SUMARIO
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que comunica el nombramiento del doctor Luis González Placencia como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para el periodo correspondiente del 1 de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2013. De enterado.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con los de Jalisco y de Veracruz para atender la crisis epidemiológica de dengue que afecta la zona metropolitana de Guadalajara y el segundo de esos estados. Aprobado; comuníquese.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el calendario y formato de las comparecencias, ante comisiones, de titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal para la continuación del análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Aprobado; comuníquese.
Oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 10 de septiembre pasado, relativo a las afectaciones por los fenómenos climatológicos en diversos estados de la República y exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua para a impulsar un programa especial de emergencia para canalizar apoyos a las zonas dañadas aplicando los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC). Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Oficio del maestro Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el que solicita que al analizar, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se considere a esa entidad para incluirla entre los beneficiarios de los recursos del Fondo Metropolitano respecto de las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, identificadas y delimitadas así por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Jorge García Segovia y Jorge Luis Valencia Gómez, pueda desempeñar los cargos de cónsul honorario de la República Eslovaca en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; y de cónsul honorario de Belice en Chetumal, con circunscripción consular en Quintana Roo, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación.
Oficio la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Oscar Eduardo Ramos Remus pueda desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de la República de Costa Rica en Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Siete oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 42 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente; y se informa que 6 ciudadanos dejan de prestar servicios en otras. Se turnan a la Comisión de Gobernación y por los que se refieren a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítanse a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los senadores Felipe González González y Juan Bueno Torio. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados mantener, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presentada por los senadores Marco Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Angel Alonso Díaz Caneja. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, mayores recursos que se destinen al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal; o bien, aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir ese subsidio, presentada por la senadora Lázara Nelly González Aguilar. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Sergio Lobato García iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de precisar la obligación de autorizar o ejercer en su totalidad los recursos presupuestales autorizados y de esta forma evitar el subejercicio en el gasto público. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
El diputado Maurilio Ochoa Millán presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de que se incluya la actividad de conservación de manzana, por ser esta una extensión de la huerta, donde no hay valor agregado al producto dentro de las actividades primarias. Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural.
La diputada Mary Telma Guajardo Villareal presenta, en la misma participación, las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: .
Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de otorgar un estímulo fiscal del 20 por ciento a los contribuyentes del impuesto sobre la renta o empresas que den prioridad a la contratación de madres solteras. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por la que se expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Juan Carlos Natale López presenta iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Desde su curul, el diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal solicita adherirse a la iniciativa.
Desde su curul, el diputado Juan Carlos Natale López acepta.
El diputado José César Nava Vázquez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción I del inciso a), numeral 1, del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias, con la finalidad de ahorrar recursos para el erario y que éstos sean utilizados en la atención a necesidades prioritarias del Estado mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
El diputado Pedro Vázquez González presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para derogar la figura jurídica de la requisa. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social.
Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que la información de los gastos fiscales proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe incluir no sólo una explicación, sino una justificación técnica clara y exhaustiva que fundamente la existencia de los tratamientos preferenciales contenidos en las distintas leyes de índole fiscal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito'', sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sobre su adhesión a la iniciativa presentada, desde sus respectivas curules, intervienen los diputados:
Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Víctor Humberto Benítez Treviño acepta.
Miguel Angel García Granados.
Martín García Avilés.
Víctor Humberto Benítez Treviño acepta.
Camilo Ramírez Puente .
Víctor Humberto Benítez Treviño acepta.
El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de precisar que el tratamiento y disposición de aguas residuales, será otro de los rubros de inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Rosalina Mazari Espín presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 y 36 de la Ley General de Salud, para garantizar una cobertura integral en la salud de sus habitantes, que todo mexicano reciba atención médica básica y especializada y que el Estado dote de los medicamentos e insumos para tal finalidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel presenta iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se recibe de la diputada María Guadalupe García Almanza proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se asigne una partida especial para atender la seguridad social de los cañeros y jornaleros asociados a la agroindustria azucarera y alcoholera. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Oscar Aguilar González proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos destinados a impulsar los objetivos señalados por la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos en producción, introducción y promoción de de éstos a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país, a través de la siembra de sorgo, Jatropha curcas, remolacha, higuerilla y palma africana. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe de la diputada Leticia Quezada Contreras proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados a crear un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de educación indígena a través de la Dirección General de Educación Indígena. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para atender obligaciones de pago en favor de ejidos y de comunidades derivadas de decretos expropiatorios promovidos por federación, estados y municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Ramón Jiménez López presenta proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se reasignen recursos a los programas de mayor efecto en la producción rural, sin reducir de manera sensible los correspondientes a los programas de asistencia social en el área rural y generación de empleos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Héctor Fernández Aguirre presenta proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, en particular del algodón. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe de la diputada María Araceli Vázquez Camacho proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados al rescate y la conservación de ríos y barrancas del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe de la diputada Janet Graciela González Tostado proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector turístico, con el propósito de hacerlo prioridad nacional a efecto de generar inversiones y empleos, y combatir la pobreza en las zonas con atractivos turísticos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Jorge Fernando Franco Vargas presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no desaparecer la Secretaría de Turismo porque es prioritaria para la activación económica del país. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibe de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibe del diputado Gerardo Leyva Hernández proposición con punto de acuerdo por el que se manifiesta el repudio al ataque contra el cementerio judío La Tablada, en Argentina, y exhorta a las autoridades competentes a aplicar medidas en lo referente a actividades antisemitas en nuestro país. Se turna el primer punto a la Comisión de Relaciones Exteriores y el segundo, a la Comisión de Gobernación.
Se recibe del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el acceso digital a los mexicanos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado José Narro Céspedes presenta proposición con punto de acuerdo relativo a las operaciones del consorcio extranjero Sempra Energy para construir, tanto una planta generadora de electricidad en Ensenada, Baja California, como la estación de descarga marítima de gas licuado, para un proceso de regasificación que permite introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California. Se turna el primer punto a la Junta de Coordinación Política y el punto segundo al octavo a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado José Narro Céspedes presenta proposición con punto de acuerdo para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se integraría con áreas que conforman la Subsecretaría de Desarrollo Rural y algunas otras funciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) --como el Registro Nacional Agropecuario--, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal presenta proposición con punto de acuerdo por el que se insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y en los privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirir y aplicar la vacuna contra la influenza AH1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas; y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en prácticas dolosas. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2009. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Desde su curul, el diputado César Augusto Santiago Ramírez solicita adherirse a la proposición.
Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia acepta.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Ganadería. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Desde su curul, el diputado Sergio Arturo Torres Santos solicita adherirse a la proposición.
Desde su curul, el diputado Hernán de Jesús Orantes López acepta.
La diputada Laura Arizmendi Campos presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, pues se afectaría una actividad generadora de divisas y de empleos. Se remite a la Cámara de Senadores.
Sobre su adhesión a la proposición presentada, desde sus respectivas curules, intervienen los diputados:
Víctor Manuel Castro Cosío.
Laura Arizmendi Campos acepta.
María Dina Herrera Soto.
Laura Arizmendi Campos acepta.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generen entre los municipios. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Oscar Román Rosas González presenta proposición con punto de acuerdo relativo al análisis de los resultados de la prueba de la evaluación nacional del logro académico en centros educativos (ENLACE) y a las medidas que el gobierno federal tomará para mejorar la calidad de la educación básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a los despachos jurídicos externos contratados por éste para que cesen el hostigamiento y las amenazas hacia los acreditados-trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
Sobre su adhesión a la proposición presentada, desde sus respectivas curules, intervienen los diputados:
Leoncio Alfonso Morán Sánchez.
Norma Leticia Salazar Vázquez acepta.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Norma Leticia Salazar Vázquez acepta.
Delia Guerrero Coronado.
Norma Leticia Salazar Vázquez acepta.
José Tomás Carrillo Sánchez.
Norma Leticia Salazar Vázquez acepta.
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía.
El diputado Armando Ríos Piter presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de competitividad para un crecimiento con equidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar, mediante las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, un informe acerca del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave), así como de la detección de armas y del contrabando de mercancías en el estado de Baja California. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos para la incorporación de México a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales a expedir una ley para prevenir y sancionar la trata de personas, y a armonizar su marco jurídico en la materia. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Sobre su adhesión a la proposición presentada, desde sus respectivas curules, intervienen los diputados:
Esthela Damián Peralta.
Silvia Esther Pérez Ceballos acepta.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Laura Piña Olmedo.
Arturo Santana Alfaro.
María del Pilar Torre Canales.
María del Rosario Brindis Alvarez.
María de la Paz Quiñones Cornejo.
Rosi Orozco.
Paz Gutiérrez Cortina.
Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Silvia Esther Pérez Ceballos acepta.
El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud y del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que informen sobre la situación prevaleciente respecto al rebrote del virus de influenza AH1N1. Se turna a la Comisión de Salud.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a los titulares de los Ejecutivos locales y a los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable a respetar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo rural. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La diputada Leticia Quezada Contreras presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Sobre su adhesión a la proposición presentada, desde sus respectivas curules, intervienen los diputados:
Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
María Elena Pérez de Tejada Romero.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Leticia Quezada Contreras acepta.
El diputado Francisco Hernández Juárez presenta proposición con punto de acuerdo sobre la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Se considera de urgente resolución y en su discusión se concede la palabra a los diputados:
Arturo Ramírez Bucio.
Víctor Manuel Castro Cosío.
José Gerardo de los Cobos Silva.
Desde su curul, realiza interpelación el diputado Ramón Jiménez López.
Rodolfo Lara Lagunas.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
Desde su curul, el diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega solicita la palabra.
Sobre la solicitud intervienen desde sus curules los diputados:
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
El Presidente otorga la palabra al diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga.
Francisco Hernández Juárez.
Roberto Gil Zuarth.
Desde su curul, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín solicita esclarecer el debate, a lo que el Presidente da respuesta.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.
Se considera suficientemente discutida la proposición presentada y posteriormente es aprobada; comuníquese.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el que se determina llamar a tomar protesta constitucional al ciudadano Israel Madrigal Ceja, suplente del ciudadano Julio César Godoy Toscano, por el I distrito electoral, con cabecera en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aprobado.
El Presidente designa una comisión para que acompañe al ciudadano Israel Madrigal Ceja, diputado suplente por el I distrito electoral, con cabecera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el acto de rendir su protesta de ley.
Se recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin de que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 79, 80 y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada en la sesión del 2 de octubre de 2008. El presidente realiza la excitativa correspondiente.
Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social para que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 28 de noviembre de 2006. El presidente realiza la excitativa correspondiente.
Se recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 51, 56, 59, 60, 62, 63 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del 13 de abril de 2004. El presidente realiza la excitativa correspondiente.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputados; por tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 10:46): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día en virtud de que éste fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Jueves 8 de octubre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Por el que comunica el nombramiento del doctor Luis González Placencia como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para el periodo correspondiente del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2013.
Acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Por el que se exhorta al gobierno federal a atender, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales de Jalisco y Veracruz, la crisis epidemiológica de dengue que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara y a la segunda de las entidades. (Votación)
Por el que se aprueba el calendario y formato de las comparecencias ante comisiones de titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la continuación del análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. (Votación)
Oficio de la Comisión Nacional del Agua
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Oficio del gobierno del estado de Morelos
Por el que solicita a la Cámara de Diputados que al analizar, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 considere dicha entidad para sumarse al Fondo Metropolitano y ser beneficiaria de él.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge García Segovia pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Luis Valencia Gómez pueda de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en Chetumal, con circunscripción consular en Quintana Roo. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Óscar Eduardo Ramos Remus pueda de-sempeñar el cargo de vicecónsul honorario de la República de Costa Rica en Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Brenda Bernáldez Ruiz, Mauricio Israel Alfaro García y Érik Gallardo Morales puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; e informa que los ciudadanos Juan Carlos Posada López y José Guillermo Sandoval dejan de prestar servicios en ella. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alejandro Juárez Muñoz, Leonila Aguirre Barousse y Carlos Alberto Espino del Castillo Gómez puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y Alberto Antonio García Vega y Javier Cavazos Adame, en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos Andrés Martínez Vázquez en la Embajada de Estados Unidos de América en México, Noé Solano Gerónimo y Claudia Padilla Pardini en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y Adriana Martínez López, Angélica Arzave Montes, Mariana Rangel Rodríguez, María Rosa Hermida Cruells, Mario Alberto Pozadas Navarro, Alejandro Galindo Diego, Minerva Xochipitzahuatl Sánchez Quezada, Germán Salgado Cruz, Silvia Patricia García Becerra, Angélica Manuela Ávila Gracia, Maricel Castillo Portillo, Bárbara del Castillo Niño, María del Carmen Garrido Poo, Chantal Levy Witemberg, Leandro Mauricio Alcolea Vinay, Marco Antonio González Aguilera, Gabriela Pulido Pérez y Hanin Frangie Beltrán en la Embajada de Canadá en México; e informa que los ciudadanos Liliana Capetillo Delgado y Édgar Iván Chávez Sánchez dejan de prestar servicios en la Embajada de Canadá en México. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María del Carmen Amador Vargas y Ledy Vanessa Novoa Medina puedan prestar servicios en las Embajadas de Sudáfrica y de Ecuador en México, respectivamente. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Rosa Beatriz Perea Ortiz pueda prestar servicios en la Embajada de Irlanda en México. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ernesto Piña Morales, Rocío García Tovar y Ana Graciela Jesús Alamilla puedan prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México, y Donaldo Antonio Jordán López en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas; e informa que los ciudadanos Mónica del Carmen López Cholico y José Luis Vázquez Velázquez dejan de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos José Manuel Martínez Calderón en la Embajada de Nueva Zelandia en México, María de Lourdes García Alanís en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México, Paula Joselín Ramírez Melchor en la Embajada de Bolivia en México, y Margie Shamosh Laniado, Esther Sissa Israel y Natalie Paola Marcuschamer Gold en la Embajada de Israel en México. (Turno a Comisión)
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por Felipe González González y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a mantener en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presentada por Marco Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Ángel Alonso Díaz Caneja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, al subsidio para la seguridad pública municipal; o bien, aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles a efecto de recibirlo, presentado por Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Iniciativas
Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado César Nava Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito'', a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 y 36 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo'', a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se asigne una partida especial para atender la seguridad social de los cañeros y jornaleros asociados a la agroindustria azucarera y alcoholera, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para el impulso y generación de fuentes alternativas de bioenergía, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la creación de un Fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de educación indígena a través de la Dirección General de Educación Indígena, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para atender obligaciones de pago en favor de ejidos y de comunidades derivadas de decretos expropiatorios promovidos por federación, estados y municipios, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se reasignen recursos a los programas de mayor efecto en la producción rural, sin reducir de manera sensible los correspondientes a los programas de asistencia social en el área rural, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, en particular del algodón, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el rescate y la conservación de ríos y barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector turístico, con el propósito de hacerlo prioridad nacional a efecto de generar inversiones y empleos, y combatir la pobreza en las zonas con atractivo, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no desaparecer la Secretaría de Turismo porque es prioritaria para la activación económica del país, a cargo del diputado Jorge Fernando Franco Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las operaciones que el consorcio extranjero Sempra Energy realiza en México, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nueva propuesta hacendaria que contribuya al desarrollo económico del país, mediante la adopción de un plan estratégico de un sistema ágil y expedito de recaudación que no incremente ni cree impuestos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la universidad estatal, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ALDF que se conduzca en el marco legal y respete los principios de equidad, proporcionalidad, pluralidad y gobernabilidad en la decisión que tome al integrar los comités y las comisiones, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y en los privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirir y aplicar la vacuna contra la influenza AH1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas; y a la Profeco, a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en prácticas dolosas, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el acceso digital a los mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2009, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, pues se afectaría una actividad generadora de divisas y de empleos, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Ganadería, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generen entre los municipios, a cargo del diputado Luis Carlos Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al análisis de los resultados de la prueba ENLACE, así como a las medidas que tomará el gobierno federal para mejorar la calidad de la educación básica en México, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a instruir a los despachos externos que ha contratado para que cesen el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados-trabajadores con el fin de cobrarles los créditos, suscrito por los diputados Norma Leticia Salazar Vázquez y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de competitividad para un crecimiento con equidad, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a enviar, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, un informe sobre el sistema de supervisión y control vehicular, así como de la detección de armas y contrabando de mercancías en el estado de Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SER que inicie los procedimientos para la adhesión de México a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como a armonizar su marco jurídico en la materia, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud y del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de que informen a esta soberanía la situación prevaleciente en relación con el rebrote del virus de influenza A H1N1, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a los Ejecutivos locales y a los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable a respetar la participación ciudadana y fortalezcan la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo rural, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de minería y para el desarrollo de las regiones con industria minera en el país, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan actos de antisemitismo, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efeméride
Con motivo del aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios.
Agenda política
Comentarios sobre el Bordo Poniente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios relativos a las solicitudes de licencia que presentaron diversas diputadas en la LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Comentarios sobre los jóvenes baleados el día de ayer por el Estado Mayor Presidencial en el centro de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Comentarios sobre la declaración política de los pueblos indígenas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido también publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes seis de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 383 diputadas y diputados, a las 11 horas con 46 minutos del martes 6 de octubre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.
Antes de la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, hace uso de la tribuna el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, para hacer observaciones en relación con el orden del día y el presidente hace aclaraciones.
Se reciben proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno:
a) De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:
b) De La Junta de Coordinación Política por los que se:
En sendas votaciones económicas se aprueban los acuerdos. Comuníquense.
Se recibe oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de agosto de 2008. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
A las 12 horas con 34 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 459 diputadas y diputados.
Se reciben oficios con los que remiten acuerdos, de los Congresos de los estados de:
Se reciben dos oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los que remite acuerdos para exhortar al:
Se reciben oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite:
a) Cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados de la:
b) Información:
Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que remite:
Se reciben minutas con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos:
Se turnan a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
Presidencia del diputado Felipe Solís Acero
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
• Luis Hernández Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre la Comisión de Concordia y Pacificación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se recibe de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:
Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Se recibe de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que firme a la brevedad el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad, de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:
Se recibe del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del Café. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional:
Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
El presidente clausura la sesión a las 17 horas con 10 minutos y cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de octubre de 2009 a las 10:00 horas.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Pido a la Secretaría que continuemos con el orden del día. Entramos al capítulo de comunicaciones.
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito comunicarle que en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen por el que se nombra al doctor Luis González Placencia, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para el periodo de cuatro años que correrá a partir del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2013.
Asimismo, me permito informarle que el ciudadano Luis González Placencia rindió la protesta de ley correspondiente. Lo anterior para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.
DENGUE
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno federal a coordinarse --a través de la Secretaría de Salud-- con el de Jalisco y el de Veracruz para atender la crisis epidemiológica de dengue que afecta la zona metropolitana de Guadalajara y el segundo de dichos estados
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya las proposiciones con punto de acuerdo relativas a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes han manifestado su preocupación respecto a las medidas urgentes que consideran indispensable sean instrumentadas por el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, para la atención de nuestra población ante el brote de diversas epidemias; por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a efecto de que, a través de la Secretaría de Salud, se coordine con los gobiernos de Jalisco y Veracruz, con el propósito que se implanten, de manera inmediata, las acciones necesarias para combatir la crisis epidemiológica de dengue hemorrágico que afecta a Jalisco, particularmente a la zona metropolitana de Guadalajara, y se atiendan los casos de dengue clásico y hemorrágico, y se establezcan medidas para disminuir la incidencia de esa contingencia sanitaria en Veracruz.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda a someterlo a votación la Secretaría.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.
ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de titulares de dependencias y entidades de la administración pública federal para la continuación del análisis del tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral uno, inciso c) y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en las siguientes
Consideraciones
Con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7, numeral y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, este órgano de gobierno somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en términos del segundo párrafo de los artículos 69 y 93 constitucional, así como del numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la continuación ante comisiones, del análisis del tercer Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Segundo. La continuación del análisis del tercer Informe de Gobierno tendrá lugar en el marco de reuniones de trabajo de las siguientes comisiones durante el período comprendido del 13 al 15 de octubre de 2009, bajo el siguiente formato:
Tercero. El formato a que se sujetará el análisis referido es el siguiente:
En los casos de reuniones de comisiones unidas, los presidentes de las mesas directivas de las comisiones que participen en estas comparecencias decidirán de entre ellos a quien corresponde conducir dicha reunión.
Cuarto. Durante el análisis en materia de economía, salud, Petróleos Mexicanos y trabajo y previsión social del tercer Informe de Gobierno, sólo tendrán lugar las intervenciones descritas.
Quinto. Corresponderá a la mesa directiva de cada comisión o de la comisión que conduzca la comparecencia en comisiones unidas, velar por el cumplimiento del presente acuerdo.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con oficios de la Comisión Nacional del Agua.
FENOMENOS CLIMATOLOGICOS
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Comisión Nacional del Agua.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputada María Dolores del Río Sánchez ; Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados
En atención de su oficio número DGPL-61-II-2-50, expedientes 20 y 21 LXI, de fecha 10 de septiembre del presente año, mediante el cual nos dan a conocer para los efectos a que haya lugar los puntos de acuerdo de la sesión celebrada el mismo 10 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en segundo acuerdo nos exhortan a impulsar un programa especial de urgencia para canalizar apoyos a zonas afectadas por la sequía atípica de los últimos días aplicando los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC). Acerca de lo anterior les informamos lo siguiente:
El gobierno de Zacatecas, mediante el folio numero 300308, de fecha 11 de agosto de 2009, solicitó la opinión técnica de la Comisión Nacional del Agua sobre la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico denominado sequía atípica, impredecible y no recurrente, indicando que se presentó en mayo, junio y julio de 2009 en los 58 municipios de Zacatecas. Asimismo, mediante el oficio número RODG. 106/09, de fecha 20 de agosto de 2009, solicita a la Dirección General de la Conagua que Zacatecas sea declarada zona de desastre, y apoyo para que en lo que competa a la Comisión Nacional del Agua pueda obtener una definición favorable para el pueblo zacatecano.
El 1 de septiembre de 2009, de acuerdo con las Reglas de Operación del PACC, en opinión de la Conagua, se corroboró la ocurrencia de sequía atípica, impredecible y no recurrente durante julio de 2009 en 45 municipios de Zacatecas. Lo anterior, a efecto de que el gobierno del estado implante las acciones que considere correspondientes para su atención en el marco de la normatividad vigente del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.
De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del PACC, la unidad ejecutora es el gobierno de la entidad federativa donde se presente la contingencia o se contrate el seguro agrícola, pecuario, acuícola o pesquero catastrófico, conforme a lo que se establezca en el convenio de coordinación marco y en los anexos técnicos que se realicen entre el gobierno federal y el de la entidad federativa.
Por lo anterior, la competencia de la Conagua establecida en las Reglas de Operación del PACC es la emisión del diagnóstico climatológico que corrobore la ocurrencia de la contingencia climatológica e identifique los municipios donde sucedió, situación que ocurrió el 1 de septiembre de los corrientes. Por tal motivo, esta unidad administrativa no está facultada para impulsar un programa especial de urgencia para canalizar apoyos a zonas afectadas por la sequía atípica, aplicando los recursos de Fonden y del PACC.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento. Continúe con oficio del gobierno de Morelos.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo.--- Gobierno del Estado de Morelos.--- 2006-2012
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo e informarle que es intención del gobierno del estado de Morelos, al cual represento, adherirse al Fondo Metropolitano, que se ha previsto en los Presupuestos de Egresos de la Federación, a partir del correspondiente al ejercicio fiscal 2006, con el fin de desarrollar proyectos de gran impacto en nuestra entidad, que contribuyan de manera significativa al desarrollo sustentable, económico y social de la población morelense.
Algunos de los proyectos que podemos destacar son los programas de desarrollo urbano, en sus distintos ámbitos de planeación, estudios de movilidad, de infraestructura y de equipamiento, entre otros.
En este sentido, con fundamento en las atribuciones que en materia de promoción del desarrollo urbano se derivan de los artículos 1, 2, 5 fracción I, inciso a), y 6, fracciones VI y XIII, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos, y de conformidad con lo que dispone el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esa honorable Cámara de Diputados, que al analizar, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, tenga a bien considerar a nuestra entidad para adherirse y ser beneficiaria de los recursos que se promueven a través del fondo referido y respecto de las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, identificadas y delimitadas por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.
PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO- 08603, la licenciada Verónica Breña Buenrostro, directora de Acreditación e Inmunidades, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Jorge García Segovia pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Por lo anterior me permito anexar para la integración del expediente originales de la carta, dirigida al Congreso de la Unión, con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del certificado de domicilio, y copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples del curriculum vitae, de la identificación oficial y de la nota de nombramiento, formulada por la Embajada de la República Eslovaca en México.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-09777, la consejera María Teresa Mercado Pérez, directora general adjunta del Ceremonial, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge Luis Valencia Gómez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Belice en México.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turnan a la Comisión de Gobernación.
PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE VICECONSUL HONORARIO
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO- 10210, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Óscar Eduardo Ramos Remus, pueda desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de la República de Costa Rica en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del certificado de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la embajada de la República de Costa Rica en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turnan a la Comisión de Gobernación.
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1326/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1469/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1500/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1288/09, Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas del acta de nacimiento y de la carta de naturalización, con las que acreditan la nacionalidad mexicana dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1351/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración del expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de la identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1430/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1459/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Las solicitudes de permisotúrnense a la Comisión de Gobernación. Por las que se refieren a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítanse a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento. Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.
LEY DE COORDINACION FISCAL
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Felipe González González y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
«Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presentes.
Los senadores Felipe González González y Juan Bueno Torio, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal con base en la siguiente,
Exposición de Motivos
Desde hace años han existido diversas inquietudes para mejorar nuestro federalismo en materia fiscal. Los gobiernos federal, estatales y municipales buscan fórmulas para una distribución más eficiente y de mayor equidad de los recursos que integran la hacienda pública. La Ley de Coordinación Fiscal entró en vigor en 1978. El entorno económico adverso que padece el país por efecto de nuestra vinculación económica con Estados Unidos de América, donde se originó la actual crisis financiera internacional, pone de relieve la necesidad de mejorar la distribución de los recursos que se captan, principalmente en cumplimiento de las obligaciones tributarias de los mexicanos, a efecto de salir lo más pronto posible de esta situación, volver a crecer y recuperar nuestro desarrollo.
Además de la concurrencia impositiva, la Ley de Coordinación Fiscal permite la participación del gasto a través de la colaboración administrativa resultante del acuerdo que habilita a autoridades estatales y municipales para gestionar contribuciones. En este contexto, es frecuente encontrar cada vez más que en particular los municipios han venido fortaleciendo su capacidad para administrar estos recursos, desarrollando una hacienda seria y profesional que opera bajo parámetros comúnmente aceptados.
También en algunos otros municipios es notorio el atraso en esta materia, lo que impide o dificulta el acceso a recursos frescos para dar satisfacción a las necesidades que requiere el desarrollo. A este propósito ha contribuido el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el cual de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal tiene, entre otras, la función de promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales (fracción VI). El Instituto Nacional para el Federalismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación, también apoya los municipios para que desarrollen sus capacidades administrativas.
De unos años para acá, diversas funciones de las encomendadas por ley a los estados y municipios han adquirido una relevancia preponderante. La seguridad pública es una de dichas funciones. Por ello, en las propuestas del Ejecutivo para conformar el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos para apuntalar a las autoridades a efecto de que presten con solvencia estas funciones han sido recurrentes. La Cámara de Diputados ha sido sensible a la situación por la que atraviesan las entidades federativas y los municipios y ha autorizado recursos crecientes para diversas funciones, en especial para la seguridad pública. En este orden de ideas, las transferencias del erario federal a las haciendas locales se realizan por medio de fondos de aportaciones federales, a los cuales la ley de la materia les dedica el Capítulo V. Destaca el artículo 25 que dispone que, con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de dicha ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley para los Fondos siguientes:
Dichos fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado Capítulo V.
Sin embargo, si observamos con detenimiento el artículo primero de la ley, nos percatamos que, al regular el objeto del propio ordenamiento, dicho precepto no considera las aportaciones. En efecto, el artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal establece lo siguiente:
Las aportaciones federales cobran existencia legal a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998 y entrañan una nueva forma de descentralizar el gasto público federal. En principio, se establecieron seis fondos considerados en la ley, entre los que destacan el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y los fondos de aportaciones a los Municipios.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha llegado a su límite; en la actualidad nuestro modelo de federalismo demanda, en el ámbito político, económico y social, satisfacer una necesidad apremiante por integrar coherentemente los elementos que interactúan en el federalismo hacendario. Estos elementos quedan representados por los ingresos, los egresos, la deuda y el patrimonio del gobierno federal y los gobiernos locales (estatal y municipal); asimismo, esta necesidad se hace más apremiante dado que la última reforma constitucional al artículo 115 colocó con mayor claridad al municipio dentro del pacto federal. Todo lo cual obliga a buscar un reingeniería al instrumento legal que hace operativo a nuestro actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este instrumento legal denominado Ley de Coordinación Fiscal ha sido superado en su accionar, porque con legítima argumentación, los gobiernos locales, sobre todo los municipales, hoy día exigen una participación más activa y un reconocimiento formal en la operatividad de esta ley federal secundaria.
La perspectiva del federalismo fiscal implica la adecuada distribución de atribuciones fiscales entre las partes integrantes de la federación, de modo tal que la recaudación y la dotación de bienes y servicios públicos que provee el Estado sea lo más eficiente posible. Para alcanzar un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un equilibrio entre los dos principios en materia recaudatoria: corresponsabilidad y eficiencia para que conjugados correctamente con un sistema de transferencias federales donde se tenga la capacidad de resarcir (en términos de capacidad de contribución Ramo 28, ``Participaciones'') a cada orden de gobierno subnacional; y en el caso del federalismo mexicano, donde el principio solidario es parte fundamental para cerrar la brechas de desigualdad regional, donde el sistema de transferencias deberá garantizar que todos los individuos gocen de las mismas oportunidades, independientemente de la entidad o municipio en donde residan, que se tenga la capacidad de compensar (en términos de rezago Ramo 33, ``Aportaciones'').
Las aportaciones federales del Ramo 33 están establecidas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y son recursos transferidos de la federación a los gobiernos subnacionales, ya sea para financiar competencias previamente descentralizadas, como educación básica y salud, o para llevar a cabo obra que se considera los gobiernos estatales y municipales pueden llevar a cabo con mayor eficiencia que si se realizaran de forma centralizada.
Cabe señalar que el Poder Judicial federal ha fijado las características de las aportaciones federales, al resolver la controversia constitucional 4/98, la cual por su trascendencia paso a transcribir en la parte medular:
De la lectura del criterio judicial federal anterior, es claro que las aportaciones son fondos independientes de los que se destinan a las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones federales. En consecuencia, a fin de que el ámbito normativo de la Ley de Coordinación Fiscal resulte completo y comprehensivo de todas sus materias y tópicos regulados, a efecto de que las aportaciones federales queden consideradas en el objeto de la ley, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con el de los estados, municipios y Distrito Federal; establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; determinar las condiciones por las que la federación transferirá a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y Municipios las aportaciones federales establecidas en esta ley; determinar el destino de éstas; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Ángel Alonso Díaz Caneja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a mantener, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presentes.
Los suscritos, senadores Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas, Jorge Ocejo Moreno y Ángel Alonso Díaz Caneja, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a mantener, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el monto del subsidio otorgado en el ejercicio inmediato anterior para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, en la medida de lo posible, se incremente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los legisladores, al igual que todos los actores políticos, estamos conscientes de la difícil situación en que la crisis económica mundial ha colocado a nuestras finanzas públicas, acrecentada por la declinación de la producción de Petróleos Mexicanos, así como todos y cada uno de los factores que de forma directa e indirecta impactan en la economía nacional.
Sabemos que las necesidades de nuestro país son muchas y que los recursos económicos no van a la par de las más sentidas demandas sociales, como cerrar la brecha de la pobreza y lograr la cobertura universal de salud; sin embargo, uno de los rubros más importantes para el desarrollo de México, sin duda lo es, la inversión en educación superior.
Estamos conscientes de las imperantes necesidades que tiene nuestro país, pero también debemos estar atentos de la fuerte inversión que representa la población universitaria de México, la cual finca sus esperanzas de superación en todas las universidades estatales con las que cuenta nuestro país.
Es responsabilidad del gobierno proporcionar a este universo poblacional las herramientas que les permita ser económicamente activos, capaces de formar parte del sector productivo y generadores de riqueza, logrando una población totalmente abastecedora y no dependiente de programas de asistencia social.
En la medida en que nuestros jóvenes se encuentren mejor preparados, podrán enfrentarse a la economía globalizada para poder ser más competitivos, con el fin de que los porcentajes en los decídeles de nuestro país se reviertan para minimizar el alto índice de desempleo y pobreza que prevalece en el acontecer cotidiano.
Los países que han invertido en ciencia, tecnología y educación superior como factor de desarrollo aparejadamente han resuelto problemas básicos de bienestar social.
En este contexto, Puebla es uno de los estados con más alto índice de recepción de jóvenes procedentes de todas partes de la República Mexicana, principalmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, entre otros, para quienes la diversidad de las carreras, aunada a la calidad educativa y el bajo costo que para ellos representa el prepararse académicamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), hacen que actualmente sea una de las principales fuentes de profesionistas en el país y a nivel internacional.
Los que suscribimos este punto de acuerdo, senadores por el estado de Puebla, somos testigos de que la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fundada en 1937, ha realizado en los últimos años un importante desarrollo de la infraestructura física para atender mejor la necesidades académicas de los alumnos logrando incrementar el área construida en casi 100 mil metros cuadrados. Una de las obras más importantes es el Complejo Cultural Universitario, escenario de clase mundial.
También ha logrado un destacado avance en su calidad académica, al conseguir el reconocimiento al cien por ciento de la matrícula de licenciatura, que se encuentra incorporada al Padrón Nacional de Programas Reconocidos por su Buena Calidad.
Esto ubica a la BUAP como una de las macrouniversidades de México donde las 62 licenciaturas que ofrece son de calidad, de acuerdo con los referentes oficiales para otorgar este aval que son: el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
Lo anterior, en beneficio de la comunidad universitaria, que al momento de alcanzar su madurez profesional podrán retribuirlo a la sociedad, generando riqueza.
Es necesario que miles de jóvenes puedan seguir teniendo la oportunidad de seguir cursado una carrera universitaria que les permita enfrentarse al futuro con mayores conocimientos y capacidades, herramientas que ofrece la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a considerar la necesidad de mantener, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y con base en los requerimientos presentados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el subsidio otorgado a dicha institución, con la finalidad de que se le permita cumplir con los objetivos planteados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y aprobar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 mayores recursos que se destinen al subsidio para la seguridad pública municipal, o bien aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir este subsidio.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presente.
Quien suscribe, Lázara Nelly González Aguilar, senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar y aprobar, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, mayores recursos que se destinen al subsidio para la seguridad pública municipal (Subsemun), o bien aplicar un recurso a los municipios que nos son elegibles para recibir este subsidio, lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 15 de enero de 2009 fue publicado el acuerdo 01/2009, en el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal (Subsemun).
Con fecha 30 de enero del 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer las reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá suscribir.
Con fundamento en estos dos acuerdos referidos y lo dispuesto en los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 10, fracción I, y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, se aumentó para este 2009 a un total en el país de 206 municipios beneficiados con este subsidio, a diferencia de los 150 que eran elegibles en el 2008.
Dicho avance que se dio para este año fue un paso importante, sin embargo, aún quedan más de 2 mil 200 municipios que no reciben este apoyo tan necesario para fortalecer la seguridad pública de la población.
Conscientes de la crisis en las finanzas públicas que nos agobia, derivada de la crisis económica mundial, entendemos la problemática, pero la seguridad pública es una de las funciones esenciales inherentes al Estado, por lo que en este rubro no se debe bajar la guardia.
Por tanto, es pertinente solicitar a la colegisladora el aumento en este subsidio de tal forma que abarque a más municipios o en su defecto generar un apoyo a los municipios que no sean elegibles para el Subsemun toda vez que estos municipios enfrentan serios problemas de viabilidad presupuestal y podrían verse obligados a recortar recursos en esta área tan importante para la ciudadanía.
Sabedores del compromiso institucional que tenemos todas las autoridades, para hacer frente a los problemas sociales, es imperativo que este rubro de la seguridad pública municipal no se vea perjudicado aún cuando estemos en una época de escasez de recursos.
Por lo anterior, me permito someter a la presente soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se destinen mayores recursos al subsidio para la seguridad pública municipal (Subsemun), o bien aplicar un recurso a los municipios que no son elegibles para recibir este subsidio.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día en el apartado de iniciativas. Esta presidencia recibió del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRIEl que suscribe, Sergio Lobato García, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se permite someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 8 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 13, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosConsiderando que:
Se entiende como gasto público las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país; comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año (ejercicio fiscal). Dentro del gasto público están los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa, esto es al pago de intereses y amortización de capital.
Toda erogación o salida de dinero originada en una entidad estatal, forma parte del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto que realice el Estado, así será el efecto que se tenga dentro de la economía. El gasto público puede desde dinamizar la economía hasta ser el causante de fenómenos como la inflación y la devaluación y revaluación o ambos de la moneda.
El gasto público es también uno de los elementos que inciden en la política impositiva de un país y en el conocido déficit fiscal, fenómeno común a todos los Estados.
En el último periodo ordinario de cada año, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, el gasto público que deberá ejercer el Ejecutivo federal para cubrir las necesidades y requerimientos del país. Este recurso proviene, fundamentalmente de las contribuciones que todos los mexicanos hacemos, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es así como, la referida disposición constitucional vincula las contribuciones a cargo de lo ciudadanos, y para las cuáles todos debemos contribuir de manera proporcional y equitativa, al gasto público de los distintos órdenes de gobierno: federación, estado y municipio.
Por ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio del gasto público, no es ningún cheque en blanco entregado al Ejecutivo federal; es un acto republicano y de división de poderes constreñido a la realización y cumplimiento de los planes y programas tendentes al bienestar general de los mexicanos. En tal razón, una vez aprobado el presupuesto por la Cámara de Diputados, los servidores públicos encargados de ello, están obligados a autorizarlos, liberarlos y ejercerlos o ambos, de forma oportuna, transparente y para los fines para los que fueron destinados.
Además, los servidores públicos deben atender los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, de acuerdo al artículo 113 de la Carta Magna.
De lo anterior, se colige que dichos recursos públicos deberán ejercerse no sólo bajo los principios enunciados por la norma constitucional, sino que además se deben ejercer en su totalidad, dado que son generados y destinados, en especial los relativos a los programas sociales y de asistencia a grupos vulnerables, para un fin específico, y tienen, en la mayoría de las veces, una temporalidad.
Por lo tanto, de dicho gasto no pueden obtenerse economías, dado que los subejercicios están ligados al incumplimiento de metas, por lo que se afectaría a programas sociales o, en general, al gasto público en su totalidad, ya que para ello, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hace llegar a esta soberanía, hipotéticamente previo estudio de necesidades, un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que hace suponer que si se solicita un monto total, es porque ése recurso es el que mínimamente se requiere o en su defecto, ese recurso es el que se necesita para la operación de tal o cual programa, ya que previo a la elaboración del proyecto de Presupuesto se hacen las estimaciones pertinentes de presupuestación.
Sin embargo, en nuestra realidad, el ejercicio total del gasto raras veces se ejerce, y peor aún, dicha reserva de recursos se hace con la finalidad de destinarlos para otros fines al margen de las metas comprometidas o de manejos discrecionales de los recursos. Estos recursos que no fueron ejercidos en el cumplimiento de las metas programadas y comprometidas son los llamados ``subejercicios'', definidos éstos como ``la diferencia que resulte, con base en el calendario del presupuesto, entre los recursos del presupuesto modificado autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad en el ejercicio del que se trate, derivada del incumplimiento de los objetivos contenidos en los programas aprobados o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.'' 1
Lamentablemente, en los últimos años el subjercicio se ha vuelto una práctica cotidiana en la administración pública federal: durante el primer trimestre de 2009 el gobierno federal ejerció menos del 10 por ciento del presupuesto anual asignado a 13 programas destinados a superar la pobreza, como Liconsa, Seguro Popular, Telesecundaria y otros relacionados con apoyos a mujeres, jóvenes jornaleros y migrantes, así como becas y proyectos productivos.
El avance del ejercicio presupuestal en el periodo mencionado ascendió a 17.8 por ciento en los 47 programas existentes para la superación de la pobreza, pero en más de la tercera parte de ellos no se llegó a ejercer o invertir ni la décima parte de los recursos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El menor gasto ejercido en los tres primeros meses del año, corresponde al Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, ya que sólo se aplicó 0.3 por ciento de los 381 millones de su presupuesto anual. Enseguida se ubicó el programa para la atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud, con un ejercicio de 0.5 por ciento de los 455.7 millones de pesos aprobados para este año.
Otros cinco programas erogaron menos del 2 por ciento de su presupuesto anual: el de la mujer en el sector agrario; el de becas y financiamiento; el de apoyo para proyectos productivos; el de coinversión social y el de apoyo a contingencias climatológicas. En tanto, el programa de abasto social de leche, a cargo de Liconsa, aplicó durante el primer trimestre del año sólo 3.9 por ciento de los mil 560 millones de pesos de presupuesto anual. Al Programa Tres por Uno (3 x 1) para Migrantes se le destinaron 562 millones de pesos para 2009, pero ejerció 7.9 por ciento entre enero y marzo pasados, mientras que en el Programa del Seguro Popular sólo se había gastado 8.7 por ciento de los 33 mil millones de pesos de su presupuesto anual. De los 47 programas para la superación de la pobreza que enlista la SHCP, 19 tuvieron un avance presupuestal de entre 10 y 20 por ciento, mientras otros siete erogaron entre 20 y 30 por ciento.
El ejercicio de entre 30 y 40 por ciento de sus recursos para este año sólo se realizó en cuatro programas: el destinado a adultos mayores, denominado Setenta y Más; el de apoyo al empleo temporal; el de respaldo a la participación de actores para el desarrollo rural y el de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria. Otros cuatro superaron la aplicación de 40 por ciento de su presupuesto anual en el primer trimestre, pero el récord corresponde al Programa de Escuelas de Calidad, que aplicó 94.2 por ciento de los casi mil 500 millones de pesos que le fueron asignados. Le siguieron el programa de capacitación y servicios de asistencia técnica, innovación, transferencia de tecnología e información, con 69.4 por ciento; Alianza para el Campo, con 63, y el programa de adquisición de leche de Liconsa, con 42 por ciento de su presupuesto para 2009.
Por otra parte, no deja de llamar la atención que por un lado la obligación constitucional de contribuir para los gastos públicos, conlleve una sanción de carácter económico y en algunos casos de carácter penal para quien incumpla, evada o defraude sus obligaciones fiscales y, por el otro, existan márgenes importantes de liberalidad y discrecionalidad en la ejecución del gasto público sin considerarse sancionable el incumplimiento de planes, programas y metas, convirtiéndose los recursos destinados a ellos en gasto subejercido.
En un país de pobres, donde las demandas y necesidades sociales son cada vez mayores, es inconcebible que el gasto destinado a combatir precisamente la pobreza sea subejercido, ya sea por la incapacidad de los servidores públicos o para fines patrimoniales indebidos. Pero en ambos casos, fatalmente, no existe una sanción al servidor público que incurra en esta hipótesis, puesto que ni en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ni en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria existe sanción alguna que así lo prevenga, convirtiéndose de este modo en una práctica recurrente que lacera a las finanzas públicas y retrasa el progreso del país.
El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en sus diversas fracciones se limita a señalar que:
Por consiguiente, propongo a esta soberanía se adicione con un segundo párrafo la fracción III del artículo 8 y se reforme el párrafo cuarto del artículo 13, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de precisar la obligación de autorizar o ejercer en su totalidad los recursos presupuestales autorizados y de esta forma evitar el subejercicio en el gasto público.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 8 y se reforma el párrafo cuarto del artículo 13; ambos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo a la Fracción III del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
Artículo Segundo. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de la Función Pública.
LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Maurilio Ochoa Millán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Maurilio Ochoa Millán: Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en 2001 los productores agropecuarios del país iniciaron acciones de resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad, por los altos costos de los energéticos agropecuarios que afectaban sus ingresos, con el incremento en los costos de producción en estas actividades agropecuarias.Estas acciones dieron origen a la Ley de Energía para el Campo aprobada por esta soberanía en diciembre de 2002, donde se establecen las acciones de impulso a la productividad y competitividad con medidas de apoyo tendentes a reducir las asimetrías respecto de otros países.
A partir de la promulgación de esa ley, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos han reducido los precios y tarifas de: diesel agropecuario, diesel marino, gasolina para pesca ribereña y energía eléctrica para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, utilizados en los procesos productivos primarios, basados en los recursos naturales, renovables, agricultura, ganadería y silvicultura, acuacultura y pesca ribereña.
Este beneficio de precios y tarifas de estímulo no se aplica a los frigoríficos de manzana, por no estar establecido este tipo de actividades en la ley, que es considerado como ``agroindustrial'' por el gobierno federal, cobrándosele tarifa industrial, lo cual encarece los costos de producción de la manzana y otros productos.
En México los estados con mayor superficie de producción de manzana son, en origen de importancia: Chihuahua, Durango y Coahuila. Actualmente Chihuahua es el principal productor de manzana del país, con aportación de más de 75 por ciento de cajas a nivel nacional. En Chihuahua se tiene infraestructura para la conservación de la fruta, con una capacidad de almacenamiento de 281 mil 635 millones de cajas, siendo 60 por ciento refrigeración convencional y 40 por ciento atmósfera controlada.
Los municipios, en origen de importancia en almacenamiento, son: Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Namiquipa y Bachíniva. 60 por ciento de la manzana se refrigera, 25 por ciento se dirige a la industria y sólo 15 por ciento va al mercado en la época de cosecha.
En este sentido, en 10 municipios de Chihuahua se cuenta con la infraestructura para la conservación y almacenamiento de la manzana. Un estudio realizado por los productores, a través de su organización Unifrut, señala que los costos por refrigeración de la fruta y por consumo de energía eléctrica se han incrementado de 46 a 57 por ciento en promedio, de octubre de 2007 a octubre de 2008.
Los refrigeradores de manzana deben considerarse una extensión complementaria a la huerta y, en este proceso, ninguna agregación de valor; es sólo una consecuencia por cuestiones de mercado de la oferta y la demanda.
Si a los altos costos de energía eléctrica le agregamos todos los demás problemas que enfrenta el sector en el estado y en el país, como son las prácticas desleales del comercio internacional por los precios del dumping de la manzana norteamericana y otros frutos...
Los impactos negativos de los fenómenos naturales como el granizo, el incremento en los costos de flete y en los destinos de las cosechas, entre otros, obliga a los legisladores a poner soluciones para apoyar tarifas preferenciales a esta actividad.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, la iniciativa que hoy presentamos los diputados federales por Chihuahua, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene como objeto modificar la Ley de Energía para el Campo, para que se incluya esta actividad de conservación de manzana y otros frutos. De esta forma se reducirán los costos de energía eléctrica para esta actividad.
Tendremos que dejar de ser insensibles a la falta de capacidad y sensibilidad que hoy han mostrado las autoridades. Vamos a echarle la mano al campo. Vamos a echarle la mano a la producción de alimentos. Recuerden, compañeros legisladores, que si los sartenes chillan, los niños ya no van a chillar.
Es cuanto, señor presidente. Solicito se integre el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Maurilio Ochoa Millán, en nombre de los diputados Luis Campo Villegas, Alejandro Cano Ricaud, Jaime Flores Castañeda, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Graciela Ortiz González, Guadalupe Pérez Domínguez, Adriana Terrazas Porras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosA nivel mundial se producen aproximadamente 60 millones de toneladas de manzana al año en una superficie de 5.6 millones de hectáreas, siendo China el principal productor con más de 20 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos de América con 5.0 millones. Estos países aportan 45 por ciento de la producción mundial, mientras que México aporta 0.46 millones de toneladas al año. En México los estados con mayor superficie y producción de manzana son, en orden de importancia, Chihuahua, Durango y Coahuila. Las tendencias nacionales son estables en superficie pero inestables en cuanto a la producción, dado a factores climáticos como pueden ser las heladas tardías y el granizo, entre otros.
Actualmente, Chihuahua es el principal productor de manzana en el país con aportación de más del 75 por ciento de las cajas a nivel nacional. El nivel de tecnología (tipo de riego, control de enfermedades, mallas antigranizo, control de heladas, entre otros) oscila entre 30 por ciento alto, 40 por ciento intermedio y 30 por ciento bajo (este último tendiendo a desaparecer). En 2001 los productores agropecuarios del estado de Chihuahua iniciaron acciones de resistencia civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad por los altos costos de los energéticos agropecuarios que afectaban sus ingresos por el incremento de los costos de producción de las actividades agropecuarias.
Estas acciones dieron origen a la Ley de Energía para el Campo, aprobada por esta soberanía en diciembre de 2002, estableciendo las acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, señalándose en los artículos cuarto y quinto de la ley en comento que el Ejecutivo federal establecerá el programa mediante precios y tarifas de estimulo de los energéticos agropecuarios. La ley establece que la cuota energética por beneficiario a precios y tarifas de estimulo se entregara de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
A partir de la promulgación de esta ley, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos han reducido los precios del diesel agropecuario, diesel marino, gasolina para pesca ribereña y la energía eléctrica para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, utilizados en los procesos productivos primarios, basados en recursos naturales renovables, agricultura, ganadería silvicultura acuacultura y pesca ribereña. Actualmente este beneficio de precios y tarifas de estimulo no se aplica a los frigoríficos de manzana por no estar establecido este tipo de actividades, consideradas como agroindustrial por el gobierno federal, cobrándose tarifa industrial que encarece los costos de producción de la manzana.
En el estado de Chihuahua, principal productor de manzana del país, se tiene infraestructura para la conservación de ésta con una capacidad de almacenamiento de 281 mil 635 millones de cajas, siendo 60 por ciento refrigeración convencional y 40 por ciento atmosfera controlada. Los municipios en orden de importancia de almacenamiento son Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Namiquipa y Bachiniva. 60 por ciento de la manzana se refrigera, 25 por ciento se dirige a la industria y sólo 15 por ciento al mercado en la época de cosecha. A partir de agosto y de septiembre se realiza la cosecha y empieza de octubre a enero a desplazarse la cosecha, conservada en refrigeración convencional durante todo el año, en los refrigeradores de atmosfera controlada a los diferentes destinos comerciales.
Ahora bien, en 10 municipios del estado se cuenta con infraestructura para la conservación y almacenamiento de la manzana. Un estudio realizado por los productores de manzana, a través de su organización Unifrut, señala que los costos se han incrementado de octubre de 2007 a octubre de 2008, en un promedio de 46 por ciento. Continuando con esta tendencia durante el ciclo actual, los costos este año son para la tarifa OM de 1.60 pesos por kilowatts/hora y la tarifa de HM de 2.50 pesos por kilowatts/hora; en este sentido, en los costos de refrigeración de la manzana, 57 por ciento son por consumo de energía eléctrica y el resto 43 por ciento son de otros gastos. Los refrigeradores de manzana deben considerarse una extensión complementaria de la huerta; no hay en este proceso ninguna agregación de valor: es sólo una consecuencia por cuestiones de mercado (de la oferta y la demanda).
Además, aun cuando se quisiera colocar todo el producto durante la época de cosecha en el mercado nacional, provocaría saturación y caída brutal de los precios del producto nacional. Es necesario aclarar que en muchos casos los productores de manzana se organizan para almacenar y conservarlas en los frigoríficos de la región y que pagan un costo por este servicio, pero la manzana sigue siendo de su propiedad y ellos deciden el momento que consideran oportuno para su comercialización en el mercado nacional.
Si a los altos costos de la energía eléctrica le agregamos todos los demás problemas que enfrenta este sector en el Estado, como son las practicas desleales de comercio internacional por los precios dumping de la manzana estadounidense, los efectos negativos de los fenómenos naturales como el granizo, el incremento de los costos de flete nacionales de destino de la cosecha, entre otros, obliga a los legisladores a proponer soluciones para apoyar con tarifas preferenciales a esta actividad complementaria de los productores.
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto modificar la Ley de Energía para el Campo, para que se incluya la actividad de conservación de manzana, por ser esta una extensión de la huerta donde no hay valor agregado al producto dentro de las actividades primarias.
Por lo anterior, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoÚnico. Se modifica la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo para quedar como sigue:
Artículo 3o . Para los efectos de esta ley, se entenderá por
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado Ochoa Millán. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY FEDERAL DE APOYO A LAS MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Nuestro país atraviesa por una de las mayores crisis económicas de las que tengamos conocimiento.En esta etapa las familias mexicanas son las que cada día resisten el desempleo, la caída de los salarios; el incremento inusitado al precio de los alimentos, del transporte y de la vivienda; así como la falta de acceso a los servicios de salud, de cultura y de educación, consecuencia no sólo de la emergencia económica, sino de la insistencia en mantener un modelo económico cada vez más excluyente.
En este escenario nos podemos dar cuenta de que, si un sector ha sido severamente afectado por la crisis económica, éste es el de las mujeres, sobre todo aquéllas que son madres solteras y al mismo tiempo jefas de familia. Son ellas quienes enfrentan la peor forma de injusticia económica. No hay duda que la crisis continúa llevando a las mujeres a la baja de su poder adquisitivo y las sitúa en la peor situación de la economía nacional.
Por tanto, las dos iniciativas que hoy ponemos a consideración de esta soberanía el diputado Rubén Moreira Valdez, del PRI, y la de la voz, van dirigidas a proteger a aquellas mujeres que, siendo madres solteras y al mismo tiempo jefas de familia, asumen cada día la responsabilidad de ser el único sostén familiar.
Se trata de dotar al Estado de instrumentos para que, en esta etapa de emergencia económica, pueda brindar el apoyo y la seguridad social a este sector de la población, y oportunidades para su incorporación inmediata al mercado de trabajo, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del segundo trimestre de 2009, involucra a alrededor de 6 millones 967 mil jefas de familia.
La primera iniciativa propone la creación de una Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, mediante la cual aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica por el hecho de ser el único sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación, y que se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea directa, tendrán el derecho a recibir, por parte del gobierno federal, un apoyo económico mensual equivalente a ocho días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.
A este apoyo se agrega el derecho a atención médica y medicinas en el sector salud, sin que deban cubrir las cuotas de recuperación correspondientes.
Cabe señalar que esta propuesta tendría una aplicación en aquellas zonas rurales y con población mayoritariamente indígena y de desventaja social y económica.
La segunda iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para otorgar un estímulo fiscal de 20 por ciento a los contribuyentes o patrones que contraten madres solteras o jefas de familia.
Consideramos que, de aprobarse estas iniciativas, se estaría contribuyendo al apoyo de un sector de la población que de manera directa es afectada por esta etapa de emergencia económica, logrando un avance importante en el apoyo a las madres solteras o jefas de familia, tanto de las zonas rurales como urbanas, ya que se dotaría al gobierno federal de los instrumentos para invertir en programas y políticas públicas integrales.
Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un estado social de derecho, y por ende una democracia, tiene que ser ajeno a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad.
No podemos hablar de democracia si no existe la posibilidad de acceso para las mujeres, madres solteras y jefas de familia a la igualdad de oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Por la brevedad del tiempo para la presentación de estas iniciativas le solicito su incorporación de las mismas al Diario de los Debates.
«Iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl pasado 8 de septiembre el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2010, dicho proyecto de presupuesto afecta de manera directa a la mayoría de la población, ya que contiene el cobro de un impuesto al valor agregado disfrazado de un 2 por ciento de apoyo a la pobreza, mediante el cual se pretende gravar con IVA alimentos y medicinas; asimismo se propone bajar el rango mínimo para la base del impuesto sobre depósitos en efectivo de 25 mil a 15 mil pesos, un nuevo impuesto al consumo; aumento en tasas del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) gravando a las telecomunicaciones; ajuste al gasto y mayor endeudamiento.
A lo anterior se agrega un escenario de crisis económica, donde las familias mexicanas sienten la caída del empleo y de sus salarios, sobre todo las personas que ganan dos o menos salarios mínimos, pues el precio de los alimentos, el transporte y la vivienda han subido dramáticamente. Hay menor disponibilidad de crédito a la vivienda y la cartera vencida del crédito al consumo crece.
Las empresas ven que disminuyen sus ventas, tienen poca liquidez y el crédito es escaso y cada vez más caro. Los pequeños comercios ven como se desploman sus ingresos, el gobierno recauda cada vez menos y más de la mitad de la población trabaja en la informalidad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en julio de este año pasado las ventas al mayoreo retrocedieron 12.9 por ciento de forma anualizada, en tanto que al menudeo la caída fue de 4.8 por ciento; así por ejemplo, la mayor caída anualizada en los ingresos del sector servicios fue en hoteles, restaurantes y bares, de 13.5 por ciento. Después de estos rubros le siguen con 10.6 por ciento de los servicios de transporte, correos y almacenamiento.
El Inegi también detalla que las en agosto se registraron pérdidas anualizadas de 9.4 por ciento los ingresos de las empresas dedicadas a los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
Hasta agosto pasado en el país había 824 mil 716 empresas, cifra menor a la registrada en julio de 2007, cuando se tuvo registro de 826 mil 748, según los más recientes reportes del Inegi y de registros del IMSS.
Por tanto, si un grupo social se ve severamente afectado por la crisis económica que padecemos, son las mujeres, quienes enfrentan la peor forma de la injusticia económica. No hay duda que la crisis económica continúa llevando a las mujeres a la baja del poder adquisitivo y las sitúa en peor posición que la de la economía familiar, comunitaria o nacional.
Cuando se habla de la feminización de la pobreza, y que hoy en plena crisis económica se explica ampliamente, es precisamente reflejar cómo el deterioro económico, golpea siempre a las mujeres. No cabe duda que son las mujeres el sector más afectado la crisis económica, y quienes padecen aun más las dificultades para acceder a empleos dignos.
De acuerdo a un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se señala que aunque entre 2003 y 2008 el producto interno bruto de América Latina creció a una tasa promedio superior al tres por ciento, la Cepal, en su área de la División de Desarrollo, sostiene que la cifra de pobres en la región asciende a 190 millones, de los cuales 70 millones son indigentes.
En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2009, la población desocupada alcanza los 2 millones 365 mil 74 personas.
De esta cifra, 818 mil 894 son mujeres mayores de 14 años; de las cuales 320 mil 604 perdieron su empleo; 331 mil 477 renunciaron o se vieron en la necesidad de abandonar su trabajo, y 35 mil 15 cerraron sus negocios.
Los propios datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señalan que el desempleo en México afecta alrededor de 6 millones 967 mil jefas de familia, es decir, sobre quienes recae mayoritaria o totalmente la responsabilidad económica de mantener el hogar de aproximadamente 16 millones de personas.
El Instituto Nacional de la Mujeres señala que del total de mujeres que trabajan, un 65 por ciento se concentra en el sector servicios (restaurantes y comercios), 20.2 por ciento son empleadas de oficinas, 13.1 por ciento lo hace sin recibir ninguna remuneración y sólo 1.8 por ciento son empleadoras, es decir, la mayor parte de las mujeres son contratadas con ingresos inferiores a los tres salarios mínimos.
Por tanto, es urgente que el gobierno federal actué con responsabilidad y pueda brindar protección a este sector de la población con políticas públicas para su incorporación al mercado laboral.
Por ende, la propuesta que ponemos a la consideración de esta soberanía, radica en otorgar un estímulo fiscal del 20 por ciento a los contribuyentes del impuesto sobre la renta o empresas que den prioridad para su contratación a madres solteras.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 222. ...
Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que contraten a madres solteras, consistente en un 20 por ciento del monto total de la contratación, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichas trabajadoras con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
«Iniciativa que expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre propio y, del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el se expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2009, la población desocupada alcanza los 2 millones 365 mil 74 personas.
De esta cifra, 818 mil 894 son mujeres mayores de 14 años; de las cuales 320 mil 604 perdieron su empleo; 331 mil 477 renunciaron o se vieron en la necesidad de abandonar su trabajo, y 35 mil 15 cerraron sus negocios.
Los propios datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señalan que el desempleo en México afecta alrededor de 6 millones 967 mil jefas de familia, es decir, sobre quienes recae mayoritaria o totalmente la responsabilidad económica de mantener el hogar de aproximadamente 16 millones de personas.
A estos datos se agregan las madres solteras que se incluye del mercado laboral y que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, uno de cada cinco hogares en el país está encabezado por madres solteras, separadas o divorciadas, con ingresos promedio de 2.2 salarios mínimos y frecuentemente hostigadas y humilladas en sus centros de trabajo.
A estas mujeres se suman otras 10 millones de solteras, casadas o en unión libre, que trabajan para complementar el ingreso familiar y que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sin su participación económica, los niveles de pobreza en el país fácilmente superarían el 70 por ciento.
En el documento denominado Pobreza y Genero en América Latina, la CEPAL señala que el porcentaje de hogares que sostienen las mujeres se elevó de 20 a 23.1 por ciento en los últimos cinco años, mientras que su participación en el mercado laboral prácticamente se duplicó en las últimas dos décadas, al pasar de 17.4 por ciento de la población económicamente activa a 38.7 por ciento, lo que implica que 15 millones realizan una actividad productiva, independientemente de su trabajo doméstico.
El organismo internacional agrega que los cambios en las relaciones entre parejas, el descenso en la fecundidad e insuficiencia de ingresos económicos del varón como principal proveedor es lo que está propiciando la creciente inserción de la mujer al mercado de trabajo, aunque en condiciones desiguales o discriminatorias. Dato relevante es que 57 por ciento de los 23 millones de hogares en México depende de la aportación económica de la mujer para cubrir las necesidades elementales.
El Instituto Nacional de la Mujeres señala que del total de mujeres que trabajan, un 65 por ciento se concentra en el sector servicios (restaurantes y comercios), 20.2 por ciento son empleadas de oficinas, 13.1 por ciento lo hace sin recibir ninguna remuneración y sólo 1.8 por ciento son empleadoras, es decir, la mayor parte de las mujeres son contratadas con ingresos inferiores a los tres salarios mínimos, situación a la que habrá que agregar los casos en que se les somete a examen de ingravidez o se les cancela el contrato cuando están embarazadas. Adicionalmente a esta situación de humillación y desventaja, tienen que enfrentar jornadas laborales extenuantes y el permanente acoso sexual de sus jefes o compañeros de trabajo.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos que en un Estado social de derecho, y por ende en una democracia que, para serlo cabalmente, tiene que ser ajena a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad, asegurando el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades de las personas. Un objetivo como éste necesariamente conlleva la posibilidad de acceso a la igualdad real de oportunidades a las mujeres solteras o jefas de familia, persistentemente escatimada por un modelo económico y por una realidad lacerante que se agrava día a día.
Por tanto, la propuesta que ponemos a la consideración de esta soberanía va dirigida a proteger a aquellas mujeres que siendo madres solteras y al mismo tiempo jefas de familia, asumen cada día las responsabilidades de ser el único ingreso familiar, preferentemente en aquellas zonas rurales y con población mayoritariamente indígena y de desventaja social y económica.
Proponemos la creación de una Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, mediante la cual aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica, por el hecho de ser el único sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación y que se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta, tendrán el derecho de a recibir por parte del gobierno federal un apoyo económico mensual equivalente a ocho días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.
A este apoyo se agrega el derecho de atención médica y medicinas en el sector salud, sin que deban cubrir las cuotas de recuperación correspondientes.
Asimismo, el gobierno federal deberá proveer servicios de guarderías y estancias infantiles gratuitas, adecuadas y suficientes para atender a la población de madres solteras que requieran la prestación de este servicio, independientemente si cuentan o no con los servicios proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
En esta propuesta se le otorga a la Secretaría de Desarrollo Social la facultad de llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de un padrón de beneficiarias, el cual deberá ser publicado y entregado al Congreso de la Unión trimestralmente. Asimismo se mandata a la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinar los recursos suficientes para hacer efectivo dicho monto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el se expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia
Artículo Único. Se expide la Ley Federal para el Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto promover y establecer lineamientos y mecanismos institucionales para establecer y normar el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solteras que sean jefas de familia de escasos recursos, sin menoscabo del derecho de alimentos que de conformidad con la legislación civil les corresponda.
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por madres solteras jefas de familia, aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica, por el hecho de ser madres solteras jefas de familia y ser el único sostén económico de sus hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación.
Artículo 3. Las madres solteras jefas de familia que asuman en su totalidad el sustento económico de uno o más de sus descendientes en línea recta, tendrán derecho a recibir por parte del gobierno federal un apoyo económico mensual equivalente a ocho días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal.
El monto de ingresos antes referidos deberá ser certificado por la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría de Salud.
Asimismo, tendrán derecho de atención médica y medicinas en el sector salud, sin que deban cubrir las cuotas de recuperación correspondientes.
El gobierno federal deberá proveer servicios de guarderías y estancias infantiles gratuitas, adecuadas y suficientes para atender a la población de madres solteras que requieran la prestación de este servicio, independientemente si cuentan o no con los servicios de Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Artículo 4. Tendrán derecho al apoyo económico al que se refiere el artículo 3o. de esta ley, las madres solteras jefas de familia que cumplan con lo siguientes requisitos:
Artículo 5. La Secretaría de Desarrollo Social deberá incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al apoyo económico a las madres solteras jefas de familia señalado en el artículo 3o. de esta ley.
Artículo 6. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación destinara los recursos suficientes para hacer efectivo el derecho al apoyo económico señalado en el artículo 3o. de esta ley.
Artículo 7. La Secretaría de Desarrollo Social deberá llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de un padrón de beneficiarias, el cual deberá ser publicado y entregado al Congreso de la Unión trimestralmente.
Artículo 8. La forma como se hará valer el apoyo económico señalado en el artículo 3o. de esta ley, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley, se fijarán en el reglamento correspondiente.
Artículo 9. Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la presente ley, que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e imparcialidad, serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 10. Los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del apoyo económico ni podrán emplearlo para hacer proselitismo partidista o a favor de un precandidato o candidato.
Artículo 11. Todas las medidas de asistencia previstas en la presente se instrumentarán con preferencia en las zonas rurales y con población indígena, respetándose en este último caso la cultura, usos y costumbres de la población, siempre intentando que no se contrapongan con la dignidad y los derechos de estas mujeres solteras o solas.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal contará con 90 días naturales para la publicación del Reglamento de la presente ley y realizar las adecuaciones necesarias para la implantación del programa que establece el presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.La primera túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; la segunda túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale Lópezpara presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de Méxicoy de otros grupos parlamentarios.
El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Voltaire dijo: ``Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por el dinero''.Estoy seguro de que, contrario a lo que pensaba Voltaire, nuestro juicio será guiado por privilegiar el bienestar de todos los mexicanos en la discusión y aprobación de la reforma fiscal que nos espera.
El año pasado el Congreso de la Unión mostró su decidido apoyo a la administración para aprobar el tan repudiado IETU. En el debate se señaló a la autoridad fiscal que un impuesto no atendía a la condición particular de los contribuyentes. Esa contribución no podrá ser sólo objeto de rechazo y de demandas de amparo, sino de severos señalamientos, dado que afecta la capacidad de las empresas para mantener puestos de trabajo, ya que, además de implicar un costo adicional, transfirió el escaso flujo de los contribuyentes a la administración pública.
Es claro que el IETU no sólo no protegió los empleos, sino que perdimos éstos mermando severamente la capacidad financiera de la pequeña y mediana empresa. El IETU ha mostrado ser eficiente en asegurar una renta que sufraga caprichos y despilfarros, paga el abultamiento de la alta burocracia y ha cubierto un sinnúmero de gastos irresponsables que han quedado al descubierto.
Hacienda ha defendido su permanencia por frías cifras de recaudación adicional, que son directamente proporcionales a la desaparición de empresas, plazas de trabajo, cierre de negocios y crecimiento del desempleo.
El IETU no sólo es perversamente recaudatorio, sino que es predatorio del crecimiento de los agentes productivos. Su permanencia sólo augura mayor desempleo, inflación y un esquema inicuo y desproporcionado.
El IETU es tan injusto que un día su creador lo inventa y al otro se ampara de él desde una cómoda posición en el sector privado. La acción de la Suprema Corte de Justicia ha sido lenta e inoportuna ya que, no obstante que se trata de un asunto de la mayor trascendencia para las finanzas públicas, lo ha demorado en la solución de las controversias planteadas.
Con lo que el gobierno federal hoy tiene, sobran formas de cómo resolver que la economía que vive México se resuelva. Lo que falta es voluntad y disposición, ya que, por ejemplo, las más de 2 mil grandes empresas pagan una tasa efectiva de entre 3 y 8 por ciento en lugar del 28 por ciento que 90 por ciento del total de los contribuyentes paga.
¿Qué pasaría si pagaran una tasa mínima de 14 por ciento? Esto representaría entre 300 y 400 mil millones de pesos. ¿O si elimináramos todas las delegaciones federales, dejando una delegación por estado? El ahorro aquí sería de 400 mil millones de pesos. ¿O si, por ejemplo, hiciéramos un retabulación de sueldos y salarios en las subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales? Esto significaría un ahorro de 180 mil millones de pesos en casi 3 mil cargos públicos.
Es tiempo de que el Congreso retome la responsabilidad en el manejo tributario.
Dos ganadores del premio Nobel de Economía, Robert Engle y Eric Maskin, aseveraron firmemente que de ninguna manera es viable para México que se impongan más impuestos. Las autoridades fiscales van en contra de la razón y es por eso que la economía nacional es señalada como la última de las economías del continente americano.
Con lo anterior, ha quedado demostrado contundentemente que los mexicanos lo que menos necesitamos son impuestos. El impuesto empresarial de tasa única (IETU) tuvo la oportunidad de mostrar sus bondades pero el resultado es una economía en desplome, una caída profunda del empleo y un derrotero sin rumbo de las finanzas nacionales.
Compañeros y compañeras, en el sector productivo y en el sector laboral, en los que estamos casi todos los que conformamos el país, no sólo no queremos el IETU, sino que lo repudiamos. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿El gobierno federal? Es sólo pregunta. Gracias, señor presidente.
«Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Los diputados y las diputadas que firman al calce, integrantes a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la elevada consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU), de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosCon objeto de eliminar diversas distorsiones derivadas de regímenes especiales y de tratos particulares que inciden de manera decisiva en los ingresos tributarios, el Ejecutivo federal creó en 2008 el Impuesto Empresarial a Tasa Única; un tributo que desde su origen tenía el propósito de gravar a los contribuyentes que percibieran ingresos por: actividad empresarial, prestación de servicios o arrendamiento de bienes, sin tomar en consideración la situación particular de cada contribuyente dado que no se trata específicamente de un impuesto directo, erigiéndose como un cuasi indirecto.
El Impuesto Empresarial a Tasa Única desde su entrada en vigor el primero de enero de 2008 mermó severamente la capacidad financiera de la pequeña y mediana empresa, ya que este impuesto se diseñó para que pagaran sobre un sistema de base amplia con mínimas deducciones y el pago de una tasa progresiva entre el 16.5 y 17 por ciento, no solo no contribuye a la conservación de los empleos, sino que merma significativamente la capacidad de flujo y por tanto de pago de los empleadores.
Como reflejo de errores de planeación hacendaria y de la insuficiente exploración petrolera, así como del entorno negativo a nivel internacional, las finanzas públicas durante mayo reportaron un fuerte deterioro en los ingresos tributarios y petroleros, luego de que continuaran bajos los precios del barril mexicano de exportación, pero también por la menor producción derivada de la falta de inversión en exploración y mantenimiento de los principales yacimientos en el país.
De enero a junio de 2009 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que los ingresos presupuestarios fueron menores en 7.8 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior, debido a los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera y la menor recaudación tributaria no petrolera, que disminuyeron en términos reales en 22.2 y 13.6 por ciento, respectivamente. Ello aunado a un inexplicable aumento de las plazas de mayor costo en la burocracia aumentando el déficit fiscal, obligando a un urgente replanteamiento de las finanzas nacionales.
Los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 13.6 por ciento inferior en términos reales a la registrada en enero mayo del año anterior. La recaudación correspondiente al IVA observó una reducción del 20 por ciento. La recaudación conjunta de los impuestos ISR-IETU-IDE mostró una disminución real de 10.4 por ciento. México ahora es el país de la OCDE que muestra menor recaudación y presenta severas deficiencias en su esquema tributario, dado que no genera incentivos a la producción y el empleo y sí, por otra parte, muestra desviaciones a proyectos poco rentables de orientación claramente electoral.
El IETU según lo esperado generaría tan solo en 2009 cerca de 55,408.4 millones de pesos, sin embargo, la crisis económica acontecida en 2008 y su profundización en 2009 se reflejo en las dificultades de los contribuyentes para pagar esta contribución.
Nuestro país necesita urgentemente una política fiscal con una visión nueva en el desarrollo socioeconómico, emprendiendo estrictamente la reducción de gastos ineficientes que en el sistema burocrático han tenido cabida en los últimos años.
El IETU y la SCJN
El Pleno del la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante los acuerdos generales 6/2008 y 12/2008 publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de abril y 12 de diciembre, ambos de 2008, ordenó a los Juzgados de Distrito la remisión a dicho máximo tribunal de los recursos de revisión relativos a los juicios de amparo en los que se hubiere impugnado la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, incluyendo aquellos que aludían a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Resultando que el Poder Judicial mexicano no solo muestra plazos preocupantes para la resolución de asuntos de la mayor trascendencia para las finanzas públicas, sino que gradualmente ha perdido independencia de los argumentos y planteamientos de la autoridad hacendaria, ante amenazas de colapso del financiamiento de los programas públicos. El elevado contenido político de los plazos, conceptos y resolutivos de la Corte preocupan al empresariado nacional y a los inversionistas extranjeros y solo dan cuenta de enormes prebendas salariales de los integrantes del Poder Judicial.
Asimismo, se ordenó a los Tribunales Colegiados de Circuito el aplazamiento del dictado de las resoluciones correspondientes a los recursos de revisión relacionados con la impugnación de dichas leyes que previamente se hubieren radicado ante ellos.
La determinación en comento, se concretó en la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva sobre la constitucionalidad del IETU, estableciendo a través de una jurisprudencia el precedente conforme al cual los tribunales de mejor jerarquía debieran resolver en el futuro asuntos similares.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al inicio de los trabajos del año 2009, declaró que uno de los retos de los trabajos del máximo tribunal era resolver los 30 mil juicios promovidos contra el IETU; y poco después al finalizar el primer trimestre de 2009 el Procurador Fiscal de la Federación y contraparte en la defensa del IETU, reconoció que ascienden a poco más de 35 mil los amparos promovidos y en consecuencia existe un importante monto de recursos de que los contribuyentes están en espera de que les sean retribuidos por considerarlo su derecho. El exagerado plazo para resolver y las presiones mediante auditorías ejercidas por el SAT, solo han exacerbado el problema, tornando hoy importante el monto de devolución como impacto en las finanzas públicas el problema relevante dejando a un lado la protección de garantías individuales y de la seguridad jurídica tributaria. La falta de seriedad en los planteamientos de la Procuraduría Fiscal no ha abonado para una pronta solución en cualquier sentido.
El pasado 23 de junio de los corrientes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo general número 5/2009, por el cual ordena a los Juzgados de Distrito detengan la remisión de ella y a los Tribunales Colegiados de Circuito, de los recursos de impugnación de la Ley del IETU, en razón de que al 9 de junio de 2009, se habían radicado ante la SCJN más de 30 mil recursos relacionados con la impugnación, por lo cual consideraba que eran suficientes para que las comisiones encargadas del estudio y elaboración del proyecto de resoluciones respectivas, analicen la diversidad de temas planteados en las diferentes demandas de amparo y se emitan las jurisprudencias correspondientes.
Es cierto que solo las grandes empresas acuden al amparo fiscal, enviando a las medianas y pequeñas al cierre o a la abierta evasión. El resultado nocivo para la economía mexicana tras más de un año de aplicación están a la vista, dado que la economía lejos de corregir su caída ha entrado en una lamentable etapa de contracción.
Cabe hacer notar que existe un antecedente jurisprudencial en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que aún cuando ya se te haya ido el plazo o no promoviste un amparo contra una ley, si posteriormente otros amparos demuestran la inconstitucionalidad del impuesto, la ley es impugnable y gracias a que hay jurisprudencia en el tema, el contribuyente puedes ir a promover un juicio de amparo. Sin embargo ante la contundente y flagrante violación de los principios y derechos sustantivos del contribuyente ahora la autoridad se conforma con proponer un estado autoritario en materia fiscal, en el que se privilegie la transición a la próxima administración no obstante que signifique un retroceso de décadas para el sistema tributario mexicano.
Por su parte, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que el IETU como inconstitucional Hacienda tendría que devolver recursos a todos aquellos que pagaron. recursos que superan los cuarenta mil millones de pesos dado el extenso plazo que ha tomado la Corte para emitir un fallo, orillando con tal proceder a una sentencia de inconstitucionalidad, basada no en la ley, ni el texto constitucional sino en el severo revés de la finanzas públicas.
El IETU en la práctica tributaria
La exposición de motivos establece las conductas o prácticas indebidas e incumplimiento de obligaciones para que la recaudación del IETU haya sido menor, se comenta en el análisis que para determinar la base de IETU, algunas empresas aplican deducciones improcedentes, lo cual genera una menor recaudación; entre las prácticas detectadas se encuentra la deducción de intereses y de regalías de intangibles y de algunas partidas devengadas en 2007 pero pagadas en 2008, la aplicación del crédito por exceso de deducciones en pagos provisionales de 2008 y la omisión de registros de ingresos. En síntesis es claro que la recaudación aumenta en tanto la economía crece y se reduce si existen obstáculos normativos, tributarios o económicos que desalienten la economía. Tal es el caso del IETU que lejos de paliar la débil economía mexicana, la ha fracturado y despeñado a cambio de una recaudación forzada y temporal que no ha tenido otro destino que sufragar gastos y despilfarros de una administración poco seria.
Hay casos en que las sociedades civiles efectúan pagos a sus integrantes, estos pagos constituyen anticipos a pago de remanentes y están sujetos a retención de ISR bajo el régimen de salarios y, por lo tanto, tiene la posibilidad de aplicar el crédito por salarios gravados contra el IETU, esto incide en una recaudación menor de dicho impuesto pero por ende, mayor en ISR. No tiene en sí un efecto promotor del crecimiento y el desarrollo, sino un mero efecto exactor que ha mermado y secado a la economía mexicana, la cual ante propios y extraños es la más impactada por la crisis mundial, dado que fue la más lenta y torpe en reaccionar ante el embate.
El SAT ha identificado en cuanto al IETU que los pagos con y entre partes relacionadas, provenientes de transferencias de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas no son objeto de la LIETU, esto está sustentado bajo el argumento de: ``que las regalías, al ser bienes intangibles, son de fácil movimiento y ubicación en las transacciones que se efectúan con y entre partes relacionadas y de difícil control para la autoridad fiscal, lo que permite la realización de prácticas elusivas, tanto en la determinación de su valor económico como en su transmisión incluso cuando los pagos de regalías se realizan aparentemente en condiciones de mercado''.
Las conductas o prácticas indebidas, el incumplimiento de obligaciones para que la recaudación del IETU haya sido menor, se comenta en el análisis que para determinar la base de IETU, algunas empresas aplican deducciones improcedentes, lo cual genera una menor recaudación; entre las prácticas detectadas se encuentra la deducción de intereses y de regalías de intangibles y de algunas partidas devengadas en 2007 pero pagadas en 2008, la aplicación del crédito por exceso de deducciones en pagos provisionales de 2008 y la omisión de registros de ingresos.
En lo que se refiere a la declaración anual de personas físicas, la cual se vence este 30 de abril; en la página electrónica del SAT se les recuerda a los contribuyentes que, si se determina un ISR a favor y un IETU a cargo, se podrá compensar en la misma declaración, debiendo presentar el aviso en términos del 23 del CFF. No obstante ello el IETU ha tenido el efecto de crear empresas perdedoras, y de generalizar los cierres o reducciones en la planta laboral, mostrando que sólo ha sido bueno para financiar una administración pública ineficiente y no para reactivar el desarrollo nacional.
La compensación en términos del 23 del CFF se da, en virtud de que existen confusiones con las retenciones del ISR contra el IETU, en relación con el artículo 10 de LIETU. De hecho el DeclaraSat acredita automáticamente el ISR causado; por lo que, generalmente se tendrá un ISR a favor.
Cabe decir que para compensar la pérdida de recaudación de 53,195.1 millones de pesos provenientes de este impuesto, podría compensarse con una reestructura de los regímenes preferentes entre los causantes, podría replantearse en el impuesto sobre la renta una reducción del 50 por ciento a la deducción autorizada de los terrenos para los desarrolladores inmobiliarios, y una reducción similar a los servicios de hotelería y conexos a extranjeros para congresos, convenciones a extranjeros, y por otra parte, una reducción en el impuesto al valor agregado en 2 puntos porcentuales al tratamiento de exención en la región fronteriza, los cuales en suma implicarían una reducción del orden de los 4,671.71 millones de pesos, que complementados con una reducción salarial del 30 por ciento del gasto destinado a servicios personales del gobierno federal calculada en 43,470 millones de pesos, en suma representarían ahorros muy por arriba de este impuesto, cercanos a los 48,141.71 millones de pesos.
Consideraciones finales
El fisco federal no dará marcha atrás al IETU, sin embargo, ante la crisis económica mundial, el gobierno federal debe replantear la carga tributaria que genera dicho impuesto a riesgo de mermar la planta productiva y de aumentar los preocupantes cierres de micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que se acercan más a las tasas de recaudación, lejos de los grandes contribuyentes que han conseguido evadir, evitar o eludir al IETU, tras el régimen de consolidación o de otras planeaciones a las que SHCP y el SAT no interesan.
Se ha comenzado con reajustes de personal, y se prevén varios cierres o quiebras masivas de industrias. Es evidente que con la implementación del IETU han surgido efectos negativos para las empresas al correr el riesgo de quiebra por falta de utilidades.
A decir de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial la afectación más severa del IETU para las empresas está en la reducción de los flujos de efectivo por el cobro de este gravamen.
El IETU es un impuesto injusto porque grava el flujo de efectivo de las empresas, sin tomar en cuenta si una empresa tuvo ganancias o pérdidas en el periodo correspondiente, y los intereses derivados de los financiamientos de estas empresas no son deducibles. La no deducibilidad de los intereses hace más caro el crédito para los empresarios, e inhibe la actividad económica.
En esta época de crisis este impuesto debería ser eliminado porque impone una carga administrativa excesiva para las personas físicas y morales, ya que tienen que cumplir con un impuesto similar, el ISR en presentaciones mensuales y anuales que convergen en el mismo objeto de los impuestos.
Es necesario reactivar la economía, por ello consideramos que la eliminación del impuesto empresarial a tasa única liberará a las personas físicas y morales de importantes recursos que podrán destinarlos a la inversión y así contribuirán a estimular en el país, la generación de empleos.
En tal virtud y dado que la solución que plantea el IETU solo ha asegurado la renta destinada a un gasto administrativo irresponsable, que ha mermado la planta productiva y que, claramente es causa y no efecto de la profunda recesión del país, se considera que existen elementos suficientes para abrogar la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única toda vez que fiscalmente su base gravable se aparta totalmente de las utilidades contables de las empresas que determinan su capacidad contributiva.
Por lo anterior ello someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
Único. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, y que entró en vigor el 1 de enero de 2008.
TransitoriosPrimero. Se derogan todas las disposiciones que tienen relación con la ley que se abroga.
Segundo. Los derechos procesales o sustantivos a favor de los contribuyentes derivados de procedimientos de impugnación administrativa o judicial, cursados con motivo de la ley que se abroga, o los derechos derivados de la misma a favor de los contribuyentes continuarán siendo exigibles hasta su agotamiento, contra cualquier contribución federal por vía de compensación contra pagos mensuales o provisionales, sin dar derecho a devolución en efectivo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. Diputado, ¿con qué objeto desea usted intervenir?
El diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (desde la curul): De adherirme a la iniciativa que acaba de presentar el compañero anterior para abrogar el IETU.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Le preguntaría. El diputado Murguía ha expresado su interés en adherirse a la iniciativa presentada por el señor diputado Carlos Natale López. Le pido al señor diputado manifieste si está de acuerdo en la adhesión que propone el señor diputado Murguía.
El diputado Juan Carlos Natale López (desde la curul): Sí, claro. Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aceptado. Con mucho gusto, la Secretaría proceda a recoger las firmas correspondientes.
ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado César Nava Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José César Nava Vázquez: Con su permiso, señor presidente, honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevó a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano.En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático; la última de ellas, en 1996.
Al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de esa reforma, la de 96, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura del sistema de partidos.
En ese tenor, y después de una serie de debates y discusiones, el Congreso de la Unión aprobó en 2007 una nueva reforma constitucional. De esa reforma se desprendió que, en cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos reciban 30 por ciento del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año.
En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esto equivaldrá a 50 por ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.
La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica. Como método para el cálculo se contemplaron dos factores en específico: 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Sin embargo, en estos momentos la situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008-2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial, de capacidades. O peor aún, que caigan en ella.
Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto en el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos, con apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y de eliminación de privilegios.
Es por ello que hoy el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y regular el salario de los consejeros electorales, para lograr ahorros considerables, que podrán destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación, y en general, al combate a la pobreza.
Para lograr esta reducción se propone modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos disminuyendo el porcentaje de 65 a 35 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben.
Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan, independientemente de los procesos electorales. Como parte de las modificaciones planteadas se propone modificar el esquema de retribuciones de los consejeros electorales.
El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los ministros de la Corte, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en la fracción II del artículo 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el presidente de la República.
La suma de los conceptos que los partidos políticos reciben por ambas partidas, tanto la local como la federal, y que buscaríamos reducir a la mitad, equivale a 4 mil 700 millones de pesos anuales.
Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a la pública, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización.
En esta lógica se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes.
En esta lógica se propone retomar la fórmula en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos, basado en 70 por ciento del financiamiento público y 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.
Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias y que pongamos por encima de cualquier consideración partidista el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen.
Confiamos en que encontraremos en este honorable Congreso de la Unión el espacio para el diálogo y el acuerdo que propicie la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos.
De aprobarse esta iniciativa, los partidos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representantes acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.
Señor presidente, solicito a usted se inscriba en el Diario de los Debates la versión de la iniciativa en los términos leídos y se haga la corrección correspondiente en la Gaceta Parlamentaria.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado César Nava Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosI. Antecedentes.
En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano. En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático. Tal es el caso de las Reformas de 1964, 1977, 1987, 1990 y 1993.
En 1996, la legislación electoral volvió a reformarse para introducir por primera vez una serie de conceptos inéditos en materia de financiamiento público para los partidos políticos. La reforma estableció una suma anual para cada uno de ellos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal marcando límites en el financiamiento público y priorizándolo sobre el privado. De esta forma se buscó generar las condiciones necesarias para el desarrollo de un sistema multipartidista que fuera capaz de representar a todas y cada una de las expresiones ideológicas, políticas, sociales y culturales que existen en nuestro país.
Sin embargo, al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de la reforma de 1996, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura en el sistema de partidos.
El cambio de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista competitivo, generó una espiral creciente de gastos en materia electoral, los cuales buscaban garantizar la competencia justa y equitativa entre los actores involucrados, haciendo de la democracia mexicana una de las más caras del mundo. Es por ello que, gran parte de los argumentos que pedían modificaciones a la Ley, planteaban la necesidad de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña, así como fortalecer las atribuciones de las autoridades electorales.
En ese tenor y después de una serie de debates y discusiones en la materia, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma constitucional sustentada en tres ejes primordiales:
De estos ejes y en específico en lo que concierne al financiamiento de los partidos políticos, se derivaron propuestas medulares entre las que destaca el planteamiento de un nuevo método de cálculo para el financiamiento público de actividades ordinarias de los partidos políticos, la reducción del recurso público que se destina a las campañas electorales, y el establecimiento de límites menores para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos.
En cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.
La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica, además que estableció parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Como método para el cálculo mencionado se contemplan dos factores en específico: el 65 % del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los cuales al ser multiplicados arrojan la cifra correspondiente.
De conformidad con diversos estudios en torno a los efectos de la citada reforma electoral, esta nueva fórmula representó un 7.83% de ahorro en el rubro de gasto en actividades ordinarias, en comparación a la formula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.
II. Objeto de la Iniciativa
La situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008 y 2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial o de capacidades o caigan en ella.
Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto para el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.
Es por ello que el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales para lograr un ahorro considerable en este rubro, mismo que podrá destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación y, en general, combate a la pobreza.
Para lograr esta reducción, se pretende modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de los procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.
Como parte de las modificaciones planteadas en esta iniciativa, en sintonía con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, se propone modificar el esquema de retribuciones de los Consejeros Electorales. El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
En lo que se refiere a la eliminación del financiamiento local, vale la pena señalar que de acuerdo a lo que se menciona en el párrafo anterior, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116 fracción IV inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que se genera un doble financiamiento .
Se estima que en los años no electorales los partidos políticos reciben del Instituto Federal Electoral alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, mientras que en año electoral la cifra aumenta a 4 mil 500 millones de pesos.
La suma de ambos conceptos que reciben los partidos políticos en las 32 entidades federativas equivale aproximadamente a mil 600 millones de pesos, esto quiere decir que, anualmente los partidos políticos únicamente para actividades ordinarias reciben 4 mil 700 millones de pesos.
Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a las públicas, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización de los mismos, sin excepción.
Es por ello que, a la par de proponer la reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, Acción Nacional propone la modificación de la fórmula constitucional que establece el porcentaje máximo de financiamiento público y financiamiento ordinario. Conforme al texto vigente, el financiamiento público representa el noventa por ciento de los ingresos del total de los ingresos anuales de los partidos políticos y éstos pueden recibir hasta un diez por ciento de donativos provenientes de sus simpatizantes y militantes.
En la presente iniciativa se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.
En esta lógica, se propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un setenta por ciento de financiamiento público y un treinta por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.
De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.
Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias partidistas y que pongamos por encima de cualquier consideración el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen.
Confiamos en que encontraremos en este Honorable Congreso de la Unión el espacio propicio para el diálogo y el acuerdo que propicien la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.
Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Primero.- Se reforman el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y, el cuarto párrafo de la Base V del artículo 41, para quedar como sigue:
Artículo 41. ... ...
Base III... a la Base IV...
Base V. ... ......
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II.
......
Base VI...
Artículo Segundo.- Se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116. ...
...
Artículo Tercero.- Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1, y la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 78. ...
Artículo 4. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 112. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, señor diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION - LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO - LEY DE AVIACION CIVIL - LEY DE AEROPUERTOS - LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley de Aviación Civil; de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley de Aviación Civil; de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federación de Telecomunicaciones, con base en la siguiente exposición de motivos:
Los antecedentes de la requisa en nuestro marco jurídico se remontan a la Segunda Guerra Mundial; esta figura jurídica tuvo vigencia en aquel momento por el propio contexto histórico.
En su inicio, se incorporó a la Ley de Vías Generales de Comunicación, sin embargo, se puede afirmar que, pese a la violación categórica que se hizo de los derechos laborales, la requisa en aquella época se validó, ya que era de vital importancia garantizar de manera adecuada el sistema de las vías de comunicación frente a los posibles sabotajes realizados por agentes extranjeros.
Actualmente, los efectos que se observan por la aplicación de esta figura jurídica tienen graves consecuencias. Una de ellas y posiblemente la más significativa es la violación que se hace de los derechos laborales alcanzados por los sindicatos. Esto es, cuando el gobierno arbitrariamente decide aplicar la figura de la requisa el contrato colectivo de trabajo queda insubsistente, pese a que éste busca el mejoramiento de las relaciones de trabajo. A fin de dar equilibrio a las relaciones entre patrones y trabajadores, la requisa no debería ser aplicable.
La requisa es, pues, un acto administrativo de cesión forzada de bienes, que implica una limitación de la propiedad privada. Esta figura jurídica de naturaleza administrativa se puede realizar en propiedad o en uso.
La requisición en propiedad opera en materia de bienes muebles y la de uso, sólo tratándose de bienes inmuebles. La requisa debe circunscribirse al uso temporal de los bie-nes inmuebles.
En nuestro sistema jurídico existen tres causas que motivan la requisa. Éstas son:
Primero. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad peligre.
Como segundo caso, la requisición militar en tiempos de guerra, y como tercer tipo, la requisición de tipo administrativa para casos excepcionales y urgentes.
El objeto de esta iniciativa se referirá a la requisa administrativa.
El Partido del Trabajo, dentro de su ideario político, específicamente en su declaración de principios y en su programa de acción, busca un equilibrio entre las desigualdades de clase, donde la clase trabajadora es la que normalmente resulta siempre más dañada, por lo que de obtener el equilibrio entre clases, se constituiría un sindicalismo propositivo que conlleve al aumento de eficiencia y productividad de los trabajadores. Por tanto, la requisa vulnera gravemente las garantías de estos derechos colectivos laborales.
Por otro lado, al seguir permitiendo la existencia de la requisa también se está coartando el derecho a la libre sindicalización, pero aún más el derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; derecho social regulado específicamente en el artículo 123, apartado A, fracción XVI, y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no podemos olvidar la génesis de este derecho social. Lo mismo representan para nosotros los propios derechos individuales en las relaciones sociales elevados a la categoría superior como una nueva justicia social.
Al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no le pasa desapercibido que la requisa es un instrumento del Estado que vulnera los derechos de los trabajadores. La requisa se ha utilizado contra los trabajadores de Teléfonos de México y también contra los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro.
El lunes 16 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la ocupación inmediata, total y temporal de todos los bienes y derechos de Luz y Fuerza del Centro. Esta ocupación temporal no se llevó a cabo, en virtud de que la huelga que la motivaba se solucionó con arreglo entre sindicato y empresa.
Sin embargo, en el marco del conflicto entre el sindicato de electricistas y la Secretaría del Trabajo por la negativa de la autoridad a otorgar la toma de nota, de nueva cuenta la figura de la requisa surge como amenaza y arma de presión del gobierno contra los trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza del Centro.
Nuestro grupo parlamentario presenta esta iniciativa con el propósito de que la inconstitucional figura de la requisa no sea utilizada de nueva cuenta en perjuicio de la clase trabajadora.
Señor presidente, le solicito respetuosamente se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Hago entrega a la Secretaría de la misma. Es cuanto. Por su atención, muchísimas gracias.
«Iniciativa que deroga diversas disposiciones de las Leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de Aviación Civil, de Aeropuertos, y Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLos antecedentes de la requisa, en nuestro marco jurídico, se remontan a la Segunda Guerra Mundial; esta figura jurídica tuvo vigencia en aquel momento por el contexto histórico. En su inicio esta figura se incorporó en la Ley de Vías Generales de Comunicación; sin embargo, se puede afirmar que, pese a la violación categórica que hizo de los derechos laborales la requisa en aquella etapa, se validó porque era de vital importancia garantizar de manera adecuada el sistema de las vías de comunicación frente a los posibles sabotajes realizados por agentes extranjeros.
Actualmente, los efectos que se observan por la aplicación de esta figura jurídica tienen graves consecuencias; una de ellas, y posiblemente la más significativa, es la violación que hace a los derechos laborales alcanzados por los sindicatos, esto es, cuando el gobierno arbitrariamente decide aplicar la figura de la requisa, el contrato colectivo de trabajo queda insubsistente, y pese a que éste busque el mejoramiento de las relaciones de trabajo a fin de dar equilibrio a las relaciones entre patrones y trabajadores, la requisa debiera no ser aplicable.
La requisa es, pues, un acto administrativo de cesión forzada de bienes, que implica una limitación de la propiedad privada, esta figura jurídica de naturaleza administrativa se puede realizar en propiedad o en uso, la requisición en propiedad opera en materia de bienes muebles, y la de uso sólo opera tratándose de bienes inmuebles. La requisa debe circunscribirse al uso temporal de los bienes inmuebles.
En nuestro sistema jurídico existen tres causas que motivan la requisa: primero, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad peligre; segundo, la requisición militar en tiempo de guerra; y tercero, la requisición de tipo administrativa para casos excepcionales y urgentes, el objetivo de esta iniciativa se referirá a la requisa administrativa.
El Partido del Trabajo dentro de su ideario político, específicamente en su declaración de principios y su programa de acción, busca un equilibrio entre las desigualdades de clase, en donde la clase trabajadora es la que normalmente resulta más dañada, por lo que de obtener el equilibrio entre clases se construiría un sindicalismo propositivo que conlleve al aumento de eficiencia y productividad de los trabajadores; por tanto, la requisición vulnera gravemente la garantía de estos derechos colectivos laborales.
Por otro lado, al seguir permitiendo la existencia de la requisa, también se está coartando el derecho a la libre sindicalización pero aún más el derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho social regulado específicamente en el artículo 123, Apartado A, fracción XVI, y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no podemos olvidar la génesis en la cual se desarrolló este derecho social, que representa para nosotros, los derechos individuales en las relaciones sociales elevados a la categoría superior como una nueva justicia social.
Al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no le pasa inadvertido que la requisa es un instrumento del Estado que vulnera los derechos de los trabajadores. La requisa se ha utilizado en contra de los trabajadores de Teléfonos de México y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El lunes 16 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la ocupación inmediata, total y temporal de todos los bienes y derechos de Luz y Fuerza del Centro, esta ocupación temporal no se llevó a cabo en virtud de que la huelga que la motivaba se solucionó por arreglo entre el sindicato y la empresa.
Sin embargo, en el marco del conflicto sindicato-Secretaría del Trabajo por la negativa de la autoridad a otorgar la toma de nota, de nueva cuenta la requisa surge como amenaza y arma de presión del gobierno en contra de los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza del Centro.
Nuestro grupo parlamentario presenta esta iniciativa con el propósito de que la inconstitucional figura de la requisa no sea utilizada, de nueva cuenta, en perjuicio de la clase trabajadora.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, y de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Artículo Primero. Se deroga el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:
Artículo 112. (Derogado)
Artículo Segundo. Se deroga el Capítulo IX, artículo 56, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:
Capítulo IX De la RequisaArtículo 56. (Derogado)
Artículo Tercero. Se deroga el Capítulo XVII, artículo 83, de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:
Capítulo XVII De la RequisaArtículo 83. (Derogado)
Artículo Cuarto: Se deroga el Título XIII, artículo 77, de la Ley de Aeropuertos.
Título XIII De la RequisaArtículo 77. (Derogado)
Artículo Quinto: Se deroga el Capítulo VII, artículo 66, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Capítulo VII De la RequisaArtículo 66. (Derogado)
TransitoriosArtículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo . Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Vázquez González. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva AlianzaJorge Antonio Kahwagi Macari, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los incisos d), de las fracciones I y II, del artículo 40, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa figura de la exención de impuestos en nuestro país, y en otras naciones, es considerada tanto en los impuestos federales como en los locales, además de establecerse en los impuestos directos e indirectos.
Se debe destacar que la inclusión o consideración de la figura de exención en la norma fiscal, en la mayoría de los casos, ha sido explicada como una medida que busca o implica beneficios sociales o económicos.
En razón de lo anterior, es común que en impuestos federales, como lo es el de impuesto sobre la renta (ISR) se establezcan exenciones en el pago del gravamen a los ingresos reducidos, en tanto que en impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA), también se exima del pago del mismo a las operaciones que gravan bienes o servicios indispensables para las clases sociales más desprotegidas económicamente.
Importante es señalar que las consecuencias y efectos de la exención son distintos; en México, el sistema fiscal no sólo se utiliza como instrumento de recaudación, sino que en algunas situaciones, a través de la reducción de la carga impositiva, con objetivos extra fiscales, se transfieren recursos del gobierno hacia diversos sectores de la economía o contribuyentes, utilizando tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales.
Básicamente, debemos entender como gastos fiscales: aquella cantidad que se deja de recaudar por la existencia de tratamientos fiscales especiales, facilidades administrativas, deducciones autorizadas, ingresos exentos, tasas preferenciales, estímulos fiscales y resoluciones particulares.
En México, la recaudación proveniente de los gravámenes presenta una debilidad crónica pues, no obstante los esfuerzos por incrementar la capacidad recaudatoria, ésta se ha mantenido relativamente estable en los últimos 20 años, agravada por los gastos fiscales y la gran dependencia de los recursos petroleros que alcanzan niveles de la tercera parte del monto total de los ingresos del presupuesto.
La debilidad estructural del sistema tributario ha generado que la insuficiencia de recursos sea uno de los problemas más importantes de la hacienda pública federal; más aún, si se considera que los requerimientos presupuestarios en cada ejercicio fiscal van en aumento. En consecuencia, es necesario reducir los rezagos en materia de bienestar social e infraestructura productiva para lograr el desarrollo sostenible del país y, para garantizar la generación de estos recursos, es necesario replantear y mejorar las políticas, estrategias y esquemas de tributación y recaudación.
Con la introducción del impuesto empresarial a tasa única (IETU) se ha dado un paso importante, no obstante, considero que aún existe un sistema con muchas imposiciones que genera cargas tributarias muy inequitativas a lo largo de la sociedad.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el total de la pérdida recaudatoria en 2009, estimada en el presupuesto de gastos fiscales de este ejercicio, asciende a 464 mil 915 millones de pesos, lo que representa 3.87 por ciento del producto interno bruto (PIB) y en el ejercicio de 2010 se dejarán de percibir por este concepto 502 mil 533 millones de pesos.
El tema de las exenciones fiscales reviste interés tanto para los estudiosos de la materia como para los contribuyentes y el Estado; para los primeros porque representa el origen de un debate que por largo tiempo ha ocupado a investigadores y la conveniencia o no de otorgar beneficios mermando el ingreso del Estado o haciéndolo a través del gasto, orientando éste a sectores vulnerables de la sociedad; para los segundos y tercero, porque su economía, ya sea en finanzas públicas, privadas o personales, está en juego.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con sustento en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), debe entregar el presupuesto de gastos fiscales a las Comisiones de Hacienda y Crédito Publico, de Presupuesto y Cuenta Pública, y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; así como, a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de la Cámara de Senadores antes del 30 de junio de cada año.
La información de los gastos fiscales, proporcionada por la SHCP, además de promover una mayor transparencia fiscal, sirve de base para impulsar una serie de acciones orientadas a mejorar el ámbito tributario; sin embargo, se considera que el documento emitido por dicha secretaría puede fortalecerse, pues debe incluir una justificación técnica que permita determinar el beneficio o perjuicio real y conveniencia o inconveniencia de los gastos fiscales, con información relacionada sobre la metodología para determinar dichas estimaciones, es decir, una explicación clara y exhaustiva que fundamente la existencia de los tratamientos preferenciales contenidos en las distintas leyes de índole fiscal.
Esto es trascendental ya que una revisión, explicación y justificación profunda de los gastos fiscales dotarán de herramientas para determinar su permanencia, temporalidad y eliminación en aquellos casos que no se justifiquen dado que benefician a la población que en realidad no necesita de estos apoyos.
Se deben contar con argumentos económicos a favor y en contra de distintos tipos de gastos fiscales. El análisis de la política fiscal no sólo puede servir de motor del crecimiento, sino contribuir también a otros objetivos del desarrollo económico y social, como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades.
El gasto público debería proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad; si se lograra este objetivo, el gasto fiscal tendría un impacto positivo en obstáculos para el desarrollo como son la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Lo mismo ocurre con los ingresos públicos: si los sistemas de recaudación de impuestos fueran más justos, se gozaría de una base más amplia y se adaptaría a la naturaleza específica de la economía, podríamos recaudar de manera eficiente y sostenible los fondos necesarios para proporcionar esos bienes y servicios básicos.
La prueba final de la política fiscal como instrumento para el desarrollo radica en su capacidad para proporcionar resultados. A este respecto, la agenda por delante es evidente: debemos fortalecer esfuerzos exitosos para reducir la volatilidad fiscal, diversificar la generación de ingresos para desvincularla de fuentes no impositivas e impuestos indirectos y centrarnos en el gasto público, su eficiencia, calidad y equidad.
La transparencia fiscal supone un esfuerzo por informar al público sobre la estructura y las funciones gubernamentales que determinan las políticas y los resultados fiscales, y sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno. Esta transparencia favorece un debate público más informado, así como una mayor rendición de cuentas y credibilidad en el gobierno.
En este orden de ideas, la información de los gastos fiscales proporcionada por la SHCP debe incluir no sólo una explicación, sino una justificación técnica clara y exhaustiva que fundamente la existencia de los tratamientos preferenciales contenidos en las distintas leyes de índole fiscal.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que el que se modifican los incisos d), de la fracción I, así como de la fracción II, del artículo 40, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Artículo Único. Se modifican los incisos d), de las fracciones I y II, del artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 40. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea, nos visitan jóvenes provenientes del distrito de Actopan, Hidalgo, invitados por la diputada Paula Hernández Olmos y el diputado Jorge Rojo García de Alba . Sean ustedes bienvenidos.
LEY QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO FEDERAL DENOMINADO ``INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO''
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que crea el organismo público descentralizado federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito''.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con su venia, diputado presidente. Como no voy a leer, por técnica y tiempo legislativo, la presente iniciativa con proyecto de decreto, le ruego su inscripción total en el Diario de los Debates.Compañeros congresistas, la justicia en México es el tema número uno en este tiempo y en este momento, y la justicia penal sobresale de manera subrayada. Estamos viviendo un círculo vicioso en materia de justicia, con una nula prevención del delito, con una insuficiente investigación y persecución del delito, con un enjuiciamiento que no cumple con el texto constitucional de garantizar a los mexicanos una justicia pronta y expedita, con un sistema de ejecución de penas que ha sido un fracaso, porque no corresponde a los lineamientos del artículo 18 constitucional.
Han dicho los criminólogos, con razón, que el mejor delito que existe es el que no se comete, porque se previene. Si vemos el tercer Informe de Gobierno ---aquí lo dije en su momento---, en materia de prevención solamente se destaca la recuperación de espacios públicos para convertirlos en campos deportivos. Ésta es una visión parcial, disminuida, de lo que debe ser la prevención del delito.
Vamos, compañeros diputados, a asentar las bases de un nuevo sistema moderno de justicia penal. Y la propuesta es expedir la ley, someterla a la consideración de esta soberanía, para que se cree el Instituto Nacional de Prevención del Delito como organismo público descentralizado, con autonomía económica y orgánica, técnica y funcional, y sectorizado a la Secretaría de Gobernación, por ser esta dependencia la que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública jefatura el ejercicio de las atribuciones de las demás dependencias del gobierno federal.
Pretendemos con esta iniciativa adelantarnos a la actividad de reacción del Estado. Necesitamos prevenir conductas ilícitas. La prevención se inicia desde el hogar inculcando a los niños y a los jóvenes valores. Se continúa en la escuela con una instrucción, no educación, que tenga como sustento la educación cívica para inculcar en los jóvenes un sentimiento de pertenencia a nuestro país; de orgullo y de respeto a la ley, a los símbolos patrios, a nuestros semejantes y a los maestros.
Por eso, en esta materia es fundamental la participación de los padres de familia y de los maestros; del sector privado, de los sindicatos y de todos los mexicanos. La prevención del delito no compete a las instancias que están encargadas de investigar, perseguir y sancionar a los delincuentes.
Por eso es que llamo su atención, compañeros, para que iniciemos hoy, en este Congreso, una cruzada para acreditar en México una cultura de la legalidad, de respeto a las normas constitucionales, que muchas de ellas, hemos dicho, deben ser revisadas.
Con la creación del Instituto Nacional para la Prevención del Delito pondremos nuevamente a la vanguardia a nuestro país en esta materia; y no solamente yendo atrás de los delincuentes. Tenemos que elaborar un atlas delincuencial, conocimiento sobre la comisión de los delitos y, sobre todo, proteger a lo más importante que tiene este país: los niños y los jóvenes. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito'', a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 51, 71, fracción II, 73, fracción XXIII, y 21, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que contiene el texto para la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito'', sectorizado a la Secretaría de Gobernación, a partir de la siguiente
Exposición de MotivosEn México; una gran nación con un gran pueblo, la visión pública debe centrarse con sentido humano a la comunidad, a la gente que a través del pacto social, ha delegado su soberanía originaria a sus representantes en espera de tranquilidad y orden social. Por ello y frente la inseguridad e iniquidad que se aprecian en el día a día de la sociedad mexicana, que merman su dinamismo e impiden la consolidación de las condiciones necesarias para el desarrollo armónico e integral de sus habitantes, los temas de la justicia y la seguridad pública, se han convertido en los más grandes reclamos de la ciudadanía.
En contrasentido a la expectativa de una mejor atención al fenómeno delictivo por las autoridades, la delincuencia ha cobrado mayor fuerza al grado que su complejidad ha dado origen a redes y estructuras completas de crimen organizado, por lo que el esfuerzo desplegado por las instituciones y corporaciones dedicadas al combate frontal a la delincuencia, no alcanza para aminorar los efectos de la criminalidad y menos aún para permear escenarios de prevención del delito.
Como consecuencia del crecimiento acelerado en los índices de criminalidad en el país, el sistema penitenciario se ha colapsado. Hoy en día, no hay institución penitenciaria que asegure la readaptación efectiva de quienes han infringido la ley penal y con ello su adecuada reinserción al grupo social; en ello, la imposición punitiva debe abrir paso a factores e instituciones dedicadas en forma profesional y científica a la investigación y el estudio de las condicionantes y causas del delito, para generar estrategias adecuadas en las tareas de su prevención.
Las acciones ejecutadas por el gobierno federal en materia de combate de la delincuencia y crimen organizado se han ceñido a la detección y enfrentamiento con las organizaciones criminales, lo cual sin duda es una parte importante en el proceso para afianzar a la seguridad pública como un derecho de los mexicanos; sin embargo, es también una realidad que dichas acciones no han rendido los frutos esperados por la ciudadanía, ni han colmado las expectativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, por lo que desde los diferentes espacios del quehacer público deben desplegarse las acciones tendientes a propiciar condiciones de mayor certeza al estado de derecho que priva en la nación mexicana.
En ese sentido, es necesario generar el espacio de interacción e interlocución adecuado, para que la decisión de las autoridades, la opinión de la ciudadanía, la experiencia y conocimiento de los intelectuales e investigadores, los planes y los recursos, converjan hacia una misma dirección, la prevención del delito como una condición de tracto sucesivo; es decir, como una obligación perenne para que sociedad y gobierno, en forma corresponsable, encuentren opciones y soluciones al fenómeno creciente de la criminalidad. Implementando una estrategia nacional de prevención del delito que inicie con el fomento de valores desde el hogar, prosiga en la escuela y se practiquen en la vida; una instrucción basada en la educación cívica que fomente el amor a la patria, el respeto a los maestros y el respeto a la ley y no solo recuperando espacios públicos para convertirlos en áreas deportivas.
La presente iniciativa tiene como finalidad la expedición de la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito'', sectorizado a la Secretaría de Gobernación, como un ámbito de cooperación entre instituciones de los sectores público y privado, que permita la atención al delito desde su génesis, que genere un campo cognoscitivo sobre la delincuencia, sus causas y sus efectos en la cotidianeidad de la sociedad mexicana y permita así la generación y adecuación de los instrumentos jurídicos y las políticas públicas que con efectiva precisión incidan con efecto positivo en el ánimo y necesidad de la ciudadanía de vivir en mejores circunstancias de seguridad y justicia.
Para lograr este objetivo se pone a la alta consideración de esta soberanía popular el proyecto de decreto respectivo para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.
Proyecto de DecretoEl Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Artículo Único. Se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito'', sectorizado a la Secretaría de Gobernación, cuya naturaleza, atribuciones y obligaciones quedan descritas en la forma como sigue:
Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado ``Instituto Nacional de Prevención del Delito''
Capítulo Primero Naturaleza y ObjetoArtículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto la creación del Instituto Nacional de Prevención del Delito, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el cual se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en su reglamento interior, así como en los demás ordenamientos legales aplicables.
La estructura orgánica, la organización administrativa y el funcionamiento del instituto se determinarán en el reglamento interior que al efecto emita el titular del Ejecutivo federal.
Artículo 2. El Instituto Nacional de Prevención del Delito tiene por objeto llevar a cabo las tareas en materia de prevención de la delincuencia en los términos del capítulo respectivo de esta ley relativo a sus atribuciones, su reglamento interior, y de acuerdo con lo dispuesto en los ordenamientos aplicables.
Artículo 3. El domicilio legal del Instituto Nacional de Prevención del Delito será en el Distrito Federal, pudiendo establecer oficinas regionales en cualquier parte de la República Mexicana para el ejercicio de sus atribuciones.
Capítulo Segundo DefinicionesArtículo 4. Para efectos de la presente ley, se entenderá por
Artículo 5. La función desempeñada por el Instituto Nacional de Prevención del Delito será de interés general y beneficio colectivo, por lo que, para el cumplimiento de su objeto, podrá requerir cualquier información a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, de los tres Poderes Constitucionales así como a instituciones de carácter privado, asegurando el respeto y la confidencialidad de la información cuando así sea requerido.
Artículo 6. El instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 7. Las instituciones, comisiones, consejos, comités y servicios, que en el futuro cree el gobierno federal con finalidades semejantes a las comprendidas en el artículo anterior, quedarán a cargo y bajo la dependencia del instituto. Igualmente, los trabajos que encargue o patrocine para el fomento de actividades de la misma naturaleza de las que conforme a la presente ley son propias del instituto deberán ser otorgados, encargados o patrocinados por éste.
Capítulo Cuarto De las AutoridadesArtículo 8. La dirección y administración del instituto corresponden a
Artículo 9. El consejo directivo como órgano de gobierno colegiado del instituto será su máxima autoridad y estará integrado por
Artículo 10. Todas las designaciones se harán considerando la experiencia, honradez y prestigio de cada uno de los integrantes del consejo y durarán tres años en su encargo, pudiendo ser designados para periodos subsecuentes de tres años cada uno.
Artículo 11. Cualquiera de los vocales podrá ser removido por quien haya hecho su designación, por causa grave o justificada.
Artículo 12. Por cada uno de los integrantes, el consejo directivo aprobará el nombramiento de un suplente quien será propuesto por el propietario.
Artículo 13. Los miembros del consejo directivo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones que celebren, excepto el comisario, quien solamente tendrá voz.
Artículo 14. El desempeño de los miembros del consejo directivo será honorífico.
Artículo 15. El consejo directivo sesionará en forma ordinaria cuando menos una vez al mes y extraordinaria, cada vez que el presidente lo estime conveniente, o a petición de cuando menos una tercera parte del total de sus miembros.
Para cada sesión deberá formularse previamente el orden del día, el cual habrá de darse a conocer a los miembros del consejo directivo cuando menos con cinco días de anticipación.
Las sesiones podrán celebrarse en primera convocatoria cuando concurran el presidente, secretario, comisario y el cincuenta por ciento más uno de los vocales. En caso de que se trate de segunda convocatoria, las sesiones podrán celebrarse válidamente con la presencia del presidente, secretario, comisario y cuando menos dos vocales.
Los acuerdos del consejo directivo se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 16. El consejo directivo tendrá las atribuciones siguientes:
Artículo 17. Las funciones que correspondan a cada uno de los miembros del consejo directivo se especificarán en el capítulo correspondiente del reglamento interno del instituto que expida el titular del Ejecutivo federal.
Artículo 18. El consejo directivo podrá decretar la modificación de la estructura orgánica y bases de organización del instituto cuando sea necesario para mejorar el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus fines o la coordinación de sus actividades.
Siempre que las modificaciones afecten la estructura orgánica o presupuestal del instituto o se reflejen en su reglamento interno, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 19. La administración del instituto estará a cargo de un director general, quien será nombrado y removido por el Secretario de Gobernación.
En los casos de ausencias temporales, será sustituido por quien designe el propio director general y en las ausencias definitivas por quien designe el consejo directivo.
Artículo 20. Para ser director general se requiere
Artículo 21. El director general tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 22. Para el ejercicio de sus atribuciones, el director general se auxiliará de las unidades administrativas y personal que se determine en el reglamento interior del instituto.
Artículo 23. El nombramiento de los miembros del consejo directivo, del director general y de los apoderados generales del instituto deberá inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados, para efectos de que con posterioridad pueda acreditarse la personalidad.
Capítulo Quinto De la Vigilancia del InstitutoArtículo 24. La Secretaría de la Función Pública designará a un auditor externo para vigilar oportunamente el funcionamiento del instituto.
Artículo 25. El comisario evaluará el desempeño general y por funciones del organismo, realizará los estudios necesarios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente conforme a la ley.
Artículo 26. El comisario dependerá jerárquica y funcionalmente de las autoridades de la Secretaría de la Función Pública, y su competencia y atribuciones serán las que se establezcan, además de en esta ley, en las disposiciones correspondientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás preceptos jurídicos y administrativos aplicables.
Artículo 27. Para el cumplimiento de las funciones encomendadas al comisario, el consejo directivo y el director general deberán proporcionar la información que les sea solicitada.
Capítulo Sexto Del Patrimonio del InstitutoArtículo 28. El patrimonio del instituto se constituirá por
Artículo 29. Las operaciones y el patrimonio del Instituto, gozarán de las prerrogativas y exenciones fiscales previstas en las leyes tributarias federales, así como de los subsidios, condonaciones y exenciones que decrete o determine el Ejecutivo federal.
Artículo 30. El instituto hará llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos y tiempos que ésta requiera, sus necesidades presupuestales, así como las propuestas de aumentos a los productos que obtenga por la prestación de sus servicios, cuando sea el caso.
Artículo 31. Los montos de los productos por los servicios prestados por el Instituto se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 32. Los ingresos que el instituto perciba, así como sus demás bienes, activos y derechos, podrán ser total o parcialmente objeto de enajenación, cesión, disposición, gravamen, transmisión o afectación en fideicomiso o en cualquier otra figura distinta al financiamiento, de acuerdo con lo consignado por los artículos 14, 14-A, 14-B, 15, 15-B, 16, 16-A, 16-B y demás relativos y aplicables del Código Fiscal de la Federación, a efecto de obtener recursos que se destinen a la prestación de los servicios públicos que el instituto otorga a la comunidad, a los programas o fines que el gobierno federal requiera, de conformidad con lo establecido en la autorización que en su caso al efecto expida el consejo, y las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Instituto deberá aplicar los recursos que obtenga conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Según se requiera conforme a la legislación aplicable, en los casos de enajenación a que se refiere el primer párrafo de éste artículo, el instituto podrá llevar a cabo la desafectación y posterior desincorporación de los bienes, activos y derechos correspondientes previa autorización del Consejo y la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales.
Artículo 33. En términos de los artículos 9 y 13 de la Ley General de Deuda Pública, el instituto podrá contraer obligaciones sobre pasivos, que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto, previas las autorizaciones que la legislación citada señala.
Artículo 34. La enajenación, cesión, afectación o disposición que se realice por cualquier medio de los activos, ingresos y de otros bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto sin llevar a cabo un procedimiento de subasta pública, se sujetará a los principios de imparcialidad, buena fe, veracidad, honradez, publicidad, transparencia, previsión y eficiencia, observando en todo momento que se realice en condiciones favorables para el gobierno federal.
Capítulo Séptimo De los Procesos AdministrativosArtículo 35. Las controversias que se susciten en el ámbito de la presente ley, así como la impugnación de los actos emitidos por el instituto, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en el reglamento interior del instituto.
Capítulo Octavo Del Personal del InstitutoArtículo 36. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto contará con servidores públicos generales y de confianza, en los términos de la ley.
Artículo 37. El instituto deberá establecer y poner en operación programas, sistemas y procedimientos para la profesionalización de sus servidores públicos, a efecto de procurar la contratación de candidatos idóneos y la eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios.
Artículo 38. Los servidores públicos del instituto deberán cumplir los requisitos para su ingreso y permanencia en la institución, de conformidad con lo que al respecto establezcan las disposiciones aplicables en la materia.
Capítulo Noveno Régimen de TrabajoArtículo 39. Las relaciones de trabajo del instituto y su personal se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TransitoriosPrimero. Publíquese la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La presente ley entrará en vigor a los 180 días siguientes al de su publicación.
Tercero. El titular del Ejecutivo federal deberá publicar en un plazo máximo de 180 días hábiles el reglamento de la presente ley.
Cuarto. La integración del consejo directivo y la designación del director general deberán realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Quinto. Las funciones encomendadas al organismo público que se crea, deberán continuar llevándose por las dependencias y autoridades del Ejecutivo federal que lo vienen haciendo.
Sexto. Los recursos financieros, así como el presupuesto deberán ser determinados y suministrados con oportunidad para que inicie su funcionamiento en los términos de la propia ley que se expide.
Séptimo. El Instituto aplicará las disposiciones reglamentarias en materia de prevención del delito vigentes en lo que no se oponga a lo establecido por el presente decreto, hasta en tanto no se expida el reglamento interior del instituto.
Octavo. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Benítez Treviño. Como usted lo solicitó se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sí, diputado Carlos Alberto Pérez, ¿con qué objeto?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, para efecto de que, como es un tema que hemos trabajado con el diputado Benítez, pedirle, si no tiene inconveniente, que nos podamos adherir a la propuesta.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado Benítez Treviño si tiene inconveniente en la solicitud de adhesión que hace el señor diputado.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con mucho gusto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Pido a la Secretaría ponga a disposición la documentación para los efectos.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Miguel Ángel García Granados, ¿con qué objeto?
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Para el mismo propósito, señor presidente. Si nos permite el diputado Benítez Treviño suscribir la iniciativa, tanto al diputado Alfredo Villegas como a un servidor.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud que el diputado ha manifestado su aceptación, pasarán la documentación para los efectos correspondientes. Muchas gracias.
El diputado Martín García Avilés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El diputado García Avilés, ¿con qué objeto?
El diputado Martín García Avilé s (desde la curul): Presidente, con el objeto de pedirle al diputado proponente si me permite adherirme. Porque estamos trabajando justamente en un punto de acuerdo, pero me parece que absorbe la esencia la iniciativa que ha presentado.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Diputado Benítez Treviño, están solicitando adherirse más a su propuesta, ¿manifiesta usted su anuencia?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Con mucho gusto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Pasarán con la documentación correspondiente.
El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿También el diputado Camilo Ramírez?
El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Sí, señor presidente, también adhiriéndome a la propuesta de iniciativa presentada.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Señor diputado, ¿tiene usted inconveniente?
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasarán la documentación correspondiente, diputado.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta iniciativa, esta propuesta de reforma al inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación FiscalFederal tiene una trascendencia muy importante.Hay una obligación que nos establece precisamente la fracción III del artículo 115 constitucional y se refiere a la disposición del tratamiento de aguas residuales. En mi opinión creo que esta reforma va totalmente acertada.
En San Luis Potosí tuvimos la oportunidad, precisamente, de estar al pendiente, de estar al frente, para que hubiese en nuestro estado más municipios con plantas tratadoras y disposición de aguas residuales, pero nos encontrábamos con un problema serio, con un problema que tenemos que atender de raíz: el de una reforma; precisamente a través de estos fondos federales, que sabemos que están etiquetados en el Fondo de Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Insfraestructura Social Municipal, y que no establecen que los municipios puedan utilizar recursos para tratamientos de disposición de aguas residuales.
Esto obedece también a una cruzada que ha realizado nuestro presidente Felipe Calderón, para contar con aguas más limpias, con aguas más sanas. Sabemos perfectamente que en nuestro país contamos con mil 710 plantas tratadoras y disposición de aguas residuales.
El problema al que nos enfrentamos, el problema que hoy tenemos, aparte de la instalación de estas plantas tratadoras, es su mantenimiento. Ni los ayuntamientos pueden, y están encontrándose --para el futuro inmediato-- con falta de recursos para poder seguir con esta disposición que la misma ley establece.
Además, en esta reforma que se estableció hace algunos años, en el artículo 115, y que además la Ley de Aguas lo contempla, que los propios ayuntamientos puedan condonar estos derechos en el momento de las descargas de esta agua.
Y a su vez, que también hay una sanción para aquellos municipios que no puedan recurrir a esta acción y puedan encontrar problemas serios en esta disposición de carácter legal. Y en ocasiones la multa puede ahogar más las finanzas en los municipios.
Ésta es una propuesta que nos va a permitir desahogar en todos nuestros municipios, para que todos tengamos un suelo más limpio, tengamos aguas más limpias y podamos, en todos los sentidos, tanto en el sector rural y el sector urbano, tener un mejor país y un mejor futuro para nuestros hijos. Es cuanto, diputado.
«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PAN a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de precisar que el tratamiento y disposición de aguas residuales, será otro de los rubros de inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con base en la siguiente:
Exposición de MotivosPor lo anterior, es necesario que se establezca en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en específico en el inciso a) del artículo 33, que uno de los destinos de los recursos del FAISM sea precisamente el tratamiento y disposición de las aguas residuales.
Por todo lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal
Único. Se reforma el inciso a del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 33. ...
Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Señoras y señores diputados, tenemos la visita de jóvenes del Liceo Europeo Preparatoria Campus Aeropuerto de esta ciudad, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 27 y 36 de la Ley General de Salud.
La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del pleno una iniciativa que reforma el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción VIII, y 36, segundo párrafo, de la Ley General de Salud, de acuerdo con las siguientes consideraciones:El Estado debe garantizar a la población tres condiciones básicas: la seguridad de su patrimonio, la conservación de su vida mediante la seguridad pública y administración de la justicia, y la salud pública de la población como garantía constitucional que dote de atención médica, entrega de medicamentos y tratamientos especializados, en busca de calidad y dignidad física y emocional de los habitantes.
El gobierno celebra en 2010 el inicio de la lucha de Independencia nacional, en su bicentenario, y 100 años del comienzo de la Revolución Mexicana en 1910.
Lo lamentable es que todavía la población mexicana, en su mayoría, sufre la negativa en servicios de salud, se le niega la gratuidad por atención médica; la salud pública se limita y deja de ser universal, y la asistencia social es selectiva.
En 1983 se publicó una adición al artículo 4o. de la Constitución que establece el derecho a la protección de la salud, sus bases, modalidades, la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, texto que es necesario pero ya no suficiente ante las realidades nacionales médicas y de salud pública poblacional.
De 1980 al presente año, las estadísticas, guardando las proporciones del crecimiento poblacional, siguen demostrando los mismos padecimientos y causas de muerte del mexicano, sin que la prevención haya surtido efecto alguno.
La falta de inversión en infraestructura exhibe su carencia en perjuicio de la sociedad y las quejas ciudadanas sobre la atención médica agravan a los más pobres.
Las principales causas de muerte de la población adulta, igual que hace 30 años, son: los padecimientos cardiovasculares, 29.5 por ciento; tumores malignos, 14.4 por ciento; diabetes, 14.2 por ciento; problemas digestivos 9.5 por ciento, y respiratorios, 6.7 por ciento.
Esto aumenta al limitar y no dotar de insumos, en medicamentos, al señalarse un cuadro básico de insumos para el primer, segundo y tercer nivel de atención médica.
Más todavía que se han establecido desde el 2000 esquemas de financiamiento bajo el nombre de ``cuotas de recuperación'', que restringen, ante la pobreza y miseria económica de los ciudadanos, el acudir a curarse.
Por un lado, se enfrenta el desempleo, bajos salarios, menor poder adquisitivo y, por el otro, un cobro llamado ``mínimo''. Pero es un alto gasto para muchos hogares mexicanos y, una vez pagado, lo único que logran es una receta médica que obliga a un endeudamiento familiar.
México es de los cinco países en superior importancia de producción y exportación de petróleo en el mundo.
Se heredaron centros nacionales de especialidades médicas de tercer nivel o generación, construidas en los cincuenta a los ochenta. Se buscaba pasar de la atención médica básica a la especialización en salud de la población.
Sin embargo, en este siglo XXI, la mayoría de clínicas del sector salud y hospitales públicos, carecen de medicamentos, insumos, equipo médico y calidez en la atención.
El gran reto es que México pueda dar una cobertura integral en la salud a sus habitantes, y para ello la ley suprema de la Unión y la ley federal de la materia, de forma jerárquica, deben garantizar que todo mexicano reciba atención médica básica y especializada y que el Estado dote los medicamentos e insumos para tal fin.
Es una necesidad elemental del ser humano, propia de un pueblo civilizado y de un gobierno de régimen democrático al que aspiramos todos los partidos políticos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 27, fracción VIII, y 36, párrafo segundo, de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercer párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado proveerá en instituciones públicas atención médica, medicamentos, tratamientos especializados y asistencia social. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
De la Ley General de Salud. Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
Fracción VIII. La dotación total de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.
Artículo 36. ...
Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. El gobierno garantizará en las instituciones públicas a los usuarios atención médica, dotación de medicamentos, tratamientos especializados y asistencia social garantizando los recursos públicos para alcanzar este fin. Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 y 36 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI
Rosalina Mazari Espín, diputada federal por el 04 Distrito del estado de Morelos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno una iniciativa que reforma los artículos 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción VIII, y 36, segundo párrafo, de la Ley General de Salud; de acuerdo con las siguientes
ConsideracionesEl Estado debe garantizar a la población tres condiciones básicas la seguridad de su patrimonio, la conservación de su vida mediante la seguridad pública y administración de la justicia, y la salud pública de la población como derecho constitucional que dote de atención médica, entrega de medicamentos y tratamientos especializados en busca de calidad y dignidad física y emocional de los habitantes.
El gobierno celebra en el año 2010 el inicio de la lucha de Independencia nacional en su bicentenario y cien años del comienzo de la Revolución Mexicana, en el año 1910, lo lamentable que todavía la mayoría de la población sufre la falta de servicios de salud, se niega la gratuidad por atención, la salud pública se limita y deja de ser universal y la asistencia social es selectiva. En 1983 se publicó una adición al artículo cuarto de la constitución que establece el derecho a la protección de la salud, sus bases, modalidades, la concurrencia de la federación y las entidades federativas, texto que es necesario, pero ya no suficiente ante las realidades nacionales médicas y de salud pública poblacional.
De 1980 al presente año, las estadísticas --guardando las proporciones-- del crecimiento poblacional siguen demostrando los mismos padecimientos y causas de muerte del mexicano, sin que la prevención haya surtido efecto alguno, la falta de inversión en infraestructura exhibe su carencia en perjuicio de la sociedad y las quejas ciudadanas en la atención médica agrava a los más pobres, las principales causas de muerte de la población adulta igual que hace 30 años, son los padecimientos cardiovasculares, en un 29.5 por ciento; tumores malignos, un 14.4; la diabetes mellitus, 14.2; los problemas digestivos, en 9.5; y las causas respiratorias, en un 6.7 por ciento. Esto aumenta al limitar y no dotar los insumos y medicamentos al señalarse un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y segundo y tercer nivel, más todavía que se han establecido en el año 2000 esquemas de financiamiento bajo el nombre de cuotas de recuperación, que restringen, ante la pobreza y miseria económica de los ciudadanos, el acudir a curarse; por un lado enfrentan desempleo, bajo salario, menor poder adquisitivo y cobro, llamado mínimo, pero que es un alto gasto para muchos hogares mexicanos, y una vez pagado, lo único que logran es una receta médica que obliga a un endeudamiento familiar.
México es de los cinco países en superior importancia de producción y exportación de petróleo en el mundo, se heredaron centros nacionales de especialidades médicas de tercer nivel o generación construidas en los años cincuenta a los a los ochenta; se buscaba pasar de la atención médica básica a la especialización en salud de la población; sin embargo, en este siglo XXI la mayoría de clínicas del sector salud y hospitales públicos carecen de medicamentos, insumos, equipo médico y calidez en la atención; es necesario que todo ciudadano, joven y niño salve su vida al llegar a un centro médico público cuando la medicina y la ciencia lo permitan.
La sociedad mexicana ha entrado a una dinámica de baja fecundidad en amplios sectores de la población; en el año 2030 se estima que será México un país con amplios requerimientos de infraestructura médica por el crecimiento de la población adulta y adulta mayor por encima de la población juvenil, con exigencias de atención de enfermedades crónicas degenerativas, aunadas a la dispersión poblacional, que dificulta la pronta atención médica. Existen 25 millones de personas, el 23 por ciento de la población nacional, distribuidas en 185 mil localidades con menos de 2 mil 700 habitantes en cada una, lo que afecta el acceso a los servicios de salud, y más de 70 millones de habitantes radican en 578 localidades, cada una superior a 15 mil personas.
Es necesario una reforma que en lo jurídico que conceda la base constitucional de universalidad de los servicios de salud pública, la gratuidad en insumos y medicamentos que ofrezca el sector salud y la calidez en los centros públicos de atención y hospitalización.
El gran reto es que México pueda dar una cobertura integral en la salud de sus habitantes, y para ello la Ley Suprema de la Unión y la ley federal de la materia de forma jerárquica deben garantizar que todo mexicano reciba atención médica básica y especializada y que el Estado dote de los medicamentos e insumos para tal fin; es una necesidad elemental del ser humano, propio de un pueblo civilizado y de un gobierno de régimen democrático al que aspiramos todos los partidos políticos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 27, fracción VIII, y 36, párrafo segundo, de la Ley General de Salud
Artículo 4o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Primer párrafo.
Segundo párrafo.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado proveerá en instituciones públicas atención médica, medicamentos, tratamientos especializados y asistencia social. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Cuarto párrafo. ...
Quinto párrafo. ...
Sexto párrafo. ...
Séptimo párrafo. ...
De la Ley General de Salud
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
Artículo 36. Primer párrafo. ...
Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. El gobierno garantizará en las instituciones públicas a los usuarios atención médica, dotación de medicamentos, tratamientos especializados y asistencia social garantizando los recursos públicos para alcanzar este fin . Las cuotas de recuperación se fundaran en principios de solidaridad social y guardaran relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.
Tercer párrafo. ...
Cuarto párrafo. ...
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 455 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula.
LETRAS DE ORO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar una propuesta para que se inscriba en letras de oro en el recinto legislativo el nombre ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''.La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es uno de los principales embriones intelectuales de nuestro país. Es una institución que cuenta con una gran tradición académica en Michoacán y desde su creación, en 1540, ha dejado un enorme legado en el terreno cultural. Sin embargo, la consolidación de esta institución no ha sido nada sencilla, pues ha atravesado por una evolución compleja que se relaciona con los difíciles procesos históricos de nuestro país.
La también conocida como ``Universidad Nicolaíta'' fue fundada en la ciudad de Pátzcuaro por don Vasco de Quiroga, quien originalmente tenía el objetivo de constituir una institución que le permitiera formar sacerdotes para la evangelización de las personas que se encontraban en el territorio de su jurisdicción.
En 1580 la institución fue trasladada a la ciudad de Valladolid, y a partir de ese momento surgieron algunas vicisitudes relacionadas con la corriente ideológica que debía mantener.
En 1590, el obispo de Michoacán, fray Alonso Guerra, trabajó para convertir al Colegio de San Nicolás en un seminario tridentino; sin embargo, se enfrentó con una dura negativa por parte del cabildo eclesiástico y, a la muerte del obispo Guerra, por órdenes de Clemente VIII se pretendió establecer un seminario conciliar.
Sin embargo, el cabildo emprendió por la vía jurídica una enérgica defensa en la que participaron las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España, en un enfrentamiento que habría de prolongarse hasta 1610, cuando el papa Paulo V revocó la orden de su antecesor.
Pese a todo el conflicto, el Colegio de San Nicolás mantuvo, en todo momento, sus actividades con regularidad, sin incorporar cambios trascendentales en sus aulas, donde se enseñaba lo indispensable para atender los servicios religiosos de los españoles y evangelizar a los indígenas.
Al comenzar el siglo XIX la institución vivió su etapa de consolidación. Es a partir de ese momento que se situaba en una carrera ascendente dentro del mundo intelectual de la Nueva España. Sin embargo, las consecuencias del movimiento de Independencia, guiado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaítas, como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo.
Una vez consumada la Independencia de México comenzó el proceso de reapertura del colegio, pues desde una dura y difícil negociación entre la Iglesia y el Estado, el cabildo eclesiástico cedió el 21 de octubre de 1845, a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán, el patronato del plantel.
El 17 de enero de 1847, el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura, dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Con ello se inició una nueva etapa en la vida de la institución.
Hasta el triunfo de la Revolución Mexicana todo el proyecto educativo se consolidó. Momentos antes de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las escuelas de: Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para las Señoritas, la Superior de Comercio y Administración, la Normal para Profesores, Normal para Profesoras, la de Medicina y Jurisprudencia, además de la biblioteca pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el observatorio meteorológico del estado.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un orgullo de todo nuestro país y vengo a esta tribuna a reivindicar su nombre.
Por lo antes expuesto, atentamente expongo ante el pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''.
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo de la Cámara de Diputados el nombre de ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''.
Muchísimas gracias diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo'', a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
Emiliano Velázquez Esquivel, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo, el nombre ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo'', con base en la siguiente:
Exposición de MotivosLa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es uno de los principales embriones intelectuales de nuestro país. Es una institución que cuenta con una gran tradición académica en el estado de Michoacán y desde su creación en el año de 1540 ha dejado un enorme legado en el terreno cultural, sin embargo, la consolidación de esta institución no ha sido nada sencilla pues ha atravesado por una evolución compleja que se relaciona con los difíciles procesos históricos de nuestro país.
La también conocida como Universidad Nicolaita fue fundada en la ciudad de Pátzcuaro por Don Vasco de Quiroga, quien originalmente tenía el objetivo de constituir una institución que le permitiera formar sacerdotes para la evangelización de las personas que se encontraban en el territorio de su jurisdicción.
En el año de 1580 la institución fue trasladada a la ciudad de Valladolid y a partir de ese momento surgieron algunas vicisitudes relacionadas con la corriente ideológica que debía mantener esta institución.
En el año de 1590, el obispo de Michoacán, fray Alonso Guerra, trabajó para convertir al Colegio de San Nicolás en un seminario tridentino, sin embargo se enfrentó con una dura negativa por parte del cabildo eclesiástico y, a la muerte del obispo Guerra, por órdenes de Clemente VIII se pretendió establecer un seminario conciliar.
Sin embargo, el cabildo emprendió por la vía jurídica una enérgica defensa en la que participaron las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España en un enfrentamiento que habría de prolongarse hasta el año de 1610, cuando el papa Paulo V revocó la orden de su antecesor.
Pese a todo el conflicto, el Colegio de San Nicolás mantuvo en todo momento sus actividades con regularidad sin incorporar cambios trascendentales en sus aulas, donde se enseñaba lo indispensable para atender los servicios religiosos de los españoles y evangelizar a los indígenas.
Al comenzar el siglo XIX, la institución vivió su etapa de consolidación; es a partir de en ese momento que se situaba en una carrera ascendente dentro del mundo intelectual de la Nueva España. Sin embargo, las consecuencias del movimiento de independencia guiado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo.
Una vez consumada la independencia de México, comenzó un proceso de reapertura del colegio. Después de una dura y difícil negociación entre la iglesia y el Estado, el cabildo eclesiástico cedió, el 21 de octubre de 1845, a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el Patronato del plantel.
El 17 de enero de 1847, el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, con ello se inició una nueva etapa en la vida de la institución.
Fue hasta el triunfo de la Revolución Mexicana cuando todo el proyecto educativo se consolida. Momentos antes de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, la Superior de Comercio y Administración, la Normal para Profesores, Normal para Profesoras, la de Medicina y Jurisprudencia, además de la biblioteca pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el observatorio meteorológico del estado.
Por lo expuesto, atentamente expongo ante el pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''
Único. Inscríbanse con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo de la Cámara de Diputados el nombre de ``Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo''.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se instruye a la Comisión de Régimen, Reglamentos, y Prácticas Parlamentarias la ceremonia correspondiente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Seguimos con el orden del día y entramos al capítulo de proposiciones. Esta Presidencia recibió de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se asigne una partida especial para atender la seguridad social de los cañeros y jornaleros asociados a la agroindustria azucarera y alcoholera.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se asigne una partida especial para atender la seguridad social de los cañeros y jornaleros asociados a la agroindustria azucarera y alcoholera, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia.La suscrita, diputada federal Maria Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de esta LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes:
ConsideracionesEs obligación del Estado Mexicano garantizar los servicios de seguridad social a toda la población.
De acuerdo al artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de utilidad pública los servicios de protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Como mencioné en mi anterior participación de fecha 23 de septiembre de 2009, propuse un punto de acuerdo donde solicito la creación de la Comisión Especial encargada del Análisis y Estudio de la Problemática de la Industria Azucarera; existen en el país aproximadamente 160 mil productores de caña de azúcar que requieren urgentemente de la seguridad social, que el estado tiene la obligación de proporcionar.
Y puedo mencionar como antecedente que en el presupuesto 2004 se asignó una partida especial por 250 millones de pesos en seguridad social para el sector cañero, además de 100 millones para seguridad social de los jornaleros y convenio IMSS. En 2005 por ambos conceptos se presupuestaron 200 millones y 351.3 millones de pesos respectivamente; en 2006, 145.8 y 45 millones de pesos en ambos conceptos.
En el primer ejercicio fiscal de la actual administración federal, simplemente se ignoró al sector cañero y su atención de seguridad social. En los ejercicios fiscales de 2008 y 2009 se asignaron 216.5 y 200 millones respectivamente sólo en seguridad social para los cañeros, existiendo un subejercicio presupuestario para dicha partida además de que se ignoraron las necesidades de un sector tan desprotegido como son los jornaleros agrícolas y el convenio con el IMSS.
Hoy, el Ejecutivo Federal, en una muestra más de su falta de sensibilidad social y creyendo que el legislativo simplemente le autorizará sin analizar su propuesta de presupuesto 2010, borra desde el despacho del titular de la SHCP la partida especial para atender la seguridad social a los cañeros y jornaleros agrícolas del sector.
El presidente, Felipe Calderón Hinojosa, en su propuesta del 2 de septiembre pasado, en un mensaje muy prometedor con sus 10 puntos para alcanzar el cambio profundo de la nación, marca como número uno frenar la pobreza del país y se comprometió a proponer un presupuesto en apoyo de la pobreza. ¿Qué el sector cañero no es un sector pobre?
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, considere dentro del Programa Especial Concurrente las cantidades de 300 millones de pesos etiquetados a la seguridad social de los cañeros y 200 millones a la seguridad social de los jornaleros; además de que el presupuesto que se reasigne tenga una supervisión especial para evitar subejercios dando seguimiento al informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, conforme está previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Óscar Águilar González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren mayores recursos para el impulso y generación de fuentes alternativas de bioenergía.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el impulso y la generación de fuentes alternativas de bioenergía, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, Óscar Aguilar González, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones1. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, existen 20 millones de hectáreas que se encuentran en condiciones de ser utilizadas para la generación de biocombustible, a través de la siembra de sorgo, Jatropha curcas, la remolacha, la higuerilla y palma africana.
En diversos estudios internacionales se ha demostrado que el cultivo de la jatropha tiene la ventaja de reconstituir suelos, lo cual representa una solución viable ante el cambio climático que experimenta nuestro planeta.
La jatropha es una planta con gran potencial ya que:
A través de este tipo de acciones podríamos reforestar el mismo número de hectáreas, lo que conlleva un beneficio para el campo mexicano, al incorporarse al sector productivo. Por otra parte resulta benéfico ponderar su uso en la industria farmacéutica y la capacidad alimentaria de la jatropha.
En consecuencia, es importante resaltar que el impulso de esta agroindustria no pone en riesgo la producción alimentaria del país, al contrario lo que se busca es el fomento de zonas abandonadas que se encuentran en aptitud de ser ocupadas por cultivos que sean redituables para sus propietarios.
2. El ordenamiento jurídico que regula estas acciones es la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual establece las bases para
3. La Ley de referencia, actualiza a México en el tema del desarrollo de las energías renovables, en la coyuntura actual de disminución de las reservas petroleras nacionales y la búsqueda de estrategias para la detonación de nuevas agroindustrias.
4. En este sentido se debe exigir a la Comisión Intersecretarial para el Fomento de los Biocombustibles, que realice las acciones pertinentes para cumplir con su objeto, que es establecer, atender, coordinar, dar seguimiento y fomentar los proyectos que tengan como propósito impulsar la producción, introducción y promoción de los bioenergéticos, con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano, diversificando los ingresos de los productores mediante el aprovechamiento de la biomasa, con acciones que formarán parte de la nueva transición energética.
5. En este tenor, el Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el Programa de Introducción de Bioenergéticos, que cuenta con la responsabilidad de la Secretaría de Energía, tienen como propósito la ejecución de acciones en materia de promoción de los bioenergéticos mediante la cuantificación en las reducciones de dióxido de carbono que estos generan, por medio de bonos que respaldan organismos multilaterales, y contenidos en los Tratados en que México sea parte, tales como el Protocolo de Kioto.
6. Es menester señalar que México cuenta con una agenda de responsabilidades ante la Organización de las Naciones Unidas, denominado Compromisos del Milenio, entre los que se encuentra la disminución de emisiones de dióxido de carbono.
7. En términos del artículo 14 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponde ejecutar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
8. Asimismo, es responsabilidad de esta Representación Popular velar por el desarrollo del sector productivo de nuestro país, en particular del campo mexicano, siendo la promoción de esta agroindustria un punto estratégico para el presente y futuro, sobre todo en comunidades rurales con bajos índices de desarrollo y que están en espera de opciones para subsanar sus carencias.
Compañeros legisladores: estoy convencido de la viabilidad del presente proyecto, sin duda, a través de la generación de bioenergía no sólo beneficiamos el sector económico sino también al ambiental.
No olvidemos que los compromisos para combatir la pobreza son prioritarios en un país que enfrenta a una crisis económica, climática y social.
Con base en lo anterior y como resultado de un análisis responsable sobre la propuesta que presenta un servidor, acudo a esta, la máxima tribuna de la nación, a someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, que consideren la ampliación al Presupuesto de Egresos para el 2010 destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el impulso de los objetivos señalados por la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos de mil 100 a 5 mil millones de pesos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna, en consecuencia, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para la creación de un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados a crear un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRDLa que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados para crear un fondo de atención de desastres naturales para el Distrito Federal, que permita atender y mitigar los riesgos que existen en la ciudad para el próximo ejercicio fiscal de 2010, al tenor de los siguientes
Antecedentes1. De acuerdo a las características topográficas existentes, al sur de la Ciudad de México se presentan 74 barrancas distribuidas en ocho delegaciones (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco), de las cuales la mayoría se concentran en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.
2. Que es una realidad que en las barrancas, cauces de ríos, laderas inestables y asentamientos irregulares, existen, según un censo llevado a cabo por la Secretaría de Protección Civil, 150 mil familias en las delegaciones La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón que viven en un alto grado de marginalidad y que están expuestas a situaciones de riesgo e inseguridad a las que se enfrentan día a día.
3. Que es evidente que el Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo acciones para prevenir y atender no sólo los riesgos hidrometeorológicos sino todos a los que está expuesta una ciudad como esta.
4. Sin embargo, es fundamental que la administración pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, de Obras y Servicios, y los órganos políticos administrativos, intensifiquen las acciones realizadas, a fin de atender urgentemente los daños que la actual temporada de lluvias ha causado en el Distrito Federal, con la finalidad de proteger a la población que habita las barrancas, cauces de ríos y laderas inestables.
5. Por tal motivo, se propone la creación de un fondo que permita obras de mitigación, equipamiento y mecánica de suelo, que deberá ascender a 200 millones de pesos que deberán ser etiquetados para que en los diversos ámbitos de competencia las instancias involucradas puedan proteger las vidas, bienes y entorno.
6. Es necesario establecer este tipo de fondo debido a la imposibilidad de acudir al Fonden ( Fondo Nacional de Desastres Naturales), que se encuentra limitado a los desastres naturales y no es aplicable en casos en que urge la prevención y la mitigación.
7. Por otra parte, el Fondo de Apoyo Económico que establece el artículo 94 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal únicamente establece el cumplimiento de programas y de objetivos del sistema de protección civil.
Por lo anterior, es evidente que ninguno de los dos fondos son aplicables para el caso concreto, aunado a la imperiosa necesidad de atender especialmente por el Gobierno del Distrito Federal los riesgos hidrometeorológicos que afectan a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.
Como sabemos, el pasado 15 de septiembre del año en curso ocurrió un deslave en la calle Ojo de Agua, paraje Ixtlahualtongo en la delegación La Magdalena Contreras, que trajo consigo el fallecimiento de tres personas y una veintena de familias damnificadas, es por ello que se hace impostergable tomar decisiones que protejan la vida de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a esta Cámara de Diputados para que asigne un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, que ascenderá a 200 millones de pesos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió por la Presidencia, de parte del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren mayores recursos para la atención de educación indígena, a través de la Dirección General de Educación Indígena.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de educación indígena a través de la Dirección General de Educación Indígena, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesQue la lucha de los pueblos indígenas ha sido escrita a través del tiempo como una historia de despojos y agravios. Una lucha de resistencia por sobrevivir a las adversidades de explotación, marginación y pobreza. Que la voz indígena no ha sido escuchada y sigue clamando justicia social para vivir con dignidad y oportunidades.
Que el artículo segundo de nuestra Constitución Política refiere la necesidad de ``garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva, la educación media superior y superior, el establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles educativos''.
Que la Asamblea General de la ONU, aprobó el 13 de septiembre del 2007, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional que debe armonizarse con nuestro marco jurídico en materia de educación indígena, porque menciona que los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
Que en México existen 62 pueblos indígenas, con sus respectivas variantes lingüísticas, cuyos asentamientos se concentran particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Nuestro Estado mexicano es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo y un amplio patrimonio lingüístico.
Que los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de marginación y pobreza, en una situación de desigualdad, olvido y racismo. Prevalece la desnutrición, la mortalidad materna e infantil, el rezago educativo, la inequidad de género y la migración.
Que es tiempo de impulsar una verdadera educación indígena intercultural que respete y que aproveche la sabiduría de nuestros pueblos en todos los campos del conocimiento. Una educación que facilite el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología. Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad de nuestras vidas. Una educación que respete la rica diversidad cultural y reivindique como parte de la identidad nacional la lengua y los usos y costumbres propios de nuestros pueblos indígenas. Una educación contra la explotación, contra la dominación cultural, contra la discriminación racial, una educación que revalore nuestra cultura y afirme nuestra identidad étnica, que nos permita admirar la incansable fortaleza y la gran riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. Una educación indígena que ofrezca un servicio de calidad, que cuente con infraestructura adecuada, con programas de apoyo para útiles escolares, con programas de apoyo para transporte, que coadyuve a la profesionalización docente y a la dotación de materiales didácticos.
Es prioritario que en estos momentos de crisis apoyemos a nuestros hermanos indígenas, que nos comprometamos a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para educación indígena. No escatimemos esfuerzos en el proceso de negociación para garantizar la igualdad de oportunidades a los aproximadamente 3 millones de alumnos de educación indígena de todos los niveles educativos.
Frente a esta realidad, es necesario una revisión y un replanteamiento de las políticas públicas en materia de presupuesto para la educación indígena.
Como un referente, es importante mencionar que en materia de educación indígena, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se destinaron 163 millones de pesos; para 2007, 175 millones de pesos; y para 2008 se logró un presupuesto histórico de 443 millones de pesos. Sin embargo, de manera muy lamentable, para 2009 se redujo considerablemente 48 por ciento, con un monto aprobado de 261 millones de pesos. En esa escala de reducciones, para 2010 el Ejecutivo federal ha propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos un monto de 213 millones de pesos, que representa una disminución de 229 millones de pesos con relación a 2008.
Es importante mencionar que estos recortes presupuestales han provocado la falta de oportunidades para el desarrollo integral de niños y niñas de nuestros pueblos indígenas.
Devolvamos a los pueblos indígenas lo que les ha sido negado a través de los años: la educación como parte de su desarrollo humano y consolidación de sus libertades.
Por lo expuesto y con una alta identidad hacia nuestras raíces, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al pleno de este Congreso, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos a efecto de que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen mayores recursos a la Dirección General de Educación Indígena, equivalente a lo que le fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 por 443 millones de pesos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para atender obligaciones de pago, a favor de ejidos y comunidades, derivadas de decretos expropiatorios promovidos por la federación, entidades federativas y municipios.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para atender obligaciones de pago en favor de ejidos y de comunidades derivadas de decretos expropiatorios promovidos por federación, estados y municipios, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRILa expropiación de tierras de ejidos y comunidades agrarias, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, es una facultad del Estado prevista en el artículo 27, segundo párrafo y fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 93 a 97 de la Ley Agraria y los artículos pertinentes de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria.
Con base en esta atribución, desde 1933 a la fecha, el gobierno federal, estados y municipios han promovido diversas expropiaciones para concretar proyectos de prioridad nacional, como obras de infraestructura pública, regularización de la tenencia de la tierra, reservas territoriales y fomento al desarrollo urbano.
Sin embargo, las obligaciones de pago derivadas de los decretos expropiatorios no se han cumplido en su totalidad, vulnerando con ello el interés económico y el derecho de ejidos y comunidades a recibir la compensación pactada, y afectando el concepto de las expropiaciones como un mecanismo legal del Estado para la adquisición de tierras por motivos de interés público.
Entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, no han indemnizado más de 16 mil hectáreas, alguna de ellas expropiadas desde hace cerca de 40 años, ante la inconformidad y desesperación de ejidos que un día fueron dotados de esas tierras por la reforma agraria, pero que otro día, según el reclamo de su desencanto, les fueron arrebatadas por la burocracia con el pretexto de la utilidad pública.
Conforme al valor histórico de los avalúos efectuados hace un cuarto de siglo, el adeudo es de casi 500 millones de pesos que comprenden los 291 decretos de expropiación. En la actualidad, el adeudo a ejidos y comunidades es mayor porque el pago deberá considerar las variaciones del índice nacional de precios, de acuerdo a la jurisprudencia que sobre actualización por inflación determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del adeudo pendiente, las cifras más significativas se generaron entre 1971 y 1976 y, en un segundo rango de antigüedad, durante el periodo 1989-2000. El gobierno federal es el mayor deudor de los núcleos agrarios con el 62 por ciento de los decretos los cuales, en miles de pesos, representan el 23 por ciento del adeudo total. Los gobiernos estatales tienen, a su vez, un poco más del 50 por ciento de la deuda histórica.
Por esa amarga experiencia, los núcleos de población hoy se resisten a entregar sus tierras ejidales y comunales, aunque se trate de proyectos de gran trascendencia social. Su descontento ha sido ignorado por quienes tienen la responsabilidad de cumplir con la ley. Pueblos enteros, la mayoría indígenas, con sus iglesias, panteones, su historia y su cultura, han quedado sepultados bajo las aguas de presas de gran magnitud ingenieril o técnica, pero cuyos proyectos carecieron de una sensibilidad social para quienes fueron reubicados en otros horizontes culturales, donde el olvido se apropió hasta de su historia. Ejidos que fueron expropiados para obras que no se realizaron y que buscan inútilmente revertir los decretos presidenciales; ejidatarios expulsados de sus tierras para dar paso a compañías mineras que contaminan sus manantiales con total impunidad, como sucede en Huizopa, mineral de Dolores Chihuahua, o en regiones enteras de comunidades indígenas que son declaradas por la Semarnat como zonas o reservas protegidas, pero que no les dan ninguna opción de vida que no sean la pobreza y el éxodo.
Son tantas las arbitrariedades en este sentido, que los pueblos buscan defenderse acudiendo a la resistencia social. La Parota en Guerrero o los aeropuertos que ya funcionan pero que deben las tierras donde fueron construidos, o la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, telegrafía y telefonía, o la construcción de hospitales, o los emplazamientos de zonas industriales, son ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país.
Por esas razones, presento este alegato político. Sobre todo, preocupada ante la posibilidad de que se concrete la iniciativa presidencial de desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que implicaría que los afectados tengan que iniciar otra vez el agraviante papeleo de gestión, y agotar su vida en la frustración e impotencia que hoy los mantiene encadenados.
Tenemos que persuadir a las autoridades correspondientes a que cumplan y respeten el derecho constitucional de núcleos y comunidades agrarias al pago de sus indemnizaciones a un valor actualizado. Para ello es indispensable que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, entidad del gobierno federal responsable de dar seguimiento al pago de los montos de indemnización establecidos en decretos expropiatorios que afectan a ejidos y comunidades, cuente con los recursos para el efecto.
Por estas consideraciones, señor presidente, me permito someter a la consideración de nuestra asamblea, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Que por conducto de la Junta de Coordinación Política se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, se contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, de recursos etiquetados para cumplir con las obligaciones de pagos a favor de ejidos y comunidades, derivadas de decretos expropiatorios promovidos por la federación, entidades federativas y municipios.
Segundo. Que se solicite, con la urgencia que el caso amerita, al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal entregue a esta Soberanía la información detallada de los decretos pendientes de cubrir el pago de indemnizaciones a ejidos y comunidades agrarias.
Tercero. Que se exhorte al gobierno federal, gobiernos estatales y municipales a atender, en los términos de sus facultades, las obligaciones pendientes de pago a su cargo, derivadas de decretos expropiatorios que han afectado a ejidos y comunidades, conforme a los recursos aprobados por el honorable Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se reasignen recursos a los programas que tengan mayor impacto en la producción rural, sin reducir de manera sensible la asignación a los programas de asistencia social en el área rural.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se reasignen recursos a los programas de mayor efecto en la producción rural, sin reducir de manera sensible los correspondientes a los programas de asistencia social en el área rural, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, Ramón Jiménez López, diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo según las siguientes
ConsideracionesAnte los problemas estructurales que se viven en el país con los efectos de la crisis alimentaria y económica, que reportan un aumento en el número de pobres de 20 millones de personas, cuyos ingresos no les permite cubrir sus necesidades alimenticias, debido al abandono de las políticas de desarrollo e impulso en los sectores de la innovación y tecnificación en los procesos de producción, por tal motivo es importante darle un impulso significativo a su estructura productiva, sobre todo a la que nos puede ofrecer el sustento y aseguramos la tan anhelada la soberanía alimentaria.
El modelo económico que padecemos actualmente propicia que el mercado resuelva todos los problemas de asignación, lo que ha generado, ante la apertura de fronteras a las mercancías y la modificación al artículo 27 constitucional, la destrucción del campo mexicano y, por ende, la economía del medio rural, dejando sobrevivir a la agricultura de exportación y desapareciendo casi por completo la que producía bienes de consumo básico, convirtiéndose, de ésta manera, en una economía de autoconsumo, llevando con ello pobreza y marginación a las zonas rurales del país. Por tanto, era de suponerse que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se privilegiará la inversión como factor detonante del crecimiento económico en el medio rural para generar empleos, ingresos y riqueza, pero esto no ha sido así.
Haciendo el comparativo representado en el cuadro 1A, anexado a esta propuesta, es claramente visible que existe una reasignación de recursos entre los programas de alto impacto directo e indirecto en la producción rural y los programas de asistencia social. No se pone en tela de juicio la necesidad de impulsar programas para la atención de la pobreza, sobre todo cuando el gobierno de derecha ha fallado en su combate pero, sin duda, lo único que provocará el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 es paliar y no resolver el problema de la pobreza en el medio rural con medidas asistencialistas, sin contribuir a la generación de riqueza a través de los programas de alto impacto en la producción que, además de producir alimentos, genera empleos de manera constante.
Obviamente, lo que pretende el gobierno federal mediante esta asignación presentada para 2010, es ahorrar dinero en capitalización del medio rural y pasar este recurso para el combate a la pobreza, lo que deja de manifiesto su incapacidad en el manejo de la política económica, pues genera más pobres cada año e intenta resolver el problema con programas focalizados como Oportunidades.
Más allá del debate acerca de los programas que combaten la pobreza, es importante recalcar que en tiempos de recesión lo ideal es impactar sobre el nivel de producción y empleo, pues para abatir la pobreza, es necesario generar riqueza y no sólo aumentar el nivel de escolaridad de los que accedan a los programas de asistencia social pues, a la larga, de todas maneras, sin haber hecho la inversión necesaria para refaccionar e incrementar el capital en la esfera productiva, estos beneficiarios difícilmente lograrán la oportunidad de tener el mayor nivel de bienestar que prometía el programa de asistencia social, puesto que se va a enfrentar a un cuello de botella en la esfera productiva que limitará su desarrollo, gracias a que los recursos utilizados para acrecentar la riqueza fueron disminuidos.
Los cuáles, en promedio, tienen una disminución de más de 16 por ciento, mientras que todos los relacionados con la asistencia social aumentan en 13 por ciento en términos reales, lo que, por tanto, deja desatendidos programas que capitalizan, eficientan y tecnifican al medio rural, destruyendo con ello esfuerzo productivo a cambio de paliar una pobreza creciente por la actual crisis económica y la incapacidad de rediseñar políticas sociales que vayan de la mano con incrementos en la productividad del medio rural. Por lo expuesto y de manera respetuosa se presenta el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que reasigne recursos en el proyecto del Programa Especial Concurrente de 2010 para incrementar los montos a los programas con mayor impacto en la producción rural y generación de empleos, que permitan garantizar la producción de alimentos para todos los mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turnan, por consiguiente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de parte del diputado Héctor Fernández Aguirre, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, en particular, al algodón de nuestro país, y suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, en particular del algodón, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRIDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y los diputados federales de Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora del Grupo Parlamentario del PRI, en voz del diputado Héctor Fernández Aguirre, someten a la consideración de esta honorable soberanía, punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se garanticen los recursos suficientes para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización; en particular, la continuidad al apoyo de los productores de algodón del país, bajo la siguiente
Exposición de MotivosDesde 2003, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, viene operando el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, el cual abarca 11 productos de cultivo estratégicos para el país. El algodón es uno de ellos. Este programa garantiza a los productores un ingreso mínimo en función de la variación de los precios en el mercado internacional, otorgando certidumbre ante la posible baja de éstos, mejora su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, impulsando la reconversión productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional.
Tanto Procampo, como Ingreso Objetivo, son operados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, un órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa. Juntos, Procampo y los programas que integran Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria representaron el 34 por ciento del presupuesto total de Sagarpa en 2008.
El algodón es una gran máquina generadora de empleos, ya que aparte de los empleos directos, una gran cantidad de hombres y mujeres trabajan indirectamente en este cultivo.
Entre los empleos indirectos están los que se generan en:
1. La venta y distribución de materiales utilizados en este cultivo, como semillas, agroquímicos, herramientas; 2. La fabricación de hilos, telas y prendas de vestir; 3. La venta y comercialización de semilla industrial y fibra; 4. En el uso de equipos de fumigación para el control de plagas; 5. La participación de instituciones como la Sagarpa, Conagua, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Módulos de Riego; 6. La venta de seguros para el cultivo, para los productores y trabajadores; 7. La participación de los bancos y oficinas de notarios, etc., etc., etc.
En la comarca lagunera de Coahuila y Durango, el cultivo del algodonero ha sido históricamente el más importante, ya que mantiene ocupados a más de 8 mil 500 productores que trabajan para mantener a sus familias durante un periodo de 10 meses. Lo anterior beneficia a más de 40 mil personas. Además, el número de jornales empleados en este cultivo considerando las 15 mil 500 hectáreas sembradas durante el ciclo agrícola 2008 fue de aproximadamente 1 millón 860 mil.
En este ciclo, debido al cierre de maquiladoras y a la deportación masiva de indocumentados por la escasez de empleos en el vecino país del norte, se incrementó la oferta de mano de obra en la recolección del algodón, la pizca manual llegó a representar el 40 por ciento de la recolección total, un aumento considerable respecto al anterior ciclo 2007, en el cual representó solamente el 20 por ciento en este renglón.
La riqueza generada por el cultivo del algodón para esta región es de más de mil millones de pesos. La mayoría de las comunidades rurales donde se siembra éste cultivo dependen económicamente del algodón. Más de 11 millones 116 mil 50 jornales fueron generados por el cultivo del algodón en el país durante el ciclo 2008-2009.
En el ciclo agrícola 2008, el precio del algodón alcanzó niveles de 90 centavos de dólar, sin embargo este precio duró solo un mes al derrumbarse el precio hasta 56 centavos de dólar, lo peor fue que el gobierno federal no había comprado la cobertura al mercado de valores NYSE, obligándose a pagar la diferencia a un costo mayor. Se hubiera evitado esto comprando las coberturas a tiempo.
En enero de 2009, el gobierno federal anuncia un aumento en el apoyo al Programa de Ingreso Objetivo de 27 por ciento hasta 51 por ciento para que puedan ser competitivos ante la presión de los costos de producción.
El único que bajó el monto fue el algodón, de 67.75 centavos de dólar incluyendo comercialización, en 2008, a 42.02 centavos de dólar, en enero de 2009. De acuerdo con la Sagarpa, el precio de 2008 era de 16 mil pesos por tonelada con un tipo de cambio en 11 pesos, cuando el valor de la divisa era 13.48; para enero de 2009 a 12 mil 600 pesos por tonelada, cuando el precio del mercado es de 14 mil 800 pesos por tonelada a un tipo de cambio de 13.6 pesos por dólar.
Se perdieron casi 8 meses tratando de que el gobierno federal restableciera el precio objetivo. Ahora se pretende que el productor decida cuando comprar las coberturas, a sabiendas de que la mayoría de estos no están capacitados para hacerlo, actualmente la mayoría de los productores ya compraron a precios que van de 60 a 63 centavos de dólar.
En el año 2009, se aprobaron 9 mil 502.2 millones de pesos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, sólo se contempla un monto de 4 mil 500 millones de pesos, es decir, 5 mil 2.20 millones de pesos menos, lo que representa una reducción del 52.6 por ciento.
Además de acuerdo con los futuros del mercado, la compra internacional de pacas de algodón va a bajar más por la presión de la crisis mundial. Asia sigue siendo el mayor productor de algodón y el primer proveedor de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no se da un mayor apoyo a este producto, estamos seguros que tendremos un problema más en el campo con miles de familias condenadas al hambre.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales de Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora proponemos a esta soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoArtículo Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que se garanticen los recursos suficientes para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización; en particular, al algodón de nuestro país. Para fomentar con ello, aumento de la rentabilidad, competitividad, generación de empleos y desarrollo regional.
Artículo Segundo. Se exhorta al presidente de la República para que sea la Sagarpa la que a través de Aserca adquiera las coberturas del mercado de valores.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2010 se consideren recursos para el rescate y conservación de ríos y barrancas delDistrito Federal.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el rescate y la conservación de ríos y barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRDMaría Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la sexagésima primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, recursos destinados al rescate y la conservación de ríos y barrancas del Distrito Federal, al tenor de los siguientes
ConsiderandosPrimero. En México se estima que existen 93.5 millones de hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas; lo que representa el 47 por ciento del territorio nacional. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta 71 por ciento. Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro.
Segundo. En el caso de la Ciudad de México, territorialmente está dividido por dos tipos de uso de suelo, el urbano que ocupa el 41 por ciento y el de conservación con el 59 por ciento. El de conservación ocupa gran parte del territorio de 9 delegaciones que son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Tercero. El Distrito Federal ha experimentado en los últimos años un crecimiento urbano desmedido, lo que ha tenido como consecuencia una serie de desequilibrios ecológicos y daños al ambiente que reducen la calidad de vida de sus habitantes, impactando en el suelo de conservación, ríos y barrancas.
Cuarto. Que este diagnóstico indica que el Distrito Federal se encuentra degradado en 61 por ciento de su territorio de la siguiente manera: 65 mil 606 hectáreas (ha) --44.21 por ciento-- con degradación física principalmente con compactación del suelo debido al cubrimiento del concreto y asfalto; 7 mil 990 ha (5.38 por ciento) con degradación química principalmente por salinización y declinación de la fertilidad del suelo; 16 mil 419 ha (11.06 por ciento) con erosión hídrica y mil 116 ha (0.75 por ciento) con erosión eólica. Resultando un total de 91 mil 131 hectáreas con distintos grados de deterioro, lo que hace necesario la aplicación de medidas preventivas y correctivas, y fundamentalmente la asignación y aplicación de recursos públicos suficientes etiquetados anualmente por la honorable Cámara de Diputados.
Quinto. Que las barrancas del Distrito Federal representan elementos físicos importantes tanto para la regulación del clima como para la captación de aguas pluviales; su regulación dentro del sistema de planeación del desarrollo del Distrito Federal se da a partir de los programas de desarrollo urbano y del ordenamiento ecológico.
Sexto. Que el principal sistema de barrancas del Distrito Federal se encuentra en las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, una buena parte del territorio de estas demarcaciones está situado en el suelo de conservación; así, el 85 por ciento de la superficie de las barrancas se encuentra dentro del suelo de conservación y el 15 por ciento restante en suelo urbano.
Séptimo. La problemática general de las barrancas se circunscribe fundamentalmente a:
Octavo. Las barrancas son drenajes naturales por donde circula el agua proveniente de las zonas de montaña hacia los valles, por consecuencia su relación con el tema del agua y la escasez y problemática de la misma deben ser vistas como una tema de seguridad nacional.
Noveno. Que la actual crisis del agua en el planeta y en nuestro país está llevando a que un gran número de personas vivan en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad, a pesar de que el derecho al agua es un derecho humano en términos del artículo 4 de nuestra Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Décimo. Que en octubre de 2008 se presentó un punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se considerara un presupuesto adicional por 300 millones de pesos destinados a atender adecuadamente la recuperación de ríos y barrancas del Distrito Federal, en virtud que desde agosto del mismo año se llevan a cabo reuniones entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal, con la asistencia de diputados federales y locales, para ordenar los mecanismo de cooperación entre ambos gobiernos en materia de aguas.
Undécimo. Que durante la LX legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron dos puntos de acuerdo relativos al tema de las barrancas, la liberación del presupuesto aprobado para recuperación y saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal por parte de la Comisión Nacional del Agua y otro relativo a la aprobación de un monto adicional de 59 millones 540 mil 555.15 pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, lleve a cabo el proyecto ejecutivo hidráulico de los programas de manejo para barrancas en el poniente del Distrito Federal, en la partida Fondo Metropolitano del Valle de México por parte de la Cámara de Diputados.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que se integren las partidas presupuestales necesarias para la realización de dicho proyectos ejecutivos referidos en el considerando once, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
Segundo. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa pero enérgica a la Comisión Nacional del Agua a entregar, de manera inmediata al Gobierno del Distrito Federal los recursos presupuestales por 100 millones de pesos que fueron aprobados en el Anexo 29 bajo el Programa de Protección a Centros de Población para la recuperación de ríos y barrancas del Distrito Federal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de parte de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector turismo, con el propósito de hacerlo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza en las zonas y regiones turísticas del país.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector turístico, con el propósito de hacerlo prioridad nacional a efecto de generar inversiones y empleos, y combatir la pobreza en las zonas con atractivo, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRIJanet Graciela González Tostado y los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Puebla, integrantes de la LXI Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo con la finalidad de hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las zonas y regiones turísticas del país.
AntecedentesLa economía mexicana está sustentada en 3 pilares, principalmente: las remesas, la venta de petróleo y la derrama turística. Es sabido por todos cómo han bajado los ingresos de los 2 primeros sectores. Si el turismo nacional se ve afectado, se está poniendo en riesgo uno de los principales ejes que sostienen nuestra nación.
México cuenta con muchos lugares mágicos y productos culturales que pueden ser explotados turísticamente, para que nos visiten los europeos, los norteamericanos y no se diga el turismo nacional, a todos podemos encantarlos con nuestro México, un país donde el turismo se sustenta en sus espacios, en su gente y en su cultura. Pero esto se desperdicia porque no se conocen, no se cuidan, ni se respetan.
Necesitamos que la oferta turística nacional se dé a conocer por los medios de comunicación adecuados, principalmente por la televisión, requerimos fomentar la cultura de la hospitalidad en todos los mexicanos de todos los sectores económicos, creemos que la mejor difusión del turismo se da a través de lo que se ve.
En lugar de usar tantos espacios mediáticos informando sobre los éxitos personales del gobierno, es mejor difundir lo maravilloso de nuestros estados, no importa que no todos tengan playas, el turismo internacional no solo va a las playas, busca la flora y la fauna, va a los bosques, a las montañas, a las comunidades, busca conocer la cultura, las costumbres, las tradiciones, las reservas naturales invaluables, la cultura gastronómica que tanto identifica a nuestro país, y no podemos dejar de mencionar las maravillas arqueológicas prehispánicas, esto debemos aquilatarlo, preservarlo y difundirlo.
Ante la baja de las remesas, el turismo se convierte en 2009 en la segunda fuente de divisas del país, con una captación anual de 20 mil millones de dólares. Este sector tiene el presupuesto más bajo del gobierno federal con sólo cuatro mil millones de pesos en el 2009, el turismo es la tercera fuente de ingresos del país con casi 22 millones de visitantes extranjeros al año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró la Cuenta Satélite del Turismo en México siguiendo una metodología propuesta por el Fondo Monetario Internacional, donde indica que de las 79 ramas de la actividad económica, 23 están vinculadas al turismo. Si hablamos del producto interno bruto nacional, durante el año 2008, el turismo contribuyó con el 8 por ciento.
El turismo es parte importante de la vida económica en México, ya que tenemos estados que no se han dado a conocer por falta de recursos, México puede salir adelante con el turismo, en sus diversas formas. En materia de generación de empleo, estamos perdiendo de vista que el turismo es la llave a la prosperidad y la esperanza de México
El número de turistas hospedados en hoteles crece alrededor de 2.5 por ciento, el número de vuelos podría crecer 5.6 por ciento y el de pasajeros en 7.2 por ciento, respecto al cierre del año pasado. Solamente Cozumel y Cancún, son los dos principales destinos turísticos del Caribe mexicano que captan al turismo estadounidense.
El sector productivo del país ve con buenos ojos un recorte en número y nómina gubernamental, pero parece ser que no existió una consulta con el sector turístico, pues algunos representantes de las inversiones en este ramo manifiestan que este sector no debe ser menospreciado al desaparecer la Secretaría de Turismo y que se considere este punto, pues representan 2 millones de empleos directos y más de 8 millones indirectos.
Los mexicanos a gritos piden empleo, no es posible cerrar más las fuentes de empleo para las familias, que pueden vivir con la llegada de más de 22 millones de turistas extranjeros.
Con motivo de los efectos de la pandemia de gripe A (H1N1) en los seis primeros meses del año, el número de turistas extranjeros que visitaron el país cayó un 17 por ciento con respecto al mismo periodo del 2008. Asimismo, la llegada de pasajeros en cruceros descendió un 18,8 por ciento por efecto de la influenza A (H1N1).
En la primera mitad del año, los ingresos por turismo se situaron sólo en los 6.048 millones de dólares.
En el mes de junio, el descenso en el número de visitantes extranjeros fue del 12.1 por ciento, mientras que el gasto de los turistas en el país fue de 807 millones de dólares lo que se traduce en una caída del 28.9 por ciento, según datos del Banco de México. En mayo, cuando surgió el brote, los ingresos se recortaron hasta los 542 millones de dólares.
Pero qué sucede con la inadecuada información ante el mundo con el virus de la influenza, este virus que generó más desempleo, esta crisis debe manejarse con demasiado cuidado con especialistas en comunicación que midan el impacto público, no es posible que la información se difunda sin el debido cuidado causando graves problemas en la afluencia turística en nuestro país. Ya que lo que pasa en un estado o un municipio, no se extiende para todo un país, el Distrito Federal no es todo México, cuando en alguna playa llega un huracán no llega a todo el país de la misma manera.
Asimismo, se debe informar que cuando hay una epidemia se puede cercar ese lugar, pero no todo México; con el narcotráfico de igual manera, debemos procurar que la información nacional se dé con la debida reserva y no generalizando.
Ante el mundo se difunde que todo México tiene los mismos problemas y el turismo al oír y ver estas noticias, por mera precaución prefiere visitar otros destinos, ir a dejar su dinero a otro lado.
Esta Cámara debe luchar por la imagen internacional de nuestro país, porque nuestra imagen se construya positivamente y no se destruya gracias a la ligereza de la comunicación emitida.
Solicitamos más inversión en materia turística, difusión de todos los estados en medios de comunicación, cuidar la información para no deteriorar la imagen de México ante el mundo.
Derivado de lo expuesto, se propone a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar al sector turismo una partida presupuestal de cinco mil millones de pesos, cifra superior en 25 por ciento a lo destinado para el año 2009, con el propósito de hacer del turismo, una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las zonas y regiones turísticas del país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
SECRETARIA DE TURISMO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de parte del diputado Jorge Fernando Franco Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal a no desaparecer la Secretaría de Turismopor ser prioritaria para la activación económica de nuestro país.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no desaparecer la Secretaría de Turismo porque es prioritaria para la activación económica del país, a cargo del diputado Jorge Fernando Franco Vargas, del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, Jorge Franco Vargas, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al presidente de la Mesa Directiva que formule un exhorto al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos para no desaparecer la Secretaría de Turismo, por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país.
ConsideracionesEl año 2009 ha representado ciertos retos para México, debido a la crisis mundial económica, a la caída en los ingresos por concepto de coberturas petroleras que se contrataron para este año, ante la depreciación del precio del crudo de exportación, la disminución de las remesas que envían nuestros paisanos y la baja de la afluencia turística.
De tal manera que para el 2010 se presentará como reto procurar la recuperación y dinamismo de la economía mexicana.
Hace unos días fue presentada por el Ejecutivo, la propuesta para definir el presupuesto de ingresos de nuestra nación, de la cual se desprende lo siguiente:
El presupuesto público contempla un impuesto de 2 por ciento al consumo, incrementar en 2 puntos el impuesto sobre la renta de manera temporal y aplicar un impuesto especial sobre producción y servicios de 4 por ciento para el sector de telecomunicaciones.
Tales Impuestos, más que ayudar, afectarán a las clases marginadas de nuestro país, como sucede en el estado de Oaxaca, donde la telefonía rural juega un papel importante para la comunicación entre nuestras regiones.
Quiero puntualizar la fracción parlamentaria oaxaqueña del PRI así como sus homólogos federales de todo el país no van a permitir impuestos a medicinas y alimentos.
Así también, como ha manifestado nuestra lideresa nacional, la prioridad del grupo parlamentario priista es impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.
Y en lo que se refiere al gobierno federal, éste pretende la desaparición de tres secretarías de Estado, como son la de la Función Pública, la de la Reforma Agraria y la de Turismo.
Este es un panorama general y a grandes rasgos de lo que pretende el Gobierno Federal.
Dicha propuesta es preocupante para todos, debido a que sólo están aumentando los impuestos de manera considerable y no sucede lo mismo con el ingreso per cápita de todos y cada uno de los mexicanos.
En lo que se refiere a las secretarías de Estado que se pretenden desaparecer, los mexicanos afirmamos que no es la mejor manera de establecer una verdadera política de austeridad.
Una verdadera política de austeridad deba pasar por la reducción del gasto corriente de todas las secretarías que forman el aparato gubernamental, pero sobre todos los sueldos de todos sus funcionarios, y de esta manera obligarlos a dar resultados en cada una de sus funciones.
Hay que mencionar lo que declaró el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que como consecuencia de la eliminación de esas tres dependencias, aproximadamente 10 mil personas quedarán desempleadas.
De tal forma que el propio gobierno federal estaría aportando un poco más al terrible desempleo por el que atraviesa el país.
El presente punto de acuerdo tiene como objetivo evitar que la Secretaría de Turismo sea absorbida por la de Economía, ya que de por sí es estratégica para el desarrollo económico del país.
Es claro que México se caracteriza por obtener grandes ingresos del ramo turístico, pero desgraciadamente no se ha encontrado la política adecuada y más viable para que aún con una crisis mundial sea visitado como en épocas anteriores y exista una gran derrama de recursos. Recordemos que el turismo es la actividad que más recursos genera para el país, por encima del petróleo y las remesas que envían nuestros paisanos.
Esto se debe a que los últimos titulares de la Secretaría de Turismo no han descifrado el código adecuado para la explotación del turismo en nuestro país.
Quiero recalcar que México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por UNESCO como patrimonio mundial, sólo detrás de España, Italia y Alemania. La cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio mundial en el continente americano se encuentran en nuestro país.
De tal manera que Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas son ciudades que viven 100 por ciento del turismo nacional y extranjero, y que necesitan el apoyo directo de un organismo capaz e íntimamente ligado a ellos para la explotación de éste rubro económico, coordinado con las secretarías de turismo de los Estados de la República.
Mencionando el caso de Oaxaca, esta entidad se distingue por la enorme riqueza y variedad de sus recursos turísticos. Sus sitios históricos y zonas arqueológicas, destinos de playa y, en general, su riqueza cultural y artesanal son atractivos que motivan la afluencia de visitantes. Destaca el atractivo de nuestras playas, semejante a las ubicadas al Centro y Norte del Pacífico Mexicano o la zona maya. El turismo alternativo tiene áreas naturales protegidas y la mayor biodiversidad del mundo, montañas, ríos, presas y lagos inexplorados, además de sitios religiosos de gran atractivo.
Por ello, la mayor parte de los ingresos del Estado de Oaxaca se recaudan de la derrama económica del turismo.
Con el cierre de esta secretaría se estaría aumentando los índices de pobreza no solo del estado de Oaxaca sino de todo el país en los que el turismo es una actividad primaria de su economía.
Por lo anterior el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a no tomar como medida de austeridad la desaparición de algunas secretarías de Estado, y en especial la de Turismo, por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país; pero proponiéndose la desaparición de las delegaciones federales, para reducir gastos.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos a no desaparecer la Secretaría de Turismo, por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país; proponiéndose la desaparición de las delegaciones federales de la mencionada dependencia para reducir gastos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Educación Públicay al gobierno de Baja California Sur a coadyuvar en la solución de los conflictos que vive la universidad autónoma de dicha entidad.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la universidad estatal, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRILa suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI a la LXI Legislatura, representante del estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular ante este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Exposición de MotivosMientras los mejores sistemas educativos del mundo y en el país debaten sobre la necesidad de transformar a la educación en una educación de calidad y que esta sea el eje vertebral para el crecimiento de los países ante un mundo globalizado, en el estado, y en especial, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se generan cada año conflictos que agudizan aun más el rezago en la educación superior de nuestra entidad federativa.
La Universidad Autónoma de Baja California Sur presenta graves problemas, como el déficit de 75 millones de pesos, recortes presupuestales del 10 por ciento federal y 20 por ciento estatal en el presente año, y adeudos por aportaciones y retenciones al fondo de jubilaciones.
Por tal motivo, el pasado mes de agosto el Sindicato Único de los Trabajadores Administrativos de la Universidad se declaró en huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo, manifestando malversaciones en el manejo del fondo de jubilaciones por parte de las autoridades universitarias, por más de 1.7 millones de pesos.
A ello se sumó, el 15 de septiembre del presente año, el Sindicato del Personal Académico de la Universidad, que manifestó públicamente su rechazo a la medida tomada por el gobierno federal de recortar el 10 por ciento del presupuesto a la institución, igual postura se asumió con la decisión del gobierno estatal de reducir su aportación en un 20 por ciento. Asimismo, exclaman que será un golpe duro contra los jóvenes, a la investigación, a la cultura y a los derechos laborales de los trabajadores.
Con este paro de labores se ven afectados más de 5 mil estudiantes de todo el estado, que ante dicha situación ha surgido un movimiento estudiantil de la casa de estudios se han organizado para exigir a los gobiernos estatal y federal una pronta solución a los conflictos.
El Movimiento Estudiantil pro UABCS surge ante las constantes huelgas que sufre la universidad, que pone en riesgo el desarrollo académico de los estudiantes. Ellos, han expresado que el movimiento no es otra cosa que una gran demanda de ya basta con tantas huelgas, consecuencia del mal manejo de los recursos públicos de la Universidad y los altos salarios de los directivos.
Ante esta situación la mayoría de los miembros del Consejo General Universitario se comprometieron en presentar una propuesta de programa emergente de reestructuración institucional, el cual contemplará ajustes en nómina de los sectores directivos, administrativos y académico que generen los recursos necesarios para enfrentar los compromisos de deuda que presenta dicha institución.
En el mismo sentido, en días pasados el depuesto rector universitario presentó al seno del consejo su propuesta de reestructuración institucional, que consistió en reducción de salarios a directivos, compactación de departamentos y ajustes a las compensaciones del personal administrativo con un ahorro total anual de 4 millones de pesos, recursos que se priorizarían para atender las necesidades de recursos del fondo de jubilaciones.
Sin embargo, cabe mencionar que durante poco más de 10 años se ha privilegiado a los vicios de corrupción y canonjías de grupos internos de la máxima casa de estudios confabulados con grupos de poder del estado, que no hacen otra cosa que cuidar sus intereses personales y de grupos, rechazando en todo momento programas de mejora y reestructuración que posesionen a la UABCS como una universidad de calidad y vanguardia.
Si la SEP y el gobierno del estado no solucionan de manera inmediata los conflictos sociales y financieros de la máxima casa de estudios se haría patente que la UABCS incumple con su labor de formar profesionistas, de cobijar las ilusiones de jóvenes sudcalifornianos, ya que se continuará abrazando a la corrupción, a los altos sueldos y salarios de los directivos, ampliando a la burocracia y seguir abanderando las casi permanentes huelgas y debacle del sistema educativo sudcaliforniano.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, la presente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y al gobierno del estado para que solucionen de inmediato los conflictos históricos sociales y financieros de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Segundo. Que la Comisión de Educación y la Secretaría de Educación Pública, programen, previo auditorias, mayores recursos para los programas de mejora institucional y de inversión que permitan impulsar a la universidad sudcaliforniana a un sistema de educación superior de calidad y de vanguardia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
ANTISEMITISMO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se condenan actos de antisemitismo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se condenan actos de antisemitismo, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado Gerardo Leyva Hernández, integrante de la LXI Legislatura y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado 12 de septiembre un grupo de vándalos, presuntamente neonazis, profanaron 58 tumbas del cementerio judío de la Tablada en Buenos Aires, Argentina, precisamente a cinco días del inicio del año nuevo judío.
La comunidad judía argentina y del mundo ha expresado su repudio a estos actos que atentan contra las leyes, pero también contra un lugar especialmente sagrado para los judíos del mundo.
En México es creciente la actividad de grupos de ideología neonazi que distribuyen información antisemita y de odio y división política desde una perspectiva ultraderechista que es contraria a lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 4 dice:
Además la misma ley en su artículo 9 fracción XXVII prohíbe ``incitar al odio, violencia, rechazo, burla difamación, injuria, persecusión o la exclusión''.
Sin embargo, se distribuyen de manera pública y abierta múltiples publicaciones en diversos negocios en la vía pública libros y revistas de abierto contenido antisemita y xenófobo, que incluyen títulos como:
El judaísmo desenmascarado a través del Zohar, de Federico Rivanera Carles, o El Judaísmo según la Biblia, de Julio Chaij.
Además cuentan con páginas de Internet en las que hacen apología de la discriminación, en abierta contradicción con lo que establecen las leyes.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su total repudio al ataque contra el cementerio judío La Tablada, en Argentina.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes a aplicar de manera enérgica lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en lo referente a actividades antisemitas en nuestro país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna el primer punto a la Comisión de Relaciones Exteriores y el segundo, a la Comisión de Gobernación.
COMISION ESPECIAL PARA EL ACCESO DIGITAL A LOS MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEMRodrigo Pérezalonso González, diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, con base en la siguiente:
Exposición de MotivosGran parte del crecimiento de las economías más fuertes del planeta a lo largo del último siglo y del presente, fueron iniciadas por las innovaciones científicas y tecnológicas que se adoptaron y encauzaron a través de políticas públicas adecuadas y con una visión de largo plazo. En ese sentido, economías como las de Estados Unidos, Japón, Alemania y otros países desarrollados han sobresalido de coyunturas desfavorables a través de la adopción y fomento de la ciencia y las nuevas tecnologías, lo que los ha situado en las posiciones económicas de las que ahora gozan.
Por otra parte, existen también economías emergentes que supieron aprovechar estas innovaciones y diseñaron políticas de adopción y fomento de tecnologías innovadoras que redituaron con un crecimiento económico sostenido, estable y con una visión clara de los objetivos a lograrse. Tal es el caso de países como Israel, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, quienes hace sólo treinta y cinco años contaban con niveles de subdesarrollo similares a los que vive nuestro país. Estos países basaron su crecimiento económico en gran medida en la industria de las tecnologías de la información y ahora cuentan con algunos de los niveles más altos de penetración de estas tecnologías (p.e. banda ancha).
Estas experiencias internacionales nos muestran que los retos, a los que se han enfrentado para adoptar y diseñar políticas públicas de fomento a la ciencia y tecnología, son de largo plazo e implican el esperar al menos diez años para vislumbrar resultados favorables en su desarrollo económico e industrial. En ese tenor, en México es necesario que pasemos de un plano discursivo a un plano de diseño y ejecución de políticas institucionales que fomenten estas materias y, aún más, en tiempos de recesión económica.
América Latina y México han quedado rezagados en materia de ciencia y tecnología. Para muestra de ello, en América Latina, salvo Brasil, ningún país gasta en investigación y desarrollo científico y tecnológico una suma siquiera cercana al uno por ciento de su producto interno bruto (PIB). En México, a pesar de que existe el mandato legal de destinar a este rubro uno por ciento del PIB, la inversión en investigación científica y tecnológica apenas llega a la mitad de un punto porcentual.
Actualmente el mundo vive una revolución tecnológica como nunca antes vista. La información es ahora esencial y se obtiene por medio de innovaciones tecnológicas como las nuevas redes celulares y la banda ancha de alta velocidad (como la fibra óptica al hogar) en tiempo real y por medio de una amplia gama de dispositivos. En ese sentido, gran parte del avance científico de las últimas décadas significa que, los sectores de la población con acceso a ellas, son parte de una sociedad de la información.
Sin embargo, existen amplios sectores de la población con limitaciones en el acceso a las redes globales de información como Internet, toda vez que no cuentan con los medios adecuados para accesar la información o adoptar nuevas tecnologías, lo que ocasiona un nuevo tipo de segregación social y económica en el mundo: la Brecha Digital. Dada la rapidez con que se da la innovación tecnológica, es una realidad ineludible que se está profundizando la brecha entre los que tienen o no acceso a las tecnologías y al progreso social que trae consigo las innovaciones de éstas.
La ausencia de políticas públicas que promuevan el desa-rrollo, la inclusión y apropiación a las tecnologías de la información en la población y la gestión pública dificulta que un país alcance los niveles de bienestar social que exige el mundo globalizado, toda vez que se reduce la capacidad de beneficiarse de las economías de escala. Por ello, es necesario adoptar una agenda gubernamental que encauce las innovaciones en tecnologías de la información; es decir, una agenda digital de gobierno que beneficie el acceso digital, tal y como lo sugieren organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Reunión Trilateral de e-Gobierno de Norteamérica (North American e-Government Day) entre México, Estados Unidos y Canadá.
Al respecto, el gobierno federal reconoce la necesidad de adoptar una agenda para el acceso digital a las telecomunicaciones a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Éste plantea, entre otras cosas, que el acceso a las nuevas tecnologías debe ser considerado como un elemento esencial para lograr un verdadero desarrollo humano sustentable entre los mexicanos.
No obstante que existen esfuerzos de la administración pública federal por implantar programas que promocionen el uso de las tecnologías de la información como la política de Gobierno Digital dentro del Sistema Nacional e-México, actualmente estos esfuerzos son insuficientes. Para ello, contrario a lo que sucede actualmente, es necesario que estos esfuerzos funcionen bajo un esquema coordinado por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que formen parte de una agenda nacional digital, buscando alcanzar una sociedad del conocimiento, y la conformación de un gobierno electrónico.
Lo anterior hace menester adecuar la legislación y crear instrumentos regulatorios e institucionales para impulsar el desarrollo del uso de tecnología de forma equitativa. En esta dinámica, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura acordó la creación de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, misma que presentó como su objetivo general en su plan de trabajo: ``Lograr un gran acuerdo nacional para la construcción de una Agenda Digital de largo alcance, que fije los plazos y las metas a cumplir para aprovechar la renovación tecnológica. Y para ello establecer un diálogo para acercar a los principales actores involucrados y proponer las bases de lo que será el acuerdo nacional.''
Como resultado de dicha Comisión se obtuvo la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que actualmente se analiza en el Senado de la República y que pretende la definición de una estrategia digital integral donde se crean instancias con atribuciones, que sin crear un impacto presupuestal, busquen promover el acceso y uso masivo de tecnologías de la información y comunicación.
Sin embargo, la atención de los asuntos relacionados con el acceso digital no sólo se circunscriben, a la expedición de una ley, la cual es un avance muy significativo en la creación de una agenda para el acceso digital, pero que requiere de un seguimiento puntual por parte del Poder Legislativo. La realidad es que la implantación de tecnología es un factor de carácter transversal que impacta en diversos ámbitos de la vida social y que por tanto se debe contemplar una regulación integral para garantizar el acceso a la información electrónica.
Un primer objetivo de la creación de la Comisión Especial que se propone en este punto de acuerdo sería llevar los temas de acceso digital bajo criterios de una agenda digital consensuada por los miembros de la Comisión. Al revisar los temas de los que son sujetos las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, se detecta que existen algunas iniciativas de ley relacionadas con los temas de acceso digital que se turnan a diversas comisiones bajo criterios que impiden llevar políticas homogéneas sobre el asunto. Por eso, aunque una Comisión Especial carece de facultades de dictaminación, se busca dar seguimiento a dichas iniciativas para dar opinión sobre su viabilidad y que se ajusten a una visión consensuada del tema.
Un segundo objetivo de crear la comisión es trabajar en los diversos temas relacionados con el acceso digital para así converger en una Comisión Especial, no obstante que se encuentren vinculados con los temas de los que son dictaminadoras algunas comisiones ordinarias existentes. Tal es el caso, por ejemplo, de comisiones como Seguridad Pública, en términos de tipificación y penalización de los diferentes delitos cometidos en medios electrónicos; Atención a Grupos Vulnerables respecto al acceso de personas con discapacidad y adultos mayores a la información pública electrónica gubernamental; Medio Ambiente fomente programas de manejo para los residuos de las industrias tecnológicas y promueva el desarrollo de tecnologías de la información sustentables; Salud en la prestación de servicios de especialidad a distancia a bajo costo; Participación Ciudadana con el impulso de las tecnologías para crear mecanismos más eficaces de interacción con la ciudadanía como parte de una e-democracia; Función Pública para mejorar las gestiones internas del gobierno; Educación para desarrollar nuevas capacidades laborales en términos de la alfabetización digital; Hacienda y Crédito Público para mejorar o crear nuevas formas de recaudación; Ciencia y Tecnología para vigilar el incremento de los recursos públicos en inversión de proyectos tecnologías de información y comunicación, entre otras.
Aunado a todo lo antes expuesto, cabe señalar que el pasado 15 de julio de 2009, los diputados integrantes de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos de la LX Legislatura, junto con representantes de la Asociación Mexicana del Internet (Amipci), de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones, AC (Anadic), Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, AC, Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC (CUDI), y de la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación firmaron un acuerdo para la promoción del acceso digital de los mexicanos en el que ``se solicita a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que en el momento de acordar la creación de las comisiones especiales que se desempeñarán durante el periodo 2009-2011, contemplen dentro de una de ellas la continuidad de los trabajos que en materia de acceso digital a los mexicanos y desarrollo de una sociedad de la información en el país se realizaron a lo largo de la LX Legislatura...''
El Poder Legislativo federal ha dado origen a un espacio de análisis y discusión de la materia de nuevas tecnologías y acceso digital en la LX Legislatura. Esto significó un avance, dentro de una serie de medidas necesarias, para lograr que nuestro país alcance el desarrollo que merece.
Con objeto de impedir que los avances que tuvo la LX Legislatura en esta materia se detengan, se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta LXI Legislatura y al pleno de este recinto, se considere el presente punto de acuerdo y se permita la permanencia de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. La Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto analizar y discutir el marco normativo para perfeccionar la legislación existente en términos de acceso digital promoviendo el acceso efectivo de los mexicanos a las tecnologías de la información.
Tercero. Podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Cuarto. La Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos estará integrada por veintidós diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Quinto. La Comisión Especial estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2012.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las operaciones que realiza en México el consorcio extranjero Sempra Energy.
El diputado José Narro Céspedes: Con su permiso, presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para nosotros es muy importante este tema que tiene que ver con una empresa que se instaló fundamentalmente en el valle de Mexicali y en Ensenada, Baja California, con el objetivo de, desde ahí, surtir o proporcionar gas licuado al sur de California, y energía eléctrica también, sobre todo a esa importante región del sur de California, en Estados Unidos.
Esto surge fundamentalmente en 2001, a partir de que la empresa Enron desvía gas que iba destinado hacia el estado de California y que lo orienta hacia Oregón y Washington, provocando que los precios de la electricidad en California subieran de 6 dólares el millar de pies cúbicos de gas natural a más de 60 dólares en seis meses. Esta crisis provocó, en 2003, entre otras cosas, la caída del gobernador Gray Davis en Estados Unidos.
A partir de que esta empresa fue demandada por los usuarios de Estados Unidos se tuvo un laudo resolutorio para devolver más de 800 millones de dólares, prácticamente se declaró en quiebra y fue vetada para instalarse en Estados Unidos, y a partir también de que no cumplió las normas ambientales ni las normas de seguridad en Estados Unidos, buscó instalarse en Baja California, para desde ahí buscar proporcionar estos servicios y de alguna forma, también proporcionar el gas natural que requería California. Y claro en Baja California, para poder sortear o burlar y no cumplir con los requerimientos mínimos ecológicos y de seguridad que requieren este tipo de empresas.
Esto se hizo fundamentalmente en 2003 en las gestiones del gobernador Eugenio Elorduy, quien contó con el apoyo de Vicente Fox para que esa empresa se pudiera instalar en ese lugar.
Para nosotros es un tema de suma importancia, porque esta empresa se dedica no nada más a recibir y a conducir gas hacia Estados Unidos, sino también a generar energía eléctrica violentando la propia Constitución de México y violentando las leyes que aquí nos rigen.
Esta empresa de alguna forma realiza esta actividad violentando toda normatividad, despojando a una persona de sus bienes, contratando a una empresa norteamericana de espionaje que violenta la soberanía nacional, despojando a un propietario, a un ejidatario de sus tierras, aparentemente simulando una compra-venta con una persona, cuya constancia de defunción indica que falleció dos años antes de la compra de estas tierras. Y resulta que el apoderado legal del gobernador y su hija son socios de esta empresa norteamericana.
Ante todo esto queremos pedirle, diputado presidente, lo siguiente:
Uno. Se turne a la Junta de Coordinación Política, para que ésta a su vez proponga al pleno de esta Cámara de Diputados la conformación de una comisión plural y paritaria para investigar las causas y los efectos de las políticas federales y estatales del sexenio pasado que permitieron convertir a Baja California en abastecedor de energía y gas natural del sur de los Estados Unidos.
Dos. Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional; y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los relativos a la Ley Federal de Competencia Económica, dado que sus actividades en el país se ubican al margen de lo que permite la Carta Magna y además se constituye en un monopolio, el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy en Ensenada, Baja California.
Tres. Se turne a la Comisión de Medio Ambiente para que ésta solicite a las procuradurías federales del Consumidor, y de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada.
Cuatro. Se turne a las Comisiones de Justicia, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores y, a su vez, éstas hagan llegar a la Secretaría de Gobernación las copias de documentos que documentan las acciones de espionaje y los cheques pagados por Sempra Energy, para que por los conductos oficiales se establezcan las acciones legales correspondientes contra dicha empresa que ha violado la soberanía nacional, y se informe de la misma a esta legislatura.
Cinco. Se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que, a su vez, ésta investigue el monto de recursos federales que se asignaron al gobierno del estado de Baja California en la administración del ciudadano Eugenio Elorduy Walter, con destino a la obra denominada ``Corredor 2000'' y que se dé parte a la Procuraduría General de la República, ya que se trata de un flagrante desvío, además de evidente tráfico de influencias, para financiar la operación de una empresa particular mediante estos recursos, de la cual el propio ex gobernador Elorduy es socio a través de su hija y de su apoderado Francisco Javier Molina Robles.
Seis. Se exhorte al gobierno del estado de Baja California para que, conforme a la ley, acate las disposiciones judiciales en la materia y el predio mencionado en este texto se restituya de inmediato a su legítimo propietario, señor Ramón Eugenio Sánchez Ritche, e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto se llevan a cabo.
Siete. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Congreso y al Poder Judicial del estado de Baja California para enterarlo del caso, solicitándole respetuosamente realice las acciones que considere pertinentes.
Ocho. Por tratarse de un asunto de carácter internacional que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos casos al lado de la frontera, se haga llegar la presente denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, para que se produzca una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncie a la Empresa Sempra Energy que presuntamente cometió violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, para que las autoridades de dicho país investiguen lo conducente, desde el ámbito de su propia Secretaría.
Aquí están las copias de los cheques para que se llevara a cabo...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, señor diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Termino, presidente. Para que se hiciera el espionaje aquí en México por parte de una empresa norteamericana.
Por todo esto, señor presidente, le pedimos lo que estamos solicitando y que se inscriba el texto en su totalidad en el libro de actas de esta soberanía.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las operaciones que el consorcio extranjero Sempra Energy realiza en México, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal José Narro Céspedes de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesSempra Energy fue fundada en 1998 en la ciudad de San Diego, Estados Unidos. Sus filiales Sempra Generation, Sempra LNG, Sempra Pipelines and Storage, San Diego Gas and Electric y Southern California Gas, Company no están reguladas por la California Public Utilities Commission (Comisión Reguladora de los Servicios Públicos del Estado de California).
En 2001, la empresa Enron simuló una escasez de gas en el estado de California, desviando perversamente los envíos de gas natural que venían desde el estado de Texas, a los estados de Oregon y Washington provocando que los precios de electricidad al público consumidor se elevaron artificiosamente de seis dólares el millar de pies cúbicos de gas natural a más de sesenta dólares en seis meses.
Dicha ``crisis'' se hizo provocando apagones del abastecimiento de electricidad de forma aviesa, causa por la cual dimitió el gobernador Gray Davis en el año 2003 y que centenas de miles de usuarios de la electricidad en el sur de California denunciaran públicamente el fraude, logrando un fallo a su favor para que las empresas productoras de electricidad privadas, les tuvieran que regresar más de 800 millones de dólares a dichos consumidores.
En ese contexto Sempra Energy adquiere San Diego Gas and Electric la cual se había declarado en bancarrota, al tener que afrontar todas denuncias, por ello no le fue posible instalar nuevas plantas generadoras de energía eléctrica en el sur de California, ni ninguna autorización para que pudiese construir en las costas del océano Pacífico, ni en California, ni en Oregon, ni en el estado de Washington, una estación de carga y descarga de gas natural licuado, no sólo por su desprestigio sino porque las regulaciones de seguridad nacional, y las de control ambiental, se lo impidieron tácita y contundentemente.
Sin embargo, Donald E. Felsinger, director ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de Sempra Energy, encontró como suele decir un ``santuario regulatorio'', que le permitió introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California, situando sus peligrosas y altamente contaminantes instalaciones en un lugar sin restricciones de ninguna especie, pagando un costo muy bajo: México.
Gracias a las gestiones del gobernador Eugenio Elorduy, quien ante el entonces presidente Vicente Fox y luego de una intensa campaña publicitaria en los medios logró que Sempra Energy obtuviera los permisos de las autoridades mexicanas para construir, tanto una planta generadora de electricidad en el valle de Mexicali, como la estación de descarga marítima de gas licuado, para someterlo a un proceso de regasificación y enviarlo al mercado energético del sur de California, sin tener que enfrentar la inamovible e insobornable legislación norteamericana, que le prohibió tal actividad.
Para lograr su objetivo, Elorduy se apoderó de la empresa GNL de Mexicali, S de RL, de CV, a través de su hija Érika, e inmediatamente se asoció con Sempra Energy, de Energía Costa Azul, S de RL, de CV. Posteriormente, estas dos empresas se fusionaron, para operar la estación de descarga y regaseadora, en la costa ``turística'' del municipio de Ensenada.
Así, en una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del anterior sexenio y algunas del actual como la CFE, transformaron a Baja California en un campo experimental, para establecer empresas mercantiles al margen de la legislación bajo el disfraz de integración económica. Se cedió territorio y activos, permitiendo la interferencia extranjera en asuntos nacionales y la utilizaron de la fuerza del Estado para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell, como la principal usufructuaria de los negocios del gas natural licuado, para el mercado del sur de California.
El 30 de enero del 2003 el pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la concentración entre Sempra Energy México, SA de CV, y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S de RL de CV, en la cual la principal socia es Érika Elorduy Blackaller, hija del ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, según consta en la partida 5152907 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mexicali, el 7 de agosto del mismo año, le entregaron el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural a la empresa Energía Costa Azul S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
Una vez consolidada la fusión entre la empresa Sempra Energy y la empresa de la hija del ex gobernador, se consolidó la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy en enero del 2006 y respaldados en una supuesta operación de compra-venta realizada entre la señora Elodia Gómez Castañón y Sempra Energy, los cuerpos policíacos de Baja California, desalojaron del terreno a su legítimo propietario el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, el cual fue acusado de despojo de su propio terreno, no obstante que la señora Gómez Castañón había fallecido un año y medio antes de realizada dicha operación.
Expertos juristas, han coincidido que de haberse conocido todas y cada una de las pruebas, que en este momento se están conociendo, el Ministerio Público hubiera impedido la entrega en propiedad del terreno a Sempra Energy. La urgencia se debió a la necesidad que tenía y tiene Sempra Energy, para cumplir con los requerimientos normativos en materia de medio ambiente, que las leyes mexicanas exigen en una obra de esta naturaleza, como es la zona de amortiguamiento para evitar posibles contingencias, desgracias humanas en caso de desastres, y posibles explosiones, las cuales son un peligro constante en este tipo de instalaciones.
Este entramado fue llevado a cabo por Francisco Javier Molina Robles, ex compañero de Elorduy en el Tecnológico de Monterrey, que fungió como apoderado legal de la empresa propiedad de Érika Elorduy, y por el secretario general del gobierno de Elorduy, el señor Bernardo Martínez, actualmente empleado de Sempra Energy e incluso se elaboró una estrategia para mentir, manipular y ocultar información desde Estados Unidos con servicios policíacos para espiar e investigar a instituciones mexicanas y a ciudadanos, a jueces, secretarios de juzgados, magistrados, y autoridades estatales, y particularmente al dueño del predio. Como prueba acompañamos este texto con los informes de espionaje y copia de los cheques expedidos por la empresa Sempra Energy para el pago de dichos servicios, así como copias que documentan lo aquí expuesto.
No obstante lo antipatriótico, sucio y deleznable de los hechos antes narrados, de la corrupción desenfrenada y del tráfico de influencias, todavía falta por explicar el evento que en mayor medida exhibe la ambición voraz y connivencia repugnante del gobierno de Baja California, bajo la titularidad de Eugenio Elorduy Walther. La obra más magnificente, la más publicitada, y la que a su vez explica el grado de indecencia de un gobernante como Elorduy, es lo que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles que se construyó con recursos públicos federales y estatales, con el avieso propósito de cruzar tres municipios y cientos de predios de particulares y ejidales, tanto en el corredor turístico de Ensenada, como por la orilla este del poblado o cabecera municipal de Playas de Rosarito, y por una parte del fundo legal del municipio de Tijuana, cuyo único y perverso propósito fue el de llevar en medio (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga hasta el territorio de Estados Unidos de América, que hace en línea recta una distancia de 63 kilómetros, pero por la vía paralela a la carretera mencionada, es posible que supere los 80 kilómetros.
Dicha obra pública, nadie se la solicitó a Elorduy cuando era candidato y menos ofreció construirla. Por la prensa nos enteramos que costaría inicialmente 650 millones de pesos, poco tiempo después informaron que había aumentado a 850 millones, luego, cuando ya habían erogado más de mil 200 millones de pesos, dijeron que estaban a un 15 por ciento de terminarla. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a muy cerca de los 2 mil millones de pesos, posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox Quezada, se aceptó que había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
Lo anteriormente expuesto, es una abierta violación a la soberanía nacional, al Poder Judicial de Baja California y una afrenta al pueblo de México. Queremos fundamentar esta denuncia, motivados en los preceptos del texto constitucional, tal como corresponde a la conducción de una sana política, ante el pleno de esta elevada tribuna de la nación, subrayando lo ordenado en el párrafo sexto del artículo 27, que a la letra transcribo: ``Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.''
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se turne a la Junta de Coordinación Política para que esta, a su vez proponga al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la conformación de una comisión plural y paritaria para investigar las causas y los efectos de las políticas federales y estatales del sexenio pasado que permitieron convertir a Baja California en el abastecedor de energía y gas natural, del sur de los Estados Unidos.
Segundo. Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los relativos de la Ley Federal de Competencia Económica; dado que sus actividades en el país se ubican al margen de lo que permite la Carta Magna, y además se constituye en un monopolio, el Gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California.
Tercero. Se turne a la Comisión de Medio Ambiente para que esta solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental, las bases, los criterios y documentos sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada.
Cuarto. Se turne a las comisiones de Justicia tanto de la Cámara de Diputados como a la de Senadores y a su vez estas hagan llegar a la Secretaría de Gobernación, las copias que documentan las acciones de espionaje y los cheques pagados por Sempra Energy, para que por los conductos oficiales, se establezcan las acciones legales correspondientes contra dicha empresa que ha violado la soberanía nacional, y se informe de las mismas a esta legislatura.
Quinto. Se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que a su vez esta investigue en el monto de los recursos federales que se le asignaron al gobierno del estado de Baja California, en la administración del ciudadano Eugenio Elorduy Walther, con destino de la obra denominada "Corredor 2000", y que se dé parte a la Procuraduría General de la República, ya que se trata de un flagrante desvío, además del evidente "tráfico de influencias" para financiar la operación de una empresa particular, de la cual el propio ex gobernador Elorduy es socio, a través de su hija y su apoderado, Francisco Javier Molina Robles.
Sexto. Se exhorte al gobierno del estado de Baja California, para que conforme a la ley, acate las disposiciones judiciales en la materia y el predio mencionado en este texto se restituya de inmediato a su legítimo propietario el señor Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto lleve a cabo.
Séptimo. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Congreso y al Poder Judicial del estado de Baja California para enterarlos del caso, solicitándoles respetuosamente, realicen las acciones que consideren pertinentes.
Octavo. Por tratarse de un asunto de carácter internacional, que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos lados de la frontera, se haga llegar la presente denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a las comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados para que produzcan una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos de América, en la que se denuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la "Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero", (Foreign Corrupt Practices Act FCPA) para que las autoridades de dicho país, investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como usted lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, yse turna el primer punto a la Junta de Coordinación Política y del punto segundo al octavo a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México.
No se encuentra presente en estos momentos la diputada Leticia Quezada Contreras . Pasa al final del capítulo su proposición para su desahogo.
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agrariay Desarrollo Rural.
El diputado José Narro Céspedes: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, queda planteado en esta legislatura, aunque no con precisión por parte del Ejecutivo federal, la propuesta de desa-parecer la Secretaría de Reforma Agraria.Pensamos que por un lado se plantea su desaparición, pero por otro lado también se plantea que sus funciones continúen, y entonces viene el mismo presupuesto, viene un presupuesto asignado. Entonces, dice uno: desaparece, pero las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria --que se encuentran lamentablemente únicamente en la Constitución y en la Ley Federal de la Administración Pública Federal, porque no aparecieron en la Ley Agraria--, se van a cumplir por otra dependencia. Por eso no entendemos nosotros las motivaciones que pudieran justificar su desaparición.
Pero no nada más eso, es claro que la reforma agraria juega un papel fundamental para la seguridad y para la tranquilidad del campo mexicano y es importante que exista una secretaría también, que pueda ayudar y coadyuvar a la regularización y al gran problema que se presenta ahora en el mercado de tierras en este país. Tenemos que actuar.
Anteriormente, la Secretaría de la Reforma Agraria regulaba 74 millones de hectáreas en el país y actualmente, con la desamortización de las tierras ejidales y comunales, estamos hablando de 177 millones de hectáreas que pasan al mercado de tierras y se requiere que haya un organismo que permita que realmente se aplique la justicia agraria y que no haya todo un proceso de despojo, de atropellamiento contra los legítimos propietarios de la tierra.
Sin dejar de señalar que, sobre todo las tierras comunales e indígenas del país, la mayor parte se encuentran en conflicto y no están regularizadas, y hay una deuda pendiente muy importante del gobierno federal con este importante sector del campo de nuestro país.
Ante estos argumentos que estamos planteando, para buscar resumir un poco nuestra propuesta, lo que estamos proponiendo fundamentalmente es que la Secretaría de la Reforma Agraria se transforme en Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, como pasa en otros países --como Brasil donde hay una secretaría que se dedica a los agronegocios, que es el papel que juega la Secretaría de Agricultura--, pero también que haya una secretaría que se dedique a atender a la agricultura campesina y al pequeño productor. Este papel fundamental que de forma limitada tiene en este momento la Reforma Agraria, creo que habría que fortalecerlo y potenciarlo, con todo lo que tiene que ver con la capacitación, el apoyo y asesoría que requiere este importante sector, base fundamental de la soberanía alimentaria en nuestro país.
Por esto planteamos el siguiente punto de acuerdo:
Único. Que esta soberanía, por conducto de la Presidencia, instruya a las Comisiones de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, para que elaboren el proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se integraría con las áreas que actualmente la conforman y en la cual se sectorizaría la subsecretaría de Desarrollo Rural y algunas otras funciones a cargo de la Sagarpa, como el Registro Nacional Agropecuario, que pasaría a manos de la Reforma Agraria, así como de la Corett y algunos programas sociales operados por la Sedesol, como es el caso de opciones productivas.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para elaborar un proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por medio del cual se promueve la creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa propuesta planteada por la Presidencia de la República en el sentido de desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria del organigrama de la administración pública federal, constituye una propuesta completamente errónea. Se trata de una decisión tomada en evidencia sobre las rodillas que refleja la incapacidad gubernamental de generar estrategias inteligentes y apropiadas para sortear exitosamente la crisis económica nacional.
Lo grave es que ello revela un supino desconocimiento de lo que en materia agraria está sucediendo en este momento en el campo mexicano, hecho que resulta alarmante dado que se trata de una propuesta emanada de quien tiene la responsabilidad constitucional de planear y dirigir el desa-rrollo del país.
No obstante, en el Congreso de la Unión algunas voces han respaldado y elogiado la medida sin antes reflexionar un ápice en torno a sus posibles implicaciones. Es más, no falta quien cree que con ello se le hace un bien a la patria y al campesinado mexicano.
Y ¿saben por qué?
Porque durante las últimas administraciones presidenciales se nos ha vendido la idea, totalmente falsa e insostenible, de que la cuestión agraria nacional está resuelta, idea que aprovechando la pereza mental que campea socialmente en este país, ha venido echando raíces en el imaginario colectivo. Nada más apartado de la realidad.
El campo mexicano es, hoy por hoy, uno de los principales escenarios donde se debate el futuro del país. Más allá de atavismos agraristas trasnochados, se debe reconocer que en el sector rural se vive una transformación que a pasos agigantados viene modificando el mosaico nacional de la propiedad del suelo sin que --dadas las circunstancias actuales-- se pueda predecir a ciencia cierta en qué vaya a desembocar.
Lo malo de los procesos agrarios de carácter estructural es que por lo regular no se ven. Estos transcurren de manera ininterrumpida y silenciosa, corriendo como una película muda en el telón de fondo, y no es sino hasta que sus efectos se manifiestan ruidosamente en los indicadores sociales y en la estabilidad política cuando nos damos cuenta de lo trascendentales que son para la paz pública y la gobernabilidad del país.
La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional no fue una medida epidérmica. A la par de la cancelación del reparto agrario detonó procesos territoriales de gran envergadura que por su naturaleza estructural mostrarán a largo plazo sus efectos. Suprimir en este momento la Secretaría de la Reforma Agraria equivale a dejar al capricho del viento la nave en que viajamos todos esperando que un milagro o el azar nos lleven a buen puerto.
Los argumentos que nos llevan a sostener que la desaparición de la SRA constituiría un monumental desacierto son los siguientes:
Primero. La SRA ejecuta exclusivamente funciones que le son asignadas por la Constitución y por la Ley Agraria (las cuales se reflejan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), que para ser suprimidas obligarían a modificar previamente dichos ordenamientos. Ello significa que podría cambiarse al órgano que las cumple, mas no desaparecer las funciones.
El artículo tercero transitorio del artículo 27 de la Carta Magna concerniente al desahogo de los asuntos en materia de ampliación, dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, establece que la SRA continuará desahogando los expedientes en trámite de conformidad con la legislación derogada en 1992 (la Ley Federal de Reforma Agraria).
Dichos expedientes no sólo deben ser puestos en estado de resolución y remitidos a los tribunales agrarios por la SRA, sino que además ésta debe permanecer a disposición de aquéllos para efectos de la eventual realización de trabajos técnicos que en su carácter de autoridad responsable debe reponer, función que se debe cumplir hasta en tanto no se desahogue el último expediente de tierras.
Esto es, existen funciones de carácter constitucional que tienen qué ver con la garantía social de la entrega de la tierra, que --hasta en tanto el rezago agrario no se abata totalmente-- deberán seguir siendo cumplidas por la dependencia responsable.
Las funciones sustantivas que le son asignadas a la SRA por la Ley Agraria y sus reglamentos, concretamente son:
Estas funciones deben seguir cumpliéndose por ley, pues su rango jurídico no da margen a la discrecionalidad del Estado. El Congreso de la Unión está jurídicamente imposibilitado para desaparecer funciones que las leyes asignan a las dependencias públicas si antes no deroga dichas leyes.
En consecuencia, si actualmente la SRA se limita a hacer lo que las mencionadas normas le obligan --y ello tendría que seguir haciéndose siendo o no tal dependencia una secretaría--, no se ve por ningún lado en dónde se encuentra la reducción del gasto presupuestal que supuestamente su desaparición acarrearía, ya que dichas funciones tendrían que seguir efectuándose por algún otro ente de la administración pública federal y por el mismo personal que hoy lo realiza aun cuando su expresión se haya reducida al mínimo.
Segundo. El Estado mexicano todavía tiene una deuda pendiente con las comunidades agrarias, especialmente, con las de origen indígena. Dicha deuda se traduce en la obligación del gobierno de reivindicar los derechos territoriales de los pueblos indios, saneando la situación jurídica de la totalidad de las comunidades que existen en el país, tanto las de hecho como las de derecho, cuyas condiciones de vida no han mejorado pese al transcurso de los años.
Existe un alto número de conflictos de carácter jurídico-político que aqueja a las comunidades agrarias cuya resolución no se encuentra en los textos positivos del derecho mexicano sino en las normas consuetudinarias de nuestras etnias. Dichos conflictos quedaron fuera de la política de focos rojos y amarillos simplemente por falta de sensibilidad de los funcionarios, cuyas concepciones difieren del pensamiento occidental tradicional.
En tanto no se resuelva hasta el último problema legal que afecte los terrenos propiedad de las comunidades agrarias, el gobierno mexicano tiene el impedimento moral de cancelar el único conducto por medio del cual se ha avanzado en esa dirección. Se trata de una deuda ancestral que debe saldarse en aras de la dignificación de nuestra cultura y del reconocimiento del derecho primigenio de los pueblos indios sobre el territorio nacional.
Tan sólo voy a mencionar tres casos: la comunidad de Juchitán, Oaxaca, que abarca una superficie de 35 mil hectáreas; la comunidad de Santiago Tlacotepec, Guerrero, asentada en 285 mil hectáreas; y la comunidad de Ostula, en Michoacán, con 14 mil hectáreas, cuyos problemas son altamente conflictivos.
A diferencia de los ejidos, los cuales ya fueron beneficiados con un intenso programa de regularización a través del Procede, las comunidades no han podido ser regularizadas pese a que su número es 10 veces menor al de aquéllos. Si bien se han emprendido tímidamente algunas acciones por conducto del programa denominado Procecom, éste se reduce a medir las poligonales y delimitar los linderos exteriores sin regularizar los derechos individuales.
El Estado mexicano no puede retirarse de la palestra agraria sin cumplir su compromiso para con las comunidades, se trata de un deber irrenunciable constitucionalizado --desde 1917-- que le impide abdicar de tal obligación. En ese sentido, mientras los problemas de las comunidades y pueblos indios no se resuelvan, el gobierno federal se encuentra moralmente obligado a mantener una estructura administrativa con esa función. Desde esta perspectiva, por ética, la SRA no debe desaparecer.
Tercero. Es claro que la función de la SRA no ha sido comprendida. Todo indica que la mayor parte de la gente la ve como una dependencia meramente tramitadora de acciones de creación de ejidos y restitución de tierras a las comunidades, visión que bajo la lógica de la terminación del reparto agrario justifica la desaparición de dicha secretaría.
Sin embargo, más allá de la función técnica desempeñada en el proceso de reparto de la tierra, la SRA ha cumplido un importante papel de carácter político-jurídico que le ha permitido fungir como efectivo garante de la gobernabilidad en el sector rural y exitoso canalizador de las disputas por las vías legales. Esta tarea no es simbólica ni puede ser llevada a cabo por un ente improvisado que carezca de la experiencia y de la preparación para ello. Ahí radica una de nuestras fortalezas.
La SRA tiene tras de sí una larga trayectoria administrativa cuyo antecedente directo se remonta a casi ya 100 años, en cuyo transcurso ha evolucionado conforme a las circunstancias. Como se sabe, en 1915 nació como Comisión Nacional Agraria; luego, en 1934, se convirtió en Departamento Agrario; que en 1958 se transformó en Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; para, finalmente desde 1971, adquirir el rango de Secretaría bajo la denominación de Reforma Agraria.
Si bien se puso fin al reparto agrario, el problema de la tierra y del campesinado mexicano subsiste. Por un lado siguen presentes agudos conflictos de viejo cuño cuya resolución es competencia directa de dicha secretaría; y, por el otro, a la luz de las reformas de 1992 a la legislación agraria, afloró un nuevo tipo de controversias que hace imperativa la implementación de políticas públicas acordes a la nueva realidad.
En ese marco, la SRA no sólo no debe desaparecer sino que además debe ser reforzada y modernizada con la finalidad de que responda eficientemente a las necesidades de la realidad actual, las del siglo XXI, tal como ha venido ocurriendo desde su aparición. No cometamos la imperdonable pifia de clausurar la mejor válvula de escape que la creciente irritación campesina ha encontrado hasta ahora.
Cuarto. Hasta 1992 el mercado de tierras rústicas en nuestro país rondaba apenas los 74 millones de hectáreas. Con la reforma al artículo 27 constitucional se liberó el estatuto jurídico de la propiedad ejidal y comunal de suerte las 103 millones de hectáreas de propiedad social que había en ese momento en el país se incorporaron al comercio, con lo cual el mercado de tierras pasó de 74 a 177 millones de hectáreas.
Dicho de otro modo, las reformas de 1992 desamortizaron la tierra ejidal y comunal poniendo fin al estancamiento jurídico que las caracterizaba. Este hecho no solamente elevó en un 150 por ciento el tamaño del mercado de tierras, sino que también aceleró el proceso de transferencia de la propiedad. Debiendo aclarar que para que la tierra circule no es necesario que ésta se enajene, también puede hacerlo por vía de la transmisión de su uso y usufructo.
Efectivamente, las reformas constitucionales de 1992 no hicieron sino continuar lo empezado por los liberales de la Reforma a mediados del siglo XIX con la Ley de Desa-mortización de Bienes de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (o Ley Lerdo), de modo que nos encontramos inmersos en un proceso en el que la tierra está cambiando intensa y rápidamente de manos.
Si con la desamortización detonada por la Ley Lerdo la falta de mecanismos reguladores del mercado y de una legislación que combatiera el acaparamiento de tierras propició el agrandamiento de los latifundios y la multiplicación de las haciendas, habiendo sido la causa de un estallido social, no debemos permitir que la desamortización percutida por la que podemos llamar ``Ley Salinas'' desemboque en graves conflictos sociales.
En tanto la estructura de la tenencia de la tierra se encuentre en un movimiento tan intenso como el registrado actualmente, es necesario que el Estado incida en el proceso de transferencia y conversión de la propiedad a fin de evitar desequilibrios y depredaciones que pongan en riesgo la estabilidad política del país. De ahí la importancia de que el gobierno intervenga en el proceso operando como regulador de los mercados y compensador de los desbalances, tarea que nadie puede realizar mejor que la SRA.
Quinto. La situación jurídica de la mayor parte de la República Mexicana en términos del ordenamiento de la propiedad resulta desastrosa. Si se considera que abajo del municipio y de la comunidad, la propiedad constituye la célula básica de la planeación del desarrollo rural, es claro que estamos ante una situación que en nada ayuda al progreso del país.
El desenvolvimiento agrario de la nación debe alinearse a los planes y programas de desarrollo rural. El comportamiento de los mercados y el perfil que vaya a asumir la estructura agraria en los próximos años debe responder a las directrices que los grandes objetivos nacionales les señalen. Dejar las cosas a la inercia de los acontecimientos no sólo pondría en entredicho el logro de las metas trazadas por los planes de gobierno sino que además atentaría contra la búsqueda de la justa distribución de la riqueza y pondría en riesgo la tranquilidad del campo.
En la tesitura del desarrollo sustentado en la nueva ruralidad frente a la cual se arrostran nuevos desafíos, es conveniente solventar nuestras debilidades y bregar en la dirección que nos permita sacar ventaja de las mismas.
Qué mejor oportunidad para la revisión de la ingeniería administrativa del gobierno federal, que estos momentos de imperativo ahorro de recursos. Sin embargo, ello debe hacerse con sentido estratégico y respetando el rumbo que marcan las leyes (en este caso, la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable), no con el obtuso criterio de recortar lo que parezca más fácil.
Si la SRA efectúa funciones que tienen que seguirse realizando, en lugar de fragmentarla y repartir el cumplimiento de aquéllas entre diversas secretarías, en particular la Sagarpa y la Sedesol, parece muchísimo más sensato, quitar a éstas las funciones que no corresponden estrictamente a su sector y transferirlas a la SRA, con lo cual, si no se aligera el gasto sí se logra mucha mayor eficiencia operativa, pues, por un lado se fortalece la conducción del desarrollo agrario y, por el otro, se aligera a dichas dependencias de la carga operativa que representa el desarrollo de tales funciones.
Por añadidura se imprimiría a la administración pública federal una conformación más acorde con el enfoque territorial del desarrollo rural, dado que su estructura le ayudaría a maniobrar en orden a los nuevos requerimientos, implementando políticas públicas agrarias de amplio espectro que le permitirían cubrir desde los procesos agrarios estructurales mencionados hasta los procesos colaterales como: la feminización de las actividades rurales, el envejecimiento de los propietarios, la emigración de la población rural, la extrema pulverización de los predios, la proliferación de los asentamientos humanos irregulares, etcétera.
En su calidad de ente pensante del gobierno mexicano, el Congreso de la Unión tiene la indelegable obligación de tomar medidas preventivas tendentes a normar y orientar el comportamiento del campo desde la perspectiva del desarrollo agrario, a proteger a la propiedad rústica, a combatir a la pobreza y a impulsar la justa distribución de la riqueza.
En este momento en que la crisis económica impele a buscar salidas inteligentes para amortiguar sus efectos en las finanzas públicas, conmino a todos ustedes a acomunar intereses en beneficio de la nación y a tratar de sacar ventaja de nuestras escasas fortalezas, para lo cual propongo el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. Que esta soberanía, por conducto de su Presidencia, instruya a las Comisiones de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural para que elaboren el proyecto de creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se integraría con las áreas que actualmente la conforman y en la cual se sectorizaría la Subsecretaría de Desarrollo Rural y algunas otras funciones a cargo de la Sagarpa (como el Registro Nacional Agropecuario), así como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y algunos programas sociales operados por la Sedesol.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Narro Céspedes.Túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.
La proposición a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, se pospone a petición del grupo parlamentario.
Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN. Nos pide la diputada posponer la presentación de su proposición con punto de acuerdo.
INFLUENZA AH1N1
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se insta a la Secretaría de Saluda implementar una campaña nacional en los medios masivos de información sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la adquisición y aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado presidente.El pasado lunes 21 del presente, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que el país está en alerta intermedia debido al incremento de casos de gripe causada por el virus AH1N1. También informó que la vacuna contra este virus únicamente será distribuida por el sector público y de manera gratuita.
Asimismo, ratificó que el gobierno federal adquirirá 30 millones de dosis para combatir el virus en esta segunda etapa pandémica, para lo cual --aseguró-- se disponen de 500 millones de pesos para la adquisición de la vacuna a los laboratorios europeos.
También recordó que las dosis se aplicarán a los grupos que la Secretaría de Salud federal determine, en virtud del riesgo, como es el personal médico y militar, entre otros.
El secretario Córdova Villalobos admitió ante los medios masivos de información que personas sin escrúpulos están vendiendo u ofreciendo a la población la adquisición de vacunas contra la influenza, por lo que hizo un llamado para no caer en este engaño.
El ofrecimiento o la venta de las falsas vacunas ha comenzado a inundar diversos espacios publicitarios con anuncios como los siguientes: ``Ya tenemos la vacuna contra la influenza. Adquiérala aquí'' o ``Protégete contra la influenza. Apártala con 100 pesos''. En otros casos simplemente se proporcionan los números telefónicos para adquirirla.
En el interior del país este tipo de acciones fraudulentas también comienza a generalizarse, como ocurrió en Michoacán, cuyo gobierno lanzó una alerta para prevenir a la población de no adquirir las falsas o inservibles vacunas contra la influenza pandémica.
Es por ello que estamos proponiendo instar a la Secretaría de Salud a implantar una campaña de información a nivel nacional. De esta manera, como dice la publicidad oficial: ``Es mejor prevenir que lamentar''.
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter ante el pleno de esta honorable soberanía, la proposición con el siguiente punto de acuerdo:
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados insta a la Secretaría de Salud a que implemente una campaña nacional, a través de los medios masivos de información, en particular en hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la aplicación de la vacuna contra la influenza AH1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas.
Segundo. También insta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar que los establecimientos o giros comerciales farmacéuticos no incurran en la práctica dolosa y fraudulenta con la venta de falsas vacunas, y si fuera el caso, que aplique la normatividad conducente en la materia.
Es todo, señor presidente. Pido se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se insta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional en los medios de información masiva, en particular en los hospitales públicos y en los privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para adquirir y aplicar la vacuna contra la influenza AH1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas; y a la Profeco, a vigilar que los establecimientos y giros comerciales no incurran en prácticas dolosas, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para instar a la Secretaría de Salud a que implante una campaña en los medios masivos de información y en los hospitales públicos y privados sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la adquisición y aplicación de la vacuna contra la influenza A H1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsa contra el nuevo virus pandémico, y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que vigile que los establecimientos y giros comerciales farmacéuticos no incurran en esas prácticas dolosas al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado 21 de septiembre del presente, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que el país estaba en alerta intermedia debido al incremento de casos de gripe causados por influenza A H1N1. También informó que la vacuna contra este virus únicamente sería distribuida por el sector público y de manera gratuita. Para no dejar lugar a dudas, precisó que el sector privado de salud ``no tendrá acceso a la compra de esta vacuna, ya que es un compromiso de los laboratorios europeos con los que México acordó su adquisición''.*
Asimismo, ratificó que el gobierno federal adquiriría 30 millones de dosis para combatir el virus en esta segunda etapa pandémica, para lo cual aseguró se disponían de 500 millones de pesos para la adquisición de la vacuna a los laboratorios europeos. También recordó que las dosis se aplicarán a los grupos que la Secretaría de Salud federal determinara en virtud del riesgo, como es el personal médico y militar, entre otros.
Un día después, el martes 22, el secretario Córdova Villalobos admitió en los medios masivos de información que personas sin escrúpulos estaban vendiendo u ofertando a la población la adquisición de vacunas contra la influenza, por lo que hizo un llamado para no caer en este engaño. Explicó que las vacunas ciertamente podían ser contra la influenza, pero eran de una cepa de hace más de 30 años o bien eran contra la influenza estacional, pero en ninguno de los casos servían para atacar el nuevo virus A H1N1.
El secretario de Salud insistió que la dependencia a su cargo era la única facultada para la adquisición y aplicación de las dosis, las cuales, aclaró, llegarían al país a partir de noviembre y serían distribuidas y administradas por las instituciones públicas de salud a los grupos que la Secretaría de Salud determinara en virtud del riesgo; en primer lugar, al personal médico.
Pero el ofrecimiento o la venta de las falsas vacunas ha comenzado a inundar diversos espacios publicitarios con anuncios como los siguientes: ``¡Ya tenemos la vacuna contra la influenza!; adquiérala aquí'' o ``Protégete contra la influenza; apártala con 100 pesos''; en otros casos, simplemente se proporcionan los números telefónicos para adquirirla.
En el interior del país, este tipo de acciones fraudulentas también comienzan a generalizarse, como ocurrió en Michoacán, cuyo gobierno lanzó una alerta para prevenir a la población de no adquirir las falsas o inservibles vacunas con la influenza pandémica.
El asunto no sólo implica un fraude económico a las personas que cayeran en el garlito de adquirir las supuestas vacunas. Lo peor es que estarían poniendo en riesgo su salud y su vida, porque de nada les servirían para combatir el nuevo virus pandémico.
Es por ello que estamos proponiendo instar a la Secretaría de Salud a que implante una campaña a nivel nacional de información para prevenir a la población de que no adquiriera vacunas que oferten personas, médicos en lo particular, establecimientos del ramo farmacéutico o cualquier otro giro comercial, aclarando que la Secretaría de Salud es la única facultada para su adquisición y aplicación de manera gratuita.
Asimismo, proponemos que la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus facultades, que vigile que los establecimientos o giros comerciales farmacéuticos no incurran en esa práctica dolosa y, si es el caso, que aplique la normatividad conducente.
De esta manera, como dice la publicidad oficial, es mejor prevenir que lamentar.
Por lo fundado y motivado, me permito someter ante el pleno de esta honorable soberanía la proposición con los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. El pleno de la Cámara de Diputados insta a la Secretaría de Salud a que implante una campaña nacional a través de los medios masivos de información, en particular en hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la aplicación de la vacuna contra la influenza A H1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas contra el nuevo virus pandémico, que estén ofertando farmacéuticos, consultorios médicos, laboratorios, distribuidores y anunciantes de productos de salud.
Segundo. También insta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que vigile que los establecimientos o giros comerciales farmacéuticos no incurran en la práctica dolosa y fraudulenta de la venta de falsas vacunas y, si fuera el caso, que aplique la normatividad conducente en la materia.
Nota: * Declaración del secretario de Salud, José Ángel Córdova, publicada en el periódico La Jornada en línea, del 22 de septiembre de 2009.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Guajardo Villarreal. Como lo solicita, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates yse turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.
REGLAMENTO DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre del 2009.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con la venia de las compañeras diputadas y de los compañeros diputados. Efectivamente, durante septiembre de este año se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, distintos reglamentos a las leyes aprobadas el año pasado en materia petrolera, en particular este Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.Este reglamento tiene como finalidad continuar con la privatización en el sector energético. Si ya de por sí las leyes aprobadas en materia petrolera, el año pasado, violentaron claramente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República --porque la explotación de los hidrocarburos solamente corresponde a la nación, se trata de actividades estratégicas que son exclusivas del Estado, y es a través del sector público que se debe realizar la explotación--, al permitirse la intervención de particulares, sobre todo de empresas de servicios y petroleras extranjeras, estos reglamentos, en particular éste de la Ley de Petróleos Mexicanos, continúan con este proceso de privatización.
Por ejemplo, señala el reglamento la existencia de una industria petrolera estatal, categoría jurídica no prevista ni siquiera en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Está violentándose entonces la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos.
Conforme al artículo 73, fracción X, de la Constitución, solamente el Congreso puede legislar en materia de hidrocarburos y, desde luego, los reglamentos no pueden ir más allá de la ley.
Pero no solamente eso, sino que el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos cede al sector privado importantes actividades de la industria petrolera que están reservadas a la nación y al Estado.
Y además se permite a los contratistas o se faculta para que los contratistas puedan ser retribuidos mediante esquemas no previstos en la Ley de Petróleos Mexicanos.
Por todo lo anterior considero que hay violaciones claras, evidentes, a la Constitución y, sobre todo, a las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos.
Por eso estoy solicitando muy atentamente que la Secretaría General, por conducto del área de Servicios Jurídicos de esta Cámara, realice un estudio jurídico, concienzudo, a este Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y se determine si hay o no violaciones a la Constitución y a las propias leyes aprobadas en materia de petróleo el año pasado y de haber estas violaciones, se establezcan los mecanismos, los recursos que procedan para hacer valer la inconstitucionalidad y la ilegalidad de estos reglamentos. Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, compañeros.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2009, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta como asunto de obvia y urgente resolución proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Secretaría General de la Cámara de Diputados realice un análisis constitucional y legal del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos publicado el día 4 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosEl día 4 de septiembre del año en curso, el titular del ejecutivo federal publicó el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Desde nuestro punto de vista el Reglamento es contrario a la Constitución General de la República y a la propia Ley de Petróleos Mexicanos. Se trata de un reglamento que violenta las competencias del Congreso de la Unión previstas en la fracción X del artículo 73 de la Constitución, pues sólo a éste corresponde legislar en materia de hidrocarburos. El Reglamento en cuestión va más allá de la ley e infringe el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución. Contradice los principios constitucionales previstos en los artículos 25, 27 y 28 que determinan la exclusividad de la Nación y del Estado vía el sector público en la explotación del petróleo e hidrocarburos. Y, además violenta el principio de reserva de ley en materia de adquisiciones y de responsabilidades, pues sólo a través de ley, se pueden normar esas actividades como lo disponen los artículos 113 y 134 de la Constitución. Las razones que a continuación se exponen son deudoras del análisis que el doctor Víctor Rodríguez Padilla realizó al respecto y, que el suscrito hace suyas:
1. El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos clasifica las actividades petroleras. Al hacerlo restringe la exclusividad de la Nación en la materia y va más allá de la Constitución y de la ley que norma
El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece en su artículo 2 fracción IX la definición siguiente:
Cabe destacar que la ``industria petrolera estatal'' no está definida ni en la Constitución ni en la Ley de Petróleos Mexicanos ni en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. De esta última se desprende lo siguiente:
Lo que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo llama ``industria petrolera'' el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos llama ``industria petrolera estatal''.
Es claro que el reglamento traduce el ánimo de hacer una distinción entre lo público y lo privado, lo cual es contrario a la letra y espíritu de los artículos 27 párrafo sexto, 25 párrafo cuarto y 28 párrafo cuarto de la Constitución.
La ``industria petrolera estatal'', tendría en oposición algo a lo que podría denominarse ``industria petrolera no pública'' o ``industria petrolera privada'' constituida por las actividades en las que puede participar, mediante permisos, cualquier tipo de organismos, empresas públicas, privadas o mixtas.
En otras palabras, en la lógica del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos existe una ``industria petrolera pública'' reservada a la nación que comprende las actividades mencionadas en el artículo 2 y 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo. Su contraparte es una ``industria petrolera no reservada a la nación'' abierta a la participación de quién lo desee, provenga del sector social, privado o público, y comprende las actividades mencionadas en el artículo 4 de la ley reglamentaria.
El conjunto de actividades comprendidas en la ``industria petrolera pública'' y la ``industria petrolera no reservada a la nación'' constituyen lo que en la práctica internacional se conoce como industria petrolera e industria petroquímica.
Sin embargo, el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, establece que el petróleo y los demás hidrocarburos, sin limitaciones, constituyen un área estratégica que el Estado debe ejercer de manera exclusiva, sin participación de particulares ni del sector social.
En consecuencia el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos violenta arbitrariamente lo establecido por la Constitución en materia de petróleo e hidrocarburos.
2. El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos cede al sector privado actividades reservadas a la nación por lo que va más allá de la Carta Magna
En el artículo 2, el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece las definiciones siguientes:
En virtud de que las actividades sustantivas de carácter productivo (ASCP) incluyen
El sector privado podrá realizar ASCP, algunas por su cuenta y riesgo, en otras por cuenta de Pemex.
Los ``proyectos sustantivos'' es un conjunto de actividades y elementos variables cuyas dimensiones pueden llegar a ser incluso mayores que las del conjunto de ASCP, pues incluyen actividades fundamentales y de soporte que hacen posible realizar las primeras, incluyen el proceso de inversión, el diseño y la planeación.
Los ``proyectos sustantivos'' pueden ser grandes o pequeños. Se pueden limitar a una y sólo una de las ASCP, por ejemplo la exploración sísmica, la refinación o el transporte por ductos. Sin embargo, pueden comprender varios eslabones de la cadena de valor e incluso todo ellos, pues el Reglamento no establece limitaciones al respecto.
Así, un ``proyecto sustantivo'' generado por Pemex Exploración y Producción podría comprender la exploración geológica y sismológica en un área geográfica específica (denominado ``bloque en la jerga petrolera); la perforación de pozos exploratorios; la evaluación de las reservas descubiertas; el desarrollo del o los yacimientos descubiertos; la extracción de los hidrocarburos, la separación y evacuación del sitio de producción y las ventas de primera mano a una refinería en México o en los mercados internacionales. El contrato podría incluir la planeación de la exploración y de la producción, dos actividades estratégicas desde un punto de vista técnico económico. Adviértase que Pemex sería en todo momento, pero hasta las ventas de primera mano, el propietario de los hidrocarburos y sus derivados. Sin embargo, la propiedad no asegura el control técnico, económico ni del recurso natural ni de la industria que hace posible su explotación.
En el caso de Pemex Refinación un proyecto sustantivo podría incluir la construcción, operación y mantenimiento de una refinería; el transporte y distribución de los productos refinados, incluyendo la operación y mantenimiento de ductos y tanques. Al igual que en el caso anterior, un contratista podría sustituir al organismos público.
Asociado a un proyecto sustantivo podría elaborarse un contrato integral, de tal manera que el papel de Pemex se limitaría a diseñar los grandes trazos del proyecto, otorgar el contrato y supervisar que se cumplan los objetivos, sin intervenir en la ejecución. Incluso la supervisión podría contratarse con un tercero.
En consecuencia, a través de ``proyectos sustantivos'' y contratos de amplio espectro un pequeño grupo de contratistas podrían suplantar a Pemex y sus organismos subsidiarios a lo largo de toda la cadena de valor, menos en la asignación de los contratos y la recepción del dinero generado por la venta de la producción. Y eso es contrario al espíritu de lo plasmado en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
3. El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos permite remunerar a los contratistas mediante mecanismos, esquema o fórmulas que van más allá de lo permitido por la ley
El artículo 62 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece lo siguiente:
Sin embargo, la Ley de Petróleos Mexicanos no prevé que las remuneraciones se realicen en función de indicadores explícitos y cuantificables referidos a productividad, capacidad, reserva incorporada, recuperación de reservas.
El artículo 61 de la ley establece simplemente que las remuneraciones de los contratos
En consecuencia el reglamento autoriza a Pemex Exploración y Producción a remunerar a los contratistas en función de los resultados alcanzados en materia de:
En las actividades aguas arriba de la industria petrolera, la productividad se mide típicamente en función de la producción alcanzada, por ejemplo, miles barriles de petróleo producidos por pozo, toneladas de petróleo producidas por trabajador, miles de pies cúbicos de gas producidos por pozo. De igual modo la capacidad, se mide regularmente en función de la producción lograda, por ejemplo capacidad de producción de un campo petrolero expresada en miles de barriles diarios. En consecuencia fijar una remuneración para el contratista en función de la ``productividad'' o ``capacidad'' es referirla inevitablemente a la producción .
En consecuencia el reglamento permite a Pemex a remunerar al contratista en función, directa o indirectamente, de las reservas y de la producción, dos características inherentes a las características del recurso natural, las cuales son resultado directo de la bondad de la naturaleza y no del contratista.
Remunerar al contratista con pagos indexados a las reservas o a la producción no significa otra cosa que hacer del contratista participante directo de la explotación del recurso natural, lo cual infringe la máxima ley del país, pues la Constitución reserva para la nación la explotación, el uso o el aprovechamiento del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Remunerar al contratista con pagos indexados a las reservas o a la producción no significa otra cosa que hacer del contratista participante directo de las rentas económicas diferenciales inherentes, congénitas, inmanentes a los yacimientos. Se trata de la renta minera asociada al tamaño del yacimiento, de la renta de calidad asociada a las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos contenidos en el yacimiento; de las rentas de posición asociadas a la localización de yacimiento respecto a los centros de consumo. Dichas características son completamente ajenas a Pemex y a sus contratistas. El beneficiario de dichas rentas sólo puede ser el propietario del recurso, es decir, la nación.
No es válido el argumento de que la experiencia, la creatividad y la tecnología del contratista derivan en mayores y mejores reservas y en mayor capacidad y calidad de producción. En primer lugar porque se negaría la bondad geológica del país, en segundo lugar, porque la decisión de dónde buscar, dónde perforar, la capacidad de producción a instalar, el ritmo de producción y las reservas totales a extraer son decisiones estratégicas que le corresponden única y exclusivamente a Pemex y son indelegables. Un contrato donde se transfieran a compartan decisiones estratégicas con el contratistas sería nulos de pleno derecho de acuerdo a lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El problema es que el Reglamento prevé implícitamente ese tipo de contratos.
La Ley de Petróleos Mexicanos prevé penalizaciones y compensaciones en función de la oportunidad, el tiempo de ejecución y la calidad de los trabajos realizados por los contratistas. Sin embargo, el Reglamento de la Ley Petróleos Mexicanos, va más allá de la ley que reglamenta, cuando establece remuneraciones ligadas directamente a las propiedades físicas, químicas y económicas del recurso natural, los yacimientos y, los hidrocarburos.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial el 4 de septiembre de 2009
Único. La Secretaría General, por conducto del área de servicios legales de la Cámara de Diputados realizará en un plazo de cinco días hábiles el análisis constitucional y legal del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y, propondrá al Pleno de la Cámara de Diputados, por conducto de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara, el resultado de su estudio, así como, en su caso, los recursos y/o acciones constitucionales y legales que procedan para impugnar la inconstitucionalidad o ilegalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Cárdenas Gracia.Se turnó a la Junta de Coordinación Política su proposición.
Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que se afectará a una actividad generadora de divisas y empleos en el país.
¿Sí, señor diputado César Augusto...?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Para preguntarle al diputado Jaime Cárdenas, si acepta que suscriba yo también su punto de acuerdo.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado Cárdenas Gracia, está solicitando el señor diputado adherirse a su proposición. Le pregunto si acepta usted la adhesión.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Desde luego que sí, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Con mucho gusto. Por favor proceda la Secretaría a lo conducente.
No se encuentra la diputada Laura Arizmendi Campos. Por tanto, pasa su proposición al final del turno.
COMISION ESPECIAL DE GANADERIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Hernán de Jesús Orantes López, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Ganadería, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con su venia, diputado presidente. No obstante que durante los últimos años el sector agropecuario mexicano ha experimentado una gran crisis estructural y funcional, México ha sobresalido en la escena mundial con la extraordinaria calidad de sus ejemplares bovinos, que han podido exportarse a lugares tan lejanos como Tailandia, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá.De igual forma la mundialmente famosa miel producida por los apicultores mexicanos, sin denostar el trabajo de avicultores, porcicultores, y en general de todos aquellos productores nacionales que han puesto todo su esfuerzo en el desarrollo de una ganadería emblemática a nivel internacional.
Hoy gran parte de la población de nuestro país se encuentra diseminada en las más de 200 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad ganadera y que representa, en una mayoría de ocasiones, la única fuente de ingresos para miles de familias mexicanas.
A ello habría que agregarle la falta de apoyos tecnológicos, lo cual ha sido una constante para los productores pecuarios.
Los programas del gobierno federal, pese a destinar considerables presupuestos, son dirigidos de manera deficiente, sin contar los trámites burocráticos desarrollados por la Sagarpa, los cuales son un verdadero tormento para aquéllos que requieren programas de financiamiento productivo.
Asimismo, no existe un programa de verdadera transferencia de tecnología y mejoramiento genético para desarrollar, de acuerdo con la diversidad y ventajas comparativas de cada región, un programa encaminado a elevar la producción en aquellas actividades para las cuales la tierra tiene definida su vocación.
Una deficiente campaña sanitaria mantiene a raya a los productores pecuarios, que se encuentran a merced de una certificación supuestamente binacional, que ha sido impuesta al gobierno y que no se ha traducido en mejores estándares de salud de la ganadería. Por el contrario, ha permitido florecer el lamentable cáncer de la corrupción en las oficinas públicas.
La falta de canales de comercialización es una triste realidad en nuestro campo. Desde hace más de 25 años no fluyen los recursos crediticios al sector y los pocos que lo hacen, a través de programas de FIRA ( Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), llegan con plazos de cumplimiento muy cortos y tasas elevadas que obstaculizan el crecimiento de empresas agroindustriales evitando asumirse como un eficiente canal de comercialización de productos.
México registra desde hace muchos años un déficit de producción de lácteos motivado por la desmedida importación de leche en polvo, en muchas ocasiones de dudosa calidad, que ingresa al país a precios subsidiados por otras naciones altamente eficientes en producirla.
La producción de carne no es la excepción. A raíz de la globalización de la economía considerables cantidades de carne son introducidas al país para ser comercializadas en las grandes tiendas y almacenes de autoservicio, desplazando la carne nacional de mejor calidad y precio. Los subsidios de los países con los cuales tenemos tratados comerciales no permiten una sana competencia en condiciones de igualdad.
El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan), un recurso federal destinado a brindar apoyos al sector, se ha quedado en un cúmulo de buenos deseos y está muy lejos de representar la solución para los ganaderos mexicanos. Es el equivalente a una aspirina contra el cáncer.
A este panorama desalentador se suma el impacto natural que representa el gravísimo fenómeno de la sequía, que ha cobrado ya la vida de miles de animales en algunas regiones del país y ha dejado en la calle a miles de productores pecuarios.
Toda esta vorágine de circunstancias adversas hace pensar que el campo está destinado a desaparecer; sin embargo, estamos obligados a salvaguardar el más importante de sus activos: el productor mexicano, quien pese a toda adversidad trabaja con esfuerzo y orgullo para hacer producir sus tierras, mantenerse a la vanguardia en los nuevos métodos de producción, pese a la falta de apoyos oficiales y canales de comercialización...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, señor diputado.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: ... una actividad sustentable y de vanguardia que permita la producción de alimentos para el pueblo de México.
Con base en lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, así como a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados en la materia.
Asimismo, se propone de manera urgente la necesidad de continuar con los trabajos que venía realizando la Comisión Especial de Ganadería en la anterior legislatura, de tal forma que se atiendan los asuntos del sector, donde la prioridad es favorecer a los ganaderos mexicanos.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural de diputadas y de diputados que habrán de integrar la Comisión Especial de Ganadería.
Es cuanto, diputado presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Ganadería, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como en el artículo 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Hernán Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
No obstante, que durante los últimos años el sector agropecuario mexicano ha experimentado una gran crisis estructural y funcional, México ha sobresalido en la escena mundial con una extraordinaria calidad de sus ejemplares bovinos, que han podido exportarse a lugares tan lejanos como Tailandia, Colombia, Centroamérica y los propios Estados Unidos y Canadá; de igual forma es famosa mundialmente la miel producida por los apicultores mexicanos, sin denostar el trabajo de avicultores, porcicultores y en general por todos aquellos productores nacionales que han puesto su esfuerzo en el desarrollo de una ganadería emblemática de carácter internacional.
Hoy día, gran parte de la población de nuestro país se encuentra diseminada en las más de 200 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad y que representa, en una mayoría de ocasiones, la única fuente de ingresos para miles de familias mexicanas. A ello habría que agregarle la falta de apoyos tecnológicos lo cual ha sido una constante para los productores pecuarios; los programas del gobierno federal, pese a destinar considerables presupuestos, son dirigidos de manera deficiente, sin contar los trámites burocráticos desarrollados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los cuales son un verdadero tormento para aquellos que requieren programas de financiamiento productivo.
Asimismo, no existe un solo programa de verdadera transferencia de tecnología y mejoramiento genético, para desa-rrollar de acuerdo a la diversidad y ventajas comparativas de cada región, un programa encaminado a elevar la producción en aquellas actividades para las cuales la tierra tiene definida su vocación.
Una deficiente campaña sanitaria mantiene a raya a los productores pecuarios que se encuentran a merced de una certificación, supuestamente binacional, que ha sido impuesta al gobierno y que no se ha traducido en mejores estándares de salud de la ganadería; por el contrario, ha permitido florecer el lamentable cáncer de la corrupción en las oficinas públicas.
La falta de canales de comercialización es una triste realidad en nuestro campo; desde hace mas de 25 años no fluyen los recursos crediticios al sector, y los pocos que lo hacen a través de los programas de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, llegan con plazos de cumplimiento muy cortos y tasas elevadas que obstaculizan el crecimiento de empresas agroindustriales evitando asumirse como un eficiente canal de comercialización de productos.
México registra desde hace muchos años un déficit de producción de lácteos, motivada por la desmedida importación de leche en polvo, en muchas ocasiones de dudosa calidad, que ingresa al país a precios subsidiados por otras naciones altamente eficientes en producirla.
La producción de carne no es la excepción, a raíz de la globalización de la economía, considerables cantidades de carne son introducidas al país para ser comercializadas en las grandes tiendas y almacenes de autoservicio, desplazando la carne nacional de mejor calidad y precio. Los subsidios de los países con quienes tenemos tratados comerciales, no permiten una sana competencia en condiciones de igualdad.
EL Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, un recurso federal destinado a brindar apoyos al sector, se ha quedado en un cúmulo de buenos deseos y está muy lejos de representar la solución de los ganaderos mexicanos, es el equivalente de una aspirina contra el cáncer.
A este panorama desalentador, se suma el impacto natural que representa la el gravísimo fenómeno de la sequía que ha cobrado ya la vida de miles de animales en el norte del país y ha dejado en la calle a miles de productores pecuarios.
Toda esta vorágine de circunstancias adversas, hacen pensar que el campo está destinado a desaparecer, sin embargo, estamos obligados a salvaguardar el más importante de sus activos, el productor mexicano, quien pese a toda adversidad, trabaja con esfuerzo y orgullo para hacer producir sus tierras, mantenerse a la vanguardia en los nuevos métodos de producción, continuar desarrollando, pese a la falta de apoyos oficiales y canales de comercialización, una actividad sustentable y de vanguardia que permita la producción de alimentos para el pueblo de México.
No basta recordar que se han destinado importantes presupuestos al sector agropecuario, es necesario que esa cantidad de recursos aterrice de manera ordenada en suelo nacional y se traduzca en una mayor producción, en verdaderos programas de transferencia de tecnología y mejoramiento genético, evitando, con ello, que la mayoría de los recursos públicos se pierdan en la obesa burocracia creada, pareciera ser, para obstaculizar el desarrollo del campo mexicano.
Esta LXI legislatura, debe velar por los intereses de la mayoría; y esa mayoría se encuentra en las zonas rurales del país.
Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, así como a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados en la materia. Asimismo, se propone de manera urgente la necesidad de continuar, con los trabajos que venía realizando la Comisión Especial de Ganadería en la anterior legislatura, de tal forma que se atiendan los asuntos del sector donde la prioridad es la de favorecer a los ganaderos mexicanos, así como proteger la sanidad y la seguridad alimentaria de nuestra población.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural de diputadas y diputados que habrán de integrar la Comisión Especial de Ganadería.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Orantes López.Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Sí, señor diputado Torres? Permítame, diputada.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado que precedió en la tribuna. Para adherirme a la propuesta de la formación de la Comisión Especial de Ganadería.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Le preguntaríamos al diputado Orantes López. ¿Está usted de acuerdo en que se adhiera el señor diputado a su proposición?
El diputado Hernán de Jesús Orantes López (desde la curul): Con todo gusto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, con mucho gusto. Que proceda la Secretaría a presentar la documentación correspondiente.
SECRETARIA DE TURISMO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Senado de la Repúblicaa reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que afectará a una actividad generadora de divisas y empleos en el país.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 22 de septiembre el Ejecutivo federal presentó ante el Senado de la Repúblicael decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que formaliza y da plazo para la desaparición de las Secretarías de Turismo, de Reforma Agraria y de Función Pública.En el caso de la Secretaría de Turismo, a ésta se le pretende asignar a la Secretaría de Economía. El sector turístico es uno de los más representativos en la generación de empleo y del crecimiento económico, situación que de ningún modo justifica su inserción en la Secretaría de Economía.
Sorprende la decisión del Ejecutivo federal, ya que a la Secretaría de Turismo corresponde conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional y, hasta hace unos meses, constituía una prioridad para el desarrollo nacional en la generación de empleos y la reactivación económica.
Su estrategia proponía el reconocimiento del turismo como pieza clave del desarrollo económico de México; la diversificación de los productos turísticos y el desarrollo de nuevos mercados; el impulso a las empresas turísticas para ser más competitivas, y desarrollar con pleno respeto los entornos naturales, culturales y sociales.
Desde 1928, cuando se hace de la actividad turística una política de Estado, hasta ahora que es una de las principales actividades generadoras de riqueza, el turismo representa 1.3 por ciento del producto interno bruto. De enero de 2007 a junio de 2009 la balanza turística acumuló un superávit de 11 mil 996 millones de dólares, esto es 66.3 por ciento superior al resultado acumulado entre enero de 2001 y junio de 2003.
En cuanto a las inversiones generadas, el ramo turístico acumuló un nuevo récord histórico, al presentar de enero de 2007 a junio de 2009 un ascenso acumulado de 9 mil 703.7 millones de dólares por inversión privada, lo que representó 106.5 por ciento más a lo registrado en el periodo de enero de 2001 a junio de 2003. Así, los recursos invertidos de enero de 2007 a junio de 2009 estuvieron compuestos en 36.8 por ciento por inversión extranjera y 63.2 por ciento por recursos de inversionistas nacionales.
Es ello razón fundamental para exhortar al Senado de la República a analizar y valorar la propuesta del Poder Ejecutivo de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que tal decisión afectará a la tercera fuente de ingresos y generadora de empleo del país.
Por lo anterior, expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Senado de la República a que reconsidere la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo y, por el contrario, fomente el crecimiento y desarrollo de esta actividad y dé cumplimiento a los programas en la materia, en razón de que afectará a la tercera actividad generadora de divisas y empleos del país. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo, pues se afectaría una actividad generadora de divisas y de empleos, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo y, por el contrario, fomente el crecimiento y desarrollo de esta actividad y dé cumplimiento a los programas en la materia, en razón de que afectará a la tercera actividad generadora de divisas y empleos del país, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado 22 de septiembre, el Ejecutivo federal presentó ante el Senado de la República el decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que formaliza y da plazo para la desaparición de las Secretarías de Turismo, de Reforma Agraria, y de la Función Pública.
Si bien es cierto la Secretaría de Economía tiene entre de sus facultades la de fomentar el desarrollo de la economía nacional, así como el crecimiento del empleo, a través de los diversos tipos como el sector turístico, también lo es que este sector es hoy por hoy uno de los más representativos para la generación de empleos y del crecimiento económico.
La Secretaría de Turismo tiene a su cargo formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional, que para el presente gobierno hasta hace menos de cuatro meses era una prioridad para el desarrollo nacional y la generación de empleos, así como la reactivación económica. Tan es así que la visión del gobierno federal era que para el año 2030 México sería un país líder en la actividad turística, para ello la estrategia proponía:
Desde 1928, cuando el gobierno mexicano crea la Comisión Mixta pro Turismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, se inicia una ruta infranqueable para hacer de la actividad turística una política de estado, y con ello llegar hasta lo que hoy tenemos como una de las principales actividades generadoras de riqueza para la nación: el turismo representa el 1.3 por ciento del producto interno bruto; durante el periodo de enero de 2007 a junio de 2009 la balanza turística de México acumuló un superávit de 11 mil 996 millones de dólares, esto es, 66.3 por ciento superior al resultado acumulado entre enero de 2001 y junio de 2003. En particular, durante los primeros seis meses de 2008, la balanza turística presentó un saldo superavitario de 2 mil 756 millones de dólares.
En cuanto a las inversiones generadas en el ramo, el sector turístico acumuló un nuevo récord histórico, al presentar entre enero de 2007 y junio de 2009 un ascenso acumulado de 9 mil 703.7 millones de dólares por inversión privada, lo que representó 106.5 por ciento más a lo registrado en el periodo de enero de 2001 a junio de 2003. Así, los recursos invertidos de enero de 2007 a junio de 2009 estuvieron compuestos por 36.8 por ciento de inversión extranjera y 63.2 por ciento de recursos aportados por inversionistas nacionales. Estos recursos se destinaron al desarrollo de 799 proyectos, de los cuales 73.7 por ciento fueron en destinos de playa, 15.5 por ciento se realizaron en la frontera norte y el 10.8 por ciento restante se ejecutaron en la región centro y en la zona maya.
La Ley General de Turismo, publicada el día 17 de junio del año en curso, establece que ``los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera de-sarrollo regional'', es ello razón fundamental para exhortar al Senado de la República a analizar y valorar la propuesta del Poder Ejecutivo de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que tal decisión afectará a la tercera fuente de ingresos y generadora de empleos del país.
Sin duda la actual crisis económica requiere del reajuste de los presupuestos de las dependencias del gobierno de México, pero no debe sustentarse en aquellas actividades que son el motor principal de la economía y el desarrollo nacional: el petróleo y los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la ganadería, la educación, ciencia y tecnología, así como el sector turístico.
Por lo expuesto, se propone la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo y, por el contrario, fomente el crecimiento y desarrollo de esta actividad y dé cumplimiento a los programas en la materia, en razón de que afectará a la tercera actividad generadora de divisas y empleos del país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Arizmendi Campos.Remítase a la Cámara de Senadores.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde su curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. ¿Sí, diputado, dígame, con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde su curul): Le agradezco mucho, señor presidente. A nombre de los diputados de Baja California Sur, quiero pedirle a la ciudadana diputada adherirnos a su propuesta, que no desa-parezca la Secretaría de Turismo.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, le preguntamos a la señora diputada si está de acuerdo en la adhesión de los compañeros.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Sí, claro.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, proceda la Secretaría.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Quisiera adherirme a la propuesta de la compañera diputada Laura Arizmendi.
La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Claro que sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí manifiesta su anuencia. Con mucho gusto, pasará a la Secretaría. Gracias, diputada.
COMISION ESPECIAL RESPONSABLE DE CONCILIAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS LIMITROFES QUE SE GENEREN ENTRE LOS MUNICIPIOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Luis Carlos Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generan entre los municipios.
El diputado Carlos Luis Meillón Johnston: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la historia del federalismo en México es producto de nuestros héroes, inspirado en los antecedentes de la Constitución de Cádiz se plasma por primera vez en la Constitución de 1824 y se interrumpe en varias ocasiones, hasta quedar vigente en la Constitución de 1917.El municipio se considera como uno de los cimientos del sistema federal, pues los municipios y las diputaciones provinciales jugaron un papel muy importante, pues ambos abogaron por el establecimiento de una república de tipo federal.
Para Acción Nacional, desde su fundación, el municipio es visualizado y considerado como la parte medular de la conformación del sistema político mexicano; sus lineamientos fundamentales se encuentran establecidos en el artículo 115 de nuestra Constitución, y es el primer órgano de gobierno que le da sustento al pacto federal suscrito para la integración nacional.
Nuestro país actualmente cuenta con más de 2 mil 400 municipios, cuya división geopolítica se ha generado en razón de la riqueza cultural y social que impera en nuestra República Mexicana.
Desafortunadamente, existen situaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en las que no se encuentran debidamente definidos los polígonos y las superficies, creándose espacios propicios para la ingobernabilidad.
De lo anterior tenemos ejemplos muy claros en diversos estados de la República Mexicana, en los que se han suscitado incluso luchas fratricidas entre los propios mexicanos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generen entre los municipios.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables.
Sexto. Los trabajos que realice la Comisión Especial concluirán en agosto de 2012.
Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generen entre los municipios, a cargo del diputado Luis Carlos Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe la presente, diputado federal Luis Carlos Meillón Johnston perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca una Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generan entre los municipios, al tenor de los siguientes
ConsiderandosLa historia del federalismo en México es producto de nuestro ser, inspirado en los antecedentes de la Constitución de Cádiz, se plasma por primera vez en la Constitución de 1824, interrumpiéndose por las Constituciones centralistas de 1836 y 1843, y restaurándose el federalismo con el Acta de Reformas de 1847; posteriormente, en 1857 se reitera el federalismo, continuándose en la Constitución de 1917.
En este marco, el municipio se considera como uno de los cimientos del sistema federal, pues los municipios y las diputaciones provinciales, jugaron un papel muy importante, pues ambos abogaron por el establecimiento de una república de tipo federal.
Para Acción Nacional desde ese tiempo, el municipio es visualizado y considerado como la parte medular de la conformación del Estado mexicano.
Así, hablar del municipio es hablar de nuestros orígenes sociales y administrativos, es hablar de la base y conformación del sistema político mexicano.
Sin duda debe recordarse que el municipio mexicano es la célula básica o la primera instancia de gobierno de la organización política y sus lineamientos fundamentales se encuentran establecidos por el artículo 115 del pacto federal, los cuales se encuentran gobernados por una figura denominada ayuntamiento, que es el órgano encargado de representar los intereses de los ciudadanos y es el espacio donde se concentran los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus familias.
El municipio al ser el primer órgano de gobierno que le da sustento al pacto federal suscrito para la integración nacional, por estricta justicia, ha dejado de ser considerado como una simple demarcación territorial administrativa y es considerado y respetado ya, como una entidad política de gobierno.
Así las cosas, nuestro país actualmente cuenta con más de 2 mil 400 municipios, cuya división geopolítica se ha generado en razón de la riqueza cultural y social que impera en la República Mexicana.
Lo abigarrado y disperso de nuestra conformación nacional, ha generado desafortunadamente que en ocasiones, se susciten problemas en cuanto a la delimitación de los alcances territoriales de la célula del Estado mexicano, como lo es el municipio. Desafortunadamente existen situaciones a lo ancho y largo de todo el territorio nacional, en los que no se encuentran debidamente definidos los polígonos y las superficies, creándose espacios propicios para la ingobernabilidad.
De lo anterior, tenemos ejemplos muy claros en diversos estados de la República Mexicana, en los que se ha suscitado incluso una lucha fraticida entre los propios mexicanos
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generen entre los municipios.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La Comisión Especial objeto de los presentes puntos de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Señoras y señores diputados, contamos con la visita de alumnos y maestros de la Escuela Libre de Derecho, a quienes damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias.
COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GENERO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Políticaa integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres sigue siendo un saldo para la justicia social, el desarrollo y la democracia.Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar medidas para lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Además de estos instrumentos internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación de lograr la igualdad de género por un efecto de su derecho interno, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución federal.
La invisibilidad y la naturalización de la desigualdad de género explica que en muchos casos las instituciones del Estado ignoren las diferencias de roles, funciones y necesidades entre mujeres y hombres.
Por ello es importante contar con un órgano encargado de brindar información científica oportuna y útil a las legisladoras y los legisladores en materia de género, para así poder visibilizar la problemática y contar con herramientas para enfrentar y superar la inequidad entre mujeres y hombres.
El cumplimiento de estas obligaciones por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2005, reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se crea el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
El artículo tercero transitorio del mencionado decreto establece que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará al pleno de la misma, para su aprobación, la integración de este comité, que es el órgano rector del centro de estudios y que tiene por objeto formular directrices que contribuyan a orientar su trabajo y vigilar el adelanto, cumplimiento de las funciones y actividades que tiene encomendadas.
Es por ello que solicito a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del trabajo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo mediante la aprobación del presente punto de acuerdo, ya que a través del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género lograremos potenciar el apoyo técnico a las diputadas y a los diputados para aportar estudios e información entre la igualdad de género, para hacer posible la transversalidad de la perspectiva de género en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de las mujeres y de los hombres.
Señor presidente, solicito que se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Obdulia Magdalena Torres Abarca, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesEn México, como en otros tantos países, persisten desigualdades económicas y sociales, entre las que destacan las de género, que ponen en desventaja a las mujeres respecto a los hombres. La desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres sigue siendo un saldo para la justicia social, el desarrollo y la democracia, ya que sus efectos se dejan sentir, por ejemplo, en la salud, educación, participación política y social, calidad del empleo, falta de acceso a la seguridad social y vivienda.
Esta desigualdad ha dado lugar a que las organizaciones de mujeres y las organizaciones internacionales hayan buscado y logrado acuerdos importantes, entre los que destacan la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.
Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la protección, ampliación y fomento de los derechos humanos de las mujeres. Además de estos instrumentos internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación de lograr la igualdad de género por un efecto de nuestro derecho interno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución federal.
La invisibilidad y la naturalización de la desigualdad de género explica el hecho de que en muchos casos las instituciones del Estado --tanto lo que hace al Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial-- ignoren las diferencias de roles, funciones y necesidades entre mujeres y hombres.
En lo que respecta al Poder Legislativo, es importante recordar que la desigualdad de género se puede reproducir e incluso profundizarse mediante leyes que asimilan normas, costumbres y prácticas culturales discriminatorias, que son toleradas y aceptadas, hasta el punto de pasar desapercibidas.
Por ello es importante contar con un órgano encargado de brindar información científica, oportuna y útil a las legisladoras y los legisladores en materia de género. Para así poder visibilizar la problemática y contar con herramientas para enfrentar, y superar la inequidad en aras de lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Así, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de 2005, se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se incorpora en el ámbito de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
El artículo tercero transitorio del mencionado decreto establece a la letra lo siguiente: ``La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará al pleno, para su aprobación, la integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y su reglamento, en el que se establecerán las reglas para la vigilancia de la operación y funcionamiento del centro, así como del nombramiento de su personal directivo y operativo''.
Por ello, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, por acuerdo de fecha 10 de octubre de 2005, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados crea el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Y el 14 de diciembre de 2006 se emite el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los comités de los centros de estudios que funcionarán en la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado por el pleno el 18 de diciembre de 2006 y publicado el 15 de enero de 2007 en la Gaceta Parlamentaria.
Los comités son los órganos rectores de los centros de estudios, que tienen por objeto formular directrices y pautas que contribuyen a orientar el trabajo de los centros de estudios y que, en coordinación con los órganos administrativos competentes, coadyuvan a vigilar el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades que tienen encomendadas.
Son atribuciones de los comités las siguientes:
A través del comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género lograremos potenciar el apoyo técnico a las diputadas y los diputados, aportar estudios información analítica y científica sobre la igualdad de género para hacer posible la transversalidad de la perspectiva de género en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el de-sarrollo humano de mujeres y hombres; además, se podrá avanzar en la armonización legislativa de la legislación federal con los compromisos contraídos internacionalmente por el Estado mexicano y realizar encuentros legislativos, académicos y sociales para la identificación y análisis de temas fundamentales en la coyuntura actual desde la perspectiva de género.
Es por ello que solicito a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del trabajo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la mayor brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo mediante la aprobación de los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a presentar ante esta soberanía, en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 34, párrafo 1, inciso b), y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Segundo. Para la integración del comité se solicita a la Junta de Coordinación Política que observe el principio de equidad y proponga cincuenta por ciento de integrantes mujeres y cincuenta por ciento de integrantes hombres.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire las instrucciones necesarias a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados a fin de que se dispongan de los recursos humanos y materiales requeridos para el adecuado funcionamiento del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputada Torres Abarca, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.Se turna a la Junta de Coordinación Política.
PRUEBA DE LA EVALUACION NACIONAL DEL LOGRO ACADEMICO EN CENTROS EDUCATIVOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al análisis de los resultados de la prueba ENLACE, así como a las medidas que tomará el gobierno federal para mejorar la calidad de la educación básica en México.
El diputado Óscar Román Rosas González: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, muy buenas tardes; estudiantes que hoy nos acompañan, el que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente exposición de motivos:Hace unos días el secretario de Educación, Alonso Lujambio, dio a conocer los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, comúnmente conocida por sus siglas, ENLACE.
El secretario Lujambio expresó que ésta es una prueba objetiva y estandarizada que mide los conocimientos y habilidades definidos en los planteles y programas oficiales de estudio de educación básica.
Precisó que este año la prueba se aplicó a más de 13 millones de estudiantes de educación básica en escuelas públicas y privadas del país y que lo anterior era necesario para identificar lo que estamos haciendo bien y en qué áreas debemos hacer esfuerzos adicionales para mejorar.
De igual forma, expresó que ENLACE era un gran ejercicio analítico universal y censal para fortalecer la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas como factor clave de la calidad de la educación en México y que, como desde 2006, este año difundían una vez más los resultados de ésta como parte de un ejercicio autocrítico, de reflexión colectiva.
Al respecto, señoras diputadas y señores diputados, considero que es necesario que el titular de la Secretaría de Educación Pública federal nos diga qué es lo que está haciendo bien, porque los resultados no parecieran ser los que todos los mexicanos esperamos. Es necesario saber cuáles son las áreas que están fallando y cuáles son las áreas que debemos apuntalar.
Necesitamos más respuesta, necesitamos un mayor compromiso, necesitamos saber las medidas que se tomarán al respecto. ENLACE no fue diseñado, al menos eso nos expresan, para conocer quiénes salieron bien o qué escuela es la mejor del país. Sus alcances tienen que ser mayores y, por ello, es necesario que el secretario de Educación venga aquí a esta tribuna, y frente a la sociedad nos diga qué está pasando con la educación básica en nuestro país.
¿Cómo podemos aspirar como nación a desarrollarnos más y mejor? ¿Cómo podemos aspirar como nación a mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Si precisamente uno de los componentes que miden la calidad de vida de las personas no satisface los estándares necesarios para que un ser humano pueda acceder a un mejor futuro.
Sin una educación de calidad, ¿qué herramientas puede tener un niño en México para ser competitivo, para mejorar su situación familiar? Sin una educación de calidad, ¿cómo puede un joven incorporarse a la vida productiva de México? Sin una educación de calidad, ¿cómo podemos hablar de equidad en las oportunidades? ¿Cómo podemos garantizar a los mexicanos que vivan mejor?
La educación es el motor del desarrollo. Y la única manera para tener un desarrollo de calidad es tener una educación de calidad y hoy no la tenemos. Aunado a ello, considero que no solamente es necesario tomar medidas en función de esta prueba. Una prueba adicional que el gobierno debe realizar es la relativa a si el Estado mexicano está cumpliendo con la sociedad y le garantiza a los niños de México la infraestructura y las condiciones necesarias para que estos puedan desarrollar sus talentos en sus aulas del país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputado.
El diputado Óscar Román Rosas González: Las mejores economías del mundo son hoy, precisamente, aquéllas que le han dado impulso a la educación y han visto en ésta una oportunidad para el progreso equitativo de sus naciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente propongo a la asamblea considerar este asunto como de urgente u obvia resolución, aprobar el presente punto de acuerdo:
Único. Se cita al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, Alonso José Ricardo Lujambio, para que comparezca ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y dé a conocer el análisis de los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Así como las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública para mejorar la calidad de la educación básica en México.
Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo al análisis de los resultados de la prueba ENLACE y a las medidas que el gobierno federal tomará para mejorar la calidad de la educación básica, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosHace unos días el secretario de Educación, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, dio a conocer los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Educativos, comúnmente conocido por sus siglas ENLACE, el secretario Lujambio expresó que ésta es una prueba objetiva y estandarizada que mide los conocimientos y habilidades definidos en los planteles y programas oficiales de estudio de educación básica.
Precisó que este año, la prueba se aplicó a más de 13 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas del país, y que lo anterior era necesario para identificar lo que estamos haciendo bien y en qué áreas debemos hacer esfuerzos adicionales para mejorar.
De igual forma expresó que ENLACE era un gran ejercicio analítico, universal y censal para fortalecer la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas como un factor clave en la calidad de la educación en México y que, como desde 2006, este año difundían una vez más los resultados de ésta como parte de un ejercicio autocritico, de reflexión colectiva, al difundir los resultados de la prueba 2009.
Al respecto, considero que es necesario que el titular de la Secretaría de Educación Pública federal nos diga qué es lo que está haciendo bien porque los resultados no parecieran ser los que todos los mexicanos esperamos. Es necesario saber cuáles son las áreas que están fallando y cuáles son las que se deben apuntalar.
Necesitamos más respuestas, un mayor compromiso, saber las medidas que se tomarán al respecto.
ENLACE no fue diseñado, al menos eso es lo que expresan, para conocer quiénes salieron bien o qué escuela es la mejor del país, sus alcances tienen que ser mayores y para ello es necesario que el señor secretario de Educación venga aquí a este tribuna y, frente a la sociedad, nos diga qué está pasando, qué está fallando y cuáles son las medidas que se tomarán al respecto.
¿Cómo podemos aspirar como nación a desarrollarnos más y mejor, cómo podemos aspirar como nación a mejorar la calidad de vida de los mexicanos?, si precisamente uno de los componentes que miden la calidad de vida de las personas no satisface los estándares necesarios para que un ser humano pueda acceder a un mejor futuro.
Sin una educación de calidad, qué herramientas puede tener un niño en México para ser competitivo, para mejorar su situación familiar. Sin una educación de calidad cómo puede un joven incorporarse a la vida productiva del país.
Sin una educación de calidad cómo podemos hablar de equidad en las oportunidades, cómo podemos garantizarle a los mexicanos que vivan mejor.
Es claro que esta prueba debe traer como resultado la implementación de políticas públicas efectivas. Por consiguiente, ¿cuáles son las medidas que se han tomado y quién ha evaluado el cumplimiento de las medidas que desde 2006 se han venido adoptando?
La educación es el motor del desarrollo y la única manera para tener un desarrollo de calidad es tener una educación de calidad y al día de hoy no la tenemos.
Aunado a ello, considero que no solamente es necesario tomar medidas en función de esta prueba, una prueba adicional que el gobierno debe de realizar es la relativa a que si el Estado está cumpliendo con la sociedad y le está garantizando a los niños de México la infraestructura y las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus talentos en las aulas del país.
Las mejores economías del mundo son hoy lo que son, precisamente, por el impulso que le han dado a la educación, han visto en ésta una oportunidad para el progreso equitativo de los habitantes de sus naciones.
Este es un tema de Estado, es un tema que debe llamar a nuestras conciencias, que nos debe convocar a todos, sin distingo de colores y de siglas y precisamente la comparecencia del señor secretario de Educación, sobre todo en vísperas de la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos, nos debe permitir asumir una posición responsable con el gobierno federal y con los mexicanos para que tomemos medidas y direccionemos conjuntamente acciones que nos permitan salir adelante y revertir los resultados que hace unos días se dieron a conocer en el país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente propongo a esta asamblea considerar este asunto como de urgente y obvia resolución y aprobar el presente
Punto de AcuerdoÚnico. Se cita al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, para que comparezca ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y dé a conocer el análisis de los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, bajo las siglas ENLACE, así como las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública para mejorar la calidad de la educación básica en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Contamos con la presencia de alumnos y maestros de la Universidad Leonardo Bravo, de Tlalnepantla; así como vecinos de Ecatepec, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Infonavit a que instruya a los despachos externos que ha contratado, para que cesen el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados trabajadores para el cobro de créditos otorgados por dicho instituto. Suscrito por los diputados Norma Leticia Salazar y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Gracias, diputado presidente. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales Norma Leticia Salazar Vázquezy Jesús Ramírez Rangel, integrantes de esta LXI Legislatura, así como del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit a que instruya a los despachos jurídicos y externos, a los cuales se les vendió la llamada cartera vencida, para que cesen el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto, bajo las siguientes consideraciones:Las casas que otorga el Infonavit, por medio de sus créditos, pueden ser de alegría para miles de derechohabientes que han tenido que dar al instituto la cuota que les corresponde como trabajadores. Sin embargo, muchos de ellos no saben que a largo plazo vendrán a verse envueltos en un grave problema.
El principal problema que tienen es que muchas de esas personas se vieron beneficiadas por el Infonavit con un crédito para adquirir vivienda, pero cuando desafortunadamente han perdido su trabajo y no han podido regularizar sus pagos, reciben constantes amenazas y hostigamientos de despachos jurídicos externos de la dependencia.
Actualmente hay cientos de familias con el temor a que de un momento a otro les puedan instaurar un procedimiento judicial, ya que por la falta de trabajo y por las condiciones económicas actuales que prevalecen no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero, no van a poder hacer frente a su obligación de pago, lo que ha originado que los referidos despachos de cobranza pongan sellos en las viviendas con la leyenda: ``Embargada''. Situación no solamente irregular, sino ilegal, ya que violenta lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, que consagra el derecho a que nadie puede ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
Ello a pesar de que estos despachos únicamente deben limitar su función a lo que es cobranza o recuperación de cartera vencida. No tienen facultades más allá de esta acción.
En este sentido, se vuelve inaplazable, impostergable, concertar una reunión del Consejo Consultivo del instituto con esos despachos para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas a realizar la cobranza, tales como las llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes, y la colocación de sellos digitales.
Cabe mencionar que entre estos despachos jurídicos que realizan la cobranza existen algunos desorganizados o que ni siquiera saben explicar al derechohabiente cuál es el problema.
En diversos ejercicios se ha detectado que tras una larga espera y varios intentos, los asesores que responden en Infotel --al teléfono 01 800 685 88 36--, indican que determinada cuenta se encuentra en un despacho jurídico determinado. Sin embargo, al llamar a dicho despacho, se indica que el expediente no está ahí, sino en otro despacho.
No obstante este calvario, a los pocos días, esta persona vuelve a requerir el pago al derechohabiente; el mismo despacho jurídico al que ya se había acudido para la asesoría vía telefónica.
Otro problema, es que algunos pseudolíderes hace algunos años asignaron viviendas abandonadas del Infonavit, a cambio de recursos que les pidieron a las personas que requerían esas casas. Pero el problema actual es que los beneficiados están a punto de perderlas.
En conclusión, los problemas más comunes que enfrentan los derechohabientes en relación al pago de sus créditos son los siguientes:
Primero. Denuncian el hostigamiento y amenazas de despachos jurídicos contra personas que por diversos motivos no han podido realizar sus pagos a la institución.
Segundo. Manifiestan que desde hace años algunos líderes asignaron viviendas abandonadas a cambio de dinero.
Tercero. No se dan a conocer los decretos presidenciales que benefician a personas con determinadas características.
Es por ello que sometemos a esta consideración este punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta al Infonavit, en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a que instruya a los despachos jurídicos externos, a los cuales les vendió la llamada cartera vencida, para que cese el hostigamiento y amenaza hacia los acreditados trabajadores para el cobro de créditos otorgados por dicho instituto.
Segundo. Se exhorta al Infonavit, en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin de concertar una reunión del Consejo Consultivo del instituto con los despachos jurídicos externos a los cuales se les vendió la llamada cartera vencida, para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios, y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza, tales como las llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos ilegales.
Por último, solicito que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a instruir a los despachos externos que ha contratado a fin de que cesen el hostigamiento y las amenazas contra los acreditados trabajadores para el cobro de créditos, suscrita por los diputados Norma Leticia Salazar Vázquez y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN
Norma Leticia Salazar Vázquez y Jesús Ramírez Rangel, diputados a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a los despachos jurídicos externos contratados por éste para que cesen el hostigamiento y las amenazas hacia los acreditados trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto, conforme a las siguientes
ConsideracionesLa creación del Infonavit es resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917 y que dieron sus frutos el 5 de febrero, cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se aprobó por unanimidad el artículo 123, fracción XII, Apartado A, donde se estableció la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, obligación que no se hizo efectiva sino hasta 1971, después de más de 53 años de lucha por ese derecho.
El 1 de mayo de 1971, las grandes centrales obreras demandaban ante el Ejecutivo federal buscar vías para resolver los principales problemas nacionales. Días después se integró la Comisión Nacional Tripartita a cuya quinta subcomisión se encomendó el estudio del problema de la vivienda. El resultado de los trabajos de los representantes de los tres sectores de esa subcomisión propuso reformas de la fracción XII del artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, así como la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartito que sería el encargado de manejar los recursos del fondo nacional de la vivienda.
El Ejecutivo federal presentó las iniciativas de reformas de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo de 1970; para el 14 de febrero de 1972 se publicaron en el Diario Oficial estas reformas, propuestas por la Subcomisión de Vivienda; el 21 de abril, luego de ser aprobada, se promulgó la Ley del Infonavit, que establece que las aportaciones que el patrón haga en favor de sus trabajadores le dan derecho a obtener un crédito para vivienda o a la devolución periódica del fondo que se constituya, denominado ``de ahorro''. El 24 de abril se publicaron en el Diario Oficial las reformas de la Ley Federal del Trabajo. La asamblea constitutiva del Infonavit se celebró el 1 de mayo de ese año.
Las casas que otorga el Infonavit por medio de sus créditos pueden ser de alegría para miles de derechohabientes que han tenido que dar al instituto la cuota que les corresponde como trabajadores. Sin embargo, muchos de ellos no saben que en el largo plazo podrían verse envueltos en un grave problema.
El principal problema es que muchas de estas personas se vieron beneficiadas por el Infonavit con un crédito para adquirir vivienda, pero cuando han perdido su trabajo y no han podido regularizar sus pagos, reciben constantes amenazas y hostigamiento de despachos jurídicos externos de la dependencia.
Actualmente, cientos de familias temen que de un momento a otro les puedan instaurar un procedimiento judicial, ya que por la falta de trabajo y por las condiciones económicas actuales no sólo en el país sino en el mundo entero no van a poder hacer frente a su obligación de pago, lo que ha originado que los referidos despachos de cobranza pongan sellos en la vivienda con la leyenda de ``embargada''. Esa situación es irregular e ilegal, ya que violenta lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, que consagra el derecho a que nadie pueda ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
Ello, a pesar que estos despachos únicamente deben limitar su función a la de cobranza o recuperación de cartera vencida; no tienen facultades más allá de esta acción. En este sentido, se vuelve inaplazable e impostergable concertar una reunión del Consejo Consultivo del Instituto que deberá sostener con esos despachos para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza tales como llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos ilegales.
Estos despachos jurídicos realizan la cobranza, algunos desorganizados, otros con cierto terrorismo y existen algunos que ni siquiera saben explicarle al derechohabiente cual es el problema.
Hay falta de coordinación de los despachos que realizan la cobranza, pues existen algunos donde ni siquiera saben donde se encuentra el expediente que contiene la información relativa al crédito del derechohabiente y por tanto no se puede pagar.
En diversos ejercicios se ha detectado que tras una larga espera y varios intentos, los asesores que responden en Infotel al teléfono 01 800 685 88 36, indican que determinada cuenta se encuentra en un despacho jurídico determinado, sin embargo, al comunicarse a dicho despacho se indica que el expediente no esta ahí sino en otro despacho. No obstante este calvario, a los pocos días estas personas le vuelven a requerir su pago al derechohabiente de los despachos jurídicos con los que ya se había acudido para la asesoría vía telefónica.
Otro problema es que algunos seudolíderes de diversos partidos políticos hace algunos años asignaron viviendas abandonadas del Infonavit, a cambio de recursos que les pidieron a las personas que requerían de esas casas, pero el problema actual es que están a punto de perderlas, ya que la dependencia no quiere hacer ninguna negociación para llegar a acuerdos para el pago de éstas.
Hay decretos presidenciales que otorgan beneficios a personas minusválidas, de edad avanzada y con otras características, que al cumplir con dichos requisitos su adeudo queda cancelado y les entregan escrituras; pero el problema es que en la mayoría de las entidades federativas no se dan a conocer estos apoyos directos.
En conclusión, los problemas más comunes que enfrentan los derechohabientes en relación con el pago de sus créditos son los siguientes:
Por ello sometemos a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin de que instruya a los despachos jurídicos externos contratados por éste, para que cese el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados-trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto.
Segundo. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin concertar una reunión del Consejo Consultivo del Instituto con los despachos jurídicos externos contratados por esté, para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza tales como llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos ilegales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Salazar Vázquez. Como lo solicita, se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates yse turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Para pedirle a la diputada si existe la posibilidad de sumarme a la propuesta que hace.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado Morán. Le preguntamos a la diputada Norma Leticia Salazar Vázquezsi acepta la adhesión del diputado Morán.
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Sí, con gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo no. Acepta. Ahorita la Secretaría pone la documentación a su disposición. Muchas gracias. ¿Diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido, si la diputada no tiene inconveniente, me quisiera sumar a su punto de acuerdo.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, ¿tiene usted inconveniente para que el diputado Fernández se adhiera a su propuesta?
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): No, ninguno.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado, acepta la diputada, y le enviarán la documentación.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): También, si lo permite la diputada, adherirme a este punto de acuerdo.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, ¿acepta usted una adhesión más?
La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Sí, acepto con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta con mucho gusto. Se remite la documentación.
El diputado José Tomás Carrillo Sánchez (desde la curul): Discúlpeme, presidente. Con el mismo objeto, para pedirle a la diputada si nos podemos adherir a la propuesta que tiene que ver con el Infonavit.La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): Sí, de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Nos manifiesta la diputada su aceptación. Con mucho gusto le harán llegar la documentación. Diputada Rosaura Ochoa.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Gracias presidente. Igualmente, en el mismo sentido, solicitarle a la diputada adherirnos los integrantes del grupo de Convergencia.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada. Se estará enviando la documentación.
COMISION ESPECIAL DE COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO CON EQUIDAD
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial de Competitividad para un Crecimiento con Equidad.
El diputado Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con base en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el presente punto de acuerdo con la finalidad de conformar la Comisión Especial de Competitividad para un Crecimiento con Equidad, a partir de las siguientes consideraciones:México es un país cuyo tamaño de su economía es importante; somos la undécima economía mundial, con base en distintos indicadores y especialmente con base en el producto interno bruto; tenemos un producto interno bruto per cápita importante. Repito, casi la undécima economía en el mundo.
Sin embargo, la queja generacional, además de que tenemos una población económicamente activa importante, casi con un crecimiento de 1.7 por ciento anual, la queja recurrente de la sociedad, y obviamente el malestar que hoy presenta nuestro país y que es evidente en las discusiones que hemos empezado a tener alrededor del tema del presupuesto y de la Ley de Ingresos, es que somos un país que no crece, que somos un país que está estancado y que somos un país que en los últimos 10 años no ha tenido un crecimiento mayor a 1 por ciento.
En ese contexto, la grave problemática que vive nuestra sociedad es que, además de que somos un país que no crece, somos un país extraordinariamente desigual, somos un país que comparte, por poner algún ejemplo, indicadores en términos de desigualdad con Zambia, con Zimbabue, con Nigeria, con las economías más rezagadas del África subsahariana.
Esta contradicción al ser un país grande, un país que tiene un potencial económico importante, lacera y pega a la sociedad cuando nos ponemos a ver que entre el norte y el sur existe esa gran brecha de desarrollo y que tenemos no tan sólo la cifra siempre recurrente de 20 millones de nuevos pobres en condición de pobreza alimentaria, sino que al mismo tiempo tenemos casi 40 por ciento del producto interno bruto acaparado por el decil más alto. Y tenemos el deshonroso primer, segundo o tercer lugar, no sé en cuál esté colocada ahorita la persona más rica del mundo, el dueño del consorcio más poderoso y más rico en el país.
Bajo esta lógica, lo que nosotros ponemos a consideración es conformar una Comisión Especial que nos permita sentarnos a dialogar con los sectores productivos para analizar tres temas que son de gran importancia: cómo lograr una mayor eficiencia, transparencia y credibilidad en el marco institucional; cómo lograr una mejor calidad en la educación básica y los servicios de salud y de capacitación para las fuerzas laborales, y el combate a los monopolios de esos sectores que se han apropiado de la economía mexicana.
Por eso ponemos a consideración de esta soberanía conformar una Comisión Especial que nos permita, de cara y de frente a la sociedad, con los sectores productivos incluidos, discutir estos temas para destrabar el crecimiento que está atorado hoy y generar condiciones de competitividad, pero sobre todo garantizar un país que sea cada vez más equitativo, como lo que necesitamos en este momento, sobre todo para ese bono demográfico. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de competitividad para un crecimiento con equidad, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
ConsideracionesMéxico: una economía con potencial
El nuestro es un país que cuenta con potencial para ser líder en Latinoamérica y en el mundo, no sólo porque somos la undécima economía mundial por nuestro tamaño del PIB, por encima de España, Canadá y Australia sino, también, porque ocupamos el lugar 28 en el mundo en estabilidad macroeconómica y un PIB per cápita de 9 mil 980 dólares, que nos coloca en el grupo de economías en transición, igual que Rusia, Uruguay, Hungría o Chile por mencionar algunos ejemplos.
Existe además un bono demográfico para los siguientes 11 años, donde la tasa de dependencia de la población inactiva respecto a la activa será de 0.6 en 2020 (la menor en toda la historia moderna de México). Esto significa que la PEA se incrementa en promedio 1.7 por ciento anual, lo que equivale a 760 mil personas, que se añadirán en los siguientes 11 años, fuerza de trabajo que en condiciones de crecimiento económico permitiría generar suficiente ahorro interno como para detonar todas las inversiones necesarias para las generaciones posteriores.
Primer obstáculo para el desarrollo: la desigualdad en el ingreso
A pesar de este escenario ejemplar para nuestro país, tenemos una lacerante desigualdad en la distribución del ingreso similar a la de Zambia, Zimbabwe o Nigeria (comparando índices de Gini para 2006, en donde un número cercano a 1 indica mayor desigualdad: México 0.50, Zambia 0.53, Zimbabwe 0.50, Nigeria 0.51).
De 1992 a 2006, el índice de desigualdad en el ingreso de Gini no ha podido superar la barrera del 0.50 en tanto que Pakistán, India y Costa Rica tuvieron mejores distribuciones del ingreso en ese periodo: 0.31, 0.37 y 0.48, respectivamente (FAO, www.fao.org)
Para 2008, 10 por ciento de los hogares de más altos ingresos concentró 40 por ciento de la riqueza nacional en tanto que el 10 por ciento más pobre sólo poseía el 4 por ciento. Si comparamos a nuestro país con los miembros de la OCDE, para 2008, ocupamos el primer lugar en desigualdad del ingreso siendo ésta 1.5 veces mayor que el promedio de estos países. Ocupamos el segundo lugar en pobreza extrema de la niñez con 22.2 por ciento, sólo por debajo de Turquía, con 24 por ciento; y también ocupamos el primer lugar en pobreza de adultos mayores, con más de 30 por ciento.
Como se dijo, para 2008 el PIB per cápita fue de 9 mil 980 dólares ( Banco Mundial: World development indicators); sin embargo, el primer decil de ingresos tiene un ingreso promedio anual de sólo mil dólares (OCDE, 2008).
En febrero de 2003, la Cepal publicó un estudio para 18 países de Latinoamérica, en el cual estimó que México requeriría 48 años para lograr reducir a la mitad la pobreza extrema de acuerdo con la Meta del Milenio, considerando tanto la tendencia de crecimiento como de reducción en la desigualdad de la década de 1990. Este dato conmina porque implica que toda una generación habrá perdido la capacidad de conocer el bienestar social arrastrando consigo a generaciones subsecuentes dado que la pobreza es un sistema que se reproduce, si no cambian las condiciones institucionales.
Segundo obstáculo: el estancamiento económico
Perder generaciones completas en el tren del desarrollo, obliga a revisar también el prolongado periodo de estancamiento económico que ha vivido nuestro país en las últimas dos décadas, el cual ha sido en promedio 1.2 por ciento anual en términos reales, mientras que China creció 7.7 por ciento, la región Asia-Pacífico 6 por ciento y Chile 4.5 por ciento (datos del Banco Mundial).
A partir de la década de 1990, cuando el mundo se globalizó y los mercados se integraron, los países que han aumentado su crecimiento económico han invertido en las causas y fuentes de la competitividad y, por otro lado, los países que han mejorado la distribución del ingreso en sus economías han invertido tiempo, recursos y voluntad política en generar un ambiente de competencia económica. Desafortunadamente, México ha dejado de lado ambos temas; por tanto, no hemos crecido ni mejorado en la distribución del ingreso.
Tercer obstáculo: pérdida de competitividad
En el tema de competitividad, de acuerdo con el último Informe de competitividad mundial 2009-2010, del Foro Económico Mundial en Suiza, México se mantuvo en el lugar 60 de 133 países, respecto al año 2008, no obstante hemos caído 10 posiciones desde 2001.
Por lo que se refiere a la distribución del ingreso, es importante reconocer que el mercado no se autorregula ni tampoco logra una correcta distribución de sus ganancias si no existen leyes e instituciones que otorguen condiciones para ello y generen igualdad de oportunidades para elevar la productividad de los trabajadores y la competencia de las empresas. Cuando estas condiciones no se dan, las ganancias provenientes del mercado se concentran, generando pobreza y marginación a su paso.
Crecimiento con equidad
Por tanto, mejorar los ingresos en la población y su distribución equitativa no será factible si sólo nos enfocamos en políticas compensatorias directas al ingreso, sino que también se deben tomar acciones concretas para lograr
1. Mayor eficiencia, transparencia y credibilidad del marco institucional: que principalmente se refiere a la necesidad de generar un ambiente de competencia económica interna en el que la regulación sea lo suficientemente clara para incentivar la competencia de los sectores productivos y por otro lado, que los agentes reguladores tengan capacidad para aplicar las leyes cuando se violen estos incentivos de manera arbitraria. En México, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha estimado que el costo de la carga regulatoria es de 15 por ciento del PIB, las licencias y permisos para establecer negocios en México cuestan 159 por ciento del ingreso per capita mientras que en Estados Unidos el costo equivale a 17 por ciento (utilizando para esto el poder de paridad de compra). Para este año ocupamos el lugar 98 mundial en este rubro, por debajo de Brasil, Chile, Uruguay y Puerto Rico según datos del Foro Económico Mundial para 2009.
2. Mejor calidad de la educación básica, servicios de salud y capacitación para el trabajo: México tiene buena cobertura de estos servicios, pero la calidad de los estudiantes no les permite competir cuando se insertan al mercado laboral. Los mexicanos son menos productivos por sus limitaciones para resolver problemas, analizar datos, establecer argumentaciones, todos ellos síntomas de una educación que no promueve el análisis, el método y la investigación. Los datos son evidentes cada año en la prueba de conocimientos (PISA) que aplica la OCDE. La pérdida de competitividad en este sentido castiga los salarios reales de nuestros trabajadores.
3. El combate de monopolios públicos y privados: ocupamos mundialmente la posición 55, nuevamente debajo de Brasil, Chile o Puerto Rico y muy cerca de nosotros está Colombia o Barbados. Esto se debe principalmente a la prevalencia de monopolios públicos y privados que mantienen a los consumidores locales pagando elevados precios contra servicios de muy mala calidad. Estas son empresas que frenan la competitividad del país ya que al insertarse en un nicho, cualquier intento de un rival por mejorar la tecnología, reducir costos o ganar en calidad es inmediatamente anulado porque atenta contra sus rentas económicas. En este tema, los monopolios mexicanos prevalecen en sectores de mayor valor agregado como son energía, telecomunicaciones, radiodifusión, transportes por señalar algunos. Somos el país con el precio más alto en telefonía fija, lada e Internet de banda ancha de todos los países de la OCDE. Otro ejemplo es Brasil, país que privatizó la industria de telecomunicaciones 8 años después de México pero con un esquema más competitivo que ha reducido 130 por ciento sus costos a la fecha, en tanto que México sólo lo hizo en 82 por ciento ( Banco Mundial).
En el momento de franca recesión económica, se corre el riesgo de desplazar la competitividad para un crecimiento con equidad en aras de superar la emergencia económica. Pero se ha dicho también que de mantener el curso actual de la economía costaría casi medio siglo para reducir tan sólo en 50 por ciento la pobreza extrema, situación que compromete el desarrollo de una generación completa y posiblemente de las que le siguen.
Por tanto, para lograr una rápida recuperación de la economía en forma sostenida, como para tener una mejor distribución del ingreso y nivel de vida, es necesario fomentar la competitividad de los sectores productivos y el capital humano, así como generar un ambiente regulatorio e institucional promotor de la competencia económica y la igualdad de oportunidades, ya que sólo así el mercado funcionará eficientemente en beneficio de todos los agentes y no de grupos, y sólo así México podrá repuntar en su liderazgo mundial en el mediano plazo beneficiándose con esto de las ventajas y ganancias de participar en un mercado global.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura acuerda crear la Comisión Especial de competitividad para un crecimiento con equidad y cuente para su desempeño con los recursos financieros, materiales, humanos necesarios y se solicita que el periodo de las funciones de esta Comisión Especial comprenda desde la aprobación hasta el término de la LXI Legislatura.
Segundo. La comisión estará encargada de dar solución a la agenda en materia de reformas institucionales, regulatorias y de política pública que promuevan e incidan en la competitividad y en la competencia económica de todos los sectores productivos y empresariales para lograr un crecimiento en el que además se otorguen las condiciones para que conforme a las actividades económicas se desarrollen se genere mejor distribución del ingreso.
Tercero. Se impulsará el acuerdo federal para que los estados y los municipios se integren a la dinámica en esta materia y facilitar que se adopten las medidas, a fin de que el avance sea homogéneo en el país e ir cerrando las disparidades interestatales.
Cuarto. En el marco de los trabajos de esta comisión, se realizarán los seminarios, foros y encuentros de debate necesarios para hacer del consenso público a través de la consultoría, academia, investigación y organizaciones de la sociedad civil, para que se consideren los diagnósticos ya elaborados y avanzar rápidamente en las iniciativas. Asimismo, se deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Quinto. La comisión estará formada por 20 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Se turna a la Junta de Coordinación Política.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, envíe un informe sobre el Sistema de Supervisión y Control Vehicular, así como de la detección de armas y contrabando de mercancías en el estado de Baja California.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Señor presidente, amigas legisladoras y amigos legisladores, los puertos fronterizos del país son de suma importancia, principalmente aquéllos que colindan con Estados Unidos de América.Tan sólo respecto al estado de Baja California se encuentran seis puertos fronterizos: Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Caléxico, Mexicali II y Algodones-Andrade, aumentando los cruces que se encuentran en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, etcétera, que abarcan, todos ellos, la zona sur de los Estados Unidos y que presentan un ingreso importante para la economía de ambos países.
El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) analiza el tipo de vehículo, el número de matrícula y el peso supuestamente en siete segundos. Este sistema brinda mayor seguridad en los cruces fronterizos, registrando cada uno de los vehículos que atraviesan las garitas norte de nuestro país. Obviamente, el propósito es dificultar el tráfico de armas y sustancias prohibidas; sin embargo, el tiempo para el que estaba diseñada la revisión es ampliamente excedido, haciendo que el tránsito sea demasiado lento dejando pérdidas económicas sumamente valiosas.
Si bien es necesario un programa que contenga mecanismos de revisión y reducción de ingresos de mercancías y armas al territorio nacional, es cierto también que la inoperancia del programa Siave se agudiza con las pérdidas económicas que las demoras están ocasionando.
Quienes pertenecemos a los sectores empresariales, tanto mexicanos como estadunidenses, estamos de acuerdo con la medida del gobierno federal, que obviamente busca evitar el cruce de armas y dinero producto del narcotráfico, además del contrabando de mercancías; sin embargo, estamos convencidos de que debe aplicarse este sistema cuando se tenga la capacidad de atender el aforo vehicular sin ocasionar retrasos.
Por otra parte, la implementación de este programa de supervisión no sólo afecta a la economía, sino también a las personas que diariamente deben cruzar por las garitas internacionales, ya sea por cuestiones laborales, escolares o personales. Tan sólo en Tijuana se calculan miles de personas que pierden de una a cuatro horas cada día en los cruces fronterizos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, a que entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los beneficios y logros alcanzados por del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave); así como en la detección de armas y contrabando de mercancías en la franja fronteriza comprendida en Baja California.
Señor presidente, le solicito de la manera más atenta que la presente se inserte de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar mediante las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales un informe acerca del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, así como de la detección de armas y del contrabando de mercancías en Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos1. Que los puertos fronterizos del país son de suma importancia, principalmente aquellos que colindan con Estados Unidos de América, tan sólo en lo que respecta a Baja California se cuentan seis puertos fronterizos: Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Calexico, Mexicali II y Algodones-Andrade, aumentando los cruces que se encuentran en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, etcétera, que abarcan la zona sur de Estados Unidos y que representan un ingreso importante para la economía de ambos países.
2. Que el Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) analiza el tipo de vehículo, el número de matrícula y peso ``supuestamente'' en siete segundos; este sistema brinda mayor seguridad en los cruces fronterizos registrando cada uno de los vehículos que atraviesan por las diversas garitas en el país, dificultando el tráfico de armas y sustancias prohibidas; sin embargo, el tiempo para el que estaba diseñada la revisión es ampliamente excedido haciendo que el tránsito sea demasiado lento dejando pérdidas económicas sumamente valiosas.
3. Que si bien es necesario un programa que contenga mecanismos de revisión y reducción del ingreso de mercancías y armas al territorio nacional, es cierto también que la inoperancia del programa Siave se ha visto desfavorecida con las pérdidas económicas que las demoras están ocasionando.
4. Quienes pertenecemos a los sectores empresariales, tanto mexicanos como estadounidenses, estamos de acuerdo con la medida del gobierno federal que busca evitar el cruce de armas y dinero producto del narcotráfico, además del contrabando de mercancías; sin embargo, estamos ciertos en que se debe de aplicar este sistema cuando se tenga la capacidad de atender el aforo vehicular sin ocasionar retrasos.
En los últimos cuatro años las garitas de Tijuana han dejado de ser las más visitadas del mundo, se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento, incluso actualmente se han perdido más de 70 mil empleos y el agravante de las demoras, en el cruce fronterizo, arroja como resultado la pérdida de alrededor de 4.5 millones de horas laborales tan sólo en la región de los estados de California y Baja California, a esto habría que sumarle las pérdidas de empleo, horas laborales traducidas obviamente en económicas.
5. A esta disminución de la afluencia a las garitas internacionales, no sólo de Baja California sino también de los demás estados fronterizos, se le debe sumar que el Sistema de Supervisión y Control Vehicular ha sido un factor clave que inhibe los cruces y que lleva consigo pérdidas de miles de millones de pesos.
Por otra parte, desde la implementación de este programa de supervisión, no sólo la economía se ve afectada, sino también las personas que diariamente deben cruzar por las garitas internacionales por cuestiones laborales, escolares o personales, tan sólo en la ciudad de Tijuana se calculan varias decenas de miles de personas que pierden de una a cuatro horas cada día tan sólo en los cruces fronterizos.
Sobra decir que la afluencia turística se inhibe retrayendo la economía que provenía de ese sector, obviamente con sistemas de revisiones extremas y tardadas, colocados sobre las garitas.
Quienes hemos padecido los estragos de espera en los cruces fronterizos alzamos la voz y proponemos desde esta representación la aplicación de nuevos y eficientes programas de colaboración binacional, como el ocurrido entre los años 2000 y 2001 implementado desde el municipio de Tijuana, un sistema de cruce fronterizo inteligente denominado ``Sentri'', utilizado en varias garitas de diferentes ciudades a lo largo de la franja fronteriza de nuestro país.
Estamos de acuerdo en la gran lucha que nuestro presidente Felipe Calderón ha implementado desde el gobierno federal, reconocemos que lo resultados de esa lucha frontal en contra del crimen organizado han alcanzado niveles históricos, sabemos que esa lucha conlleva costos económicos y sociales altos, sin embargo, nuestra función desde esta Cámara de Diputados es coadyuvar al Ejecutivo a través de la representación social que tenemos, traer los problemas que nos perjudican como nación y que tienen una importancia dentro de nuestra agenda legislativa.
Es necesario agilizar los proyectos que se tienen a corto, mediano y largo plazo entre los gobiernos de ambos países, debemos demostrar con acciones concretas desde los Poderes de la Unión la voluntad que tenemos para elevar las prioridades de las necesidades de regiones como Baja California.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, para que entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los beneficios y logros alcanzados por del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave); así como en la detección de armas y contrabando de mercancías en la franja fronteriza comprendida en el estado de Baja California.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Como lo solicita diputado, se inserta en el Diario de los Debates y se publica en la Gaceta Parlamentaria.Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACION, LA FINANCIACION Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exterioresinicie los procedimientos para la adhesión de México a la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la convención referida, la que mencionaba el presidente, busca obligar a los Estados parte a no recurrir a las prácticas mercenarias, al tiempo que establece la prohibición expresa de tales actividades, para la cual la convención establece la obligatoriedad de extraditar o procesar a los mercenarios que se encuentran en su territorio, independientemente de que el delito se haya cometido ahí o en otra parte.México, en el proceso de su consolidación como país democrático, ha establecido un vínculo indisoluble con el estado de derecho y los derechos humanos, al grado de tener como condicionante mismo de su existencia el deber de adoptar mecanismos que combatan la corrupción y la violación de los derechos humanos.
De lo contrario, no se puede calificar como un Estado democrático de derecho, ya que la corrupción atenta contra los derechos y libertades, o bien, de los involucrados en estos actos, o de terceros, situación que no puede ser justificada por atentar contra la esencia de las democracias: el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
Dada la ola de violencia presente en nuestro país consideramos pertinente que México manifieste expresamente su adhesión a este instrumento, pues, sin duda, las disposiciones ahí contenidas contribuirán a regular y sancionar las conductas que desgraciadamente se han incrementado por las actividades de las organizaciones delictivas.
A propósito de la comparecencia que tuvo aquí la secretaria de Relaciones Exteriores el pasado 29 de septiembre, en la que ella se comprometió a revisar la posibilidad de que México se sume a este tratado que nos es tan importante ante la violencia que vive nuestro país, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación de este punto de acuerdo en donde se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión del Estado mexicano a la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, y remita a esta soberanía la respuesta de la solicitud de información requerida por el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, realizada en el Estado mexicano en noviembre del año pasado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que inicie los procedimientos para la incorporación de México a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón Jiménez Fuentes y Gerardo Leyva Hernández, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión de México a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, conforme a las siguientes
ConsideracionesEl 4 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Lo anterior, en reconocimiento a la desestabilización y vejaciones que las actividades de estos grupos han creado en países como África, Asia y América Latina. Pese a existir los Convenios de Ginebra, instrumentos en los que se aborda de manera integral el derecho humanitario en los conflictos armados, no se había reconocido la ilegalidad de las actividades de los mercenarios, conforme al derecho internacional, por lo cual los países no contaban con una disposición expresa que les prohibiera el reclutamiento, utilización, financiación o entrenamiento de mercenarios, lo que resulta inconcebible dentro de un concierto que unifique a los Estados democráticos de derecho que buscan la salvaguarda de la integridad y dignidad de mujeres y hombres.
La convención referida busca obligar a los Estados parte a no recurrir a las prácticas mercenarias, al tiempo que establece la prohibición expresa de tales actividades, para lo cual, la convención establece la obligatoriedad de extraditar o procesar a los mercenarios que se encuentren en su territorio, independientemente de que el delito se hay cometido ahí o en otra parte.
México, en el proceso de su consolidación como un país democrático, ha establecido un vínculo indisoluble con el Estado de derecho y los derechos humanos, al grado de tener como condicionante misma de su existencia, el deber de adoptar mecanismos que combatan la corrupción y la violación de las garantías fundamentales; de lo contrario, no se puede calificar como un Estado democrático de derecho, ya que la corrupción atenta contra los derechos y libertades, o bien de los involucrados en estos actos, o de terceros, situación que no puede ser justificada, por atentar contra la esencia de las democracias, que es el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
Es decir, en un verdadero Estado democrático de derecho, debe prevalecer el respeto a las leyes; las cuales deben reconocer y garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, donde el acceso de estos a los servicios se dé en igualdad de condiciones, mientras que en las dictaduras o Estados totalitarios, donde los intereses de los ciudadanos no son tomados en cuenta, es válido caracterizarla de corrupta.
La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios consagra los principios internacionales referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados para prevenir, enjuiciar y castigar las conductas delictivas que vulneran los derechos humanos de las personas. En adición, dicha convención evidencia la preocupación de la comunidad internacional por el desarrollo de actividades ilícitas que efectúan los mercenarios, en detrimento del orden constitucional de los Estados.
Es por lo anterior que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que toda actividad que pretenda la renuncia de un Estado soberano respecto de las obligaciones que tiene con sus ciudadanos para garantizar su seguridad, propiciando la creación y funcionamiento de empresas de seguridad privada y compañías militares privadas, debe ser contemplada como una posible agresión a los derechos humanos y la abdicación del Estado, dejando en la indefensión total a aquellos ciudadanos que no pueden pagar por su seguridad. En este sentido, en el mes de noviembre pasado, el grupo de trabajo conformado por la ONU para el estudio de este fenómeno solicitó a México un informe respecto de la operación de compañías militares privadas en su territorio y, especialmente, respecto del entrenamiento que estas compañías pudieran estar brindando a las policías municipales, específicamente en el estado de Guanajuato, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó, a su vez, información al respecto.
En este contexto, debemos señalar que resulta urgente que México se adhiera a esta convención, tal como lo ofreció la señora Patricia Espinoza Cantellano el 29 de septiembre pasado, durante su comparecencia, ya que existen en nuestro país más de mil quinientas compañías de seguridad privada y no tenemos una certeza de cuántas de ellas brindan servicios paramilitares.
En este sentido, consideramos imperante la necesidad de que México se adicione a dicho instrumento internacional, a efecto de contribuir a la erradicación de actividades que tengan como consecuencia la violación de los derechos humanos de las personas, principalmente de su derecho a la vida. Pues, si bien es cierto, tradicionalmente se ha considerado que los derechos fundamentales sólo podían oponerse a los poderes públicos; las circunstancias históricas nos revelan que los Estados tienen la obligación de garantizarlos entre los particulares, por lo cual es necesario asumir que las conductas de los mercenarios violentan los derechos fundamentales de las personas, por lo que deben ser reguladas por el derecho, como es el caso de la presente convención.
Dada la ola violencia presente en el país, considero pertinente que México manifieste expresamente su adhesión a este instrumento; pues, sin duda, las disposiciones ahí contenidas contribuirán a regular y sancionar las conductas que desgraciadamente se han incrementado por las actividades de las organizaciones delictivas.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión del Estado mexicano a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios y remita a esta soberanía la respuesta a la solicitud de información requerida por el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, realizada al Estado mexicano en el mes de noviembre pasado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
TRATA DE PERSONAS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a los Congresos locales a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como para armonizar su marco jurídico en la materia.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos: Con su permiso, señor presidente. Le solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo con el que se exhorta a los Congresos locales a expedir una ley para prevenir y sancionar la trata de personas y que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas este fenómeno criminal tiene presencia en 155 países. Al respecto conviene señalar que la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y explotación sexual como consecuencia de la trata es de 2.5 millones.
Quienes hoy tenemos la fortuna, y a la vez la enorme responsabilidad de ser los representantes de la ciudadanía, no debemos ser indiferentes ni conformarnos con lo que se ha avanzado en esta materia, pues esta conducta es, por desgracia, una terrible realidad en nuestros días.
México ha participado en diversas convenciones internacionales sobre la problemática de la trata de personas, en las que se han suscrito instrumentos internacionales para proteger a las víctimas de este delito, además de que se han establecido las bases para la colaboración y vigilancia internacional de esta actividad delictiva.
Cabe destacar que nuestro país se ha comprometido en instrumentos internacionales, como la Convención internacional para la represión de la trata de mujeres y niños, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por mencionar algunos.
A consecuencia de estos compromisos internacionales, se creó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pero aún la tarea no está completa, pues en cuanto a legislación se refiere, falta un largo camino por transitar, especialmente en las legislaciones locales, ya que sólo dos entidades federativas, el Distrito Federal y Chiapas, cuentan con una ley en el tema de trata de personas.
Por otra parte, existen 11 entidades federativas que aún no tipifican en sus códigos penales este delito, de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
En las entidades donde sí está tipificada la trata de personas existe una gran diferencia entre lo que consideran actividad, medios comisivos y los fines. Existe una gran divergencia entre las penalidades de cada entidad para el delito de trata. De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 12 no incluyen los medios comisivos.
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario llevar a cabo una homologación integral de los tipos penales en las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones respecto a su alcance, punibilidad, medidas preventivas y medios comisivos del delito, razón por la cual someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a los Congresos locales a efecto de que expidan una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como a que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y a armonizar su marco jurídico en la materia, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Silvia Esther Pérez Ceballos, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa trata de personas es uno de los delitos más crueles que existen en la actualidad, desgraciadamente también es uno de los más redituables a nivel mundial sólo superado por el tráfico de drogas y armas.
Datos tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), y su Informe Mundial sobre la Trata de Personas, documentan la presencia de este fenómeno criminal en 155 países del globo.
La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y explotación sexual como consecuencia de la trata de personas es de 2.5 millones.
México está catalogado, de acuerdo con UNODC y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como un país de origen, tránsito, y destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y del trabajo forzado.
Sin duda, esta modalidad de esclavitud, donde las víctimas son principalmente mujeres, niñas y niños indefensos y vulnerables, obliga a actuar permanentemente con todas las herramientas del Estado para combatirla, sin pretextos ni cortapisas y sin ningún tipo de permisividad.
Quienes hoy tenemos la fortuna y a la vez la enorme responsabilidad de ser los representantes de la ciudadanía no debemos ser indiferentes, ni podemos estar conformes con lo que se ha avanzado en esta materia, pues esta deleznable conducta, propia de los tiempos de la barbarie es, por desgracia, una terrible realidad en nuestros días.
Nuestro país ha participado en diversas convenciones internacionales sobre la problemática de la trata de personas, donde se han suscrito instrumentos internacionales para proteger a las víctimas de este delito, además establecer las bases para la colaboración y vigilancia internacional de tan lesiva actividad delictiva.
Por ello México se ha comprometido en los siguientes instrumentos internacionales:
En cumplimiento de dichos compromisos internacionales, se ha creado la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007, que tiene como objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
Sin embargo, no podemos decir que la tarea está completa, pues en cuanto a la legislación se refiere, aún falta un largo camino por transitar, especialmente en la legislación local.
El recién publicado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, (realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, CEIDAS) da cuenta que actualmente solo dos entidades federativas, el Distrito Federal y Chiapas, cuentan con una ley en tema de trata de personas.
Por otra parte, existen 11 entidades federativas que aún no tipifican en sus Códigos Penales este delito de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Estas son: Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En las entidades donde sí está tipificada la trata de personas, existe una gran diferencia entre lo que consideran ``actividad'', ``medios comisivos'' y los ``fines''. Asimismo existe una gran divergencia en las penalidades que considera cada Entidad para el delito de trata. De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 13 no incluyen los medios comisivos (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala).
El estudio también asegura que veinte entidades federativas han realizado reformas a sus códigos penales; pero no obstante, únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen las medidas de prevención, de protección y de asistencia a las víctimas.
Por estas razones y en concordancia con las conclusiones a las que llegan CNDH y CEIDAS en el citado Diagnóstico, resulta un imperativo llevar a cabo una homologación integral de los tipos penales en todas las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones respecto a su alcance, punibilidad, medidas preventivas y medios comisivos del delito.
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a los Congresos locales a efecto de que expidan una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas o que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Pérez Ceballos. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates yse turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Diputada Damián, a sus órdenes.
La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para solicitarle a la diputada que me pueda adherir a su punto de acuerdo.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, le preguntamos a la diputada Pérez Ceballos si está de acuerdo en que haya adhesiones de parte de sus compañeras diputadas y compañeros diputados.
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): Claro que sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. También lo solicita la diputada Ifigenia Martínez. A sus órdenes, diputada. Diputada Reyes Sahagún.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Me quiero sumar a la propuesta, diputado presidente.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: También diputado Fernández Noroña. ¿Diputado Cárdenas?
El diputado Jaime Cárdenas Gracia: Me adhiero.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. ¿Diputada Laura Piña?
La diputada Laura Piña Olmedo (desde la curul): Solicito adherirme.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿También usted solicita adherirse? Muy bien. Diputado Arturo Santana.
El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Adelante, diputada Torre Canales.
La diputada María del Pilar Torre Canales (desde la curul): Yo voy en el mismo sentido. Me quiero sumar, si me lo permite la diputada, me quiero sumar a su propuesta.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Rosario Brindis.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez (desde la curul): En el mismo sentido, señor presidente. Me adhiero a la propuesta de la diputada.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. ¿Algún otro diputado? ¿Diputada Quiñones?
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): En el mismo sentido...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Rosi Orozco.
La diputada Rosi Orozco (desde la curul): De la misma manera, señor Presidente, me adhiero a la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Paz Gutiérrez.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Con gusto me adhiero a la propuesta, señor presidente.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado Pérez?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Los diputados y diputadas de Acción Nacional que estamos aquí presentes, nos adherimos al punto; el grupo parlamentario.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Diputada, ¿manifiesta su conformidad con que todas las señoras y señores diputados que quieran adherirse puedan hacerlo?
La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): Con todo gusto, señor presidente. Agradezco a todos su apoyo porque esto es por los ciudadanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Está a disposición de todas las señoras y señores diputados que deseen adherirse el documento en la Secretaría, para que se haga constar su adhesión. Muchas gracias.
INFLUENZA AH1N1
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita las comparecencias delsecretario de Saludy del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de que informen a esta soberanía la situación prevaleciente en relación con el rebrote del virus de influenza AH1N1.
El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, por economía parlamentaria expondré sólo un breve resumen, por lo que le solicito quede registrada la versión íntegra en el Diario de los Debates.La salud pública es uno de los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo social que hoy demanda el país. Con gran consternación México vivió en abril una emergencia sanitaria por la aparición de un nuevo virus denominado influenza porcina, ahora virus de influenza AH1N1, que ha provocado de manera permanente graves daños a la armonía social y a la economía.
Las entidades con mayor incidencia de casos confirmados son Distrito Federal, Chiapas, Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí, con cifras que de manera alarmante se van incrementando.
Al respecto la Secretaría de Salud informa que a la fecha se tienen 35 mil 838 casos confirmados de personas contagiadas y 245 decesos. El registro más drástico se da entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, cuando en tres días se detectó un incremento de 506 casos y seis decesos más en el país, con un promedio de 168 casos al día, números, compañeros, que nos deben alertar, ya que esto habla de un rebrote anticipado.
Bajo esta premisa, la Secretaría de Salud anunció un plan nacional complementario para enfrentar un rebrote del virus, frente a los pronósticos de que en invierno podría contagiarse por lo menos un millón de personas.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta que frente al inminente rebrote del virus de la influenza AH1N1, es propicio que esta soberanía haga comparecer a la brevedad a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris.
Lo anterior, con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca con certeza las medidas que se han diseñado para preparar al sistema nacional de salud, el cual está obligado a preservar la salud y vida de todos los mexicanos.
Esta Cámara de Diputados debe mantenerse vigilante a las acciones de gobierno e implementar, desde el ámbito parlamentario, aquellas que aseguren su cumplimiento, más aún cuando se trata de salvaguardar los derechos fundamentales como el de la salud.
Compañeras y compañeros diputados, legislar es nuestra responsabilidad. Cumplamos con ánimo, decisión, pasión, pero principalmente con unidad en torno a los problemas neurálgicos del país. Demostremos de cara a la nación que en este Congreso existe sensibilidad y voluntad política para proponer las soluciones que demandan nuestros conciudadanos.
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente se someta a consideración de esta soberanía como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Con absoluto apego al principio de división y colaboración de Poderes, esta Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el pleno del ciudadano José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, y del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el objeto de que informen detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia han emprendido en coordinación con los sistemas de salud de las entidades federativas para enfrentar el rebrote del virus de influenza AH1N1 en el marco del Plan Nacional de Respuesta Complementaria.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, con sensibilidad, responsabilidad y compromiso construyamos juntos el México que tanto necesitamos. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud y del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que informen sobre la situación prevaleciente respecto al rebrote del virus de influenza AH1N1, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa salud pública es uno de los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo social que hoy demanda el país. Lamentablemente, el Estado mexicano se ha visto rebasado por diversas circunstancias para poder establecer condiciones que garanticen a la población el ejercicio y disfrute pleno de este derecho fundamental.
Con gran consternación, en abril del presente año, los mexicanos padecimos una situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la aparición de un nuevo virus, en un principio denominado ``de influenza porcina'', ahora virus de influenza AH1N1.
De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Salud, el virus ha causado la muerte de 193 mexicanos y se tienen 21 mil 857 casos confirmados de contagiados.
El último reporte sobre la situación de la epidemia, del pasado 31 de agosto, señala que en una semana, 14 personas más fallecieron y a 997 se confirmó la presencia del virus. Asimismo, detalla que de los 193 fallecidos, 49.7 por ciento correspondía al sexo femenino y 50.3 al masculino; 72 por ciento tenía entre 20 y 54 años de edad.
Las entidades que registran más casos hasta el momento son Chiapas, Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Nuevo León.
En cuanto a la distribución de los casos confirmados, Chiapas registra 3 mil 438; Yucatán, 2 mil 952; Distrito Federal, 2 mil 481; Jalisco, mil 424; Veracruz, mil 165; Tamaulipas, mil 43; Tabasco, 991; y Nuevo León, 783.
No obstante la publicación de estas cifras, en un nuevo reporte la Secretaría de Salud señaló que a la fecha se tienen 22 mil 663 casos confirmados de personas que se contagiaron y 207 muertos.
En las dos últimas semanas se registró un incremento de 2 mil 651 casos confirmados en laboratorio y 29 decesos más, para dar un total de 22 mil 363 casos y 199 muertos, según reportes de la Secretaría de Salud.
En consecuencia, el registro más drástico se da entre el 31 de de agosto y el 3 de septiembre, cuando en 3 días hubo un alza de 506 casos y seis decesos más en el país, previamente al inicio de la época otoño-invierno, con un promedio de 168 casos al día.
Es evidente que las cifras anteriores nos deben alertar, ya que los casos se están multiplicando de forma que no había sido pronosticada y que habla de un rebrote anticipado; además, contrastan con las que dicha dependencia dio a conocer el 28 de agosto del presente año y que advertían supuestamente un comportamiento de la influenza en una fase estable, al registrarse entre 80 y 100 casos diarios.
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en México, del 3 de agosto al 3 de septiembre, los casos de influenza AH1N1 aumentaron en 4 mil 947 cuando pasaron de 17 mil 416 a 22 mil 363 y el número de decesos aumentó en 53, al pasar de 146 a 199.
La Secretaría de Salud ha reconocido la existencia de errores en el manejo de pacientes durante la primera oleada de la epidemia. Esa situación se debe evitar, y que se repitan circunstancias que se registraron al principio de esta epidemia, y que agudizaron la situación, como el hecho de que pacientes que ingresaron en unidades médicas fueron contagiados por el AH1N1, al ser incorporados con enfermos de este virus, poniendo en riesgo aún mayor su estado de salud.
En este contexto, la dependencia anunció un plan nacional complementario para enfrentar un rebrote del virus, frente a los pronósticos de que en invierno podría contagiarse por lo menos 1 millón de personas. Por ello, las medidas anunciadas consistieron en capacitar a los más de 200 mil médicos que hay en el país para que detecten y diagnostiquen oportunamente a los pacientes que presenten los síntomas del virus.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha informado que ante el inminente rebrote de la influenza AH1N1, los gobiernos de México, de Estados Unidos y de Canadá acordaron fortalecer la vigilancia sanitaria en puntos fronterizos, y que las autoridades de salud desde un inicio se comprometieron a transparentar toda la información relacionada con el virus.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta que frente al inminente rebrote del virus de la influenza AH1N1, es propicio que esta soberanía haga comparecer con la mayor brevedad ante este pleno a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, a fin de que la sociedad mexicana conozca con certeza las medidas que se han diseñado para preparar al sistema nacional de salud frente al rebrote de este virus, que ha puesto y que sigue poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los mexicanos.
La Cámara de Diputados no debe permanecer indiferente; por el contrario, debe asumir su papel republicano para mantenerse vigilante de las acciones de gobierno e implantar las que desde el ámbito parlamentario aseguren su cumplimiento, más aún cuando se trata de salvaguardar derechos fundamentales como el de la salud.
Para tal efecto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados implantará con la mayor brevedad el formato conforme al que se desarrollará y desahogará dicha comparecencia.
Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se someta a consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Con absoluto respeto del principio de división y colaboración de los poderes, la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el pleno del ciudadano José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, con objeto de que informe detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido en coordinación con los sistemas de salud de las entidades federativas para enfrentar el rebrote del virus de influenza AH1N1, en el marco del plan nacional de respuesta complementaria.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar en el ámbito de sus atribuciones las medidas necesarias que eviten y sancionen el abuso en el incremento de los precios de los productos desinfectantes o antibacteriales que demanda la prevención y control de este virus, como el alcohol en gel, tapabocas, pañuelos y guantes de látex.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Hernández Rodríguez. Como lo solicita se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates yse turna a la Comisión de Salud.
DESARROLLO RURAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que exhorta a la Sagarpa, a los titulares de los Ejecutivos locales y a los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable a respetar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el ejercicio de recursos destinados al desarrollo rural.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su permiso, señor presidente.Algún humanista dijo una vez que las leyes mexicanas son como el inglés: se escriben de un modo y se pronuncian de otro. Acción Nacional inicia su actuar político como un partido eminentemente federalista y municipalista; además de ser un gran impulsor de la participación ciudadana. Entendemos la necesidad de un sistema federal que armonice la autonomía de cada poder político con la unidad nacional y que sea capaz de generar condiciones de convivencia estable y funcional en el marco de la pluralidad.
Para Acción Nacional, la actividad agroalimentaria en su conjunto es de vital importancia, pero más importante es aún la sociedad rural que depende directamente de ésta. En el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de la importancia de este sector para el desarrollo del país.
En este sentido, preocupados y ocupados por generar más acciones que detonen el desarrollo rural, asumimos con responsabilidad y seriedad nuestro papel como legisladores y apostamos por un sector rural organizado, competitivo, pero sobre todo que fomente y fortalezca la participación ciudadana.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable expone que, con apego a los principios de federalización, se integrarán los consejos estatales y municipales homologados al Consejo Mexicano en los municipios y en las entidades federativas.
Éstos deben constituir una herramienta para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas.
El primer párrafo de la citada ley es acatado, respetado al pie de la letra por los titulares de los Ejecutivos locales de manera clara y contundente. Desafortunadamente, en el mismo numeral, en sus párrafos cuarto y quinto se estatuye que la integración de los consejos estatales deberá ser representativa de la composición económica y social de la entidad y que la organización y funcionamiento de los consejos estatales y municipales se regirán por los estatutos que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y las entidades federativas.
Esto, compañeros legisladores, definitivamente no se cumple. Esto, diputadas y diputados, es simple y sencillamente letra muerta en los estados y municipios de nuestro país. Compañeras y compañeros, la omisión caprichosa de la ley y la distribución selectiva y antojadiza de los programas y recursos representan un retroceso para la sociedad rural.
Cumplir la normatividad, regular y acatar las responsabilidades que la ley indica, más que una obligación es un deber.
Por lo anteriormente expuesto y con base en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, referentes a la participación ciudadana en la distribución de recursos de la federación, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo, y termino.
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los Ejecutivos locales, a que con apego al Capítulo III de la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, específicamente el artículo 24, que se integren los consejos correspondientes de acuerdo con lo ordenado en la citada ley.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los ejecutivos locales, a cumplir con el convenio de federalización de recursos concurrentes con los estados para que cumplan y se sometan a los lineamientos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en cuatro términos específicamente:
1. Que fomenten la participación ciudadana y la pluralidad.
2. Que sean agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos en los tres niveles de gobierno.
3. Que fortalezcan el ejercicio transparente de los recursos destinados a los programas concurrentes.
4. Que garanticen la atención efectiva a las necesidades y prioridades de este sector, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por último solicito que se inserte íntegramente este texto en el Diario de los Debates, señor presidente. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a los titulares de los Ejecutivos locales y a los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable a respetar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo rural, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos locales respetar lo establecido en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, referentes a la participación ciudadana en la distribución de recursos de la federación al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosAcción Nacional inicia su actuar político como un partido eminentemente federalista y municipalista, además de ser un gran impulsor de la participación ciudadana. En Acción Nacional entendemos la necesidad de un sistema federal que armonice la autonomía de cada poder político con la unidad nacional y que sea capaz de generar condiciones de convivencia estable y funcional en el marco de la pluralidad. En nuestros principios de doctrina, el gobierno municipal se concibe como autónomo, responsable, permanentemente sujeto a la voluntad de los gobernados y a su vigilancia, y celosamente apartado de toda función o actividad que no sea la del municipio mismo.
Sólo en estas condiciones puede cumplir la administración del municipio sus fines propios y realizar con plenitud su sentido histórico. Sólo así pueden evitarse el vergonzoso desamparo y la ruina de nuestras poblaciones, el abandono de nuestra vida local en manos de caciques irresponsables, la falta completa o la prestación inadecuada y miserable de los servicios públicos más urgentes y, sobre todo, la degradación de la vida política nacional.
Para Acción Nacional, la actividad agroalimentaria en su conjunto es de vital importancia, pero más importante es aún la sociedad rural que depende directamente de ésta.
En el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de la importancia de este sector para el desarrollo del país; en este sentido, preocupados y ocupados por generar más acciones que detonen el desarrollo rural, asumimos con responsabilidad y seriedad nuestro papel como legisladores y apostamos por un sector rural organizado, competitivo pero, sobre todo, que fomente y fortalezca la participación ciudadana.
La ley de desarrollo rural sustentable expone que, con apego a los principios de federalización, se integrarán los consejos estatales y municipales, homologados al consejo mexicano en los municipios y en las entidades federativas. Éstos deben constituir una herramienta para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas.
El primer párrafo del artículo 25 de la citada ley es leído, acatado y respetado al pie de la letra por los titulares de los Ejecutivos locales de manera clara y contundente. Desafortunadamente en el mismo numeral, en los párrafos cuarto y quinto se estatuye que ``la integración de los consejos estatales deberá ser representativa de la composición económica y social de la entidad; y que la organización y funcionamiento de los consejos estatales y municipales se regirán por los estatutos que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y los de las entidades federativas''; esto definitivamente no se cumple: es simple y sencillamente letra muerta en todos los estados y municipios de nuestro país.
La omisión caprichosa de la ley y la distribución selectiva y antojadiza de los programas y recursos representan un retroceso para la sociedad rural; cumplir la normatividad, regular y acatar las responsabilidades que la ley indica, más que una obligación es un deber.
Por lo expuesto, y con base en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, referentes a la participación ciudadana en la distribución de recursos de la federación, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los Ejecutivos locales a efecto de que, con apego en el Capítulo III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, específicamente en el artículo 24, se integren los consejos correspondientes de acuerdo a lo ordenado en la citada ley.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los Ejecutivos locales a cumplir con el convenio de federalización de recursos concurrentes con los estados para que cumplan y se sometan a los lineamientos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en los siguientes términos:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Arriaga Rojas. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debatesy túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
COMISION ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL Y EXHAUSTIVO A LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN RELACION A LOS FEMINICIDIOS REGISTRADOS EN MEXICO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias. Pido, señor presidente, que pueda mandar este punto a la Junta de Coordinación Políticay pueda ser inscrito de manera íntegra en el Diario.A partir de 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dio cuenta de una serie de homicidios cometidos contra mujeres, niñas y mujeres jóvenes; desde entonces --ya hace 16 años-- han sido privadas de la vida, en esa ciudad, 430 mujeres. Sólo en 2008 se registraron 17 mujeres muertas y 30 desa-parecidas. Aunado a esto nos encontramos con que durante la primera década se reportaron 4 mil desaparecidas, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los anteriores son datos reservados, ya que existen otros más alarmantes, proporcionados por organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil, que afirman que, de 1999 a 2008, más de 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas en México.
Es lamentable que estos hechos no hayan cesado en Chihuahua, pero aún más es que se siguen presentando en el resto del territorio nacional, donde en la actualidad hay registros de feminicidios y desapariciones de mujeres, principalmente en los estados de Guanajuato, Sonora, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Estado de México, y en el Distrito Federal.
Es necesario que desde ese honorable órgano legislativo exijamos que estos crímenes sean esclarecidos por parte de las autoridades responsables, ya que en el transcurso del tiempo éstas han demostrado silencio, omisión, negligencia y colusión al prevenir, investigar, sancionar y trabajar para erradicar estos delitos.
Por lo anterior, es imperante la necesidad de que esta Legislatura cuente con una Comisión Especial que dé seguimiento puntual a este gravísimo problema que acecha, desde hace 16 años, a nuestras mujeres de todo el país y a las familias que han perdido o que viven con la ausencia de una de sus integrantes, para que se logre por fin la impartición de justicia con investigaciones que esclarezcan esos crímenes y lleven a la detención de los responsables, para que este tema que lacera a la sociedad mexicana no pase de largo y deje de ser uno de los más grandes pendientes que tienen las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno y de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta Legislatura, a la creación de una Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios cometidos en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, diputada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los diputados integrantes de la XLI Legislatura a crear una Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, al tenor de los siguientes
Antecedentes1. A partir de 1993, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dio cuenta de una serie de homicidios, cometidos contra mujeres, niñas y mujeres jóvenes. Desde entonces, hace ya 16 años, han sido privadas de la vida en esa ciudad 430 mujeres. Tan sólo en 2008 se registraron 17 muertas y 30 desa-parecidas. Aunado a esto, nos encontramos con que durante la primera década se reportaron 4 mil mujeres desaparecidas, según informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. Los anteriores son datos reservados, pues hay otros más alarmantes, proporcionados por organizaciones de la sociedad civil, que afirman que de 1999 a 2008 más de 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas en México.
Es lamentable que estos hechos no hayan cesado en Chihuahua; peor aún es que se siguen presentando en el resto del territorio nacional, donde en la actualidad se encuentra registro de feminicidios y desaparición de mujeres, principalmente en Guanajuato, Sonora, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chiapas, estado de México y el Distrito Federal.
ConsiderandoI. Que el Estado no ha dado garantías a las mujeres ni creado condiciones que aseguren su integridad física y sus vidas en ningún ámbito del quehacer diario, como es su entorno social, familiar, laboral, escolar o en los espacios de recreación o tránsito. Lo anterior, ya que las autoridades encargadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia no han realizado ni realizan de forma eficaz las funciones que tienen encomendadas.
II. Que es necesario que desde este órgano legislativo exijamos que los crímenes sean esclarecidos por las autoridades correspondientes, ya que a lo largo del tiempo han demostrado silencio, omisión, negligencia y colusión al prevenir, investigar, sancionar y trabajar por erradicar estos delitos.
III. Que en 1993 se presentaron los primeros casos de muertes de mujeres en Chihuahua, y hasta 2003, una década después, el gobierno federal no tomó algunas medidas, al nombrar a Guadalupe Morfín Otero como comisionada para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, por parte de la Secretaría de Gobernación, y la designación por la Procuraduría General de la República de María López Urbina como fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Juárez e impulsar una campaña nacional sobre equidad y seguridad integral para las mujeres. Sin embargo, estas acciones han dado ínfimos resultados.
IV. Que es imperiosa la necesidad de que esta legislatura cuente con una Comisión Especial que dé seguimiento puntual a este gravísimo problema, que asecha desde hace 16 años a las mujeres, que viven con un Estado que no les garantiza seguridad, y que las familias que han perdido o que viven con la ausencia de una de sus integrantes logren por fin la impartición de justicia, al concluirse las investigaciones que lleven a la detención y al encarcelamiento de los criminales.
Como antecedentes de la creación de la Comisión Especial que hoy se plantea, contamos con las comisiones especiales creadas por la LVII y LIX Legislaturas, las cuales fueron la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones de los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua; y la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada, respectivamente, las cuales aportaron elementos importantes para que este tema, que lacera a la sociedad mexicana, no pase de largo y deje de ser uno de los más grandes pendientes que tienen las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país.
V. Que el Estado mexicano ha incumplido los compromisos internacionales firmados en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. Es necesario que desde la Cámara de Diputados exhortemos y trabajemos porque éstos sean cumplidos a cabalidad, logrando de esta forma un lugar seguro para las mujeres y las niñas, donde salir a la calle no signifique peligro alguno.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a los diputados integrantes de la XLI Legislatura a crear una Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita la diputada, túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Señor presidente, para sumarme a la propuesta de la compañera que acaba de bajar del podium, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, por favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien diputada, muchas gracias. Sonido para que haga uso de la palabra la diputada Pérez de Tejada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Presidente, para solicitarle también a la diputada nos permita integrarnos a este punto.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. ¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en este sentido? Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le preguntamos a la diputada Quezada Contreras, si acepta la adhesión de las señoras y señores diputados que han hecho uso de la palabra.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Sí, acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Acepta la diputada, por tanto les pedimos pasen a la Secretaría para poder suscribir la documentación correspondiente.Se turna a la Junta de Coordinación Política.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la entrega de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, al tenor de las siguientes consideraciones:Uno. La libre asociación de trabajadores y trabajadoras para el estudio, la defensa y el mejoramiento de sus intereses, es una garantía fundamental establecida en nuestra Constitución; al igual que el derecho de asociación, no admite más limitaciones que las de tener un objeto lícito y conducirse por medios pacíficos.
En este marco, los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho a coaligarse para defender sus intereses y no requieren permiso, supervisión ni limitación de autoridad administrativa alguna.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales sólo ejercen una función de registro de la organización y en sus cambios en sus comités ejecutivos y dirigencias, pero de ninguna forma la Constitución ni las leyes permiten a la autoridad sancionar el ejercicio de la voluntad de los agremiados ni la conducción de sus organizaciones.
Dos. En el caso de las elecciones para la secretaría general del Sindicato Mexicano de Electricistas, realizadas entre abril y junio del presente año, la libre determinación de los sindicatos ha sido lamentablemente vulnerada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los sindicatos están obligados a notificar los cambios en su directiva, no a someter al arbitrio de la autoridad laboral sus decisiones. La autoridad sólo está facultada para tomar nota de esta modificación.
Quienes participamos en este pleno no contamos con elementos para determinar o calificar las posibles irregularidades que sucedieron en los comicios citados y no tenemos atribuciones para emitir una resolución al respecto. Pero sí debe quedarnos claro que el secretario del ramo ya ha emitido una resolución negando la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas y ha dejado a éste sin representación.
Si existen irregularidades o inconformidades con los resultados del proceso, quien debe emitir una resolución es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez agotado el posible juicio de amparo. Hasta el momento estos órganos no han emitido una resolución al respecto, por lo que es inconcebible que la autoridad laboral, que debiera ser la primera en respetar la ley, actúe irresponsablemente y afecte a una organización sindical al dejarla sin representatividad. Con esto paraliza al sindicato para realizar gestiones laborales, manejar su patrimonio y representar los intereses de sus agremiados y agremiadas.
En un medio sindical caracterizado por prácticas clientelares y corporativas, por falta de transparencia y dependencia del Estado mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas es una de las organizaciones que representa una práctica democrática independiente del Estado.
Se estima en estudios recientes que menos de 10 por ciento de los trabajadores pertenece a sindicatos. Además, se ha demostrado que 90 por ciento de los contratos colectivos depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje son simulaciones, contratos firmados con las empresas al margen de la voluntad de los trabajadores para proteger al patrón ante la posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores se organicen de manera auténtica para evitar que intervengan en la gestión y negociación de sus condiciones de trabajo.
Traigo a este tribunal el caso de un dirigente como Ramón Gámez Martínez ---por cierto, prófugo de la justicia por corrupción de menores---, quien en su momento llegó a manejar más de 2 mil contratos de protección, involucrando a 350 mil trabajadores y trabajadoras, a empresas nacionales y multinacionales que se dedican a la prestación de servicios.
Recientemente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registró dos contratos colectivos a favor de ese sindicato, para llevar la relación de un par de call centers. Ante eso, la autoridad laboral permite la impunidad de personajes de este tipo, pero carece de voluntad para respetar el derecho de los trabajadores a ejercer sus libertades democráticas y su autonomía sindical.
Con independencia de la existencia de irregularidades en el proceso citado, la intervención de las autoridades al negar la toma de nota constituye un atropello a la Constitución y a las leyes y es además un nefasto precedente de la intervención de las autoridades en la vida de las organizaciones sindicales.
De quedar impune esta intervención, los sindicatos sólo podrán operar con la anuencia de una autoridad externa a la que los trabajadores y trabajadoras tendrán que solicitarle su venia para redactar estatutos, reglamentos, para elegir libremente a sus representantes, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción.
Al igual que el secretario de Trabajo y Previsión Social, nosotros queremos una salida legal. A diferencia de él, nosotros no queremos una confrontación, sino una solución pacífica y conforme a derecho. Esta soberanía tiene la palabra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario del Trabajo y Prevención Social a que resuelva conforme a derecho, en los términos que los estatutos señalan, considerando que ésta es la única manera para que este problema se resuelva, permitiendo que el Sindicato Mexicano de Electricistas pueda recuperar su representación jurídica completa y dejar que el órgano jurisdiccional resuelva conforme a la ley.
Segundo. Exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver a la brevedad y en estricto apego a derecho, sobre los comicios internos del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Asimismo, solicito a la Mesa Directiva se obsequie trámite de urgente resolución al presente punto de acuerdo.
Pido a la Presidencia que este punto se inscriba íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, sobre la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno proposición con punto de acuerdo relativa a la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, al tenor de las siguientes
Consideraciones1. La libre asociación de trabajadores y trabajadoras para el estudio, la defensa y el mejoramiento de sus intereses es una garantía fundamental establecida en nuestra Constitución; al igual que el derecho a la libre asociación, no admite más limitaciones que las de tener un objeto lícito y conducirse por medio pacíficos.
En este marco, los y las trabajadoras tienen el derecho a coaligarse para defender sus intereses y no requieren permiso, supervisión ni limitación de autoridad administrativa alguna. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales sólo ejercen una función de registro de las organizaciones y de sus cambios en sus comités y dirigencias. Pero de ninguna forma, la Constitución ni las leyes le permiten a la autoridad sancionar el ejercicio de la voluntad de los agremiados ni la conducción de sus organizaciones.
2. En el caso de las elecciones para la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas, realizadas entre abril y junio del presente año, la libre determinación de los sindicatos ha sido lamentablemente vulnerada por el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Los sindicatos están obligados a notificar los cambios en su directiva, no a someter a arbitrio de la autoridad laboral sus decisiones; la autoridad sólo está facultada para tomar nota de esta modificación.
Quienes participamos en este Pleno no contamos con elementos para determinar o calificar las posibles irregularidades que sucedieron en los comicios citados y no tenemos atribuciones para emitir una resolución al respecto. Pero sí debe quedamos claro que el secretario del ramo ya ha emitido una resolución, negando la toma de nota del Sindicato Mexicano de Electricistas y lo ha dejado sin representación.
Si existen irregularidades o inconformidades con los resultados del proceso quien debe emitir una resolución es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez agotado el posible juicio de amparo, hasta el momento, estos órganos no han emitido una resolución al respecto, por lo que es inconcebible que la autoridad laboral, que debiera ser la primera en respetar la ley, actúe irresponsablemente y afecte a una organización sindical, al dejarla sin representatividad. Con esto, paraliza al sindicato para realizar gestiones laborales, manejar su patrimonio y representar los intereses de sus agremiados y agremiadas.
3. En un medio sindical caracterizado por prácticas clientelares y corporativas, por la falta de transparencia y su dependencia del Estado mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas es una de las organizaciones que representa una práctica democrática e independiente del Estado.
Se estima en estudios recientes que menos del 10 por ciento de los trabajadores pertenecen a sindicatos; además se demostró que el 90 por ciento de los contratos colectivos depositados en la juntas locales de Conciliación y Arbitraje, son simulaciones, contratos firmados con las empresas al margen de la voluntad de los trabajadores para proteger al patrón ante la posibilidad de que las y los trabajadores se organicen de manera auténtica y para evitar que intervengan en la gestión y negociaciones de sus condiciones de trabajo.
Traigo a esta tribuna el caso de dirigentes como Ramón Gámez Ramírez, (por cierto prófugo de la justicia por corrupción de menores) que en su momento llegó a manejar más de 2 mil contratos de protección involucrando a 350 mil trabajadores y trabajadoras y a empresas nacionales y multinacionales que se dedican a la prestación de servicios.
Recientemente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registró dos contratos colectivos de un sindicato afín a su organización para regir las relaciones de trabajo de dos call center. Ante eso, la autoridad laboral permite la impunidad de personajes de este tipo, pero carece de voluntad para respetar el derecho de los trabajadores a ejercer sus libertades democráticas y su autonomía sindical.
Con independencia de la existencia de irregularidades en el proceso citado, la intervención de las autoridades al negar la toma de nota, constituye un atropello a la Constitución y a las leyes. Es además un nefasto precedente de la intervención de las autoridades en la vida de las organizaciones sindicales; de quedar impune esta intervención, los sindicatos sólo podrán operar con la anuencia de una autoridad externa, a la que trabajadores y trabajadoras tendrán que solicitarle su venia para redactar estatutos y reglamentos, para elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción.
Al igual que el secretario del Trabajo y Previsión Social, nosotros queremos una salida legal; a diferencia de él nosotros no queremos una confrontación, sino una solución pacífica y conforme a derecho.
Esta soberanía tiene la palabra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Trabajo y Previsión Social a que resuelva, conforme a derecho en los términos que la ley y los estatutos señalan, considerando que esta deba ser la única manera para que este problema se resuelva, permitiendo que el Sindicato Mexicano de Electricistas pueda recuperar su representación jurídica completa y dejar que el órgano jurisdiccional resuelva conforme a la ley.
Segundo. Exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver a la brevedad y en estricto apego a derecho sobre los comicios internos del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.--- Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
Señor presidente, dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.
Hemos recibido el registro de oradores que presentan los grupos parlamentarios. Se concede el uso de la palabra, en contra de la proposición, al diputado Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Ramírez Bucio: Señor presidente, para solicitarle primeramente, que se revise si hay quórum legal. Creo que no hay suficientes diputados para poder hacer el debate. Solicito que se registren en el tablero.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En los términos de ley, señor diputado, para esta Presidencia hay quórum suficiente para continuar la sesión.
El diputado Arturo Ramírez Bucio: La Ley Federal del Trabajoes muy clara en su artículo 359, donde establece que los sindicatos tienen la autonomía, el derecho de redactar sus propios estatutos.También, en este mismo ordenamiento legal, la Secretaría del Trabajo y los diputados que representamos al Partido Acción Nacional tenemos muy claro que el proceso que hoy vive el Sindicato Mexicano de Electricistas se ha politizado de tal manera, que hoy queremos expresarles que los números que se manejan en la elección del secretario de este sindicato, nos dan las luces claras de que hoy el proceso tendrá que repetirse, porque nos queda claro que estos números están fuera del registro en esta elección.
La Dirección General de Registro de Asociaciones es muy clara y nos señala que... En los votos obtenidos por unos y otros de los contendientes la distancia es tan pequeña que hace para nosotros un problema real, fuerte, porque en el registro de los compañeros que votaron para designar, para decidir a su secretario, está por encima del padrón.
De hecho, podemos decir que este padrón, primeramente, el 30 de enero, en el registro que se tiene por parte de la Secretaría del Trabajo, en 2008, hay 41 mil 975 trabajadores registrados, y en el padrón que se exhibió para esta elección se tiene un padrón de 66 mil 388, lo cual hace una diferencia sustancial.
En ese mismo sentido, la gente, los votantes que se registraron y que están fuera de todo ordenamiento jurídico, nos dice que hay una diferencia de 352 votos, pero que en este mismo sentido se tienen más de mil sufragios que no están registrados en estos padrones.
En ese mismo sentido creemos que no se ha dado la toma de nota a quien la exige debido a que hay una diferencia sustancial en las divisiones foráneas. De hecho, hay un diferencial de 44 por ciento en los votos.
Es decir, existe una diferencia de 3 mil 827 votos o sufragios por encima de los registrados ante la Secretaría del Trabajo.
En ese sentido creemos que nosotros tenemos que luchar por la legalidad en el sindicalismo.
Hoy el sindicato, los sindicatos tienen que buscar ser más representativos y hacer un esfuerzo para que todos aquellos que estén insertos en uno realmente sean representados por sus líderes de forma legal.
Creemos, en definitiva, que el sindicato hoy por hoy no tiene la mayoría o el secretario que está exigiendo la toma de nota no tiene la mayoría conforme a la elección.
En ese sentido, nosotros pedimos a los diputados que seamos conscientes, que hoy se requieren nuevas relaciones laborales, se requiere que los sindicatos sean artífices y representantes de los trabajadores.
Definitivamente no cumple el titular que está exigiendo, el señor Martín, no cumple con los requisitos que la propia ley le exige para ser representante legal de este sindicato. Hoy por hoy pedimos que esta soberanía se manifieste en contra de la toma de nota del líder sindical Martín Esparza. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Ramírez Bucio. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD, en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Con su permiso, señor presidente.De verdad, con todo respeto señor diputado, usted es juez y parte. No es posible que venga usted aquí a la tribuna a decirnos que se politiza un asunto y pareciera que usted estuvo en la asamblea, pareciera que usted contó los votos...
No es así, no es un asunto de números, señor diputado, no es un asunto solamente de una votación; está en juego nada más ni nada menos que el respeto a la autonomía y a la independencia sindical. Eso es lo que está en juego, no una elección.
Como en los viejos tiempos de la represión y del garrote, en donde ``el Estado soy yo'', la arrogancia, la grosería del señor secretario está por encima de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Basta verlo en una entrevista como desprecia el derecho y la razón; basta ver al señor secretario con su arrogancia a negarse cada vez más a entender que las trabajadoras y los trabajadores no pueden ser tutelados por el Estado mexicano, de la manera como lo está haciendo.
Este arrogante y grosero secretario hoy lanza sus baterías contra un sindicato más en México. Hoy le toca al SME, hoy le toca al Sindicato Mexicano de Electricistas la intervención de manera abusiva del Estado, del gobierno federal, en su vida interna.
¿Dónde está el llamado a la unidad? ¿Ése es el respeto a la legalidad, ése es el respeto al estado de derecho que se plantea hoy? No, compañeros, no nos engañemos más. Se agrede la autonomía sindical de las organizaciones que le estorban al secretario para sus negocios.
Hoy esta secretaría es cómplice de los excesos de sus aliados. Calla y guarda silencio cómplice en relación con otras organizaciones gremiales, que con toda impunidad violentan el derecho y la ley.
¿Quieren ejemplos, señores? Basta y sobra lo que hace Elba Esther Gordillo en las diferentes secciones del país, y nadie dice nada, simplemente por ser aliada del poder.
Con cuánto desparpajo y cinismo se ataca a los que no son afines, pero se violenta la legalidad sindical. Y el señor secretario del Trabajo, con sus conocidos, sus amigos, se permite darle el derecho al delincuente Ramón Gámez, que siendo un prófugo de la justicia está suscribiendo contratos colectivos. ¿Ésa es la legalidad? ¿Ése es el estado de derecho? No compañeros, es la complicidad con los negocios.
Al que se quiere liquidar es al SME, porque es un sindicato que ha combatido con la razón y el derecho para defender su fuente de trabajo. Quieren vender Luz y Fuerza, eso es lo que está atrás. No lo neguemos más. Por eso defendemos, no una votación; defendemos la autonomía que tienen los trabajadores para elegir a sus representantes.
No soy yo ni es ningún diputado, ninguna secretaría, la que tiene que intervenir en la vida de los sindicatos. No se engañe, señor secretario, en usar mal la fuerza y el desprestigio de las organizaciones sindicales. Ésta no es la vía para alcanzar la concordia y la democracia nacional; por el contrario, lo único que está haciendo con su arrogancia es dejar claro el desprecio que ustedes en el gobierno tienen contra los trabajadores que se oponen a sus negocios privatizadores.
Deje a un lado, señor secretario, su interés por liquidar la Compañía de Luz y Fuerza. Señor secretario, ya deje de entrometerse en los asuntos sindicales y dedíquese a buscar mejores condiciones de vida y de trabajo para los obreros de este país.
No es el momento, señor secretario, de más provocaciones y abusos contra los trabajadores. No se entrometa más ni siga pisoteando el derecho y la autonomía sindical. Dejemos que los organismos sindicales decidan por sí mismos. No más intervención contra las trabajadoras y los trabajadores de este país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Castro Cosío. Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Gerardo de los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy en la mañana se instaló la Comisión de Trabajo y Previsión Social---les pido respeto--- y ahí estuvimos.En la instalación manifestamos, a través de un compañero de cada grupo parlamentario, la intención de buscar acuerdos y de sumar esfuerzos para sacar adelante la reforma laboral, la que está pendiente.
Don Tereso, presidente de la Comisión, enmarcó en su mensaje final la intención de todos de sumar esfuerzos en este sentido. Esto es no con visión partidista, sino con una visión a favor de México; más allá de lo posible, más allá de lo deseable, lo que es necesario hoy por hoy en este país.
En el asunto concreto del SME, simple y sencillamente anoto dos cosas. No se busca privatizar ni vender absolutamente nada. Hay un proceso ---le pido respeto, compañero--- en el cual la autoridad, ciertamente registral, fue requerida por los propios participantes para que les diera la toma de nota. Si a nosotros no nos gusta ese procedimiento que está en la ley, tenemos la oportunidad ---cuando hagamos la revisión integral de la ley--- de cambiar ese proceso. Pero hoy por hoy, es lo que la ley establece.
Aprovechando, a mi compañero interlocutor le digo que fueron los propios participantes los que piden a la Secretaría del Trabajo que se les otorgue la toma de nota. Repito, si no nos gusta ese procedimiento, aprovechemos la voluntad de todas las fuerzas políticas que participamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social ---que hoy se instaló--- precisamente para hacer esas propuestas.
Creo que, efectivamente, el marco laboral debe defender ---fíjense bien--- los intereses de la clase trabajadora. Su servidor, como laboralista, es un convencido de que el sindicalismo no solamente en México, sino en todo el mundo, es un elemento necesario para el desarrollo.
Los sindicatos no son parte del problema, son parte de la solución y en ese sentido debemos buscar que efectivamente los agremiados en los sindicatos se sientan perfectamente representados, empezando por sus propios líderes.
El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Señor presidente, por su conducto, si el orador me acepta una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. El diputado Ramón Jiménez Lópezdesea hacerle alguna pregunta. ¿Acepta usted la pregunta o no la acepta?
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Sí, con todo gusto, señor presidente.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido paren el cronómetro y el señor diputado haga la pregunta correspondiente.
El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Solamente quiero preguntar al orador. Él hace un momento mencionó que, ``de acuerdo con la ley vigente'' hoy es que se ha incurrido en violaciones a la misma. Por eso argumenta él que no le dan la toma de nota al sindicato.Quisiera preguntarle, si fuera tan amable de decirme, ¿qué ley establece lo que usted está afirmando, si fuera tan amable, por favor? ¿O si no es una ley y es un reglamento, que entonces es una cosa diferente?. Porque usted sugiere también que aquí debemos reformar la ley a la que hace alusión. ¿De qué ley está hablando usted, señor diputado, si fuera tan amable?
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Sí, compañero diputado. Primero le aclaro que lo que usted acaba de afirmar yo no lo dije. Yo lo que dije, si son tan amables de poner atención, sobre todo el compañero...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, señor diputado, que se eviten los diálogos con el resto de los compañeros diputados y concluya usted su intervención.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Es para contestar la pregunta, señor presidente. Yo lo que dije es que son precisamente los participantes los que le han solicitado a la autoridad laboral que les otorgue la toma de nota. Precisamente eso es lo que se alude como conflicto, que no se les ha otorgado la toma de nota.
Entonces, ¿cómo le dice uno, por un lado, a la autoridad laboral: no me has dado la toma de nota que te estoy solicitando, y por otro lado, le decimos que no intervenga? Por eso digo, es una oportunidad la que tenemos en estos momentos.
Hoy instalamos la comisión. Hoy manifestamos sumar los esfuerzos de todos en un tema que es importante. El trabajo es el motor del desarrollo de cualquier país, en ese sentido tenemos esa oportunidad. Hay un proceso que se está desahogando.
Yo quiero intervenir en el sentido de que no contaminemos lo que hoy echamos a andar...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto, señor diputado, ¿ha contestado ya la pregunta? Para que el cronómetro continúe.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Que siga adelante el cronómetro, por favor. Adelante, señor diputado.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Para concluir ---no pienso agotar el tiempo---: si hoy establecimos un mecanismo, un método, para poder concurrir todos, escucharnos y lograr lo que sea necesario para México en materia laboral, yo les pediría que no contamináramos este esfuerzo, aunque son respetables todas las opiniones, y aprovechemos esta oportunidad.
Hoy lo dijimos en la instalación de la comisión, que ojalá la LXI pueda sacar adelante muchos acuerdos que no se han logrado sacar en el pasado, empezando por la Comisión del Trabajo.
Don Tereso, le manifestamos ---usted lo oyó--- nuestra disposición a sumar esfuerzos.
Entonces vamos por México. No vamos por sectarismos ni por visiones particulares. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunes, del Partido de la Revolución Democrática, en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Rodolfo Lara Lagunes: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Partido de la Revolución Democráticase está iniciando ya lo que acaba de mencionar el compañero diputado: la reforma laboral, que tanto ha venido exigiendo quien ocupa el Poder Ejecutivo federal.No es el partido el que está politizando este asunto. Ojalá y fuera solamente una cuestión de legalidad, pero desde un día antes de que el secretario del Trabajo negara la toma de nota, ya se estaba iniciando en los medios masivos de comunicación la satanización del Sindicato Mexicano de Electricistas y de su dirigente.
Ayer nos enteramos, a través de un desplegado, cómo una serie de organismos proempresariales y de derecha siguen cuestionando, están cuestionando, las condiciones laborales de los trabajadores electricistas.
Les duele mucho, y eso es lo que francamente molesta, irrita, que los trabajadores de este sindicato ganen buenos salarios. Les molesta que se jubilen en condiciones humanas. Les molesta que estos electricistas ganen dos veces más que el término medio de los obreros.
Quisieran, con la reforma laboral, que los trabajadores de México trabajaran como los obreros chinos, en donde entran a las 8 de la mañana y salen a las 8 de la noche. Pero eso no lo vamos a permitir.
No es estrictamente un problema legal. Ya el mismo Consejo Coordinador ayer estaba pidiendo la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. No se están refiriendo al problema interno del sindicato, sino que se están dando argumentos, precisamente para desaparecer este organismo y por tanto desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Miren nada más hasta dónde llega esta aberración. El Sindicato Mexicano de Electricistas es el primero en este país en haber introducido el voto secreto, directo y universal en las elecciones sindicales.
Desde 1916 es este sindicato vanguardia de la democracia sindical en nuestro país. Es un sindicato históricamente democrático, y por lo mismo pensamos ---el partido y las fracciones de izquierda--- defenderlo dentro y fuera de la tribuna.
Podría pensarse, y aquí se ha dicho, que es el espíritu de legalidad lo que rige la actuación del secretario del Trabajo, pero me pregunto: ¿por qué si tanto respeto hay por la legalidad, el año pasado Elba Esther Gordillo volvió a reelegirse, y tiene ya cerca de 20 años dentro de este organismo sindical? ¿Por qué se reeligió sin haber realizado el congreso respectivo para ello? Sin embargo, a pesar de haber violado los estatutos del propio SNTE, a pesar de ello, la Secretaría del Trabajo le dio la toma de nota.
Estamos viendo aquí la doble cara, la doble moral. Por eso nosotros en esta tribuna le exigimos al secretario del Trabajo que cumpla la ley y la ley es clara. Los sindicatos solamente le solicitan a la secretaría la toma de nota, no le están pidiendo una valoración, no le están diciendo que juzguen si la elección fue o no de acuerdo con los estatutos respectivos.
Ya lo dijo ayer aquí el compañero diputado Porfirio, la Secretaría del Trabajo no es un IFE sindical. Por tanto, exigimos el respeto irrestricto para esta elección y el reconocimiento pleno al secretario Martín Esparza Flores.
Finalmente, queremos dejar bien claro: no están solos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Contarán, como siempre, con el pueblo de México y con el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Ha solicitado la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, cada que Acción Nacional dice que va por México me entra una preocupación terrible porque viendo su actuación me queda claro que va a saquear a México.Ahora lo que pretende es liquidar a la compañía Luz y Fuerza del Centro para entregarla a las transnacionales.
De hecho Lozano Alarcón es cabildero de las empresas de telecomunicaciones. Iba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y le cerraron el paso, lo mandaron a la Secretaría del Trabajo, y desde ahí ha estado haciendo el trabajo sucio para quien usurpa la Presidencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
Miren, Lozano Alarcón es un melómano, como muchos fascistas y líderes nazis. No todos los melómanos lo son; él sí comparte ambas condiciones; y es, además, un zascandil. Voy a explicar por qué lo es.
Aquí se está diciendo que no dieron la toma de nota porque hubo irregularidades en la elección interna, y ya se están convirtiendo en tribunal electoral aquí los compañeros de la bancada del PAN.
Pero les digo que si Lozano Alarcón hubiera sido la mitad de puntilloso con la elección de 2006, le habría dicho a Calderón que no tomara protesta porque él no había ganado la elección presidencial.
Ahora, en esta situación, se mete en cosas que no le corresponden. El XV Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estableció en el amparo 1875/2005 con respecto a la toma de nota... Ahora bien, debe considerarse que la facultad mencionada tiene como objetivo que, mediante el cotejo de las actas y documentos, se verifique el cumplimiento de los aspectos formales del procedimiento que señalan los estatutos para elección o cambio de dirigentes, como pueden ser el que haya existido una convocatoria, que se celebró una asamblea y que por voto de la mayoría de los agremiados se eligió a la directiva cuya toma de nota se pide.
Sin embargo, tal facultad no entraña la posibilidad de que la autoridad registradora resuelva acerca de cuestiones de hecho que algunos inconformes hagan valer como determinantes de la nulidad de la elección, como pudieran ser la falta de identificación de los trabajadores, que la asamblea en realidad no se realizó, que votaron personas que no tenían derecho a sufragar, entre otras, pues la declaración de nulidad o anulación de la elección de referencia no compete a la autoridad laboral registradora, sino a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en caso de que se promueva un juicio laboral, es decir, una contienda entre partes en las que se tenga la oportunidad de decir sus pretensiones y proponer pruebas en defensa de sus correspondientes intereses.
No le corresponde al secretario del Trabajo negar la toma de nota por los argumentos que ha dado. El secretario del Trabajo del gobierno usurpador debe dar la toma de nota, pero deja en estado de indefensión a los trabajadores porque viola la ley y dice: ``Yo decidí no darla porque la elección fue irregular''. ¿Qué facultades tiene él para juzgar si la elección fue regular o no lo fue?
Pero lo más importante. Cuestiona nada menos que a uno de los sindicatos que tienen la vida democrática más activa del sindicalismo en nuestro país. Es el colmo del subterfugio que esté utilizando este mecanismo para tratar de liquidar a la compañía Luz y Fuerza del Centro.
Tengo aquí un decreto que expidió el 16 de marzo de 2009 Calderón para requisar la compañía de luz. Por supuesto plantea la intervención del Ejército, disfrazado de Policía Federal Preventiva, y propone que esté al frente de la compañía, como administrador, un sujeto de nombre Everardo González González.
Este sujeto fue acusado en Nuevo León, cuando era nada menos que gerente de la División Golfo-Norte de la CFE, de haber introducido 14 contenedores con ascareles procedentes de Altamira y haberlos escondido en una subestación eléctrica. Fue denunciado también el entonces gobernador Fernando Canales Clariond, quien por cierto está en la empresa WL Comunicación, interesada en quedarse con la parte de los mil 100 kilómetros de fibra óptica que ha venido trabajando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Estas cosas son de las que estamos hablando y no de la elección interna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es que cuando digo que hay doble moral en el Partido Acción Nacional y doble moral en su discurso me estoy refiriendo a estas cosas.
Quiero terminar recordando algunas perlas de Lozano Alarcón. Zhenli Ye Gon lo acusó de haberlo presionado para que resguardara aquellos millones de dólares. Lozano dijo que lo iba a denunciar, que lo que ganara de la denuncia lo iba a meter a una asociación privada de ayuda pública. Y por supuesto no ganó la demanda.
A Carlos Slim le dijo que no tenía razón sobre el escenario grave de la crisis económica. ¿Quién se tuvo que comer sus palabras? Les pregunto, compañeros de la fracción del PAN.
Y termino, simplemente planteando a los jilgueros que me están poniendo música: el melómano es Lozano Alarcón, quien declara: ``Ni el chantaje ni las movilizaciones, ni las afectaciones a terceras personas harán obtener las cosas que no les corresponden''. A quien no le corresponde liquidar la compañía Luz y Fuerza del Centro es al gobierno usurpador. Y le exigimos responsabilidad y respeto a la compañía de luz, al sindicalismo y a la vida democrática de ese sindicato, que es ejemplo en este país. Muchas gracias, compañeros y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.
Perdón, diputado. Dígame por favor, diputado, con qué objeto.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Si no hubiera otro Porfirio en la sala, como oí mi nombre, le pido la palabra para alusiones personales. Oí ``Porfirio'' cuando entraba, de un orador; si hay otro, lo compartimos. Gracias, presidente. Para alusiones personales.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul haga favor de intervenir, señor diputado. Nadie ha mencionado el nombre ``Porfirio''. Pero con mucho gusto.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, el profesor Lagunas.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): El profesor Lagunas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : Gracias. Ciudadano presidente, tendremos el jueves en la Comisión del Trabajo, de la que formo parte, oportunidad de un amplio debate con el señor Lozano.Yo quiero dejar aquí sentados dos o tres puntos fundamentales. No se ha politizado este asunto; es profundamente político, es parte de las reformas estructurales del periodo postrero de la reforma neoliberal, es parte de la privatización del sector energético.
Si no vemos el problema de conjunto, no entendemos lo que pasa. Cualquier recomendación del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional en el marco del Consenso de Washington, alude a la totalidad del sector energético.
En este caso son sujetos de problemas potenciales, tanto el Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos de la República Mexicana, que es el sindicato nacional de industria en el ramo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el Sindicato de Trabajadores de la Energía Nuclear.
Segundo. El caso del SME tiene enormes peculiaridades que hacen comprender el fondo del asunto.
Cuando la energía eléctrica mexicana estaba en manos de compañías extranjeras, el presidente Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, para efectos nacionales, que entró en competencia con ellos, pero el núcleo duro del interés extranjero, el punto estratégico era la Mexican Little Powell, que es la actual compañía mexicana de luz, porque es la que surtía de electricidad a la capital de la República.
Cuando se logró la compra de la Mexican Little Powell, todas las demás compañías extranjeras vendieron, y fue así como se reformó la Constitución para nacionalizar esa rama de actividad económica.
Esa es la razón por la que los gobiernos revolucionarios de entonces fortalecieron al Sindicato Mexicano de Electricistas. No es cualquier sindicato, es un símbolo histórico, es y sigue siendo un sindicato revolucionario.
Tercero, conozco la biografía del señor Lozano, nos ha hecho una síntesis esta mañana el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Es una gente que ha servido invariablemente a intereses privados y que, como se le llama en esa columna, tiene talante de provocador. Lo que está haciendo es tender una trampa. Es tan absurdo e insolente, tan ilegal detener una toma de nota de un sindicato que no se puede entender sino como una bravuconada. Encima detener los fondos sindicales, que legalmente la empresa está obligada a depositar, es una doble provocación.
Lo que quieren es que el sindicato pierda la paciencia, se vaya a la huelga, requisen la empresa y éste sea el antecedente de su privatización. Por eso esta mañana, al escuchar en la comisión a los líderes sindicales ---a quienes conozco bien, porque trabajamos durante mucho tiempo---, entendí su estrategia.
Hay solidaridad entre los sindicatos de México para no dejarse provocar. Es necesario que esta Cámara tome cartas en el asunto. Se tiene que investigar la transferencia de contratos como el de fibra óptica, que eran concedidos al sindicato, porque es la misma práctica que se ha seguido en los dos últimos gobiernos en Petróleos Mexicanos, que es dar concesiones a familiares, a parientes y a amigos que luego precipitan la privatización. Es el caso ---y lo digo--- de quien fue secretario de Gobernación y murió trágicamente; es el caso Mouriño. La privatización por la vía del conflicto de intereses y la liquidación de los organismos defensores de la soberanía nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, mi grupo parlamentario considera oportuno fijar su posición respecto al asunto en debate. En principio diré que los diputados del Partido Revolucionario Institucionalcoincidimos con los antecedentes y consideraciones de la proposición que ahora se discute. Por una parte, porque nosotros pertenecemos a un instituto político comprometido con el respeto irrestricto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores. Por otra parte, porque estimamos equivocada la estrategia asumida por la Secretaría del Trabajo en relación con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas.Ante la situación por la que atraviesan los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el Grupo Parlamentario del PRI considera necesario reiterar su solidaridad histórica con el sindicalismo mexicano, en su conjunto, y de manera particular con el SME, de 94 años de tradición histórica en las luchas de los trabajadores.
Por ello es que rechazamos cualquier tipo de prejuicios en las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, y con mayor razón, no admitimos que la autoridad administrativa, bajo pretexto de fiscalizar su vida interna, pretenda vulnerar su autonomía y formas propias de organización.
Mi grupo parlamentario está cierto que las discrepancias, los desacuerdos, o la falta de coincidencias que en cualquier grupo social a veces se presentan, y la de los trabajadores no es la excepción, tienen que ser resueltas mediante el diálogo entre ellos mismos, y de no ser esto posible, ser dirimidas por medio de la normatividad laboral, y a través de los órganos jurisdiccionales competentes. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene, pues, la palabra.
En repetidas ocasiones, el PRI se ha pronunciado por el apego absoluto de las autoridades a las normas contenidas en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, y por ello no puede, de ninguna manera avalar acciones que vulneran los derechos y las conquistas adquiridas por la clase trabajadora.
Nosotros reivindicamos la contratación colectiva, el derecho de huelga y la libre asociación sindical como mecanismos legítimos y prácticos de la lucha obrera.
Nos queda claro, por ejemplo, que es necesario avanzar en la democratización del país y en el caso sindical no es ni debe ser la excepción.
Temas como la representación de las minorías en la integración de los comités ejecutivos sindicales, limitación en la elección de dirigentes o mayor transparencia en el manejo de cuotas de los trabajadores están a debate y forman parte de la agenda de una futura reforma laboral, pero mientras esto no se materialice y se haga positivo, tenemos que atenernos a lo que ahora establece la ley vigente.
En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas sabemos que su proceso de renovación de dirigencia fue competido, se habla de inconsistencias e irregularidades, pero también sabemos que si esto realmente sucedió es a los propios trabajadores de ese sindicato a quienes, intramuros, correspondería ejercer sus derechos para, en su caso, restituir los que les hubiesen sido vulnerados, o bien, incentivando la intervención de las autoridades legalmente competentes para la resolución de su diferendo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no debe, y mucho menos de manera oficiosa, convertirse en la abogada de una de las partes en conflicto; por el contrario, pensamos que la Secretaría del Trabajo está llamada a asumir el papel de amigable componedor, de mediador entre las partes en conflicto. Ésta no puede ni debe actuar como juez de hecho.
Para nosotros, es claro que la Secretaría del Trabajo se equivoca al asumir un comportamiento beligerante, parcial, prejuiciado hacia una parte, cuando tendría que ser institucional, prudente, conciliatoria y respetuosa.
En momentos como los que vivimos, de crisis económica, de frustración social, de desencanto en nuestras autoridades, las dependencias del gobierno federal deberían evitar discusiones y enfrentamientos que a lo único que contribuyen es a la crispación de la sociedad mexicana. No actuar así, resulta inexcusable.
La Secretaría del Trabajo, en el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, como en todos los conflictos laborales, sean éstos colectivos o individuales, debería actuar con sensibilidad, sin maniqueísmos...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Concluyo, señor presidente. Por la importancia de este tema, su venia, por favor.
... sin maniqueísmos, descartando las falsas premisas de democracia sindical a ultranza, dirigentes químicamente puros, corrientes buenas y malas, para no caer en la revisión tendenciosa de documentos para encontrar defectos e irregularidades en los procesos electorales sindicales.
Aquí se ha hablado de temas importantes, subsidios que es importante analizar en el SME y en la compañía Luz y Fuerza del Centro; asuntos que deben analizarse por las autoridades competentes; pero fundamentalmente mi fracción parlamentaria se pronuncia por un respeto irrestricto al derecho de los trabajadores y sus organizaciones para definir en plena autonomía su vida interna. Por eso, avalamos plenamente el punto de acuerdo aquí planteado. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Ha solicitado y tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, antes que nada quiero agradecer al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido del Trabajo, a Convergencia, por haber apoyado esta propuesta.
Creo que la Cámara está hoy contribuyendo con esta votación, con el apoyo de esta propuesta a encontrarle una salida legal y pacífica a este conflicto.
Quise hacer estas aclaraciones porque yo no vine a discutir ni presenté ningún elemento que tuviera que ver con el padrón electoral. Yo no estuve en el proceso, yo no fui de los jueces que estuvo en la votación. Los únicos que tienen esta información son los trabajadores electricistas y el secretario del Trabajo.
No sé cómo el PAN puede proveerse de información tan directa, porque hablar de que el padrón estuvo inflado, que hubo mil, que inclusive llegaron por no sé qué lugar...; pues salvo que directamente los hayan conducido quienes hablan de esto, sólo de esa manera se puede hablar con tanta certidumbre del manipuleo del padrón, porque ni los propios trabajadores hoy están claros de qué pasó en el proceso electoral.
Es evidente que hay dudas, es evidente que hay cuestionamientos. La votación fue muy cerrada y quienes perdieron alegan que hubo afectaciones al proceso y piden que se revise el proceso. Eso me parece que yo lo he escuchado ya en las elecciones para presidente de la República y nunca ---me imagino que esa duda hubiera entrado--- nos hubieran dejado sin presidente en el país. No me imagino por qué esto lo llevan como consecuencia de las dudas del proceso electoral, a dejar sin dirigencia al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Que son facultades del secretario general atender las quejas de los contrarios a los procesos normales a la dirección del sindicato, y de esa manera está actuando un compañero de alguna fracción parlamentaria, que preguntó: ``¿Sabe usted a qué ley se refiere?'' La Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores tienen derecho a organizar su sindicato, a coaligarse para defender sus intereses y sólo pone como condición que sea lícito y pacífico.
El gobierno elaboró un reglamento con leyes secundarias que ahora en su aplicación puso por encima de la ley. En función de ese reglamento, es que se da esa facultad que no le da ese derecho que la autoridad pretende tener.
Pero quisiera yo, además de agradecer a los compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias que aceptaron apoyar esta propuesta, exhortar a mis compañeros del PAN. Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno, el secretario del Trabajo, cumpla la ley y que lo haga dentro de lo que establece la Ley Federal del Trabajo y lo que señalan los estatutos.
Déjenme decirles en qué estamos desde el punto de vista legal, para que ustedes entiendan por qué es la única solución. El secretario del Trabajo recibe una inconformidad de la oposición ---de los que perdieron--- y dicen que las elecciones estuvieron amañadas y que no debe entregar la toma de nota al secretario que ganó, a Martín Esparza.
El secretario, con la información que tiene, determina que sí hay irregularidades y decide no entregar la toma de nota al secretario general. El secretario ya dio un paso irreversible, ya decidió dejar sin dirección al sindicato.
Si el secretario del Trabajo quiere que se respete la ley y resolver el problema sin conflicto, lo que debería de haber hecho es decirle al comité ejecutivo ---mandarlo llamar---, al comité central: ``Tengo elementos para suponer que hay anormalidades en su proceso. No voy a entregarles la toma de nota. Procedan ustedes en consecuencia''.
El estatuto de los electricistas dice que si hay un conflicto electoral ellos deben convocar a una asamblea extraordinaria de inmediato y en la asamblea extraordinaria nombrar a quien va a estar en ese momento de crisis hasta que resuelvan los órganos jurisdiccionales el proceso electoral.
Si uno no quiere conflicto no deja el sindicato sin dirección, los manda a la calle, y entonces ese sindicato va a rodearse de toda la solidaridad con la que todos creemos debe rodearse ese sindicato.
Si se quiere resolver de manera pacífica, simplemente se les deja que hagan su asamblea extraordinaria, que resuelvan quién va a ser su dirección, puede ser Martín o quien ellos decidan, y el secretario no tendría dificultad para entregar la toma de nota; si quiere que el problema se resuelva de manera pacífica. Si hay otra cosa atrás, que no sea eso...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pediríamos al orador concluir.
El diputado Francisco Hernández Juárez: Ya voy a terminar, señor.
Entonces, uno se pone a pensar: a lo mejor quieren aprovechar esto y lo toman como pretexto para entrarle a la reforma energética y a su privatización; o es que pronto el secretario de Trabajo va a presentar una reforma laboral y quiere romper el frente que va a ver esa reforma laboral.
Si no es eso, pienso que el PAN ---con todo respeto--- puede estar de acuerdo, porque lo único que estamos pidiendo es que el secretario de Trabajo proceda de acuerdo con la ley y con lo que los estatutos establecen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto Gil Zuarth.
El diputado Roberto Gil Zuarth: Gracias, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos escuchado muchas especulaciones en este debate. Hemos escuchado también la argumentación de distintos actores políticos, de distintas fuerzas parlamentarias que tienen asiento en esta legislatura.
Nosotros tenemos una posición clara, muy clara, sobre el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la posición no es otra que se aplique la ley en el marco de la autonomía del sindicato, con responsabilidad. No nos confundimos nosotros en ese debate, ni utilizamos ese debate para generar especulaciones sobre lo que no existe. Ni privatizaciones ni ventas.
Acción Nacional está por la eficiencia de las empresas públicas como Luz y Fuerza del Centro, porque aquí tienen voz sindicatos y tienen voz distintos actores sociales, pero también debemos escuchar la voz de miles de usuarios, millones de usuarios del servicio público de electricidad que tienen cortes, que les cobran la tarifa de manera injusta y que padecen ineficiencias estructurales de muchas empresas públicas.
Nosotros vamos a ser la voz en este parlamento que represente a esos millones de usuarios que no tienen aquí participación. Es un asunto de legalidad y no nos podemos equivocar. El procedimiento que está aplicando la Secretaría del Trabajo no solamente está previsto en las leyes; también está previsto, reconocido y avalado por la Suprema Corte de Justicia, no en tesis aislada, sino en jurisprudencia obligatoria.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT también ha reconocido la vigencia y validez de procedimientos registrales que son constitutivos de personalidad jurídica. Nosotros, desde Acción Nacional, llamamos al debate de fondo, y el debate de fondo es el régimen jurídico de los sindicatos. El debate de fondo es la eficiencia de las empresas públicas, el debate de fondo es la aplicación de los más de 50 mil millones de pesos que anualmente se asignan a Luz y Fuerza del Centro. En ese debate estaremos. En ese debate permanentemente estaremos atentos y participantes. No incurramos, hoy en falsos debates.
En Acción Nacional siempre hemos reconocido el valor de los sindicatos como fórmulas de compensación de desigualdades en las relaciones laborales. Eso está en nuestra declaración de principios, desde nuestros orígenes.
No estamos confundidos ni extraviados, como muchos aquí ya lo dejaron claro. Y nosotros fuimos, en distintos momentos, quienes llamamos a que este asunto se resuelva en las instancias competentes.
Tienen los mecanismos legales, las partes involucradas en ese diferendo, para resolver la cuestión. Han anunciado ya la interposición de acciones jurídicas nacionales e internacionales.
No hagamos de este Parlamento comité de agravios de unos cuantos. Este Parlamento debe velar por el interés nacional, y el interés nacional pasa por el análisis objetivo, imparcial, de la realidad política y específicamente de los hechos sociales.
No debemos, bajo ninguna circunstancia, convertir este Parlamento en el espacio único de expresión de sólo ciertas voces. Debe resolverse ese conflicto en el marco de la ley, y a esa convocatoria están llamados todos por Acción Nacional. Que ese asunto se resuelva en las instancias competentes y discutamos aquí lo que nos corresponde: hacer leyes para mejorar la gestión de los servicios públicos básicos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín, dígame.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, para pedirle atentamente consulte a la asamblea, una vez agotada la lista de oradores, lo considere suficientemente discutido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Mire, diputado, tenemos registrado al diputado Jaime Cárdenas Gracia y al diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Una vez que hagan uso de la palabra, con mucho gusto procederemos a lo que usted solicita.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Una vez que concluyamos con estos dos oradores que están registrados, preguntaremos, si la asamblea nos autoriza, con mucho gusto, estaremos otorgando, todo el tiempo que la asamblea nos autorice, la palabra, señor diputado. Adelante, señor diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de todas las compañeras y los compañeros. No es, como hemos escuchado aquí, la toma de nota un acto constitutivo.Los criterios reiterados del Poder Judicial federal hablan de la toma de nota como un acto administrativo de carácter declarativo. No podría ser de otra manera, porque de acuerdo con el artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución, el derecho que protege y garantiza el derecho de asociación sindical es un derecho en donde las autoridades administrativas no tienen facultades para intervenir ni entorpecer la vida interna de los sindicatos.
Y eso lo señala, con toda precisión, el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo: ``Está prohibido para las autoridades administrativas entorpecer la vida sindical''.
Eso mismo lo señala el artículo 3o., párrafo segundo, del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano, que establece la prohibición de entorpecimiento de la vida y de la libertad sindical.
La autoridad del trabajo administrativa, el secretario del Trabajo, al no dar la toma de nota dentro del término de tres días que establece el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo está entorpeciendo la vida interna sindical, la libertad sindical; al privarlos también de las cuotas, al retener las cuotas, está afectando la autonomía sindical.
Hay que decir que la autoridad administrativa laboral, el secretario del Trabajo, cuando conoce de una toma de nota o de un registro sindical, solamente puede conocer de requisitos formales, pero nunca sobre cuestiones de hecho, porque invadirá la autonomía sindical.
La única autoridad, las únicas autoridades que pueden atender a cuestiones de hecho, materiales, cuando se provoque un conflicto laboral entre grupos al interior de los trabajadores, son las autoridades jurisdiccionales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en su caso los tribunales federales. Pero esto no lo puede hacer el secretario del trabajo. Su intervención es meramente, repito, administrativa, declarativa, no constitutiva. El secretario del Trabajo, como lo mencionó el martes pasado el diputado Muñoz Ledo, no es un IFE sindical, no concede la toma de nota ningún efecto constitutivo, es simplemente administrativo y declarativo.
Por tanto, para nosotros, para nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hay un claro exceso, una deficiente actuación del secretario del Trabajo.
El secretario del Trabajo ha violado el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo al no dar la toma de nota en el plazo de tres días; ha entorpecido la vida sindical violando el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo; ha violentado el artículo 3o. del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y, sobre todo, ha trasgredido el artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución General de la República.
Por todas estas conductas violatorias de la Constitución, de los tratados y de la Ley Federal del Trabajo, por afectar gravemente la autonomía sindical, el secretario del Trabajo debiera ser sometido a juicio político.
Está en los supuestos del artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que es motivo de juicio político la violación a las normas constitucionales y a las normas legales.
Pido que no solamente respaldemos la propuesta, la proposición con punto de acuerdo leída por el compañero Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, sino que estudiemos seriamente la presentación de un juicio político contra el secretario del Trabajo por violar tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez: Muy buenas tardes tengan todas y todos. Con el permiso de la Presidencia.Diputadas y diputados: la agenda del país requiere cambios profundos. Uno de ellos es en materia laboral. La agenda laboral es sumamente importante para trascender, no sólo respecto del desarrollo propio del país, sino de las condiciones mismas de la competitividad del país en el contexto internacional.
No hay que soslayar que este tema del Sindicato Mexicano de Electricistas es relevante, lo es; tanto lo es que se han venido ventilando un día y otro también, acerca de abusos, acerca de excesos, acerca de caballos, de duelas de bambú, acerca de condiciones de lujo que ya quisiera un magnate para un domingo.
Razones se necesitan para trascender en el marco jurídico que el país necesita. El planteamiento que hemos hecho en Acción Nacional es que tenemos que hacer transformaciones de fondo, que debemos cuidar los recursos de la población que no sólo merece un buen servicio, sino que también merecería que sus impuestos no se despilfarren en gustos exóticos de nadie.
Debemos cuidar el uso de los recursos en tiempos de grandes dificultades económicas. Esta frase la hemos puesto sobre la mesa y está en la Gaceta por parte de Acción Nacional. Es nuestro compromiso con la gente y por eso reiteramos que las condiciones no están para apoyar movimientos que no tengan fundamento.
Exigimos y respaldamos la aplicación estricta de la ley. Pedimos que la austeridad reine, como hemos puesto la muestra aquí mismo, y ya no sólo Acción Nacional que comenzó con esta tarea, sino también, afortunadamente, ya permea en los grupos parlamentarios.
Los derechos de los trabajadores tienen que subsistir. Reitero, no privatización, claro. No venta, claro. Pero, ¿y la gente? ¿La gente tendrá la culpa de que atendamos primero lo exótico, de que atendamos primero las necesidades primordiales de un liderazgo que ha demostrado no estar a la altura? No. La gente no tiene la culpa. La gente necesita que la defendamos, que no seleccionemos una facción para ponerla por encima del pueblo. A eso no vinimos. No vinimos aquí a jurar respeto a la ley para venir a respaldar a unos en perjuicio de todo el país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Hemos agotado la lista de oradores. En los términos de los artículos 115 y 116 del Reglamento para el Gobierno Interior, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se declara suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
La Presidencia tiene un acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva. Pido a la Secretaría proceda a leer al acuerdo de los integrantes de la Mesa Directiva.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que se determina llamar a tomar protesta constitucional al ciudadano Israel Madrigal Ceja, suplente del ciudadano Julio César Godoy Toscano
Antecedentes
Considerando
Lo anterior, sin menoscabo de que, en caso de que se resuelva la situación jurídica del ciudadano Julio César Godoy Toscano durante esta legislatura y le sean restituidos sus derechos político-electorales, la Cámara de Diputados estaría en aptitud de proceder a tomar la protesta de ley que corresponde.
Por las razones expuestas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Acuerda
Primero. Se solicita al presidente de la Mesa Directiva que se sirva llamar al ciudadano Israel Madrigal Ceja a rendir la protesta constitucional correspondiente, en su calidad de diputado electo suplente por el distrito electoral federal I, en Michoacán.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, la votación es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias.Se aprueba el acuerdo. Aprobado y comuníquese.
Honorable asamblea se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Israel Madrigal Ceja, diputado federal electo en el primer distrito del estado de Michoacán. Por consiguiente y en cumplimiento del acuerdo aprobado, se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes legisladores: José Manuel Agüero Tovar, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Leticia Quezada Contreras, Mary Telma Guajardo Villarreal, Emiliano Velázquez Esquivel, Martín García Avilés, Norma Leticia Orozco Torres, y María del Pilar Torre Canales . Les pido cumplan con su cometido.
(La comisión cumple con su cometido)
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Se invita a los presentes a ponerse en pie.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadano Israel Madrigal Ceja, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El ciudadano Israel Madrigal Ceja: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor Israel Madrigal Ceja, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante usted la excitativa siguiente:
Antecedentes1. El 2 de octubre de 2008, el diputado José Rosas Aispuro Torres presentó ante esta soberanía iniciativa de reforma a los artículos 32, 79, 80 y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se otorgara un tratamiento fiscal especial a las empresas de ejidos y comunidades que se dedican a la silvicultura.
2. En la exposición de motivos de esa iniciativa se expresaron, entre otras cuestiones, las siguientes:
3. Dicha iniciativa fue turnada, el mismo día de su presentación, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, sin que hasta ahora haya sido dictaminada, lo cual constituye una omisión que contraviene la normatividad aplicable.
En razón de lo expuesto, y con fundamento además en el artículo 45 numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados:
Único: Excite en lo conducente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el efecto de que dictamine, conforme a la ley, la iniciativa descrita.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 21, la fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRIEl que suscribe, diputado federal Francisco Ramos Montaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, a efecto de que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3, 17, 39, 43, 44, 45, 46 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, para descentralizar los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, presentada en la LX Legislatura el 28 de noviembre de 2006 por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antecedentes1. Con fecha 28 de noviembre de 2006, en la LX Legislatura, el diputado federal Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3o., 17, 39, 43, 44, 45, 46 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, respecto a descentralizar los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
2. Con la misma fecha, 28 de noviembre de 2006, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el turno de la iniciativa a las Comisiones de Gobernación, y de Desarrollo Social.
Consideraciones1. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo oficial encargado de la mediación de la pobreza en el país, publicó en el mes de julio del 2009, que entre los años 2006 y 2008 el número de pobres aumentó en 5.9 millones de personas, cifra que equivale a 50.6 millones de mexicanos, que representan el 47.4 por ciento del total de la población del país, sin un ingreso suficiente que les permitiera atender sus necesidades básicas y elementales de alimentación, educación, salud, vivienda y vestido.
2. Sin duda, este difícil y complejo escenario en el país, abre la oportunidad para revisar y mejorar los programas y las políticas públicas sociales. Para ello, se requiere tratar el tema de la pobreza en México con serenidad y con todos los actores políticos y sociales del país. Además, de considerase dentro de nuestras agendas legislativas de la LXI Legislatura, como un asunto de la mayor relevancia.
3. En este sentido, la iniciativa del proponente, dispone ``transferir las funciones operativas que hoy son responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, a los estados y a través de éstos a sus municipios, quienes serán los ejecutores de los programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos. La propuesta de de descentralizar los programas que hoy están a cargo del gobierno federal fortalecerán a la vez su función rectora en la política de desarrollo social y, en particular, en la superación de la pobreza extrema''.
4. El legislador, en la exposición de motivos de la iniciativa, destaca que la descentralización de las políticas públicas y de las competencias y recursos --cito textualmente-- debe considerar:
5. Finalmente, en los artículos primero y segundo transitorios de la citada iniciativa, se proponen los programas que deberán ser descentralizados y los plazos y condiciones para la fusión de las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, con las estructuras análogas de los gobiernos de los estados.
6. Compañeras y compañeros diputados: sin duda, la iniciativa es de gran relevancia. Reitero que los retos de marginación, desigualdad y pobreza en México deben ser temas de interés prioritario en la agenda legislativa de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión
Único. Que, en los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y turne el presente documento a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, a efecto de que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la LX Legislatura por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de noviembre de 2006.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
ARTICULOS 51, 56, 59, 60, 62, 63 Y 77 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del partido revolucionario institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante usted la excitativa siguiente
Antecedentes1. El 13 de abril de 2004, presenté ante esta soberanía iniciativa de reforma a los artículos 51, 56, 59, 60, 62, 63 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de suprimir del texto fundamental la institución de la suplencia de diputados federales y senadores.
2. En la exposición de motivos de esa iniciativa expresé entre otras cuestiones, las siguientes:
3. Dicha iniciativa fue turnada el mismo día de su presentación a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, sin que hasta ahora haya sido dictaminada, lo cual constituye una omisión que contraviene la normatividad aplicable.
En razón de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados:
Único. Excite en lo conducente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el efecto de que dictamine, conforme a la ley, la iniciativa descrita.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
Pido a la Secretaría se sirva leer el orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Martes 13 de octubre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 15:21 horas): Gracias. En razón de que se han cumplido ampliamente las cinco horas reglamentarias de duración de la presente sesión, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 13 de octubre a las 10 de la mañana, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 de la mañana.
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RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)