SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que hay registrados previamente 383 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:46 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establece el calendario correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se crea la Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales. (Votación)

Por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura. (Votación)

Por el que se designa a las integrantes y los integrantes que representarán a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. (Votación)

Por el que se exhorta al gobierno federal a iniciar, a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, campañas de prevención y atención a la población por la epidemia de influenza AH1N1. (Votación)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de agosto de 2009.

Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur

Con el que remite acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a destinar recursos suficientes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana AH1N1 y distribuir a las Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación.

Oficio del Congreso del estado de Chihuahua

Con el que remite acuerdo para que, en el momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, exista la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y/o corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal.

Oficio del Congreso del estado de Colima

Con el que remite acuerdo para que en la miscelánea fiscal de 2010 no se aprueben nuevos impuestos ni se incrementen las tasas en los ya existentes.

Oficio del Congreso del estado de Oaxaca

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 se etiqueten recursos para aplicarlos directamente a un programa de apoyo a los pequeños productores que cultivan y resguardan las cerca de sesenta razas criollas de maíz.

Oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que remite acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa con la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Con el que remite acuerdo para exhortar al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar su presupuesto, con la finalidad de realizar economías para ser destinadas a los programas de orden social.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado.

Con el que remite los informes finales de la revisión a la matricula pública de educación básica del ciclo escolar 2008-2009 y a las nóminas pagadas de los tres niveles de educación básica, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2009.

Con el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2009.

Con el que remite el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, y de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, correspondiente al cuarto bimestre.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 F y 222 de la Ley del Seguro Social, presentada por Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o. y 14 de la Ley de Comercio Exterior, presentada por Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca, y de Ciencia y Tecnología a aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 mayores recursos para la ciencia y la tecnología pesqueras y acuícolas del país y el Instituto Nacional de Pesca, presentada por Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza AH1N1 y el dengue, presentada por María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo encargada de poner en operación las acciones de urgencia y aplicar recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de Comondú y de Mulegé, Baja California Sur, afectados por el huracán Jimena, presentada por Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela para aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Danneborg, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Hugo Argote Oropeza para que pueda aceptar y usar la medalla al mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Fernando Morales Martínez y Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Oscar Martín Arce Paniagua, Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 151 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la realización anual del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre la Comisión de Concordia y Pacificación, a cargo del diputado Luis Hernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas conducentes a que Pemex reduzca en 40 por ciento el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a integrar la conferencia de comisiones a fin de concluir el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, suscrita por los diputados Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes y Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación de Liconsa, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho y suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a la población mediante la Secretaría de Salud sobre los grupos que recibirían la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar los recursos aprobados por esta soberanía para concluir la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro, hasta Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener a través de la Sagarpa el uso experimental de maíz transgénico en el país, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de citricultura, a cargo del diputado Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial nacional del empleo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuernavaca, como beneficiarias del Fondo Metropolitano, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec a cargo del diputado José Manuel Aguero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención de migrantes de los estados, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita un programa nacional de operación sin contaminación ambiental en ingenios azucareros de México, y que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nueva propuesta hacendaria que contribuya al desarrollo económico del país, mediante la adopción de un plan estratégico de un sistema ágil y expedito de recaudación que no incremente ni cree impuestos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a garantizar a los campesinos su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural; y a aportar de manera urgente recursos financieros que formen un subsidio que permita en 2010 adquirir insumos agrícolas básicos, particularmente a los afectados por la sequía atípica en Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un comité de trabajo que estudie las normas operativas de la regulación de las guarderías subrogadas del IMSS para dotarlas de mayor calidad y seguridad, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación universitaria, a cargo del diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 183, sobre la protección de la maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere destinar recursos a diversas adquisiciones y obras para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del gobierno federal a elaborar, a través de la SHCP, de la SCT, de la Sectur y de la SE, así como del titular de la Conagua, un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial en materia de protección civil, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos económicos para la estabilidad y el fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se cancele la licitación pública internacional número 16101037-063-08, relativa al diseño y la construcción de la presa El Zapotillo, en el Río Verde, de Jalisco; y, consecuentemente, de que se detenga el inicio de su edificación, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios de la estructura y evaluar el desempeño de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se realicen las reasignaciones financieras necesarias, particularmente en el capítulo 1000 del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud cuente con recursos que le permitan concluir la regularización integral en salario y prestaciones de los trabajadores de su adscripción que laboran en condiciones precarias, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo del diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para los programas dirigidos a atender a los pueblos y a las comunidades indígenas, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a respetar las garantías de legalidad y audiencia, y los derechos humanos y laborales de los trabajadores magisteriales de Valle de Chalco desplazados de sus funciones desde el 16 de agosto de 2009, así como la integridad física y moral de quienes mantienen huelga de hambre frente a la casa de gobierno, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dictar a través de la Secretaría de Salud la norma oficial mexicana de prevención y atención integral de salud y enfermedades mentales, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar zona de desastre diversos municipios de Hidalgo por las intensas lluvias de los últimos días y a solicitar la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Oscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a desistirse de presentar ante el Legislativo federal la ``iniciativa Lozano de reformas de la Ley Federal de Trabajo'', o equivalente; y a iniciar al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que conlleve la tutela de los derechos históricos de ésta, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de educación indígena a través de la Dirección General de Educación Indígena, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a excitar a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas para que presente el dictamen relativo al problema territorial entre Jalisco y Colima, suscrita por los diputados Gustavo González Hernández y Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos que permitan atender la problemática de asentamientos humanos irregulares, a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público para la adquisición de vivienda destinada a los habitantes establecidos en zonas de alto riesgo en Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática que aqueja a la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago y evaluar las propuestas y los acuerdos dados por los actores involucrados en los últimos años, y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a tan grave crisis ambiental, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se sume al reconocimiento internacional de la Conavi y del Infonavit por haber obtenido el premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos para el Programa 3x1 para Migrantes, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar recursos para establecer un sistema nacional de extensionismo rural, con 13 mil 500 asesores técnicos que atiendan municipios, sistemas producto, y cadenas productivas y ejidos, y apoyen a los actores productivos a efecto de hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz respecto a la tasa de incidencia del dengue clásico y hemorrágico en la entidad, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y en los privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirir y aplicar la vacuna contra la influenza AH1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas; y a la Profeco, a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en prácticas dolosas, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el impulso y la generación de fuentes alternativas de bioenergía, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las operaciones que el consorcio extranjero Sempra Energy realiza en México, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destine al menos cinco por ciento de los recursos otorgados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para crear un plan nacional piloto de autoproducción alimentario, con objeto de que las familias beneficiadas puedan generar alimentos y crear agronegocios, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados a crear un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios.

Con motivo de la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Agenda política

Comentarios sobre el Bordo Poniente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a las solicitudes de licencia que presentaron diversas diputadas en la LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre los jóvenes baleados el día de ayer por el Estado Mayor Presidencial en el centro de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la integración de comisiones y comités en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior...

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señora secretaria. Desea hacer uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. ¿Desde la curul, señor diputado?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): No. Quiero subir a tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Ciudadano señor presidente, ciudadanos legisladores, los que ya están sentados y los que todavía están platicando:

He pedido el uso de la palabra para una observación respetuosa sobre el orden del día. Sé que se ha discutido esta mañana en la Mesa Directiva. Resulta que aprobamos un formato de orden del día en el cual el debate político se queda para el final, para la próxima sesión o para la próxima semana, y sobreabundan los puntos de acuerdo.

Espero, como muchos legisladores, que esta anomalía sea corregida, porque el debate sobre los temas fundamentales de la nación ocurre cuando el quórum ya se ha disuelto o cuando la fatiga ha ganado la batalla parlamentaria. No olvidemos que esta Cámara y el Congreso de la Unión tienen como función legislar, así como el Ejecutivo tiene como función administrar; pero ambos somos Poderes del Estado. Y aquí se deposita no sólo la representación nacional, sino la conciencia crítica del país.

El tema de hoy es el atraco estructural al Sindicato Mexicano de Electricistas. Le llamo atraco estructural porque es un avance de las privatizaciones que vienen y de la flexibilidad laboral que se pretende.

Antes de precarizar la condición de los trabajadores, han decidido precarizar a los propios sindicatos. Le han quitado al Sindicato Mexicano de Electricistas una concesión que tenía para fibra óptica en comunicaciones y se la han dado a una empresa de origen español que se llama WL Comunicaciones, cuyos dueños ahora son altos dignatarios y personalidades del partido en el gobierno.

La intención es disminuir, eliminar la resistencia del sindicato, para proceder a la fusión de las empresas y después a la privatización de las mismas, como antecedente del alza desmesurada en el costo de la electricidad.

La negativa de la toma de nota al sindicato por parte de la Secretaría del Trabajo ---lo dice un antiguo titular de esa dependencia--- es ilegal. Se trata de un procedimiento administrativo de registro, que nada tiene que ver con el registro que prevé la ley para la constitución de los sindicatos y en la cual se establece que, en ningún caso, podrá negarlo la autoridad correspondiente.

La Junta de Conciliación y Arbitraje en la esfera federal y las de la esfera local no tienen competencia para intervenir en las elecciones internas de los sindicatos. No son un IFE laboral ni menos un Trife.

Llegará el día, que espero sea próximo, para el respeto de la libertad y autonomía sindicales, en el que la ley prevea un sistema que garantice, en plenitud, la libre expresión de los trabajadores.

La Convención 87, sobre la libertad sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, estipula claramente que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes, y a todas las actividades y programas de acción de las organizaciones sindicales.

La fracción XXVI del artículo 123 de la Constitución establece el derecho de los empresarios y de los trabajadores para organizarse libremente, y ningún registro es constitutivo de este derecho.

Termino diciendo que a Lozano hay que cortarlo por lo sano. Las organizaciones sindicales ya han pedido su renuncia desde que expresó, desde su función, que la Ley Federal del Trabajo era inaplicable y nociva a las relaciones obrero-patronales. Habiendo prometido cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, no solamente es reo de juicio político, sino debe exigir esta representación su renuncia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le comento, señor diputado, que es tema que vimos hoy en la Mesa Directiva y que estaremos desahogando los temas pendientes de la sesión anterior, a efecto de poder cumplir los acuerdos de la última sesión que suspendimos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Se lo agradezco mucho, señor presidente. Olvidé nombrar a muy connotados dirigentes sindicales como Tereso Medina, como el propio Francisco Salazar, quien fue líder de trabajadores en la Universidad de San Luis, como Francisco Hernández Juárez, como tantos otros. Son no solamente alusiones en términos de la ley, son menciones precisas. Muchas gracias.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría siga con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves primero de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 329 diputadas y diputados, a las 11 horas con 39 minutos del jueves primero de octubre de 2009, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Ante la votación económica del acta de la sesión anterior, desde sus respectivas curules los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, hacen comentarios en relación con la integración de las mesas directivas de las comisiones ordinarias y el presidente hace las aclaraciones correspondientes.

Se recibe de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del 201 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, que tendrá lugar el 4 de octubre a las diez horas, en el monumento erigido en su memoria. Se designa comisión de representación.

Se recibe del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación oficio por el que se comunica la reducción de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2010. De enterado. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se recibe oficio del Banco de México con el que remite informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2009, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se reciben oficios de los Congresos de los estados de:

Se recibe del Congreso de Michoacán, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que remite iniciativas con proyecto de decreto:

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Desde su curul, la diputada Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del hijo del diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso, del Partido Acción Nacional. El presidente solicita a la asamblea ponerse de pie para tal efecto.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto a los diputados:

A las 12 horas con 46 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 441 diputadas y diputados.

Se recibe del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

La Secretaría da lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se incluyan en el orden del día, las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

En sendas votaciones se acepta la inclusión y se aprueban los acuerdos de referencia. Comuníquense.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausura la sesión a las 17 horas con 39 minutos y cita para la que tendrá lugar el martes 6 de octubre 2009 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente punto, que es proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos... Continúe el secretario.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno establece el siguiente:

Transitorio

Único. Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

En votación económica, solicito a diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 34, numeral 1, incisos a), b) y c), 42, 43, numerales 3 y 4, y 45, numerales 1, 2, 3, 6 y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 71, 78, 89 y 90 de su Reglamento Interior y al tenor de las siguientes

Consideraciones

Y con fundamento de las disposiciones invocadas en el proemio, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales, cuyo objeto será revisar la estructura y composición del presupuesto de gastos fiscales para identificar y corregir la estructura fiscal que, en forma equitativa y proporcional, incremente los recursos tributarios.

Segundo. La Comisión Especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.

El número podrá ser mayor a treinta miembros a efecto de integrar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a incorporarse en razón de la proporción.

La Comisión Especial se integrará con los siguientes diputados:

Tercero. La presidencia de la comisión durará por el tiempo de funcionamiento de ésta.

La comisión funcionará por el primer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

COMITE DE ADMINISTRACION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura

La Junta de Coordinación Política, en atención de los siguientes

Considerandos

Por las razones anteriores, los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política en la LXI Legislatura, en los términos del artículo 34 y de los numerales primero y tercero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. El Comité de Administración tiene por objeto apoyar a la Junta de Coordinación Política en todo lo relacionado con las atribuciones administrativas que la normatividad le asigna.

Con ese carácter podrá elaborar resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; formulará el anteproyecto anual de presupuesto de egresos de la Cámara y supervisará todo lo relacionado con su ejercicio, control y evaluación; vigilará y autorizará los asuntos relativos a los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parlamentarios, apoyos a las comisiones y comités y los que, en su caso, correspondan a los diputados. Además, participará en la supervisión de lo relacionado con obras y servicios de cualquier naturaleza, viajes nacionales y viáticos, y las otras facultades que le asigne la Junta de Coordinación Política.

Asimismo, el Comité de Administración promoverá la instauración de las mejores prácticas administrativas en la Cámara.

La Junta de Coordinación Política instruirá al Comité de Administración sobre los asuntos de su atención, que los resolverá mediante acuerdos específicos y de cuyo cumplimiento informará formalmente a la Junta.

Segundo. El Comité propiciará las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y de cualquier otro ordenamiento que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas de la Cámara, en estrecha coordinación, en todo lo que proceda, con la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero. El Comité de Administración se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular y el segundo con carácter de sustituto. Este último podrá acudir a todas las reuniones con derecho de voz, pero sólo ejercerá el voto cuando no asista el titular.

El coordinador correspondiente podrá solicitar la sustitución de un miembro, en los términos previstos en el artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica.

Cuarto. De conformidad con el acuerdo anterior, el Comité de Administración quedará integrado en la forma siguiente:

Quinto. A las reuniones del Comité de Administración concurrirá el secretario general de la Cámara, con voz pero sin voto, acompañado del secretario de Servicios Administrativos y Financieros y, en su caso, de los funcionarios que requieran los temas por tratar.

Para los efectos de suplencia del secretario general en las reuniones del Comité de Administración se estará a lo dispuesto en el artículo 52, numeral 2, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. El Comité de Administración será presidido anualmente por el diputado titular perteneciente al grupo parlamentario de quien presida la Junta de Coordinación Política.

Séptimo. El presidente tendrá facultades para convocar a las reuniones del Comité, que serán ordinarias para el seguimiento de asuntos programados y extraordinarios cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse sobre asuntos que así se consideren. Las ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante citatorio escrito remitido por lo menos con tres días de anticipación, el citatorio a reuniones extraordinarias será también por escrito y en ambos casos se deberá contar con el acuse de recibo correspondiente, a las reuniones extraordinarias se convocará con la mayor antelación posible a la fecha de su celebración. Los citatorios deberán consignar el orden del día correspondiente.

En caso de que el presidente no convoque a la sesión ordinaria prevista, o a una extraordinaria solicitada, éstas deberán realizarse mediante la convocatoria de por lo menos tres miembros del Comité.

El quórum requerido será el de la presencia de un número de representantes de los grupos parlamentarios que en conjunto representen 251 votos o más.

Octavo. Para apoyar sus tareas, el comité contará con un secretario técnico, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten y les dará el seguimiento correspondiente.

Noveno. El Comité de Administración tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el Comité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual uno de los diputados, representando a su grupo parlamentario, ejercerá tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo.

Décimo. El Comité actuará de acuerdo con un programa de trabajo anual que será aprobado por la Junta de Coordinación Política dentro de los primeros 30 días de cada año de ejercicio constitucional. En el primer año de la legislatura, el plazo será de 60 días. El Comité informará a la Junta de manera mensual sobre el avance en el cumplimiento del programa.

Décimo Primero. El Comité determinará su propia organización y funcionamiento y los recursos que requiera para cumplir su responsabilidad.

Asimismo, el Comité de Administración, para cumplir las facultades que le han sido asignadas, podrá organizarse en los subcomités o grupos de trabajo que estime conveniente crear, definiendo la integración y las tareas específicas de los mismos.

Décimo Segundo. En términos de lo previsto en el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 47, 49, 50 y 52 del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, la Secretaría General publicará las actas y los acuerdos del Comité de Administración.

Décimo Tercero. Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política, que podrá revocar los acuerdos tomados por el Comité de Administración.

Transitorio

Único. El Comité de Administración comenzará a operar en apoyo de la Junta de Coordinación Política el mismo día en que se adopte este acuerdo.

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el presente acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría está por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los representantes de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, designa como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, a las siguientes diputadas:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Grupo Parlamentario del Partido Convergencia

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

INFLUENZA AH1N1

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno federal a iniciar a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública campañas de prevención y atención de la población por la epidemia de influenza AH1N1

La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a iniciar a través de la Secretaría de Salud la campaña de vacunación contra el virus de la influenza A HIN1 de todos los alumnos y las alumnas incorporados al sistema educativo nacional y de todos los docentes y trabajadores administrativos, con el propósito de prevenir el contagio en escuelas y centros de trabajo del sector.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a llevar a cabo una campaña de información a través de la Secretaría de Educación Pública, para toda la población estudiantil, docente y administrativa del sector, haciendo énfasis de las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en los cuales se podrá acudir a recibir la vacuna.

Tercero. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, secretaria. Sí, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, sobre este tema que va a poner a votación...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con objeto, diputado presidente, de manifestar mi voto en contra, razonarlo. Se ha hecho una manipulación del tema, del virus, al que se está haciendo referencia.

Hubo una campaña del gobierno usurpador, previa a la elección del 5 de julio, en la que hubo una evidente manipulación, un manejo de las cifras, con intención política; un daño a la economía por un manejo ligero e irresponsable. Me parece que la determinación que esta soberanía va a tomar, en el sentido de que empiecen a aplicarse las vacunas en los términos planteados, es una decisión incorrecta.

Creo que esta decisión tendría que pasar por una revisión muy seria del tema, efectivamente, sobre la dimensión de la enfermedad, los casos; los costos que ha tenido la compra de estas vacunas, su, efectivamente, eficacia, que me parece que esconde más un negocio de compra de este tipo de medicamentos y no una verdadera solución a un problema de salud pública, que no existe.

Hay casos muy graves en los que sí hay pandemia, como el del sida, y no se ha tenido ninguna respuesta ante las dimensiones y las características de esta enfermedad. Sin embargo, en el caso del virus AH1N1, la propia Cámara de Diputados está a punto de tomar una determinación que no ha sido discutida, que no ha sido revisada con seriedad, lo que me parece una cosa incorrecta.

Por tanto, pediría que se turne, como todos los demás casos, a un análisis de las comisiones, a la propia Junta de Coordinación, aunque esta está avalando, de entrada, este documento. O en su defecto que no se tome en este momento una determinación o que se haga una revisión seria del mismo, en el debate necesario. Esto es lo que estoy planteando, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Sólo que a la hora que turnamos no hubo oposición al trámite; por tanto, le pido a la Secretaría proceda a continuar con el trámite en este tema.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaría diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamente en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a agosto de 2009. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con agosto de 2008. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para agosto de 2009. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a agosto del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 459 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Le solicito que continúe con el oficio del Congreso del estado de Baja California Sur.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Baja California Sur.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

En sesión pública ordinaria celebrada hoy, el honorable Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente, entre otros resolutivos

Quinto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana AH1N1, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen recursos suficientes y bastantes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana AH1N1, y éstos se destinen a las Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación a la población civil.Sexto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana AH1N1, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida especial para que el sector salud de Baja California Sur (BCS) cuente con un laboratorio PCR para que, en nuestro estado, se realicen las pruebas de detección inmediatas para tener un diagnostico temprano, evitando que los síntomas en la población se agraven y pongan en peligro su vida.

Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Baja California Sur.

Diputado Guillermo Santillán Meza, Presidente del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XII Legislatura al Congreso de BCS.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, estimados medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan en este recinto, el que suscribe, Adolfo González Agundez, diputado local por Baja California Sur e integrante de la fracción parlamentaría del Partido Acción Nacional en la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 109 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La epidemia de la influenza humana registrada a principios de marzo nuestro país, sin duda alguna fue causante que se ahondara la crisis económica que actualmente padecemos.

La desaceleración económica de Estados Unidos de América, uno de los principales mercados emisores de la economía global, tuvo fuertes repercusiones sobre diversos sectores económicos de México, particularmente sobre la actividad turística, ya que al afectar el ingreso de los hogares propició una desaceleración en el flujo de turistas a nuestro país. Este fenómeno se agudizó al finalizar abril del presente año por el brote epidemiológico de influenza tipo A (H1N1), registrando muertes por esta causa, con lo que disminuyó la actividad de algunos de los principales destinos turísticos del país casi en su totalidad. Nuestro Estado, sin duda, resintió los efectos de esta pandemia al desplomarse las actividades turísticas en los destinos de playa más importantes de nuestro Estado, como lo son Los Cabos, La Paz y Loreto, que vieron mermada la afluencia de turistas por este virus.

Una vez pasada la contingencia sanitaria, las actividades turísticas en nuestro Estado empezaron a repuntar con la visita de turismo nacional e internacional, lo que mejoró las condiciones de este sector prioritario para la entrada de divisas. Asimismo, en esas fechas no se registraron defunciones por causa de este virus AH1N1. Pero que con las medidas oportunas de las Secretarías de Salud, federal y locales, de recomendar a toda la comunidad sobre las medidas de higiene, tanto corporal como en los alimentos, afortunadamente no se registraron defunciones por esta causa.

Aunado a las medidas sanitarias que implantó el gobierno federal y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, alertaron a los países del orbe a que no se relajaran las medidas sanitarias dado que un ``rebote'' de este virus tendría lugar en la temporada de otoño-invierno, del cual no se podía medir su magnitud.

Hoy, la Secretaría de Salud federal estima que este rebote tendrá una afectación de 5 por ciento de la población mexicana con este virus, lo que sería alrededor de cinco millones y medio de personas, las cuales podrían contagiar al doble. En el caso de Baja California Sur, según datos de la Secretaría de Salud Publica Federal, se estima también que miles de sudcalifornianos podrían ser contagiados con este virus --de este mes a marzo de 2010--, y dependiendo de la progresión de los contagios, se valoran las medidas de distanciamiento social, como las tomadas en la primera ola de contagios. El costo por esta segunda oleada puede ser de 5 mil millones de pesos para el país. Además de las perdidas humanas que pudieran darse por esta enfermedad, debemos tomar las medidas sanitarias urgentes para prevenir un aumento de contagios en nuestro Estado y asegurar tanto la entrada del turismo como a la población sudcaliforniana.

En cuanto a la vacunas para la influenza, habrá que diferenciar que existe una para la influenza estacional, según la cual se aplicarán 16 millones de dosis en todo el país en la temporada invernal.

Según el centro nacional de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades de la Secretaría de Salud, se precisó que el próximo 5 de octubre iniciará una campaña de vacunación para la influenza estacional en todas las clínicas del sector salud del país; que se dará preferencia a la población de la tercera edad y a los recién nacidos y a personas con factores de riesgo, como obesidad mórbida o diabetes ya que ellos son más susceptibles a contraer la enfermedad.

En cuanto a la vacuna contra la influenza humana AH1N1, ésta llegará a México casi dos meses después de que haya sido distribuida en Estados Unidos de América y diversos países europeos, que acapararon prácticamente su limitada producción, mas o menos en noviembre o en diciembre, aunque se anunció que el gobierno de México negocia con dos laboratorios farmacéuticos europeos la entrega anticipada de un lote de vacunas, cuya recepción inicial estaba prevista en diciembre.

Entonces, lo real es que el rebote de influenza AH1N1 ya está presente en nuestro país donde, según el ultimo reporte de la Secretaría de Salud federal, se han confirmado, de marzo a la fecha, 27 mil 85 casos de influenza AH1N1, de los cuales 220 han fallecido; las defunciones según su rango son entre 20 a 50 años y en cuanto a defunciones según su sexo, es de 51 por ciento mujeres y 41por ciento hombres.

De manera señalada, menciono que de los 27 mil 85 casos confirmados en nuestro país, Baja California Sur cuenta con 93 casos, de los cuales 5 han fallecido, algunos de ellos estudiantes de primaria y secundaria

Es de notarse que 99 por ciento de este rebote de influenza se ha registrado en el municipio de Los Cabos, lo que causó que, del 14 al 17 de septiembre, se suspendieran las clases en los 253 planteles de educación básica, lo que afectó a 50 mil alumnos.

Las autoridades sanitarias de nuestro estado han mencionado que se están reforzando las medidas entre la población para evitar el mayor numero de contagios, que existen medicamentos antivirales suficientes para atender el rebote, que no se cuenta con vacunas contra la influenza humana, que éstas estarán disponibles hasta octubre, pero la rea-lidad es que la segunda oleada de influenza humana ya llegó a Baja California Sur y está matando sudcalifornianos y, lo más grave aún, es que son niños y jóvenes.

Esta segunda oleada de influenza nos toma sin vacuna para prevenir el contagio, ya que, aunque se diga que lo primordial es reforzar las medidas de seguridad y que se cuenta con medicamento para hacerle frente a la enfermedad, no es menos cierto que preferimos que la población esté vacunada para evitar el contagio a que la población este contagiada y enferma, lo cual supone un costo económico y social mas alto.

Ante la segunda oleada de influenza humana AH1N1, que ya está en nuestro estado, como Congreso debemos coadyuvar con las autoridades sanitarias para establecer acciones con el objetivo primordial de reducir al máximo la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Debemos de evitar el contagio de influenza en la población en general, particularmente en los niños, en los ancianos, en las embarazadas y en los que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por ello es urgente contar con un lote suficiente de vacunas contra la influenza estacional y la influenza AH1N1.

Debemos de evitar el colapso de los servicios de salud en nuestro estado con un posible contagio masivo, debemos aumentar la capacidad de respuesta de los médicos a través de capacitación, debemos ampliar la reserva de medicamentos con insumos que ahora sabemos son necesarios y reequipar las unidades hospitalarias, debemos de evitar el contagio de nuestros hijos en las escuelas, de evitar el contagio en centros de trabajo, en suma, debemos blindar lo más posible a BCS, tanto del virus de la influenza estacional como de la influenza humana AH1N1.

Porque en primer lugar están las vidas de los sudcalifornianos y porque debemos cuidar que la actividad turística no se vuelva a desplomar en nuestro Estado, ya que seria catastrófico para la economía local.

Debemos de tomar acciones responsables con el gobierno, sector privado y hasta con países que son socios comerciales, como Estados Unidos de América, con quienes compartimos un mercado común y con quienes existen lazos recíprocos de cooperación en materia de seguridad y en otros rubros importantes como lo es la salud, por lo que la contención de esta segunda oleada de influenza nos obliga a tomar acciones conjuntas para abatir la pandemia y proteger a nuestros pueblos.

Por ello, con beneplácito nos hemos enterado de que el gobierno de Estados Unidos de América en coordinación con países como Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia y Nueva Zelanda donará un porcentaje de las vacunas contra la influenza AH1N1 para distribución a otros países, lo que nos obliga a solicitar en especifico al gobierno de Estados Unidos de América que, en solidaridad con el pueblo mexicano, con el cual se comparten lazos de amistad y comerciales, done una parte del 10 por ciento de vacunas, al gobierno de la República para que éste a su vez complete el lote suficiente y necesario para inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos contra el virus AH1N1.

En la puntual referencia a que este estado esencialmente depende su economía del turismo internacional, el cual recibe visitas primordialmente de turismo estadounidense, hacemos esta solicitud con la finalidad de proteger a la comunidad local, así como a los propios turistas que nos visitan. Por lo que es de imperiosa necesidad aprovechar este ofrecimiento que hace el gobierno estadounidense y solicitarle al embajador de Estados Unidos de América en México para que interceda ante su país para concretizar el suministro suficiente de vacunas contra la influenza A H1N1 al sector salud de BCS y lograr así la protección de las y los ciudadanos sudcalifornianos contra este virus.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana AH1N1 de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, ambas del gobierno de BCS, a reforzar las medidas sanitarias en los planteles educativos del estado, así como establecer una campaña intensiva de información entre la población sudcaliforniana.

Segundo. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana AH1N1 de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, a efecto de que en el marco de las gestiones, que esta dependencia está realizando ante los laboratorios internacionales para la compra y pronta dotación a nuestro país de vacunas contra la influenza humana, otorgue lo más pronto posible al sistema de salud de BCS un lote suficiente de vacunas contra la influenza humana AH1N1 que le permita inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos más propensos a contagiarse por este virus.

Tercero. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza estacional, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, a efecto de que en el marco de la campaña de inmunización con vacunas contra la influenza estacional otorgue lo más pronto posible al sistema de Salud de BCS un lote suficiente de vacunas contra la influenza estacional que le permita inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos más propensos a contagiarse por este virus.

Cuarto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana AH1N1de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur solicitó respetuosamente a la Embajada de Estados Unidos de América con sede en nuestro país a interceder ante el gobierno estadounidense para que en el marco de la donación que hará a la Organización Mundial de la Salud de su lote de vacunas contra la Influenza Humana, y en solidaridad con el pueblo sudcaliforniano, destine un lote suficiente de vacunas contra la influenza humana AH1N1 al sector salud de BCS y lograr así la protección de los ciudadanos sudcalifornianos contra este virus.

Quinto. A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana AH1N1de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen recursos suficientes y bastantes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana AH1N1 y éstas se destinen a las Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación a la población civil.

Sexto: A fin de evitar la mortalidad asociada al contagio con el virus de la influenza humana AH1N1 de la población sudcaliforniana, la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida especial para que el sector salud de BCS cuente con un laboratorio PCR para que en nuestro estado se realicen las pruebas de detección inmediatas y tener un diagnostico temprano, evitando que los síntomas en la población se agraven y pongan en peligro su vida.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- LII Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Para su conocimiento y efectos conducentes le remito la copia del acuerdo número 480/09 II DP, así como de la iniciativa que le dio origen, por medio del cual la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado solicita respetuosamente a esa alta representación, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal, para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. Solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y de la iniciativa que le dio origen a la autoridad señalada en el párrafo que antecede, para su conocimiento y efectos conducentes.

«Escudo.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- LII Legislatura.

El suscrito Manuel Humberto Olivas Caraveo, diputado a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción I, y los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta honorable representación a presentar una iniciativa de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística. Lo anterior en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Ante la enorme necesidad del gobierno federal de recortar y ajustar en parte el ejercicio del gasto público, recientemente el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa al enviar para su aprobación al Congreso de la Unión los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, propuso una serie de ajustes en dependencias y entidades del gobierno, fusionando algunas y transformando otras, entre ellas la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Turismo.

Dada la complicada situación que se vive en nuestro país el mandatario federal se ha visto en la necesidad de tomar decisiones de fondo en cuanto a reducir estructuras de altos mandos del gobierno federal, adoptar políticas de congelamiento de sueldos de mandos medios y superiores, y disminuir el gasto en embajadas y delegaciones en las entidades del país; decisiones tomadas como una medida de amortiguación de gastos que en un futuro cercano permitirán a todos los mexicanos sufrir daños menores en la economía.

Reconocemos la labor del Ejecutivo federal y sus acciones en pro de México y afirmamos nuestro compromiso de apoyo y solidaridad; sin embargo, es prudente manifestar la necesidad de estudiar más ampliamente lo que se refiere a materia de turismo, dado que es un sector que produce una cantidad importante de divisas en nuestro país y mueve gran parte de la economía.

El tema del turismo requiere de estrategias y acciones para seguir generando importantes ganancias a México, por lo que consideramos de suma urgencia solicitar a los diputados del Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, que habrán de analizar y aprobar en los próximos días, se destine una partida presupuestal suficiente para apoyar a las entidades federativas que cuentan con activos turísticos importantes para promover el sector y generar más ingresos a los estados.

En mérito a lo expuesto con anterioridad someto en los términos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua, a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Con un enfoque al turismo de nuestro país, la LXII Legislatura del estado tiene a bien solicitar respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con una visión propositiva al sector turístico de nuestro país, se analice la posibilidad de autorizar o destinar la partida correspondiente al gasto administrativo y corriente asignado a la Secretaría de Turismo en el presente ejercicio fiscal para fortalecer a las entidades federativas con vocación turística.

Segundo. Remítase una copia del presente acuerdo, así como la resolución que le recaiga al mismo, a las autoridades anteriormente señaladas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

MISCELANEA FISCAL DE 2010

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.

Honorable Cámara de Diputados.--- México, Distrito Federal

Por este conducto nos permitimos informarle a usted, que en sesión pública ordinaria celebrada con fecha 27 de agosto del presente año, los diputados integrantes de la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron un acuerdo presentado por el diputado Flavio Castillo Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se le exhorta para que en la miscelánea fiscal de este año no se aprueben nuevos impuestos, ni se incrementen las tasas impositivas en los ya existentes, así como, en aras de la simplificación fiscal, definir el pago de una sola contribución de las dos que gravan la actividad productiva, conservando ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta dado que actualmente se pagan ambas tributaciones.

Lo que se le comunica, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, remitiéndose como anexo copia del citado punto de acuerdo.

«Escudo.--- 2006-2009 del H. Congreso del Estado de Colima.--- LV Legislatura.

Secretarios del honorable Congreso del Estado.--- Presentes.

El suscrito, Flavio Castillo Palomino, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LV Legislatura del Congreso del estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de la asamblea la presente iniciativa de acuerdo para exhortar al presidente de la República y al honorable Congreso de la Unión para que en la miscelánea fiscal de este año no se aprueben nuevos impuestos, ni se incrementen las tasas impositivas a los ya existentes, así como --en aras de la simplificación fiscal-- definir el pago de una sola contribución de las dos que actualmente gravan la actividad productiva, conservando, ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta dado que actualmente se pagan ambas tributaciones, bajo las siguientes

Consideraciones

El análisis de la problemática tributaria del estado fue fundamental para la conformación del presente documento, el sector productivo del estado tuvo una importante participación y gracias a la presencia y cooperación de importantes empresarios representantes de la iniciativa privada fue posible fundamentarlo.

Agradecer al ingeniero Francisco Javier Barragán Preciado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; al contador público Ernesto Jasso Delgadillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, AC; al ciudadano Rubén Ramírez Venegas, presidente de la Cámara de Comercio de Tecomán; al licenciado Carlos Maldonado Villaverde, presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información del estado de Colima; al licenciado Marco Antonio Romero Gutiérrez, vicepresidente de Cámara de Comercio de Colima; al licenciado Lino Romero Velasco, presidente de la Federación Estatal de Pequeños Productores Rurales de Colima; a la ciudadana Rosella Gerini Novaro, presidenta de las Mujeres Empresarias del estado; y a la ciudadana Margarita Palomino Cebrera, presidenta de las Mujeres Empresarias de Tecomán. A todos ellos agradezco sus opiniones y experiencia en el ámbito empresarial que sirvieron al suscrito legislador para elaborar este acuerdo.

En este honorable Congreso del estado hemos previamente realizado trabajos legislativos respecto de las leyes hacendarias federales específicamente se han enviado dos acuerdos al honorable Congreso de la Unión consistentes en reformas a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, propuestas presentadas por los legisladores contador público Gonzalo Medina Ríos y el suscrito Flavio Castillo Palomino.

Las estructuras económicas del país han resentido duramente el impacto de las crisis internacionales, en mayor o menor grado, la afectación ha sido constante. Algunos de estos fenómenos económicos como la crisis inmobiliaria estadounidense han desplomado la economía de varios países del orbe, dichos efectos fueron magnificados por el menoscabo de los niveles de confianza con que operan las empresas internacionales, todas ellas inmersas en un mercado bursátil cada vez más inestable.

El empresariado mexicano ha resentido los efectos de la crisis financiera internacional, --cuyo origen basado en las especulaciones del mercado de capitales-- sigue desalentando la reactivación de las actividades productivas, lo cual se agudiza con la intención de crear nuevos impuestos provocando la incertidumbre en las empresas mexicanas, con los implícitos efectos multiplicadores en el pueblo mexicano, provocando gran alarma en las clases trabajadoras. Estamos evidentemente enfrentando una crisis de confianza que pudiera convertirse en un problema social de graves consecuencias.

Los comerciantes, productores, empresarios y demás contribuyentes nos encontramos englobados en distintos regímenes fiscales, con variados sistemas de captación y absolutamente todos los contribuyentes estamos obligados a pagar todos los diferentes impuestos. Cargas impositivas federales, estatales y municipales, tales como impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única, impuesto a los depósitos en efectivo, impuesto al valor agregado, seguro social, Infonavit, Afore, predial, tenencia de vehículos y muchos otros más.

Las cámaras de comercio, confederaciones y asociaciones de comerciantes, empresarios y productores que representan la iniciativa privada en Colima han expresado que la creación de nuevos impuestos retrasara la recuperación de la economía y se han manifestado convencidos que la simplificación tributaria por si misma fomentaría la recaudación fiscal en mayor medida que el incremento de impuestos. Crear nuevas imposiciones, además de provocar incertidumbre y confusión en los contribuyentes, reduce la buena disposición a pagar al hacer más complicados los pagos y aumentar los gastos que las empresas deben de hacer para llevar su contabilidad y dar cabal cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Los empresarios colimenses sostienen que la simplificación en el pago de los impuestos incentivaría a los ciudadanos a cumplir su compromiso con la hacienda pública.

En la actualidad los empresarios y todos aquellos que somos contribuyentes registrados ante el Sistema de Administración Tributaria al realizar una actividad productiva pagamos tres impuestos por la misma actividad, es decir de una sola cantidad generada se deben pagar tres diferentes impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo; al pagar contribuciones tan altas la utilidad se reduce de tal manera que provoca la descapitalización de las empresas, reduce el crecimiento de la empresa y disminuye el ingreso para los propietarios y los trabajadores, perjudicando así la creación de nueva infraestructura productiva y afectando a la clase trabajadora.

Además la reducción de los ingresos afectara el ingreso per cápita de todo el país y es muy comprensible que mientras sea así nuestra economía no podrá crecer jamás.

La miscelánea fiscal del año 2007 provocó esta gran irregularidad tributaria, y si bien es bastante incorrecto pagar tres impuestos por realizar una sola actividad comercial, más irregular es que dos obligaciones fiscales sean acumuladas una sobre otra. Esto es porque el monto correspondiente al impuesto al valor agregado, IVA, proveniente de una operación productiva, al ser depositado en una institución bancaria genera el pago del impuesto a los depósitos en efectivo, con lo cual se obliga al empresario a cubrir dos cargas fiscales por el monto del lVA depositado en el banco, que dicho sea de paso las empresas y contribuyentes en México tenemos la obligación ineludible de ingresar los productos de nuestras operaciones en las instituciones bancarias.

La creación del impuesto empresaria! a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo por la reforma fiscal de 2007 generó una descapitalización del sector productivo mexicano, provocó desempleo y desaceleración económica, realizar nuevamente cambios apresurados a las leyes hacendarias seguramente creara problemas muy serios a la economía de nuestro país, dañando con ello la infraestructura de desarrollo, vital para el crecimiento de nuestro estado y de todas las entidades de la República y poniendo en riesgo el equilibrio de nuestra sociedad.

El país requiere una reforma fiscal integral que permita un esquema claro de pago de impuestos, que genere confianza y promueva el pago simplificado de las obligaciones. Con una reforma estructural de las contribuciones fiscales lograríamos eliminar los pagos dobles y acumulados que generan inclusive controversias constitucionales y legales.

Una reforma hacendaria bien planeada, que incluya la ampliación de la base de contribuyentes; que elimine los regímenes tributarios de exclusión y preferenciales contenidos en las leyes del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto al valor agregado; que incentive la deducibilidad de todos los gastos creando con ello un efecto sinérgico de exigencia de comprobantes entre todos los contribuyentes que propiciaría una mayor cantidad de ciudadanos cumplidos; que elimine el inequitativo impuesto a los depósitos en efectivo que ha depreciado el valor de la moneda; que analice reformas sustanciales a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única que ha provocado desde su creación una gran desaceleración económica comprometiendo la competitividad de nuestro sector productivo y definir el pago de una sola contribución de las dos que gravan la actividad productiva, conservando ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta, dado que actualmente se pagan ambas tributaciones.

Es por ello que haciendo el eco del reclamo de las cámaras y asociaciones de empresarios y de productores de Colima, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Artículo Único. Esta soberanía exhorta al presidente de la República y al honorable Congreso de la Unión, para que en la miscelánea fiscal de este año no se aprueben nuevos impuestos, ni se incrementen las tasas impositivas en los ya existentes, así como que en aras de la simplificación fiscal se defina el pago de una sola contribución de las dos que gravan la actividad productiva, conservando ya sea el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto sobre la renta, dado que actualmente se pagan ambas tributaciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras y señores diputados, contamos con la visita de estudiantes y maestros del Instituto Leonardo Bravo, de la licenciatura de turismo, y de la escuela Villa Rica de la Veracruz; así como de colonos y líderes del municipio de Ecatepec, estado de México. Sean todos ustedes bienvenidos.

Continúe, señor secretario.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar los siguientes

Acuerdos

Primero. La LX Legislatura del estado de Oaxaca exhorta atentamente al Ejecutivo federal para que impulse la aprobación de un decreto en el que se establezca la moratoria a la liberación al ambiente del maíz transgénico en México en sus modalidades de experimental, comercial o ambas.

Segundo. La LX Legislatura del estado de Oaxaca exhorta atentamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación para que deniegue la aprobación a las solicitudes actualmente en estudio del permiso de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados de uso agrícola.

Tercero. Se solicita al Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos del ejercicio de 2010 se etiqueten recursos para aplicarlos directamente a un programa de apoyo a los pequeños productores que cultivan y resguardan las cerca de 60 razas criollas de esa planta, y a las más de 9 mil colecciones, lo que da a México la mayor diversidad cuantitativa de maíz en el planeta. Así también, que se destinen recursos para un programa que tenga como objetivo la implantación de métodos de mejoramiento para los maíces nativos del país, e incentivos para los investigadores que dediquen su trabajo a lograr el referido objetivo.

Cuarto. Envíese el presente acuerdo al Ejecutivo federal, al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Congreso de la Unión, para su conocimiento y atención, debiendo ser dicho envío por los medios ordinarios y por correo electrónico para mayor celeridad.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado.--- San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., a 4 de junio de 2009.--- Diputados: Rogelio Sánchez Cruz, presidente; Héctor Hernández Guzmán, Felipe Reyes Álvarez, secretarios (rúbricas).

Nos permitimos transcribirlo a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, XI, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa a la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación, incluyendo las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Segundo. Publíquese el presente punto de acuerdo en dos diarios de amplia circulación en el Distrito Federal para su debida difusión y conocimiento social.

Sírvase encontrar, anexo al presente, copia de los puntos de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«El diputado Sergio Jiménez Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g), d), k) y ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones V, VIII, XI, XIV y XV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracciones I, II y VI; 13, fracciones I, II, III, IV, V y VII; 17, fracciones III, V, VI y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa Distrito Federal; y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración del Pleno de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar, de manera coordinada, un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa a la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación.

Antecedentes

Iztapalapa representa uno de los poblados históricos del Distrito Federal, poblado ribereño del lago de Texcoco, en el que se asentaron los nahuas en lo que actualmente es Santa María Aztahuacán.

El proceso de marginalización del territorio de Iztapalapa dio comienzo en la época colonial y continúa en la actualidad, a pesar de encontrarse a escasos 14 kilómetros de lo que fue originalmente la Ciudad de México.

Los pueblos originarios poseían tierras comunales o ejidales que, tras el crecimiento de la Ciudad de México y la ruina de la agricultura en el Distrito Federal, fueron notificados para proporcionar vivienda barata a la gran cantidad de inmigrantes que llegaron entre las décadas de 1960 y 1990. De esta manera, surgieron colonias como Escuadrón 201, Constitución de 1917, Valle del Sur y otras de considerables dimensiones, tanto por su población como por su superficie, lo que de alguna manera opaca a los pueblos originales y sus respectivos barrios, convirtiéndolos en simples demarcaciones urbanas (o suburbios de la Ciudad de México), aunque han conservado sus tradiciones, lo que les da una cierta identidad.

La delegación Iztapalapa cuenta con una superficie de 117 kilómetros cuadrados y concentra casi 21 por ciento de la población total del Distrito Federal.

Políticamente está representada en esta Asamblea por 8 distritos electorales locales de 40 (XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII y XXXII), y 6 federales, de los 27 asignados al Distrito Federal.

Iztapalapa cuenta con casi 1 millón 800 mil habitantes, número mayor que incluso 12 estados de la República, como son Quintana Roo, Querétaro o Colima; lo cual, sin duda, genera que los residentes de dicha delegación se vean marginados respecto a la cantidad y calidad servicios públicos.

En materia de transporte público, es atravesada de manera tangencial por dos líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y más de 20 rutas de transporte concesionado, desgraciadamente insuficientes.

Relacionado con lo anterior, el sistema de seguridad pública se ha manifestado incapaz de cubrir la totalidad de su territorio e incluso hasta hace unos años existían diversas zonas de la delegación con plena autonomía, como es el caso del predio La Ford, tema aún pendiente en la agenda del actual Gobierno del Distrito Federal.

Desafortunadamente, las familias de la delegación, hoy día, manifiestan la carente capacidad de la administración pública para dotarles de los servicios urbanos básicos como son acceso al agua potable, drenaje, desazolve, pavimentación y alcantarillado.

Iztapalapa alberga numerosas unidades habitacionales, de los cuales la mayor es la unidad Vicente Guerrero, construida en los años setenta, la cual posee actualmente una población aproximada de 13 mil habitantes que ocupan una superficie inferior al kilómetro cuadrado.

El crecimiento exponencial de la demarcación ha generado consecuencias negativas en áreas como protección civil, debido a la aparición de enormes fosos y grietas generadas por los asentamientos irregulares y la sobreexplotación de los pozos hídricos, en temas como desarrollo urbano y la construcción de vivienda vertical. En unidades habitacionales de más de 40 departamentos, ha generado sobrecargas en los sistemas de drenaje y energía eléctrica que termina por colapsar la red.

En materia de seguridad ocupa el segundo lugar, únicamente detrás de la Cuauhtémoc; la incidencia delictiva es de 2 mil 264 averiguaciones previas y un promedio diario de 73, según datos de 2009 obtenidos por la Procuraduría de Justicia local.

El tema del agua es una cuestión aparte: en Iztapalapa se ha convertido en una promesa, en una manda, pero nunca en una realidad.

Gobiernos, procesos electorales y liderazgos han surgido y sido fortalecidos a partir de este tema; la discusión ha girado entorno a la suficiencia de recursos energéticos o, incluso, de voluntad política, con argumentos económicos acerca de la venta de pipas, la construcción del acuaférico oriente o el insultante creciente precio del agua para los que menos recursos tienen.

Al observar el hacinamiento y el detrimento económico, social y de seguridad que sufren las familias que habitan Iztapalapa, conduce, inminentemente, al incremento del déficit de la función gubernativa, así como a la capacidad y el acceso real de los habitantes para el ejercicio de sus derechos sociales y humanos fundamentales, maximizando la franja de inequidad en un espacio territorial muy bien delimitado. Por lo que hemos considerado impostergable la necesidad de analizar de acuerdo al marco legal vigente, mediante un diagnóstico que tenga como objetivo una estrategia para incrementar el nivel de calidad y acceso a los servicios públicos en Iztapalapa, mediante un reordenamiento de los límites territoriales de acuerdo a los resultados de dicho diagnóstico.

No debemos omitir que el pasado proceso electoral nos demostró diversas irregularidades en el manejo de la política y principios democráticos que en el caso de Iztapalapa se potencializan debido a su composición social y territorial.

La ciudadanización de la política mediante procesos transparentes y en equidad fueron principios inexplicablemente violados de manera flagrante.

Gobiernos que de manera miserable explotan las necesidades básicas de su población, con la firme convicción de que serán resueltas --todas ellas con fines proselitistas--, debido a que el electorado de esta demarcación representa cerca de 25 por ciento del padrón total de la capital.

Con la reasignación de los límites territoriales se pretende subsanar la sobresaturación de acciones gubernamentales con las atribuciones de las jefaturas delegacionales relativas a la baja cobertura de los actos de autoridad que, sumados a la densidad de población, promoverían condiciones de equidad en el desarrollo de la población, el cual se vería reflejado en todo el Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al honorable Congreso de la Unión a elaborar de manera coordinada un diagnóstico de las condiciones sociodemográficas y económicas, así como los alcances de la función gubernamental relativa con la prestación de servicios públicos en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de impulsar un reordenamiento territorial en la demarcación, incluyendo las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Segundo. Publíquese en al menos 2 diarios de amplia circulación en el Distrito Federal para su adecuada difusión social.

PROGRAMAS SOCIALES

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V, XI y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al honorable Senado de la República y a la honorable Cámara de Diputados para que revisen con detenimiento el Presupuesto de Egresos con miras a 2012 y destinarlo a los programas sociales en todo el país y en principio al Distrito Federal.

Segundo. Se exhorta a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura y al Gobierno del Distrito Federal a elaborar un plan de austeridad sobre el Presupuesto de Egresos de 2010 para mejorar la economía de la Ciudad de México.

Tercero. Se exhorta a la próxima V Legislatura del Distrito Federal a que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información de su presupuesto y de todas sus partidas sean características institucionales para que no quede duda de su correcta aplicación en benéfico de los habitantes de la Ciudad de México.

No deben de existir órganos legislativos suntuarios ajenos a las ciencias y necesidades de la ciudadanía.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

«Diputado Salvador Pablo Martínez della Rocca, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la IV Legislatura.

Los suscritos, Humberto Morgan Colón y Ricardo González del Ángel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta IV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42, fracción IX, y 46, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, 11, 17, fracciones IV y VI, y 88, fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y el 85, fracción I, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someten a la consideración de la Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que esta honorable Asamblea Legislativa exhorte respetuosamente al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura para la revisión de su presupuesto a fin de realizar economías para ser destinadas a los programas de orden social, de acuerdo con los siguientes

Considerandos

1. Desde 1994, la economía determinó el rumbo del país a través del llamado ``error de diciembre'' y una nueva crisis, de magnas proporciones, sacudió al país. El gobierno tuvo que intervenir para evitar la quiebra definitiva del sistema financiero mexicano y lo hizo valiéndose del erario y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Usando el viejo autoritarismo presidencial, la sociedad fue obligada a asumir la quiebra, los mexicanos terminamos pagando los fraudes, los créditos fantasmas y los autopréstamos. La crisis se reflejó en el dramático aumento del desempleo, el cierre de fuentes de trabajo y el incremento de la pobreza, estos son algunos elementos que propiciaron la descomposición social y la inseguridad pública que se generalizó en todo el país. Con el transcurrir del tiempo se vieron mermadas las posibilidades de crecer como país aún cuando Salinas de Gortari aseguraba que se había estabilizado la economía durante su sexenio del cual todo quedó en un solo discurso y beneficiándose del poder y dejando una vez más al pueblo mexicano con una crisis y deuda económica heredada al Partido de Acción Nacional.

2. Derivado de todo esto encontramos que uno de los sectores más descuidados y vulnerables en nuestro país, durante los últimos 15 años, ha sido la población de jóvenes, ya que desertan de las preparatorias y universidades a temprana edad para buscar oportunidades en el mercado laboral. Actualmente en las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay una población desocupada de aproximadamente 8 millones 800 mil 50 personas de las cuales son jóvenes que representan alrededor de 19.45 por ciento de la población económicamente inactiva. Al menos el Gobierno del Distrito Federal tendrá que hacer su parte junto con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para inyectar más recursos en materia educativa, beneficiando a una mayor población de jóvenes en los distintos niveles a través de la reducción de gastos suntuosos revisando el presupuesto para adecuarlo a las condiciones económicas por las que atraviesa la ciudad de México.

3. Después de nueve años de gobierno panista, el gobierno de Felipe Calderón ha fracasado en la planeación económica para el país, reconociendo que la economía de México se perfila a desplomarse este año hasta en 9 por ciento, como lo afirma en la entrega de su informe de gobierno del pasado 1 de septiembre (del año en curso) y en entrevistas de televisión, que la situación de la crisis económica ya se salió de su cause y pide ayuda a los diferentes órganos de gobierno y a la población en general para solucionar lo que tanto pregonó al inicio de su campaña y desde su posición como gobierno autonombrándose ``el presidente del empleo'', aunado a esto se suman las declaraciones de los allegados al presidente, como la de Agustín Carstens, secretario de Hacienda del gobierno federal, en la que asegura que la crisis actual nos ha generado un faltante de 480 mil millones de pesos debido a la caída en los precios del petróleo. Asimismo, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, prevé que el país crecerá en el tercero y cuarto trimestre del año pero esto no significa que vamos a ver una mejora inmediata. Por ello, Felipe Calderón tiene de frente el más grande reto: conseguir la conciliación política y, después, el progreso económico con justicia social.

4. El pasado 3 de septiembre se da a conocer que en sesiones del Senado de la República se discutió sobre una propuesta de instalar un mural para su nueva sede con un valor aproximado de 37 millones hasta los 50 millones de pesos, la cual fue puesta a votación y desechada, dejando abierta la posibilidad de retomarla en próximas sesiones. Por ello, desde esta tribuna hago un enérgico llamado para que sea reconsiderado este gasto suntuoso el cual no es necesario ni beneficia en nada a las personas, a la ciudadanía y, mucho menos, al país; es bien sabido por todos que la situación económica actual no nos permite el derroche de recursos, por lo que tendrán que retomar el rumbo del país desde la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados para replantear el tema de austeridad y tratar de revertir la crisis económica por la que está atravesando el país. Como diputado del Distrito Federal, comprometido con la ciudadanía, pido por el Distrito Federal y por todo el país. Por estos motivos se tendrá que revisar el Presupuesto de Egresos destinados a los diversos rubros y apartados de todas las secretarías y tomar las riendas del país; de acuerdo con especialistas y académicos, sería factible cubrir el faltante de 300 mil millones de pesos mediante la reducción del aparato burocrático del gobierno federal que comprenden gastos excesivos y de subsidios, si además se redujera en 50 por ciento la evasión fiscal se obtendrían más de 200 mil millones de pesos adicionales, esto daría para cubrir el boquete fiscal.

5. Para lograr mejorar las condiciones de vida desde una política económica para la ciudad es necesario que la V Legislatura, a su llegada, priorice la reducción de gastos superfluos y suntuosos, permitiendo unas políticas más sanas durante estos próximos 3 años y que se fije como meta una austeridad en los gastos de la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal rumbo al 2012; asimismo, avaluar suprimir programas como ciudad de leyes, gastos médicos, la reducción de dietas, apoyo parlamentario y ayuda extraordinaria. Si hacemos un balance de estos rubros podremos a portar una suma importante de recursos financieros a la economía de la Ciudad de México y salir de la crisis que permea a los capitalinos eliminando todos estos gastos en la próxima V Legislatura.

Con base en lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que revisen con detenimiento el Presupuesto de Egresos con miras al 2012 y destinarlo a los programas sociales en todo el país y en principio al Distrito Federal.

Segundo. Se exhorta a la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura y al Gobierno del Distrito Federal a elaborar un plan de austeridad sobre el Presupuesto de Egresos de 2010, para mejorar la economía de la Ciudad de México.

Tercero. Se exhorta a la próxima V Legislatura del Distrito Federal a que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información de su presupuesto y de todas sus partidas sean características institucionales para que no quede duda de su correcta aplicación en benéfico de los habitantes de la Ciudad de México.

No deben de existir órganos legislativos suntuarios ajenos a las carencias y necesidades de la ciudadanía.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese el punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

TRABAJADORES MIGRANTES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 60-II-6-2669, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGOF/ 06209/ 10062009, suscrito por el maestro en ciencias Víctor Manuel Arriaga Haro, director general de Organización y Fomento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

José Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su similar número SEL30075405/08, de fecha 12 de diciembre de 2008, recibido en esta dirección general el 19 de mayo de 2009, adjunto al oficio número 510.-1938, emitido por la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas de la Oficialía Mayor de la Sagarpa, de fecha 11 de mayo de 2009, mediante el cual se informa al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca del punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión, en sesión del 11 de diciembre de 2008, que me permito transcribir para pronta referencia: ``Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, y demás titulares de dependencias del gobierno federal relativo a incorporar a las reglas de operación de los programas y a los fondos por ejercer en 2009, criterios especiales para la inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y a sus familias'', solicitando que se considere su inclusión en las reglas de operación de los programas a cargo de la secretaría.

Al respecto, me permito informarle que en el presente ejercicio presupuestal no es posible incluir los criterios en comento en las reglas de operación vigentes. Sin embargo, tal petición será valorada en el proceso de planeación participativa que lleva a cabo la secretaría, en el cual se establecen las líneas prioritarias y estratégicas por desarrollar para el siguiente ejercicio fiscal; y, de proceder su conveniencia, se autorizará la modificación correspondiente de las citadas reglas.

Independientemente de lo anterior, le informo que los trabajadores migrantes en retorno y sus familias son elegibles para acceder a los apoyos que se otorgan en los programas y componentes a cargo de esta secretaría, ya que toda persona física o moral o grupo podrá formar parte de la población objetivo establecida en cada uno de ellos, toda vez que cumplan los requisitos de elegibilidad que al efecto se establecen en cada uno de los programas en las reglas de operación vigentes. No omito mencionarle que éstos se hallarán sujetos al presupuesto autorizado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente y a la disponibilidad presupuestal de cada programa.

Sin otro particular, y en espera de que la información proporcionada le sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

ESTADO DE TABASCO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-2477, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2299/09, suscrito por el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, director general de Normatividad de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales asignados al gobierno del estado de Tabasco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio SEL/300/1911/09, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda la denuncia penal interpuesta por legisladores locales y federales del estado de Tabasco por el desvío del Fondo de Desastres Naturales que fueron asignados al gobierno de esa entidad.

Al respecto, me permito informarle que el asunto fue turnado a la delegación de la Procuraduría General de la República en Tabasco, la cual informa que derivado de las investigaciones se inició la averiguación previa A.P. PGR/TAB/VHSA-III/775/D/2008, la cual se encuentra en trámite.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

HURACAN JIMENA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0042, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número III/103/B120872 suscrito por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al fenómeno hidrometereológico denominado Jimena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0034, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/553/2009 suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al huracán Jimena.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1281/09, de fecha 3 de septiembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 11 de septiembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-0034, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2009, y cuyo contenido se reproduce en su totalidad:

Sobre el particular, y una vez analizado el punto de acuerdo que antecede, se comunica a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, atentos a la normatividad aplicable al Fonden, la emisión de una declaratoria de desastre no es un acto que pueda ser realizado de oficio o de manera unilateral por parte de la Secretaría de Gobernación, Segob, sino que, según se observará, es el resultado de diversas actuaciones previas efectuadas por instancias ajenas a dicha dependencia, y por ende, a esa unidad administrativa, motivo por el cual el cumplimiento del exhorto en la forma y términos solicitados no resultaría atendible.

Sin demérito de lo anterior, se informa que en el caso de la ocurrencia del huracán Jimena en Baja California Sur, ya han sido satisfechos los requisitos y formalidades requeridos para tales efectos, por lo que, con fechas 10 y 14 de septiembre de 2009, la Segob emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre solicitadas por el gobierno de la entidad federativa antes aludida.

Tales aseveraciones encuentran sustento en las consideraciones siguientes, mismas que se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden (el cual detallamos líneas adelante):

Dicha solicitud de corroboración deberá estar suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, por el funcionario facultado para tal fin, y deberá contener, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador, así como la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios o delegaciones políticas que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión. Las denominaciones deberán coincidir con el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según el numeral 10 de las ROF, cumplido lo anterior, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes, la Segob, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información, la declaratoria de desastre natural respectiva, que se expide para efectos de poder acceder á los recursos que se autorizan con cargo al instrumento del Fonden denominado del Fonden Reconstrucción (que se detalla líneas adelante), a través del cual se autorizan recursos destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y/o sector vivienda de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

No omitimos señalar que la emisión de la declaratoria de desastre no constituye el único requisito a satisfacerse para el acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, toda vez que, según el procedimiento establecido en las ROF, es necesario que las instancias federales y estatales responsables de cada sector afectado concluyan con los trabajos de evaluación y cuantificación de daños, a efecto de que, una vez realizado ello, se esté en posibilidad de conocer de manera y con qué montos el Fonden habrá de participar para atender y los daños ocurridos por el fenómeno de que se trate.

Visto lo anterior, y con relación al punto de acuerdo que nos ocupa, concerniente a la inmediata emisión de una declaratoria de desastre y aplicación de los recursos del Fonden en beneficio del estado de Baja California Sur, se reitera a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, toda vez que ya han sido satisfechos los requisitos y formalidades establecidos por las ROF, la Segob ha procedido a la emisión y publicación de las declaratorias de desastre solicitadas por la entidad federativa que nos ocupa y que se describen en el apartado siguiente, en el que procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo en el marco de las ROF, para dar atención a la ocurrencia del huracán Jimena, en Baja California Sur.

A) Ciclón tropical Jimena, ocurrido el 2 de septiembre de 2009.

Asimismo con oficio 195/09, de fecha 5 de septiembre de 2009, el gobernador del estado de Baja California Sur, solicitó a la Conagua se considerará dentro de la corroboración de la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el miércoles 2 de septiembre del presente año, al municipio de La Paz.

Asimismo, mediante oficio BOO.-1495, de fecha 7 de septiembre de 2009, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia del ciclón tropical Jimena, el miércoles 2 de septiembre de 2009 en la parte norte del municipio de La Paz.

Acciones en el marco del Fonden para los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé

En dicha sesión, el CED acordó que, de conformidad con en el numeral 13, fracción II, de las ROF, la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, es decir, el lunes 21 de septiembre de 2009. No obstante lo anterior, a petición del subcomité de vivienda y ante la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados se autorizó, por única vez y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 13, fracción II, de las ROF, la ampliación en el plazo para la entrega de resultados hasta por 10 días más, siendo su fecha límite el lunes 5 de octubre de 2009 .

En ese mismo acto, el gobierno de la entidad federativa que nos ocupa, entregó al representante de la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.

Acciones en el marco del Fonden para el municipio de La Paz

En dicha sesión, el CED acordó que, en apego a lo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF 2009, la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED. Sin embargo, a petición del subcomité de vivienda y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en el municipio afectado se autorizó, por única vez y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 13, fracción II, de las ROF, la ampliación en el plazo para la entrega de resultados hasta por 9 días más, siendo su fecha límite el lunes 5 de octubre de 2009 .

En ese mismo acto, el gobierno de Baja California Sur, entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 10 de las ROF, con fecha 10 de septiembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre de 2009, en 3 municipios del estado de Baja California Sur (Comondú, Loreto y Mulegé), mientras que el lunes 14 del mismo mes y año se publicó en el referido órgano informativo la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre de 2009, en el municipio de La Paz del estado de Baja California Sur.

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por el numeral 17 de las ROF, en las sesiones de instalación de los CED (realizadas como se ha visto el 5 y 8 de septiembre de 2009), la entidad federativa en comento solicitó recursos para diversos sectores, por concepto de apoyos parciales inmediatos con cargo al Fonden para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, por lo que, mediante Boletín de Prensa 162/09, de fecha 11 de septiembre de 2009, se difundió la autorización para el estado de Baja California Sur, de los apoyos parciales inmediatos, para la realización de los trabajos y acciones prioritarias y urgentes para los siguientes sectores:

*Es importante señalar que dicha información se encuentra actualizada al día 23 de septiembre de 2009 y que la misma, podría variar en función de las solicitudes y. por ende, de las autorizaciones de recursos con cargo a los Apoyos Parciales Inmediatos que se hagan con posterioridad a la fecha señalada.

Visto el estado actual de las cosas, se informa a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que, de conformidad con el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción establecido en las ROF, una vez que las instancias federales y estatales responsables de cada sector afectado concluyan con los trabajos de evaluación y cuantificación, se autorizará la totalidad de los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción definitiva de los daños sufridos, de tal suerte que será hasta entonces que se estará en posibilidades de conocer de qué manera y con qué montos se habrá de atender y apoyar los daños ocurridos en Baja California Sur, a consecuencia del huracán Jimena.

Finalmente para un adecuado entendimiento de la información que antecede, y a efecto de brindar una visión más clara de la operación y alcances del Fonden, a continuación se presentan, de manera sucinta, las características generales de este programa federal y del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción:

El Fonden, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).

El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:

Como se ha visto, con cargo al Fonden Reconstrucción, se autorizan recursos, ya sea del Programa o el fideicomiso, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y sector vivienda o ambos de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal, afectados por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento cabe señalar que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Ahora bien, para efectos del acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF por lo que a continuación se presenta una descripción sucinta de esos aspectos:

Procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

Para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada,5 indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una declaratoria de desastre natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del Comité de Evaluación de Daños correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos, Apin6, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los Apin son autorizados por la UPCP, los cuales formarán parte de los anticipos que llegase a solicitar la Entidad Federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos los Apin serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los Apin, la entidad federativa en coordinación con el fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptarán los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes.

Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de éstos, la cual en su caso, instruirá al fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF).

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de dos días hábiles realizará las siguientes acciones:

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden Estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

Es importante hacer hincapié en que, como se ha señalado en su oportunidad, en materia de atención de desastres naturales, la DGF no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular, y tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, el saludo cordialmente.

Notas: 1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.3 Desastre Natural: Al resultado de la ocurrencia del fenómeno o de los fenómenos naturales concatenados o no, que cuando acontecen en un tiempo y espacio delimitado, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar (numeral 5, fracción XI, de las ROF).4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 31 de diciembre de 2008.5 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.6 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente. dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.

HURACAN JIMENA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0042, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número CV/828/2009, suscrito por el licenciado Ignacio López Cortés, director de apoyo a programas de servicios sociales de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su similar SEL/UEL/311/1368/2009 de fecha 9 de septiembre pasado, por el cual comunica al licenciado Francisco Ciscomani Freaner, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de esta Secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 8 de los corrientes, referente a los daños ocasionados por el paso del huracán Jimena en los estados de Baja California Sur y de Sonora.

Sobre el particular, me permito informarle las acciones que por parte de esta dependencia federal se han llevado a cabo para atender los daños sufridos en la infraestructura física educativa y deportiva por el fenómeno meteorológico mencionado.

Baja California Sur

Sonora

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número 100.2009.00816, el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, envía los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de esa dependencia, que se establecen en la fracción V del artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a las obligaciones señaladas en el artículo 27, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, al numeral 17 del Programa Anual de Evaluación 2009 expedido conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y al oficio circular números 307 -A.-0441, SSFP/UEGDG/416/ 027/2009 y VQZ.SE.157/09, emitido conjuntamente por la SHCP, la SFP y el Coneval, respectivamente, relativo a la entrega de los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economía (SE) y su sector coordinado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solicito atentamente su valiosa intervención a fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los informes finales de la evaluación en materia de diseño (en formato impreso y electrónico) de los siguientes programas:

Cabe señalar que de conformidad con el PAE 2009 y el oficio circular número 307-A.-0441, SSFP/UEGDG/ 416/027/2009 y VQZ.SE.157/09, emitido conjuntamente por la SHCP, la SFP y el Coneval, los resultados deben presentarse a más tardar el último día hábil de septiembre, plazo que para el caso que nos ocupa se cumple el 30 de septiembre de 2009.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía, para su conocimiento.

EDUCACION BASICA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto y en alcance del oficio número SEL/UEL/311/894/09, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número OM-0401/2009, signado por Guillermo Bernal Miranda, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales envía los informes finales de la revisión de la matrícula pública de educación básica del ciclo escolar 2008-2009 y de las nóminas pagadas de los tres niveles de educación básica con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal de 2009.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

José Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En alcance de mi oficio número OM-0382/2009, del 7 de agosto del presente año, mediante el cual se remitió el informe con los resultados de la conciliación de la matrícula pública con las entidades federativas, y en virtud de que se concluyeron los trabajos de la revisión de las nóminas pagadas por entidad federativa, para cumplir lo dispuesto en el artículo 9, fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2009 (DPEF de 2009), que a la letra dice:

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se sujetará a lo siguiente:

Al respecto, esta dependencia contrató a la firma RSM, Bogarín, Erhard, Padilla, Martínez & Álvarez, SC, y como resultado de la revisión, se elaboraron 32 informes, correspondientes a cada estado y al Distrito Federal, así como un documento que presenta los resultados a escala nacional.

Los resultados de las pruebas aplicadas en la metodología para la revisión llevada a cabo por el despacho permiten destacar que

Por lo señalado, le solicito atentamente que sean entregados los informes mencionados a la Cámara de Diputados, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 9, fracción IV, inciso a), del DPEF de 2009.

Le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número 200.- 422/09, el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2009.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de sus anexos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Anexo al presente oficio del subsecretario de Hidrocarburos que, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, remite los indicadores operativos y financieros del primer semestre de 2009, entregados por Pemex el 31 de agosto de 2009 a esta dependencia.

Lo anterior, con objeto de que por su amable conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.--- Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, por este conducto me permito enviarle los indicadores operativos y financieros del primer semestre de 2009, entregados por Pemex el 31 de agosto de 2009 a esta dependencia. Lo anterior, con objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para su conocimiento.

PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACION SOCIAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SNM/192/2009, la licenciada Irma Pía González Luna Corvera, subsecretaria de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, y de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, correspondiente al cuarto bimestre que comprende del 10 de julio al 31 de agosto de 2009.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y medio magnético.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de RTC y de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios elabora de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por la fracción X del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de mérito, correspondiente al primer bimestre que comprende del 10 de julio al 31 de agosto del año 2009; con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación, para su conocimiento.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 40-F, 222, fracción I apartado d y fracción II, de la Ley del Seguro Social.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 40 F, 222, fracción I apartado D y fracción II, de la Ley del Seguro Social con el fin de que los trabajadores de estados, municipios y el Distrito Federal tengan acceso a los servicios de seguridad social y servicios de salud a cargo de los senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Melendez, Adolfo Toledo Infanzón Infanzon, Raúl Mejía González y Mario López Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González, y Mario López Valdez, senadores de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar los artículos 40 F, 222, fracción I apartado d y fracción II de la Ley del Seguro Social, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

De manera cotidiana, los seres humanos deben hacer frente a diversos riesgos que se producen durante su vida, estos surgen de la convivencia social o son resultado de la actividad económica. Así las familias pueden sufrir la enfermedad de alguno de sus miembros y asumir los costos de la atención que esta implica. Las madres trabajadoras deben encontrar lugares adecuados para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral. Los trabajadores pueden ver reducida su capacidad productiva a causa de algún accidente. Las personas de mayor edad, deben enfrentar una disminución de sus aptitudes físicas y, consecuentemente, menores opciones de empleo y ser perjudicial para su calidad de vida. Cualquier sociedad o país, puede verse obligado a enfrentar los efectos de fenómenos naturales, o los vaivenes económicos originados por la volatilidad propia de los efectos de las crisis.

Una respuesta inadecuada a todos estos riesgos o la carencia de instrumentos públicos apropiados para hacerles frente, puede llevar al aumento de la pobreza, de la desigualdad en las oportunidades y en la inequidad en el acceso a servicios públicos vitales, como son la educación y la salud. Esto no sólo perjudica a las personas o las familias, sino que puede dar pie a la incertidumbre, la desconfianza y a las tensiones sociales que afectan al conjunto de la sociedad.

Por estas razones, México ha venido revisando sus mecanismos de protección social y adecuando sus instituciones de seguridad social para darles viabilidad y capacidad de respuesta frente a la complejidad de la vida moderna. En las últimas décadas, se ha venido rediseñando el entramado normativo, presupuestario e institucional con la mirada puesta en conseguir que la capacidad del Estado para tutelar los derechos colectivos, sea cada vez más eficaz, más eficiente y con una cobertura realmente universal que además de brindar seguridad a las personas, contribuya a multiplicar las oportunidades y al aprovechamiento del potencial de la población mexicana.

En el país la implantación de normas e instituciones protectoras fue una inquietud constante desde principios del siglo XX, dando origen a diversos ordenamientos en el ámbito local y federal, como las leyes de accidentes de trabajo de los estados de México, Nuevo León y Chihuahua; así como las leyes de trabajo de Jalisco, Veracruz, Yucatán e Hidalgo y el decreto expedido por Venustiano Carranza el 12 de diciembre de 1914, por el cuál se incorporó dentro del Plan de Guadalupe la preocupación para efectuar las reformas necesarias que promovieran el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Este planteamiento encontró forma legislativa en el constituyente de 1917, al incluirse, en la redacción original del artículo 123 constitucional, la obligación para el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados de fomentar el establecimiento de ``cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos.''

Este mandato constitucional, derivó en diversos intentos por promulgar una ley del Seguro Social, la cuál no pudo cristalizarse hasta el año 1943. Este ordenamiento significó una importante evolución en la tutela del Estado sobre derechos humanos fundamentales, como son la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.

A pesar de que la Ley del Seguro Social posibilitó agrupar y dar coherencia a los numerosos esquemas de protección que eran ofrecidos por los sindicatos o grupos de trabajadores, su promulgación no logró la cobertura universal para todos los mexicanos, debido a las limitaciones que le impusieron su carácter vertical, es decir, su orientación exclusiva hacia los trabajadores del sector formal de la economía, dejando sin protección a amplios sectores y grupos de la población.

Para resolver esta limitante, algunos fondos o servicios sociales continuaron operando fuera del nuevo esquema de seguridad social y otros se crearon para atender a grupos específicos

En este contexto, la protección social para los trabajadores de los poderes federales siguió operando bajo los preceptos de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, promulgada en 1925, así como en lo dispuesto en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y por otras disposiciones. Las deficiencias en la acción protectora de estos ordenamientos, obligaron a incluir el Apartado B en el artículo 123 constitucional, mediante su reforma en 1959, cuyo objeto fue elevar a rango constitucional los derechos del trabajo burocrático. En ese mismo año, el legislativo promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ordenamiento en cuya exposición de motivo se hace un claro reconocimiento a las deficiencias observadas en la cobertura de la seguridad social, particularmente en el ámbito de la salud, reconocimiento que ``si bien se había procurado resguardar temporalmente la conservación de sus ingresos, en caso de enfermedad durante el servicio activo y aminorar las consecuencias de su perdida en el infortunio o la vejez, con el sistema de pensiones vigente, que tanto arraigo ha alcanzado, también es verdad que solo parcial, discrecional y aisladamente se ha atendido a las necesidades de servicios médicos y medicinas, que fatalmente son necesarios en toda familia. Las erogaciones que por esos conceptos hacen permanentemente los trabajadores, menguan gravemente sus presupuestos familiares. Por otra parte, fuera de los breves plazos de conservación del salario señalados en el Estatuto Jurídico, al sobrevenir un acontecimiento, enfermedad o accidente, que implicara la perdida de este único ingreso del servidor del Estado que lo recibe como retribución a su esfuerzo personal, la situación económica de su hogar sufría un penoso quebranto''.

Además, de un intento de ampliar la cobertura poblacional se fueron creando diversos mecanismos u organismos que cubren específicamente a segmentos específicos de trabajadores, como son los esquemas de protección en salud y pensiones de Petróleos Mexicanos ( Pemex), de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y algunas universidades, así como las instituciones encargadas de garantizar la seguridad social de los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y de los municipios.

Con el mismo espíritu de universalización se promulgo, en 1973, una nueva Ley del Seguro Social en la cual se reconoció la necesidad de que la seguridad social fuera dinámica, dado el incremento demográfico, la continua transformación de la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de trabajo. Además se aceptó que, a pesar de los avances logrados en los treinta años que estuvo en vigor la ley original, solo se había logrado comprender el veinticinco por ciento de la población, ya que ``numerosos grupos que componen la sociedad mexicana'' no tenían ``capacidad suficiente para aportar su contribución'' a los sistemas entonces vigentes.

Las deficiencias de esta norma y las complicaciones financieras del IMSS, motivaron la promulgación de la actual Ley del Seguro Social en 1995, la cual se fundamenta en el propósito de ``emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo, acrecentar su capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de prestaciones medicas, así como garantizar prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas''.

En el campo de la salud, los cambios mas notables de esta ley fueron el otorgamiento de facultades al IMSS para establecer programas preventivos; la ampliación y fortalecimiento del seguro de enfermedades y maternidad; la posibilidad de reversión de cuotas a favor de aquellos patrones que puedan ofrecer y garantizar los servicios médicos y hospitalarios, así como la creación del seguro de salud para la familia, como el mecanismo por el cual, mediante el pago de una cuota fija, cualquier familia que no sea sujeta del régimen obligatorio puede establecer un contrato con el instituto para acceder a las prestaciones medicas que éste otorga.

Las necesidades de atención médica de los grupos de la población mexicana menos favorecidos económicamente, han sido atendidas por un gran número de instituciones públicas y por un cúmulo de programas públicos que a menudo se dirigen a resolver problemas específicos y, en muchas ocasiones, no han tenido la continuidad necesaria para materializar sus objetivos.

Es importante destacar los esfuerzos continuos que ha realizado el legislador por romper con el modelo vertical y desigual con que se le viene garantizando el derecho social a la salud de los mexicanos. Este objetivo se ha venido planteando desde la reforma realizada, en 1983, por lo cual se incorporó al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona a la protección de la salud. En efecto, son de resaltar algunas de las ideas precursoras en el concepto actual sobre la protección que debe ofrecer el Estado a sus ciudadanos, las cuales se incluyeron en la exposición de motivos de la mencionada reforma constitucional. Entre estas, el deseo de sentar bases mas firmes para la universalización, puesto que se considera que la salud ``como ninguna otra condición para el disfrute de una vida plena, no admite discriminaciones. No puede hablarse de una sociedad sana cuando tiene injustamente sectores completos de la población, sin el disfrute real de este derecho''. Aún más, en dicho texto se dice que ``el derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al termino de la vida, no solo prolongándola, sino haciéndola mas grata dándole mayor calidad, haciéndola mas digna de ser vivida''.

La reforma constitucional se decanto en una serie de modificaciones normativas y administrativas, como fueron la promulgación de la actual Ley General de Salud de 1984, la creación de las leyes estatales de salud, la sectorización institucional y la descentralización de los servicios de salud hacia las entidades federativas.

Asimismo, el derecho a la protección de la salud influyó en la trascendental reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, que incluyó el Titulo tercero bis sobre la Protección Social en Salud. Esto permitió que se extendiera el aseguramiento en materia de salud a la población no cubierta por las instituciones de seguridad social, mediante la creación del Sistema de Protección Social en Salud. Sistema con el que se intenta alcanzar la universalización de la salud a través de un conjunto integrado por tres seguros públicos: un seguro para los asalariados del sector privado formal de la economía, un seguro para los trabajadores al servicio del Estado y otro para los autoempleadores y los desempleados sin acceso a la seguridad social a cargo de esta nueva institución.

En esencia, la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) persiguió hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud para todos los mexicanos y resolver los problemas estructurales que afectaban la provisión de servicios médicos a la población no asegurada que se calculaba en mas del 50 por ciento de la población.

Además, con este mecanismo se pretendió solucionar los graves desequilibrios financieros que afectaban el funcionamiento de las instituciones de salud y el otorgamiento de los servicios, mediante nuevas formas organizativas y recursos adicionales que se deben destinar, tal como se señala en la exposición de motivos, al financiamiento de ``la atención de la población que carece de una relación laboral con un patrón y, por tanto, hasta hoy excluida de las instituciones de seguridad social''.

El modelo plantea un esquema tripartito de financiamiento y, en lo que hace a los recursos federales, establece dos tipos de aportaciones:

La exposición de motivos de esta reforma, precisa dos definiciones de gran importancia para las políticas públicas de protección social que, en consecuencia, son de resaltar.

En primer término, el legislador sugiere que ``con este tercer seguro público, como nuevo componente financiero del Sistema Nacional de Salud, se alcanza el ideal de la universalidad de la seguridad social en materia de salud'', es decir, reitera el objetivo esencial que ha motivado la mayoría de las reformas en el ámbito de la protección social, lograr que todos los mexicanos accedan, sin distinción alguna, a un mínimo de garantías para el desarrollo pleno de sus capacidades.

En segundo lugar, se dice que la iniciativa ``atiende a la justicia distributiva, al asegurar para cada familia beneficiaria del SPSS una aportación mínima para el sostenimiento de su salud. Con esta cuota se tiende al reconocimiento social de la Federación frente a la garantía individual de la protección de la salud''. Esto es relevante porque representa una evolución en la conceptualización de las políticas de protección social, las cuales ya no se califican como instrumentos asistenciales, sino como un medio idóneo para dar contenido efectivo a derechos sociales explícitos.

Con la puesta en marcha del SPSS se ha mejorado el acceso y el soporte financiero de los servicios de salud que se proporcionan a una gran parte de la población mexicana. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a mayo de 2008 se tenían afiliadas a casi 7.8 millones de personas. Para el año 2009, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se tiene prevista una afiliación de 10.9 millones de familias, es decir, una cobertura para 32.8 millones de personas.

Por último, la creciente expedición de la nueva la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, culmina el esfuerzo reformador por tratar de ingresar un sistema de protección social coherente y equitativo, incorporado en el régimen financiero de este instituto tanto el carácter solidario en las contribuciones para las acciones de protección social, como el deber del Estado frente a los derechos sociales de sus trabajadores; esto se concreta mediante la asignación a la federación de obligaciones patronales y la inclusión de una cuota social financiada por el Estado.

Todos estos antecedentes históricos demuestran como en México hemos venido avanzando hacia la universalización de la protección social de la salud y superando aquella visión equivocada, por la cual se organizó la intervención del Estado sobre la base de una falsa dicotomía que separaba e impedía armonizar las responsabilidades en materia de protección social con aquellas atribuidas a las instituciones de la seguridad social.

En las últimas tres décadas se han expedido una serie de leyes y promulgado diversas reformas orientadas abordar los problemas de esta fragmentación y construir un autentico sistema universal de protección social en salud.

Ésta generación de reformas ha intentado que la salud se convierta en un factor que apoye a los mexicanos en la plena realización de sus objetivos y aspiraciones individuales, familiares y sociales.

Bajo este contexto no puede admitirse que subsistan de exclusión o inequidad en le ejercicio de este derecho social fundamental. Si los objetivos comunes son reducir la pobreza, asegurar la igualdad de oportunidades para los mexicanos y apoyar la ampliación de sus capacidades, es necesario que todas las acciones del Estado se funden en sólidos principios de justicia e igualdad para todos.

En consecuencia, el Poder Legislativo debe velar porque los cambios aprobados en distintos momentos de la historia nacional, consigan el objetivo propuesto: la universalización de la protección social en salud.

Ante este deber, se requiere que el legislador continúe revisando las normas emitidas, corrigiendo sus omisiones y las deficiencias que impidan el propósito anhelado.

Efectivamente, tal como se ha planeado, con la implantación de las reformas realizadas a los tres principales seguros públicos, se ha mejorado el acceso a los servicios de salud institucional y se ha dotado de recursos adicionales para que la inmensa mayoría de la población tenga un futuro más cierto y esté mas capacitada para enfrentar los riesgos que corre su salud a lo largo de la vida.

Sin embargo, es de notar que la redacción vigente de la Ley General de Salud no garantiza la universalización de la protección del Estado a la salud de todos los mexicanos, dado que la misma parte de algunos supuestos relacionados con la fragmentación institucional que originan un trato desigual por parte del Estado para ciertos grupos de la población mexicana.

En concreto, el artículo 77 Bis 3 de la ley señala que se incorporarán la SPSS todas ``las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de la seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de prevención social de salud'' lo que condiciona la posibilidad de recibir la protección ordenada por el articulo cuarto constitucional para cientos de miles de familias mexicanas.

En efecto, este texto se plasmó con el propósito de evitar duplicados esfuerzos materiales y económicos que debe realizar el gobierno federal para brindar cobertura a toda la población y tiene mucho sentido, si se toma en cuenta las aportaciones monetarias que debe efectuar al IMSS, ISSSTE o SPSS en representación de Estado nacional son equivalentes entre si.

No obstante, esta finalidad lleva a una evidente confusión entre la posibilidad que tienen ciertos grupos poblacionales para acceder a determinados servicios de salud y el cumplimiento, por parte del Estado, de sus deberes en esta materia. Es claro que el hecho de que algunos ciudadanos puedan adquirir un seguro de salud, ofrecido por algunas de las empresas privadas del sector asegurador del país o que laboren en algún organismo o empresa, ya sea del sector publico, del privado o del social, en las que se opere algún procedimento de prevención social, no releva al Estado de las obligaciones que en materia de salud establece la Constitución.

Grupos numerosos de trabajadores, la mayoría de los cuales se desempeñan en las administraciones publicas de las entidades federativas, el distrito federal y en los gobiernos municipales, se encuentra impedidos para acceder al SPSS y se enfrentan a una desventaja para resolver sus necesidades de salud, frente a otros que reciben el respaldo financiero y regulatorio del gobierno federal, lo que compromete sus oportunidades humanas y las de sus familias o los hablita a realizar esfuerzos económicos adiciónales.

Esta situación constituye uno de los temas pendientes en la agenda de la protección social en México, así como un obstáculo evidente en el objetivo de construir un sistema universal que contribuya a la transformación que requiere el país.

Aún más, en el de la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE, el legislador cuidó que se mantuvieran las obligaciones materiales y económicas del Estado cuando, en virtud de algún convenio de incorporación voluntaria, los servicios de salud son proporcionados por alguna de estas instituciones. De esta forma, la prestación de los servicios de salud a trabajadores estatales y municipales sólo puede contar con protección del Estado, si el organismo es federal y no como respuesta a los derechos sociales establecidos para todos los mexicanos. En efecto, las disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de la incorporación voluntaria de este tipo de trabajadores, establecen que las obligaciones patronales deben ser cubiertas por el organismo que opte por incorporar a sus trabajadores, en tanto que a la federación se le obliga a enterar las aportaciones de la protección social, en los términos que debe hacerlo para los trabajadores del régimen obligatorio.

Los trabajadores de los estados y los municipios suman más de un millón 100 mil familias que se traducen en 3 millones de personas a cubrir. Buena parte de estos trabajadores ya se encuentran incorporados al IMSS o ISSSTE, de tal forma que solo se encuentren en condición de exclusión aquellos estados, municipios o universidades que cuentan con un mecanismo propio de previsión social. De acuerdo con datos de 2007, resultan ser 11 las entidades federativas que cubren directamente las prestaciones médicas a trabajadores estatales y municipales, o lo hacen una parte de estos. Estas 11 entidades registran una cobertura total de 678 mil 688 asegurados. Estos servicios se prestan en 208 unidades médicas de los distintos niveles de atención.

La cobertura sanitaria que se ofrecen a estos trabajadores varía entidad a entidad y de forma de municipio a municipio, ofreciendo en algunos casos una cobertura integra, de forma similar que ofrecen el IMSS y el ISSSTE.

Aunque los trabajadores de estados y municipios disfrutan una cierta estabilidad laboral, sus condiciones de vida no presentan una gran diferencia a lo que sucede con cualquier empresa laboral. Entre estos existe personal directivo que cuentan con salarios altos pero también modestos servidores públicos que se desempeñan en actividades importares para la sociedad en su conjunto como los servicios de policía, bomberos, recolección de basura limpieza de parques y jardines, por mencionar algunos de ellos.

De igual forma, la salud de quienes trabajan en estados y municipios enfrentan retos similares a los que afectan al resto de la población, es decir, los relacionados con la transición demográfica y epidemiológica que han provocado que la relación de los adultos mayores este adquiriendo un mayor peso especifico en el volumen de servicios que deben otorgarse, así como en la mayor incidencia de enfermedades no transmisibles.

Cabe también mencionar que estos grupos poblacionales presentan mayores tasas de utilización de los servicios de salud que el resto de la población, lo que compromete el financiamiento de los servicios y, finalmente, la oportunidad, eficacia y calidad de estos.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta, para 2005, una tasa de 83.3 egresos hospitalarios por cada mil derechohabientes de las instituciones estatales, mientras el IMSS registró el mismo año una tasa de 43.1 egresos y el ISSSTE de 32.2. Por otro lado en lo que hace a intervenciones quirúrgicas, se registraron 56.5 cirugías por cada mil derechohabientes, en tanto en el IMSS fueron 31.7 intervenciones y en el ISSSTE de 25.0 y en consulta general, se otorgaron 2,039.9 consultas por millar de derechohabientes, cifra notablemente mayor a las mil 606.6 del IMSS y las mil 404.2 del ISSSTE.

Asimismo, debe subrayarse que la atención médica para estos grupos de la población carece de un adecuado respaldo financiero. A excepción del caso de Sonora, donde recientemente se incrementaron las cuotas y aportaciones para prestaciones medicas, el financiamiento de los servicios medicas se ubica entre el 8 por ciento del sueldo integrado para el caso del estado de México y el 13 por ciento del salario sujeto a cotización, proporción que resulta inferior a la determinada recientemente para el ISSSTE, institución para la cual se establecieron aportaciones y cuotas para los servicio médicos que suman, incluyendo la cuota social, 14.97 por ciento del sueldo de la cotización.

La insuficiencia financiera con que operen los servicios médicos, ha derivado en continuos déficit de operación que limitan las posibilidades de suministro oportuno y suficiente de medicamentos, disminuye la capacidad institucional para desarrollar y mantener la infraestructura, así como restringe las posibilidades de profesionalización y capacitación del personal médico.

Bajo las condiciones financieras actuales, se pone en riesgo la efectividad de los tratamientos preescritos y, en general, la actualidad de la atención, lo que puede resultar en la insatisfacción para la mayoría de la población protegida.

Por todas estas razones es que resulta necesario modificar la Ley del Seguro Social, como instrumento básico de la seguridad social en México y replantear las condiciones en las que estos trabajadores pueden afiliarse de manera voluntaria a los seguros y prestaciones que ofrece esta institución, abriendo la posibilidad de que estas se realicen de manera completa o parcial, no sólo en lo que se refiere a los ramos de aseguramiento establecido, sino a prestaciones especificas que puedan estarse otorgando o se otorguen de manera deficiente.

Además, es necesario que el Estado nacional cuente con un vehículo institucional apropiado para hacer llegar a estados mexicanos las contribuciones que se otorgan a cualquier ciudadano con independencia de su condición laboral, del prestador de servicio o de su residencia.

En este sentido, la iniciativa plantea cambios a los artículos 40 F y 222, fracción I y II, inciso d que facilitan la incorporación parcial de los trabajadores de los estados y municipios a la mayoría de los ramos de seguro que comprende el régimen obligatorio del seguro social, al tiempo de establecer un organismo para determinar las diferencias que existe en las coberturas profesionales entre distintas instituciones, así como para cuotas y hacer llegar las contribuciones del gobierno federal que llegarían a corresponder y se destinan, fundamentalmente, a la atención médica y la protección económica durante la vida en retiro.

Finalmente, es de subrayarse que la iniciativa se vincula estrechamente con la justicia social y al sostenibilidad de las instituciones públicas, la cual constituye una precondición para la transformación integral de la nación y el desa-rrollo humano sustentable que México requiere.

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman y adicionan los artículos 40 F y 222 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 40 F. Salvo lo dispuesto en el artículo 222 de esta ley, el instituto no podrá liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero patronales. Tampoco podrá condonar, total o parcialmente, la actualización de las cuotas ni los recargos correspondientes.

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la vigencia de este decreto, el Ejecutivo federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan para adecuarlas a lo dispuesto en el articulo 40 F y 222, de esta ley.

Tercero. Cuando el aseguramiento voluntario de los sujetos señalados en la fracción V, del artículo 13 de esta ley, comprometa el equilibrio financiero del instituto o la eficacia de los servicios que proporciona a los asegurados, el instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las adecuaciones que correspondan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cuarto. Cuando los sujetos obligados por esta ley reincorporen, de manera voluntaria, a alguno de los sistemas de seguridad social establecidos por otras entidades públicas, el instituto verificará que se concedan prestaciones similares a las que dispone esta ley y, de no ser así, dichos sujetos estarán obligados a pagar al instituto, los aportes proporcionales para satisfacer las diferencias que pudieran resultar. En estos casos, los sujetos incorporados voluntariamente a los mencionados sistemas de seguridad social recibirán el mismo tratamiento que los señalados en la fracción V, del artículo 13 de este ordenamiento.

Quinto. Las contribuciones que se otorguen a las entidades públicas como apoyo a la reestructuración de sus sistemas de pensiones podrán financiarse con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones o con los que para este efecto se prevean dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sexto. Las solicitudes de incorporación voluntaria que presenten las entidades públicas deberán resolverse en un plazo que no exceda de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que éstas las presenten.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXI Legislatura.--- Presente.

Los suscritos, senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política General de la República, así como 55, fracción II, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que modifica y adiciona la Ley de Comercio Exterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, decretó una reducción de los aranceles nación más favorecida (NMF), que repercutirá en la economía del país en los siguientes cuatro años. La reducción afecta 69 por ciento de las 12 mil 119 fracciones que integran la tarifa de importación mexicana, prácticamente todas las importaciones industriales de México.

La reducción implica que el arancel promedio de importación para estas fracciones pase de 10.4 por ciento a un promedio de 4.3 para 2013, tasa muy por debajo de países con los que México compite: en Argentina, la tasa de arancel promedio NMF es de 12.2 por ciento; en Colombia, de 11.2; en India, de 11.5; en Brasil, de 12.5; en Chile, de 6; y en China, de 9 por ciento. Lo anterior significa que para 2013 México será la economía más liberalizada de la región.

Como justificación de la adopción de esta medida, el Ejecutivo federal expresa en el decreto que los sectores productivos menos protegidos son los que han tenido mayor crecimiento y que, por tanto, se busca equidad entre las pequeñas y las grandes empresas para que sean más productivas.

Sin embargo, el sector empresarial mexicano, y las cámaras industriales y las empresariales, prácticamente de manera unánime, se pronunciaron en contra de que nuestro país, de forma unilateral, redujera los aranceles NMF.

El riesgo real de la reducción de estos aranceles es que las cadenas de producción tengan un desmantelamiento, ya que los importadores podrán adquirir no sólo materias primas de países como India o China sino, también, productos terminados con precios reducidos y prácticamente libres de arancel.

La comercialización de productos importados resultará un mejor negocio y sería difícil que un empresario decidiera fabricarlos en México, arriesgando su capital, instalando plantas productivas, invirtiendo en activos, contratar empleados o desarrollar tecnología, sin la certidumbre de que pueda tener mercado para sus productos.

En sentido contrario, muchos países desarrollados, ante la crisis económica global, han levantado barreras a las importaciones en forma de tarifas, subvenciones y otras medidas diseñadas para proteger sus industrias. E el periodo enero-junio de 2009 se observó una disminución de 30.5 por ciento de las importaciones de los países industrializados, y en los países emergentes el descenso fue de 28 por ciento en promedio. Estados Unidos y China, caracterizados por ser los países con economías más abiertas, han reducido las importaciones en 30.1 y 29.5 por ciento, respectivamente. Sin embargo, ante este claro escenario, el gobierno mexicano opta por una política que, sin más, amenaza inundar el mercado nacional con productos de otros países, en lugar de proteger su aparato industrial.

Por otro lado, conviene también analizar el efecto fiscal que la reducción arancelaria tendrá, pues ante una estimación de un faltante calculado por la SHCP para el presente año de alrededor de 300 mil millones de pesos y el panorama de las finanzas públicas que para 2010 no es nada favorecedor, resultaría conveniente que el gobierno federal pudiera contar con los ingresos por concepto de aranceles que, en caso de revertir el decreto y retornar a los niveles de 2008, se obtendrían recursos adicionales por alrededor de 37 mil 500 millones de pesos entre 2009 y 2013.

Cabe aclarar que la reducción decidida por el Ejecutivo federal no forma parte de los compromisos asumidos por México con la OMC y que, por el contrario, podría incrementar sus aranceles hasta un promedio de 34.9 por ciento sin tener que compensar a las partes que resultaren afectadas si, en su caso, decidiera elevar los aranceles en esa proporción.

Con el decreto publicado y el hecho de que 63 por ciento de los productos industriales esté libre de arancel se reduce el atractivo para negociar acuerdos de libre comercio con otros países y se pierde la oportunidad de aprovechar los que ya se tienen firmados, pues se supone que el beneficio de tener un tratado de libre comercio es que se tenga un trato recíproco; es decir, una disminución o desgravación de aranceles de ambas partes con la posibilidad de proteger a los sectores más sensibles, lo que no se cumple al aplicar las medidas unilaterales.

El artículo 131 constitucional establece que ``el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país''. Es claro que esa facultad se otorga para aplicar medidas en caso de urgencia y de manera temporal, en tanto esta urgencia persiste.

Sin embargo, hasta hoy se desconoce el efecto que tendrá en la industria y mucho más si en realidad han sido las pequeñas empresas las beneficiadas con esta reducción arancelaria, por lo que considero que el Ejecutivo federal debería informar con la mayor brevedad sobre el efecto de este decreto, a fin de que, en consulta con los sectores, se decida su término o su continuidad.

Es grave que en este decreto, que se publicó con el carácter de medida contracíclica para hacer frente a una crisis, no se establezca una evaluación para decidir el periodo en que los aranceles regresarán a las tasas en vigor antes de la urgencia o su incremento, hasta lo permitido, en los compromisos asumidos o consolidados en la OMC.

Por tal motivo, en la iniciativa con proyecto de decreto que se presenta se propone establecer la obligación a la Comisión de Comercio Exterior, que se señala en la Ley de Comercio Exterior, de evaluar los efectos de tal medida, tomando en consideración la opinión de los sectores afectados para decidir la permanencia o el término de las medidas de urgencia y se informe al Congreso de la Unión sobre tal evaluación.

Asimismo, se propone modificar el artículo 14 de la Ley de Comercio Exterior, para clarificar que pese a los compromisos adquiridos en tratados o convenios firmados por México, el Ejecutivo federal tiene la facultad de aumentar, disminuir o modificar los aranceles cuando se presenten situaciones de urgencia.

Por lo expuesto, se pone a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior

Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 6 de la Ley de Comercio Exterior.

Segundo. Se modifica el artículo 14 de la Ley de Comercio Exterior.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y modifica la Ley de Comercio Exterior

Artículo 6o. ... ... ...

Para los efectos de las fracciones I y II del artículo 4o. de esta ley, la comisión evaluará los resultados de las medidas de emergencia adoptadas, a fin de recomendar a la secretaría su permanencia o término, considerando para tal fin la opinión de los sujetos que se mencionan en el párrafo segundo de este artículo. La secretaría informará trimestralmente al Congreso de la Unión sobre los efectos en los sectores económicos y la recomendación de la comisión.

Artículo 14. Los aranceles generales previstos en las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación cumplirán los términos, tasas y periodos acordados en los acuerdos o convenios comerciales internacionales de que México sea parte, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 4o. de esta ley, en cuyo caso se hará la declaratoria de emergencia, estableciendo la fecha en que concluirá su vigencia.

Transitorios

Primero. Transcurridos treinta días de la publicación del presente decreto, el Ejecutivo federal remitirá al Congreso de la Unión informe sobre los afectos en los sectores económicos que ha tenido el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación publicado el día 24 de diciembre de 2008, así como el resultado de la evaluación donde se decide la continuación o termino de las medidas de urgencia.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Economía.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Luis Alberto Coppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Pesca, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un mayor presupuesto destinado a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país y al Instituto Nacional de Pesca, con la finalidad de que éste cuente con la tecnología y equipo de vanguardia necesarios para cumplir sus importantes atribuciones de investigación a favor de la pesca y acuacultura de la nación. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inversión pública y privada en la ciencia y la tecnología de nuestro país continúa siendo baja respecto a lo que destinan a estos rubros otras naciones de nuestro continente y del mundo: entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el que realiza menos inversión para la investigación y desarrollo, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2009 el monto otorgado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue de 15 mil 474.8 millones de pesos (mdp), y la inversión en el ramo para la ciencia y tecnología nacional fue de aproximadamente 43 mil 500 mdp.

En este contexto, cabe señalar que para el ramo administrativo que integra a la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron asignados 3 mil 100.0 mdp, aproximadamente, de los que se destinó a la investigación pesquera y acuícola aplicada cerca del 8 por ciento, lo cual es insuficiente para una nación con un amplio potencial de recursos acuáticos.

En el territorio nacional existen diversas instituciones educativas y de investigación que realizan indagación en aéreas en ciencias del mar y específicamente en pesca y acuacultura, y que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a universidades e instituciones estatales y regionales.

De igual forma el sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con escuelas secundarias técnicas pesqueras y de nivel medio superior como los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar y de nivel superior y postgrado, como los Tecnológicos de Mar.

La mayor parte de estas instituciones pertenecen al sistema de centros públicos de investigación, cuyo principal objetivo es realizar actividades de investigación científica y tecnológica reconocidas por resolución conjunta de los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las dependencias de la administración pública federal.

Esos centros se caracterizan por tener una autonomía técnica, operativa y administrativa, además de tener un fideicomiso de apoyo en investigación y desarrollo tecnológico. El gobierno federal creó dichas instituciones para solucionar problemas locales y regionales de educación, cuyo planteamiento tiene como base la descentralización de la actividad científica y tecnológica en ciencias del mar.

Asimismo, el Ejecutivo Federal cuenta desde el año de 1962, con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), creado con el principal propósito de bridar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo de la pesca y la acuacultura del país. Actualmente es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola en su género con la mayor cobertura nacional y en atención directa a la problemática y desarrollo de estos sectores.

A diferencia de otras instituciones de investigación en ciencias del mar, el Inapesca tiene la encomienda de diseñar, conducir e instrumentar las políticas de investigación pesquera y acuícola del país, aportando elementos técnico-científicos, a través de sus trabajos de investigación, para la gestión y determinación de medidas regulatorias para la administración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

Los trabajos realizados por el Inapesca son fundamentales para la toma de decisiones de la autoridad pesquera y acuí-cola para la administración y óptimo aprovechamiento de sus recursos, y por ello representa el activo más importante del país en materia de investigación y evaluación pesquera y acuícola.

De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), entre sus principales atribuciones se encuentran coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, y la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta nacional pesquera y la Carta Nacional Acuícola; formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con instituciones de investigación y autoridades del gobierno federal y de los Estados; elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas y emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del instituto.

Las facultades anteriores se pueden esquematizar en una serie de actividades y productos que este instituto lleva a cabo, como el desarrollo de estudios de investigación de las principales pesquerías a nivel nacional y el acopio, análisis, evaluación e integración de información elemental para la actualización de la Carta nacional pesquera y la Carta Nacional Acuícola, y para la elaboración o actualización de normas oficiales mexicanas, además de la realización de Dictámenes Técnicos y Opiniones Técnicas que brindan sustento a las medidas regulatorias y de manejo encaminadas al aprovechamiento sostenible de las pesquerías del país,

De estos importantes elementos, que se consideran esenciales para la administración y ordenamiento de los recursos pesqueros, la actualización de la Carta nacional pesquera tiene singular relevancia, ya que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos, tal como la misma LGPAS lo establece.

La Carta nacional pesquera se presenta en forma de fichas que contienen los nombres comunes y científicos de las especies, los indicadores de la pesquería, los lineamientos, estrategias y medidas de manejo, el esfuerzo pesquero permisible, así como el comportamiento de la pesquería en gráficas, la ubicación geográfica de las áreas de pesca en las vertientes del país y una descripción y diseños de los distintos sistemas de pesca que se emplean en la captura de los recursos. Esta información es en síntesis determinante para la implementación de medidas administrativas, regulatorias y de manejo de recursos pesqueros por parte de la autoridad pesquera.

En términos generales, los trabajos de investigación realizados en los 45 años de existencia de este instituto han permito monitorear y tener conocimiento científico y tecnológico de nuestras principales pesquerías comerciales y ha venido recomendando las medidas de manejo más adecuadas a la sustentabilidad a largo plazo. Asimismo han evaluado y recomendado las artes de pesca adecuadas, esfuerzo de pesca susceptible de ser aplicado, tallas mínimas de captura, temporadas de veda, y el procesamiento y manejo a bordo, así como alternativas de comercialización.

De la misma forma ha recomendado lineamientos a la autoridad pesquera y acuícola y por medio de la divulgación de los resultados de sus investigaciones al sector productivo, ha generado y promovido la innovación y transferencia de tecnología pesquera y acuícola al sector, ha evaluado las pesquerías y unidades de producción acuícola y promovido la exploración de recursos potenciales, entre otros grandes e importantes aspectos en beneficio del desarrollo acuícola y pesquero.

Sin embargo, no obstante las importantes atribuciones y la ordenanza que en materia de investigación tiene el Inapesca, así como a sus básicas y necesarias aportaciones, en los últimos años esta institución ha venido enfrentando una serie de problemas y dificultades que no ha permitido que sus trabajos de investigación y asesoría sean aprovechados con una mayor eficiencia en respuesta a la situación en la que actualmente se encuentra la pesca y acuacultura del país y éste se encuentre limitado para cumplir con una mayor eficacia el objetivo para el que fue creado.

La carencia de recursos humanos, materiales y financieros, así como la falta de instrumentos y mecanismos administrativos que son necesarios y que al no poseer obstaculizan y minimizan su cobertura de operación son sólo algunos de los principales problemas que enfrenta actualmente, y que no permiten que cumpla eficientemente con todas sus atribuciones y funciones al 100 por ciento.

La disminución drástica en la plantilla de su personal, la edad y tiempo de antigüedad de elementos operativos y administrativos en vísperas de retiro, así como la falta de contratación e incorporación de personal, aunado al estado actual de deterioro en el que se encuentra su infraestructura e instalaciones de sus Centros Regionales de Investigación Pesquera, debido al escaso presupuesto para su mantenimiento preventivo y correctivo, son algunos aspectos substanciales de tal problemática.

Las nueve embarcaciones que componen su flota de investigación pesquera promedian 28 años de antigüedad y por la carencia de recursos financieros para contratación de su tripulación y para su mantenimiento, sólo tres se encuentran aptas o en estado óptimo para su operación.

Es importante resaltar esto, toda vez que este tipo de buques de investigación son sumamente necesarios para los trabajos y estudios de investigación que son requeridos en nuestros mares y sólo algunas instituciones del país cuentan con este tipo de embarcaciones; no obstante que se poseen extensos litorales en comparación con otros países pesqueros del mismo continente.

Como se ha mencionado, México cuenta con una gran infraestructura de investigación en ciencias del mar y un gran número de instituciones de enseñanza media superior y superior distribuidas en el territorio nacional, en las que se capacita y prepara personal especializado en diversas áreas y niveles en estas disciplinas, además de una institución oficial asesora del gobierno federal con Centros Regionales de Investigación Pesquera en los litorales del país; sin embargo, se considera que, contrariamente a la infraestructura y los recursos humanos con que se cuenta, éstos no son debidamente aprovechados para un mejor desarrollo de la pesca y la acuacultura que requiere la nación.

Aunado a ello, al igual que en otras áreas relacionadas con la producción de alimento, las cuales son elementales para la subsistencia de la población, en la pesca y la acuacultura hay un gran rezago generalizado en cuanto a la tecnología en estas actividades. Este déficit no sólo ha impedido el desarrollo tecnológico pesquero y acuícola, sino que esto ha imposibilitado competir con los países pesqueros desa-rrollados, poniendo al país en una gran desventaja al importar tecnología extranjera sin invertir en el desarrollo de la producción tecnológica nacional.

Por otra parte, debido a la falta de fondos significativos son poco los esfuerzos institucionales para realizar investigación en forma coordinada y multidisciplinaría, características indispensables para abordar eficientemente una problemática compleja; asimismo, no existe el presupuesto necesario para financiar proyectos de investigación o de la claridad en la asignación de dicho presupuesto, y hasta ahora los esfuerzos de investigación, tanto básica como aplicada, han sido escasos y poco coordinados, sin que existan los esquemas que fomenten la investigación a niveles que correspondan con las necesidades de estos sectores.

Si está comprobado que la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que se adquieren por medio de la investigación científica son de suma importancia para la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas que hoy en día enfrentan la pesca y la acuacultura del país, se debe brindar apoyo y solución de igual forma, a la problemática por la que atraviesa la ciencia y tecnología en estos campos.

Únicamente de esta manera se podrán tener elementos técnicos y científicos que brinden certidumbre a la toma de decisiones ante la lamentable situación actual de los recursos pesqueros. Basta mencionar que, precisamente de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por el Inapesca, el 80 por ciento de las pesquerías están en su máximo rendimiento sostenible, 10 por ciento ya están sobreexplotadas y sólo 10 por ciento tiene potencial de desarrollo.

Debido a ello, algunos expertos coinciden en que para el caso de las pesquerías que han alcanzado los máximos rendimientos sustentables, en las actuales condiciones no es posible incrementar las capturas. Para estas pesquerías es preciso instrumentar acciones para sostener las capturas en los niveles actuales y hacer grandes esfuerzos para maximizar el valor de las capturas mediante la agregación de valor en los mercados nacional y de exportación.

Por otro lado, para las pesquerías que están sobreexplotadas es impostergable la implementación de Planes de Manejo con el objetivo explícito de recuperación para el posterior aprovechamiento sustentable, tal como establece la LGPAS. Por ello México requiere que se exploren nuevas zonas con recursos potenciales y llevar al máximo sustentable las pesquerías para las que se tiene potencial.

Por muchos años la mayor parte de las operaciones pesqueras de embarcaciones ribereñas y de mediana altura se han concentrado cerca de la costa; esto ha provocado sobreexplotación y agotamiento de algunos recursos y daños irreversibles a estos ecosistemas costeros. Basta precisar que una buena parte de las pesquerías comerciales son aprovechadas en nuestra plataforma continental.

Es por ello que, al estar saturadas todas las pesquerías comerciales que hoy día se aprovechan en la zona costera, se considera que es apremiante llevar a cabo investigación y exploración de nuevas pesquerías, especialmente de especies de aguas profundas. Ésta se torna como la más viable alternativa que se debe impulsar para incrementar nuestros volúmenes de captura.

Impulsar cruceros de investigación con artes de pesca de vanguardia tecnológica permitirá conocer el potencial y características de los recursos con que cuenta la nación en los más de 2.94 millones de kilómetros cuadrados de territorio marino.

De acuerdo con investigadores del Inapesca y de otras instituciones nacionales de investigación, se tiene conocimiento de que en las aguas alejadas de la costa del Pacífico mexicano, incluyendo profundidades mayores a 500 metros, existen recursos susceptibles de ser aprovechados, pero hace más de 20 años que no se han realizado evaluaciones de biomasa.

Esto implica que no se pueden promover proyectos de desa-rrollo e inversión en virtud de que no se pueden recomendar tecnologías para extracción ni cuotas para captura sustentable. En esa zona existen, por lo menos, los siguientes recursos potenciales: Langostilla, macarela, sardina, cangrejo de profundidad, merluza, y bacalao negro.

Este tipo de estudios de investigación son escasos o no se han realizado por diferentes motivos, entre los que se encuentra la carencia de líneas de investigación y proyectos enfocados para estas zonas y profundidades, la falta de presupuesto de inversión necesario para tal propósito, pero principalmente por la carencia de tecnología apropiada que permita llevarlos a cabo, por ejemplo, la inexistencia de buques modernos de investigación apropiados y equipados con instrumentos de vanguardia.

Como se ha mencionado, los trabajos que realiza el Ina-pesca son fundamentales en asesoría científica pesquera para el Estado, pero debido a la problemática por la que atraviesa, no cuenta con embarcaciones para realizar estos estudios, necesarios por la situación en las pesquerías; por tal motivo se considera fundamental que este instituto cuente con un buque de investigación pesquera moderno y equipado con tecnología avanzada, el cual permita llevar cabo este tipo de prospecciones y evaluaciones y de esta manera cumpla con sus funciones sustantivas a favor de la investigación pesquera en México.

Con la adquisición de este buque, el mismo Inapesca advierte que los beneficios se pueden estimar en términos de los empleos generados, así como el valor de las capturas comerciales adicionales a las actuales mediante la identificación de nuevas pesquerías en zonas alejadas de las costas mexicanas. Los beneficios también se verán reflejados en términos de la reducción de la presión de pesca en las pesquerías mexicanas que se realizan en su mayoría (85 por ciento en toneladas descargadas) en las primeras 25 millas de las costas, y cuyo estatus es de 70 por ciento al máximo sustentable, o bien, en deterioro (15 por ciento).

Como se ha mencionado, nuestro país, desde hace varias décadas no cuenta con un buque de investigación moderno y con las características que son necesarias para este tipo de investigaciones. A este respecto es importante mencionar que los estudios que desarrollan los buques de investigación pesquera y oceanográfica en las zonas de pesca nacionales e internacionales tienen una extraordinaria importancia al suministrar una valiosa información a los administradores pesqueros de los estados, así como a la hora de adoptar medidas que garanticen el desarrollo y uso sostenible de los recursos pesqueros.

Por otra parte, únicamente con investigación actualizada y de calidad se estará en posibilidad de generar recomendaciones de peso para el manejo de los recursos pesqueros y para la orientación de inversión y el desarrollo, así como para la innovación y transferencia de tecnologías en beneficio del sector y del ambiente.

Esto coadyuvará a fortalecer a la autoridad competente que así podrá dedicar mayores esfuerzos a su actividad rectora sustantiva desde la ordenación, capacitación, inspección y vigilancia, así como promoción y organización del sector.

Además, por la crisis mundial y nacional que se está viviendo, es fundamental que el país invierta en la ciencia y tecnología dirigida a la producción de alimento y al cuidado y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, para que a través de su conocimiento el país esté mejor preparado para la toma de decisiones que habrá de considerar para enfrentar los costos sociales, económicos, ambiéntales y políticos que se avecinan.

Desde hace muchos tiempo la pesca y la acuacultura han sido y continúan siendo fundamentales para el desarrollo regional y nacional; miles de productores y pescadores de toda la República dependen directa e indirectamente de estas actividades. Con una extensión de 11 mil 122 kilómetros de litorales y con una producción de aproximadamente 1.4 millones de toneladas anuales, en el contexto internacional, México forma parte de los 16 países con mayor producción pesquera y acuícola. La contribución de estos sectores al Producto Interno Bruto nacional es de alrededor del uno por ciento, con una balanza positiva por el orden de los 400 millones de dólares anuales y la generación de un millón de empleo más de un millón de empleos directos e indirectos. Todos estos indicadores permiten dar cuenta de su importancia.

Sin embargo, pese a las características geográficas y ambientales privilegiadas con que cuenta el país, además del potencial de recursos pesqueros y acuícolas susceptibles de ser aprovechados; estas actividades no han podido ser tales que incidan de mejor manera al desarrollo económico y social que México requiere.

Y es que desde hace varias décadas estas actividades productivas enfrentan diversos problemas socioeconómicos y ambientales. Dentro de éstos, para el caso de la pesca, se encuentra, como ya se ha mencionado, la sobreexplotación de especies, aunado al sobreesfuerzo pesquero, pesca ilegal, deterioro de pesquerías, subutilización, sobre capitalización, y para la acuacultura, deficiencia en transferencia tecnológica deterioro en cuencas hidrológicas, deforestación, presencia de enfermedades y especies invasoras nocivas, entre otros aspectos más. Todo esto en detrimento de la salud y economía nacionales.

Este lamentable escenario insta a la autoridad responsable de la administración y fomento de esas actividades a la determinación y aplicación de políticas públicas con visión y planeación que sean más eficaces, para el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros y acuícolas, donde la ciencia y la tecnología adquieren relevante importancia, con el propósito de que las decisiones orientadas a la administración y ordenamiento de dichos recursos se fundamente y se realice bajo el mejor sustento científico.

De acuerdo con la situación actual de la pesca y la acuacultura, y por la importancia de la ciencia y tecnología para nuestro país, así como las instituciones que tienen la gran encomienda de llevarla a cabo; en diversas ocasiones he presentado proposiciones ante diferentes instancias para incentivar a que se incremente el presupuesto para el gasto público en ciencia y tecnología pesquera y acuícola que es necesario, y no cejare en continuar gestionando todo aquello que permita el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como el desarrollo del sector pesquero y acuícola, por todo lo que esto significa para miles de mexicanos.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de de Pesca, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca y de Ciencia y Tecnología.

INFLUENZA AH1N1 - DENGUE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, lo senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A-H1N1 y el dengue, entre otras.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Proposición con puntos de acuerdo que presentan los senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A (H1N1) y el dengue, entre otras, que sea conformado, de manera independiente, al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que complementa el catálogo de servicios de salud del sistema del Seguro Popular, de manera que no repercuta en la cobertura de otros tratamientos de alto costo en su atención, y que pudiera ocasionar perjuicio a la salud de la población.

Los que suscriben, senadores María Elena Orantes López, Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 21 de septiembre, durante su comparecencia, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, solicitó a la Comisión de Salud de esta Cámara que interviniera para crear un fondo especial de contingencia sanitaria para atender la influenza A (H1N1), así como otras enfermedades epidemiológicas, lo que evitará tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento en la atención de los beneficiarios del sistema de protección social en salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se administra, por parte de la federación, un fondo de reserva sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

El artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud señala que ``se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de los tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren''.

En la definición de gastos catastróficos se identifican las diferentes etapas en que pueden encontrarse las enfermedades, así como las consecuencias que puedan producir altos costos en su atención.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos complementa el catálogo de servicios de salud y, en su conjunto, conforman las prestaciones médicas que oferta el sistema de protección social en salud.

Actualmente las patologías que son financiadas por este fondo son

La fracción IX del artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud determina que corresponde a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de dicha comisión ``participar en la formulación de propuestas de tratamientos médicos cuyos costos sean cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y en las acciones que tiendan hacia el desarrollo de los centros regionales de alta especialidad del sistema''.

Por su parte, el reglamento interior de la comisión, para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, establece como algunas funciones de la comisión definir los tratamientos, medicamentos y otros insumos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, así como proponer para su aprobación anualmente al Consejo de Salubridad General la actualización de las categorías.

Este año, la Secretaría de Salud tuvo que tomar recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para atender la pandemia de la influenza humana A (H1N1), en virtud de que el Presupuesto de Egresos de la Federación no consideraba un fondo para contingencias sanitarias.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha invertido alrededor de mil 400 millones de pesos desde el inicio de la contingencia sanitaria, por lo que sería muy conveniente la creación de un fondo de contingencia sanitaria para atender este tipo de enfermedades que ocasionan erogaciones presupuestales importantes para su atención.

Se trata, como vemos, de crear un fondo de contingencias sanitarias, que se utilice cuando se presenten estas situaciones, de tal manera que no haya afectación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que está diseñado para atender otras enfermedades.

De los mil 800 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, se han utilizado alrededor de 70 por ciento para la compra de respiradores y medicamentos y, como sabemos, ahora se hará necesario adquirir nuevas vacunas para atender tanto la influenza estacional como la que contiene la cepa A (H1N1), lo cual implicará otra erogación de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Crear un fondo de contingencias sanitarias nos podría permitir, además de atender la influenza humana, otras enfermedades como el dengue y algunas otras que, por su importancia y magnitud, podrían ocasionar una descompensación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a crear un fondo de contingencias sanitarias para atender enfermedades como la influenza A (H1N1) y el dengue, entre otras, que sea conformado de manera independiente al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que complementa el catálogo de servicios de salud del sistema del Seguro Popular, de manera que no repercuta en la cobertura de otros tratamientos de alto costo en su atención y que pudiera ocasionar prejuicio a la población.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, se diseñen reglas de operación donde los gobiernos de las entidades federativas puedan participar en la definición de éstas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para el Fondo de Modernización Municipal.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presente.

El que suscribe, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a disponer mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para el Fondo de Modernización Municipal, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 23 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se permite a los ayuntamientos proponer a sus respectivas legislaturas locales las cuotas y las tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas unitarias de suelo que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Correlacionado con lo anterior, es obligación de los ciudadanos de la república inscribirse en el catastro de la municipalidad, debiendo manifestar su propiedad, industria, profesión o trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Carta Magna.

2. De acuerdo con el diagnóstico de las transferencias federales de 2007, tanto el impuesto predial como los derechos por el suministro de agua son las fuentes de contribución local más importantes en el esquema recaudatorio municipal. Además, estas dos variables financieras sirven como base para la distribución de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal y del 0.136 por ciento que se paga a los municipios fronterizos.

En los últimos 3 años la recaudación de estos impuestos ha registrado un crecimiento real de 0.4 y 6.3 por ciento, respectivamente. ¹

3. En 2006, los ingresos totales municipales por concepto de impuestos directos a la propiedad ascendieron a 18 mil 680.2 millones de pesos. De ellos, 11 mil 560 millones de pesos correspondieron al impuesto predial, lo que representa 61.9 por ciento. Además, lo ingresado en las haciendas municipales es mayor por 1 mil 462.2 millones de pesos, significando un incremento de 14.5 por ciento en comparación con lo ingresado un año antes (2005: 10 mil 97.9 millones de pesos).

Respecto al derecho por el uso y suministro de agua potable, para 2006 se ingresaron recursos por 1 mil 38.3 millones de pesos, los cuales representaron 9.8 por ciento de los 10 mil 631.5 millones de pesos de la recaudación total de derechos municipales. ²

4. Concretamente, en el periodo 2003-2006 hubo un incremento promedio anual en la recaudación del impuesto predial, que ascendió a 14.4 por ciento. En la siguiente gráfica de serie de tiempo se muestra lo señalado:

Desafortunadamente, la suma de la recaudación del impuesto predial de la totalidad de los ayuntamientos apenas si representa 0.2 por ciento del PIB nacional, situación que coloca a México por debajo del promedio de los países de la OCDE, 1 por ciento del PIB. ³ Por ejemplo, para Reino Unido el mismo impuesto representa 3.29 por ciento del PIB, en Canadá 2.83, en Estados Unidos de América 2.57, en Japón 2.04 y en Francia 1.82. ⁴

5. En este contexto, autores como Gustavo Merino han señalado que el impuesto predial posee gran potencial recaudatorio; si su recaudación no es óptima se debe a que los municipios no cuentan con un sistema catastral adecuado o, en su caso carecen de capacidad técnica suficiente. En la misma tesitura, Jorge Chávez Presa ha manifestado que ``uno de los factores que afectan la recaudación del impuesto predial se relaciona con la calidad del catastro y del Registro Público de la Propiedad''.⁵

6. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestaria en el ramo general 23, ``Provisiones salariales y económicas'', por 500 millones de pesos, en el concepto ``Fondo Municipal'', cuyo objetivo consistió en fomentar proyectos para la modernización de los sistemas catastrales. Subsecuentemente, para los ejercicios presupuestales de 2008 y 2009 se aprobó la misma cantidad presupuestaria, 500 millones de pesos, para el mismo fin, en el rubro del Fondo de Modernización Municipal.

7. En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del cuarto trimestre de 2008, la SHCP informó que los recursos erogados del Fondo de Modernización Municipal ascendieron a 834 millones de pesos. Toda vez que para el periodo de 2007 el monto erogado por el mismo rubro fue de 557.6 millones de pesos, se observa que hubo una variación real de 42.3 por ciento. ⁶

8. Con fecha 8 de septiembre del corriente año fiscal se entregó al Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico de 2010. El documento propone un gasto en el ramo general 23, ``Provisiones salariales y económicas'', por 43 mil 239.5 millones de pesos, de los cuales 1.16 por ciento (500 millones de pesos) corresponde al Fondo de Modernización Municipal, entre cuyos objetivos destaca el fomento de proyectos relacionados con los sistemas de catastro de los municipios.

Los recursos propuestos para el Fondo de Modernización Municipal de 2010 son inferiores en 334 millones de pesos a lo reportado en el cuarto trimestre de 2008 por la SHCP.

Dado que la propuesta de gasto público entregada al Congreso de la Unión se caracteriza por proponer acciones encaminadas a impulsar mayor desarrollo social, preservar y continuar la lucha contra el crimen, entre otros, se impone fortalecer los mecanismos tendentes a lograr estos fines en la esfera municipal.

Por lo expuesto, y dada la importancia y el potencial recaudatorio señalados del impuesto predial, con lo cual resulta incongruente la disminución en esta partida, someto respetuosamente a su consideración el presente punto de acuerdo, que tiene como finalidad solicitar el incremento de los recursos asignados al Fondo de Modernización Municipal, que aprobará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el próximo 15 de noviembre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ejercicio fiscal de 2010 considere asignar mayores recursos presupuestarios al Fondo de Modernización Municipal, de conformidad con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a esa representación en materia de revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos.

Notas: 1 SHCP, Diagnóstico de las transferencias federales 2007, página 175, www.shcp.gob.mx2 INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales de México 2003-2006, www.inegi.org.mx3 Merino, Gustavo. Federalismo fiscal: diagnóstico y propuestas, página 157.4 Torres, Pérez Javier. Agenda de la segunda Reunión de responsables de catastro y de las contribuciones inmobiliarias, www.indetec.gob.mx5 Chávez, Presa Jorge A. Reflexiones para construir una hacienda pública sólida con visión federalista; hacienda pública y federalismo, 2007, página 213.6 www.shcp.gob.mx

HURACAN JIMENA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo que se encargue de poner en operación las acciones de emergencia y la aplicación de recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Los que suscribimos, Francisco Javier Obregón Espinoza, Josefina Cota Cota y Luis Alberto Coppola Joffroy, Senadores por el Estado de Baja California Sur a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal, a instalar, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y con la participación de otras dependencias y entidades, una mesa de trabajo que se encargue de poner en operación las acciones de emergencia y la aplicación de recursos económicos para atender los problemas que enfrentan los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y de Mulegé, Baja California Sur, que resultaron afectados por el huracán Jimena, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 2 de septiembre el huracán Jimena azotó fuertemente las regiones central y norte del estado de Baja California Sur, causando una muerte, así como múltiples pérdidas materiales, sobre todo en los municipios de Comondú y Mulegé.

Como producto de este fenómeno, las autoridades federales declararon a dichos municipios como zona de desastre y, en consecuencia, se inició el proceso para atender los graves daños que sufrió la población civil, sobre todo en lo que se refiere al servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía, escuelas, centros de salud, así como para revisar los daños que sufrieron las viviendas de más de 40 mil habitantes de esa zona de la entidad.

En el municipio de Comondú el huracán Jimena azotó el lugar con vientos sostenidos de 155 y rachas de 250 kilómetros por hora y precipitaciones del orden de los 70 milímetros, por lo que, además de las afectaciones que sufrió la población en general, causó graves daños a las actividades productivas más importantes de la región, como son la agropecuaria y la pesquera, afectando de manera directa la fuente de empleo de más de 30 mil habitantes del municipio.

El valle de Santo Domingo, que se encuentra enclavado en este municipio y es la principal región agrícola de la entidad, con 28 mil 153 hectáreas sembradas, el 78 por ciento de la superficie cultivable del estado, que cuenta con riego tecnificado y una agricultura de las más avanzadas del país, ha quedado profundamente afectado en sus principales cultivos, como son garbanzo, maíz, trigo, hortalizas, frijol, alfalfa, naranjo y espárragos.

En espera de la información oficial, se calcula que son más de 24 mil hectáreas las que resultaron afectadas en esta zona, así como 352 subestaciones de energía, 131 sistemas de riego y más 5 mil 400 de cultivos, lo que representan una pérdida aproximada de 126 millones de pesos, que aún no ha recibido apoyo alguno.

La parte más dañada de esta actividad agropecuaria es la infraestructura de riego, la de postcosecha, los invernaderos y la red de energía eléctrica y sus subestaciones.

En el caso de la de postcosecha, está dañada la totalidad de las bodegas, cribadoras, almacenes de insumos que utilizan las organizaciones y empresas para guardar sus productos. Adicionalmente se dañaron la infraestructura de vivienda y de almacenaje de insumos y productos de los propios predios agrícolas. Los daños estimados en infraestructura y cultivos se calculan en principio en más de 200 millones de pesos.

De manera especial debe señalarse el daño que por este huracán sufrieron los cultivos de cítricos, uno de los rubros en los cuales se ha ido basando la reconversión agropecuaria de esta región, donde resultaron afectadas más de 2 mil 217 hectáreas, los cuales han perdido el 90 por ciento del fruto de la cosecha del próximo año, así como daño en ramas y follajes, por lo cual se espera una baja casi total en la producción de 2010 y una parte considerable para el 2011. Son también considerables las pérdidas en los cultivos de hortalizas y de maíz.

Por ello, es urgente que se tomen medidas para que los productores agrícolas del valle de Santo Domingo puedan revertir esta grave situación causada por el huracán Jimena. Además, de no rehabilitar la infraestructura de riego se tendría un incremento en la demanda de agua en la siembra de 6 mil hectáreas de cultivos del orden de un 30 por ciento.

Asimismo, de no atenderse con prontitud la rehabilitación de las subestaciones agrícolas, que tienen un costo del orden de 60 mil pesos ponerlas en operación, se dejaría de sembrar 5,200 hectáreas, que producen 26 mil toneladas, principalmente de trigo, maíz y garbanzo. Con respecto a los invernaderos la falta de siembra de estas empresas, dejaría sin empleo a mil jornaleros en campo y 800 jornaleros en el empaque. En cuanto a los cítricos, en el 2010 se dejarán de producir 36 mil toneladas de naranja, destinadas al mercado nacional y extranjero.

Por ello, es urgente que el Gobierno federal, a través de la Sagarpa, instale una mesa de trabajo en la que se encuentren también representados la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para diseñar un programa emergente de apoyo a los productores del valle de Santo Domingo, que incluya la disposición inmediata de recursos económicos para que los productores afectados cuenten con los medios necesarios para reparar los daños que sufrieron, así como para superar la falta de ingresos derivados del mismo fenómeno meteorológico.

En el caso de la ganadería aún en proceso la evaluación de daños, en virtud de la dificultad de acceso por los caminos rurales, ya que esta actividad en Baja California Sur se da en forma extensiva y principalmente en zona serrana, pero se sabe que existen daños a la infraestructura ganadera como son sombras, azolve de pozos, líneas de conducción y pérdida en ganado.

En el caso de los productores pecuarios del valle de Santo Domingo, resultaron afectados en más de mil 300 hectáreas de alfalfa, se destruyó su infraestructura productiva y se han enfermado más de 3 mil de cabezas de ganado vacuno, desplomándose en casi 70 por ciento la producción de leche, lo que ha puesto a esta actividad en una situación de quiebra virtual.

En cuanto a la actividad pesquera del municipio de Comondú, que está sustentada principalmente por las pesquerías de sardina y atún, así como por almejas, especies de escama general, jaiba, abulón y langosta y representa, por su aportación al volumen total del Estado de Baja California Sur, aproximadamente entre el 40 por ciento y el 50 por ciento, existen daños de importancia en la infraestructura industrial y social con la destrucción de la estructuras para el arribo y operación de las embarcaciones pesqueras.

En específico, en Puerto San Carlos se dañó estructuralmente el muelle pesquero y se hundieron embarcaciones mayores, se destruyeron en forma total diversas plantas procesadoras y el resto sufre de daños parciales que les impedirán seguir funcionando en los próximos meses. En Isla Magdalena, Puerto Alcatraz, Puerto Chale, Puerto Adolfo López Mateos y Santo Domingo, por citar sitios pesqueros del municipio, han resentido similares afectaciones.

Sabemos que de acuerdo con las reglas de operación del antiguo Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, hoy denominado Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas, a cargo de la Sagarpa, éste no puede aplicarse a la actual difícil circunstancia, ya que para el caso de cultivos anuales como el maíz y algunas hortalizas sólo serán elegibles productores de hasta 20 hectáreas de temporal, lo cual no se cumple en el valle de Santo Domingo.

Para los productores de plantaciones de frutales como los cítricos solo serán elegibles productores de hasta 5 hectáreas de temporal; este criterio tampoco se cumple en el valle de Santo Domingo por la modalidad de riego ni por la superficie que atiende. Las reglas tampoco contemplan apoyos para las afectaciones en infraestructura y equipo.

Existe el antecedente de que se ha atendido en años anteriores a los productores a través de otros programas como el de la Alianza para el Campo; sin embargo este año los programas en coejercicio 2009 ya están comprometidos y publicados, por lo tanto no pueden ser utilizados en apoyo a los daños causados por el meteoro.

Pueden buscarse esquemas de apoyo que pudieran ser aplicados como el programa de tecnificación de sistemas de riego del Fideicomiso de Riesgo Compartido, buscar direccionar el Programa de Activos Productivos 2010 para rehabilitación de infraestructura agropecuaria y pesquera entre otros, pero son insuficientes para el tamaño del problema actual y su aplicación sería demasiado tarde para salvar la economía de las principales actividades de este municipio.

Por ello, adicionalmente a las medidas aplicadas por el Fondo de Desastres Naturales para la población en general, es urgente que para la actividad agropecuaria y pesquera, la Sagarpa instale una mesa de trabajo para la atención a los productores resultaron afectados, donde se encuentren representados la Secretaría de Economía, la CFE la Conagua, así como las autoridades estatales y municipales y los propios productores, en cuyo seno se diseñe, apruebe y ponga en operación de inmediato un programa especial para la recuperación de los daños ocasionados, que les permita resarcir de inmediato sus pérdidas materiales y puedan reiniciar sus actividades productivas en el corto plazo.

Asimismo, debido a la magnitud del desastre, es necesario que el gobierno federal, a través de la Sagarpa, destine de inmediato recursos económicos por el orden de los 150 millones de pesos para que sean aplicados con la mayor brevedad en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú afectados por el huracán Jimena, que serán ejercidos de acuerdo a los criterios que determine esta mesa de trabajo.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente señala la obligación del Gobierno federal, a través de la Sagarpa, de aplicar para estos casos medidas de apoyos a productores, al establecer lo siguiente

Artículo 133. El Gobierno Federal procurará apoyos, que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias de mercado, cuyas modalidades y mecanismos de apoyo serán definidos por las diferentes dependencias y órdenes de gobierno participantes del programa especial concurrente.

Finalmente, consideramos que para el mediano y largo plazos la Cámara de Diputados deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, una partida presupuestal etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar con la mayor brevedad, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con la participación de la Secretaría de Economía, la CFE y la Conagua, una mesa de trabajo que promueva y ponga en operación las acciones de emergencia que atiendan los problemas de los productores agropecuarios y pesqueros de los municipios de Comondú y Mulegé, que les permita resarcir en el corto plazo los daños y perjuicios ocasionados por el huracán Jimena, así como reiniciar y mantener sus actividades productivas.

Segundo. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal integrar, de los recursos presupuestarios destinados a los programas de apoyo al sector agropecuario con que cuenta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, una bolsa emergente por un monto de 150 millones de pesos que sean aplicados de inmediato en apoyo a los productores agropecuarios y pesqueros del municipio de Comondú afectados por el huracán Jimena, que serán ejercidos de acuerdo a los criterios que determine esta mesa de trabajo.

Tercero. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una partida etiquetada destinada a la formación del fideicomiso para la recuperación y reactivación económica en el mediano y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero de los municipios de Comondú y Mulegé, Baja California Sur, afectados por el huracán Jimena.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese el tercer punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela para que pueda aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela pueda aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Hugo Argote Oropeza para que pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Hugo Argote Oropeza pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra el diputado Fernando Morales Martínezpara presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita además por el diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Morales Martínez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para el Congreso de la Unión ha sido práctica parlamentaria el crear comisiones especiales, de manera temporal, que se encarguen de los temas más relevantes de la vida nacional.

En particular, se ha encargado de crear comisiones para evaluar desastres, como los que se han presenciado en los últimos años, provocados por deslizamientos de taludes y laderas, hundimientos de tierra, desbordamientos de ríos y de presas, deslaves por lluvias, sequías y demás, que han ocasionado la pérdida de los pocos bienes de los que menos tienen. Pero también por eventos catastróficos causados por la negligencia de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de empresarios sin escrúpulos, como en los casos de las discotecas News Divine o Lobohombo, o más recientemente el de la guardería ABC.

Hay muchas constructoras de vivienda que edifican casas en lugares inapropiados. Sabemos que las comisiones que esta Cámara ha creado no han arrojado los resultados contundentes que muchas veces nosotros hemos deseado o que la ciudadanía ha estado esperando.

Es tiempo de que esta Cámara asuma la responsabilidad y tenga una vía permanente y constante para atender y entender la demanda ciudadana, en lo que se refiere a mayor prevención y menos atención urgente. Es tiempo de responder a la gente en lo que más le importa: su vida, la de su familia y sus bienes.

Es así que la protección civil es una de las prioridades que año con año se imponen en la agenda nacional. Este año no ha sido excepción: mientras el centro-sur del país se ha visto azotado por inundaciones, el común denominador en el norte es la sequía.

En efecto, es muy importante prepararnos contra fenómenos hidrotermológicos, a los que no estábamos acostumbrados, y en los que lamentablemente hoy nadie se pone a pensar. Debemos proteger a las ciudades y a las comunidades de inundaciones; elaborar un programa nacional de reubicación de personas; identificar puntos de desplazamientos y hundimientos de tierra; prevenir peligros por erupciones volcánicas o por sequías y hambrunas ocasionadas por el calentamiento global del planeta.

Debemos analizar que a la fecha no existe un solo fondo etiquetado para la protección civil, para el equipamiento en los tres órdenes de gobierno.

El Estado tiene la obligación de proteger la vida, la libertad, las posesiones y derechos de todos los ciudadanos. De ahí se deriva la protección que debemos ofrecer frente a los peligros que ellos están corriendo, fundamentalmente por desórdenes y trastornos provenientes de elementos, agentes o fenómenos ---naturales o humanos---, que puedan dar lugar a desastres, como la trágica e irreparable pérdida de las vidas humanas, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de la vida cotidiana.

Es por esto que a raíz de los sismos de 1985 surge el Sistema Nacional de Protección Civil, cuando se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción se trabaja para resolver el grave problema consecuencia de los sismos, y en abril de 1986 se presenta un documento al Ejecutivo federal.

Es claro que estas funciones no son cosa sencilla y deben tener un lugar primordial en la agenda nacional. La propia Coordinación General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, considera de gran importancia y valor contar con una comisión que tenga protección civil, dentro del Poder Legislativo.

Compañeras y compañeros, la Cámara de Diputados, como órgano de representación popular, tiene entre sus funciones la vigilancia del buen funcionamiento y desarrollo gubernamental, que a su vez tiene la función primordial del cuidado de los ciudadanos.

Es por eso, amigos, que es momento de que aprobemos una comisión que se convierta en el eje rector, la columna vertebral de la protección civil en México, y seamos nosotros, los legisladores, quienes fomentemos la cultura de la prevención y su inclusión en los libros de texto de la educación pública.

De nuestra decisión, señoras diputadas y señores diputados, les puedo asegurar que llevaremos sobre nuestras espaldas el orgullo de haber salvado vidas o el peso de la pérdida de éstas, por la desidia de nuestro actuar. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Fernando Morales Martínez y Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI

Fernando Morales Martínez, Juan Carlos Lastiri Quirós, diputados a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección civil es una de las prioridades que año con año se imponen en la agenda nacional. En efecto, es muy importante prepararnos contra todo tipo de fenómenos y de manera específica los que más daños humanos y económicos generan al país que son los hidrometeorológicos, a los que no estábamos acostumbrados y de los que, lamentablemente por el calentamiento global, ya nadie estamos exentos.

Debemos proteger las ciudades y comunidades de inundaciones; elaborar un programa nacional de infraestructura para la protección y reubicación de personas así como identificar puntos de deslizamiento de taludes y laderas, hundimientos de tierra, desborde de ríos y presas, no menos importante es la prevención del riesgo; que puede generar la reubicación de personas; identificar puntos de desplazamiento, y hundimientos de tierra, prevenir peligros por erupciones volcánicas, sequías y hambrunas ocasionadas por el cambio climático y el sobrecalentamiento del planeta. En los fenómenos mencionados muy poco nos detenemos a pensar que su frecuencia aumenta en forma cada vez más devastadora;

Pero aun más es el hecho de que en nuestro país que si bien tienen que ver con la seguridad pública también lo es que al margen de la protección civil, encontramos el rubro de agentes inotrópicos en el reglón referente al terrorismo y sabotaje.

El Estado tiene la obligación de proteger la vida, la libertad, las posesiones y derechos de todos los ciudadanos. De ahí se deriva la protección a la población frente a los peligros y riesgos de desórdenes o trastornos provenientes de elementos, agentes o fenómenos, naturales o humanos, que puedan dar lugar a desastres, con la trágica e irreparable pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de la vida cotidiana.

En este marco surge el Sistema Nacional de Protección Civil que se origina a raíz de los sismos de 1985, cuando se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción y se trabaja para resolver el grave problema de la consecuencia de esos fenómenos telúricos, por lo que en abril de 1986 presentan un documento al Ejecutivo federal, que sirve de base para el decreto Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, siendo el órgano rector de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, órgano desconcentrado dedicado a la investigación y capacitación en la materia, tanto para México como para Latinoamérica.

La propia Coordinación General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, considera de gran importancia y valor contar con una Comisión en la materia dentro del Poder Legislativo.

En las últimas décadas, si bien las pérdidas humanas provocadas por fenómenos naturales, particularmente los provocadas por los de carácter hidrometeorológicos han disminuido, no así las mermas económicas causadas por desastres naturales en México las cuales se han incrementado y, la sociedad en general se ha hecho más vulnerable a esos fenómenos. Es conocido que los más perjudicados por los desastres naturales o de otra índole suelen ser los estratos menos favorecidos económicamente y los grupos con alto grado de marginación en las diferentes regiones de nuestro país, ya que son quienes tienen menos recursos para hacerles frente.

La aplicación del desarrollo técnico-científico en las áreas productivas y de servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro planeta, es ampliamente evidente y conforme pasa el tiempo, el número de satisfactores disponibles es cada vez mayor en cantidad y muy diverso en sus formas de aplicación.

Sin embargo, a pesar de dicha modernidad, existen dos temas pendientes y que están relacionados entre sí, siendo éstos el cuidado del medio ambiente y la protección civil. El cambio climático está provocando las condiciones para una nueva de-glaciación en el Hemisferio Norte; lo que junto con el calentamiento global genera mayores inundaciones en los continentes.

Los antecedentes históricos de la protección civil en México son resumidos de la siguiente manera.

Como se observa la protección civil cruza horizontal y verticalmente las tareas de los tres órdenes de gobierno, lo que hace necesario una comisión que atienda, de seguimiento y, formule el marco jurídico necesario para una mejor política pública en materia de protección civil.

Es ilógico que a la fecha y ante el gran número de riegos ya presentados esta cámara de Diputados no cuenta, ni siquiera con una subcomisión que atienda y prevea leyes, que faciliten la utilización de recursos humanos y materiales para la prevención de cualquier tipo de emergencia o desastre.

Contenido de la iniciativa

Se propone crear la Comisión de Protección Civil como comisión ordinaria de esta Cámara de Diputados, por lo que se propone adicionar al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 2, para quedar como sigue:

``Artículo 39.

Como se observa, se recorre la numeración del resto de las comisiones.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma y adicional el artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

Transitorio

Único. Las reformas y adiciones contenidas en este decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este pleno la presente iniciativa.

El sistema financiero mexicano debe ayudar a que los proyectos productivos reciban los recursos necesarios para llevarse a cabo y debe propiciar que todos los sectores sociales participen en el desarrollo económico.

Sin embargo, este sistema presenta muchas debilidades, como es que 70 por ciento de la población de nuestro país no participe en las operaciones del sistema, por lo caro de sus servicios. Además, hay muy pocos productos y servicios que satisfagan las necesidades de las personas, de acuerdo con el nivel de sus ingresos.

Así el problema aumenta con las repetidas prácticas de las entidades financieras que no informan adecuadamente las condiciones que afectan principalmente las operaciones de crédito y ahorro.

Todas las causas mencionadas han provocado que el sistema financiero mexicano evolucione de forma lenta en comparación con el de otros países. Por ejemplo, el crédito que se entrega al sector privado, como porcentaje del producto interno bruto, pasó de 16.9 por ciento en 2000 a 23.3 por ciento en marzo de 2008. Sin embargo, en Chile esta variable se localiza en 75 por ciento del producto interno bruto y en países como España alcanza 151 por ciento.

Con la finalidad de combatir estos problemas, desde el Congreso de la Unión se han presentado e impulsado, diversos proyectos que favorecen la transparencia y competencia de los servicios financieros, generando la publicación, en junio de 2007, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que se enfoca en propiciar que los usuarios tengan información clara y precisa para la toma de decisiones.

Por ejemplo, que les informen de forma transparente cuánto será el pago total que realizarán por sus créditos, incluyendo los conceptos de intereses y comisiones. Sin embargo, los intereses y las comisiones no son los únicos costos que se cargan en los servicios que prestan las entidades financieras, y aunque la mayoría está incluida en el costo anual total, desgraciadamente existen algunos costos y cargos que por su naturaleza no están incluidos en el costo anual total.

Por ejemplo, hay costos y cargos que se introducen en las cláusulas de los contratos y que se refieren a condiciones particulares de los productos y servicios, por lo cual únicamente se aplican cuando el usuario no cumple alguna de las condiciones del contrato.

Así surgen las penalizaciones, como resultado de un presunto incumplimiento del usuario que genera una supuesta afectación a los planes financieros en las instituciones. Con esta justificación las instituciones financieras establecen, sin acuerdo o autorización del cliente, este tipo de penalizaciones, de las cuales el cliente no se percata porque normalmente están escritas en las famosas letras chiquitas.

Por ejemplo, encontramos los cobros que realizan las financieras de las agencias de automóviles, cuyos contratos para créditos automotrices contienen penalizaciones por pagos anticipados.

Es decir, si el deudor desea abonar una cantidad mayor a la estipulada como pago mensual, con la finalidad de liquidar la deuda de su auto antes del plazo fijado en el contrato, la financiera le cobra un porcentaje extra al costo total del vehículo.

Aun cuando la aplicación de una penalización en estos casos es muy absurda porque evita que los deudores paguen sus deudas rápidamente, es una práctica común que realizan las entidades financieras.

Por lo anterior, esta iniciativa busca transparentar las condiciones crediticias impidiendo que las entidades financieras cobren penalizaciones por pronto pago, salvo los casos en que éste sea reconocido por acreedor y deudor de común acuerdo, identificando esta condición con letra clara y sobresaliente, tanto en las cláusulas de los contratos como en su carátula. Así, el cliente identificará este tipo de penalización de forma rápida y podrá tener la información completa para decidir firmar o no un contrato que contenga este tipo de costos que le impidan liquidar rápidamente sus créditos.

Que no se cobre esta penalización salvo cuando esté estipulado de común acuerdo entre las partes.

Por lo expuesto y fundado, y a fin de fortalecer la transparencia de los servicios financieros y dar mayor certeza a los usuarios de los mismos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Diputado presidente, dado que el texto íntegro de la iniciativa está publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito respetuosamente su inserción en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales de la LXI Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoce al sistema financiero como un importante factor que favorece el crecimiento económico, pues entre sus funciones se encuentra el facilitar la canalización de recursos a proyectos productivos; además de tener un importante impacto en la inclusión de todos los estratos de la población en el proceso de desarrollo económico.

Sin embargo, el sistema financiero mexicano muestra algunas debilidades que merecen ser atendidas por los diversos actores que incidimos en éste.

Algunas de estas debilidades son i) el alto porcentaje de la población que se encuentra al margen del sistema financiero, pues el 70 por ciento de ésta manifiesta que se encuentra voluntariamente fuera debido a los altos costos de los servicios financieros ¹ y ii) la insuficiente oferta de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los diferentes segmentos de la población atendiendo a sus niveles de ingresos.

Asimismo, la población se rehúsa a utilizar los servicios financieros por la falta de una cultura financiera y por las recurrentes prácticas de las entidades financieras de no transparentar la totalidad de las condiciones que afectan las diversas operaciones, tanto de crédito como de ahorro, principalmente.

Derivado de dichas omisiones, nos enfrentamos a un sistema financiero no incluyente, pues a pesar de que el 80 por ciento de la población ha oído hablar de productos financieros, sólo el 25 por ciento los utiliza ² ; situación que ha provocado una lenta evolución de las principales variables del sistema financiero que inciden en las tasas de crecimiento económico.

Así, variables como el crédito otorgado al sector privado como porcentaje del producto interno bruto (PIB), a pesar de haber evolucionado positivamente al pasar del 16.9 por ciento del PIB en el año 2000 al 23.3 por ciento en marzo del 2008, muestran que a nivel internacional México se encuentra sumamente rezagado, pues por ejemplo, en Chile esta variable se localiza en un 75 por ciento del PIB y en países como España alcanza el 151 por ciento.

Este resultado, además de ser producto de la baja oferta de crédito, está vinculado con la percepción de los usuarios de los servicios financieros, pues consideran que los servicios son caros, existe una ausencia de recursos y falta información, tal como lo concluyen las autoridades financieras al analizar las barreras que inhiben la entrada al sistema financiero dentro de la primera encuesta sobre la cultura financiera en México, realizada por la UNAM y Banamex.

Dentro de esta misma encuesta, los resultados revelaron que existe un gran interés por parte de los usuarios y no usuarios de servicios financieros por conocer los costos relacionados con los productos.

En este sentido, desde el ámbito legislativo se han impulsado diversos proyectos de reforma para favorecer la transparencia y competencia de los servicios financieros, derivando principalmente en la aprobación de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, publicada en junio de 2007, que, entre otros aspectos, busca que los usuarios de servicios financieros cuenten con mayor información para la toma de decisiones.

Aspectos como la transparencia de las diversas tasas de interés y comisiones que cobran las instituciones financieras juegan un papel relevante, pues permiten conocer parte del costo que el cliente tendría que pagar.

Sin embargo, intereses y comisiones no son los únicos costos, ya que existe todo un conjunto de cargos que deben de ser considerados y que, en gran parte son incluidos en el costo anual total (CAT) pero algunos, por su naturaleza, quedan fuera de este valioso indicador que permite comparar los diferentes productos crediticios.

Al respecto, existen costos derivados de las diversas cláusulas que se asientan en los contratos respectivos y que responden a condiciones particulares de los productos y servicios, aplicándose únicamente cuando no se cumplen las condiciones convenidas y es aquí donde las ``penalizaciones'' tienen su origen, motivadas por la presunta afectación a los planes financieros de las instituciones acreedoras, principalmente; siendo, muchas veces establecidas de manera unilateral a posteriori de la firma del contrato, incluidas bajo el famoso ``formato de letra chiquita''.

Ejemplos de estas penalizaciones los observamos particularmente cuando alguna persona paga de manera anticipada un crédito, ya sea automotriz o hipotecario.

De ahí que la presente iniciativa busca transparentar tales condiciones crediticias, en especial aquellas vinculadas con el pronto pago, para que el cliente decida o no suscribir bajo las condiciones contractuales que puntualmente se le debe haber informado.

En este sentido, es preciso plasmar en la ley la necesidad de que se transparenten las posibles ``penalizaciones'' por pagos anticipados, con el objeto de que los contratantes estén informados sobre los posibles costos que les generaría el no respetar las condiciones contractuales. Asimismo, mediante esta disposición se busca proteger a los deudores de posibles decisiones unilaterales de los acreedores que pueden desincentivar una rápida liquidación de los créditos.

Esta propuesta de reforma reviste especial importancia cuando nos enfrentamos con condiciones financieras adversas, en donde múltiples sectores han señalado el crecimiento de la morosidad en los diversos segmentos de crédito como una posible fuente de inestabilidad para la economía mexicana, pues abona a la transparencia y a la certeza jurídica de los usuarios de los servicios financieros, ya que las entidades no podrán sancionar cuando un cliente realice un pago anticipado, a menos que dicha penalidad esté convenida en los contratos respectivos, en caracteres que permitan su fácil y rápida identificación, además de estar contenidos en las carátulas respectivas, para que a nadie se le oculte los costos ni se omita información relevante sobre los servicios financieros.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Las entidades no podrán sancionar a los clientes cuando éstos realicen pagos anticipados de un crédito a menos que esta penalidad esté convenida en los contratos respectivos y se establezca con caracteres distintivos que permitan su fácil y rápida identificación.

Asimismo, se deberá atender lo establecido en la fracción II Bis del artículo 11 de esta ley.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Banco Mundial (2007). ¿Financiamiento para todos? Políticas y obstáculos para la ampliación del acceso. Consultado en línea, disponible en http://web.worldbank.org/ 2 Zamarripa, E. G. (julio de 2008). Presentación ``2° Aniversario de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en México''.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público .

ARTICULO 127 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados:

El suscrito diputado federal del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 del Reglamento del Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La reforma del Estado requiere de un proceso de cambio que involucre a la sociedad y al gobierno, en una reestructuración de sus instituciones que alcance mayor eficiencia y eficacia en su desempeño.

El Estado se contempla como el baluarte que garantiza la prevención de valores como son la libertad, la justicia, la transparencia, la seguridad y los servicios públicos, procurando el bien común.

Cuando un funcionario público es designado, ya sea por elección o por decreto, representa al Estado como ente público y está obligado a desempeñar bien su función y a recibir un salario. No es suficiente definir el salario mínimo, así como tampoco definir en una ley que los servidores públicos no deben ganar más que el titular del Ejecutivo federal. Se hace necesario definir criterios y parámetros a los que deban ajustarse los funcionarios públicos para evitar exceso y desequilibrio en la asignación de altos salarios.

Esta iniciativa plantea que las percepciones de los funcionarios públicos de elección y de confianza se sujeten, además de lo ya previsto por el artículo 127 de la ley suprema, a los criterios de austeridad, región económica, racionalidad en relación con el gasto corriente y situación socioeconómica, en la que se debe observar la coherencia con su población.

Una nueva cultura en la administración pública reclama profesionalismo y austeridad. Los salarios deben ser congruentes con el desarrollo socioeconómico de nuestra nación. Por lo anterior, se hace necesario implementar mecanismos que resuelvan, que resumen el desarrollo económico del país.

Solicito a esta Presidencia disponga lo necesario para que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Unión, presento a esta soberanía iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La reforma del Estado requiere de un proceso de cambio que involucre a la sociedad y el gobierno, con una reestructuración en sus instituciones, que alcance mayor eficiencia y eficacia.

El Estado se contempla como el baluarte que garantiza la preservación de los valores como la libertad, la justicia, transparencia, la seguridad y los servicios públicos procurando el bien común.

El funcionario designado, ya sea por decreto o por elección, representa al Estado como ente público y está obligado a desempeñarse y a recibir un salario de acuerdo a la región y a ciertos criterios que privilegien la austeridad, las condiciones presupuestarias que recibe la institución y siendo coherente con la situación socioeconómica con la región y la disponibilidad de recursos de ente público.

No es suficiente definir el salario mínimo, así como tampoco definir en una ley, que los servidores públicos no deban ganar más que el titular del Ejecutivo federal, sino que también se deben definir criterios y parámetros a los que deban ajustarse los funcionarios públicos de elección de decreto que se consideran como de confianza.

Es conocido el desequilibrio en la asignación de sueldos de algunos funcionarios públicos de los ayuntamientos, entidades, el gobierno federal y organismo descentralizados, entre otros, resultando para la opinión pública, un abuso de poder en la asignación de salarios dentro de la administración.

Esta iniciativa plantea que los salarios y remuneraciones de los funcionarios públicos de elección y de confianza, se sujeten además, de lo ya previsto por el artículo 127 de la ley suprema, a los criterios de austeridad, región económica, racionalidad, situación socioeconómica, con lo que se debe observarse coherencia con su población, nivel de pobreza.

Es momento de efectuar como parte de la reforma que requiere el Estado, una nueva cultura en la administración pública, que garantice a los mexicano, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anterior se hace necesario implementar mecanismos que sumen al desarrollo económico del país, con políticas públicas eficientes, equitativas, congruentes y racionales que definan salarios justos; y proporcionados a la vida económica de las regiones e instituciones y de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 57 del Reglamento del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente

Decreto

Único. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127. . . .

Tratándose de los servidores públicos de la Federación, los estados, el Distrito Federal, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos,.y cualquier otro ente público, las remuneraciones y los tabulado res se sujetarán también a los criterios de austeridad, racionalidad y coherencia con su zona económica, así como al perfil de acuerdo a la competencia. Tratándose de los servidores públicos de los ayuntamientos y entidades paramunicipales, las remuneraciones y sus tabuladores, además de lo anterior, estarán sujetas a los criterios de austeridad, racionalidad, coherencia con el número de su población, su grado de pobreza, en la que el costo de nomina no deberá de exceder del sesenta por ciento del gasto corriente del presupuesto anual asignado y tendrá que representarse en número de salarios mínimos diarios general vigente para el Distrito Federal. Los aumentos de las remuneraciones se ajustarán al salario mínimo diarios general vigente para el Distrito Federal y al impacto inflacionario. V. ... VI. ... Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

VOLUMEN II

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para Nueva Alianza resulta urgente y prioritario exponer la gravedad del estado en que se encuentra el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, los cuales han sido afectados por fuertes sequías que en los últimos años se han presentado en las regiones localizadas en los estados del norte y del centro del país, en donde las precipitaciones son, en promedio, de 400 milímetros al año.

Once millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable, y se espera que para el año 2030 el consumo de agua aumente 25 por ciento. Es cada vez más notoria la insuficiencia del líquido en la cuenca del valle de México. En los últimos meses continúa afectando en forma grave a las poblaciones del Distrito Federal y del Estado de México.

Por cuanto hace al aprovechamiento del agua, las eficiencias en el uso aún son muy bajas; en el sector agrícola oscilan entre 33 y 55 por ciento. En las ciudades, su aprovechamiento fluctúa entre 50 y 70 por ciento.

De acuerdo con información que presenta la Comisión Nacional del Agua en sus estadísticas de 2008, al dividir el país en dos grandes zonas, norte y sur, encontramos que en la primera se concentra 77 por ciento de la población, que genera 87 por ciento del producto interno bruto y cuenta con una disponibilidad de agua de 31 por ciento.

En la zona sur, en la que habita 23 por ciento de la población, se genera 13 por ciento del producto interno bruto y cuenta con una disponibilidad de 69 por ciento del agua renovable. Al mismo tiempo existen hoy tres veces más mantos acuíferos sobreexplotados que hace 30 años, de los cuales se extrae 60 por ciento de las aguas subterráneas, lo cual hace que el recurso hídrico sea cada vez más insuficiente.

En múltiples ocasiones el agua ha sido motivo de confrontaciones y problemas judiciales entre comunidades, municipios y entidades, como es el caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional por la que el Estado de México pretendió la cancelación de la concesión al Distrito Federal para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales provenientes de las cuencas localizadas en aquella entidad.

Nueva Alianza considera urgente, ante problemas futuros que se susciten por uso, aprovechamiento y explotación del agua, consolidar el marco normativo, que en lo inmediato impida que cualquier decisión que se adopte para el uso más racional de este recurso genere conflictos entre comunidades, así como en las relaciones entre gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y las dependencias del Ejecutivo federal.

Someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos párrafos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno, todos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

Se considera de interés público el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, así como las actividades fundamentales para lograr su uso sustentable, así como la gestión integrada de los recursos hídricos.

La gestión integrada de los recursos hídricos es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional del Agua, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participará el Poder Legislativo de la Unión, los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, los municipios, las instituciones públicas de educación superior y los usuarios, en los términos que se determinen en la correspondiente ley reglamentaria.

El Consejo es la máxima autoridad administrativa en materia hídrica, autónoma en sus decisiones y funcionamiento, con una estructura integrada de órganos nacionales y regionales, atendiendo a regiones hidrológicas administrativas, en la cual se considerará a la cuenca hidrológica como unidad básica para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos.

Se crean órganos de vigilancia integrados por representantes de los tres órdenes de gobierno, de las instancias académicas y de la sociedad civil. El consejero presidente y los consejeros de las regiones hidrológico administrativas serán designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de las instituciones públicas de educación superior, con especialidades vinculadas en la materia hídrica de cada una de las regiones hidrológicas en que se divida el territorio nacional.

Los funcionarios designados durarán en su encargo siete años y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo Nacional y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

Para un desempeño profesional se establece que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán de personal calificado necesario, con base en un sistema profesional de carrera. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presento ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 27; se reforma el actual párrafo cuarto y se recorre a la décima posición del mismo artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Consejo Nacional del Agua, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta urgente y prioritario exponer la gravedad del estado en que se encuentra el agua en nuestro país, como un recurso escaso afectado por fuertes sequías que en los últimos años se han presentado en las regiones áridas y semiáridas, localizadas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luís Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, lugares en que se han presentando precipitaciones promedio de 400 milímetros al año. Así como la insuficiencia de agua en la cuenca del Valle de México, que en los últimos meses continúa afectando en forma grave a la población del Distrito Federal y del estado de México.

De acuerdo con la información que presenta la Comisión Nacional del Agua, en sus Estadísticas del Agua en México 2008, al dividir el país en dos grandes zonas norte y sur, encontramos que en la primera se concentra el 77 por ciento de la población que genera el 87 por ciento del producto interno bruto (PIB) y cuenta con una disponibilidad del agua de 31 por ciento; y en la zona sur en la que habita el 23 por ciento de la población, se genera el 13 por ciento del PIB y cuenta con una disponibilidad del 69 por ciento del agua renovable.

Es importante resaltar que en la parte norte del país se ubica el mayor número de acuíferos sobreexplotados, los cuales en los últimos treinta años han aumentado considerablemente(en las regiones de las zonas norte, centro y noroeste): en 1975 se registraban 32; 36 en 1981, 80 en 1985, 97 en 2001, 102 en 2003 y 104 en el 2006, de los cuales se extrae el 60 por ciento de las aguas subterráneas en la zona, generando en la actualidad un grado de presión grave sobre el recurso hídrico en esta zona. La presión hídrica se mide en función del porcentaje de agua utilizada respecto a la disponibilidad total, presentándose en forma exagerada en las regiones hidrológico administrativas XIII.- Valle de México (154.30 por ciento); II.- Noroeste (87.07 por ciento), VI.-Río Bravo (76.33 por ciento), I.- Península de Baja California (75.93 por ciento).

Por cuanto hace al aprovechamiento del agua, las eficiencias en el uso son aún muy bajas: en el sector agrícola oscilan entre el 33 y 55 por ciento; en las ciudades su aprovechamiento fluctúa entre el 50 y 70 por ciento.

En materia de reglamentación del agua el marco jurídico vigente de nuestro país se integra con la Ley de Aguas Nacionales --reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales--, cuyo objeto es regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable.

Dicha ley también dispone, en su artículo 16, que son aguas nacionales las que se enuncian en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que el régimen de propiedad nacional de las aguas subsistirá aun cuando las aguas, mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento; asimismo, señala que las aguas residuales provenientes del uso de las aguas nacionales, también tendrán el mismo carácter, cuando se descarguen en cuerpos receptores de propiedad nacional, aun cuando sean objeto de tratamiento.

De lo anterior podemos concluir que todo tipo de agua es propiedad de la nación y forman parte del Patrimonio del Estado mexicano, constituyendo un bien del dominio de la nación inalienable e imprescriptible, cuya explotación, uso o aprovechamiento por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas sólo podrá realizarse mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

En ese sentido el artículo 4 de la actual Ley de Aguas Nacionales determina que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua. En complemento el artículo 6 del mismo ordenamiento, determina que compete al Ejecutivo federal, entre otras, reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la extracción así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente alumbradas, y las superficiales, en los términos del Título Quinto de la presente ley; y expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas reglamentadas que requieren un manejo específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica o cuando se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en áreas determinadas en acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas.

Considerando que el agua, como elemento natural, se encuentra en cuencas hidrológicas cuyos límites son en general distintos a la división política de las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los municipios, además de ser un recurso indispensable para la vida y necesario para la producción agrícola, ganadera e industrial, la disponibilidad de la misma para comunidades o poblaciones asentadas en la misma cuenca hidrológica o fuente de abastecimiento, no en pocas ocasiones ha sido motivo de confrontaciones y problemas judiciales entre comunidades, municipios y entidades, como es el caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 6/2004 por la que el estado de México pretendió la cancelación de la concesión por la cual el Distrito Federal lleva a cabo la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales provenientes de las cuencas localizadas en el estado de México, específicamente del Alto Lerma y Chiconautla, sin éxito alguno. O bien, las controversias constitucionales que varios municipios han interpuesto contra la Comisión Estatal del Agua del estado de México y la Comisión Nacional del Agua, por el pago del agua.

Por ello, Nueva Alianza considera urgente que, ante problemas futuros que se susciten por uso, aprovechamiento y explotación del agua, como recurso natural que se agota en varias cuencas hidrológicas, es necesario consolidar el marco normativo que en lo inmediato impida que cualquier decisión que se adopte para el uso más racional de este recurso genere conflictos entre comunidades, así como en las relaciones entre gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y las dependencias del Ejecutivo federal.

Atendiendo al sistema federal que rige al Estado mexicano y a la corresponsabilidad de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios que lo integran, es indispensable la creación de una institución autónoma responsable del uso, aprovechamiento y explotación del agua en nuestro país, en la que deben converger los tres órdenes de gobierno a través de un sistema que en forma clara delimite derechos y responsabilidades en la administración del agua, como recurso escaso.

Por lo anterior, se considera pertinente incorporar en el texto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el carácter de interés público al control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, así como las actividades fundamentales para lograr el uso sustentable del agua, como la gestión integrada de los recursos hídricos; la realización periódica de inventarios de usos y usuarios de agua; la evaluación mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental; la infraestructura hidrológica y equipamiento diverso necesario para el mejoramiento de las aguas residuales; la prevención y el control de la contaminación, así como la eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y públicos urbanos; con el objeto de lograr el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos para garantizar una mejor calidad de vida y aumentar la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de agua de los hombres y mujeres de las generaciones futuras.

Para efectos del ejercicio de la función estatal en la gestión integrada de los recursos hídricos se propone la creación de un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional del Agua, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participará el Poder Legislativo de la Unión, los gobiernos de estados y el Distrito Federal, los municipios, las instituciones públicas de educación superior y los usuarios en los términos que se determinen en la correspondiente ley reglamentaria.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propone que el Consejo Nacional del Agua sea la máxima autoridad administrativa en materia hídrica, autónoma en sus decisiones y funcionamiento; con una estructura integrada de órganos nacionales y regionales, atendiendo a regiones hidrológicas administrativas, en la cual se considerará a la cuenca hidrológica como unidad básica para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos.

Asimismo, proponemos la creación de órganos de vigilancia integrados por representantes de los tres órdenes de gobierno, de instancias académicas y de la sociedad civil.

El Consejo Nacional del Agua como órgano administrativo superior en la gestión del agua, se conformará por un consejero presidente y el número de consejeros que determine la ley en función de las regiones hidrológicas administrativas que resulten del estudio de cuencas hidrológicas regionales; y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales y los usuarios. Debiendo establecer en la ley las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos nacionales y de cuencas hidrológicas.

El consejero presidente y los consejeros de las regiones hidrológico-administrativas serán designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de las instituciones públicas de educación superior con especialidades vinculadas a la materia hídrica de cada una de las regiones hidrológicas en que se divida el territorio nacional.

Los funcionarios designados durarán en su encargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo Nacional y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Para un desempeño profesional se establece que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario con base a un sistema profesional de carrera.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tenemos presente que en México las disputas por el control del agua entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, las agrupaciones de regantes y los particulares, son una práctica caduca, originada por las imprecisiones u omisiones de un marco jurídico adecuado, debido al centralismo en la competencia de facultades, y a la ausencia de una autoridad imparcial y objetiva que haga valer las disposiciones jurídicas vigentes en la materia.

Sin embargo la actual problemática nos obliga a reflexionar respecto a la necesidad y urgencia de compartir y consolidar las tareas en la gestión pública del recurso del agua, entendiéndose por gestión --los procesos, acciones y responsables de la regulación, planeación, dirección, supervisión y control del ciclo hidrológico y los usos que se le den al agua-- en donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno participen activamente dentro de un marco jurídico adecuado y descarten la visión centralizada de esta actividad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

decreto por el que se adicionan y reforman diversos párrafos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno, recorriéndose los actuales en su orden, todos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

Se considera de interés público el control de extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo; la gestión integrada de los recursos hídricos; la realización periódica de inventarios de usos y usuarios de agua; la evaluación mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental; la infraestructura hidrológica y equipamiento diverso necesario para el mejoramiento de las aguas residuales; la prevención y el control de la contaminación, así como la eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y públicos urbanos; para el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos para el mejoramiento de la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras.

La gestión integrada de los recursos hídricos es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional del Agua, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los gobiernos de estados y el Distrito Federal, los municipios, las instituciones públicas de educación superior y los usuarios en los términos que disponga la ley. El Consejo Nacional del Agua será autoridad administrativa en materia hídrica, autónomo en sus decisiones y funcionamiento; contará en su estructura con órganos nacionales y regionales, atendiendo a regiones hidrológicas administrativas, en la cual se considerará a la cuenca hidrológica como unidad básica para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y contará con órganos de vigilancia en los que participen representantes de los tres órdenes de gobierno.

El Consejo Nacional del Agua es el órgano administrativo superior en la gestión del agua y se integrará por un Consejero Presidente y el número de Consejeros que determine la ley reglamentaria, en función de las regiones hidrológicas administrativas que resulten del estudio de cuencas hidrológicas regionales; los consejeros de los gobiernos estatales, del Distrito Federal, municipales y los usuarios, concurrirán con voz pero sin voto, la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos nacionales y de cuencas hidrológicas. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional de carrera.

El consejero presidente y los consejeros de las regiones hidrológico-administrativas serán designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de las instituciones públicas de educación superior con especialidades vinculadas a la materia hídrica de cada una de las regiones hidrológicas en que se divida el territorio nacional. Durarán en su encargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo Nacional y de los que de-sempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondiente y estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título Cuarto de esta Constitución.

En los casos a que se refieren los párrafos tercero y cuarto anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

...

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir las reformas legales consecuentes a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia hídrica.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que tenemos invitados, en este momento, del XI Distrito de Ecatepec, Estado de México. Muchas gracias por visitarnos.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

El diputado Agustín Torres Ibarrola: Con su venia, señor presidente. Vengo ante esta asamblea, a presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Históricamente, las sociedades humanas hemos usado la atmósfera como depósito de gases derivados de nuestras actividades, ya sean industriales, agropecuarias, de transporte o de generación de energía.

La capacidad biológica y geológica de nuestro planeta para descomponer estos gases ha sido totalmente rebasada. Su acumulación en la atmósfera ha generado un incremento en la temperatura promedio del planeta.

El problema tiene dimensiones mayúsculas. Al subir la temperatura del agua superficial de los océanos, los huracanes tienden a formarse con mucha mayor facilidad; a acumular más agua y a ser mucho más violentos. Los peces y las aves adelantan sus migraciones confundiendo el cambio climático con un cambio de estación; desovan anticipadamente y afectan el desarrollo de su especie.

El incremento de la temperatura ha ocasionado el deshielo de la superficie del Ártico en 20 por ciento; la fusión con el mar de 3 mil 240 kilómetros cuadrados de hielo. Sí, 3 mil 240 kilómetros cuadrados de hielo que equivalen a dos veces el tamaño del territorio del Distrito Federal.

El cambio climático también ha ocasionado la reducción de 82 por ciento del glaciar más importante de Bolivia y la pérdida de 40 por ciento de los glaciares del Iztaccíhuatl, en México.

El deshielo se unirá al calentamiento de los océanos para estimular una rápida subida en el nivel del mar, que tan sólo en el siglo XX aumentó en 17 centímetros su nivel. Esto ha puesto en guardia a muchísimas naciones insulares.

El cambio climático además tiene un severo impacto en la economía. México perdió en 2005 13 por ciento de su producción agrícola y también ha visto disminuir su producción pesquera en los años calurosos.

Si se mantienen los índices actuales, al final de este siglo la producción agrícola disminuirá tanto que habrá escasez de alimentos. El agua potable no alcanzará a satisfacer las necesidades mundiales y el nivel del mar subirá a niveles amenazantes.

Las enfermedades tropicales se expandirán y aumentarán las afectaciones cardio respiratorias y diarreicas. México, en particular, perderá varios kilómetros de sus costas en Tampico, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Nuestra respuesta individual y colectiva frente al cambio climático nos va a definir como generación ante la historia de la humanidad. Seremos juzgados como sociedad y como individuos por futuras generaciones.

La iniciativa que hoy presento reconoce que nuestro país ha apoyado, sin reservas y de manera oportuna, los instrumentos jurídicos negociados de manera multilateral como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

En ese sentido, y siendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el instrumento jurídico adecuado, propongo incorporar en su artículo 3o. las definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero, hoy ausentes en ella. Las definiciones propuestas coinciden plenamente con los conceptos que establecen las convenciones y protocolos internacionales mencionados.

Señoras diputadas y señores diputados, ¿cómo vamos a declarar de utilidad pública un fenómeno que no está definido en la ley? ¿Cómo vamos mitigar un problema que no hemos acotado? Hoy la falta de definición precisa puede derivar en un manejo inadecuado de los conceptos y de las soluciones. Darle certeza jurídica al concepto es darle precisión a la respuesta del Estado mexicano.

Definir el problema en nuestra ley es el primer paso. Debemos, más adelante, avanzar con la Ley Reglamentaria en Materia de Cambio Climático que resuelva la falta de regulación que hoy tenemos en torno de este fenómeno y que podría dar cabida a la inexacta aplicación de políticas públicas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Agustín Torres Ibarrola, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Históricamente las sociedades humanas han utilizado la atmósfera terrestre como un receptor de emisiones de los gases derivados de las actividades agropecuarias, industriales, de generación de energía eléctrica y de transporte. Esto ha generado un incremento de los gases de efecto invernadero (GEI), en especial el bióxido de carbono (CO2), que rebasa las capacidades de los procesos geológicos y biológicos naturales para capturar y almacenar el carbono emitido, lo cual ha tenido como consecuencia un aumento en la temperatura global del planeta, propiciando el fenómeno que conocemos como cambio climático.

Los efectos adversos generados en el medio ambiente por el cambio climático son diversos y de carácter global, entre ellos destacan: la modificación espacial, temporal y cuantitativa de las lluvias y sequías, la distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones; el incremento en la frecuencia de incendios forestales e intensificación de los procesos de deforestación, mayor erosión, liberación de carbono y pérdida de biodiversidad; reducción o desaparición de ecosistemas forestales; reducción o extinción de poblaciones de especies silvestres; disminución de zonas aptas para la producción primaria de alimentos y modificación de la productividad agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; y elevación del nivel del mar y la consecuente modificación de los ecosistemas costeros y marinos.

Dado su carácter global, hacer frente a este problema rebasa la capacidad de cualquier país, por lo que exige un esfuerzo de cooperación internacional de gran escala con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En ese sentido, el 21 de marzo de 1994 entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la que los países signatarios asumieron compromisos como: la reducción de emisiones de GEI, la elaboración y actualización periódica de inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por fuentes y de absorción por sumideros, así como la comunicación periódica a la Conferencia de las Partes (COP) de las medidas adoptadas y sus resultados en materia de mitigación y adaptación.

Posteriormente, en 1997 durante la tercera COP, se adoptó el Protocolo de Kyoto (PK), no obstante, debido a la falta de ratificación por parte de algunos de los países desarrollados con altos porcentajes de las emisiones mundiales de GEI, este tratado entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. El PK refuerza, cuantificándolos, los compromisos de reducción de emisiones de los países industrializados, enlistados en su Anexo B, que coincide con el Anexo I de la CMNUCC. Incluye tres mecanismos para facilitar el cumplimiento de estos compromisos: el comercio de emisiones entre los países de los Anexos I/B, la implementación conjunta entre los países de los Anexos I/B y Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en países No-Anexo I/B como generadores de reducciones certificadas de emisiones y países Anexo I/B como compradores.

Nuestro país firmó la COMNUCC en 1992 y, una vez aprobada por el Senado de la República, ratificó este instrumento en 1993. Asimismo, firmó el PK en 1997, el mismo año de su adopción y, una vez aprobado por el Senado, lo ratificó en el año 2000. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 Constitucional, ambos instrumentos forman parte de la legislación mexicana en la materia.

En concordancia con lo anterior, el gobierno federal asumió dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de estrategias como el impulso a la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía, la promoción del uso eficiente de energía en los ámbitos doméstico, industrial, agrícola y de transporte, la adopción de estándares internacionales de emisiones vehiculares y el fomento a la recuperación de energía a partir de residuos.

De manera adicional, el PND establece el impulso de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático a través de estrategias como la inclusión de los aspectos de adaptación al cambio climático en la planeación y quehacer de los distintos sectores de la sociedad, el desarrollo de los escenarios climáticos regionales de nuestro país, la evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos, la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático.

Asimismo, el 25 de mayo de 2007 el presidente Felipe Calderón ordenó que, con fundamento en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) y en el marco del PND, se elaborase un Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el cual se dio a conocer en su versión de consulta pública el 25 de junio de 2008 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto del año en curso.

Esta iniciativa reconoce que nuestro país ha apoyado sin reservas, y de manera oportuna, los instrumentos jurídicos negociados en forma multilateral para enfrentar el cambio climático, ha sido proactivo en la búsqueda de soluciones al proponer la creación de un Fondo Verde, por medio del cual se pretende que los países participantes puedan contar con recursos para realizar actividades de mitigación que sean reales, medibles, verificables y reportables a la escala que se pueda, asimismo, ha sido el primer país en desarrollo en presentar una Tercera Comunicación Nacional ante la COP y el único que está por presentar la Cuarta en la reunión que se celebrará a fines de año en Copenhague.

No obstante, esta iniciativa reconoce también que el hecho de no contar con una ley reglamentaria en materia de cambio climático, genera una falta de certeza jurídica en relación con los conceptos relacionados con este fenómeno y podría dar cabida a una inexacta aplicación de las políticas públicas adoptadas en concordancia con los compromisos multilaterales asumidos por nuestro país.

En ese sentido, y siendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) el instrumento jurídico reglamentario de las disposiciones de la Constitución Política referentes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se propone incorporar en el artículo 3 de la citada ley las definiciones de cambio climático, emisiones y gases de efecto invernadero.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ARTICULOS 51, 57 Y 116 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoralesy de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Elsa María Martínez Peña: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, pese a que la igualdad política, como premisa fundamental de la democracia, es considerada un elemento insoslayable en este país y en la conformación de este Congreso, varias son las barreras y obstáculos que las mujeres aún enfrentamos en el acceso y en la permanencia a los cargos de representación política.

A raíz de las solicitudes de licencia de varias diputadas en septiembre pasado, con apenas unos días de haber tomado posesión, surgieron serios cuestionamientos acerca de este trámite, que si bien se ha presentado en legislaturas anteriores sin discusión y es incluso una práctica, lo extraordinario y preocupante de esta legislatura es que quienes piden licencia son mujeres y quienes ocuparán su lugar son hombres.

Ello no es más que una clara demostración de que el objeto de las reformas en materia electoral, referentes al sistema de cuotas y la implementación de acciones afirmativas para alcanzar la equidad de género, se encuentra totalmente tergiversado con hechos que son absolutamente incompatibles con la sociedad democrática que se supone estamos construyendo.

En México, lamentablemente, las cuotas de género se convirtieron para varios partidos políticos en obligaciones que se tienen que cubrir, y están lejos de ser un punto de partida que permita aumentar gradualmente la presencia de las mujeres en los espacios de representación popular.

Por ello, se ha hecho necesario, una vez más, que las reformas a favor de la igualdad vayan acompañadas de medidas eficaces que aseguren su cumplimiento. En este sentido, las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentamos la iniciativa mediante la cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de que la fórmula de candidatos se integre por ciudadanos y ciudadanas del mismo género, tanto para diputados como para senadores, siendo una obligación de los partidos políticos garantizar dicha fórmula al momento de solicitar el registro a cargos de elección popular.

La equidad de género formará así parte de los principios rectores de la función electoral que deberán observar las autoridades competentes.

Asimismo, se propone reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que las cuotas que deban ser garantizadas por los partidos políticos en el registro de sus candidatos comprendan no sólo a las candidatas propietarias, sino también a sus respectivas suplentes, y de esta forma consolidar la representación de género en el Poder Legislativo.

Por otra parte, para garantizar el ejercicio de la representación que se otorga a diputados a través del voto de los electores, se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer un tiempo mínimo para el ejercicio del cargo, por lo que la solicitud de licencia sólo podrá aceptarse por causas graves que así lo justifiquen o bien cuando hayan transcurrido dos terceras partes del periodo para el cual fueron electos.

La iniciativa en cuestión propone también modificar la ley con el fin de que se establezca como una atribución de la Mesa Directiva de la Cámara, elaborar el proyecto de dictamen por el cual se determina si procede o no la solicitud de licencia de diputados o senadores.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, el 17 de octubre próximo se cumplirán 56 años desde que se logró, tras 150 años de lucha, la posibilidad de las mujeres de participar en los asuntos públicos de este país a través de los puestos de representación popular, y aun así seguimos viviendo un constante regateo de los derechos políticos.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta hoy esta iniciativa con el fin de seguir transformando el espacio público y construir, desde el diálogo y el acuerdo, un orden en el que se ostente menos el poder y se ejerza más la autoridad democrática de ambos géneros. Ése es el fin de esta iniciativa y la premisa fundamental de nuestra democracia.

En este sentido, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51, 57 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adicionan los artículos 11 y 20; se reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por respeto al tiempo de ustedes, compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Mesa Directiva que sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, con el turno correspondiente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña, Reyes Tamez Guerra, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Pérez de Alva Blanco, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, María del Pilar Torre Canales, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Karla Daniella Villarreal Benassini, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan ante el pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La igualdad política como premisa fundamental de la democracia desde finales del siglo XVIII ha tenido un avance considerable en todo el mundo, constituyéndose como uno de los cambios más profundos en la historia de la humanidad. Asegurar condiciones de igualdad de oportunidades en todos los niveles de participación política se considera en la actualidad un elemento fundamental en el proceso de democratización de las sociedades.

Sin embargo, aunque la plena participación femenina en los procesos de toma de decisión en todos los niveles e instancias es una condición insoslayable en el proceso, las mujeres han tenido que enfrentar por años muchas las barreras y obstáculos en el acceso y en la permanencia en los espacios ejecutivos de poder y en la adopción de decisiones y cargos de representación política.

Por ello se hizo necesario adoptar un conjunto de acciones afirmativas que partieran del reconocimiento de la histórica desigualdad de poder y de goce de derechos entre mujeres y hombres, y obligaran al Estados y a los actores políticos a tomar una serie de medidas especiales con el objetivo de acelerar el logro de la igualdad entre los sexos y garantizar la participación política equilibrada de mujeres y de hombres.

Las cuotas de género constituyen una medida concreta en el ámbito internacional que busca fortalecer el liderazgo de las mujeres y eliminar las barreras implícitas que impiden o restringen su pleno acceso y permanencia en los más altos niveles ejecutivos, de responsabilidad pública y representación política.

El sistema de cuotas es definido por Jacqueline Peschard (El sistema de cuotas en América Latina, 2002) como mecanismos de discriminación positiva o acciones afirmativas que implican un tratamiento preferencial a las mujeres, al forzar su ingreso en el poder público y no dejarlo completamente a la buena fe de los partidos políticos, ni a sus procedimientos tradicionales de selección.

El sistema de cuotas tiene su antecedente en la Plataforma de Acción Mundial aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, 1995, que en el punto G, dedicado a las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, se fundamentó que acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.

Además, se señaló que el logro de la igualdad de participación de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones permitiría un equilibrio que reflejaría de manera más exacta la composición de la sociedad. Por ello era necesario reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento. La participación equitativa en la vida política desempeñaría con el sistema de cuotas un papel crucial en el adelanto de las mujeres.

En el caso de México, el reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres también ha constituido un arduo proceso, pues a pesar de haber signado varios instrumentos jurídicos internacionales a través de los cuales el Estado mexicano ha asumido compromisos precisos en materia de igualdad de género y ha mostrado un interés por lograr mayor participación política de las mujeres, los avances han sido no sólo lentos, sino que ha habido algunos retrocesos.

Actualmente, la igualdad de las mujeres y los hombres como sujetos de derechos está garantizada explícitamente en el artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El reconocimiento de la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos se enumera sobre todo en los artículos 8o., 9o., 15, 26, 34, 35 y 41, así como en algunas leyes secundarias en la materia.

En dichos artículos se encuentran, entre otros, el derecho a la ciudadanía y las prerrogativas de los ciudadanos, reconociéndose la igualdad de derechos políticos para mujeres y hombres, sin distinción, en concordancia con los artículos 1o. y 4o., que establecen las garantías constitucionales de no discriminación e igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. La reforma constitucional de 1974, en el marco de la organización de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en México, a través de la cual se reformó el artículo 4o. para establecer la igualdad entre los sexos, representó uno de los grandes avances en la búsqueda del reconocimiento expreso y específico de los derechos de las mujeres en el país.

En concordancia con los instrumentos signados y con las reformas federales, en 1996, en el marco de la reforma del Estado, se incluyó a escala indicativa, como una recomendación y no como obligación para los partidos políticos, las cuotas de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe (artículo vigésimo segundo transitorio). Hasta el 24 de junio de 2002 no se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la cual se estableció en la legislación electoral el sistema de cuotas de género, que obligaba a los partidos políticos a respetar el 70/30 de candidaturas para ambos sexos en los comicios federales.

En la reforma electoral realizada en 2007 nuevamente se modificó el marco jurídico mexicano relacionado con las cuotas. Así, el artículo 219, numeral 1, del Cofipe establece que ``de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad''.

Aunado a ello, en 2006 se aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la cual se establecen las acciones que deben desarrollar las autoridades competentes para garantizar la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma decisiones políticas y socioeconómicas. Particularmente, en el artículo 36, fracciones III, IV y VII, se señala la obligación de promover la participación y representación equilibrada entre unas y otros en las estructuras de los partidos políticos, fomentar la colaboración equitativa entre ambos en altos cargos públicos, y fomentar la concurrencia equilibrada y sin discriminación de mujeres y de hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Pese a los avances en materia de igualdad de derechos y paridad, la realidad política del país está lejos de cumplir el marco que establece la igualdad jurídica de todos los mexicanos. Se observa una clara situación de desventaja en las oportunidades de participación política de las mujeres, que repercute en la toma de decisiones tanto en los espacios públicos como privados. La desventaja se expresa en muchas de las instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir y perpetuar las condiciones de exclusión y marginación.

El cargo político más alto que han ocupado las mujeres en este país es el de gobernadoras y secretarias de Estado. De 1976 a 2006 sólo en 12 ocasiones ha habido mujeres al frente de una secretaría. Respecto a la formación del gabinete del actual sexenio, la situación de las mujeres al frente de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal no refleja un equilibrio respecto a la presencia de los hombres en los cargos ejecutivos de mayor nivel de decisión.

De acuerdo con los datos proporcionados en La participación política de las mujeres 2008, libro editado por del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, de las 19 secretarías de Estado (incluyendo la Procuraduría General de la República, PGR) que forman parte del gabinete del Ejecutivo federal, sólo 3 mujeres ocupan el cargo de titular de alguna de estas dependencias, lo cual representa únicamente 15.8 por ciento de secretarías ocupadas por mujeres, en comparación con 84.2 por ciento de las dirigidas por hombres.

Al inicio del actual sexenio (2006-2012), cuatro mujeres ocupaban el cargo de secretarias de Estado: (Josefina Vázquez Mota, Educación Pública; Patricia Espinosa Cantellano, Relaciones Exteriores; Georgina Kessel Martínez, Energía; y María Beatriz Zavala Peniche, Desarrollo Social.

En los cargos de representación popular en el plano del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, la historia del país registra también una limitada participación de las mujeres. A la fecha, sólo seis mujeres han sido gobernadoras. Actualmente, sólo hay dos gobernadoras: Amalia García Medina, en Zacatecas; e Ivonne Ortega Pacheco, en Yucatán.

A escala municipal, la situación paras las mujeres se vuelve no sólo limitada sino grave, ya que ilustra una situación realmente difícil por lo que concierne a la igualdad de género, debido a que la participación política las mujeres en el gobierno municipal ha quedado sumamente rezagada. El municipio, según dicho estudio y las cifras, constituye el espacio más difícil y resistente para el avance de la participación de las mujeres en la toma de decisiones como alcaldesas y funcionarias del ayuntamiento.

Con relación a la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el Poder Legislativo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, el Senado de la República se caracteriza porque 1 de cada 5 legisladores es mujer. Actualmente hay 26 mujeres de 128 senadores; y en la Cámara de Diputados hay 140 diputadas federales, de un total de 500.

Participación de las mujeres en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados Elaborado con base en el portal de la Cámara de Diputados: www.diputados.gob.mx

La situación en los congresos locales es aún peor: en enero de 2009, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, sólo 20.8 por ciento del total de representantes eran mujeres (una de cada cinco). En las regidurías y sindicaturas municipales, el porcentaje de mujeres llegó en enero de 2009 a 30.2 por ciento y el peor registro se ubica en las alcaldías, en donde de los más de dos mil 400 presidencias municipales del país, sólo 4.8 por ciento de cargos era ocupado por mujeres.

Pese a la realidad incuestionable en esta materia, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, reconoce que la reformas constitucionales en materia electoral y las modificaciones legales que les han seguido, han contribuido a consolidar un nuevo modelo electoral para México en donde la participación política de las mujeres es cada vez más una realidad, aumentándose indudablemente ente el porcentaje en las funciones legislativas y de gobierno.

Sin embargo y pese a los avances de la democracia mexicana, el 3 de septiembre de 2009, en la sesión de la Cámara de Diputados, ocho diputadas y dos diputados presentaron solicitud de licencia para retirarse del encargo por tiempo indeterminado, apenas unos días después de haber tomado posesión del cargo.

La solicitud de licencia por diputados es un trámite que se ha presentado en legislaturas anteriores, sin discusiones mayores, y es incluso una característica de la práctica partidista representada en el Congreso de la Unión. No obstante, lo extraordinario de la mayoría de las recientes solicitudes es que los suplentes de las diputadas son hombres; es decir, corresponden a género distinto por el cual fueron registradas en los partidos políticos a que pertenecen ante el Instituto Federal Electoral.

En la actualidad, un aspecto importante por destacar es que, pese a las reformas en materia electoral y a la implantación de acciones afirmativas, los partidos políticos nacionales de México sólo cubren las cuotas femeninas para las candidaturas propietarias, evitando cubrir de la misma forma las suplentes. Así, los partidos cumplen la ley, al formarse de esa manera, pero registran a varones como suplentes para que una vez en funciones las candidatas que hayan resultado electas dejen la curul a los hombres, burlando así la ley electoral en materia de equidad.

El artículo 38, inciso s), del Cofipe establece como obligación de los partidos políticos nacionales garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en los órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. Para ello se dispone en el artículo 218, párrafo tercero, del mismo ordenamiento que los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

En forma específica, el artículo 219, primer párrafo, del mismo código electoral federal dispone que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Para el caso de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, el artículo 220 del mismo ordenamiento electoral establece que éstas se integrarán por segmentos de cinco candidaturas y que en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

En el proceso electoral 2008-2009, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones electorales en materia de candidaturas de género la realizó el Instituto Federal Electoral a través de la revisión de la legalidad del registro de candidatos a diputados federales presentados por los partidos políticos y coaliciones, principalmente a través de los acuerdos del Consejo General números CG176/2009, CG177/2009, CG183/2009 y CG205/2009, mediante los cuales se supervisó que se garantizará la participación de las mujeres en los porcentajes establecidos en el Cofipe.

El objeto de la ley electoral para garantizar la representación de género se tergiversa cuando se concreta la solicitud de licencia de diputadas electas por los principios de representación proporcional en la mayoría de los casos y de mayoría relativa cuyos suplentes son de género distinto.

Aunado a ello, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos regula en los artículos 47, 48, 49 y 50 las ausencias y solicitudes de licencia, esta última sólo por causas graves:

En las solicitudes en trámite no se expone o se justifica alguna causa grave que obligue a los peticionarios a retirarse del cargo para el cual fueron elegidos.

La realidad de esta práctica, que con el tiempo se ha vuelto recurrente, no admite interpretaciones: las mujeres en México viven una ciudadanía incompleta y se demuestra que la concepción original de las cuotas de género y la búsqueda por lograr la paridad aún no está exenta en el país de fuertes resistencias que representan obstáculos que actúan como limitaciones en los objetivos de este tipo de acciones afirmativas.

Cuando las cuotas de género se convierten en cuotas por cubrir y no en un punto de partida que permita aumentar gradualmente la presencia de las mujeres en los espacios de representación política, su adopción es insuficiente. Y es cuando se hace notar que no sólo se requiere aumentar los espacios de representación política y de toma de decisiones para las mujeres sino que también, paralelamente, las instituciones y los actores políticos hagan cambios y compromisos conjuntos.

Por ello, como bien indica un trabajo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, las reformas deben ir acompañadas de medidas eficaces que aseguren su cumplimiento, a fin de que no sea posible ``darles la vuelta'', o que se especule en torno de su observancia.

Lo anterior nos lleva a afirmar que los hechos suscitados en la máxima tribuna de México son absolutamente incompatibles con la sociedad democrática a que aspira convertirse la nuestra, donde la equidad y la justicia como formas de otorgar sentido a la convivencia se conviertan en una realidad.

Muchos son los cuestionamientos que diversas figuras y organismos civiles han hecho a raíz de la solicitud de licencia de varias diputadas. Incluso, el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Magdy Martínez-Solimán, declaró el pasado 23 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Democracia, que México tiene dos retos: la alienación de las mujeres y el desapego de los pobres, que generan fragilidad de algunas legitimidades para gobernar.

Una de esas brechas, mencionó, es la percepción de la política como un acontecer masculino y de los políticos como un grupo de hombres menos interesados en los derechos de las mujeres y en la igualdad de género que en casi el resto de la agenda política. Señaló que la reciente desbandada de candidatas electas como diputadas para dar paso a suplentes varones va a hacer poco por mejorar la opinión que tienen de la política las mujeres mexicanas. Hizo un llamamiento a los líderes políticos del país para que reconsideren, cuando hayan promovido o permitido dimisiones y sustituciones, esa práctica que es, en realidad, un fraude de ley perpetrado con premeditación y alevosía. Así convocó a modificar el marco legal para que se sustituyan mujeres electas por mujeres suplentes.

Desde legislaturas anteriores, distintos grupos parlamentarios han presentado e insistido en hacer modificaciones de las leyes en materia de equidad de género, lo cual indica el interés y la preocupación por promover y fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

El 17 de octubre próximo se cumplirán 56 años desde que se logró, tras 150 de lucha, la posibilidad de participar en los asuntos públicos, a través de los puestos de representación popular. La lucha sin duda ha sido larga, pero en los hechos, hoy, las mexicanas viven un constante regateo de los derechos políticos, aun con la cuota de género reglamentada, que idealmente fue aprobada para equilibrar esta situación.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que en la actualidad uno de los enemigos de las mujeres continúa siendo la idea de que la vida social y política debe estar separada de la privada. Creemos que hay que partir de la vida privada para transformar el espacio público y construir desde el diálogo y el acuerdo un orden en el que se ostente menos el poder y se ejerza más la autoridad democrática de ambos géneros.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos la escalada que ha tenido la LXI Legislatura en el número de diputadas, con un total de 140, poco más de 28 por ciento de mujeres en el Congreso, cifra histórica que consolida la lucha femenina y única revolución pacífica en la historia. Sin embargo, debemos atender esta práctica que requiere reformas concretas que aseguren, una vez más, la participación equilibrada de mujeres y de hombres en los espacios públicos de adopción de decisiones, acorde con lo señalado desde la teoría de género respecto a que la democracia no será tal mientras se impida el ejercicio efectivo del poder político a las mujeres.

Por ello se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 51, 57 y 116, fracción IV, incisos b y e), con objeto de que la fórmula de candidatos se integre por ciudadanos del mismo género, tanto para diputados como de senadores, que los partidos políticos garanticen dicha fórmula al momento de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular y, finalmente, que la equidad forme parte de los principios rectores de la función electoral, que deberán observar las autoridades electorales.

Se propone también reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 220, para que las cuotas que deben cubrir los partidos políticos en el registro de sus candidatos comprendan no sólo a las candidatas propietarias sino también a las respectivas suplentes y de esta forma consolidar la representación de género en el Poder Legislativo mexicano.

Para garantizar el ejercicio de la representación que se otorga a diputados y a senadores a través del voto de los electores, se propone la adición de un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer un tiempo mínimo para el ejercicio del cargo, por lo que la solicitud de licencia podrá aceptarse sólo por causas grave que así lo justifique, o bien, cuando hayan transcurrido dos terceras partes del periodo para el cual fueron elegidos.

Para dictaminar la procedencia de la licencia solicitada por diputados o senadores se propone modificar los artículos 20 y 66 de la misma Ley Orgánica del Congreso General, con objeto de establecer la atribución de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda para elaborar el proyecto de dictamen por el cual se determina la procedencia de la solicitud de licencia para el no ejercicio del cargo de elección popular. Con ello se garantizarán la fundamentación y motivación de la declaración de procedencia de la licencia solicitada y el ejercicio de la representación popular que los ciudadanos delegan a los diputados y a los senadores a través de las elecciones populares.

Ha llegado el momento de pensar en las otras mujeres, las que no tienen todavía ningún horizonte, las que esperan. Parafraseemos a Hans Magnus Enzensberger:

El siglo XX, a diferencia del XIX, no se caracterizó por haber sido muy productivo en ideas. El nazismo, el estalinismo o el franquismo son ideologías totalitarias nada originales y muy negativas para la humanidad. Por eso, la única revolución que va a resistir el paso del tiempo y que es enormemente positiva es el cambio de la posición de la mujer. No hablo de feminismo, porque es demasiado estrecho y limitado, sino de una revolución mucho más profunda, que además está al margen de las ideologías y que, precisamente por eso, es la única revolución que sobrevivirá. Este fenómeno ha tenido lugar en las sociedades avanzadas y es donde seguirá desarrollándose. Ésta, por tanto, es la cara amable de nuestras sociedades.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 51, 57 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se adicionan el 11 y el 20, y se reforma y adiciona el 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 51, 57 y 116, fracción IV, incisos b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente del mismo género.

Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente del mismo género.

Artículo 116. ...

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 220. ...

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada, las cuales deberán estar integradas con candidatos suplentes del mismo género .

Artículo Tercero. Se adicionan el numeral 4 al artículo 11, un inciso al artículo 20, recorriéndose el último en inciso j), y el inciso l), y se recorre el actual al inciso m), del numeral 1; y se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

1. a 3. ...

4. Los diputados y los senadores sólo podrán solicitar licencia por causas graves que lo justifiquen o que hayan transcurrido dos terceras partes del periodo para el cual fueron electos.

Artículo 20.

1. ...

2. ...

Artículo 66.

1. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULOS 111 Y 112 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado, así como por los diputados Gabriela Cuevas Barróny Jesús Ramírez Rangel, todos del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su permiso, presidente. Los suscritos diputados Óscar Martín Arce Paniagua, Gabriela Cuevas Barróny Jesús Ramírez Rangel, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta Legislatura, proponen ante este Congreso iniciativa de ley que modifica los artículos 111 y 112 de la Constitución Política.

Esta iniciativa está basada en la enorme responsabilidad que tenemos los altos funcionarios, como lo son los señalados en los artículos 108, 110 y 111, en donde nos procuran desarrollar libremente nuestra actuación, aunado al artículo 61 de la Constitución, que prevé para nosotros el fuero o la inmunidad constitucional.

Sin embargo, partiendo del principio de que todos los hombres y mujeres somos iguales en este país; de que los servidores públicos no podemos tener muchos más privilegios que los que necesitamos para ejercer nuestra función, destinada al ejercicio de poder hablar, exponer y explicar libremente nuestras ideas, proponemos la delimitación del fuero constitucional, para efectos de que se actualice esa figura y podamos nosotros tener una nueva alternativa como la tienen algunos otros países de América Latina.

Por ejemplo, en Argentina previenen que un senador o un diputado, a partir del día de su elección, no puede ser arrestado, salvo únicamente si se encuentra cometiendo un delito o si es detenido en flagrancia del mismo.

Así pues, con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de la función legislativa, pero al mismo tiempo evitar la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la garantía de no procesabilidad penal, se proponen los siguientes cambios al régimen actual.

Uno. Sustituir y atenuar la garantía constitucional de no procesabilidad penal por la garantía de procesabilidad en libertad.

Dos. Prever las siguientes dos excepciones a la garantía de procesabilidad en libertad:

a). Cuando sea detenido en flagrancia, cometiendo un delito calificado como grave por la ley penal federal, o que el juez que conozca del asunto libre orden de aprehensión contra el servidor público cuando se le acuse por ese delito.

b) Cuando se encuentre separado de su encargo por licencia o suspendido por cualquier otro motivo y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal.

Narrado lo anterior se somete a la consideración de esta honorable asamblea lo siguiente: Se reforman los párrafos de los artículos 1o. y 5o.; se derogan los párrafos segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 111, y se reforma el artículo 112, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura, los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de Justicia, el procurador general del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando sean acusados por la comisión de un delito durante su encargo, en el proceso penal que al efecto se instaure, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.

Se derogan unas fracciones.

Para poder procesar penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se estará a lo previsto en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 112. No se observará la garantía constitucional prevista en el artículo 111 cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo mencionado se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos.

a) Tratándose de la comisión de delitos graves así calificados por la ley penal federal, sea detenido en flagrancia, o bien, que exista una orden de aprehensión dictada por juez competente; y

b) Se separe de su encargo por licencia o sea suspendido por cualquier motivo, y se le impute la comisión de un delito calificado como grave por la ley penal federal.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua, Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Óscar Martín Arce Paniagua, Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de rediseñar la aplicación y procedencia del fuero de no procesabilidad de los servidores públicos, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las actividades que más regulación requiere debido a la cantidad de atribuciones importantes que la Constitución y las leyes otorgan, es la función que realizan los servidores públicos, entre los que nos encontramos los diputados federales, misma que debe ser realizada con estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico, para forjar un bie-nestar general en la población a la cual representamos y para la cual trabajamos.

Además del estricto apego a la ley, los servidores públicos debemos de seguir el imperativo moral que rige nuestra función, ya que la ética es uno de los principales fundamentos del estado moderno democrático, y que se debe de reforzar con el correspondiente apoyo legal, de ahí que se hayan creado las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, en respuesta a la llamada renovación moral de la sociedad en el interés de combatir y erradicar la corrupción.

La enorme responsabilidad de los altos funcionarios de la nación, como lo son los señalados en los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, origina la creación de mecanismos protectores para que éstos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que desempeñen, y en donde el llamado fuero constitucional es el principal mecanismo protector, tal y como lo ha sido para los diputados y senadores federales, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el de-sempeño de sus cargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en el artículo 61 constitucional.

Desde hace ya varios años, don Jacinto Pallares señalaba que uno de los motivos que han determinado el establecimiento del fuero que se llama constitucional, era evitar que una falsa acusación sirviera de pretexto para eliminar a algún alto funcionario de los negocios que le están encomendados e impedir las repentinas acefalias de los puestos importantes de la administración pública.

Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido al término ``fuero'' como aquel privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos, es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional.

Asimismo, nuestro máximo tribunal ha reconocido la existencia de diversos tipos de responsabilidades a que pueden quedar sujetos todos los servidores públicos federales según la conducta de que se trate, siendo éstas la responsabilidad penal, civil, administrativa y política, contando cada una de ellas con órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, pudiendo, incluso, presentarse al mismo tiempo, y por tanto, el servidor público podrá ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Para el caso específico de la responsabilidad penal, se dice que el servidor público incurre en responsabilidad penal cuando realice actos u omisiones tipificados como delitos por la legislación federal o local, por lo que únicamente las conductas que estén tipificadas como delictivas traen aparejada una responsabilidad de esta naturaleza.

Así pues y partiendo de aquel principio que establece que todos los hombres somos iguales ante la ley y que no hay cabida para fueros ni tribunales especiales, la responsabilidad penal responde al criterio de que los servidores públicos que cometan delito podrán ser encausados por el juez ordinario con sujeción a la ley penal como cualquier ciudadano y sin más requisito, cuando se trate de servidores públicos con fuero, de la declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados ¹ .

El maestro Burgoa Orihuela, hacía referencia al llamado fuero de no-procesabilidad, señalando que los funcionarios sí son responsables por los delitos comunes y oficiales que cometan durante el desempeño de su encargo, solo que no se puede proceder contra ellos en tanto no se les despoje del fuero de que gozan y que es el impedimento para que queden sujetos a los tribunales que deban juzgarlos por el ilícito.

Entendiendo a la responsabilidad como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente ² , la comisión de un delito es motivo suficiente para que ésta sea sancionada de acuerdo con los procedimientos existentes, por lo que, si un servidor público de los señalados en el ya referido artículo 111 constitucional, es sorprendido cometiendo un delito grave del orden federal en flagrancia, estando o no en ejercicio de sus funciones, debe quedar sujeto al procedimiento correspondiente sin necesidad de que la Cámara de Diputados haya dado su autorización para que se pueda proceder penalmente contra él.

Es que tal y como lo señalaba el maestro José Becerra Bautista ``si el cargo no se ejerce, esta circunstancia hace cesar las prerrogativas de que está investido el funcionario, por tanto la licencia sin goce de sueldo y con suspensión de sus funciones, hace que cesen las prerrogativas de que está investido el funcionario''.

La propuesta de delimitar el fuero de no procesabilidad que aquí se presenta, obedece a la premisa de regular el fuero de los servidores públicos que se señalan en el párrafo primero del artículo 111 constitucional, argumentando principalmente que la inmunidad procesal o fuero corresponde al cargo público y no a la persona que lo ocupa, es decir, que la persona goza de la inmunidad procesal sólo respecto a la función que desempeña, y derivada del cargo que ostenta.

Lo que aquí se propone no es un tema nuevo. En algunos países de América Latina, ya se prevé que ciertos servidores públicos puedan ser sometidos al procedimiento penal correspondiente por la comisión de un delito en flagrancia.

Por ejemplo, Argentina establece en su artículo 69 constitucional que ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, no puede ser arrestado; excepto en caso de que sea sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

En Chile, se establece que en caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo.

En el ámbito de las entidades federativas de nuestro país, la mayoría de ellas recogen en sus Constituciones locales las disposiciones previstas en la Constitución federal, sin embargo, algunas otras establecen ciertos mecanismos que contribuyen a regular de una manera más precisa los alcances del fuero constitucional como en el caso de Chihuahua, del fuero de no procesabilidad como en el caso de Michoacán, o bien, como el caso de Sonora que da atribución al Supremo Tribunal de Justicia para que éste conozca de la comisión de delitos cometidos por servidores públicos y contra la procuración y administración de justicia.

Los tiempos actuales que vivimos como país, donde las organizaciones delictivas continúan corrompiendo a nuestras instituciones, hace necesario que se realice una nueva evaluación sobre la protección constitucional de la que gozan los servidores públicos. La necesidad de liberar a nuestras instituciones de aquellos elementos que ocupan sus cargos para ser cómplices de las prácticas más dañinas para los mexicanos no puede seguir esperando.

De este modo, no debe haber la menor duda de que la figura del fuero se instituye como una garantía constitucional de no procesabilidad penal, a efecto de fomentar la independencia y autonomía del Poder Legislativo en el desarrollo de sus funciones, frente a presiones externas, que a través de la amenaza de denuncias de carácter penal, pretendan incidir en su proceso de toma de decisiones.

Así pues, con la finalidad de otorgar un mínimo de protección al desarrollo de la función legislativa, pero que al mismo tiempo evite la impunidad mostrada por determinados servidores públicos a través de la actual garantía de no procesabilidad penal, se proponen los siguientes cambios al régimen actual:

En caso de que la situación jurídica de un servidor público se actualice a cualquiera de las hipótesis señaladas los efectos consistirán en que éste podrá ser detenido por la autoridad competente y sujeto al procedimiento que determine la ley, recalcando, como excepción, que no procederá la garantía de enfrentar el proceso en libertad cuando se actualice la flagrancia o sea librada una orden de aprehensión por el juez que conozca del asunto tratándose de delitos graves del orden federal.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos seguros que con la aprobación de este tipo de propuestas, el Poder Legislativo refrendará su compromiso de elaborar normas justas apegadas a la legalidad, que eviten la impunidad. Y que mejor demostración que comenzando por regularnos a nosotros mismos, en un esfuerzo por atraer de nueva cuenta la aceptación y simpatía de la sociedad a la que representamos, pero sobre todo, para cumplir responsablemente la función que la sociedad nos ha conferido.

Narrado lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforman los párrafos primero y quinto, se derogan los párrafos segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 111; y se reforma el artículo 112, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando sean acusados por la comisión de algún delito durante el tiempo de su encargo, en el proceso penal que al efecto se instaure, no podrán ser privados de su libertad hasta en tanto exista sentencia firme de la autoridad judicial que así lo imponga.

(Se deroga)

(Se deroga)

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se estará a lo previsto en el párrafo primero de este artículo.

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

...

...

Artículo 112. No se observará la garantía constitucional prevista en el artículo 111, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo mencionado, se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos.

En cualquiera de los dos casos, los servidores públicos podrán ser detenidos por la autoridad competente y sujetos al procedimiento penal que determine la ley.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo ciento ochenta días a partir de la publicación de este decreto, para adecuar la legislación respectiva de acuerdo a lo aquí dispuesto.

Notas: 1 Herrera Pérez Agustín. ``Legislación federal sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos''. 2ª edic. Edit Porrúa. México 2001. Pág. 29. 2 Responsabilidad. Diccionario de la Real Academia Española. Véase en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3 & LEMA= responsabilidad

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Arce.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley Aduanera. Adelante, diputado.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente.

Compañeros legisladores, en vista que la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Aduanera vigente que deseamos presentar ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, obviaré su lectura, y solamente utilizaré la oportunidad para hacer algunas reflexiones para argumentarla, solicitando de antemano a la Presidencia que instruya para que se registre nuestra participación en el Diario de los Debates y, por supuesto, se le dé el trámite que corresponde.

En la enorme superficie de la nación, la historia, la orografía, la sociedad misma y muchos otros factores han generado a lo largo de todos estos años una diversidad de grandes poblaciones con sus especiales características.

Para el efecto que motiva la presente deseo referirme a la zona fronteriza norte; una enorme franja de alrededor de 3 mil kilómetros, colindante con el país más poderoso del mundo y en la que se ha concentrado alrededor de la quinta parte de la población mexicana tanto por su propia evolución como por el arribo de connacionales de todo el país.

Esto ha tenido como consecuencia el tener que enfrentar grandes retos en aquella región, que no obstante se han convertido en oportunidades, lo que la ha vuelto un ejemplo de desarrollo. Reitero que para sustentar brevemente el propósito de la iniciativa en comento, hoy me referiré de manera muy particular a los residentes de esa franja fronteriza, que tienen su residencia de lado mexicano, en las ciudades limítrofes con Estados Unidos de América, pero que por muy diferentes razones, principalmente la falta de oportunidades de empleo, entre otras muchas, trabajan en distintas ramas de la actividad productiva de aquel país, pero que no pierden su arraigo, su convicción nacionalista y optan por vivir ellos y sus familias del lado mexicano.

Su trabajo representa un fuerte ingreso para la economía de la zona fronteriza, pues es gente que al recibir su salario en dólares mantiene su gasto familiar del lado de nuestra frontera. Paga impuestos, consume mayoritariamente artículos del lado mexicano, educa a sus hijos en las escuelas mexicanas. En suma, inyecta fuertes sumas de dinero a la economía nacional.

Mucho se ha hablado de las grandes cantidades de remesas en dólares que se reciben por medios tecnificados, pero poco se dice de esta economía que nutre a la zona fronteriza de manera anónima, de manera permanente, incuantificable, pero que es de una enorme ayuda para la región.

No obstante, resulta molesto e incongruente que estos trabajadores sufran con frecuencia el maltrato y aún sean víctimas de la extorsión por parte de las autoridades mexicanas, aduaneras y fiscales.

La iniciativa promueve evitar tal extorsión y, en múltiples casos, la pérdida del patrimonio familiar, ante el hecho normal de que por situaciones de emergencia o ---habría que aceptarlo--- por desconocimiento entendible de la propia Ley Aduanera, los familiares del trabajador conduzcan un automóvil adquirido por él en la zona fronteriza, del lado americano, y que sean víctimas, de verdad, víctimas de los aduanales, de los fiscales que utilizan la ley más como un vulgar instrumento de corrupción que con el propósito de cumplir rigurosamente con un precepto legal.

En suma, esta iniciativa promueve otorgar un mínimo de facilidades, como una reciprocidad del Estado mexicano, a estas personas que tanto hacen por la economía de la región fronteriza norte y que, por supuesto, no son ni contrabandistas ni delincuentes, incorporando en la ley la figura de comisión de una falta por vez primera y única, y aplicando una sanción económica que la propia Ley Aduanera contempla, y que insista impidiendo la extorsión y a la vez, en otros casos ---como sucede con mucha frecuencia---, el decomiso del patrimonio familiar y la aplicación de un esquema, de verdad, aberrante de sanciones fiscales totalmente desproporcionadas.

Señor presidente, en ánimo de la economía procesal parlamentaria, le solicito dé el trámite a la iniciativa y que se inserte la participación de su servidor en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado federal Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 151 de la Ley Aduanera, para que se establezcan tratos diferenciados a los trabajadores transfronterizos mexicanos que viven en la zona fronteriza de nuestro país, en materia de circulación temporal de vehículos extranjeros, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La zona fronteriza norte del país es, sin duda, una región que históricamente ha venido enfrentando enormes retos y desafíos en todos los aspectos, por una colindancia con el país más poderoso del mundo y complementariamente por su lejanía de los grandes centros nacionales de producción. Una compleja franja que promedia 20 kilómetros a lo largo de 3 mil, desde Baja California hasta Tamaulipas, donde se concentra una población de millones de mexicanos y en la que el crecimiento demográfico es particularmente explosivo por el arribo de connacionales de todas las regiones del país.

Sin embargo, estos retos se han convertido en oportunidades gracias al empuje y al tesón de gente trabajadora. Así podemos ver hoy día el potencial de esta zona que, sin duda, es un motor y un ejemplo de desarrollo que se debe ampliar al resto de la nación. Para el efecto que anima esta propuesta de reformas a la Ley Aduanera, deseo referirme a los residentes de esa franja fronteriza que viven del lado mexicano, en las ciudades limítrofes con Estados Unidos de América, pero que por muy diferentes razones --falta de fuentes de trabajo del lado mexicano, mejor remuneración, acceso a bienes de consumo en mejores condiciones, búsqueda de una mejor calidad de vida, etcétera-- trabajan a diario en distintas ramas de la actividad productiva en Estados Unidos de América pero que reitero no pierden su arraigo a nuestro país y siguen optando por vivir ellos y sus familias del lado mexicano.

Es evidente que su trabajo en los campos agrícolas, en los centros comerciales, en la maquila de diferentes insumos y en una gama de actividades representa un fuerte ingreso para la economía de la zona fronteriza mexicana, pues son gente que, al recibir sus salarios en dólares, siguen manteniendo su gasto familiar de nuestro lado de la frontera, pagando impuestos, consumiendo mayoritariamente artículos del lado mexicano, educando a sus hijos y colaborando con la tarea educativa en las escuelas mexicanas, en suma, inyectando fuertes sumas de dinero a la economía nacional a lo largo de esta zona.

Mucho se ha hablado de las remesas y del gran monto que, por vías tecnificadas, envían residentes en Estados Unidos de América al centro del país, pero no siempre se alude esta inyección económica importantísima, incalculable, anónima, pero permanente de recursos que traen personalmente estos trabajadores para fortalecer la zona fronteriza; por supuesto que quienes conocemos de esta realidad sabemos del esfuerzo de estos millones de trabajadores transfronterizos: cruces complicados a diario, en los que se sufren vejaciones y maltratos desde las primeras horas del día; trabajos forzados principalmente en los campos agrícolas y en otros más en los que, pese a tener legalizada su condición laboral, no dejan de vivir condiciones de dificultad que se han agudizado a raíz de los acontecimientos que todos conocemos; pero más allá de eso, y a pesar de todo lo positivo que significa su esfuerzo para nuestra economía, causa sorpresa, indignación y por qué no decirlo, enojo, que el peor maltrato e incomprensión lo vivan por parte de nuestras propias autoridades mexicanas.

Habría muchos aspectos en los que esta expresión correspondería, sin embargo, deseo referirme por esta ocasión a uno solo que se presenta con gran frecuencia y es el hecho de que esposas o hijos, aun en condiciones de situaciones de verdadera emergencia familiar, conduzcan temporalmente el automóvil, propiedad del padre de familia, que por supuesto ostenta placas de circulación de su lugar de trabajo, esto es Estados Unidos, y sean acosados por diferentes autoridades que andan verdaderamente a la caza de ellos, en busca más de la extorsión ante un hecho entrecomilladamente delictivo, que a la aplicación de la ley, lo que dicho sea de paso, es lo que menos les interesa.

¡Ah, pero eso sí!, si la presa (y reitero la expresión), si la presa a la que siguieron y esperaron con verdadero lujo de eficacia se niega a otorgar el pedimento de una ``compensación extraoficial'' para evitar la sanción, entonces, estos celosos guardianes de la ley dejan caer sobre la infortunada esposa o hijo, en su caso, todo el peso de la ley, con apercibimientos, amenazas de embargo y perdida del patrimonio familiar, créditos fiscales, multas de decenas de miles de pesos, hostilizaciones y hasta conducción como contrabandistas esposados ante las autoridades de la procuraduría; esto sin contar por supuesto con el decomiso de la unidad que con esfuerzo, endeudamiento y con el verdadero sudor de su frente adquirió el trabajador con mayor facilidad en Estados Unidos de América.

No es inaplicable decir que, en la mayoría de estos casos, la ley sirva más como vulgar instrumento de corrupción que como verdadero mecanismo de control; si no fuera así, bastaría con recorrer cualquiera de las zonas donde el contrabando multimillonario y la estancia ilegal de mercancías en el país insulta la inteligencia más elemental, por la supuesta y anunciada acción transparente de la autoridad fiscal o aduanera.

Esta iniciativa busca otorgar un mínimo de facultades como reciprocidad del Estado mexicano a esta gente que tanto hace por la economía de la región fronteriza que no son, por supuesto, ni delincuentes ni contrabandistas, introduciendo en la ley la figura de comisión del delito por vez primera y única, lo que les haría acreedores a una sanción económica inicialmente y sólo en caso de reincidencia aplicar en su total dimensión la penalidad correspondiente. Esto haría que, en su caso, quienes hacen de la práctica un modus vivendi no escapen a la acción plena de la justicia por actos, ésos sí, de intencionalidad y de lucro.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 151 de la Ley Aduanera vigente

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 151 de la Ley Aduanera vigente para quedar como sigue:

Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los siguientes casos:

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Queda sin efecto para el propósito que enmarca esta adición cualquier disposición de la Ley Aduanera o cualquier otro instrumento normativo que lo contravenga.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Pérez de Alva. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PARLAMENTO DE JOVENES UNIVERSITARIOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente apartado del orden del día corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo:

Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la realización anual del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Francisco Ramos Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de realizar anualmente el Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.

Consideraciones

Es en el Poder Legislativo donde convergen las principales y distintas fuerzas y corrientes políticas e ideologías representadas en las Cámaras. Es la expresión legítima de la pluralidad política y social mexicana y el centro de debate de los grandes temas nacionales. Es y ha sido también, el principal promotor y sede de la realización del Parlamento de Mujeres de México; del Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes y, del Parlamento Universitario de México.

Los jóvenes en nuestro país constituyen el principal activo demográfico. La evolución de dicha estructura, muestra que para el año 2011, la población de jóvenes llegará a los 20.2 millones, lo que implica sin duda, mayores retos y desafíos para atender sus demandas.

En este sentido, debemos atender las inquietudes, preocupaciones, expresiones y acciones de los jóvenes, quienes en los próximos años serán ellos los que tomen las decisiones respecto al destino y rumbo que seguirá nuestro país.

Con esta propuesta, reafirmamos el firme compromiso que tenemos con los jóvenes y, asumimos con responsabilidad y tomamos como nuestras sus causas, sus anhelos, sus ideales, sus aspiraciones y sus luchas, sabiendo que los jóvenes del país, están comprometidos con los aspectos de transformación del entorno social, económico, cultural y político de México.

Sin duda, hoy más que nunca, nuestros jóvenes enfrentan una situación compleja ante los difíciles escenarios internacionales y, en lo particular nacionales, marcados por las desigualdades y la falta de oportunidades que van desde laborales, educativas, de salud, culturales, hasta la demanda de espacios de participación, de expresión y de debates de las ideas y propuestas de la juventud mexicana.

Ante ello, consideramos que la continuidad de la realización del Parlamento de Jóvenes Universitarios como se ha venido celebrado desde la pasada legislatura, permitirá atender y recoger las ideas, demandas y necesidades de los jóvenes, y con ello, promover hoy más que nunca mayores propuestas de políticas públicas específicas, destinadas y enfocadas a la promoción y participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la vida social y nacional.

Atender las inquietudes, demandas y reclamos de la juventud, debe significar para el Poder Legislativo federal un acto de compromiso, de congruencia y de altura con las expectativas de los jóvenes. Más aún, para los partidos políticos representados en las Cámaras, quienes desde sus documentos básicos y plataformas políticas, plasman y manifiestan su interés por atender a tan importante sector social.

Nosotros estamos conscientes de escuchar las voces de los jóvenes, es de interés superior propiciar los mecanismos de interlocución con el Poder Legislativo y con la sociedad en su conjunto y con ello, materializar los esfuerzos de un diálogo abierto, franco y permanente con la juventud mexicana siempre a favor de nuestra nación.

Escuchar las ideas de los jóvenes es conceptualizar una idea democrática que nos proyecte en el mundo. Es incorporarlos a mejores puentes de diálogo y comunicación con las instituciones y los Poderes del Estado. Es integrarlos a la toma de decisiones nacionales para así poder avanzar en la igualdad de oportunidades, eliminando las brechas y las asimetrías sociales, económicas, políticas y culturales que afectan a la mayoría de nuestros jóvenes.

El tema de los jóvenes ha sido de interés y relevancia en los ámbitos internacionales. Desde 1946, fundación de las Naciones Unidas, la juventud ha jugado un papel relevante en la preservación de la paz y en la promoción del desarrollo y progreso social y económico de las naciones. 1985 fue declarado como el ``Año Internacional de la Juventud''. Años más tarde, en 1995 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implementó el ``Programa Mundial de Acción para la Juventud para el Año 2000 y Hacia Delante'', en un esfuerzo de afrontar directamente los problemas de los jóvenes que tienen que ver con la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, las adicciones, la delincuencia, la discriminación de género y la falta de participación en la sociedad.

En el Congreso Mexicano, tenemos la oportunidad, de atender las expresiones de los jóvenes, debemos hacerlo con seriedad y consistencia y sin protagonismos. Debemos hacerlo con un compromiso histórico, con firmes soportes para emprender y lograr los grandes cambios y transformaciones que la nación demanda.

Por las consideraciones expuestas, permito someter a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se apruebe la realización del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.

Segundo. Se establece que para realización de dicha actividad actuarán coordinadamente los Poderes Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y el Ejecutivo federal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud.

Tercero. El Parlamento se realizará con una periodicidad anual, alternando las sedes entre cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Cuarto. Se establece como primera sede del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México la honorable Cámara de Diputados, por celebrarse en el mes de agosto del año de 2010.

Quinto. Se instruya a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, a efecto de que, en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y con el Instituto Mexicano de la Juventud, se aboquen al planteamiento de las bases, mecanismos y lineamientos de la organización, convocatoria, funcionamiento y realización de las acciones necesarias para el de-sarrollo del Parlamento de Jóvenes Universitarios de México.

Sexto. Además de considerar en la convocatoria a los jóvenes universitarios, se contemplará a los estudiantes de los institutos tecnológicos y normales, atendiendo los principios incluyentes de equidad de género, el de las capacidades diferentes y étnicas-culturales de los jóvenes.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se realicen las reasignaciones financieras necesarias, particularmente en el Capítulo 1000, del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fasa), a fin de que la Secretaría de Saludcuente con los recursos necesarios que le permitan concluir con el proceso de regularización de manera integral, en cuanto a salario y prestaciones, de los trabajadores que laboran en condiciones precarias en la mencionada dependencia de todo el país.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se realicen las reasignaciones financieras necesarias, particularmente en el capítulo 1000 del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud cuente con recursos que le permitan concluir la regularización integral en salario y prestaciones de los trabajadores de su adscripción que laboran en condiciones precarias, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Durante las últimas dos décadas, debido al crecimiento y empobrecimiento poblacional, la globalización de los riesgos sanitarios, y a lo que se ha denominado ``transición epidemiológica'', la demanda de servicios de salud por parte de la población sin seguridad social formal, ha venido creciendo de manera gradual en todo el país sin que las condiciones materiales y particularmente humana, que son indispensables para el otorgamiento de la atención, aumentaran al ritmo de la demanda.

Para enfrentar tal situación, y en el marco de la descentralización de los servicios de salud, de manera muy particular, los gobiernos de las entidades federativas, responsables de ofrecer de manera directa los servicios de atención médica a la población abierta, que actualmente se calcula en alrededor de 50 millones de personas, vieron crecer el personal de salud de manera irregular, al margen de las leyes laborales y de seguridad social.

La aparición de nuevos programas de salud, como el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el denominado seguro popular, que tiene como propósito financiar determinados servicios de salud que se otorgan de manera garantizada a la población sin seguridad social formal, agudizaron la contratación de personal en condiciones precarias, sobretodo médico y de enfermería a tal grado que en 2007 el número de trabajadores irregulares se calculaba en alrededor de 100 mil, representando un pasivo laboral estimado en más de 20 mil millones de pesos al año.

Debido a la magnitud y aristas jurídicas, políticas, sociales y financieras del problema, la representación laboral de los trabajadores al servicio del Estado y de los trabajadores de la Secretaría de Salud, conjuntamente con autoridades hacendarias y sanitarias en todo el país, se dieron a la tarea de sentar las bases de una resolución gradual que al tiempo de garantizar la permanencia del otorgamiento de los servicios reconociera los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral y a la seguridad social, situación que se facilitó en una importante etapa del proceso en razón de la aprobación de la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de marzo del 2007.

En nuestros días, sin embargo, la situación irregular laboral de la Secretaría de Salud en todo el país, no ha sido resuelta debido a que, por un lado, existe un universo calculado de 30 mil trabajadores que aún no han recibido la garantía de estabilidad y de seguridad social que por ley les corresponde, mientras que por otra parte, a los 70 mil trabajadores involucrados durante los últimos dos años en el proceso de regularización, no les han sido otorgados, como también jurídicamente les corresponde, las prestaciones a las que tienen derecho, bajo la suprema constitucional de que a trabajo igual salario igual, por ser trabajadores de esa dependencia y que se encuentran contenidas en las condiciones generales de trabajo aplicables.

Con motivo del tercer Informe del Gobierno de la República y de la presentación del proyecto de paquete económico para el año de 2010, se ha venido difundiendo información sobre diversos logros de la administración pública federal, en este caso particular del sector salud, señalando, de manera enfática el crecimiento de la inversión en materia del seguro popular y la realización de obras de construcción y mantenimiento en más de mil 300 unidades de atención, lo que sin duda resultan ser elementos necesarios para ofrecer más y mejores servicios de salud a los mexicanos.

Sin embargo, debe quedar perfectamente claro que la existencia por si sola de unidades de atención o de recursos financieros, no resultan ser garantía de una mayor y mejor cobertura médica si la aplicación oportuna de esos recursos no tiene como destino la solución de las necesidades del sector, la cual resulta ser, indiscutiblemente, el rezago de personal de salud que existe en nuestro país desde hace muchos años, así como las graves irregularidades laborales que existen en el sector.

El personal de salud representa el recurso más valioso de la atención, puesto que en sus manos se encuentran los conocimientos especializados, la autoridad sanitaria, la preparación experimentada y la obligación laboral para darle vida y cauce a los programas de salud. Nada se puede mover sin la participación, intervención y decisión de los médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores sociales, laboratoristas, dentistas y demás personal médico y administrativo, porque constituyen el alma de clínicas y hospitales y conforman la institucionalidad del sector.

México tiene un atraso grave en personal de salud, no sólo con relación a los índices que son sugeridos por los organismos internacionales especializados en el número de médicos, enfermeras y personal diverso que es necesario por cada determinado número de habitantes y de acuerdo a nuestros perfiles de morbi-mortalidad, sino también con relación a los índices que tienen los países con los que tenemos mayores relaciones o con las naciones más desarrolladas.

Por eso, resulta incuestionable que el derecho a la protección a la salud que consagra para todo mexicano nuestra Constitución Política y el propósito de que en el año de 2010 todos los habitantes tengan garantizado su acceso a la atención médica, será imposible de lograr si no se cuenta con el número suficiente de médicos, enfermeras, paramédicos y personal de apoyo necesario para atender un universo de alrededor de 50 millones de personas que no cuenta con seguridad social formal, que además están requiriendo crecientemente de servicios salud especializados.

El aumento de las unidades de atención no ha sido igual al crecimiento de la plantilla y hoy, lamentablemente, existen muchas instalaciones médicas que no son utilizadas o que son subutilizadas por la falta de personal, lo que además de una delicada anomalía administrativa, resulta ser, sobretodo, un engaño para la gente, que llega a creer que por la construcción de una nueva instalación de salud tendrá asegurada una atención oportuna y de calidad.

Por otra parte, el rezago de trabajadores de la salud, se ha venido encubriendo con la contratación de personal contraviniendo todas las leyes laborales, lo que ha venido generando un pasivo laboral que puede llegar a comprometer las finanzas públicas y colapsar el sistema público de salud, si no se resuelve esta condición irregular, injusta y absurda.

De la misma forma, pero con la igual trascedencia, resulta preciso atender el atraso salarial de todos los trabajadores de la salud del país y la falta de incentivos que sean proporcionales a su dedicación, productividad y superación profesional, que han venido siendo demostrados una y otra vez no sólo cuando se presentan emergencias sanitarias como la acontecida con la influenza humana, sino de manera cotidiana, cuando se trata de enfrentar los graves problemas de salud de nuestra población y que revisten también características de pandemia como la diabetes y todas sus nefastas consecuencias, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiacas y vasculares, los cánceres, las adicciones y los accidentes y la violencia.

Insistimos, una vez más, en la necesidad de que la inversión en salud, vía recursos presupuestales, sea creciente, ya que es el único camino viable para atender los problemas y rezagos que existen en el sector, pero que también, su ejercicio sea integral, considerando todos los aspectos involucrados para el otorgamiento de servicios de salud, particularmente lo que corresponde a los recursos humanos, que resultan ser, el factor insustituible y más importante de la atención médica de las personas.

A pesar del escenario económico adverso que vive nuestro país, en el que algunas voces plantean absurdamente recetas equivocadas completamente rebasadas que pretenden constreñir aún más el gasto público social, hoy existen condiciones suficientes para impulsar mayores inversiones en el sector salud que nos permitan realizar acciones preventivas para enfrentar riesgos sanitarios locales y mundiales conocidos por la generalidad y poniendo al día los delicados rezagos, particularmente en recursos humanos, que existen, evitando con todo ello, el gasto de recursos extraordinarios enormes por no haber hecho nada a tiempo, generando los ahorros correspondientes en el mediano y largo plazo, pero sobretodo, garantizando que nuestro país y los mexicanos de mañana sigan contando con instituciones de salud sólidas y eficaces.

En razón de lo anteriormente fundamentado y argumentado, solicito el envío de la siguiente propuesta legislativa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus atribuciones, y una vez que se encuentren debidamente integradas, en el marco de la discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio del próximo año:

Punto de Acuerdo

Único. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados realicen las reasignaciones financieras necesarias al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, particularmente en el capítulo 1000 del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud cuente con los recursos necesarios que le permitan concluir con el proceso de regularización de manera integral en cuanto a salario y prestaciones de los trabajadores que laboran en condiciones precarias en la mencionada dependencia en todo el país.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Luis Hernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Políticaintegre la Comisión de Concordia y Pacificación. Adelante, diputado.

El diputado Luis Hernández Cruz: Con su venia, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones.

Como es de recordarse, el 1 de enero de 1994, en Chiapas, un grupo de hombres y mujeres armados, mayoritariamente indígenas, autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas contra el gobierno de la República reclamando sus derechos a alterar o modificar la forma de gobierno, al trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Los enfrentamientos duraron 12 días hasta decretar el gobierno federal un cese al fuego y nombrar una comisión para el diálogo con el EZLN.

Pasaría un año para que el Congreso de la Unión emitiera un instrumento legal que diera cauce institucional a este diálogo y negociación.

Así el Congreso aprobaría la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en marzo de 1995. Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de conciliación y pacificación, la solución justa, digna, duradera al conflicto.

En el artículo 2o. de esta ley se establece en seis puntos el objeto del Acuerdo de Concordia y Pacificación a que se refiere el párrafo anterior.

La Ley del Diálogo crea la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que se encargaría, entre otros aspectos, de coadyuvar y fijar las bases para el diálogo y la negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación a que se refiere esta ley.

Así, bajo este marco legal, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación, que estaría integrada por los miembros de la comisión legislativa del Congreso de la Unión, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo de Chiapas que serán invitados con tal objeto.

La Cocopa ha sido un actor fundamental en la construcción de una paz digna y duradera para Chiapas. Tan sólo recordemos la elaboración y presentación de la iniciativa de Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por el propio ejército zapatista y las organizaciones indígenas del país.

A 15 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas y 13 de su retiro de la mesa de negociación, los propósitos que se impuso el Congreso de la Unión contenidos en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas no han sido cumplidos, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de Chiapas.

Aún se presentan en Chiapas las causas que dieron origen al conflicto. Los pueblos y comunidades indígenas asentados en este estado presentan los más altos índices de pobreza y marginación, como lo señalan diversos estudios.

El EZLN, al suspender negociaciones con el gobierno federal y no romperlas, sigue siendo un ejército armado al amparo de la Ley para el Diálogo.

Los pueblos y comunidades indígenas de la zona de conflicto en Chiapas viven una constante zozobra al mantenerse un conflicto armado latente, que deriva en enfrentamiento entre los diferentes actores de esta región, que van desde los grupos paramilitares que aún tienen presencia en la zona; los más de 10 mil desplazados por el conflicto armado, el propio EZLN, organizaciones sociales y partidos políticos.

Para esta legislatura debe ser imperativo el cumplimiento de esta ley y abonar en atender las razones que llevaron al alzamiento armado de 1994 en Chiapas y desactivar cualquier conflicto que afecte nuestra frágil democracia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a designar a los diputados que integren la Comisión de Concordia y Pacificación, (Cocopa), para su debida integración, toda vez que se trata de una comisión bicameral.

Segundo. El objetivo de la comisión será el que se deriva de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Tercero. Para el cumplimiento de estos objetivos dicha comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión se instalará por el periodo de ejercicio de la LXI Legislatura y deberá presentar de manera anual su informe de actividades en el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre la comisión de concordia y pacificación, a cargo del diputado Luis Hernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Luis Hernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de recordarse, el primero de enero de 1994 en Chiapas, un grupo de hombres armados, mayoritariamente indígenas, autodenominados Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se levantaron en armas en contra del gobierno de la república; reclamando sus derechos a alterar o modificar la forma de gobierno, al trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Los enfrentamientos durarían 12 días, al decretar el gobierno federal, un cese al fuego y nombrar una Comisión para el Dialogó con el EZLN.

Pasaría un año para que el Congreso de la Unión emitiera, un instrumento legal que diera cauce institucional a este dialogó y negociación, así el Congreso, aprobaría la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en marzo del 2005.

Esta ley tiene por ``...objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas''.

En el artículo segundo de esta ley, se establecen en seis puntos, el objeto del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere el párrafo anterior, entre los que se encuentran:

La Ley para el Diálogo, crea la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), quien se encargará entre otros aspectos, de:

Así, bajo este marco legal, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que estaría integrada por los miembros de la comisión legislativa del Congreso de la Unión para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo de Chiapas, que serán invitados con tal objeto.

La Cocopa, ha sido un actor fundamental en la construcción de una paz digna y duradera para el estado de Chiapas, tan sólo recordemos, la elaboración y presentación de la iniciativa de ley sobre derechos de los pueblos indígenas, suscrita por el propio Ejercito Zapatista y las organizaciones indígenas del país.

A 15 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas y 13 de su retiro de la mesa de negociación, los propósitos que se impuso el Congreso de la Unión contenidos en Ley para el Dialogo, La Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, no han sido cumplidos.

Aún se presentan en Chiapas, las causas que dieron origen al conflicto, los pueblos y comunidades indígenas asentados en este estado presenta los más altos índices de pobreza y marginalidad como lo señala el estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la publicación Indicadores de Desarrollo de los Pueblos Indígenas .

El EZLN, al suspender negociaciones con el gobierno federal y no romperlas, sigue siendo un ejército armado al amparo de la Ley para el Diálogo.

Los pueblos y comunidades indígenas de la zona del conflicto en Chiapas, viven una constante zozobra al mantenerse un conflicto armado latente, que deriva en enfrentamientos entre los diferentes actores de esta región que van desde los grupos paramilitares que aún tienen presencia en la zona, los más de 10 mil desplazados por el conflicto armado, el propio EZLN y los partidos políticos.

Para esta legislatura debe ser un imperativo el cumplimiento de esta ley y abonar en atender las razones que llevaron al alzamiento armado de 1994 en Chiapas y desactivar cualquier conflicto que afecte nuestra frágil democracia.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados a instalar la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Segundo. El objetivo de la comisión será el que se deriva de la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas

Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad al marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión se instalará para el periodo de ejercicio de la LXI Legislatura y deberá presentar de manera anual un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Energíaa tomar las medidas conducentes a efecto de que Pemexconceda una reducción de 40 por ciento en el precio del gasóleo, gas LP y gas natural. Adelante, diputada.

La diputada Adriana Terrazas Porras: Con su venia, diputado presidente.

Los que suscriben, diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Cada año, en fechas similares, los diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en anteriores legislaturas han acudido a la tribuna de esta soberanía para hacer un planteamiento similar al que efectuamos en este momento.

En razón de las inclemencias invernales que afectan a la población de nuestra entidad federativa, la posición geográfica del estado de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, da como resultado un clima desértico y sumamente extremoso que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados centígrados bajo cero en invierno, en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y la economía de las familias chihuahuenses, entre los que podemos señalar las siguientes:

Un incremento en las enfermedades respiratorias agudas como influenza y neumonía, principalmente en niños y en personas de la tercera edad, así como entre quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar debido a la pobreza y la pobreza extrema; ausentismo laboral que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal; alto índice de inasistencia escolar; afectación de la economía familiar.

El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas, por hipotermia, por cada ciclo invernal, es superior a 750 personas, dando como resultado alrededor de 75 defunciones por hipotermia en cada ciclo.

El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico denominado oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento de los energéticos para uso doméstico.

El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor. En este mismo contexto, el precio del gas LP impacta aproximadamente en 22 por ciento en la economía familiar: de 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta 555.67 por ciento, pero no así el ingreso per cápita.

Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto de 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en 560 por ciento, al pasar de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.

La liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad. En razón de ello se han hecho estudios en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, de los cuales se ha concluido que con un descuento de 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.

Por tales consideraciones, nos presentamos ante esta tribuna en nombre de los chihuahuenses y de las chihuahuenses, a plantear un asunto concreto y urgente, de alta prioridad, que afecta a amplios sectores de la población de Chihuahua.

Por ello, compañeros, hacemos un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de nuestros compañeros diputados presentes en este recinto, para que reflexionen en que será vano hablar de los grandes problemas que enfrente la economía nacional si desatendemos las necesidades básicas de a quienes representamos, si no les garantizamos los mínimos de bienestar que les permitan su supervivencia en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.

Los invitamos a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente a una demanda de bienestar, de salud y de calidad de vida.

En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Energía a que adopte las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a tomar las medidas conducentes a que Pemex reduzca en 40 por ciento el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Adriana Terrazas Porras, Jaime Flores Castañeda, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal, diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Energía a efecto de que Petróleos Mexicanos reduzca el precio del gas doméstico, el gas LP y el gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, durante el periodo del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada año, en fechas similares, los diputados chihuahuenses, que han sido integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en anteriores legislaturas, han acudido a la tribuna de esta soberanía para hacer un planteamiento similar al que les efectuamos en este momento, en razón de las inclemencias invernales que afectan a la población de nuestra entidad federativa.

La posición geográfica de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados bajo cero en invierno en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y la economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar los siguientes:

El número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas de hipotermia por cada ciclo invernal es superior a las 750 personas, dando como resultado alrededor de 75 defunciones por hipotermia en cada ciclo.

El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece al fenómeno económico oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico. El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor.

En este mismo contexto, el precio del gas LP afecta en 22 por ciento a la economía familiar. De 22.54 kilogramos de gas LP que se consumen en verano, en la época de invierno aumenta el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita.

Por otro lado, el precio del gas natural tiene un impacto de 15 por ciento en la economía familiar y su consumo en invierno se incrementa en 560 por ciento al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno. Como podemos observar, la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.

En razón de ello, se han realizado estudios en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, de los cuales se ha concluido que con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar este impacto.

Por tales consideraciones, nos presentamos ante esta tribuna, en nombre de los chihuahuenses, a plantear un asunto concreto y urgente, de alta prioridad, porque afecta a amplios sectores de la población de Chihuahua. Estamos seguros de que tendrá la comprensión y el apoyo de los compañeros integrantes de esta Cámara.

Por ello, hacemos un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de nuestros compañeros diputados en este recinto, para que reflexionen en que será vano hablar de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos, si no les garantizamos el mínimo de bienestar que les permitan su supervivencia, en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.

Los invitamos a convertir el discurso en realidad, a convertir las promesas en acciones concretas, a responder de frente una demanda de bienestar, de salud, de calidad de vida.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a adoptar las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Terrazas.Túrnese a la Comisión de Energía.

LEY DE PLANEACION PARA LA SOBERANIA Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Senado de la Repúblicaintegre la Conferencia de Comisiones para concluir el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeaciónpara la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, suscrita por el propio diputado Ovalle, así como por los diputados Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedesy Emiliano Velázquez Esquivel, todos ellos del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado.

El diputado Federico Ovalle Vaquera: Gracias, presidente.

Los suscritos, diputados Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedes, Emiliano Velázquez y Federico Ovalle, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 98, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajos las siguientes consideraciones:

Primero. Con fecha 24 de septiembre de 2009 se presentó al pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo, la que se apoya a plenitud, refrendada por los mismos promoventes, donde se exhorta respetuosamente al Senado de la República a que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expida la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa soberanía el 30 de marzo de 2006.

Segundo. No obstante lo anterior y en virtud de la importancia que la minuta de la ley referida tiene para la alimentación y nutrición de la población del país, particularmente en esta etapa de crisis alimentaria, y asimismo, en alcance a la proposición mencionada, estimamos necesario imprimir mayor celeridad al proceso legislativo que lleva el cumplimiento del dictamen correspondiente.

Es pertinente recordar que la minuta de referencia fue enviada a la colegisladora desde el 30 de marzo de 2006.

Tercero. Se reitera que se ratifican los considerandos, las proposiciones antes mencionadas. De ellos destacamos que la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional constituyen un elemento central del concepto de seguridad nacional. En resumen, los suscritos proponemos el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, que dice:

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a integrar la Conferencia de Comisiones, para que la minuta con proyecto de decreto que expida la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional aprobada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006 y turnada para dictamen a esa colegisladora en la misma fecha, se dictamine por las comisiones involucradas en el Senado, con la participación de la comisión dictaminadora en esta Cámara, a fin de agilizar en la medida de lo posible el proceso legislativo referido en los incisos d) y e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Firman, los promoventes. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a integrar la conferencia de comisiones a fin de concluir el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, suscrita por los diputados Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes y Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José Narro Céspedes y Emiliano Velásquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática; Valdemar Gutiérrez Fragoso, del Partido Acción Nacional; y Roberto Pérez de Alba, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 98, incisos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Con fecha a 24 de septiembre del 2009 se presentó al pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo --que se apoya a plenitud, refrendada por los mismos promoventes-- donde se ``se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa soberanía el 30 de marzo de 2006''.

2. No obstante lo anterior y en virtud de la importancia que la minuta de ley referida tiene para la alimentación y la nutrición de la población del país, particularmente en esta etapa de crisis alimentaria, y asimismo en alcance a la Proposición mencionada, estimamos necesario imprimir mayor celeridad al proceso legislativo que lleve a la culminación del dictamen correspondiente. Es pertinente recordar que la minuta de referencia fue enviada a la colegisladora desde el 30 de marzo de 2006.

3. Se reitera que se ratifican los considerandos de la proposición antes mencionada. De ellos destacamos que la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional constituye un elemento central del concepto de seguridad nacional.

4. De la misma manera, se refrenda que es indispensable acabar con la pobreza en el país. Para este propósito, los efectos multidimensionales derivados del logro de la soberanía y seguridad alimentaria permitirían abatir la pobreza rural y tendría efectos positivos en las áreas urbanas.

5. Ha quedado plenamente demostrado, en los más de 25 años de experiencia de políticas neoliberales, que el campo mexicano, no solamente no ha progresado, sino que su situación general ha empeorado.

6. Es impostergable que el Estado mexicano cumpla lo establecido en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna, que en ese orden y atendiendo a la materia que nos ocupa, disponen la rectoría del Estado del desarrollo nacional, para que éste sea integral y sustentable y fortalezca a la soberanía de la Nación, mediante el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza; para lo que establecerá un sistema nacional de planeación, que permita que el de-sarrollo rural sea integral, el que tendrá que ser apoyado con subsidios y otras medidas gubernamentales.

7. No podemos permitir que se sigan soslayando estas obligaciones constitucionales. Aprobar la minuta multimencionada forma parte esencial de las responsabilidades con la nación que hemos contraído como legisladores.

Por las razones anteriores, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a integrar la Conferencia de Comisiones, para que la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo del 2006, y turnada para dictamen a esa colegisladora en la misma fecha, sea dictaminada por las comisiones involucradas en el Senado, con la participación de la dictaminadora en esta Cámara, a fin de agilizar, en la medida de lo posible, el proceso legislativo, referido en los incisos D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Ovalle.Remítase a la Cámara de Senadores.

LICONSA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal modifique las reglas de operación de la empresa paraestatal Liconsa, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados.

En representación de los ganaderos lecheros del estado de Veracruz y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre propio y de la diputación veracruzana priísta, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

El desarrollo económico que requiere el país a fin de frenar el avance de la recesión económica mundial, se basa en fortalecer la capacidad productiva de los diversos sectores a través de la inversión en infraestructura, permitiendo la comercialización de los productos locales en mercados nacionales.

Desde 2004, la paraestatal Liconsa opera el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN), habiendo contraí-do y rehabilitado 49 centros de acopio en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca, que integran la red de acopio y enfriamiento de leche fresca, con capacidad para manejar cerca de un millón 100 mil litros diarios entre las 12 entidades mencionadas.

El precio por litro en 2005 quedó definido en 3.50 pesos para leche caliente y 3.64 pesos para leche fría, precios que han venido aumentando en forma gradual hasta llegar el 29 de abril pasado a 4.20 pesos por litro de leche fría, sin contemplar un precio por litro de leche caliente, quedando en evidencia la falta de interés por parte de Liconsa de comprar a los ganaderos que no cuentan con los medios para enfriar y transportar su producto.

Esta situación ha provocado que Liconsa sólo compre a 4 mil 500 productores en lugar de a los 250 mil que integran el sector lechero de México, a pesar de que ha ido subiendo su cuota anual de adquisición de leche de 370 millones de litros en 2007 a 640 millones de litros en el presente año.

Para abastecer la demanda nacional de leche líquida y en polvo se requieren 11 mil 500 millones de litros de leche, produciéndose sólo 9 mil millones de litros, por lo que las importaciones ascienden a 2 mil millones de litros. De aquí la relevancia del punto de acuerdo que propongo a esta soberanía.

Veracruz ocupa el quinto lugar en producción de leche a nivel nacional, sólo después de Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, produciendo un volumen diario estimado en más de un millón de litros.

Compradores como Liconsa requieren de proveedores que sean capaces de asegurar un rango estable de producción de leche a un precio de compra competitivo, que impida la alternativa de adquirir materia prima en mercados internacionales. Lamentablemente, en la actualidad Liconsa ubica su cadena de suministros fuera del país.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, en el ámbito de la colaboración entre los poderes, a que se sirva instruir la realización de los estudios orientados a la actualización y modificación de las reglas de operación de la empresa Liconsa, a fin de favorecer el mercado interno y apoyar a los productores nacionales de leche mediante la regulación del precio del producto y fomentando el desa-rrollo de empresas integradoras bajo el régimen de sociedades cooperativas que generen economías de escala y permitan la comercialización del producto de manera integral.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de la colaboración entre los poderes, a que se adopten medidas orientadas a eliminar la importación de caseinato de calcio para la reconstitución de la leche que distribuye Liconsa en nuestro país, al amparo presupuestal de los programas destinados al combate a la pobreza, y en su lugar apoye la inversión de la infraestructura física de los productores nacionales.

Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar los estudios tendentes a implementar el esquema de ganadería por contrato que asegure la producción planificada de leche, garantice el consumo nacional y consolide su venta con precios accesibles a los mexicanos.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a instruir a los titulares de las Secretarías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Social, en coordinación con Liconsa, para realizar los estudios y adoptar las medidas conducentes a fin de establecer programas de capacitación destinados a los productores nacionales de leche, que les permitan garantizar el correcto uso y manejo del lácteo, así como buscar las fuentes de financiamiento en instancias nacionales e internacionales para apoyar la industrialización de la producción de leche en el país.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de Liconsa, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

En representación de los ganaderos lecheros del estado de Veracruz, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Antonio Benítez Lucho, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El desarrollo económico que requiere actualmente el país, como estrategia para frenar el avance de la recesión económica mundial, se basa sin duda en el fortalecimiento de la capacidad productiva de los sectores a través de la inversión en infraestructura que permita promover la comercialización de productos locales en mercados nacionales e internacionales, el incremento en la eficiencia de las cadenas de suministro, el apoyo para la formación de sociedades productivas que impulsen las economías de escala y la constante capacitación de productores, gestores y gobiernos locales para lograr un armónico crecimiento sostenido.

2. Desde 2004, la empresa paraestatal Liconsa opera el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN), con el que contrajo y rehabilito 49 centros de acopio en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca, mismos que integran la red de acopio y enfriamiento de leche fresca, con capacidad conjunta para manejar cerca de un millón 100 mil litros de leche diarios entre las 12 entidades antes mencionadas.

3. El precio de leche al productor en el año 2005 quedo definido en 3.50 pesos por litro de leche caliente y 3.64 pesos por litro de leche fría, precios que han venido aumentando en forma gradual hasta llegar el 29 de abril pasado a 4.20 pesos por litro de leche fría y sin contemplar un precio por litro de leche caliente, dejando en evidencia la falta de interés por parte de Liconsa de comprar a los ganaderos que no cuentan con los medios para enfriar y transportar su producto.

Esta situación ha provocado que Liconsa sólo compre a 4 mil 500 productores de los 250 mil que conforman el sector lechero de México, a pesar de que ha ido subiendo su cuota anual de adquisición de leche de 370 millones de litros en 2007 a 640 millones de litros en el presente año.

4. Para abastecer la demanda nacional de leche líquida y en polvo se requiere 11 mil 500 millones de litros de leche, produciéndose sólo 9 mil millones de litros, por lo que las importaciones ascienden a 2 mil millones de litros. De aquí la relevancia del punto de acuerdo que propongo a esta representación, pues la medida permitiría reactivar las actividades agropecuarias e industriales, sobre todo en estados como Veracruz, donde se tienen importantes recursos naturales para coadyuvar al desarrollo de los distintos sectores productivos regionales y nacionales, sin dejar de mencionar que se cuenta con el capital humano necesario para operar y fortalecer las distintas iniciativas empresariales y gubernamentales.

5. Tomando en cuenta las mencionadas fortalezas y sabiendo que el gran motor de la economía de un país es el desarrollo del sector primario, es promisorio trazar programas dirigidos a fomentar la formación de empresas, sociedades productivas y esquemas de trabajo en el sector agropecuario de México que permitan generar productos de alto valor agregado que satisfagan las necesidades de demanda local, nacional e internacional.

Tal es el caso de la producción de leche a través de la ganadería de doble propósito en Veracruz, siendo una de las principales generadoras de materia prima a nivel nacional para abastecer a empresas dedicadas a producir derivados lácteos y al mismo tiempo satisfacer parte de la demanda de leche para su consumo final.

Veracruz ocupa el quinto lugar en producción de leche a nivel nacional sólo después de Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, produciendo un volumen diario estimado en más de un millón de litros, siendo en esta entidad donde se procesa el 50 por ciento del lácteo nacional en las plantas disponibles, algunas de ellas modernas y bien equipadas con tecnología de punta y otras de carácter artesanal.

6. Pese al avance de la industria pecuaria en los recientes años y de ser un importante referente nacional en la producción de leche, las cuencas lecheras de Veracruz en donde se concentran 16 centros de acopio que abastecerán a los mercados locales y nacionales, no cuentan con la infraestructura productiva ideal ni con esquemas de comercialización que permitan asegurar una producción sostenible que satisfaga la demanda de los grandes compradores nacionales como los son Liconsa, Grupo Industrial Lala, Nestlé y Alpura por mencionar a los principales.

7. Por otro lado, la falta de organización entre los productores para ofrecer volúmenes de materia prima de manera integral ha debilitado la posibilidad de asegurar contratos de venta que permitan obtener ingresos constantes que promuevan la reinversión, el crecimiento en infraestructura y, por ende, la generación de empleos permanentes en la población.

8. Compradores como Liconsa requieren de proveedores que sean capaces de asegurar un rango estable de producción de leche y un precio de compra competitivo que impida la alternativa de adquirir materia prima en mercados internacionales. Lamentablemente, en la actualidad es común que Liconsa ubique su cadena de suministro fuera del país.

9. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone diseñar una estrategia para remediar esta brecha comercial entre los productores de leche y las empresas dedicadas a la industrialización y comercialización a gran escala de este importante producto, buscando con ello apoyar al sector pecuario de México, particularmente para el desarrollo e integración de la producción de leche.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta representación, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que modifique las reglas de operación de la empresa paraestatal Liconsa, con el objetivo de favorecer el mercado interno y apoyar a los productores nacionales de leche, haciendo efectiva la regulación del precio del producto y fomentando el desarrollo y formación de empresas integradoras a través del régimen de sociedad cooperativa, que generen economías de escala y permitan la comercialización del producto de manera integral.

Segundo. Se insta al Ejecutivo federal a evitar la importación de caseinato de calcio para la reconstitución de la leche que distribuye Liconsa en las comunidades de México, al amparo presupuestal de los programas destinados al combate a la pobreza, y apoye en su lugar la inversión en el mejoramiento de la infraestructura física de los productores nacionales.

Tercero. Se exhorta a la Sagarpa a que ponga en marcha un esquema de ganadería por contrato que asegure la producción planificada de leche en el territorio, garantice el consumo nacional y asegure su venta a precios accesibles a los mexicanos.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y de Sedesol, en coordinación con Liconsa, para establecer un programa de capacitación destinado a los productores nacionales de leche que les permita garantizar el correcto uso y manejo del lácteo, así como para que dichas instancias busquen, en su conjunto, diversificar las fuentes de financiamiento con instancias nacionales e internacionales para apoyar a la industrialización de la producción de leche en el país.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Benítez.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

INFLUENZA AH1N1

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Salud, informe a la población los grupos que serán susceptibles de recibir la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo:

La enfermedad causada por el virus de la influenza AH1N1 fue identificada en nuestro país desde marzo de 2009. Desde la aparición de este virus pandémico hasta el 30 de septiembre se ha registrado 27 mil 669 casos confirmados, con 231 defunciones, con una afección principal en los grupos de 20 a 50 años de edad y en algunos grupos en situación de riesgo. Al momento, ha sido causa importante de daños a la economía, la armonía social y la salud de México.

La vacunación contra el virus AH1N1 ha generado en la opinión pública nacional e internacional gran expectativa dada la problemática en la distribución, producción, y los grupos identificados susceptibles de ser vacunados.

La Organización Mundial de la Salud anunció el 24 de septiembre que sólo habrá disponibles 3 mil millones de dosis de vacunas contra la influenza AH1N1, lo que representa menos de la mitad de la población en el mundo.

Ayer los servicios de salud del país iniciaron la estrategia de vacunación de influenza estacional en grupos de edad y en grupos en situación de riesgo bien definidos, identificando plenamente el número de dosis a aplicar para prevenir esta enfermedad en todo el país.

La vacuna contra la influenza estacional es serotípicamente diferente a la vacuna contra la influenza AH1N1, y entre la ciudadanía han surgido expectativas en relación con la vacunación contra el virus de la AH1N1, que han generado confusión. Incluso las autoridades de salud del país han tenido que salir a aclarar esta situación.

Estados Unidos ayer inició la vacunación contra el virus AH1N1 en grupos de riesgo perfectamente identificados y de manera específica.

La vacuna busca disminuir en nuestro país los casos de enfermos y muertes en el invierno 2009-2010; por tanto, exhortamos al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que defina concretamente los grupos de edad y los grupos en situación de riesgo susceptibles de ser vacunados.

Segundo. Que en el marco de la estrategia de la comunicación a la ciudadanía, en relación con la vacuna contra la influenza provocada por el virus AH1N1 que tiene implementada el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, se insista en la diferencia entre la vacuna contra la influenza estacional y la vacuna contra la influenza AH1N1.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a la población mediante la Secretaría de Salud sobre los grupos que recibirían la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La enfermedad causada por el virus de la influenza AH1N1 que fue identificada en nuestro país desde marzo del 2009, al momento ha sido causa importante de daños a la salud, la economía y la armonía social de todo México.

Desde la aparición de este nuevo virus pandémico y hasta la fecha, a nivel nacional se tienen registrados, hasta el 22 de septiembre, 27 mil 660 casos confirmados con 222 defunciones, con una afectación principal a las personas que se encuentran dentro del grupo de edad de 20 a 55 años y con una letalidad muy por debajo a lo esperado de acuerdo con los modelos matemáticos que se habían realizado para una potencial pandemia de influenza por mutación del virus aviar AH5N1.

La enfermedad causada por el virus de la influenza AH1N1 ha repuntado desde septiembre presentándose más casos que en agosto.

El manejo de los enfermos con detección oportuna, diagnóstico y manejo adecuado al momento es la estrategia más útil, así como la aplicación de medidas preventivas como el lavado de manos y más que han recomendado la Secretaría de Salud en todo México.

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades y otros organismos tanto nacionales como internacionales, han desa-rrollado una serie de lineamientos para el diagnóstico, clasificación, tratamiento, manejo, prevención y control de la enfermedad.

Uno de los lineamientos principales y que se ha mantenido en constante actualización son los referentes a la vacunación, debido a la problemática en cuanto a la producción, distribución y sobre todo cobertura y grupos blanco para su aplicación.

Actualmente la OMS anunció el 24 de septiembre que sólo habrá disponibles 3 mil millones de dosis de vacunas contra la influenza AH1N1, lo que representa menos de la mitad de la población del mundo. En conferencia de prensa desde Ginebra, Paule-Kieny señaló que ``las estimaciones de la producción anual de 5 mil millones de vacunas contra la influenza AH1N1 se redujo a 3 mil millones de vacunas, debido a que los laboratorios continuaron con la producción de la vacuna contra la influenza estacional, pero la OMS revisará en octubre próximo las siguientes estimaciones.''

La semana pasada el Ejecutivo federal a través del de la Secretaria de Salud ha señalado el inicio de proceso de compra de vacunas específicas al virus de la influenza AH1N1.

Existe de manera cotidiana desde hace algunos años una estrategia de vacunación por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud y aplicada por los servicios de salud en todo el país para prevenir la enfermedad que causa el virus de la influenza estacional por medio de la vacunación, que es serotípicamente diferente al virus de la influenza AH1N1.

La vacuna que se viene aplicando en otoño con el fin de prevenir la influenza estacional es diferente, y tiene bien definidos desde su inicio de la estrategia los grupos de edad a vacunar sus dosis y vía de aplicación. No es efectiva para prevenir o atenuar la enfermedad causada por el virus de la influenza AH1N1.

En la ciudadanía han surgido expectativas con relación a la vacunación contra el virus de la influenza AH1N1 que han generado confusión, incluso las autoridades de salud del país han tenido que salir a aclarar, señalando que la vacuna que previene la Influenza estacional no es efectiva para prevenir la enfermedad causada por el virus de la Influenza AH1N1.

Ante la decisión del Ejecutivo federal a través de las instituciones de salud en especial la Secretaría de Salud de iniciar el proceso de adquisición de vacuna de la influenza AH1N1 para disminuir los caso en el otoño-invierno del los años 2009-2010.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración y aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que defina los grupos de edad, número de dosis y vías de aplicación de la vacuna a emplear para prevenir la enfermedad causada por el virus de la influenza AH1N1.

Segundo. Que en el marco de la estrategia de comunicación a la ciudadanía, en relación a la pandemia de influenza por el virus AH1N1 que tiene implantada el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, se insista en la diferencia entre la vacuna de influenza estacional y la de influenza AH1N1.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Verver y Vargas.Túrnese a la Comisión de Salud.

CARRETERA SALTILLO-ZACATECAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que libere los recursos aprobados por esta soberanía para la conclusión de la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas en el tramo Concha del Oro hasta la ciudad de Saltillo, del estado de Coahuila. Adelante, diputado.

El diputado Tereso Medina Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, vengo a nombre de mis compañeros diputados federales de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, a presentar ante esta honorable soberanía un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y que, por respeto al acuerdo y ya que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, me abocaré sólo a comentar los motivos que lo originan.

De acuerdo con datos del informe de avances de los programas y proyectos de inversión aprobados para 2008, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto aprobado por esta Cámara de Diputados para el programa de Construcción y Modernización de la Carretera Saltillo-Zacatecas fue de 480 millones, y se han ejercido sólo 175.6 millones de pesos, que representan sólo 31.7 por ciento del total.

Para 2009, de igual forma, con datos a mayo de este año, se tenía un monto aprobado acumulado por esta soberanía de 695 millones de pesos para el mismo tramo carretero y se tenía un ejercicio acumulado de sólo 344.6 millones de pesos.

Es decir, de acuerdo con la información disponible a la fecha y faltando cuatro meses para concluir el año, al gobierno federal le falta por ejercer en este proyecto recursos equivalentes a 48 por ciento del presupuesto total aprobado por esta soberanía.

No es raro observar este tipo de resultados en la presente administración, ya que el común denominador ha sido la incapacidad, la falta de sensibilidad y la omisión en el ejercicio de los recursos que esta Cámara de Diputados aprueba para las diversas entidades del país.

De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta honorable Cámara de Diputados, referente a los subejercicios al tercer trimestre de 2007, el total del subejercicio se ubicó en 11 mil 190 millones de pesos, de los cuales 6 mil 611 millones correspondieron al ramo ``Comunicaciones y Transportes''; y para 2008 el subejercicio para el tercer trimestre se ubicó en 6 mil 103 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones de pesos correspondieron al ramo ``Comunicaciones y Transportes''.

Como es de observarse, el subejercicio de este ramo representa un gran porcentaje del subejercicio total. Ésta es sólo una muestra de la falta de sensibilidad con la que se ha conducido el actual gobierno.

Por si fuera poco, al interior de la República nos encontramos con funcionarios federales, que en lugar de dar fluidez a la ejecución de las obras de infraestructura que esta soberanía aprueba, parecieran competir por ver quién puede blanquearlas con mayor tiempo, haciendo del subejercicio una política pública.

Además del poco compromiso por garantizar la seguridad de los mexicanos, tenemos que batallar con la falta de interés en construir vías de comunicación modernas y seguras, aumentando así los riesgos en nuestras carreteras y poniendo en riesgo la vida de muchos mexicanos, coahuilenses y zacatecanos, en particular.

Ante el panorama de la crisis del desempleo, con la conclusión de estas obras se contribuiría a la generación de empleos; además sería un área de oportunidad, ya que a la fecha el gobierno federal no ha sido capaz de crear el tan elevado anhelo de los mexicanos, que es un empleo digno para todos y para todas.

Por lo que, en tal virtud, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que a la brevedad posible libere los recursos aprobados por esta soberanía para la conclusión de la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es cuanto.

Señor presidente, le solicito se incluya íntegramente la versión impresa en Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar los recursos aprobados por esta soberanía para concluir la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro, hasta Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila por el Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura presentan a esta soberanía a través del de la voz, Tereso Medina Ramírez, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos del Informe de Avance de los Programas y Proyectos de Inversión Aprobados para 2008, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto aprobado por la Cámara de Diputados para el programa de construcción y modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas fue de 480 millones de pesos y se habían ejercido sólo 175.6 millones de pesos, que representaban sólo 31.7 por ciento. Para 2009, de igual forma con datos a mayo de este año, se tenía un monto aprobado acumulado por esta soberanía de 695 millones de pesos para el mismo tramo carretero y se tenía un ejercicio acumulado de sólo 344.6 millones de pesos.

Es decir, de acuerdo con la información disponible a la fecha y faltando cuatro meses para concluir el año, al gobierno federal faltan ejercer en este proyecto recursos equivalentes a 48 por ciento del presupuesto total aprobado por esta soberanía.

No es raro observar este tipo de resultados en la presente administración, ya que el común denominador han sido la incapacidad, la falta sensibilidad y la omisión en el ejercicio de los recursos que la Cámara de Diputados aprueba para las entidades del país.

De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados referentes a los subejercicios al tercer trimestre de 2007, el subejercicio totalizó 11 mil 190 millones de pesos, de los cuales 6 mil 611 millones correspondieron al ramo de comunicaciones y transportes, y para 2008 el subejercicio para el tercer trimestre se situó en 6 mil 103 millones de pesos, de los cuales mil 20 millones pesos correspondieron al ramo de comunicaciones y transportes. Como se observa, el subejercicio de este ramo representa un gran porcentaje del subejercicio total. Ésta es solo una muestra de la falta de sensibilidad con que se ha conducido el actual gobierno.

Por si fuera poco, en el interior de la república nos encontramos con servidores públicos federales que en lugar de dar fluidez a la ejecución de las obras de infraestructura que esta soberanía aprueba parecerían competir por ver quién puede bloquearlas por mayor tiempo, haciendo del subejercicio una política pública.

Así, además del poco compromiso por garantizar la seguridad de los mexicanos, tenemos que batallar con la falta de compromiso para construir vías de comunicación modernas y seguras, con lo que aumentan los riesgos por transitar en las carreteras, lo que trae consigo el aumento de fatales accidentes en éstas. El tramo que falta por concluir es la parte de mayor riesgo para los usuarios de esta vía.

Además, con la conclusión de estas obras se contribuye a la generación de empleos que, a la fecha, el gobierno federal no ha sido capaz de crear.

Por eso, en tal virtud acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a liberar con la mayor brevedad los recursos aprobados por esta soberanía para la conclusión de la modernización de la carretera Saltillo-Zacatecas, en el tramo Concha del Oro, hasta Saltillo, Coahuila.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Medina.Túrnese a la Comisión de Transporte.

MAIZ TRANSGENICO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de la Sagarpa detenga el uso experimental de maíz transgénico en nuestro país. Adelante, diputado Ambrosio.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La coyuntura del campo mexicano se encuentra en una grave situación de desmantelamiento; aprovechando este contexto tanto el gobierno como las empresas transnacionales han argumentado que la alimentación con maíz transgénico en nuestro país traerá consigo un incremento en la producción de dicho grano.

A pesar de la embestida, la producción del grano sigue siendo alta. Los pequeños productores y campesinos han resistido, hasta ahora, las arremetidas del mercado y el abandono del Estado. Aunque ciertamente estamos en una situación delicada, donde el campo no aguanta más.

Sin embargo, la liberación de estas semillas y otros productos genéticamente modificados, abre una enorme incertidumbre por sus posibles impactos sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la salud humana.

Pese a ello, autoridades mexicanas importan de Estados Unidos poco más de 8 millones de toneladas de maíz cada año, de las que 60 por ciento son de maíz transgénico. A ellas se suman múltiples productos con sustancias nocivas o que carecen de los atributos con que se anuncian.

La libre importación de estos productos ha provocado contaminación transgénica de los cultivos de maíz en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y, del Distrito Federal, concretamente Milpa Alta y Magdalena Contreras.

México es centro de origen y diversidad genética del maíz. En nuestro país se encuentran 60 razas y cerca de 200 variedades de maíz, lo cual permite que en nuestro país se cultive este importante grano en diversas condiciones económicas y a cualquier altura. Lo que convierte al maíz en parte fundamental de nuestra soberanía alimentaria.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reconoce a México como centro de origen que posee uno de los niveles más altos del mundo en biodiversidad cuya protección es prioritaria. Esto significa que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y garantizar la bioseguridad de este grano esencial.

En nuestro país, la autoridad sanitaria encargada de protegernos de riesgos sanitarios no realiza ninguna investigación propia sobre los transgénicos. Para autorizar el consumo de estos organismos se basa en la información presentada por las compañías creadoras de los transgénicos, interesadas en comercializarlos.

Los transgénicos no son más que una nueva forma de concentrar la riqueza en manos de muy pocas transnacionales biotecnológicas y agroalimentarias poniendo en riesgo a más de 80 por ciento de los consumidores y de los campesinos y, sobre todo, al medio ambiente.

Éste es el escenario que espera a los mexicanos si el gobierno cede a la presión de las corporaciones biotecnológicas. Ante ello, la Sagarpa realiza una campaña pro maíz transgénico en lugar de tomar medidas enfocadas en proteger y reactivar el campo mexicano, encaminadas a fortalecer la soberanía alimentaria del país.

México, como nación megadiversa, ratificó el 24 de mayo de 2000 el Protocolo de Cartagena, y con ello asumió el compromiso de proteger nuestra biodiversidad y patrimonio genético. El gobierno federal debe garantizar que México sea libre de contaminación con maíz transgénico e impedir que las empresas biotecnológicas tengan el control de este grano. Esto sólo será posible con un verdadero régimen de protección especial al maíz.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), detenga el uso experimental del maíz transgénico en nuestro país.

Solicito, diputado presidente, que el texto íntegro se publique en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener a través de la Sagarpa el uso experimental de maíz transgénico en el país, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal por Oaxaca, Heriberto Ambrosio Cipriano, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

La coyuntura del campo mexicano se encuentra en una grave situación de desmantelamiento. Aprovechando este contexto, tanto el gobierno como las empresas transnacionales han argumentado que la implantación del maíz transgénico en nuestro país traerá consigo un incremento en la producción de dicho grano.

A pesar de la embestida, la producción del grano sigue siendo alta; los pequeños productores y campesinos han resistido hasta ahora las arremetidas del mercado y el abandono del Estado, aunque ciertamente ``estamos en una situación delicada donde el campo no aguanta más''.

Sin embargo, la liberación de estas semillas y otros productos genéticamente modificados abre una enorme incertidumbre por sus posibles efectos sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaría y la salud humana. Hasta la fecha, no se han hecho las pruebas y los estudios necesarios para garantizar científicamente que su consumo no tendrá efectos nocivos a mediano y largo plazo.

Por ello, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en el informe Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, recomendó hacer una evaluación profunda de las consecuencias en la salud, debido al alto consumo de maíz por la población mexicana (229 kilogramos anuales por persona en promedio), muy superior al de los países desarrollados.

Pese a ello, autoridades mexicanas importan de Estados Unidos de América más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de las cuales 45 por ciento son de maíz transgénico. A ello se suman múltiples productos con sustancias nocivas o que carecen de los atributos con que se anuncian.

La libre importación de estos productos ha provocado contaminación transgénica de los cultivos de maíz en las regiones de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y el Distrito Federal (en Milpa Alta y Magdalena Contreras).

Consideraciones

México es centro de origen y diversidad genética del maíz. Nuestro país cuenta con 60 razas y cerca de 200 variedades de maíz, lo cual permite que en nuestro país se cultive este importante grano en diversas condiciones agronómicas y a cualquier altura, lo que convierte al maíz en parte fundamental de nuestra soberanía alimentaría.

Esto significa que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y garantizar la bioseguridad de este grano esencial. Hay muchas y mejores alternativas para la producción de maíz, orgánica y sustentable, que garantizan la seguridad y la soberanía alimentaría para todos y que protegen el medio ambiente.

En nuestro país, la autoridad sanitaria encargada de protegernos contra riesgos sanitarios no realiza ninguna investigación propia sobre los transgénicos: para autorizar el consumo de estos organismos se basa en la información presentada por las compañías creadoras de los transgénicos interesadas en comercializarlos.

Los transgénicos no son más que una forma nueva de concentrar la riqueza en manos de muy pocas transnacionales biotecnológicas y agroalimentarias como Monsanto, Syngenta (antes Novartis), Dupont (al que pertenece Híbridos Pioneer), Bayer Crop Science y Dow.

Según el agroecólogo Víctor M. Toledo, los transgénicos sólo podrían beneficiar a unos cuantos agroindustriales mexicanos, poniendo en riesgo a más de 80 por ciento de los campesinos, a todos los consumidores y al ambiente.

Este es el escenario que les espera a los productores mexicanos si el gobierno cede a la presión de las corporaciones biotecnológicas. Ante ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación realiza una campaña pro maíz transgénico, en vez de tomar medidas enfocadas a proteger y reactivar el campo mexicano, encaminadas a fortalecer la soberanía alimentaría del país.

México, como nación megadiversa, ratificó el 24 de mayo del 2000 el Protocolo de Cartagena y, con ello, asumió el compromiso de proteger nuestra biodiversidad y patrimonio genético.

El gobierno federal debe garantizar que México sea libre de contaminación con maíz transgénico e impedir que las empresas biotecnológicas tengan el control de este grano en nuestro país; esto sólo será posible con un verdadero régimen de protección especial al maíz.

La Comisión Económica para América Latina reconoce a México como ``centro de origen que posee uno de los niveles más altos del mundo en biodiversidad y que su protección es prioritaria''.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a detener, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, el uso experimental del maíz transgénico en nuestro país.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted diputado Ambrosio. Tal como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debatesy túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

COMISION ESPECIAL DE CITRICULTURA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Citricultura. Adelante, diputado Montes.

El diputado Fermín Montes Cavazos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los suscritos, diputados federales de los estados citrícolas del Grupo Parlamentario del PRI, de esta LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 y 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, someten a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se crea la Comisión Especial de Citricultura, en atención a las siguientes consideraciones:

Los cítricos son las frutas más importantes, en términos de valor, en el comercio internacional. 140 países producen alrededor de 115 millones de toneladas de estos frutos. Brasil, los países del Mediterráneo, Estados Unidos, China y México producen alrededor de 70 por ciento de este total.

En nuestro país la superficie cultivada de cítricos supera las 549 mil hectáreas que producen un promedio anual de 7 millones de toneladas de esta fruta, con un valor estimado de 7 mil 100 millones de pesos, lo que sitúa a México en el quinto lugar mundial en producción de cítricos y en el cuarto lugar mundial en exportaciones.

Los principales estados productores son Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Yucatán y Sonora. Esta actividad genera más de 780 mil empleos a nivel nacional, y tiene un impacto social y económico de primer orden en las zonas productoras.

En este sentido es necesario destinar mayor gasto a la reconversión productiva, organización y capacitación de los productores, a la investigación, a las campañas fitosanitarias, a la industrialización y a la comercialización en el mercado nacional e internacional y a blindar los recursos para evitar recortes presupuestales, subejercicios o complejas reglas de operación que dificultan a los productores el acceso a los apoyos.

Esta honorable Cámara de Diputados, en su pasada legislatura, mediante la Comisión Especial de Citricultura, logró aprobar importantes recursos para la operación del programa Competitividad para la Citricultura, que representó importantes beneficios para el campo, para la salud y para la nutrición de los mexicanos, especialmente de niños y jóvenes.

No obstante, quedan muchas cosas por hacer dentro de este importante sector de la agricultura nacional.

Cada vez surgen nuevos retos, como es el caso del reciente brote en Yucatán y Quintana Roo de la enfermedad conocida como ``HLB'' o ``Huanglongbing'', para la que actualmente no existe cura y que ha impactado fuertemente a los productores de Florida, en Estados Unidos, no obstante sus esfuerzos millonarios; por lo que debe contarse con los recursos humanos, financieros y técnicos para prever su propagación en nuestro país.

Por lo anterior es que consideramos de vital importancia la creación o, en este caso, la reactivación de la Comisión Especial de Citricultura, para que logremos sumar esfuerzos para impulsar la participación organizada de los productores y las empresas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se establezca la Comisión Especial de Citricultura y se exhorte a las dependencias federales y a los gobiernos locales a apoyar acciones e inversiones para el rescate, la preservación, el desarrollo y el aprovechamiento de la citricultura en los términos publicados en la gaceta oficial de esta honorable Cámara de Diputados. Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de citricultura, a cargo del diputado Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo mediante la cual se crea la Comisión Especial de Citricultura en atención a las siguientes

Consideraciones

En México y en el mundo, hoy día la citricultura representa una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura. Los cítricos son las frutas más importantes en términos de valor en el comercio internacional. 140 países producen alrededor de 105 millones de toneladas de frutos cítricos. Brasil, los países del Mediterráneo, Estados Unidos de América, China y México producen alrededor de 70 por ciento de ese total. En nuestro país, la superficie cultivada de cítricos supera 500 mil hectáreas que producen un promedio anual de 6 millones 504 mil toneladas de fruta, con un valor estimado de 7 mil 100 millones de pesos, lo que sitúa a México en el quinto lugar mundial en producción de cítricos. De la superficie cultivada, 68.5 por ciento corresponde a naranja, 20.5 por ciento a limón mexicano, 5.2 por ciento a limón persa y el resto a mandarinas, tangerina y pomelos. Los principales estados productores son Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Yucatán, Sonora y Michoacán.

Por otra parte, es de notar que el país logró ocupar el cuarto lugar mundial en la exportación de cítricos. De enero a la fecha existe un avance en las ventas internacionales, con una captación de divisas que ascienden a más de 200 millones de dólares.

La citricultura genera más de 780 mil empleos a nivel nacional, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, por lo que es una importante fuente de empleo y tiene un impacto social y económico de primer orden en las zonas productoras.

Es por lo anterior que la citricultura en México requiere fortalecerse con una visión integradora y de largo alcance, con alta visión de miras, para ir más allá del cuarto lugar que actualmente ocupa en la producción internacional, ya que se cuenta en nuestro país con los recursos naturales y climáticos necesarios, lo que permitirá ofertar productos de alta calidad que sean capaces de incursionar y competir satisfactoriamente en los mercados mundiales, para lograr que el campo mexicano genere desarrollo económico, mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes se desarrollan en la actividad agrícola.

Es necesario también, en este sentido, destinar mayor gasto a la reconversión productiva, a la investigación, a las campañas fitosanitarias, a la industrialización y a la comercialización, tanto en el mercado nacional como internacional, por lo que es de igual forma prioritario blindar los recursos para evitar recortes presupuestales, subejercicios o complejas reglas de operación que hacen prácticamente imposible el acceso a los apoyos por parte de los productores.

Queda muy claro entonces que la citricultura en México provoca una muy importante derrama económica que trae consigo la comercialización de combustibles, lubricantes, transporte y mano de obra, principalmente en la cosecha en que se incrementa substancialmente, agroquímicos y fertilizantes, sistemas de riego, plásticos, cajas de cartón, entre otros insumos y servicios incluyendo la industrialización y comercialización. Por ello es importante seguir impulsando mejores presupuestos, programas más ambiciosos y apoyos que lleguen oportunamente a los productores citrícolas, en virtud de los compromisos que adquieren en el establecimiento, operación, mantenimiento y cosecha de sus huertas.

Esta Cámara de Diputados en su pasada legislatura, mediante la Comisión Especial de Citricultura logró aprobar importantes recursos para la operación del Programa de Competitividad para la Citricultura, el cual consiste en otorgar apoyos económicos a los productores citrícolas mexicanos en los rubros de desarrollo de proyectos productivos y en comercialización; asimismo impulsaron que se aplique la norma oficial mexicana de jugos, que representa importantes beneficios para el campo, la salud y la nutrición de los mexicanos, especialmente de niños y jóvenes, lo anterior solo por mencionar algunos importantes logros de esta comisión especial.

No obstante a lo anterior, quedan muchas cosas por hacer dentro este importante sector de la agricultura nacional, como el lograr que la naranja y el limón sean considerados productos básicos en la alimentación de los mexicanos, la creación de la infraestructura portuaria necesaria para la comercialización en el exterior, lo que representaría una reducción de costos para el productor, procesador y comercializador, logrando una competitividad internacional más acorde a las necesidades del mercado, lo que se traduciría en una mayor entrada de divisas y creación de empleos para el país.

Por otra parte, recientemente en Yucatán y Quintana Roo se ha reportado el brote de una enfermedad conocida como el HLB (huanglongbing), causada por una bacteria y considerada la más grave de las enfermedades de cítricos en el planeta, por lo cual se debe tener el mayor cuidado para su prevención, ya que actualmente no existe una cura y ha impactado fuertemente a los productores de Florida en Estados Unidos de América, no obstante a sus esfuerzos millonarios para combatir este mal, por lo que se debe de contar con los recursos humanos financieros y técnicos para prevenir su propagación. Es por ello esta Cámara debe de contar con una instancia interna que esté de forma permanente atenta para proponer las disposiciones legales o llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para actuar en beneficio de este sector productivo.

Por lo anterior es que consideramos de vital importancia la creación o, en este caso la reactivación, de la Comisión Especial de Citricultura, para que, desde nuestra posición como representantes de las necesidades de la sociedad y gestores ante las instancias de gobierno, logremos sumar esfuerzos para impulsar a la participación organizada de los productores y de las empresas mexicanas, en los mercados nacionales e internacionales, con productos y subproductos de calidad que satisfagan las exigencias del mercado y a precios rentables para el citricultor mexicano, generando tecnología con el propósito de maximizar la rentabilidad de las huertas, alejadas de las amenazas de plagas y enfermedades.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se propone la creación de la Comisión Especial de Citricultura, con objeto de que sea el instrumento para propiciar las iniciativas legislativas y las gestiones necesarias que cubran las demandas del sector citrícola mexicano.

Segundo. Exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, así como a los gobiernos estatales a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión especial para evaluar y apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la citricultura.

Tercero. De conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.

Cuarto. La comisión especial deberá contará con los recursos y personal necesario para su operación y su duración será hasta el termino de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Montes Cavazos.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL NACIONAL DEL EMPLEO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Nacional del Empleo.

El diputado Isaías González Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el propósito de esta intervención es proponer al pleno un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Nacional del Empleo, en los términos que establece nuestro marco jurídico constitucional vigente.

Las presentes consideraciones tienen el objetivo de resaltar la necesidad de crear una comisión que reciba, analice y coadyuve en el dictamen de todas aquellas iniciativas de ley referidas específicamente a la materia del empleo y a la reactivación económica, proponiéndose en todo momento apoyar al sector productivo nacional sin afectación ni menoscabo de los derechos constitucionales de los diferentes actores sociales.

Considerando que en la situación actual la recesión mundial ha afectado a todas las economías del mundo y que nuestro país ha sido el más afectado tanto en materia de crecimiento como en la pérdida de empleos formales, en lo que va del sexenio se han perdido 1.3 millones de empleos --950 mil de ellos tan sólo en lo que va del presente año--, con lo que el total de desempleados abiertos sumó, al cierre de agosto, 2.9 millones de personas.

Si a esta cantidad le sumamos los 4.5 millones de subocupados, más un millón de jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral, más los 12.3 millones de ocupados en la informalidad, tenemos entre desocupados, subocupados e informales 19.7 millones de personas que, estando en edad productiva, son involuntariamente improductivos y se encuentran en situación precaria y sin seguridad social.

Adicionalmente, debemos destacar que al problema de la enorme cantidad de desocupados, subocupados e informales tenemos que añadir el tema de la calidad de la mano de obra; es decir, el tema de la empleabilidad, pues casi la mitad de la población económicamente activa, 21.6 millones de trabajadores, se encuentra en situación de rezago educativo. Esta situación es grave, amenaza la cohesión social.

Por ello es imperativo que en este ámbito legislativo logremos establecer consensos estratégicos entre el conjunto de las fuerzas políticas aquí representadas, con el propósito de construir propuestas de política pública dotadas de los mecanismos y la fuerza política suficientes que les den viabilidad y congruencia con nuestra responsabilidad para atender las necesidades prioritarias que la población del país nos demanda.

Señoras y señores diputados, es de vital importancia atender lo inmediato, pero también es fundamental sentar las bases para el futuro y asegurar el empleo de las nuevas generaciones, por lo que consideramos importante tener una ley rectora que nos permita coordinar el trabajo de todos los sectores, como es una ley de fomento industrial que hoy en día no existe y que por esa carencia se dispersan las acciones y es difícil tener resultados en la generación de los empleos.

Debemos acentuar las coincidencias en este tema con el propósito de generar compromisos entre legisladores y sus partidos, entre el Congreso de la Unión y los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para alcanzar los objetivos que necesitamos.

En esa comisión se realizará un trabajo de alta calidad política para dar continuidad y conocimiento histórico al conjunto de los miembros de esta honorable Cámara de Diputados en materias referidas a los temas de empleo y empleabilidad, que serán parte sustantiva de su responsabilidad.

Será un vínculo con los representantes de los sectores económicos a fin de discutir directa y abiertamente con los involucrados de los sectores obrero, empresarial, campesino, agroindustrial, y con los representantes del sector informal, temas tan pertinentes como la reconversión de la informalidad y la recomposición de las cadenas productivas para un crecimiento económico sustentable.

No existe mejor forma de combatir la pobreza que generar empleos e ingresos, que vendrán finalmente a impulsar el consumo y la inversión productiva. Así, cualquier iniciativa coincidente con alguno de estos temas deberá ser recibida, analizada, tramitada y dictaminada de manera expedita para que sirva de marco efectivo en las relaciones económicas específicas de los actores productivos.

Por los fundamentos expuestos ante ustedes, señoras y señores diputados de esta legislatura, solicito su apoyo, así como su confianza, para la creación de esta importante Comisión Especial Nacional del Empleo, donde fluirán las ideas y propuestas de todos y cada uno de nosotros para resolver la problemática prioritaria que aqueja a la nación.

Sin más por el momento, señor Presidente, solicito que el texto de la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Nacional del Empleo sea publicado íntegramente en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial nacional del empleo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Isaías González Cuevas, diputado federal por Baja California Sur e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno la proposición con puntos de acuerdo para que se cree una comisión especial nacional del empleo y además se someta a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, en tanto se reforma el articulo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión se constituya como una comisión ordinaria para la presente y las siguientes legislaturas y se denomine Comisión Nacional del Empleo. La proposición con puntos de acuerdo, se fundamenta de conformidad con las consideraciones siguientes

Consideraciones

Las presentes consideraciones, son con el propósito de argumentar la necesidad de crear una Comisión Especial Nacional del Empleo para que reciba, analice y de seguimiento a propuestas en materia de empleo que ayuden a la reactivación económica del país con las que se apoyará en todo momento, al sector productivo nacional que genera empleos y ``garantizará la transversabilidad de la legislación federal como un derecho constitucional al trabajo'' para los diferentes sectores y actores sociales; convirtiéndose en un medio de defensa para combatir la pobreza que tanto afecta a la nación.

En estos tiempos de recesión económica mundial y nacional en la que se han perdido millones de empleos y en el que nuestro país no ha sido la excepción, proponemos impulsar un plan nacional de reactivación económica y el empleo por lo que es necesario crear leyes, instrumentar acuerdos, estrategias y procedimientos viables a través de este órgano legislativo, en congruencia con nuestra responsabilidad de atender las necesidades prioritarias que la nación demanda, con el objeto de detener la pérdida y baja de empleos lo cual no ha sido congruente de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 para recuperar los que hemos perdido y aumentar los empleos para el desarrollo nacional con una visión a corto, mediano y largo plazo de manera urgente.

Otro aspecto a considerar es de vital importancia la reactivación de la economía, que incentiven y fortalezcan al sector productivo nacional y los sitúen en un panorama más competitivo contra otras empresas de nuestros socios comerciales con quienes hemos suscrito tratados y acuerdos internacionales, que han creado leyes, originando un panorama más favorable que les permite competir a nivel mundial, alcanzando un desarrollo sustentable con mayores garantías de éxito hacia su población.

En la actualidad existen sectores productivos que no han sido valorados, estudiados, que son susceptibles para la generación de iniciativas de leyes en relación a los temas de generación de empleos anteriormente mencionados y que por posiciones meramente prejuiciosas carecen de una legislación, que bien analizados, nos proyectarían a la creación de normas que ayudarían de manera más rápida y segura a salir de esta recesión económica nacional actual.

Entre los sectores en mención se encuentran los trabajadores no asalariados y los comerciantes de la vía pública que son sectores económicos que en las diferentes administraciones públicas no han sido atendidos adecuadamente, siendo estos una parte importante de la economía nacional ya que estos trabajadores no asalariados representan el 53 por ciento de la población económicamente activa; que constituyen 24 millones de personas según estadísticas del Poder Ejecutivo federal.

Cabe señalar que, muchos de los trabajadores del sector formal han perdido su empleo y encuentran como solución a sus necesidades de empleo y de ingresos económicos, una oportunidad en el sector informal, y muy en especial en el comercio de la vía pública, es decir auto empleándose a falta de empleos en los sectores productivos formales.

La reconversión del comercio informal, es un tema, por demás importante en el que hay que lograr que los trabajadores no asalariados y comerciantes de la vía pública trabajen dentro del marco legal fiscal, con el fin de que estos sectores puedan desarrollar sus actividades con certidumbre jurídica.

Debe ser necesario crear un régimen fiscal tributario nuevo y exclusivo para estos sectores, con características y formas específicas siendo este sencillo y de fácil comprensión y de mínima tramitología desde el alta hacendaria hasta los pagos tributarios, administración de autogestión, baja contribución tributaria dado el tipo de actividad, con un soporte de orientación y asesoría técnica permanente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el comercio de vía pública los productos de manufactura extranjera que entran de manera ilegal al país, encuentran en este sector informal un área de oportunidad para la distribución y comercialización de dichos productos. Con lo que vulnera a la economía nacional ya que no pagan los impuestos y aranceles correspondientes de dichas mercancías de importación, creando una competencia desleal, y poniendo en riesgo la permanencia de las empresas nacionales, principalmente en las Pyme, repercutiendo en la pérdida de empleos, es por ello necesario analizar y fortalecer nuestra legislación federal para combatir el contrabando con lo que se protegerá de una manera eficiente y competitiva a la industria nacional.

Por lo que se propone una medida más a este contexto, la de exigir, por medio de una ley bien analizada y consensuada por las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, para el beneficio de los productores nacionales que los comerciantes de vía pública dentro de los productos que ellos comercializan, cuenten con un porcentaje mínimo de productos nacionales. De igual manera una campaña para el consumo de estos productos siendo necesario además establecer un compromiso formal con las tiendas de auto servicio para ofertar productos nacionales.

En el contexto empresarial, impulsar entre el gobierno y el sector productivo una ley sobre política industrial con sentido y compromiso con los productores e inversionistas nacionales. Por otra parte es necesario concretar con los tres niveles de gobierno una simplificación en los trámites en la creación de estas nuevas empresas. En las Pyme no se cuenta con incentivos fiscales sobre los resultados en la generación de empleos, existen apoyos que se otorgan por las organizaciones gubernamentales, para crear empleos como: capacitación, asesoría, innovación tecnológica, etcétera, enfocados para mejorar el sector productivo. Pero esta situación no refleja un resultado real, es por ello que es necesario incentivar fiscalmente a las empresas que tengan resultados en la creación de empleos.

Tomando en cuenta el desarrollo económico del país que requiere de sustentabilidad ecológica, que actualmente la industria y la ciudadanía han tenido un uso excesivo en los recursos naturales y con las acciones que ha tomado la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales no han sido suficientes para detener y controlar los efectos en el medio ambiente, por tal razón es necesario que en el PEF se destinen recursos económicos y humanos para la reforestación de nuestros bosques, cuidado y limpieza de lagos, ríos y mares permanentemente, dando un soporte ecológico para el desarrollo sustentable del país, con lo que generaría en el gobierno de la administración pública federal un número importante de empleos, apoyando el bienestar de las familias mexicanas.

Para atender lo anterior es necesario que esta Cámara cree leyes enfocadas a la recuperación y generación de nuevos empleos permanentes, que protejan a la industria nacional que combata a la pobreza, con las medidas siguientes:

Las consideraciones anteriores son tan sólo algunas, en las que existen razones y material suficientes para legislar en materia de generación del empleo, reactivación de la industria nacional y combate a la pobreza. Es por lo que es muy importante la creación de la comisión para que se enfoque al análisis y dictamen de las iniciativas de ley que sean presentadas ante este órgano legislativo, en estos sentidos, y aprobadas por este órgano sea con una visión específica y objetiva en cuanto al desarrollo de estos temas, como lo demuestra la presente propuesta.

Por toda esta fundamentación, señoras y señores legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicito su apoyo y confianza para la creación de este importante órgano legislativo, por el que estoy convencido fluirán las ideas y propuestas de todos y cada uno de nosotros para resolver con un verdadero consenso la problemática prioritaria de empleo que tanto hace falta a la nación mexicana.

Para esta propuesta pongo a su consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial nacional del empleo, cuyo objeto será coadyuvar, garantizar y dar seguimiento a la reactivación del sector productivo del país para la generación de empleos y el combate a la pobreza.

Segundo. La comisión se integrará con un grupo plural de diputadas y diputados pertenecientes a las distintos grupos parlamentarios que conforman esta LXI Legislatura, con base en el criterio de representatividad que se tiene ante en el pleno.

Tercero. Solicito, por la importancia que tiene la materia del empleo en nuestros días, que el número de integrantes sea de treinta miembros a efecto de integrar a diputadas y diputados de cada grupo parlamentario con el objetivo que se tenga una participación amplia y plural de esta honorable Cámara de Diputados.

Cuarto. Además le pido someter la propuesta a consideración del honorable pleno, para que se tenga una vigencia durante toda la LXI Legislatura, y en tanto se reforme el articulo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que ésta se constituya como una comisión ordinaria para la presente y las siguientes legislaturas y se denomine Comisión Nacional del Empleo, para tener el derecho a presentar y dictaminar iniciativas de ley en materia del empleo.

Quinto. La comisión deberá presentar un programa de trabajo anualmente y rendir periódicamente informes acerca de sus labores ante el pleno de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado don Isaías González, y como lo solicita se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Está presente en el salón un grupo de personas del estado de Durango, invitados especiales del diputado Jorge Herrera Caldera a quienes damos la más cordial bienvenida.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec como beneficiarias del Fondo Metropolitano.

El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados:

La clasificación de zona metropolitana fue reconocida oficialmente por la Sedesol, por el Conapo y por el Inegi, y se consideran actualmente 56 en todo el país. En este momento sólo 16 de ellas tienen acceso a los recursos del Fondo Metropolitano. Tal fondo se creó a partir de 2006 con el objetivo de reordenar la vida en la zona metropolitana del valle de México. Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incluyó a las zonas metropolitanas de Monterrey y de Guadalajara.

En 2008 fueron integradas por la Cámara de Diputados cuatro, y en 2009 se anexaron nueve zonas metropolitanas más. Si bien los recursos se han incrementado anualmente, su distribución sigue concentrándose en las dos principales zonas metropolitanas con 51.08 y 17.02 por ciento, respectivamente, porque el restante 31.9 por ciento se reparte entre las 14 zonas metropolitanas del país.

El crecimiento desbordado de la población urbana de ninguna manera es privativo de las grandes capitales; también la serie de problemas y demandas sociales ha alcanzado a los gobiernos municipales. Cito en este caso a Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, pertenecientes todas a Morelos.

Estima el Conapo que para 2017, Cuernavaca, como zona metropolitana, fácilmente tendrá más de un millón de habitantes. Actualmente por su crecimiento acelerado tiene rezagos, necesidades y retos que requieren soluciones integrales y urgentes, dado que ha sido rebasada su capacidad financiera para realizar las obras y servicios que demanda para alcanzar un desarrollo integral sustentable.

Basados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Asentamientos Humanos se creó un convenio de coordinación por el que se reconoce la existencia de dicha zona conurbada desde diciembre de 2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin el pasado 26 de agosto.

En apego al espíritu federalista de nuestra nación para hacer valer las condiciones de igualdad y equidad plasmadas en nuestra Carta Magna, expongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y al secretario de Desarrollo Social, a incorporar e integrar a la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, como beneficiaria del Fondo Metropolitano en el PEF de 2010, a efecto de prever, atender y solucionar los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, por los motivos y fundamentos legales antes citados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, a que en el PEF para el ejercicio fiscal de 2010, en su artículo 42 y en el Anexo 12 del mismo, sea incorporada la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec como beneficiaría del Fondo Metropolitano del Ramo 23.

Se solicita a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados que se inscriba en el Diario de los Debates los presentes puntos de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incorporen e integren a la zona metropolitana de Cuernavaca, como beneficiarias del Fondo Metropolitano, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec a cargo del diputado José Manuel Aguero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Manuel Aguero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente exhorto con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La concentración poblacional en los centros conurbados demanda de mayores servicios públicos, agua potable, adecuada infraestructura, vías de comunicación y la preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende a su vez a los niveles político, administrativos y de gobernabilidad de los centros conurbados de los municipios y entidades, que por su vinculación se consideran como zonas metropolitanas.

Cabe recordar que la clasificación de zonas metropolitana fue reconocida oficialmente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); considerándose actualmente 56 zonas metropolitanas en todo el país: 29 son ciudades con menos de 500 mil habitantes; 18 entre 500 mil y un millón y nueve con más de un millón de habitantes, de ellas 6 son de ámbito interestatal. En este momento sólo 16 zonas metropolitanas tienen acceso a los recursos del Fondo Metropolitano.

Dicho fondo se creó a partir de 2006 en respuesta a los problemas y con el objetivo de reordenar la vida en la zona metropolitana del valle de México, posteriormente en el Presupuesto de Egresos de 2007 se incluyó a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara; en 2008 se amplió por la Cámara de Diputados a las zonas de ciudad de León, Puebla, Querétaro y La Laguna, y en 2009 Aguascalientes, Acapulco, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa. En este esquema, los recursos si bien se han incrementado anualmente, su distribución sigue concentrándose en las dos principales zonas metropolitanas (valle de México y Guadalajara) con el 51.08 por ciento y el 17.02 por ciento respectivamente, por lo que la diferencia del 31.9 por ciento se reparte entre las 14 zonas metropolitanas en mención, sin considerar las 40 restantes en el país.

Por ende, las políticas públicas y las estrategias de desa-rrollo sustentable como son los recursos en las zonas metropolitanas, deben ser capaces de coordinar y promover que los municipios como sedes atiendan en primera instancia sus propias características, las desigualdades que se dan por el crecimiento desbordado y por consiguiente las relaciones con los municipios al extenderse su mancha urbana.

Estas tendencias de urbanización y el acelerado crecimiento de la población urbana ya no son privativas de las grandes ciudades capitales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), también la serie de problemas y demandas sociales han alcanzado a los gobiernos municipales, cito a Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec pertenecientes al estado de Morelos. Municipios que por la falta de infraestructura y de desarrollo urbano comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales y urgentes dado que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos, para realizar las obras y servicios que demanda esta zona metropolitana.

Tenemos que recordar que Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec fueron parte de la concentración regional de la población de la Ciudad de México a partir de 1985; paulatinamente por sus vínculos y relacionales poblaciones se han ido incrementando. Hoy por hoy, el crecimiento poblacional propio aunado a la cercanía con la Ciudad de México, hacen que esta zona metropolitana tenga la necesidad de prevenir y atender esta relación económico-social; ya que para 2017 (Conapo) se estima que Cuernavaca como zona metropolitana superará el millón de habitantes, actualmente son 806 mil 187 habitantes, por lo que en este momento estas ciudades han superado la posibilidad por si solas de emprender las acciones para alcanzar un desarrollo integral sustentable y por ende, se requiere de la intervención oportuna de las estructuras de gobernabilidad capaces de impulsar las políticas y estrategias de desarrollo que garanticen la cohesión social, abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan la tendencias a la segregación residencial y la exclusión social, en esta parte del país.

El artículo 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan a través de convenios de colaboración; pudiendo ceñirse en este caso a su planeación y desarrollo urbano; por lo que se convierte en el instrumento jurídico fundamental para enfrentar y resolver los rezagos, retos y demandas de estas zonas metropolitanas.

La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 20 Capítulo IV otorga las facultades a la federación, estados y municipios, en el ámbito de sus competencias a planear y regular de manera conjunta y coordinada el punto de la conurbación, a través de los convenios correspondientes para la ordenación de zonas conurbadas para la atención de los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura; convenios que suscribirán las entidades y municipios que los lleven a cabo, también con la Secretaría de Desa-rrollo Social, donde posteriormente será con programas, obras o acciones, en congruencia con los planes de desa-rrollo urbano o metropolitano, las aportaciones autorizadas por el fondo.

En este sentido, existe un Convenio de Coordinación por el que se reconoce la existencia de la zona conurbada de los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec desde diciembre de 2002, así como los convenios de ratificación necesarios a la fecha. A su vez, el marco jurídico en la entidad fue adecuado para este fin, el pasado 26 de agosto la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos, se tiene integrado el Consejo para el Desarrollo Metropolitano y se han sentado las bases para el fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establecen las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. Faltando sólo el paso con la Secretaría de Desa-rrollo Social por parte del gobierno del estado o por los municipios.

La suscripción del Convenio de la Zona Metropolitana Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, se ha ajustado a la necesidad de acciones conjuntas de los gobiernos para eliminar los rezagos en servicios y obras prioritarias y con ello atender el desarrollo de la zona metropolitana, así como promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas como marca la ley Presupuestaria en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano.

Cabe hacer hincapié que las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano se sujetan a los criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, por lo que tenemos que considerar la colindancia tan próxima con la Ciudad de México, sus relaciones sociales, económicas y culturales cotidianas, así como ser el paso a otra zona metropolitana tan importante como es Acapulco, cuyos problemas semejantes en muchos asuntos deben ser previstos por esta honorable Cámara.

En apego al espíritu federalista de nuestra Nación para hacer valer las condiciones de igualdad y equidad plasmados en la Carta Magna, solicito sea considerada como Zona Metropolitana y beneficiaria del Fondo en cuestión a Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec y; lo que sin duda ayudará a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ésta. Ante lo cual se solicita la aprobación del siguiente exhorto con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, a incorporar e integrar a la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, como beneficiaria del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio del año 2010, a efecto de prever, atender y solucionar los problemas propios de su crecimiento y desarrollo metropolitano, por los motivos y fundamentos legales antes citados.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos Federal del próximo año fiscal 2010, en su artículo 42 y en el anexo 12 de éste, sea incorporada la zona metropolitana de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, como beneficiaria del Fondo Metropolitano del Ramo 23.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Agüero. Tal como lo solicita se insertará el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Adelante, diputada María de Jesús Aguirre.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema de la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales de las personas ha ido colocándose en el centro del interés por impulsar, desde distintas trincheras, mejores condiciones laborales para mujeres y hombres, no sólo en México, sino en el mundo.

En los últimos años se han registrado importantes cambios en el mercado laboral mexicano, cambios caracterizados, por ejemplo, por un ingreso de las mujeres a la vida laboral en un ritmo y ámbitos que posiblemente no se habían dado antes.

La legislación mexicana actualmente no contempla disposiciones que permitan la conciliación entre ambas esferas de la vida, dejándose el tema a nivel de acuerdos entre las personas empleadoras y las trabajadoras y los trabajadores, sin un marco jurídico de referencia que permita la existencia de esquemas y el establecimiento de políticas conciliatorias entre la vida laboral y familiar que faciliten tender un puente entre ellas, con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades y responsabilidades entre las personas.

Sobre este asunto, la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1981 el Convenio 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que entró en vigor en 1983. La importancia de este convenio radica en que aborda específicamente la problemática de las trabajadoras y los trabajadores que tienen a su cargo, además, un hogar o personas que de su cuidado dependen.

México no ha firmado ni ratificado este convenio pese a que la realidad nacional lo exige y también a pesar de que el marco jurídico laboral no garantiza algo que, más que una posibilidad o un acuerdo entre empleadores y trabajadoras o trabajadores, debe entenderse como un derecho laboral de todas las personas. La firma y ratificación del Convenio 156 es necesaria e importante, toda vez que su entrada en vigor para México requerirá que sus disposiciones sean incorporadas a la legislación interna.

El Ejecutivo federal ya ha sido exhortado por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, y ésta es la cuarta ocasión. Su firma representaría una muestra de compromiso del gobierno mexicano por completar el camino hasta su plena garantía para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos.

En vista de la innegable necesidad que existe en el mercado laboral y en la economía mexicana de contar con disposiciones jurídicas claras y seguras que permitan conciliar las responsabilidades familiares y las laborales, en el entendido de que ello tendrá amplias y positivas repercusiones en las personas, familias, empresas y, en general, en la sociedad y en la economía mexicana, es por esto que someto a consideración de esta Cámara de Diputados y diputadas el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

Diputado presidente, en virtud del respeto al tiempo que se me ha asignado, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates, toda vez que ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, de conformidad la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales de las personas ha ido colocándose en el centro del interés por impulsar, desde distintas trincheras, mejores condiciones laborales para mujeres y hombres, no sólo en México, sino en el mundo. En los últimos años se han registrado importantes cambios en el mercado laboral mexicano, cambios caracterizados, por ejemplo, por un ingreso de las mujeres a la vida laboral en un ritmo y en ámbitos que posiblemente no se habían dado antes. Si bien desde el siglo pasado ya se daba un triple proceso al respecto, consistente en una redistribución industrial de la mano de obra femenina, un aumento de los empleos femeninos en el sector de servicios y un avance de las mujeres en las carreras intelectuales (Rose Marie Lagrave, 1993:512), es en las últimas décadas que en México las mujeres han ido consolidándose como uno de los motores más importantes de la economía.

Como todo fenómeno socioeconómico, esta mayor participación laboral de las mujeres plantea aspectos muy interesantes para su análisis. Por un lado, se refleja de manera positiva, tanto en lo público como en lo privado. En el primer ámbito, el ingreso sin precedentes de las mujeres al mundo del empleo contribuye a elevar la calidad del trabajo al existir una reserva más amplia de mano de obra disponible, aumenta la productividad, crece el número de personas que contribuyen al fisco, contribuye a la disminución de la pobreza, etcétera. Con respecto al ámbito privado sabemos que el aumento del aporte de ingresos al hogar por parte de la mujer mejora considerablemente el bienestar familiar, dado que es más probable que ella invierta más en el capital humano que su contraparte masculina (Piras, 2006: 6). Sin embargo, por otro lado, no puede dejar de advertirse el impacto negativo que esto ha acarreado para las mujeres, quienes ahora además del empleo remunerado, continúan desempeñando labores del hogar y asumiendo responsabilidades familiares, prácticamente sin el apoyo por parte de sus parejas.

Así, las mujeres suelen enfrentarse a una disyuntiva injusta e inequitativa, entre atender las responsabilidades que su hogar les exige o permanecer en el mercado laboral. Una tercera opción, muy socorrida, es intentar cumplir en ambas partes, así sea en trabajos de tiempo parcial o en la economía informal, aceptando empleos mal pagados pero con horarios flexibles, con lo que lo que las mujeres ganan menos proporcionalmente y difícilmente tienen acceso a la seguridad social y las prestaciones de un empleo de tiempo completo o un empleo formal, todo esto deriva en las famosas dobles o triples jornadas, con las graves consecuencias en el deterioro de la salud de las mujeres, tanto física como emocional y mental.

Además del estrés, depresión y ansiedad que padecen las trabajadoras y los trabajadores que se sienten atrapados entre el cumplimiento de sus responsabilidades en ambos ámbitos, se ha documentado que también manifiestan un menor grado de compromiso con la empresa o el empleo, una insatisfacción laboral permanente, menor rendimiento y mayor ausentismo al trabajo (Chinchilla, Poelmans, León y Tarrés, 2007:11). A la vez, se comprueba que el salario no es ya la única gratificación y que existe también un ``salario mental'' que se define en gran parte por la calidad de la vida privada que tenga la trabajadora o el trabajador, lo cual hace pensar que la implementación de medidas, políticas y esquemas de conciliación generarán beneficios para la economía en general, como el incremento de la productividad, la disminución de las inasistencias, la retención de personal, la reducción del estrés, un aumento en la motivación, mayor lealtad a la empresa, entre otros.

La legislación mexicana actualmente no contempla disposiciones que permitan la conciliación entre ambas esferas de la vida, dejándose el tema a nivel de acuerdos entre las personas empleadoras y las trabajadoras y los trabajadores, sin un marco jurídico de referencia que permita la existencia de esquemas y el establecimiento de políticas conciliatorias entre la vida familiar y laboral que faciliten tender un puente entre ambas, con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades y responsabilidades entre las personas.

Se evidencia, por tanto, la necesidad de involucrar en las responsabilidades del hogar a más actores sociales que hasta el momento están ausentes: el Estado y los hombres; esto es, liberar a las mujeres de la exclusividad en las responsabilidades reproductivas y del cuidado, para fomentar, promover y permitir que los hombres apoyen en las mismas, más allá del aporte económico. La vida familiar y laboral de toda persona, pese a que pudieran parecer realidades relativamente separadas, tiene una interrelación central que, además de su gran impacto en la vida personal, tiene repercusiones importantes en la productividad y el desarrollo económico de un país, por lo que cada vez es más aceptado que la conciliación debe ser un asunto de Estado.

Sobre este asunto, la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1981 el Convenio 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, mismo que entró en vigor en 1983. La importancia de este convenio radica en que aborda específicamente la problemática de las trabajadoras y los trabajadores que tienen, además, a su cargo un hogar o personas que de su cuidado dependen.

El convenio indica que, con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada país miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional, el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Enfatiza además que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Es de resaltarse que las disposiciones del convenio podrán aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales o mediante una combinación de tales medidas o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las condiciones nacionales.

México no ha firmado ni ratificado este convenio pese a que la realidad nacional lo exige y también a pesar de que el marco jurídico laboral no garantiza algo que, más que una posibilidad o un acuerdo entre empleadores y trabajadoras o trabajadores, debe entenderse como un derecho laboral de todas las personas. La firma y ratificación del Convenio 156 es necesaria e importante, toda vez que su entrada en vigor para México requerirá que sus disposiciones sean incorporadas a la legislación interna.

El Ejecutivo federal ya ha sido exhortado por el Congreso de la Unión a este respecto en tres ocasiones, sin que hasta la fecha se avance en la firma del Convenio 156: en la LVII Legislatura por la diputada Patricia Espinosa Torres, en la LIX Legislatura por la senadora Leticia Burgos Ochoa y en la LX Legislatura por la diputada Holly Matus Toledo.

Si bien la firma y posterior ratificación por parte del Senado de la República del Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares es sólo un paso de los muchos que se requieren para la incorporación del derecho a la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales en la legislación mexicana, lo cierto es que su firma representaría una muestra del compromiso del gobierno mexicano por completar el camino hasta su plena garantía para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. En un nivel más amplio, representaría también la demostración de que, como mexicanas y mexicanos, estamos decididos a trabajar por el logro de mejores condiciones laborales en nuestro país.

En vista de la innegable necesidad que existe en el mercado laboral y en la economía mexicana de contar con disposiciones jurídicas claras y seguras que permitan conciliar las responsabilidades familiares y las laborales, en el entendido de que ello tendrá amplias y positivas repercusiones en las personas, familias, empresas y, en general, en la sociedad y en la economía mexicanas, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputada Aguirre Maldonado.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

OFICINAS DE ATENCION DE MIGRANTES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención de migrantes de los estados, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI

María Isabel Merlo Talavera, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de los diputados federales del estado de puebla y con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender acciones que permitan la institucionalización y fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar del endurecimiento de Estados Unidos de América en sus políticas migratorias, en la última década han migrado hacia el norte más de 12 millones de mexicanos que buscan una mejor remuneración por su trabajo, dejando actividades agrícolas y trabajos manuales pero, sobre todo, provocando desintegración en las familias y pérdida de dinamismo económico en muchas comunidades de nuestro país.

No existen cifras precisas para cuantificar con exactitud este fenómeno. Algunos académicos como Rodolfo Corona Vázquez, del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, ¹ basado en estimaciones propias y en fuentes mexicanas y estadounidenses, calcula que existen en Estados Unidos de América 33 millones de personas de origen mexicano (segundas, terceras y ulteriores generaciones), casi 21 millones de descendientes de emigrantes mexicanos (primera generación) y 12.4 millones de emigrantes nacidos en México que incluyen migrantes permanentes y temporales.

La vecindad de nuestro país con Estados Unidos de América con quien compartimos una frontera de más de 3 mil kilómetros y una disparidad económica enorme, ha provocado que nuestra migración hacia el exterior se concentre en un 90 por ciento hacia ese país, generando una intensa interacción de los dos lados de la frontera con 400 millones de cruces fronterizos por año

Esta migración, frecuentemente indocumentada, ha creado regiones binacionales que van desde el norte de la ciudad de Los Ángeles hasta la ciudad mexicana de Ensenada, que concluyen en la zona conformada por San Antonio Texas, las localidades de la frontera tamaulipeca y la zona metropolitana de Monterrey. Estas zonas involucran importantes ciudades mexicanas y estadounidenses como Tijuana, San Diego, Mexicali, Phoenix, Hermosillo, El Paso, Ciudad Juárez, Chihuahua, Laredo, Mac Allen y Matamoros Brownsville. ²

Las causas que han originado la migración de nuestros connacionales son múltiples y complejas, pero se relacionan directa o indirectamente con factores económicos, como la enorme diferencia salarial por trabajos poco calificados o de baja calificación; la incapacidad de nuestro país de generar suficientes empleos y, en todo caso, empleos bien remunerados; regiones de nuestros estados y municipios con climas, suelos áridos y poca infraestructura; la operación de una compleja red criminal de carácter internacional que desarrolla sus actividades casi con impunidad y que genera un negocio ilícito de varios miles de millones de dólares y, sin lugar a dudas, una importante red familiar que impulsa a las siguientes generaciones a seguir migrando hacia lugares específicos donde se encuentran parientes, conocidos o paisanos que lograrán conseguirles un trabajo.

En consecuencia, en la mayoría de las comunidades del país se presenta el fenómeno migratorio en mayor o menor medida, rebasando la capacidad institucional de los tres niveles de gobierno. Justamente es en los estados y municipios del país es donde los efectos de la migración de los mexicanos hacia el exterior producen cambios significativos y esta influencia se ve en los aspectos económico, social, político, religioso, cultural y de salud pública.

De conformidad con las muestras censales que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las entidades federativas con mayores índices de migración son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, estado de México, Veracruz y Guerrero, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo. ³

En el ámbito económico, según datos publicados por el Banco de México, ⁴ tan sólo en 2007 nuestro país recibió a nivel nacional 23 mil 969 millones de dólares, por concepto de remesas y de enero a agosto de 2008, recibió 15 mil 552 millones de dólares, que si bien representó una caída del 4.17 por ciento, han permitido que millones de familias cuenten con los recursos necesarios que les permitan sufragar sus gastos más apremiantes y en otros hogares con mayor tradición migratoria, donde más de uno de sus miembros son migrantes o llevan años recibiendo remesas, se puede ver reflejado este impacto en las viviendas que mejoran sus condiciones de infraestructura.

Lo lamentable de este asunto es que casi la totalidad de las remesas recibidas, que se promedian en aproximadamente 300 dólares mensuales por familia, son destinadas al consumo y de la remesa que manda un solo migrante sobrevivan de 4 a 7 personas que continúan en la línea de pobreza. Esto nos hace reflexionar que la remesa sin un uso productivo no genera riqueza, a pesar de que emigra nuestro capital humano más valioso, es decir el emprendedor, el que decide arriesgar su vida, sus pertenencias y su destino por mejorar.

Por lo que se refiere a la intervención de las entidades de la república para atender este fenómeno podemos mencionar avances tanto en materia legislativa como en la aplicación de políticas públicas a través de direcciones generales o de área y otras unidades administrativas dependientes de las Secretarías de Gobierno o de Gobernación de los estados. Incluso en muchas entidades se han creado institutos, direcciones y oficinas paraestatales para la atención de este fenómeno.

Incluso algunos estados como Guanajuato, Puebla, Durango y el Distrito Federal han establecido casas de atención a migrantes en el extranjero que oscilan entre el ámbito público y el comunitario.

Es importante mencionar que en el año 2000 se creó un organismo que agrupo a las entidades de la república que instrumentaban o estaban interesadas en instrumentar programas institucionales de alcance local en materia migratoria. Esta organización se le denominó Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes y constituyó consciente o inconscientemente, una plataforma para el desarrollo de políticas públicas estatales en materia de atención a los emigrantes y por ende una herramienta de federalismo.

La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes se constituyó como una asociación civil que se ha convertido en un referente para el tema en el ámbito local, siendo reconocida incluso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el propio Congreso de la Unión así como autoridades y organizaciones de Estados Unidos de América.

Otro de los actores importantes que a nivel nacional ha abordado el tema de la migración de los nacionales hacia el exterior ha sido la Conferencia Nacional de Gobernadores, que ha constituido una plataforma de acción coordinada de los Gobiernos Estatales, para discutir, abordar y proponer soluciones a problemas comunes de alcance nacional, como lo es la migración de nuestros connacionales hacia el exterior. El 5 de junio de 2003, en el marco de la IX reunión ordinaria en el Distrito Federal, se creó la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se conforma con los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En el ámbito legislativo, Zacatecas, Sonora y Durango han expedido leyes en materia de atención a migrantes.

El estado de Zacatecas no cuenta con una ley que, de manera específica, aborde la problemática de su población emigrante, sin embargo, encontramos disposiciones relacionadas con el fenómeno migratorio en su Constitución, la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Educación del Estado, la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, la Ley Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y los Adolecentes, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas y en la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

El 6 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del estado de Sonora la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, que consta de 30 artículos y entre sus disposiciones más relevantes encontramos el establecimiento permanente de políticas públicas de atención y apoyo a los migrantes, como las que se refieren al desaliento del cruce de manera ilegal; la obligación de que los presupuestos de egresos del gobierno del estado y de los municipios, incluyan fondos especiales para los programas de atención a migrantes; así como facultades para fortalecer la relación del gobierno del estado con el gobierno federal para el desa-rrollo de esquemas de corresponsabilidad para la protección y atención de los migrantes.

En el mes de agosto del 2008, la LXIV Legislatura del Congreso de Durango aprobó el decreto de Ley de Protección a Migrantes, que reconoce la responsabilidad estatal por proteger a los emigrantes y sus familias que por razones de carácter económico, educativo y social tienen que abandonar el territorio estatal e incluye a los inmigrantes que establecen su residencia en el estado.

Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran: la responsabilidad del estado de arraigar a su población; la facultad del estado de establecer oficinas de representación en el extranjero que brinden apoyo a los migrantes; la facultad de promover la organización comunitaria en el extranjero; la obligación de realizar campañas permanentes sobre los riesgos de cruzar la frontera de manera indocumentada, la obligación de establecer un fondo estatal de asistencia al emigrante con una mezcla de recursos de la federación, el estado, los municipios, el sector privado y apoyos internacionales; y la obligación del estado de intervenir en el traslado colectivo de trabajadores que sean contratados para laborar en un país extranjero.

Por lo que se refiere a la creciente participación de los estados en el ámbito internacional, el profesor Jorge A. Schiavon, investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica explica que este proceso en México ha sido paulatino, iniciando en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, posteriormente en el de Carlos Salinas de Gortari, impulsado después por el Presidente Ernesto Zedillo y consolidándose en el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada, lo que ha provocado que, si bien los principios tradicionales de política exterior se conservan intactos, la práctica diplomática nacional se ha dinamizado, transformando su naturaleza legalista en pragmática, en la que los órdenes de gobierno, principalmente los estados de la federación, buscan una creciente participación en el ámbito internacional.

En este sentido, podemos concluir que los programas para atender el fenómeno migratorio requieren la participación de todos los órdenes de gobierno.

Que la participación de las entidades federativas y de las autoridades municipales en la atención de la problemática de los mexicanos en el exterior es cada vez mayor y no sólo es jurídicamente posible sino necesaria y;

Que la aplicación de las normas internacionales, bilaterales, nacionales y locales en las distintas materias de las que se derivan los casos de protección y atención al fenómeno migratorio implican una concurrencia de facultades entre los distintos ámbitos de gobierno, especialmente si consideramos que, aunque no existe en la Constitución disposiciones que otorguen facultades explícitas en la materia a las entidades federativas, el artículo 124 constitucional establece que las facultades que no estén expresamente concedidas a la federación se entienden reservadas a los estados.

Por lo expuesto, me permito someter a la presente soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revalorar la importancia de la existencia y funcionamiento eficiente de instancias en los estados de la república que atiendan, mediante programas propios y de colaboración con la propia secretaría, las consecuencias del fenómeno migratorio en las comunidades de origen de los nacionales que emigran hacia el extranjero en busca de mejores oportunidades para sus familias.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instaurar un programa que permita la institucionalización, formalización y fortalecimiento de las Oficinas de Atención a Migrantes de los Estados de la República, mediante la asistencia, capacitación, información y apoyo de la propia dependencia.

Notas: 1 Corona Vázquez Rodolfo, Emigrantes mexicanos y los nuevos arreglos residenciales, Foro Migración Internacional México-Estados Unidos de América, temas de actualidad, Colegio de la Frontera Norte, Consejo Estatal de Población de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, 16 de mayo de 2008. 2 Colegio de la Frontera Norte, Frontera Norte, la urgencia de un desarrollo integral, México, Colegio de la Frontera Norte, 2006, pp. 8,9. 3 Población emigrante a Estados Unidos de América por entidad federativa, según sexo, 2000, INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, Base de datos de la muestra censal. Información publicada en internet en la dirección electrónica: http://www.inegi.gob.mx/est/ contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob67 amp; c=9703 (06/10/2008) 4 Información recabada de la página de internet del Banco de México: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro & idCuadro=CE80 & locale=es (16/10/08).

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Esta Presidencia informa que los diputados Francisco Moreno Merino y Jorge López Portillo, del Grupo Parlamentario del PRI, han expresado su interés de adherirse a la proposición con punto de acuerdo recientemente presentada por el diputado José Manuel Agüero.

Si el proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, hago la consulta correspondiente. La Secretaría pondrá a su disposición la proposición con punto de acuerdo para la firma respectiva.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Ninguna oposición, señor diputado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. La Secretaría le llevará el documento a los diputados López Portillo y Moreno Merino, para la firma correspondiente. Muchas gracias.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita un programa nacional de operación sin contaminación ambiental en ingenios azucareros de México y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos para el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos. Adelante, diputada Mazari.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, presento a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar un programa nacional de operación sin contaminación ambiental en ingenios azucareros de México, y para que se destinen 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

La población que represento, en la zona sur del estado de Morelos, ha padecido la emisión de contaminantes primarios de alta peligrosidad que emite el ingenio azucarero Emiliano Zapata.

Desde 1991 a la fecha, el daño de salud pública va en aumento entre los habitantes de cinco municipios denominados de la zona cañera, con un número superior a 250 mil personas expuestas al humo, polvo, tizne y hollín, provocando graves irritaciones oculares, problemas en las vías respiratorias, hasta llegar a enfisema pulmonar, alergias en la piel, congestión nasal y sangrado repentino de las fosas nasales, por los altos grados de variación del aire por óxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas, provocando una situación ambiental insostenible.

Es una realidad que en los 57 ingenios azucareros ubicados en 15 estados del país, sus máquinas son obsoletas. Equipos de más de 50 y 70 años con calderas adaptadas que utilizan a discreción, lo mismo combustóleo, bagazo lleno de humedad, que provoca una pesada contaminación del aire, y petróleo.

Es en Morelos, su ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, de los más productivos de azúcar por hectárea y de procesamiento de la misma. También altamente ha esclavizado en ruido, lluvia de ceniza, violación reiterada a la ley en materia ambiental, auditorías burladas y degradación a los mínimos estándares ambientales humanos del aire, agua y suelo.

Es grave cuando se estima que en la producción de azúcar, este ingenio y muchos otros del país utilizan más de 60 por ciento el bagazo como combustible y 40 por ciento combustóleo. Se sigue quemando en campos la caña, sin invertir en tecnología que disminuya el daño ecológico.

Es la importancia de la economía agrícola cañera de la que dependen dos millones de personas de manera directa e indirecta; es una rama productiva.

En la LIX Legislatura impulsamos la Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para dar certeza al producto y seguridad jurídica, pero es necesario ahora que el Gobierno de la República, a través de un monto económico específico, asuma una inversión directa en recursos federales, que actualice a los mejores niveles industriales la maquinaria y procesamiento en toda la cadena productiva.

Lograr azúcar sin contaminación a los pueblos por sus factorías es un deber en congruencia con el campo, la salud, la soberanía alimentaria y la ecología. Es un producto agrícola de interés público nacional.

México ha firmado protocolos internacionales de reducción de emisión de contaminantes, que debe cumplir por el cambio climático.

El régimen jurídico de los ingenios jamás impide obligar a modernizar la industria con apoyo de la federación. Los ingenios tienen una base histórica, económica y productiva por encima de la temporalidad de sus propietarios. Los productores y sus organizaciones saben de esta necesidad de inversión inmediata con dinero que este Congreso autorice a las instituciones, y pueden transformar la vida industrial de sus ingenios, haciéndolos más productivos y con menor contaminación para sus familias.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se solicita que esta Cámara de Diputados constituya un programa nacional de operación sin contaminación ambiental en ingenios azucareros de México, y destine 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita un programa nacional de operación sin contaminación ambiental en ingenios azucareros de México, y que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el ingenio azucarero Emiliano Zapata, de Zacatepec, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal por el 04 distrito del estado de Morelos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México, y que se destinen 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010; de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La población que represento en la zona sur del estado de Morelos, ha padecido la emisión de contaminantes primarios de alta peligrosidad que emite el ingenio azucarero Emiliano Zapata; desde 1991 a la fecha el daño de salud pública va en aumento entre los habitantes de cinco municipios denominados de la zona cañera con un número superior a 250 mil personas expuestas al humo, polvo, tizne y hollín provocando graves irritaciones oculares, problemas en las vías respiratorias hasta llegar a enfisema pulmonar, alergias en la piel, congestión nasal y sangrado repentino de las fosas nasales, por los altos grados de variación del aire por óxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas provocando una situación ambiental insostenible.

Es una realidad que en los 57 Ingenios ubicados en 15 estados del país, sus maquinarias son obsoletas, equipos de más de 50 y 70 años, con calderas adaptadas que utilizan a discreción lo mismo combustóleo, bagazo lleno de humedad que provoca una pesada contaminación del aire y uso del petróleo, es en Morelos su Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, de los más productivos de azúcar por hectárea y de procesamiento de la misma, también altamente ha esclavizado en ruido, lluvia de ceniza, violación reiterada a la ley en materia ambiental, auditorias burladas y degradación a los mínimos estándares ambientales humanos del aire, agua y suelo, es grave cuando se estima que en la producción de azúcar este Ingenio y muchos otros del país utilizan más de un 60 por ciento el bagazo como combustible y el 40 por ciento de combustóleo, se sigue quemando en campos la caña sin invertir en tecnologías que disminuya el daño ecológico.

Es la importancia económica agrícola cañera de la que dependen 2 millones de personas de manera directa e indirecta, una rama productiva que en la LIX Legislatura impulsamos la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para dar certeza al producto y seguridad jurídica, pero es necesario ahora que el gobierno de la república, a través de un monto económico específico asuma una inversión directa en recursos federales que actualice a los mejores niveles industriales la maquinaria y procesamiento en toda la cadena productiva, lograr azúcar sin contaminación a los pueblos por sus factorías es un deber en congruencia con el campo, la salud, la soberanía alimentaria y la ecología, es un producto agrícola de interés público nacional.

México ha firmado protocolos internacionales de reducciones de emisiones contaminantes que debe cumplir por el cambio climático, el régimen jurídico de los Ingenios jamás impide obligar y modernizar la industria con apoyo de la federación, los Ingenios tienen una base histórica, económica y productiva por encima de la temporalidad de sus propietarios, los productores y sus organizaciones saben de esta necesidad de inversión inmediata con dinero que este Congreso autorice a las instituciones y puedan transformar la vida industrial de sus Ingenios haciéndolos más productivos y con menor contaminación para sus familias.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita que esta Cámara de Diputados constituya un Programa Nacional de Operación sin Contaminación Ambiental en Ingenios Azucareros de México y que se destinen 105 millones de pesos al ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A petición del Grupo Parlamentario del PRI, el asunto enlistado como punto 15 se pospone para la siguiente sesión.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a garantizar a la población campesina su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural, y a aportar de manera emergente los recursos financieros que conformen un subsidio que permita en 2010 la adquisición de insumos agrícolas básicos, particularmente a los trabajadores del campo afectados por la sequía atípica en Guerrero.

El diputado Mario Moreno Arcos: Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso General, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, de Guerrero, presentamos ante este honorable pleno, para su análisis, discusión y aprobación, una propuesta de incorporación eventual y emergente de recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de 2010, para la adquisición de fertilizante en la búsqueda de una alternativa solidaria para el rescate del agro guerrerense y los campesinos afectados por la sequía atípica en nuestro estado.

Considerando la relevancia que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al desarrollo rural y al bienestar, participación e incorporación de la población campesina al desarrollo nacional, y que la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable, en el marco de la Constitución, señala la coordinación entre federación, estados y municipios para el impulso de políticas y acciones destinadas al medio rural como prioritarios para el desarrollo del país, resulta urgente promover un punto de acuerdo que nos permita analizar y corregir en lo posible las disparidades en el desarrollo regional de los estados de la República, y de manera especial a los municipios de Guerrero afectados por la sequía que ha mermado de manera grave las condiciones productivas del campo guerrerense, a corto y largo plazo.

En ese tenor es indispensable señalar que los antecedentes del Programa de Subsidio al Fertilizante en Guerrero registra actualmente un padrón de 267 mil campesinos con un total de 460 mil hectáreas cultivables. Hasta hace poco, el Programa de Subsidio al Fertilizante, de carácter tripartita, consideraba la aportación de los productores en 25 por ciento del costo total del paquete y 75 por ciento la del estado y de los municipios. Sin embargo, actualmente los municipios absorben arriba de 50 por ciento del costo del paquete y la participación estatal oscila entre 15 y 25 por ciento, repercutiendo gravemente en las economías municipales y, por supuesto, en la de los productores del campo.

Por eso, desde esta tribuna hacemos un llamado a reconocer las condiciones de crisis ambiental y de pobreza extrema que, de no atenderse de manera urgente, representan un riesgo a la estabilidad y a la seguridad no sólo de Guerrero, sino de este país.

Por todo lo anterior, presentamos ante ustedes el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Los diputados por el estado de Guerrero hacen una atenta propuesta y petición a nuestros compañeros, para que en el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 se integre un subsidio emergente para financiar a los productores guerrerenses afectados por la sequía atípica, en la adquisición de los insumos agrícolas básicos a través del programa de fertilizantes.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal involucrados en este programa para que en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de desarrollo rural integral, de manera coordinada realicen las acciones pertinentes y coadyuven, dentro del ámbito de su competencia, en la aplicación efectiva del citado subsidio.

Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a garantizar a los campesinos su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural; y a aportar de manera urgente recursos financieros que formen un subsidio que permita en 2010 adquirir insumos agrícolas básicos, particularmente a los afectados por la sequía atípica en Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada y los diputados guerrerenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que abajo suscriben presentan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales de la República Mexicana y de manera específica al del estado de Guerrero, para que, en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de desarrollo rural integral que garanticen a la población campesina su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural, así como en la búsqueda solidaria de alternativas de solución, se aporten de manera emergente los recursos financieros que conformen un subsidio que permita en el 2010 la adquisición de los insumos agrícolas básicos (fertilizante), particularmente a los trabajadores del campo afectados por la sequía atípica en el estado de Guerrero, al tenor de los siguientes

Considerandos

El artículo 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la relevancia que tiene para nuestra nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, igual señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por su parte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 5, determina que dentro del marco previsto por la Constitución federal, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y las municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

El Programa de Subsidio al Fertilizante en el Estado de Guerrero actualmente atiende un padrón de 267 mil campesinos, con un total de 460 mil hectáreas. Este programa absorbió en el 2008 el 60 por ciento del presupuesto estatal de la Secretaría de Desarrollo Rural, y con frecuencia más del 35 por ciento de los recursos municipales correspondientes al Ramo XXXIII.

Actualmente el programa de subsidio al fertilizante es de carácter tripartita, donde la aportación de los productores, generalmente corresponde a 25 por ciento del costo del paquete y el 75 por ciento corresponde al estado y al municipio.

En Guerrero, desde su origen hasta hace cuatro años, el gobierno del estado era quien aportaba mayores recursos a este programa. Sin embargo en últimas fechas los municipios han absorbido arriba del 50 por ciento del costo del paquete y el Estado varía entre el 15 por ciento y el 25 por ciento, lo que viene a repercutir en el incremento de la aportación del productor.

Para el 2008 el precio del fertilizante se incrementó considerablemente como consecuencia del alza en el precio del petróleo, insumo que se utiliza para la fabricación del mismo, provocando que su costo haya tenido en promedio, un incremento del 150 por ciento; esto sin considerar que la demanda internacional también se ha acrecentado provocando su incremento.

De todos es sabido que los recursos provenientes de la federación al igual que las aportaciones estatales destinadas a los municipios han sido afectados considerablemente repercutiendo directamente en la aplicación de numerosos programas sociales. Aunado a lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal señala un impedimento contundente para que los recursos provenientes del Ramo XXXIII que los municipios manejan, sean utilizados para la adquisición de insumos diferentes a lo estipulado, lo que incluso ha obligado a muchos ayuntamientos con pocos o nulos ingresos propios a incurrir en desacatos abiertos a la ley.

Por lo anterior, en su momento presentaremos una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para que las aportaciones federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social puedan destinarse también a la adquisición de insumos agrícolas que permita un real combate a la pobreza en el campo.

El problema del desarrollo en el campo guerrerense, hace necesario abordar la problemática de manera integral; basta mencionar que en el año 1995 los rendimientos del maíz eran de 2.23 toneladas por hectárea y en el 2005 fueron de 2.32 toneladas por hectárea, es decir en 10 años no hubo incremento significativo, lo que nos hace notar que la mayor parte de la producción del Estado es de autoconsumo.

No podemos dejar pasar que ante el deterioro del suelo, oficialmente se ha promovido y priorizado el uso de biofertilizantes entre los beneficiarios del Programa de Subsidio al Fertilizante para el cultivo de maíz en los ciclos primavera-verano de los años 2007, 2008 y 2009; hecho motivado y soportado en la evaluación del Programa de Subsidio al Fertilizante por parte del Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se demostró que la aplicación aislada y unilateral del fertilizante químico a los cultivos de la entidad, especialmente al maíz, tiene un conjunto de inconveniencias; por lo que se recomendó sustituir dicho programa por un modelo más integral y sustentable; lo que implicaría además, frenar el deterioro ecológico que se provoca actualmente con la utilización excesiva e inadecuada del fertilizante químico, supliéndolo con el paquete óptimo propuesto por el INIFAP, con el objeto de mejorar los rendimientos productivos, evitar el deterioro de los suelos y generar economías en el uso de sus recursos económicos al reducir el costo del insumo.

Sin embargo el incremento al precio del paquete óptimo y el rechazo al biofertilizante han motivado inconformidad entre los productores, llevándolos a tomar medidas drásticas que implican mayor desgaste económico, problemas de gobernabilidad y dificultad en el ejercicio de las funciones en los municipios.

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de Guerrero, ha manifestado recientemente su negativa a la permanencia del Programa de Subsidio al Fertilizante, dejando de manera tácita la responsabilidad total a los ayuntamientos.

Ahora bien, lo hasta aquí expresado es propio de una sola entidad federativa. Sin embargo, consideramos indispensable realizar las acciones y gestiones necesarias para incluir en esta propuesta a todos aquellos municipios con alto y muy alto índice de pobreza en el país.

Debemos pugnar por acciones a corto y mediano plazo, tales como que el Programa de Subsidio al Fertilizante se convierta en un programa federal en una modalidad de financiamiento, regulándolo para integrarlo dentro de los programas de carácter social con el apoyo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Por lo pronto, dentro de las acciones inmediatas a seguir, los legisladores guerrerenses solicitamos que dentro del Presupuesto de Egresos de 2010, que en breve analizaremos, se incorpore una Partida Especial que considere de manera eventual y emergente la aplicación de recursos financieros en un subsidio para el campo guerrerense, hoy afectado por una crisis sui generis; en el entendido de que la situación actual representa una llamada de alerta sobre la estabilidad y seguridad social nacional.

Recordemos una vez más que Guerrero es uno de los estados de la república con mayor índice de pobreza, hoy agravada al igual que en muchas otras partes del país, por una sequía que ha causado ya en el corto plazo graves estragos y que dejará secuelas importantes en el largo plazo, como la pérdida de gran parte de la producción de éste año; esto sin considerar la crisis económica mundial que tiene mayor impacto en quienes menos tienen.

Con lo hasta aquí reseñado, proponemos a nuestros compañeros legisladores que en el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2010 se estudie la posibilidad de integrar el subsidio emergente para financiar el programa de fertilizante a los productores guerrerenses; en ese sentido, se les hace un exhorto a las autoridades involucradas en la ejecución del citado programa, para que en forma coordinada realicen las acciones pertinentes y coadyuven, dentro del ámbito de su competencia, en la aplicación efectiva del citado subsidio.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Los diputados por el estado de Guerrero en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hacen una atenta propuesta y petición a nuestros compañeros legisladores de la Sexagésima Primera Legislatura para que en el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se conforme y se le integre al citado Presupuesto un subsidio emergente para financiar a los productores guerrerenses afectados por la sequía atípica, en la adquisición de los insumos agrícolas básicos a través del programa de fertilizante.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas en la ejecución del programa de fertilizante, para que en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en materia de desarrollo rural integral, de manera coordinada realicen las acciones pertinentes y coadyuven, dentro del ámbito de su competencia, en la aplicación efectiva del citado subsidio.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Moreno Arcos.Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

GUARDERIAS SUBROGADAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea un comité de trabajo, cuyo objetivo es el estudio de las normas operativas de la regulación de las guarderías subrogadas del IMSSpara dotarlas de mayor calidad y seguridad.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez: Los suscritos, diputados Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto de Lucas Hopkins, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadilloy Jesús Alberto Cano Vélez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta honorable Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

Honorable asamblea, tenemos el honor de hablar por los habitantes del estado de Sonora y expresar el sentimiento con respecto a los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Hermosillo. Me refiero al incendio de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde perdieron la vida 49 niños menores de cuatro años.

Estamos conscientes que, si bien no fue un suceso intencional, sí fue algo previsible y que se pudo evitar. Por ello, les quiero exponer una serie de ideas. Las circunstancias posteriores a la catástrofe develaron una serie de incongruencias en la atención a los padres que tienen hijos lesionados de sus pulmones o afectaciones internas. Únicamente se ha considerado a los padres de niños fallecidos o que tienen quemaduras externas, para su atención.

Las profesoras afectadas no han sido atendidas adecuadamente y además no se les quiere liquidar conforme a la ley. Las afectaciones de los niños, como ya lo he mencionado, llegan a ser hasta quemaduras internas de sus pulmones, que requieren cuidados y tratamientos de un alto costo económico y que además sólo se realizan en esta ciudad capital o en el extranjero.

Por ello, dentro de los acuerdos tomados por las autoridades y los padres de familia, se estableció la habilitación de un neumólogo en la ciudad de Hermosillo, que hasta la fecha no se tiene. Los padres de familia, por el temor de llevar a sus hijos a guarderías, han solicitado que se les entregue a ellos la cantidad que el IMSS estaría pagando por cada niño como subrogación.

Aparte existe un reclamo generalizado, porque no se atiende a los niños discapacitados. Como pueden ver existen demasiadas irregularidades en la forma de operación de las guarderías subrogadas y la atención de las autoridades a las familias afectadas.

Por esto, el punto de acuerdo en cuestión nos da la oportunidad de avanzar en las políticas públicas que el Estado está obligado a adoptar por la seguridad de todos sus habitantes, en especial de nuestros niños.

De esta manera, consideramos que debemos crear, en el marco de las facultades legislativas, la obligación de esta Cámara, que por medio de un comité de trabajo establezca el compromiso de estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

Ningún comité de trabajo o estudio se encuentra completo si no se incluye a las autoridades competentes en la materia y, especialistas en el tema para enriquecer las proposiciones. Por ello, proponemos, junto con la creación del comité, exhortar a las autoridades del IMSS a que se unan al equipo de trabajo y lanzar la convocatoria pública de participación ciudadana.

Todo trabajo sería en vano si no logramos concretar los esfuerzos del Comité en materia tangible. Por tanto, es necesario poder mantener un plan de trabajo constante para la consecución del objeto de la representación, iniciando con la solicitud de información al IMSS, de las medidas adoptadas para procurar la seguridad de las guardarías y poseer un marco referencial de estudio, establecer una agenda mínima del trabajo del Comité para el primer periodo de esta legislatura y presentar los resultados antes de acabar con el periodo de sesión.

El Poder Legislativo no debe estar ajeno a este problema; se encuentra obligado a impulsar las reformas necesarias para evitar que se repitan estas catástrofes. Por ello apelo al interés y razón de esta asamblea, para acordar los puntos de acuerdo que detallo.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación del comité de trabajo, cuyo objetivo primordial es el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política invitar a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a participar dentro del comité de trabajo para el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, solicitar la información de las medidas adoptadas para procurar su seguridad.

Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde las medidas necesarias para el lanzamiento de la convocatoria pública de propuestas de la sociedad civil, para lograr las reformas a las normas operativas de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cuarto. Se solicita a la Junta de Coordinación Política gire solicitud de información a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de las medidas adoptadas para la seguridad de las guarderías subrogadas.

Quinto. Se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, indemnizar a los padres de familia de niños con lesiones internas a causa del incendio y habilitar el médico neumólogo pediatra, en la ciudad de Hermosillo, para la terapia de los infantes, incorporarlo en su política de servicios y otorgar la subrogación directa a los padres de familia.

Sexto. Se solicita a las autoridades del IMSS acuerden las medidas necesarias para otorgar extraordinariamente los permisos a las madres de ausentarse para el cuidado de sus hijos.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea un comité de trabajo que estudie las normas operativas de la regulación de las guarderías subrogadas del IMSS para dotarlas de mayor calidad y seguridad, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrante de esta honorable legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía el consiguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Honorable asamblea, tenemos el honor de hablar por los habitantes de Sonora y expresar el sentimiento respecto a los sucesos del 5 de junio en Hermosillo, me refiero al incendio de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), donde perdieron la vida 49 niños menores de 4 años.

Estamos conscientes que, si bien no fue un suceso intencional, sí fue algo previsible y que se pudo evitar; por ello, les quiero exponer una serie de ideas.

Dentro de las fallas de operación que se observaron, fue que no existen normas específicas o estrictas para la adaptación o instalación de centros de cuidado de infantes, no se invierte en alta tecnología de cuidado, materiales no flamables, cámaras de seguridad, falta de personal especializado y salidas de emergencia adecuadas; tampoco existe regulación entre el costo real de operación y las ganancias por la subrogación de las guarderías. Se sabe que la inversión en el centro o guardería es, por mucho, inferior a la ganancia que ésta aporta. Aunado a esto, la legislación del seguro social no prevé la posibilidad de cuidados maternos, entendiéndose éstos como los permisos que tienen las madres de ausentarse cuando sus hijos se enferman, todo a causa de la pobre regulación que existe en la materia.

Aquí no acaba el problema. Las circunstancias posteriores a la catástrofe develaron una serie de incongruencias con la atención a los padres que tienen hijos lesionados de sus pulmones o afectaciones internas, únicamente se han considerado a los padres de niños fallecidos o que tengan quemaduras externas para su atención, las profesoras afectadas no han sido atendidas adecuadamente y además no se les quiere liquidar conforme a la ley. Las afectaciones de los niños, como ya lo he mencionado, llegan a ser hasta quemaduras internas de sus pulmones, lo que requiere un tratamiento de alto costo económico, además de que sólo se realiza en esta ciudad capital o en el extranjero. Por ello, dentro de los acuerdos tomados por las autoridades y los padres de familia se estableció la habilitación de un neumólogo en Hermosillo, que hasta la fecha no se tiene.

Los padres de familia, por el temor de llevar a sus hijos a guarderías, han solicitado que se les entregue a ellos la cantidad que el IMSS estaría pagando por cada niño como subrogación, aparte existe un reclamo generalizado porque no se atiende a los niños discapacitados.

Como pueden ver, existen demasiadas irregularidades en la forma de operación de las guarderías subrogadas y la atención de las autoridades a las familias afectadas.

Por esto, el punto de acuerdo en cuestión nos da la oportunidad de avanzar en las políticas públicas que el Estado está obligado a adoptar por la seguridad de todos sus habitantes, en especial, de nuestros niños. De esta manera consideramos que debemos crear, en el marco de las facultades legislativas, la obligación de esta Cámara que, por medio de un comité de trabajo, establezca el compromiso de estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

Ningún comité de trabajo o estudio se encuentra completo si no se incluye a las autoridades competentes en la materia y especialistas en el tema para enriquecer las proposiciones. Por ello, proponemos, junto con la creación del comité, exhortar a las autoridades del IMSS a unir al equipo de trabajo y lanzar la convocatoria pública de participación ciudadana.

Todo trabajo sería en vano si no logramos concretar los esfuerzos del comité en material tangible; por tanto es necesario poder mantener un plan de trabajo constante para la consecución del objeto de la representación, iniciando con la solicitud de información a las autoridades del IMSS de las medidas adoptadas para procurar la seguridad de las guarderías y poseer un marco referencial de estudio, establecer una agenda mínima de trabajo del comité para este primer periodo de sesiones de la LXI Legislatura y presentar los resultados antes de acabar con el periodo de sesiones. El Poder Legislativo no debe estar ajeno a este problema. Se encuentra obligado a impulsar las reformas necesarias para evitar que se repitan estas catástrofes; por ello apelo al interés y razón de esta asamblea para acordar los puntos de acuerdo que detallo.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de un comité de trabajo cuyo objetivo primordial es el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social para dotarlas de mayor calidad y seguridad.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que invite a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a participar dentro del comité de trabajo para el estudio de las normas operativas de regulación de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, solicitar la información de las medidas adoptadas para procurar su seguridad.

Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde las medidas necesarias para el lanzamiento de la convocatoria pública de propuestas de la sociedad civil para lograr las reformas a las normas operativas de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cuarto. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire solicitud de información a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de las medidas adoptadas para la seguridad de las guarderías subrogadas.

Quinto. Se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles que indemnice a los padres de familia de niños con lesiones internas a causa del incendio, habilitar el médico neumólogo pediatra en Hermosillo para la terapia de los infantes e incorporar en sus políticas de servicio otorgar la subrogación directamente a los padres de familia.

Sexto. Se solicita a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que acuerde las medidas necesarias para otorgar extraordinariamente los permisos a las madres de ausentarse para el cuidado de sus hijos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Acosta Gutiérrez.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE SUPERVISION DE RECURSOS EN MOMENTOS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SANEAMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES HIDRAULICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas.

El diputado Jorge Hernández Hernández: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Ramírez Acuña. Con su permiso, señores diputados que integran esta Mesa Directiva.

Compañeras diputadas y compañeros diputados de la LXI Legislatura. Su servidor, Jorge Hernández Hernández, diputado federal del XI distrito electoral de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta honorable soberanía vengo a exponer los motivos que fundamentan esta proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas.

En virtud de que el texto de diagnóstico prospectivo lo tienen ustedes, señores diputados, en la Gaceta Parlamentaria, me permito presentarles la importancia, con carácter de urgente u obvia resolución, que reviste esta proposición con punto de acuerdo.

De conformidad en el marco normativo constitucional es nuestro deber, como Congreso federal, establecer y corroborar contribuciones que permitan la supervisión en la aplicación de los recursos en momentos de contingencia ambiental, así como coadyuvar en las diversas tareas para impulsar medidas preventivas y correctivas en materia del sistema de redes hidráulicas.

Por ello, invito a las diputadas y a los diputados de esta legislatura a hacer conciencia de la responsabilidad que nos han conferido los ciudadanos mexicanos, y entreguemos buenos resultados de nuestro ejercicio legislativo.

Esta proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento del sistema de redes hidráulicas tiene como objetivo primordial prevenir, recomendar y supervisar los trabajos y acciones que los gobiernos, en sus tres órdenes, ejecuten en beneficio de nuestras poblaciones, que estamos representando en esta legislatura, en materia de prevención en momentos de contingencia ambiental y en el saneamiento preventivo y correctivo en el sistema de redes hidráulicas.

Legisladores de todas las fracciones parlamentarias han manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por hechos lamentables en momentos de contingencia ambiental ocasionados por los cambios climáticos que en los últimos años hemos vivido y que han provocado daños irreparables tanto en la economía personal como en los bienes materiales, en los patrimonios nacionales, en los patrimonios personales y, lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas.

El Distrito Federal, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Estado de México, entre otras entidades federativas, han sufrido los estragos de las inclemencias del tiempo. Es cierto, se han atendido los reclamos y solicitudes realizadas en otras legislaturas, así como los pronunciamientos en esta misma.

Hago referencia en estricto sentido a los recursos que se han otorgado al Fondo de Desastres Nacionales (Fonden), que no han llegado en tiempo ni forma a las distintas zonas afectadas.

Es por ello, señores diputados y señoras diputadas, la importancia de la creación de esta comisión especial con un solo objetivo: permitir, a través de la supervisión de la misma, que los recursos del Fonden, a través de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, lleguen a las personas que así lo necesiten y que en momentos de desgracias están solicitando el apoyo de ustedes, sus diputados federales. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Jorge Hernández Hernández, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Ante los graves problemas que vienen padeciendo los habitantes de los estados de la República afectados por las fuertes depresiones tropicales que dejan a su paso torrenciales lluvias, las que han provocado graves saturaciones e inundaciones en el drenaje profundo y en el sistema de redes hidráulicas.

Destacan problemas como la sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos; la grave disminución de recursos hídricos (mueren ríos, arroyos y lagunas); las sequías, el alto desperdicio que llega al 50 por ciento del recurso disponible; la falta de una política de tarifas por el servicio al valor real del suministro; elevada morosidad en pagos; tomas clandestinas; fugas; infraestructura antigua, entre otras.

En México crece la escasez de agua y decrecen los recursos hídricos. La tasa media mundial de disponibilidad es de 5 mil metros cúbicos; aquí en México es de 4 mil 400 metros cúbicos por habitante al año.

Los mantos acuíferos, en todo el país es grave su sobreexplotación y sobre todo la contaminación que tienen. El problema se debe principalmente a las descargas industriales o de aguas residuales sin tratamiento, las cuales constituyen un 68 por ciento del volumen descargado en ríos y cauces. Cada día se descargan 15 mil 600 millones de litros de aguas negras. Solamente se trata el 36 por ciento de las aguas residuales. Esto también causa el deterioro del patrimonio hídrico de México.

Durante todo el año el promedio de lluvia es de 750 milímetros. En el sureste del país se registra la mayor acumulación, llegando a tres mil; mientras que en algunas zonas sólo se logran cien milímetros.

El primer trimestre sólo se registró una acumulación de 8 milímetros, lo que representa 50 por ciento de los 16 milímetros que se acumularon durante éste periodo de 2007.

Las entidades federativas afectadas mayormente son: Distrito Federal, Veracruz, Tabasco, México. Tales son los casos de: Ecatepec que el agua ingresó entre cinco y 10 centímetros al menos a 400 viviendas de colonias como Xalostoc, Ciudad Azteca, San Agustín y Emiliano Zapata; en Chalco e Ixtapaluca de acuerdo con los primeros reportes, en el kilómetro 27 de la autopista México-Puebla, en el municipio de Chalco, se registró un encharcamiento por lo que la circulación vehicular se obstaculizó en ambos sentidos; las inundaciones en Tlalnepantla y Atizapán ocasionadas por la fractura del emisor; el 8 de septiembre de 2009, las inundaciones de hasta un metro y medio en suburbios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, dos fallecidos, encharcamientos considerables en el aeropuerto, estaciones de subterráneo, oficinas gubernamentales, calles y avenidas, son las consecuencias de la más fuerte tormenta en varios años que cayó la tarde de ese domingo en la Ciudad de México. También este 29 de septiembre de 2009 las lluvias azotaron a Veracruz, Hidalgo y Tabasco; en Xalapa las lluvias provocaron los daños en mil 500 kilómetros de carreteras; en Hidalgo más de 3 mil personas quedaron incomunicadas y hay por lo menos 300 hectáreas de cultivos en el municipio de Metztitlán, debido a la crecida del río Venados.

El 28 de septiembre de 2008, la fuertes lluvias que afectaron el municipio de Minatitlán; asimismo, arrastran lluvias tres toneladas de basura en Tabasco, la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado mantuvo medidas preventivas en los cuerpos de agua de Villahermosa a fin de evitar que las precipitaciones arrastraran deshechos a las calles. Asimismo en Veracruz las temporadas de estiaje son cada vez más severas y prolongadas, afectando agricultura, ganadería, industria y abasto de agua potable a las familias. De igual manera la Ciudad de México se está hundiendo debido a la cantidad de agua extraída de debajo de sus cimientos. Una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, México, DF, fue una fértil tierra de lagos. Sin embargo, en los últimos 500 años, los lagos han sido drenados y los bosques de los alrededores han sido talados. Mientras la ciudad crecía, el problema del agua se magnificaba. Debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado, hoy el agua de lluvia se mezcla con residuos y se le utiliza para la irrigación. La ciudad afronta ahora un serio riesgo de quedarse sin agua potable. Se estima que un 40 por ciento del agua de la ciudad se perderá por las filtraciones en los alcantarillados construidos a principios de siglo.

Es por ello, que los legisladores de todos los grupos parlamentarios han manifestado en diferentes momentos su preocupación por estos hechos lamentables, atendiendo los reclamos y las solicitudes de la población afectada; sin embargo, no tenemos la certeza de la oportuna aplicación de los recursos autorizados por el Fonden en cada una de las entidades afectadas, ni qué tipo de atención se otorga y por cuáles instancias administrativas se aplican; así como la ejecución precisa y pronta solución de los daños ocasionados.

Considerandos

Primero. Que los cambios climáticos sufridos en el mundo, están afectando dentro del territorio de la República Mexicana, ocasionando en temporada de lluvia una inusual precipitación de agua, ocasionando que los emisores de descarga lleguen a estar sobresaturados a su capacidad real que fue construida, dando como resultado grandes inundaciones así como perdidas materiales, económicas y humanas.

Segundo. Que en la mayoría de las entidades federativas se encuentran en estado de indefensión ante los cambios climáticos, enfrentando grandes adversidades surgidas por la incertidumbre por el comportamiento de la naturaleza, la dependencia de la infraestructura hidráulica existente, ocasionando que en temporada de lluvia se encuentren en constante desastres que afectan al desarrollo de las comunidades y del país.

Tercero. Que se requieren de medidas específicas de política, presupuestación y atlas de riesgo actualizado para que se enfrenten con nuevas obras hidráulicas, los efectos climáticos que van en detrimento de la población.

Cuarto. Que la situación de las inundaciones que año con año enfrentamos en el país, en esta honorable Cámara de Diputados se han impulsado proposiciones donde se solicita la utilización de recursos de Fonden para poder mitigar los daños materiales y el apoyo de familias en desgracia.

Quinto. Que el crecimiento demográfico en las últimas décadas ha ido en aumento, y con ello la saturación del servicio hidráulico, provocando grandes daños en el drenaje profundo motivo por el que urge la atención inmediata a la protección de la ciudadanía, para evitar así su afectación patrimonial; a través de un programa sustancial que establezca la supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, en tiempo y forma.

Sexto. Que como antecedente tenemos durante las Legislaturas LIX y LX tuvieron a bien, apoyar las proposiciones para la conformación del grupo de trabajo denominado: Para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención a las zonas de desastre ocasionados por las lluvias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz; así como la Comisión Especial denominada: Defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos''; respectivamente.

Séptimo. Que su aprobación en esta Cámara, ayudará a la supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental, así como, al saneamiento en el sistema de redes hidráulicas. Ya que no se han resuelto de manera satisfactoria las obras necesarias para evitar estos accidentes y los programas de contingencia han sido solo paliativos del momento.

Octavo. Que derivado de la acción anterior y ante la posibilidad que en este período de sesiones se discuta en lá Cámara de Diputados, la importancia de contar con una Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, que le de seguimiento a dicho dictamen y se fortalezcan sus contenidos de manera que nuestro país cuente con una legislación responsable, que atienda la realidad existente en nuestra población, ya que en este año han surgido nuevas situaciones de peligro para la ciudadanía que se requiere ser analizadas y atendidas, dándole oportunidad de tener un mejor tipo de vida y sus autoridades trabajen en conjunto para su beneficio.

Noveno. Que la atención de los asuntos del sistema hidráulico no sólo se circunscriben a la expedición de una ley en la materia; sino que deben analizarse otras alternativas de trabajo, que tendrán consecuencias en cuanto a sus disposiciones por efecto de la atención legislativa, creando nuevas disposiciones de ley y servicios administrativos en el ámbito de inversión e infraestructura urbano, renovación de la misma; así como mantenimientos preventivos y correctivos necesarios que así se requieran, en beneficio de los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos, el aprovechamiento del medio ambiente y su protección, sin dejar de lado el análisis presupuestal que sobre esta materia debe revisar esta Cámara de Diputados.

En tal virtud, y con base en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 y artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable soberanía, la creación de la Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento del sistema de redes hidráulicas.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.

La comisión especial atenderá las proposiciones que en materia de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en redes hidráulicas, se realicen por esta soberanía en aquellas zonas que se requiera por atención preventiva y correctiva o en desastres declarados previamente por la Secretaría de Gobernación.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Esta comisión especial deberá contar con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo. Esta comisión interactuará con las diferentes administraciones públicas federales, estatales, municipales, Conagua, protección civil, y demás instancias conexas, siendo un factor de apoyo en la definición e instrumentación para la correcta planeación y ejecución de acciones preventivas y correctivas, y en caso de desastres la aplicación expedita de los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos en zonas afectadas en momentos de contingencia, coordinará los diferentes niveles de gobierno para participar en la elaboración del atlas de riesgo más acorde a las realidades actuales, conjuntará los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para la elaboración de expedientes técnicos de las obras de infraestructura y diagnóstico.

Tercero. La Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas, estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

En su integración se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores provengan de las entidades federativas más afectadas.

Cuarto. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará por el término de supervisión, así como en el saneamiento del sistema de redes hidráulicas provocado por las lluvias torrenciales y hasta en tanto rehabiliten adecuadamente las zonas afectadas, no rebasando el término de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Hernández Hernández.Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación universitaria.

El diputado Juan Carlos Lastiri Quirós: Con el permiso de la Presidencia. Solicito, señor presidente, que el texto íntegro del punto de acuerdo que presento a esta soberanía forme parte del Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna a nombre de las legisladoras y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en el estado de Puebla. Lo hago con el convencimiento de que la educación superior es la base para construir un mejor país; lo hago con el objetivo de alertar sobre la intención de disminuir el presupuesto a las universidades públicas estatales.

Las 46 universidades públicas estatales atienden una matrícula superior a los 800 mil estudiantes; más del doble de la que atienden las universidades federales. Lo hacen con recursos limitados y con esquemas presupuestales que restringen su pleno desarrollo.

Dentro de ellas destaca la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que atiende a más de 60 mil estudiantes. Este Congreso no puede dejar de lado que los países que han apostado a la educación superior y a la ciencia como factores de desarrollo y bases para la creación de ciudadanía y democracia son las naciones con más altos niveles de desa-rrollo.

En este contexto resulta preocupante la caída de los recursos que se consideran en el Presupuesto 2010 para la Dirección General de Educación Superior Universitaria, a través de la cual se canaliza el subsidio federal a las universidades públicas estatales.

En efecto, para el ejercicio 2010 el Ejecutivo federal ha propuesto una asignación presupuestal a la mencionada dirección general de 35 mil millones 937 mil, los cuales resultan inferiores en 7 mil millones de pesos --lo que representa una disminución en términos reales de 16.9 por ciento-- respecto al presupuesto autorizado para 2009.

El análisis del presupuesto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria indica que el total del subsidio para 2010 disminuirá 16.6 por ciento en términos reales respecto al presupuesto 2009.

Por otra parte, con base en las estimaciones realizadas se considera que los subsidios para 2010 que recibirá el estado de Puebla tendrán una disminución significativa, por lo que se propone que con base en la revisión que se haga de las fuentes de ingresos para reorientar el proyecto presupuestal del Ejecutivo se canalicen al subsidio ordinario de la UAP 350 millones de pesos adicionales a lo aprobado en 2009. Es un monto que apenas hace justicia a una de las universidades más importantes del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el punto de acuerdo siguiente:

Se exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto a la Dirección General Superior de Universidades en 7 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado en 2009, en beneficio de 46 universidades públicas estatales.

Se exhorta a las mismas comisiones a detallar en el anexo correspondiente del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, para que a las universidades estatales que reciben subsidio ordinario, los montos estén asignados a cada una de éstas. Y se exhorta a las mismas comisiones a canalizar, a través del Presupuesto federal en el Ejercicio Fiscal 2010, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 350 millones de pesos más a los aprobados en 2009, como parte del subsidio ordinario que se apruebe para esta institución educativa.

Se solicita a la Presidencia que este punto de acuerdo se turne a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, a efecto de su análisis correspondiente. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación universitaria, a cargo del diputado Juan Carlos Lastiri Quirós, del Grupo Parlamentario del PRI

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Puebla, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se incremente y transparente la partida asignada a la educación superior universitaria, con base en los siguientes:

Antecedentes

México tiene una larga historia en la configuración de lo que es actualmente el sistema de educación superior. Algunos estudios afirman que tuvo la primera universidad en el continente americano, la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, fundada en 1551 y cerrada en la década de 1860, en cuyo momento se decía que solo contaba con tres profesores y menos de 20 estudiantes, todos de teología.

Durante las décadas posteriores, se empiezan a crear escuelas que se convirtieron en universidades o se unieron con otras. En 1929 la UNAM recibe su autonomía. Durante el periodo posterior a la Revolución, se fundaron entre otras las correspondientes a: Michoacán (1917), Sinaloa (1918), Yucatán (1922), San Luis Potosí (1923), Guadalajara (1924), Nuevo León (1933), Puebla (1937) y Sonora (1942).

Las universidades públicas desarrollan un esfuerzo sistemático y permanente tanto en la actualización curricular como en la innovación de las prácticas educativas, incorporando los avances del conocimiento, los nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y el uso de tecnologías de vanguardia.

Las 46 Universidades Públicas Estatales (UPES) atienden una matrícula superior a los 800 mil estudiantes, más del doble de la que atienden las universidades federales, lo hacen con recursos limitados y con esquemas presupuestales que restringen su pleno desarrollo. Dentro de ellas se destaca la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que atiende a más de 60 mil estudiantes en los niveles de educación media, licenciatura y posgrado.

Este Congreso no puede dejar de lado que los países que han apostado a la educación superior y a la ciencia como factores de desarrollo y base para la creación de ciudadanía y democracia son las naciones con más altos niveles de desarrollo, además de que han logrado resolver problemas esenciales para el bienestar de su población. Si se quiere pasar de las políticas públicas posibles, a las necesarias, la inversión en educación superior es de primer orden. El fortalecimiento presupuestal de las UPES debe ser una prioridad de esta Legislatura.

Lo anterior se deriva del hecho de que la universidad pública ofrece el 64 por ciento de los programas de posgrado; registra el 80 por ciento de la matricula en este nivel y realiza el 70 por ciento de los proyectos de investigación que financia Conacyt. El 47 por ciento de la totalidad del personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores pertenece a las universidades públicas. Otro aspecto que revela la competitividad educativa es la formación del personal con doctorado, que en México es de 2 mil 85 egresados por año. En México hay apenas 20 graduados con nivel de doctorado por cada millón de habitantes. Comparativamente, Estados Unidos gradúa 48 mil doctores al año, Corea 4 mil 900, España y Brasil, 6 mil doctores al año.

A la par, el número total de investigadores por cada mil personas empleadas en México (0.6) es diez veces menor que el promedio del área de la OCDE. Más de 60 por ciento de los investigadores en México trabaja en instituciones de educación superior, lo cual es evidencia adicional del papel protagónico de las universidades públicas en las actividades de investigación y desarrollo.

A fin de tan sólo incrementar en el estimado de inflación para 2010, el presupuesto aprobado para la DGESU en 2009, el monto para el próximo año tendría que ascender a por lo menos 7 mil millones de pesos más que la propuesta del Ejecutivo. Este monto es apenas equivalente al 1.4% del presupuesto de gastos fiscales estimado por la SHCP. El impacto multiplicador de estos recursos en la juventud estudiosa de. México sería fundamental, para que en plena crisis se mantenga la atención a la mayor cantidad de estudiantes posible.

Asimismo, se precisa que esta soberanía apruebe el subsidio que se destina a las UPES, y que en el anexo correspondiente se detalle el monto para cada una de ellas en lo particular, a fin de generar una mayor transparencia en los recursos que se les asignan, pero también tener más claridad y fortalecer la rendición de cuentas. Esta Cámara aprueba el monto global de subsidios, pero no los montos particulares por UPES, aun cuando sí las audita a través de la ASF. Con esta propuesta, el ciclo: aprobación, ejercicio, fiscalización se cierra de manera óptima.

Por otra parte, con base en las estimaciones realizadas se considera que los subsidios para 2010 que recibirá el estado de Puebla tendrán una disminución significativa. Por lo que se propone que con base en la revisión que se haga de las fuentes de ingreso para reorientar el proyecto presupuestal del Ejecutivo, se canalicen al subsidio ordinario de la BUAP 350 millones de pesos adicionales al aprobado para el año 2009. Es un monto que apenas hace justicia a una de las universidades más importantes del país.

Si revisamos el panorama de la educación superior en México, nos daremos cuenta que muchos de sus problemas derivan precisamente de la falta de una política de estado en la materia, que ha impedido avanzar de forma sostenida hacia los objetivos que se han planteado, y que colocan a nuestro país en desventaja competitiva frente a otras naciones.

¿A quien compete financiar la educación superior? En el caso de México, no hay lugar a dudas que al Estado. A través de la federación, los gobiernos estatales y municipales, tiene la obligación de financiar ese nivel educativo, según lo establece el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Panorama presupuestal 2010

Por todo ello, resulta preocupante la caída en los recursos que se consideren en el Proyecto de Presupuesto 2010, para la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) a través de la cual se canaliza el subsidio federal a las UPES.

En efecto, para el ejercicio de 2010, el Ejecutivo federal ha propuesto una asignación presupuestal a la DGESU de 35,937.1 millones de pesos, los cuales resultan inferiores en 7,303.5 millones de pesos, lo que representa una disminución en términos reales de 16.9% con respecto al presupuesto autorizado en el PEF de 2009. El análisis de presupuesto de la DGESU indica que el total de subsidios para 2010 disminuirán el 16.6% en términos reales respecto al PEF 2009.

Por lo anteriormente expuesto, someto, a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en 7 mil millones de pesos, respecto del presupuesto aprobado para 2009.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a detallar en el anexo correspondiente del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, las Universidades Estatales que recibirán subsidio ordinario en ese ejercicio fiscal.

Tercero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a canalizar a través del presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2010, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 350 millones de pesos más a los aprobados en 2009, como parte del subsidio ordinario que se apruebe para esa institución de educación superior.

Cuarto. Se solicita a la Presidencia que este punto de acuerdo se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta honorable Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Lastiri Quirós.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISION ESPECIAL DEL CAFE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café.

El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, dentro de las actividades agrícolas con mayor importancia y arraigo en nuestro país destaca la cadena productiva del café. Dicha actividad constituye uno de los negocios más rentables a nivel mundial y con mayor valor comercial.

El cultivo del café representa una importante entrada de divisas para los 50 países productores, entre los que se encuentra México ocupando el quinto lugar en importancia.

Como sabemos, el café en México se produce en cuatro zonas cafetaleras comprendidas en 12 estados de la República, que abarcan 398 municipios, según el padrón nacional cafetalero. El café representa cerca de 14 por ciento de las exportaciones totales, de las cuales aproximadamente 80 por ciento se va hacia Estados Unidos. En esta actividad se emplean casi tres millones de mexicanos, principalmente en zonas marginadas e indígenas.

Pese a las grandes oportunidades de mercado que ofrece el aromático, en nuestro país existen factores que debilitan su competitividad, tales como la marginalidad en que vive 80 por ciento de los productores, la deficiente infraestructura cafetalera, falta de apoyos para la renovación de los cafetales de avanzada edad, falta de capacitación para el mejoramiento de los procesos de siembra y cultivo, escasez de mano de obra por la creciente migración, abandono de las tierras, rotación de cultivo, la existencia de intermediarios y los altos costos de producción han hecho que el cultivar café ya no sea atractivo para los campesinos.

Otro lastre que afecta a los pequeños productores de café es la falta de financiamiento oportuno y en condiciones favorables, toda vez que los créditos disponibles de origen gubernamental son otorgados de manera discrecional y la banca privada no manifiesta ningún interés en apoyar a este sector.

No obstante que en la actualidad la tendencia de los precios internacionales del grano ha mejorado, en nuestro país persisten los problemas de la producción, de la calidad, de asistencia técnica y de capacitación.

En Veracruz se asientan las principales regiones productoras del país, con una calidad reconocida a nivel internacional. Por ello sabemos que es necesaria la implementación de una política de Estado urgente, que restaure la cadena productiva del café y que garantice un precio justo a la cosecha del grano.

La cafeticultura debe ser vista como una oportunidad de crecimiento económico y fuente de desarrollo social y regional.

Cabe señalar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, el Ejecutivo federal propone reducir sustancialmente los recursos destinados al Programa de Fomento Productivo del Café. De ahí que resulte indispensable y urgente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se contemple un incremento en las partidas que se destinan a los programas sociales y de apoyo a la producción que inciden en este importante sector.

Por lo anteriormente expuesto, resulta indispensable dar continuidad al trabajo realizado por las dos legislaturas que nos precedieron. La creación de la Comisión Especial del Café debe fortalecer una instancia legislativa donde se analicen y se propongan alternativas y estrategias tendentes a apoyar de forma integral esta importante actividad.

Señoras diputadas y señores diputados, los que suscriben, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Cruz López Aguilar y María Isabel Pérez Santos, diputados federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial del Café. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial del café, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Cruz López Aguilar y María Isabel Pérez Santos, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial del Café, conforme a las siguientes

Consideraciones

Dentro de las actividades agrícolas con mayor importancia y arraigo en nuestro país, destaca la cadena productiva del café. Dicha actividad constituye uno de los negocios más rentables a nivel mundial y con más valor comercial.

El cultivo del café representa una importante entrada de divisas para los 50 países productores, entre los que se encuentra México ocupando el 5 lugar en importancia.

El café en México se produce en cuatro zonas comprendidas en 12 estados de la República: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, que abarcan 398 municipios (padrón nacional cafetalero).

El café representa cerca del 14 por ciento de las exportaciones totales, de las cuales aproximadamente el 80 por ciento se va hacia Estados Unidos. La mayor parte del café que se exporta es ``verde'', es decir, sin ser procesado o tostado.

Pese a las grandes oportunidades de mercado que ofrece el aromático, en nuestro país, existen factores que debilitan su competitividad tales como: la marginalidad en que vive el 87 por ciento de los productores, la deficiente infraestructura carretera, falta de apoyos para la renovación de los cafetales de avanzada edad; falta de capacitación para el mejoramiento de los procesos de siembra y cultivo; escasez de mano de obra por la creciente migración, abandono de las tierras, rotación de cultivo, la existencia de intermediarios, y los altos costos de producción han hecho que cultivar café ya no sea atractivo para los campesinos.

Por otra parte, a raíz de la ruptura del pacto para regular la oferta y la demanda entre los países productores y la mayoría de los consumidores que formaban la Organización Internacional del Café (OIC), en 1989, el precio del café se derrumbó y con ello se desató una crisis para los campesinos productores que vieron que su cultivo supone mucho trabajo y pocos beneficios económicos. Lo anterior se tradujo en una baja del nivel de vida de los campesinos, en migración, en abandono de las tierras y en desempleo. A pesar de algunos periodos de estabilización, el precio no ha dejado de fluctuar.

Cabe señalar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha planteado en su Programa Sectorial el reforzamiento de las cadenas productivas desde la producción primaria, el procesamiento, la transportación, y la comercialización interna y externa, con la finalidad de elevar la productividad y la calidad de los productos; sin embargo, y pese a ello, el sistema productivo del café no ha podido repuntar sus niveles de productividad, por lo que actualmente se encuentra enfrentando una crisis de enormes dimensiones.

Así, el Consejo Mexicano del Café ha resultado ser un mecanismo discrecional que a final de cuentas fue absorbido por Sagarpa y su política centralista, por encima de la soberanía de los estados cafetaleros.

También es de reconocerse que anteriormente existía una verdadera política de Estado en materia de cafeticultura; se afirma lo anterior, puesto que a través de la creación de distintos organismos promotores del café como lo fueron Beneficios Mexicanos del Café, en 1945; la Comisión Nacional del Café, en 1949; y el Instituto Mexicano del Café, en 1958, se brindó el apoyo organizativo, técnico, de defensa, investigación, transferencia de tecnología, así como el marketing necesario para posicionar el café mexicano en el mundo.

Dicha política, propició que en los años setenta del siglo pasado, con una superficie de 762 mil hectáreas y con 282 mil productores que generaban una producción de 5 millones de sacos al año, este producto se convirtiera en el segundo commodity nacional, solo por debajo del petróleo.

A partir de la década de los ochenta, y debido a diversos factores, unos externos, como una fuerte sobreproducción mundial y la consecuente caída estrepitosa en los precios del producto a nivel internacional, y otros internos, como una mala planeación de las políticas gubernamentales asociadas al sector del café, la desaparición del Instituto Mexicano del Café, produjeron una severa caída en los precios del café, afectando gravemente la estructura productiva de los productores y sus organizaciones.

A raíz de todo lo anterior, las empresas trasnacionales se consolidaron, apropiándose de esta manera de un alto porcentaje del mercado del café, centrándose en un modelo basado en la compra venta de volúmenes, más allá de la calidad del producto.

Según un estudio realizado por el Banco Mundial a solicitud de la Organización Internacional del Café, el mercado internacional presenta un crecimiento promedio del consumo de 1.6 por ciento anual, que no es significativo contra el comportamiento de la producción de café.

Este hecho afecta negativamente al mercado interno por las condiciones de bajo consumo que presenta, e impacta en el equilibrio de nuestra balanza comercial. Sin embargo, el mercado interno es una de las áreas de oportunidad para compensar nuestra alta vulnerabilidad ante el comportamiento de los precios del café en las bolsas de comercio.

En México se requiere promover un esquema que rompa con el dominio que ejercen las transnacionales a los productores de café, sobre todo a los pequeños. Estas empresas presionan la oferta permanentemente a la baja, debido a la carencia de una visión empresarial que no se orienta hacia la diferenciación y al posicionamiento de la calidad del producto.

Otro lastre que afecta a los pequeños productores de café es la falta de financiamiento oportuno y en condiciones favorables, toda vez que los créditos disponibles de origen gubernamental son otorgados de manera discrecional y la banca privada no manifiesta ningún interés por apoyar a este sector.

No obstante que en la actualidad la tendencia de los precios internacionales del grano ha mejorado, en nuestro país persiste el problema de la producción, la calidad, asistencia técnica y capacitación.

Por ello, es menester que la Sagarpa contribuya al mejoramiento de ese sector mediante el establecimiento de programas que reviertan la caída en la productividad así como en la calidad del grano, a fin de que se restituya su competitividad y con ello se mejoren los ingresos y niveles de vida de los casi 490 mil productores de café, así como las condiciones de las casi 700 mil hectáreas dedicadas a la producción de café, en 12 estados de la República Mexicana, entre los que destacan Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Hoy día, los programas gubernamentales de apoyo a los productores agrícolas, como Alianza para el Campo y Empleo Temporal, no han significado buenas noticias para los productores de café, pues la realidad que los pequeños productores viven es que sus ingresos han disminuido y los costos de los insumos se han elevado.

Por ello es necesaria la implementación de una política de Estado urgente que restaure la cadena productiva del café y que garanticen un precio justo a la cosecha del grano.

Recordemos que gran parte de los pequeños productores de café son de origen indígena y que además viven en condiciones de pobreza y discriminación constante. Debemos abandonar el dañino esquema de promoción del crecimiento agrícola sin el debido desarrollo social.

La cafeticultura debe ser vista como una oportunidad de crecimiento económico y como fuente de desarrollo social y regional.

Cabe señalar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, el Ejecutivo Federal propone asignar un monto de 500 millones de pesos para el programa Fomento Productivo de Café, cifra que resulta por demás insuficiente para afrontar los graves retos de la industria cafetalera en el país.

De ahí que resulte indispensable y urgente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se incluya un incremento en las partidas que se destinan a los programas sociales y de apoyo a la producción que inciden en este importante sector.

Las dos últimas Legislaturas de la Cámara de Diputados han reconocido la importancia que tiene la industria cafetalera en México, como una fuente de empleo y de sustento para millones de mexicanos, así como un motor de desa-rrollo de las regiones en donde se cultiva, por lo que se aprobó la creación y funcionamiento de la Comisión Especial que hoy se propone.

Bajo esta lógica, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una vez más, reconoce la importancia de la cafeticultura en México y del impacto que tiene en la vida de millones de mexicanos.

Es por ello que continuaremos apoyando las necesidades de los productores de café, especialmente a los pequeños cafeticultores. Refrendamos nuestra disposición para trabajar en favor de ellos, de sus familias y del campo mexicano.

Por lo expuesto, resulta indispensable que nuevamente se cree en esta LXI Legislatura, la Comisión Especial del Café, como una instancia legislativa donde se analicen y se propongan alternativas y estrategias tendientes a apoyar de forma integral esta importante actividad.

Esta Comisión Especial será el espacio donde se dará cabida a las múltiples voces que convergen en la cafeticultura nacional, y en la que estarán representadas todas las fuerzas políticas que coexisten en esta Cámara de Diputados.

Por ello, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de la Comisión Especial del Café durante el ejercicio de la LXI Legislatura.

Segundo. El mandato de dicha Comisión, será el de analizar el entorno de la actividad cafetalera, para promover medidas de carácter legislativo y presupuestal para generar condiciones de mayor desarrollo de la producción, industrialización, comercialización, exportación y consumo del café mexicano, tanto en el mercado nacional como internacional, así como establecer canales de comunicación y coordinación institucionales con las dependencias del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales para atender las necesidades de los productores de café, especialmente las de los pequeños productores de café .

Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, procurando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Flores Espinosa.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS CON RESPECTO A LA MATERNIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 183 sobre la ``Protección de la Maternidad'' de la Organización Internacional del Trabajo. Atendiendo lo solicitado.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 183, sobre la protección de la maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, de conformidad con los motivos que a continuación expongo:

En el año 2000, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consolidó la revisión de la normativa internacional de protección a la maternidad en el empleo que venía haciendo desde años atrás, con la adopción del Convenio 183, que revisa el Convenio sobre la protección de la maternidad de 1952. Se llegó al consenso de que las relaciones laborales y el mundo del empleo habían cambiado desde la fecha de adopción del Convenio de 1952, y que la incorporación creciente de las mujeres al empleo hacía urgente el fortalecimiento del marco de protección de las trabajadoras y sus derechos reproductivos.

El Convenio 183 aplica a todas las mujeres trabajadoras, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo, lo cual es una de las mayores contribuciones de este documento internacional, que actualmente representa, para la Organización Internacional del Trabajo y sus miembros, el marco de los derechos de las mujeres trabajadoras con respecto a la maternidad, pues reúne derechos y principios como: descanso de catorce semanas por lo menos a repartirse antes y después del parto; prolongación del periodo de descanso en caso de padecer una enfermedad como consecuencia del parto; derecho a percibir íntegro el salario durante el descanso y no ver disminuidas sus prestaciones; derecho a contar con las prestaciones médicas necesarias para su vida reproductiva; derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo, mismas que deben ser contabilizadas como tiempo de trabajo y por tanto, remuneradas; prohibición al empleador de despedirla por ejercer sus derechos reproductivos; derecho a regresar al empleo una vez terminado su periodo de descanso por maternidad; prohibición de que se le exija a una mujer que solicita un empleo, a que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, por mencionar las disposiciones más relevantes. En otras palabras, el Convenio 183 de protección a la maternidad representa el catálogo de derechos que deben garantizarse a las mujeres que deciden ejercer su función reproductiva al mismo tiempo que mantenerse en su empleo.

El Convenio señala que sus disposiciones deberán aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo conforme a la práctica nacional.

En México, los lineamientos relativos a la maternidad se encuentran plasmados tanto en la Constitución Política como en leyes secundarias. La protección de la maternidad es, hoy por hoy, uno de los puntos fuertes de la legislación laboral mexicana. Sin embargo, sigue sin prohibirse a las personas empleadoras que soliciten prueba de ingravidez a las mujeres para obtener o conservar un empleo. Asimismo, el periodo de licencia por maternidad, que actualmente es de 12 semanas, se encuentra por debajo de las disposiciones internacionales. Además, las licencias por lactancia que establece la legislación mexicana no son armónicas con lo planteado en el Convenio 183. Estos son sólo tres ejemplos que plantean la necesidad de fortalecer la protección de las madres trabajadoras en la legislación laboral mexicana.

El Estado mexicano no ha firmado aún este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, pese a que éste entró en vigor a nivel internacional desde 2002. Consideramos importante exhortarlo a que lo haga, pues ello implicaría la necesidad de armonizar la legislación mexicana conforme a lo dispuesto en el Convenio 183 y redundaría en el fortalecimiento del marco de los derechos de las mujeres y de la infancia.

Indudablemente, un país que se considere democrático debe dar pasos permanentes en términos de alcanzar la plena garantía de los derechos humanos para todas y todos. La maternidad es uno de los más relevantes aspectos que deben protegerse, y, a la luz de la vida laboral, el compromiso por parte del Estado crece aún más. México, como país que ha trabajado activamente en el escenario internacional a favor de los derechos humanos, no puede permanecer al margen de este tipo de disposiciones tan importantes y de repercusiones tan amplias. Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, por la importancia que reviste el tema para millones de mujeres, niñas, niños y familias mexicanas, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 183, sobre la Protección de la Maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para diversas adquisiciones y obras para el Instituto Nacional de Investigación Nuclear.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, dependiente de la Secretaría de Energía, realiza investigación científico-tecnológica en el marco de las fronteras del conocimiento, en el área de la ciencia y la tecnología nucleares, proporcionando al pueblo mexicano servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular; puntos en los que radica la importancia de fortalecerlo e impulsarlo como parte estratégica del Estado mexicano.

El marco de la crisis mundial actual es un buen momento para reflexionar que sólo con la inversión en aspectos estratégicos y visión a mediano y largo plazo de los beneficios sociales, ambientales, y económicos que la naturaleza de dicho instituto permite es como se puede ir superando la falta de una política tendente a obtener recursos de la vinculación de la ciencia con la empresa.

Por ello, este proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 es un buen momento para considerar los recursos necesarios para que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares construya instalaciones seguras, adquiriera nuevo equipo, equipe los laboratorios; todo esto para apuntalar la investigación y desarrollo científico ya que es parte nodal del objeto de dicho instituto, para que pueda cumplir plenamente con los fines para los que fue creado.

Lo anterior es una obligación que debemos resolver de manera urgente. Hagamos conciencia de las necesidades reales de nuestro país. No se trata solamente de colocar o dar recursos de manera inconsistente ya que en lo referente al beneficio de carácter nacional, nuestra Constitución es clara y contundente.

Para continuar con un mejor desempeño de sus trabajos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, así como los diversos sectores científicos, académicos y sociales especializados se han manifestado por la necesidad de adquirir, instalar y operar un ciclotrón de 50 MeV (mega electrón-volts), en el centro nuclear de México.

Por ello presento ante ustedes los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, 600 millones de pesos para la adquisición, instalación y operación de un ciclotrón en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a efecto de trascender en el plano nacional e internacional en el desarrollo sustentable de la generación y uso de tecnologías avanzadas en materia nuclear.

Segundo. Se etiqueten en el Ramo 18, en el Programa de Obra Pública, recursos por 26 millones de pesos para la construcción de un edificio para albergar laboratorios; se etiqueten 28 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de desechos radioactivos; y se etiqueten 84.1 millones de pesos para la adquisición de equipo para laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico.

Finalmente, señor presidente, compañeros, quiero hacer un público reconocimiento al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear por fortalecer su compromiso permanente a favor de México. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere destinar recursos a diversas adquisiciones y obras para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Terrón Mendoza, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) dependiente de la Secretaría de Energía, Ramo 18, realiza investigación científico-tecnológica, en el marco de las fronteras del conocimiento en el área de la ciencia y la tecnología nucleares, proporcionando al pueblo mexicano servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular; incluso, dichos alcances, pueden beneficiar a América Latina y al mundo en general, puntos en los que radica la importancia de fortalecerlo e impulsarlo como parte estratégica del Estado mexicano.

En el marco de la crisis mundial actual, es un buen momento para reflexionar que sólo con la inversión en aspectos estratégicos y visión a mediano y largo plazo de los beneficios sociales, ambientales, y económicos, que la naturaleza de dicho instituto permite, se puede ir superando la falta de una política tendiente a obtener recursos de la vinculación de la ciencia con la empresa; por ello, en este proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, es un buen momento para considerar los recursos necesarios al ININ para construir instalaciones seguras, adquirir nuevo equipo, equipar los laboratorio y apuntalar la inversión en investigación y desarrollo científico, ya que es parte nodal del objeto de dicho instituto, para que pueda cumplir plenamente con los fines para los que fue creado.

Lo anterior, es una obligación que debemos resolver de manera urgente, hagamos conciencia de las necesidades reales de nuestro país, no se trata solamente de colocar o dar recursos de manera inconsistente, ya que en lo referente al beneficio de carácter nacional, nuestra constitución es clara y contundente en sus artículos 3°, 4°, 25 y 27 constitucional.

Diputadas y diputados, argumentos constitucionales, educativos, médicos, políticos, económicos y sociales sobran; sin embargo, lo más importante en un estado democrático de derecho, es que se respete nuestra Carta Magna y el marco normativo por el que se rige nuestro país, sí, nos referimos a lo mandatado en el artículo 3o., fracción VII, donde se establece claramente el objeto de investigar y generar conocimiento en beneficio del pueblo mexicano.

Respecto al artículo 4o. constitucional, no existe duda alguna respecto a que el derecho a la salud, es una garantía que el Estado otorga a la sociedad en su conjunto; de ahí que la compra del ciclotrón sea una necesidad urgente de realizar ya que no se puede seguir deteniendo el derecho y el acceso a la salud de nuestra sociedad; por otra parte, en el mismo artículo, encontramos el derecho a un ambiente sano y como toda tecnología de éstas características, se requiere de altas medidas de seguridad e instalaciones que cumplan con los más altos índices de protección hacia el medio ambiente; por ello, se debe contar e invertir en la construcción y conservación de instalaciones que den un adecuado tratamiento y almacenamiento de los residuos o desechos radiactivos; esto, conlleva proyectar laboratorios y equipamiento del más alto nivel a fin de mantener en la vanguardia científica, los centros de investigación nacionales.

Asimismo, en el artículo 25, se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Lo anterior, despeja cualquier duda de la obligación del Estado y del titular del Ejecutivo a invertir en las áreas prioritarias y que en un momento dado, pueden aportar recursos para el desarrollo nacional, de ahí que todos los diputados tenemos la obligación de manifestarnos a favor de invertir en el bienestar de nuestra población, la investigación y en la conservación de un medio ambiente sano; así como procurar el progreso y competitividad tanto de las empresas como de las áreas estratégicas del Estado mexicano.

Ahora, veamos algunas características y su impacto en la salud y en la posibilidad de obtención de medio que aporten mayores recursos a los presupuestos de la nación a mediano plazo. En éste sentido el ININ, tiene como misión de acuerdo al artículo 27 constitucional, coadyuvar al progreso económico y social del país, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y las diferentes tecnologías nucleares y temas afines, vinculados con la comunidad académica y el sector productivo, esta ha sido una característica en la que por años se han manifestado la comunidad científica y los responsables del sector productivo en nuestro país.

Para continuar con un mejor desempeño de sus trabajos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, así como diversos sectores científicos, académicos y sociales especializados, se han manifestado por la necesidad de adquirir, instalar y operar un ciclotrón de 50 MeV, en el Centro Nuclear de México, del ININ. Dicho equipo o ciclotrón, es un dispositivo empleado para acelerar partículas elementales de iones, hasta altas energías. Sin embargo, son de los instrumentos de mayor tamaño y más costosos utilizados en física. Recordemos que actualmente, en el mundo desarrollado, se está impulsando la investigación en esta área e incluso investigadores nacionales, han participado en los últimos experimentos realizados en la Unión Europea, por ello, no debemos escatimar en avanzar decididamente en este campo del conocimiento, sobre todo cuando el país cuenta con este capital científico.

La operación de un ciclotrón de 50 MeV en el ININ permitiría producir radioisótopos y emplearlos en medicina nuclear, ya que está compuesto por una fuente de partículas elementales o iones, un tubo donde existe un vacío parcial en el que las partículas pueden desplazarse libremente y un sistema para aumentar la velocidad de las partículas, las cuales, una vez cargadas, se aceleran mediante un campo electrostático; dicho así, es preciso mencionar la utilidad y el uso de dicha radiactividad en la vida cotidiana, la cual, muestra ser una herramienta útil para el tratamiento o diagnóstico de tumores. Esta radiactividad, se genera a partir de aceleradores de partículas o de radioisótopos producidos artificialmente, los cuales pueden ser insertados en una gran gama de moléculas y generar los radiofármacos indispensables para el diagnóstico o radioterapia.

El uso de radioisótopos para el diagnóstico precoz, ha permitido obtener imágenes en vivo del funcionamiento de órganos o sistemas, e identificar anormalidades en etapas muy tempranas en la progresión de una enfermedad. Para muchos problemas médicos, esta detección permite que la enfermedad sea tratada en una etapa temprana reduciendo el costo del tratamiento y al mismo tiempo, permite un pronóstico más favorable para los pacientes. Adicionalmente, el uso de radioisótopos, ofrece la posibilidad de realizar estudios dinámicos que no pueden lograrse con ultrasonido o la tomografía convencional. En el campo de la radioterapia, el radiofármaco, se deposita selectivamente en las células malignas con el objeto de destruirlas. Los radioisótopos, son producidos a partir de reactores nucleares o aceleradores de partículas (ciclotrones).

El uso del ciclotrón, se centra en los aspectos que son muy importantes para el país:

Considerando la experiencia de los trabajadores e investigadores del ININ en la producción, procesamiento y distribución de radioisótopos y radiofármacos en el sector salud nacional, la adquisición de un ciclotrón permitiría producir radioisótopos como el talio-201 o el galio-67, que ya tienen un mercado bien establecido en México, así como la posibilidad de producir y poner a disposición de centros hospitalarios nacionales e internacionales radioisótopos ampliamente utilizados en medicina nuclear en el mundo como el indio-11, el yodo-123, el rubidio-82, el fluor-18, carbono-11, oxígeno-15, entre otros muchos. La gran variedad de radioisótopos que pueden producirse por medio de ciclotrones y sus respectivos usos en medicina nuclear, permitirá a México ser un foco de generación de productos aplicables a la medicina nuclear a niveles sumamente competitivos y de alta calidad en los distintos rincones del planeta ya que su uso es indispensable en los padecimientos descritos, sobre todos si tenemos en cuenta que existen países que se centran en su uso inmediato, más que en la posibilidad de desarrollar esta tecnología, porque les implicará formar recursos humanos y adquirir equipo que cubra todas las fases de la cadena productiva con la que México ya cuenta de manera articulada, lo anterior hace al instituto competitivo en el sector.

Es importante mencionar que el ININ, ya genera recursos, pero aún no es autosuficiente por razones de consolidación del mercado, pese a ello, ajustar su presupuesto anual a los ingresos propios; por ello, se precisa del apoyo del Estado para lograr la rentabilidad que una estrategia de desarrollo nacional, requiere en la complejidad de la economía actual, por lo que, para ser más competitivos científica, tecnológica y comercialmente, es necesario crearle las condiciones de igualdad en relación con las transnacionales que ofrecen productos al mercado mexicano.

Por ser una cuestión estratégica para nuestro país la compra del ciclotrón, se requiere consolidar esta inversión por el monto total para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 que asciende a 600 millones de pesos, ya que desde años anteriores, se ha venido proponiendo su adquisición y no se ha podido consolidar; por esta razón, se hace un llamado a la conciencia y reflexión, sobre aquellas inversiones que pueden aportar mayor valor agregado y contribuir así con recursos que nuestra nación necesita para superar la crisis económica; dicho monto, sería suministrado de la siguiente manera 2010, 400 millones y 2011, 200 millones; sólo así, sería posible iniciar operaciones y consolidar la inversión en un equipo altamente necesario.

Por otra parte, es importante considerar que anualmente, el presupuesto adecuado para la operación del ININ, asciende a 1,125,728,164 millones de pesos y actualmente opera con subsidios por 477, 488, 036 millones de pesos; por lo que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al titular del Ejecutivo Federal a buscar los mecanismos convenientes para converger este déficit en la operación de ININ, ya que afecta su competitividad y estabilidad financiera.

En consecuencia, del análisis de la situación del ININ y de acuerdo con las opiniones de los expertos, es importante etiquetar en el Ramo 18, en el Programa de Obra Pública, la construcción de un edificio para albergar laboratorios por un monto de 26 millones de pesos. Otra etiquetación estratégica que no puede postergarse por la urgencia de su naturaleza, es la construcción de la planta de tratamiento de desechos radioactivos por un monto de 28 millones de pesos, no olvidemos que es trascendente para la seguridad ambiental y el adecuado almacenamiento de los desechos radiactivos; una última etiquetación de carácter prioritario y urgente, es la que garantizaría la adquisición de equipo para laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico por 84.1 millones de pesos.

Finalmente, se hace llamado urgente a esta honorable asamblea a adquirir conciencia sobre el particular para impulsar el derecho a la salud, fomentar la investigación y garantizar la sustentabilidad de nuestro medio ambiente y se continúe trabajando a partir de un mejoramiento progresivo de las políticas públicas y se permita el avance hacia la equidad y la igualdad en el acceso a la salud, las tecnologías de punta y el mejoramiento del medio ambiente al que los mexicanos tenemos derecho; de ahí, que en relación a los beneficios que se obtengan, estos recursos solicitados representan una parte marginal de los montos totales del presupuesto anual, actuemos con responsabilidad y en apego a lo que nuestra constitución mandata.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Ciencia y Tecnología a incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 seiscientos millones de pesos para la adquisición, instalación y operación de un ciclotrón en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a efecto de trascender en el plano nacional e internacional en el desarrollo sustentable de la generación y uso de tecnologías avanzadas en materia nuclear.

Segundo. Se etiqueten en el Ramo 18, en el Programa de Obra Pública, recursos por 26 millones de pesos para la construcción de un edificio para albergar laboratorios; se etiqueten 28 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de desechos radioactivos; y se etiqueten 84.1 millones de pesos para la adquisición de equipo para laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Terrón Mendoza.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señores diputados, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírezha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el señor diputado Lastiri. Pregunto al señor diputado Lastiri si no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión que nos ha hecho el diputado Flores Ramírez.

El diputado Juan Carlos Lastiri Quirós (desde la curul): Ningún inconveniente, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Entonces que se proceda a recoger las firmas de adhesión. Muchas gracias, señor diputado.

COMISION ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EXPORTACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación.

El diputado Alejandro Cano Ricaud: Con su venia, diputado presidente.

Los que suscriben, diputados chihuahuenses integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente:

Nuestro país vive hoy una situación económica muy compleja ya que el principal socio comercial que tenemos se encuentra en una crisis que afecta al mundo. Ante ello, es importante generar acciones en el ámbito legislativo que permitan, por una parte, conservar los empleos existentes, y por otra, atraer nuevas inversiones que beneficien a las familias mexicanas.

La industria manufacturera de exportación, comúnmente denominada industria maquiladora, ha venido evolucionando hasta convertirse en un pilar fundamental de la economía nacional.

Diversas son las actividades que se llevan a cabo en este tipo de industria. En sus inicios predominan las actividades más tradicionales como la producción de muebles y molduras de madera, la industria del cuero y el calzado, la fabricación de prendas de vestir, la industria del juguete, entre otras.

Con el tiempo, empresas de mayor envergadura se instalaron con la finalidad de realizar fases de su proceso productivo con alto valor agregado. Hoy día son diversos los agrupamientos industriales desarrollados donde destacan los siguientes: automotriz, electrónica, tecnologías de la información, electrodomésticos, biotecnología, aeroespacial.

Actualmente, según datos proporcionados por la Cámara de la Industria Manufacturera de Exportación, esta industria contribuye con 44 por ciento de las exportaciones totales de nuestro país; además, la industria manufacturera tiene vínculos con el desarrollo regional en la diversificación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; aunado a que permite el desarrollo social por medio del trabajo productivo y la mano de obra calificada.

Datos proporcionados por el Inegi en la estadística que lleva a cabo sobre el comportamiento de la industria manufacturera de exportación, a diciembre de 2006 en nuestro país se encontraban 2 mil 783 establecimientos de este tipo de industria, la cual emplea en el país a más de un millón de trabajadores.

La función de todas y cada una de las esferas de gobierno es actuar para prevenir la pérdida de empleo a través de una política de desarrollo económico que incentive la inversión nacional y extranjera, que fomente la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología, la investigación, la incorporación de valor agregado en la producción, entre otras.

La industria manufacturera de exportación enfrenta, además de la crisis financiera internacional, otro tipo de problemas y retos en el contexto internacional como es la pérdida de competitividad, la falta de certidumbre jurídica y la incertidumbre fiscal, entre otros.

Sin lugar a dudas, los programas del gobierno federal cuentan con presupuestos insuficientes que no logran cubrir las necesidades de las empresas que invierten en sectores modernos y de gran tecnología; por tanto, una de las tareas de esta legislatura es buscar asignar un mayor presupuesto a los programas que deban impulsar el desarrollo industrial y económico. También desde el Congreso debemos promover la elaboración de reglas de operación con una mayor transparencia y más democracia en la asignación de los recursos federales.

Por las razones expuestas ante esta asamblea, y no sin antes puntualizar que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Asimismo, acorde con la normatividad que rige a esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política generar los acuerdos necesarios para la creación de comisiones especiales.

Nos dirigimos a ustedes, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, con objeto de solicitarles se aprueben los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se constituye la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación con objeto de estudiar a fondo su evolución y sus requerimientos ante el entorno económico y social actual, como una industria fundamental para el crecimiento económico y el empleo, así como proponer e impulsar acciones que promuevan su desarrollo.

Segundo. La comisión estará formada por 20 diputados que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad, con la inclusión de todos los grupos parlamentarios.

Tercero. La comisión funcionará durante la LXI Legislatura.

Cuarto. La comisión deberá rendir de manera semestral un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Solicito a la Presidencia que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Gracias, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Alejandro Cano Ricaud, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La industria manufacturera de exportación (conocida como industria maquiladora) es uno de los sectores más estudiados y debatidos de la realidad social y económica del norte de México. Esta relevancia se debe, en parte, al peso cada vez mayor de tales empresas en los indicadores industriales del país, pero también a la carga política e ideológica que suele estar asociada a su evaluación; es decir, el análisis del desempeño de las maquiladoras por lo general supone una evaluación del modelo de desarrollo industrial del país.

La expansión de las maquiladoras ha generado una parte sustancial del crecimiento industrial en el norte de México durante los últimos 40 años. Originalmente, estas operaciones industriales formaron parte de una estrategia temporal del gobierno mexicano, para abatir el desempleo en la zona fronteriza con Estados Unidos de América; sin embargo, al paso del tiempo se convirtieron en una pieza fundamental del desarrollo industrial y adquirieron una importancia enorme para la economía mexicana. Para las empresas extranjeras, que establecieron operaciones de maquila en México, este esquema resultó muy ventajoso, ya que les permitió reducir drásticamente sus costos laborales, al instalarse en una región geográfica cercana y pagar salarios competitivos.

Al inicio, estas plantas se dedicaban a actividades intensivas en mano de obra, operaban con tecnologías rudimentarias y en condiciones precarias; en la actualidad muchas ya cuentan con tecnologías de punta, organización moderna y fuerza de trabajo bien capacitada. A fines de 2000, tanto la cantidad de establecimientos como de trabajadores llegaron a su punto más elevado, y en 2001 inició un periodo de contracción, en gran medida ocasionado por la recesión de la economía estadounidense. En el primer trimestre de 2002, el empleo había disminuido en 22 por ciento y el número de plantas en 20, según la General Accounting Office (GAO). Conforme la economía de Estados Unidos de América empezó a mostrar signos de reactivación, la mayor parte de esos empleos se recuperaron, sin embargo, hay evidencias de que la declinación iniciada en 2001 no fue sólo un problema coyuntural, pues México enfrenta una fuerte competencia de otros países como China, o algunos de Centroamérica y del Caribe.

De acuerdo con los datos del anexo estadístico del sexto informe de gobierno de septiembre de 2006, el valor de las exportaciones de las maquiladoras en 2005 ascendió a más de 97 mil millones de dólares, lo que representó 45.5 por ciento de las exportaciones totales y 55.6 de las manufactureras. Asimismo, había 1 millón 166 mil 250 personas ocupadas, es decir, las fábricas generaban 37.8 por ciento del empleo.

Como se observa en la gráfica siguiente (que incluye sólo a las empresas oficialmente registradas como maquiladoras), entre 1975 y 2000 el número de plantas se multiplicó por ocho y el personal ocupado por 18.

Así, el periodo de mayor crecimiento abarca de 1985 a 2000. No sólo se trata del lapso en el que las cifras de producción y empleo alcanzaron sus registros mayores, sino también de una etapa en la que el concepto original de ``industria maquiladora'' se transformó de manera sustantiva, tanto en los procesos productivos como en la organización industrial y en el marco legal. A finales de 2000 había 3 mil 703 plantas con poco más de 1 millón 300 mil trabajadores. Durante esos años se convirtieron en la fuente principal de empleo industrial y la segunda en generación de divisas; llegaron a representar la mitad de las exportaciones mexicanas y 40 por ciento del empleo manufacturero.

Este crecimiento resulta relevante, porque se trata de un periodo de estancamiento del empleo manufacturero en México. De 1985 a 2000, la tasa de crecimiento anual del trabajo en las maquiladoras fue de 13 por ciento, en tanto que en el resto del sector manufacturero fue menor a 1.

Las actividades que crecieron más rápido fueron la fabricación de autopartes y la confección, aunque la industria electrónica se mantuvo como la mayor concentradora de plantas y empleados.

Después de crecer casi sin interrupción desde su origen, el número de maquiladoras empezó a declinar de manera acelerada a finales de 2000. En octubre de ese año el empleo llegó a su punto más alto, con 1 millón 338 mil 970 trabajadores. Pero de noviembre de 2000 a diciembre de 2001 se perdieron poco más de 250 mil puestos de trabajo. A mediados de 2002, el empleo se había reducido en 20 por ciento y la producción en 30. El sector más afectado fue el de la electrónica, especialmente en la región fronteriza. Sin embargo, cuando la economía de Estados Unidos de América empezó a recuperarse, esa tendencia se revirtió en parte y al final del primer semestre de 2006, se tenían registradas un total de 2 mil 822 plantas y 1 millóm 223 mil 180 empleos.

Las maquiladoras siguen teniendo un papel crucial en la economía mexicana y continúan siendo una opción rentable para las transnacionales de la electrónica, las autopartes y el vestido, entre otras actividades altamente globalizadas. Pero más allá de sus crisis coyunturales y las oscilaciones de sus indicadores principales, es un hecho que se han transformado de manera fundamental. Por una parte, los cambios profundos en la organización productiva han rebasado con mucho el esquema original de ensamblaje de bajo valor agregado para la exportación. Por otro lado, las maquiladoras están destinadas a diluirse paulatinamente, conforme los diferentes programas exportadores homogenicen sus reglas de operación y desaparezca su excepcionalidad como régimen de exportación.

Así, el ``modelo maquilador'', diseñado como un recurso de emergencia, se fue transformando hasta convertirse en la base del desarrollo industrial en la región norte de México y en el frente más dinámico de las exportaciones del país. Todos estos cambios legales estuvieron en su momento ligados con los estructurales experimentados por las maquiladoras y con el reconocimiento de la importancia creciente de estas empresas para la economía mexicana. Como parte de esa evolución continua de las normas en el medio empresarial y gubernamental, se espera la emisión de decretos nuevos, que homologuen las reglas de operación para las maquiladoras y las empresas Pitex, con lo que se eliminaría el carácter de excepcionalidad de las maquiladoras y, en consecuencia, que se cambien las ventajas arancelarias y fiscales para las empresas en esquemas de ``producción compartida'' y de manufactura para la exportación.

La utilización de tecnologías avanzadas produjo un cambio en la composición de la fuerza de trabajo, al requerir más trabajadores calificados, técnicos e ingenieros. En 1980, el porcentaje de técnicos era de 9 por ciento, a mediados de 2006 había llegado a 13. Pero en algunas actividades y regiones el empleo de técnicos es mayor, como es el caso de las maquiladoras electrónicas y de autopartes, que emplea a 15 por ciento, y de las ubicadas en Jalisco (17.5) y Chihuahua (15), según datos del Inegi. Asimismo, la expansión constante de la industria requirió contratar gran cantidad de directivos y administradores. De acuerdo con un estudio, durante la década de los noventa tan sólo en Tijuana y Ciudad Juárez se impulsaron unos 500 nuevos puestos gerenciales cada año y 7 de cada 10 de ellos fueron ocupados por mexicanos.

Ninguna firma, ni siquiera las empresas líderes del mercado, puede generar internamente las diversas capacidades exigidas por la competencia global. Por tanto, según diversos autores, un aspecto decisivo de la competitividad consiste en la habilidad para proveerse de especialistas fuera de la firma. Según esta lógica, las empresas transnacionales con operaciones de maquila en México necesitan transferir capacidades técnicas y gerenciales a sus filiales y proveedores locales, para que sean capaces de cumplir con sus exigentes estándares de calidad y a la vez disminuir sus costos de producción. Una vez que han logrado elevar sus capacidades, los nuevos estándares alcanzados se convierten en un incentivo para delegar conocimientos y procesos más sofisticados en los proveedores locales, incluso la ingeniería, el desarrollo de productos y de procesos.

De acuerdo con un reporte de la GAO (2003), en los primeros años del siglo XXI México perdió cuota de mercado en 47 de 152 categorías de importaciones estadounidenses, mientras que China ganó participación en 35 de esas 47, que incluyen juguetes, muebles, aparatos electrodomésticos, ciertos equipos de televisión y video, ropa y textiles.

Por otra parte, la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio ha reducido significativamente las tarifas para las importaciones de ese país a Estados Unidos de América. Por ello, muchas maquiladoras japonesas y coreanas revisan sus estrategias: en lugar de producir los componentes electrónicos en Asia, ensamblarlos en México y vender el producto final en Estados Unidos de América, algunas empresas ya están trasladando la producción y ensamble a Asia para atender desde ahí al mercado estadounidense, según diversos autores. Hay una gran presencia de China en el mercado mundial y de la falta de una estrategia mexicana frente a esta nueva y abrumadora irrupción asiática.

Actualmente, el contenido promedio de insumos nacionales es inferior a 5 por ciento y a pesar de los avances indudables en el traslado a México de operaciones manufactureras de alta tecnología y de algunas actividades de diseño, investigación y desarrollo, no existe aún una estrategia propia para desarrollar una industria competitiva, basada en procesos de alto valor agregado y conocimiento.

México carece de una política industrial coherente y dinámica, capaz de estimular los segmentos de gran valor agregado y conocimiento. La crisis de 2000 a 2003 fue probablemente un anticipo del desastre social y económico que podría ocurrir si México continúa basando sus industrias exportadoras en segmentos de bajo valor agregado en un entorno global de presiones feroces para la reducción de costos de producción. Parte de la respuesta está en las iniciativas y proyectos de los actores nuevos e instituciones locales, depositarios de una larga experiencia en estos mercados complejos y demandantes.

Acorde a las consideraciones anteriores, presentamos la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país vive hoy una situación económica muy compleja, ya que el principal socio comercial que tenemos se encuentra en una crisis económica que afecta el mundo; ante ello, es importante generar acciones, en ámbito del poder legislativo, que permitan, por una parte, conservar los empleos existentes y, por otra, atraer nuevas inversiones que beneficien a las familias mexicanas.

La industria manufacturera de exportación, comúnmente denominada industria maquiladora, ha venido evolucionando hasta convertirse en un pilar fundamental en la economía nacional; es de destacar que ciudad Juárez fue una de las ciudades pioneras en este tipo de industria, ya que desde 1966 se formaron las primeras empresas de este tipo en la región.

Diversas son las actividades que se llevan a cabo en este tipo de industria; en sus inicios predominaron las actividades más tradicionales como lo es la producción de muebles y molduras de madera, la industria del cuero y el calzado, la fabricación de prendas de vestir, la industria del juguete, entre otras; al tiempo, empresas de mayor envergadura se instalaron, con la finalidad de realizar fases de su proceso productivo con un trabajo manual a gran escala.

Destaca la industria electrónica como puntal en los inicios de la industria manufacturera de exportación, ya que desde los años setenta se convirtió en la rama más importante de esta industria por el personal ocupado y el valor agregado de sus procesos.

Hoy día son variados los agrupamientos industriales desarrollados; destacan los siguientes:

Actualmente, según datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación, AC, esta industria contribuye con 44 por ciento del valor de las exportaciones totales de nuestro país.

Además, la industria manufacturera de exportación tiene vínculos con el desarrollo regional, en la diversificación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; además, permite el desarrollo social por medio del trabajo productivo y la mano de obra calificada; actualmente se busca consolidar una industria limpia y sustentable.

Según datos proporcionados por el Inegi, en la estadística que lleva a cabo sobre el comportamiento de la industria manufacturera de exportación, a diciembre de 2006 en nuestro país se encontraban establecidos 2 mil 783 establecimientos de este tipo de industria; de los cuales, 81 por ciento se encuentra instalado en las entidades federativas de la frontera norte y 19 por ciento en el resto del país; además, esta industria emplea en el país a más de un millón de trabajadores, de los cuales 78 por ciento está conformado por obreros, 14 por ciento son empleados técnicos en producción y 8 por ciento son empleados administrativos.

Por otra parte, en la situación de crisis de nuestro país, al día de hoy, según datos del IMSS, se ha perdido alrededor de 250 mil empleos, tan sólo en lo que va de 2009, siendo la industria manufacturera de exportación una de las más afectadas ya que se ha disminuido su número de trabajadores por más de 130 mil plazas.

Para las entidades federativas del norte, este tipo de industria ha impulsado un mayor desarrollo.

La función de todas y cada una de las esferas de gobierno es actuar para prevenir la pérdida de empleo a través de una política pública de desarrollo económico que incentive la inversión nacional y extranjera, que fomente la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, la investigación, la incorporación de valor agregado en la producción, entre otras.

La industria manufacturera de exportación enfrenta, además de la crisis financiera internacional, otro tipo de problemas y de retos en el contexto internacional: la pérdida de competitividad nacional, la falta de certidumbre jurídica, la incertidumbre fiscal; entre otros.

Sin lugar a dudas, los programas del gobierno federal cuentan con presupuestos insuficientes que no logran cubrir las necesidades de las empresas que invierten en sectores modernos y de gran tecnología.

Por tanto, una de las primeras tareas de esta legislatura es buscar asignar un mayor presupuesto a los programas que deben impulsar el desarrollo industrial y económico.

También, desde el Congreso promoveremos la elaboración de reglas de operación con una mayor transparencia y más democráticas en la asignación de recursos federales. Estos fondos son públicos y deben respetar los principios del federalismo que promuevan la equidad entre municipios y localidades, y respondan al mandato de todos los mexicanos.

La en muchas ocasiones escasa coordinación entre gobiernos federales, estatales y municipales inhibe la inversión productiva. La inversión privada se enfrenta a una ilógica discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios fiscales que sólo genera una competencia vorágine entre estados y municipios que a su vez resulta en un gasto excesivo de recursos financieros públicos estatales o municipales.

El Poder Legislativo debe ver que hoy día, no sólo las compras gubernamentales ejercen gran poder en la economía domestica; también, los esquemas de beneficios pueden influir en decisiones generadoras de bienestar.

Por lo anterior, consideramos que la actual legislatura deberá evaluar la pertinencia de trabajar en las siguientes propuestas:

Por las razones expuestas ante esta asamblea, y no sin antes puntualizar que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, asimismo, acorde con la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política generar los acuerdos necesarios para la creación de comisión especial alguna, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de solicitarles se aprueben los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación, con el objetivo de estudiar a fondo su evolución y sus requerimientos ante el entorno económico y social actual, como una industria fundamental para el crecimiento económico y el empleo, así como para proponer e impulsar acciones que promuevan su desarrollo.

Segundo. La comisión estará conformada por 20 diputados, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad, con la inclusión de todos los grupos parlamentarios.

Tercero. La comisión funcionará durante el término de la LXI Legislatura.

Cuarto. La comisión deberá rendir de manera semestral un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Cano Ricaud. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al titular del gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Turismoy de la Secretaría de Economía, así como del titular de Conagua se elabore un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca.

El diputado Eviel Pérez Magaña: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Hoy pretendo que mi voz sea la voz de millones de oaxaqueños; cientos de miles de ellos sobrevivientes de la pobreza y la marginación.

El Consejo Nacional de Población ubica a Oaxaca como el tercer estado más marginado del país. De los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano definido por las Naciones Unidas, 89 son municipios oaxaqueños.

Los estados más pobres del país han sido golpeados gravemente por la crisis económica internacional. El gobierno federal no ha hecho lo suficiente para evitar este golpe ni por impulsar nuestra economía.

El turismo, que constituye un motor de desarrollo económico en Oaxaca ---un estado donde tenemos una riqueza y una biodiversidad inigualable, además de una pluralidad cultural y étnica impresionante--- se ha dejado prácticamente a la responsabilidad local, cuyas posibilidades son escasas. Una enorme cantidad de oaxaqueños vive del turismo; trabaja en hoteles, restaurantes y elaborando artesanías.

Miles de familias oaxaqueñas nos hacen un reclamo justo: empleo e ingresos. Miles de familias oaxaqueñas hoy apelan a la solidaridad de esta soberanía para responder con la misma contundencia. Los estados más pobres de México necesitan un trato justo, y lo necesitan ya.

Bajo el pretexto de la crisis las finanzas estatales han sido disminuidas arbitrariamente sin consultar a los gobiernos locales para definir dónde y cuándo se afectan menos sus prioridades. Muchos años de olvido de la federación han dejado problemas que hoy se agravan en Oaxaca. Somos la única entidad federativa que no cuenta con un eje troncal que comunique a la capital con las diversas regiones.

Los oaxaqueños de los 17 municipios conurbados aguardan inquietos la solución que le daremos al abasto del agua. Las iniciativas federales encargadas de promover el desarrollo y la economía en sitios turísticos como la ciudad de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido, han hecho caso omiso al compromiso del titular del Ejecutivo.

No estamos satisfechos con el trato que nos da el Gobierno de la República. Es lenta la ejecución de la vía rápida entre la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec. Es ineficaz el tratamiento a la ampliación y modernización de la carretera costera que une al sur de México con los principales demandantes de nuestros insumos.

Sabemos también que esta semana se ha pospuesto por tercera vez la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, lo que incide en el desarrollo de la costa. La federación ha prolongado la terminación, y ha pospuesto el inicio, de importantes arterias que le dan vialidad al sur, al sur-sureste y al propio país.

Es la hora de mirar al sur, es la hora de escuchar la voz de la pobreza y la marginación. Definir o cancelar la obra pública retrasa o cancela las posibilidades de desarrollo e igualdad de millones de oaxaqueños.

El Gobierno de la República debe dar certidumbre a las entidades como Oaxaca respecto de los proyectos detonadores de desarrollo económico y social. El desempleo acicatea el conflicto social. La situación crítica de la economía nacional requiere de un programa emergente para reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas.

Es una responsabilidad impostergable. Es urgente que estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero se integren en la agenda política nacional.

Exigimos que el gobierno federal nos escuche y rescate las propuestas de los gobiernos locales como el Programa Integral del Sur, y se ejecuten proyectos estratégicos de reactivación económica y desarrollo social.

Señoras y señores, asumamos nuestra responsabilidad ante la marginación y la pobreza de millones de mexicanos. Fuimos electos para ser la solución. Lo que hoy hagamos por Oaxaca, estén seguros, va a ayudar a transformar a México.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, y a la Comisión Nacional del Agua, a elaborar un plan integral de reactivación económica, turística y de infraestructura que contemple créditos y posibilite la capitalización y continuación de las actividades productivas en Oaxaca y en los estados de menor índice de desarrollo humano.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del gobierno federal, a elaborar a través de la SHCP, de la SCT, de la Sectur, de la SE y de la Conagua un plan integral de reactivación económica para Oaxaca, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Eviel Pérez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.

Consideraciones

Visto con objetividad y desde la perspectiva de las estadísticas oficiales, es muy poco lo que el gobierno federal ha hecho para impulsar el desarrollo económico de los estados más pobres del país.

No obstante que ante la crisis económica mundial estos estados han sido los más vulnerables, la federación ha omitido diseñar y ejecutar planes y programas de desarrollo regional que les permitan mitigar su ya de por sí ancestral marginación.

De esa suerte, el impacto que el fenómeno financiero ha tenido en esas entidades federativas ha sido demoledor.

Al afectar negativamente a sus economías, la crisis ha profundizado en el deterioro de sus niveles de empleo, generado inseguridad pública y propiciado mucha más pobreza.

En el caso concreto de Oaxaca, datos del Consejo Nacional de Población lo ubican como el tercer estado más marginado del país y el penúltimo en desarrollo humano, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo establece como prioritarios a 89 de sus municipios, por presentar menor índice de de-sarrollo humano, conforme al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Así, sectores como el turismo, que constituyen un destacado motor del desarrollo económico y representan un generador importante de divisas y empleo, se han dejado prácticamente a la responsabilidad local, cuyas posibilidades de inversión son escasas.

A pesar de ello, el gobierno del estado, consiente de la importancia turística y comercial de su ciudad capital, Oaxaca de Juárez, considerada por la UNESCO ``Patrimonio de la Humanidad'', y cuyos monumentos históricos e infraestructura se habían dejado en el olvido, ha revertido ese deterioro con un gran esfuerzo, para evitar la caída estrepitosa de su ingreso, del desarrollo socio-económico de sus habitantes y de su sector servicios.

En Oaxaca, un gran número de familias vive del turismo y de comercializar sus productos artesanales; una importante cantidad de oaxaqueños trabaja en hoteles y restaurantes, en las agencias de viajes, como guías o como taxistas; muchos también del expendio de alimentos o del cultivo y la comercialización del mezcal y el café.

Con todos esos mexicanos y mexicanas, nosotros los diputados, tenemos el compromiso de reclamar lo que se les ha negado: empleo e ingresos legítimos, arraigo, mejores niveles de bienestar, vida digna.

Por ello, no es de justicia que, bajo el pretexto de la crisis, los recursos asignados a Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sean subejercidos o disminuidos unilateral y arbitrariamente por el gobierno federal.

Al igual que en otras entidades federativas, los recortes presupuestales no han sido consensuados con su gobierno, para definir dónde y como se perjudicaría en menor medida a sus proyectos estratégicos.

Por eso, pensamos que es de la más alta prioridad que el gobierno federal, por una parte, respete cabalmente las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación asignadas a las entidades más asimétricas del país, y, por otra parte, impulse programas emergentes de reactivación económica que permitan a estos consolidar sus programas y recapitalizarse.

Quienes vivimos en los estados con mayores índices de pobreza de nuestro país, creemos que el gobierno de la república debe dar a estos certidumbre respecto de los proyectos de desarrollo que sus comunidades demandan, porque constituyen la única solución a la precariedad que padecemos.

Oaxaca es la única entidad federativa que no cuenta con un eje troncal que estimule la comunicación y desarrollo, entre su capital y sus diversas regiones, por lo que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación solicitaremos un incremento que le permita realizar estas obras que serán un motor del desarrollo en Oaxaca.

Los oaxaqueños que habitan o trabajan en los municipios conurbados a la capital aguardan la solución definitiva del abasto de agua. aún estamos a tiempo --nos han dicho repetidas veces-- de evitar la difícil situación que están viviendo millones de mexicanos que habitan esta gran metrópoli de la república.

Esta insuficiencia sería desastrosa para la actividad turística y evidentemente para miles de familias de la zona metropolitana de Oaxaca.

La federación esta en deuda con el sur de la república y específicamente con Oaxaca. Ésta, pese a ello, ha prolongado la terminación o inicio de importantes arterias que le dan viabilidad al sur, al sur sureste y en sí, al propio país en muchos sentidos.

No estamos satisfechos con el ritmo de ejecución de la vía rápida entre la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec. No estamos satisfechos con el tratamiento a la ampliación y modernización de la carretera costera que une al sur de México con los principales demandantes de nuestros insumos o que dinamizaría la actividad turística regional.

El diferir o cancelar la realización de obra pública en Oaxaca, no sólo afectaría a un determinado sector, sino que cancelaría o retrasaría las posibilidades de desarrollo e igualdad de millones de habitantes indígenas y rurales que habitan en el estado, manteniéndolos o agravando sus condiciones de marginación y pobreza.

La situación crítica de la economía nacional requiere, ciertamente, de un programa emergente para resarcir los daños en las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas.

Asimismo, es apremiante que se impulsen programas inmediatos que lleven a la recapitalización de los empresarios, artesanos y comerciantes más pequeños, para compensar las pérdidas económicas y patrimoniales que aquejan a este sector productivo.

Es urgente que Oaxaca, y en sí el sur, se integre a la agenda política nacional, y se brinde auxilio particular a sus sectores productivos afectados por la crisis.

Es tiempo de que el gobierno federal asuma su responsabilidad y con voluntad rescate las propuestas de los gobiernos locales, como el Programa Integral del Sur, se ejecuten proyectos estratégicos de infraestructura, se aliente a las actividades productivas y se multipliquen las acciones para el desarrollo social.

No queremos que los pueblos del sur, incluido Oaxaca, sigan siendo la referencia del rezago, de la marginación y la pobreza. Queremos, por el contrario, que resurja la esperanza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía y a la Comisión Nacional del Agua, para que a la brevedad elaboren un plan integral de reactivación económica, turística, de construcción y terminación de la infraestructura nueva y en proceso en el estado de Oaxaca y otras entidades con menores índices de desarrollo humano, en el que se contemplen esquemas de financiamiento y otorgamiento de créditos preferenciales a la micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, artesanos y trabajadores independientes afectados por la crisis económica, para posibilitar su recapitalización y la continuidad de sus actividades productivas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Pérez Magaña.Túrnese a la Comisión de Economía.

COMISION ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial en Materia de Protección Civil.

El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el mundo entero está expuesto a calamidades que, de manera artificial o natural, se generan. Nuestro país no es la excepción; puede resultar azotado por múltiples fenómenos naturales adversos. Debido a su formación y ubicación geo-gráfica se halla sujeto a eventos naturales con elevados riesgos de convertirse en desastres que afecten a la población.

Dichos riesgos pueden provenir de sismos y terremotos provocados por el movimiento y acomodo de placas tectónicas, erupciones de volcanes activos como el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Volcán de Fuego, de Colima; y el Tacaná, entre otros; ciclones, huracanes, tormentas y depresiones tropicales originadas en los dos océanos que, además de daño directo por vientos y marejadas, producen precipitaciones extraordinarias, avenidas torrenciales, desbordamientos, deslaves e inundaciones, sequías frecuentes y recurrentes en las zonas áridas y el semidesierto, que cubren más de la mitad del país; lluvias cíclicas o excepcionales en casi todo el territorio; e incendios en la temporada de secas, riesgo que se agrava después de meteoros excepcionales, que devastan vegetación, así como los generados de manera artificial.

La diversidad de los fenómenos naturales que lo afectan y la intensidad con que pueden presentarse convierten al país en uno de los que concentran los más altos riesgos de desastres naturales en todo el mundo.

Todo lo anterior justifica la participación del Estado en materia de protección civil, pues una de sus obligaciones principales es la protección de la vida y de los bienes de las personas. Debe tenerse presente que, históricamente, las atribuciones en materia de protección civil se hallaban dispersas en varias disposiciones y dependencias, y se modificaban sin ninguna orientación o finalidad. Por ello, el 6 de mayo de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se aprobaron las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

El 30 de septiembre de 1997, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, que se instaló formalmente el 8 de octubre del mismo año, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permitiese a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia.

Esa comisión presentó a consideración de la honorable Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar una fracción, la XXXIX-I al artículo 73 de la Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión a fin de legislar en la materia. Agotado el proceso legal correspondiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, otorgándole plena vigencia.

Lo anterior permitió la elaboración de la Ley General de Protección Civil, la cual establece las bases de coordinación que encauzarán las acciones conjuntas de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo como en el auxilio en desastres y la recuperación posterior.

En tal sentido, se retoma la propuesta de crear una comisión especial responsable del tema de la protección civil en el país, lo cual encuentra fundamento en el hecho comprobado de que los desastres son eventos singulares, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares que, aunados a expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a las medidas legislativas y políticas públicas una vertiginosa evolución que requiere propuestas y soluciones cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean ágiles y eficaces y protejan a fondo a la población ante eventos que la lesionen o afecten.

Es decir, nuestro país requiere de medidas legislativas, políticas públicas, programas de acción de largo plazo que con un carácter programático e integral, pero al mismo tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y rea-lidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos el marco jurídico que lo sustente, les otorgue fortaleza y garantice permanencia.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42, de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección civil; el control evaluatorio de la materia, por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones de prevención y recuperación, tratándose de desastres generados por la presencia de fenómenos naturales y humanos.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de este objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de su competencia.

Quinto. La Comisión Especial, objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La máxima duración de los trabajos que realice la Comisión Especial será agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse el objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial en Materia de Protección Civil, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado federal Enrique Torres Delgado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca la Comisión Especial en Materia de Protección Civil.

Consideraciones

No sólo nuestro país, sino el mundo entero, se encuentra en una etapa de rebrote de la influenza denominada como AH1N1. Todos los días, llegan a nuestros ojos y oídos noticias sobre lo letal que es este virus, sino se trata adecuadamente.

A inicios del mes de junio del año en curso, en la etapa álgida del primer brote de la influenza AH1N1, se presentaron cerca de 6000 ¹ casos confirmados en la República Mexicana, con un total de 108 defunciones. Lo anterior, obligó no sólo a las autoridades sino a los sectores económico y social, y en general a la población, a participar en forma conjunta, en acciones que impidieran que esta enfermedad, se siguiera propagando y generando daños al normal desa-rrollo de las actividades, así como principalmente, a la sociedad en particular.

Lo anterior demuestra lo expuesto que estamos todos, ante la presencia de calamidades, que de manera natural o artificial, se transmiten entre la sociedad.

Pero no es la única adversidad que puede azotar a nuestro país, téngase presente que por su ubicación y conformación geográfica, se haya sujeto a eventos naturales con elevados riesgos de convertirse en desastres que afectan a la población, dichos riesgos pueden provenir de:

La diversidad de los fenómenos naturales que lo afectan y la intensidad con que pueden presentarse, convierten al país en uno de los que concentran los más altos riesgos de desastres naturales en el mundo.

Pero no únicamente los desastres se pueden originar por la presencia de fenómenos naturales, ya que también los riesgos asociados a fenómenos producidos por la acción del hombre, pueden repercutir de manera importante, en la seguridad de la sociedad y de sus miembros.

Así tenemos el impacto en la sociedad de fenómenos de origen sanitario, mismos que se registran la mayoría de las veces, en las zonas pobres del país, presentándose bajo la modalidad de enfermedades gastrointestinales y bronquiales. De igual manera, en las metrópolis más densamente pobladas, se han presentado problemas relacionados con la contaminación ambiental.

Merecen atención especial, los riesgos que se pueden generar con motivo del avance tecnológico, así como aquellos que se originan por la generación y manejo de energía. De igual manera, la producción, almacenamiento, transporte y utilización de productos químicos, así como el manejo de sus residuos y tratamientos, ante la presencia de instalaciones obsoletas y la ignorancia de su manejo, pueden acarrear la pérdida de vidas humanas y causar un gran daño al medio ambiente.

Todo lo anterior, justifica la participación del Estado en materia de protección civil, toda vez que una de sus obligaciones principales, es la protección de la vida y los bienes de las personas.

Es en este sentido, el ejercicio de la función pública de la protección civil por parte del Estado, no es nueva, ya que desde la época prehispánica y en la colonial, se llevaban a cabo obras de carácter hidráulico, para evitar daños a la población, debido a la acción de los agentes destructivos.

Después del movimiento revolucionario de 1910, la organización de la administración pública se hizo más compleja y especializada, como respuesta de las necesidades cambiantes de una sociedad cuya transformación social nunca fue tan acelerada como en este periodo, por lo que las funciones sobre protección civil, se incrementaron y conformaron un amplio capítulo de antecedentes inmediatos respecto de esta función.

A raíz de los desastrosos efectos del terremoto de 1985, cuyos efectos devastadores se hicieron sentir principalmente en la Ciudad de México, se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil, para que en el marco del sistema nacional de planeación democrática, auxiliara a la comisión nacional de reconstrucción como órgano encargado de estudiar y proponer todas las acciones relativas a la seguridad, participación y coordinación de la acción ciudadana en caso de desastre.

Debe tenerse presente que históricamente, las atribuciones en materia de protección civil se hallaban dispersas en varias disposiciones y dependencias, y se modificaban sin ninguna orientación o finalidad, por lo que el 6 de mayo de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El Sinaproc es concebido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan cuando se registra un desastre.

Tiene como objetivo el proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.

El Sinaproc se apoya en una estructura institucional, que en distintos niveles de operación define responsabilidades claras para todos los participantes y cuenta como soporte con la infraestructura básica de estas mismas instituciones.

El marco institucional del sistema está integrado por las dependencias y entidades de la administración pública, por los organismos de coordinación entre la federación, los estados y municipios y por la representación de los grupos sociales y privados que participan en las actividades de protección civil, los cuales conforman tres estructuras estrechamente relacionadas; la primera de la administración pública con funciones efectivas, la segunda de los consejos con funciones consultivas y de coordinación, y la tercera de participación de los grupos voluntarios.

El 30 de septiembre de 1997, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, misma que se instaló formalmente el 8 de octubre del propio año, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permita a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia.

Esta comisión, presentó a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa para adicionar una fracción XXIX-I al artículo 73 de nuestra Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión a fin de que legisle en la materia, misma que, agotado el proceso legal correspondiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 1999, otorgándole plena vigencia.

Lo anterior, permitió la elaboración de la Ley General de Protección Civil, la cual establece las bases de coordinación, que encauzarán las acciones conjuntas de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres, y la recuperación posterior.

De igual manera, fija los alcances, términos de operación y responsabilidades, de las estructuras consultivas del sistema nacional de protección civil, como el consejo nacional, y sus órganos operativos.

Convoca la integración de los grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con claridad las reglas de su accionar, y fomentando la participación activa y comprometida de la sociedad.

Sienta las bases de elaboración, alcances y contenidos del Programa Nacional de Protección Civil; y elimina la discrecionalidad, en aspectos como la declaratoria de desastre, las acciones de respuesta, o las medidas de seguridad que necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de esos fenómenos, acotando la responsabilidad del servidor público competente en la toma de decisiones.

Desafortunadamente, la existencia de la Comisión Especial, no tuvo la permanencia requerida, derivado de la natural conclusión e inicio de la siguiente Legislatura; no obstante, que los propios miembros de dicha Comisión, presentaron una iniciativa para su inclusión como comisión ordinaria.

Es en tal sentido, que se retoma la propuesta de crear una Comisión Especial responsable del tema de la protección civil en nuestro país, encontrando su fundamento, en el hecho comprobado de que los desastres son eventos singulares, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares, que, conjuntados con expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a las medidas legislativas y políticas públicas, una vertiginosa evolución, que requiere propuestas y soluciones cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean ágiles y eficaces, y protejan a fondo a la población ante eventos que la lesionen o afecten.

Es decir, nuestro país requiere de medidas legislativas, políticas, programas y acciones de largo plazo, que, con un carácter pragmático e integral, pero al propio tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos, el marco jurídico que los sustente, les otorgue fortaleza y les garantice permanencia.

Asimismo, nuestro país ha suscrito diversos convenios internacionales, a efecto de intercambiar y compartir los conocimientos y experiencias necesarios para prepararse adecuadamente, especialmente en lo que se refiere a la creación de marcos jurídicos idóneos.

De igual manera, se han concebido instrumentos financieros que bajo la figura de fideicomisos, manejan cientos de millones de pesos a efecto de prevenir, mitigar y reconstruir los efectos generados por la presencia de diversos fenómenos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados, que se aboque a dar continuidad al perfeccionamiento y adecuación del marco jurídico en materia de protección civil, así como también cumpla con las funciones de información y de control evaluatorio de los órganos responsables de la administración pública federal.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección civil, el control evaluatorio de la materia por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones de prevención y recuperación tratándose de desastres generados por la presencia de fenómenos naturales y humanos.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Nota: 1 Información tomada del folleto El mensajero de la salud, publicado por la Secretaría de Salud, cuyo acceso digital se encuentra en la siguiente dirección electrónica http://www.promocion.salud.gob.mx/ dgps/descargas1/influenza/mat/mensajero_de_la_salud_11_junio.pdf

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Torres Delgado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Fernando Morales Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pide el uso de la palabra el señor diputado Fernando Morales. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Morales Martínez (desde la curul): Señor presidente, nada más es para hacer una adhesión a la propuesta del punto de acuerdo que está haciendo el señor diputado. Que quedara asentado en actas, que como fracción parlamentaria del PRI exhortamos a la Junta de Coordinación Políticaa que este punto sea de atención urgente. Nada más, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. El diputado Fernando Morales ha expresado su interés de adherirse a la proposición presentada por el diputado Enrique Torres. Pregunto al proponente si no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión.

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta que no. Por favor, proceda la Secretaría a disponer lo necesario para que sea firmada la proposición. Muchas gracias.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez Fuentespara presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos económicos para la estabilidad y el fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el mezcal es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y certificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves.

En el país se producen 335 mil toneladas de agave mezcalero al año, producción correspondiente a la llamada zona de denominación de origen mezcal, que corresponde a los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas y Guanajuato, donde a su vez se registran alrededor de 30 mil productores, generando 5 mil 270 empleos permanentes al año.

Actualmente las condiciones socioeconómicas de los productores primarios y productores de mezcal es un común denominador por su población de alta y muy alta marginación. La mayoría de los productores carecen de tecnología moderna, por lo que obtienen su producto de manera artesanal mediante procesos poco eficientes.

En nuestro país existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales embotellan alrededor de 8 millones de litros anuales.

El costo de producción de agave es muy alto, ya que un ciclo completo de ocho años varía entre 40 mil y 250 mil pesos por hectárea.

Actualmente en nuestro país la cadena productiva agave-mezcal ha tenido dificultades. Los productores atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores llegó a pagarse a 10 y 12 pesos por kilogramo.

En estados como Zacatecas, que cuenta con plantaciones cultivadas, una gran cantidad del agave no tiene salida comercial ni se industrializa por falta de infraestructura para estos propósitos. Por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores por ocho años corren el riesgo de perderse y que se abandone esta actividad.

Por lo anteriormente mencionado someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se destinen y etiqueten 350 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal en acciones dirigidas a la construcción de módulos agroindustriales, el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; la certificación de fábricas, promoción y comercialización de mezcal y para el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés a los productores de mezcal; subsidios a los energéticos, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad en esta cadena productiva.

Suscriben el presente punto de acuerdo los diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas y su servidor, Ramón Jiménez.

Gracias, ciudadano presidente. Agradeceré se incorpore el presente documento íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos económicos para la estabilidad y el fortalecimiento de la cadena productiva agave-mezcal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Ramón Jiménez Fuentes, Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 300 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, en acciones dirigidas a la construcción de módulos agroindustriales; el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; la certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal y para el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés a los productores de mezcal, subsidios a los energéticos, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad de esta cadena productiva, bajo las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana el Mezcal, es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del mezcal tipo II, con hasta 20 por ciento de otros azúcares en la preparación de dichos mostos. El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo, incoloro o ligeramente amarillo cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.

En el país se producen 335 mil toneladas de agave mezcalero al año, producción correspondiente a la llamada zona de denominación de origen mezcal que comprende los estados de Zacatecas (90 mil toneladas), Oaxaca (100 mil toneladas), Guerrero (50 mil toneladas), San Luis Potosí (45 mil toneladas), Durango (25 mil toneladas), Tamaulipas (35 mil toneladas) y San Felipe Guanajuato (20 mil toneladas); donde a su vez se registran alrededor de 30 mil productores, con 50 mil hectáreas establecidas y 170 mil en poblaciones naturales, generando 5 mil 270 empleos permanentes al año e ingresos por el orden de los mil 700 millones de pesos; además de contar con 625 fábricas.

Actualmente, las condiciones socioeconómicas de los productores primarios y productores de Mezcal incorporadas a la citada zona tienen un común denominador, son poblaciones de alta y muy alta marginalidad.

La mayoría de los productores carecen de tecnología moderna, por lo que obtienen su producto de manera artesanal, mediante procesos poco eficientes. La elaboración de mezcal está muy dispersa, en la práctica, varios fabricantes de mezcal abastecen envasadoras. En nuestro país, existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales embotellan alrededor de 8 millones de litros anuales.

Los costos de producción de agave son altos, ya que en un ciclo completo de 8 años varían entre 40 mil y 250 mil pesos la hectárea, esto de acuerdo a la región de que se trate, más el paquete tecnológico que se aplique y el tipo de agave. La producción por hectárea puede ser cercana a las 135 toneladas de materia prima. Los costos a granel también varían en función del tamaño de la fábrica y del grado de tecnificación de la misma, en promedio es de 35 pesos por litro. Los rendimientos tienen que ver con la riqueza de azúcares del agave y del aprovechamiento de estos en los procesos de cocimiento, fermentación y destilación.

Por ello en octubre de 2004, se creo el Comercam, organismo de certificación acreditado por la Dirección General de Normas, de la Secretaría de Economía para evaluar la conformidad de la NOM-070- Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones; la misma exige el certificado vigente en el envasado y etiquetado para la comercialización. Lo anterior incluye un censo de los predios plantados de agave mezcal y un esquema de prueba de laboratorio y la vigilancia en todo el proceso de producción, de lo contrario el producto no podrá comercializarse ni salir del país. El mezcal tiene un reconocimiento y aprecio por parte de los consumidores europeos, asiáticos y estadounidenses, por lo que esta certificación garantiza la calidad y origen del producto, para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

Actualmente en nuestro país la cadena productiva agave mezcal ha tenido dificultades, los productores atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores llego a pagarse a 10 y 12 pesos por kilogramo.

En estados como Zacatecas que cuenta con plantaciones cultivadas, una gran cantidad del agave no tiene salida de comercialización, ni se industrializa por la falta de infraestructura para éstos propósitos, por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores por 8 años corren el riesgo de perderse y de que se abandone esta actividad, al echarse a perder sus piñas.

También consideramos necesaria la modificación de la norma NOM-070- Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones para que se permita que el Mezcal tipo II, al igual que el tequila se elabore con 51 por ciento de azúcares de agave y el 49 por ciento restante con otros azúcares, lo cual permita que el mezcal diversifique su presencia en otros estratos de consumidores y en otros mercados tanto nacional como internacional, lo que a su vez derivará en la generación de divisas, la creación de fuentes de empleo e ingreso, y en el desarrollo y consolidación del sistema producto maguey-mezcal.

Aunque cabe mencionar que la cadena productiva del agave mezcal se ha visto apoyada, de 2004 a 2009, destinándosele 500 millones de pesos, lo aprobado no ha sido suficiente para resolver la problemática actual que enfrenta. Es por ello que presentamos este exhorto para que le sean destinados mayores recursos a esta cadena productiva, principalmente para apoyar la instalación de nuevos módulos agroindustriales; el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; para la certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal y para el otorgamiento de créditos a los productores de mezcal, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad de esta cadena productiva.

Por lo anteriormente mencionado, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 350 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, en acciones dirigidas a la construcción de módulos agroindustriales; el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; la certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal y para el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés a los productores de mezcal, subsidios a los energéticos, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad de esta cadena productiva.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Jiménez Fuentes. Insértese en el Diario de los Debates, como usted lo solicita ytúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a cancelar la licitación pública internacional para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en el Río Verde, y consecuentemente, cancelar el inicio de la construcción de dicha presa en el estado de Jalisco.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, durante la comparecencia del ciudadano Fernando Gómez Mont el pasado 17 de septiembre, elevamos a la consideración de ustedes la inconformidad de vecinos de diversas comunidades de la región de Los Altos de Jalisco.

Es un tema que viene procesándose durante años y que en el documento, que solicito a la Presidencia que se inserte en forma íntegra, se hace un desglose en 17 apartados numéricos, de los cuales sólo subrayaré lo siguiente:

En junio de 2006 el gobierno federal --la Semarnat-- autorizó a la Conagua la manifestación de impacto ambiental, que se abrevia en términos hidrológicos MIA-1310/06. En esa autorización se puntualizaba que la cortina de la presa de El Zapotillo tendría una altura de 80 metros y que su embalse abarcaría una superficie de 2 mil hectáreas, con una capacidad de almacenamiento de 411.6 millones de metros cúbicos. Pese a lo anterior, Conagua acaba de licitar la mencionada presa con una cortina de 105 metros de altura, con un embalse de 3 mil 800 hectáreas y un almacenamiento de 911 millones de metros.

Esa modificación es a todas luces irregular y traería como consecuencia la inundación y la desaparición de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Este proceso se hizo sin contar la licitación con una nueva manifestación de impacto ambiental y a todas luces es ilegal ya que el artículo 6o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala: ``Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones requerirán manifestación de impacto ambiental cuando impliquen incremento en el nivel de impacto y riesgo ambiental'', como es caso.

Aunado a lo anterior, en sesión del ayuntamiento de Cañadas de Obregón del viernes antepasado, por mayoría de votos ese ayuntamiento, que es de extracción panista, votó acertadamente en contra de otorgar el uso de suelo a la Conagua para autorizar la altura de la cortina de 105 metros.

Por si lo anterior fuera poco, el proceso de licitación que se otorgó a la empresa, propiedad de Carlos Hank Rhon, es ilegal. Hay impugnación en la Secretaría de la Función Pública porque está otorgada por 2 mil 194 millones de pesos, 622 millones de pesos más que lo que presentó la empresa ICA y otras participantes.

Para concluir, otro aspecto fundamental es la violación de los derechos humanos de quienes han presentado quejas ante la comisión estatal, más de 200, que no han sido escuchados. Dicho organismo emitió una medida cautelar para pedirle al gobierno de Jalisco que lleve a cabo una consulta popular y que cancele todo acto de hostigamiento y presión a los habitantes.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, recibió a los vecinos afectados, se comprometió a que en un lapso de tres meses llevaría a cabo esa consulta y que respetaría el acuerdo de los vecinos. También a que iría personalmente a Temacapulín a visitar la obra. No ha cumplido Emilio González Márquez que, al contrario de la sensibilidad del ayuntamiento panista, ha sido ajeno y ha sido distante de los vecinos de Temacapulín.

Por eso y aunado a que el INAH tampoco ha otorgado la autorización para la desaparición de monumentos históricos es que pedimos aquí, a esta Presidencia, se excite bajo el siguiente punto de acuerdo al Ejecutivo federal, para que instruya a Luege Tamargo a cancelar la licitación pública de la presa El Zapotillo sobre el Río Verde y, consecuentemente, el inicio de la construcción también debe cancelarse. Pedimos a la Presidencia...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: ... que turne este punto de acuerdo a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Pesca, Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que informen de la misma.

Asimismo le ratificamos la petición de que se inserte íntegro el cuerpo de este proyecto en el Diario de los Debates. Gracias a los diputados del PT y del PRD que compartieron este punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se cancele la licitación pública internacional número 16101037-063-08, relativa al diseño y la construcción de la presa El Zapotillo, en el Río Verde, de Jalisco; y, consecuentemente, de que se detenga el inicio de su edificación, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito diputado Enrique Ibarra Pedroza del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, relativo a cancelar la Licitación Pública Internacional 16101037-063-08, para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en el Río Verde y consecuentemente cancelar el inicio de la construcción de la presa El Zapotillo, atento a las siguientes

Consideraciones

1. En el mes de mayo del 2006, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox, y el gobierno del estado de Jalisco, por Francisco Ramírez Acuña, presentaron el proyecto de la presa El Zapotillo. Se aseguró entonces que la obra tendría una cortina de 80 metros, y que se inundarían las comunidades de Acasico y Palmarejo.

2. El 22 de junio del 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a la Conagua, la Manifestación de Impacto Ambiental, MIA-1310/06. En ella se puntualiza que la cortina de la presa tendría una altura de 80 metros y que su embalse abarcaría una superficie de 2000 hectáreas, con una capacidad de almacenamiento para 411.6 millones de metros cúbicos.

3. Pese a lo anterior la Conagua, llevo a cabo la licitación de la mencionada presa, con una cortina de 105 metros de altura con un embalse de 3800 hectáreas y un almacenamiento de 911 millones de metros cúbicos.

4. Las modificaciones, a todas luces irregulares a cargo de Conagua y del gobierno del estado implica que además de la desaparición de las comunidades, de Acasico y Palmarejo, también desaparecería la comunidad de Temacapulín.

5. El proceso de licitación que llevaron a cabo la Conagua y el Gobierno del estado de Jalisco el pasado 14 de septiembre, se hizo sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental que la nueva altura de la cortina y la nueva superficie de anegamiento requería.

6. Lo anterior contraviene claramente lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que señala: ``Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones requerirán manifestación de impacto ambiental cuando impliquen incremento en el nivel de impacto y riesgo ambiental''.

7. En relación a este punto, en sesión del ayuntamiento de Cañadas de Obregón, uno de los municipios que comprende la obra, negó por mayoría de votos el cambio, de uso de suelo para las nuevas dimensiones de la presa propuesta. La sesión se efectuó el viernes 25 de septiembre del año en curso.

8. Por si lo anterior fuera poco, el proceso de licitación, que otorgó la primera etapa de la obra a la empresa la Peninsular Compañía Constructora, propiedad de Carlos Hank Rhon, asociado con Grupo Hermes, también de su propiedad y la constructora española FFC por 2 mil 194 millones de pesos el pasado 14 de septiembre fue impugnado por las empresas Cota, Vice e Infrocsa y por la empresa ICA. La razón primordial fue que la compañía ganadora cotizó por 622 millones de pesos más que las otras.

9. La denuncia de las empresas quejosas fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública, por lo que el proceso se encuentra detenido.

10. Un aspecto central, fundamental en este intento de construcción de la citada presa, es el relativo a los derechos humanos y a las garantías individuales de los afectados de la misma.

11. En virtud de que más de 200 vecinos se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a quejarse y dolerse por la construcción de la obra, ese organismo, emitió en enero del 2009, una medida cautelar, en el sentido de que la autoridad llevará a cabo una consulta entre los moradores de las comunidades mencionadas, para conocer su punto de vista sobre el tema y exhortó al gobierno del Estado y a las autoridades promoventes de la obra a dejar de hostigar y presionar a los mismos

12. El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, recibió a los vecinos afectados, y se comprometió a llevar a cabo una consulta entre ellos ya que si la mayoría, aunque fuera por un solo voto estaba en desacuerdo de la obra, la misma no se llevaría a cabo. Hizo el compromiso de ir personalmente a Temacapulín y mantener la comunicación con los vecinos.

A la fecha no ha hecho la consulta prometida, ni ha ido a Temacapulín ni ha vuelto a recibir a los quejosos.

13. Es pertinente asentar que los promoventes de la obra no cuentan con el dictamen del INHA, el cual es imprescindible, ya que la inundación afectaría monumentos históricos, como es el caso de la Basílica de Temacapulín que este año cumple 250 años de haber sido edificado.

14. Quiero señalar, que existe un compromiso expreso, escrito, del gobierno del Estado de Jalisco, firmado el 24 de mayo del 2005 por el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, dirigido al licenciado Cristóbal Jaime Jaquez, entonces director de Conagua, en el sentido de que no se llevarían a cabo obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde, si estas traían como consecuencia la inundación de núcleos habitacionales, como son los casos que nos ocupan.

15. El pasado 14 de septiembre varios vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, hicieron llegar una petición escrita al secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, en el sentido de que se cancelara la obra de la presa el Zapotillo.

16. En el mismo sentido, con fecha 21 de septiembre, los vecinos de esas comunidades hicieron llegar un escrito al diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de esta Cámara de Diputados y ex gobernador de Jalisco.

Por las anteriores consideraciones, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta al titular del Ejecutivo federal para que gire instrucciones al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, y demás dependencias que se vinculan con ella, a efecto de que cancele la licitación pública internacional 16101037-063-08, para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en el Río Verde, la cual planea construir en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, por evidentes anomalías en el proceso de la misma, relativas a la ubicación de la obra y la reubicación del sitio que ocuparán los pobladores de los municipios a los que se pretende afectar. Consecuentemente, el inicio de la construcción también debe cancelarse.

Segundo. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, turne a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Pesca, Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente y Recursos Naturales este asunto, para el estudio correspondiente, e informen del resultado de los mismos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Ibarra Pedroza. Como solicita, insértese en el Diario de los Debatesy se turna a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Gobernación.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios de la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en Nueva Alianza creemos que para avanzar en la construcción de un mejor país es fundamental modernizar el aparato de la administración pública y, en general, el marco de funcionamiento de los Poderes de la Unión a través de una reingeniería institucional; es decir, una reforma integral y contínua que responda a una dinámica política, económica, social y cultural existente en nuestro país.

Como diputados estamos conscientes de que la eficiencia de las instituciones del Estado está intrínsecamente relacionada con el buen diseño organizacional que la acompaña; mientras mantengamos vigentes estructuras administrativas ineficientes y diseños jurídicos desfasados, nuestras instituciones seguirán presentando serios problemas en su funcionamiento.

Tenemos pocos avances en la evaluación del desempeño de la administración pública federal y en la vigilancia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, especialmente en el análisis de su contribución al desarrollo del país.

Los cambios deben estar vinculados con el nuevo modelo de gestión que privilegie la eficiencia mediante el establecimiento de nuevos esquemas que permitan la evaluación, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto.

Creemos que no es suficiente que a las dependencias de gobierno, instituciones parlamentarias y órganos de impartición de justicia se les asignen mayores recursos para alcanzar eficiencia si no van acompañados de mayores controles y si no se promueve la responsabilidad social en sus decisiones.

Hoy más que nunca es necesario institucionalizar procesos de evaluación, de resultados para orientar los procesos administrativos y políticos al rendimiento de recursos y maximización de objetivos, a partir de la incorporación de estándares de desempeño, la aplicación de permanentes y sistémicas evaluaciones, y de la necesidad de una efectiva rendición de cuentas.

Es fundamental definir las responsabilidades de cada una de nuestras instituciones para evitar el burocratismo, la duplicidad de funciones, la discrecionalidad y, sobre todo, la corrupción.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se solicita de la manera más respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, que constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios en la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial. El objeto de esta comisión será el que se deriva de su denominación.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios de la estructura y evaluar el desempeño de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios en la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Segunda. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca dispone que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objetivo, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.

Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

Antecedentes

1. La situación económica en México es preocupante y su deterioro se ha profundizado, no sólo por la crisis del sistema financiero internacional, sino también por los grandes problemas internos e insuficiencia de recursos que vulneran permanentemente el funcionamiento de la administración pública federal, distorsionando y profundizando la debilidad de nuestras finanzas públicas, situación compleja y dinámica que repercute en el pobre desempeño de nuestra economía.

2. Esta situación impacta directamente en el funcionamiento de los mercados, de tal manera que los índices de competitividad que nuestra economía reporta en los estudios elaborados tanto a nivel nacional como internacional, colocan a nuestra economía con una pérdida creciente de competitividad. ¹

El Foro Económico Mundial destaca que ``la pérdida de competitividad de nuestro país es consecuencia de los mayores problemas para hacer negocios en el país derivados de la ineficiente burocracia del gobierno, la corrupción, el inadecuado suministro de infraestructura, las regulaciones laborales, los impuestos, la falta de acceso al financiamiento, así como la criminalidad''.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que ``en México la pérdida de competitividad es constante, persiste como uno de los inhibidores del crecimiento económico y como factor en contra para participar en los mercados internacionales, por lo que el hecho de que el país esté considerado como una de las diez economías más grandes del mundo no significa que haya logrado importantes mejoras''. ²

Ante este tipo de diagnósticos y análisis debemos asumir una respuesta consistente desde el legislativo reconociendo que tenemos serios problemas estructurales que se ven reflejados en los siguientes temas y problemas a resolver: subejercicios presupuestales por parte de los ejecutores del gasto; bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto; mercados ineficientes; presencia de monopolios e incapacidad para regularlos; crecimiento desmedido del gasto corriente; crecimiento de los índices de corrupción; presión regulatoria; grandes dificultades para la apertura de empresas; poco apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; falta de crédito; altas tasas de interés; débil competencia en los mercados financieros y de servicios; falta de protección a los derechos de propiedad; inseguridad jurídica.

3. Este diagnóstico se ve reflejado en el funcionamiento ineficiente de nuestro mercado interno, al reportar bajos niveles de crecimiento, empleo, ingreso y bienestar, resultado de instituciones y organismos regulatorios ineficientes que se traducen en corrupción, creciente presión fiscal, bajo nivel de ahorro, bajos niveles de inversión, caída de los ingresos fiscales, desempleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios e incertidumbre creciente.

Consecuencia, entre otras, de estas circunstancias hemos sufrido en los últimos años una disminución de los recursos federales y estatales que nos ha llevado, por un lado, a instrumentar un plan de austeridad presupuestal que a la fecha suma 85 mil millones de pesos y, por otro, un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 que profundiza este esquema al proponer un presupuesto austero y restrictivo que no ayuda a dinamizar la economía, la inversión, el empleo y el ingreso.

El proyecto de Presupuesto para 2010 incluye como propuesta importante y eje estratégico de operación de la administración pública federal un plan que profundiza la austeridad al proponer la desaparición de tres secretarias de Estado: de la Función Pública, de la Reforma Agraria, y de Turismo. Suponiendo que sólo con austeridad y disminución de gasto corriente se solucionarán los problemas estructurales que presenta la administración pública federal.

4. Ante esta situación es necesario reconocer que el funcionamiento de la economía es, en gran medida, el resultado del buen funcionamiento de la estructura institucional que la acompaña. Sin una administración pública federal eficiente nuestra economía seguirá presentando serios problemas en su funcionamiento.

5. Algunos académicos presentan como una condición necesaria para tener una administración pública eficiente un erario central fuerte. El economista estadounidense Douglas North estableció una idea fundamental sobre el funcionamiento del Estado al plantear que ``es una organización (...) que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites vienen determinados por el poder de recaudación''. ³ A esta tesis habría que agregar que es necesaria también una administración pública eficiente, no sólo para recaudar más, sino para que la economía funcione.

En México hemos tenido recursos en abundancia derivados, entre otros, de la renta petrolera en diferentes momentos de nuestra historia y la administración pública no sólo no mejora, sino que sólo crece con grandes ineficiencias e inclusive impide el buen funcionamiento de los mercados.

Ejemplo límite de esto es el crecimiento del gasto corriente en los últimos años que no se ve reflejado en instituciones eficientes ni en una mejora regulatoria que apoye el buen funcionamiento del mercado interno ni el crecimiento económico.

Un Estado sin recursos es débil e ineficiente pero también hay Estados con muchos recursos que presentan altos niveles de ineficiencia, dispendio y corrupción.

La relación entre fortaleza económica y estabilidad política debe ser resultado de una administración pública eficaz y eficiente.

6. Creemos al igual que el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que desaparecer dependencias del gobierno no será una solución consistente, porque sólo se enfrenta un problema coyuntural. ⁴ El reto real es modernizar el aparato de la administración pública a través de una reingeniería organizacional; es decir, una reforma integral, incremental y continua que responda a una dinámica social y económica que cambia constantemente.

El objetivo no es minimizar el tamaño del gobierno con el argumento de ahorrar recursos como consecuencia de la instrumentación de una política de austeridad presupuestal. ⁵ Se debe partir de la premisa de que la función hace al órgano, pero con una visión de Estado. Lo central es que el Estado cumpla efectivamente con sus funciones y para ello se requiere voluntad política y más para evaluar el desempeño de la administración pública federal con el fin de tomar decisiones consistentes con visión de Estado.

7. El Ejecutivo propone el proyecto de presupuesto federal, el Legislativo lo modifica, autoriza y vigila. Pero hemos avanzado muy poco en la evaluación del desempeño del gasto y mucho menos en la evaluación del desempeño de la administración pública federal, especialmente en el análisis de cómo ésta contribuye al desarrollo del país.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios en la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal. El objetivo será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objetivo. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tercero. La comisión se integrará atendiendo a los principios de proporcionalidad y pluralidad de la honorable Cámara de Diputados.

Notas: 1 Reporte de Competitividad de México 2009, documenta que México bajó ocho lugares, al pasar del lugar 52 (2007-2008) al lugar 60 (2008-2009) entre 134 países. El Foro Económico Mundial (WEF ). Junio de 2009. El informe que presenta el WEF está dividido en tres subtemas y uno de ellos son los requerimientos básicos que lo ubican en el lugar 60; destaca que las instituciones no tienen una amplia fortaleza, ya que de llevan el ranking al sitio 97; sin embargo, factores como la macroestabilidad económica reposicionan al país en el lugar 48. En cuanto a temas de educación y comercio, el reporte sitúa a México en el lugar 55, donde resalta la particular importancia del tamaño de mercado que representa, que de hecho le da el lugar 11 de la lista, pero la poca eficiencia del mercado laboral arrastran el indicador hasta el lugar 110. Además, en cuanto a la innovación y los factores de sofisticación, el país se fue hasta el lugar 70 de los 134 que se consideraron para el reporte. 2 Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Abril de 2009. 3 North, DC. Structure and change in economic history. New York WW. Northon 1981. 4 José Castelazo, presidente del INAP. 7 de septiembre de 2009. 5 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que con la desa-parición de la Secretaría de la Reforma Agraria se ahorrarían recursos por 4 mil millones de pesos; con la de Turismo, 3 mil millones; y de la Función Pública, 1.3 mil millones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Vázquez Aguilar.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA EL ACCESO DIGITAL A LOS MEXICANOS Y DE ORIENTACION Y UNIFORMIDAD LEGISLATIVA EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para someter al pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de información y comunicaciones.

Comento a ustedes que en la pasada legislatura fue creada la comisión especial y ahora vengo a proponer su creación ampliando el ámbito de su competencia y, es decir, también que tenga orientación y uniformidad legislativa para enfrentar los grandes desafíos de los avances tecnológicos de información y comunicación registrados en el mundo.

Aunado a lo anterior, sabemos que el acceso al desarrollo de las tecnologías ha contribuido a elevar la productividad y a multiplicar los bienes y servicios y, en gran medida, a ampliar las oportunidades de desarrollo humano en las comunidades con un alto índice de marginación y pobreza, principalmente.

Pero el acceso a la innovación no sólo por sí solo podrá ser, sino también tendrá que tener algunas medidas para ampliar las oportunidades de desarrollo humano en las comunidades con un alto índice de marginación y pobreza.

Hoy quiero decirles que la innovación por sí sola no es suficiente. Para ello es indispensable propiciar un ambiente económico favorable, un marco jurídico que brinde certeza y seguridad jurídica; así como impulsar las habilidades de la población mexicana para un mejor aprovechamiento de los descubrimientos tecnológicos de información y de comunicaciones.

Por otra parte, resulta importante valorar el esfuerzo realizado por el gobierno del sexenio anterior, toda vez que al crear la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico se favorecieron diversas iniciativas, proyectos y procesos que han agilizado los trámites que rea-lizan los ciudadanos, al elevar la calidad de los servicios gubernamentales y coadyuvar a la transparencia de la función pública y evitar prácticas de corrupción.

Ahora bien, desde el ámbito legislativo se ha logrado realizar diversas reformas en la legislación mexicana en esta materia para también dar certeza jurídica a los acuerdos suscritos en medios electrónicos, ópticos y firma electrónica avanzada ---por cierto, compañeros, por ahí estuvieron los del SAT; no sé a cuántos de ustedes ya se les pasó este registro---, también la creación de la base de datos de usuarios de telefonía móvil y de la incorporación de los llamados juicios en línea, entre otros.

En adición a lo anterior se tiene conocimiento de que existen diversas iniciativas pendientes de dictamen en este Congreso. Por lo cual es necesario crear esta comisión. Además, quisiera decirles que, si me hubiera traído la cantidad de hojas, estaría un poquito más alto, para que ustedes pudieran ver que alrededor de 150 mil hojas fueron repartidas hoy.

Creo que es necesario legislar y meter esto ya en iniciativas o reglamentos hacia lo que es este recinto. También quiero decirles que es necesario el uso de la computadora.

Por el tiempo que tenemos establecido y para no quitarles más de su tiempo, les diré que, por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La creación de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos, y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de información y comunicaciones.

Termino, compañeros.

Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que determine la Junta de Coordinación Política, quines serán propuestos por los grupos parlamentarios en forma proporcional y representación en la Cámara de Diputados, y contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La Comisión Especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.

Entrego, porque no puedo dejar al presidente mi laptop ni mi iPod aquí, en este recinto; le tengo que entregar por escrito. De favor, señor presidente. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo del diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado federal Tomás Gutiérrez Ramírez perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

Consideraciones

La transformación de México en una sociedad de la información e innovación tecnológica es un asunto de alta prioridad nacional. Como Estado, nuestro país tiene que establecer las políticas que le permitan hacia el exterior superar la brecha digital ¹ que lo separa de los países desarrollados que controlan la mayor parte de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como los contenidos que circulan por la red. Hacia el interior, el Estado mexicano debe promover en conjunto con la sociedad, una serie de acciones y políticas que permitan cerrar la brecha digital que hoy existe entre grupos socioeconómicos, entre regiones, entre géneros y entre grupos de edad, así como también, modernizar nuestra industria, la economía y la legislación.

Existen al menos tres hechos que vinculan el conocimiento con el desempeño económico y el desarrollo: 1) la globalización, que se manifiesta en el flujo de bienes, servicios y en menor medida personas; 2) el mayor peso de los servicios, industrias y exportaciones de alta tecnología en la generación de alta riqueza, y 3) el uso cada vez más extendido de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las actividades productivas ² .

A medida que el acceso a las TIC se ha ampliado, estas tecnologías han ayudado a elevar la productividad, han multiplicado el acceso a bienes y servicios e incluso han contribuido a ampliar las oportunidades de desarrollo para personas y comunidades en condiciones de pobreza y marginación. Pero el acceso por sí solo no es suficiente, la existencia de un ambiente económico favorable, un marco jurídico que brinde certeza y seguridad jurídica, y las habilidades de la población para hacer uso de las TIC, entre otros aspectos, son indispensables para aprovechar el potencial que ofrecen.

Por ejemplo, la telefonía fija sigue siendo una tecnología fundamental para las comunicaciones en nuestro país. No obstante, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento acelerado en años recientes, en 2005, mientras 45 personas de cada 100 eran usuarios de telefonía móvil a nivel nacional, sólo existían 17 líneas fijas por cada 100 habitantes. Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur son las entidades con mayor densidad de telefonía fija en el país en 2005. Por otro lado, la diferencia entre la entidad federativa con mayor densidad de telefonía fija, el Distrito Federal (39.9 líneas por cada 100 habitantes) y la entidad con el nivel más bajo, Chiapas (5.1 líneas por cada 100 habitantes) es casi 8 veces. ³

En lo que se refiere a la telefonía móvil, en todas las entidades federativas la penetración de este tipo de tecnología (usuarios por cada 100 habitantes) es mayor que la densidad de telefonía fija (líneas por cada 100 habitantes). Destaca Quintana Roo, donde existen casi 128 usuarios de telefonía móvil por cada 100 habitantes, ⁴ el nivel más alto de todas las entidades del país y donde la penetración de telefonía móvil es casi 7 veces superior que en Chiapas (18.8 usuarios por cada 100 habitantes).

Ahora bien, respecto al uso de computadoras en México tenemos que ha aumentado de forma creciente en años recientes: mientras que en el año 2001 había 14.8 millones de usuarios de computadoras, en 2006 se contabilizaron 28.6 millones de usuarios. Pero el ritmo de crecimiento anual en el número de usuarios ha ido disminuyendo: el aumento en los usuarios de computadoras entre 2001 y 2002 fue de 34.9% y cuatro años después, de 2005 a 2006, fue de solo 7.7% ⁵

Si bien, la telefonía móvil y las computadoras constituyen tecnologías digitales cuyo uso se ha extendido entre la población y en las entidades económicas, la evolución reciente de Internet como medio de comunicación, adquisición de información y conocimientos, y acceso a productos y servicios, ha influido crecientemente en las preferencias y gustos de las personas, sus formas de vinculación y aprendizaje. Internet se ha consolido como un medio de gran potencial que, combinado de manera efectiva con otros elementos, puede ayudar al crecimiento de las economías y al progreso de la sociedad. ⁶

Al respecto el Reporte de Competitividad Global 2008-2009 del Foro Económico Mundial señala que de 134 países México ocupa el lugar 63 en usuarios con acceso a Internet, el 55 con personas que cuentan con computadora personal, el 76 donde las escuelas cuentan con acceso a Internet, el 56 en cuanto a suscriptores a Internet de banda ancha, el 67 en capacidad de innovación tecnológica, el 79 en cuanto a la calidad de los institutos de investigación científica, el 84 respecto a la colaboración en investigación que existe entre universidades e industria y el 104 en adquisición de productos de tecnología avanzada. ⁷

Lo anterior, nos lleva a considerar que si bien se está trabajando en tecnologías de la información y comunicaciones, el nivel con el que contamos actualmente no es el indicado para mejorar las expectativas de los mexicanos. En este sentido, se considera que el cambio tecnológico no debe ser fuente de más desigualdades, por el contrario, debe ser visto como una herramienta que permita darle viabilidad a nuestras aspiraciones de mayor igualdad social. Esto supone un desafío en materia de infraestructura en telecomunicaciones; competencia en el sector; contenidos accesibles y útiles; educación, cultura, el perfeccionamiento del marco jurídico y seguir avanzando hacia el gobierno electrónico. Desafío que ha de enfrentarse desde todos elementos del Estado, para llevar a cabo el avance tecnológico, la desaparición de la brecha digital y el acceso a la sociedad de la información y a condiciones de vida más igualitarias para todos nosotros.

En este marco, debe destacarse la estrategia implementada a partir del sexenio de Vicente Fox, con la creación en diciembre de 2005 de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la cual tiene el propósito de apoyar las diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del gobierno electrónico.

Así, con respecto del también llamado Gobierno Digital, éste tiene como objeto aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el fin de agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.

Así, el Gobierno Digital, conocido como e-Gobierno, es un componente del Sistema Nacional e-México, que promueve el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal de trabajo de las unidades que conforman la APF, a través de siete líneas de acción, como son: Instalación y aprovechamiento de infraestructura tecnológica gubernamental ⁸ , uso intensivo de redes de intranet gubernamental e Internet, para mantener integrada la actividad del sector público en todas las dependencias y entidades de la APF, e imprimir mayor precisión y oportunidad a la gestión de los servidores públicos.

En el ámbito legislativo, ante el hecho evidente de que Internet ha transformado al mundo, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, se han expedido normas que pretenden dar certeza jurídica a los actos llevados a cabo en los más diversos ámbitos de interacción social. Al respecto, pueden señalarse como ejemplo de lo anterior, que en mayo del año 2000, entraron en vigor una serie de reformas al Código Civil Federal, al Código de Comercio, al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Su finalidad era habilitar la contratación electrónica, de manera que los acuerdos celebrados por ``medios electrónicos ópticos o cualquier otra tecnología'' pudieran considerarse legalmente válidos y por consiguiente plenamente obligatorios y exigibles entre las partes que concurrieron a su celebración.

Asimismo, debe destacarse la implementación de la firma electrónica en la realización de diversos trámites ante dependencias y organismos públicos, como el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y el Banco de México.

No debe dejar de mencionarse, las recientes reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero del año en curso, con la finalidad de crear una base de datos de usuarios de telefonía móvil.

También es de destacar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el mes de octubre del año 2007, con la finalidad de extender el uso de la firma electrónica para la realización de diversos trámites; así como las reformas a las Leyes Federal del Procedimiento Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, con la finalidad de incorporar los llamados juicios en línea, publicadas el día 12 de marzo del año 2009.

Por otra parte, se han presentado ante el Congreso de la Unión, y se encuentran pendientes de dictaminación, diversas iniciativas que proponen la creación de leyes o reformas legales, en las que se incluye en su articulado, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para el reconocimiento de determinada situación jurídica.

Entre dichas propuestas, se tienen las referentes a la tipificación de los llamados delitos informáticos; la creación de leyes anti-spam, y en materia de protección de datos personales y de fomento de los videojuegos.

Ahora bien, si de la lectura de esta lista de temas complejos que constituyen reformas aprobadas o iniciativas de ley, es difícil precisar su alcance y contenido, eso es sólo una muestra de lo difícil que puede ser para las autoridades aplicarlas y lo inseguro que puede ser para los gobernados pretender conocer el alcance y consecuencias jurídicas.

En los países donde ya se han creado leyes relacionadas con el entorno digital, la técnica legislativa es ordenada (Estados Unidos de América, España, Corea, Canadá, Francia, Holanda, entre otros). En dichas jurisdicciones es común encontrar una serie de leyes separadas entre sí, de manera que cada una regula en forma concisa, sólida y clara una materia normalmente bien delimitada.

La creación de dichas normas ha estado acompañada de la participación no sólo de peritos conocedores de la materia sustantiva, sino también de expertos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de que esta Cámara de Diputados cuente con un órgano que participe activamente en todas aquellas normas que contemplen para su eficacia, el empleo de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Dicha Comisión deberá abonar en la generación de un orden jurídico coherente, técnicamente viable y uniforme en materia de entorno digital en nuestro país, que no sólo importe y adopte preceptos jurídicos tomados de sistemas legales extranjeros, sino que con seriedad y responsabilidad se adecuen a nuestra realidad nacional, mediante una técnica legislativa mesurada, y que como ingrediente adicional, armonice con las leyes del entorno internacional.

Por lo anterior, tenemos entonces que se requiere establecer desde el Congreso de la Unión, las medidas necesarias para disminuir la brecha digital, así como las acciones que brinden coherencia y orientación a todas aquellas reformas legales que involucren el empleo de tecnologías de la información.

En efecto, el Congreso de la Unión, debe ser no sólo un actor en la conformación de una agenda digital de largo alcance, sino promotor permanente de la inclusión digital como factor esencial del desarrollo humano de los mexicanos. La voluntad política y la transformación de un marco jurídico apropiado son las tareas que se deben emprender a la brevedad por los legisladores de todos los grupos parlamentarios para, desarrollar la agenda digital a largo plazo que requiere el país.

Pero se reitera, que no sólo se requiere impulsar y dar seguimiento oportuno a las acciones legislativas y de política pública requeridas para disminuir la brecha digital, sino que también es necesario que este órgano del Poder Legislativo federal, cuente con un órgano integrado por conocedores de la materia de las tecnologías de la información y de comunicaciones, que de manera transversal y coordinada, opine y participe en todas aquellas reformas legales que consideren el uso de estas tecnologías en la reforma o perfeccionamiento del marco jurídico federal. Lo anterior, con independencia de los temas sustantivos de la competencia de las comisiones ordinarias.

Es en este contexto, que se considera que la Cámara de Diputados deberá realizar los trabajos necesarios ya mencionados, a través de la creación de una Comisión Especial denominada ``Para el Acceso Digital a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad legislativa, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones''

Mención y reconocimiento particular merece la creación en la LX legislatura, de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos, que en forma destacada llevó a cabo diversos foros y reuniones con especialistas en la materia, autoridades, sectores involucrados y la sociedad en general, eventos de los que rindió fruto la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información aprobada por este órgano del Poder Legislativo federal, y que está en proceso de aprobación en el Senado de la República.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad Legislativa, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. Someta a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad Legislativa, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Tercero. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Cuarto. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Quinto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Sexto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Séptimo. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Notas: 1 Arturo Serrano y Evelio Martínez en su libro La Brecha Digital: Mitos y Realidades. México, Editorial UABC, 2003, definen la brecha digital como ``la separación que existe entre las personas (comunidades, estados países) que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas''. 2 Fundación Este País. ``México ante el reto de la economía del conocimiento''. México 2008, p. 32 3 Idem. 4 Existen usuarios que son propietarios de más de una línea de telefonía móvil. 5 Ibid, p. 33 6 Idem. 7 Disponible en http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html 8 Se refiere a una red de tecnología de información y comunicaciones sustentada en el establecimiento de lo más avanzado en hardware, software, sistemas, redes, conectividad a internet, bases de datos, infraestructura para capacitación en línea. (e-Learning) y recursos humanos especializados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para los programas dirigidos a atender a los pueblos y a las comunidades indígenas.

El diputado Filemón Navarro Aguilar: Con su venia, diputado presidente.

* Ku' taxin yu'u na kuni ko xi, ña va:

``Que no se quede callado quien quiera vivir feliz''

Atahualpa Yupanqui

Derivada de la crisis económica que estamos viviendo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, aunada a la caída de las remesas de nuestros conciudadanos y la aceleración del desempleo, tenemos una gran tarea, como legislador indígena, sobre todo, porque sabemos que los más afectados de esta situación económica son nuestras hermanas indígenas y hermanos indígenas del país, que viven en situaciones de alta y muy alta marginación.

En este contexto, el Ejecutivo federal ha mandado al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico para 2010. Incluso, el Ejecutivo federal se atrevió a enviar una iniciativa de ley que establece la contribución para el combate a la pobreza, donde pretende cobrarnos 2 por ciento de impuestos a los más pobres a fin de implantar políticas sociales que beneficien a este sector. Sin embargo, esto no es cierto.

Si revisamos la propuesta que mandó el Ejecutivo federal a este recinto sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, nos podemos dar cuenta de que a la institución encargada de atender a los pueblos y a las comunidades indígenas se les ha reducido el presupuesto. Esto quiere decir que a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se le quiere designar un monto de 7 mil 340.7 millones de pesos para 2010; es decir, 468.5 millones de pesos menos que en 2009. En términos porcentuales, este monto representa 0.23 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

Ahora, si hacemos el ejercicio sobre la propuesta de egresos de la federación para 2010, encontramos que en el presupuesto para el desarrollo integral de los pueblos y de las comunidades indígenas, en el Anexo 7, representa sólo 1.40 por ciento del Presupuesto. Sin lugar a dudas, este presupuesto para la atención a los pueblos indígenas es vejatorio. Es por eso que, como legislador indígena, propongo un presupuesto digno para nuestras hermanas y hermanos indígenas. Es un gran problema que se tiene que resolver de inmediato. No puede ser posible que hoy los indígenas sean identificados por tener un bajo perfil, tanto en los niveles de ingreso como por su situación generalizada de marginación.

Sin temor a equivocarme, la ciudadanía correlaciona ser indígena con ser pobre, y con toda razón. Por ejemplo, 3.4 por ciento de las viviendas a nivel nacional carecen de electricidad, mientras que en las viviendas indígenas se triplica a 9.9 por ciento.

En cuanto a población analfabeta, la indígena de 15 años o más ha llegado a 21.6 por ciento, en tanto que a nivel nacional es de 6.3 por ciento. Asimismo, 28.2 por ciento de las mujeres indígenas no tiene ninguna instrucción; en los hombres indígenas esto representa 17.3 por ciento.

Ante esto, compañeros diputados, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a etiquetar, en el dictamen del Presupuesto de la Federación para el Ejercicio 2010, recursos en 10 por ciento del total del monto propuesto para el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010, a fin de atender a los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo. Se exhorta a las instituciones de la administración pública federal del gobierno a implementar y ejecutar acciones necesarias para atender a los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para los programas dirigidos a atender a los pueblos y a las comunidades indígenas, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Federal Filemón Navarro Aguilar, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debido a la crisis económica que estamos viviendo tanto a nivel mundial como nacional, aunada a la caída de las remesas de nuestros conciudadanos y la aceleración del desempleo. Ante ello, tenemos una gran tarea como legislador indígena, sobre todo, porque sabemos que los más afectados de esta situación económica son nuestras hermanas y hermanos indígenas del país que viven en situaciones de alta y muy alta marginación.

En este contexto, el Ejecutivo federal ha mandado a este Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico para el 2010.

Incluso, el Ejecutivo federal se atrevió a enviar una iniciativa de de ley que establece la contribución para el combate a la pobreza, en donde pretende cobrarnos el 2 por ciento de impuestos a los más pobres, a fin de implementar políticas sociales que beneficie a este sector.

Sin embargo, esto no es cierto. Sí revisamos la propuesta que mandó el Ejecutivo federal a este recinto sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) nos podemos dar cuenta que a la institución encargada de atender a los pueblos y comunidades indígenas se le ha reducido el presupuesto. Esto quiere decir que a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, se le quiere designar un monto de 7 mil 340.7 millones de pesos para el año 2010, es decir, 468.5 millones de pesos menos que en el año 2009. En términos porcentuales este monto representa el 0.23 por ciento del total de la propuesta del PEF 2010.

Ahora, si hacemos el ejercicio sobre la propuesta del PEF para el 2010, encontramos que el presupuesto para el desa-rrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas descritos en el anexo 7 representa el 1.40 por ciento del total del Presupuesto.

Sin lugar a dudas, este presupuesto para la atención de los indígenas es vejatorio. Es por eso que como legislador indígena propongo un presupuesto digno para nuestras hermanas y hermanos indígenas.

Recordemos que en nuestro país existen más de 19 millones de personas en pobreza alimentaria, mexicanos que no cuentan con los ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas como la alimentación (Instituto Nacional de Estadística y Geografía- Comisión Económica para América Latina y el Caribe). De los cuales, la gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas indígenas se ubican en esta problemática.

También hay que reconocer que ha habido avances favorables en la implementación de políticas públicas en materia indígena, sin embargo, estas políticas han sido y siguen siendo de corte afirmativo que buscan la valoración cultural y la redistribución económica para dignificar, actuar con equidad y mejorar niveles de vida de los indígenas. Y a pesar de los pocos avances que se han obtenido, las condiciones de los indígenas siguen siendo de pobreza, discriminación, exclusión, analfabetismo, falta de oportunidades básicas y dificultades de acceso al bienestar y a los servicios.

Es un gran problema que se tiene que resolver de inmediato. No es posible que hoy día los indígenas sean identificados por tener un perfil con bajos niveles de ingreso y por situaciones generalizadas de marginación. Sin temor a equivocarme, la ciudadanía correlaciona el ser indígena con el ser pobre, y con toda razón. Por ejemplo, el 3.4 por ciento de las viviendas a nivel nacional carecen de electricidad, mientras que en las viviendas indígenas se triplica al 9.9 por ciento.

En cuanto a la población analfabeta indígena de 15 años o más se ha alcanzado el 21.6 por ciento, en tanto que a nivel nacional es de 6.3 por ciento. Asimismo, el 28.2 por ciento de las mujeres indígenas no tiene instrucción, en cambio, en los hombres indígenas esto representa el 17.3 por ciento ( Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006). Estas estadísticas nos llevan a pensar en una política de indigenización de la pobreza.

Ante esta situación es de vital importancia coadyuvar a combatir el rezago de la pobreza del grupo más vulnerable. Sí, compañeras y compañeros legisladores debemos implementar acciones que permitan combatir eficazmente la desigualdad que por tanto tiempo se ha ido acumulando. Ya es tiempo de apoyarlos y cobijarlos ante esta situación de crisis económica de nuestro país.

Es urgente y necesario que el Ejecutivo federal implemente acciones a corto y mediano plazo, a fin de subsanar las carencias y necesidades básicas de los 12 millones de indígenas que habitan nuestro país.

Compañeras y compañeros legisladores, también hay que reconocer y concebir a la corresponsabilidad como principio de nuestras acciones, las cuales las asumimos bajo este principio. Por tanto, creemos y confiamos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública etiquetara al Ejecutivo federal y que este atenderá con mucha responsabilidad está situación que le exhortamos.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a etiquetar, en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos en un 10 por ciento del total del monto propuesto para el PEF de 2010, a fin de atender a los pueblos y comunidades indígenas del país.

Segundo. Se exhorta a las instituciones de la administración pública del gobierno federal a implementar y ejecutar las acciones necesarias para atender a los pueblos y comunidades indígenas del país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Navarro Aguilar.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador delEstado de México, a que respete las garantías de legalidad y audiencia y los derechos humanos y laborales de los trabajadores magisteriales del municipio del valle de Chalco, desplazados en sus funciones desde el 16 de agosto de 2009; así como la integridad física y moral de quienes se sostienen en huelga de hambre frente a la casa de gobierno de ese estado.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el 16 de agosto pasado se inició el ciclo escolar 2009-2010 con una desagradable injusticia en el caso del magisterio del valle de Chalco,Estado de México, pues decenas de maestros reconocidos ante la ley como servidores públicos fueron injustamente desplazados y desalojados de sus centros escolares y por ende de sus centros de trabajo.

A pesar de los esfuerzos por resolver con el diálogo y la razón esta injusta situación, la autoridad ha desoído en numerosas ocasiones sus reclamos, situación que motivó la movilización social de este grupo de profesores y profesoras.

Después de algunos intentos de establecer comunicación y mesas de resolución del conflicto, el gobernador constitucional del Estado de México, Enrique Peña Nieto, designó a los señores Luis Manuel Miranda, secretario de Gobierno; y Ernesto Monroy, subsecretario de Educación Básica del gobierno de esta entidad federativa, para atender las demandas de los inconformes.

En tres ocasiones, y hoy nuevamente, han suspendido las negociaciones dichos funcionarios. A pesar de haberse comprometido a recibir a los profesores, cancelaron las sesiones y hasta el momento no los han recibido. Hemos estado hablando con algunos diputados del Estado de México el día de hoy, y aún no los reciben.

Desde el lunes 28 de septiembre los trabajadores desplazados y otros, de forma solidaria, mantienen un plantón en la capital mexiquense sin obtener respuesta por parte de las autoridades y sin que éstas aperturen siquiera la menor posibilidad de diálogo.

Diez de los manifestantes en una acción desesperada optaron por declararse en huelga de hambre desde el pasado 30 de septiembre, Fidelino López, Nancy Ortega, Silvia González, José Luis Aguilar, Esperanza Galindo, Carlos Gómez, Marco Antonio Polo, Elizabeth Nava, Lourdes Joaquín y Benito Hernández se encuentran en huelga de hambre.

Cabe señalar que ayer tres de ellos la levantaron por una situación ya de deterioro franco de su salud. Ante esta situación, y haciéndole un llamado a todos los diputados y diputadas aquí presentes del Estado de México, solicitamos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Ejecutivo local de esa entidad federativa, a respetar las garantías de legalidad de audiencia, el respeto a los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores magisteriales del valle de Chalco, Estado de México, desplazados de sus funciones desde el 16 de agosto de 2009, así como que se resguarde la integridad física y moral de quienes se sostienen en huelga de hambre frente a la casa de gobierno del estado.

Segundo. Que se exhorte también a establecer de inmediato las mesas de negociación tendentes a reactivar el diálogo y resolver este conflicto, en las que intervengan funcionarios de la administración pública estatal facultados con la capacidad de resolver esta situación.

Solicito igualmente que se integre el texto completo en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a respetar las garan- tías de legalidad y audiencia, y los derechos humanos y laborales de los trabajadores magisteriales de Valle de Chalco desplazados de sus funciones desde el 16 de agosto de 2009, así como la integridad física y moral de quienes mantienen huelga de hambre frente a la casa de gobierno, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

El principio de autoridad y el ejercicio del poder sólo pueden ser efectivos y contener genuina validez cuando se ajustan a la legalidad y promueven la justicia, la estabilidad, el equilibrio y el bienestar social. Por ende, es necesario que los gobernantes sean sensibles ante los legítimos reclamos de la población, pues en caso de no hacerlo se correría el riesgo de reforzar el viejo modelo --anacrónico y despótico-- que pugna por hacer de ésta una república sin ciudadanos, un falso paraíso de frívolas simulaciones y omisiones, incapaz de resolver conflictos, pero necesario para mantener inmaculadas las banales aspiraciones de posteridad y poder perpetuo.

En momentos de dificultad, los gobernantes deben actuar con especial sentido del valor, con sensibilidad política y con una amplia vocación democrática, cualidades que la patria reclama en estos tiempos adversos, en los que reinan la desesperanza y la desconfianza de la población hacia su gobierno. Es menester, por supuesto, que todas estas necesarias características se respalden en el imperio de la ley, pues sólo de esa forma es posible concebir un modelo auténtico de estado democrático de derecho.

La situación que se vive hoy en Toluca, México, requiere la intervención de la clase de políticos valiosos como los que se describen, toda vez que las omisiones de los gobiernos que ``no oyen y no ven'' no son compatibles con una nación colmada de necesidades que aspira a salir adelante en sus anhelos de progreso.

El 16 de agosto pasado inició el ciclo escolar 2009-2010, con una desagradable injusticia: trabajadores magisteriales de Valle de Chalco, México, todos ellos reconocidos ante la ley como servidores públicos de la educación, fueron injustamente desplazados y desalojados de sus centros de trabajo. Pese a los esfuerzos para resolver con el diálogo y la razón esta situación injusta, la autoridad ha desoído en numerosas ocasiones sus reclamos, situación que motivó la movilización social de este grupo de profesores.

Después de algunos intentos por establecer comunicación y mesas de solución del conflicto, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, designó a Luis Manuel Miranda, secretario de Gobierno, y Ernesto Monroy, subsecretario de Educación Básica de la entidad, para atender las demandas de los inconformes. En tres ocasiones, dichos funcionarios se comprometieron a escuchar a los profesores desplazados, en las que cancelaron las sesiones pese a que había el acuerdo político para desactivar el problema.

Desde el lunes 28 de septiembre de 2009, los trabajadores desplazados y otros maestros solidarios mantienen un plantón en la capital mexiquense. Sin obtener repuestas de las autoridades, sin que éstas abrieran siquiera la menor posibilidad de diálogo, 10 de los manifestantes, en una acción desesperada, optaron por declararse en huelga de hambre el pasado 30 de septiembre: Fidelino López Morán, Nancy Ortega Olays, Silvia González González, José Luis Aguilar Bahena, Esperanza Galindo Morales, Carlos Gómez Rosas, Marco Antonio Polo Gómez, Elizabeth Nava Villanueva, Lourdes Joaquín Bernabé y Benito Hernández Téllez. Ni esta acción extrema ha posibilitado que sean escuchadas sus voces y peticiones por las autoridades del estado de México. Al día de hoy, tres de los huelguistas han optado por levantar la protesta, en virtud de que presentan graves problemas de salud, después de varios días de inanición y permanente desdén de los gobernantes.

La nación requiere sensibilidad de sus servidores públicos. Los gobernantes no pueden aspirar a nada si no son capaces siquiera de cumplir la elemental tarea de escuchar a los ciudadanos, de brindar la posibilidad de la audiencia y de garantizar la legalidad en la resolución de conflictos sociales, no sólo por cuestiones de ética o de compromiso social, lo que por sí mismo debería ser suficiente causa, sino por una obligación constitucional, ineludible, fundamental e inexcusable. De lo contrario, se pone en riesgo no sólo el motivo de ser del estado democrático y de derecho a que la población mayoritariamente aspira, sino los derechos laborales y humanos e, incluso, la vida misma de este grupo de profesores de educación básica.

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo que disponen los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponemos a esta soberanía, para que sean considerados de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Ejecutivo local, a respetar las garantías de legalidad y audiencia, el respeto de los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores magisteriales del Valle de Chalco desplazados de sus funciones desde el 16 de agosto de 2009, así como la integridad física y moral de quienes se sostienen en huelga de hambre frente a la casa de gobierno.

Segundo. Establecer de inmediato mesas de negociación tendentes a reactivar el diálogo y resolver este conflicto, en las que intervengan funcionarios de la administración pública estatal facultados para atender estos asuntos, de forma definitiva e inmediata.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Reyes Sahagún.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DEL CAFE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente:

Consideraciones

Conforme a datos del padrón nacional cafetalero, el café se cultiva en doce estados (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luís Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro y Tabasco) y en 398 municipios de nuestro país, y en su cadena productiva participan alrededor de 4 millones de mexicanos.

No obstante, las características comunes a todas las zonas de cultivo de este producto de la tierra son la incomunicación, la falta de infraestructura básica, la pulverización de la tierra y la pobreza de los productores, en su mayoría indígenas.

Asimismo, como reporta el Sistema Producto Café, el método de producción predominante en México es de baja tecnificación y de intensidad en el uso de mano de obra. A ello obedece que el principal costo de producción sea el pago de jornales.

A estos factores adversos se une nuestra baja competitividad frente a otros países productores, en donde se presentan aumentos en la producción, derivados de la introducción de la mecanización en los procesos de siembra, recolección y beneficio; ampliación de zonas para el cultivo, bajos costos de mano de obra, asistencia técnica oficial y aperturas de crédito.

Ello provoca que nuestros productores y, en general, la industria que gira sobre la producción del café tengan grandes vulnerabilidades, pese a que últimamente nuestras exportaciones hayan crecido y que los precios del café se hayan mantenido al alza.

Ante las debilidades descritas, de productores, jornaleros, benefactores, comercializadores, vendedores y transformadores, se hace indispensable adoptar medidas de protección para quienes participan en las etapas que van desde la siembra hasta el consumo del café y de fomento a esta agroindustria.

Tales medidas básicamente podrían consistir en la promoción social y administrativa del producto; en la actualización de la legislación reguladora; en la programación y presupuestación que permita mejorar fondos públicos destinados al sector; en la diplomacia parlamentaria que fomente vínculos de cooperación con parlamentos de otros países productores, en actividades tendientes a desarrollar la cafeticultura; entre otros aspectos.

Buena parte de estas actividades y políticas ha correspondido realizarlas a esta Cámara de Diputados.

En anteriores legislaturas, los diputados, principalmente de los estados productores, han trabajado en la construcción de iniciativas relacionadas con el desarrollo sustentable de la cadena productiva cafetalera y gestionado recursos presupuestales, fundamentalmente para el sector social de producción de este insumo.

Por ello, es importante, consecuentemente, que esta LXI Legislatura dé continuidad a esos esfuerzos, puesto que la actividad del sector cafetalero de México persiste y requiere de desarrollo y crecimiento, con el respaldo de esta soberanía.

Para atender este segmento de la función legislativa es, entonces, conveniente reconstituir la Comisión Especial del Café, que ya ha venido operando desde hace ocho años, de los cuales los dos primeros actuó como grupo de trabajo y los seis siguientes como comisión especial.

En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, someto con el apoyo de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI de Oaxaca, a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial del Café, cuyo objeto será interactuar con los productores, comercializadores e industriales del café y con las instituciones públicas, privadas y sociales que incidan en el sector y ser un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.

Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que la junta de coordinación política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva, que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La Comisión Especial del Café tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas.

La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo ante ustedes para invitarlos a hacer una reflexión respecto al punto de acuerdo que he entregado a la Junta de Coordinación Políticay que hoy les presento.

El tema que hoy traigo ante este pleno nos une como mexicanos y mexicanas y, sobre todo, como seres humanos. Éste es un tema en el que coincidimos sin importar la ideo-logía o partido al que representemos. Pero, sobre todo, éste es un asunto que nos debe preocupar a todos y en el que el país necesita de la participación de cada uno de nosotros, esto es: el combate a la trata de personas, un crimen que ha infiltrado nuestra sociedad y a los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, se entiende por ``trata de personas'' la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión, o recepción de pagos, o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Desde hace varios años en nuestro país se han dado pasos importantes en el combate a este flagelo que arremete contra personas de los más diversos entornos económicos y sociales de nuestro país, sobre todo contra nuestras niñas y nuestros niños.

En este sentido, México fue uno de los primeros países en comprometerse con la comunidad internacional, a través de la ratificación de este protocolo en 2003. Y a partir de ese momento el gobierno mexicano se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, combatir y proteger a las víctimas de este fenómeno delictivo.

Pudiera pensarse que actualmente contamos con los mecanismos necesarios para poder emprender una lucha frontal contra la trata de personas. Sin embargo, la realidad nos señala que a la fecha no existe ningún tratante sentenciado y que las acciones de prevención y atención a las víctimas se encuentran detenidas, mientras que las redes de tratantes siguen operando en nuestro país de manera impune.

Consideramos de gran relevancia que el Poder Legislativo pueda dar seguimiento a la labor que esta comisión debe desarrollar, de acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento. Es por este asunto que hoy los invito a que nos unamos a esta lucha. Los invito a que tomemos como bandera de ésta, la LXI Legislatura, ser la voz de niñas, niños, mujeres y varones que hoy son víctimas y se encuentran bajo condiciones de esclavitud.

Luchemos juntos, sin importar partidos o ideologías, hasta lograr erradicar de nuestro país la impunidad, la ineficiencia y el desinterés que ha permitido que este crimen continúe. Garanticemos a cada niño y niña mexicano las condiciones suficientes para el desarrollo de una vida plena, comenzando con su integridad física y moral.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, y una vez realizado lo anterior lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La Comisión Especial tiene como objeto el presente punto de acuerdo y funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será hasta agosto de 2012, sin perjuicio de que, al cumplirse el objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Rosi Orozco integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Según lo señalado en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños se entiende por ``trata de personas'' la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas señala que comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá acreditación de los medios comisivos.

Ambos conceptos definen un acto que denigra totalmente la condición humana, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que este delito genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares aproximadamente al año (Méndez, 2007).

Es además una nueva modalidad de esclavitud y una forma extrema de violencia contra las mujeres y la niñez, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también, el mercado y la sociedad misma al permitir o tolerar estos delitos

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que actualmente miles de mujeres y niñas, en todo el mundo son víctimas de la trata de personas y del tráfico de migrantes. Y en este momento señoras y señores diputados estas mujeres pueden estar huyendo de su país de origen debido a diversas razones y requieren protección internacional y protección legislativa, y es ahí donde nuestra labor es sumamente importante.

México, es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes mexicanos, quienes son las principales víctimas de la trata de personas, los cuales son utilizados principalmente, con fines de explotación sexual y laboral (Inmujeres, 2006).

Atendiendo al Informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre Trata de Personas del 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo.

Este delito tiene formas y mecanismos diversos, así como finalidades diferentes, pero que al final confluyen en la brutal explotación y el uso de las personas, --de los seres humanos, de las mujeres, hombres y menores de edad que pueden ser cualquiera de nosotras y nosotros o nuestras hijas e hijos-- para propósitos ilícitos, además de ser a todas luces una violación inminente a los derechos humanos y una manifestación más de las inequidades de género, al ser las mujeres y las niñas las víctimas del mismo en la mayoría de los casos.

El problema de la trata de personas es también un problema transnacional y un problema que afecta a toda la nación, de ahí la importancia que desde los tres poderes se hagan esfuerzos sin límite por prevenir, sancionar, legislar y atender el problema de la trata de personas.

Las cadenas de la trata de mujeres y niñas fluyen desde los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, evidenciando la existencia de una demanda de mujeres y niñas para realizar ocupaciones o empleos en condiciones de esclavitud y violencia.

En nuestro país este delito ha encontrado una especie de trampolín para la migración del sur del continente hacia Norteamérica, --se ha acentuado en las últimas décadas--, y tiene que ver, principalmente, con la pobreza, la falta de empleos suficientes, la ubicación geoestratégica de nuestro país, las inequidades entre los géneros entre otros; situación que debemos tener en cuenta, mucho más ahora que la crisis económica mundial está dejando sin empleo y sumidos en la pobreza a muchos más seres humanos.

Hoy en día es fundamental realizar un análisis de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, incentivar la participación de la sociedad civil, así como la formación y capacitación de servidores públicos que le den una verdadera funcionalidad al marco jurídico; así como la elaboración mecanismos de protección para víctimas de este delito mediante el establecimiento de albergues que garanticen un efectivo trato y asesoría a las víctimas de este delito.

La trata de personas, generalmente, ocurre a partir de tres fases, la de enganche, la de traslado y la de explotación de la víctima.

Estas tres fases son llevadas a cabo por redes de tratantes, es decir, la delincuencia organizada, definida por la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado como ``un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material''.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Inmujeres, 2006:24), señala que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de la trata. Sin embargo, las mujeres, las niñas y los niños son más vulnerables, en especial en lo que respecta a la explotación sexual y la servidumbre.

Este delito ha sido abordado en varios instrumentos internacionales ante los cuales México se ha comprometido al ser celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, y que de conformidad con el artículo 133 constitucional, son ley Suprema de la Unión, entre los que se encuentran:

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN).

Otro punto importante es que en el año 2006 el COCEDAW instó a nuestro país a estudiar el fenómeno de la trata, incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar información sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización, así como a emprender acciones para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad, además, de recomendar campañas nacionales de concientización para prevenir a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y consecuencias de la trata y ha demandado también la capacitación de funcionarias y funcionarios de migración, policías y guardias de vías terrestres, fronteras y costas sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas, y las distintas formas de explotación.

Entre estas formas de explotación se encuentran, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la misma y la extracción de órganos.

Los principales elementos o mecanismos utilizados en el delito de trata son el reclutamiento realizado a través de ofertas de trabajo falsas, el secuestro de la persona que será utilizada para el delito de trata, o la todavía existente compra y venta de personas para trata.

Otro de los mecanismos que se utilizan en el delito de trata es el transporte físico de las personas víctimas de trata mediante la coerción física o psicológica y/o el engaño implicado en la oferta, con el fin de explotarla sexualmente o explotar su trabajo, y es necesario señalar que en todo este proceso se observa la ausencia de consentimiento informado.

Como causas --que no justificantes-- de la comisión de la trata de personas encontramos en los países de origen de las víctimas de este delito, fenómenos como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, las crisis políticas y humanitarias y la marginación, subordinación y la discriminación que sufren las mujeres y la infancia y en el caso de los países de destino de las víctimas de trata de personas se observa una alta demanda de mano de obra barata y una gran demanda de mujeres y niñas para la industria del sexo.

Este delito tan deleznable, representa como ya señalaba, un negocio atractivo para los traficantes y la delincuencia organizada, debido a que, entre otras causas; existen pocos riesgos para los delincuentes de trata, pues no todos los países cuentan con una ley que sancione este delito, no se brinda la capacitación necesaria a los perseguidores e impartidores de justicia sobre el tema y como reconocerlo y juzgarlo, no existe una cultura de protección integral a la víctima de este delito y muy al contrario en muchos casos, es juzgada como migrante irregular y representa un negocio en el cual en muy pocas ocasiones se sufre una pérdida económica, ya que la inversión real corresponde al reclutamiento de seres humanos.

Pero lo más grave de todo esto y lo que nos debe de preocupar como Poder Legislativo, son las consecuencias de este delito sobre los seres humanos, sobre las y los mexicanos. Entre estas consecuencias, podemos señalar la violación de los derechos humanos, tanto por los perpetradores del delito como por las autoridades judiciales y de migración, la exposición permanente a la violencia en todas sus modalidades, la exposición permanente de las víctimas a contagios de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo y ante todo el riesgo inherente y permanente que sufren las víctimas de trata de perder la vida.

Todas estas mujeres y hombres víctimas de este flagelo, que se sienten atrapadas y sin una salida segura, que trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o encubierto, que residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas, que tienen conocimiento limitado de sus derechos y opciones legales, que sufren restricción a su libertad personal, que están de paso, que han sido cambiadas de una ciudad a otra o de un establecimiento a otro, que probablemente han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y amenazas de abuso contra ellas o su familia, que están a la merced de la violencia, multas o castigos por parte de empleadores o tratantes, que no tienen una situación legal en el país donde se encuentran, que les han quitado sus documentos y les preocupa una posible deportación, que mienten sobre su edad, sobre todo si son menores, que están atrapadas en situaciones de esclavitud por deuda u otras obligaciones relacionadas con el crimen organizado --funcionarios gubernamentales corruptos, miembros de la policía o militares--, que enfrentan discriminación étnica, social o de género y que tienen reacciones de auto-protección o presentan síntomas de trauma o estrés reflejados en una percepción distorsionada del tiempo o el espacio, pérdida de memoria de cierto eventos, comportamiento arriesgado o subestimación del riesgo, todas estas personas, merecen que este Poder Legislativo tome muy en serio este grave problema mundial y que afecta de manera diaria la vida de miles de mexicanas y mexicanos.

Por todo lo anterior resulta de relevante que desde este Poder Legislativo se realice una revisión de la congruencia y armonización de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a la luz de lo que señalan los principales instrumentos internacionales en la materia señalados anteriormente. Así como hacer una revisión detenida de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su correlación con otras leyes federales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de garantizar su adecuada armonización a fin de crear políticas públicas que den respuesta idónea y que incidan en el mercado, en los mecanismos, en la protección y atención a las víctimas de trata; establecer la concurrencia entre las distintas entidades federativas y lograr la expedición de una legislación fuerte y sólida homologada en todo el país y por último es importante tener presentes las recomendaciones emitidas a nuestro país por parte de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de la infancia, así como de los comités de seguimiento de las convenciones en la materia. Es por todas estas tareas pendientes que acudo ante ustedes, mujeres y hombres comprometidos con sus electores, con su país y con este tema, a solicitarles su voto a favor para crear esta comisión especial, a partir de la cual este Poder legislativo pueda enfrentar los compromisos internacionales en la materia y apoyemos a través de las reformas necesarias en el tema a la lucha contra este grave delito.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Orozco.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ENFERMEDADES MENTALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Salud, dicte la norma oficial mexicana de prevención y atención integral de salud y enfermedades mentales.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de todas las diputadas y todos los diputados.

La pobreza, la exclusión y la inseguridad constante se relacionan con la aparición de trastornos mentales. En los hechos, en el último mes hemos sido testigos de situaciones en las cuales se relaciona la salud mental, por ejemplo el vuelo 576 y la tragedia fatal del Metro Balderas. Esto evidencia el desequilibrio mental que existe actualmente en algunas personas de nuestra sociedad.

La Organización Mundial de la Salud señala que 12 por ciento de la población del mundo probablemente tenga un trastorno mental. La Ley General de Salud, en su contenido, nos lleva a un punto importante que señala a la salud mental como causa de salubridad general y prioritaria para la prevención de ésta.

Con base en todo esto, y lo expuesto en el punto de acuerdo, proponemos y sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a las disposiciones, exhorta al Ejecutivo federal a emitir, por conducto de la Secretaría de Salud, una norma oficial mexicana de prevención y atención integral de la salud y enfermedades mentales.

Segundo. Dicha norma oficial deberá contener un modelo que contemple la identificación de factores de riesgo y según resultado, el desarrollo de habilidades para la vida, en especial en los menores de 18 años y muy especialmente en los menores de 5 años.

Tercero. Que el modelo de atención integral a la salud mental contemple tamizajes por grupos de edad para ser aplicado en los servicios de salud de los tres niveles de gobierno --municipal, estatal y federal--, cuando un usuario acuda a atención médica; y que aquellas personas que resulten con la posibilidad de tener algún problema sean canalizados y atendidos por los servicios de salud y los servicios de psicología ya existentes.

Cuarto. Que el modelo de atención integral a la salud mental incluya un instrumento de evaluación y medición para evaluar la calidad de los servicios y el bienestar de la población.

Es cuanto, señor presidente, muy amable.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dictar a través de la Secretaría de Salud la norma oficial mexicana de prevención y atención integral de salud y enfermedades mentales, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza y los problemas asociados a ésta, como la violencia, la exclusión social y la inseguridad constante, están relacionados con la aparición de trastornos mentales como el aumento del estrés, la depresión, los suicidios y los actos delictuosos entre otros. ¹

La población mexicana se ve afectada por la crisis económica, la migración humana, la violencia, la inseguridad social, el desempleo, la discriminación, la pobreza, el cambio climático, etcétera.

En los hechos, hemos sido testigos de acontecimientos violentos y fatales ligados directamente a una precaria salud mental de algunas personas de la comunidad. Para dar ejemplo tenemos el secuestro del vuelo 576 proveniente de Cancún con destino a la Ciudad de México por parte de un predicador y cantante boliviano de una secta religiosa cristiana, quien amenazó con detonar una bomba si no se entrevistaba con Felipe Calderón para confiarle el advenimiento de un gran terremoto.

En este caso la emergencia puso en peligro la vida de más de cien personas cautivas en un avión en manos de un individuo cuyo desorden psicológico ocasionó que las autoridades movilizaran a todo un aparato de seguridad, terminando en una situación de caos que afectó las operaciones aéreas del país para terminar con el caos y resolver la terrible confusión.

El hecho más reciente es el ocurrido el pasado viernes 18 de septiembre del presente año, en el que un hombre con estudios de veterinaria, aparentemente trastornado, privó de la vida a dos personas e hirió a nueve más tras desencadenar una balacera al interior de una estación del Metro Balderas del Distrito Federal.

Según testigos de los hechos, el hombre gritaba: ``esto es en nombre de Dios, porque el gobierno nos tiene muriendo de hambre''. Por otro lado, según testimonio de su familia, este individuo trabajó como migrante en Estados Unidos, y se le observaba preocupado por el medio ambiente, las reservas alimenticias y desde chico afectado por ``problemas nerviosos''.

En el caso de la estación del Metro Balderas sabemos que antes de iniciar los asesinatos, realizó ``pintas'' alusivas a la pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria y el hambre que está viviendo México.

Estos casos evidencian desequilibrios mentales que permitieron justificar actos delictivos justificándolos con discursos radicales ligados directamente con situaciones de crisis económica y problemas del medio ambiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental debe ser considerada como una prioridad global, pues los desórdenes mentales afectan a cerca del 12 por ciento de la población mundial, aproximadamente 450 millones o una de cada cuatro personas en el mundo sufre una enfermedad mental. ² Es preciso cambiar las políticas públicas, pues solo entonces podremos prestar servicios esenciales de salud mental a los hombres y mujeres que los necesitan.

Resulta paradójico señalar que con una intervención adecuada de servicios de salud se puede prevenir, detectar y tratar de forma oportuna este tipo de actos que ponen en riesgo la vida e integridad de comunidades, familias y personas mediante la implementación de modelos integrados de atención a la salud mental.

La Ley General de Salud señala como materia de salubridad general la salud mental y preceptúa como carácter prioritario la prevención de las enfermedades mentales basándose en los métodos de prevención y control. ³

En México carecemos de un modelo de atención integrada en el que se incluyan un trabajo organizado por los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, donde se contemple: la búsqueda de factores de riesgo con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades para la vida esto en especial en la población menor de dieciocho años, tamizajes para evaluar la salud mental por grupos de edad que permitan detectar los problemas más frecuentes según la edad y dar atención psicológica o médica, cuyo alcance permitirá evitar el avance de los desórdenes, las muertes prematuras y un mejor nivel de vida de las personas, organizar los servicios de salud mental que existen actualmente e invertir recursos a la salud mental puede generar enormes beneficios en términos de reducción de la discapacidad y la prevención de muertes prematuras asociadas con esos trastornos. La prevención es la clave para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a emitir, por conducto de la Secretaría de Salud, una norma oficial mexicana de prevención y atención integral de salud y enfermedades mentales.

Segundo . Dicha norma oficial deberá contener un modelo que contemple: la identificación de factores de riesgo y según resultado, el desarrollo de habilidades para la vida, en especial en los menores de 18 años y muy especialmente en los niños menores de 5 años.

Tercero. Que el modelo de atención integrada de salud mental, contemple tamizajes por grupos de edad, para ser aplicados a la población por los servicios de salud de los tres niveles de gobierno a todo usuario que acuda a atención, como a la población abierta y aquellas personas que resulten con la posibilidad de tener algún trastorno mental, sean canalizados y atendidos por los servicios de salud y los servicios de psicología ya existentes.

Cuarto. Que el modelo de atención integrada de salud mental incluya un instrumento de medición para evaluar la mejora en la calidad de los servicios y el bienestar de la población.

Notas: 1 Información proporcionada por la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, el 9 de octubre del 2008, en el marco del Día Internacional de la Salud Mental. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr37/es/index.html 2 Federación Mundial de Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental 2008. ``Convirtiendo la salud mental en una prioridad global-mejorando los servicios a través de la reivindicación y la acción ciudadana''. http://www.wfmh.org/PDF/Spanish%20WMHDay%202008.pdf 3 Ley General de Salud, artículos 3o., fracción VIII, y 72.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. La proposición presentada por el diputado Canek se retira del orden del día a solicitud del mismo legislador

COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Con su permiso, presidente. Solicito que el texto de la presente, y de la reforma que propuse anteriormente, sean publicados íntegramente en la Gaceta.

A la serie de transformaciones que se proponen para modernizar el Estado mexicano y actualizar nuestro sistema jurídico, partiendo de reformas de índole constitucional, se le ha denominado reforma del Estado.

Desde 1977 la estructura mexicana ha experimentado una serie de reformas que constituyen un antecedente importante para la transición democrática del país. Gracias a ello se aceptó el derecho a la información, a la constitucionalización de los partidos políticos, se establecieron mecanismos de representación proporcional y se crearon las comisiones legislativas de investigación.

No debe olvidarse que en los últimos 10 años se instrumentaron reformas que permitieron contar con reglas más claras y equitativas para el proceso electoral, así como la posibilidad de elegir a los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Distrito Federal y en las entidades.

Lo anterior implicó que en 2000 México consolidara la transición democrática, y la alternancia simbolizó el triunfo de una generación que luchó por los derechos civiles. En 2000 la LVIII Legislatura, posteriormente la LIX y luego la LX crearon la Comisión para la Reforma del Estado, en tanto que el Senado desde 2006 cuenta con una Comisión ordinaria para la Reforma del Estado.

El Partido Acción Nacional quiere transformar al Estado mexicano para que responda a las aspiraciones de los mexicanos, poner a la persona humana en el centro de sus propuestas, a fin de que la reforma del Estado sirva a las instituciones y contribuya al desarrollo del país y a la eliminación de la pobreza.

Nuestro sistema político debe responder a las exigencias actuales, a un federalismo plural y vigoroso. En congruencia con lo mencionado en el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Calderón convocó a todos los sectores a alcanzar un cambio profundo en México, y para ello refirió 10 puntos. Es por tanto que proponemos esta Comisión para la Reforma del Estado.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la constitución de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, y una vez rea-lizado lo anterior lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los grupos parlamentarios en la Cámara.

Cuarto. El objeto de esta comisión especial es contar con un espacio parlamentario en la Cámara de Diputados que permita construir acuerdos, unificar criterios y hacer eficientes los procesos que accedan a la modernización y fortalecimiento del Estado mexicano.

Quinto. La comisión especial, objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será hasta agosto de 2012.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado federal Óscar Martín Arce Paniagua perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política se constituya la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 como norma suprema, da fundamento y vida al sistema jurídico mexicano que nos rige en la actualidad. Sin embargo, los cambios sociales y políticos acontecidos en las últimas décadas, obligan a que las normas jurídicas, así como las instituciones públicas, se modifiquen y adapten al momento histórico que se vive.

A la serie de transformaciones que se proponen para modernizar al Estado mexicano y actualizar nuestro sistema jurídico, partiendo de reformas de índole constitucional, se le ha denominado, la reforma del Estado.

La unidad de instituciones políticas es un hecho que se manifiesta históricamente, como una necesidad imprescindible de considerar a las formas políticas desde un punto de vista unitario de acuerdo con los fines. ¹ La unidad en un estado democrático, sólo se puede entender bajo un marco jurídico, que dote de certeza y seguridad a los ciudadanos y que legitimen los actos del poder público.

La llamada ``reforma del Estado'' es un proceso de carácter complejo que, al menos en el caso de México, ha pasado por varias etapas, involucrando en su delineación y en los debates que ha suscitado tanto a instituciones nacionales (sindicatos, poderes públicos, académicos, etc.) como internacionales ( Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, etc.) ²

La trascendencia de la dinámica reformadora del Estado, vincula a todas las esferas públicas, pues se debe generar un impacto positivo no sólo a las instituciones, sino a la esfera jurídica, social y cultural de cada mexicano.

En 1977 la estructura estatal mexicana experimentó una serie de reformas que constituyen un antecedente importante para la transición democrática del país. Gracias a ello se aceptó el derecho a la información, la constitucionalización de los partidos políticos, se establecieron los mecanismos de representación proporcional y se crearon las comisiones legislativas de investigación. ³

Desde entonces, se han introducido nuevas instituciones, figuras jurídicas y políticas y reformado las ya existentes como parte del proceso modernizador del Estado. Se trata de una evolución dialéctica, que se encuentra inacabada y con nuevos retos, que permitan, no sólo la consecución de sus fines, sino también su posibilidad y probabilidad en un corto y mediano plazo, pues en ello se encuentran diversas soluciones a los graves problemas que sufre México en la actualidad.

No debe olvidarse, que en los últimos 10 años, se instrumentaron reformas que permitieron contar con reglas más claras y equitativas para el procedimiento electoral, así como la posibilidad de elegir a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Distrito Federal. ⁴ Lo anterior implicó que en el año 2000, México consolidara la transición de un partido político dominante a un sistema democrático donde la alternancia simbolizó el triunfo de una generación que luchó por sus derechos civiles y políticos.

Con el reconocimiento de los logros obtenidos, es una obligación de la LXI Legislatura, trabajar en la concreción de los retos presentes y en la construcción institucional y jurídica del Estado que deseamos en el futuro. Es imperativo generar en esta Cámara de Diputados, los medios idóneos para trabajar en la reforma del Estado, de forma plural, coordinada y con el mayor consenso que requiere una tarea de tal magnitud.

El 13 de abril de 2007, se publicó la Ley para la Reforma del Estado, la cual estableció la metodología para el trabajo, negociación y la formación de consensos que se tradujeron en acuerdos de reformas, así como un plazo determinado para alcanzarlos. En esa misma ley, se pactó una agenda legislativa como base de los trabajos de la reforma del Estado, con seis grandes temas torales; régimen de Estado y gobierno, democracia y sistema electoral, federalismo, Poder Judicial, reforma hacendaria y garantías sociales.

Para tal efecto, se la creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado en México (CENCA), en donde las distintas fuerzas parlamentarias lograron coincidencias en diversos proyectos que pueden dar forma a las iniciativas de ley que se necesitan materializar en la materia. Debemos resaltar que se tratan de propuestas, que deben ser analizadas, discutidas y consensuadas bajo los procedimientos del derecho parlamentario. Hay mucho trabajo pendiente, que corresponde directamente al Congreso de la Unión y en lo particular a la Cámara de Diputados, como representantes del pueblo, ejecutar aquí y ahora.

En el año 2000, la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados creó por primera vez la Comisión Especial para la Reforma del Estado; posteriormente, la LIX y LX Legislaturas reinstalaron dicha Comisión, en tanto que el Senado de la República desde el 2006 cuenta con una Comisión ordinaria para la Reforma del Estado.

La Comisión Especial en la Cámara de Diputados participó en todas las etapas previstas en la Ley para la Reforma del Estado, desde la elaboración de la consulta pública, hasta el proceso de construcción de acuerdos, redacción de los proyectos y la presentación de iniciativas.

Dicha labor debe tener continuidad y se debe dar seguimiento a lo instrumentado en la pasada Legislatura y los pendientes legislativos de la CENCA, así como generar nuevas opciones que enriquezcan y perfeccionen la reforma del Estado.

El Partido Acción Nacional quiere transformar al Estado mexicano para que responda a las aspiraciones de los mexicanos, no inaugurarlo ni volver a luchas históricas ya superadas. Pretendemos impulsar el perfeccionamiento de nuestro régimen de gobierno, incorporar valores a las propuestas, como el respeto a la dignidad de la persona, la libertad con responsabilidad, la igualdad de oportunidades, la subsidiariedad, la solidaridad, la justicia y el bien común. Centrar a la persona humana en el centro de sus propuestas a fin de que la reforma del Estado sirva para que las instituciones contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y a la eliminación de la miseria y la pobreza, a que haya más seguridad, y a que se generen más empleos. De esta manera, la reforma del Estado permitirá acercar el México legal al México real.

Nuestro sistema político debe responder a las exigencias que impone un federalismo plural y vigoroso; debe garantizar el acceso universal a la justicia pronta e imparcial, y debe fortalecer el régimen de libertades y derechos de los mexicanos.

A través de la reforma del Estado, buscamos consolidar plenamente nuestra democracia y hacerla socialmente eficaz, de tal manera que pueda traducirse en un desarrollo humano sustentable y en mayor bienestar social.

En congruencia con lo mencionado, en el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Calderón convocó a todos los sectores para alcanzar un cambio profundo en México, para ello refirió diez puntos esenciales para impulsar la transformación de México.

El décimo punto refiere la necesidad de ``Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral en donde se dejaron algunos pendientes. El objetivo es plantearnos si el actual sistema político permite procesar los conflictos. Pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Un sistema político que haga de manera correcta la corresponsabilidad entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno''.

La Cámara de Diputados, considera y apoya al presidente Calderón en este esfuerzo y debe asumir su responsabilidad política en dicha transformación, haciendo uso pleno de sus facultades legislativas que el Estado le mandata.

En virtud de lo anterior, consideramos indispensable la reinstalación en esta LXI Legislatura de una Comisión Especial para la reforma del Estado, que permita la construcción de consensos que garanticen una progresión hacia un mejor esquema de organización y funcionamiento de los poderes públicos, que respondan a una sociedad más informada y responsable, ante los retos globales que hoy se nos presentan.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la constitución de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Cuarto. El objeto de esta Comisión Especial es contar con un espacio parlamentario en la Cámara de Diputados, que permita construir acuerdos, unificar criterios y eficientar los procesos que accedan a la modernización y fortalecimiento del Estado mexicano, con base en los principios de derecho y democráticos de la nación mexicana, coadyuvando a una visión global de las diferentes iniciativas y puntos de acuerdo en torno a la reforma del Estado que se generen, estudien y dictaminen en esta Legislatura.

Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplir el objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Notas: 1 Serra Rojas Andrés, ``Teoría del Estado, Ed. Porrúa, México, 2006. 2 Carbonell, Miguel, ``Elementos de derecho constitucional'', Ed. Fontamara, México 2006. 3 Carpizo, Jorge, ``La reforma del Estado en 2007 y 2008'' en Cuestiones Constitucionales, Num. 19, julio- diciembre, México, IIJ UNAM, 2008, p. 21 4 Ibidem, p. 24.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Arce Paniagua.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LEY FEDERAL DE TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que se desista de presentar ante el Legislativo federal la conocida como iniciativa Lozano, de reformas a la Ley Federal del Trabajoo equivalente. Contrariamente, que inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que conlleve la tutela de los derechos históricos de ésta.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputados, compañeros diputados, la historia en México nos marca que existen cinco clases sociales: la de los patrones, la de la clase trabajadora, el gobierno, el ejército y el clero. Pero tal parece que ahora el gobierno se asocia a los patrones para hundir más a la clase trabajadora.

El secretario Lozano es un verdadero tapete de Felipe Calderón. Quiere quedar bien con él a como dé lugar y propone a esta soberanía, a la Cámara de Diputados, una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Cosa que no vamos a permitir, porque hay diputados con conciencia social, con conciencia democrática, en Acción Nacional; es una bandera del PRI, que durante muchos años ha defendido a la clase trabajadora, y desde luego del PT, de Convergencia, de Nueva Alianza. Creemos que del Partido Verde también, y desde luego del PRD.

Es una iniciativa que atenta contra los derechos de la clase trabajadora; agresiva contra los sindicatos, contra la democracia. Y este señor secretario del Trabajo no piensa que está despertando al tigre dormido: a la clase trabajadora. ¿En medio de esta crisis económica quiere hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo? Desde luego que está demente, porque ese tigre se puede despertar y puede crearse un movimiento social en México.

Propuesta concreta: que se discuta con la clase trabajadora, que se discuta con los patrones. ¿Por qué no? Que se discuta con los patrones, con el gobierno, y llegar a una conclusión, a un acuerdo pacífico. Ésa es la invitación que hago a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, para que reflexionemos sobre este tema y no dejemos pasar esta iniciativa que es antisocial.

Le pido, señor presidente, que este texto que voy a entregar se publique íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a desistirse de presentar ante el Legislativo federal la ``iniciativa Lozano de reformas de la Ley Federal de Trabajo'', o equivalente; y a iniciar al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que conlleve la tutela de los derechos históricos de ésta, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La historia del derecho laboral en el país nos muestra que tanto la Ley Federal del Trabajo de 1931 como la vigente de 1970 fueron producto de un amplio proceso de discusión en el que intervinieron los factores de la producción y especialistas de primer nivel. Esto derivó de la perspectiva democrática que debe privar en las relaciones de trabajo, como de la propia naturaleza de esta rama del derecho, nodal para el bienestar de la población y la paz social.

El artículo 123 constitucional nació de un proceso más profundo, una revolución social que culminó en un constituyente donde nació el derecho social a nivel constitucional y, concretamente, el derecho laboral.

Frente a una posible reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) hay diversas posiciones de parte de los trabajadores, desde aquellos que consideran que no se debe reformar sino cumplir puntualmente hasta los que apoyan su reforma bajo diversas perspectivas de solución. Sin embargo, todos coinciden en que es condenable la pretensión de imponer la contrarreforma Lozano cuya última versión fue presentada por el secretario del Trabajo en el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, celebrado el 9 de febrero de 2009, en donde se dio a conocer el documento Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social.

Basta ver el título del documento de cita para deducir que la propuesta Lozano de reformas integrales a la LFT que contiene es absolutamente propatronal y desmanteladora de los derechos de los trabajadores. Primero se habla de ``productividad'' y sólo después, de manera vaga, de ``previsión social''.

Ahora bien, haciendo un análisis comparativo entre este último documento y la propuesta previa de reformas a la LFT, filtrada en abril de 2008, y sobre la que el secretario del Trabajo también aceptó su autoría, tenemos un panorama gris; ya que el documento de febrero de 2009 ahonda la contrarreforma a niveles inconcebibles, inaceptables de manera absoluta.

Son de destacar las siguientes agresiones adicionales a los derechos de los trabajadores:

Pero, a la condenable esencia de la propuesta Lozano, viene a sumarse la deleznable forma que ha adoptado hasta la fecha su proceso de elaboración: cupular, excluyente, mediático. En lugar de llevar a cabo un proceso abierto, democrático, participativo, entre los factores de la producción y concretamente entre los trabajadores.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que desista de presentar ante el Legislativo federal la conocida como ``iniciativa Lozano de reformas a la Ley Federal del Trabajo'' o equivalente; y, contrariamente, inicie al efecto un amplio, democrático y efectivo proceso de discusión con la participación de los factores de la producción, que busque como esencia la tutela de los derechos históricos de la clase trabajadora. La equidad y la paz social así lo exigen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Serrano Jiménez. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La propuesta presentada por el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández solicita que se posponga a petición del propio promovente.

ESTADO DE JALISCO - ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernándezpara presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Repúblicaa excitar a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas de esa Cámara, a presentar el dictamen relativo al problema territorial entre Jalisco y Colima, suscrita ésta por los diputados Gustavo González Hernándezy Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Gustavo González Hernández: Gracias, señor presidente, con su permiso.

Como bien dice, a nombre del diputado Pedro Peralta, de Colima, y de un servidor, de Jalisco, vengo a hacer mención de una serie de consideraciones que sustentan esta proposición de exhorto.

Como ustedes saben, en el artículo 45 de nuestra Constitución, desde que entró en vigencia, establece que las entidades federativas tendrán y conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstas.

Sin embargo, cuando entró en vigor la Constitución, ni el Ejecutivo federal, ni el Legislativo hicieron ningún trabajo en materia cartográfica para poder determinar si las entidades de la federación tenían alguna diferencia limítrofe. Esto repercutió en que, en el caso que nos ocupa, Jalisco-Colima, se presentaran diferencias limítrofes en tres espacios territoriales: el primero en la zona del volcán; el segundo en lo que se denomina Minatitlán y Cuatitlán, y el tercero lo que se denomina Isla Navidad, en la zona costera.

Pero el problema no termina ahí. Durante toda la historia de las relaciones Jalisco-Colima se da una serie de situaciones y de problemas que llegan incluso a enfrentamientos entre personas armadas, de Seguridad Pública, de un estado y de otro. Pero lo peor del caso es que las personas que habitan esos territorios no tienen ninguna certeza de a qué autoridad dirigirse.

El último de los episodios se presenta en la comunidad de Las Pesadas, habitada por nahuas, donde hace cerca de dos meses, al tener una resolución favorable en materia agraria, tratan ellos de poner unas mojoneras y Colima trata de impedirlo.

Queremos dejar bien claro los diputados que hacemos esta propuesta, queremos recalcarlo aquí en la tribuna, que estamos promoviendo este exhorto sin ningún interés de abogar por alguno de nuestros respectivos estados: él por Colima o yo por Jalisco.

El problema no radica ahí. Nosotros queremos que este problema se vea con una óptica humanista, donde las personas que habitan los territorios en conflicto tengan certeza de a qué autoridad acudir. No se trata de que un estado gane y un estado pierda. Se trata de resolver su situación a los habitantes de las zonas en conflicto.

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que reproduzca íntegramente la proposición, toda vez que, como es evidente, sólo hice referencia de algunos de los considerandos. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a excitar a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas para que presente el dictamen relativo al problema territorial entre Jalisco y Colima, suscrita por los diputados Gustavo González Hernández y Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Gustavo González Hernández y Pedro Peralta Rivas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica, y 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 45 que ``Los estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos''.

II. Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo del gobierno federal, realizaron algún trabajo que permitiera determinar si existían dificultades entre los estados en relación a su extensión y límites, para efecto de realizar un levantamiento cartográfico que resultara en el mapa oficial donde se identifiquen con precisión sus fronteras.

III. Esta situación es latente en el estado de Jalisco, al menos en lo que respecta a sus límites con el estado vecino de Colima, situación que no fue atendida a cabalidad, hasta que el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez creó una comisión de investigación que culminó con las documentales suficientes para plantear una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue registrada bajo los números 1/98 y 3/98. Así, las dificultades de límites se presentan en 3 puntos que suman 400 kilómetros cuadrados en la zona del Volcán de Colima, en la zona del río Marabosco entre los municipios de Cuatitlan, Jalisco y Minatitlan, Colima, y en la zona costera de la isla Navidad entre los municipios de Cihuatlan, Jal. y Manzanillo, Col.

IV. Posteriormente, después de 8 años de ventilarse la controversia, fue publicada el 8 de diciembre de 2005, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que quita las facultades a la SCJN y las transfiere al Senado de la Republica, por lo que fue turnado el expediente para su resolución la cual aún no se produce.

V. Esta dilación ha traído enfrentamientos entre autoridades municipales y estatales y una gran incertidumbre e inseguridad a la población. Uno de los últimos episodios se presentó el pasado 30 de julio de 2009, cuando elementos de seguridad publica provenientes del estado de Colima establecieron retenes en la comunidad de Las Pesadas, la cual está habitada por cerca de 70 nahuas de la región.

VI. Es por eso que los diputados que firmamos la presente iniciativa consideramos que debe darse celeridad a la resolución de la controversia, haciendo énfasis en que el problema no debe verse desde una óptica donde un estado gana y un estado pierde, pues todos somos parte de la gran nación mexicana. La óptica que debe prevalecer es la humanista, donde las personas que habitan las zonas en conflicto son seres humanos que tienen el derecho a saber con certeza quién es su autoridad y poder desarrollarse en un ambiente de seguridad.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos permitimos someter a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que en los términos de los dispuesto por el artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas de esa Cámara a fin de que, a la brevedad posible, presente el dictamen relativo al problema territorial entre los estados de Jalisco y Colima.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputado González Hernández. Como lo solicita, insértese íntegramente en el Diario de los Debates yremítase a la Cámara de Senadores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa aprobar recursos para establecer un sistema nacional de extensionismo rural con 13 mil 500 asesores técnicos que atiendan municipios, sistemas, productos, cadenas productivas y ejidos, y apoyen a los actores productivos de hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar recursos para establecer un sistema nacional de extensionismo rural, con 13 mil 500 asesores técnicos que atiendan municipios, sistemas producto, y cadenas productivas y ejidos, y apoyen a los actores productivos a efecto de hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

El extensionismo rural consiste en difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación.

Es socializar el conocimiento, incluido el de los productores, que lo han acumulado a lo largo de muchos años de trabajo.

De acuerdo con datos recabados por Jaime Arturo del Río Monges, en el texto Extensionismo en Agronegocios, el extensionismo agrícola ha sido una práctica milenaria. Por ejemplo, cerca del año 800 antes de nuestra era, el ministro responsable de la agricultura durante la dinastía Zhou en China, organizó la capacitación de los campesinos en relación con la rotación de cultivos.

El surgimiento de los servicios modernos de extensión agrícola se dio tras la severa hambruna producida en Irlanda entre 1845-51 ocasionada por plagas que afectaron el cultivo de la papa. Como respuesta, el gobierno británico organizó grupos de instructores prácticos para que viajaran a las áreas rurales con la finalidad de enseñarles a los campesinos cómo producir cultivos alternativos.

En México, el extensionismo rural fue pieza fundamental de los proyectos productivos del país y base del éxito, en otros tiempos de los productores del campo en el país, que sustentaron la seguridad alimentaria y autonomía en este rubro.

Las políticas públicas cambiaron y con los años el extensionismo dejó de existir en los presupuestos nacionales, con lo que se perdió la asesoría técnica directa a los productores.

Con esto, también se perdió buena parte de la garantía de éxito en el campo, pues no sirve de mucho otorgar créditos, si no se cuenta con la asesoría que lleve a la producción exitosa, que garantizaba el extensionismo rural en el país.

Hoy, ha sido reconocido por este gobierno federal, la necesidad de restablecer el extensionismo. Así lo consigna la opinión del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, quien el 6 de agosto de 2008 recibió la visita de directivos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, encabezados por su presidente Ernesto Guajardo Maldonado, a quienes comentó que coincide con la importancia de restablecer el servicio de extensionismo agrícola en el país. Opinión que fortalece aún más nuestra propuesta.

De muy poco han servido los apoyos otorgados a los productores, si no hay quien vigile su adecuada aplicación y, más importante aún, si no hay quien oriente técnicamente y promueva el aprendizaje.

Asimismo, en los resolutivos del Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina, del pasado 27 de agosto de 2009, se determinó impulsar una agenda legislativa que, entre otros puntos, considerara acciones y reformas para garantizar la seguridad alimentaria, renegociar el Tratado de Libre Comercio, reducir el asistencialismo para fortalecer el apoyo a la autoproducción, reformar las instituciones y leyes del sector agropecuario y restablecer el sistema nacional de extensionismo rural, al que me refiero en esta ocasión.

Consideraciones

La experiencia dice que la capacitación y asistencia técnica para los productores del campo garantiza la eficiente utilización de los apoyos que se otorgan al agro y son factores indispensables para su éxito.

Se estima, según datos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA- Banco de México, que la asistencia técnica representa 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es el punto de partida, para impulsar las actividades económicas en las diferentes regiones y microrregiones. El crédito sólo influye en 17 por ciento.

En esta consideración es indispensable recuperar el extensionismo, pues extender el conocimiento a los demás, representa un tercio del éxito en la producción, lo que depende de los conocimientos que juntos, técnicos y productores, pueden ir teniendo.

El extensionismo rural debe impulsar acciones de capacitación que permitan el reentrenamiento y la reconversión de los conocimientos y habilidades de los diversos grupos de población, en especial los dedicados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales.

Debe promover la identificación y organización de los actos productivos; impulsar acciones que garanticen la alimentación de las familias; identificar y atender los principales sistemas productivos; identificar y desarrollar cadenas productivas y fortalecer el cuidado y fomento de recursos naturales.

El sistema nacional de extensionismo rural, propuesto en este documento, encuentra además su justificación plena en el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que ``considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución...''

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar dentro de los programas para el campo, recursos para establecer un Sistema Nacional de Extensionismo Rural, con 7 mil quinientos asesores técnicos que atiendan municipios, sistemas producto y cadenas productivas; de manera especial se considere contar con 6 mil asesores técnicos que atiendan a los 32 mil núcleos agrarios del país, ejidos y comunidades agrarias. La finalidad es atender el desarrollo de capacidades de los actores productivos del campo para hacer mejor lo que hacen y aprovechar al máximo lo que tienen cuidando los recursos naturales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que se establezca el Sistema Nacional de Extensionismo Rural, aquí enmarcado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se destinen al menos 5 por ciento de los recursos otorgados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para la creación de un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, para que las familias beneficiadas puedan generar alimentos y crear agronegocios.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destine al menos cinco por ciento de los recursos otorgados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para crear un plan nacional piloto de autoproducción alimentario, con objeto de que las familias beneficiadas puedan generar alimentos y crear agronegocios, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a 12 años de haberse creado, otorga apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso, y recibió un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos en el ejercicio fiscal para 2009.

Contó con un padrón inicial correspondiente al ejercicio fiscal para 2009 de 5 millones 49 mil 206 familias beneficiadas, en 92 mil 689 comunidades de los 2 mil 445 municipios del país; 99 por ciento de estas comunidades son rurales.

Sus apoyos se otorgan en tres rubros, desarrollo social, educación pública y salud, y se dividen en ocho modalidades que contemplan recursos para mujeres, madres de familia, ingreso familiar y una mejor alimentación; becas; ahorro para estudiantes; apoyo para útiles escolares; paquete de servicios médicos; complementos alimenticios, y apoyos para adultos mayores.

Hoy, el Ejecutivo federal en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 ha propuesto un incremento a Oportunidades de más de 27 mil millones de pesos, al pasar de 40 mil 549 millones 20 mil pesos en el ejercicio 2009, a un total de 67 mil 820 millones 500 mil pesos para el próximo año.

No obstante los montos aplicados, la pobreza y la desnutrición aumentan.

Basta ver las cifras de pobreza, que de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria aumentó en 5.1 millones, 2.8 de los cuales corresponden a zonas rurales, alcanzando la cifra de 19.5 millones de mexicanos, hombres y mujeres angustiados por lo más elemental, su provisión diaria de alimentos.

En cuanto a la pobreza en materia de capacidades, las cifras pasaron de 21.7 millones a 26.8, colocando a estos mexicanos en la mayor de las desventajas. En términos llanos se les cierra la posibilidad de la incorporación al desarrollo nacional.

En el ámbito de la pobreza patrimonial la afectación pasó de 44.6 millones a 50.6. Casi la mitad de la población nacional se ubica en condiciones precarias.

Estas cifras se agravarán más, debido a que el sistema educativo nacional no incluye en sus contenidos a la microeconomía; las necesidades básicas de las familias más pobres no se abordan en la escuela.

Oportunidades es un gran apoyo; ayuda a las familias, da tranquilidad, y mantiene la paz social, pero no desarrolla a las personas. El asistencialismo limita las capacidades. Cuando las familias ya no reciben el apoyo, no saben qué hacer. Esto obliga a que los presupuestos se vayan incrementando aceleradamente. Va a llegar el momento en que, aunque los gobiernos quisieran, no van a poder con la carga.

A este programa le está haciendo falta un segundo piso, una segunda etapa en la que las familias puedan hacer su propio desarrollo, especialmente en lo que corresponde a acceder a los alimentos, a través de programas de autoproducción, como huertos familiares tecnificados y la crianza de especies de animales menores.

Consideraciones

Las políticas públicas en nuestro país deben comenzar a transitar del simple asistencialismo a la inversión en programas de producción y autoproducción, que permita a las familias generar alimentos e ingresos.

No basta con dar pescado, sino que hay que enseñar a pescar; si se da el pescado, se comerá un día, si se enseña a pescar, se comerá siempre.

Más aún, en los momentos de crisis que vive nuestro país, es necesario generar alternativas para la seguridad alimentaria, y la autoproducción en huertos tecnificados y la crianza de especies de animales menores son sin duda --así lo hemos comprobado en el estado de Puebla-- la opción más viable.

Que según nuestros datos, la familia puede ahorrar un promedio de 8 mil pesos por año produciendo sus propios alimentos, cantidad que de otra forma tendrían que erogar y que no siempre disponen de ella, especialmente uno de cada 4 mexicanos; aproximadamente 25 millones de personas.

Que la producción de alimentos en pequeños espacios tecnificados, tanto en zonas rurales, como urbanas tiene como ventajas; proveer al menos una parte de los alimentos que necesitan, al menos una parte de las necesidades básicas.

Es una gran terapia ocupacional tan necesaria en tiempos de desanimo, depresión y desesperanza.

Representa ahorros indispensables para la economía de las familias y abre expectativas de desarrollo para las personas, fortalece su autoestima y motivación; y les permite emprender pequeños agronegocios.

Experiencias desarrolladas por Esperanza del Mañana, AC, en la región de Cuetzalan; indígenas de San Juan Tepulco, Acajete, apoyados por la Fundación Jenkins; productores de conejo de Tepantitla, Zoquitlán; mujeres productoras de hortalizas de Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Xayacatlán de Bravo, Tianguismanalco y Acatlán de Osorio han demostrado la viabilidad de autoproducir para comer y vender los excedentes.

El plan piloto nacional de autoproducción, propuesto en este documento, encuentra además su justificación plena en el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que ``considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el Artículo 26 de la Constitución...''

Se encuadra y fortalece también en la Ley General de De-sarrollo Social, que en su artículo 1, establece que su interéses:

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito del pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que las Secretarías de Desarrollo Social, Sedesol, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas y el Sistema DIF Nacional establezcan un plazo no mayor a 12 años para resolver el problema de la pobreza en que se encuentran 5.3 millones de familias atendidas por el Programa Oportunidades.

Segundo. Que se revisen las experiencias exitosas de autoproducción alimentaria y desarrollo de proyectos productivos que se puedan adoptar, adaptándose a los municipios, regiones y estados del país.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se destine al menos 5 por ciento de los recursos otorgados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para la creación de un plan piloto nacional de autoproducción alimentario para 5 por ciento de las familias del programa y se promueva en forma multianual con 9 por ciento durante 10 años y 5 por ciento en el año 12. Para que las familias beneficiadas puedan generar alimentos y crear agronegocios.

Cuarto. Establecer un ambicioso programa de capacitación y asesoría técnica sobre economía familiar que permita reconocer, identificar y aprovechar los recursos existentes, las opciones alimenticias, las mejoras productivas en patios, parcelas ó las posibilidades para generar alimentos e ingresos en el medio rural y urbano.

Quinto. Que la Sedesol y Sagarpa unifiquen criterios y establezcan un solo mecanismo de atención a la pobreza, tomando como eje principal el Programa Oportunidades y el Programa Especial de Seguridad Alimentaria apoyado por la FAO.

Sexto. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos relativos a la economía familiar, combate a la pobreza y desarrollo sustentable en el sistema educativo nacional, que actualmente no existe.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para atender la problemática de asentamientos humanos irregulares, a través del Instituto de Vivienda delDistrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público para la adquisición de vivienda para los habitantes que se encuentran establecidos en zonas de alto riesgo en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de los compañeros diputados y diputadas.

Ya lo leyó el presidente de la Mesa Directiva, se trata de pedir una fuerte suma para canalizarla a la gente que no tiene dónde vivir; que está ubicada en cerros, en cavernas, a orillas de las barrancas. Es una fuerte suma que consiste en mil millones de pesos, pero que el problema es un problema mayúsculo, es un problema real, es un problema lacerante.

Yo pido a mis compañeros que nos salgamos del circuito de confort que tenemos: una casa bonita, con todas las comodidades; nos subimos al coche, vamos al trabajo, y tenemos todas las comodidades. Nuestros hijos van a la escuela, a escuelas privadas, muy probablemente.

Yo les pido que por un momento de nuestra vida nos salgamos de ese circuito y pensemos que existe mucha gente que no vive como nosotros. Que vive en condiciones totalmente de desventaja y que ni siquiera tiene la seguridad de su vida porque está viviendo en condiciones de peligro. Ojalá tomen en cuenta este punto de acuerdo. Los datos son verdaderamente escalofriantes.

Según el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres), la Secretaría de Gobernación informó que en los últimos 20 años los desastres, superiores a 75, han causado alrededor de 7 mil muertos y decenas de miles de damnificados.

El número de víctimas fatales durante los últimos 20 años asciende a algo más de 10 mil personas; alrededor de 500 anualmente. En el caso del Distrito Federal, la ocupación habitacional de casi 3 mil 500 kilómetros cuadrados de suelos arcillosos o porosos, laderas, barrancas y macizos con pendientes muy pronunciados y las intensas precipitaciones pluviales que ascendieron a más de 30 por ciento; y el agua que cae en la ciudad son causas centrales del alto grado de vulnerabilidad en la que viven miles de familias de la Ciudad de México.

Dichos riesgos pueden clasificarse en tres tipos:

Hidrometeorológicos, que comprenden los asentamientos ubicados en zonas de laderas, barrancas con peligros de deslave, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

Estructurales, que comprenden las vecindades que por su antigüedad y falta de mantenimiento están en riesgo inminente de derrumbarse, ubicadas principalmente en las delegaciones centrales, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza.

Geológicos, que abarcan los asentamientos ubicados en zonas donde el suelo tiene importantes fallas, con grietas y cavernas, principalmente en las delegaciones Iztapalapa y Álvaro Obregón.

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene detectados 115 sitios de alto riesgo en ocho delegaciones, con ocho mil 40 viviendas en alto riesgo, que requieren atención prioritaria, aunque el universo de atención asciende a 16 mil 708 familias y 370 inmuebles expropiados por alto riesgo estructural, los cuales se dividieron para su atención en prioridad uno: estructuras dañadas ciento por ciento; y prioridad dos: estructuras dañadas 40 por ciento, y prioridad tres: vivienda precaria.

Los inmuebles prioridad uno, que suman 185 y comprenden 3 mil 699 viviendas, son los que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal atenderá durante este año y el próximo. La mayor parte de ellos ya fueron desalojados a través de un apoyo de renta que otorgó el Instituto de Vivienda.

Para que el instituto pueda atender a las familias ubicadas en zonas de riesgo o vecindades de alto riesgo con prioridad uno, requiere de mil millones de pesos para este año fiscal 2010.

Ojalá que este punto de acuerdo que se turna a las Comisiones de Presupuesto y de Vivienda, sea atendido en función del gran riesgo que sufren, que tienen estas familias. Es cuanto, presidente, y le pido que se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos que permitan atender la problemática de asentamientos humanos irregulares, a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público para la adquisición de vivienda destinada a los habitantes establecidos en zonas de alto riesgo en Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar una partida de mil millones de pesos, en el marco de sus atribuciones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, con la finalidad de atender la problemática de vivienda en alto riesgo a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público de construcción de vivienda para los habitantes de zonas de alto riesgo hidrometeorológico y geológico, principalmente en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, así como para las familias ocupantes de viviendas con alto riesgo estructural en las delegaciones centrales tales como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Los motivos que orillan a la suscrita a presentar ante esta soberanía dicha proposición, se contextualizan en el respeto a los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. La problemática se circunscribe en la protección al medio ambiente, en el derecho a la vivienda, en la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de la ciudad y en la facultad de esta Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos. La tragedia más reciente ocurrió el 14 de septiembre del año en curso, derivado de las fuertes lluvias se dio un deslave y derrumbe en la delegación Magdalena Contreras que cobro la vida de 3 integrantes de una familia; esto ocasionó que se evacuara a 20 familias como medida preventiva. Aquí cabe hacernos la pregunta, ¿a dónde va a parar esa gente que no tiene donde vivir? ¿Qué están haciendo las autoridades para ayudar a estos ciudadanos que no tienen la manera de adquirir una vivienda digna y decorosa?

Segundo. En consecuencia, el soporte constitucional y legal de dichos temas se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regula la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y la protección al ambiente en el territorio nacional, entendido este equilibrio como la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

Tercero. La Ley General de Asentamientos Humanos dispone que un asentamiento humano es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran y donde dicho ordenamiento tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.

Cuarto. La Ley General de Protección Civil, establece principios de política pública en prevención y mitigación de desastres, así como lo referido a los fenómenos peligrosos tales como son los hidrometeorológicos y geológicos, así como los lineamientos que deben regir las declaratorias de desastre y emergencias.

Quinto. La Ley de Vivienda establece orientaciones respecto de la prevención de desastres y protección física de la población como parte de la vivienda digna y decorosa, además la misma normatividad prevé financiamientos, créditos y ahorro.

Sexto. La federación, en sus 3 niveles de gobierno, promoverá acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, mismo que comprenderán entre otras: la construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular; el financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y la prestación de servicios públicos urbanos y, la preservación del ambiente en los centros de población. El artículo 4 constitucional consagra el derecho a la vivienda al afirmar que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Séptimo. Para el goce de este derecho, existen autoridades encargadas del rubro, tales como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras.

Octavo. Dichas acciones coordinadas por las autoridades ambientales, de vivienda y de protección civil, tienen como propósito prevenir desastres naturales que impliquen la vida de seres humano. Así, la protección civil viene siendo el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Su política es la prevención.

Noveno. La problemática que se plantea en la presente proposición se circunscribe en la protección al medio ambiente, el derecho a la vivienda de las personas que viven en situaciones de riesgo por habitar en zonas como barrancas, laderas, etcétera.

Décimo. Datos del gobierno federal permiten robustecer la propuesta: el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación informó que en los últimos 20 años el número de desastres, superiores a 75, han causando alrededor de 7 mil muertes y decenas de miles de damnificados. El número de víctimas fatales durante los últimos 20 años, asciende a algo más de 10 mil personas, alrededor de 500 anuales, en promedio. Los daños directos calculados alcanzan los 9.6 mil millones de dólares.

Undécimo. En el caso del Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión, la ocupación habitacional de casi 13 mil 500 kilómetros cuadrados de suelos arcillosos o porosos, laderas, barrancas y macizos con pendientes muy pronunciadas y las intensas precipitaciones pluviales que han observando un incremento de más del 30 por ciento en el nivel de milímetros de agua que caen en la capital son causas centrales del alto grado de vulnerabilidad en las que viven miles de familias en la Ciudad de México.

Duodécimo. Dichos riesgos pueden clasificarse en tres tipos, hidrometeorológicos, que comprenden los asentamientos ubicados en zonas de laderas, barrancas, con peligros de deslaves, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa; los estructurales, que comprenden las vecindades que por su antigüedad y falta de mantenimiento están en riesgo inminente de derrumbarse, ubicados principalmente en las delegaciones centrales, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y los geológicos, que abarcan los asentamientos ubicados en zonas donde el suelo tiene importantes fallas como grietas y cavernas, principalmente en la delegación Iztapalapa.

Decimotercero. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene detectados 115 sitios de alto riesgo en 8 delegaciones, es decir 8 mil 40 viviendas en alto riesgo que requieren atención prioritaria, aunque el universo de atención asciende a 16 mil 708 familias y 370 inmuebles expropiados por alto riesgo estructural, los cuales se dividieron para su atención en prioridad 1 (estructuras dañadas al 100 por ciento), prioridad 2 (estructuras dañadas un 40 por ciento) y prioridad 3 (vivienda precaria)

Decimocuarto. Los inmuebles prioridad 1, que suman 185 y comprenden 3,699 viviendas, son los que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal atenderá durante este año y el próximo. La mayor parte de ellos ya fueron desalojados a través de un apoyo de renta que otorgó el Instituto de Vivienda.

Decimoquinto. Para que el instituto pueda atender a las familias ubicadas en zonas de riesgo o en vecindades de alto riesgo con prioridad 1, requiere recursos por mil millones de pesos para el año fiscal 2010

Decimosexto. En la Ciudad de México cerca de 150 mil familias que habitan en asentamientos irregulares, carecen de servicios públicos básicos, agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación, todo ello origina que quienes habitan ahí, subsistan en condiciones de alta marginalidad y constante riesgo para sus vidas. Se estima que en el Distrito Federal se forman 80 mil nuevas familias cada año, con recursos limitados, toda vez que el 75 por ciento de la población obtiene ingresos por debajo de los 8 salarios mínimos.

Decimoséptimo. En su primer Informe del año 2007, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal da cuenta de algunos desastres que han cobrado vidas humanas:

Decimoctavo. La población de los asentamientos ubicados en laderas de barrancas se encuentra acechada constantemente por diversos fenómenos naturales entre los que destacan los sismos, hundimientos diferenciales y las precipitaciones pluviales entre otros.

Decimonoveno. La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal informó que existen 600 asentamiento irregulares en riesgo, que se ubican principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. No debemos perder de vista la importancia que reviste la intervención y colaboración de los 3 órdenes de gobierno en la atención de dicha problemática.

Vigésimo. Los asentamientos humanos son el producto de una inercia política y administrativa de muchos años, compuesta de ignorancia e irresponsabilidad; por ello resulta imprescindible también hacer efectivos los instrumentos tanto ambientales como de desarrollo urbano, para impedir que este tipo de asentamientos sigan proliferando en la periferia de la ciudad y en su lugar se fomenten esquemas de adquisición de vivienda digna y con financiamientos accesibles a la población de menores recursos.

Vigésimo primero. Por ello es elemental evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, de riesgo y de conservación ecológica; preservar las zonas de recarga de acuíferos, donde coexistan ecosistemas naturales, flora y fauna silvestre, tierras de producción y usos agropecuarios; y orientar el crecimiento hacia las zonas aptas, dando oportunidades y esquemas de financiamiento público a las personas que viven en zonas de alto riesgo para la adquisición de vivienda, a través del apoyo, intervención y colaboración del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2009, en su artículo 8, aprueba recursos por un monto de 2 mil 387 millones 894 mil 387.00.

Vigésimo segundo. Por su parte la Cámara de Diputados, en el rubro relativo a la vivienda, consideró en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 recursos por 150 millones de pesos en el Ramo 06, Hacienda y Crédito Público, bajo el ``programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda''. Asimismo, en el Ramo 20, Desarrollo Social, bajo el ``programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu Casa'', autorizó recursos por 627.8 millones de pesos. En este último programa se realizaron ampliaciones a desarrollo social en el anexo 22 por un monto de 25 millones de pesos adicionales a dicho programa.

Es importante destacar que el mismo decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, anexo 12, relativo al ramo 23 el Fondo de Desastres Naturales tiene recursos asignados por 150 millones de pesos, donde las reglas de operación prevén recursos para reconstrucción de vivienda.

Vigésimo tercero. Mediante la celebración de convenios es como se ha podido ayudar a estas personas, ejemplo de ello es la reubicación que llevo a cabo la delegación Álvaro Obregón, donde producto de un deslave en un asentamiento irregular, se realizó un operativo de protección civil y de reubicación de familias. Hoy sabemos que esto es posible, gracias a la intervención de la administración delegacional de Álvaro Obregón y del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que está construyendo casi 400 viviendas en 4 predios desincorporados del Gobierno del Distrito Federal al Instituto. Estos proyectos requerirán de una inversión de 120 millones de pesos aproximadamente.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta soberanía popular solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de sus atribuciones etiquete una partida presupuestal de mil millones de peso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para atender la problemática de vivienda en alto riesgo a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal mediante un esquema de financiamiento público para la construcción de vivienda para los habitantes de zonas de alto riesgo hidrometeorológico y geológico, principalmente en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, así como para las familias ocupantes de viviendas con alto riesgo estructural en las delegaciones centrales tales como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Segundo. Que en el marco del estudio, discusión, análisis y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, esta soberanía popular exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que inviten al director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, licenciado José Antonio Levah Lacouture a presentar un diagnóstico de la situación de los asentamientos y viviendas de alto riesgo, así como su programa de alto riesgo estructural, a efecto de coadyuvar y fortalecer mediante dicho diagnostico, la viabilidad presupuestaria de dicha propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Vázquez Camacho. Como solicita, insértese en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión del.

COMISION ESPECIAL PARA DAR CUENTA Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LA CUENCA DEL RIO LERMA-CHAPALA-SANTIAGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Joel González Díaz, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar cuenta y seguimiento integral de la problemática existente en la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago.

El diputado Joel González Díaz: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago, a fin de realizar la evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en los últimos años y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental, suscrita por los diputados integrantes de la coordinación del estado de Jalisco, del Grupo Parlamentario del PRI.

De acuerdo con los artículos 4 y 9 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 del reglamento de ésta, le compete el ejercicio de las funciones en materia de administración de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, y consecuentemente, el de la autoridad en la materia.

Respetando y dándole la importancia que requieren los preceptos antes señalados, es que la Comisión Especial de la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago deberá trabajar respetando y coadyuvando estos ejes en dirección de la cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago.

Está asentada en la parte central del occidente de México; precisamente por su situación geográfica en la parte baja del occidente del país es una de las más importantes. Abarca 54 mil 300 kilómetros cuadrados; es decir, 3 por ciento del territorio nacional, y comprende cinco importantes estados de la República: Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

A lo largo y ancho de ésta se asienta uno de cada 10 mexicanos. La cuenca es la fuente de agua para más de 16 millones de habitantes en la misma cuenca y más de dos millones por cada una de las ciudades de Guadalajara y México, abastecidas a través de sistemas de ríos. El Río Lerma, junto con el Cutzamala, forman la cuenca más importante del Distrito Federal para un total de alrededor de 20 millones de habitantes que se ven beneficiados de alguna manera por este sistema.

A toda esta problemática le sumamos la más grave de todas: la gran cantidad de contaminantes que se vierten a lo largo y ancho de este gran sistema acuífero, producto de este crecimiento demográfico desmedido y desproporcionado que sin duda lleva consigo efectos colaterales.

Sólo por mencionar algunos, esta cuenca recibe grandes cantidades de descargas de aguas negras, residuales y descargas de las diferentes industrias del calzado, porcícola, metalúrgica, agrícola, entre otras. Recordemos que estamos hablando de 20 millones de personas en promedio.

Por todo eso es que hay que darle la atención que se merece esta problemática. Son ya a la fecha una gran cantidad de estudios realizados de toda índole en esta zona. Químicos, biológicos, físicos, geográficos, topográficos, de impacto ambiental, de salud pública.

Sólo por mencionar, uno de los más importantes es el que se realizó en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Jalisco. El objetivo principal fue obtener un diagnóstico general de la grave situación que prevalece en términos de contaminación en la mencionada cuenca.

El estudio arrojó ---en todos los casos con muestreo--- una significativa cantidad de contaminantes de metales pesados como cromo, plomo, cobalto, arsénico, cobre, magnesio, mercurio, entre otros. Cabe destacar que el muestreo se realizó en distintos sitios de la Cuenca Lerma-Chapala- Santiago.

Toda esta serie de estudios coincide de manera puntual y general, y ha generado una alerta roja; en otras palabras, un serio problema ecológico que debe ser considerado ya como un asunto de seguridad nacional.

Conclusiones...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado, por favor.

El diputado Joel González Díaz: Reflexionando sobre la compleja crisis del vital líquido a nivel mundial, es cierto que en un periodo no muy lejano estaremos lamentando lo que debió haberse hecho en torno al trabajo social, político y de conciencia para generar, así, verdaderamente... Alguien dijo ``hay hombres tan pobres, que lo único que tienen es dinero''.

Requerimos una comisión especial con alto sentido ambientalista y negociador. Esta comisión debe ser un órgano evaluador coordinador de voluntades y de programas distintos a actores involucrados.

A los diputados de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI, nos interesa de forma primordial la solución a esta grave crisis ambiental.

Punto de acuerdo. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se conforme la Comisión Especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la Cuenca del Río Lerma-Santiago, para realizar evaluaciones de las propuestas dadas en distintos puntos involucrados. Los diputados que suscriben el presente punto de acuerdo, integrantes de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Señor presidente, por economía procesal, le solicito atentamente se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática que aqueja a la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago y evaluar las propuestas y los acuerdos dados por los actores involucrados en los últimos años, y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a tan grave crisis ambiental, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, incisos a) y b), y 42 de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía y de la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con Punto por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago, y realizar una evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en los últimos años, y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 27 constitucional establece las facultades de la nación para regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación con el objetivo de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural urbana.

En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de la tierra, agua y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 9 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 del reglamento de esta, le compete el ejercicio de las funciones en materia de administración de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes y consecuentemente el de la autoridad en la materia. Respetando y dando la importancia que requieren los preceptos antes señalados, es que la comisión especial de la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago deberá trabajar respetando y coadyuvando estos ejes de dirección.

La cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago está asentada en la parte central del occidente de México, es precisamente por su situación geográfica en la parte baja del occidente del país que es una de las más importantes. Abarca 54 mil 300 kilómetros cuadrados, esto es 3 por ciento del territorio nacional comprende cinco importantes estados de la república; México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, a lo largo y ancho de ésta se asientan uno de cada diez mexicanos: la cuenca es la fuente de agua para más de 16 millones de habitantes en ella y más de dos millones para cada una de la ciudades de Guadalajara y México, abastecida a través de sistemas de ríos; el río Lerma junto con el Cutzamala forman la cuenca más importante para el Distrito Federal. En total estamos hablando alrededor de 20 millones de habitantes que se ven beneficiados de alguna manera por este sistema.

El suministro de agua a las poblaciones y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos ha sido soporte del desa-rrollo socioeconómico de esta región; la producción industrial y agrícola per cápita, por ejemplo, es superior a la media nacional con más de 6 mil 400 industrias de diversos giros, en la cuenca se genera poco más de la tercera parte de la producción industrial nacional. De igual forma 20 por ciento de comercio nacional se concentra en esta región, una de cada ocho hectáreas de riego y también una de cada ocho hectáreas dedicadas a la agricultura de temporal.

Durante los últimos años los conflictos por el agua se han agudizado debido a las sequías, lo que ha reducido los caudales y la disponibilidad de agua. El calentamiento global es otro factor importante que ha contribuido para ir secando las aguas superficiales y, por otro lado, la desmedida sobre explotación de los diversos asentamientos geográficos.

Si a toda esta problemática le sumamos la más grave de todas, la gran cantidad de contaminantes que se vierten a lo largo y ancho de este gran sistema acuífero, producto de ese crecimiento demográfico, desmedido y desproporcionado, que sin duda lleva consigo efectos colaterales, sólo por mencionar algunos, esta cuenca recibe grandes cantidades de descarga de aguas negras residuales, descargas de las diferentes industrias, de calzado, porcícola, metalúrgica y agrícolas, entre otras.

Se está generando un grave círculo vicioso, por una parte el vertedero de toda clase de contaminantes sólidos y líquidos; por otro lado, el consumo de esta misma agua para uso humano, recordemos que estamos hablando de 20 millones de personas en promedio y por todo esto es que hay que darle la atención que se merece esta problemática.

Se han generado diversas propuestas, iniciativas, acuerdos, proyectos, programas y diferentes convenios en torno a esta grave crisis ambiental. Cabe resaltar tres de los más importantes:

a) Acuerdo de denominación, ubicación y disponibilidad de las cuencas que componen la zona hidrológica río Lerma-Chapala (Semarnat, 15 de octubre de 2003). b) Acuerdo de coordinación para la recuperación y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago (Semarnat, 22 de marzo de 2004). c) Convenio de la coordinación y concertación para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de la propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala-Santiago (Consejo de cuenca, 14 de diciembre de 2004).

Estos entre otros no menos importantes que se han generado en esta área, a pesar de todos los esfuerzos de los diversos actores que se encuentran involucrados directa o indirectamente, la cuenca Lerma-Chapala sigue siendo una de las más contaminadas del mundo.

Son ya a la fecha una gran cantidad de estudios realizados de toda índole en esta zona: químicos, biológicos, físicos, geográficos, topográficos de impacto ambiental, sociológicos y de salud pública, en este último mencionamos uno de los más importantes se realizó en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, el objetivo principal fue obtener un diagnóstico general de la grave situación que prevalece en términos de contaminación en la mencionada cuenca.

El estudio realizado arrojó en todos los casos de muestreo una significativa cantidad de contaminantes por metales pesados como cromo, plomo, cobalto, arsénico, cobre, magnesio y mercurio, entre otros. Cabe destacar que el muestreo se realizó en distintos sitios de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Toda esta serie de estudios coinciden de manera puntual y general que en dicha cuenca, se está generando una alerta roja, en otras palabras un serio problema ecológico que debe ser considerado ya como un asunto de seguridad nacional.

Conclusiones

Reflexionando sobre la compleja crisis del vital líquido a nivel mundial, es innegable que en un periodo no muy lejano estaremos lamentando lo que se debió haber hecho en torno al trabajo social, político y de concientización para generar la verdadera y necesaria voluntad política e institucional, y así lograr los cambios y las acciones que se requieren.

Alguien dijo: hay hombres tan pobres que lo único que tienen es dinero.

Requerimos una comisión especial con un alto sentido ambientalista y negociadora que concientice a la gran cantidad de intereses particulares, sobre los que debe prevalecer el interés supremo, que es el de la nación y, por consecuencia, el de estos mismos aunque parezca lo contrario.

Esta comisión debe ser un órgano evaluador y coordinador de las voluntades y los programas de los distintos actores involucrados.

A los diputados de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI nos interesa de forma primordial la solución de esta grave crisis de carácter ecológico y ambiental que se ha generado y ha crecido desproporcionalmente sin que a la fecha se logren visualizar soluciones que hayan marcado un cambio palpable y evidente a la problemática que vive la gran cantidad de las comunidades que ven afectadas en torno a esta situación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme la Comisión Especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago para realizar la evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en los últimos años y, así, coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputado, se inserta en el Diario de los Debates.Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA ESTA ES TU CASA - PROGRAMA HIPOTECA VERDE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se sume al reconocimiento internacional a la Conavi y a Infonavit, por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética.

El diputado Pedro Peralta Rivas: Con su venia, diputado presidente.

--- Papá, ¿qué mundo me vas a heredar?

--- ¿Por qué hijo?

--- Me dijo mi maestra que te preguntara.

En la respuesta a mi hijo aún me encuentro trabajando.

El suscrito, diputado federal Pedro Peralta Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar un justo reconocimiento público a la Conavi y al Infonavit, por el premio recibido de parte de la organización Alliance to Save Energy por considerar que sus programas promueven la adopción de ecotecnolo- gías, favoreciendo con ello el uso eficiente de la energía.

La eficiencia energética es una de las principales estrategias para disminuir considerablemente las emisiones de gases tóxicos, como el bióxido de carbono, enviadas a la atmósfera, siendo éste uno de los principales causantes del cambio climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad actualmente.

El gobierno federal ha hecho de la vivienda sustentable una prioridad para apostar por el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente a favor de las generaciones futuras. El Infonavit, a través del programa Hipoteca Verde permite que los derechohabientes puedan acceder a un crédito mayor para adquirir una vivienda con características ecológicas.

Las ventajas de este concepto son simples ---como lo afirma el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién---: prestar un poco más, para que se puedan adquirir este tipo de dispositivos que van a generar un ahorro a futuro.

El pasado 23 de septiembre la organización estadounidense Alianza para el Ahorro de Energía, Alliance to Save Energy, entregó en la ciudad de Nueva York el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética al presidente Felipe Calderón por promover un manejo eficiente de la energía en el sector vivienda; y de esta manera mitigar los efectos del cambio climático a través de los programas Hipoteca Verde y Ésta es tu Casa operados por el Infonavit y la Conavi, respectivamente.

Este hecho no debe pasar desapercibido, ya que los programas federales del gobierno mexicano fueron seleccionados como ganadores entre 500 candidatos de todo el mundo. Así, resulta necesario reconocer que los esfuerzos del gobierno federal para promover que los nuevos desa-rrollos habitacionales de vivienda destinados a quienes ganan menos incorporen ecotecnologías, colocan a México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma al reconocimiento internacional a la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética, otorgado por la Alliance to Save Energy por considerar que los programas Ésta es tu casa e Hipoteca Verde representan el esfuerzo que coloca a nuestro país a la vanguardia en el uso de ecotecnologías en las viviendas, contribuyendo de esta forma al uso racional de la energía y a la sustentabilidad ambiental de nuestro entorno.

Para obviar los tiempos legislativos, solicito a usted, diputado presidente, se inserte este documento íntegro, en todos sus textos al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se sume al reconocimiento internacional de la Conavi y del Infonavit por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Pedro Peralta Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de realizar un justo reconocimiento público a la Conavi y al Infonavit por el premio recibido de parte de la organización Alliance to Save Energy por considerar que sus programas promueven la adopción de ecotecnologías, favoreciendo con ello el uso eficiente de la energía.

Consideraciones

Primero. La eficiencia energética es una de las principales estrategias para disminuir considerablemente las emisiones de gases tóxicos como el dióxido de carbono (CO²) enviadas a la atmósfera, siendo éste uno de los principales causantes del cambio climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad actualmente. El uso racional de la energía representa una alternativa, sino es que la mejor, para reducir en el corto plazo las emisiones de gases que causan el calentamiento global. En nuestro país podemos ahorrar grandes cantidades de energía tomando las medidas conducentes tanto en la industria, como en oficinas y en las viviendas, siendo estas últimas un sector fundamental ya que representan más del 80 por ciento del total de usuarios de energía, principalmente energía eléctrica y al consumo de gas.

Segundo. El gobierno federal ha hecho de la vivienda sustentable una prioridad para apostar por el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente a favor de las generaciones futuras. De igual modo, los desarrolladores de vivienda están cada vez más convencidos de la necesidad de adoptar sistemas que optimicen el uso de aguas recicladas o de lluvia, al igual que métodos alternativos para la obtención de energía y el calentamiento del agua, como los basados en celdas fotovoltaicas. También se consideran aspectos como la orientación, ventilación, aislamiento térmico y acústico, así como el sombreado adecuado.

La política de apoyos federales para fortalecer el ahorro y la capacidad de compra de las familias ha representado un instrumento de gran valor para favorecer la construcción de nuevos desarrollos habitacionales con criterios de sustentabilidad e iniciar un proceso de corrección paulatina de los patrones cualitativos del crecimiento del parque de vivienda en el país.

Tercero. El Infonavit a través del programa Hipoteca Verde, permite que los derechohabientes puedan acceder a un crédito mayor para adquirir una vivienda con características ecológicas. Los criterios ecológicos para estas viviendas incluyen mecanismos como calentadores solares y ahorradores de agua. El otorgamiento de Hipotecas Verdes se lleva a cabo en todo el país pero se ha puesto mayor atención en las entidades de climas más extremos ya que existe la posibilidad de tener considerables ahorros de energía eléctrica en los lugares cálidos y de gas en las zonas frías. Por ejemplo, en el norte del país se impulsa que en entidades como Baja California y Sonora se aplique un aislamiento térmico a la construcción para permitir un menor uso del aire acondicionado y con ello se obtiene un ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Las ventajas de este concepto son simples como lo afirma el director general del Infonavit Víctor Manuel Borrás Setién: ``Prestar un poco más para que se puedan adquirir este tipo de dispositivos que van a generar un ahorro a futuro''. Además, las viviendas que incorporan criterios de sustentabilidad ambiental, pese a lo que se cree, tienen un costo ligeramente mayor que la vivienda tradicional. No todo es alta tecnología, celdas fotovoltaicas y doble vidrio. La arquitectura bioclimática, que implica simplemente que la orientación de la vivienda sea la adecuada, o que se designe correctamente dónde se colocan las ventanas pueden evitar la colocación de aire acondicionado, lográndose un importante ahorro de energía.

Cuarto. El pasado 23 de septiembre, la organización estadounidense Alianza para el Ahorro de Energía Alliance to Save Energy entregó en la ciudad de Nueva York el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética al presidente Felipe Calderón por promover un manejo eficiente de la energía en el sector vivienda y de esta manera mitigar los efectos del cambio climático a través de los programas Hipoteca Verde y Ésta es Tu Casa, operados por el Infonavit y la Conavi, respectivamente.

Este hecho no debe pasar desapercibido, los programas federales del gobierno mexicano fueron seleccionados como ganadores entre 500 candidatos de todo el mundo. Se consideró que Hipoteca Verde promueve que las viviendas que se ofertan a los trabajadores derechohabientes, privilegien el uso de ecotecnologías para el ahorro de energía y agua como calentadores solares, aislantes térmicos en techos y muros, lámparas compactas fluorescentes, llaves ahorradoras y regaderas con obturador, dependiendo de la región bioclimática en la que se ubica la vivienda.

En el presente año, Infonavit ha financiado más de 66 mil viviendas con criterios de sustentabilidad a nivel nacional; en el 73 por ciento de los casos, es decir, más de 48 mil operaciones, el préstamo se complementó con el subsidio del gobierno federal.

Por su parte, con el programa Esta es tu Casa de la Conavi el gobierno del presidente Felipe Calderón impulsa la adopción de criterios de sustentabilidad ambiental en la construcción de vivienda, dado que, a partir de 2009, el subsidio está condicionado a que la vivienda se encuentre equipada con ecotecnologías. Este programa brinda apoyo a quienes ganan menos de 6 mil 600 pesos mensuales con un subsidio hasta de 54 mil 975 pesos para comprar una casa, un lote con servicios, construir o mejorar su vivienda.

Quinto. Así, resulta necesario reconocer los esfuerzos del gobierno federal para promover que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen ecotecnologías para el uso eficiente de la energía, que colocan a México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable. Asimismo, es importante destacar que en otros países la reconversión del parque habitacional con características verdes ha iniciado en la parte alta de la pirámide de ingresos, mientras que en nuestro país las viviendas más económicas son las que cuentan con ecotecnologías, con lo cual además se contribuye al cuidado del medio ambiente y significan una mejora en el gasto familiar porque al adquirir este tipo de casas obtienen ahorros mensuales que oscilan entre 280 y 400 pesos, derivados de un menor consumo de luz, agua y gas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma al reconocimiento internacional a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética otorgado por la Alliance to Save Energy, por considerar que los programas Esta es tu Casa e Hipoteca Verde representan un esfuerzo que coloca a nuestro país a la vanguardia en el uso de ecotecnologías en las viviendas, contribuyendo de esta forma, al uso racional de la energía y a la sustentabilidad ambiental de nuestro entorno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Peralta Rivas. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar mayores recursos para el Programa 3 x 1 para Migrantes.

El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, presidente. Honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel Herrera Chávez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar mayores recursos para el Programa 3 x 1 para Migrantes.

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Uno de los programas que ha generado un mayor beneficio a diversas regiones y comunidades de México es el Programa 3 x 1 para Migrantes, el cual ha estimulado la participación de los tres órdenes de gobierno con los clubes y las federaciones de migrantes. De esta forma, por cada peso que aportan los migrantes para obras de beneficio social en las comunidades o regiones de nuestro país, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen tres pesos; por eso se denomina 3 x 1.

La población objetivo la constituyen las personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación, por lo cual el programa ha financiado acciones en materia de saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales, educación, salud y deporte, agua potable, drenaje y electrificación, comunicaciones, caminos y carreteras, cultura, mejoramiento urbano, proyectos productivos comunitarios, proyectos productivos para la generación de ingreso y empleo para la población, entre otros.

De particular importancia para el desarrollo del Programa 3 x 1, durante los próximos años, es la crisis financiera que sacude a Estados Unidos. Es prácticamente un hecho que dicha distorsión económica tendrá un impacto adverso en este programa.

Actualmente ya se observa una baja sensible en las remesas que se envían a México, lo cual ya está teniendo un impacto importante sobre las comunidades de origen de los migrantes. El Banco de México ha reportado que las remesas decrecieron, de 26 mil 76 millones en 2007 a 25 mil 145 millones en 2008, después de años de crecimiento.

Además, es muy probable que esta baja en remesas tenga un impacto aún más notable en las comunidades con una larga trayectoria de migración. Así, la crisis económica podría convertirse en un dique para la continuación de este importante programa y, por consiguiente, para la consolidación de estos proyectos productivos y de beneficio social que ya se encuentran en marcha.

La crisis ha repercutido también sobre los liderazgos migrantes en Estados Unidos, ya que la organización social se ha debilitado debido a que los connacionales han concentrado prioritariamente su atención en las necesidades inmediatas, particulares y familiares.

En ese mismo sentido, las políticas migratorias puestas en marcha por la administración de George W. Bush y continuadas con la actual administración del presidente Obama, rompen el esquema migratorio circular y, por ende, profundizan un proceso de expatriación y dificultan el ejercicio de una ciudadanía binacional.

En el Grupo Parlamentario del PRD vemos con preocupación que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, presentado por el Ejecutivo federal en días pasados ante la Cámara de Diputados, los recursos para el Programa 3 x 1 para Migrantes son los mismos que los aprobados el año pasado, y si tomamos en cuenta la inflación, observamos que en realidad existe un decremento en términos reales de las contribuciones económicas para este importante programa.

Adicionalmente, en el caso particular de Zacatecas, lugar que se ha caracterizado por llevar a cabo una política abierta de apoyo y estímulo a la organización comunitaria de los migrantes que retornan, se aprecia un decremento de más de 200 por ciento, al pasar de los casi 27 millones de pesos aprobados por el presente ejercicio fiscal a menos de 10 millones para el 2010.

En el mismo sentido, en otros de los estados gobernados por nuestro partido, como son Michoacán y Guerrero, también se aprecia una reducción significativa de los montos asignados a este programa. Confiamos en que no se trata de una administración de recursos con tintes políticos.

Así pensamos que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de recomponer el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo federal y fortalecer el Programa 3 x 1, con el fin de recompensar el esfuerzo que siguen haciendo nuestros migrantes al destinar parte de sus importantes ingresos a favor del desarrollo de las comunidades y regiones de México.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa 3 x 1 para Migrantes ---entre ellos, de nuestros estados de Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California---, duplicando los recursos solicitados por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a octubre 6 de 2009. Firman, su servidor, diputado Samuel Herrera Chávez, los diputados Heladio Verver y Vargas, Gerardo Leyva y Ramón Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos para el Programa 3x1 para Migrantes, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los programas que ha generado un mayor beneficio a diversas regiones y comunidades de México es el Programa 3x1 para Migrantes, que busca apoyar los proyectos de infraestructura con impacto social promovidos por los mexicanos que viven en el exterior.

El Programa 3x1 ha estimulado la participación de los tres órdenes de gobierno con la de clubes y federaciones de migrantes. De esta forma, por cada peso que aportan los migrantes para obras de beneficio social en las comunidades o regiones de nuestro país, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen 3 pesos; por eso se denomina 3x1.

La población objetivo la constituyen las personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación. El Programa ha financiado acciones en materia de saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales, educación, salud y deporte, agua potable, drenaje y electrificación, comunicaciones, caminos y carreteras, cultura, mejoramiento urbano, proyectos productivos comunitarios y proyectos productivos para la generación de ingreso y empleo entre la población objetivo del programa.

De particular importancia para el desarrollo del Programa 3x1 durante los próximos años es la crisis financiera que sacude Estados Unidos. Es prácticamente un hecho que dicha distorsión económica tendrá un impacto adverso para los migrantes mexicanos que viven en aquel país, sobre todo a los que tienen empleos más precarios e informales.

Actualmente se observa una baja sensible en las remesas que se envían a México, lo cual ya está teniendo un impacto importante sobre las comunidades de origen de los migrantes. El Banco de México ha reportado que las remesas decrecieron de 26 mil 76 millones en 2007 a 25 mil 145 millones en 2008, después de años de crecimiento. Debido a que el 2.8 por ciento del producto interno bruto mexicano depende de las remesas, esta baja seguramente tendrá un impacto en la economía global del país y sus posibilidades de crecimiento en 2009. Así, la contribución económica que llevan a cabo nuestros migrantes a través de las remesas ha caído en los últimos meses en un 19 por ciento.

Además, es muy probable que ésta baja en remesas tenga un impacto aún más notable en las comunidades con una larga trayectoria de migración cuyas familias dependen en mayor grado de ellas como fuente estable de ingresos, como es el caso de Zacatecas.

Así, la crisis económica podría convertirse en un dique para la continuación de este importante programa y, por consiguiente, para la consolidación de proyectos productivos y de beneficio social que ya se encuentran en marcha. Es sabido que muchos mexicanos radicados en Estados Unidos han perdido sus empleos debido a una caída en diversos sectores de la economía estadounidense, como el de la construcción.

La crisis ha repercutido también sobre los liderazgos migrantes en Estados Unidos ya que la organización social se ha debilitado debido a que los connacionales han concentrado prioritariamente su atención en necesidades inmediatas, particulares y familiares. Además los recursos en las organizaciones a nivel comunitario se han reducido. Las más afectadas son aquellas que dependen de recursos estatales y que han tenido que eliminar programas, personal y, por lo tanto, su capacidad de operación, a pesar de tener una demanda creciente de servicios.

En el mismo sentido, las políticas migratorias puestas en marcha por la administración del ex presidente George W. Bush y continuadas con al actual administración del presidente Barack Obama contribuyeron a romper el esquema migratorio circular y, por ende, a profundizar un proceso de expatriación y a dificultar el ejercicio de una ciudadanía binacional.

En el Grupo Parlamentario del PRD vemos con preocupación que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, presentado por el Ejecutivo federal en días pasados a la Cámara de Diputados, los recursos para el Programa 3x1 para Migrantes son los mismos que los aprobados el año pasado, y si tomamos en cuenta la inflación observamos que en realidad existe un decremento en términos reales de las contribuciones económicas para este importante programa.

El gobierno federal parece que no se da cuenta de la gravedad que la crisis económica está teniendo para con las comunidades expulsoras de migrantes.

Adicionalmente, en el caso particular de Zacatecas, lugar que se ha caracterizado por llevar a cabo una política abierta de apoyo y estímulo a la organización comunitaria de los migrantes que retornan, se aprecia un decremento de más del 200 por ciento, a pasar de los casi 27 millones de pesos aprobados para el presente ejercicio fiscal, a menos de 10 millones para el 2010.

En el mismo sentido, en otro de los estados gobernados por nuestro partido, como Michoacán y Guerrero, también se aprecia una reducción significativa de los montos asignados para este programa. Confiamos en que no se trata de una administración de los recursos con tintes políticos.

Así, pensamos que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de recomponer el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo federal y fortalecer el Programa 3x1 con el fin de recompensar el esfuerzo que siguen haciendo nuestros migrantes al destinar parte importante de sus ingresos a favor del desarrollo de comunidades y regiones en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa 3x1 para Migrantes, duplicando los recursos solicitados por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Señoras diputadas y señores diputados, en virtud de que se ha cumplido el tiempo de duración de la presente sesión que establece el artículo primero del Acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia a las mismas, con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, proceda la Secretaría a leer el orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se va a leer el orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 8 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados.

Oficio del gobierno del estado de Morelos

Por el que solicita a la Cámara de Diputados que al analizar, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, considere al estado de Morelos para adherirse y ser beneficiario del Fondo Metropolitano.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 17:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de octubre a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 de la mañana.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 23 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 386 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 459 diputados
• Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 4
• Se recibieron:
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 4 oficios de los Congresos de los estados de Baja California Sur, de Chihuahua, de Colima y de Oaxaca con los que remiten acuerdos relacionados a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, respectivamente;
• 2 oficios de la Asamblea Legislativa delDistrito Federalcon los que remite acuerdos;
• 5 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite los informes finales de las evaluaciones en materia de diseño de los programas a cargo de la Secretaría de Economíay su sector coordinado;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite los informes finales de la revisión a la matricula pública de educación básica del ciclo escolar 2008-2009;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, y de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal;
• 2 iniciativas de senadores del PRI;
• 1 proposición con punto de acuerdo de senadores del PRI;
• 2 proposiciones con puntos de acuerdo de senadores del PAN;
• 1 proposición con punto de acuerdo de senadores del PT, PRD y PAN;
• 3 oficios de la Cámara de Senadorescon los que remite minutas con proyectos de decreto que conceden permiso a igual número de ciudadanos para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan gobiernos extranjeros;
• 1 iniciativa del PRI;
• 3 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PRD;
• 3 iniciativas del Nueva Alianza;
• 42 proposiciones con puntos de acuerdo

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Acosta Gutiérrez, Manuel Ignacio(PRI) Guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social: 206
• Aguero Tovar, José Manuel(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 191, 200
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Derechos de las mujeres trabajadoras respecto a la maternidad: 220
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Trabajadores con responsabilidades familiares: 194
• Ambrosio Cipriano, Heriberto(PRI) Comisión Especial del Café: 258
• Ambrosio Cipriano, Heriberto(PRI) Maíz transgénico: 181
• Arce Paniagua, Oscar Martín (PAN) Artículos 111 y 112 constitucionales: 155
• Arce Paniagua, Oscar Martín (PAN) Comisión Especial para la Reforma del Estado: 266
• Avila Ruiz, David Gabriel (PAN) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 133
• Benítez Lucho, Antonio(PRI) Liconsa: 174
• Cano Ricaud, Alejandro(PRI) Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación: 225
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Influenza AH1N1: 42
• Flores Espinoza, Felipe Amadeo (PRI) Comisión Especial del Café: 216
• García Ayala, Marco Antonio(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 164
• González Cuevas, Isaías (PRI) Comisión Especial nacional del empleo: 186
• González Díaz, Joel(PRI) Comisión Especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática que aqueja a la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago: 282
• González Hernández, Gustavo(PAN) Estado de Jalisco - Estado de Colima: 272
• Gutiérrez Ramírez, Tomás(PAN) Comisión Especial para el acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa en materia de tecnologías de la información y comunicaciones: 248
• Hernández Cruz, Luis(PRD) Comisión de Concordia y Pacificación: 166
• Hernández Hernández, Jorge(PRI) Comisión Especial de supervisión de recursos en momentos de contingencia ambiental y saneamiento en el sistema de redes hidráulicas: 209
• Herrera Chávez, Samuel(PRD) Programa 3x1 para Migrantes: 288
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Estado de Jalisco: 242
• Jiménez Fuentes, Ramón(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 239
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 273, 275
• Lastiri Quirós, Juan Carlos(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 213, 225
• Martínez Peña, Elsa María(Nueva Alianza) Artículos 51, 57 y 116 constitucionales - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 147
• Mazari Espín, Rosalina(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 200
• Medina Ramírez, Tereso(PRI) Carretera Saltillo-Zacatecas: 179
• Merlo Talavera, María Isabel(PRI) Oficinas de atención de migrantes: 197
• Montes Cavazos, Fermín(PRI) Comisión Especial de Citricultura: 183
• Morales Martínez, Fernando(PRI) Comisión Especial en materia de protección civil: 239
• Morales Martínez, Fernando(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 128
• Moreno Arcos, Mario(PRI) Estado de Guerrero: 203
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro(PT) Orden del día: 24
• Navarro Aguilar, Filemón(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 253
• Orozco, Rosi(PAN) Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas: 259
• Ovalle Vaquera, Federico(PRD) Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional: 172
• Peralta Rivas, Pedro(PAN) Programa Esta es tu Casa - Programa Hipoteca Verde: 285
• Pérez de Alva Blanco, Roberto(Nueva Alianza) Ley Aduanera: 159
• Pérez Magaña, Eviel(PRI) Estado de Oaxaca: 231
• Ramos Montaño, Francisco(PRI) Parlamento de Jóvenes Universitarios: 162
• Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe(PRD) Estado de México: 256
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Ley Federal de Trabajo: 270
• Terrazas Porras, Adriana(PRI) Estado de Chihuahua: 169
• Terrón Mendoza, Miguel Ángel (PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 221
• Torres Delgado, Enrique(PAN) Comisión Especial en materia de protección civil: 234, 239
• Torres Ibarrola, Agustín(PAN) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 144
• Vázquez Aguilar, Jaime Arturo(Nueva Alianza) Artículo 27 constitucional: 139
• Vázquez Aguilar, Jaime Arturo(Nueva Alianza) Comisión Especial para dar seguimiento a los cambios de la estructura y evaluar el desempeño de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial: 244
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: 278
• Velázquez Esquivel, Emiliano(PRD) Artículo 127 constitucional: 136
• Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo(PRD) Enfermedades mentales: 264
• Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo(PRD) Influenza AH1N1: 177