SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 343 diputados.

Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 10:59 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 15 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 56 aniversario del derecho al voto de la mujer, que tendrá lugar el 17 de octubre a las 10:00 horas.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se designa a los legisladores que representarán a la honorable Cámara de Diputados en la CXXI Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. (Votación)

Por el que se constituye el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura. (Votación)

Oficio del Congreso del estado de Chihuahua

Por el que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados a revisar la viabilidad de modificar la partida presupuestal destinada a la Sagarpa para incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, presentada por los senadores Ricardo Monreal Ávila y Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 109, se adicionan las fracciones XIX, XX y XXI al artículo 167 y se reforma el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos de los estados de la Unión a realizar la transferencia de recursos para el apoyo a escuelas de nivel básico, presentada por el senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita considerar una reducción del 10% a las percepciones, propuestas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo y Judicial; de sus administraciones para estatales, fideicomisos públicos y cualquier otro ente público; instituciones y organismos autónomos; y del Poder Legislativo, incluidos sus legisladores, presentada por el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a través de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que los recursos destinados a la educación superior multicultural no disminuyan, presentada por la senadora Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Quintana Roo por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del estado de Michoacán para que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos suficientes para que los ex trabajadores migratorios mexicanos puedan cobrar en una sola exhibición la cantidad correspondiente, como se estableció en un principio.

Minuta

Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Hilda Esthela Flores Escalera , Héctor Franco López y Tereso Medina Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Gustavo González Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajo y 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Capítulo Cuarto Bis al Título IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz y suscrita por diversas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amalia Solórzano Bravo, a cargo del diputado Martín García Avilés , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto González Morales y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Pensiones y Prestaciones de los Ferrocarrileros Jubilados, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para los programas federales de agua y saneamiento del Distrito Federal, a cargo del diputado José María Valencia Barajas y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la creación de un servicio médico forense en el municipio de Moroleón, Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para el sector educativo, tanto en el Ramo 11, como en el gasto federalizado, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que haga una revisión detallada del IETU, de sus resultados y sus impactos reales en las estructuras económicas del país, a fin de ajustarlo a la baja y evitar sus efectos negativos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para mantenimiento y rehabilitación en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, destinada al saneamiento de sanitarios de las escuelas primarias y secundarias del sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para el Programa de agua potable y alcantarillado sanitario en zonas urbanas, en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, a cargo del diputado José Antonio Aysa Bernat , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para cumplir la construcción del nuevo centro comunitario Buenos Aires, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la ampliación e inversión en infraestructura en la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se conserven, actualicen y amplíen los fondos para las universidades interculturales del país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para atender diversos rubros de educación básica, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a girar instrucciones, a través de la SRE, a la Embajada de México en Estados Unidos de América, con el propósito de que inicie las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte para que, con base en los protocolos establecidos por la Convención de 1942 sobre Relaciones Consulares entre México y ese país y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares estadounidenses en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la restauración del Parque Bicentenario, en la zona nororiente del centro histórico de la Ciudad de México, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para el rescate y construcción de tres parques públicos al interior de la zona quinta del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para el proyecto productivo Pequeños Comerciantes Abarroteros en Pro de la Economía Popular, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la restauración arquitectónica y ornamental del recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, que data del siglo XVII, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de minería y para el desarrollo de las regiones con industria minera en el país, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requieren informes en materia del paquete económico 2010, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para revisar las alternativas de política pública para que estén disponibles y sean accesibles a la población los medicamentos e insumos para la salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a destinar los recursos necesarios para la ampliación y modernización de las garitas comprendidas en la franja fronteriza del estado de Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Citricultura, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo para estudiar, discutir, proponer y, en su caso, dictaminar una ley en materia de juventud, a cargo del diputado Sixto Alfonso Zetina Soto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, a cargo del diputado Carlos Flores Rico y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, a revisar con detenimiento las obras realizadas en el acueducto del río San Javier, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el Comité para la Competitividad, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reducir las tarifas domésticas de electricidad para atenuar los problemas económicos de las familias, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Minería, a cargo del diputado Esteban Albarrán Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a crear una fiscalía especial para investigar el robo de arte sacro, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nueva propuesta hacendaria que contribuya al desarrollo económico del país, mediante la adopción de un plan estratégico de un sistema ágil y expedito de recaudación que no incremente ni cree nuevos impuestos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita información y que se realice una auditoría en relación con el contrato firmado con la Empresa Paraestatal Luz y Fuerza del Centro con WL Comunicaciones, SA de CV, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a no aprobar la propuesta del Ejecutivo federal de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tabaco, a cargo del diputado Felipe Enríquez Hernández y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la atención a la población de los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, se abstenga de hacer una campaña en medios de comunicación, a través de spots y cese en sus declaraciones de presión a ésta H. Cámara de Diputados sobre la aprobación del impuesto del 2%, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección, manejo y restauración del Parque Nacional Nevado de Toluca, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ALDF, se conduzca dentro del marco legal y respete los principios de equidad, proporcionalidad, pluralidad y gobernabilidad en la decisión que tome en la integración de los Comités y Comisiones, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir ante el director general del ISSSTE a fin de que celebre un convenio con los profesores del país que están a punto de jubilarse y puedan pagar los días o meses de cotización necesarios para el acceso inmediato a esa prestación, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que constituya un grupo de trabajo permanente para proponer los cambios legislativos necesarios para una reforma fiscal integral; y al titular del Ejecutivo federal a instruir al secretario de Hacienda y Crédito Público para que antes de que se apruebe el paquete económico del año 2011 se reúna con las comisiones correspondientes para tal efecto, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se ejecuten las obras de construcción del sobrebordo de protección en el municipio de Tuxpan, estado de Nayarit, por considerarse una zona de alto riesgo para los habitantes de dicha localidad, a cargo del diputado Manuel Humberto Cota Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que a través de la dirección general de Sanidad Vegetal revisen y replanteen la estrategia para combatir la mosca de la fruta en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de diputadas y diputados para analizar el presupuesto que se debe asignar a los programas gubernamentales, con la finalidad destinar recursos para la igualdad de hombres y mujeres con perspectiva de género, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores braceros, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar estudios sobre la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de tarifas eléctricas en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a combatir el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca-Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra dicha empresa, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a cumplir con las transferencias de recursos a los organismos estatales de juventud, a cargo del diputado Martín Enrique Castillo Ruz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a la administración del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Ivideliza Reyes Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta honorable LXI Legislatura que implemente un modelo de equidad de género del que se desprendan acciones afirmativas o a favor del personal, a efecto de posibilitar la igualdad de facto entre mujeres y hombres, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2010, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que empleen a personas mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a modificar el Programa 70 y más, con el objeto de incrementar el monto del beneficio económico y reducir el requisito de edad, a cargo del diputado Martín García Avilés , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2010, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que generen productos que no dañen el ambiente, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía la conformación de un grupo de trabajo plural con la asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer a este Pleno la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución para armonizar las políticas, programas y normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se exhorta a las comisiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión a dar prioridad de dictamen a las iniciativas y minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas, y en estas tareas, consideren el compromiso del Estado mexicano con la mencionada declaración, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implementar de manera inmediata, con la colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Agrícolas y Pecuarias, las universidades agropecuarias del país y el Colegio de Posgraduados, la revisión y actualización de los ``paquetes tecnológicos'' agropecuarios y acuícolas del país, a fin de hacer eficiente e incrementar la productividad del sector primario y evitar pérdida de recursos en el campo mexicano, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a la inversión de las Afore en infraestructura, así como el manejo, administración y uso de los recursos que integran el Fondo Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social y su posible uso para solventar las finanzas del instituto, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a continuar con el proceso legislativo del dictamen del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I Bis del artículo 389 Bis y 389 Bis 1 y dos últimos párrafos al artículos 392 a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los criterios para la asignación de recursos de los fondos metropolitanos, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para el programa de la mujer del sector agrario, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se realice un foro conmemorativo del vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el propósito de llevar a cabo una revisión de los avances y retos legislativos nacionales en la materia, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la inmediata intervención de la PGR ante las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho, y dar pronta respuesta a la denuncia interpuesta por la diputada Local Elvia Ruiz Cesáreo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, de la PGR, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Excitativas

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Carlos Flores Rico , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Agenda política

Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos a las solicitudes de licencia que presentaron diversas diputadas de esta LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Comentarios sobre los jóvenes baleados por el Estado Mayor Presidencial en el centro de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la declaración política de los pueblos indígenas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios relativos al 56 aniversario del sufragio de la mujer en México y al Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de diversos grupos parlamentarios.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes trece de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 377 diputadas y diputados, a las 11 con 5 minutos del martes 13 de octubre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.

Ante la votación económica del orden del día, solicita la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que propone se modifique el orden del día, en relación acuerdo por el que se solicita la comparecencia al secretario del Trabajo y se les concede el uso de la tribuna para apoyar dicha propuesta a los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, Agustín Guerrero Castillo , del Partido de la Revolución Democrática, Gustavo González Hernández , del Partido Acción Nacional, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez , Guadalupe Acosta Naranjo , del Partido de la Revolución Democrática. Laura Itzel Castillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Partido del Trabajo, Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional.

A las 11 horas con 21 minutos el presidente declara un receso.

A las 12 horas con 44 minutos se reanuda la sesión.

Se recibe comunicado de la Junta de Coordinación Política, relativo a la modificación del orden del día, para que se anexe el acuerdo por el que solicita la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación para programar, por causa de fuerza mayor, la comparecencia del ciudadano secretario del Trabajo y Previsión Social, por el que la Junta de Coordinación Política convoca a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión social el día miércoles 21 de octubre de dos mil nueve a las once horas. Se concede el uso de la Tribuna para realizar comentarios en contra a los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Javier Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, comentarios en pro a los diputados: José Gerardo de los Cobos Silva , del Partido Acción Nacional. En votación económica, se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma manera la aprueba.

Se recibe oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que remite el Informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2009 de recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos.

A las 12 horas con 59, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 470 diputadas y diputados

Se recibe oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite el Informe correspondiente al segundo trimestre de 2009, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Se reciben oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

b) Por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los siguientes ciudadanos puedan desempeñar o prestar servicios:

Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que remite:

Se reciben de la Cámara de Senadores minutas con proyecto de decreto por el que se:

Se recibe iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se recibe de la Junta de Coordinación Política acuerdo, para la integración complementaria de las comisiones ordinarias se anexe en los documentos correspondientes. En votación económica se aprueba y se anexa en el documento correspondiente.

Se concede el uso de la tribuna al diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados interponga en nombre de esta soberanía, controversias constitucionales, en contra de la emisión del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete Constitucional en el Ramo del Petróleo se aprueba acuerdo. El diputado César Francisco Burelo Burelo , del Partido de la Revolución Democrática, Ifigenia Martha Martínez y Hernández , del Partido del Trabajo, Blanco Roberto Pérez de Alva, de Nueva Alianza, solicitan adherirse a dicho acuerdo y el proponente acepta. En sendas votaciones económicas se modifica en el orden del día y se aprueba dicho acuerdo. Comuníquese.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concede el uso de la tribuna a los diputados para comentarios en relación:

Se recibe de la Junta de Coordinación Política, acuerdo a solicitud del Partido de la Revolución Democrática, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Se concede el uso de la tribuna para presentar dicho acuerdo al diputado Francisco Hernández Juárez , del Partido de la Revolución Democrática; intervienen en referencia al tema, rectificación de hechos y alusiones personales los diputados: Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo; Alfredo Javier Rodríguez Dávila , del Partido Acción Nacional; Guadalupe Acosta Naranjo , del Partido de la Revolución Democrática; Arturo García Portillo , del Partido Acción Nacional; Francisco Amadeo Espinosa Ramos , del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío , del Partido de la Revolución Democrática; José Erandi Bermúdez Méndez , del Partido Acción Nacional; Óscar González Yañez, Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausura la sesión a las 17 horas con 18 minutos y cita para la que tendrá lugar el jueves quince de octubre 2009 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada el acta. Pasamos al siguiente punto. Comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 56 aniversario del derecho al voto de la mujer para el próximo 17 de octubre, a las 10 horas, en el Museo de la Ciudad de México, situado en Pino Suárez número 30, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Para asistir en representación de esta Cámara oportunamente estaremos designando a los integrantes de la comisión. Continúe con oficios del Congreso de Chihuahua.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo. --- Congreso del Estado de Chihuahua.---LXII Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 487/09IID.P., así como de la iniciativa que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura de esa alta representación a revisar la viabilidad de modificar la partida presupuestal destinada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. Instar de manera respetuosa al Ejecutivo federal a analizar mediante los secretarios de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la posibilidad de modificar la partida presupuestal destinada a esta última secretaría para incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Segundo. Asimismo, exhortar respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a revisar la viabilidad de realizar la modificación reseñada en el punto anterior.

Tercero. Exhortar respetuosamente al Ejecutivo estatal a solicitar, en coordinación con el Congreso del estado, al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se considere en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Cuarto. Remítase copia del presente acuerdo y de la iniciativa que le dio origen a las autoridades señaladas en los párrafos que anteceden, para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

«Escudo. --- Congreso del Estado de Chihuahua.--- LXII Legislatura.

Diputación Permanente.--- Presente.

Los suscritos, diputados Jesús Armando Muñoz Ponce, Ricardo Espinoza Leyva y Arturo Zubia Fernández, en su carácter de diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado e integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución local, así como 97, 98 y 99, párrafo II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acuden ante la Diputación Permanente del Congreso del estado para presentar iniciativa, con carácter de punto de acuerdo, con la finalidad de solicitar respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de los secretarios de Hacienda y Crédito Publico; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Agricultura, que se revise la posibilidad de modificar la propuesta de presupuesto destinado a la Sagarpa para incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Exposición de Motivos

En 2000, la Cámara de Diputados empezó a modificar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía año con año el Ejecutivo federal, y en especial los recursos destinados al campo mexicano, que han crecido de manera importante.

El presupuesto del programa especial concurrente para el campo mexicano, que agrupa los recursos de diferentes secretarías de Estado que se destinan a actividades productivas, sociales, de financiamiento de infraestructura, de educación y agrarias, han mantenido un crecimiento sostenido por más de 10 años.

Los recursos del programa especial concurrente aprobados por la Cámara de Diputados para este año ascienden a 235 mil 858 millones de pesos, mayores en 21 mil 366 millones que la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Los recursos destinados a la Sagarpa en 2009 son de 70 mil 961 millones de pesos para la operación de los programas de activos productivos, Procampo, Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento del Medio Rural, Programa de Atención a Problemas Estructurales, Programa de Soporte, Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, Programa de Apoyo a Participación de Actores para el De-sarrollo Rural, Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria, y Programa de Educación y el Gasto Administrativo.

En los últimos días, el Ejecutivo federal entregó, por conducto de la Secretaría de Hacienda, la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010 al Congreso de la Unión.

Tenemos que reconocer que se propone un incremento de 0.8 por ciento del programa especial concurrente, pero que lo que crece en los componentes es el combate de la pobreza y disminuyen los recursos de los programas de fomento productivo del campo mexicano.

Con preocupación vemos que la propuesta del Ejecutivo de los recursos que propone para la Sagarpa disminuye en comparación con el año actual en 10 mil 176 millones de pesos, lo que significa una variación de menos 14.3 por ciento.

Los principales programas afectados en la propuesta del Ejecutivo son el de Atención a Problemas Estructurales, que se destinan al ingreso objetivo y a la comercialización de productos básicos (maíz, frijol, sorgo, trigo avena algodón), al fondo de estabilización de la leche y los subsidios a los energéticos agropecuarios, como el diesel.

El Programa de Atención a Problemas Estructurales disminuye de 13 mil 117.9 millones de pesos a 6 mil 950.1 que significa una reducción de 47 por ciento.

El apoyo del ingreso objetivo y de la comercialización disminuye de 9 mil 502 millones de pesos a 4 mil 500 millones, lo cual significa 52 por ciento de decrecimiento.

Asimismo, desaparece el Fondo de Estabilización para la Comercialización de la Leche, que el año actual es de 400 millones de pesos.

En el mismo programa operan los subsidios de energéticos como el diesel agropecuario, que tienen un disminución de 514 millones de pesos, con una reducción de 17.3 por ciento.

El otro programa que disminuye sensiblemente es el de activos productivos: pasa de ejercer 13 mil 310 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo de 9 mil 550 millones de pesos, con una disminución de 28 por ciento, lo que afectará los recursos destinados a las entidades, por ser este programa el único que se federaliza en 80 por ciento del monto total.

En los últimos días, en el Congreso del estado se han planteado diferentes iniciativas que tienen que ver con el tema de presupuesto del campo:

La problemática de los productores de maíz para tener precios justos de sus productos, el tema de los lecheros, que demandan recursos para sus unidades de producción y precios justos de la leche, la lucha por tarifas y precios de preferenciales para los energéticos que se utilizan en el campo chihuahuense, el del ordenamiento de los acuíferos y compensación por el agua que se genera en el estado, y la recarga de acuíferos y recuperación de agostaderos.

En los próximos días, los diputados federales iniciarán la discusión de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviada por el Ejecutivo federal. En esta discusión y posible modificación participa activamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que los legisladores intercambian puntos de vista y construyen diferentes escenarios del gasto público.

En consecuencia, la presente iniciativa, con carácter de punto de acuerdo, pretende solicitar al Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Sagarpa, así como a la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura, que se revise la posibilidad de modificar la propuesta de presupuesto destinado a la Sagarpa para incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución local, así como 97, 98 y 99, párrafo II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de la Diputación Permanente los siguientes

Acuerdos

Primero. La Diputación Permanente del Congreso del estado insta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sagarpa, a revisar la posibilidad de modificar la propuesta de presupuesto destinado a la Sagarpa para incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Segundo. Se exhorta a los legisladores federales de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura a revisar las posibilidades de modificar la propuesta de presupuesto de la Sagarpa, a fin de incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo estatal a solicitar, en coordinación con el Congreso del estado, al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados que se considere en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación incrementar los recursos dirigidos al fomento productivo del campo mexicano.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Agricultura y Ganadería.

HURACAN JIMENA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0038, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/596/2009, suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo para la población de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1351/09, de fecha 9 de septiembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el 18 de septiembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0038, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2009, y cuyos resolutivos primero y segundo se reproducen en su totalidad:

Sobre el particular nos permitimos comunicar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de un tercer resolutivo, en el presente oficio, esta DGF únicamente se pronunciará respecto de los resolutivos antes transcritos, por tratarse de solicitudes directas a la Secretaría de Gobernación y por resultar de la competencia de esta unidad administrativa.

Tal pronunciamiento se efectúa en los siguientes términos:

A ese mismo respecto, se informa que en el caso de la ocurrencia del huracán ``Jimena'', el gobierno de Baja California Sur ya ha satisfecho los requisitos y formalidades establecidos en las ROF, por lo que, con fechas 10 y 14 de septiembre de 2009, la Segob emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre solicitadas por el gobierno de la entidad federativa antes aludida, procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé y La Paz (mismos municipios que Baja California Sur incluyó en sus respectivas solicitudes de declaratoria de desastre, en atención a lo establecido por las ROF, los cuales fueron corroborados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como municipios afectados por la ocurrencia de Jimena, iniciándose con ello las acciones tendientes al acceso de los recursos del Fonden, para dar atención al desastre aludido.

En ese orden de ideas, diremos primeramente que los artículos 29 y 35 , fracción I, de la Ley General de Protección Civil (DOF 12-V-2000) establecen expresamente las instancias a las que corresponde solicitar la emisión de una declaratoria de desastre. Dichos artículos, a la letra señalan lo siguiente:

Adicionalmente, el artículo 32 del ordenamiento legal en cita dispone lo siguiente:

A ese respecto, el artículo 223 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 28-VI-2006), dispone expresamente que

Lo anterior, sin perjuicio de que se deberá atender lo acordado en los convenios en materia de seguridad pública, así como lo dispuesto en las reglas de operación de los Fondos de Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales.''

Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 (DOF 28-XI-2008) establece, en su artículo 4, fracción IV, lo siguiente:

Por último, en los numerales 4, fracción I, y 44 de las ROF, relativas a que los recursos que le corresponda aportar al Fonden en coparticipación para la atención de un desastre natural, estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas (de acuerdo con los porcentajes establecidos en las propias ROF), las cuales cuentan con un plazo improrrogable de hasta treinta días hábiles (contados a partir del día siguiente al que la Segob les informe respecto del total de los recursos autorizados para la atención del desastre), para iniciar sus aportaciones al Fideicomiso Fonden estatal correspondiente (de conformidad con su respectivo calendario y en concordancia con los programas de obras y acciones autorizados), en el entendido de que, de no hacerlo, se podrán cancelar los programas hasta donde se encuentren realizados y previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, se reintegrarán los recursos al patrimonio del Fideicomiso Fonden, que por concepto de anticipas se hayan entregado.

Los Apin pueden ser solicitados por las entidades federativas desde la instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED) correspondiente, anexando para esos efectos, el listado detallado de las obras y acciones que propone realizar con los montos estimados.

Sin embargo, se precisa que los recursos que por concepto de Apin se autoricen, formarán parte y serán descontados de los anticipos que procedan , en el entendido de que, de no solicitarse anticipas para la atención del desastre, las acciones realizadas con los Apin y los recursos autorizados para esos efectos deberán incluirse en los diagnósticos de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados del CED, a fin de que se regularice su ejecución y el gasto correspondiente.

A este mismo respecto, no omitimos señalar que, para la debida atención del ciclón tropical Jimena, al gobierno de Baja California Sur le han sido autorizadas diversas cantidades de recursos por concepto de Apin, para la entidades federativas, mismos que se detallan en el apartado correspondiente.

En ese orden de ideas, debe entenderse que, si bien es cierto, la autorización de los Apin para la atención de los daños ocasionados por Jimena no ha requerido de una contraparte inicial que deba cubrir la entidad federativa que nos ocupan, también lo es que los recursos autorizados por este concepto tendrán que regularizarse una vez autorizado el total de recursos tendientes a la restitución de los daños ocasionados por el fenómeno perturbador aludido, en el entendido de que dicha regularización deberá realizase a través de las aportaciones que a esa entidad federativa le corresponda en el pari passu respectivo.

De igual forma, tampoco se deriva responsabilidad o participación alguna de esta DGF en la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada, toda vez que en las ROF se dispone que dichas acciones le corresponden específicamente a las entidades federativas, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos.

Los asertos anteriores se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento del Fonden, denominado Fonden Reconstrucción, por lo que a continuación se ofrece una descripción sucinta de éste:

Para tales efectos, consideramos oportuno mencionar que el Fonden es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).

El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:

Con cargo al Fonden Reconstrucción, se autorizan recursos , ya sea del programa o del fideicomiso, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública o sector vivienda de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento cabe señalar que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Ahora bien, para efectos del acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF, los cuales se detallan a continuación:

Procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, el cual que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo siguiente:

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos, se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

Ahora bien, para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada,4 indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar Apoyos Parciales Inmediatos, Apin,5 con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los Apin son autorizados por la UPCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la entidad federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los Apin serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los Apin, la entidad federativa en coordinación con el fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su comité técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipas, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF).

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del comité técnico de los recursos correspondientes.

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

Es importante hacer hincapié en que, como se ha señalado en su oportunidad, en materia de atención de desastres naturales, la DGF no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular, y tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Visto lo anterior, esta unidad administrativa procede informar a esa Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo en el marco de las ROF para dar atención a la ocurrencia del huracán Jimena en Baja California Sur, así como respecto de los apoyos que por concepto de Apin han sido autorizados a dicha entidad federativa:

a) Ciclón tropical Jimena, ocurrido el 2 de septiembre de 2009

Asimismo, con oficio número 195/09, de fecha 5 de septiembre de 2009, el gobernador de Baja California Sur solicitó a la Conagua se considerara dentro de la corroboración de la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre del presente año al municipio de La Paz.

Asimismo, mediante oficio número BOO.-1495, de fecha 7 de septiembre de 2009, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia del ciclón tropical Jimena, el 2 de septiembre de 2009 en la parte norte del municipio de La Paz.

Acciones en el marco del Fonden para los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé

En dicha sesión, el CED acordó que, de conformidad con en el numeral 13, fracción II, de las ROF, la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, es decir, el 21 de septiembre de 2009. No obstante lo anterior, a petición del subcomité de vivienda y ante la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados se autorizó, por única vez y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 13 fracción II de las ROF, la ampliación en el plazo para la entrega de resultados hasta por 10 días más, siendo su fecha límite el día 5 de octubre de 2009.

En ese mismo acto, el gobierno de la entidad federativa que nos ocupa entregó al representante de la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.

Acciones en el marco del Fonden para el municipio de La Paz

En dicha sesión, el CED acordó que, en apego a lo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF 2009, la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED. Sin embargo, a petición del subcomité de vivienda y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en el municipio afectado se autorizó, por única vez y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 13 fracción II de las ROF, la ampliación en el plazo para la entrega de resultados hasta por 9 días más, siendo su fecha límite el 5 de octubre de 2009.

En ese mismo acto, el gobierno de Baja California Sur entregó al representante de la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 de las ROF, con fecha 10 de septiembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ``declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre de 2009, en 3 municipios de Baja California Sur'' (Comondú, Loreto y Mulegé), mientras que el 14 del mismo mes y año se publicó en el referido órgano informativo la ``declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el 2 de septiembre de 2009, en el municipio de La Paz, Baja California Sur''.

No se omite señalar que con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en las sesiones de instalación de los CED antes aludidos (realizadas como se ha visto el 5 y 8 de septiembre de 2009) se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de apoyos parciales inmediatos con cargo al Fonden para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, por lo que mediante boletín de prensa número 162/09, de fecha 11 de septiembre de 2009, se difundió la autorización para la realización de los trabajos y acciones prioritarias y urgentes para los siguientes sectores:

* Es importante señalar que dicha información se encuentra actualizada al 2 de octubre de 2009 y que la misma podría variar en función de las solicitudes y, por ende, de las autorizaciones de recursos con cargo a los apoyos parciales inmediatos que se hagan con posterioridad a la fecha señalada.

Visto el estado actual de las cosas, se informa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que de conformidad con el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción establecido en las ROF, una vez que las instancias federales y estatales responsables de cada sector afectado concluyan con los trabajos de evaluación y cuantificación, se autorizará la totalidad de los recursos necesarios para la recuperación y reconstrucción definitiva de los daños sufridos, de tal suerte que será hasta entonces que se estará en posibilidades de conocer de qué manera y con qué montos se habrá de atender y apoyar los daños ocurridos en Baja California Sur a consecuencia del ciclón tropical Jimena.

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas: 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.2 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.4 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.5 Entendiéndose éstos como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Remítase al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0037, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/597/2009, suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo para la población de los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, en el estado de México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Decretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1350/09, de fecha 9 de septiembre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el día 17 de septiembre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-0037, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán , presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2009, y cuyo contenido se reproduce en su totalidad:

Sobre el particular, esta unidad administrativa se pronunciará respecto del punto de acuerdo que antecede, en los siguientes términos:

De igual forma, tampoco se deriva responsabilidad o participación alguna de esta DGF en la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada, toda vez que en las ROF se dispone que dichas acciones le corresponden específicamente a las entidades federativas, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos.

Tales asertos se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento del Fonden, denominado Fonden Reconstrucción, el cual a continuación se describe de manera sucinta:

Procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específica mente en el vínculo:

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

Para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una declaratoria de desastre natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del Comité de Evaluación de Daños correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos,5 con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los Apins son autorizados por la UPCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la Entidad Federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos los Apins serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los Apins, la entidad federativa en coordinación con el fiduciario del fideicomiso Fonden estatal deberá convocar a su comité técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades Financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al fiduciario del fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del fideicomiso Fonden estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

Es importante hacer hincapié en que, como se ha señalado en su oportunidad, en materia de atención de desastres naturales, la DGF no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos a un municipio o delegación política en particular, y tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Visto lo anterior, esta unidad administrativa procede informar a esa Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo en el marco de las ROF, para dar atención a la ocurrencia de la lluvia severa e inundación pluvial acontecida el día 6 de septiembre de 2009 en el estado de México, así como respecto de los apoyos que por concepto de Apins, han sido autorizados a dicha entidad federativa para dar atención a ese fenómeno natural perturbador:

Lluvia severa e inundación pluvial el día 6 de septiembre de 2009

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, el saludo cordialmente.

Notas: 1. Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009 y que a la fecha se encuentra vigente.3. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.4. Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.5. Entendiéndose éstos como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos; y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada; para evitar mayores daños y proteger a la población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Remítase al promovente, para su conocimiento.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presente.

Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor siguiente:

Resumen. La presente iniciativa reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, a finalidad de que las referencias a los principios de contabilidad generalmente aceptados sean sustituidas por el concepto de ``normas de información financiera''.

Exposición de Motivos

La actualización de las leyes y de los principios legales es fundamental para el buen desarrollo del estado de derecho, ya que la claridad y precisión son elementos indispensables en la aplicación de la ley.

Particularmente, la legislación fiscal requiere preceptos específicos, acordes con la realidad, a fin de que el cálculo de las contribuciones se lleve a cabo en forma estandarizada y sin elementos que permitan la evasión y elusión fiscales, y desde luego, limite a la autoridad en la interpretación y aplicación de la norma.

La uniformidad de la información financiera y contable de las empresas es importante, a escala no sólo nacional sino mundial. De ahí que se hayan desarrollado diversos principios conforme a los cuales los contribuyentes deben regir su contabilidad.

Desde sus inicios, la regulación contable ha tratado de encontrar un adecuado soporte teórico para sustentar la práctica contable y guiar conceptualmente la emisión de normas particulares, desechando con ello planteamientos apoyados meramente en la experiencia, uso o costumbre.

A lo largo del tiempo se han establecido principios contables generalizados a fin de originar una mejor información, y convergencia con las normas financieras internacionales, así como mantener estándares de la mayor calidad.

A raíz de la crisis de los años treinta en Estados Unidos, el Instituto Americano de Contadores Públicos organizó agrupaciones académicas y prácticas para evaluar la situación. De allí surgieron los primeros principios de contabilidad, vigentes aún muchos de ellos, otros con modificaciones.

En México, durante más de 30 años la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, fue la encargada de emitir la normatividad contable en el país, en boletines y circulares de principios de contabilidad generalmente aceptados. Así, en 1974 entró en vigor el primer boletín de estos principios.

En este conjunto de boletines se establecieron los fundamentos de la contabilidad financiera en que se basó no sólo el desarrollo de normas particulares sino también la respuesta de controversias o problemáticas derivadas de la emisión de estados financieros de las entidades económicas.

Los principios fueron evolucionando y fue necesario incorporar en las leyes referencias a ellos, ya que el cálculo de los impuestos requiere fundamentos contables estandarizados.

Sin embargo, a partir del 1 de junio de 2004, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC (CINIF), en congruencia con la tendencia mundial, asumió la función y la responsabilidad de la emisión de la normatividad contable en México.

El CINIF es una organización independiente en su patrimonio y operación, constituido en 2002 por entidades líderes de los sectores público y privado, con objeto de desa-rrollar las ``normas de información financiera'' (NIF) con un alto grado de transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores como para usuarios de la información financiera.

Así, en 2008 entraron en vigor las normas de información financiera, en sustitución de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La transición de conceptos hace necesaria la actualización del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las referencias de los principios de contabilidad generalmente aceptados sean sustituidas por las de las nuevas normas de información financiera.

Por ello, la presente iniciativa propone la modificación de diversos artículos que hacen referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, para que sea incorporado el concepto de ``normas de información financiera''.

Esta propuesta es importante, primero porque es necesario tener consistencia en la ley y exponer una buena técnica legislativa. La situación actual puede provocar a la larga omisiones y faltas si hay confusión en la aplicación de la norma.

En segundo lugar, no sólo es una cuestión de forma: hay elementos de fondo implicados en las nuevas normas de información financiera que proponen modificaciones en los cálculos y concepto de los principios tradicionales.

Por otro lado, los dictámenes fiscales que actualmente emiten los contadores públicos están basados en la normatividad contable actual; es decir, en las normas de información financiera y no en los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Los principios contables seguirán evolucionando a través del tiempo. Se estima que para 2012 las normas de información financiera sean sustituidas por las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, es necesario actualizar la legislación y brindar todos los elementos para que sea acorde con la realidad de cada sector.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforma el artículo 60, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 60. Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones:

Artículo Segundo. Se reforman la fracción XXVI, quinto párrafo, del artículo 32; el párrafo segundo del artículo 89; el inciso b) de la fracción III del artículo 91; el último párrafo del artículo 216; el numeral 1 del inciso i) del inciso a) de la fracción II del artículo 216-Bis; el primer párrafo del inciso b) de la fracción II del artículo 216-Bis; y los numerales 3 y 5 del inciso b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 32. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

Artículo 89. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la utilidad distribuida conforme a lo siguiente:

Artículo 91. Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o la pérdida fiscal mediante la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación, cuando

Artículo 216. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 215 de esta ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos:

Artículo 216-Bis. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 2o. de esta ley, se considerará que las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila cumplen lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la ley y que las personas residentes en el extranjero para las que actúan no tienen establecimiento permanente en el país cuando las empresas maquiladoras cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

i. ...1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, mediante la suma de los promedios mensuales de dichos inventarios, correspondientes a todos los meses del ejercicio y dividiendo el total entre el número de meses comprendidos en el ejercicio. El promedio mensual de los inventarios se determinará mediante la suma de dichos inventarios al inicio y al final del mes y dividiendo el resultado entre dos. Los inventarios al inicio y al final del mes deberán valuarse conforme al método que la persona residente en el país tenga implantado con base en el valor que para dichos inventarios se hubiere consignado en la contabilidad del propietario de los inventarios al momento de ser importados a México. Dichos inventarios serán valuados conforme a las normas internacionales de información financiera cuando el propietario de los bienes resida en un país distinto de Estados Unidos de América. Para el caso de los valores de los productos semiterminados o terminados, procesados por la persona residente en el país, el valor se calculará considerando únicamente el valor de la materia prima....2. y 3. ... 1. y 2. ...3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados en las normas de información financiera .4. ...5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la operación conforme a las normas de información financiera . No se consideran gastos extraordinarios aquellos respecto de los cuales se hayan creado reservas y provisiones en los términos de las citadas normas de información financiera y para los cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente destinados para efectuar su pago. Cuando los contribuyentes no hubiesen creado las reservas y provisiones citadas y para los cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente para efectuar su pago, tampoco considerarán como gastos extraordinarios los pagos que efectúen por los conceptos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o provisiones citadas.6. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en la sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ricardo Monreal Ávila, Alejandro González Yáñez y senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Ricardo Monreal Ávila y Alejandro González Yáñez, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y varios senadores de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia, se estima que durante el presenta año la contracción del producto interno bruto (PIB) será de 7 por ciento.

En la actualidad existen casi 3 millones de desempleados y más de 12 millones de personas se encuentran subempleadas, existe una pérdida de al menos 44 por ciento en el poder adquisitivo de las personas y el número de personas en pobreza alimentaria se ha incrementado en 6 millones durante los dos últimos años.

Ante estos pobres resultados es evidente que el gobierno federal no ha sabido enfrentar la crisis económica internacional, pues las medidas hasta ahora implementadas sólo han buscado proteger a un grupo selecto de personas y empresas, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Las necesidades de la economía nacional, tanto en materia de desarrollo social como en materia de infraestructura económica e inversión, son muy superiores a la actual recaudación de impuestos y, por lo tanto, deben cubrirse en una parte significativa con ingresos petroleros, los cuales representan la venta de un activo no renovable.

El agotamiento del petróleo, como recurso no renovable que es, y la falta de inversión en el sector energético han obligado a Pemex a posponer su modernización, la adquisición de nuevas tecnologías y la ejecución de proyectos prioritarios para satisfacer la demanda nacional de productos elaborados con base en el petróleo.

Es importante mencionar que aun y con los ingresos petroleros históricamente altos en los últimos cinco años, el déficit por necesidades no atendidas en los renglones señalados asciende a, cuando menos, tres puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

Esta situación, al no haberse corregido, presenta riesgos muy altos para la economía nacional, entre los que destaca el desequilibrio fiscal y la pérdida de la estabilidad financiera del país, sin mencionar los riesgos sobre los flujos de inversión extranjera aunados a los rezagos en sectores estratégicos para bienestar de la gente.

Bajo el pretexto de corregir la situación antes descrita, el gobierno federal ha propuesto incrementos en la mayoría de los impuestos que cobra la federación, así como la creación de una nueva contribución denominada ``contribución para el combate a la pobreza'', la cual será de 2 por ciento y se aplicará sobre todas las ventas de bienes y servicios, incluyendo los alimentos y las medicinas, y de manera adicional al impuesto al valor agregado (IVA).

Adicionalmente, se proponen incrementos en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para cigarros y bebidas alcohólicas, juegos y sorteos, y a las telecomunicaciones; así como al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto sobre los depósitos en efectivo (IDE). La propuesta incluye también alzas en los precios de las gasolinas, gas natural y tarifas eléctricas.

En este sentido resulta obvio que la propuesta del Ejecutivo federal es inviable en virtud de que por un lado, la pérdida de al menos 44 por ciento en el poder adquisitivo del salario al mes de junio del presente año, aunado al desempleo y subempleo, hace imposible incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos.

Mas aún y cuando de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos de los Hogares (Enigh 2008): entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento (6 millones de personas).

Por el lado de las empresas significaría dañar más su competitividad y posibilidades de recuperación, sobre todo en el caso de las gasolinas, energía eléctrica, gas y el impuesto a las telecomunicaciones.

La estrategia es contraria a lo que se hace en otros países que han bajado impuestos para fomentar el consumo; por ejemplo, Estados Unidos, Argentina y Brasil.

Es pertinente señalar que la propuesta del Ejecutivo federal deja intactos los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas (consolidación fiscal, depreciación de activos fijos y terrenos, operaciones en la bolsa de valores, donativos y campañas de redondeo), por lo que su pago del ISR no necesariamente se incrementara por efecto de una mayor tasa impositiva.

Por ello, la mayor parte del incremento en la recaudación, 91 mil 784.4 millones de pesos, provienen del consumo directo o indirecto de los agentes económicos (53.4 por ciento).

Así, por ejemplo, un asalariado o una persona física tendrá un menor ingreso disponible debido a un mayor pago de ISR (2 por ciento más, que no podrá eludir), y tendrá otro cargo adicional de 2 por ciento debido a la ``contribución para combatir la pobreza'', este último será independiente de su nivel de ingreso, puesto que sea rico o pobre tendrá que pagar esta contribución que, en términos prácticos, es como si enfrentara un IVA de 17 por ciento.

Lo anterior implica gravar más a quien menos tiene, convirtiendo en regresiva esta estrategia y acentuándose en el caso de los alimentos y medicinas.

Para nosotros los rezagos que nuestro país enfrenta en materia de educación, salud, alimentación, infraestructura productiva, energía, seguridad social y vivienda hacen urgente la necesidad de incrementar de manera eficaz y eficiente el gasto destinado a estos sectores.

Así por ejemplo, nuestras importaciones de alimentos superan los 25 mil millones de dólares anualmente, en la actualidad importamos 82 por ciento del arroz que consumimos, 53 por ciento del trigo, 35 por ciento de la carne de cerdo, 27 por ciento del maíz y 27 por ciento de la carne de res.

En el caso de salud, existen problemas de cobertura y de abasto de medicamentos, prueba de ello fue la ``crisis de la influenza'', en donde una enfermedad que de origen no es mortal, terminó causando la muerte de mexicanos por falta de atención oportuna y por la desnutrición de la población.

En materia de energía e infraestructura basta señalar las cuantiosas importaciones de gasolina y productos petroquímicos, incluyendo fertilizantes, problemas de abasto de agua y de la infraestructura carretera.

En seguridad social, las raquíticas pensiones que reciben los jubilados y el problema de los ahorros de los trabajadores son evidentes.

Por lo que se refiere a la educación, tan sólo este año, alrededor de 7.5 millones de jóvenes quedaron sin acceso a las universidades.

Esta debilidad financiera, a la que la hacienda pública está expuesta, ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades que son una obligación constitucional del Estado mexicano, uno de ellos ha sido el sector energético en donde, debido a la falta de recursos, se han cedido al capital privado importantes eslabones de la cadena productiva, perdiendo con ello la sinergia potencial entre diversas actividades industriales y comerciales que tiene cualquier empresa petrolera integrada, como lo es Pemex, con el resultado de una pérdida de valor económico para todos los mexicanos.

No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10 por ciento y 11 por ciento del producto interno bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en desarrollo, la recaudación excede a 15 por ciento y en algunos casos llega hasta el 20 por ciento.

Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario (calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 5 por ciento del PIB), ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.

En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales de nuestro país, que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México.

En la actualidad, se da la paradoja que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del impuesto sobre la renta (ISR), está sustentado estructuralmente en las retenciones que de ese impuesto recae sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas para las cuales ellos laboran.

Esto es consecuencia del modelo económico neoliberal que México ha adoptado que, bajo premisas falsas, propone la conveniencia de fortalecer --hacer más ricas-- a las empresas, para de ese modo generar, supuestamente, una mayor riqueza nacional y colectiva.

Una prueba de lo anterior radica en que, en México, mientras que las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos 7 años.

En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25 por ciento del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.20 por ciento, en ese mismo lapso.

Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, esto no sucede así gracias a los ``regímenes fiscales especiales''.

Bajo esa óptica es como se han arraigado diferentes prerrogativas impositivas en favor de los contribuyentes con mayor capacidad económica en nuestro país, sin beneficio material alguno para el país ni para los trabajadores, puesto que los ingresos tributarios no han crecido al ritmo augurado por los precursores del neoliberalismo fiscal, ni los trabajadores han visto fortalecidos sus sueldos reales ni su poder adquisitivo.

Los empresarios ricos lo son cada vez más, sin beneficio incremental alguno para el fisco federal ni para los sectores sociales de México. Por lo demás, el abuso empresarial ha sido la nota característica en la aplicación de esos privilegios.

Cabe señalar que, de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se observa que, en 2008, 29 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 2 billones 242 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 69 mil 187 millones de pesos, lo que representó en promedio sólo 3 por ciento de sus ingresos.

Sin embargo, los impuestos diferidos alcanzaron 143 mil millones de pesos que significa que, debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas le entregaron al fisco, este último les permitió ``diferir'' en promedio 2.07 pesos.

Un ejemplo de estos beneficios fue la devolución de 23 mil 562 millones de pesos en créditos fiscales a Cemex, lo que le permitió reportar utilidades por 2 mil 323 millones de pesos.

Mientras tanto, Pemex que tuvo ventas por un billón 328 mil 950 millones de pesos, de los que entregó al fisco 771 mil 701 millones de pesos y reportó una pérdida en su operación.

Así, los privilegios fiscales son resultado de esas políticas neoliberales y causa de los efectos desfavorables sobre la capacidad financiera del Estado para hacer frente a sus obligaciones.

Cabe señalar que, por mucho tiempo, se ha sostenido que dichas facilidades fiscales se han otorgado con el objetivo de incrementar la inversión y la generación de empleo, sin embargo, con respecto a este punto, conviene citar la conclusión emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quién con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2005, concluyó lo siguiente:

``Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001- 2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación (como en rigor implican las devoluciones) libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal''.

Por ello, en la presente iniciativa de reforma, se propone una supresión de estos beneficios para unos cuantos y que son los que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas, como es el caso del régimen de consolidación fiscal, de la ganancia de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, la deducción del costo de adquisición de terrenos, la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo.

En este mismo orden se ubica la propuesta para modificar el impuesto definitivo y de 35 por ciento sobre dividendos o utilidades considerando el porcentaje vigente del ISR corporativo, así como las deducciones de los donativos y reglas de control de a campañas de redondeo.

De manera adicional se propone que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal, primero para conocer la realidad a la que se enfrenta y segundo para poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.

Régimen de consolidación fiscal

De las medidas que se someten a la consideración de esa soberanía destaca la eliminación del régimen de consolidación establecido en los artículos 64 a 78 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuanto que, como se expresó, favorece a los grandes consorcios empresariales mediante un esquema que les ha permitido el diferimiento indefinido del pago de esta importante contribución federal.

De esta manera, la consolidación fiscal es un mecanismo que permite que un grupo de intereses económicos comunes, es decir, varias empresas o negocios, se agrupen y sean representados por una sociedad controladora o holding , para que sean tratados como una sola empresa para el pago de impuestos.

Es importante destacar que esta forma de agruparse es únicamente para el pago de impuestos, ya que las empresas que pertenecen al grupo consolidador o holding mantienen su independencia y personalidad jurídica diferentes para cualquier otro fin.

De esta manera, encontramos que el objetivo que persigue la consolidación fiscal es entregar a las autoridades fiscales, en una sola declaración de impuestos, los resultados obtenidos por todas las empresas que conforman un grupo.

En este régimen, cada empresa del grupo debe determinar su resultado fiscal, ya sea utilidad o pérdida en forma individual, y, posteriormente, la sociedad controladora suma o resta las utilidades y pérdidas fiscales de las empresas del grupo en proporción a su participación accionaria y aumenta o disminuye su propia utilidad o pérdida fiscal.

Una vez determinado el resultado fiscal consolidado del grupo se le aplica la tasa de impuesto correspondiente, con lo que se obtiene el impuesto causado, es decir, el impuesto que se tiene que pagar, al cual se le deben restar los pagos provisionales que se hayan realizado, para obtener finalmente el saldo a cargo o a favor.

De esta manera, las pérdidas individuales de cada una de las empresas controladas sufridas en el ejercicio se aplican contra las utilidades generadas por otras controladoras.

Este régimen, además, permite integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que conforman el grupo, y determinar el impuesto sobre la renta a esta base; de esta manera, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del mismo grupo.

Esto es, bajo este esquema una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para amortizar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que genera beneficios financieros extraordinarios a los grandes grupos que llevan a cabo esta práctica.

Todo lo anterior, en detrimento de las finanzas públicas nacionales y del resto de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos financieros ni con la posibilidad de contratar a grandes despachos de contadores que les ayuden a realizar estas planeaciones fiscales.

Es importante destacar que en este régimen se permite el libre flujo de dividendos entre las empresas que conforman el grupo consolidado, sin tener que pagar el impuesto sobre la renta.

Actualmente existen 4 mil 862 empresas que consolidan para efectos fiscales integradas en 422 grupos; sin embargo, el pago agregado por concepto del ISR individual y consolidado y del IETU que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, representó apenas 1.78 por ciento del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007.

Por ello, la carga fiscal de estos contribuyentes es significativamente reducida por el diferimiento del impuesto, no obstante el tamaño de las empresas que conforman los referidos grupos, situación que cambiaría de aprobarse la propuesta.

Asimismo, se destaca que la incidencia en el cobro del ISR por el grupo de consolidación ha sido marginal, lo que se agudiza con el diferimiento indefinido del impuesto, lo que además de mermar la recaudación, pone en desventaja a otros grupos que sin tener un interés societario común sí lo tienen económicamente y no pueden acceder al régimen referido.

El diferimiento en el pago del ISR sin fecha definida ha distorsionado radicalmente la ratio legis del régimen de consolidación fiscal como sistema de incentivo.

En suma la presente iniciativa busca la derogación de dicho sistema por los siguientes motivos:

El costo recaudatorio de la consolidación fiscal es real, en la medida que representa un diferimiento por tiempo indefinido de este impuesto (lo que dura la consolidación). Tomando en consideración que este régimen ha estado en vigor desde el año de 1982 y que del mismo se han favorecido los grupos empresariales de mayor tamaño en México, no es difícil soportar una afirmación de este tipo.

De hecho, la intención reciente, que al final de cuentas se tradujo en una reforma legal de corta vigencia, de reducir la participación consolidable a 60 por ciento, tuvo como causa expresamente reconocida la disminución del beneficio de la consolidación fiscal y el incremento de la recaudación del impuesto sobre la renta.

La eliminación del régimen de consolidación fiscal tendría un fuerte impacto en la situación financiera y patrimonial de varios grupos empresariales de México, sobre todo por el impuesto que durante varios años han estado difiriendo y que, a partir de la derogación, tendrían que enterarlo al fisco federal, actualizado conforme a los índices de inflación, conforme a los procedimientos y cálculos que al efecto se establecen en la disposición transitoria.

La eliminación del régimen de consolidación fiscal salva cualquier cuestionamiento en torno a la constitucionalidad de esta medida, por el hecho de que la eliminación de esta prerrogativa está acorde con el principio de justicia fiscal establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, a la vez que de su derogación no podrían dolerse quienes durante años, quizá décadas, se han aprovechado de ese beneficio en perjuicio de la hacienda pública federal. Lo injusto para efectos constitucionales sería la subsistencia de ese privilegio, como ha sucedido hasta ahora.

En ratificación de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema de la reducción de la participación consolidable de 100 por ciento a 60 por ciento, que implicó una eliminación parcial de dicho régimen, cuyo rubro señala:

Otro de los aspectos relacionados con el régimen de consolidación fiscal se refiere a las sociedades controladoras que se ubican en el período de consolidación obligatorio que establece el artículo 64 de la ley de la materia. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que las reglas aplicables en la materia no pueden serles modificadas sino hasta que dicho plazo fenezca, según se desprende de la jurisprudencia relacionada con la reducción de la participación consolidable (de 100 por ciento a 60 por ciento), cuyo rubro es:

En consecuencia, para evitar problemas de inconstitucionalidad con motivo de la eliminación del régimen de consolidación fiscal por posible retroactividad de la reforma, se prevé que las empresas que aún se encuentren en el plazo obligatorio de cinco años de la consolidación, puedan continuar consolidando sus resultados fiscales hasta la conclusión de dicho período.

Ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas

Otra de las reformas de mayor importancia que se propone es la acotación de la exención en el impuesto sobre la renta sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas. La justificación original de esta exención era la promoción de inversiones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que posteriormente se hizo extensiva a operaciones realizadas en bolsas de valores del extranjero.

Existen evidencias incontestables de que esta exención ha sido aprovechada en forma excesiva y abusiva por accionistas de grandes grupos empresariales de nuestro país, que paradójicamente son personas físicas con grandes recursos patrimoniales a su disposición.

Es de suyo injusto para efectos constitucionales, que los sectores de mayor rezago social en México, en particular los trabajadores de bajos salarios, a partir de ciertos niveles de ingresos tengan que pagar el impuesto sobre la renta a su cargo, en tanto que los grandes empresarios del país, cuyas fortunas personales exceden en forma mayúscula e incalculable las de aquéllos, gocen de una exención total en el pago del propio impuesto al momento en que hacen efectivas sus ganancias de capital con motivo de la enajenación de acciones.

Están identificadas múltiples ocasiones en que la finalidad manifiesta de las empresas que cotizan en bolsa es la de, en el futuro, favorecer a sus accionistas con esta exención, en demérito de la recaudación federal. La intención de dichas empresas no ha sido la generación de esquemas de financiamiento efectivo, sobre todo en los casos de las llamadas colocaciones secundarias. Por otro lado, tampoco se logra el objetivo de fomentar que el gran público inversionista participe en el fenómeno bursátil, dado que las acciones, al carecer de bursatilidad, generalmente permanecen en propiedad de los accionistas originales o, en el mejor de los casos, en grupos selectos de empresarios.

Para erradicar estas prácticas, una reforma al actual artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta tendría las características siguientes: (1) continuar con la exigencia de mantener un número mínimo de acciones durante un plazo mínimo determinado, aunque con el requisito adicional de que tales acciones sean catalogadas de alta bursatilidad para efectos de la legislación que rige el mercado de valores; (2) excluir las colocaciones de empresas extranjeras, pues el mecanismo de la exención debe tender a beneficiar a las empresas mexicanas; y (3) excluir las colocaciones de cualquier tipo en bolsas de valores del extranjero, pues el perfil de las personas a quien debe favorecer la exención es al gran público inversionista con residencia fiscal en México.

Por otra parte, se establece de manera expresa que las personas físicas sí podrán deducir las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones. Lo anterior con el objetivo de ajustar la Ley del Impuesto sobre la Renta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, para el caso de personas morales, resolvió que dicha deducción sí es procedente y que no debe limitarse al monto de las ganancias que obtenga el contribuyente en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, derivadas de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en términos del artículo 9 de esa ley, o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios, en los términos que a continuación se transcriben:

No obstante lo anterior, el adicionado artículo 149-Bis establece que cuando las personas físicas sufran pérdidas en la enajenación de acciones, podrán disminuirlas del impuesto anual en los términos de este capítulo. En este aspecto deberá considerarse que el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas podrán disminuir las pérdidas de los ingresos que obtengan con excepción de los referidos en los Capítulos I y II, del Título IV (ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos por actividades empresariales y profesionales, respectivamente), limitación sobre la cual se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en los términos que a continuación se transcribe:

Esta iniciativa establece, por tanto, que sí será procedente la deducción de las pérdidas por enajenación de acciones, pero reconoce, además, las limitaciones establecidas por el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta cuya constitucionalidad ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El texto en vigor del artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del ISR provoca, por un lado, la indeseable consecuencia de beneficiar con la exención a accionistas que no tienen un real interés en participar en el mercado de valores, en menoscabo de la recaudación fiscal y, por otro lado, la realidad demuestra que un gran volumen de acciones carece de bursatilidad alguna, lo que ratifica la idea de que su colocación en bolsa sólo se hace con el propósito de alcanzar en el tiempo la exención de que se trata.

Eliminada la exención para cierto tipo de operaciones bursátiles sobre acciones, los contribuyentes tendrían que proceder de igual forma como lo hacen quienes nunca han gozado de ese privilegio. Las complicaciones de índole operativo y administrativo que representaría la determinación del impuesto sobre la renta respecto de operaciones realizadas en bolsa de valores, no debiera verse como un obstáculo insalvable ni es justificación válida para mantener la exención. De hecho, existen operaciones del mismo jaez cuya exención no está permitida, por no cumplir los requisitos legales exigidos para ello, y que, por lo tanto, están gravadas con el propio impuesto.

Deducción del costo de adquisición de los terrenos

A pesar de que este beneficio fue establecido para fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, quienes realmente se han beneficiado del mismo han sido los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes han diferido el pago del ISR obteniendo así mayores recursos que se han aprovechado únicamente por los accionistas de esas grandes empresas y no por los contribuyentes menores.

Por su parte, la obtención de mayores recursos financieros se ha traducido en que dichas empresas hayan financiado su crecimiento con cargo al fisco, y por tanto en demérito de la sociedad en general quien no se ha visto beneficiada por el estímulo que ahora se propone eliminar. Es evidente que lo que se pretende es no disminuir la capacidad de los empresarios por fomentar la inversión o el desarrollo inmobiliario en nuestro país, sino por el contrario, encontrar mecanismos eficaces que permitan una mayor recaudación de la hacienda pública y un desarrollo más equitativo de la sociedad.

La actual redacción de la ley en la materia, en especial, el artículo 225, implica un trato no equitativo en relación con el resto de los sectores de la industria en nuestro país. Más aún si se observa que las consideraciones que en su momento justificaron esta deducción ya no se encuentran vigentes a la fecha, por lo que actualmente, al existir una industria en el sector inmobiliario con empresas ya consolidadas y que incluso algunas de ellas cotizan en bolsa, resulta innecesario mantener la deducción del costo de adquisición de terrenos en términos del artículo citado de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

A mayor abundamiento, empresas extranjeras consolidadas por los capitales de sus países de origen se han visto beneficiadas por la prerrogativa a que hemos aludido, sin repercutir directamente en los beneficios sociales que deberían privar. Como se ha señalado en líneas anteriores, debe preverse una lucha de mercados y mantener condiciones equitativas entre éstos para no crear condiciones económicas que desfavorecerán y crearán desigualdades mayores en las clases sociales menos favorecidas económicamente y por ende en los controles económicos tutelados por el Estado.

Deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo

La deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo prevista en los artículos 220, 221 y 221-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue prevista como un medio de fomentar la inversión y como consecuencia de esto, la generación de mayores empleos, sin embargo, a la fecha dicho estímulo no ha dado como resultado directo y visible los propósitos por los que fue adoptado, y por el contrario, ha significado un gran costo para la sociedad en su conjunto, al momento de cuantificar las importantes cantidades que el fisco ha dejado de recaudar con motivo de dicha deducción.

Como consecuencia sólo se ha beneficiado a cierto número reducido de contribuyentes, que en su mayoría son grandes empresas, los cuales se aprovechan directamente de este estímulo, en demérito de la recaudación fiscal. Y lo que es peor, el ahorro que estos contribuyentes han logrado no necesariamente se ha traducido en una mayor inversión o en generación de empleos en nuestro país.

Todos sabemos que estos activos pierden su valor poco a poco. La contabilidad generalmente aceptada se basa en que por lo general una máquina pierde cada año 10 por ciento de su valor. Por otra parte, una construcción dura mucho más tiempo antes de perder todo su valor, en cuyo caso el porcentaje de depreciación anual debería ser menor. Los terrenos casi nunca pierden valor sino por el contrario ganan valor porque en la mayoría de los casos se aprecian cada año.

No hay entonces una justificación para que una empresa que adquiere maquinaria, terrenos, construcción u otros activos fijos, mismos que le van a durar varios años antes de ser inservibles, cargue al costo del primer año todo el importe de esas inversiones y reporte cero utilidades, arrastrando pérdidas año tras año.

Luego entonces, el argumento de que la depreciación acelerada incentiva la inversión no se sostiene a la luz del comportamiento de la inversión y de nuevo son las empresas más grandes las que mayores adquisiciones de maquinaria y terrenos pueden hacer, por tanto las que más se benefician.

Por lo anterior, se propone eliminar esta deducción a fin de que, con el aumento de recaudación que esta medida generará, se obtengan ingresos para apoyar a los grupos de la sociedad menos favorecidos.

Impuesto definitivo y de 35 por ciento sobre dividendos o utilidades, considerando 28 por ciento del ISR corporativo vigente

En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa del gravamen para los dividendos ha sido objeto de debate e interés en los últimos años, tomando en consideración que normalmente las utilidades se gravan a nivel corporativo y de nuevo cuando se reparte como dividendos. Uno de los principales puntos ha sido evitar la doble tributación, aunque ésta ha sido resuelta mediante la introducción de sistemas de créditos fiscales o tasas reducidas de dividendos en términos de los parámetros impositivos para estos países.

La tasa promedio de los países de la OCDE, en materia de dividendos, es de 43.8 por ciento y en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la tasa se ubica en 46.8 por ciento. En otros países la tasa llega alcanzar un límite superior mayor a 50 por ciento. Por otra parte, la diferencia entre la tasa de dividendos y la del impuesto al ingreso corporativo es de 13 por ciento en promedio para la OCDE, siendo Corea el país que tiene la menor diferencia que es de 7 por ciento.

México es el único país de esta organización que no grava los dividendos, ya que nuestra legislación contempla la misma tasa para este rubro con respecto a la tasa general del impuesto sobre la renta, por lo que el primero se piramida y se acredita totalmente, lo que se traduce en una tasa idéntica al ISR corporativo para este concepto.

Con esta relevante reforma, México estaría dando los primeros pasos para lograr una convergencia impositiva con respecto a los países miembros de la OCDE, aunque estaría más de diez puntos debajo de la tasa impositiva de su principal socio comercial.

Por otra parte, se propone evitar la doble tributación manteniendo el acreditamiento al 100 por ciento del ISR empresarial, quedando desde el inicio con la tasa más competitiva de la OCDE y con el mecanismo de acreditamiento más avanzado que se utiliza en sólo algunos países de la mencionada organización y Estados Unidos.

Por ello, se propone reformar los artículos 11 y 165, para que el impuesto sobre dividendos sea un pago definitivo de 35 por ciento y no se acumule a los demás ingresos, para lo cual los dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (Cufin) sólo paguen 7 por ciento adicional a 28 por ciento que corresponde al ISR corporativo no se vea afectado y se vea estimulado el ciclo de reinversión de las empresas, al tiempo que se procura progresividad a un sistema fiscal concentrado y monopolizado, como ocurre en México en coherencia con las recientes críticas de relevantes organismos internacionales.

Donativos deducibles en 30 por ciento y reglas de control a campañas de redondeo, sólo para pequeños contribuyentes

Para que una organización de la sociedad civil (OSC) tenga capacidad legal para expedir comprobantes de donativos deducibles de impuestos, se requiere una autorización especial de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues de acuerdo a nuestra legislación fiscal vigente las donaciones otorgadas a las organizaciones autorizadas tienen el mismo rango que los costos indispensables de operación de las empresas.

En México existen aproximadamente 20 mil OSC; 8 mil 451 son privadas, no lucrativas y de servicios a terceros y otras 8 mil 320 son operativas. De acuerdo a los datos disponibles, 42.52 por ciento (3 mil 594 organizaciones) cuentan con la clave única de inscripción al registro federal de las organizaciones de la sociedad civil (Cluni), lo que les permite recibir fondos federales.

Las OSC se sostienen mediante tres fuentes de financiamiento:

Las principales figuras jurídicas de las OSC son: asociación civil (AC), institución de asistencia privada (IAP), asociación de beneficencia privada (ABP), institución de beneficencia privada (IBP); y sociedad civil (SC).

Las OSC están sujetas a un régimen fiscal específico: el régimen de personas morales con fines no lucrativos, establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Título III, la cual las exime del pago de dicho impuesto.

El artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) clasifica a las organizaciones no lucrativas en dos grupos: 1) personas morales con fines no lucrativos (PMFNL), y 2) personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles (donatarias autorizadas).

Ambos tipos de organizaciones comparten la ventaja de estar exentas del impuesto sobre la renta. Las donatarias autorizadas, tienen la prerrogativa de poder emitir recibos deducibles de impuestos para las donaciones que reciban, lo cual las ubica en una situación privilegiada dentro del sistema fiscal.

Un dato relevante es que México es una de las pocas naciones en el mundo que no establece límites al valor de la deducción fiscal ni a su monto, lo que se traduce en que por cada peso donado, las personas morales y físicas resta el valor total de lo que tendrían que pagar por ISR desde su utilidad fiscal neta.

En consecuencia, estos donativos se convierten en recursos totalmente públicos.

Esta situación, que sólo puede entenderse como de fomento temporal, ha inducido un conjunto de comportamientos perversos en donde muchas personas morales crean organizaciones no lucrativas con el principal fin de evadir el impuesto sobre la renta mediante operaciones de triangulación y donaciones cruzadas, planeaciones de elusión fiscal a través intercambio de servicios y donaciones en especie, ya que no existe un costo de transacción fiscal individualizado por cada donación, por lo que se obtienen transferencias con un descuento igual al valor de lo que deberían pagar por ISR.

Por ello se propone reformar los artículos 31, fracción I, y 176, fracción III, a fin de que los donativos sean deducibles en 30 por ciento para evitar abusos.

Asimismo se reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación y se adiciona una fracción XXI al artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los programas de redondeo en centros comerciales o tiendas al público en general, tengan la obligación de informar y dictaminarse, se persigue el tener la seguridad de que la gente que dona su cambio para fines sociales no sea utilizado en forma incorrecta, para asegurar que quede debidamente amparado en su comprobante de venta y registro en contabilidad como una cuenta a terceros, a fin de que no sea utilizada indebidamente por el contribuyente que lo retuvo.

Que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal

El Código Fiscal de la Federación establece la figura del llamado ``secreto fiscal'', con el objetivo de que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias guarde absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

El secreto fiscal, contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, establece los casos en que dicha información se podrá proporcionar sin que se considere violación al mismo:

Sin embargo, es necesario ampliar dicha reserva para que el Poder Legislativo pueda conocer información fiscal de contribuyentes a efecto de contribuir al cumplimiento de los intereses fiscales federales, pueda hacer las reformas a la legislación en materia hacendaría pertinentes y se haga efectivo el ejercicio de su facultad de control, es decir, que el honorable Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un instrumento de apoyo y de complemento a las tareas de fiscalización de los recursos públicos que llevan a cabo éstos y de las facultades que constitucional y legalmente le corresponde al Poder Legislativo, para hacer más eficaz y eficiente esta tarea.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación

Artículo Primero. Se reforman los artículos 11, párrafos primero, segundo, cuarto y sexto; 31, fracción I; 109, fracción XXVI; 165, párrafo primero, y 176, fracción III; se adicionan los artículos 86, con las fracciones XXI, XXII y XXIII; y 149-Bis; y se derogan el párrafo octavo y las fracciones I y II del artículo 11; los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; el último párrafo del artículo 109; los artículos 220, 221, 221-A y 225, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa de 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en este párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta ley se calculará en los términos de dicho precepto.

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, deberán considerar la tasa de 35 por ciento con la reducción de 32.14 por ciento señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley.

...

Los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta ley, pagarán 7 por ciento, el cual tendrá el carácter de definitivo.

...

Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, no podrán acreditar dicho impuesto.

(Se deroga)

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

Artículo 64. Se deroga.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 66. Se deroga.

Artículo 67. Se deroga.

Artículo 68. Se deroga.

Artículo 69. Se deroga.

Artículo 70. Se deroga.

Artículo 71. Se deroga.

Artículo 72. Se deroga.

Artículo 73. Se deroga.

Artículo 74. Se deroga.

Artículo 75. Se deroga.

Artículo 76. Se deroga.

Artículo 77. Se deroga.

Artículo 78. Se deroga.

Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes:

Artículo 109. [...]

No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores.

Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se hace por oferta pública y durante el periodo de la misma, las personas que participen en ella, no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más competitivas de las que se reciban con anterioridad o durante dicho periodo y, que de aceptarlas, se haya convenido una pena al que la realiza.

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.

Artículo 149-Bis. En los casos en que no aplique la exención prevista en la fracción XXVI, del artículo 109 de esta ley, el intermediario financiero que intervenga en la enajenación de acciones realizada en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, deberá, en términos de este capítulo:

Cuando las personas físicas sufran pérdidas en la enajenación de acciones, podrán disminuirlas del impuesto anual en los términos de este capítulo.

Artículo 165. Las personas físicas no acumularán a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas consideraran como impuesto sobre la renta definitivo el determinado en los términos del artículo 11 de esta ley. Se deberá solicitar la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta ley, en informar en la declaración anual, las cantidades retenidas por impuesto sobre la renta y el monto de los dividendos o utilidades obtenidas.

...

...

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

...

...

...

Artículo 220. Se deroga.

Artículo 221. Se deroga.

Artículo 221-A. Se deroga.

Artículo 225. Se deroga.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 32-A, fracción II; y 69, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

Artículo 69. ...

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma no se considerará violación a lo dispuesto en el párrafo anterior la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso de la Unión, sobre información fiscal de contribuyentes, protegiendo los datos personales, para realizar estudios y dictámenes de evaluación económica de los ingresos y los egresos federales, ejercer las facultades de fiscalización de los recursos públicos y realizar la investigación objeto de las mismas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el artículo segundo transitorio siguiente.

Segundo. La derogación de los artículos 64 al 78 de la presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2010, y para tales efectos se estará a lo siguiente:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 109, se añaden las fracciones XIX, XX y XXI al artículo 167 y se modifica el artículo 190 en sus párrafos décimo a decimotercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa mediante la cual se deroga la fracción XXVI del artículo 109, se añaden las fracciones XIX, XX y XXI al artículo 167 y se modifica el artículo 190 en sus párrafos décimo a decimotercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de que las ganancias derivadas de las transacciones de valores realizadas en los mercados de valores, respecto a su precio de adquisición por los contribuyentes, causen impuesto sobre la renta, presentada por el senador Pablo Gómez Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Senador Carlos Navarrete Ruiz Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 71, fracción II; 72, fracción h y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 66, fracciones 1, incisos A y E, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión; y los artículos 55, fracción II; 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

Y considerando que

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará, en su caso, la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo. La exención prevista en este inciso no será aplicable tratándose de la segunda o posteriores enajenaciones de casa habitación efectuadas durante el mismo año de calendario. El límite establecido en el primer párrafo de este inciso no será aplicable cuando el enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su enajenación, en los términos del Reglamento de esta Ley. El fedatario público deberá consultar a las autoridades fiscales si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante el año de calendario de que se trate y, en caso de que sea procedente la exención, dará aviso a las autoridades fiscales.b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este Título. a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año.b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de ésta, sin considerar los intereses devengados no pagados. a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título.

Con base en lo expuesto se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se deroga la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Segundo. Se añaden las fracciones XIX, XX y XXI al artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el siguiente texto:

Artículo 167. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los siguientes:

Tercero. Se modifica el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la manera siguiente:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EDUCACION BASICA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de la Unión a realizar la transferencia de recursos para el apoyo de escuelas de nivel básico.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, su turnara a la Cámara de Diputados.

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El suscrito, Ramón Galindo Noriega, senador de la república de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia, resolución por el cual se exhorta a los gobiernos de los estados de la unión para que, conforme a la Ley General de Educación y el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, realicen la transferencia de recursos para el apoyo de escuelas de nivel básico, con base en las siguientes

Consideraciones

1. La vocación federalista del Estado mexicano se ha venido entendiendo a partir de la necesidad de descentralizar funciones y recursos en favor de los entes públicos más cercanos a los gobernados.

Desde el 18 de mayo de 1992 se emitió un decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Se refiere, en la parte considerativa de dicho acuerdo, que la educación es un ámbito decisivo para el futuro del país, por lo que debe procurarse permanentemente elevar su calidad y cobertura a partir de la obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y gratuito de la que imparte el Estado, su dimensión nacional y su sustento en el progreso científico, en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Conforme al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, se estableció que los gobiernos estatales harían lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los municipios estén directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas, sirviéndose de los recursos que al efecto reciban del gobierno estatal.

El artículo 15 de la Ley General de Educación establece en su tenor literal:

El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.

El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

A su vez, los artículos 26 y 27 de la misma ley establecen:

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

No obstante lo prescrito en esas disposiciones y en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ha trascendido en un reconocido medio de comunicación que año con año disminuyen los recursos que los municipios destinan al mantenimiento de los planteles.

2. En 2006, según los reportes estadísticos del cuestionario de financiamiento educativo estatal de la Secretaría de Educación Pública, se destinaron 196 millones 830 mil pesos para infraestructura en educación básica; en 2007, dicha cifra disminuyó a 74 millones 611 mil pesos y el año pasado se reportaron sólo 4 millones 717 mil pesos, que fueron ``municipalizados'' únicamente por cuatro estados: Colima, Nayarit, Baja California y Tabasco.

Si bien los reportes no identifican el nombre de los municipios que invierten en las escuelas, sí registran el monto que cada entidad canalizó a las alcaldías.

Merced a lo anterior, ha habido expresiones en el sentido de que los recursos para el sector educativo destinados al mantenimiento de los inmuebles no llegan a los municipios porque los estados no los canalizan.

Los municipios mexicanos, es sabido, no cuentan con recursos para el mantenimiento de las escuelas, por lo que los padres de familia, a través de ``cuotas voluntarias'', que de facto se tornan obligatorias, tienen que sufragar una proporción importante del gasto que implica el sostenimiento de las escuelas en este rubro, cuando la educación en el Estado mexicano debe ser, por dispositivo elevado a rango constitucional, gratuita.

En promedio, se ha calculado, los padres de familia gastan por concepto de cuotas 7 mil 279 millones de pesos, según la estadística de la Subsecretaría de Educación Básica, lo que representa 10 por ciento de los recursos que invierten los estados en ella.

El reporte indica que todos los estados, sin contar el Distrito Federal, invirtieron el año pasado 79 mil millones, mientras que la federación canalizó 205 mil millones de pesos.

Lo anterior significa que la federación invierte 2 mil 500 pesos al día por escuela, los estados 993 pesos, los padres de familia 1 peso y los municipios 0.05 pesos.

El reporte estadístico de la SEP da cuenta también de que no todos los estados invierten igual ni en los mismos rubros.

Por ejemplo, trascendió, entidades como Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí el año pasado no invirtieron recursos propios para la educación indígena, ni siquiera para proporcionar el servicio de educación preescolar, que se hizo obligatorio el pasado ciclo escolar.

Oaxaca, por otra parte, sigue siendo la única entidad que no invierte en la educación, pese a que la Ley General de Educación, en los términos apuntados en el cuerpo del presente, establece en el artículo 27 que los estados se hallan obligados a invertir recursos crecientes para el sostenimiento y la expansión del sistema educativo, que fue descentralizado en 1992.

3. Con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en el cual asignó recursos públicos por 12 mil 469.5 millones de pesos al Fondo de Aportaciones Múltiples, superior en 2 mil 86.9 millones de pesos e igual a un incremento de 20.1 por ciento en comparación con lo aprobado en 2007.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que reciban los estados y el Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones Múltiples se destinarán para la construcción, el equipamiento y la rehabilitación de infraestructura física del nivel de educación básica, entre otros rubros. En esta tesitura, en el gasto neto total aprobado para 2008 se asignó 34.5 por ciento (4 mil 306.6 millones de pesos) para infraestructura de educación básica.

En este contexto, el 30 de abril de 2009, el Ejecutivo federal --por conducto de la SHCP-- presentó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública de 2008, cumpliendo lo señalado en el artículo 74, fracción VI, párrafo tercero, de la Carta Magna, en el cual se registra que lo erogado en infraestructura básica fue igual a lo aprobado por la Cámara de Diputados pero superior a lo gastado en 2006 por mil 111.2 millones de pesos, reflejándose en un incremento de 34.8 por ciento.

En mérito de lo expuesto, el Senado de la República, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estima pertinente emitir para su urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo de los estados que integran la unión para que, en cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación y la propia Ley General de Educación, realicen la transferencia de los recursos que deban destinarse para la infraestructura en educación básica.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, con fundamento en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se lleve a cabo la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples erogados por los estados en el rubro de infraestructura de educación básica, a fin de evaluar los resultados de la gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese el numeral dos a la Comisión de Vigilancia de la.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que solicita que se considere una reducción del 10 por ciento a las percepciones que propone el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, de los servidores públicos de mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo y Judicial; de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y cualquier otro ente público; instituciones y organismos autónomos; y del Poder Legislativo, incluidos sus legisladores, con el fin de destinar recursos para coadyuvar a mejorar la grave situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que considere una reducción del 10 por ciento a las percepciones que propone el ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, que perciben los servidores públicos de mandos medios y superiores de los Poderes Ejecutivo y Judicial; de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y cualquier otro ente público; instituciones y organismos autónomos; del Poder Legislativo, incluidos sus legisladores, con la finalidad de destinar recursos para coadyuvar a mejorar la grave situación de crisis económica por la que atraviesa nuestro país y preservar las fuentes de empleo. De igual manera, reducir el presupuesto destinado a gastos de operación, administrativos y de apoyo. Asimismo, se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, al Poder Judicial y a los Congresos locales a implementar las mismas acciones.

Honorable Asamblea:

El que suscribe, Ramiro Hernández García, senador por el estado de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 refiere una serie de medidas de austeridad, entre otras: reducir en un 5 por ciento el gasto de estructuras de mandos superiores y oficialías mayores, reducción del 10 por ciento en el gasto de representaciones diplomáticas y oficinas de gobierno federal en el extranjero; en la misma proporción, el gasto en delegaciones, oficinas y representaciones de las dependencias del gobierno federal, órganos desconcentrados y entidades paraestatales en los estados. Con esto se pretende un ahorro de 66 mil 430 millones de pesos.

No obstante estas medidas, sorprende que en materia de gasto corriente, por concepto de servicios personales, que es el que absorbe la mayoría de los recursos públicos, solamente mencione que se aplicará una ``política de nulo incremento en las remuneraciones de enlaces, mandos medios y superiores del gobierno federal''.

A falta de datos precisos, me referiré solamente a los puestos de funcionarios del poder Ejecutivo Federal y que se desglosan en el proyecto de Presupuesto, los cuales fueron utilizados el pasado 21 de septiembre por el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Señaló que existe un total de 643 mil 550 plazas, que incluyen a todo el personal que labora en las Secretarías y órganos desconcentrados del gobierno federal, es decir, personal de mando superior, de mando medio y operativo.

Mencionó que las plazas de alto nivel, como son las de subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales, adscritas a las secretarías del Ejecutivo federal, suman mil 107 en 2009.

Sobre las plazas de mandos medios, como son las de director general adjunto, director de área, subdirector y jefe de departamento ascienden a 23 mil 22.

Informó que este año los sueldos de la alta burocracia, desde jefes de departamento hasta secretarios de estado costarán al país más de 28 mil 300 millones de pesos. Dijo que para 2010, los sueldos, salarios y prestaciones, para esos puestos en su conjunto, registrarán un aumento, en términos reales, de 6 mil 800 millones de pesos en comparación al 2009. Esto beneficiará a más o menos 50 mil funcionarios.

Al respecto, quiero hacer mención de que en nuestro país los altos funcionarios públicos tienen ingresos, en algunas ocasiones, por encima de los que perciben sus similares en otros países

Así, tenemos que las percepciones salariales y prestaciones señaladas en el proyecto de Presupuesto 2010 de mandos medios y superiores es la siguiente:

Además de lo anterior, no debemos dejar de mencionar también los altos ingresos que perciben los funcionarios de los Poderes Legislativo y Judicial; de igual manera, los servidores públicos de los organismos autónomos.

Si bien es cierto que el servicio prestado en su encargo o en su función por los servidores públicos es un empleo que debe gozar de un ingreso digno que le permita desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalismo, también lo es la urgencia de disminuir los montos de quienes reciben los más altos ingresos, sobre todo, en una situación de crisis económica como la que vive actualmente el país, ante la cual todos debemos ser solidarios.

De ahí que se pretenda con este punto de acuerdo que la Cámara de Diputados apruebe una reducción de 10 por ciento en las percepciones de los funcionarios que desempeñen los siguientes puestos: subdirector de área, director de área, director general adjunto o titular de entidad, director general, coordinador general o titular de entidad, jefe de unidad o titular de entidad, oficial mayor o titular de entidad, subsecretario de estado o titular de entidad, secretario de Estado o titular de entidad y presidente de la república; de igual manera a los legisladores de ambas Cámaras, y los demás mencionados anteriormente, lo cual redundará en una mejora sustancial de la percepción que la ciudadanía tiene de su desempeño, sus decisiones y la justa proporcionalidad de su salario respecto a su función, su jerarquía y su responsabilidad.

Igualmente, es necesario reducir el gasto de operación, administrativos y de apoyo. Una reducción presupuestal en los rubros de materiales, suministros, servicios generales, comisiones oficiales, difusión e información, aportaciones a fideicomisos, asesorías, consultorías, donativos y comunicación social. Todo lo anterior, sin afectar el funcionamiento de las dependencias.

Como sabemos, compete a la colegisladora aprobar el Presupuesto de Egresos, tal como lo manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 74 establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

`` Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.''

Por su parte, en su artículo 75 mandata que ``la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley'', y el artículo 127 dice que ``los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes (...)''

La contracción profunda que ha sufrido la economía mexicana también se siente en el mercado laboral que sigue incrementando la tasa de desocupación en un contexto en el cual no se observa una mejora en el corto plazo para el mercado laboral mexicano.

En el mes de julio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana alcanzó los 2.8 millones de desempleados. La tasa de desocupación alcanzó al 6.12 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) que, de acuerdo con el Inegi, es de 45.7 millones de personas. De enero a agosto se han perdido 949 mil empleos, y se calcula que serán un millón al concluir el año.

A estos datos debemos agregar los anunciados por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que al eliminar tres secretarias se despedirá a 10 mil burócratas del gobierno federal

Su argumento es que con estos cierres se lograrán ahorros que permitirán reorientar el gasto hacia sectores con mayores necesidades o a los que se debe dar una prioridad presupuestaria. No obstante, en las condiciones actuales de alto desempleo, una decisión de gobierno de esta envergadura requiere de reflexiones, valoraciones y análisis más complejos que la simple idea del ahorro en el gasto público. No se debe dejar de lado que en estos momentos el desempleo es un grave problema social que se presenta tanto en el sector público, como en el privado.

Hace dos semanas, el mismo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda informó el inicio del recorte de personal que incluye niveles de subsecretario, jefe de unidad, oficial mayor, director general y director general adjunto. Explicó que se disminuirá el 10 por ciento del personal de las delegaciones federales; 10 por ciento en las embajadas y 5 por ciento en las estructuras administrativas, sin precisar cuántos empleados significan.

Proponemos que, para no cancelar plazas y preservar el empleo, éstas se ocupen en espacios vinculados a proyectos sociales o de fomento productivo.

No hay nada tan malo como carecer de empleo. El jefe de familia vive el drama de no poder dar respuesta a las necesidades de su familia. El desempleo actúa negativamente en el ánimo de la gente. El empleo es la supervivencia económica de la familia y la tabla de lanzamiento para la superación personal.

Con una medida como la que hoy proponemos, es factible disminuir el número de despidos, pues los trabajadores prefieren reducir sus ingresos que estar en el desempleo.

Ante esta realidad, el país y los mexicanos requieren un mensaje de que sus funcionarios públicos y sus legisladores son solidarios con la situación económica que priva en el país.

Se hace necesario que las fuerza políticas representadas en el Congreso de la Unión acordemos y propongamos reducir en un 10 por ciento los ingresos de los funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, así como de los demás organismos del sector público mencionados con anterioridad.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Cámara de Diputados a considerar una reducción del 10 por ciento a las percepciones, propuestas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, que percibirán los servidores públicos encargados de mandos medios y superiores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de las administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y cualquier otro ente público de la federación; incluyendo al presidente de la república, secretarios de Estado, senadores, diputados federales, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior como contribución a la política de austeridad y racionalidad del gasto público.

Segundo. Asimismo, considere una reducción a las partidas presupuestales destinadas a los rubros de materiales, suministros, servicios generales, comisiones oficiales, difusión e información, aportaciones a fideicomisos, asesorías, consultorías, donativos y comunicación social.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, y a los Congresos locales a implementar las mismas acciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, la senadora Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que los recursos destinados a la educación superior multicultural no se vean disminuidos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, su turnara a la Cámara de Diputados.

«La suscrita, senadora Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 2 de la Constitución federal establece que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Dicho dispositivo establece también que, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades del país tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la capacitación productiva y la educación superior; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Como consecuencia de lo anterior, en 1997 la educación primaria destinada a poblaciones indígenas cambió su denominación, de educación bilingüe bicultural, a educación intercultural bilingüe y para el año 2001, se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, dependiente de la SEP, que por primera vez planteó la educación intercultural para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los indígenas a todos los niveles educativos.

Siguiendo con este proceso, a partir del año 2003, diversos estados de la república, tales como Puebla, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, México, Tabasco y Quintana Roo, procedieron a la creación de instituciones de educativas de nivel superior cuyo objetivo consiste en ofrecer educación de alta calidad a los jóvenes de dichas entidades federativas, dentro de un modelo que privilegie no sólo el respeto a la variedad cultural sino el uso activo de las lenguas y saberes vernáculos.

Ahora bien, para nadie es un secreto que existe la pretensión por parte de las autoridades hacendarias federales de reducir los recursos asignados a las instituciones de educación superior bajo el pretexto de la actual crisis económica. Como consecuencia de esto, representantes del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) demandaron hace unos días un incremento en el monto de los recursos públicos en el paquete económico para 2010, así como también la aprobación de presupuestos multianuales. A cambio de ello, los rectores de distintas universidades públicas del país asumieron el compromiso de mayor transparencia en el uso de los recursos del erario.

Ahora bien, si existe un temor justificado entre las autoridades de las instituciones educativas que integran a la ANUIES frente a la posible carencia de recursos presupuestales, con mayor razón esta preocupación se extiende hacia las universidades interculturales, las cuales, salvo en el caso de Veracruz, son organismos públicos descentralizados que no gozan de autonomía y dependen de las partidas asignadas por los gobiernos de los estados y la federación, esto último como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 49 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y su correlativo presente en el proyecto que actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

En esta tesitura, se impone la necesidad de preservar e, incluso, incrementar los recursos destinados a las universidades multiculturales, a fin de no provocar la asfixia de estas instituciones educativas y otorgarles viabilidad financiera, lo cual no obsta para que las mismas se sujeten a la fiscalización que al efecto realice la Auditoría Superior de la Federación, así como también a las evaluaciones de calidad que al efecto realicen las autoridades educativas federales.

La educación superior debe ser una prioridad nacional. México tiene que unirse a aquellas naciones que han apostado por la educación superior, la ciencia y la tecnología, las cuales son precisamente las más avanzadas del orbe.

Castigar al sector educativo no es bueno para el desarrollo nacional ni para los individuos que acuden a la enseñanza universitaria con la esperanza de que ésta sea una herramienta de movilidad social, sobre todo en un segmento tan depauperado y ajeno a los beneficios del desarrollo, como lo es el indígena.

Es por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública, en coordinación con las dependencias relacionadas de la administración pública federal, se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que los recursos destinados a la educación superior multicultural no se vean disminuidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió acuerdo del Congreso del estado de Quintana Roo por el que se adhiere al enviado por el Congreso de Michoacán para exhortar al Congreso de la Unión a asignar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos suficientes para que los ex trabajadores migratorios mexicanos puedan cobrar en una sola exhibición la cantidad correspondiente.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Escudo.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- XII Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de septiembre del año en curso, la honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.

«Escudo.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- XII Legislatura.

Honorable Pleno Legislativo

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos de la Honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, párrafo primero, 34, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 40, 42 y 53, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del estado, nos permitimos emitir el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual, se determina adherirse al acuerdo enviado por el honorable Congreso de Michoacán, en el cual exhortan al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación como institución gubernamental coordinadora y partícipe en el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, derogue el acuerdo por el que se reforman diversos numerales de las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de junio de 2009, a efectos de dar celeridad y transparencia al proceso referido, asimismo exhortan al honorable Congreso de la Unión para que la próxima legislatura asigne en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal de 2010 los recursos suficientes para que los ex trabajadores migratorios mexicanos puedan cobrar en una sola exhibición la cantidad correspondiente como se estableció en un principio, lo anterior de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

En el mes de agosto de 2009 fue recibido por la oficialía de partes del Congreso de Quintana Roo el acuerdo enviado por el Congreso de Michoacán, en el cual exhortan al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación como institución gubernamental coordinadora y participe en el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, derogue el acuerdo por el que se reforman diversos numerales de las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de junio de 2009, a efectos de dar celeridad y transparencia al proceso referido, asimismo exhortan al honorable Congreso de la Unión para que la próxima legislatura asigne en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos suficientes para que los ex trabajadores migratorios mexicanos puedan cobrar en una sola exhibición la cantidad correspondiente como se estableció en un principio y, de considerarse pertinente, esta honorable legislatura se adhiera a los puntos contenidos en el acuerdo.

Con fecha 22 de agosto de 2009; en sesión de la Diputación Permanente de la honorable XII Legislatura del Congreso del estado, se acordó turnar a la Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos el acuerdo antes mencionado, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Consideraciones

Que en cumpliendo con nuestra labor legislativa y conscientes en el oportuno despacho de los asuntos turnados a esta Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos, los diputados que integramos este órgano legislativo nos dimos a la tarea de conocer, analizar, examinar y evaluar los asuntos de referencia, lo anterior con la finalidad de que los trabajos inherentes a esta comisión se desarrollen en condiciones óptimas.

Bajo esta perspectiva, los suscritos diputados nos dimos a la tarea de analizar, examinar y evaluar el documento en comento, en consecuencia, el 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de Norteamérica durante los años de 1942 a 1964 con una vigencia de cinco años, o menos, contados a partir del inicio de sus actividades o hasta el momento en que se extinga su patrimonio o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación, dotando de seguridad jurídica a los ex braceros que dejaron en aquel país los mejores años de su vida.

En este sentido, con la creación del fideicomiso se buscó atender la problemática de los ex trabajadores migratorios mexicanos que se desempeñaron en los campos agrícolas de los Estados Unidos durante el periodo de 1942 a 1964, y derivado de ello prevé la necesidad de otorgar el pago de una compensación económica para los trabajadores mexicanos braceros migratorios en los Estados Unidos de América.

Derivado de lo anterior, se originó la creación del comité técnico encargado de administrar los recursos del fondo destinado a los beneficiarios que se dieron de alta en el mismo, con base en las reglas de operación establecidas.

Sin embargo, a raíz de la creación de este comité se han originado problemas suscitados a partir de la entrada en vigor del fideicomiso, tales como la integración del padrón de trabajadores, que constituye una creciente constante de inconformidad de muchos ex trabajadores migratorios, ya que quedaron fuera del listado de beneficiarios.

Aunado a estos problemas nos encontramos con las diversas dificultades surgidas con las reglas de operación que elabora el comité técnico del fideicomiso, por carecer de certeza y transparencia en la entrega de los apoyos que reciben los beneficiarios, lo que ha ocasionado un descontento general entre aquellos los cuales tienen derecho a recibir este beneficio.

El pasado 22 de julio de 2009 se aprobó en la Cámara de Diputados federal una iniciativa cuyo punto primero del resolutivo exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, con la participación que corresponda al titular de la Secretaría de Gobernación y al Comité Técnico del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), a ponderar la posibilidad de efectuar el pago del importe del apoyo social en una sola exhibición.

Asimismo, se solicita al mismo comité explique las razones y los motivos que originaron el cambio en los criterios de pago, los cuales ahora son diferidos y, por consiguiente, derogue el acuerdo por el cual se reforman diversos numerales de las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de junio de 2009, para efectos de que el pago de los beneficiarios sea en una sola exhibición.

Los diputados integrantes de esta comisión que dictamina y con base en lo anterior, y tomando en consideración que la pretensión principal del acuerdo remitido por la legislatura del estado de Chihuahua es que se efectué el pago del apoyo social en una sola exhibición, y exhortan al Congreso de la Unión para que asigne en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos suficientes para que los ex trabajadores migratorios mexicanos puedan cobrar en una sola exhibición la cantidad correspondiente como se estableció en un principio, y una vez analizada la propuesta.

En esta tesitura, los diputados que integramos la Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos de la honorable XII Legislatura del estado nos permitimos emitir el siguiente punto de

Acuerdo

Primero. La honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina adherirse al acuerdo enviado por el honorable Congreso de Michoacán, en el cual exhortan al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación como institución gubernamental coordinadora y partícipe en el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a derogar el acuerdo por el que se reforman diversos numerales de las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de junio de 2009, a efectos de dar celeridad y transparencia al proceso referido; asimismo, exhortan al honorable Congreso de la Unión, para que la próxima legislatura asigne en el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos suficientes para que los ex trabajadores migratorios mexicanos puedan cobrar en una sola exhibición la cantidad correspondiente como se estableció en un principio.

Segundo. Remítase el presente acuerdo a la legislatura solicitante, a las demás de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento.

Tercero. Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal y a las honorables Cámaras del Congreso de la Unión para los efectos legales procedentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 5, fracción VI, y la fracción VI del artículo 74 Ter; y se adiciona un título denominado Del Transporte Privado, al que se le otorga el ordinal sexto, integrado por el Capítulo I, Disposiciones Generales, con el artículo 61 Bis, y el Capítulo II, Unidades de Verificación, con el artículo 61 Ter, recorriéndose en su orden actual los Títulos Sexto, Séptimo y Octavo, para quedar como Séptimo, Octavo y Noveno, respectivamente, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal, las siguientes atribuciones:

Título Sexto Del Transporte Privado

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 61 Bis. Todos los vehículos de transporte privado que transiten en vías generales de comunicación de jurisdicción federal, deberán cumplir con:

Los vehículos usados que se importen de manera definitiva al país deberán realizar la verificación de estos límites máximos permisibles y obtener la constancia de aprobación de manera previa a la autorización de la importación definitiva por parte de las autoridades aduaneras.

Capítulo II Unidades de Verificación del Transporte Privado

Artículo 61 Ter. Las unidades de verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas; así como las de verificación de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos que circulen en vías generales de comunicación, a las que se refiere el presente Título, podrán ser operadas por particulares mediante permiso expedido por la Secretaría y su otorgamiento se ajustará, en lo conducente, al procedimiento a que se refiere el artículo 7o. de esta ley. La Secretaría procurará que dichas unidades funcionen de manera conjunta y que el trámite de verificación sea expedito.

Las constancias de aprobación emitidas por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal respecto de la verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas; así como de la verificación de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape, de los vehículos en circulación, podrán ser reconocidas conforme a esta ley, de conformidad a los convenios de coordinación que se acuerden entre dichas entidades federativas y la Secretaría.

Título Séptimo Del la Responsabilidad

Artículo 62 a 69. ...

Título Octavo Inspección, Verificación y Vigilancia

Artículo 70 a 73. ...

Título Noveno De las Sanciones

Artículo 74. ...

Artículo 74 Bis. ...

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:

Artículo 75 a 80. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de los 180 días naturales siguientes, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, emitirá, adicionará o modificará los reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones reglamentarias a efecto de aplicar las disposiciones del Título Sexto de la presente ley.

Tercero. Las Unidades de Verificación del Transporte Privado a que hace referencia el artículo 61 Ter empezarán a funcionar a más tardar 365 días después de que entre en vigor el presente decreto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá realizar de inmediato las acciones necesarias para su oportuna implementación y puesta en marcha.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Transporte.

LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechosy de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Hilda Esthela Flores Escalera, Héctor Franco Lópezy Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Hilda Esthela Flores Escalera , Héctor Franco López y Tereso Medina Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto para modificar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Minería, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La minería es una actividad económica que siempre ha estado presente en el proceso histórico y social de nuestro país. La minería representaba, entre finales del siglo XIX y 1940, más de la mitad de las exportaciones mexicanas.

México cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto en minerales metálicos como en no metálicos. En nuestro país se encuentran yacimientos de clase mundial. La contribución del sector minero al progreso y crecimiento de México es indudable, al impulsar el desarrollo de otras actividades productivas, tales como la agricultura, ganadería y la producción manufacturera. Siendo una de las ramas industriales más antiguas desarrolladas en México, durante décadas el crecimiento poblacional del país se vio influido en razón a la ubicación y explotación de los yacimientos mineros.

Como resultado del avance en el desarrollo industrial, la evolución de la minería se ha visto influenciada por situaciones de otros sectores que demandan como insumos sus productos, así como por las diversas fluctuaciones de los mercados internacionales para los mismos. Precisamente las bajas cotizaciones internacionales, ocasionadas por la sobreoferta mundial, la sustitución de los metales tradicionales en numerosos procesos productivos y el reciclado de metales, ha traído consigo la caída económica de la industria minera.

No obstante, en los últimos años el sector minero ha realizado diversos esfuerzos en aras de recuperase, lo cual se ha manifestado satisfactoriamente. En efecto, de acuerdo a los resultados arrojados por un estudio de la Cámara Minera de México, la inversión total en minería en el país continúa ascendiendo paulatinamente: ¹

Lo anterior se ve reflejado en la aportación que este sector hace al Producto Interno Bruto. Si bien, durante los primeros seis meses de 2009, el PIB Minero ---que incluye la extracción de petróleo crudo y gas natural--- registró una reducción real anual de 0.3 por ciento; mientras que la minería no petrolera ---que incluye los servicios relacionados con la minería---, registró un crecimiento real anual de 20.4 por ciento. En tanto, el producto interno bruto de la minería petrolera se contrajo en 4.1 por ciento en términos anuales reales, como resultado principalmente de la caída de 15.1 por ciento en la extracción de petróleo crudo pesado y de 11.9 por ciento de los condensados. ²

En el ámbito internacional, nuestro país se mantiene como uno de los principales receptores de capital en el sector minero. De acuerdo con el reporte publicado en marzo de 2009 por el Metals Economics Group, el monto captado en 2008 fue de 794.3 millones de dólares, equivalentes al 6 por ciento del total mundial, posicionando a México como el cuarto destino más importante para la inversión minera mundial destinada a la exploración. En tanto, en América Latina continúa ocupando el primer lugar en dicho rubro. ³

Dada la importancia de la minería dentro de la economía directa de nuestro país, este sector ha sido objeto de una regulación especial, conforme a las necesidades y prioridades de esta rama.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

La misma Carta Magna dispone que el dominio que la nación tiene sobre estos bienes es inalienable e imprescriptible y sólo mediante concesión, otorgada por el Ejecutivo Federal de conformidad con las leyes expedidas al efecto, los particulares pueden efectuar la explotación, el uso o el aprovechamiento de estos recursos.

En este sentido, al mes de junio de 2009 el Ejecutivo Federal expidió 1,273 nuevos títulos de concesión minera que amparan una superficie de 4.4 millones de hectáreas, para alcanzar un saldo acumulado de 24,848 títulos de concesión minera vigentes, por una superficie de 25.3 millones de hectáreas, cifras 0.5 por ciento y 0.7 por ciento superior a las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior. ⁴

La nación, al mantener el dominio directo de estos recursos, tiene derecho a participar del aprovechamiento obtenido por la explotación de los minerales y substancias del subsuelo mexicano por los concesionarios, dándole una distribución adecuada y equitativa aplicable a las finanzas públicas del Estado.

Diversos ordenamientos han plasmado, al efecto, los lineamientos y políticas financieras y fiscales a que se sujetan los titulares de asignaciones y concesiones mineras por el uso, exploración, aprovechamiento y explotación que realiza en este sector. Como antecedente más remoto encontramos la Ley de Impuestos a la Minería de 1934, que aplicó una agresiva política fiscal al gravar esta actividad con impuestos superiores incluso al de la renta y al de exportaciones. Estas condiciones ocasionaron la disminución de las utilidades e inversión de la industria minera y la necesidad de reconsiderar el mecanismo de imposición hasta entonces vigente.

Posteriormente, en diciembre de 1955, se expide la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, en la que se pretende revertir la tendencia de imposiciones excesivas mediante el otorgamiento de diversos subsidios, aunque manteniendo la tendencia de establecer la base gravable de acuerdo al valor correspondiente a cada tipo de mineral. Esta fórmula se mantuvo hasta la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería de enero de 1978, en la que los concesionarios pagaban de acuerdo al denominado ``impuesto sobre producción de minerales'', que disponía la obligación de pagar un porcentaje del valor que los minerales tenían a la fecha, variando de acuerdo al tipo de mineral que se tratara. Dicho ordenamiento fue derogado, cuatro años después, por la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 1982; sin embargo, mantuvo el mismo esquema de pago de acuerdo a la producción de las empresas mineras.

Consideramos que, una de las mayores deficiencias de las leyes reglamentarias del artículo 27 en materia minera, fue el disponer como base gravable del derecho minero la producción y el valor de los minerales a la fecha. El monto obtenido de las ventas o comercialización de los minerales es una base incorrecta, imprecisa e irreal para determinar el pago de derechos, al no ser ésta un indicativo fiel de las riquezas o aprovechamientos obtenidos por el desarrollo de la actividad pues, de dichas ventas, se recupera el costo de la operación de extracción o exploración causado por los concesionarios mineros.

Es hasta la entrada en vigor de la Ley Minera vigente, publicada en el año de 1992, que la base impositiva para el pago de derechos es modificada, tomando como base el número de hectáreas amparadas por el título de concesión, ajustándose la cuota conforme los años de vigencia de ésta.5

No obstante, esta fórmula impositiva no refleja adecuadamente el aprovechamiento obtenido por los concesionarios con esta actividad, afectando con ello las percepciones que el Estado debe recibir. Por ello, resulta necesario ajustar la forma y cantidades que el Estado percibe, sin que con ello se lesione la actividad minera.

Quienes suscribimos la presente iniciativa con proyecto de decreto, como integrantes del Partido Revolucionario Institucional y tomando en consideración nuestra declaración de principios, así como el programa de acción, tenemos el compromiso de trabajar e impulsar las reformas legislativas al marco jurídico vigente nacional que resulten necesarias y de beneficio para el país. En este compromiso se incluye el tema relativo al correcto aprovechamiento y explotación de recursos naturales, que permita el desarrollo económico y social de los mexicanos, sin comprometer nuestros ecosistemas.

Por ello, se propone que mediante las modificaciones propuestas se haga una adecuación en dos temas específicamente. El primero de ellos se refiere al cambio en el pago de derechos mineros a cargo de quienes cuenten con una concesión o asignación minera, dependiendo si la actividad se encuentra en activo o no. De mantener activa su concesión o asignación, se propone gravar un 5 por ciento sobre los flujos de las empresas dedicadas a este ramo, calculado sobre la utilidad antes de costos financieros, impuestos, depreciación y amortización. Así buscamos incentivar dicha actividad para mejorar las condiciones económicas del país.

Asimismo, por lo que hace a la redistribución de los ingresos obtenidos en virtud del cobro del derecho sobre minas, es necesario realizar una adecuación al tema relacionado con las facultades de distribución equitativa de recursos para la educación, salud y cuidado de los recursos naturales. Dado que las entidades federativas y los municipios en donde se lleva a cabo esta actividad son quienes resultan afectados de manera directa por las obras y actividades mineras, consideramos pertinente que éstos perciban mayores ingresos de la explotación y exploración realizada por este sector, mismos que serán utilizados para el desarrollo de infraestructura, obra social, educación, salud y demás servicios en beneficio de la comunidad y de la propia actividad. ⁶

Participación por estado 2008 (en el valor de la producción

Por lo descrito y en ejercicio de las facultades previstas en el presente, presentamos ante esta legislatura, para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se modifica el primer párrafo del artículo 263 y se adicionan los artículos 268, 269, 270 y 271 todos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Ley Federal de Derechos

Artículo 263. Los titulares de concesiones mineras y asignaciones mineras que no se encuentren en producción de algún mineral o sustancia sujeta a la Ley Minera o bien, que no se encuentren formando parte de un agrupamiento o unificación en donde coexistan con concesiones mineras en producción, esto de acuerdo con lo previsto por la Ley minera vigente, pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que se encuentren en producción de alguno de los minerales y sustancias sujetas a la Ley Minera, pagará un porcentaje del cinco por ciento , tomando como base los flujos del concesionario minero y calculado sobre su utilidad, antes de Costos Financieros, Impuestos, Depreciación y Amortización.

En el caso de concesiones mineras que se encuentren en producción y las cuales formen parte de un agrupamiento o unificación, en el cual coexistan con concesiones mineras que no se encuentren en producción, el pago de derechos que se deberá de cubrir por las concesiones que formen dicho agrupamiento, será tomado como base el porcentaje del cinco por ciento , sobre los flujos de los titulares de dichas concesiones mineras, esto de acuerdo con lo previsto por la Ley minera vigente.

Artículo 269. Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y trabajos de explotación física y materialmente acreditables durante 2 años continuos, esto dentro de un período de 11 años contados a partir de la fecha de su titulación, deberán cubrir además del pago de derechos sobre minería que corresponda, un pago adicional del 50 por ciento , de la cuota por hectárea prevista a pagarse a partir del décimo primer año de vigencia, debiendo cubrir dicho pago adicional, durante todo el tiempo y hasta en tanto, no haya transcurrido el período de 2 años continuos de actividades mineras.

Cuando no se realicen obras y trabajos de exploración y explotación dentro de una concesión minera por más de 20 años , sus titulares deberán pagar el doble de los derechos mineros por hectárea, tomando como base la cuota más alta, que a esa fecha se encuentre prevista, debiendo cubrir dicho pago adicional durante todo el tiempo y hasta en tanto, no haya transcurrido el período de 2 años continuos de actividades mineras.

Artículo 270. La cancelación de una concesión o asignación minera por incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta ley o por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Artículo 271. Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal; al efecto la recaudación que genere la aplicación de este derecho se distribuirá de la siguiente forma:

Artículo Segundo. Se adiciona un nuevo cuarto párrafo al artículo 2o., se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adiciona un artículo 47 bis todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Derechos; al efecto la recaudación que genere la aplicación del derecho sobre minería se distribuirá de la siguiente forma:

Las aportaciones federales con cargo a este fondo se distribuirán a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetos a las disposiciones de la Ley Minera y su reglamento en un 80 por ciento; el 20 por ciento restante corresponderá a la entidad correspondiente.

...

Artículo 25. ...

Artículo 47 Bis. El Fondo de Aportaciones para el Desa-rrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con los recursos provenientes de la recaudación obtenida por aplicación del derecho sobre minería.

Los montos del fondo a que se refiere este artículo, se distribuirán y enterarán mensualmente a las entidades federativas, en proporción directa a la recaudación obtenida del derecho sobre minería en cada una de ellas.

Las aportaciones con cargo a este fondo que reciban los estados, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal, deberán destinarse específicamente a los siguientes fines:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

1 La industria minera de México: acciones para impulsar su competitividad. Cámara Minera de México. http://www.camimex.org.mx/informe/ laindustriamineramex.pdf 2 Tercer Informe de Gobierno, Economía Competitiva y Generadora de Empleos http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/2_7.pdf 3 Tercer Informe de Gobierno, Economía Competitiva y Generadora de Empleos http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/2_7.pdf 4 Tercer Informe de Gobierno, Economía Competitiva y Generadora de Empleos http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/2_7.pdf 5 Ley de Minería, artículo 263. 6 Tercer Informe de Gobierno, Economía Competitiva y Generadora de Empleos http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/2_7.pdf

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 42 de la Ley General de Población al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Muchos son los pendientes que tiene el Estado mexicano en materia de trato a los migrantes y al cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Al respecto, el 18 de noviembre de 1990, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, en vigor a partir de julio de 2003.

La convención establece, por primera vez, una definición internacional de trabajador migratorio. En su artículo 2, párrafo primero, señala que es un trabajador migratorio ``toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional''. Así mismo, define categorías de trabajadores migratorios y establece derechos para los familiares de éstos.

De igual forma, el mismo instrumento internacional estipula que los migrantes que ingresan de manera legal a cualquier país tienen derecho al principio de no discriminación, derecho al trabajo y a servicios públicos establecidos en su contrato. La introducción y colocación de los trabajadores migrantes serán gratuitas, tienen derecho a libertad de circulación, derecho a la unidad familiar o reunificación familiar, a preservar su identidad cultural y a disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo, si ese Estado se los concede.

Si los migrantes son detenidos, tienen derecho a ser informados en el momento de su detención de los motivos de dicha acción y se les notificarán prontamente las acusaciones formuladas en su contra, ambas cosas en un idioma que comprendan; asimismo, tienen derecho a ser comunicados con las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen.

Asimismo, la convención garantiza que los migrantes que lleguen a un país de forma ilegal deben ser tratados de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos; de esa misma manera serán devueltos a su país de origen con las sanciones impuestas por el Estado receptor, pero sin vulnerar su condición humana.

En nuestro país, desde el momento de su ratificación el 10 de febrero de 1999, la Convención de 1990 forma parte de la legislación mexicana y toda autoridad perteneciente a los tres poderes de la federación tiene la responsabilidad de conocerla y aplicarla en su actuación cotidiana.

Sin embargo, las prácticas discriminatorias continúan siendo un obstáculo para la aplicación de la convención, ya que existe un profundo desconocimiento de los derechos contenidos en la Convención de 1990 por parte de algunos servidores públicos y de la población en general.

Los migrantes de tránsito por México o que permanecen en territorio nacional siguen enfrentando diversas violaciones a los derechos establecidos en diferentes instrumentos de derechos humanos ratificados por nuestro país.

Derivado de esta violación sistemática a los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes, en 2003 la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que presenta los datos siguientes:

``Desde la perspectiva de los derechos humanos, la situación más grave se presenta en la frontera sur, donde hay importantes movimientos transfronterizos de personas, sobre todo en la porción del Soconusco, que divide a Guatemala y México. Según el Consejo Nacional de Población hay entre 50 mil y 75 mil ingresos anuales documentados --que pueden incluir entradas múltiples-- y un número indefinido de ingresos no documentados, pero que puede llegar a constituir un total de entre 100 mil y 250 mil trabajadores. Su situación es similar a la de los jornaleros agrícolas.

El tipo de abusos más recurrentes que enfrentan son la extorsión, el robo, la agresión física, la intimidación y las amenazas, el abuso sexual, la destrucción de documentos y la detención sin la información de sus derechos.''

Entre las propuestas para atender la situación de migrantes en el territorio nacional, destacan las siguientes:

Armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales. Se recomienda al legislativo reformar la legislación en materia penal, para imponer penas mayores a los traficantes de personas y destipificar las actividades inherentes a la migración, eliminando los tipos penales que criminalizan al migrante y dejando las sanciones meramente administrativas.

Los legisladores deben fortalecer las medidas de protección específicas estipuladas para los trabajadores agrícolas y otras categorías de trabajadores temporales no especificadas en la ley, como trabajadoras domésticas o trabajadores en el comercio informal.

Se deben fortalecer las acciones tendentes a promover la protección de las familias migrantes que residan de manera temporal o permanente en México y de las familias mexicanas que pretendan reunirse con sus parientes en el extranjero; b) reformar los artículos relevantes de la Ley General de Población y su Reglamento, para permitir el registro de menores, independientemente de la situación migratoria de sus padres; y c) realizar las reformas necesarias para asegurar la protección de migrantes (adultos y menores) o hijos de migrantes que sufran violencia doméstica.

Reformar la Ley General de Población y su Reglamento, para contar con nuevas características migratorias.

Se recomienda homologar la Ley General de Población y Federal del Trabajo con los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias para dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones del gobierno mexicano.

Corresponde a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal organizar y coordinador los distintos servicios migratorios y vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de éstos, que en el ejercicio de sus atribuciones está obligada a velar por el respeto de los derechos humanos y la integridad familiar de los sujetos señalados en la Ley General de Población.

La presente iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 42 de la Ley General de Población tiene por objeto el reconocimiento legal del concepto ``trabajador migratorio'', a las personas que acreditan haber ingresado al territorio nacional para desempeñar o haber desempeñado un trabajo temporal remunerado, con la finalidad de que la Secretaría de Gobernación garantice el respeto de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores migratorios y sus familiares, como parte del cumplimiento de la Convención de 1990.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, los pendientes derivados de compromisos internacionales deben ser asumidos como los nuevos retos de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, con la finalidad de mejorar la situación de los derechos humanos de los migrantes en nuestro país.

Con ello seremos congruentes entre lo que pedimos a Estados Unidos de América para los connacionales y el trato que damos a los migrantes que transitan o se quedan en México.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 42 de la Ley General de Población

Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 42 de la Ley General de Población para quedar como sigue:

``Artículo 42. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ARTICULO 55 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Flores Rico : Gracias, señor presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, tengo que confesar que traigo una iniciativa que obedece a una cuestión de la que me acabo de enterar hace unos cuantos meses.

Fíjense ustedes que estaba yo haciendo un trámite para que un joven de 19 años pudiera concursar para ser candidato del PRI a diputado federal. Ganó su asamblea, fue electo casi por unanimidad. Pero cuando llevamos los papeles a registrarlo, resulta que no podía ser candidato ---y lo confieso con gran pena---, porque no tenía 21 años cumplidos.

Ahí me enteré, y lo digo con enorme vergüenza, que los jóvenes de 18 años a 21 años ---o a un día de cumplir 21--- no tienen derecho al voto pasivo. Es decir, no pueden competir para ser diputados federales, ni mucho menos, evidentemente, para ser senadores o para algún otro cargo en el Estado federal.

Me causó mucha extrañeza, porque se supone ---según el artículo 34 de la Constitución--- que son ciudadanos. Y se supone entonces que si son ciudadanos tienen derechos ---según el 35 de la Constitución--- a votar y ser votados. Pero resulta que en una cuestión verdaderamente increíble, cerca de 3 millones de muchachos ---que dicho de paso son exactamente iguales que los de 21 y un día: usan la misma moda, escuchan la misma música, van a las mismas escuelas, platican entre ellos, se reúnen en los mismos lugares, piensan de manera muy similar...--- pues no tienen derecho a ser votados. Y eso es una imperfección de la democracia.

No hay manera de hacer imputable a un ciudadano de 18 años y un día ---hasta 20 años 11 meses, 29 días--- de todas las obligaciones ciudadanas, y negarles la fundamental de tener el derecho a estar representados en esta Cámara.

Pero no basta, lo peor del caso es que en la gran mayoría de los estados ---fíjense qué pena para el sistema político mexicano--- tampoco pueden ser votados para regidores, para alcaldes, para diputados locales, salvo las honrosas excepciones, que por asuntos de generosidad y cortesía no voy a decir cuáles.

El resto de los estados no ha abierto las puertas a la juventud mexicana para que pueda tener el derecho completo a ejercer la democracia.

Razones para distinguir por qué se puede ser senador a equis edad, o presidente a otra o diputado a otra, hubo muchas cuando se presentaron estas innovaciones políticas, entre ellas la solvencia, la trayectoria, la capacidad económica, la responsabilidad familiar, el desarrollo profesional, la experiencia. Pero esas razones hoy, prácticamente todas, son insostenibles.

Ya vemos que la edad no es factor fundamental para pensar con racionalidad. Es más, hay infinidad de casos de jóvenes de 15, de 16 o de 18 años que son capaces de hacer más y mejor que un hombre o una mujer de 30, de 40, de 50.

Es decir, no hay manera racional, biológica menos o científica tampoco, que pueda hacer algún argumento, así sea el más elemental, que pueda impedir que un joven pueda ser electo diputado federal.

Por eso creo que es tiempo de que saldemos esta deuda. Hay mucho más por hacer todavía con los derechos políticos, pero me parece que esto es elemental.

Algún día de los años veinte, este país dio acceso al voto a las mujeres en elecciones locales; algún día de los años cincuenta le dio acceso a las mujeres al voto; algún día de la década de los setenta por fin cambiamos aquella edad de la emancipación, de los 21 años a los 18; pero hoy, en 2009, es tiempo, es justo tiempo, así sea atrasado, de entregar esta reforma.

Por eso les pido, amigas y amigos, que por favor esta reforma a la fracción II del artículo 55, cuando llegue el caso, la aprueben, y correspondamos a los jóvenes como ellos han correspondido ahora en el surgimiento y engrandecimiento de la nación. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Flores Rico , diputado federal a la LXI legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los diversos artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El concepto de ciudadanía --ejercicio de los derechos y deberes políticos-- es correlativo con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. Históricamente, el reconocimiento y expansión de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como consecuencia de las luchas por la ampliación de los derechos y libertades fundamentales a todas las personas por igual. Luego entonces, ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.

La ciudadanía abarca sin duda un concepto muy amplio. Incluso soy de los convencidos que el fenómeno migratorio mundial, del que nuestro país no escapa al formar parte importante por el elevado número de mexicanos que se mueven al exterior principalmente en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, nos exige redefinir la noción de ciudadanía, cuya discusión considero debemos abordar con prontitud y no dejar para largo plazo.

Empero para el tema que nos ocupa, quisiera hacer referencia a la participación de los jóvenes en el ejercicio de los derechos electorales, mismos que se encuentran señalados dentro del apartado de los derechos políticos de los ciudadanos, establecidos en nuestra Carta Magna.

Los jóvenes en México se han convertido en un segmento muy importante en la vida política nacional. Uno de los principales ámbitos de participación de este sector de la población es el electoral, cuando hacen uso de su prerrogativa ciudadana de votar y ser votado a un cargo de elección popular.

Es precisamente en la etapa de la adolescencia cuando los jóvenes asumen posiciones políticas que muy probablemente se mantendrán por varios años o por el resto de sus vidas. Es en esta edad cuando la persona forma su opinión sobre la sociedad, la democracia, los valores cívicos, la participación ciudadana, entre otros. Es del mismo modo cuando se forman una opinión acerca de los actores de la política: los partidos políticos y sus representantes.

Otra razón de su creciente participación en los procesos electorales, consiste en que los jóvenes están más dispuestos a participar en la vida política del país que las personas de mayor edad, siempre y cuando consideren que su participación ayuda realmente a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Además, los jóvenes se encuentran más dispuestos a participar en las elecciones si consideran que éstas son libres, limpias, auténticas y equitativas, lo cual es extensivo al resto de los votantes.

Los jóvenes representan aproximadamente la tercera parte del padrón electoral de México, por lo que los partidos políticos saben que su voto es de suma importante, y que por lo mismo sus propuestas deben dirigirse también a ellos.

Sobre el punto, cabe resaltar que según datos del Instituto Federal Electoral, hasta el 21 de agosto de 2009, los jóvenes en condiciones de votar menores de 30 años representan el 29 por ciento de la lista nominal de electores, correspondiendo a los jóvenes de entre 18 y 24 años el 16.1 por ciento del total de la población empadronada. De estos datos, observamos que aproximadamente el 3.51 por ciento de la lista nominal está constituido por jóvenes de entre 18 y 19 años, lo que nos permite considerar que aproximadamente 3 millones de jóvenes se encuentran sin posibilidad de aspirar legítimamente a constituirse en representantes ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La propuesta que hoy me estoy permitiendo someter a su amable consideración, se inscribe precisamente en la necesidad de incorporar a los jóvenes de entre 18 y 20 años de edad a los espacios de toma de decisiones que tradicionalmente no han estado reservados para ellos, al encontrase limitado el ejercicio de sus derechos político-electorales por virtud de los dispuesto por la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Me refiero particularmente al derecho subjetivo público del sufragio, del derecho a ejercer el voto, el cual se traduce en la prerrogativa ciudadana de acceder, en su vertiente pasiva, al ejercicio de los cargos públicos de naturaleza representativa.

Actualmente, la fracción II del artículo 55 constitucional exige 21 años cumplidos, al día de la elección, para estar en aptitud de ser electo diputado federal, lo cual no se corresponde con la composición en este momento de la sociedad mexicana, en donde la juventud, como ha sido expuesto, se ha constituido como un segmento predominante de los distintos en que la población está compuesta.

Más aún, es de subrayar que esta limitante a los derechos político-electorales de los jóvenes mexicanos de entre 18 y 20 años de edad, no se corresponde con la democracia que actualmente está viviendo nuestro país, todavía aún cuando hemos dado un paso más en su consolidación por virtud del destacado proceso electoral del 5 de julio anterior.

Si bien esta restricción tenía su razón de ser en los años en que nuestra vigente Carta Fundamental fue expedida, en donde el 80 por ciento de la población era analfabeta y tiempo durante el cual el criterio de longevidad seguía prevaleciendo como elemento esencial de la ciudadanía, en el México actual esta posición no puede tener más sustento por discriminatoria y desigual, como por excesiva y contradictoria.

No puede tener más fundamento, primeramente, porque esta norma de corte tradicionalista se basa en prejuicios difícilmente conciliables con una perspectiva plenamente democrática, habida cuenta que se impide la participación política de un importante sector de la población, como ya se ha dicho. En segundo término, no tiene sustento porque no puede existir una relación asimétrica entre los dos aspectos del derecho del sufragio, al no concurrir correlación precisa entre los requisitos necesarios para ejercer el derecho al voto, con aquellos de elegibilidad exigidos para alcanzar la calidad de electo en las elecciones populares.

Me explico. El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años de edad.

Por su parte, la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal establece como prerrogativas o derechos electorales del ciudadano el votar en las elecciones populares, así como el poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

En ese contexto, el ser ciudadano implica el derecho a decidir, participar en una sociedad democrática, disfrutar las libertades de ejercer derechos y cumplir obligaciones, conservar equilibrios, respetar la opinión distinta, privilegiar el diálogo y lograr consensos; todo esto como parte de la actividad del ciudadano moderno, actuante y participante, objeto y sujeto de derecho.

Para ello, al voto se le atribuyen las siguientes características: universal, porque es un derecho de todos los ciudadanos; libre, porque cada ciudadano lo emite sin presiones de ningún tipo; secreto, porque sólo quien lo emite sabe a quién favorece, y directo porque se hace de manera personal y no a través de otro. Pero la simple actividad de cruzar una papeleta y depositar esa decisión en una urna es un acto cuya ejecución actualmente conlleva el respeto a los principios de imparcialidad, certeza, legalidad y objetividad, a través de la implementación de medidas que transparentan y aseguran el respeto al voto ciudadano.

En lo que respecta a poder ser votado, es el derecho que tiene el ciudadano de ser elegido para ocupar cualquier cargo de elección popular, ya lo decíamos, debiéndose cumplir también con los requisitos de edad, nacionalidad y vecindad del lugar.

De lo anterior podemos concluir que con la obtención de la ciudadanía, con los 18 años de edad, debe converger en un mismo momento las dos vertientes del derecho del sufragio, el activo de ejercer el voto y el pasivo a ser votado, a pesar de tratarse de dos facultades esencialmente diversas.

Luego entonces, estas dos facetas, la primera la del derecho al ejercicio al voto, que se adquiere con la mayoría de edad, y la segunda el derecho a ser votado, no pueden en ningún momento estar desasociadas. No pueden verse como derechos distintos uno del otro, ni mucho menos aún como derechos aislados. El punto de partida de todo régimen democrático, del que se jacta nuestro país, debe radicar en que quién esté revestido de la calidad de elector, por tener en su derecho el ejercicio del sufragio, debe contar igual y simultáneamente con la capacidad de resultar electo.

La capacidad del sufragio pasivo, entendida como la posibilidad de ser electo en procesos electorales democráticos, es concurrente con el derecho general de participación en asuntos públicos por estar plenamente vinculados, esto es, viene aparejada con la calidad de ciudadano, según lo establece el artículo 35 constitucional en su fracción II, que regula las prerrogativas propias de esta cualidad cívica, a saber: a) Votar en las elecciones populares; b) Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley; c) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos pacíficos del país; d) Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la república y de sus instituciones, en los términos prescritos por las leyes, y e) Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Así entonces, quien detente el derecho de voto activo, en este caso el mayor de edad al alcanzar los 18 años, igualmente debe tener derecho simultáneo a gozar de la titularidad del sufragio pasivo, el derecho a ser elegido para ocupar un cargo público de representación popular, en tanto pilar fundamental de la democracia.

Si la capacidad de sufragio activo se encuentra firmemente ligada a la ciudadanía, no veo cómo es que la capacidad de sufragio pasivo se adquiere al cumplir 21 años de edad, cuando que la ciudadanía se obtiene al cumplir 18 años de edad, verbigracia. Si partimos del vínculo entre ambas vertientes del sufragio en cuanto derecho fundamental, carece de sentido la diferenciación aún existente.

No pasa por desapercibido para este iniciador, el hecho de que en tiempos anteriores se haya considerado que la función de diputado federal requiere de un grado importante de madurez, de capacidad, de reflexión, de formación moral y de cierta experiencia en la vida, fuera de la etapa de la adolescencia, ya que en los trabajos y en las decisiones que involucra la actividad legislativa hay un ejercicio singularmente trascendente de la función pública para el deseable beneficio de la colectividad.

No escapa, porque para entonces la realidad social, económica y política del país era distinta de la actual. Hoy la sociedad mexicana es mucho más madura y comprende mucho mejor que el sufragio constituye una herramienta fundamental para premiar o castigar gobiernos, partidos y personas, cuando cumplan o no con las expectativas que sobre ellos tenían. La sociedad hoy se ha convertido en una sociedad más exigente, demandando de sus gobernantes y representantes populares una actuación con buenos resultados, a quienes demandan con rigor la defensa de sus intereses y los de la sociedad en su conjunto, lo que significa un paso de calidad esencial en la construcción de una sociedad plenamente democrática.

No escapa tampoco a mi consideración, porque esta nueva realidad democrática y social del país exige, demanda y reclama una participación real de un mayor número de jóvenes en las responsabilidades de la representación popular, con lo que estaríamos propiciando que el pensamiento y las inquietudes de la juventud contribuyan al trabajo legislativo y fortalezcan el interés político de las nuevas generaciones, con lo que se les permitiría a los jóvenes aportar su talento, esfuerzo y dedicación al bienestar de México.

A más de lo anterior, cabe advertir también que la tendencia de las reformas constitucionales en materia de participación política de los jóvenes, ha sido la disminución de la edad como requisito para ser elegible a los diversos cargos de representación popular. Tal ha sido el caso de los diputados federales, que con la reforma a la fracción II del artículo 55 constitucional, aprobada en el año de 1972, redujo la edad mínima requerida de 25 a 21 años, esto en relación a lo establecido en el artículo 34 de la Constitución, que otorga la ciudadanía a los 18 años de edad, en lugar de los 21 años como se determinaba originalmente.

No resulta óbice tampoco mencionar que actualmente se encuentra dispuesto en el artículo 58 constitucional, como requisito para ser electo senador de la república el tener cumplidos 25 años de edad, producto de la reforma que en 1999 se hiciera a dicho precepto constitucional.

En las últimas décadas, este cuerpo legislativo ha destacado la importancia del sector juvenil. Desde 1994, en la LVI Legislatura, fue creada la Comisión Especial de Asuntos de la Juventud, que ha evolucionado para convertirse hoy en la Comisión de Juventud y Deporte, comisión ordinaria de dictamen en las últimas legislaturas. Demostrando con ello, el interés para que los jóvenes mexicanos cuenten con mayores espacios de participación política.

El mismo Instituto Federal Electoral ha propiciado una mayor participación de la juventud. Recientemente ha presentado a los partidos políticos nacionales la Agenda Juvenil 2009, en la que se recoge la expresión de los jóvenes participantes en los Foros Estatales Juveniles, organizados en toda la República por el mismo órgano electoral autónomo.

Precisamente en dichos foros, los jóvenes mexicanos manifestaron que ``su derecho a votar y ser votado es parte fundamental de la igualdad inherente a una sociedad democrática, y señalan su dificultad para hacerse de espacios de toma de decisiones.''

En su opinión, ``se debe impulsar la participación como mecanismo de representación del individuo en la sociedad, que ha sido mermado por el propio entorno familiar, el aislamiento social y la falta de madurez. Además, plantean la necesidad de que entre los jóvenes haya conciencia sobre los derechos civiles y políticos, y de promoverlos junto con la participación ciudadana para contribuir al avance de la democracia en el país.''

Asimismo, señalan que ``en el sistema político de nuestro país, donde los partidos políticos son la única vía de participación política, no se da oportunidad a los jóvenes de acceder a un cargo dentro de los mismos ni a los cargos de elección popular.''

A ello se suma ``la falta de una política seria de incorporación de los jóvenes en la toma de decisiones, por lo que la participación juvenil sólo queda en discurso. Los jóvenes exigen mayor participación y mejor organización e información dentro de las instituciones del Estado para poder volver a creer en ellas y delinear un mejor futuro para el país.''

Por todo lo anterior, los legisladores debemos reconocer la importancia de los jóvenes en la composición poblacional del país, fomentar su participación en la toma de decisiones, y respaldar sus legítimos anhelos de contar con mayores espacios de participación y de representación.

Es el momento de reconocer el sentido y grado de madurez que debe reunir un hombre o una mujer para emitir su voto y, aún más complejo, reconocer su capacidad para conseguir el voto de los demás ciudadanos. Y como lo afirmó un colega legislador: ``el hecho de votar implica un compromiso con la comunidad política y [...] un hombre o una mujer a los 18, ya tiene ese interés, ya tiene esa capacidad y ya tiene ese compromiso''.

No debe existir discriminación entre la capacidad de votar y ser votado, pues finalmente la decisión será siempre y en todo momento del electorado. Actualmente, en seis entidades ya se aplica este promedio de edad, destacando Nayarit, Veracruz, Jalisco y Colima.

Un reclamo generalizado de la juventud siempre ha sido el ``que son tachados de apáticos hacia la política'', pero en realidad lo que falta es abrir los espacios donde puedan expresar su voz y defender sus intereses. Lo menos que podemos hacer es garantizar su participación directa en la elaboración de las leyes que nos rigen, con la aportación siempre fresca y actual de la mentalidad juvenil.

El entreveramiento generacional en la política y en la legislación en particular, nos permitirá conformar una sociedad más dinámica, más madura y más incluyente; al retroalimentarse del empuje y las ideas de las mujeres y los varones jóvenes que están deseosos de participar en la toma de decisiones del país.

La actual evolución política, la realidad del país de hoy y la aspiración común de fortalecer los fundamentos de nuestra organización democrática, así lo exige.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (desde la curul): Desde aquí, señor presidente, me quiero sumar a la propuesta del compañero Carlos Flores Rico .

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor diputado, ¿tiene usted inconveniente de que se adhiera a su propuesta? Manifiesta que no, diputado, así es que está en la Secretaría.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): Para sumarme a la propuesta del diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ha aceptado el diputado. Puede pasar usted a la Secretaría.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El diputado Gustavo González Hernández : Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Esta iniciativa que estoy proponiendo a esta asamblea tiene que ver con una de las instituciones que se ha consolidado en nuestra sociedad, que son las operaciones bancarias a través de la tecnología.

Estas tecnologías ciertamente reducen los costos de parte de las instituciones financieras, toda vez que no tienen que prestar servicio de ventanilla; pero, por otro lado, hay costos de transacción que algunos economicistas dicen que son externalidades negativas y que no es otra cosa más que el fraude electrónico bancario o la clonación de las tarjetas de crédito que nuestra sociedad está sufriendo, sobre todo aquellos usuarios a los que de repente les aparece en su estado de cuenta algún cargo indebido o que no pueden tener certeza de cómo se generó.

Pero, ¿quién paga esos costos de transacción, quién paga a final de cuentas? ¿El banco o el usuario del servicio financiero? Es por eso que, dentro de la ley que ya existe y que tiene una vigencia de dos años, si mal no recuerdo ---y lo menciono en la iniciativa---, y cuya última reforma fue hace dos meses, hay situaciones que no quedan muy claras respecto del estado de cuenta.

Creo que el estado de cuenta es el principal instrumento que permite al usuario saber si los cargos que se le están haciendo son cargos que él generó o son parte de los fraudes electrónicos o de la clonación de tarjetas de crédito.

Es por eso que, aunque esta iniciativa aparentemente, al tratar de reformar algunos artículos como el 1o., el 3o., el 11, el 11 Bis 1, el 13, el 18 Bis 2 pareciera que son pequeños cambios, a final de cuentas, desde mi punto de vista, pudieran representar grandes cambios para los usuarios de los servicios financieros y para poder avanzar en aquellos derechos que tiene todo usuario financiero y que son conocidos a través de una Declaración Universal de los Derechos de los Usuarios Financieros. Entre ellos el derecho a la información de los gastos, de los productos y servicios financieros; que antes de la celebración de un contrato se sepa claramente si se está modificando su interés o la tasa a la cual es sometida su operación.

Asimismo, la información después de celebrado el contrato, que es uno de los derechos que estoy refiriendo y que estoy poniendo en la parte expositiva para efectos de sustentar esta reforma que estoy proponiendo; así como el tema de las reclamaciones, que considero que debe ser parte fundamental de un manejo transparente por parte de los bancos y por parte de los usuarios de los servicios financieros; y sobre todo en éste, de que el usuario tenga el derecho a conocer aquellos documentos que sustentan, por parte del banco, la operación que se está realizando.

Hay ocasiones que dentro de los procedimientos que realiza la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), la institución bancaria decide no someterse a ninguna conciliación como parte de la reclamación de cualquier usuario bancario; pero, por otro lado, tampoco le permite conocer al usuario bancario cuáles son los documentos que sustentaron el cargo que aparece en su estado de cuenta.

Es por eso que propongo estas pequeñas reformas muy centradas en el estado de cuenta y en algunos derechos de los usuarios bancarios. Y repito que aunque pudiera parecer una pequeña reforma a esta ley, creo que puede representar un gran cambio para los usuarios de los servicios financieros.

Dado que hice algunos comentarios de extracto de la iniciativa, solicito al Presidente de la Mesa Directiva que tenga a bien reproducir toda esta iniciativa dentro del Diario de los Debates. Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Gustavo González Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN

El que esto suscribe, diputado Gustavo González Hernández , con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me presento ante esta soberanía a presentar iniciativa de ley con el objeto de reformar diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Las instituciones y los servicios financieros son una parte toral de la economía de cualquier sociedad, comunidad o nación, toda vez que a través de ellos se impulsa y se facilita el acceso a recursos y servicios que permiten a personas físicas y jurídicas un debido desenvolvimiento financiero.

II. Es precisamente por su importancia vital en el escenario financiero moderno, que una tendencia natural en prácticamente todos los países del planeta es que el Estado regule con mucho detenimiento el funcionamiento de dichas instituciones y servicios financieros. Lo anterior con el objeto de que existan reglas claras para todos los partícipes y usuarios de estos servicios, que impidan que las instituciones financieras puedan abusar de sus clientes con cláusulas o comisiones oscuras o amañadas, o bien, cobrando por servicios básicos que debieran garantizarse por ley, de manera gratuita y permanente a todos los usuarios de estos servicios.

III. De hecho, la falta de regulación y control de los servicios financieros ha sido el semillero de catástrofes financieras en México y en muchas otras economías del planeta, tal y como recientemente sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde ahora se habla recurrentemente de la necesidad de legislar sobre el control y la vigilancia gubernamental a que deben estar sujetas las instituciones financieras.

IV. En ese tenor, y teniendo como antecedente hecatombes financieras que llevaron al desmoronamiento de nuestra economía por errores internos, hoy en día existen en nuestro país una serie de leyes sobre la materia que establecen obligaciones a todas las instituciones financieras que operan en México, muchas de las cuales pueden traducirse directamente como derechos para los usuarios de sus servicios. Entre los ordenamientos y leyes más importantes relacionados con la materia tenemos:

V. La más reciente de las leyes mexicanas que buscan garantizar la transparencia en el actuar de las instituciones financieras, y asegurar para los usuarios una serie de derechos básicos, es precisamente la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con solo dos años de vigencia y cuya última reforma se publicó apenas hace dos meses en el Diario Oficial de la Federación.

VI. Dicha Ley constituye uno de los avances más importantes que ha tenido México en el sentido de que se transparenten las condiciones de los servicios financieros básicos y se garanticen al usuario derechos que antes dependían exclusivamente de la buena voluntad de los servicios financieros, pero como toda obra humana, es perfectible y creo que todavía se puede legislar a favor de los usuarios de los servicios financieros, haciendo pequeñas reformas que representen grandes diferencias para todos los mexicanos que cuentan con una tarjeta de crédito o de débito, por ejemplo.

VII. La necesidad de ver plasmada en esa ley uno de esos pequeños grandes cambios, es la razón que motiva la presente propuesta legislativa, y consiste en garantizar al usuario un mayor control sobre un documento que prácticamente todas las instituciones financieras utilizan para dar a conocer al cliente un detalle de sus movimientos: el estado de cuenta.

VIII. Cada día aumentan en México el número de tarjetas de crédito en el mercado así como las conocidas como ``terminal punto de venta'' (TPV) y las transacciones vía Internet, con los beneficios y también con los riesgos que este aumento conlleva, sobre todo en el tema de los fraudes y las clonaciones. En ese tenor, sabemos que toda tarjeta de crédito debe ir respaldada por lo que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 296 denomina como ``Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente'', que básicamente da derecho para que una persona denominada ``acreditado'' haga uso de una línea crediticia determinada durante periodos de tiempo ciertos, incluyendo el derecho a que el acreditado pueda hacer pagos antes de la fecha fijada para su liquidación en reembolso parcial o total de las disposiciones que hubiere hecho, quedando facultado, mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor.

IX. Sobre la definición concreta del ``Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente cuya disposición se realiza a través de la expedición de tarjeta de crédito'' las leyes vigentes son omisas en dar una definición particular, por lo que se debe atender a las generalidades de los contratos de apertura de crédito, a pesar de las peculiaridades que este tipo de contratos conllevan. Carvallo Yáñez y Lara Treviño definen este contrato como: ``un instrumento que celebran acreditante y acreditado, con el objeto de que el segundo disponga para sí o para otros, de una cantidad máxima concedida par el acreditante bajo el rubro del crédito, en una o varias disposiciones, las que podrá realizar a su arbitrio y conforme la prudencia y la necesidad se lo dicten; a través de una tarjeta plástica que contiene sus datos insertos electrónicamente; obligándose tal acreditado a devolver al acreditante, las sumas de que haya dispuesto, más los intereses, comisiones, premios y otras prestaciones que se pactan en el propio contrato, lo que generalmente se realizará mensualmente --en tanto no exista saldo a cargo del acreditado--, o cuando de común acuerdo las partes lo den por terminado. ¹ De acuerdo a estos autores, los dos elementos formales de este tipo de contratos son que el contrato siempre debe constar por escrito y la necesidad de documentarse con claridad a través de pagarés o ``vouchers'' cada una de las disposiciones. Por su parte, el elemento real toral de este contrato es la disposición de dinero, bien para traducirla en la adquisición de productos y servicios o incluso para disponer de efectivo. Empero, un elemento formal crucial para el buen funcionamiento de este tipo de contratos, aunque no sea muy mencionado ni en las leyes ni en la doctrina, son los denominados ``estados de cuenta''.

X. Actualmente, y en buena parte producto de la referida Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, los contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, que prácticamente en todos los casos son ``de adhesión'', deben garantizar una serie básica de derechos al cuentahabiente, entre ellos el que el cliente pueda conocer periódicamente de un ``estado de cuenta'' que refleje, entre otras cosas, su movimientos y disposiciones, sin que existan todavía reglas suficientemente claras sobre dicho derecho.

XI. En primer lugar, a pesar de que en la ley que nos ocupa y en el resto de las leyes referidas en el cuerpo de la presente iniciativa, se emplean un sinfín de definiciones que delimitan los conceptos financieros básicos, el ``estado de cuenta'' carece de una definición clara y precisa que establezca una serie de requisitos mínimos para el citado documento y que acote sus alcances. Por ello, en primera instancia considero necesario definir legalmente a un documento al que ya se hace referencia en diversas disposiciones legales, tales como:

XII. Tradicionalmente, el documento conocido como ``estado de cuenta'' se remite al acreditado o tarjetahabiente a su domicilio de manera mensual, y en él se detallan las transacciones que realizó durante el referido periodo. Sin embargo por diversas razones, la gran mayoría de las cuales ajenas totalmente a las partes, muchas veces el ``estado de cuenta'' jamás llega o no llega en tiempo a las manos del acreditado, lo cual obliga a éste a realizar pagos o abonos sin conocer con exactitud las cantidades que adeuda o los conceptos que se le están cobrando. En muchos casos, de acuerdo al propio contrato, el acreditado ni siquiera tiene derecho a conocer dicho ``estado de cuenta'' o el trámite para solicitarlo es complicado y costoso.

XIII. Por otra parte, cuando efectivamente recibe su ``estado de cuenta'' domiciliado y aparece un cargo que desconoce o no recuerda, es prácticamente imposible que el banco o la institución financiera le pueda mostrar copia del documento o ``voucher'' que respalde dicha transacción, con lo cual se podrían aclarar muchas dudas sin necesidad de ir a la reclamación contemplada en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que nos ocupa. En este momento considero necesario aclarar que si bien es cierto que el referido artículo dispone que el Banco tiene la obligación de proporcionarle al usuario las facilidades necesarias para atender todas las aclaraciones, lo cierto es que falta hacer más concreta y efectiva esa obligación.

XIV. Por ello, considero importante el que se permita al usuario poder acceder a su ``estado de cuenta'' en cualquier momento en el que lo desee, así como a cada uno de los documentos que respalden cada una de las transacciones que aparezcan en su ``estado de cuenta''. Lo anterior evitará que el usuario identifique posibles cargos que no haya realizado, así como dará mayor certidumbre sobre el origen de la cantidad que se le impute mensualmente.

XV. En otros países se ha dado especial importancia a la regulación de este tipo de documentos, basados en la trascendencia que representa para el usuario bancario tener suficiente información sobre sus transacciones plasmada en dicho documento.

XVI. Por otra parte, la ``Declaración Universal de Derechos de los Usuarios de los Servicios Bancarios y Financieros'' expedida en Salamanca, España en septiembre del año 2005, y suscrita por los Estados Unidos Mexicanos en el año 2006, recoge los derechos fundamentales a los que deben tener acceso todos los usuarios bancarios. Entre estos derechos básicos están los siguientes:

XVII. En virtud de lo anterior, consideramos que el usuario de tarjetas de crédito y débito debe tener más derechos, mayor control y facilidades respecto a su estado de cuenta bancario y los documentos que respalden las transacciones en él reflejadas, con el objeto de perfeccionar el sistema financiero mexicano, de prevenir fraudes y de evitar abusos o pagos injustificados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 1, 3, 11, 11 Bis 1, 13 y 18 Bis 2, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 11, 11 BIS 1, 13 y 18 BIS 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, en singular o plural se entenderá por:

Artículo 7. Las entidades deberán contar en sus sucursales o establecimientos con información actualizada relativa a los montos, conceptos y periodicidad de las comisiones y tasas de interés en carteles, listas y folletos visibles de forma ostensible, y permitir que aquélla se obtenga a través de un medio electrónico ubicado en dichas sucursales o establecimientos, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de consultarla gratuitamente, y cuando cuenten con sitio electrónico en Internet, mantener en éste dicha información. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante disposiciones de carácter general, especificará lineamientos estandarizados para que la información sea accesible a los clientes.

Las entidades, a través de los medios que pacten con sus Clientes, deberán darles a conocer los incrementos al importe de las comisiones y tasas de interés activas, así como las nuevas comisiones que pretendan cobrar, por lo menos, con sesenta días naturales de anticipación a la fecha prevista para que éstas surtan efectos. Sin perjuicio de lo anterior, los clientes deberán aceptar expresamente de manera verbal, escrita o por cualquier medio electrónico dichos incrementos, o en su caso, tendrán derecho a dar por terminada la prestación de los servicios que les otorguen las entidades en caso de no estar de acuerdo con los nuevos montos, sin que la entidad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que el cliente solicite dar por terminado el servicio.

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, tendrá como consecuencia la nulidad de las nuevas tasas de interés activas y las comisiones, con independencia de las sanciones que en su caso procedan.

Artículo 11. Los Contratos de Adhesión que utilicen las entidades financieras para documentar operaciones masivas deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta ley y con aquellos que, mediante disposiciones de carácter general, establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las disposiciones señalarán los tipos específicos de Contratos de Adhesión a los que les serán aplicables las mismas y lo que debe entenderse por operaciones masivas en términos de este artículo. Las cláusulas que contravengan dichos requisitos y disposiciones se considerarán nulas e inoponibles a los clientes.

Los Contratos de Adhesión que empleen las Entidades Comerciales deberán cumplir además con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Procuraduría Federal del Consumidor.

...

Artículo 11 Bis 1. Los Clientes contarán con un periodo de gracia de treinta días naturales posteriores a la firma de un contrato de adhesión que documenten operaciones masivas establecidas por las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 11 de la presente ley, con excepción de los créditos con garantía hipotecaria, para cancelarlo, en cuyo caso, las Entidades no podrán cobrar Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad alguna para el Cliente. Lo anterior, siempre y cuando el Cliente no haya utilizado u operado los productos o servicios financieros contratados.

Artículo 13. Las Entidades deberán enviar gratuitamente al domicilio y a la cuenta de correo electrónico que señalen los Clientes en los contratos respectivos o a los que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas.

Los Clientes podrán pactar con las Entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas partes.

El cliente podrá solicitar también, en cualquier momento, copia legible de los documentos que respalden cada una de las transacciones que aparezcan en el estado de cuenta, las cuales deberán otorgársele en un plazo máximo de 48 horas en la sucursal correspondiente o en la dirección de correo electrónico que el cliente proporcione para tal efecto.

...

...

Artículo 18 Bis 1. ...

...

Las Entidades podrán disminuir el límite de crédito en créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, cuando notifiquen al Cliente y éste exprese de forma verbal, escrita o por medios electrónicos el conocimiento de tal disminución.

Artículo 18 Bis 2. ...

...

Las referidas tasas de interés promocionales no podrán suspenderse o aumentarse sin que medie un aviso por escrito previo al cliente, por lo menos noventa días antes de dicha variación, el cual podrá hacerse en el propio estado de cuenta.

Artículo 42. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Carvallo Yañez, Erick y Lara Treviño, Enrique. Formulario Teórico-Práctico de Contratos Mercantiles . Editorial Porrúa. 5ta edición, México 2007, p. 192.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado González Hernández.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Para preguntar al diputado González Hernández si nos permite suscribir juntos el...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Nada más que ha concluido, señor diputado, la participación del diputado. ¿En lo económico pudieran platicarlo, señor diputado?

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Perfecto.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El diputado Samuel Herrera Chávez : Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la cual ha sido consensuada en un foro realizado en este Congreso ayer, por el Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, del cual se encuentra una comisión aquí presente, al que doy la bienvenida.

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la elevada consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, fundamentada en la siguiente exposición de motivos:

La emisión de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del periodo 1942-1964, de fecha 25 de mayo de 2005, constituye un logro importantísimo del movimiento social. A través de ella, el Estado mexicano reconoció por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos de los trabajadores ex braceros mexicanos.

La desaparición de sus fondos de ahorro, inexplicada aún actualmente, constituye un acto, o un conjunto de actos, que debería abochornarnos a todos los mexicanos; no sólo porque constituye una evidencia irrebatible de la existencia de un Estado que va más allá de sus propios límites, atropellando los derechos y disposiciones injustificadamente, del patrimonio de sus ciudadanos; sino porque cometió semejante agravio en perjuicio, injustamente, de los trabajadores ex braceros.

Qué vergonzoso que, en vez de concederles el reconocimiento que se merecen como héroes anónimos de nuestra historia patria, el Estado mexicano, los mandatarios de aquella época, se hayan preocupado mejor por hacerles perdidizos sus fondos de ahorro, que se supone debían servirles para vivir su vejez con dignidad y decoro.

Hoy, las organizaciones sociales de los trabajadores ex braceros denuncian tres grandes problemas inherentes al funcionamiento del programa de apoyo social, a partir de los cuales plantean sus principales demandas: el carácter restrictivo y, por tanto, excluyente del texto de la actual ley vigente; la decisión del Ejecutivo federal, del pasado 29 de junio, en el sentido de que, de ahora en adelante, les pagará el monto de ese apoyo en pequeñas parcialidades; y el carácter limitado y marcadamente insuficiente de la asignación de partidas presupuestales para pago a ex braceros de parte de esta honorable Cámara de Diputados.

Respecto al primero de esos problemas, el carácter aún excluyente del texto de la ley, cabe señalar lo siguiente: del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006 se levantó un primer padrón de más de 212 mil trabajadores ex braceros, de los cuales más de 39 mil han recibido el apoyo social previsto en este ordenamiento.

Sin embargo, aun cuando ese primer acercamiento significó un avance importantísimo, resulta aún insuficiente el hecho mismo de que tan sólo 42 mil, de entre 212 mil inscritos hayan calificado para el pago del apoyo social; esto es, apenas 19 por ciento.

En el mismo sentido, el levantamiento de un segundo padrón, del 28 de noviembre al 28 de enero pasados, no podía arrojar otros resultados que los que hayan podido preverse con base en el decreto de reformas y adiciones a la Ley de Apoyo Social a los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Con la exigencia que tendría este planteamiento era clarísimo que persistiría la exclusión de miles de ex braceros, en situaciones como la siguiente:

1. Los trabajadores ex braceros que poseen documentos probatorios y que, sin embargo, aún son excluidos por el solo hecho de que sus documentos no están previstos como tales en el texto de la ley vigente. Ejemplo: las menciones honoríficas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos; el permiso de trabajo expedidos por la Oficina de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de Estados Unidos; tarjeta de identidad expedida por la propia Secretaría de Gobernación, etcétera.

2. Los trabajadores ex braceros que no poseen documento probatorio alguno, pero que podrían acreditar su derecho fácilmente, si el texto de la ley vigente dispusiera un procedimiento idóneo a ese fin;

En la medida que el texto de la ley vigente es referido al periodo 1942-1964 se deja en una injusta exclusión a los trabajadores que prestaron sus servicios bajo el programa braceros en los años 1965-66; de la misma manera quedan excluidas las viudas de compañeros ex braceros ya finados.

Igualmente, se deja fuera a los familiares que podrían ser reconocidos como legítimos herederos.

También era del todo previsible la exclusión de la inmensa mayoría de los trabajadores ex braceros que poseen la tarjeta Social Security.

Además de los segmentos ya mencionados, son excluidos desde el texto mismo de la ley, una gran cantidad de compañeros que no tuvieron la menor posibilidad de acudir a las mesas receptoras.

Pues bien, la presente iniciativa busca contribuir a la solución de fondo e integral de esta problemática, proponiendo modificaciones puntuales al texto de la ley.

Con base en lo hasta aquí expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman los artículos: 1o., párrafo segundo; 2o., fracciones I y IV; 5o., fracción III, inciso c); y 6o., párrafo primero; fracción III, incisos: a), b), d) y h); fracción IV, numeral 1, párrafo primero e inciso b); numeral 2, párrafo primero e incisos: a), b) y c); numeral 3, párrafo primero e incisos: a) y b); numeral 4, párrafo primero e incisos: a) y d); y se adicionan los artículos transitorios: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

Artículo 1o. El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Beneficiarios: los ex trabajadores migratorios mexicanos o, en su caso, sus cónyuges, concubinas, hijos o hijas, o legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley;

IV. Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: las personas que hayan sido contratadas por el gobierno de Estados Unidos de América o patrones de ese país en virtud del Programa de Trabajadores Migratorios 1942-1966;

Artículo 5o. El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

c) Los Trabajadores Migratorios hasta el periodo 1966.

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos conforme a lo que establece el Código Civil Federal, que acrediten los siguientes requisitos y condiciones, mediante la presentación, en original, de los documentos que se enumeran en seguida, anexando copia para su cotejo y resguardo:

II. Que cumplan con la presentación de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o matrícula consular) que los acredite como ciudadanos mexicanos.

III. Que acrediten haber sido trabajadores migratorios mexicanos con uno o más de los siguientes documentos:

a) Contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en Estados Unidos de América, bajo el Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1966.

b) Comprobante de pago emitido por el contratante en Estados Unidos de América.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, señor diputado.

El diputado Samuel Herrera Chávez : Quiero sobre todo, porque se me acaba el tiempo, mencionar que esta iniciativa de ley se inscriba en el Diario de los Debates en forma completa, para que se plasme como iniciativa integral y completa, señor presidente.

Quiero plantear nada más el último párrafo, el sexto de los transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sexto. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente decreto.

Firman la presente iniciativa el diputado Samuel Herrera; la diputada Laura Itzel Castillo; el diputado Enrique Ibarra; diputado Ramón Jiménez; diputado Gerardo Leyva; diputada Claudia Anaya; diputado Federico Ovalle, y diputados del PRD.

Solicito, señor presidente, se pueda inscribir el texto íntegro en el Diario de los Debates y en forma íntegra la presente iniciativa de ley que planteamos el día de hoy, que es una propuesta que someto a esta soberanía. Ojalá se pueda apoyar por esta LXI Legislatura. Gracias, ciudadano presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, fundamentada en la siguiente:

Exposición de Motivos

La emisión de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del periodo 1942-1964, de fecha 25 de mayo de 2005, constituye un logro importantísimo del movimiento social; a través de ella, el Estado mexicano reconoció por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos que los trabajadores ex braceros mexicanos venían haciendo desde finales de los años noventa del siglo pasado.

La desaparición de sus fondos de ahorro, inexplicada aún actualmente, constituye un acto, o un conjunto de actos, que debería abochornarnos a todos los mexicanos; no sólo porque constituye una evidencia irrebatible de la existencia de un Estado que va más allá de sus propios límites, atropellando los derechos y disponiendo injustificadamente de parte del patrimonio de sus ciudadanos; sino porque cometió semejante agravio en perjuicio, precisamente, de los trabajadores ex braceros; es decir, de un segmento social constituido por los más pobres; aquellos que, en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de posguerra, no tenían otra cosa que ofrecer en el mercado capitalista más que la fuerza de sus brazos; de ahí que se les llame, precisamente, braceros. No obstante su condición de trabajadores semiproletarios, los braceros sacaron la cara por nuestro país y constituyeron la retaguardia productiva que permitió mantener en pie la economía estadounidense --y de paso la de las pequeñas comunidades rurales de nuestro país-- bajo el contexto de la conflagración militar más terrible que ha vivido la humanidad a lo largo de toda su historia.

Qué vergonzoso que, en vez de concederles el reconocimiento que se merecen como héroes anónimos de nuestra historia patria, el Estado mexicano, o los primeros mandatarios de aquella época, se hayan preocupado mejor por hacerles perdedizos sus fondos de ahorro; los mismos que se supone deberían servirles para vivir su vejez con dignidad y decoro.

En ese sentido, la ley de 25 de mayo de 2005 representa un primer acercamiento, un primer intento del Estado mexicano por responder satisfactoriamente a los justos reclamos de los trabajadores ex braceros.

Hoy día, las organizaciones sociales de los trabajadores ex braceros denuncian tres grandes problemas inherentes al funcionamiento del programa de apoyo social, a partir de los cuales plantean sus principales demandas: i) el carácter restrictivo y por lo tanto excluyente del texto actual de la ley vigente; ii) la decisión del Ejecutivo federal (del pasado 29 de junio) en el sentido de que, de ahora en adelante, les pagará el monto de ese apoyo en pequeñas parcialidades anuales; y iii) el carácter limitado y marcadamente insuficiente de la asignación de partidas presupuestales para pago a ex braceros por parte de esta H. Cámara de Diputados.

Respecto al primero de esos problemas, el carácter aún excluyente del texto de la ley, cabe señalar lo siguiente: del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006 se levantó un primer padrón de más de 212 mil trabajadores ex braceros, de los cuales poco más de 39 mil ya han recibido el apoyo social previsto en dicho ordenamiento.

Sin embargo, aun cuando ese primer acercamiento significó un avance importantísimo, resulta aún muy insuficiente; el hecho mismo de que sólo 42 mil, de entre más de 212 mil inscritos hayan calificado para el pago del apoyo social; esto es, apenas un 19.7 por ciento del total, significa que las bases dictadas en la ley vigente resultaron ser muy estrechas y restrictivas frente a la existencia de un universo de trabajadores ex braceros tan grande y complejo.

En el mismo sentido, el levantamiento de un segundo padrón, del 28 de noviembre al 28 de enero pasados, no podía arrojar otros resultados que los que ya podían preverse con base en el «Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Apoyo Social a los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos», publicado el primero de septiembre de 2008. En la medida que sólo se agregó el reconocimiento del valor probatorio de sólo un documento más: la tarjeta del Social Security, y con la exigencia de que tendría que presentarse apostillada, era clarísimo que persistiría la exclusión de miles de ex braceros, en situaciones como las siguientes:

Pues bien, la presente iniciativa busca contribuir a la solución de fondo e integral de esta problemática, proponiendo modificaciones puntuales al texto de la ley, para hacer posible la reapertura y replanteamiento de las mesas receptoras; pero sobre todo, para hacer posible la incorporación al programa de todos aquellos segmentos del universo de los trabajadores ex braceros y sus beneficiarios que hasta hoy siguen siendo injustamente excluidos.

Respecto a la decisión del Ejecutivo de pagar el apoyo social en pequeñas parcialidades anuales, cabe hacer las siguientes reflexiones:

Respecto al problema que tiene que ver con el monto de las partidas presupuestales que esta H. Cámara de Diputados tiene que aprobar para pago a ex braceros en cada ejercicio fiscal, cabe señalar lo siguiente:

Con base en lo hasta aquí expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman los artículos: 1°, párrafo segundo; 2º, fracciones I y IV; 5º, fracción III, inciso c; y 6º, párrafo primero; fracción III, incisos: a, b, d-h; fracción IV, Numeral 1, párrafo primero e inciso b; Numeral 2, párrafo primero e incisos: a, b y c; Numeral 3, párrafo primero, e incisos: a y b; Numeral 4, párrafo primero e incisos: a-d; y se adicionan los artículos transitorios: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

Artículo 1

El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1966, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges, concubinas, a los hijos e hijas, o legítimos herederos que le sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 2

Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo 5

El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

Artículo 6

Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos conforme a lo que establece el Código Civil Federal, que acrediten los siguientes requisitos y condiciones, mediante la presentación en original de los documentos que se enumeran en seguida, anexando copia para su cotejo y resguardo:

b) Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad gubernamental en ejercicio de sus funciones. c) Acta de matrimonio. d) Acta de defunción del ex trabajador migratorio mexicano. a) Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad gubernamental en ejercicio de sus funciones. b) Acta de defunción del ex trabajador migratorio mexicano. c) Constancia de unión libre o concubinato expedida por la autoridad municipal correspondiente. a) Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad gubernamental en ejercicio de sus funciones. b) Acta de defunción del ex trabajador migratorio mexicano y de su cónyuge o concubina. d) Acta de nacimiento. e) Resolución judicial en que conste el nombramiento de albacea, o carta de común acuerdo entre hermanos, especificando el beneficiario. a) Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad gubernamental en ejercicio de sus funciones. b) Acta de defunción del ex trabajador migratorio mexicano, y en su caso, de su cónyuge o concubina, hijos o hijas. c) Acta de nacimiento del familiar que será beneficiario. d) Resolución judicial en que conste el nombramiento de albacea, o carta de común acuerdo entre legítimos herederos, especificando el beneficiario.

[...]

Artículo 8 Bis

El importe del apoyo social que se entregará a cada beneficiario será por la cantidad de $ 38,000.00 (treinta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional) por única ocasión, y deberá pagarse en una sola exhibición, de acuerdo con los recursos disponibles en el patrimonio del fideicomiso.

Artículo 9

Los ex trabajadores o sus beneficiarios con derecho a recibir el apoyo previsto en esta ley, al recibirlo, firmarán de conformidad liberando al Gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier posible reclamo en relación con los derechos y obligaciones que se derivan de la presente ley de apoyo social.

En tal sentido, el apoyo otorgado por esta ley no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario, de obligaciones o créditos de origen distinto al del presente ordenamiento.

[..]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Técnico del Fideicomiso, a través de las delegaciones de la Secretaría de Gobernación en las entidades federativas, abrirá mesas receptoras de documentación durante los tres primeros meses de los tres próximos años (2010, 2011 y 2012) para el registro de los ex trabajadores migratorios, haciendo una amplia convocatoria a través de los medios de comunicación nacionales y locales.

Tercero. Igualmente, establecerá mesas receptoras en la embajada y en los consulados de México en los Estados Unidos de América durante los períodos señalados en el artículo anterior, a efecto de que los ex trabajadores migratorios mexicanos del período 1942-1966, residentes en los Estados Unidos de América, puedan inscribirse al padrón.

Cuarto. En el caso de que la H. Cámara de Diputados determine que no es posible autorizar los recursos necesarios y suficientes para que se les pague el importe total del apoyo social a todos los beneficiarios que cubrieron los requisitos en el reciente proceso de empadronamiento durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010, se procederá, para efectos de pago, a indexar el monto del apoyo social a los índices de inflación estimados por el Banco de México, a precios constantes de 2005.

Quinto. La dependencia coordinadora del fideicomiso (la Secretaría de Gobernación), deberá poner en práctica a la mayor brevedad un programa de devolución de documentos probatorios originales a sus legítimos propietarios, previo fotocopiado y cotejo de las copias contra su original, de manera tal que todos ellos sean devueltos a más tardar el 31 de diciembre de 2010.

Sexto. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente decreto.

[...]

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado Herrera Chávez. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Derechosdel Contribuyente.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hay buenas razones para considerar que el sistema impositivo juega un papel de mucha relevancia para el objetivo de cohesión social. Los impuestos son una herramienta fundamental de financiamiento para la mayoría de los Estados; los sistemas impositivos son concebidos, en su gran mayoría, teniendo en cuenta principios de equidad y justicia; y los impuestos también ejercen efectos sobre el desempeño de la economía. Todos estos son elementos que guardan una relación directa con el objetivo de cohesión social.

Sin embargo, hay otro aspecto del sistema impositivo, ``la simplicidad'', que puede resultar igualmente clave para que éste lleve a la práctica su contribución a la cohesión social. En efecto, la complejidad (o la ausencia de simplicidad) en el sistema tributario es un factor que puede producir exclusión y desigualdad.

Respecto a la recaudación, un sistema tributario que exhibe altos niveles de complejidad puede afectar su capacidad para producir ingresos. La exclusión de agentes del sistema tributario puede implicar una merma de recaudación. Una legislación tributaria compleja abre la posibilidad de que algunos agentes busquen resquicios y fórmulas para aminorar su obligación o para evadirlas ``legalmente''.

Los elementos mencionados generan para la administración tributaria, una demanda mayor de esfuerzos de gestión y control por unidad o tipo de contribuyente, por lo que su capacidad de cobertura se verá mermada en un escenario de alta complejidad. Estas relaciones apuntan, evidentemente, a una menor capacidad del sistema para generar los niveles esperados de recaudación.

Definir la simplicidad de un sistema tributario es, paradójicamente, una tarea que encierra muchas dificultades. Mientras que la suficiencia recaudatoria, los impactos redistributivos y el grado de distorsión económica que inducen los impuestos están profusamente documentados y suelen ser definidos y cuantificados sobre la base de supuestos económicos más o menos razonables, la definición de la simplicidad en un sistema tributario no ofrece concesiones tan claras al análisis.

Usualmente, la simplicidad de la tributación se aborda como una variable vinculada a los costos monetarios de ``cumplir'' y ``hacer cumplir'' la legislación tributaria. Entonces, una primera aproximación para definir la complejidad del sistema impositivo es considerarla como una función de esos costos, esto es, del tiempo y recursos que los contribuyentes requieren para satisfacer un gravamen, denominado costo de cumplimiento, y del presupuesto de la administración tributaria responsable de gestionar y fiscalizar ese cumplimiento, denominado costo de administración.

Bajo este enfoque, la complejidad también depende de la estabilidad del sistema tributario. Un gravamen de bajo costo de aplicación, pero que recurrentemente sufre modificaciones puede llegar a acumular mucha complejidad y por ende, acrecentar de manera importante el costo de cumplimiento y el costo de administración. Cada nueva regla establece a su vez una nueva ``curva de aprendizaje'' para su comprensión y aplicación, de modo que el conocimiento de la ley vigente puede no ser suficiente para ``cumplir'' y ``hacer cumplir'' el impuesto.

La simplicidad de un sistema impositivo puede ser observada en tres ámbitos o fases: la simplicidad en la política tributaria, la simplicidad en la legislación tributaria y la simplicidad en la gestión tributaria.

En México se ha desarrollado uno de los sistemas fiscales más injustos e inequitativos, esto puede ser sustentado a través de múltiples estudios presentados en el tiempo por diversas organizaciones públicas y privadas, así como por organismos internacionales, entre ellos de la Organización y Cooperación Económica (OCDE), donde se puede concluir que nuestro sistema de administración tributaria, se ha convertido en un facilitador de las prácticas de elusión y evasión.

Poseer una estructura fiscal que sea un estímulo para la economía, logre abatir los índices de evasión y elusión, sea fácil de entender para la población y sencilla de controlar por la administración, debe ser una prioridad para impulsar el crecimiento de los países.

En la búsqueda de alcanzar esta meta, naciones de Europa central y oriental, así como de Asia, han optado por impuestos al ingreso con tasas simples, además de una reducción en las cargas impositivas corporativas.

En este marco, se destacan las reformas fiscales realizadas en Hong Kong, donde la tasa del impuesto a los ingresos corporativos es de 17.5 por ciento, mientras que al ingreso personal varía entre 2 y 20 por ciento, con algunas deducciones. Alternativamente, las personas pueden optar por pagar 16 por ciento de impuesto único sobre una base más amplia.

Hong Kong ha logrado un crecimiento económico anual de 8.0 por ciento y sus habitantes gozan de uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, en gran medida gracias a las reformas fiscales que han realizado.

Otra nación que ha alcanzado un fuerte crecimiento tras la modificación de su estructura fiscal es Irlanda, con una expansión de 5.8 por ciento, en comparación con la del resto de los países europeos que registraron un desarrollo promedio de 2.7 por ciento.

Las reformas fiscales irlandesas se centraron en la disminución del impuesto sobre la renta empresarial de 40 a 12.5 por ciento, eliminando al mismo tiempo las deducciones y tratos preferenciales.

En Estonia, las autoridades fiscales activaron un sistema para facilitar el pago de impuestos, donde a los contribuyentes sólo les toma entre 10 y 15 minutos realizar una solicitud de retorno de impuestos o la declaración anual.

Por su parte, Rusia logró elevar los ingresos fiscales en casi 30 por ciento, luego de que en 2001 redujera su tasa de impuesto al ingreso personal de 30 a 13 por ciento, y un año después recortara su tasa impositiva a los ingresos corporativos de 35 a 24 por ciento; esto también se tradujo en una disminución de los índices de evasión.

Los beneficios de la simplificación fiscal y la reducción de las tasas impositivas sugieren que la tendencia continuará en todo el mundo, ya que por medio de un sistema tributario más simple y justo se impulsa el crecimiento económico en beneficio de los ingresos gubernamentales.

El sistema fiscal mexicano se hace cada vez más complejo, las modificaciones a las diversas leyes fiscales encaminadas a proteger la recaudación han propiciado un crecimiento en evasores y defraudadores; lo anterior aunado a las innumerables obligaciones formales adicionales al pago de contribuciones cuyo incumplimiento (muchas veces no intencional) repercute en el pago de multas excesivas, así como el incremento en litigios y controversias fiscales, han creado en nuestro país un estado de indefensión, frustración y de falta de cumplimiento para muchos ciudadanos que sí quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, pero que se enfrentan a disposiciones en leyes, reglamentos, reglas, circulares, decretos, criterios y demás disposiciones que hacen difícil el cumplimiento cabal y oportuno.

México requiere crear un sistema fiscal competitivo y simplificado, de fácil cumplimiento. El país requiere de un sistema tributario menos complejo y más eficiente, en beneficio de los ciudadanos en general, del sector productivo, de nuestra economía y de las finanzas públicas.

En este sentido, la simplificación debe ser un derecho del contribuyente, el ideal que se busca es contar con un sistema tributario simple y eficiente. Simple en la medida en que facilite al contribuyente el conocimiento de las obligaciones tributarias a que está sujeto; eficiente, toda vez que si se hace más simple, pondrá a la administración, no sólo en capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema, sino y sobre todo, potenciar sus posibilidades de fiscalización; y más equitativo, en la medida en que se elimina una serie de distorsiones existentes actualmente.

De ahí que los cambios deban orientarse a que la estructura tributaria del país tienda a ser simple, equitativa y coherente con el modelo de desarrollo nacional adoptado. Con esto se logrará una mayor transparencia en la administración de la hacienda pública, fortaleciendo con ello el régimen democrático y propiciando una mayor certeza en la planeación a largo plazo para impulsar la inversión tanto nacional como extranjera.

Con la finalidad de seguir atrayendo inversión extranjera, el gobierno mexicano debe trabajar en la simplificación fiscal, uno de los principales factores que toman en cuenta las compañías transnacionales y locales para invertir en un país. Según una encuesta realizada por KPMG International ¹ entre 140 ejecutivos de las compañías multinacionales más importantes en las siete economías más grandes de América Latina, México es la única economía en la región cuya participación de inversiones se incrementará de 8 por ciento durante el próximo año a 10 por ciento para los años 2013-2014.

``Las opiniones de los ejecutivos son congruentes con los datos que presentó recientemente el Banco de México respecto a la inversión extranjera directa, la cual aumentó 14.4 por ciento en el segundo trimestre del año al sumar 6 mil 405 millones de dólares, de los cuales mil 115 millones de dólares respondieron a nuevas inversiones'', afirma el estudio.

Importante es señalar que 86 por ciento de los encuestados considera que las políticas fiscales actuales no otorgan una ventaja competitiva en los mercados internacionales y 52 por ciento cree que la autoridad fiscal no ofrece apoyos para desarrollar negocios internacionales.

Por ello también es importante tomar en cuenta el área de oportunidad que se presenta en nuestro país para desarrollar una relación basada en la confianza mutua con la autoridad fiscal, a través de políticas fiscales simplificadas y transparentes.

Finalmente la simplicidad en la política tributaria, la simplicidad en la legislación tributaria, y la simplicidad en la gestión tributaria, permitirán mejorar tanto los costos de cumplimiento de los contribuyentes, como los costos de la administración tributaria, fortaleciendo principalmente la cobranza y finanzas públicas gubernamentales, ya que la cartera por recuperar en el Servicio de Administración Tributaria según comentarios del secretario de Hacienda y Crédito Público asciende a 468 mil millones de pesos, de la cual el 45por ciento se encuentra en litigio. ²

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción I al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Artículo Único. Se adiciona una fracción I, recorriendo las subsecuentes, al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para quedar como sigue:

``Artículo 2 . ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 http://www.kpmg.com/Global/Pages/default.aspx. 2 Palabras del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, durante la conferencia de prensa con motivo de la entrega de los documentos que integran el programa económico para el ejercicio fiscal de 2010. http://www.shcp.gob.mx/Documentos_recientes/acc_presentacion_paquete_economico_080909.pdf.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Nos acompaña, señoras y señores diputados, un grupo de dirigentes sindicales de la industria refresquera, CTM, de los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sean ustedes bienvenidos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajoy 109 de la Ley del Seguro Social.

La diputada Luz Carolina Gudiño Corro : Con su permiso, diputado presidente. La suscrita diputada Luz Carolina Gudiño Corro, integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, del estado de Veracruz, viene a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajoy 109 de la Ley del Seguro Social.

Antes de iniciar mi exposición de motivos, quisiera resaltar y agradecer la presencia en este recinto de los representantes laborales de miles de trabajadores de las diferentes empresas portuarias de Veracruz, como son ICAVE, CISE, SSA México, Golmex, CPB, así como de los representantes de la Unión Nacional de Marineros y la CTM regional de Veracruz. Bienvenidos.

La actividad laboral en los puertos es de naturaleza netamente eventual. Esta eventualidad se traduce en que los trabajadores portuarios son contratados por días salteados; esto es, su contratación no es contínua sino alternada, según las necesidades del trabajo.

Como resultado de la relación laboral así establecida, es obligación del patrón inscribir al trabajador en el Seguro Social y pagar la cuota respectiva, y es derecho del trabajador el acceder a los servicios de salud.

Como medio de comunicación entre los patrones portuarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social existe un sistema de cómputo en el cual los patrones dan de alta a los trabajadores portuarios conforme los van contratando, para efectos de que gocen de los servicios de salud. Cabe mencionar que cada vez que los dan de alta, se entera la cuota respectiva y en cuanto terminan su jornada de trabajo, los dan de baja.

Generalmente en un trabajo eventual se contrata por periodos laborales. Por ejemplo, en la construcción se contrata a los trabajadores por semana o por mes, pero al concluir la obra o su labor dentro de la misma, se prescinde del servicio del trabajador.

Sin embargo, para el caso particular de los trabajadores portuarios, no se les contrata por días consecutivos, sino por turnos. Por ejemplo, entran a trabajar un martes por la noche, los dan de alta en el sistema del IMSS. Terminan su turno laboral el miércoles por la mañana, los dan de baja en el sistema del IMSS. Posteriormente los vuelven a requerir para trabajar el sábado. Como en el lapso intermedio jueves y viernes no se encuentran laborando, están dados de baja en el sistema del Seguro Social y, por tanto, no se les brinda la atención médica a pesar de que se pagó su cuota respectiva.

Es importante mencionar que, para el Seguro Social, cuando el trabajador es dado de baja se considera que no cuenta con un trabajo remunerado. Para estos casos la Ley del Seguro Social prevé casos en los que la figura jurídica denominada ``conservación de derechos'', que consiste en que el trabajador, dependiendo de los días que cotizó al IMSS, al momento de ser dado de baja continúa con los derechos de atención médica por algunos días más.

El problema específico de los trabajadores portuarios es que el Seguro Social prevé esta figura para determinado número de días pagados de manera consecutiva; como los trabajadores portuarios no cotizan de manera consecutiva, sino alternada, prácticamente no tienen acceso a esta figura de conservación de derechos. Además, el régimen aplicado a los trabajadores portuarios con base en los convenios actualmente existentes resulta injusto por las cuotas que se cubren; deberían tener derecho a más días de atención médica.

Las organizaciones de trabajadores dedicados a estas tareas han hecho continuas gestiones ante las autoridades del Seguro Social, pero hasta ahora no han recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas. Por ello, se han dirigido a sus representantes populares en Veracruz, para que se impulse una modificación a la Ley Federal del Trabajo que les asegure la atención médica a ellos y a sus familiares, a la cual tienen derecho en virtud de las cuotas que ellos y sus patrones cubren al Seguro Social.

A partir de los convenios que se han suscrito para tratar de dar satisfacción a esta problemática y dado que éstos no han respondido a las necesidades de ambos actores de la producción; e igualmente, tomando en consideración las cantidades que se pagan al Seguro Social por concepto de cuotas, se propone un régimen de vigencia y conservación de derechos que haga posible que a partir de cierto número de días laborados, el trabajador y sus dependientes económicos tengan acceso razonable a los servicios de salud.

Por otra parte, se ha detectado que existe una desprotección de los trabajadores portuarios derivada del régimen de altas y bajas que se les aplica, ya que al referirse éstas estrictamente a los turnos que laboran, los tiempos de traslado hacia y desde su centro de trabajo no quedan cubiertos para los efectos de riesgo de trabajo.

Diputado presidente, por respeto al tiempo de los compañeros y por encontrarse publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, omitiré la lectura de la misma, no sin antes reiterar la gran importancia que tiene esta modificación no solamente para los miles de trabajadores del Puerto de Veracruz, sino para los miles de trabajadores y sus familias de los diferentes puertos que hay en todo el país. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajo y 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Luz Carolina Gudiño Corro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajo y el 109 de la Ley del Seguro Social.

Exposición de Motivos

La actividad laboral en los puertos es de naturaleza netamente eventual. Esta eventualidad se traduce en que los trabajadores portuarios son contratados por turnos en días salteados, esto es, su contratación no es continua sino alternada según las necesidades del trabajo. Como resultados de la relación laboral así establecida, es obligación del patrón inscribir al trabajador al IMSS y pagar la cuota respectiva, y es derecho del trabajador el acceso a los servicios de salud.

Como medio de comunicación entre los patrones portuarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, existe un sistema de computo en el cual, los patrones dan de alta a los trabajadores portuarios conforme los van contratando para efectos de que gocen de los servicios de salud, cabe mencionar que cada vez que los dan de alta se entera la cuota respectiva, y en cuanto terminan su jornada de trabajo los dan de baja.

Generalmente en un trabajo eventual se contrata por periodos laborales, esto es, por ejemplo, en la construcción, se contrata a los trabajadores por semana o mes, pero al concluir la obra o su labor dentro de ésta, se prescinde de los servicios del trabajador; sin embargo para el caso particular de los trabajadores portuarios, no se les contrata por días consecutivos, sino por turnos, por ejemplo, entran a trabajar un martes en la noche, los dan de alta en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), termina su turno laboral el miércoles en la mañana, los dan de baja en el sistema del IMSS, y posteriormente los vuelven a requerir para trabajar el día sábado. Como en el lapso intermedio ``jueves y viernes'' no se encuentran laborando, están dados de baja del sistema del IMSS y por tanto no se les brinda la atención médica a pesar de que se pagó su cuota respectiva.

Es importante mencionar que para el Seguro Social, cuando el trabajador es dado de baja, se considera que no cuenta con un trabajo remunerado y para estos casos, la ley del Seguro Social prevé una figura jurídica denominada conservación de derechos, que consiste en que el trabajador, dependiendo de los días que cotizó al IMSS, al momento de ser dado de baja, continúa con los derechos de atención médica por algunos días más; el problema específico de los trabajadores portuarios es que el IMSS prevé esta figura para determinado número de días pagados de manera consecutiva, y como los trabajadores portuarios no cotizan de manera consecutiva sino alternada, prácticamente no tienen acceso a esta figura de conservación de derechos.

Además, el régimen aplicado a los trabajadores portuarios con base en los convenios actualmente existentes resulta injusto pues con las cuotas que cubren deberían tener derecho a más días de atención médica. Las organizaciones de trabajadores dedicados a estas tareas han hecho continuas gestiones ante las autoridades del IMSS pero hasta ahora no han recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas y por ello se han dirigido a sus representantes populares en Veracruz para que se impulse una modificación a la Ley Federal del Trabajo que les asegure la atención médica para ellos y sus familias, a lo cual tienen derecho en virtud de las cuotas que ellos y sus patrones cubren al Seguro Social,

A partir de los convenios que se han suscrito para tratar de dar satisfacción a esta problemática, y dado que éstos no han respondido a las necesidades de ambos factores de la producción, e igualmente tomando en consideración las cantidades que se pagan al Seguro Social por concepto de cuotas, se propone un régimen de vigencia y conservación de derechos que haga posible que, a partir de cierto número de días laborados, el trabajador y sus dependientes económicos tengan acceso razonable a los servicios de salud.

Por otra parte, se ha detectado que existe una desprotección de los trabajadores portuarios, derivada del régimen de altas y bajas que se le aplica ya que al referirse éstas estrictamente a los turnos que laboran, el tiempo de traslado hacia y desde su centro de trabajo no queda cubierto para efectos de los riesgos de trabajo.

Con independencia de que estos aspectos sean materia de las prestaciones de seguridad social, es evidente que las mismas están vinculadas intrínsecamente a las condiciones de un trabajo especial que es materia de regulación específica por la Ley Federal del Trabajo y que en ésta se establecen las bases para este tipo de prestaciones, precisamente por eso proponemos que sea en el cuerpo de dicha ley donde se hagan las adecuaciones necesarias para resolver estos problemas. Adicionalmente, y con el propósito de que sea explícita también la cobertura en la Ley del Seguro se incluye el cambio correspondiente en el artículo 109 de la misma. Con base en lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se adiciona una fracción IV al artículo 276 para quedar como sigue:

Articulo 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se observaran las normas siguientes:

Segundo. Se adiciona el artículo 277 para quedar como sigue:

Artículo 277. En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinaran los requisitos para el otorgamiento de las pensiones.

Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social y en caso de que este no acepte, a la institución bancaria que se señale en el contrato colectivo. La institución cubrirá las pensiones previa aprobación de la junta de conciliación y arbitraje.

Para efectos de reconocimiento de vigencia y conservación de derechos de los trabajadores afiliados a un régimen de seguridad social se les consideraran los turnos o días laborados de la manera siguiente:

Tercero. Se adiciona el artículo 109 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

...

...

...

Para el caso de los trabajadores contratados por turnos laborales en términos de lo dispuesto por el artículo 277 de la Ley Federal del Trabajo se estará a lo siguiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá tomar a más tardar en diez días todas las medidas administrativas necesarias para que se respeten estos tiempos de vigencia para la conservación de derechos y será causa de responsabilidad administrativa de su Director General o del servidor público responsable de aplicar esta disposición legal, la falta de cumplimiento de la misma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada Gudiño Corro.Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La diputada María Joann Novoa Mossberger : Con permiso de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre de las diputadas y diputados de Acción Nacional, miembros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 10 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Esto es, aproximadamente 650 millones de personas. En México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población.

El doceavo Censo General de Población y Vivienda realizado en 2000 señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84 por ciento de la población total del país, mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño realizada en 2003, por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente 9 por ciento de la población total del país presentaba en este momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, entre otras.

En este contexto, la discapacidad se ha constituido un problema de salud pública y social de magnitud mundial. Para 2050 se estima que la población total en México será de 145 millones y la población con discapacidad, de 22 millones.

México fue el promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dicho instrumento, considerado como el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, plantea una nueva visión de las personas con discapacidad, así como de sus derechos, comprometiendo los diferentes órdenes de gobierno y a la sociedad.

Esta iniciativa que hoy presentamos va encaminada a ello; busca reforzar la Ley General de las Personas con Discapacidad para dotarla de disposiciones y mecanismos legales más eficientes. Es de resaltar que la aprobación de la convención es el primer paso de un proceso que implica la armonización de las leyes secundarias, así como el diseño de estrategias y asignación de recursos para su correcta aplicación.

Las reformas planteadas en esta iniciativa buscan ---también--- apegarse a lo dispuesto por dicho ordenamiento internacional. Es por ello que resumo el contenido esencial, materia de la presente iniciativa, en los siguientes puntos.

Plasmar lo que se refiere a la participación efectiva de las personas con discapacidad, de acuerdo con la convención que señala como uno de sus principios generales, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

Además, se busca prever que los derechos que establece la ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin ninguna distinción que atente contra su dignidad humana. También incorporamos algunos conceptos a la educación, proponiendo que ésta se imparta y regule por el Estado, contribuyendo al desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Impulsar que las autoridades competentes admitan y atiendan a menores de edad con discapacidad en las estancias infantiles y que se dote de más herramientas para su integración al sistema educativo nacional a las personas ciegas y débiles visuales.

Incentivar a los medios de comunicación para que otorguen a las personas sordas y con problemas de audición, y a las personas ciegas y con deficiencias visuales, facilidades de comunicación y acceso al contenido de su programación.

Por último, reforzar la disposición que busca contribuir a resarcir la falta de información y estadística clara y oportuna, referente a la población con discapacidad.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, contribuyamos a derribar las barreras que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, sin olvidar que la discriminación contra cualquier persona, por esta razón, constituye una vulneración de la dignidad y del valor inherente al humano.

Por obviedad de tiempo y por estar publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia que el texto íntegro de la misma sea incluido en el Diario de los Debates de la sesión de hoy. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Joann Novoa Mossberger , a nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pertenecientes a la LXI Legislatura, con fundamento en las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, una persona que tiene discapacidad es toda aquella que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, esto es aproximadamente 650 millones de personas.

Entre otros factores, la transición demográfica y epidemiológica de la población, está contribuyendo a incrementar el número de personas con discapacidad en el mundo. En los países con esperanza de vida de más de 70 años, por ejemplo, las personas pasan en promedio ocho años con alguna discapacidad, es decir más del 10 por ciento de su vida.

En México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población. El XII Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84 por ciento de la población total del país, mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño realizada en el año 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente el 9 por ciento de la población total del país presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social, por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país.

Los avances extraordinarios de la medicina han producido un cambio epidemiológico, dentro del cual se encuentra el aumento de las condiciones discapacitantes. Muchas enfermedades que anteriormente ocasionaban la muerte, ahora son controladas, permitiendo que las personas sobrevivan, pero al costo de sufrir secuelas que limitan el desempeño en sus actividades personales con independencia y obstaculizan su integración social, dejando de ser productivas, con merma del presupuesto familiar.

De manera específica las causas que con más frecuencia producen alguna discapacidad son, en términos porcentuales, las siguientes: enfermedades transmisibles de tipo crónico degenerativo con alteración de los sistemas locomotor, cardiovascular y/o respiratorio, incluyendo el cáncer: 19.3 por ciento; malformación con déficit calórico proteico: 19.3 por ciento; discapacidad intelectual: 15.4 por ciento; accidentes y violencia: 15.1 por ciento; enfermedades transmisibles: 10.8 por ciento; trastornos psiquiátricos: 7.7 por ciento; alcoholismo y drogadicción: 7.7 por ciento; trastornos congénitos no genéticos relacionados con enfermedades o alteraciones durante el embarazo, parto y puerperio: 3.9 por ciento; otros casos: 0.4 por ciento.

En este contexto, la discapacidad se ha constituido en un problema de salud pública y social de magnitud mundial. Para el año 2050 se estima que la población total será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones. La discapacidad tiene serias consecuencias, afectando no solo a quien las sufre por falta de oportunidades para su integración, sino también a la familia y a la sociedad en general.

Desafortunadamente persiste la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad ya que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición.

Si bien es cierto que se ha avanzado en materia legislativa y de política pública a favor de las personas que viven con alguna discapacidad, también lo es que no se han logrado crear las condiciones legales necesarias, ni las políticas y mecanismos suficientes para el respeto y el ejercicio de los derechos de este sector de la población, y su inserción plena en todas las actividades de la vida diaria.

Por ello, debemos seguir emprendiendo acciones que le den sentido al hecho de que México haya sido el promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dicho instrumento --considerado como el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI-- plantea una nueva visión de las personas con discapacidad, así como de sus derechos, y compromete a los diferentes ordenes de gobierno, así como a la sociedad en su conjunto en la generación de una nueva cultura sobre el tratamiento que merecen las personas con discapacidad.

Esta iniciativa que hoy presentamos va encaminada a ello, busca reforzar la Ley General de las Personas con Discapacidad para dotarla de disposiciones y mecanismos legales más eficientes, que permitan e impulsen mejores acciones para el respeto y ejercicio de los derechos humanos de este sector vulnerable de la sociedad, y contribuir así a la generación de una cultura de respeto y aceptación de estas personas como iguales, sin ninguna distinción.

No olvidemos que la aprobación de la Convención es el primer paso de un proceso que implica la armonización de las leyes secundarias, así como el diseño de estrategias y asignación de recursos para su correcta aplicación. Las reformas planteadas en esta iniciativa buscan también, apegarse a lo dispuesto por dicho ordenamiento internacional.

En el artículo primero, se busca plasmar lo que se refiere a la participación efectiva de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que establece la Convención que señala como uno de sus principios generales la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad de las personas con discapacidad. Además de establecer que la ley no sólo reconoce sus derechos humanos, sino que mandata el establecimiento de acciones tendientes a su promoción y protección.

Esta modificación del artículo primero se ve reforzada con la que se propone a la fracción XI del artículo segundo que se refiere a la definición de persona con discapacidad. En dicho concepto, además de lo ya previsto, se agrega que esa deficiencia mental o sensorial que presenta la persona también impide su participación plena y efectiva en la sociedad.

La reforma al artículo cuarto busca rescatar lo dispuesto por la Constitución en el tercer párrafo del artículo primero, con el objeto de preveer que los derechos que establece la ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin ninguna distinción que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Con la modificación al primer párrafo del artículo 10 se busca incorporar algunos conceptos enunciados en el artículo 24 de la Convención sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación, por lo que se propone que la educación que imparta y regule el Estado también debe contribuir al desarrollo integral de las Personas con Discapacidad para potenciar y ejercer su personalidad, talento y creatividad, así como sus aptitudes mentales y físicas.

En las fracciones III y IV del mismo artículo se busca impulsar que las autoridades competentes admitan y atiendan a menores de edad con discapacidad en las estancias infantiles, y que se sensibilice a los docentes y personal asignado que interviene directamente en la incorporación educativa y atención de menores de edad con discapacidad.

Con la reforma propuesta a la fracción V del mismo precepto, se busca mayor claridad en cuanto a lo que las autoridades competentes deben establecer respecto a la integración y respeto de las personas con discapacidad en el sistema educativo nacional. En este sentido, dichas autoridades deberán diseñar y ejecutar criterios obligatorios para su inclusión en el sistema educativo, y programas de sensibilización dirigidos a propiciar la aceptación de los estudiantes con alguna discapacidad.

La modificación a la fracción VII pretende sustituir el término materiales por los de incentivos y ayudas técnicas, este último más completo porque además de materiales incluye a los dispositivos tecnológicos, según la definición de la fracción II del artículo 2 de la misma ley. Esta adecuación busca que se proporcionen más y mejores herramientas que apoyen el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad. En el mismo sentido van las adecuaciones que se proponen para la fracción XIV del mismo artículo, que se doten de más herramientas para su integración al Sistema Educativo Nacional, a las personas ciegas y débiles visuales.

El artículo 20 de la Convención establece que los Estados parte deberán ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad. En este sentido, se busca reforzar el artículo 11 de la ley incorporando el derecho a la capacitación que tienen las personas con discapacidad acerca de las ayudas técnicas a la movilidad, de aquellos dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo.

Las modificaciones al artículo 18 de la ley tienen el propósito de incentivar a los medios de comunicación para que otorguen a las personas sordas y con problemas de audición, y a las personas ciegas y con deficiencias visuales facilidades de comunicación y acceso al contenido de su programación, en concordancia con lo establecido por la Convención.

Por último, la reforma al artículo 19 pretende reforzar la disposición que busca contribuir a resarcir la falta de información y estadística clara y oportuna referente a la población con discapacidad, previendo que las autoridades competentes también deberán establecer los lineamientos de recopilación de esta información que permitan contar con el número actualizado y condiciones de las personas con discapacidad a nivel nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, contribuyamos a derribar las barreras que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

No olvidemos que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las facultades citadas, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforman los artículos: 1, primer y segundo párrafo; 2, fracción XI; 4; 7, fracciones V, VI, y X; 10, primer párrafo, y fracciones III, IV, V, VII y XIV; 11, primer párrafo; 18 y 19 fracciones, I y II. Y se adiciona un último párrafo al artículo 18 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es establecer las bases que permitan la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio, y las acciones tendientes a su promoción y protección.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Artículo 4. Los derechos que establece la presente ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar dichos derechos y sus libertades.

Artículo 7. ...

Artículo 10. La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir al desarrollo integral de las Personas con Discapacidad para potenciar y ejercer sus capacidades, habilidades, personalidad, talento y creatividad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Para tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las siguientes:

Artículo 11. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información y capacitación acerca de las ayudas técnicas a la movilidad, de aquellos dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como cualquier forma de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo. En cumplimiento de este derecho se establecerán instrumentos y diseñarán políticas públicas a fin de que las personas con discapacidad estén orientadas en el ejercicio de tal derecho.

...

...

Artículo 18. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a las personas sordas y con problemas de audición, y a las personas ciegas y con deficiencias visuales las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.

Las autoridades competentes otorgarán el debido reconocimiento a aquellos medios de comunicación que cumplan voluntariamente con lo establecido en el párrafo inmediato anterior. Asimismo, definirán las políticas públicas necesarias a efecto de garantizar la implementación de dichas facilidades de comunicación.

Artículo 19. Las autoridades competentes deberán:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Solicita la palabra el diputado Gustavo González Hernández.

El diputado Gustavo González Hernández (desde la curul): Gracias, señor presidente, con su permiso. Para solicitarle a la diputada, si no tiene inconveniente, que me adhiera a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada Joann Novoa, el diputado Gustavo González desea suscribir su iniciativa, ¿tiene usted algún inconveniente?

La diputada María Joann Novoa Mossberger (desde la curul): Ninguno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Adelante. Muy bien. Pase a la Secretaría, señor diputado.Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

ARTICULO 35 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Leticia Quezada Contreras : Gracias, diputado. Buenos días. Con su venia, señor presidente. Esta iniciativa se presenta en el marco del aniversario número 56 del sufragio de la mujer en México.

La creciente participación de las mujeres en la vida política de la ciudad y del país en general es un hecho innegable, del cual afortunadamente no habrá marcha atrás. Nosotras, las mujeres, miles antes que yo, hemos tenido que luchar por el reconocimiento de la igualdad política con el hombre, lo que ha significado una intensa labor por colocar en la agenda nacional el derecho ineludible de las mujeres de elegir y ser electas.

A 56 años de distancia de la promulgación del voto femenino, las mujeres hemos ocupado espacios que por derecho y trabajo nos corresponden. Sin embargo, éstos distan mucho de reflejar la realidad de nuestro país.

Según cifras oficiales, somos más de 103 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 53 millones somos mujeres y alrededor de 50 millones, hombres. Estas cifras son contrastantes con la realidad de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión públicos y privados, ya que los cargos de dirección son ocupados mayoritariamente por hombres, no sólo en la iniciativa privada, también en la mayoría de los ámbitos de gobierno o de representación proporcional e incluso en los partidos políticos.

Simplemente en esta legislatura el escenario es desalentador, pues de las 500 curules en esta honorable Cámara, sólo 28.1 por ciento las ocupan mujeres, es decir, 140 mujeres en un órgano legislativo de 500 diputados y diputadas.

Este panorama pone de manifiesto que el país tiene una asignatura pendiente con la equidad y el principio de igualdad que establece la Constitución. Los derechos humanos de las mujeres han sido visibles gracias a diversos instrumentos internacionales. Para ello pongo una prueba, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ``Convención de Belém do Pará''.

Esta última, en su artículo 4o., establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos corresponden, entre otros, a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

La tendencia internacional apunta hacia el establecimiento de las denominadas ``acciones afirmativas'', que son medidas de carácter temporal, que permiten de manera gradual eliminar obstáculos y garantizar la igualdad de oportunidades a sectores que históricamente han sido discriminados.

Esta iniciativa que se presenta hoy, se presenta en y por congruencia con los postulados del Partido de la Revolución Democrática para garantizar a las mujeres la participación política, creando mecanismos que les permitan el acceso en condiciones equitativas.

Las mujeres hemos realizado una lucha sin retorno, sin vueltas ni desviaciones, con un objetivo claro: lograr la igualdad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres.

La presente iniciativa dispone en términos precisos la cuota de género de 50 por ciento para mujeres y hombres en cargos de representación popular y en cargos de dirección en las estructuras de los órganos electorales.

Esta iniciativa plantea que la perspectiva de género se incorpore desde el texto constitucional y que se visibilice como un derecho de las mujeres a puestos de elección popular, debido a que en el actual texto constitucional no hace una referencia explícita a la equidad entre los géneros en materia de participación política.

Esta iniciativa, a través de la reforma y adición al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la reforma al artículo 25 para que en la declaración de principios de los partidos políticos se establezca la promoción de la participación de las mujeres en el mismo sentido.

Los partidos políticos deberán incorporar la perspectiva de género en sus acciones de formación política y capacitación.

Es una serie de iniciativas que presentamos. En síntesis, que todas aquellas mujeres que vayan a puestos de elección como diputadas locales o federales tengan como suplente a mujer; y que en el caso de los hombres quede abierto, para que quede abierta la posibilidad de que su suplente también sea alguna mujer.

Es decir, que se amarre bien para que, cuando una mujer tenga que dejar la diputación, la suplente sea también mujer, y así se asegure la cuota de género en los diferentes Congresos y en el Congreso de la Unión. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La creciente participación de las mujeres en la vida política de la ciudad y del país en general es un hecho innegable del cual, afortunadamente no habrá marcha atrás, nosotras, las mujeres, miles antes que yo, hemos tenido que luchar por el reconocimiento de la igualdad política con el hombre, lo que ha significado una intensa labor por colocar en la agenda nacional el derecho ineludible de las mujeres para elegir y ser electas.

A más de 55 años de distancia de la promulgación del voto femenino, las mujeres hemos ocupado espacios que por derecho y trabajo nos corresponden. Sin embargo, éstos distan mucho de reflejar la realidad en nuestro país, según cifras oficiales somos más de 103 millones de habitantes, de los cuales más de 53 millones somos mujeres y poco más de 50 millones hombres, estas cifras son contrastantes con la realidad de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones públicos y privados ya que los cargos de dirección son ocupados mayoritariamente por hombres, no solo en la iniciativa privada, también en la mayoría de los ámbitos de gobierno o de representación popular e incluso en los partidos políticos.

Afortunadamente, en la sociedad se ha desarrollado conciencia respecto que las mujeres debemos participar en la vida política y participar en la toma de decisiones con igualdad de condiciones que los hombres, desafortunadamente las acciones implementadas no han sido suficientes. A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversas reformas legales que pretenden garantizar una ``participación mínima'' de la mujer en estos espacios de representación pública. Por mencionar un ejemplo, es necesario hacer una referencia al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que desde 1996, establece la obligatoriedad de que ninguno de los géneros pueda ocupar más del 70 por ciento de las candidaturas a los puestos de elección popular.

Dicha normatividad, es una muestra de acción afirmativa, concreta y definida, desde entonces ha habido un aumento paulatino en la participación femenina en cargos de elección popular, pasando de un 14 por ciento de representación de mujeres en 1995, a un 16 por ciento en el 2000, mientras que para las elecciones de 2003 aumentó al 22 por ciento y en el 2006 no hubo ningún avance y se mantuvo el 22 por ciento. Estos datos nos sirven para ilustrar que la norma es imperfecta ya que la lógica indica que, si no deben presentarse más de 70 por ciento de candidaturas de un mismo género, debiese lograrse con ello que por lo menos un 30 por ciento de los espacios de elección popular, fuesen ocupados por mujeres. Los datos expuestos dejan de manifiesto que se trata de una medida correcta, no obstante, insuficiente. Y mantiene las circunstancias de las mujeres en un nivel de participación, demostrando que participación femenina en cargos de elección popular, es una realidad palpable.

Regresando al marco internacional, en la actualidad la representación parlamentaria femenina, ha aumentado significativamente en otros países, Rwanda es el mejor ejemplo de la aplicación de las acciones afirmativas para contrarrestar la discriminación en la participación política: puesto que en 10 años, el país africano fue de un 4 por ciento de mujeres en la Cámara baja, al 49 por ciento de mujeres en los escaños, de acuerdo con el Informe de la Comisión del Estado de las Mujeres, elaborado por la ONU y presentado el 8 de marzo del 2006.

Los derechos humanos de las mujeres, han sido visibles gracias a diversos instrumentos internacionales, el primero y piedra de toque del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, es:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y al cual se adhirió el Estado mexicano en 1981, que incluye el derecho a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad de asociación, el derecho a la participación democrática y cívica y a la representación. Todos los derechos están garantizados sin distinción de sexo o de otra categoría y la igualdad de los hombres y las mujeres se subraya expresamente en diferentes áreas. Establece la obligación también para que las legislaturas de los países firmantes legislen para hacer efectivos los derechos ciudadanos. Aunados a este pacto, se cuentan con instrumentos, tales como:

Especial atención merecen las Convenciones para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación firmada en 1979 y ratificada en 1981 y finalmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) firmada en 1979 y ratificada en 1998 por el Estado mexicano, esta última en su artículo 4o. establece que:

Esta Convención en su artículo 7 inciso h), establece los deberes de los Estados firmantes, que entre otros consiste en la adopción de disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención. ¹

La Plataforma de Acción de Beijing también contiene una sección sobre Mujeres en Posiciones de Poder y de Toma de Decisiones que establece una serie de acciones acordadas por los gobiernos para tratar de resolver la desigualdad de género en la vida pública. En la Plataforma de Acción de Beijing, uno de sus objetivos estratégicos expresa la necesidad de ``Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones''. En algunos países de la región ya se han adoptado medidas de acción positiva combinadas con sistemas electorales proporcionales, mejor conocidas como ``leyes de cuotas'', entre los que se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, en tanto que, en la República Bolivariana de Venezuela, las cuotas fueron derogadas tras una corta vigencia.

Estas acciones han demostrado su eficacia en Latinoamérica y África, en donde las llamadas ``Leyes de Cuotas'' han permitido, que en promedio se integren 5 por ciento más de mujeres en parlamentos en los últimos 10 años, ²

Estos mecanismos no son permanentes, las cuotas de género deben implantarse y evaluarse a través de porcentajes de participación en los cargos de elección de las mujeres, son pues, medidas saludables con una temporalidad finita.

El establecimiento de cuotas de género conlleva estrategias claras en su aplicación y las acciones gubernamentales que permitan suprimir las causas de desigualdad entre los géneros. ³

Resumiendo, lo que queremos dejar en claro en esta tribuna, es que existe todo un sistema internacional que prevé que los Estados nacionales deben tomar las medidas o acciones tendentes a disminuir la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres.

La tendencia internacional apunta hacia el establecimiento de las denominadas: acciones afirmativas, que son medidas de carácter temporal que permiten de manera gradual eliminar obstáculos y garantizar la igualdad de oportunidades a sectores que históricamente han sido discriminados.

Para reforzar lo expuesto es procedente citar el concepto que establece el artículo 5o. de la Ley General de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres:

Esta misma disposición vincula al Estado a través del Ejecutivo federal, a establecer las condiciones que fomenten la participación política equilibrada entre los géneros:

Título III Capítulo primero De la Política Nacional en Materia de Igualdad

Al respecto la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que los órganos legislativos, tal es el caso de la Cámara de Diputados, deberán incorporar a su trabajo parlamentario la perspectiva de género, como un eje de acción que guíe su labor cotidiana.

Capítulo Tercero De la Participación y Representación Política Equilibrada de las Mujeres y los Hombres

Artículo 35. La política nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

A nivel nacional, las legislaturas de los estados de la república, contemplan e incorporan la perspectiva de género y el establecimiento de cuotas de género, tal es el caso de las legislaturas de: Aguascalientes, en el artículo 12 de la Constitución local; Campeche en el artículo 4 de su Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; Chihuahua en el artículo 4 de la Ley Electoral del Estado; el Estado de Hidalgo en el artículo 5 de la Ley Electoral del Estado; Jalisco en el artículo 2 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco; Morelos en el artículo 4 del Código Electoral para el Estado de Morelos; Nuevo León en el artículo 4 de la Ley Electoral del estado; San Luis Potosí en el artículo 16 de la Ley Electoral del estado de San Luis Potosí; Sinaloa en el artículo 4 de la Ley Electoral del estado; Tamaulipas en el artículo 4 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Concluyendo, en los 31 estados de la república, sólo 11 entidades incluyendo en Distrito Federal, contemplan la equidad entre los géneros en la participación política.

Este panorama pone de manifiesto que este país tiene una asignatura pendiente con la equidad y el principio de igualdad que establece la Constitución. En esta LXI Legislatura el escenario es desalentador, pues de las 499 curules en la honorable Cámara, sólo el 28.1 por ciento son mujeres, es decir, 140 mujeres en un órgano legislativo de 500, a este hecho hemos de restar las 8 legisladoras que pidieron licencia para dar paso a sus suplentes varones y cuyo desenlace puede ser previsible, debido a que no existe una disposición expresa que inhiba este tipo de ``fraude a la ley'' y que en caso de concretarse dará paso a la reducción en el número de curules que ocupamos las mujeres en esta legislatura.

En relación al acceso que brindan los partidos políticos a las mujeres, a través del establecimiento de acciones afirmativas o ``cuotas de género'' es de considerarse que no han sido suficientes, ya que las dirigencias de los partidos políticos han encontrado los procedimientos para evadir cumplir con la representación de las mujeres en estos espacios, colocando a las mujeres en suplencias permanentes o en distritos con pocas expectativas de triunfo electoral u obligándolas a renunciar una vez que toman protesta.

Mi partido, fue el primero en reconocer y llevar a la práctica las cuotas de género, durante el primer Congreso Nacional en 1990, gracias a la participación destacada y a la presión de mujeres se estableció el 20 por ciento de cuotas de género en las candidaturas. Para 1993, nuestro partido, al modificar sus ordenamientos internos estableció la prohibición de ocupar más del 70 por ciento de espacios de dirección del partido por hombres, disposición que se extendió posteriormente a las listas de candidatas y candidatos. Actualmente, mediante resolutivo del X Congreso Nacional, el Estatuto del Partido fue reformado para incluir en el artículo 2, denominado De la democracia en el Partido, lo siguiente:

Esta iniciativa se presenta en y por congruencia con los postulados del Partido de la Revolución Democrática, para garantizar a las mujeres la participación política, creando mecanismos que le permitan el acceso en condiciones equitativas. Las mujeres hemos realizado una lucha sin retorno, sin vueltas, ni desviaciones, con un objetivo claro, lograr la igualdad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres. La presente iniciativa dispone en términos precisos la cuota de género en un 50 por ciento para mujeres y hombres en cargos de representación popular y cargos de dirección en las estructuras de los órganos electorales.

Esta iniciativa plantea que la perspectiva de género se incorpore desde el texto constitucional y que se visibilice como un derecho de las mujeres el acceso de las mujeres a puestos de elección popular, debido a que el actual texto constitucional no hace una referencia explícita a la equidad entre los géneros en materia de participación política.

Esta iniciativa a través de la reforma y adición al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la reforma al artículo 25 para que en la declaración de principios de los partidos políticos se establezca la promoción de la participación de las mujeres, en el mismo sentido, los partidos políticos deberán incorporar la perspectiva de género en sus acciones de formación política y capacitación. Así mismo, se reforma el artículo 27 para incorporar la obligación en los estatutos de los partidos políticos de integrar en sus órganos directivos una cuota del cincuenta por ciento para ambos géneros, en relación a las obligaciones de los partidos políticos con registro nacional, se establece la incorporación de las cuotas de género y se explica el contenido material que rige a una cuota de género en materia electoral.

Esta iniciativa plantea e incorpora también otras formas de participación política de las mujeres, como es el caso de las agrupaciones políticas nacionales que deberán incorporar como parte de los requisitos que deben cumplir para su registro, la obligación de incorporar la participación de las mujeres y establecer en sus órganos directivos el cincuenta por ciento de ambos géneros. Cabe hacer mención que a la fecha las agrupaciones políticas nacionales no tienen como requisito para participar en la vida política nacional la equidad entre los géneros, siendo benéfico que independientemente de cualquier postura ideológica que tengan incorporen la perspectiva de género como un eje de acción.

En la iniciativa se incorpora también que el máximo órgano electoral, el Instituto Federal Electoral en su artículo 105 tenga como uno de sus objetivos la participación política equitativa entre hombres y mujeres, procurando una efectiva igualdad entre los géneros.

En la iniciativa también se establece que deberá promoverse que el Instituto Federal Electoral, participen hombres y mujeres en la integración de su Consejo General (artículo 110).

En relación con la obligación que tienen los partidos políticos para registrar a sus candidatos, se propone que las formulas para los principios de mayoría relativa y representación proporcional, sean integrados por formulas del mismo sexo o género, evitando que se haga un uso inadecuado de la acción afirmativa que se propone y que se pervierta el objetivo inicial. En el mismo artículo 218, se propone en el numeral tercero que exista una cuota de género del cincuenta por ciento de candidaturas para hombres y mujeres. En la propuesta se establece que deberá existir una cuota de género del cincuenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, dicha redacción tiene por objeto evitar que se haga una interpretación errónea y se respete la voluntad legislativa, que en este caso, es establecer una acción afirmativa que permita una efectiva paridad entre los géneros en el acceso a cargos de elección popular. Finalmente y por congruencia, se establece en el artículo 220 que las listas de integración de formulas del principio de representación proporcional, dichas listas serán integradas por segmentos de cuatro candidaturas y que en cada uno de ellos habrá dos candidaturas de un género distinto, con dicha fórmula se pretende que se respete la acción afirmativa del cincuenta por ciento de representación para hombres y mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 35 y la fracción II del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 35. Son prerrogativas de las y los ciudadanos:

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 25, inciso e), 27, inciso g), 35, numeral 1, inciso c), 38, numeral 1, inciso s), 105, inciso d); 110, numeral 5, 218, numeral tercero, 219, numeral 1, 220 numeral 1 y se adiciona un inciso h) al artículo 27, para quedar como sigue:

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Libro segundo De los partidos políticos Titulo segundo De la constitución, registro, derechos y obligaciones

Artículo 25

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

...

e) La obligación de promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones e incorporar perspectiva de género en sus acciones de formación y capacitación política.

Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

...

Capítulo segundo De las agrupaciones políticas nacionales

Artículo 35

1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el instituto los siguientes requisitos:

...

...

Capítulo cuarto De las obligaciones de los partidos políticos

Artículo 38

Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e incorporar perspectiva de género en sus acciones de formación y capacitación política, así como incorporar cuotas de género para garantizar el acceso equitativo a los cargos de representación popular en los términos señalados en este ordenamiento. Entendiendo como cuotas de género aquellas que se realizan a favor de las mujeres, como medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres aplicables también al ámbito electoral;

...

Del Instituto Federal Electoral Título primero Disposiciones preliminares

Artículo 105

1. Son fines del Instituto:

...

...

Título segundo De los órganos centrales Capítulo primero Del Consejo General y de su Presidencia

...

Artículo 110

...

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, su integración procurará la paridad entre los géneros.

...

Capítulo segundo Del procedimiento de registro de candidatos

Artículo 218

...

2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo sexo en el caso de las mujeres y respecto a los hombres será indistinto, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la paridad entre los géneros, otorgando un 50 por ciento de candidaturas para hombres y mujeres y procuraran integrar las postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

...

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cincuenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

...

Artículo 220

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cuatro candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación.

Tercero. Las disposiciones que aluden a cargos de elección popular, se aplicará al próximo proceso de elección federal.

Notas: 1 Derechos de las Mujeres: Normativa, interpretaciones y Jurisprudencia Internacional. Tomo 1, Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, UNIFEM, México, 2006. Páginas 321 a 326, 353 a 355, 383 a 403, 405 a 416. 2 Estadísticas para la Equidad de Género. Magnitudes y tendencias en América Latina. Milosavljevic Vivian. Publicación de las Naciones Unidas. Cepal y UNIFEM. Chile, 2007. Páginas 179 a 182. 3 Estadísticas para la equidad de género. Magnitudes y tendencias en América Latina. Milosavljevic Vivian. Publicación de las Naciones Unidas. Cepal y UNIFEM. Chile, 2007. Páginas 179 a 182.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada Quezada Contreras.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Señoras diputadas y señores diputados, nos visita un grupo de regidores y ciudadanos del municipio de Tonalá, Jalisco. Sean ustedes bienvenidos.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel : Gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, en ejercicio de mis derechos y en apego al marco jurídico aplicable, como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de Veracruz, someto respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Es de verdad lamentable el escenario económico al que millones de mexicanos estamos sometidos en la actualidad. Esto, como todos saben, deriva de las erróneas políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal durante los últimos años.

Sumemos a estas incapacidades la muy lamentable consecuencia de la pérdida desmedida de cientos de miles de empleos, que ha deteriorado el bienestar familiar afectando su poder adquisitivo y la natural necesidad insatisfecha de salir adelante.

El mal manejo económico ha ido devastando al sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores e incrementando exponencialmente los casos de la cartera vencida.

Es común enterarse a través de la prensa nacional, así como de instituciones o dependencias, de informes que corroboran la gravedad de la situación económica; que nos proporcionan cifras alarmantes confirmando la problemática de los millones de endeudamiento.

En lo que va del año, 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos.

Tanto sociedades de información crediticia, como bancos y entidades prestadoras de servicios financieros, violan constantemente los derechos de acceso a la información de los deudores. Entre estas instancias no se intercambian la información de los créditos en tiempo real, de manera expedita, oportuna y adecuadamente actualizada para formar su base de datos.

Además, señalan a los clientes, de acuerdo con un catálogo de clasificación establecido por las propias sociedades de información crediticia y el Banco de México, en rangos clasificatorios, identificando a los deudores con el número nueve, que puede detonar desde un atraso en los pagos del crédito, de más de 12 meses, hasta fraude por parte del deudor. Esto muy a pesar de ya haber negociado éste una reestructura o quita en el crédito.

Pero no basta la reclasificación administrativa en el buró de crédito con el objeto de incluir a casi 2.7 millones de personas que reestructuraron su deuda. Existe la incertidumbre de personas que aun mostrando voluntad de solución, siguen siendo señalados como morosos, y en el peor de los casos, como delincuentes, registrándoseles con el número 99, que significa fraude cometido por el consumidor, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos.

Frente a este panorama, citemos, por ejemplo, un cuestionamiento: ¿Cómo será posible que el titular de la Condusef, a sabiendas de la terrible situación crediticia, manifestada en la prensa su informe, no haya solicitado desde hace tiempo reclasificación en los catálogos al Banxico, informando oportunamente de este asunto a los consumidores, deudores, sociedades de información crediticia y bancos o instituciones prestadoras de servicios financieros?

Esto sólo significa una cosa: que de cualquier manera, el afectado será siempre el consumidor; siempre se verá dañado en sus derechos y siempre tendrá la razón el Buró de Crédito y las prestadoras de servicios financieros.

No obstante los abusos que aquí mencionamos, los bancos e instituciones prestadoras de servicios financieros venden sus carteras vencidas a despachos de abogados, quienes utilizando el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores, se valen de arbitrarios argumentos y palabras altisonantes mediante llamadas telefónicas de acoso realizadas en todo momento, incluso en horas de la madrugada y hasta con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores.

Debemos fortalecer el régimen de sanciones ejemplares ya contempladas en la ley para que estas instituciones cumplan con transparencia y seriedad sus obligaciones legales. Tanto las sociedades como los usuarios deben responder siempre, no solamente cuando haya culpa grave, como dice actualmente el artículo 51, sino en todos los casos de imprudencia o negligencia en el manejo de la información, puesto que, independientemente del grado de intencionalidad de la conducta, lo que debe dar lugar a la asunción de la responsabilidad es la consecuencia que sufre el cliente, la cual puede traducirse en un daño a su patrimonio, pero también en un perjuicio cuando deje de obtener un crédito por el registro indebido de una morosidad, cuando por ejemplo su cumplimiento no fue reportado a tiempo.

Es incuestionable que sólo se podrá avanzar y dar solución con mano firme. Velar por los intereses de la sociedad es una de las responsabilidades de los legisladores de la República. Por ello incidiremos en la solución del problema de la cartera vencida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley para Regular a las Instituciones de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 51. Las sociedades responderán por los daños y perjuicios que causen a los clientes al proporcionar información falsa o errónea o al dejar de proporcionarla a quien legalmente la deban entregar, cuando exista culpa, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos.

Asimismo, los usuarios que proporcionen información falsa o errónea o dejen de entregar a quien legalmente corresponda, responderán por los daños y perjuicios que causen al cliente, al proporcionar dicha información cuando exista culpa, dolo o mala fe, en el manejo de la base de datos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel , del Grupo Parlamentario del PRI

Patricio Chirinos del Ángel , diputado de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normas jurídicas aplicables, somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las sociedades de información crediticia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es en verdad lamentable el escenario económico al que millones de mexicanos estamos sometidos en la actualidad. Esto, como todos saben, deriva de las erróneas políticas económicas instrumentadas por el Gobierno Federal durante los últimos años.

Sumemos a estas incapacidades, la muy lamentable consecuencia de la pérdida desmedida de cientos de miles de empleos, que ha deteriorando el bienestar familiar afectando su poder adquisitivo y la natural necesidad insatisfecha de salir adelante.

El mal manejo económico ha ido devastando el sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores e incrementando exponencialmente los casos en la cartera vencida.

Es común enterase, a través de la prensa nacional, así como de instituciones, dependencias entre otros, de informes que corroboran la gravedad de la situación económica, que nos proporcionan cifras alarmantes, confirmando la problemática de los millones de endeudamientos.

En lo que va del presente año, 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos.

Tanto las sociedades de información crediticia como bancos y entidades prestadoras de servicios financieros, violan constantemente los derechos de acceso a la información de los deudores. Entre estas instancias, no se intercambian la información de los créditos en tiempo real, de manera expedita, oportuna y adecuadamente actualizada, para uniformar sus bases de datos.

Además, señalan a los clientes, de acuerdo a un catálogo de clasificación interna establecido arbitrariamente por las propias sociedades de información crediticia y el Banco de México. En este documento clasificatorio se contemplan rangos identificados con el número 9, que pueden denotar desde un atraso, en los pagos del crédito, de más de 12 meses, hasta el fraude por parte del deudor, esto muy a pesar de ya haber negociado una reestructura o quita en el crédito por parte del consumidor.

Pero no basta con la reclasificación administrativa en el Buró de Crédito, con el objeto de incluir a casi 2.7 millones de personas que reestructuraron su deuda. Existe la incertidumbre de personas que aún mostrando voluntad de solución, siguen siendo señalados como morosos, y en el peor de los casos, como delincuentes, registrándoseles con el número 99 que significa fraude cometido por el consumidor, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos.

Frente a este panorama citemos como ejemplo un cuestionamiento: ¿cómo será posible que el titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, a sabiendas de la terrible situación crediticia, manifestando en la prensa su informe e intención, no haya solicitado desde hace tiempo, reclasificación en los catálogos al Banco de México, informando oportunamente de este asunto a los consumidores, deudores, sociedades de información crediticia y bancos o instituciones prestadores de servicios financieros?

Esto sólo significa una cosa: que de cualquier manera el afectado será siempre el consumidor, siempre se verá dañado en sus derechos el deudor y siempre tendrán la razón el Buró de Crédito y las prestadoras de servicios financieros.

No obstante los abusos aquí mencionados, los bancos e instituciones prestadoras de servicios financieros, venden a despachos de abogados, sus carteras vencidas, quienes utilizando el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores, se valen de arbitrarios argumentos y palabras altisonantes, mediante llamadas telefónicas de acoso, realizadas en todo momento, incluso en horas de madrugada, y hasta con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores.

Debemos fortalecer el régimen de sanciones ejemplares, ya contemplado en la ley, para que estas instituciones cumplan con transparencia y seriedad sus obligaciones legales. Tanto las sociedades como los usuarios deben responder siempre, no solamente cuando haya culpa ``grave'', como dice actualmente el artículo 51, sino en todos los casos de imprudencia o negligencia en el manejo de la información puesto que independientemente del grado de intencionalidad de la conducta, lo que debe dar lugar a la asunción de una responsabilidad es la consecuencia que sufre el cliente, la cual puede traducirse en un daño a su patrimonio, pero también en un perjuicio cuando deje de obtener un crédito por el registro indebido de una morosidad, cuando por ejemplo, su cumplimiento no fue reportado a tiempo.

Es incuestionable, qué sólo se podrá avanzar y dar solución con mano firme.

Velar por los intereses de la sociedad es una de las responsabilidades de los legisladores de la república. Por ello incidiremos en la solución del problema de cartera vencida.

Esta es una de las tareas primordiales y un compromiso adquiridos por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las Instituciones de Información Crediticia

Artículo Único. Se reforma el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículos 1 a 50. ...

Artículo 51. Las sociedades responderán por los daños y perjuicios que causen a los clientes al proporcionar información falsa o errónea o al dejar de proporcionarla a quien legalmente la deban entregar , cuando exista culpa, dolo o mala fe en el manejo de la base de datos.

Asimismo, los usuarios que proporcionen información falsa o errónea o dejen de entregarla a quien legalmente corresponda, responderán por los daños y perjuicios que causen al cliente, al proporcionar dicha información, cuando exista culpa, dolo o mala fe, en el manejo de la base de datos .

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado Chirinos del Ángel.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Sonia Mendoza Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo 4 Bis al Título Cuarto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Sonia Mendoza Díaz : Con el permiso de la Presidencia.

Distinguidas compañeras legisladoras, apreciables compañeros legisladores, las familias han sido un ámbito de la sociedad en el que tradicionalmente se ha estructurado la desigualdad entre mujeres y hombres; ha sido también el ámbito más resistente a los cambios desde los principios de libertad e igualdad en las relaciones entre mujeres y hombres. Desde esta perspectiva recordemos que la igualdad entre mujeres y hombres sólo se logra cuando ambos tienen el mismo poder para ir construyendo la sociedad y sus propias vidas.

En ese sentido, el artículo 4o. constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, convirtiéndose éste en un principio general que, como legisladoras y legisladores, debemos a aspirar a que sea observado en la legislación nacional, para que las leyes secundarias establezcan disposiciones necesarias para avanzar hacia la igualdad.

De esta forma reconocer que hay desigualdad basada en el sexo, que de manera tradicional ha permeado a la sociedad mexicana, y subsanar algunas deficiencias o lagunas existentes en nuestro cuerpo normativo.

El presente proyecto parte de reconocer que es un derecho que el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares no es igualitario entre mujeres y hombres. El trabajo doméstico y de cuidado sigue siendo desarrollado por las mujeres; es decir, se reproduce la división sexual del trabajo y se aumenta la carga de las responsabilidades familiares en ella, lo que afecta la igualdad de oportunidades en el empleo, el equilibrio social, el entorno familiar, la productividad empresarial y la calidad de vida.

Asimismo, en un ejercicio de la paternidad responsable, supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de las madres y de los hijos, además de que ello condiciona definitivamente su estilo de vida. Por lo que constituye para las madres que no cuentan con el apoyo del progenitor de sus hijos un problema tanto social como económico.

De esta manera, hasta ahora la inclusión de los hombres en los trabajos de cuidado de las personas y en el trabajo doméstico es una tarea pendiente y urgente, en la medida que las mujeres cada día se incorporan de manera más sólida al trabajo productivo remunerado, lo que provoca una sobrecarga de trabajo para ellas.

Es de llamar la atención que en México aún se carece de legislación y políticas públicas que impulsen transformaciones en las relaciones familiares, que atiendan el tránsito en los modelos de paternidad y que fortalezcan los mecanismos que garanticen el cumplimiento de deberes.

Es entonces necesario e importante dejar claro que la conciliación no es sólo una cuestión de las mujeres, debe considerarse el compromiso efectivo de los hombres en el ámbito privado y así ser abordada desde la responsabilidad política, social, empresarial, familiar y de la sociedad en su conjunto.

Por tanto, las medidas de conciliación de la vida privada, profesional, doméstica y formativa son estrategias imprescindibles para provocar un cambio de actitudes sociales.

De esta manera y bajo el reconocimiento de que es obligación del Estado crear condiciones jurídicas y materiales que garanticen la vigencia de derechos y obligaciones de sus ciudadanos, se propone esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende adicionar un capítulo IV Bis al Título Cuarto de la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, con el objetivo de promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres en las obligaciones familiares.

Ello, bajo el entendido de que valorar y asumir las responsabilidades de la producción, reproducción y cuidado de las personas, no debe ser una obligación individual o sólo del ámbito familiar, sino que debe ser asumida también por el mismo Estado, bajo los preceptos del desarrollo humano y las obligaciones en materias de derechos humanos.

Es por esto que esta propuesta parte de que es imperativo poner atención en la sensibilización y concientización sobre el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y familiares, entre hombres y mujeres, que contribuyan a una distribución igualitaria favoreciendo y contribuyendo a un modelo igualitario de sociedad.

Pero no sólo ello, se destaca también en esta iniciativa el impulso a la mejora y promoción de los procesos de reconocimiento de la paternidad, incluidas las pruebas científicas de compatibilidad genética y los deberes de asistencia económica. Esto, a fin de crear caminos para institucionalizar en los hombres las obligaciones alimentarias, educativas, de salud y esparcimiento de los hijos que se procrean fuera o dentro del matrimonio; y también, el reconocimiento de filiación.

Finalmente, es nuestra responsabilidad, como sociedad, reconocer que el desarrollo pleno de la democracia sólo será integral si conseguimos eliminar la discriminación que ha dado origen a una relación desigual entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales.

Por todo ello, el Partido Acción Nacional los invita a que sumemos esfuerzos; que la conciliación entre lo público y lo privado deje de ser un anhelo para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres deje de ser un ideal. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que adiciona el Capítulo Cuarto Bis al Título IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe diputada federal Sonia Mendoza Díaz , a nombre de las diputadas: Velia Idalia Aguilar Armendáriz , Tomasa Vives Preciado , Marcela Torres Peimbert y María de Lourdes Reynoso Femat , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a fin de promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres en las obligaciones familiares. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La igualdad de género se logra cuando mujeres y hombres tienen el mismo poder para ir construyendo la sociedad y sus propias vidas; deben tener posibilidades, derechos y responsabilidades iguales en todas las áreas de la vida.

El artículo 4° constitucional establece que ``el varón y la mujer son iguales ante la ley'', éste es un principio general que, entre otros, aspira a ser observado en la legislación nacional, para que las leyes secundarias establezcan disposiciones necesarias para avanzar hacia la igualdad, subsanando las deficiencias o lagunas existentes en el cuerpo normativo de que se trate, o bien reconociendo que hay una desigualdad existente por razones de género, que de manera tradicional ha permeado en la sociedad mexicana.

El presente proyecto parte de reconocer que es un hecho que el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares no es igualitario entre mujeres y hombres. Según la publicación ``Mujeres y Hombres en México 2009'', el Inegi señala que del total de hombres insertos en el mercado de trabajo, destacan los que sólo hacen trabajo extradoméstico (41.7 por ciento); y de las mujeres, las que combinan el trabajo extradoméstico con el doméstico (90.3 por ciento).

Del mismo modo, según la publicación antes señalada, se menciona que son las mujeres quienes muestran los mayores porcentajes de participación en actividades domésticas, destacando actividades de limpieza de la vivienda (93.6 por ciento), limpieza y cuidado de ropa y calzado (90.3 por ciento), cocinar (78.6 por ciento) y apoyo en la cocina (78.4 por ciento). A su vez, también son las mujeres quienes dedican más tiempo al cuidado de niños y otros miembros del hogar, en contraste con los hombres (4.5 contra 1.6 por ciento).

Por tanto, queda claro que el trabajo doméstico y de cuidado sigue siendo desarrollado por las mujeres, es decir, se reproduce la división sexual del trabajo y se aumenta la carga en las responsabilidades familiares en ellas, lo que afecta la igualdad de oportunidades en el empleo, el equilibrio social, el entorno familiar, la productividad empresarial y la calidad de vida.

Dentro de este tema, cobra también importancia el ejercicio de la paternidad responsable como una necesidad fundamental centrada en compromisos reproductivos, económicos, domésticos y de cumplimiento de los derechos de los niños para que éstos gocen a plenitud de su derecho a tener una familia.

El nulo ejercicio de ésta supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de las madres y sus hijos, además de que ello condiciona definitivamente su estilo de vida, por lo que constituye, para las madres que no cuentan con el apoyo del progenitor de sus hijos, un problema tanto social como económico.

De acuerdo con datos sociodemográficos y de género del Inegi, los hogares con jefatura femenina se han duplicado: pasan de 2.8 millones en 1990 a 5.7 en el año 2005.

Esta cifra refleja la tendencia a que la mujer sea la encargada de la provisión de los derechos fundamentales de los hijos para su desarrollo integral. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran económicamente vulnerables para el ejercicio de su responsabilidad, misma que sin duda debe ser compartida con el progenitor de sus hijos. El Inegi reporta que para 2007, solamente en el 21.2 por ciento de los nacimientos registrados la madre es económicamente activa.

Es necesario dejar claro que la conciliación no es una cuestión de las mujeres, debe considerar el compromiso efectivo de los hombres en el ámbito privado, y así ser abordada desde la responsabilidad política, social, empresarial, la familia, la sociedad en su conjunto. Por tanto, las medidas de conciliación de la vida privada, profesional, doméstica, formativa, social son estrategias imprescindibles para provocar un cambio de actitudes sociales.

En México aún se carece de legislación y políticas públicas que impulsen transformaciones en las relaciones familiares, que atiendan el tránsito en los modelos de paternidad y que fortalezcan los mecanismos que garantizan el cumplimiento de estos deberes.

Es por esto que en esta propuesta se destaca el impulso a la mejora y promoción de los procesos de reconocimiento de la paternidad, incluidas las pruebas científicas de compatibilidad genética, y los deberes de asistencia económica. Esto a fin de institucionalizar en los hombres las obligaciones alimentarias, educativas, de salud y esparcimiento de los hijos que se procrean fuera o dentro del matrimonio; pero también, el reconocimiento de filiación.

De esta manera, este proyecto parte de que es imperativo poner atención en la sensibilización y concienciación sobre el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y familiares entre mujeres y hombres que contribuya a una distribución igualitaria favoreciendo y contribuyendo a un modelo igualitario de sociedad.

Aunque se reconocen los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano para fortalecer el marco legal y el institucional, con el fin de erradicar la discriminación y la exclusión que afectan principalmente a las mujeres y a grupos sociales específicos, con leyes como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Aún falta mucho por fortalecer en estos cuerpos normativos, sobre todo si reconocemos que existen desigualdades por razones de género como las que persisten en la desigual distribución de responsabilidades en el ámbito familiar entre mujeres y hombres.

Por ello y bajo el reconocimiento de que es obligación del Estado crear condiciones jurídicas y materiales que garanticen la vigencia de derechos y obligaciones de sus ciudadanos, se propone esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende adicionar un capítulo cuarto bis al Título IV, de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres en las obligaciones familiares.

Finalmente, es nuestra responsabilidad como sociedad reconocer que desarrollo pleno de la democracia sólo será integral si conseguimos eliminar la discriminación que ha dado origen a una relación desigual entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales.

Sumemos esfuerzos para que la conciliación entre lo público y lo privado deje de ser un anhelo, para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deje de ser un ideal.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo Cuarto Bis al título IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se adiciona un capítulo Cuarto Bis al título IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Capítulo Cuarto Bis De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Obligaciones Familiares

Artículo 38 Bis. Con el fin de promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres en las obligaciones familiares, será objetivo de la política nacional:

Artículo 38 Ter. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : La diputada Laura Arizmendi ha pedido el uso de la palabra. Diputada Arizmendi.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Muchísimas gracias, solamente para pedir adherirme, si la diputada me lo permite.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada Mendoza Díaz, la diputada Arizmendi solicita adherirse a su propuesta. ¿Está usted de acuerdo?

La diputada Sonia Mendoza Díaz (desde la curul): Claro que sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muy bien.

La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ha pedido también el uso de la palabra la diputada Martha Elena García.

La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): Me sumo a esta iniciativa, y como presidenta, a la intención de impulsarla, con muchísimo gusto.

La diputada Sonia Mendoza Díaz (desde la curul): Claro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Bien, la ha aceptado la diputada; adelante.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado Encinas desea hacer uso de la palabra.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): En el mismo sentido, me adhiero a la propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Bien. La diputada ha aceptado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): En el mismo sentido, a nombre del grupo del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muy bien.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado Narro, también desea hacer uso de la palabra.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Nos queremos adherir al planteamiento de la diputada Sonia Mendoza Díaz.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Pase por favor a la Secretaría. A todas aquellas y aquellos diputados que deseen adherirse, la diputada ha aceptado que se pueda firmar su iniciativa, por favor pasen a la Secretaría a suscribirla.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de asistencia de las diputadas y de los diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 453 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Honorable asamblea, nos visitan en este momento ex braceros del municipio de valle de Bravo,Estado de México, pertenecientes al Distrito XXIII. Sean ustedes bienvenidos.

LETRAS DE ORO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre Amalia Solórzano Bravo.

El diputado Martín García Avilés : Gracias, ciudadano presidente.

Hija de Albertina Bravo Sosa y Cándido Solórzano Morales, Amalia Solórzano Bravo, doña Amalia nació en Tacámbaro, Michoacán, hacia 1912.

El 25 de septiembre de 1932 contrajo matrimonio con el general Lázaro Cárdenas del Río. Presidió en el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad capital la colecta pública destinada a reunir fondos para el pago de la deuda, a raíz de la expropiación petrolera decretada por el presidente Cárdenas el 18 de marzo de 1938.

En su generosa participación en la vida política de México, como mujer hizo valer su propia presencia, destacó por su trabajo comprometido a favor de las causas sociales y fue reflejo ejemplar como primera dama de la nación.

Fue habitual que presidiera actos femeninos, mítines sindicales o asambleas intelectuales, en ocasiones en representación del presidente de la República y frecuentemente por sí misma.

Adelantada a su época, su papel fue fundamental para defender los derechos de las mujeres en un contexto sumido en el machismo tradicional de la sociedad mexicana de aquellos años. Fue impulsora del Frente Único pro Derechos de la Mujer, del que formó parte y llegó a contar con más de 50 mil afiliadas, luchando siempre a favor del reconocimiento de la mujer como ciudadana. Una mujer intelectual, política y moralmente comprometida con su género.

Como figura emblemática, testigo y protagonista de la posrevolución mexicana, fue una mujer brillante que enarboló los ideales sociales del cardenismo. Fundó colectivos infantiles para niños desprotegidos, dentro de los cuales destaca la Asociación del Niño Indígena y el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español.

Por sus gestiones, el gobierno mexicano recibió a un grupo de cerca de 500 niños españoles para alejarlos de los peligros de la Guerra Civil Española e instituyó para su cuidado y educación el internado España-México, aún vigente en Morelia, Michoacán.

Al morir el general Lázaro Cárdenas, doña Amalia continuó su actividad a favor de los más desamparados, expresando de palabra y de obra el vivo interés por los pueblos indígenas.

Ante la insurgencia armada zapatista, en 1994-95, doña Amalia Solórzano de Cárdenas se unió al esfuerzo para lograr una paz digna. Con ese propósito fue invitada a participar en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés, la cual intentó, sin éxito, que se pusieran en práctica los diálogos entre el zapatismo y el gobierno federal.

En distintos momentos participó en organizaciones de apoyo a ciudadanos de otras naciones acosados por regímenes dictatoriales. Por ejemplo, participó en el Comité de Solidaridad con el pueblo de Vietnam y respaldó, brindando apoyo, al exilio de muchos chilenos tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, en 1973.

Para 1995 la fundación Españoles en el Mundo le otorgó el Premio Carmen García Floyd. El mismo año recibió también la Orden Isabel la Católica, concedida por el Estado español a título póstumo.

En 2001, el Instituto Politécnico Nacional le otorgó un reconocimiento por su permanente defensa a favor de la educación superior en México.

Hacia 2002, la Universidad de Alcalá, en España, honró un aula con los nombres de Amalia Solórzano Bravo y Lázaro Cárdenas del Río.

En 2004, la ciudad de Morelia la distinguió con la presea Generalísimo Morelos, condecoración otorgada a los michoacanos más ilustres.

En 2007, el gobierno español acordó reconocer su destacada labor en pro de los exiliados republicanos españoles, al concederle la Gran Cruz de la Orden Carlos III, la más alta distinción otorgada en España a personalidades nacionales o extranjeras, siendo, por cierto, la única ocasión en que una ciudadana mexicana ha recibido este reconocimiento.

Finalmente, en 2008 le fue otorgada la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, del mismo gobierno español.

Doña Amalia Solórzano Bravo fue, sin duda un personaje de la vida política nacional de buena parte del siglo XX, quien convirtió su presencia en custodia de los ideales sociales, solidarios y humanitarios del cardenismo; se identificó y trabajó por ellos para mantenerlos vigentes hasta el último día de su vida.

Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de esta honorable Cámara el siguiente proyecto de decreto:

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre Amalia Solórzano Bravo, como un acto solemne dentro de los festejos patrios del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amalia Solórzano Bravo, a cargo del diputado Martín García Avilés , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Amalia Solórzano Bravo, como acto solemne dentro de los festejos patrios del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Hija de Albertina Bravo Sosa y Cándido Solórzano Morales, Amalia Alejandra Solórzano Bravo, ``doña Amalia'' provenía de Tacámbaro, Michoacán, lugar que la vio nacer en 1912. Casada el 25 de septiembre de 1932 con el general Lázaro Cárdenas del Río, el 1 de mayo de 1934 dio a luz a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En el año 1937 integró el Comité Mexicano de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, que culminó con la fundación del Internado España-México en Morelia. Mamu, como cariñosamente se le conocía, encabezó un comité femenino y presidió en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal la colecta pública destinada a reunir fondos para el pago de la deuda, a raíz de la expropiación petrolera decretada por el presidente Cárdenas el 18 de marzo de 1938.

Su generosa participación en la vida política de México, como una mujer que hizo valer su propia presencia, destacó por su trabajo comprometido a favor de las causas sociales y fue reflejo ejemplar en cuanto a una primera dama de la nación se refiere, siempre en contacto con la gente más necesitada a quien personalmente dio atención y respuesta; sus valores siempre estuvieron sustentados en la unión y la solidaridad familiar, de la sociedad y del país. Doña Amalia nunca dejó de practicar el altruismo.

Fue habitual que presidiera actos femeninos, mítines sindicales o asambleas intelectuales, en ocasiones en representación del presidente, pero eventualmente con más frecuencia de sí misma. Adelantada a su época, su papel fue fundamental a la hora de defender los derechos de las mujeres, en un contexto sumido en el machismo tradicional de la sociedad mexicana de aquellos años.

Fueron los años en los que ante la intensa actividad desplegada por el Frente Único pro Derechos de la Mujer, del que formó parte, llegó a contar con 50 mil afiliadas luchando a favor del reconocimiento de la mujer como ciudadana y de su elevación intelectual, política y moral.

Como figura emblemática, testigo y protagonista de una etapa sustancial de nuestra historia, fue una mujer brillante que enarboló a los ideales sociales del cardenismo que siempre sostuvo, que se reflejaron en acciones como la ayuda al exilio de otros países, ejemplo de ello fue la fundación de colectivos infantiles desprotegidos: la Asociación del Niño Indígena y el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, con ayuda, entre otras valiosas mujeres de María de los Ángeles Chávez Orozco, Matilde Rodríguez Cabo y Carmen Gil de Vázquez Vela. Por sus gestiones, el gobierno mexicano recibió a un grupo de cerca de 500 niños españoles para alejarlos de los peligros de la guerra civil española.

Al morir el general Lázaro Cárdenas, doña Amalia continuó su actividad a favor de los más desprotegidos, expresando de palabra y obra el vivo interés por los pueblos indígenas, lo cual reflejó con el apoyo a las comunidades indígenas michoacanas, oaxaqueñas y chiapanecas. Constante, acudió año con año a estas regiones para las cuáles consiguió apoyos, víveres, ropa y juguetes; gestionó asuntos legales y promovió obras públicas. El principal esfuerzo estuvo dirigido a la construcción de más de una decena de escuelas rurales, incluso, dos escuelas preparatorias, impulsando un programa de estancias de estudiantes de otros lugares de la república.

Ante la insurgencia armada zapatista, ella se unió al esfuerzo para lograr una paz digna, con ese propósito fue invitada a participar en la Cosever (Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés), la cual pretendió sin éxito que se pusieran en práctica los resultados del diálogo entre el zapatismo y el gobierno federal.

En distintos momentos participó en organizaciones de apoyo a ciudadanos de otras naciones acosados por regímenes dictatoriales, como, por ejemplo, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Vietnam y el respaldo brindado al exilio chileno tras el golpe que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, en 1973.

En 1995, la fundación Españoles en el Mundo, le otorgó el premio Carmen García Bloise; el mismo año recibió también la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Estado español a título póstumo y en marzo de 2001, el Instituto Politécnico Nacional le otorgó un reconocimiento por su continuada defensa de la educación superior pública en México.

Hacia 2002, la Universidad de Alcalá honró con su nombre y el de Lázaro Cárdenas un aula de esta institución académica. Dos años después la ciudad de Morelia la distinguió con la presea Generalísimo Morelos condecoración otorgada a los michoacanos más ilustres. En el año 2007, el gobierno español acordó reconocer su destacada labor en pro de los exiliados republicanos españoles al concederle la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la más alta distinción otorgada en España a personalidades nacionales o extranjeras, siendo por cierto la única ocasión que ha sido recibida por una ciudadana mexicana, finalmente en el año 2008 le fue otorgada la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social.

Doña Amalia Solórzano Bravo fue sin duda un personaje de la vida política nacional de buena parte del siglo XX, que convirtió su presencia en custodia de los ideales sociales, solidarios y humanitarios del cardenismo; se identificó y trabajó por ellos para mantenerlos vigentes hasta el último día de su vida.

Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados, el nombre de Amalia Solórzano Bravo, como acto solemne dentro de los festejos patrios del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución.

Transitorios

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado García Avilés.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado José Alberto González Morales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Alberto González Morales : Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, presentan a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todos los mexicanos nos preguntamos frecuentemente por qué hay violencia, por qué hay mentira, por qué hay deshonestidad, por qué hay maldad, por qué hay corrupción. En los últimos 15 mil años de presencia humana en la faz de la tierra, casi 90 por ciento de ese tiempo la humanidad ha estado en hostilidad y conflictos consigo misma.

Más de mil pugnas han desfilado en la interminable historia de la humanidad y sólo en los últimos 60 años se han gestado más de 150 guerras ---casi tres por año--- con más de 80 millones de muertos, no obstante los casi ocho mil tratados internacionales de paz que existen firmados en la actualidad.

Lo que nos permite confirmar que el hombre es un ser que tiende a la maldad por naturaleza, como lo señalara, entre otros muchos filósofos, Jean-Jacques Rousseau en su magnífica obra Emilio, o De la educación, al afirmar que todo es bueno al surgir de la naturaleza, pero degenera cuando llega a las manos del hombre. O Thomas Hobbes, en su famosa obra Leviatán, quien popularizó la frase ``el hombre es el lobo del hombre''.

Basta reflexionar respecto a los juegos que usan nuestros hijos y los juguetes que utilizan para ello. En su inmensa mayoría son bélicos y muy violentos; o simplemente al prender la televisión a cualquier hora del día nos encontramos con un abundante catálogo de violencia, de maldad, de mentira, de ilegalidad y de corrupción.

Es sorprendente ver que el ser humano, que es el único con inteligencia, también sea capaz de destruir irracionalmente su entorno, incluso de destruirse a sí mismo sin recato o reflexión alguna.

Sin embargo, desde el siglo VI antes de Cristo, surgió la filosofía y con ella los grandes pensadores de la humanidad que visualizaron claramente la única forma de reprimir esa maldad natural del hombre y alcanzar ese bienestar que justifica nuestra existencia que era, es y seguirá siendo la presencia de las virtudes en el ser humano.

Para muchos de los grandes filósofos de la antigüedad como Platón, Sócrates, Cicerón y Aristóteles, la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza, fueron las virtudes naturales más importantes de las cuales se desprenden todas las demás que son en su conjunto los cimientos sobre los que debe descansar o erigirse la actividad del ser humano. Y las virtudes no son otra cosa más que la práctica de los valores universales, los hábitos, obrar bien, que se adquieren durante la vida, principalmente en la niñez, y que son precisamente ese freno racional que lo autolimita en su tendencia natural hacia la maldad, la comodidad y la ley del más fuerte.

Esta crisis de valores no es un problema de riqueza, de religión, de raza, de partido, de tendencia ideológica o de origen étnico; es un problema de educación, de formación integral del individuo.

El Estado mexicano como conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, tiene la obligación de propiciar las condiciones indispensables para que los gobernados vivan en armonía, desarrollo y bienestar. Y por tanto debe implementar medidas preventivas urgentes para recuperar esos valores que se han perdido.

Es incontrovertible que para resolver un problema de fondo, de manera eficiente y definitiva se requiere ir precisamente a su raíz, y en este caso la crisis de valores en educación es el origen del problema.

Es entonces necesario incluir de manera urgente y obligatoria en los programas académicos de todos los niveles educativos y en todas las escuelas del país, contenidos específicos tendentes a exaltar los valores fundamentales bajo los cuales deba regirse la conducta y formación del mexicano.

Y siendo la crisis de valores en la educación ya un problema de Estado y prioridad nacional, se hace inaplazable incluir su solución en nuestra Carta Magna para que surta efectos desde la más notable hasta la más humilde institución educativa del país, y no haya pretexto o argumento alguno para no hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera.

Artículo 3o. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, los valores fundamentales por los que debe regirse el ser humano, así como la cultura de la legalidad y la paz, y el amor a la patria, y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa con proyecto de decreto sea insertado en el Diario de los Debates, y que sea turnado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto González Morales y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Todos los mexicanos nos preguntamos frecuentemente ¿por qué hay violencia, por qué hay mentira, por qué hay deshonestidad, por qué hay maldad, por qué hay trampas, por qué hay corrupción?

En los últimos 15 mil años de presencia humana en la faz de la tierra, casi 90 por ciento de ese tiempo, la humanidad ha estado en hostilidad y conflictos consigo misma.

Más de mil pugnas han desfilado en la interminable historia de la humanidad y sólo en los últimos 60 años, se han gestado más de 150 guerras (casi 3 por año) con más de 80 millones de muertos, no obstante, los casi 8 mil tratados internacionales de paz que existen firmados en la actualidad, lo que nos permite confirmar que el hombre es un ser que tiende a la maldad por su naturaleza, como lo señalaron, entre muchos otros filósofos y sociólogos, Jean Jacques Rousseau, en su magnífica obra Emilio o de la educación al afirmar que todo es bueno al surgir de la naturaleza, pero degenera cuando llega a las manos del hombre; o Thomas Hobbes, en su famosa obra Leviatán que popularizo la frase: ``homo homini lupus'' (el hombre es el lobo del hombre).

Basta reflexionar respecto lo que juegan nuestros hijos y los juguetes que utilizan para ello, en su inmensa mayoría son bélicos y muy violentos, o simplemente al prender la televisión, a cualquier hora del día nos encontrarnos un abundante catálogo de violencia, maldad, mentira, ilegalidad y corrupción.

Es sorprendente ver que el ser humano que habita la tierra y que es el único con inteligencia, también sea el único ser viviente capaz de destruir irracionalmente su entorno e incluso de destruirse a sí mismo, sin recato, remordimiento o reflexión alguna.

Sin embargo, desde el siglo VI antes de Cristo, surgió la filosofía, y con ella los grandes pensadores de la humanidad que visualizaron claramente la única forma de reprimir esa maldad natural del hombre y alcanzar ese bienestar que justifica nuestra existencia, que era, es y seguirá siendo, la presencia de las virtudes en el ser humano.

Para muchos de los grandes filósofos de la antigüedad, como Platón, Sócrates, Cicerón y Aristóteles, la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza, fueron las virtudes naturales más importantes de las cuales se desprenden todas las demás que son, en su conjunto, los cimientos sobre los que debe descansar o erigirse la actividad del ser humano, y las virtudes, de acuerdo a la axiología así como los diccionarios especializados, no son otra cosa mas que la práctica de los valores universales, esto es, los hábitos de obrar bien que se adquieren durante la vida, principalmente en su niñez, y que son precisamente ese freno racional que lo autolimita en su tendencia natural hacia la maldad, la comodidad, el hedonismo y la ley del más fuerte.

En la sociedad mexicana, sin importar género, riqueza, religión, trabajo, ni edad, es evidente que existe una grave crisis de valores que ha propiciado los no menos graves problemas de inseguridad, tráfico de influencias, impunidad, injusticia, narcotráfico, violencia o corrupción, que la han ido invadiendo y enfermando sin consideración ni tregua alguna, e incluso, no obstante estar conscientes de ello, nos hemos habituado a vivir en medio de la cultura de la ilegalidad y del menor esfuerzo, y, en muchos casos, nos hemos resignado a convivir con ellas.

Esta crisis de valores, no es un problema de riqueza, religión, raza, partido, tendencia ideológica u origen étnico, es un problema de educación y de formación integral del individuo.

El Estado mexicano, como conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, tiene la obligación de propiciar las condiciones indispensables, para que los gobernados vivan en armonía, desarrollo y bienestar social y, por lo tanto, debe implementar medidas preventivas urgentes para recuperar esos valores que se han perdido.

Existen medidas correctivas, como los códigos penales o de defensa social y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, que imponen sanciones a quienes recurren a la cultura de la ilegalidad, el cohecho, la extorsión, el tráfico de influencias, el soborno y otras prácticas corruptas, para obtener un beneficio adicional, sin embargo, estas se aplican cuando ya se ocasionó el daño y de ninguna forma prevén o disuaden con eficiencia los delitos, los actos de ilegalidad o de corrupción ,y con ciudadanos en las cárceles o servidores públicos inhabilitados, multados, amonestados no se resuelve el problema.

Es incontrovertible, que para resolver un problema de fondo, de manera eficiente y definitiva, se requiere ir precisamente a su raíz y, en este caso, la crisis de valores en la educación es el origen del problema.

La educación es, sin duda alguna, el elemento más importante que diferencia a las sociedades avanzadas y las que no lo son, las sociedades con un mejor nivel de vida y las que no lo tienen, las sociedades violentas y las pacíficas, las sociedades justas y las injustas, las sociedades corruptas y las no corruptas.

Es entonces necesario incluir, de manera urgente y obligatoria en los programas académicos de todos los niveles educativos y en todas las escuelas del país, contenidos específicos tendientes a exaltar los valores fundamentales bajo los cuales debe regirse la conducta y formación del mexicano, y siendo la crisis de valores en la educación ya un problema de estado y prioridad nacional, se hace inaplazable incluir su solución en nuestra ley fundamental, en nuestra Carta Magna, para que surta efectos desde en la más notable hasta en la más humilde institución educativa del país y no haya pretexto o argumento alguno para no hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, los valores fundamentales por los que debe regirse tanto el ser humano como la cultura de la legalidad y de la paz, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Benjamín Clariond Reyes Retanapara presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana : Estimado, señor presidente, quiero aclarar que esta iniciativa es presentada por diputados y senadores tanto del PRI como del PAN.

Las empresas mexicanas tienen necesidad de crecer, no sólo mediante la exportación de bienes y servicios al extranjero, sino mediante el establecimiento de empresas en otros países. La actual legislación, a diferencia del entorno y legislación internacional, inhibe el desarrollo de las actividades económicas fuera del país; actividades que no se pueden realizar desde México por diversos factores como son: regulación nacional, costos, viabilidad financiera.

Con el afán de atacar legítimamente las prácticas de la elusión fiscal, mediante las cuales se trasladaban utilidades a otros países con tasas de menores impuestos, en 2005 se introdujeron en México cambios que se conocen como regímenes fiscales preferentes, cuyo propósito era anticipar el pago de impuestos en México, de ingresos generados en el extranjero y que erosionaban la base de impuestos en nuestro país.

En este contexto, la legislación actual tiene un alcance mucho mayor a las legislaciones que existen en países con los que, o se tiene un importante intercambio comercial, o se compite por los mercados internacionales.

En particular, porque obligan a las empresas mexicanas a pagar un impuesto sobre ingresos que se generan totalmente en el extranjero, derivado de operaciones reales, en las cuales tanto el ingreso como la deducción o gastos relativos se llevan a cabo netamente en el extranjero.

El problema de competitividad se encuentra en el trato discriminatorio que se da a las operaciones financieras fuera del país, que en ningún momento los intereses cobrados en el extranjero dan lugar a una deducción fiscal en México, por lo que nunca erosionan la base fiscal del país; y sí, en cambio, se obliga a que en México se acumulen dichos intereses.

Esto provoca que aquellos grupos empresariales mexicanos, con inversiones y operaciones reales, que compiten en el extranjero, se encuentren en desigualdad de circunstancias respecto de empresas similares, ubicadas en otros países como son: Estados Unidos, España o Francia.

He de resaltar que la situación actual que atraviesa la economía a nivel mundial ha obligado a que los países tomen medidas para proteger sus inversiones. En este contexto se hace necesario fortalecer la competitividad internacional de los grupos empresariales mexicanos para estar en igualdad con sus principales competidores, ya que países como Estados Unidos, Francia o España han flexibilizado sus legislaciones, tratando de impulsar sus grupos multinacionales.

La reforma busca que los intereses que se generen en el extranjero no anticipen el pago de impuesto sobre la renta en nuestro país, siempre que no tengan una deducción en México y que se hayan pactado a precios de mercado, y que el impuesto se pague cuando se reciban los dividendos, efectivamente, en nuestro país. De esta manera se busca asegurar que se graven solamente las operaciones que representan una erosión para la recaudación en nuestro país.

En tal virtud, sometemos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo décimo cuarto al artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Adicionalmente, no se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los generados por entidades o figuras jurídicas del extranjero por concepto de intereses, siempre que éstos sean determinados a precios o montos que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comprobables y no generen una deducción autorizada para un residente en México.

Señor presidente, como me quedan 15 segundos, quiero comentar sobre un punto de acuerdo que presenté el martes sobre el impuesto a la cerveza. Ayer recibí una llamada de un amigo, de un pueblo pequeño de Nuevo León, Los Ramones, y me dijo: ``Benja, si autorizan ese incremento en el impuesto de la cerveza, en vez de llamarme Pancho Tecates, me van a llamar Frank Miller. No lo aprueben, por favor''. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados y senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el decimocuarto párrafo al artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las características de la economía mundial es la competencia en los mercados internacionales, que redunda a su vez en crecimiento económico interno de cada país. Diversas empresas mexicanas tuvieron que salir a competir en el entorno mundial no sólo para crecer sino, incluso, como medida necesaria para sobrevivir.

En el último año, la economía mundial ha enfrentado una de las peores crisis que se recuerden, cuyas consecuencias son por todos conocidas: altos niveles de desempleo, quiebra de empresas multinacionales, cierre de plantas de producción, diferimiento o incluso cancelación de proyectos de inversión. Por supuesto, el país no ha sido ajeno a esta crisis, como demuestran la caída de 10.4 por ciento ¹ del valor real del producto interno bruto en el segundo trimestre de este año y la tasa de desempleo, que se situó en 5.68 por ciento. ²

Las empresas mexicanas enfrentan una problemática particularmente difícil a causa de las contracciones del mercado mundial, que han implicado una disminución de la movilidad de capitales. Esto ha traído como consecuencias la disminución de la inversión y de los intercambios comerciales. Las empresas mexicanas con presencia en el extranjero se ven obligadas a buscar nuevas formas para resistir los embates de la crisis económica.

Ante esa situación, es oportuno retomar la iniciativa que se presentó en septiembre de 2004, por el Ejecutivo federal, ante el Congreso de la Unión, con proyecto de ``decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso'', que fue turnada el 9 de septiembre de 2004 a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen. La propuesta fue aprobada por el Congreso de la Unión el 13 de noviembre de 2004 y turnada al Ejecutivo, que la publicó el 1 de diciembre de 2004, y entró en vigor el 1 de enero de 2005.

En virtud de esta reforma, se modificó el Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ``De los Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales'', por ``De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales''. Asimismo, el Capítulo I del Título VI, ``De las Inversiones en Territorios con Regímenes Fiscales Preferentes'', pasó a ser ``De los Regímenes Fiscales Preferentes''.

La reforma pretendía desalentar y fiscalizar las inversiones realizadas conforme a estos regímenes, sobre todo cuando obtuvieran ingresos pasivos, como intereses, dividendos, regalías, ganancias de capital, mediante los cuales se diluyera la base del pago del impuesto en México. Específicamente, el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se modificó para establecer la obligación de anticipar el pago del impuesto por los ingresos provenientes de este tipo de regímenes, siempre que el impuesto sobre la renta efectivamente pagado en el extranjero fuera inferior a 75 por ciento del que se causaría y pagaría en México, eliminando así la lista de países clasificados como territorios con regímenes fiscales preferentes.

Con la reforma, México comenzó a adoptar las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual el país es miembro desde 1994, al homologar su sistema tributario con la tendencia mundial para combatir y minimizar el efecto negativo de estos regímenes. La preocupación por fortalecer las reformas aprobadas en 2004 en materia de regímenes fiscales preferentes se ha reflejado en diversas propuestas legislativas que dieron pauta a modificaciones de dicho régimen en 2006 y 2007, principalmente porque las normas aprobadas para el ejercicio fiscal de 2005 tuvieron un alcance mayor que el propósito original de la citada reforma.

Para el ejercicio de 2007, los legisladores adecuaron el Capítulo I del Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a los regímenes fiscales preferentes, continuando su perfeccionamiento y ajustándose cada vez más a las recomendaciones de la OCDE, tomando en cuenta que en un entorno tan globalizado como el actual las empresas necesitan salir a competir al extranjero, en busca de su crecimiento y, en algunos casos, su subsistencia. Por ello, dicha reforma tuvo como propósito fomentar la competitividad de las empresas mexicanas a escala internacional.

En el informe Harmful tax competition , la OCDE considera que los ``gobiernos no pueden permanecer inactivos mientras sus bases fiscales son erosionadas a través de acciones de países que ofrecen a los contribuyentes caminos para explotar paraísos fiscales y regímenes preferentes para reducir el impuesto que de otra manera les sería pagable''. <sup>3</sup> Sin embargo, reconoce ``la distinción entre regímenes fiscales preferentes aceptables y nocivos''. ⁴

Otros países han flexibilizado sus legislaciones tratando de impulsar la competitividad de sus grupos empresariales. Tal es el caso de Francia, que busca anticipar el pago de impuestos únicamente por las operaciones que tienen la intención de situar ingresos fuera de Francia. Estados Unidos estableció una reforma en el periodo 2006-2009 para que las empresas subsidiarias en el extranjero no anticiparan el impuesto en Estados Unidos por los ingresos pasivos, pero en cambio recibirían mayor productividad y generación de riqueza, la cual se gravará al percibir el dividendo en Estados Unidos. España busca evitar el uso de subsidiarias extranjeras que erosionen la base del impuesto local, no anticipa impuestos por actividades empresariales ni anticipa rentas cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes en ese país.

Precisamente, el reconocimiento de que hay operaciones pasivas en regímenes fiscales preferentes que no erosionan la base del impuesto en México dio origen a la reforma del ejercicio de 2007, excluyendo ciertas operaciones que no generan una deducción fiscal en México o que implicaron la salida de ciertos activos por la cual se pague el impuesto considerando valores de mercado para evitar así una manipulación de la base gravable.

Si bien esta reforma incorporó la posibilidad de que por concepto de ciertos intereses no tuviera que pagarse por anticipado el impuesto, fue insuficiente, dado que desconoció la existencia de operaciones de financiamiento que se llevan a cabo totalmente en el extranjero; es decir, las que no involucran la participación de entidades mexicanas en el pago de intereses. Por tanto, no se deducen en México dichos intereses devengados o pagados y de esta forma, no se erosiona la base tributaria en nuestro país. Sin embargo, las disposiciones vigentes obligan a que se pague el impuesto sobre la renta en forma anticipada, dando origen a una clara desventaja competitiva para las empresas mexicanas.

Por ello y sin menoscabo al combate de los regímenes fiscales preferentes, es necesario incorporar en la Ley del Impuesto sobre la Renta el reconocimiento de los ingresos por intereses cuando éstos se deriven de capitales que no den lugar a una deducción fiscal en México, toda vez que no erosionan la base del impuesto en nuestro país. Esta propuesta pretende continuar con el reconocimiento que los propios legisladores han observado como necesarios para mantener la competitividad de las empresas mexicanas a nivel internacional, continuando con el fortalecimiento del régimen y el combate de la elusión fiscal.

La competencia a nivel mundial requiere de un mayor esfuerzo tanto de los particulares como del Estado, máxime que las condiciones actuales de la economía mundial así lo demandan. Precisamente en estos momentos de crisis, es necesario construir una mejor regulación para asegurar la libertad de circulación de capitales y de establecimiento que son necesarias para el crecimiento económico, pero que también combata eficaz y focalizadamente, la evasión y la elusión fiscal. De esta manera, se estará protegiendo la generación de riqueza, inversión, empleos y ahorro, al mismo tiempo que se eliminarán aquellas prácticas que sólo tengan como fin generar un daño en la recaudación.

Es importante resaltar que los ingresos por intereses a que se refiere esta iniciativa pagarán el impuesto sobre la renta, como sucede en otros países de la OCDE, en el momento en que la entidad o figura jurídica extranjera en la que participe directa o indirectamente un contribuyente mexicano, distribuya los dividendos o utilidades correspondientes y sean recibidos por las sociedades residentes en México. Por lo tanto, estos ingresos en ningún caso dejarán de pagar el impuesto sobre la renta en México.

Así, la presente iniciativa tiene como propósito reconocer el difícil entorno competitivo que enfrentan las empresas nacionales que operan en el extranjero y dar plena observancia a las recomendaciones de la OCDE. Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía que se otorgue el mismo trato fiscal que actualmente contempla la ley para ciertas operaciones pasivas, a los intereses que se originan en el extranjero por operaciones celebradas totalmente en el extranjero y que no signifiquen una deducción fiscal en México, es decir, que no erosionen la base fiscal.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el decimocuarto párrafo al artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 212. ...

Adicionalmente, no se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los generados por entidades o figuras jurídicas del extranjero por concepto de intereses, siempre que éstos sean determinados a precios o montos que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables y no generen una deducción autorizada para un residente en México.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Notas: 1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2009. México: SHCP, 2009. página 4. 2 Ibídem, página 9. 3 Harmful tax competition. An emerging global issue. OCDE, Francia: 1998, página 37. 4 Ibídem, página 8.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado Clariond Reyes Retana.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al capítulo de proposiciones... Perdón, hemos recibido de la Junta de Coordinación Política el siguiente documento, que pido a la Secretaría dé cuenta de él.

CONSEJO EDITORIAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 4o. de los Lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos de impresión de la Cámara de Diputados, los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el presente acuerdo, al tenor de las siguientes

Considerandos

Con base en las consideraciones anteriores y con el interés de llevar a cabo un proceso tendente a ordenar las tareas editoriales para fortalecer la utilidad de las publicaciones que realiza la Cámara y racionalizar el uso de los recursos que se destinan para tal fin, se formula el siguiente

Acuerdo

Primero. Se autoriza la constitución del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura como una instancia técnico-académica de apoyo a la Junta de Coordinación Política.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos de impresión de la Cámara de Diputados, el Consejo Editorial se integrará por

Tercero. La Presidencia del Consejo Editorial se desempeña por un año e invariablemente estará a cargo del diputado perteneciente al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. El Consejo Editorial tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el siguiente sistema, de conformidad con lo siguiente:

Quinto. El Consejo Editorial deberá reunirse por lo menos una vez al mes y, cuando se requiera, de manera extraordinaria, a solicitud de su presidente.

Sexto. Las funciones bajo la responsabilidad del Consejo Editorial serán las siguientes:

Séptimo. Los diputados de la LXI Legislatura que integrarán el Consejo Editorial son los siguientes:

Octavo. El Consejo Editorial cuidará que la autorización de recursos para las publicaciones de la Cámara de Diputados corresponda a los criterios de proporcionalidad en atención al número de diputados que conforman cada grupo parlamentario.

Noveno. Todo acuerdo del Consejo Editorial podrá ser revocado por la Junta de Coordinación Política.

Décimo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo Transitorio

Único. El Consejo deberá instalarse a más tardar dentro de los quince días hábiles contados a partir de la autorización del presente acuerdo y de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y contará con un plazo perentorio de hasta 30 días a partir de su instalación para presentar a consideración de la Junta de Coordinación Política los criterios que regirán a las publicaciones que apoye la Cámara.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias.Aprobado. Comuníquese.

Con puntos de acuerdo relativos al proyecto de presupuesto 2010, tenemos 18 proposiciones que se han presentado a esta Presidencia.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Recibimos del diputado Félix Flores Morales proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para el Ejecutivo federal y los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Pensiones y Prestaciones de los Ferrocarrileros Jubilados, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Víctor Félix Flores Morales , en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010 se consideren los recursos actuarialmente necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al fondo de jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, para que el comité técnico del citado fideicomiso esté en condiciones de autorizar el incremento del número de días que anualmente se paga a los fideicomisarios por concepto de aguinaldo y se aumenten las pensiones de este grupo de jubilados en un porcentaje superior a la inflación determinada con base en el índice nacional de precios al consumidor.

Antecedentes

1. En virtud de la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Constituyente Permanente y la aprobación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario por parte del honorable Congreso de la Unión, a partir del año de mil novecientos noventa y siete se inició en nuestro país la explotación y administración del servicio público de transporte de mercancías a través de vías férreas por parte de la iniciativa privada, mediante concesiones que para tal efecto recibieron del Poder Ejecutivo federal.

2. Con este motivo, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de ser la entidad operadora y administradora de los ferrocarriles en nuestro país, y ante ello las autoridades laborales competentes resolvieron dar por terminadas las relaciones, individuales y colectivas de trabajo y una de las consecuencias fue que 56 mil 372 ( cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos) trabajadores del organismo público descentralizado en cita obtuvieran el beneficio de su jubilación al cumplir con los requisitos contractuales y legales para ello.

3. El gobierno federal, en respuesta a la gestión de la Dirigencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado en cita, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a estudios actuariales realizados, los recursos económicos necesarios para tal fin, constituyéndose con este propósito, mediante contrato de fecha 19 de diciembre de 1997 el fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, modificado por convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el fondo de jubilaciones convenido previamente en la contratación colectiva, el que, a partir de mil novecientos ochenta y ocho se ha hecho cargo del pago de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes.

4. Conforme a los estudios actuariales anexos al convenio modificatorio de fecha 26 de septiembre del 2000, el monto de los recursos del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al fondo de jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, eran suficiente para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones en los montos, términos y condiciones establecidos en el contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el índice nacional de precios al consumidor dado a conocer por Banco de México, ahora por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año inmediato anterior.

5. La falta de coincidencia entre el inicio de operaciones del fondo de jubilaciones, 26 de septiembre de 2000; el último proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1 de junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el índice nacional de precios al consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del fondo de jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que es además de justo, conveniente que este grupo de jubilados, con cuyo esfuerzo se forjó y desarrolló una de las industrias más importantes y representativas del desarrollo de nuestro país, reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó en sus ingresos.

6. Resulta importante mencionar que el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, durante la vigencia de las relaciones laborales, en los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, solicitó reiteradamente del patrón Ferrocarriles Nacionales de México el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes de pensiones y jubilaciones del país. Sin embargo, esta negociación no llegó a formalizarse ante la conclusión del proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos y en consecuencia de las relaciones obrero-patronales.

7. En las anteriores circunstancias, el citado fondo de jubilaciones únicamente protege a los ferrocarrileros jubilados un aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si se atiende a que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social ( IMSS, ISSSTE, etcétera) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al fideicomiso que administra el fondo de jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual de los ferrocarrileros jubilados se ajuste como mínimo a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

8. Este tema ha sido planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de los distintos grupos parlamentarios; abordándose en la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente este tema para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical. Ejemplos de ello lo constituyen el punto de acuerdo que aprobara el pleno del Senado de la República, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002; la propuesta presentada en sesión de fecha 2 de diciembre de 2003 ante el pleno de esta soberanía; la presentada por 24 (veinticuatro) diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de octubre de 2004, esto último dentro de la LIX Legislatura federal.

9. En el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal, de nueva cuenta el suscrito y veinticinco diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante propuesta con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 4 de octubre de 2005 insistieron ante esta soberanía sobre este tema y fueron respaldados por la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo que de esta instancia se publicó en la Gaceta Parlamentaria de fecha 6 de octubre de 2005.

10. La voluntad política de los grupos parlamentarios en apoyar este justo planteamiento que, por conducto de su dirigencia sindical, hacen los ferrocarrileros jubilados para ver incrementado el aguinaldo que reciben del fondo de jubilaciones y un ajuste a sus pensiones jubilatorias, se vio reflejada en la inclusión dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 de una partida presupuestal por cincuenta millones de pesos para que el gobierno federal la destinara a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC; cantidad que tomando en cuenta los 45 mil 697 ( cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y siete) ferrocarrileros jubilados que sobrevivan a la fecha y cuyas pensiones y prestaciones eran pagadas por el citado fideicomiso, fue apenas suficiente para entregarles en diciembre de dicho ejercicio presupuestal, apenas una pequeña cantidad como gratificación anual, pero que estuvo muy lejos de ser suficiente para fondear financieramente al fideicomiso para que el aguinaldo que reciben se incremente a un mes del importe de la pensión mensual jubilatoria vitalicia que reciben.

11. Los trabajadores ferrocarrileros jubilados cuyas pensiones y prestaciones se encuentran garantizadas por el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, a través de sus representantes generales por jubilados en las 39 (treinta y nueve) secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, solicitan de nueva cuenta la intervención de la honorable Cámara de Diputados para que se autorice la partida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que les permita acceder a los treinta días de aguinaldo anual.

12. Por ello los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, convocamos al resto de los grupos parlamentarios representadas ante esta honorable soberanía para que, honrando el compromiso con este importante grupo de jubilados y pensionados ferrocarrileros, adoptemos el acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen a la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, que administra el fondo de jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, con objeto de cubrir su déficit financiero y para que el comité técnico del mismo esté en condiciones de incrementar las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la inflación determinada por el Banco de México con base en el índice nacional de precios al consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados para hacerlo coincidir con el importe de una mensualidad que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

13. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 4o. del decreto por virtud del cual se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, que impone la obligación al gobierno federal de constituirse en garante permanente de los derechos de los ex trabajadores del organismo público descentralizado y de que el fondo de jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

14. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical por conducto de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta honorable soberanía que se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2010, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.

Por lo expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicitamos, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al fondo de jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y con ello hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en los antecedentes de esta presente propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado José María Valencia Barajaspropuesta sobre proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y se consideren mayores recursos para los programas federales de agua y saneamiento delDistrito Federal, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para los programas federales de agua y saneamiento del Distrito Federal, a cargo del diputado José María Valencia Barajas y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

José María Valencia Barajas , secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en nombre propio y de los diputados del Distrito Federal, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La zona metropolitana de la Ciudad de México padece de falta de disponibilidad de agua, y esta falta de disponibilidad se ha convertido en los últimos tiempos en una verdadera crisis.

Esta crisis se manifiesta, por un lado, en el abatimiento de los mantos freáticos producto de la sobreexplotación del llamado acuífero del valle de México y, por otro lado, por el abatimiento de las presas que alimentan el Sistema Cutzamala, producto de la variación del las lluvias estacionales y la deforestación en la propia zona de los afluentes del Cutzamala.

En tiempos más recientes las consecuencias del cambio climático han agravado la crisis hídrica de la Ciudad de México, afectando los ciclos estacionales de las lluvias provocando en ocasiones sequias atípicas y, en otras, torrenciales lluvias extremas en zonas que no son de recarga del acuífero.

Para enfrentar los estragos de esta crisis se requiere, ordinariamente, incrementar la eficiencia física y comercial; esto significa renovar, sustituir y sectorizar la red de distribución de agua para evitar fugas y desperdicios además de ampliar la capacidad de recaudación por la prestación del servicio. Se requiere ampliar la capacidad de desahogo de las redes del drenaje pluvial y del drenaje profundo. Todas estas acciones representan una erogación anual superior a los 5 mil millones de pesos. Durante los últimos tres años, el Gobierno de la Ciudad ha logrado cubrir un porcentaje no mayor a 20 por ciento de esas necesidades anuales a través del programa federalizado Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU).

Es preciso comentar que los recursos con los que el Distrito Federal cuenta través del APAZU son ejercidos a cabalidad, a pesar de que el gobierno local tiene que aportar hasta 60 por ciento de contraparte, la Conagua no ha reportado ni un solo subejercicio de este programa, tan sólo para el corte del primer semestre del presente ejercicio fiscal, todos los recursos estaban ya formalizados y comprometidos, lo que representó que para ese corte semestral, el Distrito Federal fuera la única entidad federativa sin subejercicios en el programa.

En forma urgente se requiere incrementar la infraestructura para tratar las aguas residuales a efecto de sustituir el empleo de agua potable para consumos industriales, suntuarios y de riego urbano; pero, sobre todo, se requiere someter a un tratamiento terciario especializado un volumen considerable de aguas residuales con la finalidad de infiltrarlas artificialmente para recargar el acuífero.

La infiltración artificial del acuífero es un procedimiento que se aplazó por considerable tiempo ya que el Ejecutivo federal tardó poco mas de 5 años en publicar la NOM 14-Conagua-2003 y la NOM-15-Conagua-2007, con la publicación oficial de estas normas el pasado 14 de agosto de 2009, al fin se cuenta con un parámetro técnico que permita realizar el proceso de infiltración artificial en forma adecuada. Lo que ahora se requiere es contar con los recursos financieros para generar la infraestructura de infiltración.

Respecto al tratamiento de aguas residuales es preciso señalar que el Distrito Federal ha sido relegado de los beneficios del Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento.

Vale recordar que ese programa fue propuesto ante este pleno en octubre de 2007 por diputados del PRD y que la mayoría de los integrantes de Cámara de Diputados brindó su apoyo a esa iniciativa. Originalmente el programa pretendía hacer concursar a municipios que contaran con cuerpos de agua o playas como interés turístico por fondos federales para tratar sus descargas de agua residual. Posteriormente, Conagua adecuó la propuesta para beneficiar a un universo más amplio de localidades en el país. Sin embargo, al publicar los lineamentos del programa impuso la restricción de que sólo serian objeto de beneficio localidades menores a 500 mil habitantes.

El cumplimiento de la condicionante mencionada ha sido muy laxo. Afortunadamente el burlar la restricción ha permitido que ciudades como Chihuahua, Hermosillo, Querétaro y Villahermosa hubieran sido beneficiadas con el Programa Fondo Concursable. La restricción sobre el número menor de población solo ha propiciado la simulación.

La imperiosa y urgente necesidad de tratar aguas residuales para intercambiar fuentes y usos de agua requiere que todas las localidades del país puedan ser susceptibles de ser beneficiadas con el Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento, máxime cuando zonas metropolitanas como la de Guadalajara o la Ciudad de México ostentan un rezago en el volumen de aguas residuales tratadas y esa agua puede ser fuente de abastecimiento al ser tratada especialmente e inyectada artificialmente al acuífero.

Por lo expuesto y fundado, es que sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 considere asignar al menos la misma cantidad de recursos aprobados para el ejercicio fiscal de 2009 a los programas federalizados a cargo de la Comisión Nacional del Agua en el Distrito Federal. Lo anterior, partiendo de la base de los mil millones de pesos aprobados a la partida B00 S079, ``Programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas'', y los 300 millones aprobados a la partida B00 K131, ``Túnel Emisor Central y Túneles Interceptores''. Adicionalmente se solicita la asignación de 800 millones de pesos al Distrito Federal a través de la partida B00 U019, ``Recuperación de Mantos Acuíferos Sobreexplotados'', a efecto de generar infraestructura para la inyección de agua tratada al acuífero del valle de México de acuerdo a la NOM-015-Conagua-2007, para de este modo posibilitar una solución al problema de escasez de agua, particularmente en la zona de Iztapalapa.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el cuerpo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 destine un artículo que disponga la anulación del criterio prevaleciente en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua que impide que poblaciones mayores a 500 mil habitantes se beneficien del Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento.

Tercero. En consecuencia con el anterior resolutivo, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 considere asignar un monto de 700 millones de pesos al Distrito Federal a la partida B00 S218, ``Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento'', a efecto de propiciar el aumento en el caudal de aguas tratado en la planta de cerro de la Estrella y someterlas a un tratamiento terciario especializado, para que puedan ser inyectadas al acuífero de acuerdo a la NOM-014-Conagua-2003.

Cuarto. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se propone como posible fuente de financiamiento de los incrementos propuestos 1. El monto de los ajustes y reasignaciones provenientes del Ramo 23, ``Previsiones Salariales y Económicas''; 2. El monto de las reasignaciones internas del Ramo 16, ``Medio Ambiente y Recursos Naturales''; 3. El monto adicional de recaudación producto de las reformas a la Ley Federal de Derechos; 4. Los que estime pertinente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, propuesta sobre el ejercicio fiscal 2010 para que se consideren recursos para la creación de un servicio médico forense en el municipio de Moroleón, Guanajuato.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear un servicio médico forense en Moroleón, Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Norma Leticia Orozco Torres , diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos para la creación de un servicio médico forense (Semefo) en el municipio de Moroleón, Guanajuato; al tenor de los siguientes

Antecedentes

La zona metropolitana que comprende los municipios de Yuriria, Uriangato, y Moroleón, en la región sur del estado de Guanajuato, cuenta con 163 mil 270 habitantes entre los tres, los cuales aportan anualmente al producto interno bruto 8 mil 950 dólares per cápita; es decir, 1,461,331,650.00 (un mil cuatrocientos sesenta y un millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta dólares). A pesar de que estos seis municipios son principalmente urbanos, cuentan con un porcentaje importante de población que vive en zonas rurales, con aproximadamente el 35 por ciento.

Esta zona de gran importancia para el estado de Guanajuato no cuenta con un servicio médico forense que brinde apoyo a la población cuando se presenta una situación de urgencia, debido a los accidentes que se suscitan en la vía pública de toda comunidad.

El Semefo más cercano a las comunidades en cuestión es el que se localiza en la ciudad de Celaya, que brinda apoyo forense a los municipios de Yuriria, Uriangato, Santiago Maravatío, Tarimoro, Salvatierra y Moroléon.

A pesar del servicio brindado por el Semefo de Celaya, la infraestructura no es la suficiente para que la ciudadanía de Celaya y toda el área metropolitana de Moroléon tengan cubierta la necesidad de servicios forenses con prontitud.

Consideraciones

El servicio médico forense es básico para una comunidad que requiere mecanismos técnicos de apoyo, para que las autoridades puedan administrar e impartir justicia de manera eficiente. Además, los servicios médicos forenses brindan el apoyo necesario a la ciudadanía cuando ésta requiere de periciales médicas, o cuando existen defunciones en lugares públicos.

Es importante al igual que trascendente que se apruebe la instalación a la brevedad posible de un Semefo en el municipio de Moroleón, debido a que daría asistencia a 226 comunidades que ya exigen que sus gobernantes les suministren este servicio básico, además de que es esta localidad urbanizada cuenta con accesos prontos a los municipios de Yuriria y Uriangato, así como a sus poblados más apartados.

El servicio médico forense más cercano para los ciudadanos de los municipios de Moroleón, Yuriria y Uriangato se encuentra en la ciudad de Celaya Guanajuato, aproximadamente a hora y media de la ciudad de Moroleón, poco más de tres horas de la comunidades más lejanas como son Amoles y Loma de Sempoala.

Condenar a los parientes de las personas que mueren por accidentes en la vía pública a un traslado de hasta tres horas, resulta indigno para una sociedad moderna. Es importante que las comunidades de Moroleón, Yuriria y Uriangato alcancen al siglo XXI y dejen de sufrir el calvario que significa ir a identificar o en su caso a recoger a sus parientes. Amén del tiempo que tarda el Semefo más cercano en recoger a quienes por desgracia fallecieron en la vía pública.

La administración de justicia también tiene que alcanzar la modernidad. Los servicios periciales que debe ofrecer un Semefo no pueden ser efectuados en comunidades tan lejanas, en detrimento de los justiciables. Los resultados de una prueba pericial deben ser pronta a fin de que la justicia se cumpla cabalmente.

La ciudadanía guanajuatense de antedichas comunidades exige un servicio de urgente y básica necesidad cuando se presenta un accidente con resultados mortales. Es necesario que los legisladores comprendamos el dolor que causa la pérdida de un ser cercano, aunado a que en un momento trágico no exista la infraestructura necesaria para darle el trato debido a las víctimas y a sus deudos.

Por ello y con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos para la creación de un servicio médico forense en el municipio de Moroleón, Guanajuato.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guanajuato a girar instrucciones y los recursos necesarios, por conducto de la Procuraduría de Justicia del Estado, en el ámbito de colaboración entre los Poderes y en cumplimiento del pacto federal, para la creación de un servicio médico forense en el municipio de Moroleón.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propuesta sobre el presupuesto 2010 para que se consideren mayores recursos para el sector educativo, tanto en el Ramo 11 como en el gasto federalizado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Propuesta del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sobre el presupuesto 2010 para que se consideren mayores recursos para el sector educativo, tanto en el Ramo 11 como en el gasto federalizado.

Señor Presidente, compañeros legisladores:

El tiempo que nos otorga la presentación del punto de acuerdo que se ha enunciado, no permitiría una explicación detallada y explícita que lo motiva.

Por eso tan solo me remitiré a hacer algunas breves reflexiones de su propósito y dado que su contenido íntegro se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solamente solicito al señor Presidente que se integre esta presentación en el Diario de los Debates.

El alguna ocasión, en esta misma tribuna citamos que si bien estamos conscientes de las dificultades económicas que atraviesa nuestro país, la propia crisis no pueden ser argumentos para evitar apoyar algunos aspectos fundamentales, incluso, para superar la dificultad en el largo plazo para el progreso de la nación.

Efectivamente aspectos como la educación, la salud, la atención a la pobreza, entre algunos otros no pueden restringirse por que equivaldría a la vieja parábola de detener el reloj para que el tiempo no pase.

Desde nuestra óptica no sólo en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sino en el de muchos de los legisladores aquí presentes, la educación es el instrumento por excelencia para poder aspirar a incorporarnos al mundo de la competitividad, de la superación y del progreso, y si bien es cierto que pueden existir algunos ramos o actividades de otra naturaleza que pudieran ser prescindibles o reducidos esto no puede pasar en la educación.

Una visión somera del presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda para el 2010, nos deja claro que no plantea presupuesto para creación de nuevas plazas de docentes; es decir, hace suponer que en Hacienda se cree que no habrá ningún nuevo grupo de alumnos en preescolar, primaria, secundaria.

Igualmente se deja sin fortalecer programas tan importantes como el de mejoramiento en la infraestructura y la tecnología para elevar la calidad de la educación principalmente en educación básica; se desincentivan programas tan importantes como el de la atención a grupos marginados o el de la enseñanza del inglés como segunda lengua.

En suma estoy seguro que la revisión detallada que responsablemente haremos cada uno de nosotros del presupuesto educativo y en su momento las comisiones correspondientes, darán un mayor abundamiento en los temas que solamente trate de enunciar, por lo que me remitiré finalmente a expresar el punto de acuerdo que se propone ante esta soberanía.

Único. Se exhorta a las comisiones de Educación Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública para que al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, se consideren ampliaciones presupuestales al sector educativo, tanto en el Ramo 11 (Educación Pública) como en el gasto federalizado que son los recursos que se transfieren a entidades federativas y municipios.

Roberto Pérez de Alva Blanco , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el caso de la presente administración se tiene la premisa básica de la política económica como la mejora del desarrollo humano sustentable, a través de cinco ejes rectores:

Aunque los objetivos nacionales sean factibles, la situación económica ha impuesto un ambiente restrictivo, que obliga a tomar acciones inmediatas en la propuesta económica sin modificar las premisas y los objetivos centrales de la política económica.

Ante esta situación, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se presenta como una propuesta inmersa en una crisis internacional que afecta las finanzas públicas nacionales, por una merma de los ingresos públicos regulares, lo que impulsa a modificar el nivel y la composición presupuestales.

En el continente americano se ha experimentado durante las últimas décadas un importante crecimiento de los niveles de acceso a la educación básica. Sin embargo, éste no siempre se ha acompañado por un aseguramiento universal de la conclusión de los estudios de dicho nivel. De hecho, para los mandatarios de los países del continente, los actuales desafíos de los sistemas educativos de la región, por lo que respecta a la educación básica, han dejado de estar asociados a la garantía del acceso y se vinculan ahora con la necesidad de asegurar tanto la conclusión como el logro de determinados niveles de aprendizaje. México necesita mejorar su desempeño educativo, para lo cual es esencial revisar la forma en que se invierte el presupuesto en educación.

La educación y la formación de capital humano de excelencia y de ciudadanos integrales son una prioridad nacional y una política de Estado; sólo mediante la inversión en la materia podrán enfrentarse los retos que imponen al país el fenómeno de la globalización y los diversos desafíos de un entorno más competitivo. Ninguna nación puede prescindir de una educación de calidad para todos los estudiantes que, a su vez, impulse procesos productivos y el desarrollo de la sociedad.

Como resultado de diversos diagnósticos sobre la educación pública en México, es necesario impulsar políticas orientadas a resolver rezagos en ámbitos estratégicos como el funcionamiento de las escuelas, el bajo aprovechamiento de los alumnos, la capacitación y formación de los docentes y los factores socioculturales y económicos de los estudiantes, a los que se agregan problemas en la propia administración del sistema educativo, como un estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, la insuficiente comunicación entre los agentes escolares, la escasa participación social en las tareas de la escuela y los excesivos requerimientos administrativos que limitan a los directivos para ejercer un verdadero liderazgo académico, el ausentismo de los docentes, el uso ineficiente de los recursos disponibles, y las deficiencias en infraestructura y equipamiento.

De la demanda de la sociedad por una educación de calidad, equitativa e incluyente se deriva una serie de compromisos para 2010 en materia de infraestructura y equipamiento, reforma curricular, capacitación del magisterio, atención de grupos vulnerables, tecnologías y conectividad y cobertura y atención, que tuvieron que ser considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Sin embargo, esta condición no se cumple en el proyecto entregado en la Cámara de Diputados.

El gasto programable propuesto en el ramo 11 (`` Secretaría de Educación Pública'') para el ejercicio de 2009 obtuvo un presupuesto aprobado por 200 mil 930.5 millones de pesos, importe que, comparado con el proyecto de Presupuesto de 2010, por 196 mil 415.6 millones de pesos, resulta menor en términos reales, con un decremento de -14 mil 360.49 millones de pesos, lo que representa una variación real de -6.8 por ciento, como se observa en el siguiente cuadro:

En el gasto federalizado (recursos que se transfieren a entidades federativas y a municipios), en el ramo 33 (``Aportaciones federales para entidades federativas y municipios''), hay ocho fondos, de los cuales tres tienen que ver con la función de educación:

En el ramo 33, el FAEB presenta un incremento en términos reales de 3.008 millones (1.30 por ciento de incremento real), el FAM de 278 millones (2.05 por ciento real), a diferencia del FAETA, que presenta un decremento real de 60 millones, con un porcentaje de -1.34 real, como se observa en el siguiente cuadro:

En los ramos generales, también hay otro que tiene que ver con la función educación, el 25 (``Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal tecnológica y de adultos'').

En el ramo 25 se tiene una asignación en el Presupuesto de 2010 de 43 mil 101.0 millones de pesos, contra 49 mil 36.4 aprobado en 2009, que a precios corrientes representa una disminución de -16.1 por ciento real.

Por ello considero fundamental otorgar los recursos necesarios al sector educativo, a efecto de atender la demanda de la sociedad con una educación de calidad y fortalecer la premisa básica de esta administración como la mejora del desarrollo humano sustentable, propiciando un desarrollo regional equilibrado al fortalecer también las entidades federativas.

Es necesario revertir el decremento del gasto programable propuesto para el ramo 11 (`` Secretaría de Educación Pública''), ya que para el ejercicio de 2009 obtuvo un presupuesto aprobado por 200 mil 930.5 millones de pesos, importe que, comparado con el proyecto de Presupuesto de 2010, por 196 mil 415.6 millones de pesos, resulta menor en términos reales, con un decremento de -14 mil 360.49 millones de pesos, lo que representa una variación real de -6.8 por ciento.

En el ramo 33, el FAEB presenta un incremento en términos reales de 3 mil 8 millones (1.30 por ciento real) y el FAM de 278 millones (2.05 por ciento real), pero tenemos que reforzar las acciones que en materia de educación realizan las entidades federativas, por lo que el incremento real en estos fondos debería ser de 3 por ciento.

Por último, respecto del FAETA, que presenta un decremento real de 60 millones con un porcentaje de -1.34 real, propongo que quede en los mismos términos del ejercicio de 2009, con la intención de revertir este decremento en términos nominales.

Por ello someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren ampliaciones presupuestales en el sector educativo, en el Ramo 11 (educación pública) y en el gasto federalizado (recursos que se transfieren a entidades federativas y a municipios).

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonadoy suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, propuesta por la que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que haga una revisión detallada del IETU.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que revise de manera detallada el IETU, sus resultados y sus repercusiones reales en las estructuras económicas para reducirlo y evitar sus efectos negativos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, someten al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se haga una revisión detallada del IETU, de sus resultados y sus impactos reales en las estructuras económicas del país, más allá de los impactos puramente recaudatorios, a fin de ajustarlo a la baja y evitar sus efectos negativos, con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) fue aprobado por el Congreso de la Unión el 1 de junio de 2007 como parte del paquete de reforma fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo federal. A partir de su establecimiento, los diversos sectores de la población, especialmente los productivos, tanto en su vertiente de carácter empresarial como de prestadores de servicios y servicios profesionales, manifestaron sus inquietudes que iban desde la incertidumbre de cómo formular sus declaraciones y, sobre todo, sus impactos directos reales en sus estructuras impositivas particulares.

Como sabemos, la tasa del IETU es de 17.5 por ciento, pero en artículos los transitorios de la ley se estipula que para el ejercicio fiscal de 2008 la tasa sería de 16.5 por ciento, para 2009 es de 17 por ciento y para 2010 y ejercicios subsecuentes esta será de 17.5 por ciento. En resumen, lo que se pagará será la cantidad que de los ingresos obtenidos (ganancia por venta de bien o servicio), menos las deducciones debidamente requisitadas y que son conforme a derecho, generando un resultado que se multiplicara por 0.17, dando así el impuesto a proporcionar al gobierno mexicano.

El impuesto se calcula aplicando la tasa del impuesto a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas descritas anteriormente, las deducciones autorizadas que establece la ley. Como vemos es realmente complejo en su aplicación por lo que ha incrementado los costos por la necesidad de contratar personal profesional para su declaración, convirtiéndose sólo en el aspecto de su declaración en un verdadero problema para los pequeños contribuyentes.

Por otra parte, los argumentos presentados por el Ejecutivo federal para la imposición de este impuesto nunca fueron convincentes para quienes se verían obligados a tributar este impuesto.

Así, se manifestaba que ``no es benéfico para nuestro país el sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros''. Por lo que ``el objetivo es sentar las bases para que mediante el pago de contribuciones, equitativas y proporcionales, la sociedad transfiera recursos destinados a generar los bienes y servicios públicos que la misma sociedad valora y demanda''.

Lo anterior, sin dejar en claro a que se refería el gobierno federal con ``equidad y proporcionalidad'', ya que a lo largo de su implementación ha quedado en evidencia que se trata de un impuesto que no tiende a proporcionar mayor equidad, confundiendo a menudo el Ejecutivo igualdad, con equidad, en donde no se reconoce la particularidad que cada empresario o cada profesionista, haciendo de las igualdades inequidades manifiestas.

Es por ello que, sin legislar de manera casuística, se debe reglamentar de manera que se establezca un marco en donde se atienda a la particularidad y la equidad, que cumpla con la función de recabar ingresos para el cumplimiento de las obligaciones que tenemos todos para con el Estado mexicano pero que también a la vez inhiba la discrecionalidad y el abuso. Todo ello es posible si se regula bien, cuesta trabajo e imaginación, pero todos debemos estar comprometidos en ello.

Sin llegar a lo que el Ejecutivo ha denominado ``un excesivo formalismo jurídico que abre nuevos espacios para que unos cuantos contribuyentes se beneficien, en tanto que el resto encuentra más gravoso el costo asociado al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se fomenta una cultura de incumplimiento fiscal que alienta a la informalidad'', que es en lo que precisamente se ha caído, hay que hacer el esfuerzo de regular con claridad y transparencia, hoy día no se sabe como se cumple, no se ha logrado ampliar la base de contribuyentes con la economía informal y contrariamente si ha logrado crear malestar e incertidumbre en la sociedad al no saber si está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones tributarias.

El IETU en la práctica se alejó de los aparentes propósitos que habían animado al establecimiento de este impuesto que era ``un instrumento tributario flexible, neutral y competitivo, capaz de adaptarse a la necesidad de obtener mayores recursos tributarios con efectividad, equidad y proporcionalidad''. Por que ni es flexible, no es neutral y lejos de alentar la competividad la inhibe, como ha quedando demostrado a lo largo del tiempo en que este impuesto se ha venido aplicando.

Es claro que lo que se ha pretendido en los últimos años de parte del Ejecutivo federal es el establecimiento de mecanismos impositivos de fácil recaudación, por ello siempre se privilegia la medida de establecer mayores gravámenes a los causantes cautivos, en lugar de tratar de ampliar la base de contribuyentes.

Ello queda de manifiesto en los sujetos y las actividades a las que se les ha venido aplicando este impuesto: Personas físicas (con actividad empresarial o régimen intermedio) y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país; por la realización de las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios, por la expedición de recibos de honorarios, por el arrendamiento financiero, liquidación de cuentas incobrables.

Por otra parte, los resultados esperados suponían que la aplicación de la contribución empresarial que se aprobó, a una tasa única del 19 por ciento, generaría ingresos adicionales del orden de 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a partir de 2009, en tanto que durante 2008, se estimaba obtener una recaudación del 1.3 por ciento del PIB.

Dichas metas no se han cumplido en ninguno de los años en que se ha aplicado la imposición y que incluso para el presente año se espera que caiga en más de un 8 por ciento respecto al año anterior.

Todo ello porque es un impuesto mal planeado y que sólo atiende a una visión simplista de mayor recaudación sin atender los impactos en las estructuras productivas, su crecimiento, sus efectos en el empleo, pero sobre todo su impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos, quienes se han sumado a la lamentable cifra de desempleados, constante que ha prevalecido a lo largo de los últimos años como consecuencia malas decisiones ya que el propio Poder Ejecutivo recientemente reconoció se había incrementado en 6 millones, dato que sin duda debe se ser mucho más alta, a pesar de que el ``presidente del empleo'' la dio a conocer, pero la pobreza y el desempleo están íntimamente ligados.

Ahora bien, el impacto real causado por el IETU, nos indica que las empresas independientemente de que hayan tenido pérdidas, deben pagar el 16.5 por ciento de sus ingresos brutos del año. El costo se traduce en una lenta recuperación de la actividad económica porque, de lo poco que le ingrese a la empresa, va a tener que darle el 17 por ciento al gobierno.

Insistimos, no ha cumplido su objetivo de recaudación, así lo demuestran los informes trimestrales de las finanzas públicas, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

El IETU fue planteado para un escenario con crecimiento, inversión y empleo, la realidad actual es diferente y lo que ha generado este impuesto, son problemas de flujo de efectivo en las empresas. Sólo a manera de ejemplo cabe mencionar que de enero a noviembre de 2008, el IETU apenas había recaudado unos 43 mil 960.6 millones de pesos, 36.9 por ciento debajo de la cifra que esperaba reunir en todo el año (69 mil 688 millones de pesos) y para 2009 la expectativa no es mejor, apenas unos 55 mil 408 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

En este sentido los expertos advierten que en crisis se complica más la situación, por que grava el flujo de efectivo, y del impuesto sobre la renta (ISR), que aplica a la ganancia contable por lo que deberán de contribuirle al fisco aun cuando tengan pocas ventas. No es un impuesto para ciclos recesivos de la actividad económica, es complejo y poco transparente. Este año, la tasa de este impuesto es de 17 por ciento y a partir de 2010 será de 17.5.

Como se puede apreciar se reconoce que es un impuesto que no ha respondido a las expectativas para la que fue creado por lo que muy poco tiempo después de su implementación se han presentado diversas propuestas de reformas legales que han tenido diversas pretensiones, como lo son

Por todo lo anterior, quienes éramos candidatos a diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León emitimos un desplegado de rechazo a la aplicación del IETU, en periodo de recesión económica en los términos siguientes:

Hoy en congruencia reiteramos el compromiso de seguir trabajando en formulas que reactiven la economía, que generen empleo, y que ayude a disminuir los niveles de pobreza que han venido creciendo en los últimos años de manera alarmante y que deben ser motivo de vergüenza para todos, pero principalmente para el Ejecutivo federal que ha sido incapaz de crear los mecanismos para blindar nuestra economía ante una crisis evidente y que menospreció.

Por ello es imperante revisar los esquemas tributarios que hoy en día tenemos a la luz de sus resultados, pero sobre todo a la luz de fortalecer la economía de país, pasar de esquemas puramente recaudatorios a esquemas impositivos que promuevan el crecimiento estructural, fomenten el empleo e incrementen los niveles de vida de la población.

Con base en las consideraciones anteriores, los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se haga una revisión detallada del IETU, de sus resultados y sus impactos reales en las estructuras económicas del país, más allá de los impactos puramente recaudatorios, a fin de ajustarlo a la baja y evitar sus efectos negativos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, propuesta para que se consideren recursos para mantenimiento y rehabilitación, en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, destinado al saneamiento de sanitarios de las escuelas primarias y escuelas secundarias del sistema educativo nacional.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para mantenimiento y rehabilitación, en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, dirigidos al saneamiento de sanitarios de primarias y secundarias, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artícul 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la presente propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, etiquete una partida exclusiva y específica por 2 mil millones de pesos para dar mantenimiento y rehabilitación en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, destinada concretamente al saneamiento de sanitarios de las escuelas primarias y secundarias del sistema educativo nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar el conocimiento y la cultura, entre otras. Asimismo es un derecho tutelado por nuestra Carta Magna.

La Ley General de Educación en su artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de abril de 2002 dispone que el Presupuesto del Estado contemplara un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en 2010 recursos equivalentes al 8 por ciento del PIB.

El objetivo central de la política de educación, es promover una gestión más autónoma de las escuelas, fortaleciendo el liderazgo de los directivos, el trabajo en equipo del cuerpo docente y la flexibilización del trabajo en el aula para poder atender las necesidades diversas del alumnado.

El desarrollo de las capacidades de los alumnos depende en gran medida: 1) De sus condiciones físicas; 2) De su higiene mental; 3) De las condiciones de operación e infraestructura de las escuelas y, 4) Del impulso a la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La matrícula de las escuelas federales se distribuye de la siguiente manera:

En la capital del país, hay 65 mil niños y niñas de entre 6 y 17 años de edad que no van a la escuela por motivos de desigualdad social, es decir, 3.6 por ciento de la población total de estudiantes de esa edad. El universo de estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria es de un millón 800 mil niños y jóvenes, y del total que no tienen acceso a ella por lo menos 500 niños nunca han ido a la escuela.

Es una realidad que en nuestro país no se cuenta con la infraestructura suficiente para atender la demanda escolar básica. La infraestructura y el equipamiento de los planteles escolares son precarios en algunos Estados, lo que resulta evidente más aún en estados con mayor índice de marginación como es el caso de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí; que en términos generales, su mantenimiento deja mucho que desear. La obsolescencia del mobiliario, el equipamiento y el material didáctico es también evidente, las bibliotecas de los planteles no están en capacidad de responder a las necesidades de alumnos y maestros.

La salud es inherente al ser humano, por tanto, una de las prioridades que está relacionada con la salud de los alumnos de los planteles educativos es el referente al cuidado, mantenimiento y saneamiento de los sanitarios. Es de gran importancia poner especial atención a esta problemática en las escuelas, toda vez que muchos de los sanitarios carecen de mantenimiento en su infraestructura sanitaria. Por ello, es indispensable etiquetar dentro del Programa de Infraestructura Educativa una partida específica para destinarla y ejercerla a través de un Programa destinado al Saneamiento de Sanitarios Escolares.

La falta de limpieza en los sanitarios y en general de las instituciones educativas, resulta evidente de acuerdo a lo acontecido en abril de 2009, con la aparición de la influenza A (H1N1), de la que aún no existe vacuna alguna en México, que derivó en contagios múltiples en los centros educativos y en diversos rubros a nivel nacional.

En consecuencia, a fin de evitar nuevos brotes ante la contingencia que aún prevalece, es menester un programa exclusivo para el saneamiento de sanitarios escolares públicos de las escuelas públicas del sistema educativo nacional.

Ahora bien, en algunas escuelas existen serias filtraciones de drenaje y tubería de agua potable que pone en riesgo de salubridad a la población estudiantil por los focos de infección que se presentan en los sanitarios, al no contar con la instrumentación y adecuada limpieza.

De dicho presupuesto, en su tercer informe de labores, la Secretaría de Educación Pública comunica que el gasto nacional en educación para el 2009, se integró con el 64 por ciento de presupuesto federal correspondiente a 506 mil 760.9 millones de pesos, y 14.4 por ciento de la participación de los gobiernos estatales y municipales correspondiente a 114 mil 193.9 millones de pesos que asciende a un total de 620 mil 954.8 millones de pesos.

Por tanto, es de destacar, que los tiempos no están para desaprovechar los recursos públicos, más aún cuando hay necesidades añejas en las escuelas, y máxime que se trata de un rubro esencial para el desarrollo, que por la falta de aplicación oportuna del recurso, han ocurrido diversos hechos o accidentes.

La meta para cambiar y enfrentar el rezago y definir las prioridades educativas en las escuelas responde a criterios de una escuela de calidad que asuma de manera colectiva, la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de sus alumnos y que se comprometa con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar.

Para el 2010 en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como es bien sabido, no se aumentan los recursos con respecto a lo que se estimó ejercer en 2009 para la Educación Pública. Es indispensable equilibrar la distribución que afecta a las entidades con mayor índice de marginación, y se dote de infraestructura escolar de nivel básico de todos los Estados, para enfrentar la problemática, abandono y rezago que sufren las escuelas públicas consideradas en situación de riesgo; pero sobre todo a fin de garantizar el adecuado rendimiento escolar.

Para el ejercicio fiscal de 2009 la federación destino a la infraestructura para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento o ambos 2 mil 33 millones de pesos, 18.4 por ciento más en términos reales de los erogado en 2008. Con la aportación federal mas la de los estados, municipios y del sector productivo se estima que se crearon 287 servicios, de ellos 86 son federales, lo que significa un incremento de 48 por ciento respecto de los generados al año anterior. Asimismo se estima que se podrán cubrir las necesidades de 1 mil 269 unidades educativas públicas en su infraestructura física. Se espera que para este año que esta por terminar, los siguientes resultados del programa en cada unos de sus fondos:

Con el Fondo de Infraestructura para la Construcción, Ampliación, Mantenimiento y/o Equipamiento se apoyara a mil 269 unidades educativas, con una aportación federal de mil 728 millones de pesos.

Con el Fondo de Ampliación de la Cobertura Educativa se beneficie a mil 105 planteles, con una inversión federal de 236.7 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundando, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, etiquete una partida exclusiva y específica por 2 mil millones de pesos para dar mantenimiento y rehabilitación en el rubro de infraestructura escolar de nivel básico, destinada concretamente al saneamiento de sanitarios de las escuelas primarias y secundarias del sistema educativo nacional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propuesta para que se consideren recursos para el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Zonas Urbanas (APAZU), en la rectificación, el revestimiento y la modificación de estructuras del río Querétaro.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Zonas Urbanas, en la rectificación, el revestimiento y la modificación de estructuras del río Querétaro, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los proyectos de defensas fluviales tienen por finalidad prevenir las inundaciones, producto de las crecidas de los caudales de ríos debido al régimen de precipitaciones abundante.

Las inundaciones y desbordes fluviales pueden tener consecuencias socioeconómicas graves en la medida que afecten asentamientos humanos, centros de producción agrícola o industrial e infraestructura vial.

El río Querétaro pertenece a la región hidrológica 12 cuenca Lerma-Chapala-Santiago, con una longitud total de 25.5 km. aproximadamente, el cual nace en el Cerro del Zamorano pasando por varios municipios, Colón, Marqués y Querétaro, para continuar por el estado de Guanajuato en el punto conocido como las Adjuntas. Este río es el cauce principal del desalojo pluvial del municipio de Querétaro y su zona conurbana y se le une el drene El Arenal, El Drene Climático y el río Pueblito en diferentes partes de su desa-rrollo longitudinal.

El río Querétaro en este tramo presenta cierta problemática pluvial a través de los años debido a que no se ha fortalecido la atención necesaria, existiendo afectaciones en tramos del mismo por el desarrollo urbano, así como la modificación de su sección hidráulica, por falta de un mantenimiento continuo generando como resultado disminución en su capacidad hidráulica.

A lo largo de la historia, el río ha sido determinante en el desarrollo de las poblaciones asentadas en sus márgenes como elemento de vida para la comunidad, con huertas, pozos, cultivos y crianza de peces.

Además, el río ha formado parte de la memoria colectiva de los ciudadanos, quienes visitaban sus márgenes para recrearse en las áreas verdes e incluso nadar en el cauce.

El río atraviesa localidades, rancherías, zonas parcelarias y asentamientos urbanos que en algunos casos vierten sus aguas residuales directamente al río sin ningún tratamiento. Esto propicia focos de infección y contaminación que degradan la calidad de sus aguas, aunado a ello, se tienen tramos que se han convertido en tiraderos de basura que bloquean las secciones hidráulicas del cauce y ponen en riesgo de inundación a la población cuando se presentan las avenidas fuertes.

Por lo anterior, es necesario realizar la rectificación y revestimiento de este cauce que vaya de acuerdo al desarrollo urbano futuro del municipio. Actualmente su sección es irregular y está en mal estado, teniendo obstrucciones por estructuras como alcantarillas, pasos vehiculares y peatonales que no tienen la capacidad hidráulica adecuada lo cual afecta su flujo propiciando el desbordamiento y afectando la población cercana a él.

El tramo que se analiza tiene una longitud de 3 mil 240 metros, aproximadamente, su capacidad de conducción es variable, conduciendo actualmente en algunos tramos un gasto máximo de aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo cuando se debería conducir un gasto de aproximadamente 60 metros cúbicos por segundo.

También se planea la revisión hidráulica, la modificación de varios puentes que atraviesan el cauce del río tanto vehiculares como peatonales; ya que no se cuenta con una delimitación de la zona federal correspondiente al derecho de río en zonas urbanas, esto favorece las invasiones de la ribera por parte de particulares, incrementando con ello los riesgos durante la temporada de lluvia.

Las metas del proyecto se relacionan a continuación:

En el tramo avenida 5 de Febrero a la colindancia de la zona urbana oriente de Santa María Magdalena se propone rectificación, excavación y revestimiento del cauce a una superficie de 58 mil metros cuadrados y 30 centímetros de espesor. En el tramo de la zona poniente de Santa María Magdalena a la descarga del dren El Arenal, se propone la rectificación, excavación y revestimiento del cauce a una superficie de 12 mil 760 metros cuadrados y 30 centímetros de espesor y el tramo de la descarga del dren El Arenal a Las Adjuntas se propone excavar y rectificar el cauce en longitud de 3 mil 850 metros, complementando esto con la construcción de 3 puentes vehiculares, beneficiando a 100 mil habitantes.

En resumen la rectificación de la sección hidráulica considera mil 275 Hm (hectómetros); el zampeado y parapeto de la misma de la revestimiento, 41 mil 180 metros cuadrados; el parapeto y lomo de toro, 7 mil 100 metros lineales; estructuras de estrada, 180 metros cuadrados; adecuación de puentes vehiculares, 7; adecuación de puentes peatonales, 5; reconstrucción de puentes vehiculares, mil 664 metros cuadrados; todo esto beneficiara a más de 800 mil habitantes, con una inversión de 166.6 millones de pesos.

Por ello someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar, al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, recursos al programa de agua potable y alcantarillado sanitario en zonas urbanas en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, propuesta para que se consideren recursos para cumplir con la construcción del nuevo centro comunitario Buenos Aires.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir el centro comunitario Buenos Aires, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Es fundamental que los gobiernos garanticen el acceso de toda la población a los bienes que fomentan el adecuado desarrollo de sus capacidades, resulta ineludible acercar a la sociedad a los servicios de salud, educación, asesoría jurídica y laboral con la finalidad de alcanzar la equidad entre los habitantes, particularmente en grandes urbes como la Ciudad de México.

2. En tal sentido, la administración de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal proyecta crear un centro de desarrollo comunitario que atienda y de respuesta a las principales necesidades planteadas por la población residente en la colonia Buenos Aires, tales como: capacitación laboral, acciones preventivas contra las adicciones, asesoría jurídica, regularización y actualización académica y desarrollo de actividades culturales comunitarias.

3. Se realizará la construcción total de un nuevo centro de desarrollo comunitario, ubicado en el callejón Doctor Ignacio Barajas Lozano, en la colonia Buenos Aires.

4. El inmueble en cuestión tendrá dos niveles para el desa-rrollo de sus actividades. En el primer nivel se construirán instalaciones hidrosanitarias, un auditorio para 150 personas, dos salones de usos múltiples, una bodega y las instalaciones de recepción y vigilancia. El segundo nivel albergará cuatro salones de usos múltiples, instalaciones hidrosanitarias y las oficinas administrativas del centro comunitario.

5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción del nuevo centro comunitario Buenos Aires la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, un monto de $6,000,000.00 (seis millones de pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales dar respuesta a las necesidades de la población de manera equitativa, plural y popular.

2. Que el centro comunitario Buenos Aires tiene un significado y un valor excepcional para los habitantes de la Ciudad de México y para la sociedad en su conjunto, para la atención de necesidades de capacitación, educación, prevención y asesoría.

3. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos comunitarios y culturales, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para que las diferentes necesidades de la población sean atendidas adecuadamente a nivel local y nacional.

Por lo expuesto ponemos a consideración de este Honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción del nuevo centro comunitario Buenos Aires.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propuesta para que se consideren recursos para la ampliación e inversión en infraestructura de la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la ampliación e inversión en infraestructura de la carretera federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari , diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La infraestructura de transporte en México, presenta deficiencias que obligan a llevar a acabo un gran esfuerzo en materia de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, modernización y ampliación den todas las regiones del país.

El estado de Querétaro, y en específico siendo la capital una de las ciudades con mayor proyección económica y cultural en el centro del país, cuenta con una ubicación estratégica por ser paso obligado a la Ciudad de México; lo cual ha sumado un crecimiento acelerado en los últimos años, generado por un crecimiento poblacional del 2.7 por ciento anual, un desarrollo industrial significativo y una migración interna masiva de los estados contiguos, han obligado que la infraestructura carretera de acceso a la zona norte de la ciudad sea considerada como prioritaria para su modernización, así como para el desarrollo de las comunidades aledañas.

Actualmente como paso obligado para la transportación de mercancías y personas, sus vías carreteras se han convertido en estratégicas para el desarrollo económico estatal, regional y nacional, y debido a al problemática señalada, se busca beneficiar de manera directa a comunidades como; Montenegro, Pie de Gallo, Puerto de Aguirre, La Solana, Buena Vista, El Nabo, La Gotera, entre otros, con una población aproximada de 200 mil habitantes, beneficiando también un tránsito promedio de 48 mil vehículos diarios en ambos sentidos y la integración de la zona de Santa Rosa Jáuregui a la zona urbana de Querétaro.

El ritmo creciente de paso de personas y mercancías que desde y hacia Querétaro se da, ha saturado una de las vías principales de paso En Av. 5 de Febrero parte de la carretera federal 57 (Querétaro -- San Luis Potosí), que además de ser una ruta libre de cuota, ya resulta insuficiente, propiciando con ello un marcado desequilibrio económico, por los retrasos en la transportación, construcción de nuevos desarrollos habitacionales y parques industriales que han hecho crecer la zona urbana, disminuyendo niveles de servicio.

Por otra parte, los incidentes automovilísticos que se registran derivado de esta problemática en ese tramo carretero, colocan ya a este tramo dentro de los lugares con más accidentes a nivel nacional.

La carretera cuenta, actualmente, con 2 cuerpos de dos carriles cada uno lo que en la actualidad ha reducido su capacidad, el proyecto contempla la construcción de cuerpos laterales con dos carriles de 3.50 metros y uno de servicio de 2.5 metros, considerando banquetas de 2 metros, además de la construcción de un camellón entre la lateral y el cuerpo central de 3 metros.

El proyecto considera esta ampliación de laterales desde el entronque a Jurica hasta el entronque a San Miguel de Allende, siendo una longitud total aproximada de 5 mil 200 metros, con esto se estaría incrementando la capacidad ya que al tener una lateral de servicio las incorporaciones y desincorporaciones se realizarán de una manera segura y sin una convivencia de los cuerpos centrales, asegurando el paso para vehículos de largo itinerario y una lateral para movimientos en la zonas de desarrollo urbano e industrial.

Independientemente del obvio beneficio que traería el desahogo vehicular de la zona circunvecina y el ahorro que representaría en cuanto a costos de producción y distribución de productos para las grandes empresas de la zona industrial del estado, estas obras impulsarían la inversión local al incrementar en número y periodicidad el traslado de personas y comercio de mercancías con diversos usos y destinos.

El crecimiento histórico en el periodo 1999-2008 para todo el tránsito fue de 3.2 por ciento anual, Los autos registraron crecimiento de 2.7 por ciento, autobuses de 1.2 por ciento y en general camiones 4.4 por ciento.

En cuanto a la composición vehicular para los años 2007 y 2008, los automóviles participaron con el 63 por ciento, los autobuses 5por ciento y los camiones en general 32 por ciento, siendo los más representativos los camiones de 5 y 6 ejes con un 13 por ciento del total de vehículos.

El proyecto se pretende realizar en dos etapas, con las siguientes inversiones y alcances:

Por ello someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública a que al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se asignen recursos para considerar una ampliación e inversión en infraestructura carretera en avenida 5 de Febrero parte de la carretera federal 57 (Querétaro-San Luis Potosí).

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transportes.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió proposición con punto de acuerdo para que se conserven, actualicen y amplíen los fondos para las universidades interculturales del país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se conserven, actualicen y amplíen los fondos para las universidades interculturales del país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, abajo firmantes, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Las nueve Universidades Interculturales del país, creadas a partir del año 2004, tienen como características principales las siguientes:

Las gestiones de años anteriores condujeron a que la LX Legislatura reconociera lo anterior, por lo que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009, se asignó un presupuesto irreductible (Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales), que fortaleció en forma significativa el financiamiento que tradicionalmente recibían.

Este monto ascendió a cincuenta millones de pesos; pero adicionalmente se le asignaron cien millones de pesos para infraestructura (Fondo de Apoyo a la Infraestructura).

A pesar del éxito de la formula anterior, el paquete económico para el 2010 no garantiza en los mismos términos el suministro de los recursos para estos fondos, lo cual significaría un grave retroceso en el apoyo a la educación superior intercultural y un abrupto cambio de políticas sociales que han demostrado su eficacia y su valía.

Es importante mencionar que no recibir los apoyos suficientes y necesarios en 2010, implicaría que se revertirían los logros alcanzados, además se detendría el desarrollo de las Universidades Interculturales y de las áreas geográficas y comunidades dentro de su zona de influencia. Incluso el grupo de rectores de las Universidades Interculturales han señalado el riesgo de manifestaciones sociales de alta inconformidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados federales proponemos lo siguiente

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 considere:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas para que valores la posibilidad de que se forme un grupo de trabajo mixto de legisladores que den seguimiento al desarrollo de las Universidades Interculturales y el cumplimiento de los compromisos que se deriven de los apoyos que otorgue esta legislatura.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas acordarán la integración, objetivos e informes de este grupo de trabajo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición para que se consideren recursos para la construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir el centro deportivo Emiliano Zapata, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el entendido de que las autoridades en sus diferentes niveles están comprometidas a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y brindar el acceso a la sociedad a prácticas que coadyuven a un desarrollo integral de cada uno de sus integrantes.

2. La administración política en la delegación Cuauhtémoc plantea como objetivo en el centro de la ciudad capital, contar con una nueva infraestructura deportiva para las actividades semiprofesionales de alto rendimiento en fut-bol soccer, voleibol y básquetbol para la población que habita y visita la demarcación.

3. Se realizarán trabajos de obra completa para la construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata que se ubicará en la esquina de la calle Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier, centro histórico, donde actualmente existe una cancha al aire libre ``canchas de futbol Gilberto''.

4. Este deportivo contará con instalaciones hidrosanitarias, un primer nivel donde se ubicará la cancha de futbol y el área de vigilancia y recepción; un segundo nivel donde se ubicarán simultáneamente una concha profesional de voleibol y una de básquetbol, así como las instalaciones para la administración del centro deportivo.

5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata la administración delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, un monto de $6,000,000.00 (seis millones de pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir las prácticas deportivas, así como garantizar el acceso a las mismas por parte de la población con un sentido equitativo, plural y popular.

3. Que las autoridades deben estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos deportivos, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para lograr una infraestructura óptima para el acceso de la población a las diferentes prácticas deportivas.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción del nuevo centro deportivo Emiliano Zapata.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propuesta para que se consideren mayores recursos para atender diversos rubros de educación básica.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para atender diversos rubros de educación básica, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar , diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación constituye la mejor opción, para que las personas alcancen un desarrollo integral de sus aptitudes y capacidades, a través de la educación, se transmiten conocimientos, valores y principios que le proporcionan al individuo herramientas para convivir en armonía y contribuir al desarrollo de la sociedad.

La educación es una garantía individual y está plasmada en el artículo 3o. de la Constitución, en el cual se definen las bases que hacen realidad un conjunto de instituciones públicas sobre las que recae la responsabilidad de garantizar el acceso a este derecho.

La educación pública gratuita es una conquista del pueblo mexicano, hacerla realidad es responsabilidad del Estado.

A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se considera que ``la principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres'', pues ``las naciones que han logrado el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión de una educación de calidad, relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo'', esto no se refleja con esa claridad en las finanzas públicas.

La realidad nos muestra un panorama que contrasta con estos buenos propósitos, como se puede ver en la asignación de recursos en el presente proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el que se contemplan una serie de reducciones en rubros tan importantes como educación indígena, becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, atención a grupos vulnerables, educación especial, capacitación de maestros para erradicar la violencia contra la mujer e inversión en infraestructura y equipamiento educativo.

La construcción de una sociedad que no excluya a ninguno de sus miembros y proteja a los más vulnerables, es uno de los retos que tenemos como país. Por ello es nuestra responsabilidad promover una cultura de respeto a la dignidad de las personas en su diversidad y en sus diferencias; que garantice su derecho a una educación equitativa y que promueva su desarrollo integral.

En ese desafío, la educación cumple un papel estratégico, porque se concibe como un factor fundamental para el desarrollo individual y colectivo. No puede hablarse de un sistema educativo de calidad, si el mismo no incluye programas de equidad con una atención diferenciada, que responda a la variedad de necesidades que presentan cotidianamente los alumnos. Alcanzar una educación de calidad para todos es un asunto que compete a la sociedad en su conjunto.

Con el propósito de compensar la desigualdad y brindar las mismas oportunidades a todos, desde el Estado mexicano se impulsan programas y políticas educativas con inversión pública en favor de las poblaciones con menos recursos. La inequidad es asunto prioritario de las políticas nacionales y estatales. Por lo menos esto es incuestionable en todos los discursos y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ``Estrategia 15.4. Focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la población indígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación .''

Retórica un tanto alejada de la realidad, cuando al analizarse los presupuestos se comprueba que, finalmente, las prioridades son otras:

En comparación al presupuesto del año 2010, en la actual propuesta del Ejecutivo, existe una reducción preocupante, destacando en materia de equidad los siguientes rubros:

Esto es grave si consideramos que en nuestro país, es en los grupos socialmente más pobres donde se concentran las peores condiciones de la oferta educativa, además de altas tasas de desnutrición de las familias y los alumnos, tal como lo muestra el hecho de que es en la población indígena, en donde se agrava el rezago educativo, pues 20.6 por ciento de ellos no cuenta con algún año de educación; 26.8 por ciento tiene algún año aprobado en educación primaria y sólo el 52.6 la terminó.

En el mismo sentido, es preocupante que a décadas de esfuerzos, aún el porcentaje de población indígena que no sabe leer ni escribir sea del 27.3 por ciento, mientras que la población no indígena presenta apenas el 9.5 por ciento.

Si hablamos de género el escenario es aún más preocupante, dentro de la población analfabeta indígena existe una gran diferencia entre las mujeres, pues presentan 34.5 por ciento de analfabetismo, mientras que los hombres 19.6 por ciento; estas cifras se acentúan en los municipios de población indígena: 42.2 por ciento en mujeres y 24.6 en hombres.

Ante este escenario, es obligación del Estado fortalecer los programas compensatorios y las políticas del sector orientadas a la población indígena y a grupos en situación vulnerable, como las mujeres indígenas, por ello no se explica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se pretenda castigar a los más pobres en uno de los factores que constituyen uno si no es que el único ámbito que les brinda la posibilidad de superar su situación de pobreza, la educación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a revisar y corregir a la Secretaría de Educación Pública, tomando las previsiones presupuestales para incrementar el presupuesto educativo destinado a la atención de grupos vulnerables, a educación intercultural bilingüe, educación comunitaria e indígena; que se destinen recursos al para la formación continua de los maestros, y para educación inicial y básica para población indígena y migrante; incrementar recursos al Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, Escuelas de Calidad y que se asignen recursos al fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que se consideren recursos para la restauración del Parque Bicentenario, en la zona nororiente del centro histórico de la Ciudad de México.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para restaurar el Parque Bicentenario, en la zona nororiente del centro histórico de la Ciudad de México, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el marco de la conmemoración del bicentenario de la lucha de Independencia de México, la autoridad delegacional en Cuauhtémoc plantea dotar de un espacio público renovado a la población que habita en la zona oriente del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el propósito de recuperar el espacio público y brindar identidad cultural a los habitantes de esta zona de la ciudad.

2. Se realizará una obra de reconstrucción total de la conocida popularmente como Plaza del Estudiante, ubicada en la calle de Peña y Peña, entre la calle Aztecas y la calle Torres Quintero del Centro Histórico de la capital del país.

3. Se organizará el espacio público en área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y un corredor cultural interactivo para la memoria histórica, con estas acciones esta plaza llevará el nombre de ``Parque Bicentenario''.

4. Todas las acciones serán en apego a los criterios del cuidado y conservación del patrimonio histórico.

5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de restauración arquitectónicas la autoridad delegacional requiere para el Proyecto de Inversión 2010, un monto de $5 000 000.00 (Cinco Millones de Pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir el patrimonio cultural, así como garantizar que el mismo llegue a la sociedad de forma íntegra y con un sentido equitativo, plural y popular.

2. Que el espacio Plaza del Estudiante posee un significado y un valor fundamental para los habitantes de la Ciudad de México y para la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, forma parte fundamental de su identidad cultural.

3. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar los espacios públicos mediante la generación infraestructura, y recursos financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para la apropiación del espacio público por parte de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente, proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, se contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos etiquetados para cumplir con la restauración del Parque Bicentenario (Plaza del Estudiante) en la zona nororiente del centro histórico de la Ciudad de México.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI, propuesta para que se consideren recursos para rescatar y construir tres parques públicos al interior de la zona quinta del municipio de Ecatepec de Morelos, delEstado de México.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para rescatar y construir tres parques públicos en la zona quinta de Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Josué Cirino Valdés Huezo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Considerandos

1. Que de conformidad con el articulo 3o., fracciones XVI, XXI, XXII y XXIII, de la Ley General de Salud, es materia de salubridad general el ver la salud y el saneamiento básico, el implantar programas contra alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia, prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

2. Que de conformidad con el artículo 110 de la Ley General de Salud, es facultad de la Secretaría de Salud conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

3. Que de conformidad con el artículo 86 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es competencia de la Comisión Nacional del Deporte promover ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la cultura física y el deporte.

4. Que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, dicha ley tiene por objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos.

5. Que de conformidad con el artículo 6o., fracción III, de la Ley General de las Personas con Discapacidad, son facultades del Ejecutivo federal, en materia de la ley antes mencionada, proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales dirigidos a las personas con discapacidad.

6. Que la delincuencia, la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholismo son males que atacan sin distingo a la población de todo el país, pero que éstos se concentran en los cinturones de miseria que rodean la Ciudad de México.

7. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, es facultad de las autoridades competentes formular y aplicar programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la practica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional.

8. Que la obesidad, según recientes datos estadísticos, es uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta México.

9. Que el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, y en particular su zona quinta situada geográficamente en el perímetro que forman la avenida Carlos Hank González (avenida central), el Río de los Remedios y el Circuito Exterior Mexiquense es la zona más densamente poblada de este municipio.

10. Que en esa zona quinta del municipio de Ecatepec se tienen de los más altos índices de delincuencia y de drogadicción toda la localidad.

11. Que la carencia de recursos económicos de los municipios conurbanos al Distrito Federal, comparada con el cúmulo de necesidades y problemas que enfrentan es notoria.

12. Que en nuestro municipio no existen áreas de recreación, esparcimiento y deporte diseñadas para personas de la tercera edad, con discapacidad, necesarias para mejorar su calidad de vida.

13. Que existen una buena cantidad de áreas de donación de propiedad municipal que se encuentran sin ningún aprovechamiento público, las cuales en muchas ocasiones se convierten en nido de delincuentes y drogadictos.

14. Que el compromiso hecho por el suscrito en la campaña político electoral a diputado federal por el distrito número 17 por el estado de México dice textual ``conseguir recursos y gestionar, cuando menos, el rescate y construcción de tres parques públicos al interior del Distrito XVII Federal''.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 lo siguiente:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos para el plan productivo Pequeños Comerciantes Abarroteros en pro de la Economía Popular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el plan productivo Pequeños Comerciantes Abarroteros en pro de la Economía Popular, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El pequeño comercio tradicional en la ciudad de México ha sufrido un gradual y permanente deterioro desde hace poco más de 20 años, el cual tiene como causa fundamental la proliferación de las grandes cadenas comerciales; y en el último sexenio, el surgimiento de pequeños centros comerciales de autoservicio como es el caso de las franquicias de Seven Eleven y Oxxo, las cuales han penetrado con gran facilidad hacia las colonias populares en el caso específico de la Ciudad de México, resultando ser centros de comercialización muy atractivos para los consumidores debido al manejo mercadológico y a la concepción de modernización comercial que tienen estos establecimientos.

2. Este fenómeno hace necesario que los pequeños comerciantes abarroteros de la demarcación reflexionen en torno a su situación y vean la necesidad imperante de organizarse en una figura asociativa que les permita unir sus esfuerzos y experiencias y avancen en la conformación de un fondo económico constituido con los recursos de todos los asociados; con la finalidad de que puedan realizar compras en común de un cuadro básico de productos de primera necesidad.

3. Al adquirir este cuadro básico de productos de primera necesidad, este sector estará en condiciones de abastecer de manera eficiente y a menores costos a una población cautiva de ciudadanos que viven en la demarcación, cumpliendo así una función social a través de la comercialización, la cual permite amortiguar los embates y efectos de la inestabilidad económica que vivimos a nivel nacional.

4. Dicho fondo se integrará de manera corresponsable con aportaciones de todos y cada uno de los asociados y con una parte similar por parte del gobierno delegacional, misma que se tipificará como fondo perdido y la cual se otorgará por única vez.

5. El proyecto contempla la conformación de un almacén para el acopio del cuadro básico de productos de primera necesidad y fungirá como centro de abastecimiento de los asociados y de otros pequeños comerciantes interesados.

6. El proyecto tiene como objetivo la integración de 100 tiendas de pequeños comerciantes abarroteros, para atender a una población de 10 mil personas en su calidad de consumidores localizados en la demarcación de la Dirección Territorial Obrera Doctores en la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.

7. El gobierno delegacional apoyará y contribuirá al buen funcionamiento de este proyecto en materia de capacitación mercadotécnica y administrativa y servirá como enlace entre los grandes productores o proveedores mayoristas con los asociados para que de esta forma puedan obtener los artículos del cuadro básico a precios preferenciales, con el objeto de ser competitivos ante un escenario de mercado ampliamente desigual.

8. Para cumplir con el objetivo del proyecto productivo en comento, la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, la cantidad de $528,480.00 (quinientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales ante la situación económica del país reactivar el pequeño comercio, así como garantizar que la población tenga acceso a productos de primera necesidad.

2. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios públicos para el fomento económico, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

3. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para incentivar el pequeño comercio en las ciudades para beneficio de la población.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto productivo Pequeños Comerciantes Abarroteros en Pro de la Economía Popular.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISION ESPECIAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS GRIJALVA-USUMACINTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado José Antonio Aysa Bernat, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, a cargo del diputado José Antonio Aysa Bernat , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Antonio Aysa Bernat , en nombre propio y de los diputados que al calce firman, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se constituya la comisión especial de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta para promover el desarrollo sustentable e integral de la región e impulsar y fomentar los proyectos hidráulicos que eviten o mitiguen el impacto de las inundaciones periódicas de la zona de influencia de esta cuenca.

Consideraciones

a) Legislativas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.

En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.

b) Geográficas, económicas y sociales

La gran cuenca Grijalva-Usumacinta está conformada por seis cuencas hidrológicas integradas por los ríos Usumacinta, Lacantún, Chixoy, Grijalva, Tonalá y Coatzacoalcos.

Estas seis cuencas se dividen a su vez en siete subregiones: alto Grijalva, con una superficie de 9 mil 644 kilómetros cuadrados; medio Grijalva, con 20 mil 146 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-sierra, con 9 mil 617 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-planicie, con 12 mil 163 kilómetros cuadrados; Tonalá-Coatzacoalcos, con 6 mil 859 kilómetros cuadrados; Lacantún-Chixoy, con 19 mil 857 kilómetros cuadrados; y Usumacinta, con 13 mil 59 kilómetros cuadrados; es decir, la superficie total de la cuenca es de 91 mil 345 kilómetros cuadrados.

El agua que corre por estos ríos se origina en su mayoría en la Sierra Madre de Chiapas y de Guatemala, en las cuales se tienen altitudes de hasta 2 mil 900 metros sobre el nivel del mar; todos sus escurrimientos superficiales drenan hacia la vertiente del golfo de México, es decir, hacia la planicie de Tabasco, del sur de Campeche y de Veracruz, que están entre 0 y 20 metros s/n m.

La precipitación media anual de la región se encuentra entre las más altas del mundo y van desde 2 mil 700 mm en la zona costera y hasta 4 mil mm en las estribaciones de la sierra (Teapa y Pichucalco). En consecuencia, es la más alta del país ya que a nivel nacional alcanza solo 777 mm.

El volumen anual de escurrimientos es de 102 mil 800 millones de metros cúbicos, que representa más de 30 por ciento de los escurrimientos totales del país.

Por lo que respecta a los cuerpos de agua superficiales, existen en la región un total de 404 lagos y 5 lagunas que suman una superficie de 804 kilómetros cuadrados, incluyendo los vasos de las presas del alto Grijalva.

Por las características topográficas, climatológicas y geológicas, se almacenan grandes cantidades de agua subterránea para las demandas de todos los usos: agrícola, público urbano, industrial, pecuario y en generación de energía eléctrica.

La región cuenta con el sistema hidroeléctrico Grijalva que incorpora cuatro grandes presas sobre la parte alta del cauce del río del mismo nombre; La Angostura, Chicoasen, Mal Paso y Peñitas, las que en su conjunto tienen una capacidad de generación del orden de 12 mil 817 gwh. Es decir, 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Inundaciones

La gran cuenca Grijalva-Usumacinta representa una de las regiones más privilegiadas del país en cuanto a recursos naturales, pero también por sus características hidrometeorológicas, el calentamiento global y las amenazas que imprevistamente se presentan por el desalojo de las presas, anualmente la planicie Tabasqueña, la del sur de Campeche y de Veracruz se ven amenazadas por las inundaciones que impactan la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, la planta productiva, la infraestructura, los servicios, la producción agropecuaria y de energéticos de esta gran región, los últimos acontecimientos dan cuenta de ello: las inundaciones de 1995 causadas por los ciclones Opal y Roxane, las inundaciones de 1999 que afectó a mil 70 localidades; y la última de 2007 que impactó a 1 millón 215 mil habitantes que soportaron una pérdida económica calculada por la Cepal en 32 mil millones de pesos, en esta ocasión se desbordaron los ríos de la sierra el Grijalva, el Carrizal y el Samaria. En 2008 se desbordo el río Usumacinta, ocasionando grandes pérdidas a la agricultura, ganadería e infraestructura carretera como también en servicios de salud y educativos, y la vivienda de los pobladores de esta cuenca.

La cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta de nuestro país se constituye con 123 municipios. La población asentada en el territorio de la cuenca es de 6.5 millones de habitantes aproximadamente. El 47 por ciento del total vive en localidades urbanas y el 53 por ciento restante en comunidades rurales.

Los centros urbanos más importantes son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque, en Chiapas; Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana, en Tabasco; Ciudad del Carmen, en Campeche, y Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz.

El crecimiento demográfico esperado para 2020 será 65 por ciento mayor que la población de 1995, lo que la reafirma como una región de crecimiento elevado en el contexto nacional. Es una zona de alta diversidad, tanto por sus recursos naturales, ya que cuenta con las reservas de la biosfera maya, los pantanos de Centla y la de la Laguna de Términos, así como por sus grupos étnicos originales Tzeltales, Tzotziles, Choles, Lacandones y Chontales.

Además de ser una zona de gran potencial de desarrollo, el gobierno federal ha dejado pendientes o de plano ha suspendido obras importantes, como la construcción de un vertedor de demasías que controlaría y transferiría los volúmenes excedentes de las presas de la Angostura, Chicoasén y Mal Paso, fuera de la cuenca del río Grijalva, con lo cual quedarían protegidas las poblaciones y zonas productivas de la región centro-norte de Tabasco.

También están las obras consideradas en el plan hídrico de Tabasco para evitar inundaciones en las zonas centro y olla de la Chontalpa de Tabasco, como son el Dren Samaria-golfo de Mexico.

Proyectos como el de la presa Itzantun, cuya construcción fue suspendida inexplicablemente hace más de 15 años, que es importante retomar, ya que generaría 2 mil185 gigawatts-hora y controlaría la parte alta y media de la cuenca del río Tacotalpa.

Por su impacto directo en el desarrollo de la región, generación hidroeléctrica y control de inundaciones, destacan varias obras para aprovechar los ríos que hoy fluyen libremente por la planicie:

Entre los principales problemas de la cuenca destacan los siguientes:

Justificación

Para conservar y proteger los recursos hidráulicos y naturales el desarrollo sustentable de la región de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta se requiere vigilar, proponer y, en su caso, adecuar las acciones que emprendan conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales, los usuarios y en general la sociedad organizada en su conjunto y específicamente lo que a continuación se detalla:

Disminución de riesgos y atención de efectos de inundaciones

Agua potable, alcantarillado y saneamiento

Sector agrícola

Manejo integral de las cuencas y acuíferos

Desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico

Participación de los usuarios y la sociedad organizada

Se requiere en general el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura hidroeléctrica y de control de ríos para el desarrollo y la competitividad; el sistema logístico para el desarrollo regional de la cuenca, asuntos inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente para el desarrollo integral de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta.

En virtud de lo anterior y por considerarse un asunto que implica una altísima importancia para el país y el desarrollo de la población, los estados, municipios y localidades de la zona que confluyen en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, me permito presentar a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXI Legislatura se constituya la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, a fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable e integral de la región.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación e impulsará y fomentará programas y proyectos de desarrollo hidrológico, económico y social.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará, además, con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo. La comisión especial estará integrada por legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de acuerdo a la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al pleno de los diputados.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PROPUESTA PARA DAR SEGUIMIENTO POLITICO, JURIDICO Y ECONOMICO AL PROCESO DE EXTINCION DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial propuesta para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del PRI Consideraciones

Que el 11 de octubre del 2009, el titular del Ejecutivo federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;

Que en la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro decretada y la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, involucran aspectos de carácter económico, fiscal, laboral, administrativo y sindical;

Que en dicha extinción intervienen la actuación de diferentes dependencias e instancias de la administración pública federal, cuya concurrencia atiende en lo particular a aspectos de carácter político, jurídico y económico, los cuales deben fluir de manera coordinada y con la transparencia que el caso amerita;

Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias que resulten necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

Que de conformidad a las facultades que le otorga la Ley Orgánica, este órgano de gobierno considera necesaria la conformación de la Comisión Especial materia del presente acuerdo en los términos planteados por la propuesta en comento, a efecto de promover un ejercicio más eficaz de las facultades constitucionales;

Y con fundamento de las disposiciones correspondientes, somete a consideración del Pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. La Comisión Especial se integrara por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del Pleno y su conformación y tendrá hasta treinta miembros.

Tercero. La Presidencia de la comisión durará por el tiempo de funcionamiento de ésta y sus trabajos concluirán una vez que se hayan cumplido los objetivos para la que fue creada y no podrán exceder del término de la liquidación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Francisco Saracho Navarro, proposición con punto de acuerdo para que se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de Norteamérica en Ciudad Acuña y Piedras Negras, estado de Coahuila, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir mediante la SRE a la Embajada de México en Estados Unidos de América para que inicie las negociaciones con sus homólogos a fin de que, con base en los protocolos de la Convención sobre Relaciones Consulares entre ambas naciones, de 1942, y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, se establezcan oficinas consulares de ese país en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI, en voz del diputado Francisco Saracho Navarro , presentamos a esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Coahuila es uno de los 6 estados que limitan con Estados Unidos de América. Existen dos ciudades fronterizas: Piedras Negras y Acuña, las que de acuerdo al Censo 2005 tienen 154 mil 360 y 135 mil 605 habitantes respectivamente.

El ritmo de crecimiento de estas dos ciudades se demuestra en el movimiento migratorio hacia el norte, el cual en la última década se incremento por una sencilla razón: empleo. Este fenómeno ha dado origen al crecimiento poblacional en estas dos ciudades, ya que las personas que llegan a la frontera en su intento de cruzar hacia Estados Unidos, más de 2 millones en promedio anual en la última década, sólo ingresan poco más de 800 mil personas, según datos proporcionados por el Departamento de Migración del vecino país del norte.

Estos crudos datos indican que las poblaciones fronterizas sufrieron en los años noventas un crecimiento desmesurado que provocó una repoblación entera de nuevos avecindados.

Estas generaciones de nuevos coahuilenses, en su mayoría jóvenes de otros estados, como Veracruz, Chiapas y Tabasco; e inclusive de regiones del estado, como el caso de La Laguna, mayoritariamente obreros o mano de obra barata, se integraron a los centros de trabajo, industrias y maquiladoras, tecnificándose o cambiando de oficio, de obrero a campesino o de campesino a obrero, dando lugar a una amplia capacitación que redundo en el fortalecimiento del carácter emprendedor y trabajador del coahuilense. La mayoría de sus habitantes cruzan diariamente a trabajar, comprar o desarrollar actividades del lado americano.

Aunado a esto, el pujante desarrollo de la región se ha incrementado, entre otros, con la instalación de una moderna planta de la Modelo, principal industria cervecera del país; así como el desarrollo de nuevas fuentes energéticas, como es el caso de la Cuenca de Burgos o la región fronteriza. Todo esto, sin duda, aumentará la población en esta zona.

En marzo de 1999, los ayuntamientos de Acuña y Piedras Negras, en coordinación con la Cámara de Comercio de esas ciudades, lograron la instalación de un Consulado temporal del vecino país del norte. En ese entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores se entrevistó con su homólogo de Estados Unidos de América, el cual en dos meses instaló dicho Consulado, y cerrándolo en mayo del 2000.

Ahora nos encontramos con el pronto vencimiento de la mayoría de las visas otorgadas, más de 120 mil, lo cual obliga a quienes se les venció a trasladarse al Consulado más cercano que son en Nuevo Laredo o Monterrey. Para dar un ejemplo, una persona que se traslada a Nuevo Laredo gasta en promedio 2 mil 655 pesos sin contar el gasto de la visa; o para Monterrey, una persona gasta en promedio 3 mil 485 pesos.

Esta situación está generando una crisis que afecta al gasto de por sí presionado de las familias trabajadoras de Coahuila que se encuentran en esta región.

Es importante recordar que el 9 de junio de 2009, el Consejo de la Ciudad de Del Río emitió la resolución número R: 2009-105, donde se le solicita al presidente y al Congreso de Estados Unidos el acuerdo y establecimiento de una oficina del Consulado de los Estados Unidos en Acuña, Coahuila. En este acuerdo sobresale la descripción de la importancia histórica, política, económica y comercial de la relación entre ambas ciudades.

Reafirma el protocolo establecido en 1942 de la Convención México-Estados Unidos en relaciones consulares y la Convención de Viena en relaciones consulares de 1963. Reconoce el gran número de mexicanos y estadounidenses que cruzan a diario la frontera como parte de sus actividades sociales, económicas, culturales y de trabajo. Las ciudades de Del Río, Texas, y Acuña, Coahuila, Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila, reconocen su interdependencia, sus similitudes, las necesidades mutuas y, además, oficialmente han declarado su relación como ``ciudades hermanas''.

Las ciudades y poblaciones de Piedras Negras, Jiménez, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nava, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Sabinas, San Juan de Sabinas, Muzquiz, Progreso, Juárez, Frontera, Monclova, San Buenaventura, Cuatrocienegas y Matamoros tienen una población de más de un millón de habitantes, y las oficinas consulares de la Unión Americana más cercanas se encuentran a 300 kilómetros, con el consecuente costo económico y de tiempo.

Los cruces de Del Río-Ciudad Acuña y Eagle Pass-Piedras Negras se han convertido en el mayor cruce fronterizo de la región con un rápido crecimiento de habitantes, desarrollo económico e inversión en infraestructura; siendo Coahuila el único estado fronterizo sin una oficina consular de Estados Unidos de América.

Por eso, presentamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gire sus instrucciones a la Embajada de México en Estados Unidos de América a fin de que inicie de inmediato las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte, para que, con base en los protocolos establecidos por la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en Ciudad Acuña y Piedras Negras, ambas del estado mexicano de Coahuila.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos para la restauración arquitectónica y ornamental del recinto cultural y patrimonio histórico del Teatro del Pueblo, que data del siglo XVII.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la restauración arquitectónica y ornamental del Teatro del Pueblo, recinto cultural y patrimonio histórico que data del siglo XVII, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El espacio recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que data del siglo XVII, testigo de la historia político-cultural de México, es reconocido por su activo quehacer actual como Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad de México y se ha consolidado en estos últimos años como un espacio de producción, difusión y capacitación en materia de arte cultura en la capital del país.

2. Dicho centro de cultura ubicado en la calle de República de Venezuela 72, colonia Centro, es catalogado como patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, sin embargo, diferentes especialistas han solicitado a la autoridad garantizar el valor artístico del inmueble, para lo cual la jefatura delegacional prevé una restauración arquitectónica y ornamental de los elementos decorativos de cantera del mismo.

3. Se realizarán obras de restauración y mantenimiento de los elementos decorativos de cantera presentes en la fachada y patio central que alberga murales de alto valor artístico.

4. Se restaurarán ventanas, rodapiés, diamantes, columnas, pretiles, cornisas, entre otros elementos de la arquitectura del edificio histórico que data del siglo XVII.

5. Todas las acciones serán en apego a los criterios del cuidado y conservación del patrimonio histórico, como la identificación, localización y reparación de fugas y humedades que están afectando y degradando la cantera, afectando los murales de destacados discípulos del maestro Diego Rivera, por la producción de salitre.

6. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de restauración arquitectónicas la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010, un monto de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos).

Considerandos

1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir el patrimonio cultural, así como garantizar que el mismo llegue a la sociedad de forma íntegra y con un sentido equitativo, plural y popular.

2. Que el recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, también Escuela de Artes y Oficios, posee un significado y un valor excepcional para los habitantes de la Ciudad de México y para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forma parte fundamental de su identidad cultural.

3. Que las autoridades deben crear, estimular, conservar, adecuar y administrar los establecimientos culturales, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

4. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a gestionar los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para que las diferentes manifestaciones y contenidos de la memoria colectiva sean recuperados, registrados y difundidos adecuadamente a nivel local y nacional.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la restauración arquitectónica y ornamental del recinto cultural y patrimonio histórico Teatro del Pueblo, que data del siglo XVII.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, y se ordena insértese, con los nombres completos y los textos íntegros, en el Diario de los Debates.

COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a esta soberanía la conformación de un grupo de trabajo plural con la asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer a este pleno, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI.

El diputado Francisco Hernández Juárez : Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, los suscritos, diputados federales Francisco Hernández Juárez, José Narro Céspedes, Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Cruz López Aguilar, diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual solicitan la conformación de un grupo de trabajo plural con la asistencia de la Dirección Jurídica de esta honorable Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, bajo las siguientes consideraciones:

Uno. Como es del dominio público, el pasado 10 de octubre del presente año, pasadas las 22:30 horas, más de mil agentes de la Policía Federal tomaron las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, ubicadas en la calle de Melchor Ocampo de esta ciudad. Más tarde se supo que, en un acto coordinado, las demás sedes de la compañía Luz y Fuerza del Centro fueron tomadas por la misma PF.

Dos. El domingo 11 de octubre, en un evento por demás peculiar e inusual, el Ejecutivo federal hace publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto que extingue la compañía.

Tres. Los argumentos que se señalan en dicho decreto para justificar esta medida son entre otros, las siguientes:

a) La medida se realiza conforme a la Ley de Entidades Paraestatales (artículos 15 y 16), ya que la operación y funcionamiento de la compañía Luz y Fuerza del Centro, ya no resultaba favorable, de acuerdo con la situación que vive la economía nacional y el interés público.

b) Que la compañía Luz y Fuerza del Centro, desde su creación (febrero de 94) no ha dejado de recibir transferencias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años. De 2001 a 2008 éstas se incrementaron en más de 200 por ciento, y que para este 2009 se incrementarán en casi 42 mil millones de pesos.

c) Que de continuar esta tendencia, las transferencias podrían alcanzar 300 mil millones de pesos en esta administración.

d) Que los costos de la compañía Luz y Fuerza del Centro casi duplican sus ingresos por ventas.

e) Que la compañía Luz y Fuerza del Centro registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos.

4. Que los resultados que reporta la compañía Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores a los de las empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto a los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad.

Como puede observarse, las razones por las que se extingue este organismo descentralizado obedecen a razones eminentemente económicas, donde el único que aparece como chivo expiatorio es el Sindicato Mexicano de Electricistas; una institución histórica dentro del sindicalismo mexicano cuya fundación data de 1914, con la entonces empresa transnacional Mexican Light and Power.

5. Lo que nunca se dice en el decreto es que la compañía Luz y Fuerza del Centro compra caro el kilowatt/hora a la Comisión Federal de Electricidad, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a vender barato, pues es la que fija las tarifas. Además, de manera tendenciosa, por ejemplo, durante las administraciones de Acción Nacional el kilowatt/hora se compró a la Comisión Federal de Electricidad en 1.50 pesos, y se vendió a la industria a 89 centavos. Es decir, se subsidió a la industria con 64 centavos; casi 42 por ciento de su costo.

De igual manera, aunque en menor proporción, para el consumo doméstico Hacienda fija un precio de 23 centavos kilowatt/hora; es decir un subsidio de 30 centavos, equivalente a 19.6 por ciento.

Ésta es, a grandes rasgos, una de las razones perversas del Ejecutivo federal del porqué esta empresa se subsidia, sin considerar decenas de oficinas públicas y la propia residencia oficial de Los Pinos que no pagan un solo centavo por el servicio de energía eléctrica que presta la compañía.

Entonces vale la pregunta, ¿quién realmente fue originario del quebranto financiero de la compañía? Que se deslinden responsabilidades y no se satanice al sindicato. Por eso creemos que asumir una actitud tan ligera por el gobierno federal en una institución a la cual debe mucho el sindicalismo mexicano y la propia formación de la República en la era moderna, habla de la poca conciencia histórica de la derecha. Karl Popper llamaba a esto historicismo, a secas.

Pero no solamente eso. Realmente surgen...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pedimos que concluya, diputado.

El diputado Francisco Hernández Juárez : ... realmente surgen muchas dudas jurídicas en torno a la extinción. Primero se toman las instalaciones violando las garantías individuales y el espacio de trabajo. Después se toman las instalaciones por la Policía Federal y se publica un decreto de extinción del órgano descentralizado. Lo correcto debería haber sido primero el decreto y después los actos de la PF.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 aparece presupuestado para la compañía un monto de 35 mil millones de pesos, es decir, esto se le presupuesta para este año, lo que significa que la Cámara de Diputados deberá ser parte de la decisión del destino de la compañía, ya que, de acuerdo con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución General de la República, es la que aprueba el Presupuesto de la federación. De tal suerte que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional. Es decir, no puede disponer de cuantiosos recursos para extinguir un organismo descentralizado si antes el monto no es aprobado por la Cámara.

Éstas y otras razones son las que obligan a presentar este punto de acuerdo, con la idea de que un grupo de trabajo de compañeros diputadas y compañeros diputados, junto con el área jurídica, se aboquen a realizar un minucioso análisis de este acontecimiento, que presenta aristas y puntos de vista controvertidos.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución

Único. Se solicita a esta soberanía la aprobación de la conformación de un grupo de trabajo plural con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer a este pleno, en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro.

Pido a la Junta de Coordinación Política que en su reunión del próximo lunes defina el número de integrantes y los nombres de los que participarían en esta comisión.

Firman el diputado Francisco Hernández Juárez , Cruz López Aguilar , Gerardo Sánchez García , Federico Ovalle Vaquera y el compañero José Narro Céspedes . Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía la formación de un grupo plural de trabajo, con asistencia de la dirección jurídica, que analice y proponga al pleno la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, según corresponda, respecto al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, y del PRI

Los diputados Francisco Hernández Juárez , José Narro Céspedes , Federico Ovalle Vaquera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual solicitan la conformación de un grupo de trabajo plural, con asistencia de la Dirección Jurídica de la honorable Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (CL y FC).

Los suscritos, diputados federales Francisco Hernández Juárez , José Narro Céspedes , Federico Ovalle Vaquera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual solicitamos la formación de un grupo de trabajo plural, con asistencia de la Dirección Jurídica de la honorable Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, bajo las siguientes

Consideraciones

1) Como es del dominio público, el pasado 10 de octubre del presente año, pasadas las 22:30 horas, mas de mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) tomaron las instalaciones de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, ubicadas en la calle de Melchor Ocampo de esta ciudad. Más tarde se supo que, en un acto coordinado, las demás sedes de la CL y FC fueron tomados por la misma PFP.

2). El domingo 11 de octubre en una evento por demás peculiar e inusual, el Ejecutivo federal hace publicar en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que extingue la CL y FC.

3). los argumentos que se señalan en dicho Decreto para justificar esta medida se señalan, entre otros, las siguientes:

4). Que los resultados que reporta la CL y FC son notablemente inferiores respecto de las empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto a las que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad ( CFE).

Como se puede observar, las razones por las que se extingue a este organismo descentralizado, obedecen a razones eminentemente económicas, donde el único que aparece como ``chivo expiatorio'' es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una institución histórica dentro del sindicalismo mexicano, cuya fundación data de 1914 con al entonces empresa trasnacional Mexican Ligth Power.

5) Lo que nunca se dice en el decreto es que la CL y FC compra caro el kilowatt/hora a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a vender barato, pues es la que fija las tarifas, además de manera tendenciosa. Por ejemplo, durante las administraciones de Acción Nacional, el kilowatt/hora se compró a la CFE en un peso 53 centavos y se vendió a la industria a 89 centavos, es decir, se subsidió a la industria con 64 centavos, casi el 42 por ciento de su costo.

De igual manera, aunque en menor proporción, al consumo doméstico Hacienda fija un precio de un peso 23 centavos kilowatt/hora, es decir un subsidio de 30 centavos, equivalente al 19.6 por ciento.

Esta es a grandes rasgos, una de las razones perversas del ejecutivo federal, del porqué esta empresa se subsidia, sin considerar decenas de oficinas públicas y la propia residencia oficial de los Pinos, no pagan un solo peso por el servicio de energía eléctrica que presta la CL y FC. Entonces vale la pregunta ¿quién realmente fue originando el quebranto financiero de la CL y FC? Que se deslinden responsabilidades y no se satanice solamente al SME.

Por ello creemos que asumir una actitud tan ligera por el gobierno federal en una institución a la cual le debe mucho el sindicalismo mexicano y la propia formación de la república en la era moderna, habla de la poca conciencia histórica de la derecha --Karl Popper le llama a esto historicismo a secas.

Pero no solamente eso, realmente surgen muchas dudas jurídicas en torno a la extinción de CL y FC, por ejemplo:

Estas y otras razones son las que obligan a presentar este punto de acuerdo, con la idea de que un grupo de trabajo de compañeros diputados y diputadas, junto con el área jurídica, se aboquen a realizar un análisis minucioso de este acontecimiento que presenta aristas y puntos de vista controvertidos.

Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a esta soberanía la aprobación de la formación de un grupo de trabajo plural, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, a fin de analizar, estudiar y proponer a este pleno, en un plazo perentorio, la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, en relación con el decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Le pido a la Secretaría que en votación económica pregunte a la asamblea, con fundamento en el artículo 59, si es de aprobar la urgente resolución.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. La diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría calificada; dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia, se considera de urgente resolución. Asimismo, está a discusión la proposición. Hemos tenido el registro de los siguientes oradores en pro de la propuesta.

Por parte del Partido del Trabajo, el diputado Pedro Vázquez González ; por el Partido Acción Nacional, diputado Roberto Gil. Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González , del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González : Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajoapoya la proposición con punto de acuerdo que se nos presenta, para que esta Cámara de Diputados integre un grupo plural que se aboque a la preparación de la controversia constitucional que esta soberanía deberá interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que seguramente se combatirá el decreto de extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de octubre.

El propósito de la controversia constitucional es que la Corte anule el decreto de extinción antes citado, en virtud de que consideramos su notoria inconstitucionalidad, porque, entre otros muchos aspectos, conculca la facultad del Poder Legislativo consignada en el artículo 73, fracción X, para legislar en toda la República en materia de energía eléctrica.

En ejercicio de esta facultad legislativa, el Congreso debe crear los organismos que se encarguen del manejo de las áreas estratégicas de la economía, entre otras, las del sector eléctrico, tal y como lo prevé el artículo 28 de nuestra norma fundamental en su párrafo quinto.

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifestamos nuestras fundadas preocupaciones para que no se sigan, de manera simultánea, violando garantías constitucionales de los trabajadores, así como también violaciones a leyes secundarias.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario apoya la creación de este grupo plural. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho : Con su permiso, diputado presidente. Comienzo. En nombre del Partido de la Revolución Democrática, subo a esta tribuna para pedirles a todas las diputadas y a todos los diputados presentes que nos unamos para aceptar, para impulsar esta controversia constitucional.

No aceptemos y no nos hagamos cómplices de esta canallada, de este acto dictatorial que está utilizando el Ejecutivo.

Quiero apelar a los diputados que veo, que han levantado la mano apoyando que sea de urgente u obvia resolución, diputados del PRI, diputados del PAN, diputados de todos los partidos; los diputados nacionalistas que amamos a México no solamente vemos a México como una empresa, vemos a México con su gente; con su gente que padece. Y ahora están padeciendo y van a padecer muchos trabajadores.

Dirijo mi mensaje a los diputados patriotas que aman a México. No nos hagamos. No hagamos que esto prospere, porque lo que está detrás de este acto canalla y avasallador es México, es la soberanía. Detrás de esto está la tentación de un grupo de derecha de vender nuestro país; detrás de esto está la tentación de impulsar de nuevo una reforma energética para entregar la electricidad y entregar después Petróleos, que no han cejado de intentarlo.

Detrás de esto también está, no solamente golpear al sindicato del SME, sino también desactivar a todos los sindicatos ---y óiganlo bien---, para después entregar nuestros recursos. Y la mano que está blandiendo estos actos canallas y dictatoriales propios de una Segunda Guerra Mundial, de un führer, esta mano es precisamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano que quiere dominar, dominar nuestro país a través de los consorcios financieros internacionales.

Les pido diputados y diputadas, vamos dando oportunidad para que no se den estos actos; vámonos dando oportunidad de actuar, de opinar para que no se den estos actos, para que triunfe la democracia.

El reto de todos nosotros, de esta LXI Legislatura, es impulsar la democracia, no es solapar actos dictatoriales. El México democrático que queremos y que hemos soñado, podemos tenerlo.

Vamos a apoyar, les invito a apoyar que evitemos...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos que concluya, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho : ... que evitemos este gran atropello contra México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional.

El diputado Roberto Gil Zuarth : Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos insistido desde Acción Nacional en que este no es un asunto ni contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas ni una afrenta contra el sindicalismo mexicano.

Hemos dicho insistentemente que la decisión de extinguir la compañía Luz y Fuerza del Centro busca, pretende, está dirigida a fortalecer las finanzas públicas y, sobre todo, a garantizar la prestación del servicio público de calidad para todos los habitantes del valle de México. Es una decisión que ha sido postergada por más de 40 años, porque desde 1975, fecha en la que se aprobó la Ley del Servicio Público de Electricidad, se ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y se ordenó por razones de viabilidad financiera.

Hay que recordar que Luz y Fuerza del Centro nació con un pasivo de más de 20 mil millones de pesos. Durante toda la historia de Luz y Fuerza del Centro se suscribieron diversos contratos de desempeño, convenios de desempeño, compromisos específicos de mejorar la prestación del servicio público. Esas mejoras de gestión nunca llegaron.

La decisión de Luz y Fuerza del Centro está dirigida a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, y en eso nosotros no tenemos duda alguna. No tenemos duda alguna, como sí tienen dudas quienes han planteado este debate.

Hace una sesión se planteaba en esta tribuna, con toda energía, la presentación de una controversia constitucional. Hoy ya tienen dudas. Hoy proponen la creación de un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de la presentación, ya no de una controversia constitucional, sino tal vez de una acción de inconstitucionalidad. Ni la vía conocen.

Está absolutamente claro que la decisión que ha tomado el presidente de la República está apegada a derecho. El artículo 90 de la Constitución establece que las leyes regulan la forma de creación y extinción de los organismos descentralizados.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en los artículos 5o. y 16, establece que se extinguen por la misma forma jurídica en la que fueron creados. Hay que revisar la ley para llegar a esa conclusión. Y precisamente porque nosotros, desde Acción Nacional, tenemos claridad, certeza de la constitucionalidad y legalidad de la decisión que ha tomado el presidente de la República, no nos oponemos a discutir, en cualquier foro, este tema; en esta tribuna, con la opinión pública o en cualquier grupo de trabajo que ustedes quieran crear.

Vamos a acompañar la decisión de crear este grupo de trabajo porque tenemos claridad de la fortaleza de nuestros argumentos jurídicos. Argumentos que no han cambiado, señores; argumentos que no han cambiado, y que sostiene cualquiera que ha sido crítico.

Las dudas son de ustedes. Las dudas están en quienes hoy proponen una cosa...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Roberto Gil Zuarth : Concluyo, presidente. Las dudas están en quienes hoy proponen una cosa y ayer otra. Este país ya no admite más dudas. Una duda histórica hizo ineficiente a Luz y Fuerza del Centro. Una decisión histórica ha resuelto este problema. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Ha concluido la lista de oradores. Pido a la Secretaría que proceda a la votación de la propuesta, a efecto de crear el grupo de trabajo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica...

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado. Para hechos, tiene cinco minutos... Perdón, disculpe. Se había inscrito el diputado Carlos Flores Rico, del PRI, y por una omisión del que habla, no le concedí el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, inscrito por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Flores Rico : Gracias, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, vengo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, para compartir con ustedes nuestro punto de vista respecto de este punto de acuerdo.

La síntesis del mismo es la siguiente. En el PRI vemos que éste es un asunto delicado, de escrupuloso y detenido análisis. Por eso pensamos que ante la argumentación establecida en el decreto sobre la situación de la compañía Luz y Fuerza del Centro, sobre las causas de su situación actual y el desarrollo de la misma, y sobre la salida de dicho diagnóstico, tenemos serias reservas al respecto. Sin embargo, no queremos adelantar juicios ni queremos precipitar decisiones.

Pensamos, con honestidad política, que este asunto debe hacerse a través de un grupo plural, como el que el punto propone. Y hemos solicitado también que ahí se incorpore el área jurídica de la Cámara para que enriquezca la legalidad y fortalezca en su momento el instrumento jurídico a utilizar.

Quiero destacar simplemente cuatro principios que pensamos que pueden enriquecer la visión de este asunto:

El primero es que esta decisión de liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza es responsabilidad exclusiva, con las consecuencias sociales, económicas y políticas que esto tenga, del ciudadano presidente de la República. Él lo decretó, él lo debe asumir.

Segundo. El principio de defensa del derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos libres e independientes, autónomos de la autoridad y sujetos al Estado de derecho. Es decir, defendemos, más que a un sindicato en lo individual o en lo específico, al principio del sindicalismo.

Tercero. El principio del derecho de los consumidores a recibir un trato justo en las tarifas, adecuado a la condición económica del país y a la igualdad de trato de todos los consumidores de todo tipo de la nación.

Cuarto. Defendemos también el principio de la empresa pública y su papel en el desarrollo del México contemporáneo.

La empresa pública no debe ser sujeto, no debe ser objeto, no debe ser materia de denostación, porque el hecho de que una empresa o dos o tres sean mal dirigidas, no cancela este concepto de la administración pública ni de su papel en la construcción de un México de igualdad y de justicia.

Finalmente, queremos llamar a los actores involucrados a respetar escrupulosamente la paz social, el estado de derecho y el derecho que tienen los trabajadores fundamentalmente a expresarse con libertad y manifestarse con oportunidad en lo que ellos consideren conveniente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Se encuentran inscritos el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, y el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista. Al final de sus intervenciones preguntaré en los términos del 116 a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias. Con su venia, señor presidente. Quiero decir que desde nuestro grupo parlamentario no hay duda alguna de cuál es la vía ni de cuáles son las razones para proponer esta controversia constitucional.

Sin embargo, me parece que es muy importante esta propuesta que hemos votado como de urgente u obvia resolución. Y tiene el mérito, respecto a la propuesta que el suscrito o el de la voz propuso en la sesión anterior y que da la posibilidad de conformar un grupo plural en el que todas las fracciones políticas de esta Cámara discutan los argumentos jurídicos.

Creo que es más importante este método, es mejor este método, es más democrático, más deliberante, más dialógico, en donde todos podemos intercambiar puntos de vista.

Estoy convencido de las bondades, como todos ustedes, que supongo tiene la democracia: el diálogo y la deliberación.

Por eso alabo este método que se ha votado aquí como de urgente u obvia resolución y manifiesto y confieso que puede ser o que es superior al que yo había propuesto en la sesión anterior. Por eso es que avalamos. Es una cuestión de método, no es una cuestión que tenga que ver con el fondo.

En el fondo en lo particular estoy convencido de la bondad de las razones que nos asisten para la procedencia de esta controversia constitucional; pero me parece que este método es superior, desde el punto de vista democrático, y por eso lo apoyo, y lo apoyó mi grupo parlamentario, no porque tengamos dudas de las razones, sino porque queremos escuchar otras razones que pueden ser tan buenas o mejores que las nuestras. Y tal vez en ese intercambio de razones podamos ser convencidos.

Me parece que en este momento no lo vamos a hacer, que nosotros insistiremos en la procedencia de la controversia constitucional y en las razones que existen o que nos asisten para sostener la violación a la Constitución.

Eso es todo. Aquí no estamos dudando, estamos escogiendo un método deliberativo superior, un método que nos permita una acción comunicativa más democrática, para referirnos, por ejemplo al filósofo de Francfort Jürgen Habermas. Estamos escogiendo un método de este tipo, un método habermasiano que establece una situación ideal de habla superior que nos va a permitir una acción comunicativa y un entendimiento entre las razones.

Eso es lo que propone este punto que ha leído aquí el diputado Hernández Juárez, que yo considero superior al que habíamos propuesto el martes pasado. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que este punto de acuerdo sea votado favorablemente, y así poder elaborar entre todos una propuesta satisfactoria, una propuesta que garantice el principio de división de Poderes, que garantice las facultades y la soberanía del Poder Legislativo. Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias compañeros y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Nada más para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México. Como se manifestó en días anteriores, respaldamos la posición del Poder Ejecutivo y estamos ciertos de que el procedimiento fue correcto, acertado y, lo más importante, apegado a derecho.

Por eso votaremos a favor de crear el grupo de trabajo plural para analizar y estudiar la viabilidad de una controversia constitucional, para que no quede duda alguna de la legalidad de esta decisión. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Está solicitando la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez, para hechos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas : Con su venia, señor presidente. Señores diputados, sólo para efecto de que no haya dudas, la bancada de Acción Nacional ha decidido ir con este punto para entrarle al debate fino, al debate de naturaleza jurídica, de fondo, con las dudas que vienen a expresar aquí o sin ellas para demostrar de una vez por todas que por lo menos en lo que a la letra que la norma expresa no hay tal controversia entre dos órganos del Estado, según lo establece el artículo 105 constitucional.

Pero Acción Nacional, en aras de ese diálogo democrático, de ese diálogo parlamentario, tenemos que darnos la oportunidad de apoyar el punto. Pero vengo a dejar sentado a esta tribuna la convicción firme, con el criterio jurídico, de que no hay ni materia para tal controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad y mucho menos legitimidad jurídica para realizarlo.

Con gusto nos veremos con los representantes de la bancada de Acción Nacional en ese grupo de trabajo para que, con tiempo, forma y circunstancia, demostremos de manera jurídica que no es viable ni la controversia constitucional ni la acción de inconstitucionalidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Dígame diputado, con qué objeto. Pase diputado, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez : Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros, cómo es posible que Acción Nacional siga insistiendo en un tema bastante delicado, bastante difícil y peligroso.

La vez anterior decía que ojalá y de veras Acción Nacional oriente a Felipe Calderón, lo haga entender, ya que nadie lo hace entender a él. No es momento de echar leña a la hoguera. Estamos en una crisis económica nacional.

El gobierno federal está en guerra contra el narcotráfico; no ha podido con él, y ahora le pega a uno de los sindicatos emblemáticos y combativos de México. ¿Mañana a quién le va a pegar? Le está pegando a la gente pobre. Les está pegando a los trabajadores. Le está pegando a la democracia. Y esgrimen ustedes que es legal.

No es posible que ustedes permitan que Felipe Calderón y el secretario de Trabajo y Previsión Social, que sostengo que está demente, porque solamente a un loco se le ocurre despertar al tigre dormido... El país no está en condiciones de recibir esos golpes a la democracia. Y se va a demostrar a través de esta comisión plural, de este grupo plural de diputados de todas las fracciones, que no solamente cometieron un error el secretario del Trabajo, el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, sino que están en la ilegalidad.

Se va a demostrar y a ver con qué cara van a ir los diputados de Acción Nacional a decirle a los electores que otra vez se equivocaron. Porque es muy fácil hacer campaña con promesas, ofrecimientos. Y hasta se atreven a darle la mano y apapachar a la gente pobre; pero cuando son las tomas de decisiones aquí en tribuna es cuando votan contra los que menos tienen, votan contra los trabajadores, votan contra la democracia, votan contra México.

Reflexionen, compañeras diputadas y compañeros diputados de Acción Nacional. Qué bueno, ya se aceptó que se va a formar este grupo plural, y ahora esperemos que con conciencia, con ese amor que le dicen tener a México, actúen en consecuencia. La verdad va a salir. Y vean cómo hoy más de 100 mil personas van a manifestar su inconformidad por este gobierno tirano, por este gobierno represor, por este gobierno inconsciente.

Sean testigos de lo que va a empezar hoy en la tarde. Esperemos que lo asimilen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada, comuníquese.

Se encuentra de visita una delegación del distrito XXX del Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl, a la que le damos la más cordial de las bienvenidas. Igualmente, nos acompañan el presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, y su cabildo, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas.

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional también están hoy con nosotros, a quienes saludamos afectuosamente.

PAQUETE ECONOMICO 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se requieren informes en materia del paquete económico 2010.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Señor presidente, sin que merme mi tiempo, quiero dejar aquí sentada mi protesta por el manejo que se hace del orden del día, sin consultar a quienes están agendados.

Además, también quiero informar que se está celebrando un foro de vivienda y que a la gente que acudía a éste no la dejaban entrar a esta Cámara de Diputados.

Diputados y diputadas, el 20 de octubre es el último día para la aprobación de la Ley de Ingresos, pregunto: ¿cómo vamos a aprobar una iniciativa sin contar con la información fundamental para hacerlo?

Desde el pasado 17 de septiembre, diputados y diputadas de la fracción parlamentaria del PT hicimos una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que nos señalara los nombres de las 100 empresas o bancos que fueron beneficiados con la devolución de impuestos. Sin embargo, hasta hoy no se ha tenido respuesta. Cuando se inició la crisis, se dijo que sólo se trataba de un simple ``catarrito'' y no se tomaron medidas. Ahora quieren aumentar el IVA de 15 a 17 por ciento.

De aprobarse su propuesta, el asalariado, profesionista, pequeño empresario o comerciante, por cada mil pesos que pagó de ISR este año, en 2010 pagará mil 17 pesos.

Habrá un alza generalizada de precios de todos los servicios y productos. Los mejores economistas en el mundo afirman que en tiempos de crisis no hay que subir los impuestos, porque generan más pobreza y desempleo.

Conforme a la iniciativa de Ley de Austeridad, presentada el pasado martes, calculamos un ahorro de 200 mil millones de pesos con distintas medidas, entre las que resaltan la reducción de salarios y prestaciones, eliminación de puestos y gastos suntuarios.

En sólo dos años la actual administración ha creado cerca de 54 mil puestos para la burocracia de alto nivel, que representan un gasto de más de 125 mil millones de pesos.

Por lo anterior, se pregunta lo siguiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. en términos del artículo 93 constitucional: ¿Cuántos recursos traería a el Estado eliminar, sin contravenir derechos constitucionales, los regímenes especiales como la consolidación fiscal, la exención de impuestos por venta de empresas en la bolsa, la depreciación acelerada de activos, el abuso en donativos deducibles de impuestos y el incumplimiento de pagos de créditos fiscales?

¿Cuáles son los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el SAT con la devolución multimillonaria de impuestos conforme a la Auditoría Superior de la Federación?

¿Cuáles son los nombres o razones sociales de la lista de las 100 principales empresas o bancos que del año pasado a la fecha han sido beneficiados con la devolución de impuestos y con créditos fiscales?

En el punto de acuerdo que hoy presentamos exigimos respuestas a la Secretaría de Hacienda, acerca de estas importantes preguntas.

Que quede claro, no contestar significa estar a favor de la opacidad y, por tanto, en contra de los intereses del pueblo.

Solicito que este punto pueda ser presentado a votación nominal y además, como se ha señalado, que sea de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se requieren informes en materia del paquete económico de 2010, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en los artículos 31, fracción IV, 39, 40, 41, primer párrafo, 70, tercer párrafo, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a ustedes proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

Hasta aquí la cita textual de la Sentencia que el Pleno de la Suprema Corte resolvió por unanimidad en la acción de inconstitucionalidad 170 del 2007, que reitera las resoluciones en las acciones de inconstitucionalidad 2 del 2007, 52, 53 y 54 del 2006 así como la 9, 32 y 34 del 2005.

En otras palabras, la Suprema Corte ha reiterado en varias sentencias que las mayorías parlamentarias deben respetar el procedimiento legislativo en forma tal que no impidan a las minorías parlamentarias expresarse. Por lo que las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías, como las que se refieren a los soportes documentales de los dictámenes a votación, deben ser respetadas.

Estos soportes documentales pueden obtenerse con base en el artículo 93 constitucional que establece:

Es decir que cuando esta Cámara discute una ley, como es el caso de las iniciativas presentadas con motivo del paquete económico, puede convocar a secretarios de estado para que comparezcan, y puede con mayor razón, formularles preguntas escritas que deben responder en menos de 15 días naturales.

Sobre este artículo constitucional, la Suprema Corte también resolvió en la controversia 26 del 99 lo siguiente:

Hasta aquí la cita textual.

Nuestro ánimo es proponer, debatir, deliberar en condiciones de igualdad, representar a quienes votaron por nosotros y conocer la verdad de la situación de las finanzas públicas.

Por todo lo anterior, los suscritos diputados y diputadas hacen del conocimiento de este Pleno que, para el efecto de la discusión del paquete económico 2010, nos constituimos como minoría parlamentaria con el ánimo de convencer sobre la validez de nuestros argumentos y razones, para de esa manera construir una mayoría a favor de nuestras propuestas y posiciones.

Por ello demandamos que se requiera la siguiente información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del actual régimen.

Si, como ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación, la eficiencia recaudatoria y la remuneración de servidores públicos persisten como áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano y, por tanto, no aprueban este punto de acuerdo, o Hacienda no contesta o miente, y ustedes aprueban el paquete económico 2010, llamaremos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía y el Petróleo a promover millones de amparos contra el alza de impuestos y tarifas, y ustedes nos habrán dado el argumento: la opacidad y la iniquidad en la deliberación parlamentaria.

Antes de querer aumentar impuestos o crear impuestos nuevos, queremos saber cuánto pagan los grandes empresarios y banqueros de este país.

Por todo lo anterior, la Cámara de Diputados pregunta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del actual régimen, en términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

• Contar con electricidad gratuita en los consumos de 1 a 150 kilowats/hora. • Disminuir un 15 por ciento el precio de la tarifa doméstica y congelamiento durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica. • Desaparecer la tarifa doméstica de alto consumo. • Obtener una tarifa agrícola, cuyo precio fomente la recuperación del campo mexicano. • Mantener el subsidio a la tarifa doméstica. • Fijar el costo de la gasolina y el diesel conforme a los precios de 2006

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Si tiene el escrito correspondiente solicitando la votación nominal.

Diputado, tiene usted el uso de la palabra. Diputado Ramírez Marín, díganos con qué objeto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Solicitar respetuosamente a la proponente de la votación nominal, si estaría de acuerdo en que fuera económica.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada, le está solicitando el diputado Ramírez Marín, que si aceptaría usted que fuera económica la votación.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Acepta la diputada que sea económica. En tales condiciones, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, por favor, que pregunte si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de urgente resolución. Los diputados y diputadas a favor sírvanse manifestarlo. Los diputados y diputadas en contra sírvanse manifestarlo.

Mayoría calificada, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Mayoría calificada en qué sentido, secretario?

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Mayoría calificada a favor, diputado presidente. No puede ser en contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Puede ser en contra. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión.

Se ha anotado en pro, el diputado Armando Ríos Piter , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Armando Ríos Piter : Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, sin duda alguna este punto de acuerdo es de especial interés para la discusión nacional que tenemos en nuestras manos.

Hoy estamos discutiendo un paquete fiscal que pone a debate muchos de los graves problemas que sufre este país, pero uno de los más importantes, uno de los que más interés reclama para los representantes populares, es cuánto están pagando los contribuyentes.

En un país en el que existe una de las mayores desigualdades del mundo, una inequidad en la distribución en el ingreso igual a la que presentan países del África subsahariana, como Nigeria, como Zimbabue, es importante entender que el tema tributario es indispensable para reconstruir un pacto social que se desquebraja día con día.

Cuando hablamos de casi 460 mil millones de pesos que un grupo de grandes consorcios han logrado no pagar, que han logrado eludir la responsabilidad que tienen con la nación, entonces tenemos que empezar a pensar si queremos como legisladores, si queremos como representantes del pueblo que somos, empezar a transformar verdaderamente ---más allá del discurso--- esta realidad lacerante en la que tenemos a 20 millones de personas hoy, que no tienen con qué comer al día, mientras tenemos a 11 familias que son dueñas de más de 5 por ciento del producto interno bruto. Ésa es la discusión que está puesta a consideración en este punto de acuerdo.

Que nosotros como legisladores tengamos la capacidad de continuar una transición democrática que se quedó trunca. Porque hoy es solamente el presidente de la República, es solamente el Ejecutivo federal, es solamente la instancia del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, que es quien tiene atribuciones de ley para conocer quiénes están pagando los impuestos...

Hoy el tema del secreto fiscal, que es lo que se está discutiendo, es parte de lo que le tenemos que dar al Poder Legislativo y a cada uno de los diputados que representan al pueblo. Hoy lo que está a discusión es si podemos conocer quiénes le están viendo la cara a la nación o quiénes se están poniendo de acuerdo con el poder público para seguir mandando entre unos cuantos el destino de la nación.

Eso es lo que está a consideración en este punto de acuerdo. Un punto de acuerdo en el que podamos avanzar en la construcción de una verdadera democracia, de un verdadero equilibrio de poderes, de un verdadero Poder Legislativo que puede equipararse con el Poder Ejecutivo; y que en ese sentido la conducción de la transición democrática vuelva a recaer en los hombros del pueblo. Que no se quede en unos cuantos ricos, en unos cuantos oligarcas y poderes fácticos, que lo que están haciendo es abusar no tan sólo del sistema tributario, sino del esquema regulatorio y de las decisiones del poder público.

Aquí está frente a nosotros un punto de acuerdo que viene a iniciar la construcción de un nuevo momento de la nación mexicana. Espero que estemos a la altura los legisladores, independientemente de los grupos parlamentarios, de entender que lo que estamos buscando transformar es la transparencia, cómo se manejan los dineros de la nación; la transparencia de cómo logramos un sistema recaudatorio que nos lleve por la ruta de la equidad.

No podemos seguir permitiendo ---y lo dijimos aquí el martes pasado--- que la cita de Alexander von Humboldt siga siendo real a 200 años. Hace 200 años el sabio alemán planteó que nunca había visto un país con tanta riqueza, con tantos recursos y con tanta desigualdad.

Por eso debemos tener esa información y tenemos que construir los mecanismos para que el Poder Legislativo se convierta en un verdadero par del Ejecutivo, que pueda exigirle cuentas y tener una buena capacidad de planeación. Eso es lo que hoy está frente a nosotros.

Estará en nosotros descansar para que las cosas sigan en manos de unos cuantos que se han aprovechado del país, que han generado esquemas para solamente saquear y no pagar lo que les toca; o trabajar para que podamos empezar a hacer una verdadera evolución de una patria que sea más justa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, del PT.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta : Con su venia, presidente.

Compañeras y compañeros, durante este fin de semana estaremos aprobando la Ley de Ingresos para el próximo año. Esta decisión implica afectar los bolsillos de muchos mexicanos.

Estamos en esta Cámara ante la disyuntiva de ver quién tiene que pagar impuestos en este país: si son los asalariados, los causantes cautivos, los boleros, aquellos de los que se habla para ampliar la base gravable. Pero no sabemos cuánto pagan de impuestos las grandes empresas.

Ayer, el Servicio de Administración Tributaria nos dijo que 400 grandes grupos empresariales que tuvieron ingresos por 5 billones de pesos, 40 por ciento del PIB de este país, pagaron impuestos solamente por el equivalente a 1.7 por ciento de estos; es decir, 85 mil millones de pesos.

Pero lo más grave es que el propio SAT acepta que en un régimen convencional de pago del ISR, que es el seguido por los contribuyentes de régimen general, los grupos empresariales estarían obligados al pago de un ISR varias veces mayor.

Me pregunto: ¿qué Congreso en el mundo puede tomar decisiones con frases tan ambiguas como ``varias veces mayor''? ¿Qué Congreso en el mundo puede decidir sobre los bolsillos de 105 millones de mexicanos, cuando le dicen que ahí 400 grandes empresas podrían pagar varias veces más? Y lo pero de todo, ¿qué Congreso del mundo permite que esa situación no se corrija?

Nosotros sabemos que ha crecido el número de plazas de los altos funcionarios públicos, pero tal parece que es un secreto de Estado saber cuántas. Tal parece que es un secreto de Estado saber realmente cuáles son las prestaciones de estos funcionarios. Lo que se le está pidiendo a la Secretaría de Hacienda en este punto de acuerdo es que conteste puntualmente a lo que nunca contesta en este recinto y a lo que nunca contesta en las comparecencias. Y está fundamentando en la ley. ¿Para qué? Para hacer de este país un país más justo, más equitativo.

Sabemos que tenemos graves problemas de inequidad fiscal, y hoy podemos corregirlos, y hoy podemos tener la respuesta a estos cuestionamientos y a estas inquietudes del Congreso, que por muchos años ha tenido. Creo que es un acto de responsabilidad y un compromiso con el pueblo de México, con quienes nos eligieron, votar a favor de este punto de acuerdo y exigirle a la Secretaría de Hacienda que nos dé estos datos como una condición para discutir y aprobar ---en su caso--- el programa económico, o las decisiones que tome esta soberanía.

Resulta insultante que estas agencias de información crediticia tengan acceso a la información fiscal y el Congreso mexicano no lo pueda conocer; es decir, estamos abajo de una agencia crediticia. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. Los exhorto y los invito a votar a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza : Señoras y señores representantes, celebro que la diputada Laura Itzel haya invocado una de las figuras parlamentarias más interesantes, más importantes y al mismo tiempo, menos ejercidas en nuestro régimen parlamentario.

El que ella haya invocado el 93 constitucional, que se traduce en el derecho al control parlamentario, que en los regímenes de división de poderes ---aún en los sistemas presidencialistas--- pueden tener los grupos de oposición. En nuestro país ese ejercicio de control parlamentario nace con las modificaciones del 74, del 77 del siglo pasado.

Su práctica tiene como propósito que el Poder Legislativo no sólo cumpla su tradicional función de hacer leyes. El Poder Legislativo en la actualidad no es ninguna fábrica de construir, de fabricar leyes simplemente. Tiene otro papel fundamental: ser contrapeso del Poder Ejecutivo; ser, a través de los grupos opositores, el mecanismo de fiscalización, de revisión y aún de crítica parlamentaria.

Es de llamar la atención que el grupo parlamentario que representa a un gobierno, de cuestionado origen, se oponga a una de las más elementales tareas del Poder Legislativo, el recabar información de lo que hacen quienes gobiernan, cómo gastan el dinero, en qué lo gastan, de la honestidad con que lo hacen.

Ya se dijo aquí el 17 de septiembre. El Grupo Parlamentario del PT solicitó formalmente y por escrito a Gómez Mont, una serie de información sobre los temas que aquí se han tratado. A la fecha hay un oficio, que parece se hizo en Oficialía de Partes, donde simplemente se enumera una serie de copias a funcionarios de menor nivel para su respuesta.

¿Es ése el Poder Legislativo que queremos en México? ¿Un Poder que resista o que se atenga al menosprecio del Poder Ejecutivo? Por eso hoy nosotros estamos proponiendo que se nos dé respuesta puntual a algunas afirmaciones, a algunas interrogantes.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la austeridad de las finanzas públicas, la pregunta es: en dos años se han creado cerca de 54 mil puestos de alto nivel, de director de área a subsecretarios. ¿Eso representa un gasto de 125 mil millones de pesos? ¿Esto es más de lo que se destina a la salud pública? ¿Es casi el doble del presupuesto de las universidades públicas del país? ¿No nos pueden contestar, en el Ejecutivo, a los representantes elegidos por todos los votantes de este país?

Otra pregunta: una fuerte reducción basada en la eliminación de gastos suntuarios de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, telefonía celular, oficinas alternas, arrendamientos de computadoras, vehículos, aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, la adquisición para funcionarios públicos, ¿podría sumar 50 mil millones de pesos?

No nos pueden contestar. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Ésos son sólo botones de muestra de uno de los más elementales derechos que esta representación tiene de solicitarle al Ejecutivo. Por eso en la antesala de la aprobación de la votación de un paquete económico de leyes de Ingresos, de Presupuesto de Egresos, es lo mínimo que podemos exigirle y demandarle a un gobierno de facto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Rodríguez Regordosa.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa : Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, tal como ya lo han comentado, México, nuestro país, es una República que está ordenada en tres Poderes. Éste es parte del Poder Legislativo y efectivamente, como se ha comentado, tiene básicamente dos objetos en el espíritu de su creación: la confección y redacción de las leyes, y efectivamente ser un contrapeso ante los posibles excesos que pueda cometer el Ejecutivo.

Nuestra función esencial, sin duda, está en el ámbito de la confección de las leyes, de la supervisión de que el gasto que genera el gobierno esté claramente vinculado a los parámetros que las propias leyes establecen. En esa lógica precisamente este Congreso está organizado en una serie de comisiones de trabajo, de las que seguramente todos formamos parte.

Nos preguntamos en Acción Nacional qué sentido tiene que vengamos aquí a proponer al pleno, que en el seno del pleno se discuta que nos pasen una serie de datos, cuando apenas hace un par de semanas hemos aprobado crear una Comisión Especial de Gastos Fiscales, que tiene que atender esta materia.

Y cuando ayer, en la sesión de la Comisión de Hacienda, uno de los temas que se dictaminaron ---por algunos de los que me han antecedido en la palabra--- es precisamente en qué términos solicitar información al Ejecutivo, porque sí es importante que se rindan cuentas.

Tenemos que fortalecer a las comisiones, tenemos que fortalecer el trabajo legislativo, tenemos que hacer un esfuerzo de que todo vaya teniendo su marcha natural y que se analicen con exhaustividad todos, absolutamente todos los temas. Y éste es sin duda uno de ellos. Pero en los cauces naturales que la propia ley establece y que la operatividad ordinaria de este cuerpo colegiado tiene.

Vengo a pedir que se vote en contra de este dictamen y no porque se vote en contra su materia, sino porque es materia de comisiones como la de Hacienda; para que se revise con exhaustividad lo que se está comentando que se revise, y siempre cuidando que esa información no sea mal usada, porque precisamente éste es el riesgo por el que estamos atravesando.

Venirlo a proponer aquí para la foto, para la posibilidad de subir a la tribuna y dar el discurso, para generar un poquito de estridencia, incluso mediática, me parece que es irresponsable. Me parece, al contrario, que es enormemente responsable el que se pida la información puntual, como se ha hecho, y que se exija con detalle que la Secretaría de Hacienda y el SAT respondan puntualmente.

Y que esa información sea analizada con responsabilidad porque no se trata de crucificar a nadie; se trata de lograr que este país crezca, que haya incentivos para que los inversionistas inviertan y generen fuentes de empleo, que haya mecanismos para asegurar el cobro de impuestos oportuno, racional, conveniente, y que de esta manera pueda ir habiendo más fuentes de empleo para este país, que es justo lo que está siendo necesario.

Si ya está creada la Comisión Especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales, si ya están instaladas y operando las comisiones como la de Hacienda, ¿qué sentido tiene buscar la foto? ¿Qué sentido tiene buscar el micrófono para preguntar lo que allá mismo se está preguntando?

Creo que así como no tiene sentido hacerlo, tampoco tiene sentido venir a afirmar aquí cosas sin bases sólidas. El crecimiento de la burocracia al que han aludido; por favor, pidan los reportes y cuando se los otorguen ya verán que es mentira como se está planteando.

La operación racional y responsable del gobierno federal, el esfuerzo de apretarse el cinturón en más de 200 mil millones de pesos, particularmente los puestos que ganan más dinero, el limitar el incremento salarial a las puntas de las pirámides organizacionales de las dependencias, no es fruto de la casualidad; es fruto de una convicción responsable de Acción Nacional de que hay que poner el ejemplo.

Por eso fuimos la primera bancada que dijo ``redúzcase el sueldo de los diputados'', tema que fue votado por los propios diputados. En esa lógica estamos. En esa lógica estamos en todos los temas incluyendo estas solicitudes de información, pero por la vía parlamentaria que debe ser: por las comisiones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tenemos inscritos para participar a los diputados Armando Ríos Piter, al diputado Mario di Costanzo y al diputado Gastón Luken. Una vez que concluyan estos oradores, estaré preguntando si se encuentra suficientemente discutido.

Para rectificación de hechos tiene usted el uso de la palabra, diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Compañeros diputados, compañeras diputadas, me parece que el esfuerzo que se hizo en el tema anterior, de ir encontrando puntos de coincidencia para encontrar salidas políticas debería también regir este punto que se está planteando.

Lo que la fracción y los diputados del movimiento están solicitando es información, información fundamental para tomar decisiones con seriedad en esta Cámara de Diputados. Nosotros hemos venido sosteniendo que los grandes, grandes empresarios no pagan impuestos y le estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda que informe sobre este tema.

Me parece que no puede haber alguien aquí que se oponga a que esa información sea proporcionada a esta soberanía y me parece que nadie tampoco se opondrá a que quien no pague impuestos lo haga, sea quien sea, por importante o por modesta que sea su aportación a la riqueza de este país.

En este sentido me parece que lo que aquí se está debatiendo ---deberíamos hacer un esfuerzo por centrarlo--- es que no se siga evadiendo la entrega de información y que esa información se entregue, además, con veracidad.

Hasta ahora los funcionarios que han comparecido no han cumplido con esta responsabilidad. Ayer hubo un ejemplo con el secretario de Salud. Cuando se le pregunta su sueldo, dice que recibe 53 mil 400 pesos quincenales. A lo mejor después de descuentos, a lo mejor sin considerar sobresueldos.

Necesitamos dejar de lado la retórica y tomar decisiones en serio. Se habla aquí de que Acción Nacional ha planteado la disminución de las dietas de los diputados. Tendríamos no sólo que hacer eso. Aquí se ha planteado que no haya sobresueldos, que no haya manera de trampear los ingresos que verdaderamente se tienen, que se retiren los seguros privados.

Yo plantearía que, en un ánimo de ir encontrando decisiones que representen además la pluralidad de esta soberanía, vayamos quitando estos falsos debates y vayamos centrando las cosas en lo que se está planteando. Debe darse esa información, no hay ninguna razón para que esa información no se dé y creo que debería votarse a favor este punto, sin mayor cortapisa. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta : Con su venia, presidente. Nada más para señalar que lo que se discutió ayer en la Comisión de Hacienda fue un aspecto muy puntual de las solicitudes en términos de los impuestos a las empresas. No tiene nada que ver con las preguntas que se están planteando aquí.

Les voy a leer una, por ejemplo: ¿cuántos recursos traería al Estado eliminar, sin contravenir derechos constitucionales, los regímenes como la consolidación fiscal? ¿Qué acaso es un secreto de Estado? No se está violando el secreto fiscal; simplemente se está pidiendo una estimación que debe tener la Secretaría de Hacienda.

La exención de impuestos por ventas de empresas en la bolsa es una información que debe tener la Secretaría de Hacienda y que no forma parte del secreto fiscal. De hecho, una de las reformas que se están planteando en la Ley de Ingresos implica que conozcamos cuántos impuestos tenían las empresas en 2004, diferidos, para poder calcular lo que se va a captar con esa reforma.

La reducción de 50 por ciento en los salarios ¿cuántos ahorros generaría? Tampoco viola ningún secreto fiscal. Lo mismo podría preguntar sobre 25 por ciento, 30 por ciento. Simplemente quiero saber ¿cuántos ahorros y de dónde se generan? ¿Dónde está el pecado de preguntarle a la Secretaría de Hacienda eso?

En dos años se han creado cerca de 54 mil puestos de alto nivel. Que me diga la Secretaría de Hacienda que no, que han sido 25 mil o que han sido 60 mil, pero es un dato que requiero conocer.

Creo que no nos podemos oponer a que el Congreso cuente con información firme, veraz, sobre diferentes aspectos presupuestarios y tributarios para una mejor toma de decisiones. No podemos dejar que este Congreso opere sin información objetiva. Y lo que no tenemos en este momento es información objetiva.

Por eso les pido, que no nos espantemos y que votemos a favor este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter : Con su permiso, señor presidente, me parece importante compartir algunas reflexiones y obviamente, algunos matices de este, que repito, es un debate muy importante para el país y en el cual lo que está en juego es la posibilidad de empezar a construir un nuevo momento del Poder Legislativo.

A nosotros nos toca elaborar la Ley de Ingresos y nos toca discutir y revisar si la forma en la que los contribuyentes están pagando es eficiente; si permite que la recaudación sea sana, y que los dineros que se recauden puedan invertirse con la finalidad de generar procesos de desarrollo, programas, atender a las clases marginadas, generar infraestructura. Y ésa es la visión de lo que significa un paquete fiscal.

Sin embargo, hoy, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, recibe a cuentagotas la información. Hoy la Cámara de Diputados depende exclusivamente de la Secretaría de Hacienda, y en lo específico del SAT, para saber cuánto dinero se está recaudando, quién está pagando o quién no lo está haciendo.

Ésta es una pregunta que no debe tener distingos de partidos políticos Y creo que aquí habría ---con todo respeto para el diputado Pablo---, que hacer una reflexión mucho más profunda.

De lo que trata este punto de acuerdo es de lograr un nuevo momento en el que el Poder Legislativo pueda empezar a compartir la responsabilidad; de saber la información, con la finalidad de generar los mejores planteamientos de política pública; de generar las mejores leyes en un debate que se conduce con una gran opacidad y que genera ---esto es importante reflexionarlo para el momento que hoy vive el país---, graves tensiones entre los distintos actores sociales.

Hoy lo que venimos aquí a defender es la posibilidad de hacer que el Poder Legislativo evolucione en condiciones de mayor igualdad frente al Ejecutivo. Si está en nosotros crear la ley y está en nosotros también ver y supervisar que de esas leyes emanen políticas públicas y emanen programas, también debe estar saber y conocer que lo hagamos de la mejor manera. No lo estamos planteando con la finalidad de llegar a un mundo o a un momento irresponsable en el manejo de esa información. Esto es importante subrayarlo, porque así fue discutido ayer con los compañeros del PRI e incluso con los compañeros del PAN.

Lo que se planteó es evolucionar en el acceso que pueda tener el Poder Legislativo para crear mejores leyes tributarias, para que podamos saber, con los cuidados pertinentes, con la responsabilidad ---lo que me parecería grave--- que como legisladores, las 500 personas que están representando al pueblo, pudieran votar en contra de un punto de acuerdo, que lo que busca es ponerlos en la misma condición de responsabilidad que hoy solamente tiene el Poder Ejecutivo.

Y eso es lo que estamos poniendo a consideración, y lo estamos planteando de una manera responsable, como ayer planteamos el punto de acuerdo y como ayer logramos, por consenso unánime en la Comisión de Hacienda, un transitorio que nos ayude a empezar a construir un nuevo momento de la nación.

Hoy tenemos un país diferente. Hoy la gente nos está pidiendo que el equilibrio de poderes sea real, para que en el seno del cuerpo colegiado de esta soberanía se decida el futuro de un país que tiene graves contradicciones, graves inequidades y sobre todo graves malestares.

Y es aquí, precisamente en esta tribuna, donde volvemos a subrayar: construyamos juntos, todos los partidos políticos, ese nuevo momento para el equilibrio de poderes, para que sepamos con responsabilidad, con los instrumentos que debamos definir para acceder a esa información y darle el uso responsable que se requiere. Pero también para que con esa información tomemos las mejores decisiones que hoy el pueblo de México reclama para todos y cada uno de los diputados.

Yo los invito, compañeros del PAN, compañeros del PRI, compañeros del PT, compañeros de Convergencia, del Verde y del Panal, a que se trabaje este punto de acuerdo y lo aprobemos, porque es por el bien del equilibrio de poderes y por el bien del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gastón Luken, del Partido Acción Nacional.

El diputado Gastón Luken Garza : Gracias, señor presidente. Buenas tardes. No se puede aspirar al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos si primero no hay transparencia en los mismos.

Acción Nacional está completamente de acuerdo en el tema de transparencia. Lo vamos a impulsar empezando aquí, en nuestra casa, porque no se vale ser incongruente. El Poder Legislativo tiene la facultad y la responsabilidad de exigir cuentas al Poder Ejecutivo, pero también la pregunta es, ¿a quién le rendimos cuentas nosotros, aquí en el Congreso, de manera transparente? Creo que hay una gran tarea en ese sentido.

Acción Nacional se une a la inquietud razonada y razonable de la petición de la información. Información muy valiosa para poder tomar decisiones que tanto urgen a nuestro país. Invitamos a que cuando se obtenga esa información por los conductos, por los cauces que se requieren a través del trabajo de las comisiones, o cualquier instancia que sea necesaria, hagamos un uso responsable de esa información.

Uno de los retos de la transparencia es que genera información y esa información genera debate, genera enojo en muchas ocasiones, cuando se sabe lo que no se quisiera saber; genera controversia. Por eso nuestro llamado atento, respetuoso y subrayado a que esa información que tengamos, que obtengamos por los procedimientos correctos, se use de manera adecuada. No para el escándalo, pero sí para una toma de decisiones responsable.

En el caso de aquellas empresas que ---de ser cierto--- pagan o no los impuestos que uno quisiera o que unos quisieran que pagaran, no debemos satanizarlas. Están usando los instrumentos legales que tienen a su disposición para hacer esos pagos. En dado caso, acordemos que los instrumentos cambien para que el ejercicio y el uso de los ingresos fiscales sean más adecuados, en beneficio de todos.

Invitación a la congruencia. No se vale pedir lo que no se da. No se vale ser lo que no se es. La transparencia es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso Acción Nacional va con el tema, y los invitamos a que nos acompañen.

Sin embargo, hay que hacerlo por los cauces institucionales y de la manera más responsable.

Buscamos ser ejemplo, buscamos ser el partido de la transparencia y estamos contra un uso escandaloso, mediático y equívoco de esta información. Invitamos a que sea por las comisiones y los conductos adecuados que obtengamos esa información y la procesemos de manera conjunta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rolando Zapata, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello : Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de la discusión de este punto de acuerdo hemos sido testigos y hemos escuchado profundas reflexiones, que van desde la función del Estado mexicano, y particularmente de este Poder Legislativo, hasta reflexiones dirigidas más bien al encono político, en las que se han expresado juicios de valor, muchos de los cuales no compartimos.

De manera particular, hemos votado en su momento a favor de la urgente u obvia discusión de este punto de acuerdo, porque por congruencia nosotros lo vemos--- más allá de esas profundas reflexiones--- simple y llanamente como lo que su contenido expresa: una solicitud de información que nosotros los diputados, este Poder Legislativo, requiere para realizar mejor su trabajo, particularmente en estos momentos en los cuales nos encontramos analizando todos los diferentes elementos del paquete económico para 2010.

Asumimos los diputados del PRI una posición a favor, lisa y llanamente, de la solicitud de información. Y lo hacemos, en primer lugar, sin prejuzgar ---y eso es algo muy importante y lo señalamos de manera enfática---, sin prejuzgar ni a las empresas que, como ya se ha señalado, haciendo uso de los instrumentos institucionales de nuestro derecho positivo han realizado sus contribuciones; ni prejuzgando a la autoridad federal, por presunta falta de transparencia.

Simple y llanamente creemos que esta información que se solicita es importante para el trabajo que estamos realizando como órgano colegiado, en las diferentes instancias y en las diferentes comisiones.

También lo hacemos por congruencia. Porque ayer, en el seno de la Comisión de Presupuesto ---de la cual me honro en ser secretario--- hicimos de igual manera un procedimiento para solicitar, mediante la unanimidad de la votación de los diputados de las diferentes expresiones, información a la Secretaría de Hacienda que también nos va a servir en mucho para poder realizar nuestro trabajo.

Todo lo que permita generarnos información va a ser de gran importancia, por eso estamos de acuerdo en el fondo en solicitar la información. Sin embargo, de igual manera, por congruencia y en atención al orden legislativo que debe existir, consideramos que, en efecto, existe una la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, y se ha señalado de manera expresa que es un espacio para realizar precisamente este tipo de análisis.

Por eso me permito, a nombre de los diputados del PRI, hacer una modificación, proponer una modificación a este punto de acuerdo, en el sentido de que el contenido de estas preguntas sea aprobado, y sean turnadas de inmediato a la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, para ser desahogado su trámite de inmediato.

Consideramos que de esa manera cumplimos con nuestro propósito de orden institucional, pero de igual manera cumplimos con la alta responsabilidad con nuestros ciudadanos, de generarnos información para cumplir mejor con nuestro trabajo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Itzel Castillo, para referirse a la propuesta que hace el señor diputado, antes de someterla a consideración de la asamblea.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Diputados y diputadas, lo importante es que realmente podamos contar con los datos para posteriormente, discutir, como se debe, la Ley de Ingresos.

Por tal razón, consideramos que en el ánimo de que haya un consenso para solicitar a la Secretaría de Hacienda que responda sobre estos asuntos, pensamos que el canal conducente puede ser efectivamente la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, que se constituyó recientemente.

Por tal motivo, solamente planteamos que, de manera determinante, esté lista esta información que estamos pidiendo, desde luego antes del día 20 de octubre, que es el próximo lunes. Si no es así, entenderemos que se está a favor de la opacidad y en contra de los intereses verdaderos de la nación. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. En virtud de la propuesta rea-lizada por el señor diputado Rolando Zapata y la aceptación...

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Con qué objeto, diputado Pablo Rodríguez?

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para compartir, que la posición de la bancada de Acción Nacional es en los términos de que el trabajo legislativo es en comisiones. Luego entonces nos parece razonable que estas preguntas se turnen a la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales y se dé cauce al trabajo legislativo de manera ordenada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. En virtud de lo manifestado, tanto por el proponente como por la diputada que presentó la iniciativa inicial, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta hecha por el diputado Rolando Zapata.

La Secretaria diputada María Dolores Del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Rolando Zapata a la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se acepta la propuesta de modificación. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La Secretaria diputada María Dolores Del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias.Aprobado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y comuníquese para que las preguntas se hagan a la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Señoras y señores diputados, en virtud de los acuerdos celebrados por la Junta de Coordinación Política ---siendo hoy jueves---, la tarea a realizar en la sesión de hoy y siendo las 2 de la tarde con 15 minutos, pasamos a la agenda política, previamente teniendo el acuerdo de proposición de los órganos de gobierno, al cual pido a la Secretaría dé lectura.

ASAMBLEA DE LA UNION INTERPARLAMENTARIA Y REUNIONES CONEXAS

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los legisladores que representarán a la Cámara de Diputados en la 121 asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de acuerdo al artículo 34, numeral 1, inciso c), es atribución de la Junta de Coordinación Política designar a las delegaciones que atenderán la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral.

Segunda. Que en la designación de estas delegaciones la Junta tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de la delegación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales.

Tercera. Que para efectos de la integración de la delegación que asistirá a la 121 asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, la Junta de Coordinación Política ha considerado lo establecido en el artículo 10 de las reglas de este organismo relativo al número total de integrantes que puede representar al Congreso de la Unión en esta asamblea parlamentaria internacional.

Cuarta. Que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Quinta. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al pleno proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban de ser desahogados en ese órgano.

Somete a la consideración del honorable pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se designa a la delegación de diputados que representarán a esta Cámara ante la 121 asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, a efectuarse del 19 al 21 de octubre de 2009, en Ginebra, Suiza.

Segundo. La delegación estará conformada por cinco miembros, que han sido propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: dos del Partido Revolucionario Institucional, uno por el Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido del Trabajo y uno por el Partido Convergencia.

Los diputados que integrarán la delegación son: José Ramón Martel López (PRI), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI), Víctor Hugo Cirigo Vásquez (PRD), Porfirio Muñoz Ledo (PT), Jaime Álvarez Cisneros (Convergencia).

Tercero. Para el desarrollo de sus trabajos la delegación estará sujeta a lo establecido por los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales de esta Cámara.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor diputado, le solicitamos someter a votación de la asamblea.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias.Aprobado. Comuníquese.

LVI ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO DE LA MUJER EN MEXICO - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continuamos con la agenda política. Para este punto del orden del día iniciamos con los comentarios relativos al 56 aniversario del sufragio otorgado a la mujer en nuestro país y al Día mundial de la mujer rural, que se conmemora hoy, a cargo de diversos grupos parlamentarios.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Quezada, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Leticia Quezada Contreras : Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Hoy, 15 de octubre... Bueno, más bien el 15 de octubre es el Día mundial de la mujer rural, y también se conmemora el 56 aniversario del voto de la mujer mexicana.

México fue uno de los últimos países en legislar el voto de la mujer; sólo faltaban seis y fuimos de los últimos. De ahí en adelante, México ha firmado tratados internacionales muy importantes para las mujeres que apoyan y luchan por los derechos de las mujeres.

Tratados que cuentan con derechos políticos, sociales y demás. Tratados como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); o las convenciones en las que ha participado México, como la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (o Convención de Belém do Pará). Ésta última, en los artículos más importantes, establece que toda mujer tiene derecho a reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

En este orden comprende que debe pelearse y lucharse, y México ha luchado por el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones de manera igualitaria. Pero todavía faltan muchos ordenamientos internacionales por armonizar, y es la lucha que este Congreso debe dar en este marco del voto femenino.

Las mujeres hemos alcanzado reconocimiento importante, que por derecho y trabajo nos corresponde; y ha sido a través de una gran lucha lo que las mujeres hemos logrado. Y gracias a la lucha de hace 56 años, muchas mujeres pueden tomar la palabra en esta tribuna ---como yo ahora---, a nombre de miles de mujeres, para traer los miles de problemas a este pleno.

Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, rea-lizada por la ONU en Beijing, en septiembre de 1995, fue promulgado el 15 de octubre como Día mundial de la mujer rural, porque surge como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas, de la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas y de la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres. Esto construyó el reconocimiento mundial de los múltiples roles que juegan las mujeres productoras, campesinas y obreras agrícolas en la economía y la sociedad en general.

Numerosas y diversas son las actividades que las mujeres campesinas llevan a cabo. Desafortunadamente en nuestra sociedad sólo se les reconoce una función meramente reproductiva y de amas de casa, sin reconocérseles el papel prioritario que desempeñan en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria.

Las mujeres se ocupan, entre otras cosas, del cuidado de los cultivos y de los animales. Siembran, cosechan, incluso procesan los alimentos y comercializan la producción, aunado a las actividades propias de sus hogares y al cuidado y educación de sus hijos.

Por otro lado, muchas entran a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada, temporal o permanente, en los procesos comerciales de producción de alimento. O bien, se desa-rrollan como comerciantes o artesanas dentro del sector informal.

Sin importar la relevancia del rol que desempeñan las mujeres, los avances específicos que han mejorado el acceso de las mujeres a los recursos y servicios productivos en nuestro país y en el mundo en general, son limitados y en algunos casos nulos.

Es ampliamente reconocido que aunque el problema de la tierra afecta a prácticamente a toda la población campesina, las mujeres enfrentan mayores dificultades, a pesar de que no existen estadísticas confiables desglosadas por sexo en relación con el acceso y tenencia de la tierra.

Existen encuestas y estudios realizados por organismos internacionales como la FAO, en diferentes periodos, los cuales estiman que en ningún país de Latinoamérica los hombres y las mujeres tienen acceso igualitario a este recurso que es la tierra.

Según la FAO, las mujeres producen más de 50 por ciento de los alimentos cultivados en el planeta; en África más de 80 por ciento de los alimentos son producidos por mujeres; en Asia, 60 por ciento, y en América del Sur varía entre 30 y 40 por ciento. 70 por ciento de los pobres de las zonas rurales son mujeres, cuyo principal recurso es la agricultura.

Por cuestiones de tiempo me gustaría que se pudiera insertar de manera íntegra y dar un reconocimiento y una felicitación a todas las mujeres de este Congreso y, en general, a todas las mujeres, por el 56 aniversario del voto de la mujer mexicana. Es cuanto, señor presidente.

«Intervención sobre el Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática.

Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer rea-lizada por la ONU en Pekín en septiembre de 1995, fue promulgado el 15 de octubre como el Día Mundial de la Mujer Rural, mismo que surge como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM); lo cual constituyo el reconocimiento mundial de los múltiples roles que juegan las mujeres productoras, campesinas y obreras agrícolas en la economía y la sociedad en general.

Numerosas y diversas son las actividades que las mujeres campesinas llevan a cabo, desafortunadamente en nuestra sociedad sólo se les reconoce una función meramente reproductiva y de amas de casa, sin reconocerles el papel prioritario que desempeñan en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria. Las mujeres se ocupan, entre otras cosas, del cuidado de los cultivos y de los animales, siembran, cosechan, incluso procesan los alimentos y comercializan la producción, aunado a las actividades propias de sus hogares, y el cuidado y educación de sus hijos. Por otro lado, muchas entran a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada temporal o permanente en los procesos comerciales de producción de alimentos o bien, se desarrollan como comerciantes o artesanas dentro del sector informal.

Sin importar la relevancia del rol que desempeñan las mujeres, los avances específicos que han mejorado el acceso de las mujeres a los recursos y servicios productivos en nuestro país y en el mundo en general son limitados y en algunos casos nulos. Es ampliamente reconocido que, aunque el problema de la tierra afecta prácticamente a toda la población campesina, las mujeres enfrentan mayores dificultades. A pesar de que no existen estadísticas confiables desglosadas por sexo con relación al acceso y a la tenencia de la tierra, existen encuestas y estudios realizados por organismos internacionales como la FAO, en diferentes períodos los cuales estiman que en ningún país de Latinoamérica, los hombres y las mujeres tienen un acceso igualitario a este recurso.

Según la FAO, las mujeres producen más del 50 por ciento de los alimentos cultivados en el planeta. En África, más del 80 por ciento de los alimentos son producidos por mujeres, en Asia es el 60 por ciento y en América del Sur varía entre un 30 y un 40 por ciento. La mayoría de los pobres de nuestro planeta vive en zonas rurales. El 70 por ciento de los pobres de las zonas rurales son mujeres, cuyo principal recurso es la agricultura.

En nuestro país, la población rural se aproxima a 24.3 millones de personas, y de éste universo, 50.8% son del sexo femenino, según datos del Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, y si consideramos que en el campo al igual que en las zonas urbana, las mujeres siguen creciendo rápidamente en número como parte de la fuerza laboral, debido principalmente a que los hombres, emigran de sus lugares de origen con la finalidad de obtener un empleo que les permita tener mejores condiciones de vida, es por lo cual que las mujeres se están convirtiendo de forma gradual en el principal soporte de los núcleos familiares, en ese sentido ellas están tomando el control de los medios de producción en el medio rural y convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de sus familias.

Independientemente de lo anterior, la ocupación de las mujeres en el mercado laboral, se relaciona directamente con el nivel de instrucción, en las zonas rurales en menor el promedio de escolaridad, lo cual significa mayores limitaciones de acceso a mejores oportunidades de trabajo, sin contar con que en el medio rural, siguen prevaleciendo usos y costumbres, rigiéndose principalmente por acuerdos verbales lo cual no asegura plenamente condiciones favorables de trabajo a las mujeres.

Otro ámbito, en que existe un grave rezago en cuanto a las mujeres rurales es el educativo, el cual constituye un elemento fundamental para adquirir conocimientos, en relación a esto nos encontramos con que en el medio rural las mujeres cuentan entre 1 y 3 años de primaria aprobada y 10% tienen 4 o 5 años de primaria, en resumen nos encontramos con que cada cien mujeres de 15 años y más, 53 tienen estudios inferiores al sexto año de primaria y si no han concluido la educación básica, es decir, no cuenta con los tres grados aprobados del nivel de secundaria.

En cuanto a la salud de estas mujeres, nos encontramos que el mayor número de muertes son ocasionadas por enfermedades relacionadas con la desnutrición, así como la influenza, neumonía y las enfermedades infecciosas intestinales, las cuales tienen una mayor importancia en las áreas rurales.

La inadecuada nutrición, el alto grado de fecundidad, los embarazos a cortos intervalos, aunados a una doble o triple carga de trabajo y la carencia en el acceso a los servicios de salud, son factores que imperan en el campo y se reflejan en la salud de las mujeres, sin contar con otros padecimientos que afectan a las mujeres como son el cáncer de mama y cérvico uterino, así como trabajar en reducir la mortalidad materna.

Es por todo lo anterior, que debemos poner particular atención a las condiciones en que viven las mujeres rurales, ya que actualmente ellas constituyen un pilar primordial, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria de las sociedades modernas, por lo cual, se debe poner particular atención en el mejoramiento de la capacidad productiva de las mujeres rurales, dotándolas de más y mejores herramientas de trabajo, así como que cuenten con acceso a la tierra, etiquetar presupuestos para el desarrollo de las zonas agropecuarias, incrementando la inversión en el desarrollo del campo, sin dejar de crear conciencia en la importancia que ellas constituyen en nuestro país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como usted lo solicita, diputada, se inserta en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : Con su permiso, señor presidente. El Día mundial de la mujer rural, 15 de octubre. Como un reconocimiento mundial a los múltiples roles que juegan las mujeres rurales, el Día mundial de la mujer rural tiene origen en la Conferencia de Beijing, por las Naciones Unidas en 1995.

Gracias a los resultados y planteamientos conjuntos de diversas organizaciones internacionales no gubernamentales y de la Organización de las Naciones Unidas, se fija esta fecha como Día mundial de la mujer rural, un día antes del Día mundial de la alimentación.

Diversos análisis y estadísticas de las Naciones Unidas nos indican que en el mundo hay más de 550 millones de pobres en zonas rurales, 70 por ciento de los cuales son mujeres. En América Latina las mujeres rurales son más de 86 millones y 50 por ciento de ellas viven en extrema pobreza.

No podemos ignorar estos datos en nuestro país, ya que 13 millones de mujeres viven en zonas rurales; y de éstas, 25.6 por ciento vive en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, lo que las coloca en un mayor rezago respecto a las comunidades que son afectadas. Y muchas de ellas también son analfabetas.

Las mujeres rurales siguen sufriendo la doble discriminación: por ser mujeres y por vivir en un medio rural. Con dificultades añadidas como no tener acceso a los servicios básicos de salud, urbanización, agua potable, y enormes cargas de trabajo. Además, en situación de abandono, por vivir lejos de los varones que emigran, lo que las obliga a cumplir tareas en el campo con faenas extenuantes de sol a sol, sin recibir pago, para tratar de subsistir.

Hoy debemos hacer un reconocimiento a la aportación del trabajo que desarrolla la mujer rural en la producción alimentaria y agrícola.

El 15 de octubre no debe ser un día nada más para recordarlas, sino para caer en conciencia y tomar grandes decisiones.

Y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en materia de programas y políticas de Estado que tomen en cuenta las necesidades específicas de la mujer rural y a qué juegan las organizaciones de la sociedad civil? Es importante, para reivindicar este estereotipo de la mujer rural. ¿Cuánto se ha avanzado en su beneficio?

El 15 de octubre es un día más en la vida incierta de las mujeres rurales. La mujer rural merece un día especial, un día que resuma y premie ese esfuerzo cotidiano de todo lo que hacemos como eje fundamental de la familia y la sociedad.

Asimismo, debemos recordar que el próximo 17 de octubre conmemoramos el 56 aniversario del voto femenino. Hoy aquí hemos visto que ya se ha presentado un resumen histórico sobre la lucha que dieron muchas mujeres sufragistas para que esto fuera una realidad.

Hoy la vida no se concibe sin la contribución de la mujer en todos los ámbitos de la actividad humana y en el proceso de democratización en México, en el cual las mujeres hemos ganado espacios en la toma de decisiones y en los cargos de representación popular.

Pero nos falta por alcanzar la máxima magistratura del país, como ha ocurrido en otros países de América Latina, como Chile, Argentina y Nicaragua. Sin embargo, contradictoriamente, en los espacios de representación popular aún seguimos siendo excluidas. Actualmente en nuestro país solamente hay dos gobernadoras y nos falta mucho en la representación a los cargos de presidentas municipales. Requerimos más diputadas locales, más regidoras, más síndicas y, por supuesto, más diputadas federales.

Por ello esos espacios no pueden cederse cuando fueron ganados legítimamente por una mujer, para luego ser entregados. Por eso es importante que las mujeres participemos más en las contiendas electorales. Pero el hecho no debe quedar aislado, debe concretarse nuestro apoyo a todas las mujeres para lograr el lugar que nos corresponde.

Amigos y amigas presentes, hay que recordar que ésta no es una guerra de géneros, más bien es de equidad, y si bien es cierto que estamos aquí para conmemorar el sufragio femenino, lo importante en estos momentos es que en México no podemos quedarnos atrás. Es necesario señalar y hacer hincapié que no basta con celebrar el sufragio femenino; que debe extenderse día a día para obtener más espacios donde más mujeres se desempeñen en la política. Espero que las próximas conmemoraciones no sean una efeméride más. Espero que celebremos con más cargos, con más mujeres en los espacios de la toma de decisiones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández : Con su venia, señor presidente. Unas simples palabras para recordar la significación que tiene este día por haber sido conseguido el voto de la mujer.

Quisiera recordar a algunas mujeres importantes en esta lucha como María Sandoval de Zarco, presidenta de la Sociedad Protectora de la Mujer, creada a principios del siglo XX. Junto con ella, otras mujeres que se distinguieron en las huelgas de Cananea y Río Blanco, de Santa Rosa, Cerritos y San Lorenzo, en los años de la dictadura porfirista; y también a las soldaderas. Pero también, a aquéllas que tuvieron mando de tropa, como la llamada María Pistolas, o Margarita Neri, o periodistas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, editora de la revista Vésper, o Aurora Martínez, tenaz opositora de Victoriano Huerta, en La Voz de Juárez, que incluso fue encarcelada por ello.

Ya en la lucha por el voto destaca doña Hermila Galindo de Topete, encabezando la primera manifestación de sufragistas, nada menos que a las puertas del Congreso constituyente de 1917.

Las impulsoras del voto en el Congreso de Yucatán de 1922, que resultaron electas y fueron las primeras diputadas locales: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib.

Más recientemente, y tuve el honor de conocer a varias: Florinda Lazos León, María del Refugio García, la doctora Esther Chapa, Adelina Zendejas, Matilde Rodríguez Cabo, Soledad Orozco, Magdalena Mondragón, Amalia Caballero de Castillo Ledón, María Lavalle Urbina, Marcelina Galindo, Martha Andrade; la primera diputada, Aurora Jiménez, en la XLII Legislatura.

Y, desde luego, quisiera recordar muy especialmente, a Margarita García Flores, quien acaba de fallecer el pasado 8 de septiembre, regidora de su ciudad natal, Monterrey, diputada federal y senadora suplente por Nuevo León, funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros cargos públicos, así como vicepresidenta del Colegio Mexicano.

Las mujeres representantes que estamos aquí, les debemos mucho a todas ellas, provenimos de distintos ámbitos geográficos, culturales, sociales e ideológicos, pero todas nos encontramos con el objetivo común de luchar para conseguir, igual que como hicieron quienes nos antecedieron, la plena igualdad y la mejora de todos nuestros habitantes, de todo nuestro pueblo. Porque nuestro país posee los recursos suficientes para poder tener una vida mejor para todos sus habitantes.

La lucha social no ha terminado. La lucha social está presente y en ella las mujeres tenemos un importante papel qué desempeñar en busca de esta igualdad que todas queremos, igualdad de oportunidades, para que todas podamos contribuir a un país mejor, a un país más igualitario, a un país que sepa aprovechar mejor su dotación de recursos naturales en beneficio de todos.

Ello será, como digo, la mejor manera de honrar a nuestros héroes y a nuestras heroínas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Partido Acción Nacional.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón : Con su permiso, señor presidente. Después de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China, con el impulso de organizaciones como la Federación Internacional de Productores Agrícolas, la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres, las Naciones Unidas instauran el 15 de octubre como el Día mundial de la mujer rural, con el objeto de propiciar la reflexión sobre la condición social de las mujeres rurales, el conocimiento sobre su situación, problemas y carencias con que sobreviven; reconocer su contribución a las economías nacionales, así como impulsar políticas públicas y programas que contribuyan a erradicar su situación de marginación, pobreza, desigualdad y violación a sus derechos humanos.

Un logro importante de esta Cuarta Conferencia fue el reconocimiento de los Estados parte de que la pobreza está vinculada al género y que los esfuerzos de erradicación de la misma deben concentrarse especialmente en las zonas rurales.

Cabe destacar que, del listado de indicadores propuestos por Unifem para el seguimiento de la plataforma de acción de Beijing sobre el tema de mujer y pobreza, de ocho, dos están en relación directa con el área rural; indicador de brecha de género en la propiedad de tierra agrícola, así como indicador de brecha en la cobertura por sexo de productores agropecuarios pequeños. Cabe señalar la dificultad para conseguir lo que es hoy todavía una realidad, la información disponible.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la violencia de la mujer establece en su artículo décimo cuarto que, los Estados parte tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

Hablar de la mujer rural implica conceptualizar situaciones complejas, ya que se mezclan variables importantes y diversas al tratar de definir su situación, como la pobreza y el fenómeno de la feminización de la pobreza.

En México, especialmente, mujer rural e indígena están invariablemente ligadas al fenómeno de la migración internacional y la migración interna. Es una situación que las mujeres han vivido durante el siglo XX, con sus consecuencias sociales e impactos a sus familias. La migración, al presentarse la situación de dispersión de población en el territorio mexicano, ha impedido acercarles servicios básicos como agua entubada, energía eléctrica; y eso, sin mencionar otros como trabajo, educación y salud; además de la exclusión social en los ámbitos laborales, sociales, económicos, que se acentúan por razones de género, etnia y edad, entre otros factores.

En resumen, tenemos una población muy concreta donde todas estas consideraciones han propiciado que históricamente sea una población a la que sistemáticamente se le han violado sus derechos humanos básicos, y en el siglo XX, sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales, especialmente.

Estudios han demostrado que la pobreza en las zonas rurales es 10 veces mayor que en las zonas urbanas.

El Partido Acción Nacional está comprometido con los derechos humanos de las mujeres y es su voluntad impulsar y promover la igualdad y erradicar la discriminación contra ellas; especialmente queremos llamar la atención hacia los grupos como las mujeres en las zonas rurales, que llevan décadas en situación de olvido y marginación.

En el campo mexicano tenemos empresas eficientes y competitivas a nivel internacional, pero ahí se da la pequeña producción familiar a expensas del temporal y de los precios de un mercado libre, incapaz de competir sin políticas estatales compensatorias.

Además de estos pequeños productores, tenemos a los asalariados del campo, los jornaleros, que contribuyen a la expansión del producto nacional agropecuario a nivel internacional y que viven en condiciones infrahumanas por sus condiciones de trabajo, salarios ínfimos y, además, sólo por temporadas.

En México, 98 por ciento de las localidades son rurales, aunque en ellas habita poco menos de 30 por ciento de la población total. En este sentido tenemos una población total rural de 24.2 millones, de la cual 12. 3 millones son mujeres.

Del total de hogares mexicanos, que son 22.3 millones, 5.2 millones están en las localidades rurales. En las localidades rurales el tamaño promedio del hogar es mayor que en las localidades urbanas, y en esta zona, casi un millón de hogares tienen jefatura femenina.

La esperanza de vida de las mujeres rurales es casi de 40 años. Mientras que en el promedio nacional para las mujeres es de 78 años. Datos del Conapo señalan que en México el riesgo de muerte materna es 1.4 veces mayor en mujeres de localidades rurales, respecto a las urbanas.

En las zonas rurales, de cada 100 mujeres mayores de 15 años, 20 no tienen instrucción; 33 no completaron la primaria; 24 concluyeron sólo la primaria; 16 cuentan con algún grado aprobado en la secundaria; cinco lograron concluir al menos un año en el nivel superior y dos tienen algún grado aprobado en estudios superiores.

En el campo, también las mujeres han crecido como fuerza laboral, como jornaleras, que complementan el ingreso familiar, o bien, sostienen al hogar. Sin embargo, el ingreso promedio mensual de la población femenina rural ocupada es de 726 pesos mensuales, mientras en las zonas urbanas es de 2 mil 861 pesos.

Estas mujeres no sólo han padecido la exclusión económica y social; los patrones culturales, las tradiciones y las relaciones desiguales de poder las han dejado al margen de la toma de decisiones y lejos de la posibilidad de disfrutar de sus derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación.

Por cuestiones de tiempo pido atentamente, señor presidente, que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates, no sin antes recordarles, compañeros y compañeras, que hay una deuda moral e histórica con las mujeres rurales que se tiene que subsanar sin demora; que sea hoy, 15 de octubre, el día en que se sumen voluntades para terminar definitivamente con las brechas de desigualdad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Rosario Ortiz Yeladaqui : Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la argumentación moral, filosófica y política que sustentan los motivos del decreto con el que se reconoce la libre participación del voto de la mujer en México siguen vigentes, porque se trata de un movimiento que ha planteado una visión distinta del mundo y reivindica día a día el derecho de las mujeres a apropiarse de la construcción de la historia.

¿Cómo hacer que aquel proceso histórico continúe valorando, desde la entraña misma del género humano, con otras categorías, el papel del hombre y de la mujer en el México contemporáneo? El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional cree que debemos trascender la conmemoración, para que el reconocimiento de los derechos de la mujer mexicana siga fortaleciendo la conducción plural del país e impulse el desarrollo de la nación.

En el abanico de ideas manifiesto en esta soberanía, las diputadas de todas las fuerzas políticas coincidimos en los valores que legaron las precursoras del derecho de voto de la mujer, mismos que han sido la base que nos ha dado la posibilidad de estar aquí.

Sin embargo, sobre todo en la circunstancia económica por la que atraviesa la nación, es indispensable apuntar que esta conmemoración debe abrir paso a acciones afirmativas en beneficio de todas y cada una de las mujeres mexicanas, porque tal parece que la discusión sobre los asuntos de género ha encontrado un espacio de confort en las posiciones que las mujeres hemos ganado en los Poderes de la Unión y en la administración pública, cuando todavía existen en las ciudades y en el campo, condiciones adversas para su desarrollo.

La realidad nos obliga a atender los pendientes de género en su vertiente social, al mismo ritmo y con el mismo interés con que se han atendido desde el punto de vista político.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México no hay un solo municipio en el que las mujeres alcancen un índice de desarrollo humano similar o superior al de los hombres, y, principalmente, es la evidencia del poco reconocimiento que se les ha brindado como potenciales agentes productivos y de innovación.

Esta condición de atraso devela también cuán difícil resulta todavía el acceso de una gran mayoría de mujeres a servicios educativos, culturales y de salud; y lo más preocupante, cuán lejanas se hallan de un sistema de procuración de justicia equitativo.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, en los últimos 15 años el número de hogares con jefatura femenina se ha duplicado, y alcanzan hoy 5.7 millones de familias cuyo sustento diario depende única y exclusivamente de una mujer. En el país 78 de cada 100 hombres participan en actividades económicas, mientras que sólo 42 de cada 100 mujeres lo hacen.

Lo expuesto con anterioridad implica grandes retos para la incorporación laboral de las mujeres a empleos equitativamente bien remunerados, los cuales han ido disminuyendo en el entorno actual de crisis y en un medio laboral donde todavía existen actos de discriminación y violencia contra las mujeres. Éstas son realidades que no podemos eludir en el marco de esta celebración.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI se ha fijado, principalmente al tenor de una nueva vía mexicana para el de-sarrollo, auspiciar el acceso universal de las mujeres a los servicios de salud, educación y vivienda, poniendo énfasis en la protección social de las mujeres sin empleo y en quienes son cabeza de familia.

Consolidar los avances jurídicos en los sistemas de procuración de justicia, orientados a la atención de la problemática de las mujeres. Promover el reconocimiento de que los derechos de las mujeres están por encima de cualquier costumbre o tradición.

Desde esta soberanía, las y los priistas defenderemos los derechos, que no la graciosa oportunidad de participar activa y decididamente en la toma de decisiones para los grandes problemas nacionales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en tanto no terminemos de una buena vez por todas con esta serie de conductas y rezagos que laceran a la sociedad, la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres sigue más viva que nunca.

Hoy formamos parte de una sociedad particularmente dinámica y multifuncional, gracias no sólo a personajes excepcionales o a las individualidades brillantes, sino fundamentalmente gracias al rumor primero apagado y luego ensordecedor de millares de mujeres que reclamaron al principio y luego impusieron otro orden de cosas.

Hoy podemos afirmar que en el desempeño profesional público y privado, la congruencia, la honestidad y la presentación de resultados se duplica cuando quien dirige un equipo de trabajo, ostenta un cargo de representación popular o conduce una dependencia pública, es una mujer.

Afortunadamente, en nuestro país la apertura de espacios y posiciones para las mujeres en la administración pública no ha tenido más límite que el empuje, la capacidad y la eficiencia. Ésta ha sido una actitud que habremos de seguir enarbolando para continuar así, siempre adelante en la transformación de las instituciones y su fortalecimiento.

``Pasaron tantas revoluciones para que se llegase a esa gran revolución'', expresó un pensador respecto al movimiento feminista, el cual significó un salto cualitativo gestado en los siglos. Con el interés de todos, con la participación de todas haremos realidad la misión de esa gran revolución: legislar con visión de género.

Los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI lo haremos por los millares de niñas que florecen en las escuelas, por las adolescentes, por las campesinas, por las obreras, por las maestras, las intelectuales, artistas y periodistas, por las que nos legaron la historia y por todas aquellas que están aquí y por las que habrán de nacer libres mañana.

Siga siendo ésta una oportunidad para festejar, sí, pero también para robustecer el papel de incrementar la responsabilidad y vislumbrar la trascendencia que como género aportamos a la nación. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Ha concluido este punto establecido en el orden del día.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pasamos al siguiente punto, que es comentarios sobre los jóvenes baleados por el Estado Mayor Presidencial en el centro de Morelia, Michoacán.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo hasta por diez minutos, ya que es el promovente.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Qué maldoso, presidente, porque iba otro tema. Y andaba por allá en el chisme, pero bueno...

Este tema ha estado agendado, diputadas y diputados, ha estado incluido desde hace muchos días, porque el 30 de septiembre acudió a Morelia, Michoacán, quien usurpa la Presidencia de la República, y se montó un operativo en 30 calles a la redonda.

Recordarán ustedes que la primer noticia fue que había un enfrentamiento entre civiles y el Ejército la mañana del 30 de septiembre, en el contexto de la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón. Después surgió información de que un grupo de jóvenes en estado de ebriedad había querido romper el aparato de seguridad. Ninguna de las dos cosas es cierta, aunque esta última haya sido la versión que quedó en los medios de comunicación.

Lo que sucedió es que, efectivamente, tres jóvenes en dos vehículos, no a las 6:55 de la mañana, sino a las 5:40 de la mañana, viajaban por el centro de Morelia, ciertamente en estado de ebriedad. El primer vehículo que llegó al lugar le pegó a una de las rejas que había. En ningún momento estaba en peligro Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque él se encontraba muy lejos del lugar. El evento era hasta las 10:00 de la mañana y estamos hablando de las 5:40 de la mañana.

Para no hacerles la historia larga, el primer vehículo fue recibido a tiros por el Estado Mayor Presidencial; el joven que iba ahí se tiró, haciéndose literalmente ``el muerto''. Y ---no quiero que después digan que soy mal hablado--- lo que me transmite este joven es que oyó que los del Estado Mayor Presidencial dijeron: ``A éste ya lo chingamos, vamos por los de atrás''.

El vehículo trasero se detuvo muchos metros antes de las vallas, y a pesar de eso fue recibido a tiros; dos jóvenes iban en él, uno recibió una bala en la mandíbula, que lo mandó directo al hospital. El que iba conduciendo este vehículo, Arce Flores, Michael Arce Flores, fue bajado del vehículo, golpeado en ese lugar, presionado para que declarara que era de La Familia. Y se le exigía que dijera dónde estaba el armamento que llevaba.

Fue mandado al hospital de la golpiza que recibió. Y en el hospital tres militares con capucha lo torturaron nuevamente en un cuarto de hospital, del hospital privado Star Médica, nuevamente exigiéndole que declarara que era de La Familia y que declarara dónde tenía el armamento. El primer joven que conducía, Édwin Huerta Hernández, fue el que recibió el tiro en la mandíbula; y al primer joven, que conducía el primer vehículo, su casa fue allanada.

A pesar de todas estas graves irregularidades, de una actuación violenta del Estado Mayor Presidencial y de que la ley de armamento establece muy claro que el uso de armas es el último recurso que debe utilizarse ---no el primero---, se manejó esta versión, insisto, sesgada. Y al final dos de los jóvenes fueron enviados al penal Francisco J. Múgica, de Morelia, Michoacán, acusados de intento de asesinato, sin derecho a libertad bajo fianza y en una condición verdaderamente grave, con amenazas muy serias a su familia.

En el caso del joven Édwin Huerta, que recibió el balazo en la mandíbula, él estuvo detenido bajo arraigo domiciliario, una vez que salió del hospital Star Médica. Por supuesto las familias de estos jóvenes pagaron, de sus bolsillos, la curación, los gastos del hospital y las fianzas respectivas.

No es un hecho aislado. Ya ayer comentaba que hay más de 500 quejas contra el Ejército y contra la Policía Federal, en Michoacán; la mayoría contra el Ejército. Que hay tres menores ---de 16, 14 y 12 años--- asesinados en retenes militares. Y además mencionaba que hay, por lo menos, 58 casos de tortura.

Lo que sucedió con el Estado Mayor Presidencial es muy grave, porque además sus miembros usan estas gorras que sólo dicen Seguridad, visten de negro, no traen una identificación con su nombre y actúan con absoluta impunidad y prepotencia. Por supuesto, los responsables de esta gravísima agresión contra estos jóvenes se encuentran en absoluta libertad.

No es posible que en un supuesto estado de derecho unos jóvenes sean baleados en la madrugada cuando regresan de una fiesta. Si estaban ---como aquí he planteado--- en estado de ebriedad; pues sólo había una falta administrativa ---no sé si en el caso de Michoacán sea inclusive, como en el Estado de México, un problema de responsabilidad penal---. Por tal tendrían que responder.

Pero no puede ser que el Estado Mayor Presidencial responda a tiros a ciudadanos, quienes pudieron haber sido asesinados en ese lugar, y quienes no estaban poniendo en riesgo, para nada, la seguridad de Calderón. Porque Calderón simplemente estuvo en el lugar cinco horas después, seis horas y media después del hecho que estoy narrando.

Este tema debió haberse tratado en tribuna desde los primeros días de octubre; esto sucedió el 30 de septiembre. Y por la dinámica de cómo se viene discutiendo aquí en la Cámara, por la forma de trabajo que tenemos, pues apenas está siendo presentado en este momento.

Pero yo exijo que esta soberanía tome las medidas necesarias para detener la militarización que se está dando en el país. Y exijo al gobierno usurpador que deje de utilizar estos mal llamados aparatos de seguridad, que violan derechos y garantías constitucionales.

No simplemente evitan el libre tránsito. No sólo pasan por encima del derecho de libre reunión. No sólo atropellan el derecho de libre manifestación, sino que inclusive ponen en peligro la integridad y la vida de ciudadanos que tienen la poca fortuna de pasar por el lugar.

Porque estos jóvenes iban en estado de ebriedad, como ya comenté; pero ha habido ciudadanos en sus cinco sentidos, que son vejados por el Estado Mayor Presidencial. Hay virtuales estados de sitios en cada gira que Calderón hace a los diferentes municipios, ciudades, localidades del país. Y eso es producto, por cierto, de su ilegitimidad. Es, por cierto, producto de su miedo enorme, porque Calderón vive literalmente tras las rejas.

Siempre que va a un lugar son movilizados cientos de metros de vallas con la Policía Federal Preventiva, Estado Mayor Presidencial y Ejército. Y es muy grave, además, que estos hechos queden impunes.

Todavía tengo tiempo. Imagínense, es importante señalarlo, cinco diputados federales van al Zócalo de la Ciudad de México y afuera de Palacio Nacional son agredidos por la Policía Federal Preventiva ---el comité de bienvenida de Calderón es la PFP---. ¡Y son diputados federales! ¿Pues qué se puede esperar cualquier ciudadano de a pie, frente a este tipo de circunstancias?

Es muy grave que se esté permitiendo esto. Es muy grave que se esté tolerando la militarización. Es muy grave que sea sistemática y permanente la violación de derechos y garantías constitucionales. Y es más grave todavía que permitamos una situación de esta naturaleza.

Termino diciéndoles que este caso de los jóvenes de Morelia, Michoacán, es el primero que se le presenta a esta Legislatura. Y no deberíamos dejarlo pasar, no deberíamos tolerarlo para que no vuelva a suceder y que no esté la ciudadanía preocupada cada que Calderón va a visitarlos.

Afortunadamente trabaja poco, afortunadamente hace pocos recorridos por el país, afortunadamente se la pasa ---como se dice popularmente--- ``en el agua''. Pero cuando va a las giras todo mundo se pone a temblar, porque sus aparatos mal llamados de seguridad son terriblemente violatorios de derechos y de garantías constitucionales. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, hasta por cinco minutos, del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar : Con su permiso, señor presidente. Hago uso de la palabra en esta tribuna, como michoacano, como un moreliano preocupado por la inseguridad que está viviendo mi país, pero muy en especial, la inseguridad que está muy acentuada en mi estado, el estado de Michoacán.

Quiero aclarar categóricamente los hechos que se suscitaron el 30 de septiembre en esta ciudad. Minutos antes, tal vez un par de horas antes de la conmemoración del natalicio de don José María Morelos y Pavón.

No podemos permitir la desinformación y quiero aclarar cómo fueron los hechos: tres personas en estado de ebriedad, y que ---como se dijo--- si eran las cinco y media de la mañana o seis y media, imagínense en que estado esta-rían si iniciaron la parranda un día antes.

Al hacerles la parada las personas que estaban a cargo del cerco de seguridad del lugar en donde se llevaría a cabo este evento de conmemoración, al hacerles la parada, hicieron caso omiso. Iban en dos vehículos, uno con placas de Michoacán y otro con placas de Guerrero.

Uno de los vehículos impactó la valla de seguridad, la cual, aproximadamente a 20 metros de distancia, impactó a uno de los elementos que estaban a cargo de ese resguardo, quien tuvo también que recibir atención médica.

No fue un acontecimiento o un accidente de tránsito, fue producto del estado de ebriedad en el que iban estos muchachos, estas personas que, por cierto, uno de ellos se reconoció públicamente como trabajador del gobierno del estado.

Más tarde, a unas cuadras del lugar en donde se encontraban esas vallas, más tarde estarían el presidente municipal de Morelia, el gobernador del estado de Michoacán y, por supuesto, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de México.

Pero les quiero recordar a todos ustedes, compañeros diputados, un evento que laceró a la ciudadanía, un atentado cobarde que se llevó a cabo el 15 de septiembre del año pasado.

En el centro de la ciudad de Morelia, a unas cuadras de ese lugar, se detonaron dos granadas, dos granadas que provocaron la muerte a ocho personas, que provocaron 120 heridos que tuvieron que ser hospitalizados y muchos más que se atendieron en el lugar. 30 personas mutiladas, algunas de ellas no podrán caminar. Además, todos los daños psicológicos que recibieron las personas que estaban en ese evento. Sí, fue durante el grito de Independencia que presidió el gobernador del estado.

Señores, para Morelia, para Michoacán y para todo México el asunto de seguridad no es problema menor y no lo podemos dejar de lado.

En Acción Nacional lamentamos este hecho aislado y no permitiremos que se violenten los derechos humanos. Sin embargo, en Acción Nacional no podemos permitir que se vulnere la seguridad de los ciudadanos.

Por eso, reitero que en este hecho aislado no se podía saber la intención que tenían estas tres personas, dado que, reitero, con los autos y en estado de ebriedad golpearon y rompieron el cerco de seguridad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Para rectificaciones, el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Primero. Para dejar constancia que sí rectificaré hechos. Diré que Calderón no es presidente de la República, usurpa la Presidencia de la República, por más que digan: ay.

Abran las urnas, abran los paquetes electorales y terminamos el debate. Que quede claro quién ganó la Presidencia de la República porque, como dice su jefe ``haiga sido como haiga sido'', se la robó, así es que aguanten.

Y luego se enojan porque los trato parejitos a todos. Luego se ponen delicaditos diciendo: ay, no todos somos ladrones, no todos somos matones, no todos justificamos los atropellos del Estado Mayor Presidencial. Si quieren respeto, váyanse con cuidado.

Segundo. Qué desvergüenza de un diputado michoacano, que viene a justificar que tres jóvenes sean baleados por el Estado Mayor Presidencial por el grave delito de ir en estado de ebriedad. O sea que, cuídense los diputados y diputadas que anden en semejante condición hasta tarde, porque si se topan con el Estado Mayor Presidencial los van a balear y va a haber un diputado del PAN que va decir que se lo merecen, que merecen eso y más.

¿Saben que a Édwin Huerta, de 24 años de edad, le tuvieron que reconstruir la mandíbula completa, que le costó 102 mil pesos y que pagó su familia, que todavía debe, porque del Estado Mayor Presidencial no fue nadie a pagar esos daños? Estuvo a punto de costarle la vida a este joven.

Cómo se puede justificar que a alguien estuviera a punto de costarle la vida estar cerca de un lugar donde seis horas después iba a estar Calderón. De veras que se necesita ser caradura para sostener una cosa de ésas. Este joven nunca, nunca se acercó a las vallas; era el segundo vehículo que venía atrás, venía de copiloto y recibió además dos balazos en el brazo. Su único delito fue estar cerca del lugar donde seis horas después iría Calderón.

Que no vengan aquí con lo de Morelia, que no les importó nada, porque luego militarizaron el estado y hay tres niños muertos. Y sobre eso qué van a decir: que son daños colaterales, que iban en estado de ebriedad, que cómo se les ocurre pasar por un retén militar sabiendo que son arbitrarios. Tres menores de 16, 14 y 12 años. ¿Qué me dice el diputado michoacano de eso? ¿Qué les dice a esas familias? ¿Que qué pena, que cómo se les ocurre, que se lo merecen? ¿Qué les va a decir, diputado? ¿Eso les va a decir? ¿O a estos jóvenes les va a decir que se merecen ser tiroteados por estar en estado de ebriedad? ¿Eso les va a decir, diputado? Se necesita ser caradura para decirles eso.

Yo fui a visitar a estos jóvenes. Me desplacé a Michoacán, a Morelia, hablé con ellos, platiqué en el penal. Ahí estaba el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que me dio todos los datos de cómo había sucedido realmente el asunto. Fue a las 5:40. Sólo el primer vehículo tocó una valla. Nunca presentaron al militar supuestamente lesionado y acusaron a los tres jóvenes de intento de asesinato, sin derecho a fianza.

Cómo va a ser, cómo va a ser. En 30 calles a la redonda del lugar con vallas, con PFP, con Ejército, con Estado Mayor Presidencial. El uso de las armas es el último recurso, el último recurso que se debe tomar, no el primero. Eran jóvenes entre 22 y 24 años de edad, que hoy viven la tragedia de haber pasado por ese lugar. Han tenido una lección durísima.

Pero, ¿cómo me justifica el diputado michoacano, que tres encapuchados hayan entrado al cuarto de Michael Arce Flores a torturarlo? Tenía collarín y le apretaban el collarín, le jalaban el pelo, le apretaban los ojos para que se declara de La Familia. ¿Eso también es porque iban tomados?

El allanamiento a la casa de Israel Hernández Alfaro, que efectivamente trabaja en la Procuraduría del estado de Michoacán. Ese allanamiento, ¿cómo lo justifican? El destrozo de los muebles y el destrozo de todo. ¿Saben que le robaron la cartera a Michael Arce Flores, los del Estado Mayor Presidencial, con 4 mil 800 pesos? ¿Eso también es porque iba en estado ebriedad? No.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, no justifiquemos lo que no tiene justificación. Calderón no puede andar en paz, tiene que andar tras las rejas, porque se robó la Presidencia. Pero, además, tirotean a ciudadanos, matan a civiles, asesinan a niños en retenes militares. Si ustedes son capaces de justificar eso, no sé cómo puedan dormir tranquilos. Se los digo con mucho respeto y con mucha franqueza. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar. Pase, por favor, por alusiones personales.

El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar : Primero le quiero aclarar al diputado, que no recuerdo su nombre, pero usurpa esta tribuna cada vez que puede.

Hay que pedir tolerancia cuando uno es tolerante. Y usted, qué bueno que fue a Michoacán. Pero dudo que conozca el sentimiento de los morelianos, de los michoacanos que somos extorsionados, que tenemos miedo a ser secuestrados y que cada vez recibimos más llamadas de amigos que son secuestrados o que son levantados y que cada vez nos damos más cuenta de cómo opera la inseguridad que prevalece en Michoacán.

Quiero decirle, y yo también le pregunto a usted: ¿Se le hace poco que hayan perdido la vida ocho personas en un atentado, hace poco más de un año? ¿Se le hacen pocos 120 heridos hospitalizados y dañados psicológicamente por el producto de este atentado contra la ciudadanía, que ya no fue contra las fuerzas policiacas; que fue contra la ciudadanía en un acto cobarde? ¿Se le hace poco esto?

Por supuesto que Michoacán necesitaba seguridad en este evento. Por supuesto que necesitaba un cerco de seguridad, porque no solamente se iba a proteger al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; también se iba a defender la seguridad de los ciudadanos, que ya dije en esta tribuna, fue vulnerada su seguridad hace un año.

No pretendo abrir el debate de algo que sucedió hace días, como ya se había dicho también en este momento, que ya era tarde para hablar del tema ---fue hace 15 días---. Quiero decirle que en Michoacán ya no se debate, ya le dimos vuelta a la página. En Michoacán queremos que exista seguridad. En Michoacán queremos avanzar. Queremos que vaya el turismo nuevamente, porque se han perdido muchos recursos por este motivo y, por supuesto, los michoacanos, los que sí vivimos ahí, queremos que la calma vuelva y hemos visto los resultados de la Policía Federal y del Ejército. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Diputado, tiene usted el uso de la palabra, como moción de orden.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Vamos a hablar primero de las coincidencias, de los nombres, cuando me los aprenda. Ya me estoy haciendo viejito, todo se me olvida. Denme ese beneficio.

Miren, el asunto ése de septiembre, el 15 de septiembre (de 2008) en la noche, en Michoacán, fue un acto cobarde y canalla, y nadie puede convalidarlo. Porque, además, fíjense, por ejemplo, aquí estuvo el asesino García Luna y nadie le reclamó toda la militarización y los atropellos en Michoacán. Pero ése es un acto canalla, cobarde y muy grave.

Pero yo pregunto, ¿eso qué tiene que ver con que baleen a tres jóvenes en la madrugada del 30 de septiembre y que además a uno de ellos lo torturen en su cuarto de hospital exigiéndole que se declare que es de La Familia y que diga dónde están las armas?

O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo justifican este acto brutal, torpe, canalla, tan canalla como el atentado de la noche del 15 de septiembre? Y el diputado viene aquí a decir que los morelianos, casi quiere decir que se enorgullecen de que maten a los niños en los retenes militares. Hay tres muertos, eh; tres.

¿Qué son? ¿Daños colaterales? ¿Son errores? Usted disculpe, señor padre de familia. Usted disculpe, señora madre de familia, pues nos equivocamos, pensamos que era un joven alcohólico que iba a pasar el retén militar. Pensamos que era un narcotraficante. Creíamos que era un terrible peligro para la seguridad de los michoacanos ese niño de 12 años, y por eso lo matamos. ¿Eso le van a decir? Está complicado diputado, está complicado. Sea serio; sea serio.

Quinientas diecisiete quejas. Es el segundo estado, el de Michoacán, con más quejas contra el Ejército y la Policía Federal Preventiva; 433 quejas contra el Ejército; 84 contra la PFP; 53 casos de tortura, tortura, señores, que debería estar erradicada de este país. Me va a decir el diputado que esa tortura es por el bien de los torturados, o que es por la seguridad de quien usurpa la Presidencia de la República, porque por más que les enoje, se robaron la Presidencia de la República.

Ése es el problema que tienen. La falta de legitimidad. ¿Por qué anda Calderón tras las rejas? ¿Por qué no puede estar en contacto con la ciudadanía no sólo en Michoacán? Se enreja en Guerrero, en Hidalgo, en Chiapas, en Baja California, se enreja en el corazón de la ciudad. Se enreja con cientos de efectivos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva, de la policía del lugar. ¿Es porque ganó? ¿Es porque es muy popular? ¿Es porque es tan carismático que tiene miedo que lo arrollen a besos y le hagan daño? ¿Será por eso? No, señores, es porque no tiene ninguna legitimidad, es porque ha escogido la vía fascista del ejercicio del poder. Y si no, que se lo pregunten al Sindicato Mexicano de Electricistas.

O sea, estamos hablando de estos problemas y no puede ser que haya quien venga a defender lo indefendible. No hay ninguna justificación para que hayan asesinado a tres menores en un retén militar. No hay ninguna justificación para que haya tres jóvenes baleados, dos de ellos, uno con peligro de perder la vida, y sujetos a proceso penal. Cuando los que deberían estar sujetos a proceso penal son los del Estado Mayor presidencial. Son quienes causaron este daño.

Entonces, pero les digo que además le robaron la cartera a Michael Arce Flores, 4 mil 800 pesos. ¿Esto también fue porque iba en estado de ebriedad? ¿Eso merece que le roben, que lo tiroteen, que pasen por encima de sus derechos y garantías constitucionales? No, no lo merece nadie. No lo merece nadie. Vivir una situación de atropello permanente no lo merece nadie. No justifiquemos las cosas que no tienen justificación.

Entonces yo termino planteándoles: hay que presionar para que le paguen la curación a Édwin Huerta: 102 mil pesos; hay que presionar para que le paguen los daños a Michael Arce Flores y le regresen el dinero que se robaron, y hay que hacer que castiguen a los responsables de la agresión con armas de fuego a estos jóvenes que tienen, en todo caso, que responder por las faltas administrativas, o si fuera el caso, penales.

Insisto, en Michoacán es delito manejar en estado de ebriedad, pero bajo ninguna circunstancia se justifica que los hayan recibido a tiros y que haya estado en juego su vida.

Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 15:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 20 de octubre, a las 10 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 de la mañana.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 23 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 343 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 453 diputados
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2
Oradores en tribuna: 68PRI-19 PAN-16 PRD-24 PVEM-2 PT-9 Nueva Alianza-6 Convergencia-2
• Se recibieron:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federala ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite acuerdo;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 iniciativa de senador del PRD;
• 1 iniciativa de senador del PVEM;
• 1 iniciativa de senador del PT;
• 2 proposiciones con puntos de acuerdo de senadores del PRI;
• 1 proposición con puntos de acuerdo de senador del PAN;
• 1 oficio de la Cámara de Senadorescon el que remite acuerdo del Congreso del estado de Quintana Roo;
• 1 minuta con proyecto de decreto;
• 6 iniciativas del PRI;
• 3 iniciativas del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas de Nueva Alianza;
• 21 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 2 proposiciones con puntos de acuerdo, aprobados
• 2 temas de agenda política

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Acosta Naranjo, Guadalupe(PRD) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 142
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Impuesto Empresarial a Tasa Única: 164
• Arizmendi Campos, Laura (Convergencia) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 141
• Aysa Bernat, José Antonio(PRI) Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta: 183
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Luz y Fuerza del Centro: 197
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PRD) Paquete Económico 2010: 199, 210
• Clariond Reyes Retana, Benjamín(PRI) Ley del Impuesto Sobre la Renta: 148
• Chirinos del Ángel, Patricio(PRI) Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia: 134
• Di Costanzo Armenta, Mario Alberto(PT) Paquete Económico 2010: 204, 207
• Diputados del PRI Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 174
• Encinas Rodríguez, Alejandro de Jesús(PRD) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 142
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Luz y Fuerza del Centro: 198
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Paquete Económico 2010: 206
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Estado de Michoacán: 219, 221, 223
• Flores Escalera, Hilda Esthela(PRI) Ley Federal de Derechos - Ley de Coordinación Fiscal: 86
• Flores Morales, Félix (PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 154
• Flores Rico, Carlos(PRI) Artículo 55 constitucional: 93
• Flores Rico, Carlos(PRI) Luz y Fuerza del Centro: 197
• García Avilés, Martin (PRD) Letras de oro: 142
• García Gómez, Martha Elena(PRD) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 142
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 105
• Gil Zuarth, Roberto(PAN) Luz y Fuerza del Centro: 196
• González Hernández, Gustavo(PAN) Ley General de las Personas con Discapacidad: 126
• González Hernández, Gustavo(PAN) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 98
• González Morales, José Alberto(PRI) Artículo 3o. constitucional: 145
• Gudiño Corro, Luz Carolina(PRI) Ley Federal del Trabajo - Ley del Seguro Social: 117
• Guerrero Castillo, Agustín(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 171, 176, 179, 182, 190
• Hernández Juárez, Francisco(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 191
• Herrera Chávez, Samuel(PRD) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 107
• Hinojosa Pérez, José Manuel(PAN) Artículo 55 constitucional: 98
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Paquete Económico 2010: 205
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Ley Federal de los Derechos del Contribuyente: 114
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Ley General de Población: 91
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 169, 173
• López Portillo Basave, Jorge Humberto (PRI) Artículo 55 constitucional: 98
• López-Portillo Basave, Jorge Humberto(PRI) Comisión Especial propuesta para dar seguimiento político, jurídico y económico al proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro: 187
• Luken Garza, Gastón(PAN) Paquete Económico 2010: 208
• Martínez Alcázar, Alfonso Jesús(PAN) Estado de Michoacán: 221, 222
• Martínez y Hernández, Ifigenia Martha(PT) LVI aniversario del Sufragio Femenino de la Mujer en México y al Día Internacional de la Mujer Rural: 215
• Mendoza Díaz, Sonia(PAN) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 137, 141, 142
• Narro Céspedes, José(PRD) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 142
• Novoa Mossberger, María Joann(PAN) Ley General de las Personas con Discapacidad: 121, 126
• Ochoa Mejía, María Teresa Rosaura(Convergencia) LVI aniversario del Sufragio Femenino de la Mujer en México y al Día Internacional de la Mujer Rural: 214
• Orozco Torres, Norma Leticia(PVEM) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 159
• Ortiz Yeladaqui, Rosario(PRI) LVI aniversario del Sufragio Femenino de la Mujer en México y al Día Internacional de la Mujer Rural: 217
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Luz y Fuerza del Centro: 198
• Pérez de Alva Blanco, Roberto(Nueva Alianza) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 161
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Artículo 35 constitucional - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 127
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) LVI aniversario del Sufragio Femenino de la Mujer en México y al Día Internacional de la Mujer Rural: 212
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Paquete Económico 2010: 203
• Ríos Piter, Armando(PRD) Paquete Económico 2010: 203, 207
• Rodríguez Regordosa, Pablo(PAN) Paquete Económico 2010: 205, 210
• Saracho Navarro, Francisco(PRI) Estado de Coahuila: 188
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 198
• Trigueras Durón, Dora Evelyn(PAN) LVI aniversario del Sufragio Femenino de la Mujer en México y al Día Internacional de la Mujer Rural: 216
• Valdés Huezo, Josué Cirino(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 180
• Valencia Barajas, José María(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 157
• Vázquez Aguilar, Jaime Arturo(Nueva Alianza) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 177
• Vázquez Camacho, Araceli (PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 167
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Luz y Fuerza del Centro: 195
• Vázquez González, Pedro(PT) Luz y Fuerza del Centro: 195
• Zapata Bello, Rolando Rodrigo(PRI) Paquete Económico 2010: 209