicamente y hoy legalmente Jacinta Francisco Marcial al igual que Alberta Alcántara y Teresa González (estas últimas aún presas), no participaron en las acciones de los comerciantes; sin embargo, es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.

IV. Que se han violado en este proceso, donde aún permanecen presas Alberta y Teresa, los artículos 2, 14 y 16 constitucionales y se ha discriminado institucionalmente; esta conducta se encuentra sujeta a las sanciones previstas por los códigos penales de la mayoría de entidades federativas como un delito del orden común y más aún la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 establece que se encuentra prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V. Que se ha violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, toda vez que se está ejerciendo violencia institucional; es decir, una de las manifestaciones más comunes de la violencia perpetrada desde los órganos estatales contra las mujeres.

VI. Que ha sido un logro de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general la liberación de Jacinta y un gesto de justicia de la autoridad presentar conclusiones no acusatorias en el proceso que enfrentan estas tres mujeres y por el cual dos de ellas a un siguen presas. Se acreditó la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta por ello su excarcelación sin cargos.

VII. Que por los mismos hechos y con las mismas pruebas también fueron procesadas Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres, como Jacinta, del pueblo ñahñú, y es un hecho grave que la PGR no haya expresado aún su disposición de presentar conclusiones no acusatorias que culminen, como en el caso de Jacinta, con la liberación de Alberta y Teresa, acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales. Para garantizar el acceso a la justicia de Teresa González y Alberta Alcántara se deberá resolver sin dilación y en términos de ley su excarcelación, la reparación integral del daño causado y la no repetición de los hechos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, para considerarse de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en un acto de justicia y estricta apego a la ley y a los derechos humanos de Teresa González y Alberta Alcántara acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales que Jacinta, presente conclusiones no acusatorias en el proceso que se sigue en contra de estas dos mujeres y, en consecuencia, se dicte el sobreseimiento y absoluta libertad de Teresa González y Alberta Alcántara, como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco Marcial.

Segundo. Se exhorta al juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro para que sin dilación alguna, ordene la libertad absoluta e inmediata de Teresa González y Alberta Alcántara, inculpadas injustamente al igual que Jacinta Francisco Marcial y se les restituya en su libertad, se reconozca su inocencia y se ordene la reparación del daño, en los términos que plantea el derecho internacional público y las convenciones internacionales en las que el Estado mexicano ha sido parte, y se garanticen los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González.

Tercero. Publíquese la presente proposición con punto de acuerdo en dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión y en la página de internet de este órgano legislativo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, diputada Quezada Contreras.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

AUTOPISTA DEL SOL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al director del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, a anular la aplicación del incremento de 4.1 por ciento a las cuotas de peaje en la Autopista del Sol, y a realizar un descuento de hasta el 50 por ciento en el tramo Chilpancingo-Acapulco en Guerrero.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo : Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, los que suscriben, diputados federales del PRI por el estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El estado libre y soberano de Guerrero vive del turismo. La Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco) fue construida por gestiones del gobernador José Francisco Ruiz Massieu, con el propósito de convertirla en una de las principales arterias turísticas del país y uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico del estado.

Desde 1993, con la inauguración de la autopista administrada por Capufe se reconoció que las cuotas eran de las más altas del país; tarifas que contrastan con una prestación de servicios regularmente deficiente e insegura, tanto por las condiciones orográficas, pluviales y vicios ocultos, como por rehabilitaciones permanentes que por su mala calidad parecen interminables.

El pasado 7 de septiembre el Sistema de Información sobre Accidentes Vehiculares difundió por la agencia de consultoría Global Mind que la Autopista del Sol se encuentra entre las 10 carreteras más peligrosas de la República.

Desde hace ya un buen tiempo el tramo comprendido de la caseta de Palo Blanco ---en Chilpancingo--- a la caseta La Venta, ---en la entrada de Acapulco--- es objeto de rehabilitación, ocasionando que en más de 30 kilómetros sólo se ocupe un solo carril, de uno y otro sentido, con los consiguientes riesgos: pérdida de vidas humanas y lentitud en su circulación.

No obstante ello, a partir del pasado 4 de agosto se aplica un 4.1 por ciento de aumento a la cuota; es decir, de 864 que se cobraban de Tlalpan a Acapulco, ahora se cobran 900 pesos, circunstancia que ha generado la inconformidad de amplios sectores por considerarla injusta y no proporcional a la calidad del servicio que se presta.

Por ello, es evidente la necesidad de que esta alta soberanía se pronuncie por la no aplicación de este incremento y porque se otorgue un descuento de hasta el 50 por ciento del tramo en rehabilitación, en virtud de que no existe en el mismo una autopista funcionando al 100 por ciento, por lo que no se justifica cobrar por un servicio que no se proporciona, precisando que este descuento tendría vigencia hasta en tanto la autopista esté rehabilitada en su totalidad.

Por todo lo anterior, los diputados federales del PRI por el estado de Guerrero, conscientes de que la comunicación carretera que brinda la Autopista del Sol es vital para el desarrollo de nuestro estado ya que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos, estimamos pertinente someter a su consideración la siguiente propuesta de acuerdo parlamentario:

Único. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens, y a Alonso García, director general de Banobras, institución fiduciaria del Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) ---antes Farac---, a que deroguen el incremento vigente de las cuotas de peaje a partir del 4 de agosto del año en curso y que se otorgue un descuento de 50 por ciento, específicamente en el tramo Palo Blanco Chilpancingo-La Venta Acapulco, de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, hasta en tanto esté totalmente rehabilitada y en condiciones óptimas y seguras de uso.

Solicitando, ciudadano presidente, se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro del presente. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP y al director del Fideicomiso para el Rescate de Autopistas Concesionadas a anular la aplicación del incremento de 4.1 por ciento al peaje en la Autopista del Sol, y a realizr un descuento de hasta 50 por ciento en el tramo Chilpancingo-Acapulco, en Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , Alicia Elizabeth Zamora Villalva , Ángel Aguirre Herrera , Cuauhtémoc Salgado Romero , Mario Moreno Arcos , Esteban Albarrán Mendoza , Sofío Socorro Ramírez Hernández, Miguel Álvarez Santamaría , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el estado libre y soberano de Guerrero vive del turismo; para nosotros el turismo es la principal actividad económica y la primera fuente de empleos e ingresos, que le da de comer directa e indirectamente a la mayoría de nuestros paisanos.

Segundo. Que la carretera Cuernavaca-Acapulco, o Autopista del Sol, fue construida bajo el esquema de concesión durante la administración federal 1988-1994, por gestiones del entonces gobernador de Guerrero, licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

Tercero. Que la construcción de la Autopista del Sol se impulsó visionariamente con el propósito de convertirla en una de las principales arterias turísticas del país y uno de los ejes fundamentales, sobre los que giraría el desarrollo económico de Guerrero, que requería, desde entonces, que este servicio público se prestara con calidad, eficiencia y eficacia.

Cuarto. Que por esta carretera transitan durante todo el año miles de extranjeros, connacionales y guerrerenses, en un enorme flujo vehicular, que es persistente y continuo, dado que, como es conocido, esta autopista permitió acercar a una distancia de tan sólo 286 kilómetros a la población del Distrito Federal, de la zona metropolitana y del centro del país, con un destino de natural belleza y de la calidez en sus playas.

Quinta. Que desde 1993, con la inauguración y operación de la Autopista del Sol administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se reconoció que las cuotas ¹ que ahí se cobraban eran de las más altas del país, situación que contrasta ---y que la realidad ha confirmado--- con una prestación de servicios, regularmente, deficientes, de mala calidad e inseguridad creciente, tanto por las condiciones orográficas, pluviales y vicios ocultos que presenta, como agrietamientos, hundimientos, desprendimientos de cerros, derrumbes, deslaves, así como rehabilitaciones permanentes que por su deficiencia parecen interminables.

Sexto. Que por esas causas en los últimos 16 años se han decidido cierres parciales y temporales, incluso, para evitar desgastes mayores, la circulación se ha ido canalizando, en algunos tramos, sólo por uno de los dos cuerpos de la carretera.

Séptimo. Que el 7 de septiembre del año que corre, el Sistema de Información de Accidentes Vehiculares (SIAV), difundido por la agencia de consultoría Global Minds, significa que esta Autopista del Sol es no sólo de las más caras, sino que se encuentra entre las 10 carreteras más peligrosas de la República.

Octavo. Que precisamente en este momento, y desde hace ya un buen tiempo, el tramo comprendido de la caseta de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, a la caseta de La Venta, municipio de Acapulco, es objeto de rehabilitación, ocasionando que más de la mitad de este tramo, es decir, en más de 30 kilómetros, sólo se esté ocupando un cuerpo de la autopista, un solo carril, de uno y otro sentido, con los consiguientes riesgos y lentitud en su circulación.

Noveno. Que no obstante, el gobierno federal ha fomentado, por una parte, una política de aumentos en las tarifas de las cuotas y, por otra, una política de silencio ante el clamor generalizado de disminuir las cuotas de cobro, clamor justificado no sólo por la situación económica que vive el país y cuyos efectos se resienten con mayor encono en la sociedad, sino también por las condiciones deficientes en las que se presta el servicio por el que se cobra.

Décimo. Que desde el 3 de agosto de este año se anunció por el consejo de administración del organismo público descentralizado del gobierno federal Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos que a partir del 4 de agosto se aplicaría 4.1 por ciento de aumento a la cuota, un aumento de 36 pesos; es decir, de 864 pesos que se cobraba de Cuernavaca a Acapulco de ida y vuelta, ahora ese mismo tramo cuesta 900 pesos, circunstancia que obviamente ha generado la inconformidad de amplios sectores sociales y productivos por considerarla injusta y desproporcionada.

Undécimo. Que es evidente la necesidad de que esta alta soberanía se pronuncie por la no aplicación del incremento de 4.1 por ciento más sobre las cuotas de peaje en la Autopista del Sol y porque se otorgue un descuento de hasta 50 por ciento del tramo de la caseta de Palo Blanco, en el municipio de Chilpancingo, al de la caseta de La Venta, en el municipio de Acapulco, en virtud de que no existe en este tramo una autopista funcionando al 100 por ciento por lo que no se justifica cobrar por un servicio de autopista que no se proporciona y que este descuento tenga vigencia hasta que la autopista esté rehabilitada en su totalidad.

Duodécimo. Que esta soberanía nacional seguirá insistiendo en que la actividad turística se desempeñe con más eficiencia, por lo que atañe a su estacionalidad, a la generación de empleos permanentes y bien remunerados, a la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios, a la captura efectiva de las divisas que demanda el financiamiento del desarrollo nacional y al consumo de bienes producidos en Guerrero y en nuestro país.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consciente de que la comunicación carretera que brinda la Autopista del Sol es vital para el desarrollo del país y de la entidad, ya que el turismo es la principal fuente de ingresos de Acapulco y Guerrero, es necesario que esta alta representación soberana insista en la no aplicación de los aumentos operados desde el 4 de agosto del año en curso y en un descuento de hasta 50 por ciento del costo de peaje, por lo que hace al tramo correspondiente de la caseta de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo y la caseta de La Venta, del municipio de Acapulco de Juárez, reiterando la necesidad de su accesibilidad a las clases populares, lo que indubitablemente repercutirá en un bien común; por tal razón, se estima pertinente someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados para que, previo el procedimiento legislativo correspondiente, se discuta y, en su caso, se apruebe como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de

Acuerdo Parlamentario

Único. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, y al director general del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) se derogue, a la brevedad posible, el incremento vigente a partir del 4 de agosto del año en curso y se otorgue un descuento de 50 por ciento, específicamente en el tramo Palo Blanco Chilpancingo-La Venta Acapulco, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, hasta que esté totalmente rehabilitada y en condiciones óptimas y seguras de uso.

Nota: 1 La mayor parte de estudiosos del derecho administrativo conceptúan a la cuota como aportaciones de dinero o en especie que un particular debe pagar a las autoridades o a quien se le haya concesionado el servicio público por el uso del mismo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La diputada Laura Arizmendi, desde su asiento, por favor.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para solicitarle al diputado Alvarado me permita adherirme a su propuesta, represento a Guerrero por Convergencia. Diga que sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Si el señor diputado proponente no tiene inconveniente, se otorga su petición y estará a su disposición la proposición para que pase a firmarla.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga : Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, desde la LVIII Legislatura ha venido operando en esta Cámara una comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de nuestro país.

Los esfuerzos de cooperación y de coordinación que esta soberanía ha desarrollado con autoridades, sectores productivos y ciudadanos para contribuir al abatimiento del rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios en esa región requieren, sin lugar a dudas, de continuidad.

Las asimetrías existentes entre los estados del sur-sureste y los del centro y norte del país no sólo se siguen presentando, sino que con el paso del tiempo se han vuelto mucho más profundas. La gente de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán demandan un México más justo y equilibrado y requiere que se instrumenten en su región políticas públicas diferenciadas y compensatorias, orientadas a la aplicación de un federalismo igualitario y efectivo.

Hasta ahora son muchos los temas todavía pendientes en la agenda política, económica y social de la región sur-sureste. Según expresiones de los gobernadores de la región, temas como la generación de energías alternativas, la revisión de tarifas eléctricas preferenciales, el control eficaz de los flujos migratorios, la seguridad en fronteras, el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas, la construcción de infraestructura para el de-sarrollo y la competitividad, el fortalecimiento del turismo, el sistema logístico para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec son asuntos inacabados que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente.

Por eso es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, los estados y los municipios para establecer prioridades, impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable y generar riqueza y bienestar en la región sur-sureste de México.

Para atender esta tarea es conveniente reinstituir la instancia que ha tenido como fin la creación de instrumentos legales para el desarrollo de las entidades indicadas y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impactos en la región, como por ejemplo, el Fonregión para infraestructura en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, al que el proyecto del PEF enviado por el Ejecutivo pretende reducir en 2010 el 49 por ciento de los recursos aprobados para este año.

Es decir, es necesario volver a crear la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; en razón a ello, solicitando se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desa-rrollo regional del sur-sureste de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que éstos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Desde la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, ha venido operando, en esta Cámara de Diputados, una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. No obstante, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, al final de las legislaturas LVIII, LIX y LX, ha declarado su extinción.

Los acuerdos relativos de ese órgano de gobierno interno de esta Cámara de Diputados, no significan, sin embargo, que el objeto de esa comisión especial se haya agotado y que, por tanto, las tareas que le han sido encomendadas ya no sean necesarias.

Los esfuerzos de cooperación y de coordinación que esta soberanía ha desarrollado por casi nueve años con autoridades, sectores productivos, organismos no gubernamentales y ciudadanos, para contribuir al abatimiento del rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios en la región, hoy día requieren de continuidad.

Las asimetrías ancestrales existentes entre las entidades federativas del sur-sureste y las del centro y norte del país, lamentablemente no sólo se siguen presentando sino que, con el paso del tiempo, se han vuelto más profundas.

Por ello, la gente de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán continúa demandando un México más justo y equilibrado, y sigue requiriendo se instrumenten, en la región, políticas públicas diferenciadas y compensatorias, orientadas a la aplicación de un federalismo igualitario y efectivo.

Hasta ahora, son muchos los temas todavía pendientes en la agenda política, económica y social de la región sur-sureste.

Según expresiones de los gobernadores de la región, temas como la generación de energías alternativas; la revisión de tarifas eléctricas preferenciales; el control eficaz de los flujos migratorios, comerciales y de especies animales y vegetales; la seguridad en fronteras; la adecuada recaudación fiscal; el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura para el desarrollo y la competividad; el fortalecimiento y expansión del turismo; el sistema logístico para el desarrollo regional del istmo de Tehuantepec son todavía asuntos inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente, por parte del gobierno.

La región sur-sureste de nuestro país, por su ubicación geográfica y porque cuenta con una gran potencialidad productiva y vastos recursos naturales y humanos debiera ser considerada estratégica para la seguridad nacional. Tendrían que canalizársele recursos que permitieran disminuir aceleradamente la brecha que le separa con el resto de la República.

Pero, contradictoriamente, esto no se hace y los 29 millones de mexicanos que en ella habitan no logran salir de su atraso, de su marginación y de su pobreza.

Esto debiera obligar políticamente a los diputados y a las diputadas de esta LXI Legislatura a seguir coadyuvando para que las entidades federativas que conforman la región superen las inequitativas, injustas y desfavorables condiciones que padecen.

Es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, estados y municipios para establecer prioridades; impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable, social, de competitividad y de comunicaciones; y generar riqueza y bienestar en la región sur-sureste de México.

Para atender esta tarea, consecuentemente, es conveniente y oportuno reinstituir y relanzar la instancia parlamentaria especializada que ha tenido como finalidad la creación de instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impacto en la región. Es decir, es necesario volver a crear la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se de la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS RESULTADOS Y AVANCES DEL PROYECTO ACEITE DEL TERCIARIO DEL GOLFO, EN EL PALEOCANAL CHICONTEPEC

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el señor diputado Genaro Mejía de la Merced, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo en el paleocanal Chicontepec.

El diputado Genaro Mejía de la Merced : Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, el suscrito diputado, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el artículo 34 y 42 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo en el paleocanal de Chicontepec, al tenor de las siguientes consideraciones:

Uno. De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Dos. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca establece que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose establecer en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Y, cumplido su objetivo, se extinguirán.

Tres. En términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que se crean convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

Antecedentes: uno. El proyecto Aceite Terciario del Golfo, que Petróleos Mexicanos lleva a cabo en el paleocanal de Chicontepec, no sólo representa 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca del equivalente de 17 mil millones de barriles de petróleo crudo, sino que también contribuye significativamente a las finanzas públicas nacionales al entregar 71 por ciento de los ingresos netos generados de su producción.

Dos. Ubicado al norte de Veracruz y al oriente de Puebla, el paleocanal de Chicontepec es un campo petrolero que comprende un área de 3 mil 785 kilómetros cuadrados y abarca 12 municipios: 9 en Veracruz y 3 en Puebla.

En su conjunto, se trata de una región que cuenta con 766 mil personas, según datos del Inegi y en su mayor parte de los municipios son de muy alta marginación y bajo índice de desarrollo humano.

Tres. A diario se perforan dos pozos en el paleocanal de Chicontepec; se producen alrededor de 32 mil barriles diarios de petróleo y cerca de 85 millones de metros cúbicos de gas, lo que constituye una importante aportación al de-sarrollo energético del país. En lo que va de 2009 se han perforado 288 pozos y adjudicado 26 contratos.

Cuatro. Datos oficiales de Pemex resaltan proyección de mil 411 pozos en este proyecto para el 2010 y estiman que para el 2015 su contribución sea superior a 20 por ciento de la producción nacional.

El objetivo de Pemex es convertir a Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 700 mil barriles diarios hacia el 2017.

Desde su puesta en marcha este proyecto representó un nuevo modelo de desarrollo sustentable, pues al tiempo que permite impulsar la responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad para contribuir con el desarrollo humano de la región, genera oportunidades en las empresas locales, fortaleciendo el incremento en el consumo de bienes y servicios, traduciéndose en una distribución de ingreso más equitativa.

Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-rrollo (PNUD) y la Universidad Veracruzana en el marco del convenio para la colaboración institucional con Pemex, una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de la región es que cerca de 70 por ciento de su población tiene ocupación informal e ingreso de dos salarios mínimos, situación que refleja en general, la precariedad económica de la región, significando un proyecto de este tipo un detonante de desarrollo social.

La complementación de las actividades petroleras es importante desde una perspectiva potenciante e integración de sectores locales como la construcción, servicios de reingeniería y mantenimiento, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianza locales, eslabonamientos productivos con empresas nacionales y de la región.

Por todo lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional, y 34, párrafo uno, inciso c); 42, párrafo uno, y 43, párrafo tres, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se crea la comisión especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal de Chicontepec. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual Legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.

Para esos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tercero, y último. La comisión se integrará de manera plural por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, a cargo del diputado Genaro Mejía de la Merced , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Segunda. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca dispone que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.

Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

Antecedentes

I. El proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) que Petróleos Mexicanos ( Pemex) lleva a cabo en el Paleocanal Chicontepec, no sólo representa el 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca del equivalente de 17.7 mil millones de barriles de petróleo crudo; sino que también contribuye significativamente a las finanzas públicas nacionales, al entregar el 71 por ciento de los ingresos netos generados de su producción.

II. Ubicado al norte de Veracruz y el oriente de Puebla, el Paleocanal Chicontepec es un campo petrolero que comprende un área de 3 mil 785 kilómetros cuadrados, y abarca 12 municipios, nueve en el estado de Veracruz: Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo de Tempache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla; y tres en Puebla: Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec. En conjunto, se trata de una región que cuenta con 766 mil 513 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2005.

III. Diariamente se perforan dos pozos en el Paleocanal Chicontepec y se producen alrededor de 32 mil 308 barriles de petróleo y cerca de 85 millones de metros cúbicos de gas, lo que constituye una importante aportación al desa-rrollo energético del país. En lo que va del 2009, 288 pozos se han perforado y adjudicado 26 contratos.

IV. Datos oficiales de Pemex resaltan la proyección de mil 411 pozos en el PATG para 2010 y estiman que para el 2015 su contribución sea superior al 20 por ciento de la producción nacional. El objetivo de Pemex es convertir a Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 600 mil barriles diarios hacia el año 2021.

V. Para el periodo 2009-2017, el PATG espera registrar una producción de crudo promedio de 443 millones de barriles diarios y una producción promedio de gas de 546 billones de pies cúbicos diarios. Del mismo modo, se estima que el máximo de producción de crudo se alcanzará en 2016.

VI. En 1998 la Certificadora Internacional de Golyer amp; McNaughton avaló que las reservas del Paleocanal de Chicontepec son de 12 mil 189 millones de barriles de petróleo crudo y de 31 mil 339 mil millones de pies cúbicos de gas (boletín de prensa número 61, Petróleos Mexicanos)

VII. Desde su puesta en marcha, el PATG representó un nuevo modelo de desarrollo sustentable, pues al tiempo que permite impulsar la responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad para contribuir con el desarrollo humano de la región, genera oportunidad en las empresas locales fortaleciendo el incremento del consumo de bienes y servicios, traduciéndose en una distribución del ingreso más equitativa.

VIII. Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del convenio para la colaboración institucional con Pemex; una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de la región del PATG es que cerca del 70.3 por ciento de su población tiene ocupación informal (sin contrato, ni prestaciones) e ingreso de dos salarios mínimos, situación que refleja, en general, la precariedad económica de la región (PNUD-UV; 8/1/2008), significando un proyecto de este tipo un detonante de desarrollo social.

IX. La concentración e intensidad de las operaciones del PATG requiere un esfuerzo continuo de análisis y sistematización de sus condiciones, para lograr que la actividad del proyecto se dé en la línea de las mejores prácticas internacionales y con estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable en la explotación de la cuenca energética.

X. La complementación de las actividades petroleras es importante desde una perspectiva potencial de integración de sectores locales como la construcción, servicios de ingeniería y mantenimiento, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianzas locales y eslabonamientos productivos con empresas nacionales y locales.

XI. Según reportes, en los dos últimos años se han perforado más de 6 mil pozos y se han invertido cerca de 20 mil millones de dólares en el PATG.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43 párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec. El objeto de la comisión será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual Legislatura o cuando se haya cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tercero. La comisión se integrará de manera plural, por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de loa Debates y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, para presentar una proposición con punto de acuerdo, con el que solicita se incluya a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 y subsecuentes, suscrita por los diputados Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millány Héctor Agustín Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jaime Flores Castañeda : Con su venia, diputado presidente.

Los que suscriben, diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente exposición de motivos:

En el libro Delimitación de zonas metropolitanas de México, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasen el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí mismo o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

En esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación de políticas urbanas.

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de Norteamérica.

La población del municipio de Juárez, de acuerdo con el conteo de población y vivienda efectuado por el Inegi, fue de un millón 313 mil 300 habitantes, con lo que se ubica como la onceava zona metropolitana más grande del país y la zona metropolitana fronteriza más grande del mundo.

Juárez es considerada la quinta ciudad de mayor generación de riqueza a nivel nacional y sexto centro poblacional del país y la cuarta más productiva de América Latina. Por su gran actividad empresarial ocupa el lugar 16 entre las mejores ciudades para hacer negocios a nivel Latinoamérica.

Indudablemente, para atender estas necesidades resulta indispensable que se cuente con mayores recursos económicos y sólo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.

Desafortunadamente, esta zona metropolitana no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano.

Considerando lo antes expuesto, se acredita que en Ciudad Juárez hay viabilidad para generar progreso a efecto de mejorar la calidad de vida de la población y venimos hasta ésta, la más alta tribuna de la nación, a solicitar el apoyo de nuestros compañeros legisladores y compañeras legisladoras.

Por las razones expuestas ante esta asamblea, nos dirigimos para pedirles se apruebe el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo federal que se incluya y sea considerada a Ciudad Juárez, Chihuahua como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y subsecuentes.

Solicito a la presidencia se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se incluya Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2010 y subsecuentes, a cargo de los diputados Jaime Flores Castañeda , Adriana Terrazas Porras , Manuel Guillermo Márquez Lizalde , Alejandro Cano Ricaud , Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas , Guadalupe Pérez Domínguez , Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal , del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Jaime Flores Castañeda , Adriana Terrazas Porras , Manuel Guillermo Márquez Lizalde , Alejandro Cano Ricaud , Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas , Guadalupe Pérez Domínguez , Maurilio Ochoa Millán , Héctor Agustín Murguía Lardizabal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En el libro ``Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2005'' elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol; el Consejo Nacional de Población, Conapo; y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos , predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

Dicho estudio expone que el rápido proceso de urbanización por el que ha transitado México se refleja en el incremento del número de ciudades de más de 15 mil habitantes, que pasó de 84 en 1950 a 369 en 2005, mientras que la población urbana pasó de representar uno de cada cuatro a uno de cada siete habitantes en el mismo periodo; de igual manera identifica 55 zonas metropolitanas que involucran a 309 municipios y delegaciones de 29 entidades federativas, cuya población se estimaba a mediados de ese mismo año, en 56.7 millones de personas, poco más de la mitad de la población total del país para entonces (106.4 millones).

La investigación en comento arroja que las zonas metropolitanas son las unidades de mayor jerarquía del sistema nacional de ciudades, en ellas se genera más de 70 por ciento del producto interno bruto, se concentra la mayor parte de la infraestructura social y de la actividad científica, tecnológica y cultural del país y se genera 64 por ciento del incremento demográfico nacional.

El resultado de ese análisis expone que en total se identificaron 56 zonas metropolitanas cuya población en el año 2005 ascendió a 57.9 millones de personas, mismas que representan 56.0 por ciento de la población total del país. De éstas, nueve zonas metropolitanas tienen más de un millón de habitantes: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna, donde residen 36.6 millones de personas, más de la tercera parte del total nacional (35.4%); en seguida se encuentran 18 zonas metropolitanas con poblaciones entre 500 mil y un millón de habitantes: San Luis Potosí--Soledad de Graciano Sánchez, Querétaro, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Tampico, Cuernavaca, Acapulco, Chihuahua, Veracruz, Morelia, Saltillo, Villahermosa, Reynosa-Río Bravo, Xalapa, Cancún, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca, cuya población en conjunto asciende a 13.5 millones (13.0% del total). Las restantes 29 zonas metropolitanas se ubican en el rango de 100 mil a 500 mil habitantes, con excepción de la zona metropolitana de Moroleón-Uriangato con poco menos de 100 mil habitantes, en ellas residen 7.8 millones de personas, cifra equivalente a 7.6 por ciento de la población del país.

En sí, la población del municipio de Juárez, de acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 efectuado por el INEGI, fue de 1,313,338 habitantes, con lo que se ubica como la onceaba zona metropolitana más grande del país y la zona metropolitana fronteriza más grande del mundo. La tasa anual de crecimiento de Ciudad Juárez se redujo al 1.34 por ciento anual durante el periodo 2000-2005, cuando en periodos anteriores mantenía tasas superiores al 5 por ciento. Lo anterior es debido a la desaceleración de la industria maquiladora en la frontera mexicana, a la competencia de los productos chinos y al surgimiento de otros centros maquiladores en el país. El 41% de la población del estado de Chihuahua habita en Juárez, ciudad que tiene una densidad de 5,130 hab./km2.

Cabe destacar que hace algunos meses Ciudad Juárez mostró un crecimiento sostenido en promedio de 24.301 empleos, en sí, es de las primeras ciudades con menor desempleo en todo el país, con menos del 1 % contrario al resto del país que se ubica alrededor del 2,5 al 3 %. A nivel estatal, Juárez concentra el 57,5 % de todo el empleo del estado (396.100 aproximadamente); siendo la industria maquiladora la que se ha convertido en la principal base de la economía.

En gran parte de la mancha urbana del municipio se encuentran zonas exclusivamente para uso industrial; se cuenta con 18 parques industriales distribuidos en toda la ciudad, disponibilidad de mano de obra calificada y una infraestructura desarrollada de comunicación, transporte y servicios. Cabe resaltar se encuentra incorporada como parte de sí misma o de su área de influencia directa a los municipios vecinos de Praxedis y Guadalupe.

En una gran parte del lado oriente del municipio existen tierras consideradas aptas para una agricultura continua y mecanizada, favorecidas por la precipitación y con obras de infraestructura para riego, lo que permite que se lleven a cabo dos cultivos anuales.

En todo el centro y hacia el oriente del municipio existen terrenos considerados aptos para sustentar vegetación diferente al pastizal, en donde se puede desarrollar el pastoreo.

Juárez es considerada la 5ta. ciudad de mayor generación de riqueza a nivel nacional, el 6to. centro poblacional del país y la 4ta. más productiva de América Latina; por su gran actividad empresarial, ocupa el lugar 16 entre las mejores ciudades para hacer negocios a nivel Latino-América y, es uno de los centros de manufactura más grandes del Norte de América. De igual manera es el centro de investigación para nuevos materiales y tecnología de última generación.

La frontera Juárez/El Paso es la región de mayor intercambio comercial del bloque económico TLCAN. Así mismo, Ciudad Juárez se está posicionando como líder mundial en la producción de arneses automotrices.

Además cabe destacar que posee modernos centros hospitalarios y más de 10 universidades e instalaciones educativas de primer nivel.

Por la ubicación geográfica del municipio y por su cercanía a El Paso, Texas, Ciudad Juárez adquiere dimensiones metropolitanas y tiene corresponsabilidades transfronterizas, lo que le exige reflexiones que trasciendan la inmediatez y coloquen la perspectiva internacional, regional y de largo plazo, tanto en los contenidos de las soluciones técnicas, como en las formas de proceder de instituciones civiles y gubernamentales.

La densidad demográfica permite acreditar que en Ciudad Juárez la población sigue creciendo significativamente, principalmente porque no solo bastantes mexicanos sino también latinoamericanos se quedan a vivir en la ciudad en su intento de convertirse en inmigrantes a los Estados Unidos. Esto genera que las necesidades crezcan exponencialmente, dando lugar a que la población exija mayores satisfactores y soluciones a los problemas más marcados como lo son solo por señalar algunos la inseguridad, desempleo, deficiencias en servicios de salud.

Indudablemente para atender estas necesidades, resulta indispensable que se cuenten mayores recursos económicos, solo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.

Las políticas públicas que se han adoptado demuestran que se está avanzando para generarle a los habitantes mejores condiciones de vida; la ciudadanía obliga a realizar una administración más eficiente, vigila que se apliquen los recursos eficazmente. Pero aún así los recursos no son suficientes, desafortunadamente esta zona metropolitana no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano.

Desde el inicio de la pasada legislatura, la Comisión de Desarrollo Metropolitano pugnó en la Cámara de Diputados para que los recursos federales canalizados y destinados a la zona metropolitana del Valle de México, a partir de la creación del Fondo Metropolitano en 2006 dentro del Presupuesto de Egresos de la federación, no se limitara exclusivamente a ésta, sino para que también se permitiera beneficiar a otras zonas metropolitanas que requirieran de ese apoyo brindado por la federación.

Lo anteriormente expuesto es en razón de que para el ejercicio fiscal de 2008, la Cámara de Diputados aprobó crear siete fondos metropolitanos para igual número de zonas metropolitanas del país. En el marco de la aprobación del presupuesto de egresos 2009, el entonces legislador juarense Octavio Fuentes Téllez, celebró reuniones con miembros de la Comisión de Desarrollo Metropolitano para lograr el cometido de beneficiar a Ciudad Juárez con recursos del Fondo Metropolitano.

Aplicando un criterio federalista, se ha buscado inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas. Entre los criterios para asignar dichos fondos, se consideraron los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los Ejecutivos estatales y los municipios, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.

Cabe destacar que de acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez para el 2008 y la primera parte de 2009, análisis elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se observa que Juárez continúa siendo a nivel nacional uno de los municipios con más de un millón de habitantes que reciben menos aportaciones federales per cápita y respecto a otras ciudades como Chihuahua, Guadalajara y Tijuana. Por otra parte, esta frontera alberga el 41 por ciento de la población del estado, y tiene el 25 por ciento de distribución del gasto sectorial, ello pone en evidencia que Ciudad Juárez.

Considerando que todo lo antes expuesto acredita que en Ciudad Juárez hay viabilidad para generar progreso a efecto de mejorar la calidad de vida de la población, venimos a esta la más alta tribuna de la nación a solicitar el apreciable apoyo de nuestros compañeros y compañeras legisladoras, para que en las asignaciones que esta soberanía nacional apruebe para las zonas metropolitanas, con un criterio federalista, mediante la creación de los fondos metropolitanos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se beneficie a Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de lograr mejores esquemas de urbanización, aplicando acciones y programas de gran alcance que permitan el desarrollo de mi ciudad.

Por las razones expuestas ante esta asamblea, nos dirigimos para pedirles se apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Ejecutivo Federal, para que incluya y sea considerada a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y subsecuentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren mayores recursos financieros para el Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana.

El diputado Pedro Jiménez León : Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la educación en México es una garantía individual establecida en la Carta Magna que no debe ser restringida ni suspendida para ningún mexicano en los niveles básico y medio superior.

Por el contrario, debemos fomentar los valores patrios laicos y científicos, a fin de crear una nación libre, nacionalista y comprometida con la sociedad. Es un deber fundamental del Poder Ejecutivo federal velar porque se cumpla la voluntad del Constituyente Permanente a través de la administración pública, ejerciendo la actividad financiera del Estado en apego a los principios económicos de proporcionalidad, equidad, inmediatez y transparencia en el gasto público.

Sin embargo, apreciamos que en la propuesta presupuestal para 2010, en el tema de los salarios de los académicos del nivel medio superior, no aborda con seriedad la impostergable obligación de satisfacer sus necesidades mínimas.

La Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres, desde la LIX Legislatura realizó una gestión que dio como fruto el que se aprobara el Programa de Nivelación Salarial para todo el personal de los colegios de bachilleres en la República Mexicana.

El gobierno federal se comprometió entonces a que este programa estaría realizándose durante los próximos cinco años. Lamentablemente, más tarde se desentendieron de este programa y ésa es la razón por la que la inconformidad de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres se expresa a través de su servidor, con el propósito de que en el Presupuesto de Egresos esta soberanía tenga a bien aprobar o corregir esta decisión del Ejecutivo, que tiene como propósito castigar a la educación media superior.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exhortar a esta soberanía a incrementar los recursos financieros del Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos financieros para el Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana, a cargo del diputado Pedro Jiménez León , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesados en que el gobierno federal demuestre su reconocimiento y apoyo financiero al sector educativo de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes

Considerandos

La educación en México es una garantía individual, preceptuada en la Carta Magna, que no debe ser restringida, ni suspendida para todos los mexicanos en los niveles básico y medio superior, fomentando los valores patrióticos, laicos y científicos a fin de crear una nación libre, nacionalista y comprometida con la sociedad.

Es un deber fundamental del Poder Ejecutivo federal velar por que se cumpla la voluntad del Constituyente Permanente, a través de la administración pública, ejerciendo la actividad financiera del Estado, en seguimiento de los principios económicos de proporcionalidad, equidad, inmediatez y transparencia en el gasto público; sin embargo, apreciamos que la propuesta presupuestal para el 2010, en el tema de los salarios de los académicos del nivel medio superior, no aborda con seriedad la impostergable obligación de satisfacer sus necesidades mínimas.

En la actualidad el profesionalismo de los maestros y las autoridades educativas por designio del Poder Ejecutivo Federal, debe ir de la mano con el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de donde nace el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Educación Media Superior Universitaria 2007-2012.

En el PND se han plasmado los lineamientos básicos de formación de alumnos de bachillerato con calidad a través de la carrera magisterial e impulsar la superación académica a la par de sus percepciones.

En el caso concreto, el magisterio concebido por el gobierno federal en la búsqueda de la legitimación política pretende elevar la calidad educativa en el margen de esfuerzo-resultados y sueldos, sin dar lugar a que en dicho proceso los académicos subsistan.

Mucho se ha criticado la existencia del sindicalismo magisterial, tachado de corporativismo, el cual no siempre surge por voluntad de los docentes, sino por errores del aparato gubernamental, que arrastra al Estado cada día más a graves crisis de injusticia social.

Un caso concreto es el de las inconformidades ignoradas por el gobierno federal, como en el caso de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres, surgida de la fuerza productiva de profesores comprometidos con las familias mexicanas por alcanzar el mayor potencial de sus alumnos y aspirar a cosechar los frutos que dieron lugar a la Alianza por la Calidad en la Educación.

La enseñanza media superior tradicionalmente ha sido mermada en la visión de Estado, lo cual reduce las posibilidades de otorgar competitividad a los futuros profesionistas y lograr la consumación de las propuestas gubernamentales.

No puede ser que intentemos alcanzar un país educado y culto si no damos las herramientas necesarias a los docentes para continuar con la labor, sancionando sus percepciones, dejando en el olvido el programa de nivelación salarial que los profesores solicitan de manera legítima para obtener los requerimientos básicos de la nación en sus educandos, con la prórroga e incremento del Programa de Nivelación Salarial que constituye una inversión académica legitima.

El decreto de Presupuesto de Egresos para 2010 que apruebe esta soberanía debe contener una corrección a la voluntad del Poder Ejecutivo de castigar al sector de educación media superior en sus emolumentos, debemos erradicar la voluntad política de dejar de cumplir el principio de ``a trabajo igual, salario igual'' en la educación, como propone el presidente.

Convergencia, de ningún modo avala la conducta de un Estado que busca cumplir las demandas justificadas de los profesores de bachillerato a costa de violar la Constitución, con enmiendas circunstanciales.

Por el contrario, estamos a favor de retomar y prorrogar el Programa de Nivelación de emolumentos, dotando con los recursos superiores a los 392 millones de pesos ejercidos en 2009, para ser repartidos en las 32 entidades de la República, en tanto se crean las reglas de operación necesarias para obligar al Poder Ejecutivo federal a revisar anualmente los incrementos del sector, sin perjuicio que le sean aplicados a los docentes los programas escalafonarios, toda vez que reconocen un mérito superior a la tarea de la enseñanza, no la función simple de instruir condicionando el sustento diario.

Es por ello que hacemos un llamado a esta honorable asamblea para que juntos cambiemos el rumbo de las vidas de la educación media superior de México prorrogando el Programa de Nivelación Salarial de la Educación Media Superior y con ello heredemos un mejor país a nuestros descendientes, dotando la educación con docentes más capacitados y una sociedad culturalmente sana y competitiva.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía a incrementar los recursos financieros del Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, señor diputado Jiménez León. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene ahora la palabra, el señor diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo relativo a las altas precipitaciones que se registraron en elDistrito Federaly en el estado de México.

El diputado Roberto Rebollo Vivero : Señor presidente; señoras diputadas y señores diputados, comento que en elDistrito Federaly en el estado de México habita desde 1990 alrededor de 20 por ciento de la población nacional, quienes registran ya los típicos problemas de la metrópolis, tales como problemas de abastecimiento del agua potable, de alcantarillado, de seguridad pública, tratamiento de de-sechos sólidos, de vivienda, de suelo urbano, de infraestructura, de salud educativa, así como de transporte y vialidad, entre otros.

En 2003 se aprobó la creación e integración de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, cuya misión es mejorar la gobernabilidad, convivencia, bienestar de los ciudadanos que habitan en las grandes urbes del estado de México y del Distrito Federal.

Paralela a la creación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, el Ejecutivo del estado de México propone la creación de un fondo metropolitano para obras y servicios de carácter estrictamente urbano en municipios conurbados del estado de México, del valle de Toluca, así como de las 10 delegaciones del Distrito Federal.

En el proyecto de Presupuesto de 2010 enviado por el Ejecutivo federal de esta honorable Cámara, la asignación de recursos para el Fondo Metropolitano del valle de México y del Distrito Federal se redujo hasta 42.2 por ciento, en relación con el presupuesto aprobado en 2009; cantidad que representa un mil 477 millones 200 mil pesos.

Asimismo, el presupuesto para el Fondo Metropolitano de 2009 fue inferior al de 2008, y el de 2010 se reduce más de 43 por ciento con relación al Presupuesto de 2008. No puede ser posible.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, de aprobarse el Presupuesto en el 2010, en los términos que manda el Ejecutivo federal, quedará pendiente el mantenimiento de la infraestructura del programa de saneamiento, de drenaje, de alcantarillado que mitigue los riesgos por fenómenos naturales.

De esta forma podemos asegurar que las inundaciones serán cada día más graves en el valle de México y el Distrito Federal; esto perjudicaría a la población más necesitada y por si fuera poco, en el ejercicio de 2008 se aplicó un presupuesto de 3 mil 550 millones de pesos.

Entendemos con claridad la política de austeridad que se pretende emplear para el 2010; sin embargo, pensamos que en este rubro es muy delicado que se pretenda reducir el presupuesto. Es preferible que haya un recorte en las más de las mil subsecretarías de Estado que mantiene el gobierno federal.

Qué bueno que se atendió el problema en la zona de Valle Dorado del estado de México; ahora también le toca a la zona de la delegación Gustavo A. Madero, de la delegación Azcapotzalco.

Por todo lo anterior, señor presidente, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos destinados al Fondo Metropolitano no se reduzcan ni un solo centavo, en especial, los destinados a la zona metropolitana del Valle de México, necesarios para continuar las obras de mantenimiento.

Segundo. Que el pleno de esta Cámara de Diputados realice un atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que realice la terminación del puente de avenida Centenario, así como las acciones de desazolve; que prevea las inundaciones, encharcamientos y hundimientos como los que se vinieron registrando en septiembre, en vialidades primarias y colonias alrededor de esta zona; colonias afectadas como la Nueva Atzacoalco, CTM El Risco, Gabriel Hernández, San Felipe de Jesús, por nombrar algunas colonias.

Señor presidente, le solicito que el texto íntegro se inserte en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo soy un guerrero de las calles. Llegué aquí, a la Cámara de Diputados, con la promesa firme, con el compromiso con la ciudadanía de regresar a las colonias.

Los invito, de verdad, a que utilicemos esta tribuna para ponernos de acuerdo. La gente nos necesita. Necesita ver resueltos los problemas que tanto aquejan a la ciudadanía. México necesita de cada uno de nosotros. No les fallemos, por favor.

Todos los partidos políticos hagamos buen uso de esta tribuna. Trabajemos en conjunto, porque es importante devolver la confianza a los mexicanos que ya están hartos de políticos que piden el voto, se van y no regresan a sus colonias.

Les hago una atenta invitación, más que a debatir, a regresar a nuestras calles, a nuestras colonias, y más que venir aquí a ver de qué forma atacamos al contrincante, vamos a trabajar en común. México tiene muchos problemas y mucha gente está esperando resultados de parte nuestra.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la realización de obras urgentes por los daños ocasionados por las considerables precipitaciones pluviales ocurridas en el Distrito Federal y en el estado de México, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero , del Grupo Parlamentario del PRI

Quiero recordarles que en el Distrito Federal y en el estado de México habitan, desde 1990, alrededor de 22 por ciento de la población nacional, los que registran ya los típicos problemas de las metrópolis, tales como problemas de abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, de seguridad pública, de tratamiento de desechos sólidos, de vivienda, de suelo urbano, de infraestructura de salud y educativa, así como de transporte y vialidad, entre otros.

En 2003 se aprobó la creación e integración de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, cuya misión encomendada es mejorar la gobernabilidad, convivencia y bienestar de los ciudadanos que habitan en las grandes urbes del estado de México y del Distrito Federal.

Paralelo a la creación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, el Ejecutivo del estado de México propone la creación de un fondo metropolitano para obras y servicios, de carácter estrictamente metropolitano, en municipios conurbanos del estado de México y del valle de Toluca, así como en las 16 delegaciones del Distrito Federal.

En términos legislativos se han planteado diversas iniciativas a fin de crear un fondo de aportaciones para el desa-rrollo metropolitano, así como en materia de participación municipal en los procesos de planificación nacional y desa-rrollo metropolitano. Pero fue hasta 2006 que la Cámara de Diputados autorizó en el decreto de Presupuesto de Egresos recursos por mil millones de pesos para el Fondo Metropolitano y con esos recursos se concretaron 24 obras entre las que destacan la rehabilitación del puente Monte Líbano, el distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes, el saneamiento de la presa de Guadalupe y el estudio de origen-destino de la zona metropolitana.

Cabe señalar la importancia del Fondo Metropolitano, ya que las tres entidades en conjunto generan la tercera parte del producto interno bruto nacional, y al conjuntar más de 100 distritos electorales que evidentemente debe de atenderse como tema prioritario por los miembros de la Cámara de Diputados.

2. Presupuestos del Fondo Metropolitano

En el proyecto de Presupuesto de 2010, enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, la asignación de recursos para el Fondo Metropolitano del valle de México y el Distrito Federal, se redujo en 42.2 por ciento, en relación con el Presupuesto aprobado en 2009 (cantidad que representa 1,477,200,000 millones de pesos).

Asimismo, el presupuesto para el Fondo Metropolitano de 2009 fue inferior al de 2008, y el de 2010 se reduce todavía más: 43 por ciento, en relación con el Presupuesto de 2008. (Cantidad que representa 1,527,200.000 millones de pesos).

De aprobarse el Presupuesto de 2010, en los términos que manda el Ejecutivo federal, quedará pendiente el mantenimiento de la infraestructura del programa de saneamiento drenaje y de alcantarillado, que mitigue la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales; de está forma podemos asegurar que las inundaciones serán cada día más graves en el valle de México y en el Distrito Federal, en perjuicio de la población más necesitada.

3. Comentarios en relación al Fondo Metropolitano

Presupuesto de Egresos de 2006

Gracias a la coordinación y negociación de varios sectores se logró que la Cámara de Diputados aprobara, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2006, mil millones de pesos para la creación del Fondo Metropolitano para el Distrito Federal y municipios conurbados del estado de México. El fondo permitirá desarrollar obras importantes para el desarrollo de la infraestructura metropolitana y mecanismo de cooperación, en materias como seguridad pública y normatividad, entre los más importantes.

Presupuesto de Egresos de 2007

El Fondo Metropolitano tuvo un incremento de 2 mil millones de pesos a los mil millones enviados por el Ejecutivo federal, quedando en 3 mil millones de pesos en 2007.

Presupuesto de Egresos de 2008

Los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México harán ``frente común'' para pedir al Congreso federal la ampliación del Fondo Metropolitano a 6 mil millones de pesos en el Presupuesto de 2008, el doble de lo que se aprobó este año, con lo que buscan corregir la caída de la inversión federal en la zona metropolitana del valle de México en los años recientes.

Ebrard precisó que los 6 mil millones de pesos que solicitarán al Congreso de la Unión se concentrarán en proyectos de agua, drenaje, transporte público, infraestructura vial y otros que tengan que ver con la sustentabilidad del valle de México.

Explicó que se trata solamente de los recursos que se requieren para una parte de un programa que elaboró desde 2006 la Universidad Nacional Autónoma de México, con un conjunto de obras que tendrían que realizarse a 20 o 25 años para los que se requeriría alrededor de 20 mil millones de pesos.

El gobernador mexiquense dijo que se habla de un frente común entre ambas entidades para defender el Fondo Metropolitano ante las voces que han propuesto utilizar los recursos de este fondo para otras zonas metropolitanas del país, en cuyo caso tendría que destinarse un fondo para la zona metropolitana del valle de México de 6 mil millones de pesos.

Los programas, proyectos y obras a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán ser viables y sustentables, además de ser el resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio, por lo que deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y con los programas de desarrollo regional, urbano y especiales que se deriven de éste, además de estar alineados con los planes estatales de desarrollo urbano y de los municipios involucrados y comprendidos en la respectiva zona metropolitana.

Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá contar con un consejo para el desarrollo metropolitano y un fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables.

Sin embargo, vemos con tristeza que lejos de incrementar este fondo metropolitano, ahora se intenta reducir este presupuesto a mil 11 millones 400 mil pesos para la zona metropolitana del valle de México, Distrito Federal, e igual cantidad para el estado de México, siendo que en 2009 se ejerció un presupuesto para esta misma zona de 3 mil 300 millones de pesos.

Y por si fuera poco, en el Presupuesto de 2008 se ejerció un presupuesto de 3 mil 550 millones de pesos. Entendemos con claridad del programa de austeridad que se pretende para 2010, sin embargo, pensamos que en este rubro es muy delicado que se pretenda reducir el presupuesto. Es preferible que haya un recorte a tantas subsecretarías de Estado, que ustedes han creado (más de 900 en el gobierno de Felipe Calderón).

Qué bueno que se atendió el problema en la zona de Valle Dorado del estado de México; ahora también le toca a la zona de la delegación Gustavo A. Madero.

Puntos de Acuerdo

Primero. Que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los recursos destinados al Fondo Metropolitano no se afecten sobremanera, en especial los destinados a la zona metropolitana del valle de México, necesarias para continuar las obras de mantenimiento.

Segundo. Que el pleno de esta Cámara de Diputados realice un atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal a realizar la terminación del puente de la avenida Centenario, así como las acciones de desazolve que prevean las inundaciones y encharcamientos como los que se han venido registrando en este septiembre en vialidades primarias y colonias alrededor de esta zona.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PAGO DE AGUINALDOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el señor diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a sus municipios, al gobierno delDistrito Federaly a sus delegaciones, así como a las diversas entidades públicas, a aplicar medidas de austeridad y previsión con el objeto de hacer frente, en términos de la ley, a la obligación de pago de aguinaldos al personal, correspondiente al ejercicio 2009.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa : Con su permiso, señor presidente.

Dice el viejo refrán, no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se agote. Acudo hoy a esta alta tribuna del país, a presentar ante ustedes una preocupación de cientos de miles de compatriotas a lo largo del territorio nacional.

Durante los meses de septiembre y octubre del año pasado se discutía el paquete económico enviado por el Ejecutivo federal para el presente ejercicio, al mismo tiempo estallaba en el sistema financiero norteamericano la peor crisis de la que su historia tuviera registro, y a lo largo del año hemos ido sufriendo sus consecuencias.

Adicional a ello, los precios de la mezcla mexicana del petróleo y la producción y exportación de crudo han estado por debajo de los niveles considerados en el Presupuesto aprobado por esta Cámara.

La reducción de los ingresos petroleros y no petroleros obligó al gobierno federal a recurrir a los diversos fondos de contingencia, pero aún así se tuvieron que realizar recortes a las ministraciones de recursos y lamentablemente no se prevé que haya cambios sustanciales en los ingresos presupuestales para reponer los recursos faltantes.

Los recortes no serían tema grave si no fuera porque derivado del espejismo de la disponibilidad de recursos excedentes del petróleo que en años pasados gozaron estados, municipios, Distrito Federal y delegaciones, en donde en lugar de invertir en obras de infraestructura hicieron crecer su gasto corriente.

Así, a más de dos meses de distancia de que se cumpla la obligación legal consignada en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presento esta propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a que se tomen en los estados, sus municipios, el Distrito Federal, sus delegaciones y en las diversas entidades públicas, medidas de austeridad y previsión que permitan generar reservas de recursos, a efecto de que el aguinaldo pueda ser pagado oportunamente al personal a su cargo.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, es justo, es necesario que con tiempo suficiente hagamos el exhorto y lancemos la advertencia; los trabajadores al servicio del Estado tienen el derecho a las prestaciones de ley y ellos y sus familias tienen el derecho a tener la tranquilidad de que, llegado el momento podrán disfrutarlas.

En nombre de miles de mexicanos, muchas gracias. Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a sus municipios, y al Gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones, así como a las entidades públicas, a aplicar medidas de austeridad y previsión con objeto de hacer frente en términos de ley a la obligación de pago de aguinaldos al personal correspondientes al ejercicio de 2009, a cargo del diputado Pablo Rodríguez Regordosa , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Pablo Rodríguez Regordosa , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, proposición con puntos de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Durante el año 2008, en tiempo y forma legales, se aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación así como el Presupuesto de Egresos, estableciendo en su contenido los criterios de política económica que para ese momento estaban debida y legalmente soportados.

Prácticamente al mismo tiempo que el Congreso debatía y aprobaba los presupuesto de ingresos y egresos, se desataba en los Estados Unidos de América una grave crisis del sistema financiero, cuyos alcances nadie pudo determinar con claridad, surtiendo en el corto plazo, sus efectos en la economía mundial.

Particularmente en México, derivado de los efectos de la crisis estallada en el sistema financiero norteamericano, la economía se contrajo en casi 10 puntos del PIB, con la consecuente pérdida de empleos y la caída en la recaudación federal participable, afectando así los recursos presupuestales disponibles.

Adicional a lo anterior, al mes de julio los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo han promediado 50 dólares por barril, valor por debajo del precio establecido en la Ley de Ingresos de la Federación de 70 dólares. Gracias a la contratación de una cobertura, el impacto en las finanzas públicas no fue del mismo tamaño que la disminución del precio.

Por si la combinación de la crisis financiera mundial y la contracción en el precio del crudo fueran poca cosa, la plataforma de producción de petróleo cayó por debajo del estimado propuesto por la Secretaría de Energía al momento de armar el presupuesto de ingresos, causando los tres factores en suma un faltante por casi 420 mil millones de pesos respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio corriente.

Sin embargo, gracias a la contratación de la cobertura del precio del petróleo, al deslizamiento de la relación peso dólar, y a la disponibilidad de fondos de estabilización, el impacto en las finanzas públicas estimado para el ejercicio 2009 es tan solo de 85 mil millones de pesos, por lo que

Considerando

Que las transferencias presupuestales a estados y municipios se han visto afectadas en términos de lo descrito en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que no se estima ninguna recuperación sustancial de los ingresos presupuestales para lo que resta del año ni para el próximo año.

Que a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado a esta Cámara de Diputados el Paquete Fiscal 2010 se inician los trabajos de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y el correspondiente Presupuesto de Egresos, por lo que estamos a tiempo de que se consideren las medidas de austeridad en todas las dependencias y entidades de gobierno para que no se presupueste por encima de los recursos que serán disponibles.

Que los estados y sus municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones, así como las diversas entidades públicas están obligadas en términos del artículo 127 constitucional y 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a cubrir un aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el día 15 de diciembre una parte y el resto a más tardar el 15 de enero.

Que por justicia y por ley los trabajadores al servicio de las gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal, de las delegaciones del mismo y de las diversas dependencias y entidades tienen derecho a gozar en tiempo y forma de su aguinaldo, y que aún estamos a poco más de 2 meses para que ese plazo se cumpla, de forma que estamos a tiempo para que los gobiernos de los 31 estados de la Federación con sus municipios, el Gobierno del Distrito Federal con sus delegaciones así como las diversas dependencias y entidades tomen medidas de austeridad necesarias para hacer las previsiones de los recursos que les serán necesarios para cubrir las obligaciones anteriormente descritas.

Pongo a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales y sus municipios, al Distrito Federal y sus delegaciones así como a las diversas entidades públicas a que adopten las medidas de austeridad y previsión que consideren necesarias para generar las reservas de recursos que les permitan hacer frente en tiempo y forma al pago a su personal de los aguinaldos estímulos correspondientes al ejercicio 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, señor diputado Pablo Rodríguez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA DE APOYO DIRECTOS AL CAMPO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a que modifique las reglas de operación de Procampo.

El diputado Gerardo Leyva Hernández : Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, comparezco ante esta legislatura en representación de un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para eliminar las restricciones a la inscripción de nuevas tierras en el Programa de Apoyos Directos al Campo.

El Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir con los Estados Unidos y Canadá, sustituyó al sistema de precios de garantía, que era la forma de asegurar un ingreso mínimo a todos los productores.

Originalmente Procampo iba a durar 15 años, pues se estimaba que en ese periodo los productores mexicanos iban a ser competitivos internacionalmente. Sin embargo, al cumplirse ese plazo los saldos del Tratado de Libre Comercio y del propio Procampo los podemos resumir como una disminución de nuestra capacidad de soberanía alimentaria.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de esta Cámara, en su metaevaluación de programas de la Sagarpa, en 2007 recomienda la necesidad de hacer cambios en las reglas de operación. La imposibilidad de nuevas inscripciones de tierras ha marginado los beneficios a un buen número de productores; algunos porque al momento de elaborarse el padrón existía un amplio desconocimiento entre la población sobre el programa, y muchos creían que era para quitarles las tierras. Otros han sido marginados, manteniendo una serie de restricciones establecidas tanto en el decreto de creación de 1994 como en las reglas de operación.

Así lo establece el artículo 7o., que en su párrafo primero, a la letra dice: ``No podrán ser apoyados los productores cuando sus superficies hayan sido sembradas en alternancia con cultivos perennes, caña de azúcar o similar; o los cultivos elegibles hayan sido utilizados como nodriza para el establecimiento de pastizales''. Particularmente insostenible es la limitación de apoyos a las superficies que han sido sembradas con alternancia con cultivos perennes.

La idea de esta restricción era evitar que se derrumbara la producción de cultivos perennes al empezar a sembrar los productos contemplados en el Procampo, atraídos, por supuesto, por los apoyos ofrecidos.

Sin embargo, al establecerse estas reglas se actuó de manera injusta contra productores que antes tenían la opción de beneficiarse con los precios de garantía que eran de acceso general y universal, mientras que ahora no pueden recibir los recursos que sustituyeron a este sistema.

Por tanto, la modificación de este importante programa debe pasar por la eliminación de las restricciones que marcan sus reglas de operación. Por ello sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, a fin de eliminar las restricciones que impidan la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan las tierras que se han alternado con productos perennes y los que por cualquier otro motivo no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar las Reglas de Operación del Procampo, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa de Apoyo Directos al Campo (Procampo) es una de las principales políticas públicas del Estado mexicano a favor del campo. Desde su creación en 1995, su presupuesto representa 5 por ciento del producto interno bruto agropecuario.

El Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir con los de Estados Unidos de América y Canadá. Sustituyó al sistema de precios de garantía, que era la forma de asegurar un ingreso mínimo a todos los productores. Según el decreto publicado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el 25 de julio de 1994, son objetivos del Procampo

Actualmente este programa opera mediante apoyos directos por hectárea sembrada con los cultivos de trigo, frijol, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada.

Según las reglas de operación de 2009 se entregan mil 300 pesos por hectárea para predios del ciclo agrícola para el ciclo primavera-verano de temporal; mil 160 pesos por hectárea para propiedades mayores a las 5 hectáreas elegibles y hasta un límite, dependiendo de la entidad federativa; 963 pesos para el resto de los predios elegibles para el ciclo primavera verano y para todos los de otoño-invierno.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 16 mil 678 millones de pesos. En el proyecto 2010 se considera sólo 16 mil150 millones de pesos. Es decir, una reducción de 528 millones de pesos en términos nominales que, sumados a los efectos de la inflación, significan una reducción superior a 7 por ciento en términos reales.

Originalmente, Procampo iba a durar 15 años, pues se estimaba que en ese periodo los productores mexicanos iban a ser competitivos internacionalmente, tal y como lo establecía el primer objetivo mencionado en el decreto.

Sin embargo, al cumplirse ese plazo quedó claro que era imprescindible mantenerlo y reforzarlo dado que nuestro campo ha sufrido pérdida de capacidad de producción y competitividad.

Los saldos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y del propio Procampo, los podemos resumir como una disminución de nuestra capacidad de soberanía alimentaria.

En 1995 importábamos productos agropecuarios por 2 mil 632.6 millones de dólares; en 2008 importamos 11 mil 888.8 millones de dólares. En cambio, las exportaciones, en el mismo periodo, pasaron de 4 mil 581.3 millones de dólares a 7 mil 916.1. Es decir, pasamos de ser un país exportador, en materia agropecuaria, a uno importador.

No se han cumplido los objetivos originales del Procampo. En consecuencia, no resultó posible su eliminación en 2008 y, al contrario, es urgente su reforma profunda y fortalecimiento.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Central Sustentable de la Cámara de Diputados, en su metaevaluación de programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación dirigidos a productos agrícolas básicos de 2007, dice lo siguiente:

``En cuanto a la focalización del programa, los tipos de productores y criterios de elegibilidad que se definen en las reglas de operación no son suficientes para asegurar que el programa se orienta adecuadamente a los destinatarios que debe llegar, a las zonas y los productores que se debe apoyar.''

Un problema que han identificado múltiples estudios sobre el tema es la imposibilidad de ampliar el padrón de beneficiarios. Sobre ello el centro de estudios señala lo siguiente:

Otro problema de este programa es que el padrón prácticamente no se ha modificado desde su origen y sólo ha tenido cambios menores debido al fraccionamiento o fusión de predios ya inscritos.

Esta imposibilidad de nuevas inscripciones de tierras ha marginado de los beneficios a un buen número de productores; a algunos porque, al momento de realizarse el padrón, había un amplio desconocimiento entre la población sobre el programa y muchos creían que era para quitarles las tierras.

Otros han sido marginados manteniendo una serie de restricciones establecidas, tanto en el decreto de creación de 1994 como en las reglas de operación, como lo es la que se estableció en el artículo séptimo del decreto que dice:

Particularmente, insostenible es la limitación de apoyos a las superficies que hayan sido sembradas con alternancia con cultivos perennes.

La idea de esta restricción era evitar que se derrumbara la producción de cultivos perennes al variar su producción a los considerados en el Procampo, atraídos por los apoyos ofrecidos en Procampo.

Sin embargo, al establecerse esta regla se actuó de manera injusta contra productores que antes tenían la opción de beneficiarse con los precios de garantía, que eran de acceso general y universal, mientras que ahora no pueden recibir los recursos que sustituyeron a ese sistema.

Por tanto, la modificación de este importante programa debe pasar por la eliminación de las restricciones del Procampo, que colocarían en igualdad de circunstancias a todas las tierras que producen trigo, frijol, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada.

La igualdad de condiciones de producción para todos es uno de los elementos indispensables para la competitividad en el mercado local y global a la que aspiramos como nación.

La eliminación de restricciones anacrónicas de hace 20 años es una medida indispensable y urgente en la reforma y el fortalecimiento del Procampo para hacerlo realmente universal, más justo e igualitario para todos los productores del campo mexicano.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) a fin de eliminar las restricciones que impiden la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan los que se refieren a las tierras que se han alternado con productos perennes y los que, por cualquier otro motivo, no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios.

DIA NACIONAL DEL MAIZ

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos : Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el maíz ha sido por milenios el principal sustento de los mexicanos. Actualmente se siembran 8 millones de hectáreas, siendo de temporal 82 por ciento y 18 por ciento de riego, y se producen alrededor de 20 millones de toneladas. De la producción de maíz, 92 por ciento es de tipo blanco, lo que permite cubrir las demandas del consumo nacional.

De los 4 millones de productores agrícolas en el país, 3.2 millones producen maíz; 92 por ciento de los productores posee predios entre 0 y 5 hectáreas y aportan 56.4 por ciento de la producción total; 7.9 por ciento de los productores cuentan con predios arriba de 5 hectáreas por productor y aportan 43.6 por ciento de la producción.

Desde hace centurias año con año se renueva la unión entre el maíz y los hombres y las mujeres de esta tierra. Las tortillas preparadas con este grano, considerado sagrado por su vital importancia en muchas comunidades de nuestro país, nos han acompañado a lo largo de la historia.

La manera de ver el mundo de los pueblos originarios propició que, en el entorno del maíz, se llevaran a cabo diversas celebraciones religiosas. Los dioses vinculados con la lluvia, el sol, el viento, el fuego y los mantenimientos te-nían fiestas especiales en las distintas culturas: rarámuri, huasteca, cora, huichola, náhuatl, purépecha, maya, tzotzil, zapoteca, mixteca y otras más, que han poblado este territorio.

Tiene celebraciones específicas la elección del lugar para la milpa, que es un espacio sagrado, pues cada una de sus esquinas corresponde a los cuatro rumbos. La siembra por mayo, que es otro momento especial y, antes de la siembra, la petición para que el viento permita que lleguen las nubes cargadas de agua desde los cerros, que además albergan los manantiales y para que no caiga el granizo ni las heladas que destruyen. A medio ciclo, hacia fines de junio se renueva la petición de las lluvias, vendrán luego los primeros elotes y finalmente la cosecha.

A los antiguos dioses se superpusieron los santos católicos, aunque varía en distintas poblaciones, estados y regiones del país, suelen estar asociados con el ciclo agrícola, la Santa Cruz, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, la Virgen María, San Miguel Arcángel, y para agradecer la cosecha, los fieles difuntos, lo que conocemos como el Día de Muertos, celebración en la que se ofrenda comida a los que ya no están con nosotros, pero que de algún modo hicieron posible que hubiera cosecha.

En muchos lugares los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre, y por ello, se elige el día de San Miguel, que se celebra el 29 del pasado mes para hacer diversas ceremonias. San Miguel lucha contra el mal ese día; hombres y mujeres colaboran con él. Con su espada, identificada con el rayo, y por tanto con la lluvia, protege a la milpa para que la cosecha llegue a buen término y tengamos alimentos suficientes.

Todos los que compartimos la cultura del maíz tenemos que honrar a quienes hicieron posible nuestro alimento primordial y ser dignos herederos de nuestros abuelos.

Por lo anterior, y con el objeto de desplegar nuestra imaginación para rescatar y desarrollar la cultura del maíz, y al mismo tiempo para evitar las amenazas para la salud humana, que representa el uso de maíz transgénico, se requiere instaurar un Día del Maíz.

Por ello, proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se declarare por esta soberanía el 29 de septiembre como Día del Maíz, a partir de esta fecha.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para instaurar el 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Francisco Amadeo Espinosa Ramos , diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El maíz ha sido por milenios el principal sustento de los mexicanos.

Actualmente se siembran 8.5 millones de hectáreas, siendo de temporal el 82 por ciento y el 18 por ciento de riego. Se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas al año.

El 90 por ciento de la producción de maíz es blanco, lo que permite cubrir parcialmente las demandas de consumo humano nacional. Para completar las necesidades nacionales se importan anualmente alrededor de 6 millones de toneladas, principalmente amarillo, que se destina al consumo no humano.

De los 4 millones de productores agrícolas en el país, 3.2 millones son ejidales, que producen maíz.

El 92 por ciento de los productores posee predios entre cero y cinco hectáreas y aportan el 56.4 por ciento de la producción total.

El 7.9 por ciento de los productores cuentan con predios arriba de cinco hectáreas por productor y aportan el 43.6 por ciento de la producción.

Desde hace centurias, año con año, se renueva la unión entre el maíz y los hombres y mujeres de nuestra tierra.

Las tortillas preparadas con este grano, es un insumo considerado sagrado por su vital importancia en muchas comunidades de nuestro país, nos han acompañado a lo largo de la historia.

La manera de ver el mundo de los pueblos originarios propició que en torno del maíz se llevarán a cabo diversas celebraciones religiosas.

Los dioses vinculados con la lluvia, el sol, el viento, el fuego y los mantenimientos tenían fiestas especiales en las distintas culturas: rarámuri, huasteca, cora, huichol, náhuatl, purépecha, maya, tzotzil, tzetal, zapoteca, mixteca, y otras más que han poblado este territorio.

Tienen celebraciones específicas la elección del lugar para la milpa que es un espacio sagrado, pues cada una de sus esquinas corresponde a los cuatro rumbos; la siembra por mayo que es otro momento especial, y antes de la siembra la petición para que el viento permita que lleguen las nubes, cargadas de agua desde los cerros que, además, albergan los manantiales y para que no caiga el granizo ni las heladas que destruyen.

A medio ciclo, hacia fines de junio, se renueva la petición de las lluvias; vendrán luego los primeros elotes y finalmente la cosecha.

A los antiguos dioses se superpusieron los santos católicos. Aunque varía en las distintas poblaciones, estados y regiones del país, suelen estar asociados con el ciclo agrícola, la Santa Cruz, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, la Virgen María, San Miguel Arcángel, y para agradecer la cosecha, los Fieles Difuntos, lo que conocemos como el Día de Muertos, celebración en la que se ofrenda comida a los que ya no están con nosotros, pero que de algún modo hicieron posible que hubiera.

En muchos lugares los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre y por ello se elige el día de San Miguel, que se celebra el 29 de ese mes, para hacer diversas ceremonias.

San Miguel lucha contra el mal ese día; hombres y mujeres colaboran con él. Con su espada, identificada con el rayo y por tanto con la lluvia, protege a la milpa para que la cosecha llegue a buen término y tengamos alimento suficiente.

Todos los que compartimos la cultura del maíz tenemos que honrar a quienes hicieron posible nuestro alimento primordial y ser dignos herederos de nuestros abuelos.

Por lo anterior, y con el objeto de desplegar nuestra imaginación para rescatar y desarrollar la cultura del maíz y al mismo tiempo evitar las amenazas para la salud humana que representa el uso de maíz transgénico se requiere instaurar el Día Nacional del Maíz.

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, somete al pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Esta soberanía declara el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz, a partir de esta fecha.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

La diputada Sofía Castro Ríos : Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, y a nombre propio y de la fracción oaxaqueña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pongo a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo:

En la población de las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, con relación al resto de la sociedad mexicana. Ésta es una realidad cotidiana en las ciudades y en el campo, y reconocida a través de diversos instrumentos para identificar y medir la marginación y la pobreza.

Así, el Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México, formulado por la CDI ( Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), por el Programa de las Naciones Unidas con base en los datos obtenidos en el II Conteo Nacional de Población, México 2005, que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Coneval, señalan, entre otros, que el 55.6 por ciento de las viviendas indígenas cuentan con drenaje, mientras que el promedio nacional es de 86.3.

El 21.6 de la población indígena, entre 15 y 64 años es analfabeta en el idioma español, mientras que a nivel nacional lo es el 6.3 por ciento de ese mismo rango poblacional, además es 100 por ciento analfabeta en su propio idioma.

En las comunidades indígenas mueren 28 niños y en las ciudades sólo 19, antes de cumplir su primer año de vida. El 80 por ciento de los niños indígenas presentan desnutrición, el 44 son de una estatura baja, y el 58 por ciento de un peso inferior a los que deberían tener.

El 76.84 por ciento de la población indígena ocupada percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos, cantidad considerada como mínima indispensable para atender los requerimientos de una familia.

Las estimaciones realizadas en 2008 reconocen que 50.6 millones de mexicanos son pobres, que no tienen el ingreso para satisfacer las necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda, vestido, transporte público, entre otros. En México es de conocimiento general que entre esta gente pobre, los más desprotegidos son los habitantes de las comunidades indígenas del país.

Entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza del patrimonio, la cual pasó de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento. A su vez la incidencia de la población alimentaria aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.

Segundo. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el inciso c), fracción III, del artículo 42 obliga al titular del Poder Ejecutivo a remitir anualmente al honorable Congreso de la Unión el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el 8 de septiembre de cada año, y que en dicho proyecto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo 41 de la misma ley deberá contener las previsiones del gasto para atender el mandato constitucional que previene el apartado B, del artículo 2o. constitucional, para abatir las carencias y los rezagos de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Tercero. En atención al mandato antes señalado, el Ejecutivo federal ha propuesto a la honorable Cámara de Diputados y ha aprobado recursos por 4 mil 378.4 millones de pesos al programa de Infraestructura Básica para el De- sarrollo de los Pueblos Indígenas en el presente ejercicio fiscal.

Cuarto. A todas luces denota que dichos recursos son insuficientes para atender a más del 10 por ciento de la población nacional, que es la indígena, sobre todo si consideramos que por los indicadores presentados arriba ésta se caracteriza por su pobreza y la falta de oportunidades.

Quinto. El presidente Calderón, el pasado 2 de septiembre, al expresar un mensaje, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, propuso 10 puntos para alcanzar el cambio profundo que requiere el país, y destaca, en el primero, su propósito de frenar el crecimiento de la pobreza y se compromete a proponer un presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno.

Sin embargo, son precisamente las regiones indígenas del país las que menos infraestructura hospitalaria, educativa, de vivienda, agua potable, electrificación, entre otras, tienen. Por lo que en mérito de lo antes expuesto y fundado los suscritos legisladores ponemos a consideración de la honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2010 programe en las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, precisamente en el programa Pibai (Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas), de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un incremento de 100 por ciento de recursos en relación al presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2009.

Es cuanto, señor presidente. Solicito sea incluido íntegramente el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Sofía Castro Ríos , y a nombre de los diputados Elpidio Desiderio Concha Arellano , Jorge Venustiano González Ilescas , Heriberto Ambrocio Cipriano, Heliódoro Carlos Díaz Escárraga, Emilio Andrés Mendoza Kaplan , Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira , Teófilo Manuel García Corpus , Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , José Antonio Yglesias Arreola , Margarita Liborio Arrazola , Eviel Pérez Magaña y Jorge Fernando Franco Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

I. En la población y las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desa-rrollo humano, en relación con el resto de la sociedad mexicana. Esta es una realidad cotidiana en las ciudades y el campo y reconocida a través de los diversos instrumentos para identificar y medir la marginación y pobreza. Así, el Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México, formulado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con base en los datos obtenidos del II Conteo Nacional de Población, México 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social señalan, entre otros que:

II. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en el inciso c de la fracción III del artículo 42, obliga al titular del Poder Ejecutivo a remitir, anualmente al Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre de cada año y que dicho proyecto (inciso j del artículo 41 de la misma ley) deberá contener las previsiones de gasto para atender el mandato que establece el apartado B del artículo 2 constitucional para abatir las carencias y los rezagos de los pueblos y comunidades indígenas.

III. En atención al mandato antes señalado, el Ejecutivo federal ha propuesto y la Cámara de Diputados ha aprobado recursos por 4 mil 378.4 millones de pesos al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en el ejercicio fiscal del presente año.

IV. A todas luces denota que dichos recursos son insuficientes para atender a más de 10 por ciento de la población nacional que es la indígena, sobre todo si consideramos que por los indicadores presentados arriba, ésta se caracteriza por su pobreza y falta de oportunidades.

V. El presidente Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 2 de septiembre al expresar un mensaje con motivo de su tercer Informe de Gobierno, propuso diez puntos para alcanzar el cambio profundo que requiere el país y destaca, en el primero, su propósito de frenar el crecimiento de la pobreza, y se compromete a proponer un presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno.

Son precisamente las regiones indígenas del país las que menos infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, de vivienda, agua potable y electrificación tienen; por lo que, en mérito de lo expuesto y fundado, los suscritos ponemos a consideración de esta honorable asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 programe en las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, precisamente al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), un incremento de 10 por ciento de recursos en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Diputado Zarzosa, ¿con qué objeto, señor?

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Señor presidente, sólo para pedirle a la diputada que nos antecedió en el uso de la palabra, que pueda adherirme al punto de acuerdo, si fuera tan amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Si la diputada proponente no tiene objeción, se concede y se suplica que pase usted a firmar la proposición que se encuentra aquí en la Mesa.

PARQUE NACIONAL LA MALINCHE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque regional La Malinche.

El diputado Juan Carlos Natale López : Gracias. Con su permiso, diputado presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, siguen siendo aún incipientes las transformaciones que el hombre le ha impuesto a la naturaleza.

Hoy por hoy las atroces implicaciones que resultan de la interacción entre los núcleos poblacionales, el desarrollo industrial y la urbanización para con el medio ambiente y los recursos naturales se significan muchas veces por la sobrevivencia de ecosistemas y de reservas forestales que, en la mejor de las suertes, pasan únicamente a formar parte del adolecido inventario oficial de los recursos naturales que tuvimos.

En aras de garantizar el sostenimiento de bienes y servicios de los grandes conglomerados urbanos, así como de asegurar ciertos procesos productivos de diversas cadenas productivas, principalmente en materias agropecuarias y forestales, hemos incurrido todos, sin excepción alguna, a dañar sistemáticamente las reservas ecológicas de diversas partes del país y en muchas ocasiones con daños irreparables.

Las últimas tres administraciones han logrado, y lo reconocemos, un avance en la ejecución de las políticas forestal y ecológica, impulsadas predominantemente por la secretaría responsable en la materia, bajo una estrategia de planeación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como también de cinco instituciones especializadas: La Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Profepa.

Sin embargo es inexcusable hacer un breve diagnóstico que esboce la situación en materia forestal y de recursos naturales con los que cuenta el país, con la seriedad y certidumbre que ello amerita.

Tenemos registrados un total de 141.7 millones de hectáreas forestales, de las cuales 56.8 millones de hectáreas corresponden a bosques y selvas; 58.4, a vegetación de zonas áridas y 4.1 millones a otro tipo de vegetación.

Cabe destacar que en las regiones propiamente boscosas habitan 12 millones de personas. De acuerdo con el informe del gobierno federal, el logro más importante en materia forestal ha sido la reducción de la tasa de deforestación nacional, que pasó de un promedio anual de 401 mil hectáreas durante la década de los noventa, a 314 mil hectáreas en el periodo 2000-2004; 21.7 por ciento que, por cierto, mereció el reconocimiento al gobierno mexicano a propósito del Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques, realizado en mayo de 2005 en Nueva York.

Sin embargo, más allá de los datos oficiales, ha sido una constante la pérdida de millones de hectáreas de bosques, selvas, matorrales y pastizales, para convertirse a otros usos; al grado de que las tierras para la agricultura se han incrementado en los últimos cuatro años, en 3.9 millones de hectáreas, de las cuales gran parte corresponden a zonas protegidas.

Otro aspecto importante y que es oportuno observar es el referente al factor que tiene que ver con el entramado institucional que sobrepone funciones y que resulta en exceso centralista.

Hay que recordar que en los primeros tres años de la administración se dieron fuertes tensiones al interior del sector, entre el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y el director de la Comisión Forestal, quien finalmente fue designado como sustituto. Cabe mencionar también que dichas tensiones se dieron a lo largo de la geografía nacional entre los delegados de las dependencias federales y los responsables de las políticas forestales o ambientales en las entidades federativas, generando incertidumbre o situaciones de conflicto.

Más allá de la confrontación de intereses que se da en el seno de las élites burocráticas es evidente que la diversidad de disposiciones redundantes entre varias dependencias y la ausencia de reglas claras para descentralizar programas y recursos están siendo un obstáculo para acelerar la solución de uno de los problemas considerado como de seguridad nacional.

El esfuerzo realizado y los avances logrados, así como la pérdida de recursos forestales siguen siendo una preocupación y una constante, principalmente para la zona que constituye el Parque Nacional La Malinche, situado en la cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.

El Parque Nacional La Malinche desafortunadamente ha sufrido la pérdida de grandes extensiones forestales debido a la tala clandestina, el aumento de la zona urbana y la frontera agrícola, las sequías e incendios forestales.

Esta situación pone en riesgo el suministro de agua potable para 2.4 millones de habitantes de la zona centro de ese estado debido a que aquí se encuentra uno de los dos centros de recarga para el acuífero del valle de uno de los principales pulmones ecológicos de la zona centro del país.

Desde 1996 se iniciaron los trabajos de reforestación y conservación de esta zona; sin embargo, la recuperación de la zona boscosa no se ha logrado y vemos muy lejos el rescate de esta zona debido a que los suelos son arenosos.

El Parque Nacional La Malinche ha perdido 134 mil 400 hectáreas de cubierta arbórea por tala y otros factores, en detrimento del ambiente, y se han extraído ilegalmente más de 10 metros cúbicos de madera cada año.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que en el marco de las competencias concurrentes en materia forestal y ecológica se exhorte a los gobiernos de los tres órdenes a que realicen conjuntamente un diagnóstico sobre el Parque Nacional La Malinche que sirva de base para analizar la posibilidad de que se suscriba un convenio en el que se fijen compromisos, metas y objetivos de acuerdo con sus respectivas competencias, y en coordinación con la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal, así como a las Procuradurías Forestales y de Protección al Medio Ambiente, tanto del orden federal como de los estados, y a las unidades administrativas encargadas del ramo en los estados y municipios, a que vigilen, inspeccionen y atiendan, y en su caso sancionen con mucho mayor rigor, las actividades productivas y los asentamientos humanos, en la zona boscosa, que representen irregularidades, infracciones o delitos, así como a impulsar un programa especial de prevención de infracciones y delitos ecológicos para los pobladores de la zona.

Tercero. Que de conformidad con lo dispuesto por el punto primero se haga del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 que permita diseñar y aplicar las acciones convenientes para resarcir los efectos de deforestación y degradación de bosques, suelos, ecosistemas y mantos acuíferos, con el fin de garantizar la sustentabilidad del Parque Nacional La Malinche.

Señor presidente, mucho le agradeceré que el presente punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Presupuesto. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a reforzar las acciones de protección, recuperación y vigilancia del parque nacional La Malinche, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del PVEM

Con su permiso, diputado Presidente; honorable Asamblea:

Siguen siendo aún incipientes las transformaciones que el hombre le ha impuesto a la naturaleza.

Hoy por hoy las atroces implicaciones que resultan de la interacción entre los núcleos poblacionales, el desarrollo industrial y la urbanización para con el medio ambiente y los recursos naturales se significan muchas veces por la sobrevivencia de ecosistemas y de reservas forestales que, en la mejor de las suertes, pasan únicamente a formar parte del adolecido inventario oficial de los recursos naturales que tuvimos.

En aras de garantizar el sostenimiento de bienes y servicios de los grandes conglomerados urbanos, así como de asegurar ciertos procesos productivos de diversas cadenas productivas, principalmente en materias agropecuarias y forestales, hemos incurridos, todos, sin excepción alguna, a dañar sistemáticamente las reservas ecológicas de diversas partes del país y en muchas ocasiones con daños irreparables.

Las últimas tres administraciones han logrado, y lo reconocemos, un avance en la ejecución de la política forestal y ecológica, impulsadas predominantemente por la secretaría responsable en la materia, bajo una estrategia de planeación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como también de cinco instituciones especializadas: La Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Profepa.

Sin embargo es inexcusable hacer un breve diagnóstico que esboce la situación en materia forestal y de recursos naturales con los que cuenta el país, con la seriedad y certidumbre que ello amerita.

Tenemos registrados un total de 141.7 millones de hectáreas forestales, de las cuales 56.8 millones de hectáreas corresponden a bosques y selvas; 58.4, a vegetación de zonas áridas y 4.1 millones a otro tipo de vegetación. Cabe destacar que en las regiones propiamente boscosas habitan 12 millones de personas.

De acuerdo al informe del gobierno federal, el logro más importante en materia forestal ha sido la reducción de la tasa de deforestación nacional, que pasó de un promedio anual de 401 mil hectáreas durante la década de los noventa, a 314 mil hectáreas en el periodo 2000-2004, o sea un 21.7 por ciento que, hasta por cierto, mereció el reconocimiento al gobierno mexicano a propósito del Foro de Naciones Unidas Sobre los Bosques, realizado en mayo de 2005 en la Ciudad de Nueva York.

Sin embargo, más allá de los datos oficiales, ha sido una constante la pérdida de millones de hectáreas de bosques, selvas, matorrales y pastizales, para convertirse a otros usos; al grado de que las tierras para la agricultura se han incrementado en los últimos cuatro años, en 3.9 millones de hectáreas, de las cuales gran parte corresponden a zonas protegidas.

Otro aspecto importante y que es oportuno observar es el referente al factor que tiene que ver con el entramado institucional que sobrepone funciones y que resulta en exceso centralista. Hay que recordar que en los primeros tres años de la administración se dieron fuertes tensiones al interior del sector, entre el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y el director de la Comisión Forestal, quien finalmente fue designado como sustituto. Cabe mencionar también que dichas tensiones se dieron a lo largo de la geografía nacional entre los delegados de las dependencias federales y los responsables de las políticas forestales o ambientales en las entidades federativas, generando incertidumbre o situaciones de conflicto.

Más allá de la confrontación de intereses que se da en el seno de las élites burocráticas es evidente que la diversidad de disposiciones redundantes entre varias dependencias y la ausencia de reglas claras para descentralizar programas y recursos están siendo un obstáculo para acelerar la solución de uno de los problemas considerado como de seguridad nacional.

El esfuerzo realizado y los avances logrados, la pérdida de recursos forestales siguen siendo una preocupación y una constante, principalmente para la zona que constituye el parque nacional La Malinche, situado en la cuarta zona metropolitana Puebla-Tlaxcala.

El parque nacional La Malinche desafortunadamente ha sufrido la pérdida de grandes extensiones forestales debido a la tala clandestina, el aumento de la zona urbana y la frontera agrícola, las sequías e incendios forestales.

Esta situación pone en riesgo el suministro de agua potable para 2.4 millones de habitantes de la zona centro de ese estado debido a que aquí se encuentra uno de los dos centros de recarga para el acuífero del valle de uno de los principales pulmones ecológicos de la zona centro del país.

Desde 1996 se iniciaron los trabajos de reforestación y conservación de esta zona; sin embargo, la recuperación de la zona boscosa no se ha logrado y vemos muy lejos el rescate de esta zona debido a que los suelos son arenosos, al pastoreo e incendios intensos y la exposición directa de sol de los árboles sembrados.

El parque nacional La Malinche ha perdido 134 mil 400 hectáreas de cubierta arbórea por tala y otros factores, en detrimento del ambiente, y se han extraído ilegalmente más de 10 mil metros cúbicos de madera cada año.

Por todo lo anterior, en el Partido Verde consideramos urgente exhortar a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, para que fortalezcan las acciones del programa especial de recuperación en el parque nacional La Malinche.

Estamos conscientes de que un buen manejo forestal no sólo permite conservar los ecosistemas forestales en buen estado, sino que impide su deterioro y pérdida, y es un impulsor del desarrollo local y regional. Por lo cual es importante que entre los propietarios de los bosques en la zona de La Malinche se fomenten acciones que les permitan el uso correcto de sus recursos forestales.

Por ello consideramos prudente exhortar también a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que mejore las acciones de inspección y vigilancia realizadas en el parque nacional La Malinche.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que en el marco de las competencias concurrentes en materia forestal y ecológica, se exhortan a los gobiernos de los tres órdenes a que realicen conjuntamente un diagnóstico sobre el parque nacional La Malinche y que sirva de base para analizar la posibilidad de que se suscriba un convenio en el que se fijen compromisos, metas y objetivos de acuerdo a sus respectivas competencias, y en coordinación con la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal, así como a las procuradurías forestales y de Protección al Medio Ambiente, tanto del orden federal como de los estados; y de las unidades administrativas encargadas del ramo de los estados y municipios, a que vigilen, inspeccionen, atiendan y, en su caso sancionen, con mucho mayor rigor, las actividades productivas y los asentamientos humanos en la zona boscosa que representen irregularidades, infracciones o delitos, así como a impulsar un programa especial de prevención de infracciones y delitos ecológicos para los pobladores de la zona.

Tercero. Que de conformidad a lo dispuesto por el punto primero, se haga del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010 que permita diseñar y aplicar las acciones convenientes para resarcir los efectos de deforestación y degradación de bosques, suelos, ecosistemas y mantos acuíferos, con el fin de garantizar la sustentabilidad del parque nacional La Malinche.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo con el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que realice las acciones necesarias para prevenir el contagio de influenza AH1N1.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo : Diputado presidente, compañeros diputados, desde mediados de marzo de 2009 al menos 900 casos mortales han ocurrido en Europa y en América por la pandemia de una nueva cepa conocida como influenza AH1N1, por lo que en México se aplicaron diversas medidas, tales como la suspensión de actividades educativas.

Para los primeros días de mayo pasado se decide la suspensión de actividades no esenciales. Todo ello para evitar que este nuevo brote causara una pandemia con consecuencias mortales en la población.

El secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, informó que a la fecha se han registrado 29 mil 241 casos confirmados y 226 defunciones en el país, y reconoció que sigue aumentando el número de casos de personas contagiadas.

Mencionó que en esta nueva oleada de virus el pico más importante de la enfermedad está previsto para mediados de noviembre del presente año. Para mitigar la propagación de la influenza AH1N1 entre nuestra población se han emitido lineamientos de prevención y control en materia de influenza AH1N1 específicos para cada uno de los entornos que impliquen escenarios favorables para la diseminación de infecciones que se transmitan por la vía respiratoria.

La Secretaría de Salud ha incrementado y actualizado estos lineamientos conforme a la sistematización del conocimiento que vaya avanzando sobre este virus. Los conceptos fundamentales de estos lineamientos son: el distanciamiento social y mejora de higiene del entorno, por lo que considero de gran importancia que en el interior de las instalaciones del Palacio Legislativo, en San Lázaro, se garantice el aseguramiento de las prácticas de higiene y se establezcan mecanismos de procedimiento de acceso a estos entornos como son: los filtros de supervisión y sanitización para que se asegure un ambiente sano y con el menor riesgo de contagio de esta influenza, entre las aproximadamente 7 mil personas que se encuentran laborando y en tránsito.

En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados a realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus de la influenza AH1N1.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a realizar las acciones necesarias para prevenir el contagio de influenza AH1N1, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, a realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de la influenza AH1N1, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Señoras y señores legisladores: desde mediados de marzo de 2009, al menos 900 casos mortales han ocurrido en Europa y América por la pandemia de una nueva cepa conocida como influenza AH1N1; por lo que en México se aplicaron diversas medidas tales como la suspensión de actividades educativas a partir del 23 de abril del presente año en el Distrito Federal y estado de México, para los primeros días del mes de mayo se decide la suspensión de actividades no esenciales, todo ello para evitar que este nuevo brote causara una pandemia con consecuentes mortales en la población.

El 11 de junio, se adoptó la medida de declarar la fase 6 de alerta de pandemia, tras reuniones y consensos con equipos de científicos y los responsables de salud pública en los paí-ses afectados. La Organización Mundial de la Salud declaró que la fase 6 reflejaría el hecho de que la enfermedad está propagándose geográficamente de manera exitosa.

La situación al 14 de junio del 2009 registrada por la Organización Mundial de la Salud es de 29,669 casos confirmados de gripe provocada por la nueva cepa del virus AH1N1 y cientos de casos mortales en total a nivel mundial. Haciendo un seguimiento diario de los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, el número de pacientes declarados se dobla cada día en distintos países.

El secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, informó que hasta la fecha se registran 29 mil 241 casos confirmados y 226 defunciones en el país y reconoció que siguen aumentando el número de casos de personas contagiadas. Mencionó que en esta nueva oleada del virus, el pico más importante de la enfermedad está previsto para mediados de noviembre de este año.

Para mitigar la propagación de la influenza AH1N1 entre nuestra población se han emitido lineamientos de prevención y control en materia de influenza AH1N1, específicos para cada uno de los entornos que impliquen escenarios favorables para la diseminación de infecciones que se transmiten por vía respiratoria.

La Secretaría Se salud ha incrementando y actualizando estos lineamientos conforme la sistematización del conocimiento vaya avanzando; los 2 conceptos fundamentales de estos lineamientos son: distanciamientos social y mejora e higiene del entorno.

Por lo que considero de gran importancia que en al interior de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, se garantice el aseguramiento de las prácticas de higiene y se establezcan mecanismos de procedimiento de acceso a estos entornos que son los filtros de supervisión y sanitización para que se asegure un ambiente sano y con el menor de los riesgos de contagio de la influenza AH1N1 entre las aproximadamente 7 mil personas que se encuentran laborando y en tránsito.

En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de diputados, a realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus de la influenza AH1N1, entre quienes concurrimos a este recinto legislativo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, diputada Quiñones Cornejo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Mesa Directiva.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la conformación de un grupo de trabajo encargado de observar y dar testimonio de la actuación de los diferentes niveles de gobierno durante el proceso electoral que se celebrará en Tabasco el 18 de octubre del presente año.

El diputado César Francisco Burelo Burelo : Con su permiso, señor presidente.

Gobernar sin la sensibilidad, la responsabilidad y el compromiso político requerido para hacerlo se convierte, sin excepciones, en una pesadilla para los gobernados. En estas condiciones quien detenta el poder recurre a toda clase de abusos y torpezas políticas, sin algún tipo de consideración al grave daño social que esto ocasiona.

Los procesos electorales le representan una inmejorable oportunidad para reivindicarse ante sus copartidarios; esto es, apretar el gatillo para disparar programas y obras públicas con fines electoreros, el uso de los recursos policiacos y judiciales, así como costosas campañas mediáticas con cargo al erario para desacreditar a sus oponentes. Recuérdese el famoso desafuero en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Los últimos meses han sido especialmente difíciles para la izquierda mexicana, consecuencia de la persecución judicial a que han sido sometidos numerosos militantes, así como líderes políticos, gobernantes y legisladores.

Cito sólo algunos ejemplos. En Guerrero más de 20 militantes del PRD han sido asesinados, destacando la muerte, bajo condiciones muy sospechosas, de nuestro principal precandidato al gobierno estatal, el diputado local Armando Chavarría Barrera.

Hoy día, en Tabasco la Procuraduría estatal acusa a funcionarios públicos de estar ligados a la delincuencia organizada, sin aportar mayor elemento que la supuesta denuncia de testigos protegidos. Justamente en la víspera del proceso electoral estatal y, precisamente, en uno de los municipios que el PRD gobierna en la entidad.

La desconfianza de que estos hechos pueden generar o responder a la fabricación de un delito en la proximidad de la elección local no es menor. Basta recordar que hace tres años a compañeros de nuestro partido se les expuso públicamente por el gobierno de Manuel Andrade como presuntos delincuentes electorales.

Meses después, el ombudsman nacional acreditó que fueron vulnerados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal; así como al trato digno, debido a la práctica de tortura de la cual fueron objeto.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, respetemos el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de Tabasco a elegir libremente a quienes gobernarán las 17 presidencias municipales y a quienes conformarán el próximo Congreso local. Que sea a través de elecciones equitativas y transparentes, en donde la confrontación de ideas y proyectos definan los resultados del 18 de octubre, y no mediante escándalos sin sustento que únicamente polarizan de manera muy peligrosa los ánimos de la ciudadanía.

Por las consideraciones antes expuestas, solicitamos al pleno de esta soberanía el siguiente puntos de acuerdo:

1. La Cámara de Diputados, por conducto de la Junta de Coordinación Política, considera necesaria la creación e integración de un grupo de trabajo y observación plural de legisladores que acuda a Tabasco a dar testimonio de la actuación de los diferentes niveles de gobierno, durante el desarrollo del proceso electoral que se celebrará el 18 de octubre de 2009.

2. La comisión tendrá las funciones de vigilar que, durante el desarrollo del proceso electoral, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no cometan actos intimidatorios o de coacción o de cualquier otro fin que tenga como finalidad desvirtuar la libertad y la secrecía del voto ciudadano.

3. La comisión especial concluirá su función otorgando al pleno de la Cámara de Diputados el informe final del desa-rrollo de las actividades descritas en el numeral 2 del presente punto de acuerdo.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la formación de un grupo de trabajo encargado de observar y dar testimonio acerca de la actuación de los niveles de gobierno en el proceso electoral que se celebrará en Tabasco el 18 del presente mes, a cargo del diputado César Francisco Burelo Burelo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, César Francisco Burelo Burelo , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Gobernar sin la sensibilidad, la responsabilidad y el compromiso político requeridos para hacerlo, se convierte sin excepciones, en una pesadilla para los gobernados.

En estas condiciones, quien detenta el poder recurre a toda clase de abusos y torpezas políticas, sin algún tipo de consideración al grave daño social que ocasiona.

Los procesos electorales les representan una inmejorable oportunidad para reivindicarse ante sus copartidarios, esto es, apretar el gatillo para disparar programas y obras públicas con fines electoreros, el uso de los recursos policíacos y judiciales, así como costosas campañas mediáticas con cargo al erario público para desacreditar a sus oponentes. Recuérdese el famoso desafuero en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador.

El sistema político nacional se consolidó, es sabido de todos, a través de la persecución y el acoso de quienes piensan diferente, utilizando las instituciones del Estado de manera facciosa, para inducir a los ciudadanos mediante el miedo, vulnerando así su real derecho a elegir libremente a sus gobernantes y representantes populares.

Los últimos meses han sido especialmente difíciles para la izquierda mexicana, consecuencia de la persecución judicial a que han sido sometidos numerosos militantes, así como líderes políticos, gobernantes y legisladores. Cito sólo algunos ejemplos:

En Guerrero más de veinte militantes del PRD han sido asesinados destacando la muerte bajo condiciones muy sospechosas de nuestro principal precandidato al gobierno estatal, el diputado local Armando Chavarría Barrera.

Actualmente nuestra bancada se encuentra disminuida derivada de las acusaciones contradictorias a Julio César Godoy Toscano , diputado electo por el estado de Michoacán, a quien los medios ya prejuzgaron y han causado un daño incuantificable a su integridad y ética personal al exponerlo sin ninguna prueba contundente como un eslabón entre el gobierno y el crimen organizado.

Hoy día, en Tabasco la Procuraduría estatal acusa a funcionarios públicos de estar ligados a la delincuencia organizada, sin aportar mayor elemento que la supuesta denuncia de testigos protegidos, justamente en la víspera del proceso electoral estatal, y precisamente en uno de los municipios que el PRD gobierna en la entidad.

Narraciones como la de Juana María Martínez Sánchez, esposa de Ezequiel Hernández Pardo, un policía con categoría de comandante de seguridad pública de Huimanguillo quien fuera detenido por fuerzas federales que aterrizaron en un helicóptero de su corporación en el patio de la casa de esta familia, caracteriza de cuerpo completo la magnitud y relevancia de la demostración que las autoridades estatales y federales quisieron otorgarle a este operativo que tuvo como fin detener a ciudadanos y funcionarios que nunca evadieron ni pretendieron sustraerse de la justicia, sin prejuzgar desde esta tribuna exigimos que sus derechos a la comunicación con sus familiares y a un juicio justo sean plenamente respetados.

No podemos pasar por alto que es Huimanguillo donde justamente el gobernador Granier pretende imponer a uno de sus más cercanos colaboradores como alcalde.

La desconfianza de que estos hechos pueden responder a la fabricación de un delito en la proximidad de la elección local no es menor, basta recordar que hace tres años compañeros de nuestro partido se les expuso públicamente como presuntos delincuentes electorales por el gobierno de Manuel Andrade y meses después el ombudsman nacional acreditó que fueron vulnerados sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, debido a las prácticas de tortura del cual fueron objeto.

Compañeras y compañeros legisladores: respetemos el derecho de los ciudadanos de Tabasco a elegir libremente a quienes gobernaran las 17 presidencias municipales y el próximo Congreso local.

Que sea a través de elecciones equitativas y transparentes en donde la confrontación de ideas y proyectos definan los resultados del 18 de octubre, y no mediante escándalos sin sustento que únicamente polarizan de manera muy peligrosa los ánimos de la ciudadanía.

Por las consideraciones antes expuestas solicitamos al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados por conducto de la Junta de Coordinación Política considera necesario la creación e integración de un grupo de trabajo plural de legisladores que acuda al estado de Tabasco a observar y dar testimonio de la actuación de los diferentes niveles de gobierno durante el desarrollo del proceso electoral que se celebrará el 18 de octubre de 2009.

Segundo. El grupo tendrá las funciones de vigilar que durante el desarrollo del proceso electoral las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no cometan actos intimidatorios, de coacción o cualquiera que tenga como fin desvirtuar la libertad y secrecía del voto ciudadano.

Tercero. El grupo plural de legisladores concluirá su función otorgando el informe final al pleno de la Cámara de Diputados del desarrollo de las actividades descritas en el numeral segundo del presente punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DIA NACIONAL DEL MAIZ - MAIZ TRANSGENICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo con el que se aprueba como Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, y se exhorta a la Sagarpa a suspender los permisos de liberación de maíz transgénico, en tanto se conforma el régimen de protección especial al maíz y se dictan los acuerdos que ordena la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Diputado presidente. Diputadas y diputados, 19 millones de personas, es decir, la quinta parte de la población tiene hambre. Tres de cada 10 personas que viven en el campo no cuentan con los medios para adquirir la canasta básica. La anemia afecta 27 por ciento de niñas y niños, lo que causa baja estatura y los hace más propensos a contraer enfermedades infecciosas.

En el otro extremo, México tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo en obesidad en población adulta.

Felipe Calderón se reunió en Davos, Suiza, con Monsanto, empresa transnacional que pretende privatizar el maíz mexicano a través de los permisos que solicitan a las autoridades, para la experimentación con maíz transgénico.

El maíz en México es un símbolo cultural de nuestra identidad. El 70 por ciento de los productores nacionales se dedican al cultivo de este grano. Es el segundo producto, después del petróleo, del que más subproductos se obtienen.

La introducción de transgénicos en el campo mexicano implica escenarios irreversibles:

Primero. El riesgo de contaminación del maíz mexicano podría volver estático un proceso de miles de años de diversificación. Con ello podría perderse el patrimonio genético necesario para adaptarnos al cambio climático.

Segundo. El riesgo del control extranjero y privado de las semillas a partir de granos aparentemente más productivos, pero con nula capacidad reproductiva, es decir, podría provocar semillas estériles.

El principio precautorio regulado en las normas internacionales permite que ante la incertidumbre y amenaza o riesgo de daño cada país pueda prohibir la entrada de transgénicos. La pregunta no sólo es cómo producir más, sino cómo producir de manera incluyente y de forma que aumenten los ingresos de los más pobres.

Los verdaderos temas son quién produce, quién comercia, quién tiene el poder adquisitivo para consumir, así lo aseguró Olivier de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, en reciente visita a nuestro país.

El artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados señala la obligación de poner a disposición del público las solicitudes de permiso, pero respetando las reservas de confidencialidad.

Pasadas legislaturas fueron omisas en legislar sobre el régimen especial de protección al maíz. Requiramos la información oficial; llamemos a la academia y a los sectores interesados; convoquemos a los funcionarios para que, bajo protesta de decir verdad, nos informen.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Sagarpa a que suspenda los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental, en tanto no se conforme el régimen especial de protección al maíz que estipula la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y mientras no se expidan las normas oficiales que derivan de dicha ley, y en tanto no se emitan los acuerdos que determinen cuáles son las especies donde México es considerado centro de origen y de diversidad genética.

Segundo. Se solicita a la Sagarpa, en términos del artículo 93 constitucional, que informe a la Cámara de Diputados sobre:

a) Los avances en la constitución del régimen especial de protección del maíz,

b) Los avances sobre la emisión de acuerdos que determinen cuáles son las especies donde México es considerado centro de origen y de diversidad genética, y

c) Los avances para expedir las normas oficiales que derivan de la Ley de Bioseguridad.

Solicito que se inserte en el Diario de los Debates.

Mañana se conmemora un día funesto para nuestro país. Que el 2 de octubre no se olvide. No a la militarización. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se establece como Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre y se exhorta a la Sagarpa a suspender los permisos de liberación de transgénico en tanto se forma el régimen de protección especial del grano y se dictan los acuerdos que ordena la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez , Diputada Federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Exportar compatriotas e importar comida, es nuestra realidad nacional actual.

Hoy en México nos encontramos ante un panorama de emergencia alimentaria, económica y ambiental.

19 millones de personas (18.2 por ciento del total de la población) viven en pobreza alimentaria, es decir, la quinta parte de la población tiene hambre. Tres de cada diez personas que viven en el campo no cuentan con los medios para adquirir la canasta básica.

De enero a marzo de 2007, el precio de la tortilla subió 66 por ciento. Para Diconsa, organismo sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno espurio, el aumento de la canasta básica entre 2006 y 2008 habría sido de 20 por ciento

La anemia afecta a 27 por ciento de los niños, lo que causa baja estatura y los hace más propensos a contraer enfermedades infecciosas como diarrea e influenza o enfermedades crónico-degenerativas. En el otro extremo, México tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo en obesidad en población adulta; 70 por ciento de este grupo padece sobrepeso.

20 por ciento de los grandes productores de maíz, concentran 80 por ciento de los subsidios que otorga el Procampo.

Desde que Carlos Salinas de Gortari negoció nuestro maíz con motivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han privilegiado las importaciones de alimentos. Ahora su empleado, Felipe Calderón, se reunió en Davos, Suiza, con Monsanto, empresa trasnacional que pretende privatizar el maíz mexicano mediante la contaminación y la legalización de su semilla transgénica, tal y como denunciaron más de 300 organizaciones el pasado martes desde el Zócalo de la Ciudad de México.

El maíz en México es un símbolo cultural fundamental de nuestra identidad nacional. El maíz es también el cultivo más recurrido y por lo tanto de una de las actividades más económicas fundamentales del país. En México, 70 por ciento de los productores nacionales se dedican al cultivo de este grano. Es el alimento básico que nos proporciona 55 por ciento de ingesta calórica diaria y 22 por ciento de la proteína.

Es el segundo producto, después del petróleo, del que más subproductos se obtienen. Por sus características botánicas es el más estudiado para realizar modificaciones genéticas.

La cosecha del maíz que en muchos lugares se celebra el día de San Miguel, el 29 de septiembre, en el que para festejar este importante momento se hacen diversas ceremonias. En el centro de México se forma una cruz con flor del pericón que protege las cuatro esquinas de la milpa, las casas, los lugares de trabajo y aún los vehículos en que se transporta la gente del campo. De igual forma, la campaña nacional Sin Maíz no hay país agrupa a más de 300 organizaciones celebraron el pasado martes 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz.

En contraparte, empresas trasnacionales han declarado en los últimos días que ``están a la espera de iniciar... la experimentación con maíz transgénico en México en al menos 195.5 hectáreas distribuidas en el norte del país'' (Fuente: milenio.com)

Las firmas Monsanto, Dow AgroScience/PHI México y Bayer han hecho 26 solicitudes para comenzar la experimentación con eventos que recientemente fueron prohibidos en Alemania. Con amenazas de su representante, Fabrice Salamanca, pretenden acelerar una decisión fundamental para México. La posibilidad de monopolización de un sector tan sensible para la agricultura como es el de las semillas es una amenaza real para el campo mexicano, para la seguridad alimentaria y para la propia economía y soberanía nacionales.

La introducción de transgénicos en el campo mexicano implica escenarios irreversibles:

Primero. El riesgo de la contaminación del maíz mexicano podría volver estático un proceso de miles de años de diversificación. Con ello podría perderse el patrimonio genético necesario para adaptarnos al cambio climático.

Segundo. El riesgo del control extranjero y privado de las semillas a partir de granos aparentemente más productivos pero con nula capacidad reproductiva, es decir semillas estériles.

Estos riesgos no pueden minimizarse. A nuestra generación le corresponde decidir sobre el conocimiento que por miles de años nuestros antepasados han generado. Ser precavidos es el mínimo papel que nos corresponde.

El principio precautorio está regulado en las normas internacionales, permite que ante la incertidumbre y amenaza o riesgo de daño cada país pueda prohibir la entrada de transgénicos.

No estamos hablando de un simple trámite administrativo regulado por un reglamento cualquiera. Estamos ante una decisión histórica y económica del Estado mexicano. El patrimonio originario y alimentario de nuestra nación está en juego.

Se ha cometido el error de creer que produciendo más alimento se conseguían victorias contra el hambre. La pregunta no sólo es cómo producir más, sino también cómo producir de manera incluyente y de forma que aumenten los ingresos de los más pobres. Los verdaderos temas son quién produce, quién comercia, quién tiene el poder adquisitivo para consumir. Así lo aseguró Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, en reciente vista a nuestro país.

Diversas personalidades han denunciado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que las solicitudes para la liberación de organismos genéticamente modificados están incompletas, con lo cual se viola la legislación vigente y los requisitos que establece el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad. Denuncian también que existen trasgresiones graves a la legislación vigente que podría resultar en la comisión de delitos penales como el que establece el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.

Diputados y diputadas: les pregunto ¿ustedes saben cómo es posible que la opinión pública y la academia conozcan estas solicitudes?

La respuesta es simple. El artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados impone la obligación de poner a disposición del público las solicitudes de permiso pero respetando las reservas de confidencialidad.

Si el público y la academia las conocen, el Congreso debe tener acceso a ellas, pero debe ir más lejos: debe llamar a los académicos, a los interesados y a los funcionarios, para que expliquen estas solicitudes de liberación de transgénicos.

Pasadas legislaturas fueron omisas en legislar sobre el régimen especial de protección al maíz, sólo lo anunciaron en el artículo 2, fracción décimo primera de la Ley de Bioseguridad. El presidente de facto tampoco desarrolló el tema e igualmente sólo lo mencionó en el artículo 65 del reglamento correspondiente, para dejar la responsabilidad a las autoridades competentes.

Esta desidia parlamentaria y administrativa no corresponde con la trascendencia histórica y la importancia económica del tema. Requiramos la información oficial, llamemos a la academia y a los sectores interesados, convoquemos a los funcionarios para que bajo protesta de decir verdad nos informen. Si es preciso legislemos sobre el régimen de protección especial del maíz.

Para que los campesinos e indígenas de México mantengan vivos sus derechos, sus culturas, la diversidad agroecológica y la soberanía nacional que reside en nuestros alimentos, es preciso que los legisladores demostremos nuestro compromiso con los campesinos y con nuestra ecología y nos sumemos de manera decidida a la celebración del Día Nacional del Maíz y al cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del actual régimen a suspende los permisos de liberación de maíz transgénico en su fase experimental en tanto no se conforme el régimen especial de protección al maíz que establece la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como en tanto no se emitan los acuerdos que determinen sobre qué especies México es centro de origen y de diversidad genética, y mientras no se expidan las normas oficiales que derivan de la Ley de Bioseguridad.

Segundo. Se aprueba la instauración oficial del Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre, a partir de esta fecha.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en términos del artículo 93 constitucional, que informe a la Cámara de Diputados sobre

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Gracias, diputada Castillo Juárez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.El primero y tercer punto túrnense a la Comisión de Agricultura, y el segundo a la Comisión de Gobernación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Tiene la palabra el señor diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incorpore la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo en el Fondo Metropolitano del Ramo 23.

El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas : Con su permiso, señor presidente.

Compañeros legisladores, comparezco ante esta tribuna en nombre de los diputados tamaulipecos priistas, a someter a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo para que sea incluida la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo del estado de Tamaulipas, en el Fondo Metropolitano del Ramo 23.

Como es del conocimiento, el 13 de marzo de 1998 los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal suscribieron un convenio mediante el cual se instauró la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana. Esta comisión impulsó la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México como fuente alternativa de financiamiento en las acciones y obras de alcance metropolitano.

En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se aprobó la inclusión en el Ramo 23 del Fondo Metropolitano. En el Presupuesto de 2007 por primera vez se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En el 2008 el Fondo Metropolitano contempló recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan a 9 entidades federativas.

En el artículo 42 del proyecto de Presupuesto de 2010 se establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuación y la planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.

Coadyuvar a sus viabilidades y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

El presupuesto de Egresos de 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones a zonas metropolitanas de ciudades del Estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y La Laguna de Coahuila y de Durango.

Compañeros, con base en las últimas delimitaciones de las zonas metropolitanas elaboradas por el Consejo Nacional de Población, Sedesol y el Inegi, en nuestro país existen 52 zonas metropolitanas.

Según datos del Inegi, durante su último conteo de 2005, Reynosa contaba con una población total de 507 mil 998 habitantes. Cuenta con una zona metropolitana que está conformada por los municipios de Río Bravo y Reynosa. La población total del área metropolitana era hasta el 2005 de 637 mil 730 habitantes. A 2009 debe ser, por el alto índice demográfico, cerca de 1 millón de habitantes, situándola en la vigésima tercera conurbación más grande de México.

Con las aportaciones del Fondo Metropolitano, la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo ---de aprobarse este punto de acuerdo--- podría contar con recursos adicionales para construir nuevas obras de infraestructura que la eleven a ciudad de calidad e incrementen su competitividad, pues el acelerado crecimiento demográfico industrial y comercial de la entidad y el incremento continuo de flujo de mercancías, materias primas y productos terminados requieren de modernos sistemas de infraestructura.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 se incluya a la zona metropolitana Reynosa-Río Bravo como beneficiaria del Fondo Metropolitano.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incorpore la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo en el Fondo Metropolitano del ramo 23, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 13 de marzo de 1998 los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal suscribieron un convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, esta comisión impulsó la creación del Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, como fuente alternativa de financiamiento en las acciones y obras de alcance metropolitano, y por primera vez en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se aprobó la inclusión en el Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', el Fondo Metropolitano.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscales de 2006 y de 2007 se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey; en 2008, el Fondo Metropolitano incluyó recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan a 9 entidades federativas.

En el artículo 42 del proyecto de Presupuesto 2010 establece que los recursos del fondo metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de la zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas forman o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

El numeral en cita otorga al municipio la facultad de coordinarse y asociarse con otros municipios o con el estado para la prestación eficaz de los servicios públicos de su competencia, mediante la celebración de convenios o acuerdos que al respecto se suscriban sobre este particular.

Debo de mencionar que la Ley Gene General de Asentamientos Humanos, faculta a la federación, estados y municipios para la planeación y regulación conjunta y coordinada en el tema de la conurbación.

El proyecto de egresos 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y la laguna de Coahuila y de Durango.

Con base a las últimas delimitaciones de las Zonas Metropolitanas, elaboradas por el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país, existen

Según datos del último conteo de 2005 del INEGI, Reynosa contaba con una población total de 507 mil 998 habitantes, 253 mil 630 eran hombres y 254 mil 368 mujeres.

Reynosa tiene una zona metropolitana que está conformada por tres localidades, dos del municipio de Río Bravo y una del de Reynosa, la población total del área metropolitana era hasta el 2005 de 637 mil 730 habitantes, situándola en la vigésima tercera conurbación más grande de México.

Con las aportaciones del Fondo Metropolitano, la zona metropolitana de Reynosa, de aprobar este acuerdo, podría contar con recursos adicionales para construir nuevas obras de infraestructura que la eleven a ciudades de calidad e incrementen su competitividad, pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados, requieren de modernos sistemas de infraestructura.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano; y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 se incluya la zona metropolitana Reynosa-Rio Bravo como beneficiaria del Fondo Metropolitano del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas''.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Silvia Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al jefe del Gobierno delDistrito Federala intensificar las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos : Con su permiso, señor presidente. Solicito que se inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo con el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a que se intensifiquen las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México, y que se realicen de manera eficiente. De nada sirve que el desazolve se haga si la basura se deja a un lado y regresa al lugar de origen.

Para Acción Nacional la solidaridad es la fórmula de convivencia social en la que se conjuga el esfuerzo de todos para los fines de la comunidad, sin detrimento de los intereses legítimos de las personas. Para ello, es necesaria la prevención. Hay que recordar que en temporada de lluvias se incrementan los riesgos de todas aquellas familias que viven en asentamientos irregulares.

Las intensas lluvias y constantes inundaciones ocurridas en el Distrito Federal, principalmente en arterias de gran circulación, han causado estragos inéditos. Hemos vivido serias afectaciones en nuestras actividades cotidianas y en muchos casos, lamentablemente, se han visto afectados patrimonios de familias y hay pérdida de vidas humanas.

En 2008 murieron 2 personas en la delegación Álvaro Obregón y recientemente en Iztapalapa 2, y 3 en Magdalena Contreras. Cientos de casas fueron afectadas en la delegación Gustavo A. Madero.

En marzo de 2009 el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dio garantía de que la Ciudad de México no sufriría ninguna inundación tras los trabajos de reparación, mantenimiento y rehabilitación del drenaje profundo. Además dijo que estos trabajos evitarían fallas estructurales en el Emisor Central y en los 125 puntos de la red de interceptores de la Ciudad de México.

En mayo del presente año la Comisión Especial de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa alertó a los gobiernos capitalino y del Estado de México sobre el riesgo de una inundación a escala regional, si no se realizaba mantenimiento preventivo al sistema de drenaje.

Dicha comisión señaló que a pesar de que 11 kilómetros del drenaje profundo fueron reparados, continuaba el riesgo latente de inundaciones sectoriales en esta temporada de lluvias. Al parecer, la recomendación no fue atendida y hoy los capitalinos sufrimos las consecuencias graves de que la autoridad responsable no haya tomado las medidas preventivas necesarias.

Aunado a lo anterior, las precipitaciones pluviales han afectado principalmente a las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que alcanzaron niveles nunca antes vistos.

Estas lluvias dejaron un saldo de más de mil 400 viviendas inundadas, encharcamientos, vuelos afectados por la suspensión de operaciones y el cierre de estaciones del Metro. Esto, a causa de los 27 mil millones de litros caídos en esta ciudad, lo que equivale a llenar 13 veces el Estadio Azteca.

Ante el pronóstico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de que las intensas lluvias persistirían, surge la preocupación por el deterioro importante de la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México. Como ejemplo, en un pequeño tramo del Periférico hay 900 baches.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal a que se instruya al personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a intensificar las labores de desazolve en esta ciudad y a emprender una campaña de concienciación ciudadana para no arrojar basura a la vía pública.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal a intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a intensificar las labores de desazolve y bacheo en la ciudad, a cargo de la diputada Silvia Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Silvia Pérez Ceballos, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que se intensifiquen las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las intensas lluvias y las constantes inundaciones ocurridas en el Distrito Federal principalmente en arterias de gran circulación y aforo vehicular como Viaducto, Circuito Interior, Tlalpan, Insurgentes, Paseo de la Reforma, Congreso de la Unión, entre otras, a causa estos fenómenos meteorológicos inusuales presentados en prácticamente todo lo que va del presente mes, han causado estragos inéditos en esta ciudad y la zona conurbada.

Lamentablemente, los habitantes del Distrito Federal y la zona conurbada hemos vividos serias afectaciones en nuestras actividades cotidianas y en muchos casos se ha visto afectado en patrimonio de las familias.

En marzo de 2009 el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, garantizó que la Ciudad de México no sufriría ninguna inundación, tras los trabajos de reparación, mantenimiento y rehabilitación del drenaje profundo en su segunda etapa, los cuales concluyeron en el mes de abril. Acompañado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, el mandatario local dijo que estos trabajos evitarán fallas estructurales en el Emisor Central y en los 125 puntos de la red de interceptores de la Ciudad de México.

Sin embargo, también debemos recordar que desde el mes de mayo del presente año, la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal alertó a los gobiernos capitalino y del estado de México sobre el riesgo de una inundación a escala regional si no se realizaba mantenimiento preventivo al sistema de drenaje.

Dicha Comisión señaló que a pesar de que 11 kilómetros del drenaje profundo fueron reparados continuaba el riesgo de inundaciones sectoriales en ambas entidades en esta temporada de lluvias. Al parecer esta recomendación no se atendió y hoy sufrimos las consecuencias de que la autoridad responsable no haya tomado las medidas preventivas necesarias.

De acuerdo con información por parte de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal las precipitaciones pluviales han afectado prácticamente todas las delegaciones siendo las de mayor afectación Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa las que alcanzaron niveles nunca antes vistos.

Estas lluvias dejaron un saldo de más de mil 450 viviendas inundadas, encharcamientos e inundaciones, vuelos afectados por la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el cierre de estaciones del Metro, esto a causa de los 27 mil millones de litros caídos en esta ciudad, lo que equivale a llenar 13 veces el Estadio Azteca.

En este sentido es importante mencionar que la lluvia registrada durante la noche del pasado lunes y madrugada del martes 22 del presente mes y año provocó daños en dos agencias automotrices y en un centro comercial, además de dejar un saldo de 44 encharcamientos y 18 árboles caídos, provocando además que el Río Magdalena y la presa Anzaldo alcanzaran su máximo nivel ocasionando su desborde.

Además, estas lluvias provocaron inundaciones en avenida Periférico Sur dejando vehículos atrapados en su cruce con San Jerónimo, así como a la altura del Hospital de Pemex, resultando nuevamente que las delegaciones más afectadas fueran Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa.

Ante el pronóstico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de que las lluvias persistirán en el Valle de México es conveniente se intensifiquen las labores de desazolve y se emprenda una campaña que permita hacer conciencia a la ciudadanía de no tirar basura en la vía pública.

Además, producto de las intensas lluvias se ha generado un deterioro importante de la carpeta asfáltica en las principales vialidades de la Ciudad de México, que originan problemas viales y particularmente a los vehículos que circulan por éstas.

Así, con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a intensificar las labores de desazolve en esta ciudad, y a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del.

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico como medida para atenuar los problemas económicos de las familias mexicanas.

La diputada Esthela Damián Peralta : Con su venia, diputado presidente.

Diputadas y diputados, me presento ante esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo a efecto de que se reduzcan las tarifas eléctricas de uso doméstico, con la finalidad de atenuar la crisis económica de las familias mexicanas.

En los últimos meses se ha vivido un gravísimo problema económico que ha devastado la economía de los mexicanos, el cual puede tener consecuencias sociales y políticas indeseables, por el bajo poder adquisitivo de los salarios, el desempleo y la carestía de los productos básicos, aunados a las intenciones de quienes nos gobiernan de elevar los impuestos y derechos, o de crear algunos que lesionen aún más la economía doméstica.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, conforme a datos del Tercer Informe de Gobierno, de 2009, elaboró un análisis en relación con las tarifas y la relación precio-costo de energía eléctrica para el sector doméstico del periodo comprendido entre 2004 y 2009.

Para 2004, el subsidio fue de 54 millones de pesos, en 2005 llegó a 62 millones, para 2006 llegó a 64 millones de pesos, en 2007 subió a 70 millones y en 2008 alcanzó 99 millones, pero en 2009 es del orden de 40 millones si tomamos en consideración que en el primer semestre de 2009, enero-junio, el subsidio es menor de 50 por ciento en relación con 2008.

Es decir, no se ha aplicado siquiera la mitad de lo que se proyectó para 2008. Esto es evidente si nos vamos a las colonias, a los estados o a nuestros propios hogares, se observa con claridad que los recibos que se venían pagando en 2008 han tenido un incremento de por lo menos 50 por ciento.

Desafortunadamente, el tema de los cobros excesivos de la luz es una problemática generalizada. Lo mismo encontramos en Puebla que en Querétaro, en Guanajuato, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero o en el Distrito Federal, donde han aumentado las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por cobros excesivos.

Nuestra proposición tiene como sustento una realidad cotidiana, la misma que viven más de 45 millones de ciudadanos que, estando en edad de trabajar, 2 millones no tienen empleo y 27 millones están ocupados, pero no cuentan con prestaciones.

Esa realidad la viven más de 12 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y la deben enfrentar más de 4 millones de compatriotas que han sido subempleados. Todas, cifras del Inegi.

¿Qué estamos solicitando en el punto de acuerdo? Solicitamos que nos informe la Comisión Federal de Electricidad, y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, acerca de la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas en este año.

Que los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza se reúnan con una comisión plural de diputados para analizar: la calidad en el servicio que prestan en todo el país, el reembolso y el pago de daños por descargas de energía eléctrica, la aplicación de tarifa doméstica de alto consumo en el cobro por suministro del fluido eléctrico y los subsidios de energía eléctrica que se aplican en el país.

Por economía parlamentaria solicito que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates del punto de acuerdo presentado por la de la voz. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reducir las tarifas domésticas de electricidad para atenuar los problemas económicos de las familias, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses, México ha vivido un gravísimo problema económico que ha devastado considerablemente la economía de las y los mexicanos, el cual puede tener consecuencias sociales y políticas indeseables por el bajo poder adquisitivo de los salarios, el desempleo, la carestía de los productos básicos y la corrupción en casi todas las esferas gubernamentales, aunado a las intenciones de quienes nos gobiernan, de elevar los impuestos y derechos o de crear algunos que lesiones aun más la economía doméstica.

Porque en tiempos de crisis y desempleo, no es posible que el Gobierno Federal, pretenda aplicar un mal llamado ``ajuste graduales'', a las gasolinas, el diesel, el gas o la electricidad.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, conforme a datos del Tercer Informe del Gobierno Federal 2009, elaboro un análisis en relación con las tarifas y la relación precio-costo de energía eléctrica para el sector doméstico del periodo comprendido de 2004 a 2009.

Para el año de 2004, el subsidio fue de 54 millones de pesos, en 2005 llego a los 62 millones, para 2006 llega a 64 millones de pesos, en 2007 sube a 70 millones, en 2008 alcanza los 99 millones, pero en 2009 es del orden de los 40 millones. Si tomamos en consideración, que es el primer semestre de 2009 enero-junio, la subsidio es menor del 50% en relación con 2008.

Es decir, no se ha aplicado ni siquiera la mitad de lo que se proyecto para 2008 y esto es evidente, si nos vamos a las colonias, a los estados ó a nuestros propios hogares, es claro observar que los recibos que se venían pagando en 2008 han tenido un incremento mayor, de por lo menos el 50 por ciento; pero en muchos casos la gente cuenta con recibos de luz por cantidades de miles de pesos que se ven obligados a pagar y después de pagarlos tiene que resolver su problemática de su crisis económica familiar.

No es posible que las soluciones que se brindan a los ciudadanos en las sucursales de la compañía de luz sean las siguientes:

• Pague y después investigamos. • Hacemos un Convenio y puede pagar en parcialidades. • Otra, borran con plumón la cantidad del recibo y en pluma escriben una cifra menor y les piden que paguen la suma que le han escrito.

Pero al siguiente recibo nuevamente su cobro es alto, el consumidor sigue siendo rehen de los prestadores de este servicio.

Desafortunadamente el tema de los cobros excesivos de la luz es una problemática generalizada, lo mismo la encontramos en Puebla, que en Querétaro, en Guanajuato, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero ó el Distrito Federal, donde han aumentado las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por cobros exhorbitantes.

Vale la pena recordarle al Ejecutivo Federal, que en sus 10 puntos cuando aborda el tema del Sector Energético, que cito textual, dice: ``Hay que Erradicar privilegios, opacidad y corrupción en empresas públicas''.

A muchos nos preocupa el hecho de que ante las declaraciones piensa implementar un esquema de ahorro y de austeridad, los subsidios, que hasta hoy han sido un paliativo ante los altos costos de la energía eléctrica, sean eliminados o reducidos con el pretexto de que estos hacen que cada consumidor sólo pague la tercera parte del costo real del consumo de energía eléctrica.

Es importante mencionar que nuestra proposición tiene como sustento una realidad cotidiana, la misma que viven más de 45 millones de ciudadanos, que estando en edad de trabajar, 2 millones no tienen empleo, 27 millones están ocupados pero no cuentan con prestaciones.

La realidad que viven más de 12 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad y a la que deben de enfrentar más de 4 millones de compatriotas que han sido subempleados.

Lo anterior conforme a las cifras del INEGI, que nos muestran lo que estamos viviendo y que nos depara para el 2010.

Ya es tiempo de que el bolsillo de quienes menos tienen y que aún así pagan un servicio de energía eléctrica excesivamente caro, reciban verdaderos apoyos, ya que de otra manera tendremos que enfrentar la disyuntiva de alimentarnos o de pagar el servicio de la energía eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, informen por escrito a esta Soberanía, sobre la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas del periodo transcurrido en el presente año, Contando con la opinión y las cifras de la Comisión Reguladora de Energía.

Segundo. Se exhorta a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se reúnan con una comisión plural de Diputados para analizar los temas siguientes:

I. La calidad en el servicio que prestan en todo el país; II. El reembolso y el pago de daños por descargas de energía eléctrica; III. La aplicación de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) en el cobro por el suministro del fluido eléctrico, y IV. Los subsidios de energía eléctrica que se aplican en nuestro país.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a establecer un Programa de Reducción Preferencial de las tarifas de energía eléctrica de uso exclusivamente domestico, así como a la revisión de la aplicación de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) a efecto de atenuar el problema económico de las familias mexicanas.

Cuarto. Se exhorta al Banco de México y la Secretaría de Desarrollo Social, a proporcionar a esta Soberanía, un estudio del impacto económico-social de los subsidios de la energía eléctrica, así como de las implicaciones económicas y sociales que tendrá la población, de aprobarse el Paquete Económico que presento ante este H Congreso, el Ejecutivo Federal para 2010.

Quinto. Se solicita la comparecencia ante esta Honorable Cámara de Diputados, de la titular de la Secretaría de Energía, con la finalidad de sustentar el impacto económico que tendrá los subsidios a las tarifas de gas, gasolina, disel y energía eléctrica, contenida en la propuesta del Ejecutivo Federal para el PPEF 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Como solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates; ytúrnese a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del PT, para presentar... Perdón, diputado.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Sólo para adherirme al punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Está usted de acuerdo, compañera en que se sume a su propuesta?

La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Sí, está bien.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muy bien, está de acuerdo la compañera. Se le mandará para su firma.

PERCEPCIONES DE SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado José Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los funcionarios públicos federales y de las entidades federativas no sujetos durante su desempeño a la aplicación de la reciente reforma del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a sensibilizarse, y en un acto de solidaridad adecuen sus percepciones a la situación que vive el país.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Gracias, diputado presidente. Quiero comenzar mi intervención planteando que deberíamos de cambiar el método de trabajo. Esta miscelánea de hablar de todo y de nada a la vez es una manera horrible de tratar los temas y un desperdicio de tiempo y de paciencia, francamente.

Quiero comentar también que, a como vamos, no se tocará seguramente el grave atentado que ayer tuvo el Estado Mayor Presidencial sobre tres jóvenes en Morelia, Michoacán, en estas cosas que hemos venido denunciando desde la tribuna; y tampoco habrá tiempo, seguramente, para comentar sobre el 41 aniversario del 2 de octubre, de la matanza. Es una lástima porque son temas muy importantes pero ya se tocarán.

Respecto al punto concreto que presento a esta soberanía, se modificó el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario ganara más que el presidente de la República, sin importar que éste usurpe la Presidencia de la República.

Hubo un número muy grande de funcionarios que argumentaron tanto que no se puede hacer retroactivo el ordenamiento, o diversas razones de la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Federal Electoral, del Banco de México; de la propia Cámara, que según ha informado la prensa, el secretario general gana más de 4 millones de pesos, lo cual es un escándalo. Si es así, pues tienen percepciones superiores al del Ejecutivo federal.

Por esta razón y por obviedad de tiempo voy a leer de manera precisa los cuatro puntos del acuerdo:

Primero. Se hace una exhortación para que los funcionarios públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros, magistrados, jueces y demás empleados y funcionarios públicos de otros órganos del Estado, incluyendo los autónomos, así como el IFAI, todos ellos exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma del artículo 127 constitucional, en cuanto a sus remuneraciones, se sensibilicen y en un acto de solidaridad adecuen sus percepciones a la situación que vive el país y donen a las instituciones públicas de asistencia la parte de su remuneración que rebase la percepción máxima establecida para el Ejecutivo federal.

Para quien piense que ésta es una candidez, yo, aunque no gano lo que quien usurpa la Presidencia, la mitad de mi ingreso lo destino a obra social en mi distrito.

Segundo. Se hace una exhortación para que los funcionarios públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal que estén exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma al 127, también donen el excedente a instituciones de asistencia pública.

Tercero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados para que en el menor tiempo posible legisle sobre la ley reglamentaria que permita un eficaz cumplimiento del artículo 127 constitucional y establezca las sanciones administrativas y/o penales, en caso de incumplimiento.

Cuarto. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que modifique, si es el caso, su Presupuesto de 2010 e impida que el secretario general, o cualquier otro funcionario de la Cámara de Diputados reciba una percepción superior a lo de un diputado federal.

Muchas gracias, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los servidores públicos federales y a los locales no sujetos durante su desempeño a la aplicación de la reciente reforma del artículo 127 constitucional a sensibilizarse y, en un acto de solidaridad, adecuar sus percepciones a la situación del país, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, legislador Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace unos días, a través de algunos medios impresos de comunicación, recibimos la noticia que un importante número de funcionarios públicos de diferentes órganos del Estado, llámense ministros de la corte y algunos de sus empleados directos, así como magistrados del Tribunal Electoral, los 9 consejeros electorales del Consejo General del IFE, algunos del IFAI y para orgullo de esta Cámara, su secretario general; todos ellos, repito, recibirán un sueldo superior a lo que recibirá el señor Calderón, a pesar de que la reciente reforma al artículo 127 constitucional, en su fracción II determina que ``ningún servidor público podrá recibir remuneración... por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.''

Esto es consecuencia que en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, se afirma que:

Su fundamento, se encuentra, lamentablemente en la Constitución General, pues para el caso de los funcionarios del Poder Judicial federal en el artículo 94 constitucional, párrafo noveno, se establece que ``la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo'' ojo, aquí el artículo no incluye otros funcionarios de la SCJN que sean beneficiados de esta situación jurídica y hoy conocemos que otros cargos pretenden asignarse compensaciones superiores al Ejecutivo federal, ello, hay que decirlo con claridad violaría la Constitución.

Respecto a los consejeros del IFE, la fundamentación que impide aplicarles las nuevas disposiciones del artículo 127 constitucional es el artículo 41 constitucional, fracción V, párrafo cuarto que señala que para el consejero presidente y los consejeros electorales la ``...retribución que perciban será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación''. Y en consecuencia, por analogía, no se les puede reducir sus percepciones, toda vez que a los ministros actuales no se les reducirá por el artículo 94 constitucional.

Ahora resulta que todos ellos, se sacrificarán en recibir las escandalosas percepciones porque no pueden, ni quieren violar la Constitución General ¡Vaya broma en tiempos de vacas flacas!

Vale decir, que para el caso de funcionarios del IFAI no hay ningún sustento constitucional que justifique sueldos mayores al del Ejecutivo federal, en caso de que existiera una disposición legal al respecto, esta sería inconstitucional.

Sobre esto último, vale decir que en la parte transitoria de la mencionada reforma constitucional del artículo 127, se establece que ``el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor'', de igual forma ordena a las legislaturas federal y estatales (incluyendo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) a ``...tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente decreto...''; en lo que corresponde a esta Cámara de Diputados, avancemos lo más pronto posible para emitir la ley reglamentaria y las reformas a las leyes que así lo requieran, para un cabal cumplimiento de la norma constitucional que evita excesos en las percepciones.

Señoras y señores diputados, durante décadas y también en los últimos años, al amparo de una interpretación equivocada de lo que significaba autonomía de gestión (tanto en recursos como en organización), los órganos del Estado, como el Poder Judicial y luego los órganos autónomos (IFE, Banco de México y CNDH) establecieron percepciones a sus altos funcionarios al margen de la realidad económica, al margen incluso de las percepciones de otros cargos similares en los otros poderes constituidos. Todo ello se hizo, repito, bajo la protección de una distorsionada interpretación del significado autonomía.

La clase política de entonces --y de ahora-- guardó silencio para evitar ser tachados de ``violadores'' de la autonomía de otros poderes, en consecuencia se permitió --año con año-- el aumento desmedido de dichas percepciones hasta alcanzar cantidades desorbitantes que hoy dan cuenta los medios de comunicación y que tales percepciones representan un agravio para la población en general, abrumada de carencias e injusticias permanentes.

No debe perderse de vista que los principios de irrenunciabilidad a la compensación o percepción, así como su no disminución se introdujo en la Constitución General con objeto de garantizar un efectivo desempeño de un incipiente Poder Judicial ávido de logar independencia de los vaivenes políticos en una época que se iniciaba la reconstrucción de las instituciones luego de la Revolución Mexicana. Se buscaba, con ello, librar de cualquier presión a los tribunales por motivos políticos.

Ese fue el ``espíritu'' de los constituyentes al introducir en el artículo 127 constitucional los conceptos de irrenunciabilidad y no disminución de las compensaciones de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, pero matizándolo para los funcionarios juzgadores del Poder Judicial federal en la reforma, también constitucional, del artículo 94 en 1928.

Pero nunca --vale advertir-- estuvo en el poder constituyente originario, ni en el permanente, permitir que el Poder Judicial en aras de dicha autonomía, creara condiciones de privilegio en sus percepciones totalmente desproporcionadas como las que han alcanzado a lo largo de los años. Conducta que han emulado otros órganos del Estado autónomos, como son el IFE, el Banco de México, la CNDH e incluso el IFAI.

Esta vergüenza nacional, lamentablemente también se reproduce en los poderes judiciales estatales y en sus órganos autónomos, una vez más con el argumento de la autonomía, fundamentada en el artículo 40 constitucional que reconoce ``...Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior''.

La fórmula que utilizaron todos para ellos --funcionarios federales, estatales incluso municipales-- para pasar desa-percibidos ante la opinión pública, fue la siguiente: informaban y presentaban nominalmente que percibían un salario similar al Ejecutivo federal, pero en los hechos agregaban a su salario, todo tipo de percepciones adicionales tales como aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, etcétera, que al sumarlas alcanzan las cantidades indignantes que conocemos.

La reciente reforma del artículo 127 constitucional, por vez primera define que es una remuneración o retribución (incluyendo salario y todo tipo adicional de percepciones), que no podrá sobrepasar la recibida por el Ejecutivo federal.

Pero como es sabido, otro principio de la seguridad jurídica es la no retroactividad de las normas, recogido este en el artículo 14 constitucional; y aunado a lo expresado literalmente por los artículos 94 y 127 de la Constitución; todo ello, hace imposible que los actuales ministros de la Corte, los magistrados electorales federales, consejeros generales del IFE se sujeten a la llamada ``ley de salarios máximos'' quedando para la posteridad de los que los renueven en dichos cargos. En la misma situación estarán magistrados y consejeros electorales de las entidades federativas.

Si vale de consuelo, los nuevos dos ministros de la Corte que entrarán en sus funciones a fines de este año, serán los primeros en sujetarse a la nueva disposición del artículo 127 constitucional. Hasta aquí el análisis jurídico.

Compañeras y compañeros, somos testigos de cómo las disposiciones jurídicas fueron y son utilizadas para otros fines y objetivos por las que fueron creadas y reformadas. Lo aquí expuesto, representa un ejemplo claro de como las leyes --a la luz de la ciudadanía-- son hechas para beneficiar a los poderosos, a los políticos, a los juzgadores.

Pero frente a la imposibilidad constitucional de obligar a ellos a disminuir sus remuneraciones, pregunto a esta Cámara ¿sólo queda la resignación, mientras concluyen el ejercicio de sus cargos?, pregunto ¿esto es válido en un país con 44 millones 700 mil pobres, de los cuales 14 millones y medio se encuentran en pobreza extrema?

Si ya no hay una solución jurídica a este asunto ¿acaso no hay otra salida?

Debemos decir con toda firmeza que sí la hay, y esta debe ser ética y moral.

Una sociedad que cierra las puertas a una solución ordenada y pacífica a sus problemas, es una sociedad condenada a la convulsión, a la inconformidad, a la incertidumbre.

Esta Cámara como máximo foro de expresión de la nación, debe hacer un enérgico pronunciamiento donde se debe exhortar a todos aquellos funcionarios públicos (federales, estatales y municipales) que percibirán una remuneración mayor a lo que establece el artículo 127 constitucional, para que en un ánimo de sensibilización, reconozcan lo inmoral de tales percepciones.

Esta Cámara debe advertir la gravedad, en términos de confianza y credibilidad, que significa para el conjunto de las instituciones públicas, el consumarse tal agravio.

De igual forma debe quedar claro que hay valores superiores de la Constitución como lo es el derecho a trato igual, consagrado en el artículo 1o., el cual es condición para todos y cada uno de los demás derechos y libertades.

Si los funcionarios aludidos, están tan preocupados por no violar los preceptos constitucionales, seamos nosotros los encargados de ofrecerles una solución, cuya fórmula permita al mismo tiempo cumplir con la Constitución General y al mismo tiempo cumplir con la sociedad mexicana.

¿Cuál es esta? Pues simplemente que al recibir su remuneración, devuelvan por concepto de donativo a las instituciones públicas de asistencia pública, aquella parte monetaria que rebase la percepción máxima establecida en el artículo 127 constitucional.

Reitero, este exhorto de la Cámara de Diputados debe incluir no sólo a los altos funcionarios de órganos federales y autónomos, sino también de los órdenes estatales y municipales que se encuentren en la misma situación jurídica.

Como asamblea de toda la nación estamos obligados a hacer una petición de tal naturaleza y más en las condiciones actuales de inequidad en que se encuentran la mayoría de los mexicanos; esperemos que los tres órdenes de gobierno, asuman la responsabilidad que les corresponde ante la sociedad a la cual dicen representar, y demuestren en los hechos que están comprometidos con el concepto por demás atropellado y olvidado, que es el de la República.

Tomemos en serio esta propuesta, pues representa una solución parcial a un problema sintomático de las instituciones públicas en México, que es el de la cultura de ver como un negocio el servicio público.

Por ello, pido su apoyo para los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un exhorto para que los funcionarios públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ministros, magistrados, jueces, y demás empleados), y funcionarios públicos de otros órganos del Estado, incluyendo los autónomos, así como el IFAI, todos ellos, exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma del artículo 127 constitucional en cuanto a sus remuneraciones, se sensibilicen y en acto de solidaridad, adecuen sus percepciones a la situación que vive el país y donen a las instituciones públicas de asistencia pública la parte de su remuneración que rebase la percepción máxima establecida para el Ejecutivo federal.

Segundo. Se hace un exhorto para que los funcionarios públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal, que estén exentos durante su desempeño de la aplicación de la reforma del artículo 127 constitucional en cuanto a sus remuneraciones, se sensibilicen y en acto de solidaridad, adecuen sus percepciones a la situación que vive el país y donen a las instituciones públicas de asistencia pública la parte de su remuneración que rebase la percepción máxima establecida para el Ejecutivo federal.

Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el menor tiempo posible legisle sobre la ley reglamentaria que permita un eficaz cumplimiento del artículo 127 constitucional, y establezca las sanciones administrativas y penales o ambas, en caso de incumplimiento.

Cuarto. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que modifique, si es el caso, su presupuesto para 2010 e impida que el secretario general de la Cámara, reciba una percepción superior a lo establecido en el artículo 127 constitucional, pues de no hacerlo, su aprobación sería inconstitucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias a usted, señor diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Ardelio Vargas Fosado, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Sociala respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Ardelio Vargas Fosado : Con su permiso, señor presidente.

Proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a efecto de respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, en atención a las siguientes consideraciones:

La autonomía sindical es una conquista laboral que tuvo un elevado costo social para los trabajadores. El derecho a la autodeterminación de las colectividades de trabajadores es un elemento esencial para la justicia social y la vida democrática consagrada en nuestra Constitución.

Una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de las elecciones internas para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 3o. del Convenio 87 de la OIT.

En este sentido, durante abril a julio del año en curso el Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo el proceso de elección de su comité central. Como resultado de dicho proceso, Martín Esparza Flores resultó electo secretario general, habiéndose votado y aprobado mediante asamblea general de fecha 6 de julio del presente año.

En cumplimiento a la normatividad laboral, el 5 de agosto del año en curso el Comité Central del SME informó a la Secretaría del Trabajo la integración de su comité central solicitando la toma de nota y estatutariamente se encuentra en funciones a partir del 14 de julio del año en curso.

Con el supuesto argumento de contar con un plazo que vence hasta el 5 de octubre, la autoridad laboral ha negado reiterada y sistemáticamente la solicitud para que otorgue la correspondiente toma de nota. La negativa de la autoridad laboral en cuanto a extender la toma de nota al Comité Central del SME es producto del error en que incurre la Secretaría del Trabajo, al confundirse la figura de registro de sindicatos con la llamada toma de nota.

La toma de nota se norma en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, no resultando aplicable disposición alguna referente al registro de sindicatos que contempla la Ley Federal del Trabajo. Se trata de cosas diversas, también reguladas en forma diferente por las leyes laborales.

La autoridad laboral no se está conduciendo en congruencia con las facultades que se le otorgan y, en lugar de tutelar los derechos laborales y concretamente velar por el respeto y actuar en consecuencia con el principio de autonomía sindical, está realizando exactamente lo contrario al obstaculizar sin fundamento la toma de nota solicitada por el SME.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Esta soberanía acuerda exhortar al secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a que, en cumplimiento de sus facultades legales, respete la autonomía sindical de la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Segundo. Se solicita al secretario de Trabajo y Previsión Social acatar el derecho constitucional del Sindicato Mexicano de Electricistas a decidir legal y democráticamente los asuntos que le competen.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a respetar la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se exhorte al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a efecto de que respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas y, en consecuencia, extienda la toma de nota a su Comité Central electo legal y democráticamente conforme a sus estatutos, en atención a las siguientes

Consideraciones

La autonomía sindical es una conquista laboral que tuvo un elevado costo social para los trabajadores. El derecho a la autodeterminación de las colectividades de trabajadores es un elemento esencial para la justicia social y la vida democrática, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una de las manifestaciones concretas de la autonomía sindical es la organización periódica de elecciones internas para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 3° del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este sentido, durante los meses de abril a julio del año en curso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó a cabo el proceso de elección de su Comité Central. Como resultado de dicho proceso el C. Martín Esparza Flores resultó electo Secretario General, habiéndose votado y aprobado mediante asamblea general de fecha 6 de julio del presente año.

En cumplimiento de la normatividad laboral, el 5 de agosto del año en curso el Comité Central del SME informó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la integración de su Comité Central y solicitó la denominada toma de nota en la que se señala al nuevo Comité electo el 6 de julio del 2009.

Con el supuesto argumento de contar con un plazo que vence hasta el 5 de octubre, la autoridad laboral ha negado reiterada y sistemáticamente la solicitud para que se otorgue la correspondiente toma de nota.

La negativa de la autoridad laboral en cuanto a extender la toma de nota al Comité Central del SME es producto del error en que se incurre en la STPS al confundirse la figura del registro de sindicatos con la llamada toma de nota.

Por lo que se hace preciso explicar que la toma de nota se norma en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, no resultando aplicable disposición alguna referente al registro de sindicatos que contempla la ley Federal del Trabajo. Se trata de cosas diversas también reguladas en forma diferente por las normas laborales.

Lo que está sucediendo es que la autoridad laboral no se está conduciendo en congruencia con las facultades que se le otorgan; y en lugar de tutelar los derechos laborales y, concretamente, velar por el respeto y actuar en consecuencia con el principio de autonomía sindical, está realizando exactamente lo contrario al obstaculizar sin fundamento la toma de nota solicitada por el SME.

Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Ésta soberanía acuerda exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que en cumplimiento de las facultades legales que ostenta, respete la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas y, en consecuencia, extienda la toma de nota a su Comité Central, electo en la Asamblea del 6 de julio del presente año conforme a sus estatutos.

Segundo. Se solicita a las autoridades laborales del ámbito federal que en acatamiento al principio constitucional de autonomía sindical, eviten continuar interviniendo indebidamente en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, y respeten su inalienable derecho a resolver legal y democráticamente los asuntos que a este competan.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE HIDALGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Semarnat y a la Profeco a instalar la mesa de diálogo con relación al proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, Hidalgo.

El diputado Francisco Hernández Juárez : Con su permiso, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la Semarnat y a la Profeco a instalar la mesa de diálogo sobre el proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, Hidalgo.

El que suscribe, Francisco Hernández Juárez , diputado federal de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En julio de 2004, la empresa española Abengosa-Befesa presentó el Proyecto de Sistemas de Desarrollo Sustentable a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una inversión de 9 millones de dólares en la primera etapa.

El proyecto plantea construir el confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos más grande de Latinoamérica, en 133 hectáreas, a escasos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo.

El confinamiento tiene capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos con la finalidad de estabilizarlos mediante un proceso en el que utiliza cal, cemento y arcilla. Al entrar en operación, éste recibirá 170 mil toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos.

Zimapán, cuya explotación minera ha ocasionado el índice de mayor contaminación ambiental y más alta concentración de arsénico en mantos acuíferos en el país y, de tener un alto rango de enfermedades de cáncer y diabetes en su población, se encuentra en un riego mayor con la instalación de este basurero de desechos tóxicos.

La instalación de este proyecto ha ocasionado conflictos agrarios, ya que los integrantes del ejido de Mezquite Segundo han demostrado en los tribunales que el confinamiento se edificó en su propiedad y no en el ejido de San Antonio, como se cita en el manifiesto de impacto ambiental.

El pueblo de Zimapán se ha organizado para rechazar la edificación del confinamiento por el efecto ambiental y las violaciones que la empresa española ha efectuado a las normas establecidas para su autorización.

Se desacató la orden judicial, emitida por el tribunal colegiado de distrito con sede en Pachuca, que otorga suspensión provisional al amparo interpuesto por el consejo municipal de suspender sus actividades, hasta que se comprobara que su funcionamiento no pondría en riesgo la vida y salud de los habitantes del municipio.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en el resolutivo número GPA.DGIRA.646.04, admite que no se realizó consulta pública sobre el proyecto.

Pese a estas resoluciones en favor del pueblo de Zimapán, la respuesta de sus peticiones ha sido la represión por los gobiernos federal y estatal a lo largo de más de dos años de lucha jurídica y de movilizaciones para defender su calidad de vida ante la empresa Befesa, cuyo historial de contaminación por el mal manejo de los materiales tóxicos ha sido denunciada por los grupos ambientalistas en Huelva, España.

El consejo municipal, a través de su presidente, ha buscado a las autoridades federales para encontrar una salida a su petición de cancelar este proyecto. Para ello ha solicitado a expertos en geología y ambiente estudios independientes que permitan conocer el efecto real del basurero tóxico.

A partir de que el dirigente de la resistencia contra el confinamiento de Befesa, José María Lozano Moreno, ganó la presidencia municipal de Zimapán, la Secretaría de Gobernación lo citó, el 2 de septiembre de 2009, a una reunión con el subsecretario de Gobierno, Jerónimo Gutiérrez Hernández; y el secretario de Gobernación de Hidalgo, Gerardo González Espínola.

Ante el temor de sufrir alguna medida judicial, el presidente municipal solicitó a organizaciones sindicales y de derechos humanos que lo acompañasen. El subsecretario de Gobernación planteó que, dada la resolución judicial, la empresa ha cumplido los requisitos establecidos, y se dan 24 horas para que entre en operación, con o sin el consentimiento de la representación municipal.

El ultimátum de la Segob pone en alerta a la comunidad de Zimapán, ante la posible entrada de la fuerza pública para permitir a Befesa empezar a funcionar pese a que la población esté en contra.

La Secretaría de Gobernación se ofreció a instalar una mesa de diálogo permanente para atender las peticiones de la comunidad, y se comprometió a convocar a las organizaciones para analizar las propuestas. A la fecha se está en espera del llamado.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a convocar a la instalación de la mesa de diálogo con la mayor brevedad con la representación de Zimapán, a fin de analizar y tomar las medidas conducentes que beneficien a la comunidad y evitar una salida represiva al problema.

Segundo. Convocar a las autoridades competentes, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Procuraduría Federal de Proteccón al Ambiente, para evaluar los impactos ambientales según las normas nacionales e internacionales a través de un tercero para garantizar la objetividad del resultado, y evaluar la viabilidad de la planta de residuos industriales, y la afectación del ambiente y de la calidad de vida de la población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la inversión del tramo carretero Nogales-Estación, así como la realización de obras complementarias de modernización en municipios derivados del convenio de coordinación celebrado por el entoncessecretario de Comunicaciones y Transportes, por parte del gobierno federal y el gobernador de Sonora.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo : Con su permiso, señor presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la inversión en el tramo carretero Nogales-Estación y a la realización de obras complementarias de modernización en municipios derivadas del convenio de coordinación celebrado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes --por el gobierno federal-- y el gobernador de Sonora.

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, representantes populares del estado de Sonora y pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exigir la inversión del tramo carretero Nogales-Estación Don de 5 mil millones de pesos, así como obras complementarias de modernización en municipios, derivado del convenio de coordinación que celebraron el 18 de septiembre de 2008, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes por parte del gobierno federal y el gobernador de Sonora al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 18 de septiembre de 2008 se firmó un convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal y el gobierno de Sonora para modernizar la carretera Estación Don-Nogales, ello con la finalidad de resolver la problemática operativa de dicha carretera y garantizar la seguridad de los usuarios en esta vialidad, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Lo anterior de conformidad con el comunicado de prensa número 191 emitido por la propia SCT en esa misma fecha.

En ese programa de modernización se contempla la rehabilitación del pavimento en tramos con un estado físico no satisfactorio, así como la ampliación de la sección transversal de los cuerpos de la carretera.

Incluye el reforzamiento del programa de residentes en las casetas fundición, la jaula y esperanza, con lo que 46 mil 724 usuarios registrados no pagarán peaje en estas localidades. Los habitantes que se beneficiarían son residentes de los municipios de Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en la caseta función; y la Jaula, Bacum, Cajeme, Quiriego, Vicam y Potam y Esperanza.

También se contempla la elaboración de los proyectos ejecutivos necesarios, para ampliar selectivamente la sección en ambos cuerpos de la carretera en los tramos con mayor índice de accidentes.

Este convenio resulta de interés para los sonorenses y ciudadanos de los estados vecinos de la región noroeste del país y los estados vecinos de Norteamérica, Arizona y California, por el intercambio comercial, turístico, industrial y de servicios en esta región que fue signado el convenio y los avances de las obras que hasta el momento se han realizado.

Es conveniente recordar que en los últimos años sonora fue azotada por fenómenos climatológicos atípicos como Juliette, Henriette, Lowell, Norbert y, recientemente, Jimena, que provocaron severos daños a la infraestructura carretera, lo que ha hecho perder competitividad a los diferentes sectores productivos del estado y del resto del país, afectando al turismo, comercio, industria, agricultura, ganadería y seguridad de los usuarios de dicha ruta de peaje.

Por todo lo anterior y tomando en consideración que ya se cumplió un año de la suscripción del referido convenio y hasta el momento, los sonorenses no tenemos ningún tipo de información oficial del inicio de las obras de dicho tramo, mismo que se encuentra en pésimas condiciones, nos permitimos presentar ante este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se dé cumplimiento al convenio suscrito por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Sonora referido al antecedente primero.

Segundo. Se informe a esta soberanía sobre los términos y condiciones en las que fue signado el mencionado convenio y, concretamente, se remita el programa inversión, adjuntando el calendario de ejecución así como los términos del proceso de licitación de la obra.

Tercero. Se informe también las obras adicionales de infraestructura complementarias en los municipios por donde cruza la carretera de cuatro carriles.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidada desistirse de las demandas interpuestas contra usuarios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por las protestas sociales contra el alza de las tarifas eléctricas.

El diputado Ramón Jiménez López : Gracias, señor presidente.

Quiero enviar desde esta alta tribuna de la nación un saludo a los dirigentes sociales René Muñoz Girón, Sonia Ríos, Artemio Zárate, Miguel Ordaz y Horacio Antonio Hernández por la valentía civil que han tenido para denunciar ante las autoridades correspondientes las irregularidades que afectan a decenas de miles de oaxaqueños, y mexicanos en general, por las altas tarifas del servicio de energía eléctrica.

Desde principios de la presente década se han incrementado de manera dramática los costos de las tarifas eléctricas en el país, las cuales superan hasta 25 por ciento las tarifas en Estados Unidos de América.

Con fecha 17 de febrero del año en curso, un grupo de ciudadanos se presentó ante las oficinas de la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad situada en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para exigir, mediante oficio dirigido al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la resolución y la reducción del precio de kilovatios, debido a los altos cobros del servicio.

El grupo en comento presentó el 20 de febrero de este año un oficio, dirigido a la licenciada Ana Pérez, jefa de la agencia administrativa de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, mediante el cual se solicitaba información por escrito sobre los motivos de los cobros excesivos y los cortes sucesivos del servicio de energía eléctrica.

Cinco días después se realizó una mesa de trabajo, en la que estuvo presente el ingeniero Eduardo Olivares Pérez, superintendente de la zona de Tehuantepec, de la Comisión Federal de Electricidad, y la comunidad afectada en esa reunión, representada por el ingeniero René Núñez Girón. En dicha mesa se signó una minuta de trabajo, con los siguientes puntos:

Uno. Que la Comisión Federal de Electricidad realizaría una revisión de los recibos considerados anormales y realizaría una refacturación, en caso de detectar algún tipo de error, con la aclaración de que a los usuarios cuyos recibos estén en revisión no se suspenderá el servicio. Estas revisiones deberán concluirse a más tardar el 6 de marzo del año en curso.

Dos. Que la Comisión Federal de Electricidad de la zona de Tehuantepec ofrecerá el apoyo de asesoría en ahorro de energía y se compromete a que, al término de la revisión de los recibos, instaurará un programa permanente de ahorro de energía.

Cabe señalar que la minuta se firmó por los funcionarios de la CFE ingeniero Eduardo Olivares Pérez y Ana Dinorah Pérez López, así como por el representante y por habitantes afectados. Sin embargo, los funcionarios no cumplieron los acuerdos, por lo que los ciudadanos afectados presentaron otro oficio, con fecha 12 de marzo, dirigido al ingeniero Eduardo Olivares Pérez, superintendente de la zona Tehuantepec de la CFE.

Debido a la falta de compromiso por parte de las autoridades y ante el marasmo institucional para hacer viables las demandas y los compromisos asumidos, el 23 de marzo se llevó a cabo una manifestación por la población afectada afuera de las oficinas de la CFE, haciendo uso de uno de los derechos más elementales consagrados en la Carta Magna: la libertad de manifestación.

En lugar de dar salida a las peticiones, que se realizaron conforme a derecho, las autoridades interpusieron una demanda ante el juez séptimo de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, por el delito de privación ilegal de la libertad, solicitando que se liberase orden de aprehensión contra los manifestantes, incluidos los ciudadanos que mencioné al inicio de esta intervención.

Señoras y señores diputados: nos preocupa que las autoridades de la CFE, ante reclamos de los ciudadanos de manera ordenada, pacífica, institucional, respondan de esta manera, a través del levantamiento de actas y consiguientes averiguaciones previas contra ciudadanos pacíficos.

Por eso, apelando a la sensibilidad de este honorable cuerpo colegiado, con fundamento en los elementos mencionados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. Que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad para que desista de las demandas interpuestas, así como para que cancele las órdenes de aprehensión, respecto de los sujetos a proceso jurídico, generadas de la protesta social, contra los usuarios de energía eléctrica en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.

Gracias por su atención. Solicito al presidente que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a desistirse de las demandas interpuestas contra usuarios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por la protesta social en repudio del alza de las tarifas, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Ramón Jiménez López , diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Desde principios de la presente década, se han incrementado de manera dramática los costos en las tarifas eléctricas en el país, las cuales superan hasta en un 25 por ciento las tarifas de Estados Unidos de América. La Secretaría de Hacienda y Crédito público fija las tarifas eléctricas, no existe un organismo independiente con capacidad técnica y de acceso a la información que supervise los costos en los que incurren las empresas eléctricas públicas. Prueba de ello es que cada día se manifiesta la población --a lo largo y ancho del territorio nacional-- en contra de los elevados costos, como es el caso de los pobladores de ciudad Ixtepec, en Oaxaca, quiénes además están enfrentado persecuciones por el hecho de manifestarse contra el alza de las tarifas eléctricas.

Con fecha 17 de febrero del año en curso, un grupo de ciudadanos se presentó ante las oficinas de la Agencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), ubicada en Ixtepec, Oaxaca para exigir, mediante oficio dirigido al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la reducción del precio de kilowatts, debido a los altos cobros del servicio. El incremento a las tarifas eléctricas domiciliaras, el ingreso per cápita por persona al día y las presiones de las instituciones para cumplir con el pago de la luz, ha ocasionado que un buen número de usuarios del servicio se estén manifestando en resistencia contra el pago desde hace algunos años. A partir del 2004 los usuarios en resistencia eran alrededor de 290 mil personas, en el 2008 sumaron 427 mil 420, durante el presente año, la resistencia y la organización frente a las altas tarifas se está extendiendo a estados de la República como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz.

El grupo en resistencia presentó el viernes 20 de febrero del presente, un oficio dirigido a la licenciada Ana Dinorah Pérez López, jefa de la Agencia Administrativa de la CFE de ciudad Ixtepec, Oaxaca, mediante el cual se solicitaba información por escrito, sobre los motivos por los cobros excesivos y evitar los cortes del servicio de energía eléctrica.

Cinco días después, se realizó una mesa de trabajo en la que estuvo presente el ingeniero Eduardo Olivares Pérez, superintendente de la zona de Tehuantepec de la CFE, y la comunidad afectada, fungiendo como coordinador, el ingeniero René Núñez Girón, donde se signó una minuta de trabajo en la que destacan los siguientes puntos:

Cabe señalar que la minuta se firmó por los funcionarios de la CFE, ingeniero Eduardo Olivares Pérez y Ana Dinorah Pérez López, así como por parte del representante y habitantes afectados. Sin embargo, los funcionarios no cumplieron con los acuerdos, por lo que los ciudadanos afectados presentaron otro oficio, con fecha 12 de marzo, dirigido al ingeniero Eduardo Olivares Pérez superintendente de la zona Tehuantepec de la CFE.

Debido a la falta de compromiso por parte de las autoridades y ante el marasmo institucional para hacer viable las demandas y los compromisos asumidos, el lunes 23 de marzo se llevó a cabo una manifestación, afuera de las oficinas de la CFE, por parte de la población afectada, haciendo uso de su derecho constitucional de libre manifestación plasmado en la Carta Magna.

En lugar de dar salida a las peticiones que se realizaron conforme a derecho, las autoridades interpusieron una demanda, ante el juez séptimo de distrito de Salina Cruz, Oaxaca, por el delito de privación ilegal de la libertad, solicitando se liberara orden de aprehensión en contra de los manifestantes según consta en la averiguación previa PGR/OAX/MR/073/2009.

Preocupa que las autoridades de la CFE pretendan penalizar las acciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen como derechos de los mexicanos, como lo establece en el artículo 9o. donde se establece que ``...no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la republica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.''

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee''

El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: ``Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.'', así como e l artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, indica que: ``Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática...''

Con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que se desista de las demandas interpuestas, la cancelación de todas las órdenes de aprehensión, la cancelación de los sujetos a proceso jurídico generadas de la protesta social en contra de los usuarios de Ixtepec, Oaxaca.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Como solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Energía.

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a honrar la memoria del generalísimo don José María Morelos y Pavón, mediante la realización de diversas acciones tendentes a conservar en buen estado y restaurar monumentos que evoquen al héroe, así como llevar a cabo la difusión de su biografía, logros y virtudes en radio y en televisión nacionales.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo : Compañeros diputados, señor presidente: Según frase de José Martí, ``honrar honra'', con motivo del acercamiento del bicentenario de la Independencia nacional justo es honrar a nuestros héroes.

Uno de los pilares fundamentales de la independencia es sin duda el cura José María Morelos y Pavón. Su indeclinable voluntad, su genio político y militar y su sensibilidad política lo convirtieron en pieza clave del movimiento insurgente hasta encabezarlo.

Resulta lamentable el mal estado que guarda un buen número de monumentos históricos erigidos a lo largo y ancho de la República en nombre del caudillo. Es el caso de dos estatuas que hay en Ecatepec de Morelos, México --donde, como todos sabemos, el Siervo de la Nación fue sacrificado--, a cuyo pie conmemoramos ayer los 244 años de su natalicio.

Aunado a lo anterior, en los contenidos televisivos y en los radiofónicos rara vez encontramos menciones trascendentes sobre hechos históricos relevantes para el país, por lo que considerando:

Primero. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son de utilidad pública la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos.

Segundo. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., 7o., y 44 de dicha ley, son competentes para la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Tercero. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es competencia de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y las de televisión dirigidas a la población infantil procuren la comprensión de los valores nacionales.

Cuarto. Que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Secretaría de Educación Pública tiene como atribución promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico.

Quinto. Que, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones de radio y las de televisión deberán efectuar emisiones diarias gratuitas con duración de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, las que serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Sexto. Que, con el paso del tiempo, distintos monumentos de don José María Morelos y Pavón han sufrido deterioro y destrucción; específicamente dos estatuas, situadas en Ecatepec de Morelos, México: una de ellas, de 1864; y otra, de la década de los ochenta.

Séptimo. Que, lamentablemente, los medios de comunicación electrónicos no dedican, desde nuestro punto de vista, tiempo suficiente para recordar hechos trascendentes de la historia de la nación.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al presidente de la República a instruir a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto de Antropología e Historia para que durante el año de celebración del bicentenario de la Independencia ejerza su facultad de conservación y restauración de los monumentos históricos que evoquen al generalísimo José María Morelos y Pavón, poniendo especial atención en los que residen en el lugar de la muerte de dicho caudillo.

Segundo. Se exhorta al presidente de la República a instruir a la Secretaría de Gobernación a efecto de que en los tiempos oficiales que la ley asigna al Estado se incorporen cápsulas conmemorativas sobre la vida, la obra y el legado del Siervo de la Nación.

Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a honrar la memoria del Generalísimo José María Morelos y Pavón mediante acciones tendentes a conservar en buen estado y restaurar monumentos que lo evoquen, así como a difundir en radio y en televisión su biografía, sus logros y sus virtudes, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Josué Cirino Valdés Huezo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Según frase de José Martí ``honrar honra'', con motivo del acercamiento del bicentenario de la independencia nacional justo es honrar a nuestros héroes.

Uno de los pilares fundamentales de la independencia es sin duda el cura José María Morelos y Pavón. Su indeclinable voluntad, su genio político y militar y su sensibilidad política lo convirtieron en pieza clave del movimiento insurgente hasta encabezarlo.

Resulta lamentable el mal estado que guarda un buen número de monumentos históricos erigidos a lo largo y ancho de la República en nombre del caudillo.

Es el caso de dos estatuas que hay en Ecatepec de Morelos, México --donde, como todos sabemos, el Siervo de la Nación fue sacrificado--, a cuyo pie conmemoraremos el próximo 30 de septiembre su natalicio.

Aunado a lo anterior, en los contenidos televisivos y en los radiofónicos rara vez encontramos menciones trascendentes sobre hechos históricos relevantes para el país, por lo que

Considerando

Primero. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, son de utilidad pública la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos.

Segundo. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., 4o., 7o. y 44 de dicha ley, son competentes para la protección, la conservación y la restauración de los monumentos históricos la Secretaría de Educación Publica y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Tercero. Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es competencia de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y las de televisión dirigidas a la población infantil procuren la comprensión de los valores nacionales.

Cuarto. Que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Secretaría de Educación Pública tiene como atribución promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico.

Quinto. Que, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones de radio y las de televisión deberán efectuar emisiones diarias gratuitas con duración hasta de 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, las que serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Sexto. Que, con el paso del tiempo, distintos monumentos de don José María Morelos y Pavón han sufrido deterioro y destrucción, específicamente dos estatuas situadas en Ecatepec de Morelos, México. Una de ellas fue construida en 1864 por el ingeniero Carlos Villada; y otra, en la década de 1980, se denomina La Trilogía. Desde nuestro punto de vista, el bicentenario de la independencia debería ser un buen motivo para rendir homenaje a los héroes que nos dieron patria.

Séptimo. Que, lamentablemente, los medios de comunicación electrónicos no dedican, desde nuestro punto de vista, tiempo suficiente para recordar hechos trascendentes de la historia de la nación.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la República a instruir a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto de Antropología e Historia para que durante el año de celebración del bicentenario de la Independencia ejerza su facultad de conservación y restauración de los monumentos históricos que evoquen al Generalísimo José María Morelos y Pavón, poniendo especial atención en los que residen en el lugar de la muerte de dicho caudillo.

Segundo. Se exhorta al presidente de la República a instruir a la Secretaría de Gobernación a efecto de que en los tiempos oficiales que la ley asigna al Estado se incorporen cápsulas conmemorativas sobre la vida, la obra y el legado del Siervo de la Nación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

COMISION ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA, REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo.

La diputada Martha Angélica Bernardino Rojas : Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea punto de acuerdo para la creación de una comisión especial encargada del seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo, teniendo como antecedente que la bonanza petrolera en los últimos años no ha sido aprovechada por los gobiernos que la han estado ejerciendo.

Así también, que los escenarios económicos internacionales han tenido una repercusión directa en la crisis de México, que las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado de economía competitiva y generadora del empleo, reconocen la infraestructura como la vía adecuada para la reactivación económica y el empleo.

Que muchos de los recursos presupuestarios destinados a la infraestructura carecen de una eficiente planeación, aplicación y fiscalización. Esa situación ha generado montos alarmantes de subejercicios.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manejado los fondos y fideicomisos de manera discrecional. Y que la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido una constante en los temas de infraestructura y generación de empleos. También, que hay grandes contradicciones entre los recursos programados y los ejecutados. Por tanto, es imprescindible que el Legislativo cuente con un instrumento que dé seguimiento puntual a los recursos programados por esta soberanía.

En síntesis, ése es el punto de acuerdo. Y solicito que tenga a bien inscribirlo de manera textual en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo, a cargo de la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La llamada bonanza petrolera del gobierno de Fox llegó a México justo cuando a todos los mexicanos se nos prometía una transición política en el poder, la esperanza quedó sembrada en millones de familias mexicanas, donde estudiantes, intelectuales, campesinos, obreros, indígenas y empresarios cansados de un sistema político bajo un régimen presidencialista, que no ofrecía ninguna alternativa de beneficio social para el pueblo, vieron en la alternancia una oportunidad para incrementar su calidad de vida. Desde ese momento, los ingresos totales del gobierno federal se han incrementado, específicamente los derivados de ingresos petroleros que han representado un promedio del 38.8 por ciento, durante el periodo 2003 a 2008.

En la elección presidencial de julio de 2006, la principal demanda social de los mexicanos fue la generación de empleos, tanto que el actual titular del Ejecutivo federal desde su campaña electoral se autodenominó ``Candidato del Empleo'', como una forma mediática de dar respuesta a esta demanda social; sin embargo, en los tres primeros años de su gobierno la tasa de desempleo se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a un 40 por ciento este año.

Es de conocimiento público que los escenarios internacionales han tenido una repercusión directa en dos factores fundamentales en México: menor actividad económica y menor precio y producción de hidrocarburos, situaciones adversas que han profundizado la crisis económica, evitando la generación de empleos y la inversión pública y privada. Las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado de ``Economía competitiva y generadora de empleo'' reconocen que la vía adecuada para la reactivación económica y el empleo es la infraestructura para el desarrollo.

Así, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación acuden cada año a esta soberanía autoridades de los estados y municipios que demandan recursos adicionales al gasto federalizado, con la intención de generar proyectos de inversión que permitan resolver rezagos de infraestructura social que son un detonador en el desarrollo regional y en la generación de empleos. Un problema inherente a la falta de recursos es el desconocimiento en los procedimientos adecuados para elaboración y gestión de los proyectos de inversión.

Las medidas presentadas en el Programa para la Reactivación del Crecimiento y el Empleo que dio a conocer el Ejecutivo federal el 9 de octubre de 2008 fueron viables, pero con montos de inversión insuficientes; sin embargo, cosa inusual, estas medidas contracíclicas fueron abaladas y recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

La respuesta inmediata a la política de reactivación económica será la inversión impulsada por el sector público, donde observamos que en el periodo 2007 a 2008 se ha incrementando hasta 12.76 por ciento. En el periodo correspondiente de 2008 a 2009 se elevó adicionalmente 6.3 por ciento. Cabe destacar que la inversión en infraestructura, excluyendo el petróleo como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en México es de alrededor del 2 por ciento.

El Banco Mundial estima que, tan sólo para alcanzar la cobertura universal de servicios básicos y atender el crecimiento de la demanda así como mantener el desarrollo adecuado a la infraestructura existente, se requiere una inversión entre 1.0 y 1.25 del PIB. No obstante que Corea del Sur, China y Singapur están asignando el 9 por ciento en términos del PIB en infraestructura para reactivar la economía.

Los esfuerzos del gobierno federal en materia de infraestructura serían postulantes para una excelente tesis doctoral, cuando en la realidad, los recursos presupuestarios que son aprobados a través de esta soberanía carecen de una eficiente planeación y aplicación, misma, que además de ser insuficientes, ha generado alarmantes subejercicios. Tal es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, donde en materia de infraestructura se destaca el comportamiento de las cifras de los subejercicios siguientes: en 2006 16.3 por ciento, en 2007 38.8 por ciento y en 2008 en 22.1 por ciento.

Como resultado de estos subejercicios se han ensanchado los fondos y fideicomisos, los cuales se han venido transfiriendo de manera discrecional por parte de las autoridades hacendarías. Ejemplo de lo anterior lo constituyen el Fondo Nacional de Infraestructura y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mismos que cuentan con un monto de 59 mil 30.47 millones de pesos, los cuales se están utilizando de manera gradual y arbitraria por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde la inversión privada no ha alcanzado su máxima participación. Incluso se tiene conocimiento de ayuntamientos a los que se les oculta la información para participar con capital privado en este esquema de reactivación Económica.

En el caso del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios el reporte al 30 de junio de 2009 es de 4 mil 914.2 millones de pesos, cuando la demanda de estos asciende aproximadamente a 30 mil millones de pesos. En el mismo caso se encuentra el Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura y el Fondo Regional, que reportan respectivamente 16 mil 191.1 millones de pesos y 122.3 millones de pesos. En este sentido, hago de conocimiento de este pleno que existe una omisión en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009 respecto del Fondo de Modernización para los Municipios, por un monto de 500 millones de pesos.

En este contexto y ante la falta de responsabilidad en la transparencia y rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los temas de infraestructura y generación de empleos, y dado que existen grandes contradicciones en los recursos programados y ejecutados, y ante un escenario de rescate económico resulta imprescindible que el Legislativo cuente con un instrumento que de seguimiento puntual a los recursos programados por esta soberanía, por lo que, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la creación de la Comisión Especial encargada del seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y el empleo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, diputada, se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates; yse turna a la Junta de Coordinación Política.

GAS METANO ASOCIADO AL CARBON

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la Repúblicaa que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación del gas metano asociado al carbón.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente : Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: los diputados federales por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, a través del de la voz, su servidor, Melchor Sánchez de la Fuente, sometemos a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con los siguientes motivos y antecedentes:

En noviembre de 2004, el gobierno mexicano, junto con otras 13 naciones, se adhirió a la Asociación para el Mercado del Metano, a fin de cooperar en el desarrollo de proyectos para la captura y el uso del gas metano como fuente de energía limpia y para mejorar el ambiente. Lo anterior toma especial importancia toda vez que este gas ha aumentado su presencia 151 por ciento durante el último siglo en la capa de ozono.

La explotación de este tipo de gas no convencional tiene una creciente importancia económica, llegando a representar cerca 15 por ciento de la producción doméstica del gas de Estados Unidos de América, y hasta 40 por ciento de Canadá, según datos del sistema integral sobre economía minera.

En nuestro país se explotan más de 15 millones de toneladas de carbón mineral cada año. De éstas, 95 por ciento se produce en la región carbonífera de Coahuila. Cuando sumamos a esta importante actividad minera la presencia de altas concentraciones de gas metano asociado al carbón y la ausencia de incentivos suficientes para invertir en el aprovechamiento de este gas asociado, resalta de manera considerable el riesgo de sufrir accidentes que corren los trabajadores de las minas de carbón.

Un ejemplo fue la explosión de gas metano ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde lamentablemente perdieron la vida 65 mineros.

El 9 de marzo de 2006, a propuesta de esta soberanía, fue aprobado el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley Minera, el cual establece el marco jurídico para la explotación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006.

Con esto se pretende, entre otros aspectos, evitar desgracias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos, donde perdieron la vida --como lo dije-- 65 mineros. Recientemente, en la mina Lulú perdieron la vida 2 mineros, también en Coahuila.

En estos momentos, las altas cargas impositivas hacen imposible la explotación del gas metano y dejan sin sentido la reforma mencionada. Además, deja a México sin la posibilidad del desarrollo económico, tan necesario, que podría beneficiar a muchos miles de mexicanos desempleados.

Me pregunto: ¿por qué detener la posibilidad de progresar? ¿Por qué tanta burocracia para lograr lo que a todos los mexicanos conviene? ¿Por qué hacer difícil lo que podría sacar de la pobreza a miles de mexicanos desempleados?

El tema de reactivación económica es prioritario y urgente. Tenemos un país rico en todos los aspectos. El gas es nuestro; aprovechémoslo. Detengamos la práctica de tirarlo al espacio y seguir contaminando el ambiente.

Nadie me va a contar lo que nuestros mineros sienten al arriesgar la vida en los trabajos día con día. He estado con ellos ahí, en su trabajo; ahí, en el tajo; ahí, en el pocito carbonero, donde apenas si caben a gatas los mineros, sin seguridad alguna que los proteja de gas tan dañino.

Compañeros diputados: respetuosamente les pido que aprueben este punto de acuerdo, dada la importancia que tiene la minería en el desarrollo económico del país, especialmente para estados como Coahuila.

Punto de acuerdo. Único. Se exhorta al presidente de la República a que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación del gas metano asociado al carbón, para evitar accidentes lamentables como el que sucedió en la mina Pasta de Conchos y, recientemente, en la mina Lulú, así como detener el deterioro ambiental de la región e impulsar el desarrollo económico, tan importante para México.

Señor presidente, le solicito que se integre en el Diario de los Debates este punto de acuerdo tal como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor presidente. Por su atención, a todos ustedes y a usted, presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República a emprender acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente , del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través del de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente , presentan a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En noviembre de 2004 el gobierno mexicano, junto con otras 13 naciones, se adhirió a la Asociación para el Mercado del Metano. El compromiso establecido por nuestro país fue cooperar en el desarrollo de proyectos para la captura y uso del gas metano como fuente de energía limpia, así como para mejorar el medio ambiente y reducir el efecto invernadero provocado por este gas. Lo anterior toma importancia significativa toda vez que, de los gases que producen efecto invernadero, el gas metano es el que ha aumentando su presencia en mayor proporción, con un 151 por ciento durante el último siglo. ¹ Asimismo, el gas metano es 21 veces más contaminante que el bióxido de carbono.

Por otra parte, el gas metano posee un amplio potencial de explotación económica y se encuentra contenido en formaciones de roca de baja permeabilidad o asociado al carbón. La explotación de este tipo de gas no convencional tiene una creciente importancia económica, llegando a representar cerca del 15 por ciento de la producción doméstica del gas de los Estados Unidos de América y hasta el 40 por ciento de Canadá según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera.

Es importante destacar la presencia del gas metano en los aprovechamientos de carbón mineral como un gas asociado. En nuestro país, se explotan más de 15 millones de toneladas de carbón mineral cada año, ² de estas, el 95 por ciento se producen en la región carbonífera de Coahuila. Cuando sumamos a esta importante actividad minera la presencia de altas concentraciones de gas metano asociado al carbón ³ y la ausencia de incentivos suficientes para invertir en el aprovechamiento de este gas asociado, se eleva de manera considerable, no solo la presencia de contaminantes de efecto de invernadero, sino el riesgo que corren los trabajadores de las minas de carbón de sufrir accidentes. Un ejemplo de esta circunstancia, fue la explosión de gas metano ocurrida el 19 de febrero del 2006, en la mina de Pasta de Conchos de Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de las minas de carbón y de evitar la contaminación y el desperdicio ocasionado con el venteo del gas de las minas carboníferas, el 9 de marzo de 2006, a propuesta de la esta honorable soberanía, fue aprobado el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley Minera, el cual establece el marco jurídico del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006.

Dicho decreto expone que ``... la extracción de carbón mineral está sujeta a la presencia de gas grisú (compuesto en su mayoría por gas metano) en sus yacimientos, empero, no obstante que este energético en lo económico es redituable, no se recupera ni se aprovecha.''

Por su parte, la Ley Minera en su artículo 19, fracción XIII, establece que ``El aprovechamiento puede darse de dos maneras: el autoconsumo y la entrega a Petróleos Mexicanos. En el caso del autoconsumo dependiendo de la forma en que se dé éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes correspondientes.''

Y en su inciso a) de la misma fracción establece que ``Los concesionarios de yacimientos para la explotación de carbón mineral podrán asociarse para recuperar, autoconsumir y aprovechar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, previa autorización de la Secretaría de Energía.''

Sin embargo, ante una clara falta de interés en el tema y una actitud irresponsable y desinteresada por parte del Gobierno Federal, a pesar de los beneficios ambientales, de desarrollo económico regional y nacional, y, sobretodo, de la seguridad para los mineros que brinda el tener certidumbre legal para la extracción del gas asociado al carbón, el reglamento para poder realizar la explotación del gas tardó 2 años, 6 meses en publicarse. No fue sino hasta el pasado 16 de diciembre de 2008 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral.

En estos momentos las altas cargas impositivas hacen imposible la explotación del gas metano y dejan sin sentido la reforma aprobada por esta soberanía.

Por lo antes descrito, los diputados suscribientes, presentamos a esta honorable soberanía, dada la importancia de este tema para la minería nacional y especialmente para Coahuila, el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta al presidente de la República a que tome acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón. Para evitar accidentes lamentables como sucedió en la mina Pasta de Conchos y, recientemente, en la mina Lulú; así como detener el deterioro ambiental de la región e impulsar el desarrollo económico.

Notas: 1 Tercer Informe de Evaluación del IPCC: Cambio Climático 2001. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 2 Cámara Minera de México. http://www.camimex.org.mx/ 3 Instituto Mundial del Carbón. http://www.worldcoal.org/coal/coal-seam-methane/coal-mine-methane/

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Como solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates; ytúrnese a la Comisión de Energía.

Señoras diputadas y señores diputados, acabamos de recibir diversas comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de éstas.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno, la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se solidarice con el pueblo y gobierno de la República de Guatemala, enviando ayuda urgente para mitigar los efectos de la sequía que azota a la población de ese hermano país.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno, la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se ejecuten los recursos programados del Fonden, Sagarpa y Conagua, para mitigar los efectos del huracán Jimena en el estado de Baja California Sur.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobados.

En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo para solidarizarse con el pueblo y el gobierno de la República de Guatemala.

REPUBLICA DE GUATEMALA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solidarizarse con el pueblo y el gobierno de Guatemala, enviando ayuda urgente para mitigar los efectos de la sequía que azota a la nación hermana

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados federales, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que el gobierno mexicano se solidarice con el pueblo y gobierno de la República de Guatemala, enviando auxilio consistente en alimentos y medicinas que permitan mitigar el grave efecto del fenómeno de la sequía que azota a la población de ese hermano país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo relativo a los efectos del huracán Jimena en Baja California Sur.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ejecutar los recursos programados del Fonden, de la Sagarpa y de la Conagua para mitigar los efectos del huracán Jimena en Baja California Sur

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objetivo del presente, que presenta la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Gobernación, radique de manera urgente los recursos programados y extraordinarios del Fonden para mitigar los daños provocados por el huracán Jimena en los municipios de Comondú y Mulegé, de Baja California Sur.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal que constituya, de manera inmediata, una mesa de trabajo con las dependencias involucradas: gobierno federal, estatal y municipal, sectores productivos y legisladores federales y estatales, para agilizar, seguir y evaluar los trabajos de la reparación de los daños en los municipios afectados.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que establezca de manera urgente un programa emergente en el que se asignen recursos para apoyar a los sectores agropecuario y pesquero de estos municipios.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara para que contemple ampliaciones de recursos en los programas de apoyo a los sectores agropecuario, y pesquero de Baja California Sur para el ejercicio fiscal de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias.

Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias.Aprobado.

Señoras diputadas y señores diputados, en razón de que se han cumplido más de las cinco horas de duración de la presente sesión que establece el artículo primero del acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia a las sesiones, y con fundamento en las atribuciones que confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 16:39 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas
• Quórum a la apertura de sesión: 329 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 441 diputados
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Minuto de silencio: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Aprobados: 2
Oradores en tribuna: 64PRI-31 PAN-6 PRD-13 PVEM-1 PT-8 Nueva Alianza-3 Convergencia-2
• Se recibieron:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federala ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
• 1 oficio del Banco de México;
• 2 oficios del Congreso del estado de Michoacán con los que remite acuerdos;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Michoacán;
• 1 iniciativa de senadores del PRD;
• 1 iniciativa de senador del PRI;
• 31 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 15 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas del PT;
• 3 iniciativas de Nueva Alianza
• Autopista del Sol: 137
• Autopista del Sol: 139
• Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 48
• Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos: 92
• Comisión Especial para el seguimiento de la inversión pública en infraestructura, reactivación económica y empleo: 197
• Estado de Tabasco: 170
• Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo: 87
• Artículos 4o., 27, 73 y 115 constitucionales: 66
• Acta de la sesión anterior: 23, 24
• Acta de la sesión anterior: 24
• Día Nacional del Maíz - Maíz transgénico: 172
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 161
• Tarifas eléctricas: 180
• Código Federal de Procedimientos Penales- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 112
• Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México: 139
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 40
• Día Nacional del Maíz: 159
• Percepciones de servidores públicos: 183
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 145
• Ley del Impuesto al Valor Agregado: 103
• Ley Federal del Trabajo: 116
• Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única: 46
• Ley Federal del Trabajo: 96
• Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos: 81
• Diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso : 36
• Estado de Hidalgo: 189
• Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 83
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 149
• Estado de Oaxaca: 192
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 39
• Ley del Servicio de Administración Tributaria: 34
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental: 36
• Programa de Apoyo Directos al Campo: 156
• Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México: 123
• Tarifas eléctricas: 183
• Tarifas eléctricas -Estado de Veracruz: 129
• Estado de Sonora: 191
• Comisión Especial del Café: 127
• Comisión Especial para dar seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec: 142
• Comisión Especial de la Industria Automotriz: 120
• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 59
• Ley de Coordinación Fiscal: 109
• Parque Nacional La Malinche: 164
• Distrito Federal: 178
• Teresa González - Alberta Alcántara: 133
• Cámara de Diputados: 168
• Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos: 90
• Acta de la sesión anterior: 24
• Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos: 38
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 151
• Pago de aguinaldos: 154
• Gas metano asociado al carbón: 199
• Ley que Crea la Pensión Universal a favor de las Personas de 70 Años y Más: 62
• Ley General de Salud: 42
• Ley Federal del Trabajo: 120
• José María Morelos y Pavón: 195
• Sindicato Mexicano de Electricistas: 187
• Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución: 122
• Artículo 28 constitucional: 54
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 175
• Ley de Coordinación Fiscal: 100
• Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 164

• Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo (PRI).• Arizmendi Campos, Laura (Convergencia).• Báez Ceja González, Víctor Manuel (PRD). • Bellizia Aboaf, Nicolás Carlos (PRI). • Bernardino Rojas, Martha Angélica (PRD). • Burelo Burelo, César Francisco (PRD).• Campos Villegas, Luis Carlos (PRI). • Cárdenas Gracia, Jaime Fernando (PT). • Cárdenas Gracia, Jaime Fernando (PT).• Castillo Juárez, Laura Itzel (PT).• Castillo Juárez, Laura Itzel (PT). • Castro Ríos, Sofía (PRI). • Damián Peralta, Esthela (PRD).• Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI). • Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI).• Duarte de Ochoa, Javier (PRI). • Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT).• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo (PT). • Flores Castañeda, Jaime (PRI). • Flores Escalera, Hilda Esthela (PRI). • Flores Espinosa, Felipe Amadeo (PRI).• García Granados, Miguel Ángel (PRI). • Gastélum Bajo, Diva Hadamira (PRI).• Gastélum Bajo, Diva Hadamira (PRI). • Gómez Caro, Clara (PRI). • Hernández Juárez, Francisco (PRD).• Herrera Soto, María Dina (PRD). • Jiménez León, Pedro (Convergencia). • Jiménez López, Ramón (PRD).• Kahwagi Macari, Jorge Antonio (Nueva Alianza). • Kahwagi Macari, Jorge Antonio (Nueva Alianza). • Kahwagi Macari, Jorge Antonio (Nueva Alianza).• Leyva Hernández, Gerardo (PRD). • López Fernández, Juan Carlos (PRD). • López-Portillo Basave, Jorge Humberto (PRI).• Manzur Díaz, Salvador (PRI). • Mariscales Delgadillo, Onésimo (PRI).• Martínez Martínez, Carlos (PAN).• Mejía de la Merced, Genaro (PRI). • Moreira Valdez, Rubén Ignacio (PRI). • Moreira Valdez, Rubén Ignacio (PRI)). • Moreno Arcos, Mario (PRI).• Natale López, Juan Carlos (PVEM).• Pérez Ceballos, Silvia (PAN).• Quezada Contreras, Leticia (PRD). • Quiñones Cornejo, María de la Paz (PAN).• Quiroz Cruz, Sergio Lorenzo (PRI). • Ramírez Acuña, Francisco Javier (PAN).• Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI). • Rebollo Vivero, Roberto (PRI).• Rodríguez Regordosa, Pablo (PAN).• Sánchez de la Fuente, Melchor (PRI).• Serrano Jiménez, Emilio (PRD). • Téllez González, Ignacio (PAN).• Uranga Muñoz, Enoé Margarita (PRD).• Valdés Huezo, Josué Cirino (PRI).• Vargas Fosado, Ardelio (PRI).• Vázquez Camacho, María Araceli (PRD). • Vázquez González, Pedro (PT).• Villarreal Salinas, Jesús Everardo (PRI). • Zamora Cabrera, Cristabell (PRI).• Zarzosa Sánchez, Eduardo (PRI).