SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 377 diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:05 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite el informe por entidad federativa, correspondiente al tercer trimestre, del ejercicio fiscal 2009 de recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.

Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto correspondiente al segundo trimestre de 2009.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos Carlos Augusto Martínez Delgado, Juan Antonio González Plata Meixueiro, Gerardo Martín Molina Avendaño, Rosa Elena Saavedra Méndez, en la Embajada de Estados Unidos de América en México; Genaro Gamboa Coli, Alfonso López Trinidad y Nadia Macías Chávez, en el Consulado de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos Luis Alfonso Aguirre Orta, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México; Óscar Arturo Feregrino Aguilar, Salomón Michan Masri y Luis Ángel Sánchez Acata, en la Embajada de Israel en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios los ciudadanos Adrián David Morales Hernández, en el Consulado de Estados Unidos de América, en Nogales, Sonora; Rosa María Jiménez Narváez, Jilliantt Zaleta Ortiz, Iván Acebo Choy, Martha Cermeño Jiménez, Gema Durán Espinosa, Rodrigo Gil Memije y Sara María Rivera Hasbun, en la Embajada de Canadá en México. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 se considere la creación de un fondo de garantías líquidas personalizadas para productores de café, presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud de los senadores integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera de que se presente a la brevedad la minuta con proyecto decreto que reforma y adiciona el inciso A), fracción I, del artículo 8 y fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 33, 34, 35 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XXIV a la Ley del Servicio Postal Mexicano. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y un artículo 74 Quáter la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 13, 22 y 48 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Austeridad Republicana, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez y Hernández y suscrita por los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario Alberto di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez y Hernández y suscrita por los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario Alberto di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rodolfo Torre Cantú , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la protección, manejo y restauración del parque nacional Nevado de Toluca, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos que se destinen al Consejo Nacional de Fomento Educativo, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a establecer un procedimiento de prelación para la contratación de los trabajadores que prestaban servicios en Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la construcción ampliación y equipo necesario para el mantenimiento integral del sistema de redes sanitarias y para la distribución de agua potable en Ecatepec de Morelos, estado de México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 no se disminuyan y afecten los recursos para las obras importantes del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el Comité de Fomento a la Competitividad de México, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para los programas con impacto en la producción rural, a cargo del diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren los recursos económicos incautados al crimen organizado y se asignen al fortalecimiento a las políticas públicas de atención a la juventud y a la creación de nuevos programas para alejarlos de la criminalidad, a cargo del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados interponga, en nombre de esta soberanía, controversias constitucionales en contra de la emisión del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ALDF que se conduzca dentro del marco legal y respete los principios de equidad, proporcionalidad, pluralidad y gobernabilidad en la decisión que tome en la integración de los comités y comisiones, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore un proyecto de controversia constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que constituya un grupo de trabajo de carácter permanente para proponer los cambios legislativos necesarios para una reforma fiscal integral y exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir al secretario de Hacienda y Crédito Público para que antes de que se apruebe el paquete económico del año 2011 se reúna con las comisiones correspondientes para tal efecto, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nueva propuesta hacendaria que contribuya al desarrollo económico del país, mediante la adopción de un plan estratégico de un sistema ágil y expedito de recaudación que no incremente ni cree nuevos impuestos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SCT, un estudio integral para que sea proporcionado el servicio de telefonía en diversos municipios del estado de Guanajuato, a cargo del diputado Juan Huerta Montero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Minería y para el Desarrollo de las regiones con industria minera en el país, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requieren informes en materia del paquete económico 2010, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para revisar las alternativas de política pública para que estén disponibles y sean accesibles a la población los medicamentos e insumos para la salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a destinar los recursos necesarios para la ampliación y modernización de las garitas comprendidas en la franja fronteriza del estado de Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Citricultura, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo para estudiar, discutir, proponer y, en su caso, dictaminar una ley en materia de juventud, a cargo del diputado Sixto Alfonso Zetina Soto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, a cargo del diputado Carlos Flores Rico y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, a revisar con detenimiento las obras realizadas en el acueducto del río San Javier, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las tarifas eléctricas del país y establecer precios preferenciales para el estado de Chiapas, a cargo del diputado Sergio Lobato García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el Comité para la Competitividad, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reducir las tarifas domésticas de electricidad para atenuar los problemas económicos de las familias, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Minería, a cargo del diputado Esteban Albarrán Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a crear una fiscalía especial para investigar el robo de arte sacro, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a no aprobar, en el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010, el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios, de tres puntos porcentuales a la cerveza, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita información y que se realice una auditoría en relación con el contrato firmado con la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro con WL Comunicaciones, SA de CV, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a no aprobar la propuesta del Ejecutivo federal de incrementar el impuesto especial sobre producción y servicios al tabaco, a cargo del diputado Felipe Enríquez Hernández y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la atención a la población de los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de hacer una campaña en medios de comunicación, a través de anuncios, y cese en sus declaraciones de presión a esta honorable Cámara de Diputados sobre la aprobación del impuesto del 2 por ciento, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios.

Con motivo del 12 de octubre, Día Internacional de la Raza, a cargo del diputado Silvio Lagos Galindo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 35 aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre el Bordo Poniente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a las solicitudes de licencia que presentaron diversas diputadas de esta LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre los jóvenes baleados por el Estado Mayor Presidencial en el centro de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la declaración política de los pueblos indígenas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria....

El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado Hernández Juárez, ¿desea hacer uso de la palabra? ¿Y con qué objeto, diputado?

El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): Para que no vaya a generarse confusión, porque no escuché si se iba a poner a consideración el orden del día.

Quiero aprovechar para pedirle, diputado presidente, que se incluya en el orden del día el oficio que hoy se leyó en la Comisión de Trabajo remitido por la Secretaría de Gobernación, firmado por el subsecretario de Enlace, Manuel Minjares, en donde se excusa el secretario del Trabajo de venir a comparecer a la Cámara de Diputados para la glosa del informe. Que se incluya el comunicado, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pido a la Secretaría dé lectura al artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones y los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Artículo vigésimo. Sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Es únicamente ese artículo, señor secretario. Por lo cual, señor diputado Hernández Juárez, no estoy en condiciones de poder obsequiar lo que usted nos solicita, en virtud de que requerimos la resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, para modificar el orden del día. Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Insistir en que no se ha puesto a discusión el orden del día. Pido a la Presidencia que ponga a discusión el orden del día y le pido hacer uso de la palabra en ese punto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor diputado, el orden del día fue puesto a consideración, de acuerdo con los términos de los acuerdos y de la propia ley reglamentaria; fue publicado en la Gaceta correspondiente, por esa razón no se pone a discusión. Sí, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No, diputado presidente. En todas las sesiones se pone a consideración el orden del día. Primero se dispensó de lectura y, acto seguido, debe ponerse a discusión el orden del día. Se está saltando ese punto y le pido que ponga a discusión el orden del día, y le vuelvo a solicitar el uso de la palabra en ese punto concreto sobre el orden del día; no sobre un asunto de fondo, sino sobre el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Vamos a escuchar al diputado Agustín Guerrero y, vemos ahorita su propuesta, diputado. Sí, diputado Agustín Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Efectivamente lo que este pleno aprobó hace un momento fue la dispensa de la lectura al orden del día. Procedimentalmente lo que tendría que ocurrir después es poner a consideración el contenido del mismo, que ya se dispensó de lectura, y proceder a aprobarlo.

Lo que usted planteó fue omitir este paso e ir directamente al acta de la sesión anterior, pero no tenemos hasta este momento aprobado el orden del día para esta sesión; por lo cual le solicito que ponga a consideración el contenido del orden del día, una vez que se dispensó de lectura, y también me inscribo para participar en esta discusión sobre el orden del día para esta sesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Gustavo González, del PAN.

El diputado Gustavo González Hernández (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con su permiso.

Desde mi punto de vista, la ley es muy clara en que la Mesa Directiva es la única que tiene la atribución para formular el orden del día. Esto se puede leer claramente en el inciso c), párrafo dos, del artículo 20 de la ley que nos rige.

En todo caso lo que hace la Mesa Directiva es dispensar de lectura al orden del día, toda vez que ya está publicado dentro de la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Le solicitaría que le volviera a leer al diputado el artículo 20, al que acaba de dar lectura la Secretaría, ya que sí es competencia del pleno de esta Cámara resolver sobre el contenido del orden del día. Y al mismo tiempo, insistir en que lo que votó la Cámara fue la dispensa de lectura al orden del día, por lo cual debe ponerse a consideración y a discusión del pleno su contenido.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Nunca ha sido puesto a votación el orden del día, diputado. Se dispensa de lectura, y como está en la Gaceta Parlamentaria posteriormente de la lectura al orden del día se pasa a la sesión del acta anterior.

Insisto, señoras diputadas y señores diputados, si fuese el tema de proponer un punto más en el orden del día, requeriríamos solicitarle al pleno nos autorice que pongamos un punto más en el orden del día, y requerimos la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Repito, señoras diputadas y señores diputados, el artículo vigésimo señala: Sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día.

Yo les solicito, señoras diputadas y señores diputados, con el fin de encontrarnos en los términos establecidos o en nuestros acuerdos y reglamentaciones, platiquen los señores coordinadores, a efecto de que si es factible incluir un punto más en el orden del día lo propongamos a la asamblea. Esta Mesa Directiva no tiene ninguna objeción en hacerlo, en cumplimiento de las disposiciones. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, está de verdad ---se lo digo con respecto--- incurriendo en un error. Puede usted revisar tanto las versiones estenográficas como los videos de todas las sesiones anteriores.

Yo soy secretario de la Mesa y me ha tocado poner a discusión el orden del día. El máximo órgano de esta soberanía es la asamblea, es ésta, el plenario, y le corresponde al plenario aprobar el orden del día.

Efectivamente, la Mesa Directiva elaborarlo a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Y el tema a discusión no es si se incluye un punto o no. El tema a discusión es que debe ponerse a discusión el orden del día.

Yo estoy solicitando la palabra en ese punto, en la discusión del orden del día, y después procede la aprobación. Es un tema y una mecánica de trabajo que así está reglamentada y que además la hemos hecho en todas las sesiones.

No veo por qué en esta ocasión la Mesa Directiva esté proponiendo obviar, saltarse un punto fundamental. Le toca a esta soberanía aprobar el orden del día, previa discusión de la misma. Y eso es lo que le estamos solicitando que haga, que ponga a discusión el orden del día y después la plenaria lo aprueba.

Si hay algún compañero diputado o compañera diputada que quiera presentarlo y que la plenaria no lo acepta, pues así será. Pero no es ése el tema a discusión, sino el tema a discusión es que por primera vez la Mesa Directiva está saltándose la discusión y la aprobación que corresponden a esta plenaria.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Gil... Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Señor presidente, sólo para solicitarle de la manera más atenta, pueda declarar un receso para que la Junta de Coordinación Políticase reúna y pueda proponer la incorporación en el orden del día el tema en que estamos interesados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Lo que les quiero plantear es que en este documento que nos entregaron, que tiene los acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, dice específicamente: De la integración del orden del día.

Artículo Quinto. La Mesa integrará los asuntos por desahogar durante las sesiones, de acuerdo con el siguiente orden:

Se especifican y al final dice: Este orden podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno.

Por tanto, este pleno es soberano y puede modificar el orden del día, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, por supuesto, diputada, por eso les estamos solicitando que para efecto de modificarlo venga la propuesta de los señores coordinadores, de la señora coordinadora, para someterlo al pleno, porque en el artículo cuarto, también, diputada, con todo respeto le comento a usted que señala lo siguiente.

El Artículo Cuarto, parte final, dice: Para la oportuna incorporación de un asunto, la diputada o diputado que requiera que se incluya en el orden del día una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa, punto de la agenda política o efeméride hará llegar su solicitud al coordinador de su grupo parlamentario o directamente a la Junta de Coordinación Política si carece de él, para que se presente en la reunión de la Junta en la que se trate lo relacionado con el orden del día de la sesión para la que se solicita que el asunto sea incorporado. Después de esa reunión no se incluirá en la agenda ninguna solicitud, salvo por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno.

Entonces, en ese sentido es en el que estamos transitando, diputada; estamos hablando de las mismas condiciones. Diputado Amadeo Espinosa.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde la curul): Es que justamente lo que usted acaba de leer nos está dando la razón. Usted todavía no ha puesto a discusión, a aprobación, el proyecto de orden del día. Ése es el punto.

Lo que nos acaba de leer es que cuando ya está aprobado el orden del día y algún diputado quiere incluir un nuevo punto, entonces sí hay que recurrir a la Junta de Coordinación Política, pero en este momento todavía no lo hemos aprobado, el pleno no ha aprobado el orden del día. Y eso es justamente lo que el compañero Noroña le está pidiendo: que ponga a discusión el orden del día y luego que se vote el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, ratificar que, de acuerdo con la Ley Orgánica, en el artículo 23 se describen las funciones del presidente. Es el presidente el responsable de dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable, sean éstos parte del orden del día o no.

Por supuesto el orden del día tiene que ponerse a discusión, pero en este caso lo que motiva la inquietud, señor presidente, es precisamente la falta de acuerdo en el último párrafo que usted tuvo a bien leer, que regula la introducción de nuevos puntos en el orden del día.

Por tanto, le estamos solicitando, atentamente, que se declare un receso a fin de que los señores coordinadores puedan ponerse de acuerdo en torno al punto que se está solicitando incluir en el orden del día.

RECESO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:21 horas): Como lo solicita el señor diputado, y a efecto de poder transitar por esta propuesta, se declara un receso de 15 minutos.

(Receso)

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 12:44 horas): Se reanuda la sesión. Recibimos un comunicado de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría proceda a dar cuenta de éste.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Comunicado de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda a dar cuenta del comunicado, por favor.

ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política expresa su profunda extrañeza por la situación generada ante una solicitud de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para reprogramar, por causa de fuerza mayor, la comparecencia del ciudadano secretario del Trabajo y Previsión Social prevista para el día de hoy a las 17 horas por un acuerdo de este órgano colegiado, votado por el pleno en su sesión del 8 de octubre pasado.

Nos parece que la relación institucional de los demás poderes y sus órganos hacia esta soberanía debe estar siempre orientada al ejercicio pleno de las facultades y atribuciones del Congreso de la Unión y mantenerse siempre en el marco del respeto y la institucionalidad. Así lo exige la sana marcha de los asuntos de interés público.

En tal virtud, esta Junta de Coordinación Política convoca a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social el próximo miércoles 21 de octubre, ante el pleno de esta Cámara de Diputados, a partir de las 11 horas, para efectos de desahogar los asuntos para los que había sido citado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. En consecuencia pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputada. ¿Sí, diputado Fernández No- roña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quisiera hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Desde la curul, si es tan amable, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No. Quisiera hacerlo desde la tribuna, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Estamos...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Es que es sobre este tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Con qué objeto diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con objeto de que antes de que se vote, decir mi posición sobre este acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Desea hablar en pro o en contra del acuerdo?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En contra del acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En contra del acuerdo. Estaríamos en todo caso, si usted lo manifiesta en ese sentido, pidiéndole a la asamblea, para efecto de poner a discusión el acuerdo, una lista de oradores de dos, en los términos planteados por los acuerdos y en la reglamentación; dos en pro y dos en contra.

Los que estén en contra... Están manifestándose ya el diputado Cárdenas Gracia. ¿Oradores en pro? No existen. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernández No-roña, hasta por tres minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : No quisiera corregirlo, diputado presidente, pero tengo que hacerlo. Es hasta por cinco. Aquí dice tres, ¿espero que lo cambien o...? Es hasta por cinco minutos, diputado presidente.

Voy iniciando de cualquier manera. Espero usar menos, pero si necesito los cinco, que me respeten los cinco que me corresponden.

Hoy, a las 5 de la tarde, debía comparecer el secretario de Trabajo del gobierno usurpador. Se va a discutir el decreto usurpadorcial, que pretende la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro en un acto que adelanta un Estado totalitario, un Estado fascista, que viola la Constitución, viola el estado de derecho; que pasa por uno de los sindicatos más democráticos que hay en el país y, sobre todo, pretende rematar el patrimonio nacional.

No sólo no viene el secretario, sino que mandaron oficio a la Mesa Directiva y luego lo retiraron; lo mandaron a la Comisión del Trabajo, y de esta manera afrentan al Poder Legislativo.

En un acto verdaderamente inaceptable, el secretario de Trabajo no comparece, en un momento en que la discusión política nacional está centrada en este tema, con una campaña infame de Calderón llena de mentiras sobre los supuestos privilegios que tienen los trabajadores de la compañía de luz, cuando ni siquiera dice que los 42 mil millones de pesos de subsidio que se utilizan son invertidos íntegramente en la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.

A mí me parece que la comparecencia ante el pleno, de mañana en ocho, no sólo es tardía, sino yo le preguntaría a esta soberanía: ¿A qué viene Lozano Alarcón? A decir nada, como han hecho todos los que por aquí han desfilado; a poner cara de palo frente a los durísimos cuestionamientos, a usar la socarronería y desvergüenza que los caracteriza.

Sería un agravio todavía mayor en estas condiciones que viniera Lozano Alarcón a esta soberanía, y sobre todo, al pleno. No debería ni siquiera tocar el piso de las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Es de verdad muy grave lo que está pasando. Insisto en que es un paso hacia el Estado totalitario y que al seguir actuando como si nada pasara, además de estar postergando el debate político de manera permanente en cada sesión, me parece que es una equivocación de este órgano colegiado.

Por todas estas razones quiero sostener con firmeza que debe retirarse la invitación al secretario de Trabajo del gobierno usurpador, que no tiene ningún sentido que venga de mañana en ocho al pleno y que, francamente lo que debería estarse pidiendo es su remoción por incapaz, por violar la Constitución, por mentir, por generar esta campaña ---ellos sí--- de odio, de polarización y de desencuentro, en un país que está cada vez con mayores dificultades para encontrarle salida a sus crisis económicas, políticas y sociales.

Por todas estas razones pido a esta soberanía que no aceptemos el acuerdo que aquí se nos presenta y que votemos porque no se presente al plenario el secretario de Trabajo del gobierno usurpador.

Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo de los Cobos, en pro.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva : Con su permiso, presidente.

Precisamente hoy en la mañana, en convocatoria del presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Tereso Medina, se dio lectura al oficio que envía el subsecretario de Gobernación, explicando no que se cancelara la comparecencia, sino que se pospusiera, y va en torno al acuerdo que acaba de tomar la Junta de Coordinación.

En ese sentido de cosas, no se puede hablar de que no se llevó a cabo una comparecencia, sino estamos ante el supuesto que, dentro del término de tiempo que tenemos para desahogar estas comparecencias, lo pueda hacer el secretario de Trabajo en los días siguientes. Y en ese sentido de cosas, yo le pido a esta asamblea apoyemos el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es evidente que existe la obligación de comparecencia, ésta ya había sido acordada. El artículo 69, párrafo segundo, de la Constitución, así como el artículo 93, párrafo segundo, de la propia Constitución, no dejan lugar a duda de que existe constitucionalmente la obligación de la comparecencia.

Se había aprobado ya un calendario, y tanto por gestiones de algunos grupos parlamentarios como también a petición del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, es que esta comparecencia se busca posponer.

En estos términos, esta Cámara de Diputados es soberana, y la Cámara determina cuándo comparece y cuándo no comparece un secretario de Estado. Se trata de una obligación que desde nuestro punto de vista está incumpliendo el secretario del Trabajo y Previsión Social.

Por otro lado, lo importante era que compareciera hoy, no dentro de una semana, porque están recientes los acontecimientos que tuvieron que ver con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, y también porque tiene que ver con el conflicto laboral en curso, relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El que no comparezca, al menos desde mi punto de vista ---y lo digo respetuosamente--- implica un acto de cobardía del secretario del Trabajo y Previsión Social. El secretario del Trabajo estaba obligado a comparecer hoy, tal como estaba calendarizado, para informar sobre su gestión como secretario del Trabajo y también para rendir cuentas sobre los acontecimientos de los últimos días.

Posponer una semana este debate da tiempo a que se enfríen los acontecimientos, es permitirle al secretario del Trabajo poder generar una estrategia de defensa ---porque a eso va a venir, a defenderse---, diferente a la que podría haberse presentado hoy.

No va a venir a rendir cuentas, va a venir a defenderse. Y pospone su intervención ante esta soberanía por un acto de cobardía. Y está además afrentando severamente a esta soberanía, porque hay una obligación de comparecer que había sido determinada por los órganos competentes de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Ha concluido la lista de oradores, por tanto pido a la Secretaría, en consecuencia, consulte a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias.Aprobado. Comuníquese y cítese al señor secretario del Trabajo y Previsión Social, para que comparezca a este pleno el 21 de octubre a las 11 horas.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Había sido dada la lectura al acta de la sesión anterior y habíamos solicitado a la Secretaría consultar a la asamblea si se dispensaba de la misma, tomando en consideración que había sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves ocho de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 316 diputadas y diputados, a las 10 horas con 46 minutos del jueves 8 de octubre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Se recibe oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que comunica el nombramiento del doctor Luis González Placencia, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para el período correspondiente del primero de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2013. De enterado.

Se reciben proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por los que:

En sendas votaciones económicas se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

Se recibe oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

Se recibe oficio del Congreso de Morelos, por el que solicita a la Cámara de Diputados que al analizar, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, considere a Morelos para adherirse y ser beneficiario del Fondo Metropolitano. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se reciben oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los siguientes puedan desempeñar o prestar servicios:

Las solicitudes de permisos se turnan a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios se remiten a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que remite:

Se recibe del diputado Sergio Lobato García , del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Función Pública.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

A las 11 horas con 57, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 455 diputadas y diputados.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

La secretaría da lectura al acuerdo de la Mesa directiva por el que se determina llamar a tomar protesta constitucional al ciudadano Israel Madrigal Ceja , diputado federal suplente del ciudadano Julio César Godoy Toscano . En votación económica se aprueba. Comuníquese. Acto seguido, el ciudadano Madrigal Ceja, acompañado de una comisión designada, rinde protesta y entra en funciones.

Se reciben solicitudes de excitativa de los diputados:

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausura la sesión a las 15 horas con 21 minutos y cita para la que tendrá lugar el martes 13 de octubre de 2009 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con el orden del día, con los oficios de la Comisión Nacional del Agua.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Comisión Nacional del Agua.

Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente, para su conocimiento, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2009 de recursos devueltos a los municipios y a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 470 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continúe la Secretaría con los oficios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : « Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del instituto, en el punto 7 de la norma de inversiones financieras aprobada en el acuerdo 228.P.DF del 24 de septiembre del 2008 establece los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral, a través de informes trimestrales que se remitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Función Pública, y que contengan la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, envío a usted un ejemplar del informe correspondiente al segundo trimestre de 2009, que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su sesión 417 del 26 de agosto del presente año.

« Instituto Mexicano del Seguro Social.

Informe segundo trimestre 2009, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social

Contenido

I. Introducción

II. Evolución del portafolio de inversión:

III. Posición del portafolio de inversión:

IV. Cumplimiento de límites y evaluación del desempeño.

I. Introducción

a) Marco normativo

Los artículos 286 C y 70, fracción XIII, de la Ley del Seguro Social (LSS) y del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, ordenan que en forma periódica, oportuna y accesible se dé a conocer al público en general la composición y la situación financiera de las inversiones del instituto, información que se deberá remitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al H. Congreso de la Unión.

Considerando lo anterior, en el presente documento se informan los rendimientos obtenidos en el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2009.

b) Proceso integral de inversión y gobierno corporativo

Conforme al artículo 286 C de la LSS, la Unidad de Inversiones Financieras, dependiente de la Dirección de Finanzas (DF), es la unidad especializada que se encarga de la inversión de los recursos institucionales, que a través de la Comisión de Inversiones Financieras, establecida en 1999 con la expedición por decreto presidencial del Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros del instituto Mexicano del Seguro Social, en su Capítulo II, ``De los órganos especializados de Inversión'', artículo 3, propone las políticas y directrices de inversión, así como la evaluación y supervisión de su aplicación, para su aprobación ante el consejo técnico, que es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del instituto.

De acuerdo con la LSS, el instituto cuenta con una estructura completa de cuatro niveles de reservas que no forman parte de su patrimonio y con un fondo laboral para hacer frente a las obligaciones para con sus trabajadores:

* Únicamente se presentan los seguros que tienen constituida una reserva

La unidad, para llevar a cabo el objetivo de inversión de los recursos institucionales, se apoya en cuatro coordinaciones que conjuntamente realizan el proceso integral de inversión, el cual se apega a las mejores prácticas en materia de inversión:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

FENOMENOS CLIMATOLOGICOS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-49, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/581/2009, suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la sequía atípica en diversas entidades federativas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1430/09, de fecha 10 de septiembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el 17 de septiembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-2-0049, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez , presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 10 de septiembre de 2009, y cuyo resolutivo primero se reproduce a continuación:

Primero . La Cámara de Diputados exhorta la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, afectados por la sequía atípica de los últimos días.

Sobre el particular, nos permitimos comunicar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que, aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de un segundo , tercero y cuarto resolutivos, en el presente oficio, esta DGF únicamente se pronunciará respecto del resolutivo primero antes transcrito, por tratarse de un exhorto directo a la Secretaría de Gobernación y por ser el único que guarda relación con la esfera de competencia de esta unidad administrativa.

Tal pronunciamiento se efectúa en los siguientes términos:

Ello, en razón de que, si bien es cierto el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, y que en la implantación de este programa federal la Segob puede emitir declaratorias de desastre con las cuales declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, para que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden. Debemos precisar que la emisión de tales declaratorias se encuentra invariablemente sujeta al cumplimiento de los requisitos y formalidades contenidos en las ROF (y que aludiremos en el apartado correspondiente), entre los que destaca la elaboración de una solicitud de declaratoria de desastre , suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y dirigida a la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) de la Segob, en la que se indique, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador, ² la fecha de su ocurrencia y las denominaciones de los municipios u político-administrativos que, se considera, sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno perturbador y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión.

Tales asertos se desprenden de las consideraciones siguientes, las cuales se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden (el cual se explica a detalle líneas adelante):

Dicha solicitud de corroboración deberá estar suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, por el funcionario facultado para tal fin, y deberá contener, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador, así como la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios u órganos político-administrativos que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión. Las denominaciones deberán coincidir con el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Debe tomarse en consideración que, según las ROF, en el caso de sequía severa y cuando se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable, además de cubrir los requisitos antes referidos, las entidades federativas podrán solicitar a la Conagua la corroboración de la sequía severa en un plazo de hasta ocho días hábiles, contados a partir de que concluya el período normal de lluvias de la entidad federativa correspondiente (en términos del anexo III de las ROF, el cual se adjunta al presente para pronta referencia).

Según el numeral 10 de las ROF, cumplido lo anterior, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes, la Segob, por conducto de la CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información, la declaratoria de desastre natural respectiva, la cual se expide para efectos de poder acceder a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento del Fonden denominado ``Fonden Reconstrucción'' (que se detalla líneas adelante), a través del cual se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños ocasionados en la infraestructura pública o sector vivienda de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Debe recalcarse el hecho de que la emisión de la declaratoria de desastre no constituye el único requisito a satisfacerse para el acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, toda vez que, según el procedimiento establecido en las ROF, es necesario que las instancias federales y estatales responsables de cada sector afectado concluyan con los trabajos de evaluación y cuantificación de daños , a efecto de que, una vez realizado ello, se esté en posibilidad de conocer de qué manera y con qué montos el Fonden habrá de participar para atender los daños ocurridos por el fenómeno de que se trate.

Finalmente, para un adecuado entendimiento de la información que antecede, y a efecto de brindar una visión más clara de la operación y alcances del Fonden, a continuación se presentan, de manera sucinta, las características generales de este programa federal y del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción:

El Fonden es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).

El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:

Con cargo al Fonden Reconstrucción se autorizan recursos , ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública o sector vivienda de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

A través del instrumento Fonden Reconstrucción sí es posible atender fenómenos naturales perturbadores tales como sequías severas , entendidas éstas como un prolongado periodo (una estación, un año o varios años consecutivos), con déficit de precipitación en relación con el valor medio estadístico de varios años (generalmente 30 años o más). La sequía es una propiedad normal y recurrente del clima, sin embargo, se considerará para el caso de la aplicación de las ROF que la sequía es severa cuando el déficit de precipitación le corresponda una probabilidad de ocurrencia igualo menor a diez por ciento (es decir, que dicho déficit ocurre en uno o menos de cada diez años) y que además no se haya presentado esta situación cinco veces o más en los últimos diez años (numeral 3, fracción VII, del anexo III de las ROF).

Sin embargo, debemos precisar que, según se desprende de las ROF, los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción únicamente se autorizan ante la presencia de un fenómeno natural perturbador y cuando hayan sido cubiertos los requisitos y formalidades establecidos en el procedimiento previsto para esos efectos en las propias ROF, en el que dispone la necesidad de contar, como se ha visto, con una solicitud de declaratoria de desastre.

Ahora bien, para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, el cual se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

Para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, las ROF instruyen el siguiente procedimiento:

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una declaratoria de desastre natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas podrán solicitar apoyos parciales inmediatos (Apin)5, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los Apin son autorizados por la UPCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la entidad federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los Apin serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que, con el propósito de que se presente y, en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los Apin, la entidad federativa en coordinación con el fiduciario del Fideicomiso Fonden estatal deberá convocar a su comité técnico, donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17 de las ROF).

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de éstos, la cual, en su caso, instruirá al fiduciario del Fideicomiso Fonden, para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF).

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del comité técnico de los recursos correspondientes.

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles, realizará las siguientes acciones:

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

Es importante hacer hincapié en que como se ha señalado en su oportunidad, en materia de atención de desastres naturales, la DGF no autoriza ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular y tampoco actúa como ejecutara de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas: 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.2 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.4 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.5 Entendiéndose éstos como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1528/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1544/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1556/09, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, que el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnense a la Comisión de Gobernación. Oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del senador Adolfo Toledo Infazón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El suscrito, Adolfo Toledo Infazón, s enador a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestro país la existencia de una brecha creciente en la distribución de la riqueza y la correlación que este fenómeno económico con el ínfimo crecimiento del ingreso per cápita en los últimos 30 años son aspectos alarmantes que sólo políticas públicas adecuadas y con un enfoque estructural podrían remediar.

Por lo anterior, resulta importante realizar acciones que permitan impulsar a la educación principalmente. Todos sabemos lo que esta variable de crecimiento contribuye para combatir dicha desigualdad y la limitante que ésta causa al crecimiento como se ha señalado.

Aún cuando se ha incrementado la inversión en este sector para erradicar esta problemática, los resultados siguen siendo muy pobres, tal y como quedó manifiesto en la última aplicación de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, y de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Donde está última, dejó al descubierto la enorme diferencia que existe entre la educación pública y privada, que complica más la desigualdad que existe en nuestro país, por lo que es urgente tomar medidas que acorten dicha brecha.

Las transferencias federales a las entidades federativas en materia de presupuestos educativos, siempre han sido materia de debate por su inequidad. Actualmente las erogaciones que realizan los estados oscilan entre el 30 y 50 por ciento de su presupuesto estatal, mientras que para la federación representa un poco más del 30 por ciento del presupuesto federal.

En la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942 se estableció que, en los casos en que la federación otorgue subsidio, subvención o cualquier forma de ayuda a escuelas, instituciones o servicios educativos descentralizados o dependientes de los estados o de los municipios, éstos quedarán sometidos técnicamente a la federación.

En el mismo sentido se manifestó que, independientemente de contar o no con un sistema estatal de educación, ningún estado está exento de la responsabilidad de realizar aportaciones económicas para los servicios de educación.

Posteriormente con la Ley Federal de Educación de 1973 se generó cierto retroceso, toda vez que en sus artículos 25 y 28 se dispuso que el Gobierno Federal solamente aportara recursos al sistema educativo federal y que los estados deberían responsabilizarse de los gastos que generen sus propios sistemas educativos.

En 1982 se transfirieron a los gobiernos locales los servicios de educación básica y normal, así como los recursos de apoyo correspondientes, sin detrimento de los derechos laborales y de organización sindical nacional.

Sin embargo, existían bastantes diferencias entre ambos sistemas, por lo que con la firma del Acuerdo Nacional de Mejoramiento de la Educación Básica (ANMEB) en 1992, ambos sistemas se fusionaron.

En muchos países se opta por descentralizar ciertos sectores, con el fin de mejorar la distribución de los recursos públicos para atender de manera eficaz las demandas locales.

En México la descentralización del sistema educativo no representa solamente un ingreso adicional para los estados, sino también como un medio para cubrir la parte del servicio educativo que la federación administraba antes de la firma del ANMEB, sin embargo los resultados no han sido los esperados.

Ante este panorama y ante la falta de claridad en el tema de los recursos y los mecanismos para dispersarlos, en 1997 el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal Federal con la que se creaban tres fondos.

Dichos fondos se crearon con la finalidad de que los estados reciban los recursos etiquetados para el gasto en educación y son el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adulta y el Fondo de Aportaciones Múltiples, los cuales tampoco solucionaron el problema de distribución, que subsiste hoy día.

En un país en donde el 51 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza extrema, resulta fundamental garantizar el acceso a la educación y su continuidad para toda la población, a través de la creación y aplicación de políticas públicas eficaces que contribuyan a su bienestar social y económico.

El Sistema Educativo Nacional cuenta con cerca de 31 millones de estudiantes en su modalidad escolarizada, siendo el nivel de educación primaria en donde se concentra el mayor número de educandos.

Para la educación secundaria y media superior, cuya obligatoriedad fue decretada en 1993, el último censo indica que 58 por ciento de los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años no han aprobado ningún grado de instrucción posterior a la primaria.

Solamente un 34.5 por ciento de la población en edad escolar correspondiente al primer año de educación media superior se encuentra inscrito en ese grado y únicamente un 18.8 por ciento de la población en edad escolar correspondiente al tercer año de media superior alcanza ese nivel.

Para el presente año, el gasto total destinado al ramo se redujo en 4 mil 515 millones de pesos, es decir, un decrecimiento de 2.25 por ciento respecto al año anterior, lo que en términos reales se traduce en un decrecimiento del 6.7 por ciento.

No obstante, lo más relevante del presupuesto no es el recorte en término general, sino la manera en que se distribuye, pues refleja la línea que ha decidido seguir el Gobierno Federal en materia educativa.

Entonces tenemos que el 80 por ciento del presupuesto que se le asigna se utiliza en el gasto corriente de la Secretaría de Educación Pública y el 20 por ciento restante se distribuye entre los cuatro niveles de educación, principalmente en los que integran el nivel básico.

Adicionalmente debemos tomar en consideración la asignación de recursos que el gobierno federal transfiere a los gobiernos estatales, toda vez que existen desequilibrios distributivos, faltan mecanismos claros para la dispersión de fondos, existe desigualdad en las aportaciones locales, así como nulos incentivos para estimular el financiamiento con recursos propios, y prevalece la ausencia de criterios objetivos que incorporen indicadores efectivos de oferta demanda y debilidad en los instrumentos de coordinación entre éstos.

En otros países, como en Chile, se transfiere cierta cantidad por alumno a los municipios, quienes igualmente contribuyen al financiamiento en medida de sus posibilidades; en Australia los fondos del gobierno central se entregan de manera distributiva a cada alumno en proporción con la pobreza relativa, y en Nueva Zelandia la transferencia se realiza directamente a las escuelas, a razón de 80 por ciento correspondiente al número de alumnos y 20 por ciento a su situación económica.

Situación contraria sucede en México, pues a través de estudios y estadísticas ha quedado demostrado que se entregan menos recursos a entidades con alto índice de analfabetismo o cuyos sistema educativos son financiados por el gobierno local, aunado al desvío de fondos aún y cuando éstos han sido etiquetados, lo cual es contrario al espíritu de la ley.

Por tal motivo presentamos a esta soberanía una iniciativa de ley que permita distribuir los recursos de manera justa y equitativa, estableciendo para ello mecanismos de asignación claros y transparentes, que contribuyan a elevar el nivel educativo del país.

La propuesta que presentamos pretende reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que la distribución del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica considere también el número de alumnos y el grado de marginación, no sólo el número de escuelas y de profesores como actualmente se encuentra en la ley.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 27, adicionando dos fracciones y recorriendo, en consecuencia, la actual fracción II a la IV de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 considere la creación de un fondo de garantías líquidas personalizadas para productores de café.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2010 considere la creación de un fondo de garantías líquidas personalizadas para productores de café, operado por Financiera Rural y destinado a actividades de rehabilitación y renovación de plantaciones cafetaleras, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La producción del café es en México la segunda actividad agrícola más importante después del maíz. Las regiones cafetaleras son un ejemplo claro de cómo esta actividad genera importantes cantidades de divisas, que permiten atender a más de 5 millones de productores, comercializadores e industriales y demás componentes de la cadena productiva del café. Aun así, los productores siguen siendo el eslabón más sensible de la cadena.

El Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento del Café fue un programa promovido por el gobierno, a través de la Sagarpa, por el cual se impulsó a los cafeticultores del país para alcanzar un ingreso objetivo que les permitiera compensar sus resultados económicos en temporadas de precios bajos.

Su función estuvo encaminada a establecer un precio en el mercado que permitiera a los productores tener un precio justo del producto. La aportación de este fondo al productor variaba entre 5 y 20 dólares por cada 100 libras, según el precio en el mercado internacional.

Este fondo fue concebido en 2002 y se constituyó en un mecanismo permanente de apoyo de los productores durante los ciclos cafetaleros en que el precio internacional del grano se mantuvo en niveles bajos, y operaba a través de la entrega de recursos económicos a los productores, recuperables en las épocas en que el precio del aromático alcanzaba niveles que permitían rentabilidad suficiente. De esa manera se reintegraban los apoyos recibidos y se establecía un ciclo permanente del uso de los recursos que integraban el fondo mediante sistemas financieros confiables y transparentes.

Durante los primeros años del siglo XXI, una crisis sin precedente sumió a los productores de café en un devastador decrecimiento. Las ventas entre 2000 y 2004 llegaron a reducirse hasta en 70 por ciento. La reducción de los precios internacionales, la sobrevaluación de la moneda nacional y la disminución del precio de hasta 35 por ciento significaron el empobrecimiento generalizado de la mayoría de los cafeticultores.

Durante el último ciclo de este periodo, el fondo de compensación logró sus objetivos.

A partir de 2005 se tiene una mejoría en los precios internacionales que, con el esfuerzo de los productores, se ha traducido en un aumento de la producción. Para el ciclo 2008-2009 se han obtenido alrededor de 4.8 millones de sacos, lo cual equivale a un aumento de 30 por ciento en los últimos cuatro ciclos. De igual forma, el consumo durante los últimos 5 años se ha incrementado en 30 por ciento. La instalación de nuevas cafeterías y puntos de venta que ofrecen mayor calidad y mejor preparado está atrayendo a más consumidores.

En mayo de 2005, la Sagarpa, junto con el Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café, constituyeron el Fideicomiso de Recuperación de Apoyos del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura (Fircafe), y se integró un comité técnico, con representación de las organizaciones nacionales de productores de café y un representante de los comercializadores.

En 2006 se constituyó la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafe), como brazo ejecutor del Comité Nacional Sistema Producto Café, integrada por las organizaciones de los principales actores. En el mismo año, la Sagarpa cedió los derechos del Fircafe a la Amecafe como fideicomitente.

Hasta ahora, el Sistema Producto Café y la Amecafe, a juicio del sector productor, no han funcionado conforme a sus objetivos. Los productores cafetaleros consideran que la Sagarpa y la Amecafe no han dado resultados a sus problemáticas, pues no hay interlocución y coordinación suficientes con los estados cafetaleros y se presentan problemas de subejercicio de recursos, lo cual repercute negativamente en los ingresos de los productores, la productividad y la competitividad del sector.

Es indispensable atender las problemáticas de los productores y articular líneas de crédito que permitan la rehabilitación y renovación de plantaciones de manera igualitaria y acorde con las verdaderas necesidades de los productores.

El sector productor de café detona actualmente un gran potencial para mejorar los ingresos de las familias cafetaleras y de generación de empleo. Esto se refleja en que, pese a la fuerte recesión económica que enfrentamos, es uno de los sectores que tiene un crecimiento importante.

De ese modo, los más de 485 mil productores del aromático estarían en condiciones de acceder a incentivos de producción, aumentando competitividad y estabilidad, y mejorando sus niveles de ingreso y calidad de vida. El café en México es por demás una oportunidad de crecimiento y desarrollo.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2010 considere la creación de un fondo de garantías líquidas personalizadas para productores de café, operado por Financiera Rural y destinado a actividades de rehabilitación y renovación de plantaciones cafetaleras, en el cual los productores puedan aumentar su garantía con aportaciones propias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores, integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, presentaron solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del artículo 8, y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia acordó remitir la documentación, la cual se anexa, a la Cámara de Diputados.

«Comunicado del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI, en nombre de los integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, por el que solicita que se excite a la Cámara de Diputados a presentar, a la mayor brevedad, el dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Honorable Asamblea:

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, senadores de la república de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente solicita se formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados para que presente el dictamen relativo a la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

1. En sesión del 13 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores recibió de los senadores Juan Bueno Torio, Ramiro Hernández, Arturo Herviz Reyes, Rogelio Rueda Sánchez, Eva Contreras Sandoval, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Lobato Campos y Jorge Legorreta Ordorica, integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, proyecto de decreto que reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del artículo 8, y la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

2. Según lo dispuesto en el artículo 22, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa misma fecha la Presidencia de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.

3. En sesión del 20 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados recibió el oficio de la Cámara de Senadores por el que se remitía la iniciativa, la cual fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

4. El 18 de marzo de 2009, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura presentó el dictamen de la iniciativa, el cual fue publicado como minuta en la Gaceta Parlamentaria.

5. En esa misma sesión, el dictamen fue considerado de primera lectura por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura; sin embargo, el dictamen no fue sometido a discusión del pleno.

6. El 18 de septiembre del presente año, por acuerdo de la Mesa Directiva de la presente legislatura, todos los dictámenes que se encontraban en dicha instancia fueron devueltos a las comisiones, por lo que actualmente dicho dictamen se encuentra en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

7. En reunión de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera de la Cámara de Senadores, del 23 de septiembre de 2009, se convino formular excitativa a la Cámara de Diputados, a efecto de conminarle a aprobar la minuta y terminar con la elusión y la evasión de impuestos mediante la introducción ilegal de alcohol.

Consideraciones

Primera. El alcohol etílico está enfrentando una competencia desleal derivada del mal manejo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), mientras que, en el caso del alcohol y el alcohol desnaturalizado, se financia innecesariamente un impuesto con una tasa de 50 por ciento del valor del producto adquirido al momento de la compra, que posteriormente acreditan contra otros impuestos al momento de presentar sus declaraciones, sin tener derecho a éste.

Segunda. La aplicación del mencionado impuesto ha incentivado el contrabando de alcohol etílico, así como su producción y comercialización clandestina, en detrimento de la importación, producción y comercialización formal, la cual sí está pagando el IEPS, el IVA, el ISR y, en su caso, el impuesto al activo según corresponda.

Tercera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura dictaminó la minuta, mencionando que en la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación e importación de alcohol y alcohol desnaturalizado existe un sector de productores de estos bienes que, si bien cumplen con algunas obligaciones formales y de control, no enteran el impuesto que ya trasladaron a sus clientes y, además, se sustraen del control y vigilancia de las autoridades fiscales cambiando de domicilio, sin presentar los avisos que están obligados, lo cual tiene un efecto adicional en la recaudación impositiva, toda vez que los adquirentes de los productos mencionados acreditan el impuesto especial sobre producción y servicios que les fue trasladado contra el propio impuesto que a su vez ellos causan.

Cuarta. En el marco de crisis económica, se vuelve indispensable promover la competitividad de la industria nacional, en particular cuando su supervivencia es puesta en riesgo debido a prácticas de competencia desleal. Toda vez que actualmente se está discutiendo el paquete económico para el próximo año en el que se prevén modificaciones a diversos ordenamientos tributarios, consideramos pertinente que dicha iniciativa sea incorporada a la discusión.

Por lo expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que nos confiere la ley, se somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores la siguiente

Excitativa

Única. Sírvase comunicar a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto a presentar a la mayor brevedad la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL - LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 33, el artículo 34 y 35; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; así como por el que se reforma el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de decreto

Por el que se reforma la fracción II al artículo 33, el artículo 34 y 35; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; así como por el que se reforma el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación

Artículo Primero. Se reforma la fracción II al artículo 33, el artículo 34 y 35; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Art. 33...

Artículo 34. La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el permisionario con vehículos propios o arrendados, en estado original, modificados o acondicionados para fines específicos, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia y normas oficiales mexicanas.

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 33 de esta ley, que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán tener los instalados los cinturones de seguridad necesarios para los pasajeros y cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, así como obtener la constancia de aprobación correspondiente expedida por la Secretaría, con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la Norma Oficial Mexicana respectiva.

Artículo 47. Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. Al efecto, la Secretaría recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate.

La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones.

La expedición de permisos para esta modalidad procederá para autobús integral, automotores modificados o acondicionados, vagoneta y automóvil sedán, cuyas características deberán ajustarse a lo dispuesto en el reglamento correspondiente.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación

Artículo 127. Los concesionarios o permisionarios de servicios públicos de transporte y autotransporte federal, de pasajeros y de turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en uso de las vías generales de comunicación, o de la explotación de las mismas, están obligados a proteger a los viajeros y sus pertenencias de los riesgos que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio y a los usuarios de la vía por el uso de las mismas. La protección que al efecto se establezca, deberá ser suficiente para cubrir cualquier responsabilidad objetiva del concesionario o permisionario y amparará los daños y perjuicios causados al viajero en su persona o en su equipaje o demás objetos de su propiedad o posesión, que se registren desde que aborden hasta que desciendan del vehículo, o al usuario de la vía durante el trayecto de la misma.

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Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá iniciar e implementar el Programa Nacional de Reordenamiento, Renovación y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios y/o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, debiendo observar que las unidades automotrices cumplan con las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezca esta Ley y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Transportes.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XXIV, ``De las Franquicias Postales'', con los artículos 69, 70, 71 y 72, a la Ley del Servicio Postal Mexicano.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Que adiciona el Capítulo XXIV, ``De las Franquicias Postales'', que contiene los artículos 69, 70, 71 y 72, a la Ley del Servicio Postal Mexicano

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo XXIV, ``De las Franquicias Postales'', con los artículos 69, 70, 71 y 72, a la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Capítulo XXIV De las Franquicias Postales

Artículo 69. Sólo podrán establecerse franquicias postales mediante su inserción en la legislación federal y en aquellos casos considerados por el Congreso de la Unión como de interés público.

Una vez establecidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, la instrumentación de las franquicias deberá ejercerse mediante convenio que se suscriba entre el organismo y el beneficiario del servicio.

Artículo 70. Las disposiciones que expida el Congreso de la Unión para efecto de lo establecido en el artículo anterior deberán considerar la obligación de los beneficiarios de cubrir el costo de la franquicia postal o, en su lugar, el mecanismo para financiarlo, a efecto de que en ningún caso sea asumido por el organismo.

El servicio puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas, previa observación de que la documentación susceptible de enviarse mediante este beneficio es exclusiva de los trabajos oficiales realizados por la institución que lo solicita.

El costo de la franquicia, en cualquiera de sus clasificaciones, deberá ser cubierto cuando menos en forma trimestral, de conformidad con el convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior.

Artículo 71. Las franquicias postales sólo podrán referirse al servicio gratuito para los beneficiarios de envío ordinario dentro del territorio nacional.

Artículo 72. El convenio a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 deberá contener cuando menos

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y se adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley de Camino, Puentes y Autotransporte Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y se adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los párrafos segundo y tercero para ser tercero y cuarto al artículo 70, y adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 70. La secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con ésta. Para tal efecto, podrá requerir, en cualquier tiempo, a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que permitan a la secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

La secretaría ordenará la exención del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía. La medida deberá levantarse una vez que se restablezca la calidad de la vía.

La secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones que, tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.

Para los efectos del presente artículo, la secretaría podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las sanciones respectivas.

La secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 74 Quáter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal deberá habilitar los carriles exentos de paje que resulten necesarios cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el título de concesión o el que corresponda según la modalidad de la vía. Para tal efecto, en la víspera de las casetas de cobro, se señalará el lugar máximo de espera.

La medida deberá suspenderse una vez que se normalice la fluidez vehicular y quede garantizada la seguridad, comodidad y rapidez de la vía.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Transportes.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 13, 22 y 48 Bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de decreto

Por el que se reforman los artículos 1, 13, 22 y se adiciona el artículo 48, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforman los artículos 1, 13, 22 y se adiciona el artículo 48, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, expedirán las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que se cumpla en todo el país:

A. ...

B. ...

C. ...

...

Artículo 22. ...

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

A fin de que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada entidad federativa dispondrán lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Artículo 48. ...

La instancia especializada en el ámbito federal a que se refiere el párrafo anterior, será el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman por adición los artículos 67 y 113 de la Ley General de Población.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforman por adición los artículos 67 y 113 de la Ley General de Población

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 67, y se adiciona una fracción VI al artículo 113, para quedar como sigue:

Artículo 67. ...

No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.

Los servidores públicos que atiendan a los extranjeros en los supuestos antes establecidos no estarán obligados a dar el aviso a que se refiere el párrafo primero del presente artículo.

Artículo 113. Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave cuando

I. a III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá llevar a cabo las modificaciones pertinentes al artículo 149 del reglamento de la presente ley, para adecuarlo a las disposiciones aquí aprobadas, en un término que no excederá de 90 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

LEY DE IMPORTACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continuamos con el capítulo de iniciativas. La Presidencia recibió del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Iniciativa que expide la Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad constitucional conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proyecto de decreto que crea la Ley de Importación de Vehículos Usados.

Contenido

El problema de los vehículos usados que se importan a nuestro país, principalmente de nuestro vecino del norte, no es asunto menor para el gobierno mexicano (entendido como tal los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y a los tres niveles: federal, estatal y municipal) menos aún para los partidos políticos representados en ambas Cámaras, así como las organizaciones civiles y, por supuesto, las empresas automotrices que operan en nuestro país, pues todos de una u otra forma estamos inmersos en este complejo tema.

Esto es así que el Poder Ejecutivo lleva cerca de 18 decretos mediante los cuales trata de dar solución a este problema: el Judicial, concretamente el 30 de septiembre del presente año, a través de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una contradicción de tesis relativa al porcentaje que actualmente se cobra por la importación de vehículos usados. El Legislativo, en sus Cámaras de Diputados y Senadores, ha dictaminado proyectos de reformas o iniciativas que pretenden dar solución a esta problemática, pero que sin duda aún existe.

En las LIX y LX Legislaturas, los partidos, concretamente PRI, PAN y PRD, presentaron diferentes iniciativas relativas al tema que nos ocupa, sea para regularizar a los vehículos que se encontraban en nuestro país de forma irregular o para que se importen de manera legal.

En virtud que el decreto que actualmente regula las importaciones definitivas de vehículos usados de fecha 24 de diciembre de 2008, vence según su propio artículo primero transitorio el 31 de diciembre de 2010, es decir, seguirá vigente el decreto poco más de un año; la pregunta es ¿y después que va va pasar?

Por ello, el objetivo de la iniciativa es regular la importación de vehículos usados mediante ley y no mediante decretos, a efecto de dar certeza jurídica para quienes realicen esta actividad; permitir la importación de vehículos usados mayores a diez años, tal y como lo establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin que se requiera el certificado de origen como actualmente se pide; se elimina la necesidad de recurrir a los precios de referencia, estipulando que el importador deberá declarar el precio real de compra del vehículo.

Los propietarios de los vehículos importados, en definitiva, deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y demás disposiciones aplicables en la materia. Los vehículos importados no podrán circular en éste hasta que se inscriban en el Registro Público Vehicular.

Por otra parte, para quienes sostienen que con la importación de vehículos usados ``chatarras'' (que en la mayoría de los casos están mejor que los nacionales), se afectaría aún más el medio ambiente y se atentaría en contra de la política ambiental nacional; para ello se establece como requisito para la importación la verificación vehicular obligatoria.

Exposición de Motivos

Con el propósito de frenar la importación de autos usados de Estados Unidos de América y de Canadá, que de enero de 2006 a noviembre de 2008 sumaban más de 3.5 millones de unidades, pues cada año ingresan cerca de 725 mil vehículos, de los cuales 25 por ciento ya no regresa a su lugar de origen, por ello, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, emitió el decreto que establece los requisitos a que debe sujetarse la entrada de vehículos usados a territorio nacional a partir del 1 de enero de 2009, abrogando los decretos del 22 de agosto de 2005 y 26 de abril de 2006, emitidos por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

Como diputados tenemos la facultad constitucional de legislar en la materia pero, sobre todo, tenemos la responsabilidad ante miles de mexicanos que por la naturaleza del trabajo que desarrollan le es indispensable un vehículo, y me refiero concretamente a los campesinos de México, pues la compleja situación del agro mexicano es una de las razones que empuja a la población de escasos recursos a comprar unidades extranjeras y no porque así lo quieran, sino por ser más económicas; por ejemplo, una camioneta usada en México para uso rural en 2000 costaba alrededor de 60 mil pesos, una unidad similar podía adquirirse en Estados Unidos de América con 10 mil pesos, por ello el sector automotriz de nuestro país debe buscar abaratar sus costos, pues de lo contrario seguiremos inmiscuidos en este problema, a pesar de que el crédito al consumo se ha expandido considerablemente, pero la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a un vehículo para uso particular o para su actividad productiva.

Además cabe señalar que la importación de vehículos usados ha sido, durante las últimas décadas, un mecanismo a través del cual millones de ciudadanos, tanto en la frontera norte como en el resto del país, han podido acceder a un bien para el desarrollo de sus actividades productivas, lo cual no podrían obtener a través del mercado nacional.

Incluso cabe mencionar que, aun y cuando el presidente Felipe Calderón el 29 de mayo del presente año implantó, dentro del Programa para el Desarrollo de Alta Tecnología, el de renovación vehicular, que lo único que provoca es el endeudamiento de los mexicanos, ya que sólo se otorgan 15 mil pesos para adquirir un vehículo de hasta 215 mil pesos.

Por otra parte, no debemos desconocer que el Estado mexicano, consciente de esta realidad, ha establecido a lo largo del tiempo decretos, leyes y acuerdos de distinta magnitud para regular la entrada de estos vehículos.

Se ha buscado encontrar un balance entre los beneficios de la entrada ordenada de vehículos de procedencia extranjera y los intereses de quienes producen o distribuyen autos en el país, algunas veces con una tendencia clara hacia la apertura, otras a favor de la protección. Algunas veces, simplemente se ha asimilado que la entrada desordenada de estos vehículos supera la capacidad del Poder Ejecutivo y se ha procedido a regularizarlos.

Por todo lo expuesto, la iniciativa de proyecto de ley trata de coadyuvar con el titular del Ejecutivo federal a dar solución al complejo problema de la importación de autos usados, tomando básicamente los conceptos que nuestro compañero, diputado Horacio Garza Garza, de la anterior legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, manejo en su iniciativa Ley de Importación de Vehículos Usados, de fecha 17 de febrero de 2009, sabedor que, por practica parlamentaria, iniciativa que no es dictaminada en la legislatura que fue presentada, comúnmente es desechada por la legislatura en turno, bajo el falso pretexto de terminar con el rezago legislativo; por ello someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de

Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera

Artículo Único. Se expide la Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera.

Artículo 1. La presente ley establece los requisitos a que debe sujetarse la importación de vehículos usados a territorio nacional.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por

Artículo 3. El importador deberá cumplir con las formalidades y requisitos que establece la presente ley y observar lo previsto en los acuerdos comerciales de los que México es parte, así como presentar ante la autoridad aduanera, por conducto de agente o apoderado aduanal, el documento comprobatorio de origen.

El documento comprobatorio de origen podrá ser una declaración por escrito en la que el importador manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario. La autoridad aduanal podrá verificar la veracidad de dicha declaración y, en caso de encontrar irregularidades, aplicará las sanciones que establece la Ley Aduanera.

Artículo 4. Se establece un arancel ad valorem de 10 por ciento para las fracciones arancelarias aplicables a la importación definitiva de los vehículos usados fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos de América o Canadá, y sin que se requiera permiso previo de la Secretaría de Economía, cuando se trate de vehículos usados cuyo año-modelo sea de entre cinco y nueve años anteriores al año en que se realice la importación, que se importen definitivamente por residentes en la franja fronteriza norte, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, que se destinen a permanecer en dichas zonas, y que se clasifiquen en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación como sigue:

El documento aduanero con el que se realice dicha importación únicamente podrá amparar un vehículo.

Artículo 5. No podrán importarse en forma temporal o definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación, cuando no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado.

Artículo 6. Los interesados podrán efectuar la importación definitiva de un vehículo usado en cada periodo de doce meses, sin que se requiera su inscripción en el padrón de importadores.

Podrán importar el número de vehículos usados que requieran quienes se encuentren inscritos en el padrón de importadores y que tributen, conforme al Título II o al Título IV, Capítulo II, Sección I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 7. Las personas que importen vehículos estarán obligadas a presentar al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, a través de medios electrónicos o en medios magnéticos, la información de las importaciones que realicen, conforme a las reglas de carácter general que al efecto establezca el propio órgano desconcentrado.

Artículo 8. El Servicio de Administración Tributaria llevará a cabo el procedimiento de suspensión en el padrón de importadores, sin perjuicio de la aplicación de las demás disposiciones en la materia, cuando quien importe vehículos usados por sí o por conducto de su representante se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes:

Artículo 9. Los vehículos usados que se encuentren en el país en importación temporal, a partir de la entrada en vigor de esta ley, podrán importarse en forma definitiva siempre que se encuentren dentro del plazo de la importación temporal, pagando el impuesto general de importación actualizado de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el pago, así como las demás contribuciones que se causen con motivo de la importación definitiva.

Para el trámite de importación definitiva de los vehículos señalados en el párrafo que antecede, se requerirá su presentación física ante la autoridad aduanera, conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 10. Los vehículos usados que se importen en forma definitiva para ser destinados a permanecer en la franja fronteriza norte, Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, deberán cumplir los requisitos de control establecidos en la legislación aduanera para su internación temporal al resto del país.

Artículo 11. Los vehículos usados que se hayan importado en forma definitiva para ser destinados a permanecer en la franja fronteriza norte, Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, podrán ser reexpedidos al resto del país, de conformidad con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, sin que en ningún caso se dé lugar a la devolución o compensación de contribuciones.

Los residentes en la región o franja a que se refiere el primer párrafo del presente artículo podrán optar por importar en definitiva los vehículos usados al resto del país, efectuando el pago de las contribuciones aplicables, en cuyo caso, para circular en el resto del territorio nacional, no será necesario sujetarse a las formalidades para la internación temporal.

Artículo 12. Los propietarios de los vehículos importados, en definitiva, deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y en las leyes ambientales de nuestro país, y demás disposiciones aplicables en la materia.

No podrán circular en el país los vehículos importados, de manera definitiva, hasta que se inscriban en el Registro Público Vehicular.

Artículo 13. La estancia legal en territorio nacional de los vehículos que se importen, de conformidad con la presente ley, se acreditará con el pedimento de importación definitiva, la constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular y las placas de circulación, o documento equivalente que permita la circulación del vehículo.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 24 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, o cualquier otra disposición que se oponga o contravenga a esta ley.

Tercero. Se abroga la resolución que reforma al anexo 2 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de importación de vehículos usados; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2009.

Cuarto. Se abroga la tercera resolución de modificaciones a las reglas de carácter general, en materia de comercio exterior para 2008, y su anexo 22, publicado el 5 de enero de 2009, en sus reglas 3.10.1, inciso b); 3.10.3; 3.10.4; 3.10.5 y 3.10.6.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Recibimos del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Pablo Escudero Morales , diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con propuesta de decreto que adiciona el artículo 50 Bis y un último párrafo del artículo 59, modifica el subinciso iii) del inciso b) de la fracción I del artículo 107, y se adiciona un último párrafo al artículo 107, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado del proceso de fiscalización efectuado en los últimos siete años, la Auditoría Superior de la Federación ha logrado recuperaciones a la Tesorería de la Federación hasta por 33 mil 718 millones de pesos.

Adicionalmente, y como resultado de su actuación, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Resaltan, de ellas, los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los ramos generales 23 y 33.

Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.

El circulo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como lo demostró la Auditoria Superior de la Federación en los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero; y fondos y fideicomisos, entre otros.

El auditor superior de la Federación, en junio del presente año, en diversas entrevistas calificó de muy grave el mecanismo utilizado para convertir los subejercicios en disponibilidades al final del año y estas disponibilidades se transfieran a fondos y fideicomisos a fin de dar por ejercido el presupuesto, lo que resta transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Este mecanismo, además de la manifiesta falta de transparencia, implica cubrir la ineficiencia en el manejo presupuestal de los diversos ejecutores de gasto, además de afectar económicamente al país, ya que no permite estimular la economía y ayudar a mitigar la crisis que está sufriendo actualmente México.

Lo anterior agrava aún más la situación ya que, al no reintegrar a la Tesorería de la Federación dichos recursos y estar integrados a diversos fondos y fideicomisos, resulta prácticamente imposible que exista un incentivo para que dichos recursos se ejerzan.

Es por ello que se deben establecer límites claros a este tipo de mecanismos, por lo que propongo que los ejecutores del gasto no puedan realizar transferencias de recursos a fondos y fideicomisos que no estén previamente aprobadas por la Cámara de Diputados en sus respectivos presupuestos, así como la prohibición de que puedan a su vez realizar adecuaciones presupuestarias con el mismo propósito.

Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento prevén la presentación de diversos informes de los ejecutores de gasto sobre el ejercicio de su presupuesto; sin embargo, resulta necesario dar a conocer oportunamente a la sociedad aspectos de suma relevancia que impactan a la economía y las finanzas públicas, tal es el caso del comportamiento del gasto, destacándose el subejercicio que pudieran estarse generando.

Dichos subejercicios, así como la reasignación, en su caso, de los recursos no utilizados, deben ser reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los informes trimestrales, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; sin embargo, no son del conocimiento generalizado de la sociedad en forma oportuna, ya que dicha secretaría procede a su integración.

Dar a conocer a la sociedad oportunamente el ritmo del ejercicio presupuestario y la eficiencia con la que los ejecutores del gasto realizan su planeación y la ejecución de su presupuesto, así como los subejercicios resultantes y la reasignación de los mismos, dará mayor transparencia en el proceso de utilización de los recursos y la evolución del gasto público federal.

En virtud de lo anterior, se propone que sea publicado el comportamiento del ejercicio presupuestal de cada uno de los ejecutores de gasto en forma trimestral, destacándose los subejercicios resultantes del ejercicio presupuestario.

Dicha publicación debe hacerse directamente por cada ejecutor de gasto en su página de Internet, en la misma fecha que, por disposición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, deban de presentar sus informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es importante recordar que los recursos públicos provienen de la sociedad y es a ella a la que deben de servir, y es ella la que tiene pleno derecho a saber de primera mano el uso y destino de éstos.

Por todo lo expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. Los ejecutores del gasto no podrán realizar transferencias de recursos a fondos y fideicomisos, que no estén aprobadas por la Cámara de Diputados, en sus respectivos presupuestos.

Artículo Segundo. Se adiciona un último párrafo del artículo 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Los ejecutores del gasto no podrán realizar adecuaciones presupuestarias con el propósito de transferir recursos a fondos y fideicomisos.

Artículo Tercero. Se modifica el subinciso iii) del inciso b) de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 107

Artículo Cuarto. Se adiciona un último párrafo al artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Los ejecutores del gasto tendrán la obligación de publicar en su página de Internet la evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable, no programable y los subejercicios obtenidos; su ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta ley, los principales resultados de los programas y proyectos, y las disponibilidades de recursos en fondos y fideicomisos. Esta publicación se realizará el mismo día que tengan la obligación de presentar dicho informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del señor diputado Miguel Ernesto Pompa Corellainiciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Miguel Ernesto Pompa Corella , Jesús Alberto Cano Vélez , Ernesto de Lucas Hopkins , José Luis Marcos León Perea , Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, Rogelio Díaz Brown y Onésimo Mariscales Delgadillo , del Grupo Parlamentario del PRI, somete, a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el más firme propósito de alentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley del Impuesto Empresarial de Tasa única restringe la capacidad de planeación e inversión de miles de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas al obligar, en sus términos, a cambiar el largo por el mediano plazo. Las declaraciones en términos de ejercicio fiscal perentorias a un mes no responden a las necesidades empresariales en el país, menos aún en los arduos tiempos financieros actuales. De esta manera, la planeación empresarial se ve afectada, ya que las precarias ventas de las empresas en el actual panorama recesivo de la economía, no logra invertirse o adquirirse inmediatamente, generando por ello una base de impuesto. Este impuesto hace que las empresas estén vendiendo y tratando de cubrir su base para prescindir del pago del impuesto, inhibiendo la planeación a mediano y largo plazo, dejando de lado los planes de crecimiento o consolidación a mediano y largo plazo.

Adicionalmente, los empresarios están perdiendo la deducción de sus nóminas. A la hora de determinar su base fiscal, las empresas que están pagando este impuesto y que registran pérdidas ven deteriorada también la deducción de sus nóminas y no podrán deducirlas en un futuro. En el caso eventual de que las personas físicas acumulen ingresos y paguen impuestos por ello, las personas morales que pagan por esos ingresos o sueldos no pueden deducirlo. Muchas empresas están sufriendo las consecuencias de este impuesto por no estar deduciendo su nómina y los costos que implican, tales como cuotas de seguridad social, contribuciones, Infonavit, Afores e impuestos locales que no pueden ser deducidos por esta razón.

Otro de los grandes costos es la imposibilidad de reponer los activos de las empresas ya que si no se repone el activo en el mismo ejercicio, hay que pagar el impuesto por esa razón. Muchas empresas que tienen visión y programas de inversiones y crecimiento a mediano y largo plazo no lo pueden hacer en razón de que tienen que ejercer esos recursos en plazos que no responden a sus necesidades específicas de inversión o crecimiento, derivando en la inhibición de empresas de proveeduría como las que requiere, por ejemplo, la industria maquiladora.

Otro de los costos relacionados que la ley en comento es que no prevé pérdidas fortuitas tales como robo de autos y mercancías, ya que no hay base legal para deducirlas. Esto obliga al contribuyente a buscar mecanismos fiscales no formales que les eximan de pérdidas no atribuibles a su capacidad empresarial y sí resultado de la escasa garantía de seguridad que actualmente se registra en el país.

En función de que la economía nacional está afectada en la actualidad por una de las peores crisis de las últimas décadas con saldos negativos en la conservación y generación de fuentes de empelo y que el alcance recesivo financiero ha significado una importante pérdida de puestos de trabajo que se traduce en un escaso poder adquisitivo y que sus principales impactos están en el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, la responsabilidad legislativa es reconocer los graves alcances de estos desequilibrios y prever el bienestar de sus representados.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Único. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz : Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, ante el panorama que presenta la situación de vida de las personas adultas mayores en el mundo, en el que un gran número de ellas sufre abandono y marginación, y siendo México un país que presenta un gradual envejecimiento de la población como consecuencia directa de la transición demográfica, transición que trae consigo variados y complejos retos para la atención integral de los adultos mayores, y en particular para el gobierno, estos retos los habremos de enfrentar en todos los ámbitos de la vida nacional en un corto plazo. Es por eso que el envejecimiento de nuestra población ha adquirido una gran importancia para las políticas de la población.

Tan sólo en 2008 había en México 6 millones de adultos mayores de 65 años, 5.6 por ciento de la población total, con una tasa de crecimiento anual en ese sector de 3.5 por ciento en relación con el año anterior, estadística que sin duda continuará creciendo hasta alcanzar su máximo en la cuarta década del presente siglo.

Es un hecho que la evolución futura de la población de adultos mayores, cuyo crecimiento es el más elevado, planteará enormes desafíos para la política social, ya que tendrá que emprender un giro sustancial en su enfoque para la atención de las problemáticas propias del envejecimiento.

La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales será una lucha contra la discriminación por motivos de edad que lacera la dignidad de las personas adultas mayores. Por ello es imprescindible asegurar el respeto que estas personas merecen.

Frente a este desafío, nuestro país presenta avances importantes en la adecuación del marco legal; no obstante, es insoslayable trabajar para lograr una efectiva protección de los derechos humanos, principalmente de los grupos de población más vulnerables, como es el de los adultos mayores.

El 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

No obstante lo anterior, se estima necesario reforzar esta legislación y darle sustento constitucional.

Por ello, a través de esta iniciativa, se propone adicionar un párrafo al artículo 4o. constitucional para establecer que las personas adultas mayores tienen el derecho a una vida digna y de respeto, y que la ley deberá definir los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar sus derechos.

Con esta adición se busca también coincidir con las medidas del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 1982. Una de las medidas ---que resolvieron adoptar los representantes de los gobiernos reunidos en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en esa ciudad--- fue elaborar y promover ampliamente un marco normativo en el que exista una responsabilidad individual y colectiva de reconocer las contribuciones pasadas y presentes de las personas adultas mayores, procurando contrarrestar mitos e ideas preconcebidas y, por consiguiente, tratar a esta gente con respeto y gratitud, dignidad y consideración.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ante este panorama es un hecho que debemos garantizar el reconocimiento a la dignidad de las personas adultas mayores y eliminar todas las formas de abandono o abuso y violencia que las afecta.

Muchas personas de edad envejecen con seguridad y dignidad, y también potencian su propia capacidad para participar en el marco de sus familias y comunidades.

Los exhorto a sumarse a esta iniciativa con el fin de impulsar el reconocimiento a la autoridad, la sabiduría, la dignidad y la prudencia que son fruto de la experiencia de toda una vida de las personas adultas mayores. Muchas gracias.

Solicito que el texto íntegro de la iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gloria Trinidad Luna Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el derecho de las personas adultas mayores a una vida digna y de respeto, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La transición demográfica se refiere al incremento en la proporción de adultos mayores respecto de la población de jóvenes. En 2002, la Organización de las Naciones Unidas reportó que 10 por ciento de la población mundial estaba compuesta por mayores de 60 años (629 millones) y la proyección es que esta cifra se incremente a 2 mil millones para el año 2050, lo que en su momento equivaldrá a una quinta parte de los habitantes del planeta.

En el marco de las Naciones Unidas se han promovido medidas para mejorar la condición de las personas de edad, en un primer momento se adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento en 1982; posteriormente se aprobaron los Principios de las Naciones Unidas a favor de la Personas de Edad (1991); además, en 1992 en el marco de una conferencia internacional sobre le envejecimiento se aprobó una Proclama sobre el Envejecimiento y se designó que 1999 sería el Año Internacional de las Personas de Edad. Aunado a estas acciones se realizó un Marco de políticas para una sociedad para todas la edades y un Programa de Investigación para el Envejecimiento para el Siglo XXI. Finalmente, en el 2002, se celebró la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.

Entre las prioridades de la Segunda Asamblea, se encuentran: a) la participación de las personas de edad en la sociedad, representación política e inclusión social; b) la solidaridad entre las generaciones; c) la protección de las personas de edad frente a los malos tratos y la violencia; d) mayor atención a personas de edad de zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, y e) la promoción de planes a lo largo de toda la vida para mejorar la salud y el bienestar en edades avanzadas.

No obstante estos esfuerzos, muchas personas mayores en el mundo son marginadas y vistas como una carga para la sociedad, y en especial para la población trabajadora. Su reacción es el retiro de la comunidad y el aislamiento.

En el caso de México el gradual envejecimiento de la población es una consecuencia directa de la transición demográfica. Esta transición traerá consigo variados y complejos retos para los adultos mayores y para el gobierno, los cuales deberán de enfrentarse en todos los ámbitos de la vida nacional en un muy corto plazo. Es por eso que dicho envejecimiento ha adquirido un gran peso dentro de las políticas de población.

Según, el conteo de población y vivienda del 2005 realizado por el Inegi, hay en México 5 millones 716 mil 359 personas con 60 años o mas, los cuales representan el 5.53 por ciento de la población total. A este significativo número de adultos mayores se les debe de prestar una mayor atención al diseñar diversas alternativas, donde su calidad de vida se vea en ascenso, al otorgarles mejores oportunidades en educación, vivienda, empleo y sobre todo que obtengan una atención de salud adecuada.

Estos componentes son esenciales tanto para las personas mayores como para las personas de todas las edades, para permitir una mínima calidad de vida, es decir, una vida digna.

Compañeras y compañeros legisladores, ante este panorama es un hecho que debemos realzar el reconocimiento de la dignidad, principalmente de las personas adultas mayores, eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia que las afectan.

Muchas personas de edad envejecen con seguridad y dignidad y también potencian su propia capacidad para participar en el marco de sus familias y comunidades.

La lucha contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad de las personas adultas mayores es fundamental para asegurar el respeto que esas personas merecen. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales es importante para lograr una sociedad para todas las edades.

En nuestro país se han dado avances en cuanto a la adecuación del marco legal para lograr una efectiva protección de los derechos humanos, principalmente de los grupos de población vulnerable o marginada. Particularmente en el caso de las personas adultas mayores, el 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

No obstante lo anterior, se estima necesario reforzar esta legislación y darle sustento constitucional. Por ello, a través de esta iniciativa se propone adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política para establecer que las personas adultas mayores tienen el derecho a una vida digna y de respeto, y que la ley deberá establecer los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar los derechos de estas personas.

Con esta adición se busca también coincidir con las medidas del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002. Una de las medidas de este Plan de Acción que resolvieron adoptar los representantes de los gobiernos reunidos en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en esa ciudad, fue la de elaborar y promover ampliamente un marco normativo donde exista una responsabilidad individual y colectiva de reconocer las contribuciones pasadas y presentes de las personas adultas mayores, procurando contrarrestar mitos e ideas preconcebidas y, por consiguiente, tratar a dichas personas con respeto y gratitud, dignidad y consideración.

El objetivo del Plan de Acción Internacional consiste en garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos.

Las personas adultas mayores, y cualquier persona, merecen respeto y vivir con dignidad, no olvidemos que los derechos humanos son inherentes al hombre y no se pierden ni disminuyen con la edad o al llegar a la vejez.

Los exhorto a sumarse a esta iniciativa con el fin de impulsar el reconocimiento de la autoridad, la sabiduría, la dignidad y la prudencia que son fruto de la experiencia de toda una vida de las personas adultas mayores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo único. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Las personas adultas mayores tienen el derecho a una vida digna y de respeto. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar los derechos de estas personas.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias. Como lo solicita, diputada Luna Ruiz, se insertará en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Seguridad Social.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Armando Ríos Piter : Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, las firmas de los diputados Alejandro Encinas, Guadalupe Acosta Naranjo , Jesús Zambrano, Vidal Llerenas y las que aquí constan, nos permitimos presentar hoy una iniciativa que busca modificar un conjunto de leyes que tienen que ver con los impuestos que están pagando los mexicanos; con el debate nacional que actualmente se está llevando a cabo y que el próximo martes nos tendrá aquí, en el pleno, discutiendo cuál será el rumbo del país en términos de lo que se cobra a todos los hombres y las mujeres de la nación.

Aquí hemos comentado que México vive una severa crisis. Se ha hablado en múltiples ocasiones de la profunda recesión que actualmente vive nuestra nación y, prácticamente, en todos los análisis hemos estado de acuerdo en que el crecimiento que actualmente tiene el país es nulo, un crecimiento que no ha tenido las expectativas que requiere el país.

En el PRD sostenemos, al igual que ya lo hizo recientemente un grupo de estudiosos y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el problema fundamental de nuestra economía no es el déficit circunstancial, que hoy Hacienda viene a presentarnos como la causa de todos nuestros males, sino que la situación y la problemática económica viene de la permanencia de una estrategia que induce progresiva y permanentemente al desmantelamiento del aparato productivo y que genera y perpetúa la desigualdad en el país.

La disputa económica ---y esto lo sabemos aquí--- es esencialmente una disputa de poder, de limitación de privilegios, de grupos de interés, de clientelas, que buscan descargar el peso de la crisis económica en las capas medias y en la población de menores recursos.

Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRD criticamos abiertamente la proclividad que ha mostrado el gobierno federal a cargar con nuevos impuestos a todos los mexicanos, especialmente en un momento crítico para todos.

La propuesta que hoy traemos a la mesa y que será debatida y discutida en comisión, propone que primero sea el gobierno, mediante una verdadera austeridad republicana, el que limite los gastos superfluos que hoy continúan satisfaciendo a múltiples funcionarios y que gravan y que limitan la posibilidad de tener ingresos para cuestiones más importantes, como la educación, la salud y la alimentación de la población.

Quiero traer a colación, compañeras diputadas y compañeros diputados, una frase que me impactó recientemente en la lectura: México es el país de la inequidad. En ningún otro lugar existe tan terrible diferencia en la distribución de la fortuna, la civilización, el aprovechamiento de la tierra y la población. Esto lo dijo y lo escribió hace poco más de 200 años Alexander von Humboldt, cuando vino a revisar la condición en la que se encontraba la Nueva España. Hoy, después de 200 años, esa frase sigue siendo una realidad lacerante que no logramos transformar.

Por eso, la propuesta que hoy venimos a presentar como iniciativa busca empezar de fondo a transformar esa situación de inequidad y de desigualdad que impera en grandes sectores de la población.

Hoy, con casi 50 millones de pobres en el país y, por otro lado, con 11 familias que tienen más de 5 por ciento del producto interno bruto y una desafortunada situación de tener al tercer hombre más rico del mundo, debemos poner a consideración una reforma fiscal que de fondo empiece no solamente a pensar en términos de eficacia y eficiencia, sino sobre todo en términos de equidad.

Por eso planteamos un recorte al gasto presupuestal por 100 mil millones de pesos, que permita disminuir la carga tributaria. Nos manifestamos contra esta intentona de gravar 2 por ciento de la totalidad del consumo, que terminaría afectando a los que menos tienen.

Por eso la propuesta alternativa que estaremos discutiendo, repito, en comisiones, lo que busca es tener pasos firmes, pasos sólidos hacia empezar a pensar en los regímenes especiales, en esos huecos que hoy tiene la ley y que hacen que este régimen sea perfectamente ineficiente en términos de recaudación, pero también absolutamente inequitativo; que empecemos a pensar en la consolidación, en la revisión del autotransporte, en la revisión de las cargas que hoy hacen que el ISR sea perfectamente poroso, que aportemos lo que necesitan los tributos y que no sigamos pegándole a los que menos tienen. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, Empresarial a Tasa Única, y al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación, y de las Leyes del Servicio de Administración Tributaria, y de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Valor Agregado, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del Servicio de Administración Tributaria y de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El régimen fiscal mexicano se ha hecho cada día más complejo e incierto, por que es un régimen corrupto con tratamientos especiales para los grandes contribuyentes, que en el contexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta impide que todos los contribuyentes aporten de forma general. Alrededor de esta definición existen una serie de privilegios y reglas que sólo pueden ser utilizadas por los grandes contribuyentes y sus consultores para eludir el pago justo de esta tasa, de forma tal, que el mediano empresario y los contribuyentes cautivos son los únicos sujetos al rigor de la ley. Estos regímenes de exención se diseñaron bajo una lógica clientelar y con una mentalidad de sumisión de legisladores y gobernantes locales, respecto de los poderosos intereses oligárquicos y al capricho presidencial.

En estas circunstancias las grandes corporaciones contribuyeron y contribuyen con una tasa efectiva equivalente al 8 por ciento de sus ingresos en el mejor de los casos. Así, la nación ha salido adelante, hasta hoy, a partir de los ingresos de la renta petrolera, del endeudamiento externo y del saqueo de sus recursos naturales, sin embargo el efecto perverso de este descuento permanente en los impuestos mayores es lo que ha impedido una política de desarrollo económico, redistribución del ingreso, equidad social y lucha efectiva contra el lastre de la pobreza.

En 2007, se diseñó un impuesto para tapar los hoyos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de acortar los regímenes de privilegio fiscal, o por lo menos eso fue lo que se argumentó. Sin embargo, el impuesto especial a tasa única (IETU) sólo hizo más complejo el sistema administrativo del sistema fiscal y no terminó con los grandes agujeros de siempre, ya que las corporaciones actúan de manera muy proactiva para mantener intocados sus ventajas fiscales y promueven campañas para gravar el consumo como única vía para financiar a los gobiernos, así como para alejar toda posibilidad de cumplir auténticamente con sus obligaciones fiscales con el pueblo de México.

El impuesto especial a tasa única evidenció de nueva cuenta el grado de corrupción de la clase política que prefirió gravar a las Pymes y a los contribuyentes cautivos, antes que tocar los intereses de los poderosos y de las corporaciones.

En un tiempo tan grave como el que atraviesa la nación, la administración pública debería de aplicar una política de Estado contracíclica a toda prueba, centrada en el propósito de retomar el crecimiento y la creación de empleos a partir de un amplio programa de infraestructura, estrategias efectivas para la competitividad, el desarrollo de los mercados regionales, así como en la expedición de las garantías para sostener la cobertura de los bienes meritorios a favor de la población más desprotegida de la nación.

El papel del proceso político y de los poderes públicos, del Congreso de la Unión y de los partidos podría centrarse en configurar el mapeo de mediano plazo de los sacrificios de la nación mediante un pacto político mayor, comprometido con una gobernanza receptiva de las preferencias ciudadanas, respecto al ritmo, sintonía y distribución de los costos de esta grave crisis estructural y financiera, compatible con el proceso de construcción de nuestra democracia.

En torno a la búsqueda de este pacto, deberían rondar las propuestas y respuestas en el programa económico, presentado por el gobierno federal en la Ley de Ingresos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, así como en las iniciativas de reforma fiscal para renovar las relaciones contributivas entre los gobiernos y los contribuyentes. Pero no fue así.

Que los gobernantes no cumplan con sus deberes creativos y políticos en esta coyuntura, a un paso del bicentenario-centenario de los movimientos de independencia y revolución de la nación, significa una mala señal, pues se atenta directamente contra las bases del estado de derecho y contra la aspiración del Estado social y federal que los mexicanos pretendemos consolidar en este siglo XXI.

2. Crítica a las iniciativas fiscales del Poder Ejecutivo

En este contexto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha valorado que la visión del Ejecutivo federal representa una posición irrelevante, insuficiente, irresponsable e impertinente ante la grave crisis social que atraviesa el pueblo de México, pues se basa en tres aspectos que van contra la lógica incluso coyuntural de crisis financiera: crea nuevos impuestos, incrementa las tasas de los existentes y genera desequilibrios verticales y horizontales, quizá el mayor abuso de las propuestas, es que el Ejecutivo federal argumenta sus nuevos impuestos y los envuelve en una falsa reivindicación de lucha contra de la pobreza extrema, cuando sabemos que el gobierno federal mexicano es una de las instituciones con uno de los índices más regresivos y concentradores del ingreso del mundo, debido a la falta de intención, propósito, claridad en los fines y corrupta aplicación de las políticas públicas.

Las iniciativas presentadas para el ejercicio fiscal de 2010 son irrelevantes, pues no alcanza a cubrir hasta su corta y sesgada concepción de la estabilidad macroeconómica, ya que las viejas recetas no sirven ahora ni siquiera para administrar la inflación y el tipo de cambio, mucho menos para generar crecimiento y empleo que son las variables de una auténtica estabilidad macroeconómica y la única forma conocida para salir del problema de la recesión económica que atravesamos.

Las iniciativas son insuficientes, ya que los niveles de ajuste ingreso, gasto y deuda que se proponen corresponden a una situación financiera que ya no existe debido a que los hechos demuestran una caída constante en el volumen de producción de petróleo en México, así las finanzas públicas sanas que necesitamos sólo pueden obtenerse si se toman medidas efectivas que cambien la relación contributiva entre el Estado y la sociedad, a partir de reglas generales y sencillas que distribuyan la carga tributaria y destruyan los privilegios y regímenes especiales de algunos grupos de la sociedad mexicana.

Es evidente que las autoridades hacendarias, a fin de seguir dejando intocables estos privilegios, propone aumentar el impuesto sobre la renta un 2 por ciento y crear una nueva contribución al consumo que se aplicaría de manera general a alimentos y medicinas. Asunto que además de afectar, aún más, el consumo de la población, presionará la inflación a la alza y afectará principalmente a los deciles más pobres de la sociedad mexicana. Así, se acentuarán el lado oscuro del sistema fiscal: su corrupción, inequidad y discrecionalidad.

Por ello, las iniciativas son irresponsables, pues más tardó el gobierno federal en poner sobre la mesa la propuesta regresiva de IVA disfrazada de ``contribución contra la pobreza'', ya que las grandes mayorías y la opinión pública de la nación se pronunciaron contundentemente en contra esta salida fácil. Es irresponsable, pues la forma en la que se plantea el incremento de la tasa general del ISR golpea de nueva cuenta a los causantes cautivos con ingresos entre 9 y 32 mil pesos, pues la medida no contempla escalonamiento progresivo e intenta gravar más a los que siempre pagan.

Al tiempo que no se observa en la propuesta ni un gesto creíble del gobierno federal para ajustarse el cinturón y para proceder a actuar contra el ciclo recesivo que ya ha puesto en el desempleo a un millón de mexicanos en forma adicional, lo cual se suma a las decenas de millones subempleados y a los cinco nuevos millones de pobres que ha provocado la crisis financiera. De manera inverosímil, la tecnocracia ha propuesto una salida recesiva, regresiva y protectora de los viejos privilegios de los grupos clientelares del viejo régimen y ahora lo sostiene también en nombre de un concepto de competitividad cuyos obstáculos verdaderos están en la pésima y corrupta regulación de la actuación gubernamental de la tecnocracia gobernante.

Son irrelevantes, insuficientes e irresponsables las iniciativas gubernamentales, pues aunque que se conjunte una mayoría parlamentaria, sin acuerdo político de mediano plazo y sin una gobernanza receptiva de lo que los ciudadanos piensan acerca de la gravedad de la situación económica, más temprano que tarde, se arrancarán las estacas que sostienen las legislación fiscal vigente, pues las bases del viejo corporativismo fiscal están podridas, no sólo descompuestas.

Por último, la propuesta es impertinente, pues al basarse sólo en la elevación e invención de nuevos impuestos se vuelve totalmente contracíclica y difícil de sostenerse en el largo plazo. El cuadro que a continuación se presenta, ilustra como la propuesta se sostiene sólo en la creación de nuevos impuestos, los cuales afectan a los más pobres y a la clase media:

Estimación de los ingresos del paquete económico 2010 por rubro

Es de señalarse que las estimaciones oficiales referente a las participaciones federales y aportaciones federales distan mucho de concretarse, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede asegurar los supuestos de crecimiento que sostienen con los nuevos impuestos.

Por estas razones, la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática persigue dentro de la LISR que se grave con 7 por ciento a los dividendos efectivamente pagados, aunque el corazón de la iniciativa se basa fundamentalmente en la exclusión de los regímenes fiscales de privilegio como el punto de partida para resolver el grave problemas de finanzas públicas.

Únicamente, en los casos evidentes de producción de externalidades negativas relativas a la salud pública se propone la acotación de la tasa cero del IVA, al tiempo que se exige una reorientación en la calidad, limpieza y orientación progresiva del gasto público como la base de una nueva relación entre los contribuyentes y el Estado, así como de un nuevo pacto fiscal entre los actores que representan a los poderes públicos federales y con la sociedad mexicana.

3. Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

La iniciativa persigue los propósitos de simplificar y generalizar el sistema fiscal, acotando los grandes privilegios existentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como otros ordenamientos el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que la recaudación se incremente sustancialmente en un 2.25 por ciento del PIB a partir de reducir sustancialmente los gastos fiscales para que se reinstauren los principio de generalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como los equilibrios verticales y horizontales en las relaciones fiscales entre los gobiernos y las personas morales y físicas.

Con estas medidas se pretende potenciar la recaudación de 259.4 mil millones de pesos (2.48 por ciento del PIB), si se toman en cuenta los cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Presupuesto de Gastos Fiscales 2008 o de 243.3 mil millones de pesos (2.02 por ciento del PIB) si se consideran los cálculos del Presupuesto de Gastos Fiscales 2009.

El punto de partida de la propuesta es establecer una tasa de 35 por ciento sobre dividendos o utilidades considerados en el ISR empresarial vigente (7 por ciento adicional) lo que tendría un impacto estimado por 75 mil millones de pesos, impacto que podría ser variable si el comportamiento empresarial se orienta hacía la reinversión y la creación de empleos.

En general los cálculo referidos a la disminución de los gasto fiscales parten de la fuentes oficiales que es el Presupuesto de Gastos Fiscales 2008 y 2009, aunque, se destaca que los conceptos referidos al régimen de pequeños contribuyentes, enajenación de casa habitación fueron calculados conservadoramente al cincuenta por ciento de su potencial, a fin de otorgarle un margen en su rango inferior a los cálculos de la propuesta. En el caso del impuesto al valor agregado, se parte de una cifra conservadora basada en los diversos intentos para gravar a los alimentos chatarra, productos milagrosos y suplementos alimenticios, y no se incluye el efecto cuantitativo de derogar la tasa cero a oro joyería orfebrería, pieza artísticas u ornamentales y lingotes cuyo contenido mínimo de dicho material sea de menos de 80 por ciento, los cuales recibirán el mismo trato que si se vendieran al menudeo.

Así y sin considerar el efecto que tendría la aplicación con mayor rigor de los principios de una mayor generalidad, proporcionalidad y transparencia fiscal sobre el sistema de recaudación en su conjunto y, en consecuencia, en el incremento de la eficiencia recaudatoria del SAT, la sumatoria de los cambios propuestos podría alcanzar fácilmente un incremento en la recaudación mayor a los 2.25 por ciento del PIB.

Por último, la iniciativa propone eliminar la facultad con la que cuenta las autoridades fiscales para que mediante resoluciones decreten regímenes fiscales fuera de la legislación y avanzar en la transparencia y rendición de cuentas entre las autoridades hacendarias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo federal.

Las propuestas de modificación consisten en lo siguiente:

A) Ley del Impuesto sobre la Renta

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 28 que ``quedan prohibidas las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes''. La exención de impuestos es librar a alguien del pago de un tributo. Para diferentes tratadistas como Hugo Carrasco Iriarte, se estima exacta la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto, respecto a que la prohibición contenida en el artículo 28 constitucional sólo puede referirse a los casos en los cuales se trate de favorecer los intereses de determinadas personas; además, establece un verdadero privilegio, no cuando, por razones de interés social o económico, se exceptúa de pagar impuestos a una categoría de personas, por medio de leyes que tienen un carácter general. En voz del máximo tribunal:

Exención de impuestos. La prohibición que contiene el artículo 28 constitucional no puede referirse más que a los casos en que se trate de favorecer intereses de determinadas personas, estableciendo un verdadero privilegio, no cuando, por razones de interés social o económico, se exceptúa de pagar impuestos a toda una categoría de personas, por medio de leyes que tienen un carácter general.'' (Exención de impuestos. 3 de marzo de 1925. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, página: 451.)

Otra garantía que se debe de respetar en el ejercicio de la potestad tributaria es la proporcionalidad y la equidad de las contribuciones la cual se encuentra contenida en la fracción IV del artículo 31 constitucional. La idea de proporcionalidad necesariamente debe estar referida a un todo, del que la contribución forma parte, y es de esta forma que se ha determinado que esa proporcionalidad debe identificarse con la capacidad contributiva de las personas, no con la capacidad económica, que implica una idea más amplia y que no necesariamente coincide con la posibilidad de participar en el sufragio de los gastos públicos, puesto que debe entenderse que la capacidad económica plantea un panorama muy amplio de todos los elementos que participan en las condiciones económicas de las personas, en tanto que la capacidad contributiva implica una depuración de estos elementos, a fin de fijar la parte en que el individuo puede participar para la cobertura de los gastos públicos. La equidad se identifica como el impacto del gravamen que debe ser el mismo para todas las personas que se encuentren colocadas en la misma circunstancia contributiva, lo cual permite concluir que de la equidad resulta la justicia del caso concreto.

El significado genérico del concepto de exención indica liberación, es decir, es un mecanismo por el que se perdona o libera alguna carga. En sentido jurídico es la liberación del cumplimiento de una obligación a cargo de una persona, en los términos previstos por la ley.

Lo anterior ha llevado a identificar a la exención como un privilegio, razón por la cual se podría decir que la exención tributaria es un privilegio establecido en la ley, por razones de equidad o conveniencia, para liberar a una persona de la obligación de pagar determinadas contribuciones.

De conformidad con lo anterior encontramos las siguientes características de la exención:

El objetivo principal de la exención es la eliminación de las obligaciones de pago, es decir, del cumplimiento de la obligación sustantiva, ya que en todo caso las obligaciones formales pueden subsistir por necesidades de administración; lo importante, en este caso, es que no subsista la obligación de pagar las contribuciones. Sin embargo, el principio de aplicación estricta de las normas que establecen cargas tributarias y de las que señalan excepciones a éstas previstas en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, trae como consecuencia la necesidad de una expresa y precisa regulación de las exenciones en esta materia.

Dividendos

México es el único país de esta organización que no grava los dividendos, ya que la legislación contempla la misma tasa para este rubro con respecto a la tasa general del impuesto sobre la renta, por lo que el primero se piramida y se acredita totalmente, lo que se traduce en una tasa idéntica al ISR corporativo para este concepto.

Con esta relevante reforma, México estaría dando los primeros pasos para lograr una convergencia impositiva con respecto a los países miembros de la OCDE, aunque estaría más de 10 puntos debajo de la tasa impositiva de su principal socio comercial.

Por otra parte, se propone evitar la doble tributación manteniendo el acreditamiento al 100 por ciento del ISR empresarial, quedando desde el inicio con la tasa más competitiva de la OCDE y con el procedimiento de acreditamiento más avanzado que se utiliza en sólo algunos países de la organización mencionada y en Estados Unidos.

Por ello, se propone reformar los artículos 11 y 165, para que el impuesto sobre dividendos sea un pago definitivo de 35 por ciento, y no se acumule a los demás ingresos, para lo cual los dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (Cufin) sólo paguen un 7 por ciento adicional al 28 por ciento que corresponde al ISR corporativo no se vea afectado y se vea estimulado el ciclo de reinversión de las empresas, al tiempo que se procura progresividad a un sistema fiscal concentrado y monopolizado, como ocurre en México en coherencia con las recientes críticas de relevantes organismos internacionales.

Consolidación fiscal

En la LISR se propone derogar el régimen de consolidación fiscal cuyo uso ha llevado a las grandes corporaciones a fabricar quiebras para eludir permanentemente el pago de impuestos. También se derogan las deducciones inmediatas, anticipadas o aceleradas de inmuebles y activos fijos, cuyos abusos posibilita la elusión de decenas de miles de millones de pesos para establecer deducciones horizontales, a partir de criterios generales internacionalmente aceptados.

Régimen simplificado

En el caso, el régimen simplificado, como el autotransporte, se deroga de manera que sólo exista la diferencia entre pequeños contribuyes, intermedios y los de carácter general, a fin de que la tributación sea a tasas generales.

También se propone derogar el régimen simplificado de contribuyentes personas morales, dedicados a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura, cooperativas a efecto de que las personas morales dedicados a estas actividades contribuyan con la tasa general.

En el caso de las maquiladoras que no contribuyen con el impuesto sobre la renta, se proponen que cubran sus impuestos como cualquier persona moral dentro del régimen general, toda vez que además de otros privilegios de los que si gozan resulta inaceptable que no paguen impuestos. El argumento falaz de que si pagan los impuestos implicaría menor inversión o se irían del país, no se compadece de la realidad de que en los países de la OCDE a ninguna empresa se le exceptúa del pago del impuesto sobre sus utilidades.

Donaciones

A partir de considerar las prácticas internacionales en materia de donaciones, las cuales son rigurosas en los límites monetarios que están autorizados a las corporaciones y personas físicas para su deducibilidad fiscal, así como en lo referente a las reglas para separar escrupulosamente la contabilidad y las cuentas de orden indispensables para declarar las donaciones de terceros por medio de personas morales, las cuales cumplen sólo funciones de concentración y acopio de pequeñas donaciones, como es el caso de los llamados redondeos, se propone disminuir el techo de las deducciones autorizadas a las personas morales desde un 7 a un 3.5 por ciento de su utilidad fiscal del año inmediato anterior, al tiempo que se mantiene el techo del 7 por ciento vigente de las personas físicas, con el propósito de fomentar una cultura de donaciones individualizada y alejada de las tentaciones de planeaciones fiscales elusoras.

En el caso de los llamados redondeos, se proponen reglas específicas para clarificar la escrupulosa y respetuosa contabilidad, separación y rendición de cuentas de estas donaciones cuyo acopio es estrictamente público.

Régimen intermedio

Actualmente mediante un anexo de colaboración administrativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas, convienen en coordinarse entre otros, los ingresos derivados del impuesto sobre la renta (ISR) obtenidos por contribuyentes sujetos al régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales en los términos que se establece en la cláusula X del citado convenio. Sin extender los antecedentes, ahí se precisan los términos para que las entidades federativas cobren y se apropien del 100 por ciento del impuesto derivado de este régimen, así como sus actualizaciones y multas.

Por otra parte, en la Ley de Coordinación Fiscal, a partir de las reformas que entraron en vigor el 1 de enero de 2008, se establece que el Fondo de Fiscalización (Fofie) se distribuya en función de la recaudación del ISR en lo referente al régimen de pequeños contribuyentes e intermedios a fin de reconocer los esfuerzos estatales de las entidades federativas en relación a estos contribuyentes. Sin embargo, los esfuerzos de recaudación del régimen intermedio no está debidamente delimitado pues el SAT también realiza intervenciones lo que genera un área gris respecto de los esfuerzos recaudatorios.

Así, el régimen intermedio no está debidamente alineado al propósito del Fofie, que es el único fondo que en realidad conserva reglas para estimular la recaudación fiscal local en los pocos conceptos que se comparten en forma intergubernamental. En consecuencia, se propone que las entidades federativas administren el 100 por ciento de la recaudación y de su apropiación con el propósito de que queden alineadas las variables que intervienen en la distribución del Fofie y con los relevantes objetivos que le dieron origen.

Régimen de pequeños contribuyentes

Por razones compartidas con el régimen intermedio, se propone establecer que el régimen de pequeños contribuyentes, sujetos a una cuota fija, tenga un techo máximo para tributar de un millón de pesos anuales, se recuperaría una importante base el equilibrio vertical entre los contribuyentes de menos ingresos del sistema de tributación.

Enajenación de casas habitación, y herencias y legados

En lo referente a la enajenación de casas habitación se estará exento del pago de impuestos aquellas personas físicas que realicen tal actividad cuando el valor del bien no exceda de quinientas mil Udi (aproximadamente dos millones de pesos). En el caso de las herencias estarán exentas del ISR aquellas que sean menores a millón y medio de Udi.

Por otra parte, se propone acotar las deducciones y facilidades administrativas que otorga la autoridad fiscal a las personas morales y que no se refieren al subsidio al empleo, ni a las aportaciones de fondos de pensiones y jubilaciones.

B) Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

En materia del impuesto empresarial a tasa única se eliminan los créditos fiscales, deducciones adicionales y aquellas que no establezcan expresamente la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por otra parte, se eliminan todas las referencias a los regímenes de consolidación fiscal y simplificado, que contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta en virtud de la propuesta de derogación que se hace de tales privilegios.

C) Ley del Impuesto al Valor Agregado

En el artículo 5o. de la LIVA señala que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deben reunirse diversos requisitos, en este orden la fracción I de dicho numeral refiere que: el IVA corresponde a bienes, servicios o al uso o gece temporal de bienes, estrictamente indispensables para actividades distintas a la importación, por la que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se aplique tasa 0 por ciento.

Esa misma fracción refiere que para los efectos de dicha ley: se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto.

También se señala la última parte del primer párrafo de la fracción I del artículo 5o. relativo a la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así se considera como erogación totalmente deducible siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la citada ley.

Con la finalidad de hacer una propuesta integral en materia de inversiones de deducción inmediata, es que se propone eliminar la última parte de la fracción I del artículo 5o. de la LIVA, haciéndola compatible con las modificaciones propuestas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

D) Código Fiscal de la Federación y Ley del Servicio de Administración Tributaria

a) Facultades de las autoridades fiscales

El artículo 33, fracción I inciso g), del Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad fiscal a emitir documentos, prescripciones, normas, reglas o disposiciones ya sea generales o particulares, que involucren obligaciones que incumplidas generan infracciones sancionadas por leyes, reglamentos o cualquier otra disposición; existiendo el principio legal de que las prescripciones, normas, reglas o disposiciones generales no podrán transgredir el principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de las contribuciones, así como tampoco establecer obligaciones que incrementen obligación tributaria de los contribuyentes y únicamente derivaran derechos a los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, dichas disposiciones conocidas como Miscelánea Fiscal ha sido desvirtuadas por las autoridades fiscales al considerar que la Miscelánea tiene el carácter de una norma obligatoria como la ley y que además puede pormenorizar a ésta como si se tratara de un reglamento, aunado a que en la autoridad administrativa puede modificarlas indiscriminadamente vulnerando las garantías de certidumbre y seguridad jurídica de los contribuyentes.

Por otra parte en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación se establecen los supuestos normativos sobre los cuales el Ejecutivo federal emite las reglas de carácter general en materia fiscal, las cuales se clasifican en tres tipos: de emergencia, administración e incentivadoras fiscales, sin embargo estas últimas exceden el principio de legalidad, porque el uso de esta facultad es discrecional y puede originar una situación de ventaja entre un contribuyente de igual o diferente capacidad contributiva a otro, otorgándosele un incentivo fiscal, bajo el amparo de fines extra fiscales.

En este contexto, la administración tributaria cuenta con más facultades discrecionales para interpretar y aplicar la norma tributaria, lo anterior es así en virtud de que la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria faculta al presidente del SAT a expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera. Sin duda las reglas que se emiten, generalmente no se ajustan a la letra de la norma y en muchas ocasiones favorecen sólo a algunos contribuyentes que se sitúan en el mismo hecho imponible que otros, lo cual implica un sesgo antirrecaudatorio, pues obviamente las interpretaciones que favorecen algunos contribuyentes son las que implican una pérdida recaudatoria.

Dado que no hay una claridad en las disposiciones fiscales al definir cuál es el carácter propio de estas supuestas reglas de carácter general, resulta indispensable que el Congreso de la Unión legisle en la materia, estableciendo los alcances y los límites de la Miscelánea Fiscal y de las resoluciones administrativas que dicten las autoridades fiscales, fortaleciendo el principio de seguridad jurídica y eliminando las facultades discrecionales y arbitrarias de éstas.

Por ello se propone modificar los artículos 36, fracción I, inciso g), el 36 Bis y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para cumplir con los siguientes propósitos:

b) Secreto fiscal

En el derecho constitucional como en la ciencia política el principio de la división de poderes ha sido rector para el desarrollo del poder público; el artículo 49 de nuestra ley suprema establece este principio señalándose que existe un sólo poder, el cual para su ejercicio se divide en tres y se despliega por órganos constituidos que actúan en representación de la soberanía popular. Dicho principio constitucional persigue entre otros los siguientes objetivos: atribuir preferentemente una función a uno de los tres poderes constituidos sin excluir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella o les sea atribuida cierta forma de actuar, y permitir la posibilidad de que los poderes se neutralicen entre sí con la finalidad de ejercer un control sobre la actuación del otro.

Ante la baja recaudación fiscal del país y la necesidad imperiosa de la modernización del sistema fiscal y el cuidado estratégico y meticuloso de los impuestos ciudadanos, el control político del Poder Legislativo de las autoridades fiscales representa una exigencia de responsabilidad política entre los poderes.

Ahora bien, la legislación fiscal, en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación del personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

El secreto fiscal contenido en el Código Fiscal establece que la administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado, además de guardar el más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en ciertos casos sin que se considere violación a éste:

No obstante, que las excepciones al secreto fiscal se han ampliado resulta necesario que estas se extiendan al Poder Legislativo, con el objeto de que este pueda conocer información fiscal de contribuyentes a efecto de contribuir al cumplimiento de los intereses fiscales federales, pueda hacer las reformas a la legislación en materia hacendaría pertinentes y se haga efectivo el ejercicio de su facultad de control, es decir, a través del conocimiento de información fiscal que tenga en su poder el Poder Ejecutivo Federal, el Legislativo podrá hacer efectivo el sistema de pesos y contrapesos previstos por nuestra ley Suprema, perfeccionando sus facultades constitucionales y legales en materia fiscal y de fiscalización.

E) Ley de Coordinación Fiscal

En lo que se refiere a la determinación del reparto de la recaudación federal participable (RFP), que es el instrumento práctico donde se expresa el pacto intergubernamental para operar la titularidad constitucional amplia que en materia tributaria definió el Constituyente de 1916-17, y en virtud de los amplios antecedentes relativos a la revisión del reparto de esta importante bolsa de recursos, la cual fue revisada a la alza en varias ocasiones en los años ochenta y, de manera particular, en el año de 1996, cuando el gobierno federal reconoció abiertamente la existencia de una gran asimetría en la apropiación de los recursos de la RFP, asunto único y atípico en el mundo, y de manera particular entre las naciones de la OCDE, pues el indicador del reparto pone en duda, incluso, la vigencia del federalismo en México.

Con la finalidad de fortalecer las finanzas de las entidades federativas y de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se propone incrementar el porcentaje del Fondo General de Participaciones desde el 20 al 25 por ciento de la RFP, y que el Fondo de Fomento Municipal pase de 1 al 2 por ciento de ésta.

4. Estimación de la recaudación potencial a partir de un reducción sustantiva de los gastos fiscales vigentes

En esta iniciativa se propone recuperar el sentido de progresividad en el pago del impuesto del ISR, IETU e IVA, por ello se contempla, derogar, modificar y restringir o ambos, los términos, límites, alcances y deducciones de los siguientes regímenes, sujetos y estímulos fiscales:

Los recursos aquí estimados tienen un potencial mayor si se considera la restauración de una parte del principio de generalidad y de progresividad, así como del equilibrio vertical y horizontal propios de un sistema de recaudación moderno, compatible con la apertura a la que está sometida la economía mexicana desde hace 25 años, con los retos de la democracia y con la gobernanza que exige la república federal. Los recursos que se exigen para renovar el pacto federal se autofinancian con los cambios aquí propuestos.

De la iniciativa también se puede inferir la revelación del costo de sostener los viejos y anacrónicos privilegios de los grupos clientelares de la vieja economía.

Una forma efectiva de reivindicar la soberanía popular de la república, en estos tiempos de mundialización, es restaurar un sistema fiscal justo, progresivo y equitativo.

La restauración y normalización del sistema de recaudación fiscal, que aquí se propone, permite y resuelve simultáneamente los viejos rezagos que la hacienda pública tiene con el federalismo fiscal.

Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas, también representan la respuesta a las demandas de las entidades federativa y municipios por más recursos para responder a las comunidades, regiones y entidades cuya acumulación de necesidades en gasto productivo, infraestructura y desarrollo social están acumuladas de forma intolerable. También representan un reto para abrir la gestión pública local hacia mayores estándares de resultados, de lucha contra la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, así como para construir, en todos los ámbitos de gobierno, la gobernanza por receptividad que exigen los pueblos de la república federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del Impuesto al Valor Agregado, del Servicio de Administración Tributaria y de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se reforman los párrafos vigentes primero, cuarto y sexto del artículo 11, la fracción I del artículo 14; el último párrafo de la fracción I del artículo 31, las fracciones XV, inciso a) primer párrafo, XVIII; XIX inciso a) y fracción XXII del artículo 109, el artículo 136 Bis, el párrafo primero del artículo 137, el primer párrafo del artículo 165 y el primer párrafo del subinciso ii), del numeral 2, del inciso i), del inciso a) de la fracción II del artículo 216 Bis; se adicionan las fracciones XXI, XII y XXIII al artículo 86; se derogan los párrafos octavo y noveno del artículo 6, el último párrafo de la fracción II del artículo 9-A, el segundo y el último párrafos y las fracciones I y II del artículo 11, la fracción XXI del artículo 31, la fracción IV del artículo 45- C, el último párrafo del artículo 63, el Capítulo VI, ``Del Régimen de Consolidación Fiscal'', en consecuencia los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, el Capítulo VII ``Del Régimen Simplificado'', los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85; el Capítulo VII-A ``De las Sociedades Cooperativas'', los artículos 85-A y 85-B, todos Capítulos del Título II: De las personas morales; la fracción XVII del artículo 86, el tercer párrafo del inciso a) de la fracción XV del artículo 109, la fracción XII del artículo 133, los artículos 220, 221, 221-A y 225, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

...

...

...

...

...

(Se deroga)

(Se deroga)

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 9o-A. ...

Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en este párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, se calculará en los términos de dicho precepto.

(Se deroga)

...

Los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta ley, pagarán el 7 por ciento adicional, el cual tendrá el carácter de definitivo.

...

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello pague el impuesto que establece este artículo, no podrán acreditar dicho impuesto.

...

(Se deroga)

Artículo 14. ...

Artículo 31. ...

Artículo 43. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. La cantidad que se recupere se acumulará en los términos del artículo 20 de esta ley.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 45-C. ...

Artículo 63. ...

...

...

...

(Se deroga)

Capítulo VI Del Régimen de Consolidación Fiscal

(Se deroga)

Artículo 64. (Se deroga)

Artículo 65. (Se deroga)

Artículo 66. (Se deroga)

Artículo 67. (Se deroga)

Artículo 68. (Se deroga)

Artículo 69. (Se deroga)

Artículo 70. (Se deroga)

Artículo 71. (Se deroga)

Artículo 72. (Se deroga)

Artículo 73. (Se deroga)

Artículo 74. (Se deroga)

Artículo 75. (Se deroga)

Artículo 76. (Se deroga)

Artículo 77. (Se deroga)

Artículo 78. (Se deroga)

Capítulo VII Del Régimen Simplificado

(Se deroga)

Artículo 79. (Se deroga)

Artículo 80. (Se deroga)

Artículo 81. (Se deroga)

Artículo 82. (Se deroga)

Artículo 83. (Se deroga)

Artículo 84. (Se deroga)

Artículo 85. (Se deroga)

Capítulo VII-A De las Sociedades Cooperativas de Producción

(Se deroga)

Artículo 85-A. (Se deroga)

Artículo 85-B. (Se deroga)

Artículo 86. ...

Título IV De las Personas Físicas Disposiciones Generales

Artículo 109. ...

Artículo 133. ...

Artículo 136-Bis. Las entidades federativas con las que se celebre el convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta sección, deberán cobrar el impuesto respectivo, mediante el cobro de los pagos provisionales y del impuesto del ejercicio.

Las entidades federativas recibirán como incentivo el cien por ciento de la recaudación que obtengan.

Para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más entidades federativas, efectuarán los pagos mensuales a que se refiere este artículo a cada entidad federativa en la proporción que representen los ingresos de dicha entidad federativa respecto al total de sus ingresos.

Artículo 137. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de un millón de pesos ($ 1'000,000.00).

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 165. Las personas físicas no acumularán a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas considerarán como impuesto sobre la renta definitivo el determinado en los términos del artículo 11 de esta ley. Se deberá solicitar la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta ley, en informar en la declaración anual, las cantidades retenidas por impuesto sobre la renta y el monto de los dividendos o utilidades obtenidas.

...

...

Artículo 216-Bis. ...

i. ... 1. ... 2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por depreciar, calculado de conformidad con lo siguiente: i) ... ii) El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo del monto original de la inversión, determinado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, la cantidad que resulte de aplicar a este último monto los por cientos máximos autorizados previstos en los artículos 40, 41, 42, 43 y demás aplicables de esta ley, según corresponda al bien de que se trate, sin que en ningún caso se pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 1998. Para efectos de este subinciso, se deberá considerar la depreciación por meses completos, desde la fecha en que fueron adquiridos hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine la utilidad fiscal. Cuando el bien de que se trate haya sido adquirido durante dicho ejercicio, la depreciación se considerará por meses completos, desde la fecha de adquisición del bien hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido destinado a la operación en cuestión en el referido ejercicio. ... ... iii) ... 3. a 6. ... ... ... ... ... ...

...

...

...

Artículo 220. (Se deroga)

Artículo 221. (Se deroga)

Artículo 221-A. (Se deroga)

Artículo 225. (Se deroga)

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 4 fracción II inciso d); se derogan la fracción IV del artículo 4, las fracciones V y IX del artículo 5, el segundo párrafo del artículo 7, el segundo párrafo del artículo 9, la Sección II Del Acreditamiento del Impuesto sobre la Renta por las Sociedades que consolidan fiscalmente, en consecuencia se derogan los artículos 12, 13 y 14, el Artículo Quinto Transitorio, todos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos:

Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:

Artículo 7. El impuesto empresarial a tasa única se calculará por ejercicios y se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta.

(Se Deroga)

Artículo 9. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

(Se Deroga)

El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos percibidos a que se refiere esta Ley en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo.

Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tasa establecida en el artículo 1 de esta ley.

Los fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tendrán la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere este artículo.

Sección II Del acreditamiento del impuesto sobre la renta por las sociedades que consolidan fiscalmente

(Se Deroga)

Artículo 12. (Se Deroga)

Artículo 13. (Se Deroga

Artículo 14. (Se Deroga)

Artículo Quinto Transitorio. (Se deroga)

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 36 fracción I inciso g), el 36 Bis, primer párrafo, 39 fracción III y 69, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

Artículo 36 Bis. Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas en materia de impuestos, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo. Estas resoluciones no podrán autorizar o determinar un régimen fiscal.

...

...

Artículo 39. El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

...

Artículo 69. ...

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. De igual forma no se considerará violación a lo dispuesto en el párrafo anterior la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso de la Unión, sobre información fiscal de contribuyentes, protegiendo los datos personales, para realizar estudios y dictámenes de evaluación económica de los ingresos y los egresos federales, ejercer las facultades de fiscalización de los recursos públicos y realizar la investigación objeto de éstas.

... ... ... ...

...

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:

Artículo 14. El presidente del Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

Artículo Sexto. Se reforman los artículos 2, primer párrafo, y 2-A, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

... ... ... ... ... ... ...

...

Artículo 2-A. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Artículo Segundo. La derogación de los artículos 64 al 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se estará a lo siguiente:

Artículo Tercero. Los decretos emitidos por el Ejecutivo federal mediante los cuales haya autorizado o determinado algún régimen fiscal dejaran de tener efectos a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto. El Ejecutivo federal en un término de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto expedirá las modificaciones a los Reglamentos de las Leyes del Impuesto sobre la Renta y del Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por los diputados Ifigenia Martínez y Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Mario di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández, de los grupos parlamentarios del PT y del PRD.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa que establece o que propone una Ley de Austeridad Republicana es parte de la propuesta alternativa para el paquete económico de 2010 que presentamos legisladores del PT, del PRD y Convergencia, legisladores que formamos parte del Movimiento social en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía.

Estamos convencidos de que esta crisis económica, una de las peores en la historia de México, no solamente obedece a razones externas, sino también, y principalmente, a razones internas, que tienen que ver con la injusta distribución de la riqueza, con los privilegios de algunos cuantos, con la manera en que las políticas públicas socializan las pérdidas y privatizan los beneficios.

El costo de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país no debe quedar a cargo de los sectores menos favorecidos de la población; la crisis económica debe pagarla la alta burocracia de nuestro país y la deben pagar también los altos contribuyentes, los empresarios que reciben grandes privilegios fiscales.

Por eso proponemos, en síntesis, en esta iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, lo siguiente:

La reducción a 50 por ciento de las retribuciones y remuneraciones de todos los funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y del resto de las autoridades federales.

Proponemos en esta iniciativa la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, de los seguros de vida y los seguros de separación individualizados, para la alta burocracia de nuestro país.

Estamos también proponiendo que no deben autorizarse bonos o percepciones extraordinarias para los altos servidores públicos.

También establecemos y proponemos la prohibición en la creación de plazas de secretarios privados, secretarios técnicos, coordinadores, asesores o equivalentes.

Para nosotros es muy importante que en la contratación de prestadores de servicios profesionales, sobre todo en esta Cámara y en el Senado, se sujeten siempre a los techos presupuestales autorizados, conforme a los requerimientos mínimos establecidos para el trabajo legislativo.

Algo muy importante en nuestra propuesta es la derogación de las pensiones para los ex presidentes de la República. También proponemos la prohibición, reajuste o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

En esta propuesta también está contenida la obligación de la Auditoría Superior de la Federación para que elabore, en un término no mayor a 90 días, un proyecto de Manual Único de Prestaciones a las que debamos estar sujetos todos los servidores públicos, al igual que un proyecto de tabulador único al que nos someteremos todos los servidores públicos federales.

La iniciativa también contiene que, en materia de gastos de publicidad que lleven a cabo los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales, no se podrá rebasar 20 por ciento del presupuesto ejercido en esta materia en 2009.

También se propone que la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado debe llevarse a cabo de manera consolidada en cada uno de los poderes, órganos autónomos y entes públicos federales, para obtener mejores condiciones en materia de precio, calidad y oportunidad.

Algo muy importante respecto de partidas tales como servicios telefónicos, gastos en materia de agua, luz, señales analógicas. Cada poder público, cada institución, cada órgano constitucional autónomo debe elaborar un programa de reducción y ahorro equivalente a 30 por ciento del gasto ejercido en 2009.

Así como estas prohibiciones y limitaciones, proponemos otras para establecer un régimen de austeridad real en los tres Poderes de la Unión, en los órganos autónomos y en las entidades federales. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

«Iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez y Hernández y suscrita por los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario Alberto di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández , de los Grupos Parlamentarios del PT, y del PRD

Ifigenia Martínez Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Mario di Constanzo Armenta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así como el diputado Adán López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputados de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y el senador Ricardo Monreal Ávila, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad Republicana, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El movimiento social en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional, tal como lo señala el Proyecto Alternativo de Nación ¹ tiene que recuperar lo mejor de la historia de México. Allí está el temple de los mexicanos, el programa popular y los ejemplos de quienes han sido los mejores dirigentes y gobernantes. ¿Acaso no es sencillo y suficientemente claro el postulado de José María Morelos de que debe moderarse la indigencia y la opulencia y elevarse el salario del peón?, ¿O su propuesta de que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario?. Igualmente, del presidente Benito Juárez debemos seguir su ejemplo de honestidad administrativa, pues sin ella, no es viable una República liberal y democrática.

El Poder Legislativo federal de nuestro país está obligado constitucional, política y éticamente a responder de manera adecuada a la peor crisis económica que vive nuestro país. Ésta ha sido originada en razones externas pero también internas. Las externas derivan del colapso del modelo económico neoliberal que propició una economía basada en la pura especulación del capital y no en la producción suficiente de bienes y servicios para millones de seres que habitan el planeta. Las internas son el resultado de políticas económicas que han privilegiado a unos cuantos grupos económicos y sociales, han descuidado a la mayoría de la población, y han desatendido la construcción nacional de un desarrollo agrícola, industrial, científico y tecnológico propio.

Se requiere establecer en la República, entre otras medidas que son impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa, una legislación que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal. Se pretende que el costo de esta crisis, no sea pagada, vía la aprobación de nuevos impuestos o mediante el aumento de los mismos, con los magros recursos de los sectores sociales menos favorecidos. Por el contrario, el objetivo debe consistir, en que el costo de la crisis corra a cargo de los segmentos privilegiados del país, sobre todo de aquéllos que se han beneficiado exorbitante e indebidamente con los recursos públicos de la nación.

En México no se cuenta, hasta el día de hoy, con una legislación de esta naturaleza. Los ordenamientos que se han venido aprobando año con año, únicamente se han limitado a la expedición de lineamientos sobre disciplina y control del ejercicio presupuestario y a un capítulo de disposiciones de racionalidad en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En ambos casos, sus alcances son cortos y superficiales, y los resultados no son claros ni cuantificados, por lo que es necesario que el Congreso de la Unión apruebe una ley como la que se propone.

El Movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía, así como los legisladores de los partidos que formamos parte de este movimiento social, creemos con firmeza, que es necesario hacer valer el principio político y ético consistente en que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía, por lo que es necesario retomar el ejemplo de administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano juarista. La historia de México demuestra que no lo han hecho. Ha sido práctica cotidiana, que los servidores públicos al frente de las instituciones, se han provisto de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, no previstos en la ley o en el Presupuesto de Egresos. Esos beneficios se suelen otorgar con apoyo en normatividades de dudosa constitucionalidad, que son aprobados en cada institución, al margen de un control estricto de la Cámara de Diputados y de la sociedad.

En una reciente publicación de la Auditoría Superior de la Federación, titulada ``Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano. Oportunidades de mejora'', publicado en el mes de agosto del presente año, se señala lo siguiente en relación a la remuneración de los servidores públicos en este país:

Las convicciones de nuestro movimiento social tienen fundamento en el análisis de instituciones respetables del país. Formulamos esta propuesta, porque queremos, no sólo resolver la crisis económica o, generar recursos presupuestales para el desarrollo productivo y la realización de los programas sociales en beneficio de más personas, sino porque estamos convencidos de que una manera de generar equilibrio y justicia en la sociedad, reside en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores del país.

México es un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones. El sistema político e institucional está diseñado para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Nosotros queremos cambiar esa situación. Proponemos un sistema diferente, basado en la igualdad y en la justicia social. No alcanzaremos la democracia, el estado de derecho o, la seguridad pública, mientras no reduzcamos la opulencia de unos que se genera a costa de la miseria de la mayoría. Es necesario, muy especialmente en tiempos de crisis, proyectar desde los poderes públicos actitudes y valores que fomenten las prácticas de ahorro y austeridad en toda la nación.

La presente iniciativa sólo implica un esfuerzo de disciplina y compromiso con el servicio público. Los servidores públicos son eso, servidores y trabajadores del pueblo, en este entendido, resultan inaceptables los marcados contrastes entre las retribuciones de los servidores de alta jerarquía y los ingresos de la inmensa mayoría de la población a la que sirven.

México requiere de servidores públicos con vocación de servicio público y de servicio a los demás. El servicio público debiera ser una distinción en sí mismo y no la alta remuneración que aleja y confronta a los trabajadores del Estado con los del pueblo al que debieran servir.

Por estas razones, la presente iniciativa, propone la disminución de las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores en un 50%, de igual manera se propone eliminar bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial para la alta burocracia de los tres poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales.

Se propone también la prohibición de otorgar pensiones extraordinarias a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente, y la eliminación de las pensiones a los ex presidentes de la República.

Se destacan por su trascendencia, la obligaciones que se imponen a la Auditoría Superior de la Federación, para que ésta elabore y presente a la Cámara de Diputados, un Proyecto de Tabulador Único de Percepciones y un Proyecto de Manual Único de Prestaciones, a los que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales de la República.

En lo que hace a las disposiciones en materia de consolidación de adquisiciones, establecimiento de máximos en la contratación de asesores, medidas para prohibir la adquisición de vehículos para los servidores públicos, reducción del gasto corriente y de operación en las instituciones y el gobierno, la iniciativa que se presenta es una propuesta totalmente viable.

El fundamento constitucional que le permite al Congreso de la Unión legislar en esta materia se encuentra previsto en distintas fracciones del artículo 73 de la Carta Magna. La fracción XI de la norma citada precisa que el Congreso tiene facultad para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar, o disminuir sus dotaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 73, fracción XXIV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad: ``Para expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, el control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales''. De la norma fundamental transcrita queda en evidencia la competencia del Congreso para legislar en esta materia, pues la disposición concede competencia al Poder Legislativo federal para regular la gestión, el control y la evaluación de los poderes de la Unión y de los demás entes federales.

Además el artículo 127 de la Constitución faculta a la Cámara de Diputados para determinar anual y equitativamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las remuneraciones a los servidores públicos.

Por lo expuesto, se expide el siguiente proyecto de:

Decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. Esta Ley establece las reglas y principios de austeridad que deben cumplir los Poderes de la Unión, los órganos autónomos y las diversas autoridades federales de la República, independientemente de la naturaleza jurídica que posean.

La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control interno de los entes arriba citados, se encuentran obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en los tres poderes de la Unión, órganos autónomos y autoridades federales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas y con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se considera servidor público federal a los representantes de elección popular, a los miembros el Poder Judicial federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, al igual que a los que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que implique la utilización de recursos públicos o el ejercicio de competencias jurídicas de carácter federal.

Artículo 4. Todos los ahorros generados por la aplicación de la presente Ley deberán concentrarse en un fondo especial cuya aplicación deberá destinarse, año con año, a cubrir el déficit en las finanzas públicas y generar el desarrollo de la inversión productiva nacional y la ampliación de los programas sociales, previa aprobación de la Cámara de Diputados.

Capítulo II De los servicios personales

Artículo 5. Se reducen en 50% las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos, en los términos de la fracción I del artículo 127 de la Constitución, desde director de área y homólogos, con niveles LC3 al GA1, en los tres poderes de la Unión, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de las autoridades federales de la República, independientemente de su naturaleza jurídica.

Artículo 6. Se eliminan las erogaciones de las partidas 1406, 1407 y al concepto 1500, del Presupuesto Federal, destinadas al pago de los seguros de gastos médicos privados.

Artículo 7. Se eliminan las erogaciones destinadas al pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los funcionarios públicos referidos en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 8. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias para los servidores públicos.

Artículo 9. Queda prohibida la creación de plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador, asesores o equivalentes.

Artículo 10. Queda prohibido el establecimiento de pensiones para servidores públicos distintas a las establecidas en la Ley de Seguridad Social correspondiente.

Artículo 11. La contratación de prestadores de servicios profesionales en los cuerpos legislativos, deberá sujetarse a los techos presupuestarios autorizados, conforme a los requerimientos mínimos establecidos para el trabajo legislativo. La contratación sólo será posible cuando no exista un servidor público que realice la misma función en un centro o instituto de estudio o investigación en cualquiera de las Cámaras.

Artículo 12. Se derogan las pensiones a los ex Presidentes de la República.

Artículo 13. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de recursos humanos:

Artículo 14. Queda prohibida la aprobación, reajuste y/o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Artículo 15. En un plazo no mayor de 90 días naturales, la Auditoria Superior de la Federación deberá elaborar y presentar a la Cámara de Diputados un proyecto de Tabulador Único de Percepciones de los servidores públicos referidos en el artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 16. En un término no mayor de 90 días naturales, la Auditoria Superior de la Federación deberá elaborar y presentar a la Cámara de Diputados un Proyecto de Manual Único de Prestaciones al que deberán sujetarse todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado, los órganos autónomos y demás autoridades y servidores públicos federales.

Artículo 17. Los poderes federales, órganos autónomos y demás autoridades federales, deberán informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un periodo no mayor de 90 días naturales, las acciones realizadas para compactar las oficinas de las representaciones, delegaciones u oficinas en el extranjero, así como de las delegaciones, oficinas y representaciones estatales con las que cuenten.

Capítulo III De los gastos en servicios generales y de orden social

Artículo 18. Los gastos de publicidad que lleven a cabo los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y, demás autoridades federales, no podrá rebasar el 20% del presupuesto ejercido en 2009.

Artículo 19. La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado se llevará a cabo de manera consolidada en cada uno de los poderes o entes públicos, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y oportunidad.

Artículo 20. Se eliminan los gastos por concepto de telefonía celular, remodelación de oficinas, estudios e investigaciones, arrendamiento de vehículos, aviones, equipo informático y pago de alimentación para funcionarios de mandos medios y superiores.

Artículo 21. Todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, elaborarán en un plazo no mayor a 60 días naturales, un Programa de Reducción y Ahorro equivalente al 30% del gasto ejercido en 2009 en las partidas de servicios telefónicos, conducción de señales analógicas, agua, luz, combustibles, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general, renta de inmuebles, servicio de vigilancia, compra de uniformes y pasajes. Informarán de ello al Órgano Interno de Control y a la Auditoria Superior de la Federación.

Artículo 22. Los poderes y organismos autónomos federales estarán obligados a emitir normas que rijan la realización de viajes nacionales e internacionales, en las que indicarán:

Asimismo, se reducirá el monto del gasto para la realización de viajes internacionales y nacionales en un 50%, con relación al ejercido en 2009.

Artículo 23. Las publicaciones, folletos, programas editoriales y similares, de todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, deberán ser impresas en papel reciclable, por lo que queda prohibido realizar publicaciones costosas y de lujo.

Artículo 24. Se prohíben las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo.

Artículo 25. Queda prohibida la utilización de aeronaves privadas a cargo del presupuesto. Sólo los servidores públicos de mandos superiores podrán utilizar aeronaves comerciales, con excepción de aquellos funcionarios encargados de la seguridad, la atención a desastres naturales, o de la atención médica

Artículo 26. Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo obsequios con cargo al Presupuesto de Egresos, salvo en el caso del otorgamiento de obsequios en visitas de Estado o de otra índole, que por razones de protocolo así corresponda.

Artículo 27. Las instituciones referidas en el artículo 1º de esta Ley, se abstendrán de realizar con cargo al Presupuesto de Egresos, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 28. Se prohíbe la adquisición de vehículos oficiales para los servidores públicos federales.

Artículo 29. Las dependencias y entidades deberán enajenar los bienes muebles, inmuebles que consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho.

Capítulo IV De los controles y disciplina en el ejercicio del gasto público

Artículo 30. La Oficialía Mayor o equivalente en las dependencias, entidades, órganos autónomos, y poderes de la Unión, deberá establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestario, con el objeto de coordinar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.

Artículo 31. Las contrataciones, adquisiciones y proyectos de inversión con carácter plurianual, deberán ser incluidas invariablemente en apartado específico y debidamente justificado del Proyecto de Presupuesto de Egresos que cada ejercicio fiscal se presente a la Cámara de Diputados, y la ejecución e implementación de los mismos queda sujeta a su aprobación en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 32. No se podrán realizar transferencias presupuestales de gasto de capital a gasto corriente, ni de programas estratégicos y prioritarios a programas de orden administrativo. Las transferencias entre partidas del mismo capítulo de gasto deberán ser autorizadas invariablemente por los titulares de las instituciones referidas en el artículo 1º de la presente Ley e informarse a los órganos internos de control.

Artículo 33. El total de las transferencias internas de las instituciones referidas en el artículo 1º de esta Ley, no deberá rebasar el 15% del presupuesto modificado para el ejercicio fiscal en curso, en el caso de que las transferencias internas rebasen el 15%, el órgano interno de control de la institución de que se trate, deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el momento en que el supuesto se actualice.

Capítulo V De los fideicomisos y donativos

Artículo 34. Se exhorta a los estados y municipios a generar ahorros en gasto corriente no prioritario por el equivalente al 5% de las participaciones federales del Ramo 28 para entidades federativas y municipios.

Artículo 35. Queda prohibida la constitución de fideicomisos con recursos públicos. Los fideicomisos ya constituidos se sujetarán a lo siguiente:

Artículo 36. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y presentará a la Cámara de Diputados, en un término no mayor de 90 días naturales, un planteamiento con las siguientes características:

Artículo 37. Los poderes, los órganos autónomos y entes federales no podrán, por regla general, otorgar donativos. Se requerirá autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizarlos, siempre y cuando sea para un fin público.

Capítulo VI De las responsabilidades y sanciones

Artículo 38. Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas en esta Ley incurrirán en las responsabilidades políticas, administrativas o penales que determine el ordenamiento jurídico.

Capítulo VII Deberes y pautas de Comportamiento Ético y Austeridad Republicana

Artículo 39. Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético y austeridad republicana:

Capítulo VIII La Comisión Nacional de Ética Pública y Austeridad Republicana

Artículo 40. Se crea en el ámbito del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Ética Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras instituciones, en los términos de éste y otros ordenamientos.

Artículo 41. La Comisión será honoraria y estará integrada por 10 miembros, 6 de los cuales será diputados y 4 senadores, los cuales serán designados por resolución conjunta ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes.

Artículo 42. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

Transitorios

Primero. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2010 y los subsecuentes, realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Nota: 1 Proyecto Alternativo de Nación, discurso pronunciado por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 29 de agosto de 2004.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El documento listado en el punto número 7, que iba a presentar la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , se pospone a petición de ella y del Grupo Parlamentario del PRI.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Guadalupe... Perdón, tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo : Con su permiso, señor presidente. Además no es ningún problema; es un honor ser confundido con una mujer.

La iniciativa que hoy presentamos un grupo de diputados y de diputadas del Partido de la Revolución Democrática tiene el objeto de que podamos mejorar la recaudación del Estado mexicano, al mismo tiempo que influir en resolver problemas de salud que tiene nuestra población.

Estamos proponiendo que los llamados productos ``milagro'' y los ``chatarra'' dejen de estar cobijados en el noble concepto de alimentos y medicinas para no pagar impuestos.

Nos parece una burla que supuestas medicinas que aseguran adelgazar a los ciudadanos, resolverles milagrosamente problemas de salud; que se anuncian con gran cantidad y despliegue de recursos públicos en los medios masivos de comunicación y que supuestamente resuelven problemas de la sociedad ---cuando es absolutamente falso y mentiroso---, se escuden bajo el concepto de ``medicinas''.

El PRD claramente ha manifestado su oposición a que se cobren impuestos en las medicinas y así lo seguiremos manifestando; pero también nos oponemos a la trampa de que productos adelgazantes ``milagrosos'' sigan cobijados por esta figura para no pagar impuestos.

También creemos que es un error que aparezcan como alimentos productos ``chatarra'', que solamente complican los problemas de salud de los mexicanos, puesto que los últimos estudios de la propia Secretaría de Salud nos indican que más de 50 por ciento de los mexicanos tienen problemas de sobrepeso y de obesidad y que nuestros hijos tienen graves problemas desde muy chicos al consumir muchas más calorías de las que debieran si se procuraran una alimentación sana y cuidadosa.

Dice la Secretaría de Salud que el Estado mexicano gasta más de 60 mil millones de pesos anuales en combatir problemas de obesidad, de diabetes, derivados de una mala alimentación.

Al mismo tiempo proponemos que se graven transacciones que hoy están tasadas en cero, como son con productos como el oro, la plata, la joyería que, inexplicablemente no pagan impuesto alguno, hasta llegar a un contenido de 80 por ciento de quilates en su producción. Más allá es lo que está contemplado como moneda.

Por tanto, proponemos, según nuestros cálculos, que el Estado mexicano recaude alrededor de, conservadoramente, 25 mil millones de pesos anuales más; y que deje de devolver por este concepto a estas compañías otros 25 mil millones de pesos adicionales. Y así, por tanto, tengamos ingresos extra de alrededor de 50 mil millones de pesos, muy conservadoramente.

Por eso, venimos a proponer que en esta etapa de discusión, en esta soberanía podamos contemplar, precisamente, cobrar impuestos a estos mal llamados ``alimentos'' y ``medicinas'', que en verdad son fraude y chantaje contra el pueblo de México. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo , del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

La obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 ⁱ nos señala que en promedio 4 de cada 10 niñas o niños de 5 a 11 años de edad cuentan con sobrepeso o son obesos. Sin embargo este sector no sólo es propenso a este padecimiento epidémico. Los adolescentes entre 12 y 19 años de edad observan sobrepeso u obesidad en 3 de cada 10 en mujeres y varones. De continuar con esta tendencia, tendremos que para el 2010, 5 de cada 10 niños y adolescentes padezcan sobrepeso u obesidad.

Diversos estudios nacionales e internacionales ubican a México en el primer lugar mundial en obesidad infantil, pues el 51.7 por ciento de la población infantil entre los 5 y 11 años de edad padece una u otra situación negativa para la salud. En el cuadro siguiente se puede apreciar la magnitud del problema, que sea convertido en un asunto de salud pública.

En el caso de los adultos este padecimiento es mucho más severo actualmente. Los hombres y mujeres de entre 20 y 59 años de edad tienen una tasa de 70 por ciento, es decir que 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad y finalmente, en el caso de los adultos mayores de entre 60 años o más su tasa de propensión a la obesidad y el sobrepeso rebasa el 70 por ciento.

Si estos números los relacionamos con las proyecciones de población 2007 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), ⁱⁱ tenemos que al finalizar este año prácticamente 57 millones de mexicanos de ambos sexos y de todas las edades tendrán problemas de sobrepeso u obesidad. Esto representa el 54 por ciento de los 105 millones 790 mil mexicanos que seremos para el final de este año.

El sector salud e investigaciones especializadas han documentado y difundido ampliamente las consecuencias en la salud de las personas con obesidad y sobrepeso, pues contribuyen a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes.

El alto porcentaje de la población, de todos los sectores sociales, con obesidad sobrepeso se debe al consumo irracional y generalizado de productos o comida chatarra, que es sumamente alta en calorías y carbohidratos negativos para salud.

El cuadro es ilustrativo:

Los parámetros médicos de ingesta de calorías establecen que la población infantil y adolescente requiere únicamente entre mil 600 y mil 800 calorías al día en condiciones normales. En adultos varones, la proporción es entre mil 800 y 2 mil calorías en condiciones normales.

Pero si un niño, por ejemplo, come unas mantecadas, 750 mililitros de refrescos y unos Chetos, está consumiendo cerca de mil 200 calorías de ``sólo golpe'', esto es, 75 por ciento de lo que requiere diariamente, sin contar las calorías que consume con la ingesta de sus otros alimentos naturales o preparados. Así, ese niño estará consumiendo entre 2 mil 500 y 3 mil calorías diarias, esto es, el doble de lo que requiere y, consecuentemente, será un obeso.

Otro ejemplo: con base en información de Internet una de las empresas norteamericanas más prestigiadas de hamburguesas que promociona cajitas felices para niños y jóvenes con juguetes infantiles de moda, se concluyó que el consumir una hamburguesa promedio, papas fritas grandes, refresco de 600 mililitros y un helado de vainilla con chocolate, se deglutía en una sola comida mil 600 calorías; es decir, 95 por ciento de calorías que necesita un niño al día.

La ingesta de comida chatarra en la población mexicana se explica por el bombardeo mediático publicitario de las empresas productoras de esos ``alimentos''.

De un sondeo propio de un canal infantil de televisión realizado el 28 de abril de 2007, las niñas y niños mexicanos estuvieron expuestos a un bombardeo televisivo de 35 anuncios de comida chatarra por hora. Estudios especializados en publicidad infantil, han concluido que un niño promedio está expuesto a 4 horas de televisión diaria cuando menos. Si este comportamiento mediático es así, tenemos que los niños ven 140 anuncios diarios de productos chatarra. Casi mil anuncios a la semana y 4 mil al mes. Al año, los niños están expuestos a poco más de 47 mil anuncios de alimentos chatarra que incitan a comprarlos y consumirlos. ⁱⁱⁱ

Es obvio que las empresas han impedido a toda costa que se regule la publicidad de la comida chatarra, además apenas el domingo 27 de septiembre 2009, la organización El Poder del Consumidor acusó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de no haber evaluado la eficiencia del llamado Programa de Autorregulación en Publicad de Alimentos y Bebidas Infantiles, promovido por el sector privado para evitar que el Legislativo impusiera una nueva normatividad.

Este problema tiene repercusiones económicas para el sector salud, pues tal como lo informó el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova, la diabetes mellitus, junto con el sobrepeso y la obesidad consumen una tercer parte de las instituciones de salud y advirtió que esta situación puede poner en riesgo su viabilidad (La Jornada, sección ``Sociedad y Justicia'', viernes 25 de septiembre de 2009, página 44). El problema llega a grados extremos, pues el secretario José Ángel Córdova consideró incluso que la diabetes es más letal que la influenza. Es decir, si la diabetes tiene como una de sus principales causas la obesidad y el sobrepeso, pues estamos ante un asunto de la mayor importancia para el país.

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, sostuvo que aplicar impuestos a alimentos no le parece una solución para combatir la crisis económica. Sugirió que sería más conveniente gravar productos chatarra, como refrescos, los que al ser más baratos que los alimentos saludables se consumen más, lo cual genera un grave problema de desnutrición tanto en países industrializados como en desarrollo.

De Schutter alertó sobre las consecuencias en la salud del consumo de comida chatarra, que posee elevados contenidos de grasas, azúcares y carbohidratos, y bajos niveles de nutrientes y vitaminas. Comentó que se debería discutir la posible aplicación de impuestos a la comida chatarra, en vez de a alimentos saludables (Declaraciones del funcionario de la ONU publicadas en diversos medios de información nacional el 17 de septiembre de 2009).

Con base en lo anterior, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conscientes en la necesidad de regular este problema de salud pública proponemos gravar con la tasa general del impuesto al valor agregado los alimentos y bebidas con alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional.

Por otra parte, la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone en el artículo 2-A que las medicinas están gravadas con la tasa del 0 por ciento, sin embargo, cada día proliferan en el mercado, en la televisión, en las plazas comerciales, galerías, macro tiendas y tiendas naturistas de todo el país, productos que carecen de propiedades terapéuticas y base científica, pero que sin ser medicina se comercializan y gravan como tal.

Por ejemplo de acuerdo a la Profeco existen en el mercado 14 productos para bajar de peso a quien los consume, pero en realidad originan reacciones adversas y enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, alergias, cáncer de tiroides, gota y acné, nefrotoxicidad, problemas psiquiátricos, incluso la muerte.

Los ``productos milagrosos'' ofrecen desaparecer múltiples padecimientos en unos días, mejorar habilidades y capacidades, disminuir de peso, combatir la impotencia sexual y rejuvenecer a la persona que los utilice; la publicidad los muestran como si tuvieran propiedades extraordinarias que son exclusivas de las medicinas de patente con efectos terapéuticos y para tratar alguna enfermedad.

Sin duda esta soberanía debe poner atención a la regulación de estos productos, ya que su consumo puede poner en riesgo la salud y hasta la vida de las y los mexicanos.

Propuesta de reforma

En el artículo 2-A, fracción I, relativa a la enajenación de alimentos y medicinas, se introduce una restricción indispensable para acotar las externalidades negativas que ocasionan, tanto los alimentos chatarra como los productos milagrosos, los cuales tienen tasa cero por asociarlos a los alimentos básicos o al cuadro de medicinas definido por la Secretaría de Salud en auxilio de la salud pública de los mexicanos.

Se propone afirmar la obligación relativa a la tasa del 15 por ciento a los alimentos con alto contenido de calorías, grasas y sodio, carbohidratos, generalmente de nulo o escaso valor nutricional, así como poco saludables, los cuales por su naturaleza contribuyen a fomentar el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otros malos de salud pública que afectan y encarecen los sistemas de salud pública y privada de la nación.

Asimismo, se afirma la obligación de pagar la tasa del 15 por ciento a los productos milagrosos los cuales no están probados como efectivos para curar una enfermedad que, indebidamente, se asocian y se le da el mismo tratamiento que al cuadro de medicinas destinadas a curar probadamente algún padecimiento de salud conforme a las normas que para tal el efecto emite la Secretaría de Salud.

Finalmente, por considerar que es un insulto el tratamiento de tasa cero a artículos de lujo a los cuales la mayoría de los consumidores están ajenos y en los que es obvio el valor agregado en su precio de venta, se propone derogar la tasa cero a el oro, joyería, orfebrería, pieza artísticas u ornamentales y los lingotes cuyo contenido mínimo de dicho material sea de menos de 80 por ciento.

Efecto de la propuesta

Se considera que la propuesta tiene un potencial de recaudación estimado en 25 mil millones de pesos y una reducción de gastos fiscales por la misma cantidad, esta recaudación potencial ayudaría a disminuir el subsidio implícito que el Estado mexicano otorga a las empresas productoras de productos chatarra y milagro, pues como es del conocimiento de la opinión pública el sistema de salud gasta 60 mil millones de pesos en atender las enfermedades asociadas a las externalidades negativas producidas por estas empresas y comercializadoras. La esperanza de esta soberanía al gravar estos artículos, también estriba en la reducción de su demanda y en la contribución a la salud de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción I del artículo 2-A y el primer párrafo de la fracción I del artículo 5; se adicionan los numerales 5 y 6 a la fracción I del artículo 2-A; se deroga el inciso h) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A . ...

1. a 4. ... 5. Alimentos y bebidas con alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, que por su naturaleza contribuyen a fomentar la obesidad, hipertensión y diabetes . 6. Los productos milagrosos, los cuales se definen como aquellos no probados para el tratamiento de alguna enfermedad. Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Artículo Segundo . La Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias determinarán los atributos que impiden que un producto pueda ser considerado como alimento o medicina en términos del artículo único del presente decreto. En caso de controversia las autoridades deberán consultar a las autoridades sanitarias, quienes deberán emitir un dictamen al respecto.

Notas: i Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Salud Pública (2006). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, Ed. Subdirección de Comunicación Científica e Instituto Nacional de Salud Pública, México, pp.94, 96 y 98. ii Consejo Nacional de Población (CONAPO) en línea: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm iii ``En tres horas de programación de la barra infantil del sábado en canal 5 se trasmitieron 112 anuncios; 54 de éstos anuncios fueron de comida chatarra (alta en contenidos de azúcar, grasa o sal). ''Si se excluyen los anuncios de programas del propio canal 5 y los de tiempo oficial, quedan 70, de los cuales el 67 por ciento fue de comida chatarra. No hubo ninguno de orientación nutricional''. El Poder del Consumidor, AC. Registro del sábado 12 de mayo de 10 a 13 horas. Tomado de El Poder del Consumidor en línea: http://www.elpoderdeldelconsumidor.org.mx

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable asamblea, contamos con la visita de regidores, funcionarios municipales, delegados y comisariados del municipio de Tepeji del Río Ocampo, del estado de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Rentay del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los diputados Ifigenia Martínez y Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Graciay Adán Augusto López Hernández, de los grupos parlamentarios del PT y del PRD.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta : Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, en nombre del Movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional, presentamos hoy la iniciativa para abolir los privilegios fiscales de las grandes empresas y de las instituciones financieras.

La ley que hoy presentamos tiene por objeto contrarrestar la absurda política tributaria presentada por el gobierno federal en este paquete económico para 2010.

En una época de recesión, en una época de crisis y de pérdida de poder adquisitivo de la población, al secretario Carstens no se le ha ocurrido otra cosa más que subir impuestos a la gente; pedir que, los que siempre han pagado impuestos, continúen haciéndolo, dejando intactos los paraísos fiscales en que tributan las grandes empresas. De estos paraísos fiscales ya mucho se ha comentado en esta soberanía y en las reuniones de la Comisión de Hacienda.

Regímenes como el de consolidación fiscal, como la depreciación acelerada de activos, como el no gravamen a la venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, como los donativos o las famosas campañas de redondeo, son los que tienen desmantelado financieramente al Estado.

Se ha demostrado que 30 empresas deben al fisco mexicano más de 143 mil millones de pesos. Se ha aceptado de parte de la Secretaría de Hacienda que 422 grupos pagaron en promedio el año pasado tan sólo 1.78 por ciento de sus ventas. Los invito a revisar la exposición de motivos de la Ley de Ingresos del propio paquete económico para 2010.

Sin embargo, olvidándose de esta situación han propuesto una escalada de impuestos, a los cuales nada más les falto gravar las ventanas de las casas de la gente.

Por eso, hoy proponemos esta iniciativa para abolir estos privilegios fiscales en que tributan las grandes empresas y las instituciones financieras del país.

Diputadas y diputados, no nos confundamos. En este momento cuatro empresas, Cemex, América Móvil, Telmex y Bimbo, presentan impuestos diferidos que equivalen a lo que se pretende recaudar con el impuesto denominado ``contribución para la pobreza''.

Por ello, es claro que la debilidad financiera del Estado no la vamos a corregir cobrándole más a quien menos tiene, ni mucho menos inventando una serie de mentiras para acabar con la empresa pública y con las conquistas sindicales. Los invito a aprobar esta ley que hoy se presenta. Ya es tiempo de que en este país las grandes empresas y las instituciones financieras paguen impuestos. De ustedes depende. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez y Hernández y suscrita por los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario Alberto di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández , de los Grupos Parlamentarios del PT, y del PRD

Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez y Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Mario Alberto di Costanzo Armenta, y el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario. del PT, así como el diputado Adán Augusto López Hernández del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto para abolir los privilegios fiscales de las grandes empresas y de instituciones financieras, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia, se estima que durante el presenta año la contracción del producto interno bruto (PIB) será de 7 por ciento.

En la actualidad existen casi 3 millones de desempleados y más de 12 millones de mexicanos se encuentran subempleados, existe una pérdida de al menos 44 por ciento en el poder adquisitivo de las familias y el número de personas en pobreza alimentaria se ha incrementado en seis millones durante los dos últimos años.

Ante estos lamentables resultados, es evidente que el gobierno federal no ha sabido enfrentar la crisis económica internacional, pues las medidas hasta ahora aplicadas sólo han protegido los intereses de un grupo selecto de personas y empresas, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Las necesidades de la economía nacional tanto en materia de desarrollo social como en infraestructura económica e inversión, son muy superiores a la actual recaudación de impuestos; por tanto, deben cubrirse en una parte significativa con ingresos petroleros, que representan la venta de un activo no renovable.

Bajo el pretexto de corregir la situación antes descrita, el gobierno federal ha propuesto incrementar la mayoría de los impuestos que cobra la Federación, así como la creación de un nuevo gravamen denominado ``contribución, para el combate a la pobreza'', el cual será de 2 por ciento y se aplicará sobre todas las ventas de bienes y servicios, incluyendo los alimentos y las medicinas, de manera adicional al 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

También propone incrementos en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios para cigarros y bebidas alcohólicas, juegos y sorteos, y a las telecomunicaciones, así como a los impuestos sobre la renta (ISR) y sobre depósitos en efectivo.

La propuesta incluye también alzas en los precios de las gasolinas, gas natural y tarifas eléctricas.

En este sentido, resulta obvio que la propuesta del Ejecutivo federal significa un duro golpe a la mayoría de la población, en virtud de que, por un lado, los salarios han perdido al menos 44 por ciento de su poder de compra hasta el mes de junio del presente año; aunado al desempleo y subempleo crecientes, resulta irracional e injusto incrementar la carga fiscal de las personas físicas o los precios de bienes y servicios públicos.

Más aún si tomamos en cuenta los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento (6 millones de personas).

Estos incrementos también afectan a las empresas que verán más dañada su competitividad y sus posibilidades de recuperación, sobre todo como consecuencia del alza en gasolinas, energía eléctrica, gas y del impuesto a las telecomunicaciones.

Esta estrategia es contraria a lo que hacen otros países, que han bajado impuestos para fomentar el consumo: Estados Unidos de América, Argentina y Brasil, por ejemplo.

Es pertinente señalar que la propuesta del Ejecutivo federal deja intactos privilegios fiscales como los regímenes preferenciales para las grandes empresas; el régimen de consolidación fiscal; la depreciación de activos fijos y del costo de adquisición de los terrenos; las operaciones en la bolsa de valores, así como los donativos y campañas de redondeo, por lo que el pago del ISR no necesariamente se incrementará por efecto de una mayor tasa impositiva.

Por ello, la mayor parte de lo que piensa recaudar, 91 mil 784.4 millones de pesos, provendrán del consumo directo o indirecto de los agentes económicos (53.4 por ciento).

Así, por ejemplo, un asalariado o una persona física, tendrá un menor ingreso disponible debido a un mayor pago de ISR (2 por ciento más que no podrá eludir) y tendrá otro cargo adicional de 2 por ciento al consumo denominado ``contribución para combatir la pobreza''. Este último será independiente de su nivel de ingreso, puesto que sea rico o es pobre, tendrá que pagar esta contribución, que en términos prácticos es como pagar un IVA de 17 por ciento.

Lo anterior implica gravar más a quien menos tiene, convirtiendo estas medidas en regresivas, sobre todo en el caso de los alimentos y medicinas.

Además debemos de considerar que los aumentos en los energéticos provocarán incrementos en los precios de los artículos, afectando con ello a las personas más necesitadas y en vez de incrementar la actividad económica profundizara la crisis.

Para nosotros está claro que los rezagos que nuestro país enfrenta en materia de educación, salud, alimentación, infraestructura productiva, energía, seguridad social y vivienda, hacen urgente la necesidad de incrementar de manera eficaz y eficiente el gasto destinado a estos sectores.

Así, por ejemplo, nuestras importaciones de alimentos superan los 25 mil millones de dólares anualmente, en la actualidad importamos el 82 por ciento del arroz que consumimos, el 53 por ciento del trigo, el 35 por ciento de la carne de cerdo, el 27 por ciento del maíz y el 27 por ciento de la carne de res.

En el caso de salud, existen problemas de cobertura y de abasto de medicamentos, una muestra de ello se presentó durante la llamada ``crisis de la influenza'', la mayoría de las víctimas murieron a causa de la falta de atención oportuna, insuficiencia de las instituciones de salud pública y por la desnutrición de la población.

En materia de energía e infraestructura, baste señalar las cuantiosas importaciones de gasolina y productos petroquímicos, incluyendo fertilizantes, problemas de abasto de agua y de la infraestructura carretera.

En seguridad social, son patentes las raquíticas pensiones que reciben los jubilados y el problema de los ahorros de los trabajadores.

Por lo que se refiere a la educación, sólo el 20 por ciento de los jóvenes en edad escolar para educación media y superior está inscrito en alguna institución de educación pública.

Esta debilidad financiera a la que la hacienda pública está expuesta, ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades estratégicas que son una obligación constitucional del Estado mexicano. Uno de ellos ha sido el sector energético en dónde debido a la falta de recursos se han cedido al capital privado importantes eslabones de la cadena productiva, perdiendo con ello la sinergia potencial entre diversas actividades industriales y comerciales que tiene cualquier empresa petrolera integrada, como lo es Pemex. El resultado de todo esto es una pérdida de valor económico para todos los mexicanos.

No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario es muy baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10 y 11 por ciento del producto interno bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en .desarrollo, la recaudación supera el 15 por ciento y, en algunos casos, llega hasta el 20 por ciento.

Estas excepciones, calculadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un 5 por ciento del PIB, han obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.

En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales de nuestro país, que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

Dichas facilidades datan de 1973, como es el caso del esquema de consolidación fiscal que, en su origen, se concibió como un sistema de incentivos para apoyar la capacidad de las empresas, pero con la condición de que no produjera un sacrificio fiscal o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, condición que se estableció claramente en el decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de junio de 1973.

Ahora bien, cabe señalar que cuando se estableció este régimen preferencial se aplicaba al 100 por ciento de la participación accionaría en las sociedades. A partir de su incorporación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el año de 1982, se efectuaron diversos cambios y adecuaciones a dicho régimen, sin que se hicieran modificaciones importantes y trascendentes al mismo durante casi 17 años. Fue hasta el año 1999 que se llevó a cabo una reforma radical, como parte de las medidas para fortalecer la capacidad recaudatoria del sistema tributario dentro del ámbito de combate a la evasión y elusión fiscal.

Entre las modificaciones mencionadas, destaca la limitación del diferimiento del ISR, acotando la consolidación de las utilidades o pérdidas fiscales hasta un 60 por ciento de la participación accionaria que tuviera la sociedad controladora en forma directa en sus sociedades controladas

No obstante, los antecedentes favorables para la Hacienda Pública Federal emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el año del 2005, se permitieron nuevamente la consolidación fiscal de las utilidades o pérdidas al 100 por ciento de la participación accionaria de la sociedad controladora en las sociedades controladas.

Actualmente, existen 4 mil 862 empresas que consolidan integradas en 422 grupos para efectos fiscales. Sin embargo, en 2008 el pago por concepto del ISR individual y consolidado y del IETU que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan representó apenas el 1.78 por ciento del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007.

Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido una distribución equitativa del ingreso nacional en perjuicio de los sectores más pobres y con mayores carencias.

En la actualidad se da la paradoja que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del impuesto sobre la renta está sustentado estructuralmente en las retenciones que de ese impuesto recae sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas para las cuales ellos laboran.

Esto es consecuencia del modelo económico neoliberal que México ha adoptado, que bajo premisas falsas propone la conveniencia de fortalecer ---hacer más ricas--- a las empresas de por si ricas, para de ese modo generar, supuestamente, una mayor riqueza nacional y colectiva.

Como prueba de lo anterior, en México mientras las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, los asalariados que generan el 25 por ciento del ingreso nacional, su contribución fiscal ha sido de 2.20 por ciento en promedio, en ese mismo lapso.

Esto significa que, aunque la contribución fiscal de las empresas debería ser al menos el doble que la de los asalariados, en virtud de que sus ingresos duplican los de éstos, no sucede así gracias a los ``regímenes fiscales especiales''.

Bajo esa política fiscal se han arraigado diferentes prerrogativas impositivas en favor de los contribuyentes con mayor capacidad económica, sin beneficio material alguno para el país ni para los trabajadores, puesto que los ingresos tributarios no han crecido al ritmo augurado por los precursores del neoliberalismo fiscal, ni los trabajadores han visto fortalecidos sus sueldos reales ni su poder adquisitivo.

Los empresarios ricos cada vez acrecientan más sus fortunas, sin que ello signifique beneficio alguno para el fisco federal ni para los sectores sociales de México. Por lo demás, el abuso empresarial ha sido la nota característica en la aplicación de esos privilegios.

Cabe señalar que en 2008, de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 29 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 2 billones 242 mil millones de pesos, pagaron impuestos por 69 mil 187 millones de pesos, lo que representó en promedio apenas el 3.0 por ciento de sus ingresos.

Sin embargo, los impuestos diferidos alcanzaron 143 mil millones de pesos, por lo que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas debieron entregar al fisco, la autoridad les permitió ``diferir'' en promedio 2.07 pesos.

Un ejemplo claro de estos beneficios, es el caso de la empresa Cemex, a la que se le devolvieron 23 mil 562 millones de pesos en créditos fiscales, lo que le permitió reportar utilidades por 2 mil 323 millones de pesos.

Mientras tanto, Pemex, que tuvo ventas por 1 billón 328 mil 950 millones de pesos, entregó al fisco 771 mil 701 millones de pesos, reportando pérdidas en su operación.

Así, los privilegios fiscales son resultado de esas políticas neoliberales y causa de los efectos desfavorables sobre la capacidad financiera del estado para hacer frente a sus obligaciones.

Cabe señalar que por mucho tiempo se ha sostenido, que dichas facilidades fiscales se han otorgado con el objetivo de incrementar la inversión y la generación de empleo. Sin embargo, con respecto a este punto, conviene citar la conclusión emitida por la Auditoría Superior de la Federación, quién con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2005 concluyó lo siguiente:

• ``Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001- 2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216.0 por ciento al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación, (como en rigor implican las devoluciones), libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal''.

A lo anterior habría que añadir la baja recuperación de la cartera de créditos fiscales. De acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, en 2005 apenas se pagaron 0.3 por ciento del total de esos créditos.

Por ello, en la presente iniciativa de reforma, se propone una supresión de estos beneficios para unos cuantos, y que son los que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas. Tal es el caso del régimen de consolidación fiscal, de las ganancias reconocidas de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores, la deducción del costo de adquisición de terrenos, la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo.

En este mismo orden se ubica la propuesta para modificar el impuesto definitivo y fijar un gravamen de 35 por ciento sobre dividendos o utilidades, considerando el porcentaje vigente del ISR corporativo, así como regular las deducciones de los donativos y establecer reglas de control de las campañas de redondeo.

De manera adicional, se propone que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal para conocer la realidad de los ingresos fiscales de la federación y poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.

Régimen de consolidación fiscal

De las medidas que se someten a la consideración de esa soberanía, destaca la eliminación del Régimen de Consolidación establecido en los artículos 64 a 78 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuanto que, como se expresó, favorece a los grandes consorcios empresariales mediante un esquema que les ha permitido diferir indefinidamente el pago de esta importante contribución federal.

La consolidación fiscal es un mecanismo que permite la constitución de un grupo de intereses económicos comunes, es decir, que varias empresas o negocios se agrupen y sean representados por una sociedad controladora o holding, para ser tratados como una sola empresa en el pago de impuestos.

Es importante destacar que esta alianza se da únicamente para el pago de impuestos, ya que las empresas que pertenecen al grupo consolidador o holding mantienen su independencia y personalidad jurídica diferentes para cualquier otro fin.

De esta manera, encontramos que el objetivo que persigue la consolidación fiscal es entregar a las autoridades fiscales en una sola declaración de impuestos, los resultados obtenidos por todas las empresas que conforman un grupo.

En este régimen, cada empresa del grupo debe determinar su resultado fiscal en forma individual, ya sea utilidad o pérdida y, posteriormente, la sociedad controladora suma o resta las utilidades y pérdidas fiscales de las empresas del grupo en proporción a su participación accionaria; así aumenta o disminuye su propia utilidad o pérdida fiscal.

Una vez determinado el resultado fiscal consolidado del grupo, se le aplica la tasa de impuesto correspondiente, con lo que se obtiene el impuesto causado, es decir el impuesto que se tiene que pagar, al cual se le deben restar los pagos provisionales que se hayan realizado, para obtener finalmente el saldo a cargo o a favor.

De esta manera, las pérdidas individuales de cada una de las empresas controladas sufridas en el ejercicio, se aplican contra las utilidades generadas por otras controladoras.

Este régimen permite, además, integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que conforman el grupo, y determinar, sobre esa base, el impuesto sobre la renta correspondiente. De esta forma, se logra que las pérdidas que tengan algunas empresas del grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del mismo grupo.

Bajo este esquema, una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para amortizar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que genera beneficios financieros extraordinarios a los grandes grupos que llevan a cabo esta práctica.

Todo lo anterior, en detrimento de las finanzas públicas nacionales y del resto de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos financieros, ni con la posibilidad de contratar a grandes despachos de contadores que les ayuden a realizar estas planeaciones fiscales.

Es importante destacar que en este régimen se permite el libre flujo de dividendos entre las empresas que conforman el grupo consolidado, sin tener que pagar el impuesto sobre la renta.

Por ello, la carga fiscal de estos contribuyentes es significativamente reducida por el diferimiento del impuesto, no obstante el tamaño de las empresas que conforman los referidos grupos, situación que cambiaría de aprobarse la presente propuesta.

Asimismo se destaca que la incidencia en el cobro del ISR por el grupo de consolidación ha sido marginal, lo que se agudiza con el diferimiento indefinido del impuesto, lo que además de mermar la recaudación, pone en desventaja a otros grupos que sin tener un interés societario común sí lo tienen económicamente y no pueden acceder al régimen referido.

El diferimiento en el pago del ISR sin fecha definida ha distorsionado radicalmente la ratio legis del régimen de consolidación fiscal como sistema de incentivo.

En suma la presente iniciativa busca la derogación de dicho sistema por los siguientes motivos:

El costo recaudatorio de la consolidación fiscal es real, en la medida en que en la práctica representa un diferimiento por tiempo indefinido de este impuesto.

La eliminación del régimen de consolidación fiscal salva cualquier cuestionamiento en torno a la constitucionalidad de esta medida, por el hecho de que la eliminación de esta prerrogativa está acorde con el principio de justicia fiscal establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a la vez que de su derogación no podrían dolerse quienes durante años, quizá décadas, se han aprovechado de ese beneficio en perjuicio de la Hacienda pública federal. Lo injusto para efectos constitucionales sería la subsistencia de ese privilegio, como ha sucedido hasta ahora.

En ratificación de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema de la reducción de la participación consolidable del 100 por ciento al 60 por ciento, que implicó una eliminación parcial de dicho régimen, cuyo rubro señala:

Otro de los aspectos relacionados con el régimen de consolidación fiscal se refiere a las sociedades controladoras que se ubican en el periodo de consolidación obligatorio que establece el artículo 64 de la ley de la materia. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que las reglas aplicables en la materia no pueden series modificadas sino hasta que dicho plazo fenezca, según se desprende de la jurisprudencia relacionada con la reducción de la participación consolidable (del 100 por ciento al 60 por ciento), cuyo rubro es:

En consecuencia, para evitar problemas de inconstitucionalidad con motivo de la eliminación del régimen de consolidación fiscal, por posible retroactividad de la reforma, se prevé que las empresas que aún se encontrasen en el plazo obligatorio de cinco años de la consolidación, puedan continuar consolidando sus resultados fiscales hasta la conclusión de dicho periodo.

Ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas

Otra de las reformas de mayor importancia que se propone, es la acotación de la exención en el impuesto sobre la renta sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas. La justificación original de esta exención era la promoción de inversiones a través de la Bolsa Mexicana de Valores que, posteriormente, se hizo extensiva a operaciones realizadas en bolsas de valores del extranjero.

Existen evidencias incontestables de que esta exención ha sido aprovechada en forma excesiva y abusiva por accionistas de grandes grupos empresariales de nuestro país que, paradójicamente, son personas físicas con grandes recursos patrimoniales a su disposición.

Es de suyo injusto para efectos constitucionales, que los sectores de mayor rezago social en México, en particular los trabajadores de bajos salarios, a partir de ciertos niveles de ingresos tengan que pagar el impuesto sobre la renta a su cargo, en tanto que los grandes empresarios del país, cuyas fortunas personales exceden en forma mayúscula e incalculable las de aquéllos, gocen de una exención total en el pago del propio impuesto al momento en que hacen efectivas sus ganancias de capital con motivo de la enajenación de acciones.

Están identificadas múltiples ocasiones en que la finalidad manifiesta de las empresas que cotizan en bolsa, es la de, en el futuro, favorecer a sus accionistas con esta exención, en demérito de la recaudación federal. La intención de dichas empresas no ha sido la generación de esquemas de financiamiento efectivo, sobre todo en los casos de las llamadas colocaciones secundarias. Por otro lado, tampoco se logra el objetivo de fomentar que el gran público inversionista participe en el fenómeno bursátil, dado que las acciones, al carecer de bursatilidad, generalmente permanecen en propiedad de los accionistas originales o, en el mejor de los casos, en grupos selectos de empresarios.

Para erradicar estas prácticas, una reforma al actual artículo 109, fracción XXVI, de 13 Ley del Impuesto sobre la Renta tendría las características siguientes: (i ) continuar con la exigencia de mantener un número mínimo de acciones durante un plazo mínimo determinado, aunque con el requisito adicional de que tales acciones sean catalogadas de alta bursatilidad para efectos de la legislación que rige el mercado de valores; (ii ) excluir las colocaciones de empresas extranjeras, pues el mecanismo de la exención debe tender a beneficiar a las empresas mexicanas; y (iii ) excluir las colocaciones de cualquier tipo en bolsas de valores del extranjero, pues el perfil de las personas a quien debe favorecer la exención es al gran público inversionista con residencia fiscal en México.

Por otra parte, se establece de manera expresa que las personas físicas sí podrán deducir las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones. Lo anterior con el objetivo de ajustar la Ley del Impuesto sobre la Renta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, para el caso de personas morales, resolvió que dicha deducción sí es procedente y que no debe limitarse al monto de las ganancias que obtenga el contribuyente en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, derivadas de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en términos del artículo 9o. de esa ley, o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones ü índices accionarios, en los términos que a continuación se transcriben:

No obstante lo anterior, el adicionado artículo 149-818 establece que cuando las personas físicas sufran pérdidas en la enajenación de acciones, podrán disminuirlas del impuesto anual en los términos de este capítulo. En este aspecto deberá considerarse que el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas podrán disminuir las pérdidas de los ingresos que obtengan con excepción de los referidos en los Capítulos I y II, del Título IV (ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos por actividades empresariales y profesionales, respectivamente), limitación sobre la cual se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en los términos que a continuación se transcribe:

Esta iniciativa establece por tanto, que sí será procedente la deducción de las pérdidas por enajenación de acciones, pero reconoce además las limitaciones establecidas por el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El texto en vigor del artículo 109, fracción XXVI de la Ley del ISR provoca, por un lado, la indeseable consecuencia de beneficiar con la exención a accionistas que no tienen un real interés en participar en el mercado de valores, en menoscabo de la recaudación fiscal; y por otro lado, la realidad demuestra que un gran volumen de acciones carece de bursatilidad alguna, lo que ratifica la idea de que su colocación en bolsa sólo se hace con el propósito de alcanzar en el tiempo la exención de que se trata.

Eliminada la exención para cierto tipo de operaciones bursátiles sobre acciones, los contribuyentes tendrían que proceder de igual forma como lo hacen quienes nunca han gozado de ese privilegio. Las complicaciones de índole operativo y administrativo que representaría la determinación del impuesto sobre la renta respecto de operaciones realizadas en bolsa de valores, no debiera verse como un obstáculo insalvable ni es justificación válida para mantener la exención. De hecho, existen operaciones del mismo cuya exención no está permitida, por no cumplir los requisitos legales exigidos para ello y que, por lo tanto, están gravadas con el propio impuesto.

Deducción del costo de adquisición de los terrenos

A pesar de que este beneficio fue establecido para fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, quienes realmente se han beneficiado del mismo han sido los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes han diferido el pago del ISR obteniendo así mayores recursos que se han aprovechado únicamente por los accionistas de esas grandes empresas y no por los contribuyentes menores.

Por su parte, la obtención de mayores recursos financieros se ha traducido en que dichas empresas hayan financiado su crecimiento con cargo al Fisco, y por tanto en demérito de la sociedad en general, que no se ha visto beneficiada por el estímulo que ahora se propone eliminar. Es evidente que lo que se pretende no es disminuir la capacidad de los empresarios por fomentar la inversión o el desarrollo inmobiliario en nuestro país, sino por el contrario, encontrar mecanismos eficaces que permitan una mayor recaudación de la hacienda pública y un desarrollo más equitativo de la sociedad.

La actual redacción de la ley en la materia, en especial, el artículo 225, implica un trato no equitativo en relación con el resto de los sectores de la industria en nuestro país. Más aún si se observa que las consideraciones que en su momento justificaron esta deducción ya no se encuentran vigentes a la fecha, por lo que actualmente, al existir una industria en el sector inmobiliario con empresas ya consolidadas, y que inclusive, algunas de ellas cotizan en bolsa, resulta innecesario mantener la deducción del costo de adquisición de terrenos en términos del artículo citado de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

A mayor abundamiento, empresas extranjeras consolidadas por los capitales de sus países de origen se han visto beneficiadas por la prerrogativa a que hemos aludido, sin repercutir directamente en los beneficios sociales que deberían privar. Como se ha señalado en líneas anteriores, debe preverse una lucha de mercados y mantener condiciones equitativas entre éstos para no crear condiciones económicas que desfavorecerán y crearán desigualdades mayores en las clases sociales menos favorecidas económicamente y por ende en los controles económicos tutelados por el Estado.

Deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo

La deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo prevista en los artículos 220, 221 y 221-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue prevista como un medio de fomentar la inversión y como consecuencia de esto, la generación de empleos mayores; sin embargo, a la fecha dicho estímulo no ha dado como resultado directo y visible los propósitos por los que fue adoptado. Por el contrario, ha significado un gran costo para la sociedad en su conjunto, al momento de cuantificar las importantes cantidades que el Fisco ha dejado de recaudar con motivo de dicha deducción.

Como consecuencia, sólo se ha beneficiado a cierto número reducido de contribuyentes, que en su mayoría son grandes empresas, los cuales se aprovechan directamente de este estímulo, en demérito de la recaudación fiscal. Y lo que es peor, el ahorro que estos contribuyentes han logrado no necesariamente se ha traducido en una mayor inversión o en generación de empleos en nuestro país.

Todos sabemos que estos activos pierden su valor poco a poco. La contabilidad generalmente aceptada se basa en que por lo general una máquina pierde cada año 10 por ciento de su valor. Por otra parte, una construcción dura mucho más tiempo antes de perder todo su valor, en cuyo caso el porcentaje de depreciación anual debería ser menor. Los terrenos casi nunca pierden valor, sino, por el contrario, ganan valor porque en la mayoría de los casos se aprecian cada año.

No hay entonces una justificación para que una empresa que adquiere maquinaria, terrenos, construcción u otros activos fijos, mismos que le van a durar varios años antes de ser inservibles, cargue al costo del primer año todo el importe de esas inversiones y reporte cero utilidades, arrastrando pérdidas año tras año.

Luego entonces, el argumento de que la depreciación acelerada incentiva la inversión no se sostiene a la luz del comportamiento de la inversión y, de nuevo, son las empresas más grandes las que mayores adquisiciones de maquinaria y terrenos pueden hacer, por tanto las que más se benefician.

Por lo anterior, se propone eliminar esta deducción a fin de que, con el aumento de recaudación que esta medida generará, se obtengan ingresos para apoyar a los grupos de la sociedad menos favorecidos.

Impuesto definitivo y del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades, considerando el 28 por ciento del ISR corporativo vigente

En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa del gravamen para los dividendos ha sido objeto de debate e interés en los últimos años, tomando en consideración que normalmente las utilidades se gravan a nivel corporativo y de nuevo cuando se reparte como dividendos. Uno de los principales puntos ha sido evitar la doble tributación, aunque ésta ha sido resuelta mediante la introducción de sistemas de créditos fiscales o tasas reducidas de dividendos en términos de los parámetros impositivos para estos países.

La tasa promedio de los países de la OCDE en materia de dividendos es de 43.8 por ciento, y en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la tasa se ubica en 46.8 por ciento. En otros países la tasa llega alcanzar un límite superior mayor al 50 por ciento. Por otra parte, la diferencia entre la tasa de dividendos y la del impuesto al ingreso corporativo es de 13 por ciento en promedio para la OCDE, siendo Corea el país que tiene la menor diferencia que es de 7 por ciento.

México es el único país de esta organización que no grava los dividendos, ya que nuestra legislación contempla la misma tasa para este rubro con respecto a la tasa general del impuesto sobre la renta, por lo que el primero se piramida y se acredita totalmente, lo que se traduce en una tasa idéntica al ISR corporativo para este concepto.

Con esta relevante reforma, México estaría dando los primeros pasos para lograr una convergencia impositiva con respecto a los países miembros de la OCDE, .aunque estaría más de diez puntos debajo de la tasa impositiva de su principal socio comercial.

Por otra parte, se propone evitar la doble tributación manteniendo el acreditamiento al 100 por ciento del ISR empresarial, quedando desde el inicio con la tasa más competitiva de la OCDE y con el mecanismo de acreditamiento más avanzado que se utiliza en sólo algunos países de la organización mencionada y Estados Unidos.

Por ello, se propone reformar los artículos 11 y 165, para que el impuesto sobre dividendos sea un pago definitivo de 35 por ciento, y no se acumule a los demás ingresos, para lo cual los dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta sólo paguen un 7 por ciento adicional al 28 por ciento que corresponde al ISR corporativo no se vea afectado y se vea estimulado el ciclo de reinversión de las empresas, al tiempo que se procura progresividad a un sistema fiscal concentrado y monopolizado, como ocurre en México en coherencia con las recientes críticas de relevantes organismos internacionales.

Donativos deducibles en un 30 por ciento y reglas de control a campañas de redondeo, sólo para pequeños contribuyentes

Para que una organización de la sociedad civil (OSC) tenga capacidad legal para expedir comprobantes de donativos deducibles de impuestos, se requiere una autorización especial de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues de acuerdo a nuestra legislación fiscal vigente las donaciones otorgadas a las organizaciones autorizadas tienen el mismo rango que los costos indispensables de operación de las empresas.

En México existen aproximadamente 20 mil OSC; 8 mil 451 son privadas, no lucrativas y de servicios a terceros y otras 8 mil 320 son operativas. De acuerdo a los datos disponibles, e142.52 por ciento (3 mil 594 organizaciones) cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que les permite recibir fondos federales.

Las OSC se sostienen mediante tres fuentes de financiamiento:

Las principales figuras jurídicas de las OSC son: asociación civil, institución de asistencia privada, asociación de beneficencia privada, institución de beneficencia privada; y sociedad civil.

Las OSC están sujetas a un régimen fiscal específico: el régimen de personas morales con fines no lucrativos, establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Título III, la cual las exime del pago de dicho impuesto.

El artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta clasifica a las organizaciones no lucrativas en dos grupos: 1) personas morales con fines no lucrativos, y 2) personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles (donatarias autorizadas).

Ambos tipos de organizaciones comparten la ventaja de estar exentas del impuesto sobre la renta. Las donatarias autorizadas, tienen la prerrogativa de poder emitir recibos deducibles de impuestos para las donaciones que reciban; lo cual las ubica en una situación privilegiada dentro del sistema fiscal.

Un dato relevante es que México es una de las pocas naciones en el mundo que no establece límites al valor de la deducción fiscal ni a su monto lo que se traduce en que por cada eso donado las personas morales físicas resta el valor total de lo que tendrían que pagar por ISR desde su utilidad fiscal neta.

En consecuencia, estos donativos se convierten en recursos cien por ciento públicos.

Esta situación, que sólo puede entenderse como de fomento temporal, ha inducido un conjunto de comportamiento perversos en donde muchas personas morales crean organizaciones no lucrativas con el principal fin de evadir el impuesto sobre la renta mediante operaciones de triangulación y donaciones cruzadas, planeaciones de elusión fiscal a través intercambio de servicios y donaciones en especie, ya que no existe un costo de transacción fiscal individualizado por cada donación, por lo que se obtienen transferencias con un descuento igual al valor de lo que deberían pagar por ISR.

Por ello se propone reformar los artículos 31, en su fracción I, y 176, en su fracción III, a fin de que los donativos sean deducibles en un 30 por ciento para evitar abusos.

Asimismo, se reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación y se adiciona una fracción XXI al artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los programas de redondeo en centros comerciales o tiendas al público en general, tengan la obligación de informar y dictaminarse, se persigue el tener la seguridad de que la gente que dona su cambio para fines sociales no sea utilizado en forma incorrecta, para asegurar que quede debidamente amparado en su comprobante de venta y registro en contabilidad como una cuenta a terceros, a fin de que no sea utilizada indebidamente por el contribuyente que lo retuvo.

Que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal

El Código Fiscal de la Federación establece la figura del llamado secreto fiscal, con el objeto de que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

El secreto fiscal contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece los casos en que dicha información se podrá proporcionar sin que se considere violación al mismo:

Sin embargo, es necesario ampliar dicha reserva para que el Poder Legislativo pueda conocer información fiscal de contribuyentes a efecto de contribuir al cumplimiento de los intereses fiscales federales, pueda hacer las reformas a la legislación en materia hacendaría pertinentes y se haga efectivo el ejercicio de su facultad de control, es decir, que el honorable Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un instrumento de apoyo y de complemento a las tareas de fiscalización de los recursos públicos que llevan a cabo éstos, y de las facultades que constitucional y legalmente le corresponde al Poder Legislativo, para hacer más eficaz y eficiente esta tarea.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación

Artículo Primero. Se reforman los artículos 11, párrafos primero, segundo, cuarto y sexto; 31, fracción I; 109, fracción XXVI; 165, párrafo primero, y 176, fracción III; se adicionan los artículos 86, con las fracciones XXI, XXII y XXIII; y 149-Bis; y se derogan el párrafo octavo y las fracciones I y II del artículo 11; los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72,73,74, 75, 76, 77,78; el último párrafo del artículo 109; los artículos 220,221, 221-A y 225, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en este párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, se calculará en los términos de dicho precepto.

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, deberán considerar la tasa del 35 por ciento con la reducción del 32.14 por ciento señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley.

...

Los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta ley, pagarán el 7 por ciento, el cual tendrá el carácter de definitivo.

...

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, no podrán acreditar dicho impuesto.

I. Se deroga

II. Se deroga

...

Se deroga

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

Artículo 64 . Se deroga.

Artículo 65 . Se deroga.

Artículo 66 . Se deroga.

Artículo 67 . Se deroga.

Artículo 68 . Se deroga.

Artículo 69 . Se deroga.

Artículo 70 . Se deroga.

Artículo 71 . Se deroga.

Artículo 72 . Se deroga.

Artículo 73 . Se deroga.

Artículo 74 . Se deroga.

Artículo 75 . Se deroga.

Artículo 76 . Se deroga.

Artículo 77 . Se deroga.

Artículo 78 . Se deroga.

Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes:

Artículo 109. ...

x

No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se hace por oferta pública y durante el periodo de la misma, las personas que participen en ella, no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más competitivas de las que se reciban con anterioridad o durante dicho periodo, y que de aceptarlas se haya convenido una pena al que la realiza.

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en' esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.

Artículo 149-Bis. En los casos en que no aplique la exención prevista en la fracción XXVI, del artículo 109 de esta Ley, el intermediario financiero que intervenga en la enajenación de acciones realizada en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, deberá, en términos de este capítulo.

Cuando las personas físicas sufran pérdidas en la enajenación de acciones, podrán disminuirlas del impuesto anual en los términos de este capítulo.

Artículo 165. Las personas físicas no acumularan a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas consideraran como impuesto sobre la renta definitivo el determinado en los términos del artículo 11 de esta ley. Se deberá solicitar la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta ley, en informar en la declaración anual, las cantidades retenidas por impuesto sobre la renta y el monto de los dividendos o utilidades obtenidas.

...

...

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

Artículo 220. Se deroga.

Artículo 221. Se deroga.

Artículo 221-A. Se deroga.

Artículo 225. Se deroga.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 32-A, fracción II; y 69, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar-como sigue:

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

Artículo 69. ...

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma no se considerará violación a lo dispuesto en el párrafo anterior la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso de la Unión, sobre información fiscal de contribuyentes, protegiendo los datos personales, para realizar estudios y dictámenes de evaluación económica de los ingresos y los egresos federales, ejercer las facultades .de fiscalización de los recursos públicos y realizar la investigación objeto de las mismas.

Disposiciones Transitorias

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio siguiente.

Artículo Segundo. La derogación de los artículos 64 al 78 de la presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2010, y para tales efectos se estará a lo siguiente:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Antonio Benítez Lucho : Con su permiso, señor presidente.

Señoras diputadas y señores diputados, a partir de enero de 2004 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) puso en marcha un sistema para proteger a millones de familias mexicanas que no se encontraban afiliadas a un programa de salud. Con ello se dio el nacimiento al denominado Seguro Popular.

Según las prospectivas realizadas por el gobierno federal, el Seguro Popular de salud cubriría durante los próximos siete años a 48 millones de mexicanos que no contaban con ningún tipo de protección social en ese rubro.

Desde su surgimiento, el Seguro Popular definió objetivos como la corrección de los desequilibrios financieros existentes en el sistema público de salud, alcanzar la corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno y la ciudadanía, y la construcción del contenido efectivo al ejercicio pleno de los derechos sociales.

En efecto, su objetivo fundamental era atender a la población ajena a los sistemas de seguridad social o algún seguro privado, así como garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, por medio del establecimiento de un sistema público de protección social en salud.

El Seguro Popular de salud se sustenta en una base federalista que busca alcanzar un ideal concreto: el de la universalidad del aseguramiento en salud de los mexicanos en 2010 y 2011. Es un seguro público y voluntario subsidiado por el gobierno federal, que permite reducir el número de familias que se empobrecen anualmente como consecuencia de gastos catastróficos para la atención de problemas de salud, lo cual, sin lugar a dudas, afecta la economía de las familias mexicanas que poseen bajos ingresos.

Aunque la implementación de los programas en materia de salud es un gran avance para la sociedad, es necesario resaltar los resultados de los diversos estudios oficiales elaborados y detallados en los informes de la CNPSS de 2007 y 2008, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 2007 y 2008 y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el Seguro Popular, los cuales demuestran claramente que no hay consonancia entre tener el seguro y acceder a los servicios requeridos.

Adicionalmente, documentan que hay un subejercicio sistemático del presupuesto, lo que significa que el incremento del gasto público en salud no necesariamente se traduce en más y mejores servicios para la población. Debiera ser la máxima prioridad de la Secretaría de Salud corregir la falta de infraestructura y personal para poder prestar los limitados servicios prometidos en el Seguro Popular y con el incremento y oportuno uso del presupuesto se podría hacer.

En ese sentido, cabe considerar que el presupuesto de Salud para el Seguro Popular en 2003 fue de 52 mil 30 millones de pesos; y en 2010 podría llegar a 86 mil 473 millones de pesos, según estimaciones.

Hacia ese mismo año las entidades de la República deberían incrementar sus recursos en 11.5 por ciento para solventar el Seguro Popular, mientras que la participación del gobierno federal sólo crecería en un 3.1 por ciento.

Aunque el objetivo del gobierno federal es incorporar a 10 millones y 500 mil familias, en 2010 (poco más de 50 millones de personas), los recursos son insuficientes.

El programa del Seguro Popular debe contar con mayores recursos que el gasto programado cada año, para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe otorgar a la Secretaría de Salud mayores erogaciones para que el Seguro Popular cubra su objetivo, sin menoscabo del presupuesto que ejercen los gobiernos estatales.

En este binomio en el que las funciones del Seguro Popular deben desarrollarse sin intermediarismos que mermen su función, se ha visualizado la función gerencial de la Comisión Nacional de Protección en Salud, una situación que no permite un ejercicio pleno de las entidades federativas, tanto por los subejercicios presupuestales, como por contar con recursos limitados ante las demandas sociales en esta materia.

Se hace necesario plantear la eliminación de los procesos hiperburocratizados por medio de la desaparición de la comisión, teniendo como efecto inmediato el ahorro de casi 600 millones de pesos anuales, los cuales son dedicados a la función de la estructura que la contiene. Con ello se logra adoptar medidas pertinentes ante el contundente planteamiento que se hace en los párrafos anteriores.

Además en cuanto al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, por tratarse de un fideicomiso público que no se considera entidad paraestatal, puede ser operado por la propia dependencia o entidad fideicomitente, es decir, no existe necesidad alguna de que intervenga una institución en calidad de tercero.

Así, la intervención del régimen de protección social en salud, como institución que se encarga de la aplicación de la normatividad y criterios de regulación, carece de justificación, pues puede alcanzarse un manejo adecuado de este fideicomiso a través de algunas de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, tal como lo marca su fundamento.

Por las consideraciones anteriores se hace apremiante que el honorable Congreso de la Unión considere entre sus propuestas, los elementos de reformas necesarias para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se contemplen mecanismos para fortalecer el programa Seguro Popular de Salud sin afectar el Fondo de aportaciones para los servicios de salud del Ramo 33 en la iniciativa.

Con fundamento en estas consideraciones, se somete respetuosamente a la consideración de los integrantes de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Se reforman los artículos 77 Bis 1, 77 Bis 2, 77 Bis 5 en su apartado A, fracciones I, IV y XVII en su apartado B, las fracciones II, V, VI, IX; 77 Bis 6; 77 Bis 10; 77 Bis 23; 77 Bis 24; 77 Bis 30, 77 Bis 31; 77 Bis 35; 77 Bis 36; y 77 Bis 37. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , del Grupo Parlamentario del PRI

Antonio Benítez Lucho , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normas jurídicas aplicables, somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En enero de 2004, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) puso en marcha un sistema para proteger a millones de familias mexicanas que no se encontraban afiliadas a un programa de salud. Con ello se dio el nacimiento del Seguro Popular (SP). Según las prospectivas realizadas por el gobierno federal, el Seguro Popular de Salud cubriría durante los próximos 7 años a los 48 millones de mexicanos que no contaban con ningún tipo de protección social de salud.

Desde su surgimiento, el SP tomó como principales objetivos la corrección de los desequilibrios financieros existentes en el sistema público de salud, la definición de la corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y la ciudadanía, y la construcción del contenido efectivo al ejercicio pleno de los derechos sociales. En efecto, su objetivo principal es atender a la población ajena a los sistemas de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos ( Pemex) o algún seguro privado, así como garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud por medio del establecimiento de un sistema público de protección social en salud.

El Seguro Popular de Salud se sustenta en una base federalista que busca alcanzar un ideal concreto: la universalidad del aseguramiento en salud de los mexicanos en 2010 o 2011. Es un seguro público y voluntario, subsidiado por el gobierno federal, que permite reducir el número de familias que se empobrecen anualmente como consecuencia de gastos catastróficos por la atención de problemas de salud, lo cual sin duda afecta la economía de las familias mexicanas de ingresos bajos.

El SP permite que el beneficiario reciba atención médica en clínicas y hospitales de los servicios estatales de salud, con base en un catálogo de beneficios médicos y un cuadro básico de medicamentos. El compromiso de la Secretaría de Salud es dotar a todos los asegurados de un abasto completo de medicamentos esenciales, uno de los rubros que representa más costo para enfermos y sus familiares.

Aunque la implantación de los programas en materia de salud son un gran avance para la sociedad, es necesario resaltar los resultados de los diversos estudios oficiales elaborados y detallados en los informes de la CNPSS 2007 y 2008, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social 2007 y 2008 y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el SP, los cuales demuestran claramente que no hay consonancia entre tener el seguro y acceder a los servicios requeridos. Adicionalmente, documentan que hay un subejercicio sistemático del presupuesto, lo que significa que el incremento del gasto público en salud no necesariamente se traduce en más y mejores servicios para la población. Esta falta de acceso real a la atención médica se confirma tan sólo con el número de partos atendidos en el país; el Seguro Popular, dadas las características de la población a que protege, debería tener las cifras más altas de casos considerados y no es así.

La razón es que el SP se implantó sin desarrollar la infraestructura de salud requerida. El informe relativo al SP de julio de 2008 reporta tener 23.5 millones de afiliados en 2 mil 449 municipios. En contraste con los 10 mil 615 centros de salud programados para ser incorporados al SP, sólo 4 mil 102 ya lo hicieron y de éstos sólo 2 mil 922 (28 por ciento) pudieron certificar los criterios de calidad; de los 330 hospitales generales, 260 están incorporados y 161 (49 por ciento) certificados, y de los 92 hospitales de alta especialidad, 60 están incorporados y certificados.

Dichos informes dejan de manifiesto que de los 5 hospitales de especialidad construidos por la Secretaría de Salud desde que se inició el SP, en 2004, ninguno está en pleno funcionamiento; el del Bajío sólo ha abierto 45 de sus 184 camas y el de Mérida sólo ofrece consulta externa. Una de las razones es la falta de personal, ya que en estos 5 hospitales hay 3 mil 664 vacantes, sobre un total de 5 mil 413 plazas autorizadas. Por otra parte, el sobredimensionamiento de las plazas directivas es costoso e irresponsable.

Debería ser la máxima prioridad de la Secretaría de Salud corregir la falta de infraestructura y personal para prestar los limitados servicios prometido en el SP, y con el incremento y oportuno uso del presupuesto se podría hacer. Los datos de 2007 y 2008 revelan un subejercicio sistemático y de grandes proporciones del presupuesto autorizado. En 2007, el SP mostró 3 mil millones de pesos no transferidos a los estados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud (FSPSS) que, adicionalmente, tuvo un subejercicio de cerca de 2 mil millones; o sea, en 2007 hubo un subejercicio total de 5 mil millones de pesos. Al final de ese año se habían acumulado en el fideicomiso 10 mil 388 millones y a mitad de 2008 éste disponía de 13 mil 443 millones.

Aun con las consideraciones anteriores, cabe mencionar que el informe del primer semestre de 2008 del SP sólo reporta una disponibilidad de 2 mil 242 millones en el FSPSS al inicio del año y la autorización de usar 3 mil 935 millones para gastos catastróficos durante todo 2008 pese a estimar ingresos de 8 mil millones. En 2009, con todo y la emergencia de la influenza humana, el Seguro Popular sólo había transferido 13 mil millones de pesos --36 por ciento de los recursos destinados a las entidades federativas-- al cierre de julio según el informe de SHCP. En cambio, el gasto burocrático de la CNPSS se había ejercido a 50 por ciento.

El presupuesto de salud para el Seguro Popular en 2003 fue de 52 mil 30 millones de pesos; en 2010 llegará a 86 mil 473 millones de pesos, según estimaciones. Hacia ese mismo año, las entidades de la república deberán incrementar sus recursos en 11.5 por ciento para solventar el SP, mientras que la participación del gobierno federal crecerá sólo 3.1 por ciento.

Esa situación deja en desventaja un sistema cuyo éxito depende de la eficiente implantación de los programas en las entidades federativas. Muestra además plena iniquidad cuando analizamos la asignación per cápita de acuerdo con los tres organismos mencionados: para el caso del IMSS es de 6 mil 100 pesos; para el ISSSTE, de 7 mil 640; y para la protección social en salud, de 700. Aunque para las dos primeras instancias se puede argumentar la cobertura que hacen con ese recurso de otras prestaciones, aún así resultan cantidades completamente disímiles.

El problema de este esquema es que obliga a los estados a destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del ramo 33, y actualmente los gobiernos locales ocupan entre 85 y 92 por ciento de estos recursos para pago de salarios, por lo que cualquier recorte irá contra la operación regular de los Servicios de Salud en todas las entidades federativas.

Si no se aumenta la participación del gobierno federal y, por el contrario, el Seguro Popular sigue soportando principalmente en el FASSA, las entidades federativas tendrán que incrementar las cuotas de recuperación o limitar insumos y medicamentos a la población no asegurada. La cuota estatal para las familias afiliadas al SP tendría que obtenerse del presupuesto estatal correspondiente a los ramos administrativos asociados a la salud, específicamente el del ramo 33, a costa de otros programas. Además de los aspectos financieros, el Seguro Popular enfrenta problemas logísticos muy graves, exacerbados por el centralismo en su ejercicio.

Aunque el objetivo del gobierno federal es incorporar a 10.5 millones de familias en 2010 (poco más de 50 millones de personas), los recursos son insuficientes. El Programa de Seguro Popular debe contar con mayores recursos que el gasto programado año con año. Para ello, la SHCP deberá otorgar a la Secretaría de Salud mayores erogaciones para que el SP cubra su objetivo, sin menoscabo del presupuesto que ejercen los gobiernos estatales. En este binomio deben desarrollarse las funciones del SP, sin intermediaríamos que mermen su función.

Visualizando la función gerencial de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, como una situación que no permite un ejercicio pleno de las entidades federativas tanto por subejercicios presupuestales como por contar con recursos limitados ante las demandas sociales en la materia, se hace necesario plantear la eliminación de los procesos hiperburocratizados por medio de la desaparición de la comisión, teniendo como efecto inmediato el ahorro de casi 600 millones de pesos anuales, los cuales son dedicados a la función de la estructura que la contiene.

Con ello se logra adoptar medidas pertinentes ante el contundente planteamiento que se hace en los párrafos anteriores. Además, en cuanto al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, por tratarse de un fideicomiso público que no se considera entidad paraestatal, puede ser operado por la propia dependencia o entidad fideicomitente; es decir, no hay necesidad de que intervenga una institución en calidad de tercero. Así, la intervención del régimen de protección social en salud como institución que se encarga de la aplicación de normatividad y criterios de regulación carece de justificación, pues puede alcanzarse un manejo adecuado de este fideicomiso a través de alguna de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, como marca su fundamento.

Por las consideraciones anteriores se hace apremiante que el Congreso de la Unión considere entre sus propuestas los elementos de reforma necesarios para que mediante la SHCP se consideren mecanismos para fortalecer el Programa del Seguro Popular, sin afectar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del ramo 33, en las entidades federativas.

Con fundamento en todas estas consideraciones, se somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 77 Bis 1; 77 Bis 2; 77 Bis 5, Apartados A, fracciones I, IV, y XVII, y B, fracciones II, V, VI y IX; 77 Bis 6; 77 Bis 10; 77 Bis 23; 77 Bis 24; 77 Bis 30; 77 Bis 31; 77 Bis 35; 77 Bis 36; y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de los estados garantizarán el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

...

Artículo 77 Bis 2. Para los efectos de esta ley, se entenderán por Sistema de Protección Social en Salud las acciones que en esta materia provean los Servicios de Salud de los estados .

La Secretaría de Salud, a partir de sus funciones conferidas, coordinará las acciones de protección social en salud, los cuales contarán con la participación subsidiaria y coordinada de la federación, de conformidad con lo dispuesto en este título. Para efectos de este título se entenderán por Sistema de Protección Social en Salud las acciones de protección social en Servicios de Salud que los estados de la república y del Distrito Federal ofrecen.

Artículo 77 Bis 5. ...

A) ...

B) ...

Artículo 77 Bis 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación, los términos de la evaluación integral del Sistema Social en Salud y el proceso que garantice la paulatina descentralización de este ejercicio, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del sistema.

Asimismo, los Servicios de Salud de los estados en materia de protección social en salud dispondrán lo necesario para recibir y evaluar las propuestas que les formulen los beneficiarios respecto de los recursos que éstos aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes.

La Secretaría de Salud presentará al Congreso de la Unión un informe semestral pormenorizado de las acciones que se desarrollen con base en este artículo.

...

Artículo 77 Bis 10. Los Servicios de Salud de los estados proveerán de manera integral los servicios de salud y los medicamentos asociados, sin exigir cuotas distintas de las establecidas en el Capítulo V de este título, siempre que los beneficiarios cumplan sus obligaciones.

Con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, los Servicios de Salud de los estados, a partir de las transferencias que reciban en los términos de este título, deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud.

...

Artículo 77 Bis 23. Las cuotas familiares y reguladoras que, en su caso, se establezcan serán recibidas, administradas y ejercidas por los Servicios de Salud de los estados , conforme a lo dispuesto en el artículo 77 Bis 22.

Artículo 77 Bis 24. Los Servicios de Salud de los estados deberán presentar a la Secretaría de Salud federal, conforme a los lineamientos que la misma establezca, los informes que sean necesarios respecto del destino y manejo de las cuotas familiares.

...

Artículo 77 Bis 30. ...

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en cuenta los patrones observados de referencia y contrarreferencia, así como la información que sobre las necesidades de atención de alta especialidad le reporten de manera anual los Servicios de Salud de los estados , o a través de los sistemas de información básica.

...

Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la Secretaría de Salud emitirá un plan maestro al cual se sujetarán los servicios estatales de salud por lo que respecta a la protección social en salud.

...

Artículo 77 Bis 31. ...

Para estos efectos, tanto la federación como los Servicios de Salud de los estados difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del sistema.

Asimismo, los Servicios de Salud de los estados dispondrán lo necesario para recibir y evaluar las propuestas que les formulen los beneficiarios respecto de los recursos que éstos aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes.

...

Artículo 77 Bis 35. El Sistema de Protección Social en Salud será coordinado por la Secretaría de Salud, en el seno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, con la estructura y funciones que la ley y los reglamentos le confieren . Dispondrá para su operación de los recursos que le asigne la federación.

Artículo 77 Bis 36. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir sin ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los servicios estatales de salud.

Artículo 77 Bis 37. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Rodolfo Torre Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación.

El diputado Rodolfo Torre Cantú : Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablece que: ``Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, conformando éstas la educación básica obligatoria''.

Asimismo contempla que: ``La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional de la independencia y en la justicia''.

Entre las inquietudes de los mexicanos, en la actualidad sobresale la preocupación por la educación que reciben los jóvenes, particularmente en lo relacionado con la necesidad de que las instituciones educativas vinculadas a la educación básica contemplen entre sus planes de estudio la enseñanza del idioma inglés.

En los tiempos actuales de globalización cultural y económica, donde las fronteras terrestres desaparecen dando paso a líneas interculturales entre los países, cuya única limitación la establecen las maneras de comunicación, el idioma inglés se ha convertido en una herramienta fundamental para atender las necesidades que exige la participación del Estado mexicano en la apertura educativa y comercial.

Es una realidad que países que hablan diferentes idiomas han estrechado comunicación y relaciones comerciales en un tercer idioma, que mayoritariamente es el inglés. En ese sentido, el estado de Tamaulipas fue pionero en la promoción y desarrollo de un programa de inglés para los alumnos de primaria en el ciclo escolar 2001-2002. Ese inicio, que contempla tres años de enseñanza del idioma, pasó al objetivo de cubrir los seis años de educación primaria. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que además se estableció en la Ley de Educación del estado de Tamaulipas.

En este tenor, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 contempla el programa Inglés en educación básica, resaltando la preocupación del ingeniero Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas, por proporcionar a los alumnos de educación primaria la enseñanza del idioma inglés. Esta experiencia tamaulipeca se ha multiplicado en nuestro país.

Conscientes de que los nuevos desafíos demandan una visión con acciones pertinentes que ofrezcan perspectivas de desarrollo y garanticen un nivel de vida cada vez mejor para las nuevas generaciones, es importante incorporar de manera obligatoria el idioma inglés en la educación básica.

Establecer entre los fines de la educación la impartición de este idioma permitirá que los educandos desarrollen mejores conocimientos que influirán en el aprovechamiento del resto de la enseñanza que contempla los planes de educación respectivos.

Se hace necesario que la federación avance en el compromiso con la educación, con una lengua extranjera en la educación básica, mediante el señalamiento en la Ley General de Educación, con el objetivo de promover el conocimiento y la práctica del idioma inglés.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Que se reforme el artículo 9 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o bien por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal; asimismo, promoverá y atenderá el conocimiento y la práctica del idioma inglés, a través de los programas, con el fin de elevar la capacidad competitiva de los integrantes egresados del sistema educativo nacional. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rodolfo Torre Cantú , del Grupo Parlamentario del PRI

Doctor Rodolfo Torre Cantú , en su carácter de diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confiere los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se propone reformar el artículo 9 de la Ley General de Educación, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. En el contexto de la campaña electoral del presente año y con objetivo de recibir las aportaciones de los ciudadanos para la construcción de una propuesta legislativa, impulsamos la realización de foros de expresión y de consulta sobre las principales competencias constitucionales de esta honorable representación popular. Entre otras, destacaron las relacionadas con la educación. Esta iniciativa se inspira en esas aportaciones de los ciudadanos tamaulipecos.

Segundo. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, establece en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado (federación, estados, Distrito Federal y municipios) impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, y que éstas conforman la educación básica obligatoria. Asimismo, contempla que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Tercero. Que la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, establece en su artículo 7 los fines que debe perseguir la educación impartida por el Estado, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, entre los cuales no se contempla el aprendizaje de una lengua extranjera.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Educación establece la concurrencia de las autoridades educativas federales y locales respecto a sus atribuciones en materia educativa. Entre las cuales, tampoco se considera el estudio de una lengua extranjera.

Cuarto. Que entre las inquietudes de los mexicanos, sobresale la preocupación que tienen por la educación que reciben los jóvenes, particularmente en lo relacionado con la necesidad de que las instituciones educativas vinculadas a la educación básica contemplen entre sus planes de estudio, la enseñanza obligatoria del idioma inglés.

Quinto. Que en los tiempos actuales de globalización cultural y económica, donde las fronteras terrestres desaparecen dando paso a líneas interculturales entre los países, cuya única limitante la establecen las maneras de comunicación, el idioma inglés se ha convertido en una herramienta fundamental para atender las necesidades que exige la participación del Estado mexicano en la apertura, primero educativa y luego al comercio internacional. Es una realidad que países que hablan diferentes idiomas han estrechado comunicación y relaciones comerciales en un tercer idioma, que mayoritariamente es el inglés.

Sexto. En ese sentido, que el estado de Tamaulipas fue pionero en la promoción y desarrollo de un programa de inglés para los alumnos de primaria en el ciclo escolar 2001-2002; ese inicio, que contempla tres años de enseñanza del idioma, pasó al objetivo, en 2005, de cubrir los seis grados de primaria.

Pero no sólo eso, también, al brindar una base legal para su establecimiento, previendo en la Ley de Educación para Tamaulipas, el impulso al conocimiento del idioma inglés, así como la obligatoriedad de su impartición por parte del Estado.

Resaltando entonces la preocupación del ingeniero Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas, por proporcionar a los alumnos de educación primaria la enseñanza de los conocimientos del idioma inglés, a fin de facilitarles las herramientas necesarias para su posterior desempeño académico y para enfrentar los requerimientos de la sociedad de nuestros tiempos; en ese tenor, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, contempla el idioma inglés como segunda lengua en educación básica.

Séptimo. Esta experiencia tamaulipeca se ha multiplicado en el país, desarrollándose un movimiento por establecer oficialmente la asignatura de inglés desde primaria; en la actualidad, otras 20 entidades federativas ya contemplan en sus programas estatales el inglés en primaria. Dichos estados son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Octavo. En el año 2007, Tamaulipas solicitó al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) que estableciera curricularmente, y de manera oficial, la enseñanza del idioma inglés en primaria. Al efecto, se constituyó un grupo de trabajo en el cual participan los representantes de los gobiernos de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, cuyo objetivo es impulsar la enseñanza del idioma inglés en toda la educación básica; es decir, articulando el tercer grado de preescolar, con los seis grados de primaria y, eventualmente, el enlace con los tres grados de secundaria en los cuales se impartió la materia.

Noveno. En ese tenor, se hace necesario que la federación avance en el compromiso con la enseñanza de una lengua extranjera en la educación básica, mediante el señalamiento en la Ley General de Educación del objetivo de promover el conocimiento y la práctica del idioma inglés.

Décimo. Que en la educación básica resulta indispensable optimizar las habilidades intelectuales de los educandos, impulsar el desarrollo de las inteligencias múltiples, fomentar la experimentación y la capacidad de investigación, fortalecer las capacidades de aprendizaje, promover la innovación constante, abrir espacios para la creación de nuevos conocimientos y ofrecer las herramientas necesarias para su incorporación a los modernos sistemas y tecnologías.

Undécimo. Conscientes de que los nuevos desafíos demandan una visión con acciones pertinentes que ofrezcan perspectivas de desarrollo y garanticen un nivel de vida cada vez mejor para las nuevas generaciones, es importante incorporar de manera obligatoria el idioma inglés en la educación básica. Al establecerse entre los fines de la educación la impartición del idioma inglés, permitirá que los educandos desarrollen mejores conocimientos que influirán en el aprovechamiento del resto de la enseñanza que contemplan los planes de educación respectivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá --directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio-- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Asimismo, promoverá y atenderá el conocimiento y la práctica del idioma inglés a través de los programas con el fin de elevar la capacidad competitiva de los integrantes y egresados del sistema educativo nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Diputado Pérez de Alba.

El diputado Blanco Roberto Pérez de Alva (desde la curul): Señor Presidente, si el diputado ponente no tiene inconveniente, quisiera adherirme a la iniciativa que ha presentado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Le preguntamos al señor diputado Rodolfo Torre Cantúsi tiene inconveniente en que se sume el señor diputado. Manifiesta que no hay inconveniente. Por favor pasar a la Secretaría a suscribir el documento. Muchas gracias.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado : Con su venia, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pese al abanico de temas en los cuales el Congreso está facultado para dictar leyes, hay un gran tema pendiente y urgente: el de los derechos de la infancia...

Incluir este tema en el artículo 73 constitucional tiene una importancia que radica en diversos factores que a continuación expongo.

México ha tenido una actuación internacional muy relevante, a lo largo de las dos últimas décadas, que se refleja en la firma y ratificación de un buen número de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, ha acudido y participado en varias conferencias, cumbres y foros internacionales en la materia, y ha aceptado la labor de evaluación y supervisión de diversos comités internacionales de vigilancia de estos derechos y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

En este contexto los derechos de la infancia han tenido, para el actuar internacional de México, un lugar destacado que conlleva obligaciones claras y precisas de armonizar la legislación interna del país en consonancia con los compromisos internacionales que México ha asumido en esta actitud cada vez más comprometida y participativa en el tema.

En este orden de ideas, respecto a la infancia, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte desde 1990 y que el próximo 20 de noviembre celebra 20 años de existencia, ha presentado diversas recomendaciones al Estado mexicano en relación con el lento avance de la plena garantía y observancia de los derechos de la infancia contenidos en esta convención.

Vale la pena retomar las recomendaciones emitidas por el comité, con motivo del segundo informe mexicano, del 10 de noviembre de 1999, en las cuales el comité exhorta a nuestro país a emprender una reforma legislativa para introducir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los principios de no discriminación y de interés superior del niño, lo cual nos marca una primera pauta para adicionar el artículo 73, para otorgar al Poder Legislativo federal facultades expresas en la materia.

Así pues, es fundamental que entre las facultades del Congreso de la Unión tengamos la de expedir leyes sobre derechos de la infancia, a fin de dar cabal cumplimiento a las responsabilidades que el gobierno mexicano ha asumido con la comunidad internacional.

Otra razón para adicionar este artículo es de orden interno. Actualmente en México 38 por ciento de la población es menor de 18 años; es decir, son niñas, niños y adolescentes, esto es casi 40 millones de personas. Pese a esta destacada cifra, México se encuentra entre los países del mundo con los más bajos niveles de calidad de vida para la niñez, particularmente en materia de salud, alimentación, educación y maltrato infantil.

Lo anterior, de acuerdo con el estudio Haciendo lo mejor por los niños, realizado hace un par de meses por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual coloca a México como uno de los países peor posicionados en materia de apoyo a la niñez, conclusión a la que se arribó tras el análisis de seis indicadores para la definición de bienestar infantil: bienestar material; vivienda y entorno; bienestar educativo; salud y seguridad; conductas de riesgo; y calidad de vida escolar. En todos ellos México se sitúa entre los lugares 26 y 30 de los países de la OCDE.

¿De qué nos hablan estos datos? Esto nos muestra la gran urgencia de fortalecer el marco jurídico aplicable a las niñas y los niños mexicanos. Es inaplazable la necesidad de que el Congreso cuente con más y mejores herramientas para realizar su labor legislativa de cara a las necesidades de la infancia, siendo la adición al artículo 73 constitucional una condición susceptible de dotarnos de estas herramientas, a fin de que todas las fracciones parlamentarias estemos en posibilidad de sumar esfuerzos para involucrarnos en un permanente monitoreo, evaluación, seguimiento y creación de mejores leyes que protejan a la niñez mexicana.

Los problemas que aquejan a la infancia requieren de soluciones diversas, en las que las leyes juegan un papel muy importante, que debe complementarse con políticas públicas inteligentes y sensibles, que conformen una estructura de protección y garantía de los derechos de la infancia que México ha reconocido y se encuentra obligado a garantizar.

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX, inciso p), al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona la fracción XXIX, inciso p), al artículo 73 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Fracción XXIX.

p) Para expedir leyes en materia de derechos de las niñas y los niños de forma que se garanticen, protejan y salvaguarden estos derechos, contenidos en los tratados de derechos humanos y de la infancia, ratificados por el Estado mexicano.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y segundo ---que me parece bastante importante---. Que las entidades federativas y el Distrito Federal, en sus ámbitos de competencia, deberán adecuar sus constituciones locales, así como su legislación secundaria con el presente decreto en un plazo máximo de seis meses.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, lo que nosotros hagamos hoy por nuestros niños, nuestros niños nos lo darán mañana. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Congreso de la Unión, así como las materias sobre las cuales éste puede expedir leyes. El constituyente y, más tarde --a través de diversas reformas-- el legislador, incluyeron en este artículo diversos temas de interés e importancia generales para las y los mexicanos. Así, encontramos en el citado artículo la facultad para legislar en áreas tan diversas como cultura, deporte, planeación nacional del desarrollo económico y social, regulación de la inversión, extranjera, transferencia de tecnología, turismo, seguridad nacional, protección de datos personales, sociedades cooperativas, por señalar sólo algunas.

Pese al gran abanico de temas en los cuales el Congreso está facultado para dictar leyes, hay un gran tema pendiente y urgente: el de los derechos de la infancia. Incluir este tema en el artículo 73 constitucional tiene una importancia que radica en diversos factores que a continuación expongo:

1. México ha tenido una actuación internacional muy relevante a lo largo de las dos últimas décadas que se refleja en la firma y ratificación de un buen número de instrumentos internacionales de derechos humanos. Adicionalmente, ha acudido y participado en varias conferencias, cumbres y foros internacionales en la materia, y ha aceptado la labor de evaluación y supervisión de diversos comités internacionales de vigilancia de estos derechos y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

En este contexto, los derechos de la infancia han tenido, para el actuar internacional de México, un lugar destacado que conlleva obligaciones claras y precisas de armonizar la legislación interna del país en consonancia con los compromisos internacionales que México ha asumido en esta actitud cada vez más comprometida y participativa en el tema.

Recordemos que la armonización legislativa es el puente que comunica el orden jurídico nacional con el internacional, mediante la reforma, adición, derogación o abrogación de leyes nacionales que sean incompatibles con los tratados ratificados por el Estado mexicano o que no tutelen y garanticen plenamente las disposiciones de éstos, permitiéndose así que el derecho internacional de los derechos humanos sea aplicable para todas las mexicanas y todos los mexicanos.

En este orden de ideas, con respecto a la infancia, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la cual México forma parte desde 1990, y que el próximo 20 de noviembre celebra 20 años de existencia, ha presentado diversas recomendaciones al Estado mexicano, en relación con el lento avance de plena garantía y observancia de los derechos de la infancia contenidos en la convención. Vale la pena retomar las recomendaciones emitidas por el comité con motivo del segundo informe mexicano del 10 de noviembre de 1999, en las cuales el comité exhorta a nuestro país a emprender una reforma legislativa para introducir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los principios de no discriminación y de interés superior del niño, lo cual nos marca una primera pauta para adicionar el artículo 73 para otorgar al Poder Legislativo federal facultades expresas en la materia.

Nuevamente, en junio de 2006, tras analizar el tercer informe del gobierno mexicano, el Comité de los Derechos del Niño señala que no se han abordado suficientemente algunas de las recomendaciones que realizó en 1999, y manifiesta su preocupación de que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del interés superior del niño.

Así pues, es fundamental que entre las facultades del Congreso de la Unión, tengamos la de expedir leyes sobre derechos de la infancia, a fin de dar cabal cumplimiento a las responsabilidades que el gobierno mexicano ha asumido con la comunidad internacional.

2. La segunda razón para adicionar el artículo 73 es de orden interno. Actualmente en México el 38 por ciento de la población es menor de 18 años, es decir, son niñas, niños y adolescentes. Esto es casi 40 millones de personas. Pese a esta destacada cifra, México se encuentra entre los países del mundo con los más bajos niveles de calidad de vida para la niñez, particularmente en materia de salud, alimentación, educación y maltrato infantil. Lo anterior de acuerdo con el estudio Haciendo lo mejor por los niños, realizado hace un par de meses por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el cual coloca a México como uno de los países peor posicionados en materia de apoyo a la niñez, conclusión a la que arribó tras el análisis de seis indicadores para la definición de bienestar infantil: bienestar material; vivienda y entorno; bienestar educativo; salud y seguridad; conductas riesgos; y calidad de vida escolar. En todos ellos México se sitúa entre los lugares 26 y 30 de los países de la OCDE.

Por otra parte, para nadie es secreto que a la niñez mexicana la asolan otros problemas, además de los señalados, tales como la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil, la marginación grave de la niñez indígena, etc. Permítanme detenerme un momento en el tema de la explotación sexual infantil, con unos breves datos que dan cuenta de la magnitud del problema: de acuerdo con la red de organizaciones Trabajando para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, México es el segundo país en el mundo con mayor producción de pornografía infantil y de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. No se conocen cifras exactas, por la naturaleza del delito, pero entre 5 mil y 80 mil menores de edad son explotados sexualmente en diversas ciudades, siendo los sitios turísticos aquellos con mayor incidencia de estas conductas, razón por la cual, tristemente, nuestro país es visto por pederastas de todo el mundo como un paraíso para el turismo sexual con personas menores de edad. Igualmente sigue sucediendo con la trata de infantes, tema en el cual México no ha logrado dejar de ser país de origen, tránsito y destino de personas que son víctimas de la trata, especialmente las mujeres y las y los niños.

¿De qué nos hablan estos datos? Compañeras y compañeros diputados, esto nos evidencia la gran urgencia de fortalecer el marco jurídico aplicable a las niñas y niños mexicanos. Es inaplazable la necesidad de que el Congreso cuente con más y mejores herramientas para realizar su labor legislativa de cara a las necesidades de la infancia, siendo la adición al artículo 73 constitucional una condición susceptible de dotarnos de estas herramientas, a fin de que todas las fracciones parlamentarias estemos en posibilidad de sumar esfuerzos, para involucrarnos en un permanente monitoreo, evaluación, seguimiento y creación de mejores leyes que protejan a la niñez mexicana. Los problemas que aquejan a la infancia requieren de soluciones diversas, donde las leyes juegan un papel de primer orden, que se debe complementar con políticas públicas inteligentes y sensibles, que conformen una estructura de protección y garantía de los derechos de la infancia que México ha reconocido y se encuentra obligado a garantizar.

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Las entidades federativas y el Distrito Federal, en sus ámbitos de competencia, deberán adecuar sus Constituciones locales así como su legislación secundaria en consonancia con el presente decreto, en un plazo máximo de seis meses, a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se acaba de recibir de la Junta de Coordinación Políticala integración complementaria de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de esta LXI Legislatura. En consecuencia solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se autoriza para que la integración complementaria de las comisiones ordinarias se anexe al expediente correspondiente en sus términos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si autoriza que la integración complementaria de las comisiones ordinarias se anexe al expediente correspondiente en sus términos. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se autoriza.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Por tanto, se anexa al expediente correspondiente en sus términos y se ordena su publicación.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se instruye al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados a presentar dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas al Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, y al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada, se modifica el orden del día. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instruye al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que presente dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a los Reglamentos de la Leyes de Petróleos Mexicanos y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 23, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados interpondrá las siguientes controversias constitucionales en contra de

Segundo. Estas controversias constitucionales deberán ser presentadas antes del 16 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara o por la persona en quien el presidente haya delegado esta responsabilidad, en términos del inciso l) del artículo 23 del ordenamiento antes citado.

Tercero. Ambas controversias deberán presentarse con el texto propuesto para este efecto por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez : Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Quiero hacer un breve comentario en relación con esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, para hacer una convocatoria a todos ustedes en relación con este tema, que para mi punto de vista es vital para los intereses de la nación.

Recientemente, como dice el punto de acuerdo, se publicaron dos reglamentos por el Ejecutivo federal, uno que tiene que ver con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y un reglamento más que tiene que ver con la Ley Reglamentaria del organismo público descentralizado Petróleos Mexicanos.

En estos dos reglamentos se insiste en un viejo debate que hemos logrado cancelar, no solamente en la confrontación de las ideas alrededor del tema, sino también en la propuesta legislativa última, que recientemente se anunció como la propuesta común en materia energética.

En esta discusión tan amplia que ustedes advirtieron, rechazamos que en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y en la correspondiente a Pemex, quedaran cuestiones que se están sometiendo cotidianamente a la interpretación del organismo para dar paso a actividades que, en estricta observancia de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución no es posible aceptar.

Rápidamente digo que el tema que nos preocupa de manera sustancial es que en el reglamento se vuelve a crear el concepto de ``industria petrolera estatal'' señalando que contrario sensu pudiera haber otra industria petrolera no estatal.

Pareciera una cuestión menor, pero luego en el articulado que sigue de estos dos reglamentos, se habla de la necesidad de que el organismo trabaje con criterios de competitividad. Y al aludir esta presunción de competitividad, pues prácticamente se está abriendo la puerta para que, en los procesos que le corresponden de manera exclusiva a Petróleos Mexicanos, se pueda entrar con los famosos contratos de riesgo que están expresamente prohibidos por nuestra legislación.

También les quiero decir que otra vez se insiste en los conceptos de ``ventas de primera mano'' para prohibir, para decir que solamente el organismo puede realizar dentro de la protección constitucional las operaciones de venta de primera mano. Quiere decir esto que, una vez pasado este primer ejercicio de venta de hidrocarburos de primera mano, las operaciones subsecuentes podrían ser ocupadas por la actividad privada.

Naturalmente que el asunto se aglutina alrededor de dos cosas: la supuesta creación de una industria petrolera no estatal y la posibilidad de que otra vez entremos a la discusión de los llamados contratos de riesgo.

Hemos hecho un esfuerzo muy rápido, pero de manera muy consistente, para tener listas las dos controversias constitucionales que hacen un recuento de toda la historia ---que por cierto es muy hermosa--- que ha tenido este país para consolidar su industria petrolera como patrimonio de los mexicanos. Lo hemos hecho con el ánimo de que se sumen todas y todos ustedes y podamos presentar unas controversias que cuenten con la simpatía de una mayoría muy importante de diputadas y de diputados de esta legislatura.

Voy a dejar en la Secretaría las dos controversias, señor presidente, con el ruego de que si así lo estima el pleno, se sirva usted presentarlas antes del próximo lunes. El dejarlo en la Secretaría de la Cámara es con la intención de que, quien quiera suscribirlo, está a sus órdenes para poder sumar el mayor número posible de simpatías a este esfuerzo que está haciendo el Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Ha pedido el uso de la palabra el diputado César Francisco Burelo, del PRD, desde la curul. Adelante, señor diputado.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Gracias. Es para solicitarle al diputado César Augusto Santiago, si no tiene inconveniente, que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos sumemos a su punto de acuerdo, al tiempo que queremos también solicitar que se anexe un estudio que fue hecho por el Senado de la Repúblicaen el mismo sentido.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Habría algún impedimento, señor diputado?

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): No, señor presidente. Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ninguno. Manifiesta el señor diputado César Augusto Santiago que acepta la adhesión; por tanto, les pedimos que comparezcan a la Secretaría para suscribir el documento. La diputada Ifigenia Martínez, desde la curul.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul): Simplemente para apoyar la propuesta que acaba de hacer el diputado César Augusto Santiago, por tratarse de un asunto de interés nacional. A nombre de todo el grupo parlamentario nos adherimos a su propuesta. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : De acuerdo, el señor diputado ha manifestado su aceptación. Por tanto, para todas las señoras diputadas y todos los señores diputados que manifiesten esa disposición, está la documentación en la propia Secretaría.

En consecuencia, señoras diputadas y señores diputados, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse... Perdón, diputado Pérez de Alva.

El diputado Blanco Roberto Pérez de Alva (desde la curul): Señor presidente, con el mismo propósito, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza desea adherirse al planteamiento que hace el diputado Santiago.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Cómo no, está la documentación en la Secretaría.

Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo, en votación económica.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Señor presidente, unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado. Comuníquese y procédase al análisis correspondiente para interponer los recursos correspondientes.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz (desde la curul): Presidente, una observación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Para qué objeto diputado?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz (desde la curul): Faltó solicitar la votación en la abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pediríamos a la Secretaría que si hubo esa omisión, pueda concluirse solicitando a los que no estén de acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Con mucho gusto, señor presidente.

Se solicita a las diputadas y los diputados que se manifiesten por la abstención, favor de levantar la mano.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Por tanto, aprobada. Comuníquese y hágase el análisis correspondiente.

Se retira del orden del día la proposición número uno, que iba a ser propuesta por el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2010 se consideren mayores recursos para elConsejo Nacional de Fomento Educativo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos incrementen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos presupuestales al Consejo Nacional de Fomento Educativo, a efecto que esta dependencia pague un salario digno, hospedaje y alimentación a los instructores comunitarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el México actual, una de las mayores deudas pendientes de ser subsanada es la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas de acceder a la educación, en particular para la población de las localidades de alto y muy alto rezago social o en municipios con un bajo índice de desarrollo humano. En el discurso, la Secretaría de Educación Pública federal pregona y publicita la instrumentación de programas dirigidos a atender a las niñas y los niños en edad escolar que habitan en las zonas del país con esas características.

Sin embargo, dichos programas resultan aberrantes por decir lo menos. Y con justa razón, compañeras diputadas y diputados, se preguntarán en donde está lo aberrante. El asunto es que en los presupuestos asignados a dichos programas, las autoridades educativas no incluyen recursos pertinentes y necesarios para la efectiva prestación del servicio educativo.

Este es el caso del modelo comunitario de educación inicial y básica para población mestiza, operado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), cuyas autoridades no cubren el pago de hospedaje y alimentación de los instructores comunitarios. ¿Y saben quién debe cubrir el costo de ambas cosas? Lo deben cubrir los habitantes de las comunidades con mayor rezago económico del país, donde se presta ese servicio educativo.

Dicho de otro modo, más claro, para que se entienda, la población más marginada y en condiciones de alto rezago social y económico tiene que sufragar parte de los gastos educativos que por ley debe cubrir el Estado, por ser el principal responsable de otorgar y garantizar el derecho a la educación consagrado en el artículo tercero constitucional.

Pero las aberraciones no terminan ahí. Las consecuencias de que los habitantes de esas comunidades no puedan pagar la alimentación y el hospedaje de los instructores comunitarios conlleva simplemente a que el Conafe no preste el servicio, o bien, lo cancele. Esta no es una suposición, ni mucho menos una conclusión personal.

No sé si en un acto de honestidad o disculpen de cinismo, el Conafe reconoce lo anterior en la Cuenta Pública de 2008, donde argumentó que no pudo cumplir la meta de instalar más de 30 mil servicios educativos debido --y cito textual-- a ``la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades, situaciones que impiden la instalación y continuidad del servicio educativo''. Al respecto ustedes pueden consultar el documento de la Cuenta Pública 2008, denominado ``Análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño''.

Más aún, en este documento el Conafe admite, y nuevamente cito textual: ``es de resaltar que las localidades en las cuales se instala el servicio educativo del Conafe, difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, toda vez que únicamente cuentan con lo mínimo indispensable para sus propias familias''.

Y para rematar, el Conafe reconoce que ``en las localidades prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo''.

Pero lo que no dice el Conafe es otra situación de miles de instructores comunitarios, que también debe ser atendida, como es el hecho que estos maestros rurales del siglo XXI tienen que caminar hasta cuatro horas para llegar a las comunidades a prestar sus servicios.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se incrementen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo pague un salario digno, hospedaje y alimentación a los instructores comunitarios, toda vez que los habitantes de las comunidades donde prestan el servicio educativo carecen de recursos para sufragar los gastos de esos trabajadores de la educación, lo que conlleva a la no instalación o cancelación de la prestación de educación a niños y niñas en edad escolar.

Segundo. Los recursos que sean incrementados al Consejo Nacional de Fomento Educativo para los efectos solicitados en el anterior artículo deberán ser etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidada que establezca un procedimiento de prelación para la contratación de los trabajadores que prestan servicios en Luz y Fuerza del Centro.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a establecer un procedimiento de prelación para contratar a los trabajadores que prestaban servicios en Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del PVEM

Pablo Escudero Morales , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Algunos de los motivos señalados por el presidente de la república, para realizar esta acción son los siguientes:

El Grupo Parlamentario del Partido Verde apoya la decisión del Ejecutivo federal, puesto que las cifras indican que la operación de Luz y Fuerza del Centro ya no resultan convenientes para la economía nacional ni para el interés público, particularmente en esta época de crisis, en la que es imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público.

Adicionalmente, de continuar el ritmo actual de operaciones de Luz y Fuerza del Centro, en el año 2017 se tendrían 37 mil 934 jubilados, con crecimiento anual de 6.45 por ciento y el gasto total por pasivos laborales sería de 26mil 165 millones de pesos, con crecimiento anual de 11.49 por ciento.

Cabe mencionar que en la LIX Legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido Verde presentó la iniciativa por la que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Nuestra fracción parlamentaria continúa apoyando esta importante medida, siempre y cuando se respeten plenamente los derechos de los trabajadores al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, por medio de la disposición expresa de las indemnizaciones correspondientes, tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en el contrato colectivo de trabajo y en los derechos adquiridos de los trabajadores.

Adicionalmente, es fundamental que el gobierno federal procure la recontratación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, particularmente del equipo técnico altamente calificado.

En este sentido, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha declarado que la Comisión Federal de Electricidad definirá si los integra a su plantilla laboral o se genera una compañía paraestatal nueva bajo otras condiciones de trabajo.

El secretario también estimó que de los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) recontratará a 10 mil. En todo caso, se debe respetar el derecho de preferencia de estos trabajadores, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, pero sin afectar el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado CFE con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca un procedimiento de prelación para la contratación de trabajadores que prestaban servicios en Luz y Fuerza del Centro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Trabajo y Previsión Social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jorge Hernández Hernándezproposición con punto de acuerdo para que del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos para la construcción, ampliación y equipo necesario para el mantenimiento integral del Sistema de Redes Sanitarias y para la distribución de agua potable en Ecatepec de Morelos, estado de México, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados a la construcción, a la ampliación y al equipo necesario para el mantenimiento integral del sistema de redes sanitarias y la distribución de agua potable en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Ecatepec de Morelos Jorge Hernández Hernández , José Luis Soto Oseguera , Josué Cirino Valdez Huezo, Noé Martín Vázquez Pérez y José Alfredo Torres Huitrón ocurren a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren 2 mil millones de pesos dirigidos a la construcción, ampliación y equipo necesario para el mantenimiento integral del sistema de redes sanitarias y a la construcción, ampliación y equipo necesario para la distribución del agua potable en Ecatepec de Morelos, México:

Hechos

En el presente siglo, la humanidad enfrenta diversos retos en materia ambiental y social. El agua potable se está convirtiendo en muchas regiones del mundo y del país en un factor limitante para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo industrial, el mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad, y la estabilidad social y la política.

Gran cantidad de comunidades urbanas y rurales de los Estados Unidos Mexicanos enfrenta esta problemática, lo que pone en estado crítico la situación social y política, pues estos servicios públicos son insuficientes y se tiene una infraestructura de redes sanitarias que fueron construidas para el estiaje y abastecimiento del vital líquido, pero que han sido rebasadas por las necesidades actuales.

Ecatepec de Morelos no es la excepción. La población se encuentra en una gran necesidad de estos servicios públicos; sufre las carencias del suministro de agua potable. Ello cobra especial importancia en la zona metropolitana del valle de México, que concentra en su territorio más de 1 millón 734 mil 701 habitantes, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población. ⁱ

Los habitantes de Ecatepec de Morelos han sido afectados en los últimos tres años por el desabasto de agua, producto de poco más de 30 años de desarrollo urbano acelerado. Se registran problemas relacionados con el suministro de agua, los cuales en el último año han aumentado como se expone a continuación:

El Universal, 27 de marzo 2006: ``Deja corte de energía a 500 mil sin agua en Ecatepec''. El Universal, 10 de diciembre 2006: ``Ecatepec denuncia recorte en abasto de agua potable''. Diario de México, 8 de enero 2007: ``Empezó SAPASE demanda contra la CAEM''. El Universal, 16 enero 2007: ``Un millón, sin agua por fuga en el Cutzamala''. El Universal, 26 de abril 2007: ``Una fuga en el Cutzamala deja a 400 000 sin agua''. La Jornada, 28 de enero 2008: ``Se agrava la escasez de agua en colonias serranas de Ecatepec''. El Sol de México, 19 de marzo 2009: ``No pusieron el agua a tiempo''. Éstos son algunos de los reportajes que estuvieron a vista de todos sin que se tomasen medidas urgentes sobre algo que en tiempos ya cercanos podría convertirse en un estallido social en el municipio. ⁱⁱ

Organismos encargados del suministro de agua potable en el municipioⁱⁱⁱ Fuentes de abastecimiento de agua potable de Ecatepec Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por el SAPASE, 2007a; y la Conagua, 2005. Solicitudes y quejas recibidas vía telefónica marzo 2007- marzo 2008 Fuente: Elaboración propia, con base en datos del SAPASE, 2008c. Dotación promedio por habitante al día en Ecatepec Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Conapo, 2005; y del SAPASE, 2007c.

Las temporadas de lluvias también afectan a los habitantes de Ecatepec de Morelos. Las inundaciones llegan hasta 1.5 metros de altura. En periodos recientes, la falta de capacidad del drenaje hidráulico afectó a 7 mil 115 habitantes, y en 2 mil 215 kilómetros cuadrados provocó inundaciones la precipitación pluvial extraordinaria. Ocurrió lo siguiente:

El 7 de septiembre de este año se afectaron las colonias Ciudad Cuauhtémoc, Xalostoc, San Cristóbal, San Agustín, El Cegor y Ciudad Azteca Primera, Segunda y Tercera Secciones, por lo que personal del Sistema de Agua Potable, de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec monitorearon 18 puntos de riesgo de inundación detectados en todo el territorio municipal, de acuerdo con el atlas de contingencia de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

El Universal publicó el sábado 12 de septiembre de 2009 que las lluvias registradas la noche previa en el valle de México afectaron al menos 400 viviendas en diversas colonias de Ecatepec, principalmente en la zona de Xalostoc. En colonias como Viveros Xalostoc, Ciudad Azteca, San Agustín, Emiliano Zapata y Olímpica 68, el agua alcanzó en algunos lugares hasta medio metro de altura.

El 2 de julio de este año, una tromba registrada en la tarde provocó inundaciones en gran parte del municipio más poblado del país, lo que generó problemas en las principales vialidades.

El agua del cerro bajó con fuerza y arrastró árboles a su paso. Fueron afectadas San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla y Caracoles, entre otras colonias.

Protección Civil municipal señaló que en la Vía Morelos, el nivel del agua alcanzó entre 40 y 50 centímetros de altura, por lo que muchos vehículos quedaron varados.

De igual manera, se registran problemas en el puente El Gallito, la entrada de la zona de San Andrés de la Cañada, pues el agua se concentró en esa área, y año con año ocurre lo mismo en este lugar.

Las autoridades locales reportaron que a la altura de la clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en la Vía Morelos, se presentaron anegaciones porque por ese punto baja el agua proveniente de la Sierra de Guadalupe.

En materia de infraestructura de drenaje, hay insuficiencia en las redes de alcantarillado sanitario y no se tienen sistemas eficientes de tratamiento de aguas negras, lo que provoca filtración de aguas residuales por las grietas.

Todo lo anterior refleja la necesidad de implantar acciones de mantenimiento y conservación de redes sanitarias, drenaje profundo, cárcamos y equipo de succión (vactor), así como la construcción de drenaje profundo, cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales y la adquisición de mayor equipo para contingencias ambientales como vactor, malacates, pipas y equipo de transporte.

Para la distribución del agua potable en Ecatepec de Morelos es menester el mantenimiento de las redes hidráulicas, pozos profundos, sistema Cutzamala y ramal Los Reyes-Ecatepec, así como la construcción de más pozos profundos y tanques de agua de almacenamiento en la Sierra de Guadalupe. Ello debe realizarse mediante estudios de diagnóstico científico que permitan el desarrollo tecnológico encaminado hacia una actitud de prevención, planeación y manejo autosuficiente, que consiste en la búsqueda de acciones correctivas en relación con el estudio de las causas del impacto ambiental.

Por lo expuesto, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, relativo a Ecatepec de Morelos, México:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren 2 mil millones de pesos dirigidos a la construcción, ampliación y equipo necesario en el mantenimiento integral del sistema de redes sanitarias y a la construcción, ampliación y equipo necesario para la distribución de agua potable en Ecatepec de Morelos, México.

Notas: i Argelia Tiburcio Sánchez, Análisis integral en el abastecimiento de agua potable en el municipio de Ecatepec, tesis. ii Ibídem, página 3. iii Ibídem, página 75.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 no se disminuyan ni afecten los recursos para las obras importantes delDistrito Federal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 no se disminuyan ni afecten los recursos para las obras importantes del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

Araceli Vázquez Camacho, Agustín Guerrero Castillo , Vidal Llerenas Morales , Rigoberto Salgado Vázquez , Laura Piña Olmedo , Leticia Quezada Contreras , Avelino Méndez Rangel y Claudia Anaya Mota , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno propuesta con punto de acuerdo sobre la disminución y afectación presupuestal para el ejercicio fiscal 2010 al Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Con las estadísticas más recientes, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que en México se rebasa ya los 106.7 millones de habitantes, de los cuales el 50.8 por ciento son mujeres y 49.2 por ciento son hombres, ocupando así el lugar número 11 mundial y tercero del continente americano. En 2008 sólo 8 entidades concentran a la mitad de la población con las siguientes cifras destacando, Estado de México con 14,6 millones y el Distrito Federal con 8.8 millones.

Segundo. Dicho fenómeno poblacional representa para el Distrito Federal una concentración de habitantes a considerar, lo que hace una de las metrópolis más densamente pobladas del orbe. Así, en términos fiscales, el reparto de recursos se da en proporción directa del número de habitantes por entidad federativa.

Tercero. Por esa razón, no podemos soslayar los múltiples problemas que aquejan a la ciudad y donde el transporte y la seguridad pública, entre otros, constituyen una sentida demanda de los habitantes de esta capital.

Cuarto. El Sistema de Nacional de Coordinación Fiscal establece 3 vías para la transferencia de recursos federales a las entidades federativas a través de participaciones, aportaciones y convenios de descentralización y reasignación de recursos.

Quinto. En 1990, cuando se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, se introdujo una fórmula de reparto variable demográfica en donde el resultado fue una distribución inequitativa beneficiando a entidades con alto crecimiento demográfico. Esta situación fiscal-financiera representa un atentado contra el Distrito Federal, si consideramos también que esta entidad depende del gobierno federal, situación que se agrava aún más cuando la capital empieza a ser gobernada a partir de 1997 por el Partido de la Revolución Democrática.

Sexto. El Distrito Federal ha sido y sigue siendo afectado directamente de muchas otras formas, pareciera que la concepción de las formulas fiscales para el reparto de los recursos federal obedece más a criterios políticos que criterios equitativos y de igualdad; el retiro de subsidios por más de 50 mil millones de pesos actuales al transporte público; la no entrega de las reservas para el pago de pensiones; las dificultades para el acceso a fondos de aportaciones a los que tiene derecho y todo tipo de acciones, incluyendo la más reciente del gobierno federal por reducirle 430 millones de lo aprobado para la Línea 12 del Metro, son una muestra de falta de voluntad política del gobierno federal para hacer crecer al Distrito Federal.

Séptimo. Una de las afectaciones más sentidas hacia los ciudadanos será a la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal si consideramos que este proyecto se ha visto perjudicado con un atraso importante debido a las constantes reducciones de presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido de manera unilateral. Es importante señalar que este tipo de decisiones estaría afectando directamente a la demanda estimada de usuarios del servicio, que podría superar los 367 mil pasajeros diarios en día laborable.

Octavo. En el año de 1969 se puso en marcha la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal. A partir de esa fecha, el Metro de la Ciudad de México ha atendido una importante demanda de usuarios, que lo coloca como uno de los primeros del mundo en cuanto a número de pasajeros. El Gobierno del Distrito Federal inició desde el año 2008 la construcción de la Línea 12, la cual requerirá una cuantiosa inversión de los gobiernos federal y del Distrito Federal.

Noveno. Durante los últimos 10 años, el crecimiento de la red de estaciones del metro fue escaso, por lo que el parque vehicular se vino incrementando de manera considerable. Por otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro cubre principalmente la zona centro de la Ciudad de México, y ha tenido un crecimiento marginal hacia otras zonas de la entidad federativa.

Décimo. En la LX legislatura, producto del diálogo, voluntad política y decisión de los grupos parlamentarios y no de un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aprobó un presupuesto para el proyecto de la Línea 12 del Metro, era una inversión aproximada de siete mil millones de pesos para el 2009, donde alrededor de cuatro mil millones son inversión local del Distrito Federal y los otros 3 mil millones son producto de la Cámara de Diputados.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita y exhorta con carácter de urgente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de esta soberanía a que, en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, no se disminuyan los recursos para las obras importantes de la Ciudad de México, destacando principalmente la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y se respete la cantidad de 430 millones de pesos que forma parte de los 3 mil millones de pesos del convenio establecido en esta Cámara para fortalecimiento del proyecto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMITE DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité de Fomento a la Competitividad de México.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea el Comité de Fomento a la Competitividad de México, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Alberto Emiliano Cinta Martínez , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación del Comité de Fomento a la Competitividad de México con base en los siguientes

Considerandos

En México persisten importantes obstáculos que limitan la competitividad y el crecimiento de los diferentes sectores productivos.

Desde el punto de vista doctrinal,* la competitividad se mide mediante una serie de criterios para elegir los países, las ciudades y las localidades que determinan qué lugar es más competitivo, los cuales, al menos, consideran cuatro rubros:

Específicamente, los factores que influyen en la competitividad son muchos y de muy diversa naturaleza, pero muchos de ellos tienen en común la posibilidad de ser abordados por el Congreso a través de acciones legislativas que favorezcan la actividad económica y promuevan el crecimiento del empleo y, en algunos de esos casos, la solución legislativa es una condición necesaria.

En el ámbito internacional, las instituciones nacionales e internacionales coinciden en la importancia que para México debe tener el elevar su competitividad; por ejemplo, el Banco Mundial dio a conocer, el 9 de septiembre de 2009, la encuesta de capacidades a nivel mundial para hacer negocios Doing business 2010 , en la que México avanzó 5 posiciones dentro del ranking internacional, ocupando el lugar 51 de un total de 183 países.

Entre los resultados en competitividad nacional, se destacan los siguientes:

En este orden de ideas, en principio se reconoce la importancia de contar con una adecuada política fiscal y económica como el elemento central para impulsar la competitividad y el crecimiento de una economía.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (en lo sucesivo el Imco) elaboró un índice de competitividad internacional 2009, el cual centra su objetivo en medir la capacidad de un país para atraer y retener inversiones y talento.

Según este índice entre de los años 2004 a 2007 nuestro país perdió 2 posiciones en competitividad internacional, al pasar del lugar 30 al lugar 32 a causa principalmente del retroceso del 12 por ciento en la estabilidad y confiabilidad de nuestro sistema político, así como a un menor dinamismo que experimentaron los sectores económicos más importantes del país.

Según este índice, del análisis de los cambios en las variables de los subíndices se explica el deterioro de México en los últimos 3 años, por la caída prácticamente en todas las variables de competitividad, entre éstas, el costo de las llamadas telefónicas, el número de aeropuertos funcionales, el número de vuelos internacionales y las toneladas de carga movilizadas en los puertos.

De igual manera, el índice de competitividad internacional 2009 señala como debilidades de la competitividad en México las siguientes:

Además de esto, el país cuenta con pocas empresas limpias, tiene emisiones de dióxido de carbono importantes (en relación con su producción), y además ha incrementado el número de tragedias ecológicas por causa humana (explosiones de gasoductos y fugas de gas ).

Como puede observarse, especialistas e investigadores parecen coincidir con los analistas del sector privado que han señalado algunas medidas que podrían emprenderse para incrementar la competitividad del país.

En ese mismo sentido, el estudio del Imco promueve, como parte del índice de competitividad internacional 2009, algunas mejoras para mejorar la competitividad de nuestro país al tenor de lo siguiente:

Entre otros de los indicadores reconocidos a nivel mundial para medir los avances de la competitividad nacional se encuentra el generado por el Foro Económico Mundial denominado ``Reporte global de competitividad'', el cual en su edición 2009-2010 destacó que

Un tercer estudio el anuario de competitividad mundial 2009 del IMD (por sus siglas International Institute for Management Development), en el cual relaciona la competitividad con la habilidad de un país para generar las condiciones que brinde mayor prosperidad para su gente y valor para sus empresas, indica que México mejoró cuatro posiciones respecto a 2008, esto es, se sitúa en el lugar 46 por arriba de países como Rusia, Italia, Colombia, Grecia y Argentina, entre otros.

En contraste con la realidad nacional, el estudio Doing business en 12 estados y ciudades de México'' del Centro de Estudios Económicos sobre el Sector Privado (2005) reveló la existencia de múltiples similitudes entre las problemáticas entorno a la competitividad internacional y las detectadas para el desarrollo de la competitividad en las entidades federativas y municipios.

Por lo expuesto es que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México reconocen que México necesita que todos los actores políticos y sectores productivos redoblen esfuerzos a favor de una mayor competitividad; y, en tal virtud, proponemos que se analice la competitividad sistémica de México a fin de eliminar los conflictos que se suscitan por la divergencia de criterios en las políticas de fomento a la competitividad.

En ese orden de ideas, es necesario retomar los mecanismos que ayuden a encaminar la competitividad en los tres niveles de gobierno, en lo político en lo económico, en la política fiscal, la política del gasto y la renovación de la legislación vigente a fin de eliminar las trabas regulatorias que afectan la competitividad y se contribuya con ello a resolver los problemas de financiamiento de los estados y municipios y de la economía en general.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación del Comité de Fomento a la Competitividad de México.

Segundo. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México se integre por diputadas y por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México tendrá por objeto analizar, discutir y proponer las reformas que coadyuven a disminuir los altos costos de operación y regulación de las empresas; fomentar un ambiente de negocios más favorable; elevar la atracción y la retención de las inversiones; impulsar una más eficiente coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno; ser un vínculo con las secretarías de Estado en lo referente a la competitividad; y realizar todas las acciones que permitan involucrar a los sectores público y privado con el impulso a la competitividad.

Cuarto. Que los acuerdos que surjan de este comité, como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con objeto de dar continuidad a los trabajos en materia de competitividad en la LXI Legislatura, ceñirán la agenda legislativa para fomentar la competitividad.

Quinto. Que todos los integrantes del Comité de Fomento a la Competitividad de México coadyuvarán en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación del marco normativo que de cumplimiento a los fines establecidos en su objeto.

Sexto. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México podrá solicitar la información que considere pertinente y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Séptimo. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2012.

Nota: * A nivel nacional elaboran indicadores de competitividad el CIDE que utiliza 4 componentes; el Instituto Mexicano de la Competitividad, 10 componentes; y la Consultaría A-regional, 6 componentes; mientras que El Banco Mundial ocupa en la encuesta Doing business 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren mayores recursos para los programas con impacto en la producción rural.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para los programas con efecto en la producción rural, a cargo del diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. En la crisis social actual, el problema alimentario es central. Los factores externos han tenido una influencia determinante, en virtud a que el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a poner en marcha una política para la soberanía y seguridad alimentaria.

2. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 el Ejecutivo federal ha enviado a esta Cámara una propuesta donde plantea reducciones drásticas en los programas de mayor impacto en la producción rural, comparada con 2009.

Los ejemplos más importantes son

En virtud a que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable es el instrumento que puede tener efectos inmediatos en la dinamización de las actividades productivas del campo, resulta insoslayable que esta Cámara aumente de manera sustantiva las partidas presupuestales asignadas a los programas de impacto directo en la producción rural, en particular en las ramas de alimentos básicos y estratégicos.

Con fundamento en los elementos mencionados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar cuando menos el 10 por ciento en términos reales, en la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente a este Pleno, las asignaciones a los programas con impacto en la producción rural que se encuentran comprendidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren los recursos económicos incautados al crimen organizado y se asignen para fortalecer las políticas públicas de atención a la juventud y a la creación de nuevos programas para alejarlos de la criminalidad.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren los recursos económicos incautados al crimen organizado y se asignen para fortalecer las políticas públicas de atención a la juventud y crear programas que la alejen de la delincuencia, a cargo del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ilich Augusto Lozano Herrera, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Para los jóvenes, incorporarse al crimen organizado es fácil. Toma tres meses pasar de vendedor ambulante a asesino a sueldo. Según la Secretaría de Seguridad Pública federal, la edad promedio en que los jóvenes se vuelven sicarios es de 24 años.

El reclutamiento de adolescentes por bandas de narcotraficantes es un fenómeno que se inició en 2000. Cada vez que se captura una banda de traficantes, es común encontrar hasta cuatro menores de edad.

En México, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años son pobres; y casi 60 por ciento de los menores de 15 años viven en las mismas condiciones.

De la población juvenil, 22 por ciento no estudia ni trabaja. De los que sí lo hacen, 58 por ciento no tiene contrato laboral, principalmente mujeres.

De los jóvenes, 63.7 por ciento fuma. La edad de inicio en el consumo de drogas se sitúa entre los 14 y 24 años. Más de 70 por ciento de los jóvenes son adictos al alcohol u otras drogas, y el suicidio juvenil es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad.

Estas cifras son el resultado de políticas y programas insuficientes que no proporcionan a los jóvenes los satisfactores necesarios: educativos, laborales, de vivienda y espacios alternativos de recreación.

A la falta de empleo se suma que los jóvenes carecen de efectivos espacios y programas de desahogo creativo. Se requiere impulsar la creación de nuevos programas preventivos que vayan más allá de las simples campañas contra la drogadicción, que poco funcionan.

No sólo con balas y policías se combate el crimen organizado. En paralelo a la lucha contra la delincuencia organizada, el gobierno federal debe cortar también el flujo de recursos humanos jóvenes que nutre a las redes criminales. Sólo así se limitarán el poder y el alcance de esos grupos.

Un avance sería fortalecer el presupuesto para jóvenes en la protección social, cobertura y diversificación de otros satisfactores básicos que hoy no tienen para protegerlos de los efectos sociales de la inseguridad y evitar que se integren a la delincuencia.

Sin embargo, para atender las cifras de la problemática juvenil, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para este sector es insuficiente. Así, de los 3 mil 224 millones 652 pesos proyectados para juventud y deporte, sólo 218 millones 844 mil pesos son para las políticas de juventud, cuya población será en 2012 de 36 millones de individuos; mientras que al deporte se asignan 2 mil 977 millones 173 mil pesos. En total, el presupuesto para juventud y deporte representa sólo 10.1 por ciento de los 31 mil 802.8 millones de seguridad pública.

En los últimos seis meses, la guerra contra el narcotráfico multiplicó el número de bienes en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Sólo teniendo en cuenta el dinero incautado en el primer semestre de 2009, los montos crecieron 50 por ciento (52.5 millones de dólares, unos 700 millones de pesos, contra los 22.6 millones de dólares en igual periodo de 2008).

Este dinero confiscado al crimen es distribuido en partes iguales entre el sector salud y el judicial, y los organismos de la policía. En 2008, el monto dividido entre los tres sectores fue de 60 millones de pesos. Para 2009, el fondo aumentó considerablemente.

Compañeras y compañeros diputados: creemos que el dinero arrebatado a las redes criminales debe tener como fin no sólo la compra de más balas o el pago de más policías; creemos que también debe ser dirigido al fortalecimiento y a la creación de programas de atención a la juventud, pues los jóvenes son las principales víctimas de las drogas y del crimen organizado.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el análisis del Presupuesto de 2010 los recursos económicos incautados al crimen organizado, y se asignen para fortalecer las políticas públicas de atención a la juventud y a la creación de programas para alejarla de la criminalidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE CHIAPAS - TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que revise las tarifas eléctricas del país y otorgue tarifas preferenciales al estado de Chiapas. Suscrito por los diputados de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las tarifas eléctricas y a otorgar preferenciales a Chiapas, a cargo del diputado Sergio Lobato García , del Grupo Parlamentario del PRI y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

El que suscribe, Sergio Lobato García , diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 2009 de la Sedesol, en Chiapas existen 46 municipios (de 118) catalogados como de muy alta marginación, estando entre ellos el de Sitalá, que ocupa el lugar número dos de todos los municipios del país con este criterio. Además, esta misma dependencia afirma que en Chiapas se encuentran los 28 municipios más pobres del país.

Estos datos reflejan una gran incongruencia e inequidad imperantes en el país, toda vez que nuestro estado ha contribuido de forma significativa en el desarrollo nacional. Sin embargo, estas aportaciones en el marco del pacto federal, han sido regateadas por la misma Federación y han menospreciado la importancia y significación de las mismas.

México tiene todavía una deuda histórica con la entidad más mexicana desde 1824. Los programas sociales y las inversiones destinadas a combatir la pobreza, la marginación, el analfabetismo y otros problemas sociales, no son suficientes ante el rezago de muchos años en que se encuentra inmerso el estado de Chiapas.

Y a pesar de esta situación, la Federación ha castigado a la región con costos muy altos, en comparación con otras entidades del país, respecto de insumos como la energía eléctrica y combustibles. Esto ha dado paso a una de las injusticias más grandes que orillan a Chiapas a mantenerse en niveles de pobreza y bienestar muy por debajo del resto del país.

Chiapas es el productor número uno de energía hidroeléctrica del país, ya que cuenta con las cuatro presas más grandes; según datos de la Secretaría de Energía, el estado de Chiapas produce un total de 18,386 GWh (Giga Wattios-hora), lo que la ubica como el segundo productor nacional de energía eléctrica.

Pese a estas cifras, la red de electrificación en esta entidad es una de las más rezagadas, ya que más del 30 por ciento de las comunidades consideradas de muy alta marginación no cuentan con electrificación. Según datos del Inegi 2005, Chiapas tiene una cobertura de electrificación urbana del 94 por ciento mientras que estados como Veracruz y Baja California oscilan en el 98 por ciento.

Aún con estas cifras, la población del estado de Chiapas paga 13 por ciento más en comparación con las tarifas que existen en otras regiones, como las del centro y norte. Estas altas tarifas de la energía eléctrica, inciden de forma notoria y negativa en el desarrollo del estado, inhiben la producción y la inversión, además de que disminuyen el bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

En las distintas clasificaciones de tarifas eléctricas dentro del país, el cual resulta harto complejo, desde hace 25 años aproximadamente el gobierno federal otorgó subsidios y costos especiales a la ciudad de Mexicali, Baja California y otras zonas geográficas del país, lo cual vulnera el principio de equidad, toda vez que las condiciones climatológicas, geográficas, económicas y sociales de estas regiones, resultan mucho más favorables y por consiguiente, desiguales, con los factores que imperan en el estado de Chiapas.

Derivado de lo anterior, diversas ciudades de los demás estados de la República con condiciones similares o de extremo calor y frío exigieron la reclasificación de tarifas eléctricas.

En el año del 2002 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, propuso la modificación del precio de la electricidad y creó la tarifa domestica de alto consumo, como resultado de estas modificaciones y, en virtud de la gran afectación económica que representó para la población asentada en regiones de alta temperatura en verano, se expidió otro decreto el 8 de abril de 2002 para crear una nueva tarifa, la 1F; desafortunadamente, ésta no tuvo efecto positivo en las regiones con altos niveles de humedad y de temperatura.

El 26 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a ajustar, modificar y reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica por las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación nacional, lo que ocasionó un incremento del 8 por ciento en el costo de la energía eléctrica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió un acuerdo el día 7 de enero de 2008 en el que se estableció que se aplicaría un descuento del 5 por ciento a los consumos básicos de energía de media tensión, y una disminución del 30 por ciento en los consumos adicionales de electricidad en la tarifa de hora punta de alta tensión. Este acuerdo se emitió con el fin de instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, así como igualar los cargos tarifarios en todo el Sistema Interconectado Nacional para las tarifas industriales de alta tensión, y aplicar además una reducción general del 5 por ciento en todos los cargos del sector comercial y a los usuarios industriales de media tensión.

Aunque resulta loable la intervención de la Federación a favor de la industria y de los altos consumidores de energía, con la finalidad de incentivar la producción y la generación de empleos, la Federación se ha olvidado de los pobres más pobres del país y que lamentablemente habitan las zonas más paupérrimas del estado de Chiapas. Derivados de la injusta e inequitativa clasificación de las tarifas, en diversas comunidades indígenas de esta entidad, han preferido dejar de pagar la energía eléctrica y destinar ese recurso a satisfacer otras necesidades como la alimentación y la salud.

Por estas razones, el asunto de las tarifas eléctricas reviste la mayor importancia, no solamente porque la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios, sino también es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida. Baste recordar que, junto con el consumo de combustibles, el pago de energía eléctrica representa hasta el 10 por ciento del gasto de los hogares mexicanos.

Es así que el comportamiento de los precios de la electricidad tiene necesariamente un impacto en la vida social y en la actividad económica, por lo que debemos estar muy atentos a que su comportamiento no incida negativamente en el comportamiento general de los precios.

Derivado de lo anterior, con fecha 23 de septiembre de 2009, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, número 2851-II, proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado Salvador Manzur Díaz , en el cual solicita la reclasificación de las tarifas eléctricas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en Veracruz. Ahí mismo, presenta un exhaustivo diagnostico en este rubro.

A este justo reclamo del diputado Manzur, los diputados federales del estado de Chiapas nos sumamos, porque conocemos y padecemos de esta problemática que nos lacera y además, nos discrimina en un país donde se suponen que todos somos mexicanos.

Sin embargo, solicitamos a nuestros compañeros diputados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y otras entidades que presenten esta problemática, para que se haga un frente único para alcanzar beneficios y tarifas preferenciales en cuanto al consumo de energía, en todas la regiones afectadas, principalmente en los pueblos y comunidades indígenas del estado de Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía el apoyo a la siguiente preposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revisen y actualicen integralmente las tarifas eléctricas del país y se otorguen tarifas eléctricas preferenciales al estado de Chiapas en su calidad de productor de energía eléctrica, previendo subsidios que atenúen su impacto en la economía familiar y con ello se impulse el desarrollo económico y social de la región.

Segundo. En términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea considerada la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Energía.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Emilio Serrano Jiménez : Con su permiso, diputado presidente. Quiero llamar a la conciencia de mis compañeras diputadas, de mis compañeros diputados, principalmente del Partido Revolucionario Institucional. Voy a intentar convencer, creo que no es difícil, a los diputados y a las diputadas del PRI, para que apoyen este punto de acuerdo. A los diputados y diputadas de Acción Nacional, ojalá y les deje la duda.

Este punto de acuerdo está respaldado con firmas de diputados y diputadas del PRD, del PT, de Convergencia y de Nueva Alianza. Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles y les sugiero, les pregunto a los diputados y a las diputadas del PAN, diputada Vázquez Mota, ustedes que tienen acceso a Felipe Calderón, si les hace caso, díganle que reflexione en lo que está haciendo.

En este momento el gobierno federal tiene una guerra contra el narcotráfico, que no ha ganado, y todavía así le pone leña a la hoguera. No se trata del SME. No se trata de Luz y Fuerza. Se trata de una agresión a los trabajadores. Se trata de una agresión a la Cámara de Diputados. Se trata de una agresión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La semana pasada aquí se aprobó un punto de acuerdo solicitándole al Ejecutivo federal la toma de nota del sindicato y en respuesta vino una agresión con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.

Ahora es esa compañía, ¿mañana qué va a ser? ¿Cuál otro sindicato va a desaparecer? ¿Cuál otra institución va a desaparecer? ¿Va a pedir que desaparezca la Cámara de Diputados porque sale cara, porque no resuelve?

Éste es un golpe de Estado, compañeras y compañeros. Corre el riesgo Felipe Calderón de ser dictador. Compañeras y compañeros, reflexionemos. Vamos a poner un alto. Hago entrega de este punto de acuerdo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Leticia Quezada Contreras , Emilio Serrano Jiménez , Mary Telma Guajardo Villarreal , Araceli Vázquez Camacho y Alejandro Encinas Rodríguez , diputados federales por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 27, párrafo sexto, que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público; que la presentación del servicio público de energía eléctrica, uno de los más importantes instrumentos con que cuenta el país para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social que se ha trazado, es considerada por el Estado mexicano una de las actividades estratégicas que deben mantenerse bajo el dominio de la nación.

2. Que, en el mismo sentido, mediante decreto publicado el 9 de febrero de 1994, se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, para que la empresa constituida preste el servicio público de energía eléctrica, que estaba a cargo de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA; Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, SA; Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA; Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, SA; y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA, conforme a lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo de 1985.

3. Que en dicho decreto de creación se establece en el artículo 9 que las relaciones laborales entre la empresa creada y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, Apartado A, constitucional. En el mismo sentido, es aplicable el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que son motivos de la terminación colectiva de la relación de trabajo. Sirve de apoyo citar el artículo 434, del que podemos distinguir que no existe un motivo debidamente fundado para dar por terminada la relación de trabajo:

Del análisis exegético del texto referido, únicamente podrían ser aplicables las fracciones II y V. Sin embargo, no son similares siquiera al caso que nos ocupa, debido a que Luz y Fuerza del Centro no sólo se dedicaba a la explotación, sino que tenía entre sus funciones la distribución y la comercialización del servicio eléctrico.

Ahora bien, suponiendo sin conceder, debido a que también existe la ineficacia jurídica del decreto mencionado, porque liquida a los trabajadores sin la fundamentación debida en el cuerpo del decreto, siendo de explorado derecho que las autoridades deben fundar y motivar adecuadamente todos los actos de gobierno que emitan para que sean válidos y observables. Así pues, si hubiere sido aplicable la fracción II, el procedimiento a seguir por el sindicato y la autoridad es el juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica. Sin embargo, dejaron en estado de indefensión a los trabajadores debido a que no había titularidad del sindicato, reconocida mediante toma de nota correspondiente.

A los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fueron flagrantemente violados los derechos laborales, debido a que el Sindicato Mexicano de Electricistas no obtuvo por el Ejecutivo federal la denominada ``toma de nota'' y, en consecuencia, no tiene personalidad jurídica para responder judicialmente y hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Se violan las disposiciones de los artículos 123, Apartado A, fracción XX, constitucional y 901 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen:

4. La toma de sus instalaciones, bienes y recursos materiales para la operación deviene ilegal y arbitraria, debido a que desposee a los trabajadores de su materia de trabajo, pues es sabido que en caso de liquidación de la empresa, ellos son acreedores preferentes; sin embargo, no pueden en forma colectiva tener esta representación jurídica y son condenados --sin juicio alguno-- a aceptar una liquidación que en muchos de los casos no corresponde a la riqueza que generaron durante años de trabajo.

5. Este acto de gobierno atenta contra la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, que protege y defiende a los trabajadores en razón de que reconoce que éstos no se encuentran en una situación de igualdad respecto al patrón, en este caso el Estado.

6. Estamos ante el paradigma de nuestros tiempos, el actual sistema económico ha sido incapaz de administrar sus bienes y dar servicios de calidad y eficientes. Este hecho no es atribuible a quien genera la riqueza mediante su fuerza de trabajo; es atribuible a estos nueve años de mal gobierno, que han incrementado la ineficacia de la administración pública, que no ha podido ser capaz de crear fuentes de trabajo ni de hacer un modelo económico eficiente que permita el equilibrio entre trabajadores y patrones, ya que éste se crea mediante los acuerdos de trabajo.

7. La centenaria empresa Luz y Fuerza del Centro se extingue hoy con un argumento falaz, en el que se miente a la sociedad. En esta región metropolitana se concentra 25 por ciento del PIB gracias a la existencia de Luz y Fuerza, que generó la infraestructura necesaria para el crecimiento. Sin embargo, a la empresa se tacha de ineficiente y poco productiva.

8. Este gobierno desconoce que las causas de la pobreza no se resuelven con el paliativo de dar más recursos para apoyar en forma asistencial a los más pobres, sino en generar condiciones para que más personas no caigan en la pobreza extrema.

Por lo expuesto y fundado, sometemos ante el pleno de la Cámara de Diputados, por considerarse de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a derogar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Se exhorta a devolver las instalaciones, maquinaria y bienes para la operación a Luz y Fuerza del Centro.

Tercero. Se exhorta a iniciar mesas de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y con las dependencias involucradas para que se mejoren las condiciones de prestación del servicio en que se ha desempeñado la empresa.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a respetar el derecho de expresión y manifestación y demás derechos humanos de los trabajadores del SME y a evitar en todo momento el uso de la fuerza.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los ciudadanos Agustín Guillermo Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público; Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, para que expliquen, funden y motiven las razones por las que el Ejecutivo federal decidió extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, así como la ocupación de sus instalaciones.

Sexto. Se acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que proceda a realizar una auditoría integral a Luz y Fuerza del Centro correspondiente a los últimos tres años de ejercicio.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. En virtud de que fue presentado este punto de acuerdo para que fuera turnado a la asamblea para ver si era considerado de urgente resolución, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Primero tenemos que preguntar si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia, al no considerarse de urgente resolución,se turna a la Junta de Coordinación Política.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore un proyecto de controversia constitucional contra el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, presidente, pero antes de que comience a correr el tiempo, me gustaría pedir también, como es un asunto de urgente u obvia resolución ---así lo consideramos---, que se tome votación nominal.

Voy a presentar por escrito la solicitud de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

También solicito que se inscriban oradores en pro y en contra de esta proposición con punto de acuerdo, antes de que se someta a votación nominal si es o no un tema de urgente u obvia resolución.

Agradezco, señor presidente, y con la venia de las compañeras diputadas y de los compañeros diputados, le estamos solicitando la formulación, la presentación de una controversia constitucional contra el decreto que extingue al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Lo estimamos así porque consideramos que hay violaciones evidentes a la Constitución, y a la legalidad, principalmente, en tanto que el decreto del Ejecutivo que dio origen a Luz y Fuerza del Centro en 1994 tuvo como fundamento el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Este artículo transitorio delegó en el Ejecutivo la creación del organismo descentralizado. Luego entonces fue el Congreso de la Unión el que determinó la creación del organismo.

El artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece en su último párrafo que se seguirá el mismo procedimiento para la creación, que para la extinción de los organismos descentralizados.

El Ejecutivo dice seguir el mismo procedimiento, pero no lo sigue porque no toma en cuenta la aprobación previa que dio el Congreso de la Unión en 1989, al reformar el artículo cuarto transitorio. Aquí creemos que hay una violación evidente a la ley. Se trata de la energía eléctrica, de un área estratégica del Estado, y por tanto, compete a este Congreso de la Unión determinar cuándo crea un organismo descentralizado en la materia o cuando lo extingue.

Otro motivo evidente de inconstitucionalidad es la violación al artículo 434, fracción II, y a todo el capítulo de los conflictos colectivos en materia económica que establece la Ley Federal del Trabajo.

La Ley Federal del Trabajo deja muy claro que para terminar las relaciones colectivas de trabajo es imprescindible seguir un procedimiento. Este procedimiento debe seguirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En la especie, el Ejecutivo determina extinguir relaciones laborales, dar por terminadas estas relaciones laborales, extinguiendo el organismo descentralizado sin que se plantee ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ningún conflicto colectivo de naturaleza económica en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

Por eso estimamos que se están violando principios de legalidad, garantía de audiencia; se ha dejado en indefensión al sindicato, al SME, y además, se está violando la Constitución, porque corresponde la intervención del Congreso de la Unión en la extinción del organismo descentralizado.

El Congreso de la Unión no puede ser ajeno constitucionalmente a la extinción de este organismo descentralizado por tratarse de una materia estratégica del Estado. No es competencia del Ejecutivo la extinción del organismo descentralizado. Muchas gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore un proyecto de controversia constitucional contra el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, publicado en el DOF el 11 de octubre de 2009, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Laura Itzel Castillo Juárez , Ifigenia Martha Martínez y Hernández , Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Jaime Fernando Cárdenas Gracia , José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , Mario Alberto di Constanzo Armenta, Pedro Vázquez González , Juan Enrique Ibarra Pedroza , Herón Escobar García, Óscar González Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia resolución, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore proyecto de controversia constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que: ``La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de Estado''.

De acuerdo con la norma constitucional transcrita, es el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad para distribuir los negocios del orden administrativo de la federación y, el Ejecutivo federal, según esa disposición, sólo tiene competencias para intervenir en la operación de las entidades paraestatales, pero no para determinar su creación o su extinción. En contra de lo anterior, el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, dice en su artículo 3 que la Secretaría de Energía establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

No puede dejar de advertirse que el Ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo lo que determina el artículo 49 de la Constitución cuando alude a las facultades extraordinarias derivadas de la suspensión de garantías individuales según lo prevé el artículo 29 de la ley fundamental, así como el caso del segundo párrafo del artículo 131 de la Carta Magna.

Por otra parte, el artículo 93 de la Constitución determina que los secretarios del despacho, están obligados a rendir cuentas sobre el estado que guarden sus respectivos ramos. También establece esa norma, que las Cámaras pueden convocar a los secretarios de Estado y a los administradores de las entidades paraestatales para que informen sobre la situación de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. Igualmente, las Cámaras pueden integrar comisiones de investigación sobre el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Lo anterior quiere decir, que el Congreso de la Unión tiene facultades de control, vigilancia y fiscalización sobre el Ejecutivo, que no pueden ser soslayadas.

La doctrina jurídica de nuestro país es unánime respecto a que la creación de organismos descentralizados por decreto del Ejecutivo es inconstitucional, sobre todo, cuando a través de esos decretos se les otorga personalidad jurídica propia, patrimonio y competencia, pues para ello es necesario una ley en sentido formal y material, esto es, emanada del Congreso de la Unión. Así lo sostuvo el maestro Acosta Romero en su obra Teoría General del Derecho Administrativo, ¹ y lo aduce Fauzi Hamdan Amad en su ``Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales'', ² entre otros autores.

Un decreto de creación o extinción de un organismo descentralizado, desde la teoría general del derecho, constituye una norma particular y abstracta. Particular porque se refiere a una persona moral, el organismo descentralizado a crear o extinguir, y es abstracta porque dichos decretos contemplan normas que regulan diferentes supuestos o clases de acciones, tal como lo ha enseñado Norberto Bobbio. ³ Lo anterior, quiere decir que la extinción de un organismo descentralizado no entraña un acto de pura aplicación de normas generales y abstractas previas, sino que implica tanto actos de aplicación como de creación o generación de supuestos normativos. Por esa razón, solamente a través de la ley en un sentido formal y material se puede extinguir un organismo descentralizado y no a través de un acto administrativo.

El artículo 89, fracción I, de la Constitución, estatuye como facultad del presidente: ``Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.'' Es decir, se trata de una competencia de ejecución y de cumplimiento de lo establecido en las leyes, sin que pueda sustituir las funciones constitucionales del legislador.

El artículo 73, fracción XXIX-E, de la Constitución señala que el Congreso tiene facultad: ``Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios''. El servicio público de electricidad, es un servicio social, nacionalmente necesario, que tiene que ver con el abasto de ese recurso, porque de acuerdo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público y, en esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y, la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

A partir de lo contemplado en el artículo 73, fracción XXIX-E, de la Constitución, queda claro que las facultades para normar, regular y legislar la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de su necesidad y su carácter social, son del Congreso de la Unión y no del Ejecutivo. Éste al aprobar y promulgar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está normando acciones de orden económico que tienen que ver con un servicio público, social y nacionalmente necesario, como es el de energía eléctrica en el centro del país. No se puede argüir, que el decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el se establece, tiene vinculación con un organismo descentralizado, pero también con derechos colectivos e individuales de trabajadores y de acreedores y, lo más importante, con el servicio público de energía eléctrica y con los derechos de la nación y sus integrantes, que son los propietarios de la energía eléctrica y los consumidores de ésta. Por tanto, la atribución para normar o regular, en cualquier sentido, incluyendo las bases de creación y extinción de las paraestatales que se ocupan del servicio de energía eléctrica, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

La fracción X del artículo 73 de la Constitución, en el mismo sentido que la fracción XXIX-E del mismo artículo, concede facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica. La determinación de extinguir un organismo descentralizado cuyo fin y objeto es generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público, tiene que corresponder al Congreso de la Unión y no al Ejecutivo, pues toda la regulación de la materia eléctrica es del Legislativo, y, además, no se trata de una materia cualquiera, sino de una que la Constitución considera estratégica y exclusiva del Estado, y que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de la necesidad y el carácter social de esa fuente de energía.

En efecto, el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución considera que la generación de energía eléctrica no constituye monopolio, que se trata de una actividad estratégica y, por tanto, exclusiva del Estado. Y, como señala el párrafo décimo primero de esa disposición constitucional: ``La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto en la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante la ley''. Es decir, todo lo vinculado a regímenes de servicio público, exclusivamente puede estar normado en la Constitución y en la ley, y no en decretos del Ejecutivo sin intervención del Poder Legislativo.

Adicionalmente, el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es contrario a la Constitución al normar derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En materia de trabajo, la competencia es del Congreso de la Unión como lo establece el segundo párrafo del artículo 123 de la ley fundamental. El decreto mencionado, regula en su artículo 4 párrafo segundo, que las indemnizaciones serán pagadas en el menor tiempo posible. En donde, además de no establecer ningún principio de certeza para el pago de las indemnizaciones, norma derechos y obligaciones laborales, sin tener competencia alguna para ello.

El pretendido fundamento legal del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, contemplado en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que dice: ``En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación'', no puede interpretarse y aplicarse como lo hace el titular del Ejecutivo, pues aunque Luz y Fuerza del Centro haya sido indebidamente y anticonstitucionalmente creada con un decreto del Ejecutivo, eso no faculta al Ejecutivo vigente a extinguir el organismo con el mismo procedimiento, puesto que la propia Ley de las Entidades Paraestatales contempla las dos formas de creación y extinción: la ley y el decreto, lo que significa que en los organismos descentralizados fundamentales, los que tienen que ver con áreas estratégicas, según lo prevé el artículo 14 de esa ley en su fracción I, no cabe el decreto. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, sólo los organismos subsidiarios y filiales pueden ser materia de decreto en su creación o extinción, pero no el propio organismo descentralizado que sólo puede crearse o extinguirse por ley, según se desprende del párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley de las Entidades Paraestatales. En este caso, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que realiza actividades estratégicas y exclusivas del Estado sólo puede extinguirse a través de la ley.

Que de acuerdo con el artículo 23, párrafo 1, inciso I), el presidente de la Mesa Directiva tiene como atribución la representación legal de la Cámara y la facultad de delegarla en las personas que resulte necesario.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore proyecto de Controversia Constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación

Artículo Único. Se determina que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore proyecto de controversia constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Acosta Romero, Miguel. Teoría general del derecho administrativo, México, Editorial Porrúa, 1983, páginas 216-217. 2 Fauzi Hamdan, Amad. ``Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales'', Revista de Investigaciones Jurídicas, número 10, México, Escuela Libre de Derecho, 1986, páginas 189-190. 3 Bobbio, Norberto. Teoría general del derecho, Madrid, Editorial Debate, 1993, páginas 141-473.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Una vez que ha terminado la intervención del diputado Cárdenas Gracia y en los términos de los artículos 122 y 123, así como la solicitud en los términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por diversos diputados, proceda la Secretaría a levantar la votación de manera nominal, a efecto de que se implemente el mecanismo y podamos recibir la votación de las señoras diputadas y los señores diputados.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal sobre si se considera de urgente resolución la proposición presentada por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, por 10 minutos.

El Secretario Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para recoger la votación nominal, si se considera de urgente resolución.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Si algún legislador tiene dificultades para emitir su voto, le pediríamos fuera tan amable de avisar a los técnicos...

Nuevamente, ¿falta alguna señora legisladora o algún señor legislador por emitir su voto?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría, para dar por concluida la votación.

Le pido a la Secretaría concluya el proceso de votación y nos dé los resultados. Si algún diputado o diputada tiene todavía algún problema para votar, por favor, levante la mano para mandarle un micrófono y que lo haga de viva voz.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que fueron emitidos 445 votos: 34 votos en pro, 356 en contra y 56 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Por consiguiente, no se considera de urgente resolución.Se turna a la Junta de Coordinación Política.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Benjamín Clariond Reyes Retana, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicode esta soberanía a que en el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010 no se apruebe el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios de 3 puntos porcentuales a la cerveza, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana : Con su permiso, señor presidente. A nombre de los diputados federales de los estados de Coahuila, Chihuahua, Jalisco,Estado de México, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXI Legislatura, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicode esta honorable Cámara de Diputados a no aprobar en su dictamen sobre los impuestos especiales el incremento del 3 por ciento a la cerveza, con base en las siguientes consideraciones:

Como es sabido, la industria cervecera es la base de una gran cadena productiva que inicia con el empleo en el campo, incentiva a industrias tan importantes como la del vidrio, la del empaque, la del transporte, la publicitaria, el deporte y pequeños comercios, negocios y espectáculos; impulsa el crecimiento en regiones de difícil desarrollo, y es un pilar en la creación de varios cientos de miles de negocios, muchos de los cuales se encuentran en regiones donde es difícil crear actividades productivas que propicien el desarrollo social y de las familias.

Esta industria mexicana ocupa el segundo lugar mundial en exportaciones, el quinto lugar en producción y su cadena productiva representa 1.6 del PIB nacional. Su contribución refleja el 3.8 por ciento de la recaudación total, excluyendo los petróleos.

Actualmente cuenta con más de 800 mil empleos, entre directos e indirectos; es una industria que genera exportaciones por más de mil 800 millones de dólares al año, con presencia en más de 150 países.

Esta industria mantiene inversiones anuales en México de más de 500 millones de dólares, entre expansiones de plantas y nuevos negocios. En los municipios de Nava, Coahuila, y Meoqui, Chihuahua, se están construyendo dos nuevas plantas cerveceras cuya inversión asciende a mil 200 millones de dólares.

Esta industria cervecera privilegia a la agricultura en los ciclos de temporal y riego, adquiriendo ciento por ciento de la producción nacional maltera en 10 estados de la República, generando sólo ahí 92 mil empleos agrícolas, con lo que es el principal ingreso para el sustento de estas regiones campesinas.

A lo largo de los años, el IEPS a la cerveza se ha vuelto permanente. En 1986, a raíz de los sismos la tasa se incrementó de 21.5 a 25 por ciento. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se acordó reducir la tasa de IEPS en 1.5 puntos porcentuales anuales hasta 19 por ciento en 1997. Éstos son sólo unos ejemplos de la tasa actual del IEPS-cerveza; es resultado de coyunturas económicas y no de análisis y de evaluación de su impacto en la industria.

Así, el impuesto especial a la cerveza en México, hoy de 25 por ciento, es superior a la tasa equivalente al de varios paí-ses desarrollados, por ejemplo España, 6.2; Alemania, 6.6; China, 8 por ciento, o Francia, 8.8 por ciento.

Se considera que la carga fiscal actual de la cerveza es ya bastante elevada pues se da sobre un IEPS actual de 25 por ciento más el IVA de 15 por ciento, lo que resulta una carga de 43.75 por ciento. De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, la nueva carga fiscal llegaría a niveles cercanos a 50 por ciento, esto es, la mitad del precio de la cerveza.

Así, si al IEPS actual de 25 se le añade ahora la contribución de 2 por ciento al consumo, los más de 3 puntos del IEPS adicional ---ambos sumarían casi 6 por ciento---, más la inflación de 5 por ciento ---como espera la mayoría de los analistas---, significaría que habría un impacto de 11 por ciento.

Lamentablemente esta propuesta se inscribe dentro una concepción global del Ejecutivo federal de atender sólo a sus necesidades de recursos, lo cual no es recomendable en una época de recesión, pues sólo genera mayor inflación, desempleo; todo lo contrario a una política de generación de empleos con base al crecimiento.

Consideramos que un incremento de esta naturaleza, más allá de generar más recursos a la federación, provocaría un incremento directo a los precios, lo que impactaría negativamente en la demanda y la producción; y repercutiría, se insiste, en la pérdida de empleos que es lo que menos queremos los diputados priistas, en un entorno económico de por sí difícil para las familias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pediríamos concluir, diputado.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana : Por eso sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y dictamen del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2010 no apruebe el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 3 puntos porcentuales a la cerveza. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a no aprobar en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación de 2010 el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios de 3 puntos porcentuales a la cerveza, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales por Coahuila, Chihuahua, Jalisco, estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados a no aprobar, en su dictamen sobre los impuestos especiales, el incremento de 3 por ciento a la cerveza con base en las siguientes

Consideraciones

Como es bien sabido, la industria cervecera es la base de una gran cadena productiva que inicia con el empleo en el campo; incentiva industrias tan importantes como la de vidrio, empaques, transporte, publicitaria, deportes y pequeños comercios, negocios, espectáculos; impulsa el crecimiento en regiones de difícil desarrollo; y es un pilar en la creación de varios cientos de miles de negocios, muchos de los cuales se encuentran en regiones donde es difícil crear actividades productivas que propicien el desarrollo social y de las familias..

La industria cervecera nacional ocupa el segundo lugar mundial en exportaciones, el quinto lugar en producción y su cadena productiva representa 1.6 del producto interno bruto nacional y su contribución al fisco refleja 3.8 por ciento de la recaudación total, excluyendo petrolíferos. Relevante es su generación de empleo que tanto importa para el desarrollo de nuestro país. Actualmente cuenta con más de 800 mil empleos, entre directos e indirectos; es una industria que genera exportaciones por más de mil 800 millones de dólares al año, con presencia en más de 150 países.

Esta industria mantiene inversiones anuales en México de más de 500 millones de dólares, entre expansiones de plantas y nuevos negocios. Tan sólo en los municipios de Nava, Coahuila y Meoqui, Chihuahua se están construyendo 2 nuevas plantas cerveceras cuya inversión asciende a mil 200 millones de dólares. Éstas generarán empleos directos e indirectos de calidad, además de que mantendrán el impulso a las industrias regionales del vidrio, los empaques y el transporte, entre otras muchas, incluso que parecen ajenas, como son las vinculadas con la prestación de servicios que se ven impactadas directamente por esta industria cervecera. Son inversiones y compromiso de trabajo con México que merecen incentivos más que cargas tributarias excesivas.

Parte fundamental de su importancia para los mexicanos es que atiende a unos de los sectores prioritarios para el Estado mexicano que es el campo. Esta industria cervecera tiene un eficiente esquema de promoción de la siembra de la cebada maltera que a través de la agricultura por contrato privilegia a la agricultura en los ciclos de temporal y riego, adquiriendo 100 por ciento de la producción nacional en 10 estados de la república, generando sólo ahí 92 mil empleos agrícolas, siendo el principal ingreso para el sustento de estas regiones campesinas.

Desafortunadamente, a lo largo de los años, incrementos inicialmente temporales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la cerveza se han vuelto permanentes. Sucedió así, por ejemplo, en 1986, cuando a raíz de los sismos del año previo la tasa ad valórem, se incrementó de 21.5 a 25 por ciento. Posteriormente, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eliminó el arancel a la importación de cerveza a partir de 1994, como parte del acuerdo con la industria cervecera, se acordó reducir la tasa de IEPS en 1.5 puntos porcentuales anuales hasta llegar a 19 por ciento en 1997. En todos estos casos, la industria cervecera se ha solidarizado con el Estado mexicano, evitando en la medida de lo posible, absorbiendo la carga impositiva sin reflejarlo en el precio final.

Sin embargo, por la caída de los ingresos públicos en 1998, el IEPS-cerveza retomó el nivel previo al TLCAN de 25 por ciento, aumento que por error de cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue de 3 puntos mayor a lo necesario, según la exposición de motivos. Si bien la SHCP propuso al Congreso en 1999 una reducción del IEPS al 22 por ciento, ésta fue rechazada por la necesidad de recursos que en esos momentos se tenía.

Estos son sólo unos ejemplos de que la tasa actual del IEPS-cerveza es resultado de coyunturas económicas y no de análisis y de evaluación de su impacto en la industria, más allá del efecto meramente recaudatorio.

Es de hacer notar que en el entorno mundial, México es uno de los países que más gravan a la cerveza a nivel internacional según el global status report Alcohol policy, de la Organización Mundial de la Salud (2004).

Así, el impuesto especial a la cerveza en México hoy día --25 por ciento-- es superior en tasa equivalente al de varios países desarrollados y en desarrollo, como España, 6.2 por ciento; Alemania, 6.6 por ciento; China, 8.0 por ciento; Francia, 8.8 por ciento; Italia 11.0 por ciento; Chile, 15.0 por ciento; y Holanda, 20 por ciento, entre otros; y superior también al promedio mundial que es de 23.6 por ciento a la tasa promedio en América de 18.3 por ciento y a la tasa promedio en Europa de 17.7 por ciento. En Estados Unidos de América y en Guatemala es 11 y 6 por ciento respectivamente.

La proporcionalidad fiscal se encuentra ausente en la propuesta del paquete económico, ya que el incremento propuesto significa un 12 por ciento, más los 2 puntos del nuevo impuesto contra la pobreza, significaría un incremento de 22 por ciento. Es además inequitativa porque reflejaría un incremento en la recaudación de 18 por ciento comparado con el presupuesto 2009, mientras que el impuesto sobre la renta (ISR) apenas crecería 4.2 por ciento y el impuesto al valor agregado (IVA) incluso decrecería 11.5 por ciento, entre otros.

Es importante señalar que incluso algunos de los productos, bienes y servicios gravados por el impuesto especial sobre producción y servicios decrecerían en caso de quedar la propuesta como fue presentada, ya que es claro que el impuesto se reflejará en el precio final al consumidor, con lo cual la demanda decrecerá y con ellos la producción con sus efectos directos en el empleo directo en toda la cadena productiva.

Se considera que la carga fiscal actual de la cerveza es ya bastante elevada pues se da sobre un IEPS actual de 25 por ciento más el IVA de 15 por ciento, lo que resulta una carga de 43.75 por ciento. De de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, la nueva carga fiscal llegaría a niveles cercanos al 50 por ciento, esto es, la mitad del precio de una cerveza serían impuestos.

Lamentablemente, esta propuesta se inscribe dentro de una concepción global del Ejecutivo federal de atender sólo a sus necesidades de recursos a través de la simplista política de incremento en diversas tasas de impuestos, lo cual no es recomendable en una época de recesión pues sólo genera mayor inflación, desempleo, exactamente todo lo contrario a una política de generación de empleo con base en el crecimiento.

En este sentido basta sólo mencionar lo recientemente mencionado por los premios Nobel de economía que estuvieron en México en días pasados, Edmund Phelps, Nobel de 2006; Eric Maskin, Nobel de 2007; y Robert Engle, Nobel de 2003; que nos dan muestras de lo equivocado de las propuestas del Ejecutivo, quienes señalan como premisas básicas en su exposición lo siguiente:

El caso de la cerveza no es la excepción, ya que esta propuesta del Ejecutivo es perjudicial para los consumidores ya que, de ser aprobada, al IEPS actual de 25 por ciento habría que añadirle ahora la contribución de 2 por ciento al consumo, más los 3 puntos del IEPS adicional. Ambos aspectos suman casi 6 por ciento, lo que aunado a una inflación de 5 por ciento, como espera la mayoría de los analistas, significaría que, en caso de darse un incremento similar en los precios de la industria, habría un impacto de 11 por ciento para el consumidor.

De acuerdo al análisis que hemos realizado y opiniones como las anteriores, consideramos que un incremento de esta naturaleza más allá de generar más recursos a la federación, podría provocar incremento directo a los precios, lo que impactaría negativamente en la producción y repercutiría, se insiste, en la pérdida de empleos, que es lo que menos queremos los diputados priistas en un entorno económico de por sí difícil para las familias.

Nos preocupa, porque en las diferentes regiones del país, donde la industria localiza sus principales plantas, en el futuro inmediato no sólo se mantengan sino se creen más empleos y que estos sean permanentes, con prestaciones adecuadas, incluso más allá de la ley, posibilidades de capacitación y de bienestar en general, al contar con ingresos decorosos.

Por todo lo anterior expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el análisis, discusión y dictamen del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2010 no apruebe el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios de 3 puntos porcentuales a la cerveza.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dígame usted. diputado Pérez Magaña.

El diputado Eviel Pérez Magaña (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solicitarle al diputado Clariond si permite adherirme a este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Preguntamos al señor diputado Benjamín Clariond Reyes Retanasi acepta la adhesión que propone el señor diputado.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Por supuesto que sí, señor presidente. Agradezco al diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Manifiesta el señor diputado que al diputado le agradece, y a todos aquellos que quisieran participar con gusto los acepta. Diputado Isaías González Cuevas.

El diputado Isaías González Cuevas (desde la curul): Al diputado que hizo uso de la palabra, si me permite adherirme a su proposición en este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ha manifestado su aceptación para todas las señoras diputadas y señores diputados. Está en la Secretaría. Diputado Enrique.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): En el mismo sentido, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En los mismos términos. Muy bien.

ESTADO DE GUANAJUATO - TELEFONIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Juan Huerta Montero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice un estudio integral para que sea proporcionado el servicio de telefonía en diversos municipios del estado de Guanajuato.

El diputado Juan Huerta Montero : Con su permiso, señor presidente.

La telefonía constituye un pilar importante para el progreso económico-social de las diferentes regiones del país. Cabe señalar que la telefonía permite la interacción entre las personas, el acercamiento entre comunidades, la realización de trámites de diferente índole, como es el caso de los servicios de salud; educación; mercantiles, financieros, entre otros. La comunicación telefónica beneficia de manera directa a las comunidades, generando condiciones de desarrollo.

Los servicios de telefonía en el estado han aumentado y esto lo podemos constatar con las siguientes cifras: la densidad telefónica móvil del estado de Guanajuato en 2007 fue de 44.8 líneas móviles por cada 100 habitantes, y para el siguiente año se registró un total de 48 líneas, teniendo una tasa de crecimiento de 7.2 por ciento.

Por su parte, la densidad telefónica del estado de Guanajuato en 2007 fue de 15.5 líneas por cada 100 habitantes, y para 2008 éstas fueron de 16.2 líneas, teniendo una tasa de crecimiento anual de 4.3 por ciento.

El estado de Guanajuato se ubica en la región 6 para celular y 7 para PCS. Cabe señalar que en el estado son varios los concesionarios que proporcionan el servicio de telefonía móvil y principalmente una empresa de telefonía fija.

Actualmente, el estado cuenta con 441 poblaciones con servicios de telefonía local, así como 5 millones 527 mil 874 líneas en servicio, y se tienen 26 áreas de servicio local. Sin embargo, hoy en Guanajuato hay comunidades de 11 municipios del norte y noreste del estado, que hasta la fecha no cuentan con los servicios de telefonía fija ni móvil, las cuales en suma cuentan con una población de 388 mil 186 habitantes.

Por este motivo, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que realice un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en las comunidades que integran los municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria; Atarjea y Xichú, en el estado de Guanajuato.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en un lapso de 45 días entregue a esta soberanía los resultados del estudio para dar cobertura telefónica a las comunidades en referencia. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la SCT un estudio integral para que se proporcione el servicio de telefonía en diversos municipios de Guanajuato, a cargo del diputado Juan Huerta Montero , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Huerta Montero , diputado federal a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, Guanajuato, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La telefonía constituye un pilar importante para el progreso económico y social del país. Permite la interacción entre las personas, el acercamiento entre comunidades y la realización de trámites de diferente índole, como los servicios de salud, educación, mercantiles y financieros. La comunicación telefónica beneficia de manera directa las comunidades, generando condiciones de desarrollo.

Los servicios de telefonía en el estado han aumentado. Lo constatamos con las siguientes cifras:

Guanajuato se sitúa en la región 6 para celular y 7 para PCS. ¹ En el estado, varios concesionarios proporcionan el servicio de telefonía móvil, y principalmente una empresa de telefonía fija.

Actualmente, el estado cuenta con 441 poblaciones con servicio de telefonía local, así como 5 millones 527 mil 874 líneas en servicio, y se tienen 26 áreas de servicio local. ²

Sin embargo, comunidades que integran los municipios del norte y noreste del estado a la fecha no cuentan con los servicios de telefonía fija ni móvil. Los municipios son Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, los cuales en suma cuentan con una población de 388 mil 186 habitantes, ³ por lo que esta situación tiene molesta a los habitantes de las comunidades afectadas, carentes del servicio telefónico, cuando la comunicación es primordial para realizar un sinfín de actividades.

De acuerdo con el censo de 2000, Guanajuato tuvo una población migrante que ascendió a 163 mil 338 habitantes, que se fueron de la entidad para vivir en Estados Unidos, ⁴ muchos de los que tienen familia o amigos en las comunidades de los municipios que aún no cuentan con el servicio de telefonía. Ante esta realidad, es urgente que se establezcan condiciones que permitan la comunicación en estas regiones del estado.

Con anterioridad solicité a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la delegación de Guanajuato, que se proporcionara el servicio telefónico a las localidades de San Diego de la Unión. Sin embargo, no ha habido respuesta favorable hasta el momento por la dependencia reguladora del sector.

Sin duda, la política en telecomunicaciones en México ha sido ampliar la cobertura de los servicios de telefonía, tanto fija como móvil. Pese a esto, no ha sido el caso concreto de las diferentes localidades de los municipios mencionados, ya que a la fecha carecen del servicio.

La propuesta es viable porque generaría un efecto multiplicador, al proporcionar una derrama económica para las localidades que no cuentan con el servicio, fomentaría la actividad productiva y se proporcionarían más empleos para los municipios que solicitan el servicio.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, Guanajuato.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un lapso de 45 días, los resultados del estudio para dar cobertura telefónica a las comunidades en referencia.

Notas: 1 Personal communications service. 2 Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones. 3 Perspectiva del estado de Guanajuato, junio de 2008, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 4 Cuéntame, información por entidad, Guanajuato, Inegi.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

El diputado Juan de Jesús Pascualli Gómez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputado. Sí, diputado.

El diputado Juan de Jesús Pascualli Gómez (desde la curul): Quiero pedirle al diputado Juan Huerta, si me puedo adherir a su propuesta de la telefonía.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Nos había manifestado que estaba él de acuerdo en aceptar las adhesiones de los señores diputados, así que puede usted pasar a la Secretaría a suscribir el documento, diputado.

El diputado Juan de Jesús Pascualli Gómez (desde la curul): Gracias.

Señoras y señores diputados. La Mesa Directiva recibió como proposición de la Junta de Coordinación Política que en punto de las 3 de la tarde, los martes, pudiéramos entrar a la agenda política.

Acordamos en la Mesa Directiva hoy que a las 3 de la tarde, tal como era la propuesta de la Junta de Coordinación Política, entráramos a la agenda política y siguiéramos con los temas que tienen algún tiempo esperando ser abordados en esta tribuna.

BORDO PONIENTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Por tanto, pasamos al punto de agenda política y el primer punto a desahogar es comentarios sobre el Bordo Poniente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Carabias, hasta por 10 minutos.

El diputado Alejandro Carabias Icaza : Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en días recientes hemos sido testigos de acontecimientos que una vez más nos deben de llevar a reflexionar sobre la manera en la que estamos manejando nuestros residuos: la basura.

Me refiero a las largas filas de camiones recolectores de basura esperando entrar al Bordo Poniente para vaciar su contenido. Me refiero también a la inusual acumulación de basura en las calles de distintas colonias del Distrito Federal que se convirtieron en tiraderos a cielo abierto, constituyendo verdaderos focos de infección para la salud pública.

Como es del conocimiento general, tras varios días de inundaciones el relleno sanitario del Bordo Poniente dejó de recibir numerosos camiones recolectores con miles de toneladas de basura. Esta situación es sin duda una llamada de atención, una señal de alerta de lo que se le viene al Distrito Federal y a muchas otras ciudades del país. Es sin duda una bomba de tiempo que no podemos ignorar.

El problema del Bordo Poniente, así como el del Bordo Xochiaca y de innumerables sitios de disposición final de residuos en todo el país, no es nuevo. En consecuencia, lo ocurrido en el Bordo Poniente no debería sorprendernos. Hemos desatendido el manejo integral de la basura por largo tiempo y actualmente estamos enfrentando las consecuencias.

En un país cada vez más consumista el problema de la basura es un problema social, de salud y de medio ambiente, que para resolverse necesita necesariamente de cooperación y participación solidaria; pero sobre todo ---queremos hacer énfasis--- necesita de corresponsabilidad.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde quiere ser enfático. La descalificación y el conflicto entre distintos órdenes de gobierno no resuelve el problema de la basura.

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Cámara de Diputados, hace un atento llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que generemos un clima de colaboración y corresponsabilidad, para buscar soluciones inmediatas.

El Verde, se pronuncia a favor de inversiones que valoricen los residuos para poder darles un aprovechamiento y se reduzcan los volúmenes que se entierran en los rellenos sanitarios y que ocupan grandes extensiones de tierra.

Estamos a favor de inversiones para aprovechar el biogás como energético, para producir composta, así como a favor de la implementación de infinidad de opciones tecnológicas para dar un aprovechamiento integral a la basura.

Urgen en este país inversiones que además de proteger el ambiente y promover un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, generen empleo y crecimiento económico.

El Verde ha estado a la altura del reto y ha asumido la responsabilidad histórica que le corresponde al impulsar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es ya una realidad desde hace algunos años. Es una aportación importante del Partido Verde a este país; sin embargo, esta ley, como todo instrumento, si no se aplica, no funciona.

Es lamentable que a la fecha, autoridades de los distintos órdenes de gobierno sigan siendo omisas en las disposiciones de esta ley y sigan buscando pretextos para no actuar de acuerdo con sus competencias y responsabilidades en materia de residuos.

Todos tenemos que colaborar. Hay que empezar de manera personal cambiando nuestros hábitos de consumo y la manera como manejamos la basura desde el hogar. Asumamos todos la responsabilidad que nos corresponde.

En este tema no hay lugar para lucha de poderes, no hay lugar para demoras. De otra forma el problema de la basura seguirá avanzando y las consecuencias para la salud pública y la calidad de vida en nuestras ciudades serán muy graves. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Avelino Méndez Rangel : Con su permiso, señor presidente.

En primer lugar, quiero decirles que aquí se está tratando uno de los problemas principales de la ciudad capital. Voy a referirme al artículo 44 constitucional, porque a veces lo olvidamos, que dice a la letra: ``La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos''. Ése es el núcleo de este artículo.

Y tenemos así, que muchos de los temas que competen a la capital de la República son soslayados en estas instancias. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿dónde queda el Bordo de Xochiaca? ¿Sabe algunos de ustedes, los aquí presentes, dónde quedan el Bordo de Xochiaca o el Bordo Poniente?

Obviamente el diputado Corral, pues no le interesa, porque es de Chihuahua; obviamente la capital de la República tampoco le interesa. No quiero ser provocador, simplemente quiero situar el problema.

El Bordo de Xochiaca ---les voy hacer llegar esto--- y el Bordo Poniente están a escasos cinco kilómetros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y en ese lugar se depositan diariamente ---aquí están las fotos aéreas--- 18 mil toneladas de basura que se generan en el Distrito Federal y en gran parte de la zona metropolitana. Es un problema grave; y tan grave es que esta soberanía recibió esta propuesta de agenda política el 20 de septiembre, y lo estamos tratando, perdón, el 23 de septiembre, y lo estamos tratando más de 20 días después.

El origen de esta propuesta fue porque se inundó esa parte; el camino que llevaba hacia el tiradero. Se convirtió en un problema de primer orden para la capital de la República. Simplemente no había dónde depositar estos ``residuos sólidos'', hoy llamados así, nosotros los conocemos como basura.

Es un problema que compete no nada más al Distrito Federal; compete a la federación, al Estado de México y al Distrito Federal. Hay propuestas para resolver este problema; que pueden representar la solución para la capital de la República. Sin embargo, requieren inversiones.

Requieren inversiones para construir los centros integrales de reciclamiento y energía. Requieren inversiones para concluir la cuarta etapa del Bordo Poniente. Requieren inversiones que es evidente que esta Cámara de Diputados tiene que aprobar, por una sola razón ---y me regreso al inicio de mi intervención---: porque es la capital de la República. Y en obras que debería estar emprendiendo el gobierno federal, la federación, le está dejando todo el cargo al Distrito Federal.

Quiero mencionar que a esta ciudad capital se le han retirado 6 mil millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social, en lo que lleva gobernando el DF el Partido de la Revolución Democrática; y que se le van a retirar aproximadamente 20 mil millones de pesos con la nueva Ley de Coordinación Fiscal. Y es, por tanto, obligatorio que este órgano de la federación destine recursos para resolver este problema.

Es un problema que nos compete a todos los mexicanos. Reitero, es la capital de la República y no merece el trato discriminatorio en materia de recursos que se le ha dado hasta el momento.

Concluyo, señor presidente. Yo esperaría, de los diputados aquí presentes, que no nos tardemos décadas en tomar decisiones. Los problemas de la capital requieren presupuesto urgente. Los recursos que necesita la zona metropolitana no podemos dejar de proporcionarlos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas : Con su venia, señor presidente. Señores legisladores, el tema que hoy nos trae a tribuna no es nuevo, es añejo, trae una serie de consecuencias que al menos en las intervenciones anteriores no hemos escuchado.

Coincidimos en que es un problema generalizado, en que afecta no sólo a los ciudadanos capitalinos ---como aquí se ha venido a mencionar---, sino que es de índole metropolitano.

Es un problema que abarca incluso entidades federativas que colindan con el Distrito Federal; al menos desde 1992, cuando se firmó el convenio para la utilización de los terrenos de lo que eran las colonias del ex vaso de Texcoco, se fijaron claramente cuáles eran los lineamientos a cubrir. Y según ese acuerdo, en su anexo tres, inciso 5, el espesor del relleno no debería rebasar ocho metros de altura.

Hoy, después de que han pasado etapas, la primera en 2004 respecto a la operación de la cuarta etapa del relleno sanitario, no hemos visto acción alguna.

Hubo acuerdos nuevamente para disponer que la altura en este terreno del Bordo Poniente se incrementara en cuatro metros respecto al nivel de ocho metros, es decir, hasta 12 metros en la parte perimetral y 3 adicionales en la parte central.

Es decir, en el último convenio se determinó que fueran 12 metros y 15 metros de altura respectivamente y se determinó que hubiera una disposición final de 16 millones 994 mil 878 toneladas de residuos sólidos urbanos. Ese último acuerdo determinó que habría una vigencia de 3.8 años, que se cumplió el 31 de julio de 2008.

Mediante algunos aspectos que el Gobierno del Distrito Federal mencionó, se abre un nuevo periodo con fecha fatal, determinante, única y que no podía ser modificada en razón del daño ecológico: se permitió que se dispusiera llevar los residuos sólidos a este Bordo Poniente hasta el 15 de enero de 2009, con el argumento de que el Distrito Federal y algunas otras instancias buscarían de manera definitiva cerrar este bordo, buscarían nuevas alternativas. Hechos que hasta hoy no han pasado.

Pero el problema, señores diputados, no es menor. El tema no es sólo sobre un tiradero a cielo abierto, por cierto el más grande de América Latina, que supera más de 470 hectáreas, donde se disponen los desechos, no sólo de la Ciudad de México, sino de la zona conurbada, municipios del Estado de México y demás.

Quiero hacer un llamado al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a efecto de que a nombre de los mexiquenses pueda exponer lo que respecta a este daño ecológico y ambiental que existe en esta zona metropolitana.

Soy diputado del municipio de Nezahualcóyotl y vivo cerca de donde está ubicado este terreno donde se depositan los desechos. Y hay una serie de problemas que ha afectado a los vecinos de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, del valle de Chalco, de las delegaciones circunvecinas e incluso del propio aeropuerto internacional de la Ciudad de México: partículas suspendidas que generan daños a la salud, a las vías respiratorias, que generan daños a la piel, ya que no existe tampoco un control adecuado de lixiviados ni de fauna nociva. Ni el propio gas metano es utilizado.

Para que tengan referencia, señores diputados, lo que produce de basura la Ciudad de México al día, que son 12 mil toneladas, equivale a llenar el zócalo de la Ciudad de México con una altura de un edificio de alrededor de 10 pisos.

El Distrito Federal cobra por este uso de la basura y no paga al municipio ni al estado. Hacemos un llamado para que los diversos órdenes de gobierno en conjunto busquemos una solución a este problema que afecta a los mexiquenses, a los ciudadanos del Distrito Federal de esta gran zona metropolitana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Diputado Humberto.

El diputado Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente, para adherirme a la propuesta del diputado Pérez Cuevas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor diputado Pérez Cuevas, ¿tiene usted inconveniente en aceptar la adhesión del señor diputado?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): No, con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña : Muy bien. Sí, diputado ¿para hechos? Dígame usted, desde la curul.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Le pido, si es tan amable de permitirme el uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Desde la curul, diputado, para poder escucharlo con mucho gusto.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Es para hechos, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : A ver, ándele, pues, diputado, para hechos. Señor diputado Ricardo Enríquez, ¿con qué objeto?

El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (desde la curul): Para hechos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Nada más para hacer una aclaración. Aparte de que elDistrito Federales la capital de todos los mexicanos, en el Bordo Poniente no se deposita la basura que se genera nada más por los habitantes delDistrito Federal, sino la de todos los que vienen a pasear, a visitar; trabajar o vivir temporalmente en elDistrito Federal, como muchos diputados.

Ahí también se recaba la basura de Los Reyes, de Ciudad Nezahualcóyotl, de valle de Chalco y de muchos municipios del Estado de México. De las 24 mil toneladas que se generan todos los días, una gran parte es del Estado de México e incluso cuando se cerró el lugar de depósito de Morelos, de Cuernavaca, aquí se venía a depositar la basura, a ese bordo.

Creo que éste no es un problema de partidos, de colores, ni es un problema del Gobierno del Distrito Federal. Es un problema metropolitano, es una zona federal.

Invito a los diputados a que abonemos, que aportemos para encontrar solución, porque yo le pregunto al diputado: ¿qué pasaría si se hubiera cerrado el Bordo Poniente en julio? ¿Dónde podríamos depositar esas 24 toneladas diarias de basura que se generan?

Creo que hay que aportar. Les puedo garantizar que el Gobierno del Distrito Federal está haciendo un gran esfuerzo para encontrar solución. Qué vamos a hacer con la basura es una preocupación que deberíamos tener todos. ¿Qué vamos a hacer con la basura que se genera en el país? Porque me imagino que en otras ciudades también se genera basura y hay problemas.

La invitación, la exhortación a los compañeros de Acción Nacional es que, en lugar de criticar, aportemos propuestas de solución y también recursos al Distrito Federal para que resuelva de una vez por todas este problema que nos atañe a todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes. Perdón, diputado Carlos Alberto. Permítanos, diputado.

Por alusiones personales tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas .

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Con su venia, señor presidente.

Señores diputados, ciertamente por obviedad de tiempo en la anterior intervención quizá no hubo puntualización de algunos temas que es importante conocer, insisto, no sólo con la visión de decir que somos capitalinos o ciudadanos.

Entendemos que es la capital de la República, entendemos que es la metrópoli más grande ---me atrevería a decir--- de América Latina y algunos refieren que del mundo. Y esto requiere un tratamiento distinto.

No mencioné ninguna circunstancia, alguna crítica respecto de una cuestión de problemas que tenemos que resolver todos. Me refiero a una circunstancia de hecho que sucede, y esto es porque desde 1992 se han dado las pautas para poder buscar los procesos de solución, y al menos de parte del Gobierno del Distrito Federal no se han encontrado esas cuestiones.

Es un tema que le comparto, señor diputado, no es nuevo para su servidor. Desde que fui legislador local, y además viviendo en esa zona de Nezahualcóyotl, es un tema que constantemente he venido exigiendo.

Sólo quiero decirle que hay un estudio muy serio de la Universidad Nacional que habla de que ya no puede depositarse una tonelada más de basura en ese relleno sanitario.

El daño ecológico y ambiental que ha habido, y que hay, y que se generará, será de consecuencias catastróficas. La geo-membrana que se utiliza para separar entre un diámetro y otro estos residuos sólidos ya excedió el límite máximo que las propias autoridades ambientales han mencionado.

Entonces, como no hay un tratamiento de lixiviados, la preocupación es que éstos ya hayan penetrado al manto freático, contaminando el agua que hay en torno a la propia Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México y del Distrito Federal.

Este estudio revela que, en caso de que la propia tubería del sistema de desagüe colapsara, estaríamos hablando de una inundación que afectaría al propio aeropuerto de la Ciudad de México, que afectaría a las zonas aledañas, y eso traería consecuencias de magnitudes incalculables.

Pensar en tener cerrado el aeropuerto tres meses por una inundación de aguas negras, por un tema al que no se le ha dado solución, creemos que requiere y obliga a que las autoridades del Distrito Federal, insisto, del Estado de México y, por supuesto, de las federales y de las municipales, en conjunto, busquemos la solución.

Pero, señor diputado, si técnicamente este relleno sanitario ya no da para más; entonces tenemos que buscar la solución en conjunto. Y yo lo pongo en la medida de las responsabilidades. El Distrito Federal genera 12 mil toneladas diarias de basura, no paga un solo peso por el destino final de esos residuos sólidos que están en terrenos federales y que corresponden a terrenos de Ciudad Nezahualcóyotl. El municipio no recibe ningún beneficio, y sí muchas afectaciones de carácter ambiental.

Nezahualcóyotl deposita ahí 2 mil toneladas de basura diarias, las cuales le son cobradas y de las cuales hace pago puntual para poder hacer uso de ese relleno sanitario, lo mismo que las 700 toneladas que depositan Texcoco, Ixtapaluca, y las demás zonas circunvecinas. Pero el problema más grave en magnitud es la cantidad de basura que genera la Ciudad de México.

Y aclaro, señor diputado, no es un tema contra esa generación de la basura o contra los ciudadanos del DF. Es que el daño ambiental está hecho y cada vez está cobrando magnitudes mayores. Y lo que tenemos que hacer es buscar la solución de una vez por todas, porque no habrá otro espacio; es decir, una tonelada de basura más implica el riesgo de poder colapsar a la Ciudad de México.

Nosotros entendemos el problema que en materia de residuos sólidos tenemos en la zona metropolitana; sin embargo, creo que ya es momento de que, en conjunto ---insisto---, haciendo cada quien lo que le corresponde, busquemos de una vez por todas cerrar ese Bordo Poniente, garantizar el empleo y el trabajo a los que ahí laboran; y tercero y último, buscar un espacio donde pueda depositarse esa gran cantidad de toneladas de basura que se generan en la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado Emilio Serrano, desea hacer uso de la palabra. Díganos, diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente, si me permite, por alusiones y por hechos; si es tan amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Adelante, diputado. Tiene usted cinco minutos, diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez : Gracias, diputado presidente.

Nada más para preguntarle al diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Dice que está de acuerdo en que busquemos una solución conjunta, pero está golpeando. ¿Qué tiene que ver el drenaje profundo con el relleno? Son dos cosas muy diferentes, por favor. La otra, es una zona federal, y usted está hablando de un negocio, que cuánto se le da al municipio de Neza. Además es una zona metropolitana.

Efectivamente hay que buscar un lugar para resolver este problema. Y sí está haciendo algo el Gobierno del Distrito Federal. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene estudios ---y se puede comprobar--- con los que da factibilidad de ampliar el plazo al Gobierno del Distrito Federal para seguir depositando la basura ahí.

Sí estamos buscando solución. ¿Y por qué no, entre todos, ayudamos para que sea más pronto, diputado, y no hacemos de esto un tema político-electoral que confunde a la opinión pública? Aquí, repito, lo más importante, es encontrar una pronta solución y eso está buscando el Gobierno del Distrito Federal.

Además, éste es un problema de seguridad nacional, la emisión de gases, la contaminación es un problema de todos los mexicanos, no nada más del Distrito Federal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Para qué objeto, diputado?

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Para hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Para hechos. A ver, diputado, tiene usted hasta cinco minutos.

El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (desde la curul): Presidente, antes solicité la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Perdón, tiene usted toda la razón. Para rectificación de hechos había pedido la palabra el diputado Jesús Ricardo Enríquez. Tiene uso de la palabra y posteriormente usted, diputado.

El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes : Gracias, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, subo a esta tribuna no a título personal, sí a nombre de miles, de cientos de miles de ciudadanos que habitan el municipio Ciudad Nezahualcóyotl, y que a lo largo y ancho del proceso electoral pasado me manifestaron de viva voz, de forma urgente, con angustia y con agravio, la necesidad de la clausura definitiva de este tiro a cielo abierto. Motivos, muchos, ya aquí expuestos.

Citaría, para precisar, algunos:

Han sobrepasado la capacidad de explotación de este tiro a cielo abierto. Efectivamente, a través de argucias legales el gobierno de la ciudad se amparó, lo que permitió así la ampliación del término para seguir explotando este tiro a cielo abierto. Pero hay daños colaterales que vale la pena que en esta tribuna se den a conocer.

Primero, con el intenso sol, este tiro a cielo abierto genera aspectos, de verdad, incontenibles ya para la ciudadanía del municipio. Un intenso olor pútrido inaguantable. Pero eso no es lo más lamentable. Con los vientos, los agentes nocivos que viajan en el ambiente se traducen y redundan de forma directa en la salud de la gente del municipio Ciudad Nezahualcóyotl.

Lo digo con todo respeto, pero lo digo con contundencia. Nezahualcóyotl no debe seguir siendo más el tiradero del Distrito Federal. Vale la pena que el gobierno de la ciudad busque alternativas viables con las que no se afecten a terceros.

Nosotros, en el Estado de México, nos pronunciamos por que se cierre ya de forma definitiva este tiro de cielo abierto y que no se postergue a través de argucias legales la geo-membrana que cubre estas capas de las 12 mil toneladas de basura que ingresan a diario a este tiro. Prácticamente ya es infuncional y con ello se están filtrando los lixiviados al subsuelo, a los mantos freáticos.

Es importante que se haga caso de la recomendación que ya hizo la Semarnat en tiempo y forma.

Por eso, en el Estado de México nos pronunciamos por que se busquen ya las alternativas de solución, que no se posterguen más. Que en el caso de los municipios del Estado México habremos de buscar alternativas que cumplan con la normatividad y con las que no se afecte a terceros. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Han pedido la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Avelino Méndez Rangely la diputada María de la Paz Quiñones.

Se concede el uso de la palabra al diputado Avelino Méndez Rangel , hasta por cinco minutos.

El diputado Avelino Méndez Rangel : Con su permiso, señor presidente.

La verdad, es una discusión, un tema, que venimos trayendo desde otro ámbito legislativo, que es la Asamblea. Y se repiten los argumentos. Pero aquí no tenemos limitaciones porque aquí somos la Cámara federal. Allá nos decían: es un asunto federal; pues hoy estamos aquí en la Cámara federal y aquí podemos tomar decisiones.

Ya no quejarnos, ya no venir a decir mentiras. ¿Dónde están los estudios reales, concretos, que dice que el bordo ya acabó su vida útil? ¿Dónde están los estudios que aquí tanto se mencionan y que dicen que los lixiviados están contaminando los mantos freáticos? ¿Dónde están? No queremos dichos; queremos las pruebas de instituciones de educación superior que muestren esta situación.

Es una discusión casi bizantina sobre quién es el responsable, quién va a resolver, con qué se va a resolver, cuando aquí tenemos los mecanismos en este Congreso, que hoy se convierte en auténtico poder de solucionar las cosas. Vamos a ver al final de este año si realmente, sobre todo los que tanto hablan de este problema ---que son nuestros amigos azules---, si realmente vamos a destinar los 2 mil 420 millones de pesos que se necesitan para atender este problema de forma urgente. Que no se va a resolver de forma inmediata.

Mencionaría que son 900 millones de pesos para cerrar la cuarta etapa del bordo, 640 millones para hacer otra etapa, 740 millones para abrir un nuevo lugar y 140 millones para traslados. Total: 2 mil 420 millones de pesos que sí pueden resolver el problema. ¿Vamos a tomar aquí la decisión, compañeras diputadas y compañeros diputados, o nada más se trata de golpear por golpear?

Aquí veo una compañera diputada con la que ya tuve el honor de platicar. Vamos a resolver problemas, vamos a hablar con la verdad, vamos a buscar que a la ciudad capital se le den los recursos que requiere no nada más para resolver estos problemas.

Una vez más se ataca a esta ciudad por atacarla. Se dice: ``el Gobierno del Distrito Federal...''. ¿Dónde están las pruebas de que el agua estaba contaminada con heces fecales? Mintieron. Mintieron descaradamente porque los estudios que se han hecho han demostrado que el agua es potable, según las normas establecidas.

Por último, y es un asunto de ciudadanos y de gobierno. Cerramos el Bordo Poniente, como se ha hecho con otros tiraderos como Santa Cruz Meyehualco o Santa Fe. ¿Dónde se va a depositar la basura? Porque, por ejemplo, quisiera ver a las delegaciones centrales como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, que son grandes generadoras de basura, ¿adónde la van a ir a depositar? Y ellas sí no tienen espacios para hacer depósitos, ni siquiera tiraderos.

Tenemos que buscar soluciones, compañeras diputadas y compañeros diputados. No es un tema para que lo utilicemos en un debate ---insisto--- bizantino. Es un tema para tomar decisiones y las decisiones las vamos a tener cuando aprobemos el paquete económico. Vamos a ver si destinamos estos 2 mil 420 millones de pesos para resolver este único problema de la capital de la República ---reitero, es eso, la capital de la República---; y vamos a ver si somos capaces de resolver también el problema de los 22 millones que habitamos la zona metropolitana y que generamos a diario 18 mil toneladas de basura, de residuos sólidos.

Compañeras y compañeros, vayamos por las soluciones. Están involucrados la federación y los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, hasta por cinco minutos.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo : Compañeros diputados, este tema ha desgastado a la Asamblea Legislativa delDistrito Federaldesde que yo entré. Estuvimos en una interparlamentaria con elEstado de México, de la cual no tenemos la memoria ---a pesar de que se ha pedido---, y este tema se trató a profundidad.

Le pregunto al PRD, ¿cuántos amparos más va a negociar para que ponga una solución? Le quiero preguntar también, ¿cuántos pisos son los adecuados para que sigamos allí acumulando basura? ¿Cuántos eccemas en la piel para los niños sin una solución? Y también el olor inmundo cuando llega un turista a la Ciudad de México entrando por la carretera. Díganme, ¿hasta cuándo se va a poner una solución y vamos a dejar de pasar del problema de medio ambiente a una cuestión política?

Señores, pónganse a trabajar. Que el gobierno de la ciudad tome las medidas adecuadas. En diversas ocasiones se le ha estado pidiendo esta solución. No es cuestión de dinero, es cuestión de voluntades.

Creo que la Ciudad de México merece mejores respuestas que las que ustedes están haciendo ahorita. Por favor, hay que tomar la decisión ahorita por los niños, por nuestra ciudad, por todo lo que nos espera en un futuro si no se toma la decisión de inmediato. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. La Junta de Coordinación Política...

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Está pidiendo la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel. Desde la curul, diputado.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Obviamente nos interesa el debate que viene. Nada más quiero mencionarles a nuestros compañeros diputados, sobre todo a los azules, que debemos decir, no que van a trabajar, sino cómo vamos a resolver este problema aquí, donde se toman las decisiones. Gracias.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : La diputada Cuevas quería hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene usted hasta cinco minutos, diputada.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón : Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda el tema del manejo de los residuos sólidos en la capital del país compete a todos, no sólo por quienes visitan o por quienes vivimos en esta ciudad, sino también por la calidad de aire, de suelo y de agua que queremos dejar a las futuras generaciones.

Se trata de un tema de solidaridad con quienes vienen y se trata de un tema de responsabilidad también con nosotros mismos. El problema de la basura, del manejo de los residuos sólidos en la ciudad es real y debemos estar conscientes de ello.

Tardó mucho la publicación del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y esto sin duda tiene todavía un rezago, incluso, en la capacitación y en la conscientización de la ciudadanía para que nuestros vecinos separen su basura.

Podríamos discutir durante largas horas sobre este tema por los aspectos técnicos, por los aspectos de organización, por lo mucho que se ha venido politizado este tema y porque además involucra a vecinos de otras entidades y puede tener muchas más repercusiones de las que parecen inmediatas.

Quiero invitarlos a que realmente busquemos desde esta tribuna, desde este lugar, cómo solucionar el problema del bordo, antes de que se siga politizando, antes de que venga la rebatiña de recursos. Aquí el tema es cómo podemos entregar soluciones y me parece, compañeras y compañeros, que esa es nuestra principal obligación.

Ciertamente tenemos comisiones, tenemos grupos y comités en los que se estará trabajando. Pero quisiera invitarlos a que trabajemos ya en una propuesta concreta, en la que se defina si el espacio es un espacio federal y si hay que darle recursos, entonces, al gobierno federal para que pueda cerrar el bordo; o si hay que hacerlo con el gobierno de la ciudad, y de qué manera se asumen los compromisos para que esto suceda. Pero, sin duda alguna, tenemos que entregar cuanto antes una solución.

Para lo que también se comentaba aquí. Sí hay ejemplos exitosos aún en la ciudad. Tuve la oportunidad de gobernar la delegación Miguel Hidalgo, y tuvimos el gran apoyo de los vecinos en la separación de basura. Porque se venía trabajando desde hace casi 10 años en la conscientización de los vecinos, a pesar de que no estaba publicado el reglamento.

Se trabajó también con distintas instancias gubernamentales, con otras delegaciones, para que los residuos vegetales tampoco llegaran al bordo. Con esto sí se disminuyó mucho.

Como comentaba, diputado, sí hay esfuerzos que se han hecho desde las delegaciones, no sólo Miguel Hidalgo, sino varias otras para poder disminuir la cantidad de los residuos que están llegando al bordo.

Coincido en que hay mucho más por hacer. Tenemos que trabajar en el manejo de todos los recursos que están saliendo de las obras públicas, todo lo que se levanta de asfalto, lo que se tiene que reciclar, los concretos... En fin. El manejo de recursos no es solamente qué sucede con el Bordo Poniente. Es un tema en el que debemos trabajar sin duda.

Quisiera aprovechar este espacio para hacer una invitación a que se haga también un esfuerzo nacional por mejorar la separación de los residuos en los municipios, en los estados y que tengamos realmente una política ambiental responsable que heredar a nuestros hijos. Muchas gracias, compañeros y compañeras, espero que podamos trabajar juntos sobre este tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, hemos recibido de parte de la Junta de Coordinación Políticaun acuerdo, a solicitud del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que en este punto se viertan comentarios, sobre la situación del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En tales condiciones, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Hernández Juárez , del Partido de la Revolución Democrática, en su condición de promovente, hasta por 10 minutos, con el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El diputado Francisco Hernández Juárez : Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, México en 2000 ocupaba el noveno lugar como economía en el mundo; hoy ocupa el décimo cuarto y sigue descendiendo. México, en 2000 ocupaba el vigésimo quinto lugar en competitividad; hoy ocupa el quincuagésimo cuarto... y descendiendo. México hoy está en el último lugar en la OCDE en educación y en salud.

México, después de la crisis financiera y de la crisis sanitaria, resultó ser el país más afectado, al grado que descendió 10 por ciento el producto interno bruto. Y según la propia OCDE, México va a ser el país que más va a tardar en recuperarse.

Si tenemos que hablar de eficiencia, ¿a quién tendríamos que achacarle la responsabilidad por los mediocres resultados que ha tenido nuestro país? ¿A los mexicanos o al gobierno? ¿O a los gobiernos que han encabezado este país y que nos han entregado tan malos resultados?

México hoy vive sumido en la mediocridad y cada vez hay más pobres como resultado de esta política económica. Hoy nos quieren hacer creer que los problemas de la compañía Luz y Fuerza del Centro son todos producto de su sindicato y de los trabajadores electricistas.

Nadie puede negar que esa compañía necesita mejorar. Me parecería una insensatez querer voltear al otro lado, pretender que esa compañía no necesita mejorar y, desde luego, no resolver los problemas que hoy la tienen en tan malas condiciones.

¿Qué se tiene que hacer para que esto ocurra?

Déjenme decirles que esta política económica, que se ha venido impulsando durante los últimos años, tenía a los trabajadores, a partir de 1982, con un salario mínimo en México con que se compraban 54 kilos de tortilla. Hoy en México un salario mínimo alcanza sólo para comprar 5 kilos de tortilla.

De manera que la compañía Luz y Fuerza del Centro tiene problemas, ¿y uno de ellos es que los trabajadores electricistas ganan seis o siete veces arriba del salario mínimo; que el salario de los trabajadores y sus prestaciones dan por resultado los problemas que hoy tiene esa compañía?

Seguramente mis compañeros electricistas tendrán que pasar por experiencias semejantes a las nuestras. Que nosotros nos sentemos a resolver con la empresa cómo podríamos contribuir a que esto funcionara mejor.

En cuanto nos sentamos a discutir con la empresa y el gobierno, ¿qué teníamos que hacer? Lo primero que nos dijo el gobierno: Tienes que cambiar todo tu contrato colectivo y renunciar a todos los privilegios que has logrado durante tu negociación.

Nosotros no tuvimos inconveniente. Dijimos a la empresa: ``Vamos a sentarnos y demuéstranos ---no sólo porque tú lo digas--- que nuestras prestaciones son un obstáculo para el desarrollo de esta empresa''. Nos sentamos a discutir una por una las cláusulas del contrato colectivo, y no pudieron demostrar que una sola cláusula de nuestro contrato colectivo fuera la razón por la que la empresa no estuviera funcionando.

Quedó claro que la falta de inversión era un problema más grave. Quedó claro que la modernización de la empresa era uno de los problemas más graves. Quedó claro que habría que rediseñar el esquema laboral con que funcionaba, porque nosotros entendemos que los esquemas con los que funcionaba la empresa anteriormente no estaban operando bien.

Pero los esquemas con los que funcionaba la empresa eran tayloristas o fordistas, que fueron creados por la propia empresa, no por los trabajadores. Porque nosotros nos ajustamos a las condiciones laborales que la empresa determina.

Bueno, seguramente hay que trabajar para que esa empresa sea eficiente. Pero, perdón, querernos vender la idea de que son los trabajadores y su sindicato los responsables del mal funcionamiento de esa empresa es una vieja tesis que ha traído el proyecto neoliberal, queriéndole cargar a los trabajadores el costo de los ajustes.

Como lo dijo ya Roosevelt, como lo dijo Obama ---que no pueden considerarse de tendencias izquierdistas de ninguna naturaleza---; han dicho claramente que la solución a los problemas de un país pasa necesariamente por los acuerdos con los sindicatos, no por su desaparición.

Es importante que quede claro que el PRD va a luchar con todas sus fuerzas para detener esta agresión, que además es ilegal e inconstitucional. Vamos a agotar todos los recursos jurídicos, legales, políticos que sean necesarios para revertir esta decisión.

Es importante que si el gobierno quiere paz social, que si el gobierno quiere resolver los problemas del país, no puede ser por esta vía. El secretario del Trabajo hoy no quiso presentarse a la Cámara de Diputados, porque seguramente no siente las condiciones propicias en el Congreso, para venir a decirnos que lo que están haciendo es lo correcto.

Es obvio que no es legal. Es obvio que es contra el sindicalismo. Es obvio que esto daña la relación social del país. Y nosotros queremos que este Congreso impida que las cosas lleguen a ese nivel.

Creo que se pueden plantear propuestas con las que se logre encauzar este problema por la vía legal ---nadie quiere que sea por otra vía---, pero tomando en cuenta los derechos de los trabajadores y el respeto a su autonomía.

Se están planteando tres términos: que se revierta esta decisión de manera inmediata, que se eche atrás la liquidación de la compañía; que se reintegren a la compañía los trabajadores, y que se establezca una mesa de diálogo para que se encuentren las soluciones a este problema. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : Con su venia, señor presidente. Es una situación grave la que el país vive. Hay una doble violación del orden constitucional; una sirve de pretexto a la otra. No olvidemos la toma de nota que es sólo un procedimiento administrativo. Un sindicato registrado no puede ser disuelto por ninguna autoridad.

El debate de estos días ha arrojado para mí 10 grandes conclusiones.

La primera, que ninguna decisión administrativa puede afectar la existencia de un sindicato, ni sus actividades, ni menos deponer a sus autoridades.

Que la Convención 87 de la OIT sobre libertad sindical prohíbe absolutamente a las autoridades cualquier forma de intervención en la vida interna de los sindicatos.

Y que teniendo rango constitucional justifica con creces la petición de una controversia constitucional que ha sido aquí traída por el diputado Cárdenas Gracia.

En tercer término, que existiendo la empresa y existiendo el sindicato, subsiste la materia de trabajo y la relación laboral.

Lo que el gobierno está haciendo es esquirolismo. La titularidad del contrato la sigue teniendo el sindicato.

Cuarto. Que el tema de la rentabilidad es absurdo. La Secretaría de la Función Pública ---ahora también en vías de extinción--- verificó el 10 de junio los resultados del Comité Mixto de Productividad y dio una calificación de 93.8 por ciento al cumplimiento de las metas pactadas entre el sindicato y la empresa.

Quinto. Que no existen tales privilegios sindicales. La mitad de los trabajadores gana menos de 6 mil pesos, que es la mitad de un salario mínimo en Estados Unidos de América. Eso es lo que gana un trabajador; un mesero de Los Ángeles o de Houston gana el doble.

Que ha perdido el sindicato, cosa que se olvida; 28 por ciento de los sueldos de los trabajadores sindicalizados se ha perdido, en los últimos 25 años; el deterioro del salario mínimo, 78 por ciento; el deterioro del salario promedio es 62 por ciento; el deterioro del salario contractual es de 41 por ciento; el deterioro del salario de los sindicatos fuertes es en promedio de 25. Ha perdido 28 puntos el ingreso de los trabajadores.

Que están actuando en sentido contrario a todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea están promoviendo en este momento la contratación colectiva para transferir recursos a las clases medias y trabajadoras a efecto de vencer los estragos de la crisis.

Que se están transfiriendo rápidamente las concesiones a particulares, como las de la fibra óptica, mismo procedimiento que se siguió en Petróleos Mexicanos. Y lo están haciendo a miembros de la clase gobernante y a sus aliados políticos y económicos.

Que el subsidio de 40 mil millones que mentirosamente dijo Calderón que es para extravagancias de los trabajadores ---está probado en el informe--- es para el déficit de dinero, para la compra de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE. Ni un centavo de ese subsidio va a salarios ni prestaciones de los trabajadores.

Que hay un número importante ---que habrá de hacerse público si la investigación se realiza--- de empresas privadas y de dependencias públicas que no pagan el uso de energía eléctrica, comenzando por Los Pinos.

Ha quedado también manifiesto que si bien subsiste la relación obrero-patronal, lo que ya no existe, si la compañía desaparece, son los contratos de prestación de servicios de la compañía Luz y Fuerza del Centro con los usuarios, quienes simplemente ya no tenemos a quien pagarle. No estoy haciendo una invitación a la huelga de pagos.

Termino diciendo: ¿por qué no aplicamos un artículo, una fracción o dos de un artículo de la Constitución? Desde que entró por la puerta de atrás, este gobierno ha mostrado ser fraudulento, mentiroso y golpista.

Propongo que ahora sí cumplamos lo que dice la fracción XXVI y XXVII del artículo 73, sobre la facultad de aceptar la licencia al presidente de la República, si tuviese una enfermedad, así fuera mental.

Y la otra, la de aceptar su renuncia y crear un colegio electoral para que designe presidente interino de México. De otro modo vamos a arrepentirnos.

El que da un golpe de mano a una empresa del Estado, puede dar un golpe de Estado al Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Ha concluido la lista de oradores sobre este tema de comentarios en relación con el sindicato. Tiene la palabra...

¿A quién desea rectificar, diputado, al diputado Porfirio Muñoz Ledo o al diputado Hernández Juárez? A los dos los va a rectificar. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Me aludió primero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Perdón, diputado Cárdenas. Lo aludió primero. Tiene el uso de la palabra, señor diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, señor Presidente. Para insistir de nuevo en el argumento de la extinción de organismos descentralizados.

El diputado Muñoz Ledo acaba de hacer una disección de por qué el gobierno no puede intervenir en la vida interna de un sindicato: porque lo prohíbe una convención internacional, la Convención 87 de la OIT.

Pero así como ese tema es fundamental, me parece también que debe quedar muy claro el razonamiento de por qué debe proceder una controversia constitucional. El artículo 15 de la Ley de las Entidades Paraestatales dice que para la extinción de un organismo descentralizado debe seguirse el mismo procedimiento que para su creación. Estoy convencido de que el gobierno federal no siguió ese procedimiento.

Cuando fue creado el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro hubo primero un mandato, una orden del Congreso de la Unión al Ejecutivo. El 27 de diciembre de 1989 se modifica el artículo 4o. transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En la parte conducente, ese artículo transitorio señala: El decreto de creación del organismo se establecerá con arreglo a esta disposición.

Quiere decir que parte de la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro fue a instancias del Congreso de la Unión, parte del procedimiento. Luego entonces, para su extinción debe tomar en cuenta al Congreso de la Unión.

El Ejecutivo, al determinar el domingo 11 de octubre la extinción del organismo descentralizado, no solicitó la autorización del Congreso de la Unión. Esa autorización sí fue determinante, fue establecida por el Congreso de la Unión en el año de 1989. Sin esa autorización, en 1994 el Ejecutivo no hubiese podido crear el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Por esa razón debe observarse el mismo procedimiento. Ya no aludo a razones constitucionales, sino simplemente a las razones de la propia ley secundaria, de la Ley de Entidades Paraestatales.

Sigamos el mismo procedimiento. No se siguió. Por tanto, el Ejecutivo federal violó el principio de división de Poderes porque el Congreso no fue tomado en cuenta, no fue atendido, sobre todo, como decía en mi intervención anterior, cuando se trata de un organismo descentralizado que tiene por función, por objetivo constitucional, un área estratégica del Estado. No es cualquier organismo descentralizado, es un organismo descentralizado que se ocupa de la energía eléctrica.

La energía eléctrica, según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, es un área estratégica del Estado; por tanto, exclusiva del Estado. Lo dice también el artículo 27 de la Constitución, en su párrafo sexto, que se trata de una explotación, un uso y aprovechamiento exclusivo de la nación.

Por tanto, el procedimiento de extinción de un organismo descentralizado de esta naturaleza, que tiene que ver con un área estratégica y exclusiva del Estado, en donde para su constitución legal tuvo que existir una autorización previa del Poder Legislativo, obviamente también su extinción debe contar con la previa autorización del Congreso de la Unión.

Por tanto, este decreto de extinción es un decreto que deviene anticonstitucional. Pero no solamente es anticonstitucional, es un decreto ilegal, que no se funda, que no se motiva adecuadamente, en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Quiero llamar nuevamente la atención de todos ustedes, porque en los próximos días vamos a elaborar una propuesta de controversia constitucional, y espero así, con la controversia en la mano, poderlos convencer de que es importante garantizar la constitucionalidad y la legalidad en este país. Este decreto, además de ser inconstitucional, es ilegal. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Compañeros diputados y compañeras diputadas, desde hace ocho días debimos haber abordado este tema en tribuna; se pospuso. Estaba reclamándose la toma de nota, hoy olvidada.

El gobierno usurpador empezó diciendo que había un problema de democracia interna. Y como no le funcionó el tema porque el jueves fue el Sindicato Mexicano de Electricistas a la residencia oficial de Los Pinos ---fue recibido por Luis Felipe Bravo Mena--- y ahí planteó una salida al problema que se estaba reclamando, de supuesta falta de democracia interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas... Hoy ya no está ese tema en los medios de comunicación.

Le dijeron al sindicato que el lunes le daban la respuesta; pero se adelantó el usurpador y la respuesta la dio el sábado en la noche, domingo en la madrugada, con el Ejército disfrazado de Policía Federal, tomando las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, sin emplazamiento a huelga, sin ninguna razón que motivara la intervención armada; violando el marco constitucional, violando el más elemental signo de razón. En un acto de franca provocación, quien usurpa la Presidencia de la República decidió dar un golpe de mano.

Ahora se ha montado en una campaña para decir que hay privilegios de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo pregunto, ya lo dije aquí en tribuna y ningún panista me ha contestado: ¿puede haber más privilegios que el uso de la casa del que fuera presidente, Manuel Ávila Camacho, que tiene cinco hectáreas en La Herradura, en Bosque de Antequera 60, y que sólo en un bimestre de pago de 10 mil kilowatts hora pagaron 83 mil pesos por ese recibo? Además les cobran la luz más barato que a cualquier hijo de vecino.

Ahí en esa residencia de lujo hicieron sus bacanales ---lo digo con todas sus letras--- primero los hijos de Martha Sahagún y la misma Martha Sahagún; después el español Mouriño, hoy finado; y ahora las hacen Max Cortázar y el propio Calderón. Éstos son los privilegios. O los sueldos de 300 mil pesos mensuales. O el seguro privado. O todo lo que se roban, además de lo que reciben oficialmente. Ésos son los privilegios.

Martín Esparza los emplazó a poner la nómina del SME y a poner la nómina del gobierno usurpador. A ver, ¿dónde están de verdad los privilegios? A ver, ¿dónde está de verdad el saqueo?

Cuarenta y dos mil millones de pesos de subsidio, dice Calderón. Pero no dice que eso se usa para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, porque es tan absurdo el sistema que Luz y Fuerza le compra cara la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco dice, que han hecho todo en décadas para quebrar por la vía de los hechos a la compañía Luz y Fuerza del Centro, y a pesar de todo su empeño no lo lograron, nunca pudieron quebrarla, gracias al esfuerzo de los trabajadores que con responsabilidad y compromiso mantuvieron en pie el servicio de energía eléctrica.

Pero les digo a los diputados del PAN ---que ninguno ha subido a defender a su gobierno usurpador, y me parece muy bien que no lo hagan porque no tendrían cara con qué hacerlo---, se los digo claramente:

Ahí los invito a que lean el punto de acuerdo que presentó un diputado de su partido (en la LX Legislatura), aquí en esta tribuna, Francisco Fraile García, donde da todos los elementos de cómo vinieron haciendo todo para quebrar la compañía Luz y Fuerza; y pidió, el 16 de octubre de 2008, 10 mil millones de pesos para poder sacar adelante a la compañía Luz y Fuerza del Centro; la mitad de lo que piensan gastar en indemnizaciones. Con 10 mil millones de pesos se resolvía todo el problema de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Piensan gastar el doble para entregarle el negocio a las transnacionales de la energía. Porque, ¿quién se va a quedar con los mil 100 kilómetros de fibra óptica? ¿Quién se va a quedar con la estructura? ¿Quién se va a quedar con todo lo que hay?

Y además andan en una campaña canalla, porque Calderón lo único que sabe es sembrar el miedo, sembrar el terror. Desde la campaña de 2006 ha ido en esa línea; y luego con la influenza, y ahora nos espanta con el petate del muerto de los privilegios de los trabajadores del SME.

Y dice que los electricistas van a sabotear, cuando es el Ejército el que tiene tomada la compañía de Luz y Fuerza. ¿Cómo van a sabotear, si no puede acercarse nadie ahí? Porque tienen bardas de más de tres metros y gente armada y toda la parafernalia de García Luna, que igual que protege esta casa de Ávila Camacho igual protege la compañía de Luz y Fuerza. Y la protegerá de sí mismo, porque, ¿quién más va a quebrar y a generar apagones y a generar problemas, que no sea la propia incapacidad del gobierno usurpador?

Es un acto de hipocresía, es un acto canalla el que están haciendo con el Sindicato Mexicano de Electricistas y con la compañía Luz y Fuerza del Centro. Y si no lo detenemos todos los que aquí estamos, como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, nos vamos a arrepentir.

Porque, ¿qué freno tiene el usurpador para disolver al Congreso?. ¿Qué freno tiene para disolver más sindicatos? ¿Qué freno tiene para pasar por encima de lo que sea, si ha pasado por encima de todo el estado del derecho? Se robó la presidencia, se robó la esperanza; se roba el país, saquea a la nación, y lo permitimos como si nada pasara.

Eso no lo vamos a permitir. Y si tenemos que jugarnos el físico de manera firme y decidida para parar... Sí, es tiempo de que Calderón se vaya, tiempo de que Calderón renuncie. Tiempo de que Calderón entregue la Presidencia de la República. Tiempo...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Concluyo, compañero diputado presidente.

Tiempo de que Acción Nacional se acuerde de que en algún momento tuvo dignidad, tuvo principios, luchó por el estado de derecho y luchó por la democracia en este país. Son tiempos que han pasado hace mucho, y que tienen que reivindicar si algún día quieren volver a ver a la gente con la frente en alto. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila : Con su permiso, diputado presidente.

Subo a esta tribuna a hablar de los hechos que acontecieron el 11 de octubre cuando se realizó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Voy a hablar de las realidades, de lo que sí nos consta y no de lo que algunos legisladores o personas en la opinión pública quieren hacer parecer, hablando del futuro: que esto es una preparación para privatizar Luz y Fuerza del Centro.

La realidad de las cosas es que no es así. Otras personas hablan y comentan que lo que se está haciendo es un golpe al sindicalismo, que se estuvo planeando en el pasado todo esto. La realidad de las cosas es que esto no es así.

A lo que nosotros nos comprometimos en campaña, cuando andábamos tocando las puertas de nuestros electores y les pedíamos su confianza y su voto a favor, fue que nosotros íbamos a hacer lo mejor para el país. Y el país somos todos. Y no puede haber intereses particulares que estén arriba de los intereses del país.

Y la realidad de la que voy a hablar es la siguiente: vamos a hacer algunos análisis de qué está pasando o qué estaba pasando con la empresa ya extinta. A junio de 2009 tenía ventas por 22 mil millones de pesos y tenía gastos por 43 mil millones de pesos. ¿Eso es lo mejor para el país? ¿Eso es lo mejor para los ciudadanos que nos dieron su confianza, que los vimos a los ojos y les dijimos: confía en mí, yo voy a luchar por ti, voy a hacer lo mejor? Claro que no, claro que no es lo mejor.

Tienen una pérdida de energía generada de 30.6 por ciento. Pero, ¿contra qué lo comparamos? Contra otra empresa que también genera energía y también tiene pérdidas de 10.9 por ciento. Tampoco es mejor para el país ese tipo de prácticas y tenemos que poner un alto porque para eso estamos nosotros como gobierno, en este caso el Ejecutivo federal.

Al cierre de 2008 se realizaron 927 negativas de factibilidad de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué significa esto? Dos veces la energía completa que utiliza la ciudad de Acapulco para operar día a día. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas inversiones se inhibieron? ¿Cuántas fuentes de trabajo se inhibieron, que no llegaron al centro de la República mexicana por la ineficiencia de la compañía Luz y Fuerza del Centro?

Estamos hablando de la ineficiencia de la compañía, no del sindicato. Somos todos o son todos ---tienen funcionarios, tienen directores que también en su momento aceptaron muchas de estas prestaciones--- que en este momento dejan sin viabilidad a la compañía por las ineficiencias de operación, no nada más por las prestaciones que nos quieren aquí venir a decir a esta tribuna que es el motivo por el cual se está cerrando. La realidad es que es una ineficiencia en general.

Si hablamos de otro tipo de costos todavía más agresivos, los costos unitarios de obras que ejecuta Luz y Fuerza, en el mejor de los casos son 176 por ciento superiores a los mismos costos de la misma obra que ejerce la Comisión Federal de Electricidad.

Yo les pregunto, señores, ¿creen que esto es justo para todos los mexicanos? Claro que no y aquí venimos a defender a todos los mexicanos.

Nosotros no tenemos nada contra el sindicalismo en México, reconocemos que hay instituciones muy valiosas, reconocemos que gran parte del progreso de nuestro país, de la historia de México, se debe a esos sindicatos.

La realidad es que estamos hablando de números, costos, eficiencias y el decreto del presidente se funda en el artículo 16 y dice: en virtud de que su funcionamiento no resulta ya conveniente para la economía nacional y el interés público.

Yo les pregunto, ¿estos argumentos que acabamos de verter son convenientes para el interés público? ¿Son convenientes para la economía nacional? Creo que la respuesta la dimos todos en la votación que asumimos, en la que arrasamos mayoritariamente con gran margen, al pasar que no fuera este punto de urgente u obvia resolución. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo : Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de los diputados y de las diputadas y de las butacas, que mayoritariamente nos acompañan el hoy en un tema tan delicado, tan doloroso, tan triste para el país.

Se están dando cifras y la primera cifra que deberíamos dar es que hay más de 50 mil familias, trabajadores que han sido despedidos de un plumazo y que llegan a engrosar los cientos de miles, millones ya, de desempleados que ha originado la actual crisis económica y que se han venido a acumular al desempleo que desgraciadamente aqueja a México.

No es conveniente que cuando el Congreso trata estos temas tan importantes, se les preste tan poca atención. Tampoco es conveniente que cuando con anterioridad hemos tratado este tema en este Congreso, se nos niegue información.

Ni el secretario de Gobernación ni el secretario de Hacienda ---por hablar solamente de dos funcionarios involucrados directamente en este tema---, quienes acudieron a este pleno bajo juramento de decir verdad, informaron que estaba en curso todo un procedimiento legal, según lo explica el propio decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, sobre un tema tan delicado para el país.

Ciertamente podemos tener diferentes opiniones los miembros del PAN, del PRI, del PRD, del PT, de Convergencia, del Panal, del Verde, sobre este conflicto. Sin duda tenemos diferentes opiniones, visiones y enfoques. Lo que no se puede hacer al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, es tratarlo de esta manera.

No puede ser un asunto instrumentado en secreto, porque la empresa es una empresa de interés público y el Congreso tiene el derecho a estar informado en temas tan importantes como éste, porque en el proyecto de Presupuesto viene incluida la compañía Luz y Fuerza con un presupuesto asignado; y no se nos puede decir ---hoy lo sabemos por la información del propio decreto--- que este tema de la desaparición de Luz y Fuerza no estaba en marcha, producto de procedimientos legalmente instaurados en ese momento.

El secretario de Hacienda vino, nos dijo, y nos hizo una propuesta para aumentar los recursos de la nación. Para eso hay que gravar, entre otros, alimentos y medicinas con 2 por ciento. Hoy se nos informa que automáticamente aparecen 20 mil millones de pesos, que es una tercera parte de lo que implica el IVA en alimentos, en impuestos generalizados y también en medicinas, y aparecen guardaditos 20 mil millones de pesos. Creo que debería regresar el secretario de Hacienda a rendirnos una información al respecto.

Creo que el secretario del Trabajo ---que hoy, inapropiadamente, en algo que ya la propia soberanía ha corregido porque ha mandado un extrañamiento a este responsable del Poder Ejecutivo por no acudir a esta soberanía--- debería venir. Ojalá el próximo miércoles sí nos conceda la venia de acudir a este Poder Legislativo a rendir un informe pormenorizado de lo que están pensando hacer. Ojalá también la secretaria de Energía pueda acudir al pleno para informarnos qué piensan hacer con este tema tan delicado.

Lamento de verdad que un tema tan serio se trate a espaldas del Congreso de la Unión; que se le mienta al Congreso de la Unión y que merezcan tan poca importancia decenas de miles de familias que han quedado hoy en el desamparo. Esperamos que en un breve tiempo podamos revertir esta circunstancia tan triste para ellos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo García Portillo.

El diputado Arturo García Portillo : Diputado presidente, diputadas y diputados, realmente sí nos debe empezar a preocupar el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque, por lo que estamos escuchando aquí en este debate, a algunos diputados ya se les quemaron los fusibles con estos temas.

Es por tanto urgente que volvamos a encauzar y a precisar los puntos centrales de todo esto, porque, ¿cómo explicar que pretenda la izquierda actuar contra la fortaleza del Estado, contra los ciudadanos; en contra de que tengamos instituciones que mejoren el servicio que todos merecemos y, por tanto, también de tener recursos disponibles para dedicarlos a las prioridades de esta nación como la educación y otro tipo de temas como la pobreza?

Porque esta decisión de la extinción de Luz y Fuerza del Centro tiene que ver con la fortaleza del Estado mexicano, tiene que ver con una decisión para que las instituciones y las empresas que de él dependen puedan resolverse y puedan seguir desempeñándose, y prestar sus servicios de la mejor manera a todos.

Porque ésta es una decisión que va a mejorar directamente las condiciones de vida de todos los habitantes de la zona centro del país que se han visto perjudicados no sólo por las cosas más evidentes del funcionamiento de esta empresa, como la falta de calidad en el servicio, sino además por todos los datos que ya hemos podido conocer en estos días, sobre su enorme ineficiencia, sobre el enorme dispendio de recursos que tiene.

La decisión tiene que ser, como está siendo y fue ya, una decisión de fondo. Una decisión de cambiar de tajo ese esquema perverso que impedía y estaba impidiendo a los mexicanos de esta parte del país una mejor calidad en esto.

Por eso, diputados, no nos equivoquemos en los términos de este debate, por ningún motivo se trata de un asunto contra los trabajadores. Buena parte de ellos podrá ser recontratada en un nuevo esquema que sirva mejor, que tenga mejores condiciones para todos. Nos habíamos tardado, es cierto. Ocurrió ya finalmente, es cierto. Y vamos a darnos la oportunidad de encontrar un nuevo esquema y vamos a encontrar un mecanismo para que esta empresa pueda funcionar eficientemente.

Los recursos que de esa mejoría se obtengan, sin duda, serán mucho mejor utilizados en otras prioridades. En lugar de estar debatiendo ya sobre esta situación, que ya está decidida y decretada, pongámonos a analizar qué hacer con esos recursos que podemos disponer de manera adicional; por ejemplo, para los temas educativos, por ejemplo para los temas del combate a la pobreza.

Allí es donde está el tiempo que debe dedicar este Congreso y esta Cámara, y es donde podemos mejor aprovechar el tiempo que nos resta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos : Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el principal argumento que el gobierno de facto ha usado para extinguir a la compañía Luz y Fuerza del Centro ha sido la ineficiencia. En este momento y en este debate han subido algunos compañeros a repetir ese argumento.

Y han dicho ---un diputado de Acción Nacional, que me antecedió--- que la compañía tenía 22 mil millones de pesos en venta y 42 mil millones en gastos; y con esto, ya justifican la ineficiencia de la empresa.

El dirigente del sindicato ha mencionado muchas veces, y lamentablemente los medios no han hecho eco de esto, que buena parte de esta ineficiencia entre comillas se debe a que el presupuesto de la compañía servía para subsidiar a todas las empresas del valle de México y que compraban a Comisión Federal de Electricidad la energía cara y la vendían barata a los industriales.

Todo el asunto de la ineficiencia hoy el gobierno federal se la trata de echar al sindicato. Bueno, ¿que el sindicato nombra a los funcionarios de Luz y Fuerza? ¿Que no los funcionarios de Luz y Fuerza son parte del gobierno federal? ¿Que no ellos son los responsables de administrar y negociar? Pues claro que sí. Tan es así, que aquí se ha dicho que la compañía tenía un convenio signado con el sindicato para mejorar la productividad y que se lo pasaron por el arco del triunfo.

Lo que había ya, y está claro y el pueblo de México debe saberlo con toda claridad, es que había un plan premeditado, que trató de crear en principio una división del sindicato para destruirlo. Y al no prosperar optaron por la medida de desaparecer la empresa, porque no encontraron otro camino, violando con ello la propia Constitución General de la República.

En ese sentido, esta medida no es más que la muestra de un gobierno que no ha atendido las necesidades de la población, que trata de capitalizar también inconformidades.

Ahora resulta que Comisión Federal es el prototipo. Vayamos a cualquier otro estado de la República donde está Comisión Federal y vamos a encontrar que la amplia mayoría también de los ciudadanos está inconforme, porque a veces a ella atribuyen lo caro de las tarifas.

¿A poco no en la mayor parte del país hay inconformidades de los ciudadanos por las altas tarifas que el gobierno federal cobra a los ciudadanos?

Muchas veces el ciudadano común y corriente cree que el trabajador, que el funcionario menor es el responsable de esta circunstancia. Y eso es lo que hoy están tratando de usar también contra los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Definitivamente la ineficiencia es responsabilidad del propio gobierno, y tenían un convenio para resolverlo. Ése no es un argumento que valga. No es un argumento. Sí hubo puñalada trapera porque, si están discutiendo y firmando un convenio, no se explica que al otro día, sábado por la noche, aprovechando el futbol, golpeen de manera artera a los trabajadores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Gracias, diputado presidente. Para rectificar algunas cifras. A agosto de este año se han gastado 23 mil 373 millones del presupuesto, para el subsidio a la compañía Luz y Fuerza del Centro, no los 42 mil que Calderón dijo en su mensaje de televisión a los nacionales. Este dinero se ha usado fundamentalmente para comprar energía a la Comisión Federal de Electricidad.

Tengo aquí un oficio de la Secretaría de la Función Pública del gobierno usurpador, con fecha 10 de junio de 2009, donde dice claramente que de 42 mil 315.5 millones de pesos que se usaron para el subsidio el año anterior, en su totalidad fueron para pago de energía de la Comisión Federal de Electricidad.

Es falso entonces que el subsidio se esté utilizando para los privilegios de los sindicalizados; es falso que la compañía no podría ser rentable. Lo que ha sucedido es que de 1960 a 2007 pasaron de atender de 580 mil personas a 5 millones 900 mil personas; 10 veces más. A pesar de esto, los gobiernos en turno se dedicaron a hacer todo para quebrar a la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Pero quiero insistir en que, además, el sindicato estaba en pláticas, estaba dialogando. El sindicato cerró filas. Alejandro Muñoz ---a quien tanto defendía aquí la bancada del PAN diciendo que ``había habido un proceso irregular'' en su contra--- estuvo en la marcha el domingo junto con Martín Esparza diciendo: ``Respeten al sindicato''; diciendo: ``Respeten a la compañía Luz y Fuerza del Centro''. Y ya se les olvidó todo eso.

Ahora lo que quieren es el botín. Con una ternura, que casi me dio ganas de llorar, uno de los diputados ---de quien no recuerdo el nombre, por eso no lo aludo por su nombre, no crean que por otra razón--- viene a decirnos aquí que ``en beneficio de la nación'', ``que están muy preocupados''.

A ver, pongámosle productividad a Calderón. Era el presidente del empleo, dijo. ¿Cuántos empleos ha creado? Ninguno. Debería irse. Dijo que iba a sacar al país de la pobreza. Hay más pobres cada día: 40 millones en extrema pobreza y 60 millones de pobres en general. Debería irse. Dijo que iba a generar un proceso de respeto al estado de derecho, de democracia, de libertades. Está militarizando al país. Simplemente en Michoacán hay más de 500 quejas contra el Ejército y la Policía Federal. Y ha asesinado a tres menores de edad ---de 16, 14 y 12 años--- el Ejército, en sus supuestas acciones de lucha contra el narco, pero que en rea-lidad son de ataque constante a la población del país.

Hay 7.5 millones de jóvenes sin derecho a la universidad de entre 18 y 23 años. Al paso que van, van a desaparecer a la universidad, van a desaparecer al Seguro Social, van a desaparecer todo. De veras, van a querer desaparecer al Congreso porque van a decir que los privilegios y que no hacen nada... y toda esa campaña mediática que traen durísima contra el Poder Legislativo, porque les estorba todo para malgobernar, les estorba todo para rematar el patrimonio nacional.

Es un acto de hipocresía venir a decir aquí que liquidan la compañía Luz y Fuerza. Y yo diría pretender liquidarla, porque quienes creen que es un hecho consumado, eso está por verse, eso está por verse todavía. La última palabra la tiene el pueblo de México. Y aunque han avanzado en su campaña de odio, de mala información, de terror hacia la ciudadanía, la verdad sale más temprano que tarde.

Y es evidente que están los negocios al cobijo del poder detrás de la determinación de desaparecer la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Por todas estas razones les decimos: vamos a un conflicto de larga duración. No lo vamos a permitir. Así como vienen a decirnos aquí que viendo a los ojos a la ciudadanía los tenemos que parar, eso me suena a Francisco Franco, que es uno de sus inspiradores, no tengo duda, porque Antonio Solá es de los principales asesores de Calderón, un facho de nuevo tipo. Nosotros también, viéndolos a los ojos, les decimos: no vamos a permitir que pasen por encima de los derechos, de las libertades y de las garantías del pueblo de México.

Vamos a hacer todo lo que sea necesario, de manera pacífica y legal, para parar estos golpes de mano, estos intentos de instaurar un Estado totalitario y estos intentos de pasar por encima de las libertades y las garantías de la ciudadanía.

El SME es uno de los sindicatos patrimonio de procesos democráticos de este país, es uno de los sindicatos y de los trabajadores que mejor han hecho su tarea. Ya quisieran ustedes hacer la mitad para el país de lo que han hecho los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aunque les moleste; son de piel muy sensible, deberían dedicarse a otra cosa, no a la política, porque no aguantan los debates, no aguantan los argumentos, no aguantan la crítica. Qué pena me dan, francamente. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En los términos del artículo 114, informo a ustedes que están inscritos: el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, el diputado Óscar González Yáñezy la diputada Laura Itzel Castillo.

Al término de esta lista preguntaré a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío .

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío : Con su permiso, señor presidente. Hace unos días leí que lo que había sucedido el sábado de madrugada había sido una decisión ``valiente y oportuna''.

Pues es muy difícil de verdad pensar que actuar contra un grupo de trabajadores desarmados ante las bayonetas de quienes atacaron las instalaciones de Luz y Fuerza se puede considerar valiente. No sé, de veras, quién pueda tener esa capacidad de considerar valiente un hecho de esta naturaleza. Es un hecho más de cobardía que de honor.

No es honor cuando se asesta un golpe a una organización sindical. ``Vamos a terminar con un esquema perverso''. Esquema perverso el que han impuesto ustedes al país, esquema perverso donde hay niños que mueren de hambre, esquema perverso donde se ha enriquecido una casta de ladrones y es público y notorio, esquema perverso cuando se conculcan los derechos constitucionales de la gente. Ése es un esquema perverso.

Baste recorrer este país. Y si no se quieren dar cuenta, compañeros, la gente ya se dio cuenta de la perversidad que nos han impuesto estos esquemas neoliberales. Eso es lo perverso.

Estamos, dicen, para defender a México. ¿Defender a México de qué? ¿De un sindicato que se ha satanizado, que se han gastado millones de pesos para decir que los trabajadores tienen privilegios, cuando todo mundo sabe quiénes son los que tienen, o tenemos, privilegios?

Vergüenza debería darnos comparar los salarios de los trabajadores electricistas con los de esta Cámara, del Senado, y de la alta burocracia de este país que ha sometido a esta nación a una de las peores crisis. Vergüenza debería darnos no dar buenos resultados a la nación, no sólo en Luz y Fuerza.

Hoy hay una crisis de seguridad pública, una crisis de educación, una crisis de empleo, una crisis económica. ¿Dónde están los buenos resultados? ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué queremos engañar a un pueblo que está ávido de la verdad y de la razón? ¿Por qué queremos seguir justificando un esquema perverso donde se destruye a una organización sindical por el sólo hecho de tener buenas pensiones?

Qué pena, compañeros diputados, que hoy pongamos en la picota a los jubilados de este país. Vean cuánto gana un jubilado y qué haría cualquiera de nosotros con mil, 2 mil pesos al mes como jubilados.

Gente que entregó su vida a este país, que tiene salarios de hambre. Y hoy vamos sobre las jubilaciones, vamos contra la gente que tiene una jubilación digna. Eso es lo que está atrás, ésa es la realidad, compañeros.

Hoy hay un desprestigio mediático, pero sí quiero decirles yo que este desprestigio mediático tiene que quedar más claro. Ustedes lo saben, no hay peor cosa que podemos hacer que engañarnos a nosotros mismos; saben que no tienen la razón, que se pasaron por encima la ley. Pero es muy difícil despertar a un muerto.

Aquí podíamos darles más razones del fracaso rotundo de la política económica y no responsabilizar a los compañeros mintiendo a la nación, acerca de estas medidas ``valientes''. Con las bayonetas cualquiera es valiente.

Creo, compañeras diputadas y compañeros diputados, que esta historia de mentiras, del olvido, de lo que nos invita un compañero aquí a decir: vámonos olvidando de este problema, hombre, y a ver adónde metemos ese dinero...

Qué facil, qué fácil es meternos en la historia del olvido. Los pueblos tenemos memoria afortunadamente y la memoria reconoce al Sindicato Mexicano de Electricistas como uno de los sindicatos nacionalistas más importantes. Ahí es donde hay que consentirnos con la razón en la mano, y vamos encontrando una alternativa que le dé la oportunidad a que no queden 40 mil gentes en la calle.

No compañeros, no podemos frívolamente decir que todo va bien, cuando lanzamos a la calle a 40 mil personas. Qué fácil es decirlo desde una posición de poder.

Yo los invito a todos, diputadas y diputados, a que brindemos la más amplia solidaridad y respaldo a la lucha que ha iniciado el SME. Ésa es la tarea de los demócratas de esta nación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez : Con su permiso, diputado presidente.

No me extrañaría que el diputado que me antecedió, después de que vio bayonetas la noche del 11 de octubre, en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, pueda ver moros con tranchetes en cualquier institución.

Hoy venimos a hablar a esta tribuna de los hechos y de las realidades que han motivado al gobierno para extinguir Luz y Fuerza del Centro y vamos hablando de cifras y vamos hablando de números. Hablaban ahorita de 22 mil jubilados, efectivamente, el gobierno federal tiene el compromiso de seguir cumpliendo con esas jubilaciones.

¿Por qué no hablamos de lo que ha venido y lo que se ha querido hacer durante los últimos años a Luz y Fuerza del Centro? En 2008 el SME aprobó la realización de una reingeniería en los procesos de trabajo de Luz y Fuerza del Centro y la cual estaría a cargo del Instituto Politécnico Nacional, para ver cómo podríamos resolver los procesos y hacer eficiente a Luz y Fuerza del Centro.

¿Qué pasó? Creo que todos sabemos la respuesta. También la empresa Unión Fenosa realizó el proyecto de sistema integral de gestión para automatizar la lectura, registros y captura de datos. Se pagaron millones, pero la propuesta pasó y el sindicato se opone porque se desplazarían trabajadores y se cerrarían plazas. Mientras tanto, que siguiéramos con las ineficiencias del sistema de Luz y Fuerza.

Un dato importante, Luz y Fuerza del Centro atiende a alrededor de 25 millones de habitantes de este país, y tiene pérdidas de 30 por ciento. Compra su energía a casi 99 centavos y la vende a 1.50 centavos. Comisión Federal de Electricidad atiende al resto de la población y tiene pérdidas solamente de 10 por ciento.

Señores, el debate no es con el trabajador, el debate no es con el ingeniero, el debate no es con el lecturista ni con el electricista; el debate va más allá, el debate va a hacer eficientes los recursos de este país. Y si podemos hacerlo y está en nuestras manos, los invito.

Por eso tomo la palabra del diputado Fernández Noroña que dice y dijo hace un momento en esta tribuna, que defenderán pacífica y legalmente. Esperemos que en el diccionario los dos tengamos la misma definición de qué es pacífico y de qué es legal.

También hay una recomendación del auditor superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2006 y que recomienda textual, que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y que señala:

``Cuando un organismo descentralizado no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal:

1. La disolución, liquidación o extinción de aquel organismo''.

La disolución. Perdón, sólo Dios y los tontos nunca se equivocan, diputado.

Además, el Instituto Politécnico Nacional intervino como observador en el contrato laboral 2008-2010 y se pactaron 26 indicadores y metas de productividad y que el trabajo realizado, fíjense, realizado por los 44 mil empleados de la empresa, podría haberse realizado con una quinta parte de ellos.

Pero vamos a unos datos importantes. Las pérdidas de energía, ya las comentaba. Las inconformidades de los 25 millones de ciudadanos que atiende Luz y Fuerza, son de 11 por ciento; de Comisión Federal de Electricidad de 4.6. Si vimos que el ingreso anual de CFE es de 141 mil 734 millones de pesos, el de Luz y Fuerza del Centro es de mil 580 millones de pesos. Es decir, solamente 1.1 por ciento de Luz y Fuerza del Centro.

De modo que si restamos lo que a Luz y Fuerza del Centro aporta el Estado y lo que aporta a Comisión, quiere decir que esto equivale casi a lo que se destina a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Energía.

Pero podemos... Concluyo presidente, concluyo. Creo que hoy, señoras y señores, el debate, compañeras diputadas y compañeros diputados, es ver cómo hacemos para hacer eficientes nuestras instituciones.

El Partido Acción Nacional, al inicio de esta legislatura, hizo propuestas concretas de cómo podíamos hacer eficiente al Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Concluya, señor diputado, por favor.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez : Tenemos en nuestras manos un camino largo que recorrer, pero venimos aquí, señoras diputadas y señores diputados, a dar soluciones, a dar soluciones de cara a la nación y con resultados concretos. Muchísimas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Primero me disculpo con el diputado, que no puedo aludirlo porque ando desmemoriado con los nombres, pero lo aludo claramente, para que si quiere intervenir otra vez en tribuna, aunque no diga su nombre.

El diccionario de la Real Academia Española rige igual para todos, y pacífico y legal está ahí muy claro.

¿Qué es pacífico para el gobierno usurpador? Voy a poner un ejemplo. 517 quejas contra el Ejército y la PFP en Michoacán; 433 contra el Ejército; 84 contra la PFP; tres menores muertos, de 12, 16 y 14 años; 53 casos de tortura, en la lucha legal, pacífica, democrática del gobierno usurpador contra la delincuencia organizada. Pero los 53 casos de tortura son contra ciudadanos inocentes, que acabaron liberados.

Ésta es la definición pacífica y legal del gobierno usurpador, la nuestra es la del diccionario de la Real Academia Española.

Si a alguien le deben la paz y la estabilidad del país se llama Andrés Manuel López Obrador, les guste o no les guste. Sí, sí, porque si hubiera llamado a que no permitiéramos que el usurpador estuviera donde está, quién sabe dónde estaríamos.

De nada, de nada. Yo no estoy de acuerdo con ello, por cierto.

Me parece que ya deberíamos haber hecho que se fuera. Les dije aquí en tribuna; por qué no abrimos las urnas y contamos voto por voto, casilla por casilla, ahí están. Y si Calderón no ganó, que renuncie, y si ganó, se acabó el problema de ilegitimidad. ¿Por qué no aceptan ese reto a tres años de la elección? ¿Por qué no aceptan que perdieron la elección de 2009? Son minoría. ¿Se enteran que son minoría, Partido Acción Nacional? ¿Se enteran que la ciudadanía los rechazó? ¿Se enteran que la ciudadanía no está de acuerdo con Calderón, que estuvo en los spots diciendo que lo apoyaran en la lucha contra el narcotráfico?

¿Se enteran que el ejercicio autoritario no los lleva a ningún lugar, más que al basurero de la historia? ¿Se enteran que la toma violenta, armada, de la compañía Luz y Fuerza fue no sólo un acto de cobardía, sino un acto abusivo y prepotente? Porque los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas estaban esperando la respuesta que Luis Felipe Bravo Mena dijo que les darían ayer. Y la respuesta fue un golpe de mano; la toma militar.

Sacaron a todos los trabajadores y ahora dicen que si hay apagones es porque andan haciendo sabotaje los trabajadores, que debe ser su espíritu burlón, porque no sé cómo los trabajadores puedan hacer ningún sabotaje si está tomada Luz y Fuerza por la Policía Federal, en un acto pacífico y legal del gobierno usurpador. Entonces son verdaderamente increíbles, son verdaderamente increíbles.

Les vuelvo a decir que lean a su ex diputado Francisco Fraile García; ahí dice cómo se pidió, para infraestructura en 2008, presupuesto para rehabilitación y modernización de subestaciones, ampliación de sistemas de potencia y redes de trasmisión; distribución, rehabilitación y modernización de plantas generadoras y equipamiento requerido por el programa de reducción de pérdidas no técnicas.

¿Qué hizo el gobierno usurpador? Nada; seguir haciendo todo para que quebrara la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Están detrás los negocios de las trasnacionales, están detrás los mil 100 kilómetros de fibra óptica, está detrás la hipocresía de siempre de la derecha, que lo único que quiere es pasar por encima de los derechos y garantías constitucionales.

Eso es de lo que estamos hablando, claro que tenemos diferentes concepciones, porque en la izquierda actuamos en consecuencia de lo que hablamos. Nuestros hechos nos definen; en la derecha hay doble moral. Son más corruptos, mucho más corruptos que el régimen anterior ---mucho más--- y son además más desvergonzados, porque van a misa el domingo ---por cierto, dice que Dios y los tontos no se equivocan, no se angustie, compañero, que Dios no existe, así es que no se puede equivocar---, van a misa, comulgan y salen a matar y salen a robar y salen a atropellar y salen a mentir y salen a hacer todo lo que dicen que está prohibido por su moral. De verdad, son de pena ajena. Hay que sacarlos del gobierno, porque van a llevar al país al absoluto despeñadero. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, por alusiones personales.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío : Compañeras y compañeros, quiero llamar su atención porque aquí pueden ustedes encontrar la raíz cuadrada, pueden elevar al cubo, pueden multiplicar por mil y los números no les van a cuadrar porque la mentira y la traición generalmente es repudiada por la gente bien nacida y son mentiras lo que están diciendo.

Saben bien que no es un problema aritmético, es un problema político, y ha quedado claro a la población más consciente cómo los sindicatos, que han avanzado en sus conquistas laborales, son un estorbo para el modelo de de-sarrollo económico de este país. Eso es lo que está atrás. Al rato puede pasarle a otro y a otro sindicato.

La mentira y la traición son generalmente repudiadas porque no tienen ningún significado ético, pero aparte de eso no hay, compañeros, ruta positiva para enrolarnos de nuevo en esa eficientación, modernización y todas las mentiras que están atrás del discurso. Y voy a decirles por qué.

Se nos dijo que íbamos a mejorar en Teléfonos de México y se vendió; se nos dijo que íbamos a mejorar ferrocarriles, bancos, carreteras, aeropuertos y ¿qué ha pasado? De verdad, ¿qué ha pasado con este país? ¿Podemos seguir nosotros simulando y mintiéndonos aquí para ganar un debate?

No es eso, compañeros ---de cualquier partido---, lo que más importa es realmente de qué manera encontramos la razón, la verdad, para darle otro rumbo a esta nación.

Quien no lo quiera entender así, salga a la calle y vea.

Lo que le ha pasado a García Luna aquí. Muy bueno para meterle la policía a los sindicatos, pero sin ninguna capacidad para resolver los grandes problemas de seguridad nacional. Así qué fácil es ser representante de la seguridad nacional. Vino aquí apenas hace unas semanas y no fue capaz de articular algo que valiera la pena. En cambio estaba articulando un artero golpe contra indefensos trabajadores. Ustedes se dieron cuenta de la celeridad y el golpe táctico. Qué eficiencia.

No nos mintamos más. No es un problema aritmético y saben bien que los recursos que no se le dieron a Luz y Fuerza, son los mismos que no se han dado en educación, son los mismos que no se han dado en salud, son los mismos que se niegan para tener un presupuesto para que esta nación produzca, se desarrolle, sea eficiente y viva en concordia. Esa es la realidad.

Yo nada más quisiera pedirles hoy a todos y a todas las compañeras diputadas que nos uniera un rato la reflexión y no nos engañáramos golpeando a los trabajadores mexicanos electricistas. ¿Dónde puede estar una medida acertada cuando se despide a 40 mil personas, hombre, dónde? ¿Dónde puede estar esa eficiencia, si se da el dinero al Fobaproa, si se rescatan bancos?

No, compañeros, no se engañen. El dinero está en otro lado y ha ido a parar a otro lado. Por fortuna México hoy empieza a unirse, y a unirse con un proyecto que, ojalá el día de mañana sea capaz de volver el rumbo que esta nación debe tener de progreso, de concordia, de desarrollo.

No es discurso. Ojalá tengamos, todos, el talento para encontrar ese camino que la sociedad nos exige. Ojalá tengamos la oportunidad, antes de que nos desbaraten más este país. Vámonos poniendo a trabajar sin destruir sindicatos, sin mandar a la calle a la gente. No es ése el camino del progreso, ni de la eficiencia, ni de la modernidad. ¿Cuál modernidad?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío : Gracias, señor. Finalmente convoco a los que me oigan para que este jueves asistamos todos a la marcha que convoca el SME.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.

El diputado Óscar González Yáñez : Gracias, señor presidente.

Con el permiso de la asamblea, primero quiero hacer un llamado sobre cuáles deben ser los instrumentos que deben regir nuestro debate y nuestra convivencia parlamentaria, a fin de ser más productivos para el pueblo de México, que al final es nuestra intención y nuestra razón de existir en esta asamblea.

Nos deben regir los principios, cada quien sus principios ideológicos, pero sobre todo la verdad y no la mentira. La mentira es un instrumento de quienes no quieren caminar por el camino de la transparencia y se tienen que ocultar en la mentira.

Allí es donde se oculta Felipe Calderón, en la mentira. Un diseño de una estrategia; una estrategia, primero de dividir a un sindicato, no lo lograron. Después hubo la estrategia de corromper dirigentes de un sindicato, no lo lograron. Después la estrategia de no otorgar la toma de nota, no lo lograron. Está claro que hay una estrategia.

Aquí en esta tribuna discutimos ene número de veces esa estrategia, no se discutía la productividad; cuando se discutía el tema de la toma de nota, no se discutía la productividad. La estrategia también cambió por los compañeros de Acción Nacional y ahora llegan al nivel de desaparecerla. Es una estrategia diseñada. Por eso, digo que Calderón se esconde en la mentira, porque si él desde el principio hubiera mandado la preocupación de la productividad, eso estuviéramos discutiendo, y no discutiendo políticas fascistas, que a fin de cuentas eso son.

En consecuencia, nosotros planteamos que fue una estrategia diseñada por parte de este personaje que está en Los Pinos para dar un golpe al pueblo de México y al sindicalismo. Cuando se habla de privatización, que se dice que no, evidentemente pues ya no ocupan la privatización, compañeros. Ya hablaron mis anteriores compañeros de que 42 mil millones de pesos, lo que se van ---y es otra mentira del señor Lozano, que también se une al grupo de la mentira--- se van, esos 42 mil millones de pesos, se van a comprar a CFE energía.

Eso significa compañeros que hay gente que está produciendo energía eléctrica en nuestro país y CFE le sigue el juego y se las compra. La ley permite, porque así lo permite la ley, que se pueda producir energía de manera autosuficiente y que el excedente se le venda a CFE. Pero, compañeros, ¿cómo CFE le va a estar comprando a empresas 95 por ciento de la energía que producen? ¿Por qué? Y ese dinero es el de CFE. Y luego estos señores le compran a Luz y Fuerza energía subsidiada, la que ellos produjeron, esa perversidad, por eso ellos ya no hablan de privatización, pues ya hicieron una privatización técnica. Ya la hicieron, en este momento, una privatización técnica.

Ésa es una estrategia, señores, y evidentemente los de oposición tenemos derecho a evidenciar al ladrón, a decir: ahí está. En este momento está arraigado en Los Pinos, por la moda de los lenguajes. Arraigo en Los Pinos, al señor Calderón. Pero ésa es una privatización técnica.

Cuando se habla de por qué, cuánto cobra, por qué no entramos al tema de las cuentas especiales. Las cuentas especiales que nadie tiene información sobre ellas, más que el cajón del director, director que por cierto pertenece al gabinete ampliado, y que el gabinete ampliado lo pone Felipe Calderón.

Ahí están en ese cajoncito las cuentas especiales. Aquellas cuentas que nadie sabe cuánto dinero gastan, todos aquellos que están colgados. Nada más como anecdotario, como lo comentó ayer el líder del sindicato: la Torre Mayor no paga luz, compañeros, no paga luz; Los Pinos no paga luz. Ésas son cuentas especiales, ahí está donde se fuga 30 por ciento de lo que muchos compañeros han hablado. Ahí está dónde se fuga. Eso es lo que tenemos que ver, pero no se vale que nos ocultemos, perdón, se oculten ---yo también sí me equivoco--- en la mentira. Eso no es lo correcto, porque en consecuencia no estaríamos ayudando al país.

Se ha hablado de muchos privilegios. Compañeros, no confundamos privilegios con conquistas laborales. Es muy diferente un privilegio que una conquista laboral. Ojo, por ejemplo, los trabajadores de Médica Sur. Los trabajadores de Médica Sur reciben servicio médico en Médica Sur; ya los eché de cabeza, porque ahora ya Calderón los va a ir a perseguir para desaparecer Médica Sur.

Privilegios, compañeros, los de la bancada de Acción Nacional, que pusieron un spa aquí abajo con el dinero del pueblo. Ésos son privilegios, no es otra cosa, compañeros. No confundamos privilegios con conquistas laborales, porque no van a decir que eso es una conquista laboral.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos que concluya, señor diputado.

El diputado Óscar González Yáñez : Concluyo, señor presidente. Luego les ponen a los trabajadores una zanahoria: si te liquidas 30 días antes te damos esto. Señores, yo les aviso a todos los que tienen controversia, en las juntas de Conciliación y Arbitraje, que vayan con el señor Lozano, pero apúrense en 30 días, porque les va a dar ciento por ciento de ley, más de 10 a 80 por ciento, más, de cuates.

Compañeros, no reproduzcan lo que ustedes mismos se quejan, de que le dieron de más al sindicato y ahora le quieren volver a dar de más, pues ahora sí que quién los entiende.

Termino, señor presidente. Hay liquidaciones de 20 años: aguántense tantito, hombre, no les pasa nada, pues total en eso andan. Hay liquidaciones de 20 años que equivalen a menos de un mes de salario del señor Lozano. Y dice que es muy digno esto y luego todavía se atreve a no venir.

Concluyo, compañeros, diciéndoles que no podemos permitir ---y ustedes deben entenderlo así---, que prerrogativas fundamentales, que deben estar en cualquier representante popular, son la verdad, la ética y los principios. Y eso es lo que nosotros defendemos y es lo que seguiremos defendiendo, junto con los derechos de la gente que está en este país, porque no podemos permitir que los saqueen, como lo están haciendo. Y no lo vamos a hacer.

Muchas gracias, a todos ustedes por su atención. Gracias, señor presidente, por su paciencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra Laura Itzel Castillo, diputada del Partido del Trabajo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Diputado presidente, diputadas y diputados, hace unos momentos un diputado del Partido Acción Nacionalseñaló que no fue algo que estuviera planeado, que no fue algo premeditado. ¡Falso! Incluso en el decreto se señala que desde el 28 de septiembre esto estaba preparado, que estaba lista la propuesta.

Con relación a los números que aquí también han señalado, les quisiera decir que los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro, al 31 de diciembre de 2008, en cuanto a ingresos y ventas, fueron de 50 mil millones de pesos, pero habría que ver en cuanto a los costos de explotación y compra de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad, que fueron ni más ni menos que de 60 mil millones de pesos.

¿Esto qué quiere decir? Que Luz y Fuerza del Centro le compra a la eficiente Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿saben a cómo le compran? Para el caso de los domicilios, es decir, para las familias, lo que tiene que ver con la tarifa doméstica, a 1.50 kilowatts-hora, un peso con 50 centavos.

La misma Comisión Federal de Electricidad, ¿saben a cómo le vende a los grandes empresarios? A menos de 50 centavos el kilowatt-hora.

Desde 1963 Luz y Fuerza del Centro tiene prohibido explícitamente producir energía. Toda la energía se la tiene que comprar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero la Comisión Federal de Electricidad resulta que le compra a los privados.

Ahí tenemos el caso del desbordamiento de las presas en Tabasco, resultado, sí, de problemas relacionados con el cambio climático, pero sobre todo, con problemas relacionados con esta política económica entreguista que no promueve el desarrollo público y que en cambio lo que estamos viendo es que está comprando energía cara.

Solamente un dato. Desde que llegó Vicente Fox a la Presidencia de la República al día de hoy ha subido 400 por ciento la tarifa doméstica. Fue en ese entonces cuando se implementó la denominada tarifa TAC, que es la tarifa de alto consumo, cuestión que trae una serie de consecuencias muy graves; sobre todo se agudizan para la gente que vive en el norte del país y la gente que vive también en el sureste por las altas temperaturas.

Diría ¿por qué, como lo señalaba el compañero Óscar González, no paga energía eléctrica por ejemplo la gente de Torre Mayor, cuando plantean que es un edificio inteligente? Yo diría que no nada más es un edificio inteligente, en este caso lo que está haciendo, es además de funcionar y de presumir algo interno esta situación, se están robando la energía.

Pero también sucede lo mismo con los hoteles de Polanco y se sospecha que en Los Pinos hay un diablito.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Ha concluido, diputada?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Todavía no, un momento más. Y es el autodenominado presidente del empleo. Pero sí, digamos, lo ha demostrado con esta acción que hizo contra Luz y Fuerza del Centro, el presidente del empleo de la fuerza pública. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Ha concluido la lista de oradores, tal como lo habíamos anunciado con oportunidad, en los términos del artículo 114 y 115 del Reglamento para el Gobierno. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Suficientemente discutido. Le pido a la Secretaría continúe con la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 15 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 56 aniversario del derecho al voto de la mujer, que tendrá lugar el 17 de octubre a las 10 horas.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 17:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 15 de octubre, a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 de la mañana. Muchas gracias.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 13 minutos
• Con un receso de: 1 hora 23 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 377 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 470 diputados
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Políticaaprobados: 2
Oradores en tribuna: 75PRI-16 PAN-13 PRD-21 PVEM-4 PT-20 Nueva Alianza-1
• Se recibieron:
• Se recibió de la Junta de Coordinación Políticala integración complementaria al acuerdo, aprobado, de la integración de las 44 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, el pasado 29 de septiembre
• 1 oficio de la Comisión Nacional del Agua;
• 1 oficio de la Instituto Mexicano del Seguro Social;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernaciónpor los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 19 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente;
• 1 iniciativa de senador del PRI;
• 1 proposición con punto de acuerdo de senador del PRI;
• 1 excitativa a comisiones de senadores integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera;
• 5 minutas con proyectos de decreto;
• 12 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 5 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 2 iniciativas del PT;
• 2 temas de agenda política

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Acosta Naranjo, Guadalupe(PRD) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 100
• Acosta Naranjo, Guadalupe(PRD) Orden del día: 19
• Acosta Naranjo, Guadalupe(PRD) Sindicato Mexicano de Electricistas: 229
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Artículo 73 constitucional: 134
• Benítez Lucho, Antonio(PRI) Ley General de Salud: 125
• Benítez Treviño, Víctor Humberto(PRI) Bordo Poniente: 218
• Bermúdez Méndez, José Erandi(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 233
• Burelo Burelo, César Francisco(PRD) Controversias constitucionales: 185
• Carabias Icaza, Alejandro(PVEM) Bordo Poniente: 215
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Análisis III Informe de Gobierno: 23
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Ley de Austeridad Republicana: 92
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 225
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Luz y Fuerza del Centro: 205
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Orden del día: 19
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 237
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Sindicato Mexicano de Electricistas: 232, 235
• Cinta Martínez, Alberto Emiliano(PVEM) Comité de fomento a la competitividad de México: 193
• Cuevas Barrón, Gabriela(PAN) Bordo Poniente: 222
• De los Cobos Silva, José Gerardo (PAN) Análisis III Informe de Gobierno: 23
• Di Costanzo Armenta, Mario Alberto(PT) Ley del Impuesto Sobre la Renta - Código Fiscal de la Federación: 105
• Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús(PRD) Orden del día: 19
• Enríquez Fuentes, Jesús Ricardo(PRI) Bordo Poniente: 220
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 65
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Luz y Fuerza del Centro: 187
• Espinosa Ramos, Francisco Amadeo(PT) Orden del día: 20
• Espinosa Ramos, Francisco Amadeo(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 230
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Orden del día: 18, 19
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 226, 231, 234
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Análisis III Informe de Gobierno: 22
• García Portillo, Arturo(PAN) Sindicato Mexicano de Electricistas: 229
• González Cuevas, Isaías (PRI) Ley de Ingresos de la Federación 2010: 212
• González Hernández, Gustavo(PAN) Orden del día: 19
• González Yáñez, Óscar(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 236
• Guajardo Villarreal, Mary Telma(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 186
• Guerrero Castillo, Agustín(PRD) Orden del día: 18
• Hernández Hernández, Jorge(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 189
• Hernández Juárez, Francisco(PRD) Orden del día: 18
• Hernández Juárez, Francisco(PRD) Sindicato Mexicano de Electricistas: 223
• Huerta Montero, Juan(PAN) Estado de Guanajuato - Telefonía: 213
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Ley de Ingresos de la Federación 2010: 213
• Lobato García, Sergio(PRI) Estado de Chiapas - Tarifas eléctricas: 199
• Lozano Herrera, Ilich Augusto (PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 198
• Luna Ruiz, Gloria Trinidad (PAN) Artículo 4o. constitucional: 68
• Madrigal Díaz, César Octavio(PAN) Controversias constitucionales: 185
• Martínez y Hernández, Ifigenia Martha(PT) Controversias constitucionales: 185
• Méndez Rangel, Avelino(PRD) Bordo Poniente: 216, 221, 222
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro(PT) Sindicato Mexicano de Electricistas: 224
• Pascualli Gómez, Juan de Jesús(PAN) Estado de Guanajuato - Telefonía: 215
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Bordo Poniente: 217, 218
• Pérez de Alva Blanco, Roberto(Nueva Alianza) Controversias constitucionales: 185
• Pérez Magaña, Eviel(PRI) Ley de Ingresos de la Federación 2010: 212
• Pompa Corella, Miguel Ernesto(PRI) Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única: 67
• Quiñones Cornejo, María de la Paz(PAN) Bordo Poniente: 221
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Orden del día: 20
• Reyes Retana, Benjamín Clariond (PRI) Ley de Ingresos de la Federación 2010: 209, 212
• Ríos Piter, Armando(PRD) Ley del Impuesto Sobre la Renta - Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única - Ley del Impuesto al Valor Agregado - Código Fiscal de la Federación - Ley del Servicio de Administración Tributaria - Ley de Coordinación Fiscal: 71
• Rodríguez Dávila, Alfredo Javier(PAN) Sindicato Mexicano de Electricistas: 228
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Controversias constitucionales: 184, 185
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 201
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Bordo Poniente: 218, 220
• Torre Cantú, Rodolfo(PRI) Ley General de Educación: 131
• Torres Robledo, José M.(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 197
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 192
• Villarreal Salinas, Jesús Everardo(PRI). Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera: 61