SUMARIO
Desde su curul el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicita el uso de la palabra.
Para discusión del acta, se concede la palabra a los diputados:
Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
Justino Eugenio Arriaga Rojas.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales:
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
María Dolores del Río Sánchez.
Laura Itzel Castillo Juárez.
Desde su curul, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero solicita moción de orden.
Desde su curul, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña solicita moción de orden.
Felipe Solís Acero, quien solicita modificación al acta.
Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicita la palabra.
Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Desde su curul, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva solicita la palabra.
Felipe Solís Acero.
Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Desde su curul, realiza interpelación el diputado Felipe Solís Acero.
Responde el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Desde su curul, el diputado Felipe Solís Acero.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
José de Jesús Zambrano Grijalva.
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
Roberto Gil Zuarth.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicita la palabra.
Mario Alberto di Costanzo Armenta.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
Emilio Serrano Jiménez.
Desde su curul, el diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
Víctor Manuel Castro Cosío.
Roberto Gil Zuarth.
Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicita la palabra a lo que el Presidente da respuesta.
Se considera suficientemente discutido.
Desde sus curules, realizan observaciones sobre el sentido y procedimiento de la votación los diputados:
Jorge Carlos Ramírez Marín.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Es aprobada el acta con las modificaciones propuestas por el diputado Solís Acero.
Acta aprobada con las modificaciones propuestas.
Oficio de la Junta de Coordinación Política con el que comunica cambios en la integración del grupo de trabajo plural que estudiará y propondrá al pleno de esta soberanía la viabilidad jurídica de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda emprender, en relación con el decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. De enterado.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar con la Secretaría de Educación Pública una propuesta para reasignar parte de las transferencias previstas en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, a fin de salvaguardar el subsidio ordinario de las universidades e instituciones públicas de educación superior. Aprobado; comuníquese.
Oficio del Congreso del estado de Aguascalientes con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 6 del presente mes, por el que se exhorta al gobierno federal a iniciar a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública campañas de prevención y atención de la población por la epidemia de influenza AH1N1. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que en septiembre de 2009 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía.
Se recibe del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y se crean los artículos 45A, 45 B, 45 C y 45 D de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al plazo para la integración de las comisiones ordinarias. Se turna Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Jesús Alberto Cano Vélez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 23, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para desincentivar la generación de subejercicios en programas sociales y de inversión en infraestructura. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Sergio Mancilla Zayas presenta iniciativa con proyecto de decreto de reformas por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley General de Educación; una fracción XXXI al artículo 38 y una fracción XXIV al artículo 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que el Estado asegure la alimentación de los educandos por medio de desayunos, nutritivos y balanceados, y su equivalente en turno vespertino, como medida de salud, sin perjuicio de los derechos y deberes que al respecto tienen los padres, tutores y encargados de los menores de edad. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Gobernación.
El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer las funciones que deben realizar las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado Jesús Ramírez Rangel presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 21 del Código de Comercio, para permitir que la representación en el otorgamiento o suscripción de títulos de crédito pueda realizarse mediante poder otorgado en escritura pública ante fedatario público. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular el procedimiento de designación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los integrantes de su Consejo Consultivo. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el descanso obligatorio en conmemoración del 20 de noviembre y establecer el cambio de día de descanso para los años 2009 y 2010, como excepción. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Desde su curul, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín realiza interpelación.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez da respuesta.
Desde su curul, el diputado Jorge Humberto López Portillo Basave se adhiere a la iniciativa.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez acepta.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 93, el primero y segundo párrafos del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al Ministerio Público. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Salvador Manzur Díaz presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre las tarifas eléctricas en las regiones del país cuyas sensaciones térmicas promedio en verano sean de 30 grados centígrados o superiores y establecer tarifas especiales para aquellos grupos sociales en situación de vulnerabilidad situados en zonas de alta marginación. Se turna a la Comisión de Energía.
Desde su curul, el diputado Rodrigo Reina Liceaga solicita adherirse a la iniciativa.
Desde su curul, el diputado Salvador Manzur Díaz acepta.
El diputado Samuel Herrera Chávez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Jaime Flores Castañeda presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un horario de excepción en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Energía.
El diputado Miguel Angel García Granados presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y modifica la denominación del Titulo Segundo y del Capítulo II, se reforma el artículo 11, se derogan las fracciones I y II de éste, así como los artículos 12 y 13 de la Ley de Inversión Extranjera, respecto a que en 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, los extranjeros podrán, a título personal e individual adquirir derechos sobre tierras, más no de las aguas, siempre y cuando las propiedades adquiridas sean destinadas a uso habitacional propio y exclusivo, sin fines lucrativos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Economía.
El diputado Gerardo Sánchez García presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, respecto a que cualquier extinción y liquidación de un organismo paraestatal de la administración pública federal deberá hacerse del conocimiento a la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en periodos de receso del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Desde su curul, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza solicita adherirse a la iniciativa.
Desde su curul, el diputado Gerardo Sánchez García acepta.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a declarar zona de emergencia los municipios del estado de Sinaloa afectados por la tormenta tropical Rick, a fin de que se liberen en apoyo de la población los recursos del Fondo Nacional de Desastres. Aprobado.
El Presidente informa que la Comisión de Gobernación solicitó que los dictámenes de primera lectura incluidos en el orden del día para esta sesión, relativos a la prestación de servicios y autorización para aceptar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros, se pospongan.
Interviene sobre el tema, desde sus respectivas curules, los diputados:
César Augusto Santiago Ramírez .
Javier Corral Jurado .
César Augusto Santiago Ramírez .
Jorge Carlos Ramírez Marín .
Javier Corral Jurado .
Arturo Zamora Jiménez .
César Augusto Santiago Ramírez .
Javier Corral Jurado .
César Augusto Santiago Ramírez .
Luis Carlos Campos Villegas .
Se aprueba regresar los dictámenes a la Comisión de Gobernación para que se concluya el trámite correspondiente.
El Presidente informa que se recibieron diversas proposiciones con punto de acuerdo que tienen relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.
Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicita presentar la proposición con punto de acuerdo agendada, el Presidente da respuesta.
El Presidente solicita a la Secretaría que presente las siguientes proposiciones con punto de acuerdo para que se consideren recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, remitidas por los diputados:
David Hernández Pérez, para el Premio Nacional de la Cerámica.
Leticia Quezada Contreras, para el Gobierno del Distrito Federal en materia de apoyo a la mujer rural.
Juan Carlos Natale López, a fin de que se considere una reducción del gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para que se destine el mismo monto en términos reales al asignado en 2009 al programa Habilidades Digitales para Todos, de la Secretaría de Educación Pública.
Esthela Damián Peralta, para diversos proyectos de conservación, mantenimiento urbano e infraestructura en la delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal.
Sergio Mancilla Zayas, para destinarlos a la ceración de la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan, Bicentenario, en el Estado de México.
Rosa Adriana Díaz Lizama, para el programa Oportunidades.
Leticia Quezada Contreras, para el rubro de salud, particularmente la prevención y atención del cáncer de mama.
José Luis Velasco Lino, para la zona metropolitana del Valle de Toluca.
José Torres Robledo, para el gobierno del Distrito Federal, en materia de atención a migrantes y sus familiares.
José Torres Robledo, para el gobierno del Distrito Federal, en materia a proyectos agrícolas a pequeña escala.
Francisco Javier Martín Gil Ortiz, para el Fondo Metropolitano del Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', y que se incluya como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico Madero y Altamira, Tamaulipas.
Manuel Cadena Morales, para inversión en infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable para abatir la pobreza y la marginación en diversos municipios del estado de México.
María Araceli Vázquez Camacho, para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal.
Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, a fin de que no se disminuyan los recursos autorizados en 2009 destinados a diversos proyectos y acciones dirigidas equilibrar las desigualdades de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Avelino Méndez Rangel, para el gobierno del Distrito Federal, en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria.
Felipe Amadeo Flores Espinosa, para que los gobiernos de las entidades federativas puedan cumplir con las nuevas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo.
María Araceli Vázquez Camacho, para continuar con el proyecto de Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputos, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia (C4i), o Proyecto Bicentenario.
Oscar Román Rosas González, para la partida destinada a la educación básica en las comunidades indígenas.
Leticia Quezada Contreras, para la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres del Distrito Federal.
Onésimo Mariscales Delgadillo, para la construcción de una nueva presa sobre el río Mayo, en Alamos, Sonora.
Rigoberto Salgado Vázquez, para la continuación de las obras de construcción de la línea 12 de la Ciudad de México.
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, a fin de mantener en los mismos porcentajes de 2009 los recursos otorgados a XE-IPN, Canal 11; a Televisión Metropolitana SA de CV, Canal 22; y a la Agencia de Noticias del Estado de México, Notimex, y considerar la reducción de gasto en comunicación social e imagen de la Presidencia de la República.
Diputados del Grupo Parlamentario del PRD, para el mantenimiento de la infraestructura educativa del Distrito Federal.
José Ricardo López Pescador, para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) a efecto de combatir el rezago educativo en el país.
María Araceli Vázquez Camacho, para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava, del Distrito Federal.
Alma Carolina Viggiano Austria, para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal.
Leticia Robles Colín, para los proyectos de desarrollo rural en el Distrito Federal.
Nazario Norberto Sánchez, para crear un fondo económico destinado a protección civil en el Distrito Federal.
Avelino Méndez Rangel, respecto del Fondo Metropolitano para el Valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México).
Leticia Quezada Contreras, para el rescate de los ríos Magdalena y Eslava en el Distrito Federal.
Leticia Quezada Contreras, para el rubro de salud, particularmente para la prevención y atención del cáncer cervico-uterino.
Desde su curul, el diputado Emilio Serrano Jiménez solicita retirar su proposición.
Leticia Quezada Contreras, para la Secretaría de Salud para la prevención y atención del VIH/sida.
María Araceli Vázquez Camacho, para el fortalecimiento de las nueve procuradurías ambientales estatales.
Rigoberto Salgado Vázquez, para construir diversas obras públicas en la delegación Tláhuac, del Distrito Federal.
Víctor Manuel Báez Ceja, para el programa para el desarrollo de zonas prioritarias en Michoacán.
Leticia Quezada Contreras, para que se apruebe un presupuesto con perspectiva de género que responda a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión, en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.
Héctor Hugo Hernández Rodríguez, para construir e instalar plantas de tratamiento de aguas residuales y ollas de captación en la delegación Tlalpan, Distrito Federal.
Leticia Quezada Contreras, para la instauración de los programas que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad dirigidos a las comunidades que el Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo con recursos federales.
Agustín Guerrero Castillo, para cumplir el proyecto de fortalecimiento tecnológico de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Agustín Guerrero Castillo, para cumplir los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo de atención urgente en la delegación Alvaro Obregón del Distrito Federal.
Agustín Guerrero Castillo, para cumplir con la construcción de la nueva casa de cultura General Francisco Villa, en la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Agustín Guerrero Castillo y Emilio Serrano Jiménez, para que se destinen a la construcción de la nueva Escuela Gratuita de Artes y Oficios de Iztacalco para Jóvenes, en el Distrito Federal.
Víctor Manuel Báez Ceja, para el Ramo 21, referente al sector turismo.
Nazario Norberto Sánchez, a fin de que se destinen a la atención de personas en situación de calle, en la próxima temporada invernal, para reforzar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Teresa Incháustegui Romero, para la educación indígena del país.
Teresa Incháustegi Romero, para el mantenimiento de las condiciones físicas y materiales de los 10 centros de readaptación social que existen en el Distrito Federal.
Teresa Incháustegi Romero, para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal.
Rigoberto Salgado Vázquez, con el propósito de que se destinen a la resolución del problema de disposición de residuos sólidos en el área metropolitana de la Ciudad de México y facilitar el cierre de Bordo Poniente, cuarta etapa.
Héctor Hugo Hernández Rodríguez, con la finalidad de que se destinen a la construcción del Hospital General de Topilejo.
El Presidente ordena turnar las proposiciones mencionadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Ovidio Cortázar Ramos proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que destinen a las 10 entidades federativas con los menores niveles de producto interno bruto per cápita (PIB) no minero y no petrolero el 11 por ciento de los recursos que se pretenden recaudar de la contribución del 2 por ciento para el combate a la pobreza. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe del diputado José Antonio Arámbula López proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir al titular del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a efecto de que pague en una sola exhibición a los beneficiarios; y a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos que se destinen al rubro de trabajadores ex braceros. Se turna a las Comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Pablo Escudero Morales proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a implantar procedimientos sobre el uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
Se recibe del diputado Francisco Hernández Juárez proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proceso de dictamen del paquete económico de 2010 el efecto negativo de un nuevo gravamen sobre los servicios de telecomunicaciones. Se turna el primer punto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el segundo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Marco Antonio García Ayala proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Salud que lleve a cabo una reunión con el Comisionado Nacional del Sistema de Protección Social en Salud; y a los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas, a analizar la iniciativa del Poder Ejecutivo federal en materia de financiamiento del llamado ``Seguro Popular''. Se turna a la Comisión de Salud.
Se recibe del diputado Ariel Gómez León proposición con punto de acuerdo, con el propósito de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incluyan en el oficio de liberación de inversión seca diversos tramos carreteros de Chiapas. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transporte.
Se recibe de la diputada María Araceli Vázquez Camacho proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para proseguir la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal. Se turna el primer punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y el segundo, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibe de la diputada María Araceli Vázquez Camacho proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación y devolución de los recursos públicos para el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja, en el Distrito Federal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibe de la diputada Florentina Rosario Morales proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de los ahorradores defraudados en diversas entidades por la Sociedad Cooperativa denominada Financiera Coofia. Se turna el primer punto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el segundo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe de la diputada María Antonieta Pérez Reyes punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, respecto de los precios de cobertura de gas natural. Se turna a la Comisión de Energía.
Se recibe de la diputada María Dolores del Río Sánchez punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cambiar la tarifa de energía eléctrica para el consumo doméstico 1E por la 1F en Guaymas y Empalme, Sonora. Se turna a la Comisión de Energía.
Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día para tratar diversos asuntos de la agenda política. Aprobado.
Desde su curul, el diputado Oscar Román Rosas González realiza observaciones respecto a su proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 para la partida destinada a la educación básica en las comunidades indígenas, el Presidente da respuesta.
Sobre dicho tema de la agenda política, interviene la diputada Leticia Quezada Contreras.
Intervienen sobres el asunto los diputados:
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía .
Ana Estela Durán Rico .
Ifigenia Martha Martínez y Hernández .
María de la Paz Quiñones Cornejo .
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega .
Paz Gutiérrez Cortina .
Teresa del Carmen Incháustegui Romero .
Laura Itzel Castillo Juárez .
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega .
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
Francisco Javier Salazar Sáenz .
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
Desde su curul, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero solicita moción sobre el tema.
Continúa el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
Francisco Javier Salazar Sáenz .
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
Francisco Javier Salazar Sáenz .
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía .
Víctor Manuel Castro Cosío .
Jaime Fernando Cárdenas Gracia .
Se encuentra suficientemente discutido el tema.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Se informa a la Presidencia que hay registrados 386 diputadas y diputados, por tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:11 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se dispensa de lectura al orden del día.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de levantar la mano. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de señalarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Martes 27 de octubre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar con la Secretaría de Educación Pública una propuesta para reasignar parte de las transferencias previstas en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 a fin de salvaguardar el subsidio ordinario de las universidades e instituciones públicas de educación superior. (Votación)
Oficio del Congreso del estado de Aguascalientes
Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Por el que informa que en septiembre de 2009 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Iniciativas
Que adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B, 45-C y 45-D de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrito por los diputados Sergio Mancilla Zayas y Héctor Pedroza Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por los diputados Salvador Manzur Díaz y María Isabel Pérez Santos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 222 de la Ley del impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Jorge García Segovia, Jorge Luis Valencia Gómez y Óscar Eduardo Ramos Remus para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios de la República Eslovaca, en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; de Belice en la ciudad de Chetumal, con circunscripción consular en Quintana Roo; y vicecónsul honorario de la República de Costa Rica en la Ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Brenda Bernáldez Ruiz, Mauricio Israel Alfaro García, Érik Gallardo Morales, Alejandro Juárez Muñoz, Leonila Aguirre Barousse, Carlos Alberto Espino del Castillo Gómez, Andrés Martínez Vázquez, Alberto Antonio García Vega, Javier Cavazos Adame, Donaldo Antonio Jordán López, Noé Solano Jerónimo y Claudia Padilla Pardini para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados en Hermosillo, Sonora; Matamoros, Tamaulipas; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Adriana Martínez López, Angélica Arzave Montes, Mariana Rangel Rodríguez, María Rosa Herida Cruells, Mario Alberto Posadas Navarro, Alejandro Galindo Diego, Minerva Xochipitzáhuatl Sánchez Quezada, Germán Salgado Cruz, Silvia Patricia García Becerra, Angélica Manuela Ávila Gracia, Maricel Castillo Portillo, Bárbara del Castillo Niño, María del Carmen Garrido Poo, Chantal Levy Witemberg, Leandro Mauricio Alcolea Vinay, Marco Antonio González Aguilera, Gabriela Pulido Pérez y Hanin Frangie Beltrán para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Ernesto Piña Morales, Rocío García Tovar, Ana Graciela Jesús Alamilla, María de Lourdes García Alanís, Margie Shamosh Laniado, Esther Sissa Israel y Natalie Paola Marcuschamer Gold para prestar servicios en las embajadas de la República Argelina Democrática y Popular y de Israel en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos María del Carmen Amador Vargas, Ledy Vanessa Novoa Medina, Rosa Beatriz Perea Ortiz, José Manuel Martínez Calderón y Paula Joselín Ramírez Melchor, para prestar servicios en las Embajadas de Sudáfrica, de Ecuador, de Irlanda, de Nueva Zelandia y de Bolivia en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Carlos Augusto Martínez Delgado, Juan Antonio González Plata Meixueiro, Gerardo Martín Molina Avendaño, Rosa Elena Saavedra Méndez, Genaro Gamboa Coli, Alfonso López Trinidad y Nadia Macías Chávez, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Rosa María Jiménez Narváez, Jilliantt Zaleta Ortiz, Iván Acebo Choy, Martha Cermeño Jiménez, Gema Durán Espinosa, Rodrigo Gil Memije, Sara María Rivera Hasbun y Adrián David Morales Hernández, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México, y en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Luis Alfonso Aguirre Orta, Óscar Arturo Feregrino Aguilar, Salomón Michán Masri y Luis Ángel Sánchez Acata para prestar servicios en las Embajadas de la República Argelina Democrática y Popular, y de Israel en México, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Carlos Eduardo Jiménez Macotela para aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Mario Rodolfo Segura Villaseñor para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Comendador Primera Clase, que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Hugo Argote Oropeza, para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Premio Nacional de la Cerámica, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que de lo recaudado por la contribución para el combate a la pobreza se destine 11 por ciento a las diez entidades federativas con menos PIB per cápita no minero ni petrolero, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Gobierno del Distrito Federal en materia de apoyo de la mujer rural, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se considere una reducción del gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destine el mismo monto, en términos reales, que el asignado en 2009 al programa Habilidades Digitales para Todos, de la SEP, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se asigne una partida especial para resolver la problemática que enfrentan los socios defraudados por Sacriputla, SC de RL, y por la Caja Popular Casandoo, SA de CV, de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Elpidio Desiderio Concha Arellano y José Antonio Yglesias Arreola , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instruir al titular del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a efecto de que pague en una sola exhibición a los beneficiarios; y a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el rubro de trabajadores ex braceros, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para diversos proyectos de conservación, mantenimiento urbano e infraestructura en la delegación Venustiano Carranza, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a implantar procedimientos sobre el uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se consideren recursos para crear la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan Bicentenario, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el programa Oportunidades, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos en el rubro de salud, particularmente para prevenir y atender el cáncer de mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la zona metropolitana del valle de Toluca, a cargo del diputado José Luis Velasco Lino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proceso de dictamen del paquete económico de 2010 el efecto negativo de un nuevo gravamen sobre los servicios de telecomunicaciones, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud que lleven a cabo una reunión con los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas respecto al proyecto de Presupuesto de 2010 y a diversos planteamientos sobre financiamiento y gasto a los servicios de salud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Gobierno del Distrito Federal en materia de atención de migrantes y sus familiares, a cargo del diputado José M. Torres Robledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Fondo Metropolitano, del ramo 23, ``Provisiones salariales y económicas'', y se incluya como beneficiaria la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Gobierno del Distrito Federal en materia de proyectos agrícolas en pequeña escala, a cargo del diputado José M. Torres Robledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Fondo Metropolitano, del ramo 23, ``Provisiones salariales y económicas'', y se incluya como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, a cargo del diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incluyan en el oficio de liberación de inversión seca diversos tramos carreteros de Chiapas, a cargo del diputado Ariel Gómez León , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para inversión en infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable a efecto de abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de México, a cargo del diputado Manuel Cadena Morales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 no disminuyan los recursos autorizados en 2009 para diversos proyectos y acciones dirigidos a equilibrar las desigualdades de pobreza extrema en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos al Gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para que los gobiernos estatales puedan cumplir las nuevas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para continuar el Proyecto de Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputos, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia, o Proyecto Bicentenario, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere aumentar la partida destinada a la educación básica en las comunidades indígenas, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos a efecto de construir un hospital de especialidades para mujeres en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir una presa sobre el río Mayo, en Álamos, Sonora, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para continuar la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a mantener en los mismos niveles del Presupuesto de 2009 los recursos de Canal 11, Canal 22 y Notimex; y a considerar la reducción de gasto en comunicación social e imagen de la Presidencia de la República, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el mantenimiento de la infraestructura educativa del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos suficientes para el INEA, a efecto de combatir el rezago educativo en el país, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador y suscrito por la diputada Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava, del Distrito Federal, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para implantar la reforma del sistema de justicia penal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los proyectos de desarrollo rural en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Robles Colín , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear un fondo económico destinado a protección civil en el Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos del Fondo Metropolitano para la zona metropolitana del Valle de México, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para proseguir la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el rescate de los ríos Magdalena y Eslava, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos en el rubro de salud, particularmente para prevenir y atender el cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos a la Secretaría de Salud para prevenir y atender el VIH/sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el fortalecimiento de las nueve procuradurías ambientales estatales, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir diversas obras públicas en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos al programa para el desarrollo de zonas prioritarias en Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto que responda a la transversalidad y perspectiva de género que los Poderes de la Unión requieren para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales y ollas de captación en Tlalpan, Distrito Federal, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP la liberación y devolución de los recursos públicos para el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a la instauración de los programas que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo con recursos federales, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a un programa especial para organizar en la Ciudad de México ferias de promoción turística que favorezcan a todas las entidades federativas, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, elativo a la situación de los ahorradores defraudados en diversas entidades por Financiera Coofia, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para cumplir el proyecto de fortalecimiento tecnológico de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para cumplir los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo de atención urgente en Álvaro Obregón, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir la casa de cultura General Francisco Villa, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a cumplir la construcción de la nueva Escuela Gratuita de Artes y Oficios de Iztacalco para Jóvenes a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos en lo correspondiente al Ramo 21, referente al sector turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la atención de personas en situación de calle en la próxima temporada invernal, para reforzar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para destinarlos a la educación indígena del país, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para el mantenimiento de las condiciones físicas y materiales de los diez centros de readaptación social que existen en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la resolución del problema de disposición de residuos sólidos en el área metropolitana de la Ciudad de México y facilitar el cierre de Bordo Poniente, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se consideren recursos para la construcción del hospital general de Topilejo, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, a cargo del diputado Carlos Flores Rico y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a combatir el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca-Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra Coca-Cola, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la Colonia Penal Federal Islas Marías, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, , por el que se exhorta la inmediata intervención de la PGR ante las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho y dar pronta respuesta a la denuncia interpuesta por la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por los servidores públicos de la PGR, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de Artesanías, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos del Senado de la República para que emitan el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrito por los diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez y Miguel Antonio Osuna Millán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la investigación de lo sucedido en Oaxaca del 1 de mayo de 2006 a enero de 2007, así como el 16 de julio de 2007, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a eliminar el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extrahotelera en la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los distintos destinos turísticos del país, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, a la Procuraduría de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar lo relativo, a deslindar y dejar en libertad a la indígena Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, a cargo de la diputada María Teresa Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Aguascalientes a cumplir a cabalidad lo que se establece en el artículo 25 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Margarita Gallegos Soto y David Hernández Vallín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y a los gobiernos de los estados, a crear un fondo de recursos destinados al apoyo de ex braceros, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento al Fondo de Apoyo Social (Fideicomiso 2106) para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se ratifica la resolución que aprobó la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2007 en relación con la venta de la cartera vencida del Infonavit, y se solicita la comparecencia del director de dicha institución, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a controlar a través de la CNBV de manera más estricta a las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando en demérito de los recursos de los ahorradores, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a realizar las acciones y establecer los procedimientos necesarios a fin de prevenir que laboratorios e instituciones privadas apliquen y vendan la vacuna contra la influenza AH1N1 a la población, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la liberación de recursos y la modificación de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNBV a informar sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explicar el fraude de la cooperativa caja popular Coofia, SCL, así como su situación legal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a mantener el presupuesto otorgado al Instituto Mexicano de Cinematografía; y al Ejecutivo federal, a dar continuidad a través de la SHCP al estímulo fiscal que otorga el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente de la CNDH que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales de Michoacán actualmente internos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer lo conducente para fijar un plazo máximo no mayor de 10 años para concluir la educación secundaria, primaria y alfabetización de la población mayor de 15 años que aún no lo ha hecho, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a ésta de acuerdo con las necesidades actuales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a llevar a cabo la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la región de La Montaña, Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Semarnat, a la Conagua, al Conacyt, a la Sedesol, a la SEP, a la Ssa, a la Canadevi, a gobiernos estatales y municipales, y a la Conafor a desarrollar y fortalecer la cadena productiva del bambú para revertir el deterioro ambiental y el cambio climático, promover la vivienda digna de bajo costo e impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el medio rural, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sener, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco respecto de los precios de cobertura de gas natural, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa y la Semarnat establezcan nuevamente una moratoria indefinida a la siembra de maíz transgénico a fin de definir los centros de origen, así como las medidas de protección del maíz nativo, con base en el reciente estudio de la Conabio, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a enviar una carta diplomática a la Embajada de Estados Unidos de América en nuestro país por el trato discriminatorio de que son objeto las personas que acuden a tramitar la visa ante los diferentes consulados, particularmente el de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a cambiar la tarifa de energía eléctrica para el consumo doméstico 1E por la 1F en Guaymas y Empalme, Sonora, a cargo de la diputada María Dolores Del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sener a homologar, en el ámbito de su competencia, los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con los del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer a través de la Conagua los procedimientos para la rehabilitación del arroyo Alamar, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar el proyecto para emitir la cédula de identidad ciudadana, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones que fortalezcan al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC, y con ello evitar el proceso de liquidación que se pretende aplicar a dicha institución, a cargo de la diputada Julieta Octavia Marín Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a actuar como entidad mediadora para la solución del conflicto de límites territoriales entre Jalisco y Colima, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del ISSSTE a liberar a través de su órgano desconcentrado Pensionissste los recursos de las cuentas individuales asignadas a los pensionados por ese instituto, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial con la finalidad de dar cuenta y atención de la problemática que aqueja a la cuenca del sistema Cutzamala, a cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la SCT por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a que el programa 100 x 100 sea ejecutado en colaboración con los presidentes municipales y que se contrate personal local para realizar las obras, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar zona de emergencia los municipios de Sinaloa afectados por el azote de la tormenta tropical y a liberar los recursos del Fonden de apoyo a la población, a cargo del diputado Germán Contreras García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Excitativa
A la Comisión de Energía, a solicitud de la diputada María Antonieta Pérez Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios relativos a las solicitudes de licencia que presentaron diversas diputadas de esta LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Comentarios sobre la declaración política de los pueblos indígenas y su educación, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre Ley de Ingresos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la autorización para sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comentarios sobre el 2 de octubre de 1968, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios respecto a la necesidad de proseguir con el desahogo de la comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa de lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Por instrucciones de la Presidencia...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputado. El diputado Cárdenas Gracia desea hacer uso de la palabra.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Después de la intervención del señor secretario, del diputado secretario, quisiera tomar el uso de la palabra en la tribuna.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con mucho gusto. Continúe, señor secretario.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 276 diputadas y diputados, a las 11 horas con 21 minutos del jueves 22 de octubre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.
Se recibe de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del 192 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, Benemérito de la Patria, que tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia. Se designa comisión de representación.
Se reciben de la Junta de Coordinación Política proposiciones de acuerdo por los que se:
En sendas votaciones económicas se aprueban. Comuníquense.
Se recibe oficio del Congreso de Baja California Sur, con el que remite acuerdo relativo al virus de la influenza A (H1N1). Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al apoyo para la población de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, de Baja California Sur. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que remite:
El presidente informa del fallecimiento de Antonio Rodríguez Zarco, colaborador de la Cámara de Diputados y pide a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
El presidente informa a la asamblea que se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el análisis del tercer Informe de Gobierno en materia laboral, comunica que dicho servidor público se encuentra a las puertas del salón de sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno en la sesión del 20 de octubre del presente año, que norma el procedimiento para esta comparecencia, acto seguido el presidente toma la protesta de decir verdad al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social y le otorga el uso de la tribuna para exponer el estado que guarda su respectivo ramo.
Antes de la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social, desde sus curules hacen comentarios o solicitan moción de orden los diputados: Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Laura Piña Olmedo , del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío ; y Enoé Margarita Uranga Muñoz , del Partido de la Revolución Democrática. El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, responde alusiones personales. Continúan interviniendo desde su curul los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y María Dolores del Río Sánchez , del Partido Acción Nacional. Se produce desorden en el Salón y a las 12 horas con 27 minutos, el presidente declara un
Receso
A las 12 horas con 48 minutos se reanuda la sesión y continúa con su intervención el licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social.
A las 12 horas con 58 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 449 diputadas y diputados.
Presentan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Pedro Jiménez León , del Convergencia; Jaime Arturo Vázquez Aguilar , de Nueva Alianza y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo.
Contestan alusiones personales los diputados: Emilio Serrano Jiménez , del Partido de la Revolución Democrática, el que es interrumpido por el diputado Jesús Ramírez Rangel , del Partido Acción Nacional, quien solicita moción de orden; Carlos Flores Rico , del Partido Revolucionario Institucional y Adán Augusto López Hernández , del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado Óscar Martín Arce Paniagua , del Partido Acción Nacional solicita moción de orden.
Se concede la palabra al diputado Diego Guerrero Rubio , del Partido Verde Ecologista de México, para fijar posición, y es interrumpido por el diputado Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, quien solicita moción de orden. Se produce desorden en las galerías a las 13 horas con 42 minutos, el presidente declara un
Receso
Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
A las 15 horas con 2 minutos se reanuda la sesión.
El presidente hace consideraciones en relación con la sesión da por cumplida la comparecencia para la que se citó al secretario del Trabajo y Previsión Social y levanta la sesión a las 15 horas con 3 minutos y cita para la que tendrá lugar el martes 27 de octubre de 2009 a las 10:00 horas.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Está a discusión el acta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputado. El diputado Jaime Cárdenas Gracia. A sus órdenes, diputado. Dígame, ¿qué desea, diputado?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Señor presidente, respecto al acta, para hechos; respecto al contenido de la información que aparece en el acta, quisiera hacer algunos comentarios, para hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : A efecto de tener claridad en el debate, le pregunto si se inscribiría usted en contra del acta, para abrir un turno de oradores.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra del acta, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Bien. En los términos del artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresoy en este apartado de la discusión del acta de la sesión anterior, abrimos un turno de oradores: dos oradores en pro y dos en contra. Se está inscribiendo en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. ¿Alguien más desea inscribirse?
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): En contra, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado Solís Acero. Solís Acero, en contra, y el diputado Cárdenas Gracia, en contra. ¿Oradores en pro? No existen oradores en pro. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Cárdenas Gracia.
Solicitamos a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación que hagan favor de ocupar su lugar a efecto del desarrollo de la sesión de esta Cámara de Diputados.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Con su venia, señor presidente. Respecto al acta de la sesión anterior, me gustaría principalmente comentar varios temas, varios hechos que se contemplan en el acta que me parecen particularmente graves.En primer lugar, señalar que estimamos en nuestro grupo parlamentario que el presidente no puede tener por cumplida o dar por cumplida la comparecencia de un secretario de Estado. Ésa es una facultad del pleno de la Cámara de Diputados. En las atribuciones que tiene el presidente de la Cámara, en el artículo 23, no se señala expresamente la facultad para dar por concluida o por cumplida una comparecencia. Creo que el señor presidente de la Cámara debió haber consultado al pleno de la misma.
También me parece particularmente grave que ya se había levantado la sesión de la Cámara cuando el presidente da por cumplida la comparecencia. Aquí yo encuentro una segunda violación a la ley, porque la sesión había concluido; y no tenía el presidente facultades para dar por cumplida la comparecencia del secretario.
También quiero mencionar que el argumento para dar por concluida la sesión, que fue el desorden en las galerías, el propio Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso ---como todos lo sabemos--- establece el mecanismo y los procedimientos para retirar a los que provocan el desorden o para llamarlos al orden. Nunca se hizo esto, nunca se llamó al orden a las personas del Sindicato Mexicano de Electricistas que estaban profiriendo expresiones y gritos desde la galería. Creo que no se cumplió el artículo 210 del Reglamento.
Otra cuestión que me preocupa ---y nos preocupa mucho en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo--- es el ejercicio de la atribución del presidente para suspender o levantar las sesiones. Creo que no debe ser, no debe ejercerse esta atribución de manera omnímoda, porque, de acuerdo con la propia Ley Orgánica del Congreso, con el artículo 20, párrafo segundo, inciso b), la Mesa Directiva de esta Cámara tiene como facultad vigilar el adecuado desarrollo de las sesiones.
Es decir, el presidente, cuando ejerce la atribución de suspender o levantar una sesión debe, al menos, consultarlo con la Mesa Directiva de esta Cámara, cosa que no hizo el presidente Ramírez Acuña. O en su caso, consultarlo con el propio pleno de la Cámara de Diputados.
Debemos tomar en cuenta que aquí todos somos pares, incluyendo al presidente de la Cámara, y que el ejercicio de sus atribuciones legales debe, siempre, darse de manera consensuada, oyendo a la Mesa Directiva y al pleno de la Cámara de Diputados.
Por todo lo anterior ---y además por un señalamiento que en lo particular quiero hacer respecto a la conducción que tuvo como presidente encargado de la Mesa el diputado Salazar, quien no me concedió el derecho a la palabra para contestar alusiones personales del propio diputado Salazar y de algunos otros diputados del Partido Acción Nacional, violando el artículo 102 del Reglamento---, quisiera manifestar, a nombre propio y también de nuestro grupo parlamentario, que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo la sesión anterior, que hubo múltiples violaciones tanto a la Ley Orgánica del Congreso como al Reglamento.
Por eso protestamos por la conducción de la sesión, tanto por la conducción del diputado Salazar como por la conducción del presidente de esta Mesa, Ramírez Acuña. Y nos permitimos elevar a la consideración de todos ustedes un extrañamiento muy severo por esta conducción indebida, ilegal, que se realizó en la sesión anterior. Muchas gracias a todos ustedes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor diputado, estamos en el capítulo de discusión del acta. ¿Tiene usted alguna propuesta para el acta?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Sí, desde luego. Quisiera que en el acta, señor presidente, en la página 5 de la Gaceta, donde se dice ahí que continuaron interviniendo desde la curul los diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, y María Dolores del Río Sánchez , del Partido Acción Nacional. Antes de la mención al ``Receso'', me gustaría que se señalara que en lo personal, como diputado, solicité el uso de la palabra para contestar alusiones personales, con fundamento en el artículo 102 del Reglamento. Y ese derecho no me fue conferido por el diputado Salazar.
Respecto a la última parte del acta donde dice ``Receso. Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña '', cuando el presidente hace consideraciones en relación con la sesión, da por cumplida la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social; ahí, señalar claramente que dio por cumplida usted la comparecencia del secretario una vez que se había levantado la sesión. Usted había levantado la sesión sin haberlo consultado a la Mesa Directiva ni al pleno de la Cámara.
Que se levantó la sesión sin hacer las consultas correspondientes y que dio por cumplida la comparecencia una vez que se levantó la sesión. Eso me gustaría que se incluyera en esta acta, porque son datos relevantes que obedecen a la verdad, porque así ocurrieron los hechos, y lo podemos constatar con cualquier grabación del Canal del Congreso de esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Tome nota la Secretaría. Se concede el uso de la palabra al diputado Justino Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, en pro del acta.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas : Con su venia, señor presidente. Nada más para hacer constar que el 20 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el formato que establecía la comparecencia delsecretario del Trabajoy Previsión Social, que tuvo lugar el jueves 22 de octubre a las 11:00 horas.Las consideraciones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional son las siguientes:
En primer término, se llevó a cabo la comparecencia en las circunstancias de tiempo y lugar convocados.
Segunda conclusión. En cuanto al cumplimiento formal del objeto de la misma, se acreditaron la asistencia del servidor público compareciente, así como la protesta de decir verdad.
Tercero. En cuanto al cumplimiento de fondo del objeto, que es el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República en materia de política social, no se llevó a cabo, como se desprende del Diario de los Debates.
Cuarto. En la declaratoria del presidente de la Mesa Directiva, previa a dar por terminada la sesión, se observaron en todo momento los principios que rigen su actuación en el pleno y se fundó y motivó su determinación.
Quinto. No se registró impugnación por parte de miembro alguno de la asamblea, o por ésta, a la resolución del presidente de dar por concluida la sesión.
Sexto. El presidente dejó constancia de la asistencia del secretario al llamamiento de la Cámara y no formuló ningún pronunciamiento específico sobre el cumplimiento del objeto de la comparecencia, determinación que corresponde a la asamblea.
Séptimo. El pleno de la Cámara, mediante el acuerdo respectivo promovido por la Junta de Coordinación Política, podría optar por llamar de nueva cuenta a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social.
Es importante también leer las atribuciones de la Mesa Directiva, el artículo 20, específicamente, en sus numerales 1 y 2.
Cabe resaltar que integrantes de la Mesa Directiva fueron los que interrumpieron los trabajos como habían sido acordados en el formato de la comparecencia del secretario del Trabajo. Es importante hacer mención, porque no se estaban cumpliendo. No se cumplió al pie de la letra el formato de orden que se estaba respetando previamente en la Junta de Coordinación Política.
La Ley Orgánica, en su artículo 20, establece que la Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del pleno. En el numeral 2 estatuye que la Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del pleno de la Cámara...
Los diputados de Acción Nacional están a favor de cualquier tipo de acción y de la libertad de expresión de cualquiera de nosotros como diputados; pero lo que no debemos permitir es que compañeros diputados, y menos integrantes de la Mesa Directiva, irrumpan y alteren el orden que se había estipulado previamente en la Junta de Coordinación Política. Eso es lo que estamos planteando en este momento. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor diputado. Tome nota la Secretaría. Se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional, en contra.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Antes, diputado presidente, por alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame diputado Solís, el diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Muchas gracias, diputado presidente. Por alusiones pedí la palabra. Compañeros diputados, compañeras diputadas, en la Mesa Directiva acabamos de tener un muy largo debate sobre la comparecencia frustrada delsecretario del Trabajodel gobierno usurpador. Y ahí se comentó este tema que está trayéndose a tribuna.Creo que tienen que ser muy precisos, compañeros diputados, cuando hagan señalamientos. Si hay algo que algún integrante de la Mesa Directiva haya hecho fuera de la normatividad, fuera de la reglamentación, fuera del marco legal existente en esta soberanía, tienen que decir qué fue lo que se violentó.
Yo sostengo, como lo dije hace rato en la Mesa Directiva, que aquí se utilizan discrecionalmente los lugares que corresponden a la Mesa Directiva y, como se usan discrecionalmente, yo decidí utilizar ese día el que está a mi lado derecho. Eso fue todo lo que hice. Y luego las diputadas del PAN tomaron la tribuna y no me dejaban sentar en ningún lugar; y eso fue lo que generó el inicio del debate y de la forma en que se llevó a cabo la comparecencia.
Francamente ---lo digo con toda responsabilidad--- creo que la bancada de Acción Nacional debería revisar su comportamiento. Se los digo, ¿qué quieren que haga? Porque deberían dedicarse a hacer galletitas y no a la política; son muy sensibles, son hipersensibles, hacen barbaridad y media, aprueban impuestos contra la población, toman decisiones contrarias al pueblo, quieren rematar una empresa pública nacional y luego no quieren que se les reclame, no quieren que se les critique; quieren que a sus secretarios del gobierno usurpador se les trate como marqueses cuando, además de incompetentes, actúan con absoluta irresponsabilidad.
Me parece que hay que poner las cosas en su lugar, que se tienen que debatir las cosas con seriedad; me parece que tenemos que encontrar la manera de ir escuchando las posiciones, los argumentos, las críticas. Y no ser hipersensibles a esas críticas, porque francamente no tienen ningún sentido.
Quiero terminar diciendo esto. La madrugada del miércoles de la semana pasada aquí se votó por el PRI, el PAN y un sector del PRD por los nuevos impuestos. Hoy, quienes se preocupan por la imagen de la Cámara, a lo mejor tienen que pasar el trago amargo de que el Senado regrese la minuta dándole marcha atrás a cosas que aquí se decidieron, contrarias al interés nacional.
Me parece que es en eso en lo que deberían estar pensando los diputados y las diputadas cuando hablan de la imagen de la Cámara, en sus decisiones de fondo. Y que no se les olvide que son representantes populares, que están aquí por el pueblo de México, por sus distritos, por sus electores; y que no están aquí por sus gobernadores; alguno estará, pero aquí están fundamentalmente en representación del pueblo, y a él nos debemos y a él debemos honrar.
Me parece que nuestras decisiones deben cuidar esos intereses. Y hoy, más que nunca, incrementar los impuestos tiene un rechazo popular absoluto. Me parece que debería ser sensible esta Cámara y volver a retomar nuestras propuestas que hicimos de manera muy clara: de austeridad republicana, bajarnos los sueldos a la mitad, incluidos los diputados, acabar con los privilegios y que paguen las 20, 30, 50 muy grandes empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias bajo el eufemismo de consolidación fiscal, o lo que aquí se acordó para beneficiar a Televisa.
Me parece que esos son los temas de fondo y no estas rasgaduras de vestidura sobre las formas, que también cuentan, pero que tienen una raíz muy profunda, sin duda, de lo que está pasando en esta Cámara y de lo que está pasando en el país. Muchas gracias, compañeros, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Felipe Solís Acero; en contra.
La diputada María Dolores del Río Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, señor diputado. La diputada Dolores del Río, ¿con qué objeto?
La diputada María Dolores del Río Sánchez (desde la curul): Señor presidente...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra, diputada.
La diputada María Dolores del Río Sánchez : Con su permiso, señor presidente. Yo sé que este tema viene dentro de la agenda política que vamos a revisar más adelante. Sin embargo, una vez que estamos viendo y estamos por aprobar el acta de la sesión anterior, lo que solamente quisiera aclarar es parte de la discusión que hemos llevado a cabo los integrantes de la Mesa Directiva.Señalar que la responsabilidad ---como hace un momento lo decía un compañero de Acción Nacional--- de la Mesa Directiva es mantener el orden y coordinar con imparcialidad las sesiones. Se encuentra dentro de nuestro marco jurídico.
Yo hoy ---gracias a que todos ustedes, miembros de este pleno, votaron por esta Mesa Directiva; cada uno de ustedes decidió que nosotros estemos aquí arriba--- solicito más respeto por parte de todos los integrantes de la Mesa Directiva hacia el resto de los diputados.
Y sí reiterar que el desorden que se provocó en la sesión en la que compareció el secretario del Trabajo se debió al comportamiento inadecuado, desde el punto de vista del marco jurídico del Congreso General, de uno de los miembros de esta Mesa Directiva.
Ojalá esta reunión no se convierta en una reunión de alusiones de uno a otro. Pero yo creo que lo que vimos todos, no es necesario que nuevamente lo narremos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputada Castillo, dígame.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Qué hechos desea rectificar?
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Los señalados por la diputada Dolores del Río.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene usted el uso de la palabra, diputada.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Diputado presidente. Diputadas y diputados, aquí se ha hablado específicamente sobre cuestiones que tienen que ver con lo que llamaríamos civilidad política. De hecho, la coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacionalhizo referencia a este término. Yo quisiera decir aquí, en específico, que es impresionante cómo se violan las cuestiones parlamentarias en este recinto.Quiero recordar específicamente el hecho de que aquí, por unanimidad, se votaron unas preguntas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, en ánimo de consensuar, finalmente se planteó que sí se estaría de acuerdo en ellas, solamente que estas preguntas deberían ser respondidas antes del día 20. No sé si esas cuestiones ya se les olvidaron, con todo respeto, diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios.
Pero no sólo eso. Aquí también, en septiembre, se presentaron las iniciativas referentes a esta ley de austeridad republicana; de igual manera se presentó la ley contra los privilegios fiscales, cuestiones que no fueron dictaminadas tampoco, en su momento, en la Comisión de Hacienda. Es decir, aquí se habla en torno a cuestiones que estamos ejerciendo como derechos, nosotros, como diputados y diputadas federales; sin embargo, no toman en consideración, en absoluto, cuáles son los aspectos que tienen que ver con un debate real a nivel parlamentario.
Quiero señalar que en este pleno y en esta Mesa Directiva no tiene por qué utilizarse la curul de un compañero diputado o diputada para dársela...
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputada. La diputada Pérez de Tejada.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Perdón.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Gracias, presidente. En términos del artículo 105, queremos pedirle que solicite moción de orden, porque eso no tiene que ver en este momento con la aprobación y la ratificación del orden del día. Lo que está mencionando la diputada me parece que tendría que ir en la agenda política y no en el acta.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias por su comentario, diputada. Concluya, diputada, por favor.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : De ninguna manera acepto eso. Quiero que veamos cuál es el origen del problema. Y aquí además señalar específicamente que en el momento en que estaba entrando el secretario del Trabajo hubo un grupo de diputados que actuaron como guaruras. Mientras estábamos la compañera Ifigenia Martínez, la compañera diputada Tere Lupe Reyes y su servidora, hubo todo un bloqueo y una serie de empujones. Creo que esta cuestión de ninguna manera...
A ver, esos jilgueros, ahorita pueden tener la palabra, ahorita pidan la palabra para hechos o para alusiones personales...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Concluya diputada y no esté usted interactuando con el resto de los compañeros diputados.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Pero si ustedes están planteando que se tiene que elevar el nivel del debate, tienen que empezar poniendo el ejemplo.
Aquí lo único que queremos decir es que nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos y que de ninguna manera vamos nosotros a pasar por alto que ustedes son los que violan, en principio, toda la cuestión de carácter parlamentario que se tiene que llevar a cabo. Ésa es la razón de las cuestiones que aquí nosotros estamos demandando. Y por eso mismo planteamos que se incluya en el orden del día, como lo ha señalado nuestro compañero diputado Jaime Cárdenas, lo relacionado con esta fallida comparecencia. Y que, además, evidentemente hubo violaciones de carácter legal aquí de parte de la Mesa Directiva, específicamente de su presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Felipe Solís Acero. Permítame, diputado Solís. Dígame, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muy puntual, diputado presidente. Sólo pedirle que se ciña a su responsabilidad. Usted no tiene por qué estar presionando al orador pidiéndole que concluya, cuando tiene cinco minutos para hacer su intervención. Usted no tiene ninguna facultad para estar pidiéndole a alguien que concluya antes del tiempo que tiene destinado. Eso es todo, diputado presidente.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con toda atención, diputado, estaba regresándole el uso de la palabra, no estaba constriñéndole el tiempo. Con todo respeto, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Solís Acero.
El diputado Felipe Solís Acero : Gracias, diputado presidente.En los términos del artículo 113, y antes de que inicie el conteo del tiempo que me corresponde, le solicito atentamente, señor presidente, para ilustrar la discusión, que instruya a la Secretaría que corresponda, para que lea ante el pleno la parte final de acta. El último párrafo con el que se cierra el acta, que está publicado en la página 5 de la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría a dar lectura.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : ``El presidente hace consideraciones en relación con la sesión, da por cumplida la comparecencia para la que se citó al secretario del Trabajo y Previsión Social, y levanta la sesión a las 15:03 horas, y cita para la que tendrá lugar el martes 27 de octubre de 2009, a las 10:00 horas''.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continúe, diputado.
El diputado Felipe Solís Acero : Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, objeta el acta que está puesta a consideración del pleno, particular y específicamente en la parte que acaba de leer el secretario, porque el acta no consigna lo que sucedió en la sesión plenaria del pasado jueves 22 de octubre.
Lo que realmente sucedió, conforme a la versión estenográfica que tengo en mi poder, es lo contrario de lo que está consignado en el acta en la parte que acaba de leer el secretario. El presidente de la Mesa Directiva no hizo la declaratoria sobre la comparecencia ---a lo que me voy a referir en seguida--- y posteriormente levantó, sino a la inversa: primero levantó la sesión y posteriormente se refirió al secretario del Trabajo compareciente. Eso consigna la versión estenográfica, exactamente lo contrario de lo que se puso equivocadamente en el acta. Por eso objetamos el acta y por eso no podemos estar de acuerdo en que se vote un documento que no consigna lo que sucedió realmente en el pleno.
En la sesión del jueves 22 de octubre, el presidente de la Mesa Directiva dijo literalmente: Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica y las obligaciones contenidas en el artículo 21 del Reglamento, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de octubre a las diez de la mañana. El sistema estará abierto a las... tales horas.
Después de eso, en ese momento estaba levantada la sesión. En ese momento la sesión formal, protocolaria y parlamentariamente, había concluido. Ya no había sesión. Después de eso, en lo que puede entenderse como un saludo personal del presidente de la Mesa Directiva, se dirige al secretario compareciente y le dice: Señor secretario, le agradecemos su comparecencia y a través de la misma se da por cumplida su comparecencia al citatorio que le hizo la asamblea.
Ese señalamiento es improcedente, en primer lugar, porque el presidente no tiene facultades para declarar si una comparecencia está desahogada o no. No existe ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento facultad, atribución, normatividad alguna que faculte al presidente a realizar una declaración de ese tipo.
Pero no entro al debate porque es un debate inexistente, dado que ese señalamiento el presidente de la Mesa Directiva lo hizo fuera de asamblea, fuera de la sesión plenaria. La sesión plenaria ya había concluido porque él formalmente, y con base en las atribuciones que tiene, la levantó.
Por tanto, señor presidente, nosotros solicitamos que se haga la corrección del acta. No puede votarse un acta que consigna hechos distintos a los que ocurrieron en la sesión plenaria, como queda demostrado en términos de lo que señalé.
Ahora bien, la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social no está agotada. Es público y notorio que la comparecencia del secretario, por las razones que hayan sido ---probablemente ajenas a su voluntad, no imputables al propio secretario---, no se desahogó. Estábamos apenas en la ronda relativa a los posicionamientos. Él ya había hecho uso de la palabra y estaban en el uso de la palabra los diputados representantes de los grupos parlamentarios en la primera ronda de fijación de posiciones. Por tanto, es notorio y no requiere de elemento ni argumentación alguna, señalar que la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social no se había desahogado.
Por tanto, lo que señaló el presidente de la Mesa Directiva, tanto porque lo hizo fuera de la sesión plenaria como porque carece de facultades legales para hacerlo, no puede tener valor alguno.
Por tanto, yo solicito, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que para efectos de la comparecencia truncada del secretario del Trabajo y Previsión Social estemos a lo que acordó la Junta de Coordinación Política ayer en los siguientes términos:
Primero. La comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social no se desahogó.
Segundo. El funcionario aludido, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, será convocado nuevamente para que se desahogue la comparecencia en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 69 constitucional, que lo obliga a comparecer no motu proprio, sino a solicitud y citatorio de esta asamblea, como fue aprobado en la sesión correspondiente; y
Tercero. El citatorio al funcionario, para que cumpla con la obligación constitucional, se librará en el momento en que el trabajo legislativo de esta Cámara lo permita. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tome nota la Secretaría de lo expresado por el diputado Felipe Solís Acero. Tiene la palabra el diputado Carlos Pérez Cuevas, a favor.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Señor presidente, para hechos, para alusiones de la diputada Castillo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Vamos a desahogar a los oradores inscritos, diputado, y con mucho gusto.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas : Con su venia, presidente. Señores diputados, creo que lo que venimos a escuchar hoy en esta tribuna, previo a dar arranque a la sesión plenaria, es un juego de palabras; en algún momento de cuestiones que nos pueden llevar a un falso debate. Hay temas en los que estamos de acuerdo, como bien lo ha expresado hace un momento el orador que me antecedió, en razón de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, respecto a la comparecencia delsecretario del Trabajo. Pero ése es otro tema, ése es un tema que se tendrá que desahogar conforme a ese acuerdo, puntual y linealmente como lo acordaron ya los coordinadores.El tema que se trae a esta tribuna sobre los hechos sucedidos en la sesión pasada ya está asentado también en un punto concreto, que se desahogará en la agenda política. Que no nos coman las ansias. Ya habrá momento para entrarle al debate y esgrimir los argumentos necesarios.
Lo que nosotros queremos dejar asentado, en la bancada de Acción Nacional, es que la actuación del presidente fue apegada a estricto derecho. No lo dice su servidor, ni lo dice la bancada de Acción Nacional; lo dice la legislación que nos rige y que nos obliga a ceñirnos estrictamente a ese tema. No hay dos o tres tipos diferentes de sesión cuando estamos en el pleno; si es comparecencia o es una reunión plenaria ordinaria o extraordinaria. Porque pareciera que el presidente tiene facultades cuando es una sesión ordinaria o extraordinaria, y no cuando se trata de alguna comparecencia del desahogo de la glosa.
En ese sentido, en tal motivo, a nombre del Partido Acción Nacional, pido al presidente que solicite a la Secretaría que dé lectura puntual a lo que establece el artículo 21, fracción XI, relativo a lo establecido en el 109 del propio Reglamento, que da cuenta puntual de las facultades del presidente de este Congreso.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría a dar lectura. Permítame, diputado Solís. Su intervención después, enseguida.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Artículo 21. Son obligaciones del presidente:
XI. Anunciar, por conducto de los secretarios, al principio de cada sesión, los asuntos que se van a tratar en la misma y al final de ella el orden del día de la sesión inmediata; y ordenar que la Secretaría dé el mismo aviso a cada una de las secretarías de Estado, siempre que se vaya a tratar algún asunto que sea de su competencia.
Bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión sin antes haberse hecho conocer a la asamblea el orden del día para la siguiente sesión, salvo el caso a que se refiere el artículo 109.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, señor secretario. Sí, diputado Solís... Perdón, falta el 109 de dar lectura. El artículo 109, que también fue solicitado.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender, sino por estas causas:
Primera, por ser la hora en que el reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara;
Segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad;
Tercera, por graves desórdenes en la misma Cámara;
Cuarta, por falta de quórum, la cual, si es dudosa se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria, bastará la simple declaración del presidente;
Quinta, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado Solís.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Por alusiones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Alusiones. Pase usted diputado.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Zambrano, ¿cuál es el objeto de su intervención?
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva : Por rectificación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Cómo no, rectificación. Tenemos dos rectificaciones, la de usted y la del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Adelante, diputado.
El diputado Felipe Solís Acero : Muchas gracias, señor presidente. La petición que ha formulado el diputado Carlos Pérez para que se lean dos disposiciones: el artículo 21, un apartado, un inciso y un numeral, y el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permite ---y por tanto se lo agradezco--- hacer dos señalamientos adicionales que por razones de tiempo no hice en la intervención anterior.Invoca el artículo 21 el diputado Carlos Pérez, para justificar las facultades del presidente de la Mesa Directiva para levantar la sesión. Nosotros no hemos discutido la facultad de las atribuciones del presidente de la Mesa Directiva para levantar la sesión, aunque discrepamos en el sentido conceptual de la atribución, porque se trata de una atribución reglada y no de una facultad discrecional, que pueda ser usada a la libre voluntad, al libre albedrío del presidente de la Mesa Directiva.
Levantar las sesiones, el ejercicio y la facultad de hacerlo ocurre cuando se den las circunstancias que para ello establece la Ley y el Reglamento. Pero quisiera decir dos cosas: el artículo 21, cuya lectura pidió el diputado Carlos Pérez, establece que ninguna sesión podrá ser levantada sin que antes haya sido leído el orden del día de la sesión siguiente. Eso, diputado Pérez, no ocurrió en la sesión del jueves.
Tengo en mi poder la versión estenográfica de la manera en la que se levanta la sesión, y jamás el presidente de la Mesa Directiva solicitó a secretario alguno que leyera el orden del día de la sesión de hoy; por tanto, se incumplió flagrantemente lo dispuesto en el artículo que usted mismo pidió que se leyera. Ésa fue una falta del presidente de la Mesa Directiva, que hay que dejar asentada en el acta de la sesión de hoy.
Segundo. Usted solicitó que se leyera el artículo 109 del Reglamento, porque a su juicio una sesión puede ser levantada en una de las hipótesis que el artículo 109 del Reglamento establece: ``Cuando hay ---cito--- graves desórdenes que impiden el desarrollo de la sesión''. Y eso es cierto, el artículo 109 lo establece.
Nada más que le informo, diputado Pérez, que el diputado presidente no invocó el artículo 109 del Reglamento para levantar la sesión. Tengo otra vez en mi poder la versión estenográfica ---se la leo---, que dice literalmente lo que dijo el presidente para levantar la sesión: ``Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica y las obligaciones contenidas en el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se levanta la sesión''.
Nunca invocó el artículo 109 del Reglamento al que usted se refiere. De manera que es inocua la lectura que aquí se ha hecho del artículo 109, porque no estuvo dentro de los fundamentos legales del presidente de la Mesa Directiva para levantar la sesión anterior.
Y quisiera insistir en que la sesión anterior fue levantada por el presidente de la Mesa Directiva en claro incumplimiento de lo dispuesto en el artículo primeramente leído de la Ley Orgánica, en el sentido de que no puede levantarse una sesión sin que se haya leído el orden del día de la sesión siguiente, lo cual no ocurrió en la ocasión anterior.
Termino diciendo, antes de retirarme de la tribuna, que el Grupo Parlamentario del PRI vuelve a plantear lo mismo que dije en mi intervención anterior: que para efectos de la comparecencia truncada del secretario del Trabajo y Previsión Social estemos a lo que acordó ayer la Junta de Coordinación Política con los tres acuerdos específicos:
Primero. La comparecencia de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, no se desahogo.
Segundo. El funcionario será citado para que cumpla la obligación que tiene en términos del segundo párrafo del artículo 69 constitucional.
Tercero. El citatorio será proveído cuando el trabajo legislativo de la Cámara lo permita.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para alusiones personales el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Antes, presidente, hay unas alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputado. El diputado Carlos Alberto desea hacer uso de la palabra por alusiones personales. Permítame un momentito, diputado.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas : Con su venia, presidente. Señores diputados vuelvo a reiterar para efecto de que quede claro: estamos con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para efecto que se desahogue la comparecencia en los términos que acordaron, eso no es discrepancia. En el punto y en el momento que le corresponda será un asunto del cual daremos puntual cuenta.Sólo quiero decir aquí ---y lo digo con mucho respeto al orador que me antecede--- que no caigamos en un juego de palabras, en una interpretación a modo; bien dice, como hace un segundo usted mencionaba... viene a traer hasta esta tribuna en que se fundamenta, en términos del artículo 21, fracción XI, párrafo segundo, el por qué se levanta la sesión.
Doy cuenta puntual de ese tema. Bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión sin antes haberse hecho conocer a la asamblea el orden del día para la siguiente sesión. Salvo el caso, salvo el caso al que se refiere el artículo 109. Está establecido aquí, en esta norma que nos rige, en su reglamento.
Bajo esa circunstancia no era necesario mencionar lo que establece el propio numeral y el propio párrafo. Es más, sin necesidad de que el presidente hubiera hecho mención de algún artículo está aquí expresado las que son sus facultades y las que no.
Luego entonces creemos que ese tema está zanjado, fue cubierto con la facultad del propio presidente. Y sobre el otro tema, como lo hemos dicho antes, estamos conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Una pregunta al orador.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputado, el diputado Solís desea hacer una pregunta antes de que concluya.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas : Con todo gusto, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Adelante, diputado Solís.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Gracias, señor presidente. Gracias al orador por aceptar la pregunta.Simplemente señalo que el presidente de la Mesa Directiva nunca citó el artículo 109 y sí hizo una fundamentación legal, y de ahí derivo, por tanto, la pregunta.
Le pregunto, diputado Pérez: ¿Está usted de acuerdo en que el acta, en la parte que estamos discutiendo, no consigna lo que ocurrió literalmente en la sesión del pasado jueves 22, según consta en la versión estenográfica? Y, por tanto, le pregunto: ¿Está de acuerdo, por tanto, en que se haga la rectificación correspondiente?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas : El tema que usted plantea lo resolverá el presidente en términos de sus propias facultades, en razón de si se requiere la rectificación del acta, según la versión estenográfica.
Le doy cuenta puntual de lo que establece el propio numeral; sigue usted insistiendo, señor diputado, en que debió haberse leído el 109, cuando el 21 en su fracción XI, párrafo segundo, establece la correlación de las facultades del presidente. Es más, la excepción de que por la causa tercera que establece este propio 109, que es el desorden que aquí vivimos, le da plena facultad al presidente.
En el otro sentido, será facultad del propio presidente, y en su momento seguro se la hará saber. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Sí, diputado Solís? Cuando tuvimos su intervención, señor diputado, le pedimos a la Secretaría tomara cuenta de lo expresado por usted, a efecto de que se hiciera la corrección correspondiente. Diputado. Denle sonido al diputado Solís.
El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Es muy breve, señor presidente, y es necesario hacerlo en este momento, porque lo que ha dicho el diputado Pérez es muy grave. Es esta asamblea la que tiene que aprobar el acta, por eso la estamos discutiendo, no el presidente de la Mesa Directiva.No admito que el diputado Pérez me diga que usted va a resolver qué sucede con el acta y luego me lo notifica, porque si no esta Cámara no tiene razón de ser. Las actas son aprobadas por el pleno, por la asamblea, no por ninguno de los miembros de la Mesa Directiva.
Por tanto, le pido por favor que lo que ha expresado el diputado Carlos Pérez, a quien aludo de manera directa por si tiene interés en reprocharme lo que aquí estoy diciendo, quede sin efecto, porque el acta tiene que ser aprobada por la asamblea. Y es evidente que el acta consigna en forma indebida lo que ocurrió en la parte correspondiente al levantamiento de la sesión anterior.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Nada más que le hago la aclaración, señor diputado, que el diputado no es el que aprueba el acta o no la aprueba. Por eso estoy pidiendo lo que usted ---una vez que intervino--- pidió que se hiciera; esto es, los señalamientos. Y posteriormente, al final de la discusión, estaremos poniéndolo a votación de la asamblea. Por tanto, la asamblea es la que va a tomar la decisión.
Al momento en que pongamos a votación se hará tomando en consideración lo que usted ha expresado, y es la asamblea la que tendrá que aprobarlo, diputado; no el diputado participante.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, por alusiones personales.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, presidente.Compañeros diputados y compañeras diputadas, nosotros insistimos en que hubo una violación evidente a la Ley Orgánica y al Reglamento. Porque, en caso de graves irregularidades en la Cámara o de desorden grave, ¿quién debe calificar eso? ¿Lo debe calificar el presidente de la Cámara o lo debe calificar esta soberanía? Mi punto de vista es que lo debe calificar esta soberanía.
Quien puede determinar si hay o no graves desórdenes en el pleno de la Cámara es el propio pleno. Es indebida la interpretación que se está haciendo de conferirle al presidente la atribución de levantar una sesión cuando él quiere, o de establecer recesos cuando él quiere, sin que se consulte previamente a la Mesa Directiva ni se consulte al pleno de la Cámara de Diputados.
Estamos, repito, en un órgano colegiado, en un parlamento donde todos somos pares. Es verdad que el presidente tiene algunas atribuciones y funciones específicas, pero esas funciones deben ejercerse con el consentimiento del pleno de la Cámara de Diputados. Si no fuese así, el presidente estaría por encima del pleno de la Cámara.
Por eso no puede el presidente levantar la sesión o determinar cuándo hay graves desórdenes sin consultarlo previamente con el pleno de la Cámara de Diputados. Todo eso es indebido y muestra una actitud no solamente antijurídica, sino antidemocrática.
Me parece que es importante que discutamos esto a fondo. El presidente podría determinar en este momento que hay graves desórdenes y suspender la sesión. Me parece incorrecto. Para suspender, para establecer un receso, debe consultarse al menos a la Mesa Directiva o al pleno de la Cámara. El presidente de la Cámara no se manda solo. El presidente obedece lo que determina esta soberanía.
Luego, hay cuestiones puntuales que también me gustaría insistir en ellas. Seguimos insistiendo en que debe haber un extrañamiento a la función y una protesta sobre la función que desempeñó el presidente.
Otra cuestión muy importante que aquí se trajo a colación es el tema de las curules. ¿Quién debe sentarse en las curules de los diputados? Exclusivamente las diputadas y los diputados. En las curules no puede sentarse un secretario de Estado: Las curules son para que ejerzamos nuestra función. Es indebido que exista un razonamiento de ese tipo.
El lugar donde se va a sentar un secretario de Estado debe ser diferente y el lugar y la posición en la que debe estar en esta Cámara un secretario de Estado o el propio jefe de gobierno o jefe de Estado debe ser diferente al de los diputados.
Un secretario no tiene por qué sentarse en la curul de una diputada o de un diputado. Esto es muy importante para que entendamos lo que está ocurriendo en las prácticas parlamentarias indebidas de este pleno.
Tampoco es correcto que los secretarios de Estado comparezcan ante el pleno. Ante el pleno el único que debe comparecer es el jefe de Estado, el jefe de gobierno; los secretarios del despacho deben comparecer ante las comisiones, pero no ante el pleno de esta Cámara.
Y tan incorrecto es todo lo anterior como que constituyamos comisiones de cortesía y que le demos tratamiento de jefe de gobierno o jefe de Estado a un secretario de despacho. Todo eso es indebido, obedece a viejas prácticas parlamentarias de otras épocas, de otro sistema. En la democracia no deben existir esas prácticas.
Debe establecerse perfectamente claro, en el comportamiento y en la conducta parlamentaria de este pleno, que los secretarios de despacho van a comisiones; que el jefe del Gobierno o jefe de Estado vienen al pleno; que los lugares donde deben sentarse un secretario de Estado o un jefe de Gobierno deben ser diferentes al lugar donde debe sentarse un diputado de esta Cámara.
A mí me parece que seguimos obedeciendo a viejas reglas de un sistema político ido y que debemos inaugurar prácticas democráticas en este parlamento. Por ejemplo, atender la petición de alusiones personales cuando a uno le corresponde, no dejarlo para después.
En este momento yo pedí alusiones personales, previamente a los demás oradores, y se me dejó hasta el final, violando el artículo 102 del Reglamento. Todo esto nos habla de una conducción indebida en esta Cámara, en la que tienen más peso los legisladores de los grupos parlamentarios mayoritarios que los legisladores de los grupos parlamentarios minoritarios. Conductas indebidas, señor presidente.
Por eso insistimos en solicitarle respetuosamente que esa conducta que usted realizó en la sesión anterior..., manifestarle que es una conducta violatoria de la Ley, del Reglamento para el Gobierno Interior. Y hacerle un extrañamiento, porque esta soberanía es la que puede reclamarle a usted su permanencia como presidente en la Mesa Directiva.
Esta soberanía tiene la facultad de revocarle el nombramiento que se le ha conferido. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, para rectificación de hechos.
El diputado José de Jesús Grijalva Zambrano : Gracias, diputado presidente.Quiero dejar muy claro, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que no es de ninguna manera nuestra intención cuestionar facultades que tiene el presidente de la Mesa Directiva.
Ciertamente, como aquí se ha señalado, tiene dentro de sus atribuciones suspender y levantar las sesiones del pleno, pero también están acotadas estas atribuciones.
Se habla aquí de que había graves desórdenes. Y se dio lectura a una parte de nuestras disposiciones. Pero no se señala, de ninguna manera, que en primerísimo lugar, en ningún momento ---y se utilizó como argumento, como pretexto, diría yo, para suspender la sesión, la entrada de un grupo de dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas a tribuna, acompañados por muchos periodistas y diputados de algunas fracciones parlamentarias; y eso se consideró suficiente para decidir que había graves desórdenes, según lo que, en todo caso, se ha leído aquí---, nunca se exigió ---como dice en el inciso e), artículo 23, fracción I, también dentro de las atribuciones del presidente--- orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello. Nunca se hizo esto.
Nos parece a nosotros que de ninguna manera estábamos ante esta situación, ante un escenario, ante esta hipótesis planteada. Porque, hay que decirlo también muy claramente: ha habido otras sesiones ---y no celebró que así se hayan dado las cosas, pero ha habido otras---, como cuando compareció Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, que me parece que había muchísimo más, en todo caso si se le quiere llamar así, desorden en la sala de sesiones.
Pero miren, ¿no era todavía más grave, la situación que llevó hasta declarar receso cuando estábamos en la noche aquí, la semana pasada, el día que discutimos la Ley de Ingresos: con la tribuna tomada, que tuvimos en primer lugar que intentar sesionar, trabajar desde abajo... la Mesa Directiva, una parte; y luego, con la tribuna tomada aquí, estar dirigiendo desde arriba y que cada quien desde su curul estuviera participando? Pero como se quería aprobar la Ley de Ingresos, con un conjunto de disposiciones que atentan gravemente contra la economía del país en su conjunto y especialmente, contra las clases más necesitadas, pero también contra sectores muy amplios del empresariado... Ahí sí, ahí sí había condiciones para continuar el debate. Ahí sí no había problemas para que sacáramos adelante la sesión y no declararla suspendida y por tanto también suspendidos los trabajos.
Miren, compañeras y compañeros diputados ---y con todo respeto al presidente, al diputado presidente---, nosotros, desde el mismo jueves pasado, aquí tras banderas planteamos estos argumentos; planteamos la conveniencia y necesidad de que continuáramos, de que se llamara al orden si es que se volvían a presentar situaciones difíciles para complicar la continuidad de la comparecencia del secretario del Trabajo. Pero no se quiso hacer eco de esto.
Y está bien, usted puede tener atribuciones, como se señala en el 21. Pero no son atribuciones que simple y sencillamente las puede ejercer llanamente. Una cosa es suspender la asamblea, la realización de una sesión, pero otra cosa es que el presidente pueda tomar decisiones que no le corresponden a nombre de la Cámara. Porque dice también, en la parte del Reglamento para el Gobierno Interior, en su artículo 18, ``De las facultades de la Presidencia y Vicepresidencia'', que el presidente en sus resoluciones estará su-bordinado al voto de la respectiva Cámara. Y aquí el presidente decidió que ya se daba por cumplida la comparecencia. Y ésa tenía que ser una resolución del propio pleno.
Por eso ayer nuestro coordinador, el diputado Alejandro Encinas, justamente defendió esta posición en la Junta de Coordinación Política. Y se aprobó, precisamente, que no se daba por cumplimentada la comparecencia del secretario del Trabajo y, por tanto, había que citarlo para que, en este periodo, cuando tuviéramos ya las mejores condiciones, se diera por satisfecha esta exigencia, esta disposición constitucional y legal que tenemos.
Entonces, creo, señor presidente ---ya con esto termino--- que lo más conveniente es que se modifique el acta en los términos en que se ha planteado aquí. Y, al mismo tiempo, que se pueda dar lectura ---y se lo solicito formal y respetuosamente--- al comunicado de la Junta de Coordinación Política, que ayer tomó una decisión y que yo creo viene a saldar el debate que aquí estamos teniendo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, para rectificación de hechos.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : Ciudadano presidente. No puedo sino manifestar mi beneplácito porque está transcurriendo una sesión en casi plena civilidad. Espero que éste sea el augurio de días mejores para esta Cámara de Diputados. Percibo que éste es un momento plástico que podríamos aprovechar para recomponer nuestros procedimientos y prácticas parlamentarias.Desde luego, coincido con la propuesta del diputado Solís Acero, porque es la que corresponde a los hechos, y, desde luego, con todos aquellos que han propuesto cambiar el formato de las comparecencias de los secretarios de Estado.
Pero, con el mayor respeto, señor presidente, debo decir que vivimos todavía rasgos del antiguo régimen. El ejercicio de la Presidencia de esta Cámara tiene sus límites; no es un presidencialismo exacerbado. Hay la sospecha de que, encontrándose usted en el Senado de la República ---en la premiación de la medalla Belisario Domínguez con quien ostenta las funciones de jefe del Ejecutivo---, al enterarse del desorden de la Cámara, llegó usted prácticamente a ordenarnos que cerráramos la sesión.
La ley estipula que el presidente responderá sólo ante el pleno cuando en ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las rigen. Señor presidente, usted se apartó de las reglas que rigen a la Cámara. Y por tanto debe responder frente a ella, no por escrito u oralmente; en este caso, constitucionalmente, ``responder'' es responsabilidad política.
¿En dónde está regida la responsabilidad política del presidente de la Cámara? Dice que los integrantes de la Mesa Directiva podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en la Cámara, por las siguientes causas... Y una de ellas es incumplir los acuerdos del pleno ---que era el orden del día aprobado para esa sesión---, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara.
He luchado por el establecimiento en el país de la revocación de mandato para el Ejecutivo y para los altos funcionarios. En este caso está previsto por la ley. Yo quisiera que realizáramos un análisis ponderado sobre el ejercicio de la Presidencia de la Cámara, de la Mesa Directiva y de la Junta de Gobierno, que representa a todas las bancadas.
En la reunión a la que usted convocó, de presidentes de comisiones, le propuse establecer unas nuevas reglas parlamentarias, no omitir la necesidad que tenemos de un nuevo reglamento de Cámara, ordenar las prioridades para la reforma del Estado, dar curso al debate sobre los problemas de la economía nacional, dar curso también al debate sobre los temas de la seguridad nacional e iniciar una era de productividad política y legislativa.
Esta Cámara y el Congreso son un poder del Estado, no solamente son legisladores. Por eso no es válido que alguna bancada se erija en defensora del Ejecutivo. Aquí somos diputados y representantes de la nación.
Propongo, pues, señor presidente, que en este periodo de sesiones abatamos el rezago legislativo; comencemos por establecer las grandes prioridades de esta Cámara. Y que nunca más se vuelva a cometer el agravio de traer a un secretario de Estado a la bancada de los legisladores. Y, además, que decidamos la próxima comparecencia del secretario del Trabajo, de acuerdo con el formato parlamentario adecuado: en la Comisión del Trabajo y Previsión Social o bien en comisiones mixtas con Derechos Humanos ---derechos que han sido violados--- y con Energía, cuyo destino está en juego. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto Gil, para rectificación de hechos.
El diputado Roberto Gil Zuarth : Compañeras diputadas y compañeros diputados, con qué talante y con qué vehemencia se viene hoy a esta tribuna a cuestionar, a debatir en torno a un trámite correcto del presidente de la Mesa Directiva, dadas las circunstancias de aquella sesión. Pero con qué olvido algunos oradores no han destacado cuáles son los motivos y quiénes fueron los autores.Se viene a cuestionar aquí un trámite, pero nada se dice sobre la toma de la tribuna, sobre los hechos de violencia, sobre la irrupción ilegal, indebida y con uso de la fuerza, a este recinto.
Nada se dice tampoco de que un miembro de la Mesa Directiva, en lugar de velar por la unidad y por el ejercicio correcto de las funciones parlamentarias, utilice su lugar para desquiciar ---la palabra no es casual--- a esta Cámara de Diputados.
Hoy también se ponen en entredicho las facultades que están expresamente definidas en la ley para el presidente de la Cámara de Diputados, y se olvida, se olvida, señores legisladores, que esta Cámara de Diputados es un conjunto de órganos con facultades definidas y diferenciadas y que esta Cámara funciona precisamente a través del ejercicio sucesivo y conjunto de esas atribuciones.
Hoy ya nos dicen que el pleno tiene que avalar todos y cada uno de los trámites que ordena la Presidencia. Voy a poner un ejemplo ad absurdum: ¿Imaginamos al presidente pidiendo autorización al pleno para conceder la palabra? Nos preguntamos ¿si es lógico y, en función de la práctica parlamentaria deseable, que el presidente de la Cámara le consulte al pleno si autoriza alusiones personales o rectificación de hechos?
Hoy ya se pone en entredicho incluso dónde se sienta un secretario cuando comparece a ejercer sus atribuciones. Para aquéllos a los que se les olvida leer el Reglamento, les voy a leer el artículo 196. Dice claramente: ``cuando algún funcionario ---un secretario de Estado es un funcionario--- se presente ante la Cámara, podrá sentarse en el lugar que corresponde a las curules de los diputados o senadores''. Eso dice el Reglamento.
Pero hoy se cuestiona hasta eso, porque hay una intención política detrás: ocultar la verdadera causa de la imposibilidad de que esta Cámara de Diputados desahogara la comparecencia del secretario del Trabajo. Y esa causa es imputable a un conjunto de diputados que también impidieron que esta Cámara discutiera de manera pausada y razonable la Ley de Ingresos. Muchos grupos parlamentarios quedaron sin posibilidad de fijar posición, de plantear sus reservas, precisamente porque un grupo de legisladores cree que tienen más derecho que esta asamblea para fijar sus posiciones políticas.
Preocupa mucho que hoy vengamos a esta tribuna a escuchar la legitimación política a las tomas de las tribunas y a los desórdenes. Hay mucha sensibilidad social y eso justifica que un conjunto de señores impidan que esta Cámara asuma sus responsabilidades. Nada más criminal para la democracia. No hay mayor traición para la democracia que debilitar a sus instituciones, que impedir que funcionen. Ha quedado claro quién permite y quién no permite que funcionen las instituciones democráticas.
Ha quedado claro, en torno a este debate, cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es que hay un grupo de personas que no quieren debatir, que no quieren discutir y que no quieren decidir. Y en democracia se debate y se decide con el pleno funcionamiento de las instituciones. Esperamos, como ayer acordó la Junta de Coordinación Política, que las condiciones de civilidad, que las condiciones de normalidad empiecen a imperar en esta Cámara de Diputados.
Los ciudadanos van a juzgar cada uno de sus comportamientos. Y los ciudadanos deben saber que no todos los diputados y las diputadas somos iguales. Hay unos que venimos a trabajar, hay unos que venimos a resolver los problemas y hay unos que no nos vamos a dejar chantajear ni mucho menos seremos forzados por actitudes de cerrazón política. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña, para alusiones personales.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Compañeros diputados; compañeras diputadas, viven del pueblo, traicionan al pueblo. Vuelvo a decirles, diputados, ¿cuándo en su campaña, diputado Gil, dijiste a tus electores que ibas a votar aumento de impuestos, que la gente pagará más IVA, que pagará más de la gasolina, que pagará más de energía, más de ISR? Nunca. No habrías sido electo nunca si le hubieras dicho eso a tus electores.Vuelvo a decirles que no tienen cara, no tienen vergüenza; han traicionado al mandato popular, nadie les dio autorización para eso. Y nadie dio autorización al secretario del Trabajo del gobierno usurpador a intervenir con el Ejército una empresa, propiedad de la nación.
Ahora resulta que quieren 52 mil millones de dólares para sustituir a la compañía Luz y Fuerza. Y les parecían mucho los 42 mil millones de pesos que le dan a las compañías privadas, que le entregan la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y que a su vez la revende a la compañía Luz y Fuerza del Centro.
¿Quieren argumentos? Ahí les van, bastantitos y duros y muy claros. Dicen aquí que quién permite y quién no permite el funcionamiento de las instituciones democráticas. No permite el funcionamiento de las instituciones democráticas quienes se roban la Presidencia de la República; quienes no respetan el voto popular; quienes están haciendo fraude electoral para quedarse con el máximo poder de la nación.
Por eso, Calderón tiene que andar tras rejas, por eso vive tras las rejas, por eso necesita cientos del Estado Mayor Presidencial, de la PFP; por eso tirotean a jóvenes en Morelia ---aunque estén en estado de ebriedad--- y por eso matan a niños en los retenes militares.
Han destruido el marco democrático, han destruido la legalidad. ¿De qué me vienen a hablar, señor diputado?
Te digo más. Dice aquí que alguien de la Mesa Directiva desquicia la Cámara de Diputados. No, desquicio a la bancada del PAN, que no aguanta argumentos, que no aguanta posiciones políticas. Véanse en el video aquí hechos bola, gritándome, interrumpiéndome.
Sube a tribuna, compañero diputado, ya que quieres debate. Ustedes son los que se desquician porque, insisto, deberían dedicarse a fabricar galletitas, porque para la política no sirven, no aguantan las razones, no aguantan los argumentos. Es una pena. Deberían revisarse, véanse en los videos.
¿Y el acto cobarde de agredir a Laura Itzel Castillo? Ese acto cobarde de empujarla y casi mandarla al piso. ¿Por qué ninguno de ustedes ha subido aquí a decir eso? ¿Por qué lo reclaman?
Lee el artículo 196 el diputado: ``...podrá sentarse en las curules''. Y, ¿quién dice que a la derecha o a la izquierda, o abajo? ¿Quién dice que tiene que ser aquí arriba? ¿Quién lo dice? ¿Dónde se sostiene? ¿Quién dice que yo rompí algún acuerdo al sentarme del lado derecho? Si aquí se juega, como es público y notorio, a las curules calientes, y se quitan y se ponen según quieran. Entonces, no me vengan con las superficialidades.
El hecho de fondo es que están rematando el patrimonio nacional, el hecho de fondo es que están empobreciendo al pueblo, el hecho de fondo es que están creando desempleo, el hecho de fondo es que mienten, que siembran la polarización del país, que siembran...
Ven a decírmelo acá, diputado, ven a decírmelo acá. Aquél está haciendo señalamientos claramente ofensivos, pero eso le parece muy responsable al cobarde diputado, que no conozco su nombre y que está sentado allá a la izquierda y que me hace así, señas de que vaya. No voy a ir. Diputado, ven a la tribuna a decirme con argumentos lo que estás haciendo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Por favor, diputado, le pido que no entable diálogo con el resto de los compañeros diputados. Exponga sus puntos de vista.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : No es diálogo. No es diálogo. Los diputados del PAN, que se levantan persignándose por la mañana, pero con doble moral sueltan insultos y no vienen a la tribuna a dar los argumentos. Estoy hablando de razones, estoy hablando de argumentos.
Eres un cobarde, diputado, eres un cobarde.
Quiero terminar. La Ley de Ingresos generó nuevos impuestos para la gente, más impuestos, ¿qué argumentos tienen para eso? ¿Qué sustento moral? ¿Qué sustento político? ¿Qué sustento económico? Bajémonos los sueldos a la mitad, apliquemos austeridad republicana, renuncien a su seguro de médico privado, renuncien a su seguro de vida. Dejen de mentirle a la gente con el asunto de los salarios de los altos funcionarios, tienen un gasto corriente mucho mayor todavía. De eso es de lo que estamos hablando.
La toma de tribuna, finalmente, diputado Gil, es una práctica parlamentaria, aunque no le guste y aunque le pese. Esa es una manera que en cualquier Parlamento del mundo se utiliza.
Si me vuelven a aludir, les doy otra listita larga de argumentos que tengo por ahí guardada y que el tiempo no me ha permitido desahogar. Cuando quieran estoy a las órdenes, con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que tenemos registrados al diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, a la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, al diputado Emilio Serrano Jiménezy al señor diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Al final de esta lista, preguntaré a la asamblea si se considera suficientemente discutido...
Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta , para rectificación de hechos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, apúnteme a mí también.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado, ya di la lista correspondiente, y entonces vamos a ajustarnos a eso. No me lo habían proporcionado, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Respete las reglas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Las respeto. La asamblea va a determinar una vez que preguntemos, y si la asamblea considera que debemos continuar, con mucho gusto hacemos las listas de oradores que ustedes consideren, diputado. De eso no tenga la menor duda. Tiene usted el uso de la palabra diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta : Con su venia, presidente. Nada más para recordarle al diputado Gil que tomamos la tribuna porque la Secretaría de Hacienda se negó a entregarnos información solicitada en un punto de acuerdo aprobado por su propia bancada.Que tomamos la tribuna para denunciar los conflictos de intereses del presidente de la Comisión de Hacienda, quien, como se sabe, es defensor de grandes contribuyentes. Es consejero de empresas que eluden y que evaden impuestos. Para eso se tomó la tribuna, diputado Gil.
Precisamente para contar con información, para poder dar un debate, para poner a la luz todas las cochinadas que se cometieron en la Comisión de Hacienda para aprobar al final del día más impuestos a la gente.
Creo que para eso se tomó la tribuna, precisamente para provocar un debate de cara a la nación, porque los diputados del PT estamos aquí para defender a la gente. Ustedes están para trabajar pero a favor del gran capital, como ya lo han demostrado.
Simplemente era para aclarar eso, diputado presidente. Y para decirles que si siguen con sus necedades, volveremos a tomar la tribuna cuantas veces sea necesario.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún : Fue interesante cómo terminó uno de los diputados que me antecedió; diciendo que no somos iguales. Casi estoy de acuerdo.Efectivamente, aunque ante la ley nos consideramos pares en esta legislatura, no somos iguales. Nosotros no venimos aquí a trabajar de guaruras ni a protegerle las espaldas o el frente a ningún secretario o a quien funja como secretario del gobierno usurpador.
Fue muy grave que ni siquiera haya podido el señor recibir un cartel. Cuando nos paramos las diputadas Laura Itzel, la maestra Ifigenia y una servidora, era para entregarle un cartel al señor Lozano Alarcón. Ni siquiera tiene la capacidad de recibir un cartel. Y le hicieron valla, aquí los diputados y las diputadas que se subieron a hacerle una coraza de protección.
Es lamentable que, efectivamente, piensen que todo el proceso legislativo y toda la situación nacional se circunscribe a proteger las espaldas a un hombre que ha provocado, junto con su jefe, una de las crisis más serias, políticas, como es echar a la calle a 44 mil familias en medio de una crisis económica y sin haber cumplido con la ley.
¿Y ustedes creen que su tarea como legisladores era proteger las espaldas a ese señor? Efectivamente no somos iguales. Aquí hay dos elementos significativos que tenemos que rescatar. Uno, ya quedó claramente demostrado que hubo errores graves en la conducción de la Mesa. La acción del presidente fue errática e ilegal. Eso ya quedó claro. Pero hay un argumento de fondo. Y hablan de la violencia.
Ahorita veo a muchos en las galerías. Qué bueno que la gente entre aquí a las galerías. El argumento final de lo que llaman ustedes violencia fue porque entraron alrededor de diez miembros del comité ejecutivo del SME. Y seis diputados y diputadas fuimos a recibirlos como se recibe a los que están ahorita aquí arriba y que nos están viendo.
Como ustedes quieren recibir a su secretario, efectivamente, fuimos a recibirlos, porque tienen tanto o más derecho a estar aquí como cualquiera; no irrumpieron en el pleno, no traían armas. No corría riesgo el señor secretario.
Sin embargo, entraron en pánico. Más pánico les debería dar, y con todo respeto, más vergüenza, la situación de crisis en la que tienen al país. El empobrecimiento del que son responsables. Lo que va a sucederles a esas familias.
Es una situación grave, grave la que está pasando allá afuera en la calle y grave la que está pasando aquí, adentro, donde un presidente de la Mesa cree que puede decidir por todos nosotros si el señor secretario terminó o no de cumplir una de sus funciones.
No vaya a ser un golpe de mano aquí; no vaya a ser un protogolpe de Estado, no vaya a ser un protocierre del Congreso. Mejor, que reconozca el señor presidente que cometió un grave error, grave; que se corrija. Y que, por favor, los compañeros y compañeras del PAN asuman:
Uno. No son el equipo de seguridad de ningún funcionario.
Dos. La violencia, efectivamente, está en la calle y la provoca la pobreza que ustedes están generando en este país.
Tres. Si sus secretarios son tan frágiles que ni siquiera pueden recibir un documento de tres diputadas, miren que sí están en la debacle. Y, efectivamente, la foto de su presidente que salió en Proceso es francamente la que podrían sacar de todos ustedes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez.
El diputado Emilio Serrano Jiménez : Gracias, diputado presidente. Una exhortación respetuosa a las compañeras, a los compañeros de Acción Nacional. Y conste que lo estoy haciendo con mucho respeto, porque hay que reconocer cuando nos exaltamos y nos excedemos. Y lo estoy haciendo con mucho respeto.Aquí se han presentado sólidamente argumentos legales de que se cometieron errores, que fue indebido lo que hizo el presidente de la Mesa Directiva. Lo dijo muy claro el diputado Felipe Solís Acero , lo argumentó el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Lo que no entiendo, ¿por qué diputados, diputadas defienden lo indefendible? Si reconocemos creo que vamos a avanzar.
He escuchado a mis compañeras diputadas y compañeros diputados de Acción Nacional, que le bajemos al tono, que nos conduzcamos con respeto, que haya debate, que haya razonamientos. Y, sin embargo, no lo veo en ustedes, compañeras, compañeros. Vamos bajándole a la ira, al coraje. Vamos a debatir como ustedes quieren: con nivel, con altura.
Pero lo más importante es reconocer cuando no tenemos razón, cuando no nos asiste la razón. Esto no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo lo que digamos. Tenemos derecho a opinar y a pensar diferente, y es respetado lo de Acción Nacional. Pero que no se siga insistiendo en que ustedes siempre tienen la razón.
Afortunadamente los medios de comunicación, que son muchos, dan a conocer a la gente nuestra conducta, nuestro comportamiento. Porque, insisto, en campaña prometemos tanto a los electores. Hay quienes hasta se atreven a darle la mano a la gente humilde y hasta a apapacharla y prometer tantas cosas.
Pero en el momento en que se toman las decisiones aquí, con el voto, es cuando se les parte el eje, principalmente a los que menos tienen.
Éstas son sesiones públicas. No nos espantemos que estén, por ejemplo, los compañeros ahí en galerías. Nos ven en el Canal del Congreso millones de personas. En los medios de comunicación se transmite todo lo que decimos y hacemos.
Compañeros diputados, están adoptando la misma actitud del secretario del Trabajo y Previsión Social. Me estoy dirigiendo a ustedes, diputados, los que están de pie volteando hacia el frente. No, no voy a llamarle la atención como al secretario, que en ningún momento puso atención a ninguno de los oradores que estuvieron ese día aquí. Ésa es la educación del diputado, la respeto en su forma de ser y no voy a insultarlo ni voy a ofenderlo. Respeto su actitud.
La súplica, el llamado de atención con mucho respeto a mis compañeras, compañeros diputados, es que si de veras queremos avanzar no lo digan en el discurso. Demuéstrenlo en las acciones. Sé que muchos de ustedes sí vienen a trabajar, sí quieren avanzar, sí quieren que lleguemos a acuerdos, sí quieren que se legisle a favor de la gente, pero convenzan a los que no quieren. Creo que sí se puede. Estamos tratando de elevar el nivel y vamos a debatir con altura. Gracias por su atención, diputadas y diputados de Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo para alusiones personales.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Desde aquí, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con mucho gusto, diputado.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Solamente para dejar constancia del rechazo público y evidente de la bancada del PAN a tener relaciones parlamentarias civilizadas.Quise aprovechar el momento en que estamos teniendo por vez primera desde hace tiempo un debate político verdadero, y propuse legalidad, desde luego responsabilidad de la Mesa Directiva, pluralismo y productividad legislativa.
Esto viene a enseñar el peine a quienes les conviene que esta Cámara no sea prestigiosa; quienes organizan y promueven las campañas a través de la televisión comercial que degradan el trabajo de esta Cámara; quienes consienten, a pesar de su responsabilidad política, que no se transmitan en los más importantes medios de información los discursos del Congreso, sino sólo los breves momentos de enfrentamiento. Ellos son los que no quieren que tengamos un Poder Legislativo fuerte porque las elecciones arrojaron sólo 27 por ciento de votos para su presidente, que descontando el abstencionismo, es un apoyo de sólo 12 por ciento de los electores. Cuando no hay un gobierno con apoyo popular hay ingobernabilidad. Es la hora de la Cámara. Es la hora del Congreso. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío : Primero quiero precisar algunas cosas que son fundamentales en cualquier debate: si no hay honestidad es muy difícil hablar de debate. Y aquí han mentido, de manera muy especial un compañero que tira la piedra y esconde la mano de manera permanente, instigando a su bancada una y otra vez contra los planteamientos que aquí se vienen haciendo.Primero quiero decirle, efectivamente al compañero Gil, que su visión clasista de decir que no somos iguales, es la visión que tienen de fondo ideológicamente. Ven a la gente sólo como productora de dinero, no la ven como personas. Es una visión clasista de fondo. Ven a la gente con desprecio. Ven a los mexicanos como si fuéramos distintos. Eso es lo que ha llevado a construir este México de pobreza y de opulencia; esa visión que tiene Gil aquí, en el Congreso.
No somos iguales, nos dice el compañero. Qué bueno. Nosotros nos comprometimos con el pueblo, Gil. Nos comprometimos a trabajar en serio. Nos comprometimos a hacer un esfuerzo por México, por los que menos tienen.
Sé que tu condición es distinta a la nuestra, y lo sabes bien. Tú representas a la nomenclatura de tu partido. Tú no tuviste que trabajar para llegar a este Congreso. Pero tal vez piensas como tu jefe: tengo la conciencia tranquila cuando despido a 40 mil mexicanos; tengo la conciencia tranquila, y ustedes, los demás, pues son parte del escenario.
Ya no sigan viendo a los mexicanos como números. Ya no nos sigan viendo como sujetos que estamos solicitando la mendicidad de ustedes. Panistas, por favor, recuperen la dignidad de Gómez Morín, recuperen el respeto a la gente, recuperen la posibilidad de que este Congreso tenga un debate de altura.
¿Por qué nos pusimos aquí nosotros? Porque se han negado, se han negado ---y que lo sepa bien el pueblo de México--- a debatir el paraíso fiscal. ¿A quiénes protegen? Se han negado primero a decir la verdad. ¿Por qué viene aquí a la tribuna y dice que entramos con violencia? Acompañé a 12 electricistas despedidos. Les permitió el Congreso, éste que convierten con cada llegada de secretario en un bunker, que da vergüenza cómo cierran las calles de este Palacio Legislativo que es la casa del pueblo. En teoría y en la práctica, se cierra este Congreso y nadie penetra.
Pudieron 12 electricistas entrar. Entraron pacíficamente a una sede donde hay público, donde se permite que estas sesiones sean públicas; no se engañen. Doce electricistas poniendo en jaque a la Cámara de Diputados.
No, compañeros, desde que llegó el secretario aquí, a este Congreso, las intenciones de ustedes fueron que no hubiera presentación. Ése es el fondo. Desde que llegó se presentaron con la idea de que no hubiese debate. Ése es el fondo.
Mienten, panistas, cuando dicen que los electricistas irrumpieron violentamente. ¿Saben quién irrumpió violentamente? Su jefe Lozano, su jefe Calderón, en las instalaciones del SME, de Luz y Fuerza. Ellos irrumpieron con la fuerza pública.
Y así como ustedes tienen ese doble discurso aquí en el Congreso, donde dan la mano y golpean por la espalda. Ustedes públicamente lo han hecho con los priistas, con los perredistas; vienen a aquí con una cara a debatir y a engañar. Nadie entró violentamente. Fui testigo y todos los medios de comunicación fueron testigos de que usted está mintiendo. Ya no sigan engañando más. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Roberto Gil, para alusiones personales.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Le pedí a tiempo la palabra, presidente, para alusiones personales. Desde el principio pedí para alusiones personales. Nunca me la dio.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : No, usted pidió para rectificación de hechos, diputado, discúlpeme. Por eso le dije que una vez que concluyera el listado. Pero para alusiones personales, así como la he entregado a otros ciudadanos diputados, lo hemos hecho. Diputado.
El diputado Roberto Gil Zuarth : Gracias, señor presidente. No puedo admitir bajo ninguna circunstancia el argumento maniqueo, el argumento simplón, el argumento que reduce la dinámica política de esta Cámara a entre los buenos y los malos; entre los legítimos y los ilegítimos; entre los que representan los valores del pueblo y aquellos que están apostados en las servidumbres.No la puedo admitir porque todos los que estamos aquí sentados somos representantes de la nación, y aunque no les guste estamos aquí por las mismas causas que ustedes. Y esas causas son los votos de los ciudadanos y más valen los votos que las actitudes y las visiones maniqueas.
En efecto, reitero lo que dije: no somos lo mismo. Nos diferencian actitudes políticas. Nos diferencian nuestros comportamientos en esta tribuna y frente a los ciudadanos. Nos diferencia la lealtad institucional, la lealtad democrática, el honor cívico. Nos distingue la responsabilidad.
No hay, bajo ninguna circunstancia, un solo argumento para justificar la toma de las tribunas y que se impida el funcionamiento de este Congreso. Quien sólo recurre a eso es porque no tiene argumentos, porque no tiene la capacidad de convencer y lo único que intenta es impedir que esta Cámara tome decisiones.
Deben ustedes recordar también a quienes, desde su lado, desde el lado del espectro de la izquierda, han construido instituciones y construyeron la democracia. Nosotros, todos los días somos leales a nuestros principios. Y por eso, todos los días, venimos aquí a discutir, a deliberar y a decidir. Ésa es la diferencia a la que me refiero y ésa es la diferencia, que sin lugar a dudas, nos ha distinguido a lo largo de esta legislatura.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. En los términos del artículo 116, una vez que han participado 20 compañeros diputados y compañeras diputadas, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si considera suficientemente discutido...
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Dígame, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Pedí la palabra para alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado, usted pidió para rectificación de hechos. Discúlpeme, vamos a terminar la votación tal como lo habíamos considerado en su oportunidad. Proceda, señor secretario.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a los diputados y a las diputadas si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se considera suficientemente discutido. Le pido a la Secretaría ponga a votación el acta con las rectificaciones propuestas por el diputado Solís Acero, para efecto de votación.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Está a discusión el acta con las consideraciones...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Agradeceríamos que fuera posible que especificara usted qué significa votar por el sí y qué significa votar por el no. Y de ser posible que leyera los términos en que queda la modificación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pedimos a la Secretaría dé lectura a la propuesta hecha por el diputado Solís Acero, a efecto de que votar por el sí es por la propuesta hecha por el diputado Solís Acero.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para aclarar el sentido de la votación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Es en los términos o la propuesta, y la propuesta es la modificación que propone el diputado Solís Acero. Diputado, dígame.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): De procedimiento. Lo que usted está poniendo a consideración primero es si está suficientemente discutido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Eso ya está aprobado y está suficientemente discutido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No, no se ha votado, sólo votaron a favor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, señor, ya está votado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Bueno. Entonces... Tranquilos, compañeros, igual y me distraje. Tranquilos.
Entonces sólo le hago el reclamo que el diputado Jaime Cárdenas pidió la palabra por alusiones personales desde antes de la votación y no es la primera vez que se le niega la palabra por alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : La rectifico, diputado. El diputado Cárdenas la solicitó para rectificación de hechos una vez que ya había dado yo lectura a la lista que estaba pendiente de hablar.
¿Está claro el sentido de la votación, señoras y señores diputados? Pido a la Secretaría proceda a levantar la votación correspondiente.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : En votación económica, se consulta a la asamblea si se considera aprobada el acta, en los términos que se han planteado por el diputado Solís Acero.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se aprueba el acta con las modificaciones propuestas por el diputado Solís Acero.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 276 diputadas y diputados, a las 11 horas con 21 minutos del jueves 22 de octubre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.
En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.
Se recibe de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del 192 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, Benemérito de la Patria, que tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia. Se designa comisión de representación.
Se reciben de la Junta de Coordinación Política proposiciones de acuerdo por los que se:
En sendas votaciones económicas se aprueban. Comuníquense.
Se recibe oficio del Congreso de Baja California Sur, con el que remite acuerdo relativo al virus de la influenza A (H1N1). Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al apoyo para la población de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, de Baja California Sur. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que remite:
El presidente informa del fallecimiento de Antonio Rodríguez Zarco, colaborador de la Cámara de Diputados y pide a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
El presidente informa a la asamblea que se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el análisis del tercer Informe de Gobierno en materia laboral, comunica que dicho servidor público se encuentra a las puertas del salón de sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno en la sesión del 20 de octubre del presente año, que norma el procedimiento para esta comparecencia, acto seguido el presidente toma la protesta de decir verdad al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social y le otorga el uso de la tribuna para exponer el estado que guarda su respectivo ramo.
Antes de la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social, desde sus curules hacen comentarios o solicitan moción de orden los diputados: Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Laura Piña Olmedo , del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío ; y Enoé Margarita Uranga Muñoz , del Partido de la Revolución Democrática. El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, responde alusiones personales. Continúan interviniendo desde su curul los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y María Dolores del Río Sánchez , del Partido Acción Nacional. Se produce desorden en el Salón y a las 12 horas con 27 minutos, el presidente declara un
Receso
A las 12 horas con 48 minutos se reanuda la sesión y continúa con su intervención el licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social.
A las 12 horas con 58 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 449 diputadas y diputados.
Presentan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Pedro Jiménez León , del Convergencia; Jaime Arturo Vázquez Aguilar , de Nueva Alianza y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo.
Contestan alusiones personales los diputados: Emilio Serrano Jiménez , del Partido de la Revolución Democrática, el que es interrumpido por el diputado Jesús Ramírez Rangel , del Partido Acción Nacional, quien solicita moción de orden; Carlos Flores Rico , del Partido Revolucionario Institucional y Adán Augusto López Hernández , del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado Óscar Martín Arce Paniagua , del Partido Acción Nacional solicita moción de orden.
Se concede la palabra al diputado Diego Guerrero Rubio , del Partido Verde Ecologista de México, para fijar posición, y es interrumpido por el diputado Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, quien solicita moción de orden. Se produce desorden en las galerías a las 13 horas con 42 minutos, el presidente declara un
Receso
Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
A las 15 horas con 2 minutos se reanuda la sesión.
El Presidente hace consideraciones en relación con la sesión, la levanta a las quince horas con tres minutos y cita para la que tendrá lugar el martes veintisiete de octubre de dos mil nueve a las diez horas.»
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 470 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría.
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Que el diputado Gerardo Sánchez García cause alta como integrante del grupo de trabajo plural que estudiará y propondrá al pleno de esta soberanía la viabilidad jurídica de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda emprender, con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en sustitución del diputado César Santiago Ramírez.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : De enterado. Continúe la Secretaría con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar con la Secretaría de Educación Pública una propuesta para reasignar parte de las transferencias previstas en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 a fin de salvaguardar el subsidio ordinario de las universidades e instituciones públicas de educación superior
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, presente una propuesta para reasignar parte de las transferencias previstas en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 con la finalidad de salvaguardar el subsidio ordinario de las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, así como a fortalecer los fondos extraordinarios para la mejora de la pertinencia y calidad de la educación, con el compromiso de éstas de cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y un uso eficaz y austero de los recursos públicos destinados a la educación de millones de jóvenes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sométalo a votación, señor secretario.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado. Comuníquese. Continúe, señor secretario, con oficios del Congreso de Aguascalientes.
ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.
Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.--- México, DF.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes presentó, en fecha 21 de mayo de 2009, proyecto para reformar el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue dictaminado el 5 de junio del año 2009.
El Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, dentro de los trabajos legislativos, correspondientes al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, en sesión ordinaria celebrada el martes 9 de junio del año 2009, conoció el dictamen que contiene el proyecto de la referida iniciativa, el cual fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes.
El cumplimiento de lo dispuesto por el tercer punto resolutivo del dictamen en comento, se expidió la respectiva resolución legislativa, a través del decreto número 256, el cual fue remitido al Poder Ejecutivo del estado de Aguascalientes para su debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, como resolución interna del estado.
Asimismo, de conformidad con el resolutivo antes referido con la facultad establecida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les turna para los fines legales a que haya lugar, la minuta proyecto de decreto, por la que el honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes propone reformar el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compone de los siguientes documentos:
Los cuales han sido plenamente certificados, en términos de la Ley Orgánica y Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Cabe destacar que la minuta de referencia cuenta con un ejemplar en original del texto de los debates, texto constitucional que se propone, decreto número 256 y su respectiva publicación en el Periódico Oficial del Estado, que contiene el proyecto de iniciativa de reformas al artículo 135 de la Constitución General de la República.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, agradecemos a ustedes realizar el trámite constitucional correspondiente, reiterándoles en todo momento, las seguridades de nuestra distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.
Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador del Estado.--- Presente.
Habitantes de Aguascalientes sabed:
La LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
Decreto número 256
Primero. Se aprueba el proyecto de iniciativa de reforma al párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Aguascalientes, con las facultades otorgadas en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como parte del Poder Constituyente, somete ante la recta consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
Iniciativa de reforma
Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, se acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión, previo a la aprobación de la reforma o adición, deberá turnar la iniciativa a las legislaturas locales, para que dentro del término de treinta días emitan su opinión, la que formará parte del dictamen correspondiente.
...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Expídase el decreto de referencia y túrnese al Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su debida publicación en el Periódico Oficial del Estado; de la misma forma, remítase al honorable Congreso de la Unión, para los efectos Constitucionales a que haya lugar.
Cuarto. Comuníquese el proyecto de iniciativa de reforma al párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del decreto correspondiente, a la Legislaturas de los Estados, para los efectos que consideren conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los nueve días del mes de junio del año 2009.
Por tanto, el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.
Diputado Juan Gaytán Mascorro, en mi calidad de primer secretario de la Mesa Directiva, que coordina los trabajos legislativos dentro del segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en ejercicio de la atribución que me concede el artículo 44, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva en funciones, expide la siguiente
Certificación
En la que se hace constar que la presente es copia fiel de los documentos que conforman el expediente relacionado con la minuta proyecto de decreto por la que el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes propone al Poder Legislativo Federal la reforma del primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior con la facultad que nos concede la fracción III del artículo 71 de dicha carta fundamental, que contiene los documentos siguientes: I) copia de la iniciativa; II) copia del turno a la comisión ordinaria competente; III) copia del dictamen aprobado por la unanimidad de los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Aguascalientes; IV) texto original de los debates; V) texto original constitucional que se propone; VI) decreto original que se propone; y VII) texto original de la publicación del decreto número 256 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el cual contiene la propuesta legislativa de referencia. Expediente que consta de 24 fojas útiles, debidamente foliadas y selladas, las cuales se remiten a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expidiéndose la presente a los 21 días del mes de julio del año 2009, para todos los efectos legales conducentes, en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
INFLUENZA AH1N1
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-4-67, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120/UCE/CECU/174/09, suscrito por el maestro Fabricio Montaño Figueroa, coordinador de enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la campaña de vacunación preventiva contra el virus del AH1N1.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Por instrucciones del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, licenciado Francisco Ciscomani Freaner, y con relación a su atento oficio número SEL/UEL/311/1713/09, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en la sesión del pasado 6 de octubre del presente año, referente al exhorto que hacen al titular del ejecutivo federal para llevar a cabo una campaña a través de la Secretaría de Educación Pública para toda la población estudiantil, docente y administrativa del sector, haciendo énfasis en las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en los cuales se podrá acudir a recibir la vacuna preventiva contra virus del AH1N1.
Sobre el particular me permito señalar lo siguiente:
Considerando la situación económica que atraviesa el país y relacionando el fenómeno del virus AH1N1 en materia presupuestal, todas las acciones realizadas para atacar la epidemia de la influenza son y serán del ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Salud; así como las medidas tomadas para su prevención y las campañas informativas realizadas hasta el momento, todo esto, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.
Sin embargo, es importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública Federal, ha actuado manteniendo una estrecha comunicación con autoridades federales y estatales del sector salud y educativas.
El pasado 17 de agosto del presente año se celebró la novena reunión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
En dicha reunión participaron, además del maestro Lujambio, los secretarios de Salud y Desarrollo Social, doctor José Ángel Córdova Villalobos y Ernesto Cordero Arroyo, respectivamente; y en la que se acordaron medidas preventivas para enfrentar un eventual rebrote del virus en el inicio del ciclo escolar 2009-2010 en el país.
Las autoridades federales de salud han reiterado que la colaboración de los padres resulta fundamental para establecer un filtro familiar que permita la detección de enfermedades, a lo cual siguen los filtros escolares, así como la limpieza personal y de los planteles.
Las autoridades federales y estatales de educación y del sector salud, conjuntamente con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, desde agosto pasado pusieron en marcha las siguientes acciones:
Antes de iniciar el actual ciclo escolar, se contó con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social en la labor de limpieza y desinfección de las escuelas, a través de un programa especial con este propósito.
Finalmente, adjunto al presente se servirá encontrar copia del documento de los acuerdos aprobados en la IX Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, realizada en el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública el pasado 17 de agosto del año en curso.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.
Novena reunión nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas
México, Distrito Federal
Acuerdos aprobados
Acuerdo R.Ex.9a.1: El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el orden del día de la novena reunión nacional plenaria extraordinaria.
Acuerdo R.Ex.9a.2: El Conaedu acuerda que las autoridades educativas estatales y federal, en coordinación con las instituciones del sector salud, fortalecerán las estrategias y acciones intersectoriales para prevenir la propagación del virus de la influenza AH1N1 y amortiguar sus efectos en las escuelas.
Acuerdo R.Ex.9a.3: El Conaedu acuerda que las autoridades educativas estatales y federal, en coordinación con las instituciones del sector salud y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), garanticen que las comunidades educativas de las escuelas seleccionadas conozcan los alcances y beneficios del Programa de Empleo Temporal para Mejorar la Higiene Personal y de las Escuelas Públicas y Prevenir la Influenza AH1N1. Para ello deberá buscarse que los directores de los planteles brinden las facilidades necesarias.
Acuerdo R.Ex.9a.4: El Conaedu acuerda que las autoridades educativas promoverán --con -la coadyuvancia de las instituciones del sector salud y de la Sedesol-- que los tres órdenes de gobierno impulsen en las escuelas mejores condiciones para la higiene personal y el saneamiento básico.
Acuerdo R.Ex.9a.5: El Conaedu acuerda la integración de un grupo de trabajo intersectorial, con la participación de representantes de las secretarías de Educación Pública y de Salud, con el fin de actualizar los lineamientos y procedimientos de prevención de la propagación del virus de influenza AH1N1, la contención y mitigación de sus efectos en las comunidades escolares y, en caso de una eventual suspensión o cierre de grupos o escuelas, las medidas para el cumplimiento de los planes y programas de estudio.
Acuerdo R.Ex.9a.6: El Conaedu acuerda que el grupo de trabajo antes señalado elabore una propuesta de lineamientos generales para la implementación de acciones específicas en materia de prevención de la salud, como la higiene personal y en el aula, la práctica del deporte, la elaboración de materiales alusivos relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en septiembre de 2009 dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
De los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informa en relación anexa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Remítase a la Comisión de Economía.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25, y se crean los artículos 45A, 45B, 45C y 45D de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B, 45-C y 45-D de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del PRIJorge Humberto López Portillo Basave, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Exposición de MotivosEl tema metropolitano ha despertado en los últimos años un interés por los problemas asociados con el desarrollo urbano, en particular el crecimiento desmedido de las ciudades, las cuales van adoptando características similares a las de las zonas metropolitanas, desde infraestructura urbana, servicios públicos, vivienda, instituciones y empresas; cultura urbana, participación social, y demás, lo cual se convierte en un espacio contenedor de la vida social y económica de una ciudad, por ello, en estricto sentido, todos los problemas propios de la convivencia social de una ciudad en crecimiento cabe en la dinámica de las zona metropolitanas.
Considerando la definición del libro Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, se define como zona metropolitana el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
En el tenor de la definición anterior, observamos una concentración tanto poblacional como económica en las ciudades con una concentración mínima de 50 mil habitantes, haciéndose presente un crecimiento poblacional mismo que se está incrementando desmedidamente, dándose una formación desproporcionada en grandes ciudades, con importante flujo de personas de demandantes de producción y prestación de servicios, lo que con lleva indiscutiblemente a buscar nuevas formas de urbanización, que consideren dentro de sus procesos administrativos de manera prioritaria, una planeación, evaluación y control de vanguardia, que brinden soluciones óptimas, de forma ordenada y sistemática.
De esta manera se pone en evidencia la compleja dimensión del problema urbano con la urgente necesidad de buscar soluciones que atiendan de forma integral la problemática que enfrentan las ciudades de nuestro país, con un alto nivel de concentración poblacional que existe en las ciudades próximas a convertirse en zonas metropolitanas.
El crecimiento desbordado de la población urbana de algunas ciudades comparten un mismo territorio absorbiendo prácticamente a otros municipios en sus zonas conurbadas, situación que genera una serie de problemas en las demandas sociales que por su magnitud y complejidad los gobiernos municipales dentro de esta problemática les es imposible resolver, en materia de asentamientos humanos, infraestructura, y desarrollo urbano como los servicios público en general necesarios para cubrir las necesidades de los ciudadanos.
Aunado a esto tenemos la problemática de las zonas metropolitanas como megalópolis que por su dimensión y población urbana, comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales urgentes dado que rebasan su capacidad financiera, además la necesidad de incorporar otras que presentan diversas características para solucionar los problemas propios de las grandes zonas en nuestro país con el propósito de beneficiarse de los recursos de los fondos.
Lo anterior pone en evidencia la compleja dimensión del problema urbano que se está presentando y la urgente necesidad de buscar soluciones que atiendan de forma integral la problemática que enfrentan las ciudades, zonas metropolitanas y particularmente las megalópolis del país.
El propósito de la presente iniciativa es la creación de un fondo de aportaciones para el desarrollo metropolitano evitando el manejo discrecional de recursos extraordinarios por parte del gobierno, para que exista una distribución integral de los mismos impidiendo un deficiente diseño de instrumentos que garanticen la gestión integral de los problemas metropolitanos.
Ahora bien, debemos reconocer que el manejo discrecional de los recursos se debe a nuestro sistema jurídico, ya que al analizar el marco jurídico de la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual norma los asentamientos humanos, encontramos un deficiente diseño de acciones para que garantizar la gestión integral de los problemas metropolitanos.
Este marco jurídico de asentamientos contempla un capítulo al tema de la conurbación y ordena a la Federación, las entidades federativas y los municipios la planeación y regulación conjuntas y coordinadas del fenómeno de conurbación en el ámbito de su competencia.
De igual manera, consagra el momento, el contenido y la forma en que deben celebrarse los convenios, los órganos que deben instituirse y el contenido de los programas de ordenación de zonas conurbadas para atender los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura.
Sin embargo, ese proceso de gestión conjunta entre los niveles de gobierno se ha limitado a la coordinación para la planeación del desarrollo metropolitano, sin que ello implique necesariamente poner en operación de métodos, acciones o inversiones comunes congruentes con el plan que surja de este proceso de concertación entre las entidades y los municipios involucrados.
Lo anterior impide la formulación de estrategias y políticas públicas que aborden de forma integral los problemas de las ciudades, dado que al supeditar las actuaciones metropolitanas sólo a instrumentos de coordinación, se subordina la solución de los complejos y profundos problemas de las ciudades y metrópolis a un mecanismo que depende, casi exclusivamente, de la buena voluntad de los gobiernos de las entidades y de los municipios que intervienen en esos procesos de concertación.
Así, tenemos el caso de los planes metropolitanos de desarrollo urbano, los cuales han sido supeditados a las necesidades y prioridades de los gobiernos en turno y que difícilmente logran articularse en los programas de inversión o a los presupuestos públicos de los estados y los municipios.
Aunado a esto tenemos lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos donde sólo limita a la coordinación para la planeación del desarrollo metropolitano, así mismo en el artículo 42 del proyecto de Presupuesto 2010, que establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de la zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento optimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Evidentemente el presupuesto de egresos 2010, deja fuera a las ciudades con más de 50 mil habitantes con características similares a las zonas y regiones metropolitanas con iguales necesidades de infraestructura y servicios públicos, toda vez que, el proyecto de egresos 2010 prevé destinar únicamente 3 mil 500 millones de pesos a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y la Laguna de Coahuila y de Durango.
Además del deficiente marco jurídico tenemos la ambigüedad de las facultades explicitas por la falta de instrumentos en la coordinación y planeación a nivel metropolitano, además de no existir información donde la ciudadanía pueda saber acerca de la asignación y aplicación de los recursos públicos, permitiendo así ser utilizados en ocasiones, de manera discrecional con propósitos distintos para los que fueron destinados.
Al mismo tiempo, que en los últimos años el gobierno federal se ha apartado de las políticas federales en materia de asentamientos humanos. Tal es el caso del Programa 100 Ciudades, destinado a apoyar la planeación de las ciudades medias y realizar algunas obras dirigidas a ordenar el territorio y mejorar la gestión de los centros urbanos, programa que no opero correctamente.
Otro aspecto importante, es la ausencia del gobierno federal en la materia de financiamiento de grandes obras de infraestructura urbana de las zonas metropolitanas en los servicios públicos la Federación ha dejado de intervenir, como se ha dado que partir de 1995 el financiamiento ha recaído exclusivamente en las autoridades, tal es el caso del gobierno del Distrito Federal a través de la contratación de deuda pública, como fue la construcción y ampliación del Metro en la Ciudad de México y las obras hidráulicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Con el fin de buscar una solución a los problemas propios de las ciudades con características similares a las zonas metropolitanas donde se asientan más de 50 mil habitantes, los cuales sólo tienen los fondos correspondientes como municipios, o como delegaciones políticas, pero no son catalogados en su distribución de recursos como zonas metropolitanas, requieren urgentemente de más fondos específicos lo cual coadyuvaría a solucionar algunos de los graves problemas financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema que se presenta cuando un crecimiento poblacional superior a 50 mil habitantes se da en una zona geográfica determinada abarcando más de una demarcación política, sea ésta un municipio, una delegación o una ciudad en nuestro país.
Si bien es cierto que en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se considera un fondo de naturaleza estatal orientado exclusivamente a financiar obras de alcance regional o intermunicipal, dicho fondo, además de poco significativo en términos financieros, está orientado a financiar obras de infraestructura social básica vinculadas a los programas para superar la pobreza, no se encuentra incluidas las ciudades con una población con más de 50 mil habitantes con necesidades similares a las zonas metropolitanas.
Tomando en consideración la problemática que presentan las ciudades, zonas metropolitanas y megalópolis, es necesario que se norme jurídica y financiera para actuar de forma integral y unificada frente a los grandes desafíos de las metrópolis.
En razón de lo anterior y con el propósito de generar una fuente segura y continua de financiamiento de las acciones y obras de alcance metropolitano en las conurbaciones interestatales e intermunicipales, proponemos la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano.
Puesto que desde la integración de diversos fondos en el Ramo 33, que se encuentra integrado por ocho fondos: para la Educación Básica; de Aportaciones para Servicios de Salud; de Aportaciones para Infraestructura Social; de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; de Aportaciones Múltiples; de Aportaciones para Seguridad Pública; de Aportaciones para Educación Técnica y de Adultos; y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Se omitió incluir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano.
Dicho fondo deberá incluirse en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y regularse en la Ley de Coordinación Fiscal, que constituye hoy el instrumento jurídico más adecuado para asegurar la integración anual de una bolsa de recursos federales orientada específicamente a financiar obras y acciones de naturaleza metropolitana.
Evidentemente sin que haya necesidad de reasignar nuevos recursos, consecuentemente es necesario crear en la misma ley el artículo 45 A, que establecerá que el fondo se integrará anualmente por un monto de recursos equivalentes al 3 por ciento de la recaudación federal participable, lo que implica una redistribución más equitativa de recursos, lo que mejoraría sustancialmente la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de las urbes del país, gracias a la aplicación más ágil de los recursos necesarios para atender la problemática citadina.
Con la inclusión del fondo se garantiza el acceso de todas las ciudades conurbadas o en proceso de conurbación, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se dividirá en dos:
Esto fondos estarán vinculados a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.
Cada fondo recibirá un 50 por ciento de los recursos totales; es decir, se le proporcionara el 1.5 por ciento de la recaudación federal participable, para cada uno de los fondos.
Para la distribución de los recursos de ambos fondos, se proponen dos principios: la equidad y la proporcionalidad. Con ello garantizamos que todas las ciudades cuenten, con una distribución equitativa de los recursos, y reciban recursos en proporción directa a su número de habitantes.
De esa forma tendremos un reparto igual en la asignación de los recursos, para evitar privilegiar a las ciudades grandes y consolidadas en perjuicio de los conglomerados urbanos en proceso de metropolización, que incluso tienen una escases financiera superior lo cual les dificulta destinar recursos fiscales propios para financiar esas acciones.
En razón de la equidad y proporcionalidad se propone incluir el Fondo Metropolitano para las Ciudades Medias, mediante la creación del artículo 45 B, que normara la distribución de los recursos correspondiendo el 40 por ciento se distribuya en partes iguales entre las ciudades con población de entre 50 mil y 1 millón de habitantes, y el restante 60 por ciento se reparta en proporción directa al número de habitantes de cada ciudad.
Por consiguiente, al darse el 40 por ciento se asegura una cantidad equitativa de recursos a las ciudades de conglomerados urbanos que se encuentran con características similares a las zonas metropolitanas, el restante 60 por ciento será de acuerdo a su base poblacional estrechamente vinculado a la dimensión de sus necesidades, consecuentemente al asignar recurso de manera proporcionalidad, se evita limitar a las ciudades con población que oscila entre 50 mil y 1 millón de habitantes.
Por lo que respecta al Fondo para las Grandes Zonas Metropolitanas, se crea el artículo 45 C, el cual determinara la manera en que se propone utilizar los mismos criterios, pero asignando 60 por ciento de los recursos de ese fondo conforme al criterio de equidad, y el restante 40 por ciento en proporción directa a la población de cada zona metropolitana.
De esa forma queda establecido que los recursos de los fondos se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.
Por ende para la aprobación del financiamiento de obras o acciones, se estará a los dispuesto con los criterios consagrados en la integración y funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana preceptuadas en el Capítulo IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de estimular el funcionamiento efectivo de estos instrumentos de concertación para la gestión de los asuntos de las ciudades.
En el mismo tenor, se obliga a que las obras o proyectos que reciban financiamiento de este fondo se apeguen estrictamente a los planes de desarrollo urbano de los municipios o de ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas, para garantiza la adecuada planeación de las intervenciones urbanas de los gobiernos de las entidades y de los municipios.
De igual manera, se propone establecer como requisito ineludible la aportación de los gobiernos de las entidades y de los municipios para el financiamiento de las obras aprobadas, ya que ello multiplicará los recursos para atender de forma conjunta y concertada los problemas que comparten las conurbaciones.
Dicha aportación se efectuará de acuerdo con las capacidades financieras de cada entidad o municipio, debiéndose realizar conforme a los criterios y reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
También se establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano será necesario crear el artículo 45 D, que regulará que los recursos se ejercerán a través de convenios que suscribirán las entidades y los municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, y se disponen como criterios mínimos para los convenios la especificación de las obras o acciones por financiar, la aportación de las entidades o los municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano.
Finalmente, y con objeto de otorgar transparencia y certeza al proceso de asignación de recursos y aprobación de los proyectos de inversión, se propone que la Secretaría de Desarrollo Social publique en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del fondo y la relación de ciudades que reúnan los requisitos referidos en la iniciativa, dentro de los 30 primeros días del ejercicio fiscal correspondiente.
De lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se crean los artículos 45 A, 45 B, 45 C y 45 D a la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX al artículo 25. ...
Artículo Segundo. Se crean los artículos 45 A, 45 B, 45 C y 45 D.
Artículo 45 A. El Fondo de Aportaciones para el Desa-rrollo Metropolitano se determinará en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, al 3 por ciento de la Recaudación Federal Participable a que refiere el artículo 2 de esta ley, según estimación que de ella se realice en el propio Presupuesto, de acuerdo en lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para ese Ejercicio. Del total de la Recaudación Federal Participable, un 1.5 por ciento corresponderá al Fondo Metropolitano para las Ciudades Medias; y un 1.5 por ciento, al Fondo para las Grandes Zonas Metropolitanas.
Artículo 45 B. Fondo Metropolitano para las Ciudades Medias se destinará exclusivamente a financiar acciones y obras de alcance intermunicipal, interestatal o ambos en las ciudades con población de entre 50 mil y 1 millón de habitantes, de acuerdo con los datos del sistema urbano nacional y con base en la información más reciente emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
La distribución de los recursos de este fondo se efectuará atendiendo el siguiente criterio:
Los recursos de este fondo serán ejercidos por las entidades, los municipios o ambos a través de convenios que para el efecto suscriban con la Federación, y se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.
Artículo 45 C. Fondo para las Grandes Zonas Metropolitanas se destinará exclusivamente a financiar obras de alcance intermunicipal, interestatal o ambos en las zonas metropolitanas cuya población sea superior a 1 millón de habitantes, de acuerdo con los datos del sistema urbano nacional y con base en la información más reciente que para el efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
La distribución de los recursos de este fondo se efectuará atendiendo el siguiente criterio:
Los recursos de este fondo podrán ser ejercidos por las entidades, los municipios o conjuntamente por medio de convenios que para el efecto suscriban con la Federación, y se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.
Artículo 45 D. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros treinta días del ejercicio fiscal correspondiente, las Reglas de Operación de este fondo, y la relación de las ciudades que reúnan las características referidas en los artículos 45 B y 45 C de esta ley.
Para la aprobación del financiamiento de obras o acciones con cargo a este fondo, la Secretaría de Desarrollo Social deberá observar lo siguiente:
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Asimismo, se recibió del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionaly del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Iniciativa que reforma el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del PRIJorge Humberto López Portillo Basave, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Exposición de MotivosDe conformidad a las facultades, atribuciones y obligaciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados inician actividades el 1 de septiembre, para su primer año legislativo y primer periodo ordinario de sesiones. De manera específica el artículo 65 párrafo tercero, precisa las fechas de inicio y conclusión de los periodos ordinarios de sesiones.
A su vez el artículo 77, fracción tercera, de la Carta Magna establece la facultad de hacer el reglamento interior, derivando el marco interno de disposiciones establecidas en La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese proceso normativo consideramos, posible y conveniente, mejorar y actualizar el tramo inicial de organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados, reformando el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere al plazo para la integración de las comisiones ordinarias, ya que actualmente establece que las comisiones se constituyan ``...durante el primer mes de ejercicio de la legislatura...'', es decir durante todo el mes de septiembre. Proponiendo reformar la integración de las comisiones para que se realice a más tardar en la tercera sesión a la instalación de la Cámara de Diputados.
Con ello el grueso de las tareas legislativas se emprenderían con mayor oportunidad contando ya con el esquema por rubros y materias de trabajo que aportan las comisiones.
No obstante que existe el recurso para resolver asuntos extraordinarios que se pueden presentar y decidir, sin o durante el proceso de integración de las comisiones, como casos de urgencia y obvia resolución para ser votados inmediatamente por el Pleno, el recortar y precisar el plazo de integración apoyaría las tareas iniciales de los diputados, fundamentalmente en los asuntos concurrentes con otros poderes y soberanías.
Es el caso, entre otros, del informe del Poder Ejecutivo federal y su glosa correspondiente, informes de entidades fiscalizadoras, lo relacionado con el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, materias a partir de las cuales se definen y encausan muchas de las iniciativas o decretos. Además de atender las propuestas de las legislaturas de los estados.
De lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio del documento, someto a consideración de pleno la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 43, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 43.
1. Las comisiones ordinarias se constituyen a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jesús Alberto Cano Vélezpara presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jesús Alberto Cano Vélez : Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. El Partido Revolucionario Institucional, nuestra bancada, ha propuesto una agenda concreta, conocida por todos ustedes, para enfrentar la urgencia económica por la que atraviesa nuestro país. Un aspecto dentro de ésta es la necesidad de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariapara desincentivar la generación de subejercicios.El manejo transparente de éstos es un tema estructural sobre el cual debemos legislar de inmediato, pues la administración que el Ejecutivo les ha venido dando ha generado una gran opacidad. No obstante que el texto del artículo 23 de la propia ley tiene disposiciones sobre esta materia, es evidente que hoy por hoy todavía no han sido suficientes para inhibir que el Ejecutivo incurra en esta práctica.
Para dimensionar la importancia del tema, es de señalarse que en el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de 2007 se destaca que, entre las diversas áreas de opacidad y del gobierno federal, se encuentran los subejercicios presupuestales, cuyas disponibilidades en ocasiones son transferidas a fondos y fideicomisos, con el propósito de no ser sujetos al control legislativo, y con ello puedan ser manejados con discrecionalidad.
La cuenta de la hacienda pública correspondiente a ese año refleja subejercicios reportados por 4 mil 236 millones de pesos y 115 mil millones de pesos de recursos destinados a estos fideicomisos. De estos últimos, 73 mil 435 corresponden a recursos etiquetados ex profeso para asignarse a fideicomisos. Los otros 41 mil 657 millones se canalizaron a 28 fideicomisos o fondos, cuyo objeto, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, fue evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación al final de 2007.
De acuerdo con la revisión de la cuenta pública del año pasado, 2008, los sectores que registraron subejercicios significativos fueron: salud, comunicaciones y transportes, educación y agropecuario. El total de los subejercicios reportados en 2008 fue de 12 mil 360 millones, y el de recursos a fideicomisos de 178 mil 684 millones de pesos.
Por ello, en la reforma que hoy se presenta ante esta soberanía se propone hacer expresa, en rango de ley, la prohibición de constituir o realizar aportaciones a fideicomisos, fondos o análogos con subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, proveniente de recursos destinados a inversión física y programas sociales que tengan por objeto, abierta o veladamente, evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación del ejercicio correspondiente. Y se señala que incurren en responsabilidad los servidores públicos que así lo hagan.
Asimismo, busca reformar el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para precisar el destino de los subejercicios en inversión, en infraestructura y programas sociales acumulados al tercer trimestre, asignándoles al Fondo para la reasignación de subejercicios de programas sociales y proyectos de inversión en infraestructura.
La disponibilidad de recursos de este fondo se destinaría, al inicio del ejercicio fiscal siguiente, a los proyectos de inversión en infraestructura y programas sociales definidos por la Cámara de Diputados, en un anexo específico del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
En caso de que se presentara el subejercicio al cuarto trimestre, los recursos remanentes se concentrarán en el Fondo para la reasignación de subejercicios de programas sociales y proyectos de inversión en infraestructura y se destinarán a programas y proyectos registrados sin asignación de recursos en el año correspondiente y a los compromisos plurianuales.
En cuanto al gasto distinto de inversiones en infraestructura y programas sociales que generen remanentes, la Secretaría de Hacienda podrá, en su caso, destinarlos al mejoramiento del balance público.
La separación del resto de los subejercicios de los programas y proyectos de inversión y de los programas sociales garantiza el uso eficiente de recursos.
Por un lado, se respeta la voluntad de la Cámara de Diputados al eliminar el incentivo perverso de generar subejercicios en inversión y gasto social, debido a que esta soberanía definirá su destino final. Por el otro lado, se propicia el ahorro en el resto de los programas, en particular el del gasto corriente, ya que se permite que el Ejecutivo destine el resto de los subejercicios al deseado balance público.
Los mexicanos necesitan que el gasto del gobierno sea eficiente y transparente, más aún cuando se les solicita que hagan un esfuerzo adicional con el fisco. Es hora de que limitemos las facultades discrecionales del gobierno federal y que acabemos de una vez por todas con los subejercicios que tanto laceran nuestra economía.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 23, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los términos en que está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosEn el marco de la propuesta presentada por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional para enfrentar la urgencia económica por la que atraviesa el país, un aspecto que se considera relevante es la necesidad de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para desincentivar la generación de subejercicios en programas sociales y de inversión en infraestructura o, en su caso, que cuando lleguen a presentarse sean objeto de una puntual regulación que permita que el destino de estos recursos se ajuste al mandato que la Cámara de Diputados delinea en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El manejo transparente de los subejercicios es un tema estructural sobre el cual debemos legislar de inmediato, pues la administración que el Ejecutivo les ha venido dando ha generado gran opacidad.
No obstante que el texto del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene disposiciones sobre esta materia, es evidente que no han sido suficientes para inhibir que el Ejecutivo incurra en subejercicios.
Para dimensionar la importancia del tema, es de señalarse que en el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2007 se destaca que entre las diversas áreas de opacidad en el gobierno federal se encuentran los subejercicios presupuestales, cuyas disponibilidades en ocasiones son transferidas a fondos y fideicomisos con el propósito de no ser sujetos al control legislativo y, con ello, puedan ser manejados con discrecionalidad, como lo expresado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la presentación de su informe.
La información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente a 2007 refleja subejercicios reportados por 4 mil 236.6 millones de pesos (mdp) y 115 mil 92.6 mdp de recursos destinados a fideicomisos, de los cuales 73 mil 435.6 mdp corresponden a recursos etiquetados ex profeso para asignarse a éstos. Los otros 41 mil 657 mdp se canalizaron a 28 fideicomisos o fondos, cuyo objeto, de acuerdo con la ASF, fue evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación al final de 2007.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2008, los sectores que registraron subejercicios significativos fueron salud, comunicaciones y transportes, educación y el agropecuario.
En el sector comunicaciones y transportes se detectaron 9 mil 605.2 mdp. En éste, el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras fue el más representativo, con 4 mil 628 mdp (48.2 por ciento). No obstante, se autorizó para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2009 un importe de 22 mil 389.55 mdp, 11.1 por ciento de variación nominal respecto a 2008.
El sector salud mostró un subejercicio de 4 mil 347.7 mdp. El programa más representativo fue el Seguro Popular, con 3 mil 41.9 mdp, de un total autorizado de 37 mil 355 mdp. Sin embargo, en el PEF de 2009 se autorizaron 41 mil 368.16 mdp para este programa, una variación nominal de 10.7 por ciento respecto de 2008.
En educación se reconocieron subejercicios por 3 mil 451.8 mdp. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades más aportó, con un subejercicio de 2 mil 971.7 mdp, de los 17 mil 350.0 mdp aprobados. Para el PEF de 2009, Oportunidades incrementó 6.4 por ciento nominal su presupuesto, pues llegó a 18 mil 460.8 mdp.
El sector agropecuario tuvo un subejercicio de 5 mil 607.0 mdp. Y el Programa de Apoyos Directos al Campo es el más representativo, con 2 mil 477.8 mdp subejercidos.
El total de los subejercicios reportado en 2008 fue de 12 mil 360.9 mdp; y el de recursos a fideicomisos, de 178 mil 684.0 mdp.
Hay una necesidad importante de establecer en la ley las bases que garanticen que el Ejecutivo se sujete al mandato presupuestal o, en su caso, que la propia ley determine el destino de los subejercicios que se generen.
Por eso se propone hacer expresa en rango de ley la prohibición de constituir o realizar aportaciones a fideicomisos, fondos o análogos con subejercicios del PEF provenientes de recursos destinados a inversión física o programas sociales que tengan por objeto abierta o veladamente evitar la concentración de recursos en la Tesorería al final del ejercicio correspondiente.
Por ello, esta iniciativa busca reformar el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para precisar el destino de los subejercicios en inversión en infraestructura y programas sociales acumulados al tercer trimestre, sin detrimento de los recursos por ejercer para el cuarto trimestre, asignándolos al Fondo para la Reasignación de Subejercicios de Programas Sociales y Proyectos de Inversión en Infraestructura, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará los subejercicios acumulados al tercer trimestre a más tardar el 15 de octubre del año correspondiente.
La disponibilidad de recursos de este fondo se destinaría al inicio del ejercicio fiscal siguiente a los proyectos de inversión en infraestructura y programas sociales definidos por la Cámara de Diputados en un anexo específico del decreto PEF. Por otra parte, se dispone que el Ejecutivo garantice que el fondo opere de manera inmediata, expedita y transparente, y que los recursos de este fondo sean intransferibles y no puedan ser objeto de garantía de ninguna especie.
En caso de que se presentaran subejercicios al cuarto trimestre, los recursos remanentes se concentrarán en el Fondo para la Reasignación de Subejercicios de Programas Sociales y Proyectos de Inversión en Infraestructura y se destinarán a programas y proyectos de inversión registrados sin asignación de recursos en el año correspondiente y a los compromisos plurianuales.
Esta iniciativa busca también la separación del resto de los subejercicios de los programas y proyectos de inversión y de los programas sociales, y garantiza el uso eficiente de los recursos. Por un lado, se respeta la voluntad de la Cámara de Diputados al eliminar el incentivo perverso de generar subejercicios en inversión y gasto social, debido a que esta soberanía definirá su destino final. Por el otro, se propicia el ahorro en el resto de los programas, en particular el gasto corriente, ya que se permite que el Ejecutivo destine el resto de los subejercicios al deseado balance público.
Con estas disposiciones se reducirá el margen de discrecionalidad que el Ejecutivo tiene sobre el ejercicio de los recursos presupuestales aprobados. Resulta conveniente que la propia ley determine el destino de los recursos, señalando expresamente que la reasignación de éstos será en primera instancia para el cumplimiento de metas en proyectos de inversión física y programas sociales en curso y de los que se determinen, en su caso, para el ejercicio fiscal siguiente al que fueron generados. Así se garantiza la buena operación del gasto gubernamental, pues los subejercicios afectan negativamente el efecto del gasto público, lo vuelven ineficaz y generan opacidad.
Con esto se creará un incentivo para que el Ejecutivo federal ejerza el gasto destinado a inversiones en infraestructura y programas sociales conforme a lo que se aprobó por esta soberanía, o bien, los recursos sean reasignados por ley.
En cuanto al gasto distinto de inversiones en infraestructura y programas sociales que genere remanentes, la secretaría podrá, en su caso, destinarlo al mejoramiento del balance público.
Finalmente, se propone que sean sujetos de responsabilidad los servidores públicos que constituyan fideicomisos, mandatos o análogos, con ahorros, economías o subejercicios del PEF que tengan por objeto evitar la concentración de recursos en la Tesorería al final del ejercicio fiscal correspondiente.
Adicionalmente, se establece con mayor claridad la obligación del Ejecutivo de informar a detalle sobre lo referente a los recursos que generen ahorros, economías o subejercicios, para lo cual se propone la reforma de los artículos 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 23, 107 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad HacendariaArtículo 23 . ...
...
...
...
...
...
...
...
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. Con excepción de los subejercicios generados en los programas sociales y de proyectos de inversión en infraestructura, la secretaría podrá destinar los recursos remanentes al mejoramiento del balance público.
Los subejercicios en programas sociales y proyectos de inversión en infraestructura que se acumulen al tercer trimestre del ejercicio fiscal se concentrarán en un fondo para la reasignación de subejercicios de programas sociales y proyectos de inversión en infraestructura.
Los recursos del fondo se destinarán al cumplimiento de metas de los programas sociales y proyectos de inversión física que la Cámara de Diputados considere estratégicos.
El Fondo para la Reasignación de Subejercicios de Programas Sociales y Proyectos de Inversión en Infraestructura operará de manera inmediata, expedita y transparente. El Ejecutivo expedirá las autorizaciones para el flujo de los recursos a los ejecutores del gasto a más tardar el último día hábil del mes de enero.
Los recursos del fondo serán intransferibles y no podrán utilizarse como garantía de ninguna especie.
Se agregará al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal siguiente un anexo específico donde se jerarquizarán los programas sociales y los proyectos de inversión en infraestructura que deberán ser atendidos de manera inmediata al inicio del ejercicio fiscal correspondiente con los recursos del fondo.
En caso de que se presentaren subejercicios al cuarto trimestre, los recursos remanentes se concentrarán en el Fondo para la Reasignación de Subejercicios de Programas Sociales y Proyectos de Inversión en Infraestructura y se destinarán a programas y proyectos de inversión registrados sin asignación de recursos en el año correspondiente y a los compromisos plurianuales.
Para efectos de la concentración de los recursos en el Fondo para la Reasignación de Subejercicios de Programas Sociales y Proyectos de Inversión en Infraestructura, la secretaría reportará el monto de los subejercicios acumulados al tercer trimestre a más tardar el 15 de octubre del año correspondiente y los correspondientes al cuarto trimestre el 31 de diciembre.
La secretaría estará obligada a reportar trimestralmente de forma detallada el ejercicio de los recursos del fondo, y a proporcionar en todo momento la información que le sea requerida por la Cámara de Diputados o las comisiones.
Está prohibido constituir o participar en fideicomisos, mandatos o análogos con ahorros, economías o subejercicios del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar la concentración de recursos en la Tesorería al final del ejercicio fiscal correspondiente.
Título Sexto De la Información, Transparencia y Evaluación Capítulo I De la Información y TransparenciaArtículo 107. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:
...
Título Séptimo De las Sanciones e Indemnizaciones Capítulo ÚnicoArtículo 114. Los Órganos Internos de Control en los ejecutores del gasto, en los términos de las disposiciones aplicables, iniciarán de oficio los procedimientos administrativos de responsabilidad a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados recibirá a más tardar el 15 de octubre del año correspondiente el monto de los subejercicios acumulados al tercer trimestre y los incorporará en Ley de Ingresos de la Federación como otros ingresos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Sergio Mancilla Zayas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educacióny de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Sergio Mancilla Zayasy Héctor Pedroza Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Sergio Mancilla Zayas : Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma y adición en su artículo 4o., párrafos seis, siete y ocho, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2000, consagró como derechos fundamentales de los niños y las niñas la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y el deber de los ascendientes, tutores y custodios de preservar tales derechos y los deberes del Estado de proveer lo necesario, para propiciar respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.Derivado de mencionar la reforma constitucional, con fecha 29 de mayo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional.
El establecimiento de los derechos fundamentales de las niñas y de los niños en la cúspide de nuestro sistema normativo y su regulación en las leyes reglamentarias fue motivado en concierto internacional por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de que nuestro país suscribió y ratificó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, respectivamente.
En el plano nacional debemos poner en relieve que en las diversas etapas de nuestra historia se gestaron y concretizaron acciones de gobierno y de la sociedad en aras de la protección de la niñez.
La Revolución marcó la última etapa en el diseño del Estado mexicano, en su forma de gobierno, en la división de Poderes y en los límites a éstos por medio de las garantías individuales.
En este contexto, en 1928 el entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, organizó una campaña de protección a la infancia que fue encomendada al Departamento de Salubridad. Tal acción gubernamental y social marcó un hito en la protección de la niñez mexicana creando nuevas instituciones y transformando otras hasta llegar al actual sistema nacional de asistencia social pública y privada, cuya integración y funciones precisa la Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.
En el actual contexto normativo, el Plan Nacional de Desa-rrollo 2007-2012 incorporó el tema de igualdad de oportunidades como eje número tres, promoviendo el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana, garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda.
Sin embargo, la anterior política pública social está focalizada exclusivamente a los menores de cinco años de edad con desnutrición o en riesgo, lo cual, si bien es loable, no tiene el alcance que se requiere para satisfacer los derechos que establece, en materia de salud y derecho a la alimentación, el texto del artículo 4o. constitucional, su ley reglamentaria y los instrumentos internacionales anteriormente expuestos.
Es por ello que los diputados de la fracción priista incorporamos desde nuestras campañas, como oferta electoral, una nueva política social para el mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos y a favor de la equidad social. En ella destaca el apoyo a la infancia y adolescencia considerando el interés superior de los niños y adolescentes como un interés de Estado.
En razón de todo lo expuesto y con la finalidad de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de los niños y los adolescentes, me permito someter a esta asamblea tres adiciones a la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respectivamente, para hacer efectivo el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria, y que el Estado asegure la alimentación de los educandos por medio de desayunos nutritivos y balanceados y sus equivalentes en turnos vespertinos.
Compañeros diputados, fueron muchas las voces de padres de familia, de niños y de jóvenes que solicitaron, durante el proceso electoral, la intervención de los futuros legisladores, a quienes demandaron que se tomaran medidas inmediatas y que el Estado atendiera a los millones de niños que llegan a las aulas con el estómago vacío, con la impotencia de sus padres de no poder proveerles el alimento necesario que les permita tener un rendimiento eficiente en sus estudios.
Es hora de tomar acciones concretas y dejar a un lado la retórica fácil que evoca a la niñez y a la juventud como las promesas que habrán de sacar adelante a nuestro país. Tomemos la decisión ahora de impulsar las reformas legislativas precisas, como aquí se ha planteado, para dar a nuestros jóvenes los elementos básicos que permitan su óptimo desarrollo integral. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, y Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Sergio Mancilla Zayas y Héctor Pedroza Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados, Sergio Mancilla Zayas y Héctor Pedroza Jiménez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley General de Educación; una fracción XXXI al artículo 38 y una fracción XXIV al artículo 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Exposición de MotivosLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma y adición a su artículo 4o., párrafos seis, siete y ocho, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 2000, consagró como derechos fundamentales de los niños y las niñas, la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; el deber de los ascendientes, tutores y custodios, de preservar tales derechos; y los deberes del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como el de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Derivado de mencionada reforma constitucional, con fecha 29 de mayo de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional.
El establecimiento de los derechos fundamentales de las niñas y niños en la cúspide de nuestro sistema normativo y su regulación en la ley reglamentaria, fue motivado en el concierto internacional por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de que nuestro país suscribió y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, respectivamente.
El primer instrumento internacional citado, en su artículo 19, relativo a Los derechos del niño, estableció que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
El segundo, contempló de manera sistemática y amplia, los derechos del niño así como los deberes y obligaciones que al respecto les corresponden a los padres y a los Estados parte. Es importante destacar, que su artículo 3 dispone esencialmente que cualquier medida respecto a los niños que tomen las instituciones públicas de los poderes del Estado, o privadas, se considerará primordialmente el interés superior del niño, comprometiéndose los Estados parte ha asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con este fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y su artículo 4, previó que los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.
En el plano nacional, debemos poner de relieve que en las diversas etapas de nuestra historia, se gestaron y concretizaron acciones de gobierno y de la sociedad en aras de la protección de la niñez. La revolución mexicana marcó la última etapa en el diseño del Estado mexicano, en su forma de gobierno, en la división de poderes y en los límites a éstos por medio de las garantías individuales. En este contexto, en el año de 1928, el entonces presidente de la República Emilio Portes Gil, organizó una campaña de protección a la infancia que fue encomendada al Departamento de Salubridad y en la que colaboró su esposa Carmen García de Portes Gil, con el objeto de evitar la alta mortalidad infantil, originada, en la mayoría de los casos, por la falta de higiene, la miseria y la ignorancia; lo mismo que a proteger a las mujeres embarazadas carentes de recursos económicos. Como producto de tal acción gubernamental, se formó el Comité Nacional de Protección a la Infancia, quien logró distribuir 80 mil desayunos diarios en la zona urbana del Distrito Federal, que derivó en la fundación de la Asociación Civil Instituto de Protección a la Infancia, el 24 de enero de 1929, dirigida por la esposa del mencionado presidente de la República.
El comité directivo de esta Asociación Civil instauró el Programa Una Gota de Leche, como medida para lograr una mejor alimentación de los niños mediante el reparto de leche, bajo el auspicio de instituciones privadas y públicas por sus donativos para la causa.
Tales acciones, gubernamentales y sociales, marcaron un hito en la protección de la niñez mexicana, creando nuevas instituciones y transformando otras hasta llegar al actual Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, cuya integración y funciones precisa la Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004, que abrogó la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, de 9 de enero de 1986.
En el actual contexto normativo, el presidente de la República incorporó en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el tema de igualdad de oportunidades como eje número 3, y dentro de éste, el punto 3.7 concerniente a la familia, niños y jóvenes, donde en el objetivo 20, se propone promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. Para tal efecto estableció como estrategia número 20.1, incrementar el alcance de los programas de mejoramiento en el estado de nutrición en menores de cinco años con desnutrición o en riesgo, a través del otorgamiento de apoyos alimentarios pertinentes, incorporando acciones dirigidas a los padres de familia que permitan un cambio de hábitos de alimentación y salud.
La anterior política pública social, relacionada con el universo de los derechos de las niñas y los niños de nuestro país, está localizada exclusivamente en los menores de 5 años de edad, con desnutrición o en riesgo, lo cual si bien es loable, no tiene el alcance que se requiere para satisfacer los derechos que establece en materia de salud el texto del artículo 4o. constitucional, su ley reglamentaria y los instrumentos internacionales ya referidos, especialmente en cuanto al derecho a la alimentación, pues lo correcto sería que tal política comprendiera a todos los niños con desnutrición o en riesgo de ella, sin importar su edad, entendiéndose por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, según el artículo 1 de la parte primera de la Convención sobre los Derechos del Niño ya citada; o bien, entendiéndose por niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, en términos del artículo 2o., de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Como podemos observar, la convención aludida y la Ley Reglamentaria del artículo 4o., párrafo sexto, constitucional, se encuentran en pugna en cuanto al concepto de niño, toda vez que aquella, considera que es la persona menor de 18 años, en tanto que la ley reglamentaria, reduce el concepto a 12 años incompletos; y al segmento que abarca de 12 a 18 años de edad no los considera niños sino adolescentes, circunstancia que se resuelve con el criterio sostenido por el máximo tribunal de la nación, en el sentido de que en la jerarquía normativa los tratados están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales, por lo cual, dado que la Constitución federal no proporciona un concepto de niño, debe prevalecer el concepto contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, es niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.
De lo anterior, podemos afirmar que la mencionada política pública social implantada por el Ejecutivo federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, resulta limitada a la infancia, es decir, hasta los niños de cinco años de edad, con lo cual no se protegen y garantizan los derechos de las niñas y niños que rebasan la infancia. Es por ello, que el Partido Revolucionario Institucional en su plataforma electoral federal 2009-2012, previó como oferta electoral una nueva política social para el mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos y a favor de la igualdad, entre la que se destaca la infancia y adolescencia, considerando el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, un interés de Estado. Para lo cual, estimó establecer una política interinstitucional e impulsar el diseño de políticas públicas.
Desafortunadamente, la crisis económica internacional afectó a la de nuestro país, lo cual expuso a las niñas, niños y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad como así lo reconocieron el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el foro ``El impacto de la crisis económica en los niños, las niños y los adolescentes'', cuyo objetivo es hacer un llamamiento a las partes interesadas sobre la necesidad de proteger a las niñas, a los niños y adolescentes.
En razón de todo lo expuesto, y con la finalidad de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es prioridad del Estado protegerlos para su bienestar, mediante medidas legislativas que impulsen la inversión en la niñez, principalmente en el derecho a la alimentación, que es condición sine qua non para los demás derechos, como son el de la salud y el de la educación. Alimentación, salud y educación, es un trinomio fundamental para el desarrollo económico, social y político de cualquier nación.
Es por ello, que en la presente iniciativa se propone, sin perjuicio de los derechos y deberes de los padres de familia, tutores o de quienes tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, adicionar un tercer párrafo al artículo 4 de la Ley General de Educación, en el sentido de que para hacer efectivo el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado asegurará la alimentación de los educandos por medio de desayunos nutritivos y balanceados.
Asimismo, debe existir una coordinación interinstitucional, entre las autoridades educativas y de salud, para garantizar la alimentación de los educandos, por tal razón es indispensable otorgar como facultad y deber de la Secretaría de Salud de proveer lo necesario para garantizar que los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria reciban durante su jornada escolar, desayuno o su equivalente si estudia en horario vespertino.
Esta propuesta no soslaya que los adolescentes que cursan la educación media superior, también tienen derecho a la alimentación; sin embargo, debido a la debacle económica por la que atraviesa nuestro país, es necesario realizar una evaluación de la disponibilidad de recursos económicos para el efecto de ampliar la cobertura a los estudiantes adolescentes.
Por las consideraciones anteriores, someto ante esta Soberanía la presente iniciativa de:
DecretoArtículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
...
Para hacer efectivo el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado asegurará la alimentación de los educandos por medio de desayunos, nutritivos y balanceados, y su equivalente en turno vespertino. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos y deberes que al respecto tienen los padres, tutores y encargados de los menores de edad.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXXI al artículo 38, recorriéndose en su orden la actual fracción XXXI a la XXXII; y se adiciona una fracción XXIV al artículo 39, recorriéndose en su orden la actual fracción XXIV a la XXV, ambos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 38. ...
Artículo 39. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello : Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros diputados, estoy convencido, como lo han dicho distinguidos constitucionalistas mexicanos, que un sistema federal como el nuestro es fuerte si y sólo si sus partes integrantes lo son; es decir, si sus entidades federativas lo son.Bajo ese concepto acudo ante el pleno de esta asamblea para exponer una iniciativa que pretende contribuir a la resolución de dos aspectos fundamentales para el funcionamiento del poder público: la relación entre los órdenes de gobierno y la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. No se tratan ambos de asuntos menores, dadas las condiciones actuales de las finanzas públicas y la pluralidad política que hoy nos caracteriza.
Fortalecer el federalismo es una tarea prioritaria a la que los legisladores integrantes de mi partido nos hemos abocado. Y es por eso que acudo a esta tribuna, en conjunto con los coordinadores estatales de mi grupo parlamentario, para presentar esta iniciativa dirigida a una eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, así como a la eficiente utilización de recursos y desempeño de funciones.
En el tenor de un federalismo equilibrador, distante tanto del centralismo asfixiante como del localismo disolvente, esta iniciativa propone las funciones que deben realizar las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas.
Así, basándonos en el principio de subsidiariedad, se establece para tales delegaciones una competencia funcional en materias que no son exclusivas de la federación, delimitando su ámbito a actividades de carácter normativo, de supervisión o evaluación para programas que, de acuerdo con la iniciativa, los gobiernos de los estados deben operar, implementar y ejecutar.
El sistema federalista es por definición un sistema enfocado a la distribución de competencias. El principio constitucional de la competencia residual dispone que las facultades que no están expresamente concebidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entiende que están reservadas a los estados.
Para esta iniciativa es fundamental lo referente a cómo debe ejercerse la función pública en las entidades cuando se trata de facultades que no han sido exclusivamente designadas por mandato legal a la federación, pero que tampoco se ha prohibido su actuación en la materia. En estos casos, la federación, a través de sus oficinas de representación, delegaciones u organismos regionales, ha concentrado prácticamente la totalidad de las acciones públicas, ya que aquéllas diseñan, planean, regulan, programan, ejecutan y operan los más importantes programas y políticas en materias que no le son exclusivas.
Esta iniciativa propone una distribución diferente de competencias funcionales que deben ser estructuradas en torno al principio de subsidiariedad.
De esta manera, todo el proceso de implementación de políticas públicas debe estar destinado a que las autoridades locales sean quienes implementen y ejecuten directamente todos aquellos programas en los que se entregue un beneficio directo a la población, en atención a la lógica de jurisdicción territorial, participando, por supuesto, las autoridades centrales con funciones que les son más acordes a su naturaleza, tales como la regulación y la supervisión.
El planteamiento consiste en reasignar las funciones que deben tener los gobiernos locales y el federal. De acuerdo con los principios de residualidad y subsidiaridad, las competencias funcionales originarias corresponden a las entidades federativas y ellas deben ejercer las funciones de gobierno que no hayan sido destinadas en exclusiva a las autoridades centrales.
Con esta iniciativa, de igual manera, pretende hacerse más eficiente la utilización de los recursos que se destinan para los programas públicos en los que se otorga directamente un beneficio a la población, ya que propiciaría que los gobiernos de las entidades federativas, con sus dependencias correspondientes, que ya existen y ejercen funciones análogas, puedan ser los que implementen, operen y ejecuten dichos programas, reduciéndose así la carga administrativa y presupuestal que implica una parte importante del aparato burocrático y administrativo de algunas delegaciones federales.
Compañeros diputados, con la presente propuesta se otorga el sustento jurídico a un aspecto en el que trabajaremos arduamente en la discusión presupuestal: el costo administrativo de las delegaciones federales. Avancemos en este sentido y hagamos más fuerte nuestro sistema federal. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello , del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Rolando Zapata Bello, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete respetuosamente a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl Estado y las instituciones públicas se encuentran actualmente inmersos en una problemática con dos vertientes muy claras, por un lado enfrentamos una anemia de los recursos públicos provocada por una aguda crisis económica y un deficiente manejo de las finanzas públicas y, por el otro, una evidente ineficiencia en el tamaño, acciones y funcionamiento de los órdenes de gobierno.
Hace casi dos siglos los mexicanos tomamos dos decisiones fundamentales para la vida pública: adoptamos el sistema federal y el régimen republicano, hoy en día ambos principios se mantienen como los dos pilares firmes en los cuales se basa nuestro diseño institucional; sin embargo, en lo referente al primer aspecto debemos profundizar una evolución que al paso del tiempo ha buscado ser un federalismo equilibrador, distante tanto del centralismo asfixiante como del localismo disolvente. Un federalismo que al tener como principal reto reflejar la pluralidad que hoy nos caracteriza, debe reasignar recursos, funciones y oportunidades entre los órdenes de gobierno, es decir, redistribuir el poder.
La presente iniciativa propone incorporar la regulación sobre las funciones de las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas, la finalidad es contribuir en las alternativas para enfrentar con éxito la problemática mencionada al principio, atendiendo la vertiente de las finanzas públicas a través de una eficiente utilización de recursos y funciones que evite duplicidades y aumente sustantivamente una eficaz coordinación entre órdenes de gobierno; asimismo, que fortalezca el federalismo, al basarse en el principio de la subsidiariedad, estableciendo las competencias adecuadas a la naturaleza de los gobiernos locales y federal.
En el caso particular, esta iniciativa establece las funciones que deben realizar las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas. Así, basándose en el principio de subsidiariedad, se establece para tales delegaciones una competencia funcional en materias que no son exclusivas de la federación, delimitando su ámbito a actividades de carácter normativo, de supervisión o evaluación para programas que, de acuerdo a la iniciativa, los gobiernos de los estados deben operar y ejecutar.
I. Antecedentes
El sistema federalista es, por definición, un sistema enfocado a la distribución de competencias. Históricamente el federalismo tiene su origen en la Constitución estadounidense y surge como respuesta al problema de cómo habrían de repartirse las facultades entre las otrora colonias inglesas y la naciente nación de Estados Unidos de Norteamérica 1 .
El primer intento por conformar una nación unificada se hizo a través de un pacto de confederación, en el que cada estado conservaba su soberanía, libertad e independencia, pero cuyo poder se ``amalgamaba'' al de los otros estados a través de un poder central. Los estados estaban conscientes de la necesidad de un poder central que coordinara los esfuerzos comunes, pero que al mismo tiempo respetara su autonomía.
Fue así como surgió el sistema federalista, convirtiéndose en una de las máximas aportaciones del constitucionalismo estadounidense. Este sistema se ideó como una manera de permitir la coexistencia de dos mandos de poder (uno central y otro local), que se auto limitarían a través de las prescripciones de la Constitución. De esta manera, sería la Constitución el medio de salvaguardar la autonomía de los estados, a la vez que representaba una manera clara de realizar la distribución competencial entre federación y estados.
Por último, el 25 de septiembre de 1791, se incluyó dentro de las Doce Enmiendas constitucionales propuestas en esa fecha, la Décima Enmienda que tenía por objetivo establecer el sistema residual de reparto de competencias. Con esta enmienda los estados tuvieron la finalidad de dejar en claro que el sistema de distribución competencial de la federación estaba basado en una cesión de facultades por parte de los estados a la federación, reservándose el resto para su ejercicio. Dicho modelo sería retomado de forma literal por los constitucionalistas mexicanos del siglo XIX, siendo vigente hasta nuestros días.
II. Reparto de facultades entre los poderes federal y locales2
a) Premisas
En el apartado anterior mencionamos que el sistema de distribución competencial entre federación y estados en México, está basado en la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que se cita a continuación:
Los poderes no delegados a Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados o al pueblo 3 .
Como se ve la redacción de la Décima Enmienda estadounidense es prácticamente igual a la redacción del actual artículo 124 constitucional, ``las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados'', piedra angular de la distribución competencial entre la federación y los estados.
Lo anterior nos conduce al primer principio que en materia de distribución competencial debe tenerse en consideración, esto es, la competencia originaria corresponde a los estados. Esto quiere decir, como ya se ha mencionado con anterioridad, que son las entidades federativas quienes ceden parte de sus facultades a la federación, reservándose el resto para su ejercicio.
No obstante lo anterior, hemos de decir que es la Constitución la fuente de las reglas de competencia y cualquier acto de los poderes constituidos que no derive de la Constitución es nulo. Ello, con fundamento en el artículo 41 constitucional, que establece:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
De lo dicho anteriormente se sigue que incluso las facultades que ejecuten las entidades federativas deben sujetarse al marco constitucional.
b) Facultades federales
En principio se tiene bien claro que las facultades expresas a la federación están, en su mayoría, contenidas en el artículo 73 de la Constitución. Sin embargo, la práctica indica otra cosa. Esto es así porque el ejercicio de la función pública ha sido el medio que paulatinamente ha dado la pauta para la ejecución de las facultades que se encuentran dispersas a lo largo de todo el texto constitucional.
Podemos decir que las facultades federales se encuentran establecidas, además de lo dispuesto por el artículo 73 ya mencionado, en los artículos 10; 11; 25; 26; 27, párrafos primero al noveno y fracción XIX; 28, párrafos cuarto al séptimo; 36; 74; 76; 77; 79; 89; 94, párrafos quinto al séptimo; 99; 100; 102; 103; 104; 105; 107; 115, fracción VII; 123; 131; 132 entre otros. Entre estos artículos encontramos materias como la regulación de armas, áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad, entre otras.
De cualquier manera, existe una corriente neofederalista que tiende a desdibujar cada vez más la exclusividad de ciertas materias, para favorecer una distribución de facultades que favorezca la cooperación entre los dos ámbitos de gobierno con el objetivo de acercar las instancias de decisión gubernamental al ciudadano. En el marco de esta necesidad, se desarrollan facultades en las que puede tener participación tanto la federación como los estados, ello por cuatro razones diversas que se detallan a continuación:
De lo anterior se puede observar que, la delimitación de materias exclusivas para la federación y las facultades que quedan al ejercicio de los estados es una determinación compleja, sin embargo constitucionalmente se encuentran los parámetros para poder interpretar y establecer esta distribución de competencias, basado en lo que se ha mencionado como sistema ``residual''.
Otro aspecto, fundamental para esta iniciativa, es lo referente a cómo se deben llevar a cabo las acciones cuando se trata de facultades que no han sido exclusivamente designadas por mandato legal, es decir, tal como lo hemos establecido en los puntos 2 y 4 anteriores, existen casos en los que la coordinación entre federación y estados es la constante, asimismo, existen otras facultades que no han sido expresamente concedidas a la federación pero que tampoco se ha prohibido su actuación en la materia, en estos casos la federación a través de sus oficinas de representación, delegaciones u organismos regionales han concentrado prácticamente la totalidad de las acciones públicas al ser los que diseñan, planean, regulan, programan, ejecutan y operan los más importantes programas y políticas en materias que no le son exclusivas. Es en este punto donde se propone una distribución diferente de competencias funcionales que deben ser estructuradas en torno al principio de subsidiariedad.
El principio de subsidiariedad establece que cada función debe ser desarrollada en el nivel más bajo de gobierno o en las estructuras gubernamentales que puedan desempeñarse adecuadamente aunque sea sujeto a monitoreo por los cuerpos gubernamentales de mayor nivel y con autoridad de supeditación selectiva preservada por el gobierno central. La subsidiariedad ayuda a relevar al gobierno central de las sobrecargas que inhiben la concentración en las tareas de arquitectura social y que solamente él puede guiar y administrar.
Con base en lo anterior, los gobiernos de las entidades federativas, en los casos en que concurran facultades, o no se haya establecido una exclusividad de competencia, deben tener la preferencia en todo lo relacionado al proceso de creación e implementación de las políticas públicas, sin embargo el gobierno federal debe mantener una función de vigilancia, regulación y supervisión en todo este proceso.
Las ventajas de tener como prioridad la descentralización en las acciones de gobierno está directamente relacionada con la finalidad de reforzar la democracia, aproximando el nivel de toma de decisiones a quienes se ven más afectados por las medidas gubernamentales, esto al tomar en consideración que las estructuras y funcionarios locales son los encargados de prestar los servicios y atender las demandas y necesidades de la población.
Así, bajo el principio de subsidiariedad, la federación no tiene razón para intervenir de manera directa en cuestiones que bien pueden realizar los estados o municipios, lo que lleva a pensar en un modelo en el cual se reasignen las funciones a los entes locales de gobierno. De esta manera, todo el proceso de implementación de políticas públicas debe estar destinado a que las autoridades locales sean quienes operen y ejecuten directamente todos aquellos programas en los que se entregue un beneficio directo a la población, participando las autoridades centrales en esas funciones que le son más acordes a su naturaleza, tales como la regulación y supervisión.
Las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas, tanto en sus funciones como en sus actividades, representan la forma en que el diseño institucional de la administración pública y la interrelación en los órdenes de gobierno se ha realizado sin apegarse al principio de subsidiariedad, los programas de más importancia y con mayores recursos son diseñados, concretados, operados, ejecutados e incluso vigilados por el gobierno federal a través de las secretarías y sus delegaciones.
Es por eso que el planteamiento es reasignar las funciones que deben tener los gobiernos locales y federal, fundamentado en los principios de residualidad y subsidiariedad, las competencias funcionales originarias corresponden a las entidades federativas y ellas deben ejercer las funciones de gobierno que no hayan sido destinadas en exclusiva para las autoridades centrales, pero tomando en consideración las características de autoridad vigilante y con capacidad de supeditación, la federación debe concurrir y coadyuvar en funciones normativas y de vigilancia.
En conclusión, atendiendo a los argumentos vertidos y los principios a los que se ha hecho referencia, las autoridades de carácter federal deben llevar a cabo directamente todas las actividades y funciones que les han sido asignadas en exclusiva, asimismo, todas las demás competencias que corresponden a los estados deben ser ejercidas directamente en su proceso de implementación, operación y ejecución por los mismos gobiernos locales, con una participación federal en las funciones de diseño, planeación, regulación, supervisión, evaluación y demás relativas a las características y naturaleza de las autoridades centrales.
III. Eficiencia en la utilización de los recursos
Frente a la crisis económica y de las finanzas públicas es indispensable generar estrategias de racionalidad en el gasto público y reestructuración en el funcionamiento de la administración pública.
La reorganización del sector público es hoy un imperativo originado por la necesidad de disminuir costos operativos, de hacer más eficiente el ejercicio de los recursos en la aplicación de los programas de gobierno, así como evitar la duplicidad de funciones en la administración pública y coordinación de los órdenes de gobierno.
El gobierno federal ha planteado medidas de reestructuración en las secretarías de Estado, proponiendo la desaparición de tres de ellas, argumentando un ahorro importante de recursos, así como la reubicación de funciones en otras dependencias. Sin embargo, las medidas del Ejecutivo parecen tener más como prioridad el impacto mediático que la verdadera eficacia que pudiera lograrse con ellas.
En las entidades federativas del país operan cerca de mil 390 delegados federales que, sumados a su estructura burocrática, ascienden a más de cinco mil funcionarios federales, según cifras del PEF 2009, el gasto programable destinado a estas delegaciones federales ascendió a 66 mil 885.9 millones de pesos.
Lo anterior debe verse, por una parte, como la realización de funciones relevantes que en exclusiva lleva a cabo la federación en las entidades pero, por otra, también evidencia el costo de la ejecución y operación de programas de gobierno que requieren de un alto gasto administrativo.
Como ejemplo de la anterior afirmación, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el total de gasto corriente asignado tan sólo a las delegaciones de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol); de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de Economía; de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Comisión Nacional del Agua (CNA) es de 9 mil 384.3 millones de pesos. Lo anterior ventila que el costo administrativo de estas delegaciones es bastante mayor al ahorro de 6 mil 500 millones que el Ejecutivo ha proyectado con la desaparición de las Secretarías de Turismo, de la Reforma Agraria, y de la Función Pública.
Aunado al costo que representa el mantenimiento y operación de delegaciones que no realizan funciones exclusivas de la federación, se conjuga con la duplicidad de estructuras administrativas y programas en relación con dependencias de los gobiernos estatales. Todos los gobiernos de las entidades federativas cuentan con dependencias de desarrollo social, urbano o humano, también con secretarías de desarrollo rural, desarrollo agropecuario, fomento agropecuario, desarrollo económico, desarrollo industrial o fomento comercial; es decir se duplican dependencias que realizan funciones prácticamente iguales.
Por otro lado, tenemos el caso de los programas sociales, como ejemplo en el caso de Yucatán, en donde el programa 70 y Más, desde 2008, cubre sectores de la población ya atendidos por el programa estatal similar Reconocer, duplicándoles el beneficio a éstos, y dejando sin el beneficio a otros.
Los planteamientos de austeridad y reorganización administrativa en las dependencias del Ejecutivo federal tienen una alternativa muy importante en la disminución del costo operativo de las delegaciones en las entidades federativas, con tan sólo reducir en 50 por ciento el gasto corriente para las delegaciones de las dependencias como Sedesol, Sagarpa, Economía, SCT, CNA significaría mas 4 mil 500 millones de pesos, lo cual podría permitir la subsistencia de la Secretaría de Turismo, encargada de un actividad económica que genera la tercera fuente de divisas para el país.
IV. Estructura de la reforma
A finales de 2007 se publicó una reforma que adicionó un artículo 17 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se estableció por primera vez una regulación a la naturaleza y funciones de las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas.
Tal como lo menciona el dictamen de esa reforma, los objetivos principales fueron establecer requisitos para ser delegado (entre otros, estudios y experiencia en la materia que corresponda a la delegación) y garantizar el ``blindaje electoral'' de las delegaciones que tengan a su cargo la ejecución de programas con reglas de operación.
La presente iniciativa tiene como objetivo establecer el marco regulatorio sobre las funciones que deben realizar las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas. Así, basándose en el principio de subsidiariedad, se establece para tales delegaciones una competencia funcional en materias que no son exclusivas de la federación, delimitando su ámbito a actividades de carácter normativo, de supervisión o evaluación para programas que, de acuerdo a la iniciativa, los gobiernos de los estados deben operar y ejecutar.
Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 Bis en donde se establece que las delegaciones sólo pueden implementar, operar o ejecutar programas específicos en los casos que se trate de facultades exclusivas de la federación, ya que de acuerdo a los principios de subsidiariedad y el de competencia residual los estados deben ser los que ejecuten directamente todas aquellas acciones de gobierno que no estén exclusivamente asignadas al gobierno federal.
En relación con lo anterior también se establece la posibilidad de que si las entidades federativas renuncian a ejercer esa competencia o solicitan una mayor realización de funciones por parte del gobierno federal, ambos pueden convenir que sean las delegaciones quienes puedan llevar a cabo algunas o todas las funciones de operación y ejecución directa de dichos programas.
Con lo anterior se busca hacer más eficiente la utilización de los recursos que se destinan para los programas públicos en los que se entrega directamente un beneficio a la población, ya que la finalidad es que los gobiernos de las entidades federativas con sus dependencias correspondientes puedan ser los que implementen, operen y ejecuten directamente dichos programas, reduciéndose así la carga administrativa y presupuestal que implica una parte importante del aparato burocrático y administrativo de algunas delegaciones federales.
En el tercer apartado del mismo artículo se modifica el contenido del primer párrafo para establecer que en las actividades de las delegaciones federales en los programas de gobierno que no sean de exclusiva competencia federal, sus funciones serán de planeación, supervisión, apoyo técnico, vigilancia y evaluación en la implementación y operación de dichos programas, esto atendiendo a que la federación por sus características de infraestructura física, recursos humanos y materiales, y estructura debe llevar a cabo esas funciones en estrecha coordinación con los gobiernos locales en los programas en los que se ejerzan recursos federales.
Asimismo, se indica que las dependencias de los gobiernos de las entidades federativas, de acuerdo con ordenamientos presupuestales y de fiscalización, al ejecutar aquellos programas sujetos a reglas de operación deberán hacerlo con estricto apego a ellas, haciendo pública y transparente toda la información que se genere, así como que ésta será continuamente compartida con las delegaciones federales correspondientes, las cuales también llevarán a cabo sistemáticamente evaluaciones de la actuación de las entidades federativas en sus funciones ejecutivas de los programas de gobierno, evaluaciones a las que deberán obligatoriamente sujetarse.
Con lo anterior se corresponde a las nuevas funciones de las entidades federativas, la obligación irrestricta de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos asignados.
Por último, se establece en los transitorios la obligación fundamental de modificar todas las disposiciones de las Leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Coordinación Fiscal, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás relativas, en lo que pudiera oponerse al presente, asimismo, un plazo de 90 días para que las dependencias de la administración pública federal pudieran adaptar todas las disposiciones reglamentarias al contenido de esta reforma, obligación indispensable para que pudieran materializarse los objetivos de eficiencia en el gasto público y fortalecimiento al federalismo que busca la presente reforma.
Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoÚnico. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 17 Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se modifica el contenido del tercer apartado del mismo artículo, en el que se adicionan los incisos e y f recorriéndose el actual inciso d para convertirse en el f del propio artículo, para quedar como sigue:
Artículo 17 Bis. ...
Las delegaciones sólo podrán ejecutar, operar o implementar programas directamente en las entidades federativas, en los casos que se trate de materias relacionadas con facultades exclusivas de competencia federal. No obstante lo dispuesto anteriormente, las delegaciones y las entidades federativas correspondientes, podrán signar convenios en los que se establezca condiciones voluntarias para la colaboración y coordinación, en lo que se refiere a ejecutar u operar programas que no sean exclusivos de la competencia de las dependencias o entidades de la administración pública federal. Las delegaciones en las entidades federativas deberán observar lo siguiente:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones pertinentes en todas las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás relativas, en lo que pudiera oponerse al presente decreto; asimismo, deberán considerarse las presentes modificaciones en el contenido del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año respectivo.
Tercero. Las dependencias de la administración pública federal deberán adaptar todas las disposiciones reglamentarias al contenido de esta reforma, en un plazo de 90 días contados a la partir de su publicación.
Notas: 1 Este apartado está basado en el capítulo histórico del libro La forma federal del Estado , de Leonel Armenta López, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005. 2 Este apartado está basado en el capítulo IV del libro El reparto de facultades en el federalismo mexicano , de Carlos F. Matute González, Porrúa, México, 2007 páginas 131-208. 3 Matute González, Carlos, op. cit. página 134.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Gobernación.
LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO - CODIGO DE COMERCIO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 21 del Código de Comercio.
El diputado Jesús Ramírez Rangel : Con su venia, diputado presidente. Estimadas, diputadas y estimados diputados, las más recientes reformas a los diversos ordenamientos de carácter mercantil que conforman nuestro derecho positivo, tales como el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantilese inclusive la Ley de Instituciones de Créditose han orientado por los principios de desregulación, eliminando trámites y cargas adicionales innecesarias para los particulares, sin perder de vista la certidumbre jurídica de quienes intervienen en los actos jurídicos.En tales reformas, los legisladores que nos precedieron han coincidido en que la concepción de mejora regulatoria no puede limitarse a los procesos administrativos, sino requiere el análisis y actualización del marco jurídico.
Un ejemplo es la aprobación del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de junio.
En tal sentido, el contenido de esta reforma establece que los actos trascendentales de las sociedades mercantiles, tales como la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación, deberán ser inscritos en el Registro Público del Comercio, eliminando la inscripción de otros actos que no producen efectos ante terceros, logrando así una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos previstos en ambos ordenamientos.
La iniciativa de mérito tiene como propósito reformar la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), para permitir que la representación en el otorgamiento o suscripción de títulos de crédito pueda realizarse mediante poder otorgado en escritura pública, sin que dicho poder, para efectos de su validez, tenga que inscribirse en el Registro Público del Comercio. Lo anterior, a efecto de mantener un criterio homogéneo en la normatividad mercantil y eliminar trámites innecesarios.
Cabe destacar que esta propuesta de reforma legislativa no solamente es congruente con los criterios legislativos recientes en materia de desregulación, sino de igual manera coadyuva a la consideración efectuada por el Poder Judicial de la Federación respecto de los requisitos legales del otorgamiento de poderes, que ha sido enunciada en diversas tesis jurisprudenciales.
Es así que nuestra propuesta se encuentra encaminada a que el otorgamiento de poderes para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito se lleve a cabo en escritura pública ante fedatario público, pero sin que exista una condición de inscripción en el Registro Público del Comercio. Dicho instrumento, logrando mantener la unidad normativa respecto del Código de Comercio y aportando un elemento adicional de desregulación que permitirá una mejor dinámica en las relaciones comerciales.
Es decir, subsisten dos hipótesis en el artículo 9o. de la ley en mención (LGSM) en mención. En la primera se elimina el trámite de la inscripción en el registro y, en el segundo caso, no se propone reforma alguna, ya que el poder señalado se encuentra acotado a la persona a la que se haya dirigido la declaración escrita, y el poder para la emisión de títulos de crédito solamente producirá efectos respecto de tales sujetos.
Sin embargo, ya que en el supuesto de la primera hipótesis de la fracción IX la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, es menester tutelar el derecho de los terceros, del otorgante del poder y de quien llevará a cabo la representación, mediante una medida de fortalecimiento de la certeza jurídica, a través de la constancia de las facultades que se transmiten en una escritura pública, es decir, un poder otorgado ante fedatario público.
En tal sentido, la propuesta de otorgamiento de poderes ante fedatario aporta un elemento absoluto de certidumbre jurídica en el desarrollo de las relaciones comerciales, al tiempo que sustituye el trámite de la inscripción en el Registro Público.
En este orden de ideas, y a fin de hacer congruente la reforma al artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se propone derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio, que actualmente señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán, para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones.
De esta forma, se eliminará el requisito de anotar en el Registro Público del Comercio los poderes y nombramientos de los funcionarios de una sociedad. Como se ha dicho, el poder otorgado ante fedatario contiene los elementos necesarios para brindar seguridad y certeza jurídica tanto a los poderdantes, los apoderados y quienes intervienen en actos jurídicos.
Además de que permitirá eliminar trámites y cargas innecesarias para los particulares, pues al considerarse de manera optativa su inscripción, ésta deja de ser eficaz cuando sólo algunos poderes y nombramientos son inscritos y otros no. Es importante señalar que la reforma al Código de Comercio coadyuvará a simplificar trámites, lo cual redunda en una desregulación en las actividades mercantiles.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio.
Por encontrase publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se integre en el Diario de los Debates. Gracias, presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel , del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y se deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosI. Antecedentes
Las más recientes reformas en las diversos ordenamientos de carácter mercantil que conforman nuestro derecho positivo, tales como el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles e, inclusive, la Ley de Instituciones de Crédito se han orientado por los principios de desregulación, eliminando trámites y cargas adicionales innecesarias para los particulares, sin perder de vista la certidumbre jurídica de quienes intervienen en los actos jurídicos.
En tales reformas, los legisladores han coincidido en el hecho de que la concepción de mejora regulatoria no puede limitarse a los procesos administrativos, sino requiere el análisis y actualización del marco jurídico.
Un ejemplo de lo anterior es la aprobación del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de junio.
En tal sentido, el contenido de esta reforma establece que los actos trascendentales de las sociedades mercantiles tales como la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación deberán ser inscritos en el Registro Público del Comercio, eliminando la inscripción de otros actos que no producen efectos ante terceros, logrando así una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos previstos en ambos ordenamientos.
Esta condición de definición legal debe de encontrar un equilibrio entre los actos que necesariamente requieran ser inscritos en aras de certidumbre jurídica y de transparencia de la actividad de las sociedades mercantiles y la carga innecesaria de numerosos registros cuyos derechos conculcados no requieren para su ejercicio de dicho requisito, porque así lo establecen otros artículos del propio Código de Comercio o de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Particularmente, es de destacarse el artículo 21 del Código de Comercio en la fracción VII. Este precepto regula el contenido del folio electrónico y con anterioridad a la reforma refería que deberían anotarse los poderes generales y nombramientos, y revocación de los mismos si la hubiere, conferidos los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios.
La reforma permitió que para los efectos del comercio y consulta electrónicos, podrían inscribirse opcionalmente, los poderes y nombramientos de sus funcionarios, así como sus renuncias o convocatorias. Lo anterior, en razón de que la inscripción en el Registro Público de Comercio no conlleva elementos constitutivos de derecho, sino solamente de carácter declarativo.
II. Objeto de la iniciativa
La iniciativa de mérito tiene como propósito reformar la fracción I del artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), para permitir que la representación en el otorgamiento o suscripción de títulos de crédito pueda realizarse mediante poder otorgado en escritura pública, sin que dicho poder para efectos de su validez tenga que inscribirse en el Registro Público del Comercio. Lo anterior, a efecto de mantener un criterio homogéneo en la normatividad mercantil y eliminar trámites innecesarios.
Cabe destacar que esta propuesta de reforma legislativa no solamente es congruente con los criterios legislativos recientes en materia de desregulación, sino de igual manera coadyuva a la consideración efectuada por el Poder Judicial de la Federación respecto de los requisitos legales del otorgamiento de poderes, que ha sido enunciada en la siguiente tesis:
Como es de observarse, en referencia a los poderes otorgados por instituciones de crédito, el criterio empleado refiere que la inscripción de los mismos en el Registro Público del Comercio no es requisito legal para la producción de las consecuencias jurídicas. En tal sentido y por analogía, si el propio Código de Comercio se ha reformado para derogar la inscripción obligatoria de los poderes y sus renuncias, es pertinente que las demás disposiciones mercantiles, sean adecuadas a la brevedad para lograr la coherencia y unanimidad e integralidad del sistema.
Además, la inscripción en el registro no aporta elementos adicionales de certidumbre jurídica para los contratantes ante el representante de la persona moral, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la propia LGSM, la persona que emita o suscriba por cualquier concepto un título de crédito en nombre de otro sin poder bastante o sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente, como si hubiere obrado en nombre propio.
Por otra parte, el artículo 11 del mismo ordenamiento prevé una hipótesis inherente a la persona moral que conforme a usos de comercio haya dado lugar a que se crea que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito no podrá oponer la excepción de falta de representación. El artículo refiere:
En tal sentido, es conveniente destacar que si bien es cierto la regla general para el otorgamiento de poderes se encuentra prevista por el artículo 9 de la LGSM, también lo es que la circunstancia a que nos hemos referido anteriormente ha sido objeto de análisis por el Poder Judicial de la Federación en el sentido de que existen otras hipótesis a considerar para establecer el carácter de la representación para suscribir por cuenta de otro. Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar las siguientes tesis:
La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito no se limita sólo a los dos casos previstos en el artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; esto es, cuando dicha representación se confiere: I. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y II. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante; sino que también existen en el propio ordenamiento legal tres supuestos más que son los siguientes: 1. Si alguien ha dado lugar a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito, con las consecuencias y limitaciones establecidas en el artículo 11 de la ley de la materia; 2. Si se trata de administradores o gerentes de sociedades o negociaciones mercantiles se consideran autorizados para suscribir letras de cambio a nombre de éstas , por el hecho de su nombramiento, sin más limitación que la señalada en los estatutos o poderes respectivos, según lo dispone el artículo 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y 3. La representación relativa a la ratificación que haga el representado expresa o tácita de los actos objeto de aparente representación, que transfiere a aquél las obligaciones que nacen de esa representación, según lo previsto en el artículo 10 de la ley citada.
Es así que la certeza jurídica de la contratación por terceros se encuentra debidamente tutelada en razón de dos vías:
En este último caso se encontraría una persona moral que habiendo revocado un poder a favor de un tercero, no haya comunicado a éste dicha revocación, siendo que el representante, de buena fe, hubiera actuado en representación de aquélla.
De esta forma, quedan debidamente salvaguardados los derechos del contratante de buena fe.
Además de lo anterior, es necesario destacar que el Código de Comercio fue reformado recientemente para derogar la inscripción obligatoria en el folio del comerciante de los poderes generales y nombramientos y revocación de éstos si la hubiere, conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios.
Por otra parte, la regla general para el otorgamiento de poderes en materia mercantil se encuentra enunciada en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los casos previstos por este artículo, de acuerdo con el criterio empleado y emitido en tesis aislada de los Tribunales Colegiados en 1999, 3 no se encuentran amparados por la aplicación supletoria de la figura de mandato y gestión de negocios prevista en el Código Civil para el Distrito Federal, por lo que debe analizarse a profundidad el alcance de su contenido y precisar que de conformidad con el propio artículo 1 de la ley, los títulos de crédito son cosas mercantiles, por lo que su expedición constituye un acto de comercio.
De forma tal que, si seguimos el criterio empleado por el Poder Judicial de la Federación no son aplicables de manera supletoria las disposiciones del mandato contenidas por los artículos 2546 a 2604 del Código Civil para el Distrito Federal. 4
Sin embargo, si se pretendiera aplicar por analogía los principios del mandato (circunstancia fáctica que puede argumentarse en razón de que la tesis referida no es jurisprudencia y por tanto dicha interpretación no es de aplicación obligatoria para las autoridades jurisdiccionales) nos encontraríamos que dicho contrato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante notario, ante los jueces o ante las autoridades administrativas, cuando sea general, cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (54 mil 800 pesos a la fecha) en el momento de otorgarse o bien cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, en nombre del mandate algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público.
Dicho otorgamiento ante fedatario se da en razón del aseguramiento de la certidumbre jurídica del otorgante del poder y del tercero de buena fe que lleva a cabo un acto jurídico con el representante.
Es así que nuestra propuesta se encuentra encaminada a que el otorgamiento de poderes para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito se lleve a cabo en escritura pública ante fedatario público, pero sin que exista una condición de inscripción en el Registro Público del Comercio de dicho instrumento, logrando mantener la unidad normativa respecto del Código de Comercio y aportando un elemento adicional de desregulación que permitirá una mejor dinámica en las relaciones comerciales.
Es decir, subsisten las dos hipótesis de artículo 9 de la LGSM; en la primera se elimina el trámite de la inscripción en el registro y en el segundo caso no se propone reforma alguna ya que el poder señalado se encuentra acotado a la persona a la que se haya dirigida la declaración escrita y el poder para la emisión de títulos de crédito solamente producirá efectos respecto de tales sujetos.
Sin embargo, ya que en el supuesto de la primera hipótesis de la fracción 9, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona, es menester tutelar el derecho de los terceros, del otorgante del poder y de quien llevará a cabo la representación, mediante una medida de fortalecimiento de la certeza jurídica, a través de la constancia de las facultades que se transmiten en una escritura pública, es decir, un poder otorgado ante fedatario público.
Así al existir intervención de un fedatario público en el otorgamiento del poder, se presume que se han cumplido con las formalidades exigidas por la ley y que ha sido voluntad lisa y llana de los participantes la producción de consecuencias de derecho.
En este sentido, previo a la emisión de cualquier instrumento, el fedatario deberá verificar que se han cumplido con requisitos mínimos que aseguran la idoneidad jurídica del acto sobre la que recae. Estos requisitos son los siguientes: 5
En tal sentido, la propuesta de otorgamiento de poderes ante fedatario aporta un elemento absoluto de certidumbre jurídica en el desarrollo de las relaciones comerciales, al tiempo que sustituye el trámite de la inscripción en el Registro Público.
En este orden de ideas, y a fin de hacer congruente la reforma al artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se propone derogar la fracción VII del artículo 21 del Código Comercio, que actualmente señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán, para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones.
De esta forma, se eliminará el requisito de anotar en el Registro Público del Comercio los poderes y nombramientos de los funcionarios de una sociedad. Como se ha dicho, el poder otorgado ante fedatario público contiene los elementos necesarios para brindar seguridad y certeza jurídica tanto a los poderdantes, los apoderados y quienes intervienen en actos jurídicos. Además de que permitirá eliminar trámites y cargas innecesarias para los particulares, pues al considerarse de manera optativa su inscripción, ésta deja de ser eficaz cuando sólo algunos poderes y nombramientos son inscritos y otros no. Es importante señalar que la reforma al Código de Comercio coadyuvará a simplificar trámites lo cual redunda en una desregulación en las actividades mercantiles.
Por último, es de subrayarse un acontecimiento de naturaleza empírica que constituye un argumento adicional para la derogación de la inscripción en el Registro Público: debido a las altas cargas de trabajo de los Registros Públicos de nuestro país, el hecho de la inscripción de poderes o sus revocaciones tampoco es garantía de la legalidad del instrumento con el que se contrata, ya que pueden pasar días y a veces semanas para que la inscripción correspondiente aparezca en el folio y se produzcan genuinamente los elementos de publicidad.
Es decir, aún en caso de que se haya revocado un poder para la emisión de títulos de crédito y que respecto de dicha revocación se haya solicitado oportunamente su inscripción en el registro, ello no necesariamente garantiza que el apoderado de mala fe pueda hacer uso de aquel, en cuyo caso, deberá responder personalmente, además de la probable responsabilidad penal en la que incurra.
Por las razones expuestas anteriormente, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio
Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue:
Artículo 9. ...
Artículo Segundo. Se deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio para quedar como sigue:
Artículo 21. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Número de registro: 190,446. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIII, enero de 2001. Tesis: III.4o.C.9. Página 1805. 2 Número de registro: 173,150. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, febrero de 2007. Tesis: V.1o.C.75 C. Página: 1908. 3 Títulos de crédito, facultad para suscribirlos a nombre de otro. No tienen aplicación supletoria las reglas generales de los códigos civiles para los contratos de mandato (legislación mercantil). Las reglas generales de los códigos civiles para los contratos de mandato no tienen aplicación supletoria a la representación referida por el artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues esta figura se encuentra debidamente reglamentada en este propio ordenamiento jurídico; luego la supletoriedad de leyes a que se refiere el artículo 2o. del Código de Comercio, no debe entenderse de modo absoluto , sino únicamente cuando no existan disposiciones expresas sobre determinado punto en el código mercantil mencionado, pues si bien, la representación en materia mercantil, para otorgar o suscribir títulos de crédito en nombre del representado, puede acontecer de distintas formas, el artículo 9o. citado, bajo cuyo precepto debe analizarse el poder conferido, establece que la representación sólo puede acreditarse, mediante poder inscrito en el Registro de Comercio o por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. Número de registro: 193,935. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, mayo de 1999. Tesis: III.1o.C.89 C. Página 1084. 4 De conformidad con el artículo 2 de la LGSM, los actos y operaciones relativas a la emisión, expedición, endoso. 5 Carral y de Teresa, Luis; derecho notarial y registral. Editorial Porrúa. México, 1983. 6 Chico Ortiz, José María; y Catalino Ramírez Ramírez, Temas de derecho notarial y calificación registral del instrumento público. Montecorvo, Madrid, 1972.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, publíquese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.
Señoras diputadas y señores diputados, contamos esta mañana con la visita de líderes del municipio de Puente de Ixtla, Morelos, a quienes les deseamos una feliz estancia en estas instalaciones.
Igualmente contamos con la visita de personal de Augustana College, Facultad de Ciencias Políticas, que nos visita esta mañana, y de miembros del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social de Jalisco. También contamos con la presencia de autoridades municipales de San Juan Chamula, Chiapas, que se encuentran en el recinto. Saludamos a todos afectuosamente.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal : Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanosha significado un gran paso hacia la consolidación de la democracia y el estado de derecho.Sin embargo, dada la relación que existe entre la figura de su presidente y la institución, la confianza que se deposite en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos depende mucho de quién sea designado como su presidente, ya que sobre él recae la responsabilidad de vigilar que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe representar en su persona toda la legitimidad social y la fuerza política y moral del ombudsman. Por ello, el proceso de designación y nombramiento es crucial para recuperar la confianza en toda la institución.
En ese sentido, en el Senado de la República han comparecido ante las comisiones respectivas los 27 ciudadanos que aspiran a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en ese órgano legislativo se debate la integración de la terna que habrá de presentar al pleno y de la cual habrá de designarse, por el voto de las dos terceras partes de los senadores, el nuevo ombudsman.
Se trata de un encargo de enorme relevancia para la vida democrática de nuestro país. De ahí la importancia de que quien encabece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuente no sólo con la capacidad, la experiencia y el compromiso con los derechos humanos, sino además con la legitimidad y el respaldo suficiente del órgano encargado de su designación ---en este caso, el Senado de la República---, de la sociedad y de los organismos defensores de los derechos humanos.
Por tanto, la iniciativa que hoy presento tiene que ver con la necesidad de establecer expresamente en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el mecanismo que permita a la Comisión de Derechos Humanos del Senado desahogar el procedimiento de valoración y designación no sólo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también de sus consejeros consultivos.
Al no existir claridad en el mecanismo de selección de los aspirantes, ha sido a través de acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República como se ha venido desahogando dicho procedimiento.
En este orden de ideas propongo establecer expresamente en la Ley Orgánica del Congreso General un procedimiento claro y transparente, con la finalidad de evitar que cada vez que se tenga que elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o sustituir a algún integrante del Consejo Consultivo se deba recurrir de manera reiterada a los acuerdos parlamentarios para poder designarlo.
Señor presidente, le agradeceré incorporar este documento en el Diario de los Debates. Gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita Mary Telma Guajardo Villarreal , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (para regular el procedimiento de designación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los integrantes de su Consejo Consultivo), al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLos derechos humanos son fundamento de los más elevados valores, los cuales han llevado hasta nuestros días al establecimiento de instituciones encargadas de promover el respeto a la dignidad de los seres humanos, los cuales son la base de un Estado Social y Democrático de Derecho.
En ese sentido, en 1992 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se le dotó de autonomía constitucional en 1999. Conforme a éste mandato, han surgido organismos de protección de los derechos humanos en todas las entidades federativas, llegando a constituirse en México uno de los sistemas no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos más grande y significativos del mundo. Por tanto, en ese esfuerzo, es necesario implementar las reformas legislativas que permitan crear las condiciones materiales para que estos sean exigibles, posibles y realizables.
En estos momentos, somos testigos del procedimiento que se lleva a cabo en el Senado de la República para nombrar al próximo titular de la CNDH. Hemos visto la comparecencia de 27 aspirantes a ocupar la titularidad del organismo, así como sus propuestas para que la comisión se consolide y la participación de organizaciones sociales que los apoyan.
Este ejercicio democrático, si bien es cierto que refleja una apertura y transparencia por parte del Senado de la República, lo cierto es que dicho procedimiento se desahoga mediante la expedición de una Convocatoria, ya que no existe una regulación en la ley para tal efecto.
Si bien es cierto que la facultad de nombrar al presidente de la CNDH y de los 10 integrantes de su Consejo Consultivo se encuentra prevista en nuestra Constitución en el apartado B del artículo 102, al señalar que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente
Asimismo, la Ley de la CNDH reitera en su artículo 10 el mecanismo de elección del titular de la CNDH y de los integrantes del Consejo Consultivo y mandata al Senado a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos defensores de los derechos humanos.
Por tanto, la iniciativa que hoy presento, tiene que ver con la necesidad de establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un procedimiento claro y transparente que le permita a la Comisión de Derechos Humanos del Senado ejercer su atribución constitucional y legal de desahogar el procedimiento de designación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los integrantes de su Consejo Consultivo.
Actualmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que el nombramiento de su presidente y de los integrantes del Consejo Consultivo, se realice mediante un procedimiento en el cual la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Republica a través del mecanismo de la auscultación seleccione a éstos y presente al Pleno las propuestas para su elección.
Sin embargo, al no existir claridad en el mecanismo de selección de los aspirantes, ha sido a través de acuerdos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República como se ha venido desahogado dicho procedimiento. Por otra parte, el debate sobre la participación de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos en estos nombramientos sigue siendo limitado.
En este orden de ideas, y para que la autonomía de las funciones del Consejo Consultivo tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado de control interno de la CNDH, cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e independiente con calidad moral en sus integrantes, es que proponemos establecer un procedimiento claro y transparente en el que puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen la defensa y protección de los derechos fundamentales.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona una Sección Cuarta al Título Tercero con un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Sección Cuarta Del Procedimiento para la Elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los Integrantes de su Consejo ConsultivoArtículo 105 Bis.
1. Compete al Senado de la República, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nombrar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los consejeros integrantes de su Consejo Consultivo en los términos del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El procedimiento para el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las y los consejeros del Consejo Consultivo se sujetará a lo siguiente:
3. Después de siete días de haber concluido el periodo de comparecencias de las y los candidatos propuestos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores deberá emitir su dictamen el cual será sometido al Pleno de la Cámara de Senadores o, en sus recesos a la Comisión Permanente para su aprobación.
4. Para el caso de las ratificaciones o sustitución de las y los consejeros miembros del Consejo Consultivo, así como del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sujetarán al procedimiento anteriormente descrito.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con mucho gusto, diputada. Incorpórese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El asunto listado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , su grupo parlamentario propone posponerlo. Cosa a la que se accede.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Ricardo Sánchez Gálvez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez : Con su venia, señor presidente. Amigas diputadas y amigos diputados, uno de los principales valores democráticos del Estado es la promoción de la cultura cívica y el aseguramiento de la identidad de la nación mexicana, a través del reconocimiento de sus instituciones, del conocimiento de los acontecimientos históricos que han dado génesis, cauce y destino a las mismas, y además de los mecanismos a través de los cuales los mexicanos, la sociedad mexicana, se han transformado para llegar a constituir el rico mosaico de opiniones e ideologías del cual hoy debemos enorgullecernos.Por lo anterior, resulta toral que los ciudadanos sean partícipes de los acontecimientos que han fortalecido nuestra identidad como mexicanos, pero que al mismo tiempo se ofrezca la posibilidad de vincularlos a la población con la dinámica social vigente.
De esta forma, el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, que versaban en particular sobre esta materia.
Si bien es cierto que ambos movimientos sociales, el de la Independencia y el de la Revolución, tienen contextos diferentes e impactos sociales de distintas magnitudes, ambos poseen características comunes en lo relativo a la consolidación de nuestro país como nación independiente. Y son referente obligado del desarrollo democrático del México actual.
La Revolución Mexicana fue una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y su fase armada inició en 1910 y se prolongó hasta 1920. Numerosas son las causas que desataron el impulso de las fuerzas sociales por la búsqueda de un camino, ese domingo 20 de noviembre de 1910.
Una pléyade de líderes, cada uno con características singulares, emergió de todos los estratos de la sociedad y puso en marcha un movimiento que transformó desde su raíz los fundamentos de la nación. Sin duda, a partir de esa fecha el antiguo régimen se cimbró desde sus cimientos. Con sus esfuerzos lograron la obtención del orden común que gozamos en nuestros días, resultado de la revolución detonada el 20 de noviembre de 1910, por lo que ésta se constituye como el acontecimiento inaugural del México actual.
Los nombres de los participantes en ese proceso están inscritos hoy, con amplia razón, en la memoria histórica de todos los mexicanos. La valoración de sus acciones en beneficio de la patria merece su cabal reconocimiento.
En tal sentido, es indispensable hacer un ejercicio, de cara al importante significado histórico y cívico del movimiento de la Revolución, otorgándole, respecto de la fecha de descanso obligatorio para 2009 y 2010 ---este último año de la conmemoración del centenario y del bicentenario---, el mismo tratamiento que al movimiento de la Independencia.
De esta manera, el Congreso de la Unión, mediante la expedición del decreto en el que se declaró a 2010 Año del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, otorgó idéntico valor cívico a ambas conmemoraciones en el contexto de una celebración conjunta.
Asimismo, es necesario señalar que durante 2009, el 20 de noviembre corresponde al tercer viernes del mes, por lo aunque el día de descanso obligatorio, conforme a la legislación vigente, sería el lunes 16 de noviembre. Con la reforma propuesta, de establecerse durante 2009 el descanso obligatorio el viernes 20 de noviembre, igualmente puede considerarse como un fin de semana largo, ya que corresponde a tres días de asueto, lo que permitiría enmarcar la trascendencia histórica del aniversario de la Revolución en la fecha de origen y, al mismo tiempo, obtener los beneficios ya descritos en torno a la convivencia familiar y a la derrama económica para el sector turístico.
Por lo que corresponde a 2010, el 20 de noviembre es el tercer sábado del mes, mientras que el día de descanso obligatorio corresponde al 15 de noviembre, la fecha más alejada posible de la conmemoración en sí. En ese caso, la ubicación en el calendario de la citada fecha puede constituir un obstáculo material para el correcto desarrollo de las festividades del centenario de la Revolución, ya que el día de descanso será precedido por cinco días naturales, por lo que pierde su sentido cívico el día de descanso obligatorio.
Por tal motivo, se propone que, de manera excepcional, en 2010 la fecha de descanso obligatorio sea el lunes 22 de noviembre, generando así la posibilidad del reconocimiento de la conmemoración cívica y recorriendo, por esa única ocasión, el fin de semana largo a la última semana de noviembre.
Por último, es conveniente destacar que, a efecto de lograr un pleno equilibrio en el plano del fortalecimiento de la conciencia cívica y de los espacios destinados al esparcimiento y convivencia familiar, una vez efectuados los eventos programados para la conmemoración del centenario de la Revolución, se considera prudente que a partir de 2011 la fecha de día de descanso obligatorio pueda ser el tercer lunes de cada noviembre, tal y como se considera conforme a la ley vigente, y siendo congruentes con la decisión que en su momento tomó la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Por las razones expuestas anteriormente, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos tercero y cuarto transitorios al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de enero de 2006.
Artículo tercero. Como excepción a lo dispuesto por la fracción VI, durante el 2009, el día de descanso obligatorio será el 20 de noviembre.
Artículo cuarto. Como excepción a lo dispuesto por la fracción VI, en 2010, el día de descanso obligatorio será el lunes 22 de noviembre.
Por encontrarse publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se integre el texto en el Diario de los Debates. Diputado federal Ricardo Sánchez Gálvez . Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel , del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosUno de los principales valores democráticos del Estado es la promoción de la cultura cívica y el aseguramiento de la identidad de la nación mexicana, a través del reconocimiento de sus instituciones, del conocimiento de los acontecimientos históricos que han dado génesis, cauce y destino a éstas y de los procedimientos a través de los cuales la sociedad mexicana se ha transformado para llegar a constituir el rico mosaico de opiniones e ideologías del cual hoy debemos enorgullecernos.
En tal medida, la definición y difusión del calendario cívico se encuentra directamente asociado con el desarrollo de la cultura política democrática del país. Es así que debemos reconocer la importancia del cada vez mayor involucramiento de la sociedad civil en asuntos públicos y de un genuino ejercicio del oficio ciudadano.
Por lo anterior, en fechas recientes se ha discutido ampliamente la necesidad de contar con un calendario cívico que por una parte difunda y permita que la población se identifique con los acontecimientos que han fortalecido nuestra identidad como mexicanos, pero que al mismo tiempo ofrezca la posibilidad de vincularlo con la dinámica social vigente.
Es así como han surgido diversas propuestas para reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de permitir la inclusión de días de descanso obligatorio en los que se lleven a cabo diversas actividades relacionadas con las fechas más significativas del desarrollo de nuestro país, y al mismo tiempo buscar la compatibilidad que permita una mayor derrama económica, sobre todo de los bienes y servicios que presta el sector turístico, fomentando a su vez la convivencia y fortalecimiento del núcleo familiar.
De esta forma, el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que conjuga los anteriores elementos: se señalan como días de descanso obligatorio ocho fechas, 1 de las cuales en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo anterior o posterior de la fecha de que se trate. Es decir, se crean los ``fines de semana largos''.
El dictamen que en esa oportunidad emitieron las comisiones dictaminadoras a diversas iniciativas, estableció que con dicha reforma se generarían, por lo menos tres beneficios, a saber:
Adicionalmente, se incluyeron en el dictamen diversas opiniones respecto de los ``fines de semana largos'', relacionadas con los efectos positivos en los ámbitos sociales y económicos. Existieron, en esa oportunidad pronunciamientos de diversos estados como los de Morelos, México, Quintana Roo y Tlaxcala, quienes igualmente se sumaron al objeto de la iniciativa.
En tal sentido, coincido plenamente con la posibilidad de otorgar a las familias mexicanas espacios adecuados para el esparcimiento y que éste tenga como consecuencia la derrama económica, principalmente para los prestadores de bienes y servicios del sector turístico.
Sin embargo, resulta imprescindible, encontrar un punto intermedio en el que las más significativas fechas que se conmemoran en nuestro país, tales como el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, puedan ser objeto de día de descanso obligatorio, precisamente en la fecha en la que corresponda, como una forma de fortalecer la conciencia cívica y la memoria histórica de los mexicanos.
Si bien es cierto que ambos movimientos sociales, el de Independencia y el de Revolución tienen contextos diferentes e impactos sociales de distintas magnitudes, ambos tienen características comunes en lo relativo a la consolidación de nuestro país como nación independiente y son referente obligado del desarrollo democrático de México.
La Revolución mexicana fue una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX cuya fase armada inició en 1910 y se prolongó hasta 1920. Numerosas son las causas que desataron el impulso de las fuerzas sociales por la búsqueda de un cambio ese domingo 20 de noviembre de 1910. Una pléyade de líderes, cada uno con características singulares, que emergió de todos los estratos de la sociedad, puso en marcha un movimiento que transformó desde su raíz los fundamentos de la nación. Sin duda, a partir de esa fecha, el antiguo régimen se cimbró desde sus cimientos.
En el relevante proceso histórico iniciado ese día se perfila la lucha por la democracia, enarbolada hasta sus últimas consecuencias por Francisco I. Madero y sus seguidores, pasando por la defensa de la legalidad que encabezó Venustiano Carranza contra la traición huertista, hasta la encarnación de las exigencias y las aspiraciones más profundas del pueblo a través de las figuras de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Con sus esfuerzos lograron la obtención del orden común que gozamos en nuestros días, resultado de la Revolución detonada el 20 de noviembre de 1910, por lo que se constituye como el acontecimiento inaugural del México actual. Los nombres de los participantes en ese proceso están inscritos hoy, con amplia razón, en la memoria histórica de todos los mexicanos. La valoración de sus acciones en beneficio de la patria merece su cabal reconocimiento.
En tal sentido, es indispensable hacer un ejercicio de cara al importante significado histórico y cívico del movimiento de Revolución, otorgándole, respecto de la fecha de descanso obligatoria, para lo años de 2009 --de la organización de los festejos-- y 2010 --fecha de la conmemoración de centenario-- el mismo tratamiento que al movimiento de la Independencia, reconociendo la importancia de ambos en la construcción de nuestro pasado y la consolidación de nuestro presente.
De esta manera, se ha hecho por parte del Congreso de la Unión, mediante la expedición del decreto en el que se declaró al Año 2010 como ``Año del Bicentenario del Inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana'', otorgando idéntico valor cívico a ambas conmemoraciones, en el contexto de una celebración conjunta.
Además, en ese mismo decreto se establecieron criterios para el desarrollo de un Programa que incluye eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables para llevarse a cabo desde la entrada en vigor de éste y hasta el último día del año 2010.
Fue así que con posterioridad se constituyó el Catálogo Nacional de Proyectos para las Conmemoraciones del 2010''. Este catálogo incluye de manera indistinta actividades a la conmemoración de ambas festividades.
Asimismo, es necesario señalar que durante 2009, el 20 de noviembre corresponde al tercer viernes del mes; por lo que el día de descanso obligatorio, conforme a la legislación vigente sería el lunes 16 de noviembre, circunstancia fáctica que además, igualmente puede considerarse como un ``fin de semana largo'' ya que corresponde a tres días de asueto, lo que permitiría conmemorar el aniversario de la Revolución en la fecha de su aniversario y al mismo tiempo obtener los beneficios ya descritos en torno a la convivencia familiar y la derrama económica.
Por lo que corresponde a 2010, el 20 de noviembre es el tercer sábado del mes, mientras que el día de descanso obligatorio corresponde al 15 de noviembre, la fecha más alejada posible de la conmemoración en sí. En este caso la ubicación en el calendario de la citada fecha puede constituir un obstáculo material para el correcto desarrollo de las festividades del Centenario de la Revolución, ya que el día de descanso será precedido por cinco días naturales para llevar a cabo la conmemoración referida, por lo que pierde su sentido cívico el día de descanso obligatorio. Por tales motivos, se propone, que de manera excepcional, durante 2010 la fecha de descanso obligatorio sea el lunes 22 de noviembre, generando así la posibilidad del reconocimiento de la conmemoración cívica y recorriendo por esa única ocasión el ``fin de semana largo'' a la última semana del mes de noviembre.
Por último, es conveniente destacar que a efecto de lograr un pleno equilibrio entre el plano del fortalecimiento de la conciencia cívica y los espacios destinados al esparcimiento y convivencia familiar, una vez efectuados los eventos programados para la conmemoración del Centenario de la Revolución, se considera prudente que a partir de 2011, la fecha de día de descanso obligatorio, pueda ser el tercer lunes de cada mes de noviembre, tal y como se considera conforme a la ley vigente y siendo congruentes con la decisión que en su momento tomó la LIX Legislatura al Congreso de la Unión.
Por las razones expuestas anteriormente, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Cuarto Transitorios al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006
Artículo 74. ...
Artículo Primero. ...
Artículo Segundo. ...
Artículo Tercero. Como excepción a lo dispuesto por la fracción VI, durante 2009 el día de descanso obligatorio será el viernes 19 de noviembre.
Artículo Cuarto. Como excepción a lo dispuesto en la fracción VI, durante 2010 el día de descanso obligatorio será el lunes 22 de noviembre.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota: 1 Además de considerar las fechas que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Como solicita, insértese y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Señor diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Una pregunta al orador.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ah, perdón.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín : Si me acepta el señor orador una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Perdón. ¿Acepta la pregunta que le quiere formular el diputado Ramírez Marín?
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez : Sí.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor diputado, en primer lugar, para agradecerle y felicitarlo por su iniciativa. Y para preguntarle, ¿sería contradictorio a su iniciativa que se celebrara el 20 de noviembre, en la fecha en que corresponde cada año?El diputado Ricardo Sánchez Gálvez : No, aquí la legislatura, la LIX Legislatura había planteado ---como ya lo mencioné con anterioridad--- que se festejaran los lunes previos a la fecha.
Primero, había tres consideraciones que ellos hicieron en la exposición de motivos, que aludían al descanso que deberían tener las familias para el sano esparcimiento y como un punto importante para la detonación del crecimiento económico en los polos de desarrollo turístico.
Entonces, vale la pena mencionar que, para darle el marco o enmarcar la fecha y la trascendencia histórica que tienen los festejos del centenario de la Revolución ---y del 16 de septiembre del próximo año con motivo del bicentenario---, propongo desde este 2009 celebrar el 20 de noviembre, que va a caer en viernes, con descanso obligatorio ese mismo día.
Sería viernes, porque si lo hiciéramos el lunes previo al 20, pasarían cuatro días naturales, y con eso realmente también la conciencia cívica de los ciudadanos se aleja un poco de las fechas en las que deben conmemorarse con exactitud las celebraciones que dieron origen al México actual. No sé si con eso contesto su pregunta.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Muy bien. Gracias.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez : Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Había solicitado la palabra el señor diputado Jorge López Portillo. Por favor, denle sonido al diputado.
El diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (desde la curul): Gracias. Nada más para sumarme y realzar la propuesta del compañero. Es una fecha muy importante y creo que varios compañeros que estamos aquí nos queremos sumar y vamos a subir a firmarla.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pregunto al señor diputado Sánchez Gálvez si acepta la adhesión que propone el diputado.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez : Para mí es un verdadero honor la propuesta de estos tres amigos diputados priistas. La acepto con mucho gusto y, además, los invito a que celebremos juntos, en unión, este centenario de la Revolución.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Todos aquellos que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría. Muchas gracias.
ARTICULOS 93 Y 102 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel : Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de las diputadas y los diputados de este recinto.La Procuraduría General de la República es un órgano del Poder Ejecutivo Federal que tienen por encomienda la investigación y persecución de los delitos del orden federal, y cuyo titular es el procurador general de la República, quien preside al Ministerio Público de la federación y sus órganos auxiliares, que son la policía investigadora y los peritos; se encarga del despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos le encomiendan.
El Ministerio Público surgió desde la Constitución de 1814 como parte del Poder Judicial y de la Corte Suprema, pero es hasta 1853 cuando surge el cargo de procurador general de la nación; sus atribuciones eran la intervención en la defensa de los intereses de la nación. Sin embargo, es hasta la Constitución de 1857 que se separa al Ministerio Público federal y al procurador general de la República de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Procuraduría General de la República, desde su creación, ha pasado por diversos cambios, ubicándose orgánicamente en diversos espacios, buscando consolidar su función de manera autónoma, legítima y eficiente, para la defensa y procuración de la justicia.
El Ministerio Público asume una posición vigilante del orden jurídico y debe interpretar fielmente a la sociedad, actuando en su nombre, protegiendo sus intereses, promoviendo las acciones necesarias para lograr la justicia. Por ello debe convertirse en un auténtico órgano de Estado, con autonomía y voluntad de decisiones.
El Ministerio Público integra, desde luego, al Estado, pero no depende de ninguna de sus ramas para realizar sus funciones de ejercer la representación social. Por ello debe ser independiente y autónomo, no debe actuar como órgano subordinado del Poder Ejecutivo federal.
Hoy, la procuración de justicia, para la opinión pública, no resulta satisfactoria. Se cuestiona su parcialidad o que se ha convertido en rehén de intereses políticos y económicos. Esto nos lleva a un retroceso histórico.
Ante la crisis de legitimidad de esta institución, es momento de buscar su transformación y de hacer de la Procuraduría General de la República un organismo autónomo, confiable, profesional, imparcial y eficiente en su encomienda de procurar justicia.
Por lo anterior, solicito que se incluya el texto íntegro al Diario de los Debates, por lo que hago entrega del mismo a usted, señor presidente. Y les agradezco a las diputadas y a los diputados su amable atención. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Emiliano Velázquez Esquivel , diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto decreto que contiene reformas al artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Procuraduría General de la República es un órgano del Poder Ejecutivo federal que tiene como encomienda la investigación y persecución de los delitos del orden federal, cuyo titular es el procurador general de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la policía investigadora y los peritos; se encarga del despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos le encomiendan.
El Ministerio Público surgió desde la Constitución de 1814, como parte del Poder Judicial y de la corte suprema. Pero es hasta 1853 cuando surge el cargo de procurador general de la nación: sus atribuciones eran la intervención en la defensa de los intereses de la nación. Sin embargo, es hasta la Constitución de 1857 que se separa al Ministerio Público federal y al Procurador General de la República de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Procuraduría General de la República, desde su creación, ha pasado por diversos cambios, situándose orgánicamente en diversos espacios buscando consolidar su función de manera autónoma, legítima y eficiente para la defensa y procuración de la justicia.
El Ministerio Público asume una posición vigilante del orden jurídico y debe interpretar fielmente a la sociedad, actuando en su nombre, protegiendo sus intereses, promoviendo las acciones necesarias para lograr la justicia, por ello debe convertirse en un autentico órgano de Estado, con autonomía de voluntad y de decisiones.
El Ministerio Público integra desde luego al Estado, pero no depende de ninguna de sus ramas para realizar sus funciones de ejercer la representación social, por ello debe ser independiente y autónomo, no debe actuar como órgano subordinado del Poder Ejecutivo federal.
Hoy la procuración de justicia, para la opinión pública, no resulta satisfactoria; se cuestiona su parcialidad que se ha convertido en rehén de intereses políticos y económicos; esto nos lleva aún retroceso histórico.
Ante la crisis de legitimidad de esta institución, es momento de buscar su transformación y hacer de la Procuraduría General de la República, un organismo autónomo confiable, profesional, imparcial y eficiente, en su encomienda de procurar justicia.
Por lo expuesto, y con fundamentos en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55 y 57 del Reglamento del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
DecretoÚnico. Se reforma el segundo párrafo del artículo 93, el primero y segundo párrafos del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93. ...
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
...
...
...
Artículo 102
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se abroga el decreto presidencial por el que se crea la Procuraduría General de la República.
Artículo Tercero. El personal de la Procuraduría General de la República pasará a formar parte del ahora organismo autónomo denominado la Procuraduría General de la República.
Artículo Cuarto. El organismo autónomo denominado la Procuraduría General de la República deberá emitir la reglamentación correspondiente dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo Quinto. El patrimonio, las obligaciones civiles, mercantiles, administrativas, fiscales, laborales, las atribuciones y responsabilidades jurídicas y constitucionales, adquiridas por la Procuraduría General de la República, pasarán a formar parte y serán reconocidas por el organismo autónomo denominado Procuraduría General de la República.
Artículo Sexto. Los asuntos en trámite ante la Procuraduría General de la República serán sustanciados y resueltos por el ahora organismo autónomo Procuraduría General de la República en los términos de la ley anterior.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Salvador Manzur Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por los diputados Salvador Manzur Díazy María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Salvador Manzur Díaz : Con su permiso, señor presidente. Veracruz es uno de los estados que más contribuciones ha hecho al desarrollo nacional. Uno de ellos es su capacidad de generación de energía eléctrica.Veracruz es el primer productor nacional en esta materia. Sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta. Somos el estado productor número uno y pagamos las tarifas más altas de la República Mexicana.
Para medir adecuadamente los niveles térmicos en Veracruz ---al igual que en otras ciudades del sureste mexicano---, a las altas temperaturas deben añadirse factores como la humedad y los vientos. Todo esto en conjunto determina la sensación térmica.
Afortunadamente, estos criterios han sido ya incorporados en mediciones oficiales de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, a quienes viven en mi distrito se les cobra, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, una tarifa denominada 1C, que establece que la temperatura media en esta ciudad es de 30 grados centígrados.
No obstante, la presencia de actores como los referidos originan que las personas padezcan temperaturas muy por encima de las que determinan estas tarifas. Por ello, en sus registros oficiales, Conagua ya mide los factores viento y humedad que inciden sobre la sensación térmica. Ésta es una medición más precisa sobre el efecto real de la temperatura.
Por tanto, las mediciones de la Conagua revelan que la Secretaría de Hacienda clasifica de manera incorrecta, en materia eléctrica, al estado de Veracruz; por tanto, esas tarifas deben ajustarse, para que los veracruzanos paguemos menos por la electricidad que consumimos.
Conagua ha registrado un promedio de sensación térmica para Veracruz y Boca del Río que oscila entre 33 y 34 grados. A los usuarios de mi distrito se les cobra una tarifa incorrecta, que debería modificarse por la tarifa 1F, que es la que pagan usuarios domésticos que viven en entidades federativas con una temperatura promedio de 33 grados.
Como se puede observar, en los campos de la técnica y de la academia se nos da la razón. Un estudio de la Universidad de Cambridge publicado en agosto pasado nos ilustra sobre la situación actual con la que la CFE realiza sus mediciones para determinar la eficiencia de sus redes de distribución y transmisión. Los resultados son reveladores, compañeros y no dejan lugar a dudas: México obtuvo la calificación cero.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, cuando los indicadores mismos del gobierno federal, la lógica económica, la situación de las familias en México y mediciones de universidades de prestigio a nivel internacional nos dicen que la CFE está mal, no nos queda más que decirlo categóricamente: la Comisión Federal de Electricidad ha estado cobrando tarifas injustas e incorrectas a los mexicanos. Esto es simplemente inadmisible y reprobable.
Modificar la ley para adecuar las tarifas eléctricas y realizar cobros justos es una obligación impostergable de esta legislatura; requerimos una revisión a fondo de los mecanismos para determinar las tarifas eléctricas. Éste es un tema recurrente en los debates de esta soberanía y por ello de urgente resolución.
La demanda ciudadana, compañeros, no puede ni debe esperar más. Hacemos un llamado respetuoso para construir un consenso y de éste derivar equidad y justicia. Se trata de impulsar la competitividad de la CFE y coadyuvar a su eficiencia, no de aprisionarla ni destruirla.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, México reclama acuerdos; también la solución a sus problemas más angustiantes. La penuria aflige a millones de hogares mexicanos. Y lo que aflige a México debe ser nuestra más alta prioridad. Actuemos con sentido de la urgencia y con el signo de la responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, nos permitimos presentar ante esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Artículo único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijarán las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.
Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.
Al fijar las tarifas a que se refiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá una reducción aplicable a las regiones del país cuyas sensaciones térmicas promedio en verano sean de 30 grados centígrados o superiores.
Para la determinación de la sensación térmica se tomarán en cuenta los registros correspondientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, que incluyen tanto el registro de la temperatura ambiente como el porcentaje de humedad y las condiciones de viento en cada lugar.
Asimismo, se establecerán tarifas especiales para aquellos grupos sociales en situación de vulnerabilidad contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación, las cuales serán como máximo de 50 por ciento de las establecidas para las zonas de mayor temperatura promedio calculadas en los términos del párrafo anterior. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por los diputados Salvador Manzur Díaz y María Isabel Pérez Santos , del Grupo Parlamentario del PRI
Salvador Manzur Díaz y María Isabel Pérez Santos , diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normas jurídicas aplicables, sometemos respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosCompañeras y compañeros legisladores, México vive una profunda crisis económica. Estamos siendo testigos de la creciente desaparición de empleos y de la reducción acelerada del poder adquisitivo de los salarios. Las necesidades básicas de la sociedad se ven más afectadas que nunca. Sin lugar a dudas, podemos asegurar que todo esto ha sido el resultado de la muy lamentable administración en las finanzas públicas federales de los últimos nueve años y de la deficiente gestión de los instrumentos del estado para enfrentar la crisis.
La sociedad padece las severas afectaciones en los bolsillos de sus familias, en las mesas de sus hogares, en la calidad de vida de sus hijos. La gente está a su suerte y no ve la forma de salir de esta situación que les agobia, y les impide solventar los servicios más elementales.
Esto, desafortunadamente perjudica sobre todo a los que menos tienen, a aquellos que habitan en zonas de alta marginación, zonas contempladas en el artículo 5, fracción VI, de la Ley General de Desarrollo Social, como: grupos sociales en situación de vulnerabilidad; aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación, impedidos para alcanzar mejores niveles de vida.
Estos grupos, dice la misma ley, requieren atención e inversión del Gobierno Federal para lograr su bienestar. A pesar de este mandato legal, no reciben atención, pues se ven seriamente afectados al serles impuestas tarifas de energía eléctrica injustas y discriminatorias.
Tal es el caso de la sierra de Zongolica en el estado de Veracruz, donde no se cuenta con indicadores de consumo de energía, y el cobro se efectúa por un cálculo aproximado, perjudicando seriamente a miles de pobladores de dichas zonas; sus recibos de consumo van desde los quinientos hasta los dos mil pesos o más, lo cual es excesivo para lugares donde no hay refrigeradores, ni hornos de microondas, ni aire acondicionado.
Esta situación arroja a miles de veracruzanos a un estado de vulnerabilidad. Es una situación injusta, que no puede continuar. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la región de Zongolica presenta un grado de desarrollo humano medio bajo, con sólo .615 puntos en su índice. El ingreso promedio por habitante es, además, 73 por ciento inferior al del resto de la población. Por lo mismo, los errores de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE) imponen una carga insoportable para muchas familias que deben abandonar el uso de energía eléctrica.
Por otra parte, al igual que en Zongolica y otras regiones del país, la zona conurbada Veracruz Boca del Río es azotada, no solamente durante el verano, sino a lo largo del año, por altas temperaturas y condiciones severas de humedad y viento, factores ya tomados en cuenta en la actualidad por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), definidos con la expresión ``sensación térmica'', usada para realizar el cálculo de sus registros oficiales.
Esta medición, que incluye a los factores mencionados, resulta más precisa para determinar las afectaciones reales de los niveles de calor en las personas, pues es, precisamente, el nivel de calor que registra el cuerpo humano.
El término ``sensación térmica'' fue desarrollado por el meteorólogo australiano R.G. Stedman para referirse al efecto combinado de calor y la humedad, a partir de estudios sobre la interacción del calor, la humedad, el viento, la fisiología humana y el vestido, con el medio ambiente y su entorno. La definición de sensación térmica pretende describir el grado de precepción de incomodidad de las personas como resultado de dicha combinación.
Debido a ello, la sensación térmica es un parámetro más preciso para medir los efectos del calor sobre la vida humana. Ese es, entonces, el referente que debe normar la determinación de tarifas eléctricas, pues la intención es conocer con mediciones científicas las necesidades reales de la población para tener un mayor o menor consumo de energía.
En el caso particular del estado que dignamente representamos, cifras de la Secretaría de Energía, y la Comisión Federal de Electricidad, indican que Veracruz fue la principal entidad federativa generadora de energía eléctrica de la república, aportando 11.95 por ciento del total nacional, además de contar con 15 plantas generadoras de fluido. Sin embargo, lamentablemente es uno de los estados más afectados con tarifas elevadas.
Por otro lado, los registros de la Comisión Nacional de Agua, organismo que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, revelan que la temperatura promedio de Veracruz, ha estado muy por encima de los 30 grados centígrados y no obstante queda fuera del rango tarifario que debería corresponderle para el pago de energía eléctrica, provocando que la población esté obligada a pagar injustamente cantidades excesivas mes con mes.
En el caso específico de la zona conurbada Veracruz Boca del Río, en donde viven 640 mil veracruzanos, hemos probado, mediante mediciones oficiales de la Conagua, que la población padece sensaciones térmicas durante el verano de 34 grados en promedio. La metodología actual hace, además, que a pesar de que durante más de la mitad de los meses del verano las sensaciones térmicas sean superiores a los 36 grados, el promedio disminuya.
Aún así, utilizando la propia metodología de CFE, hemos solicitado la reclasificación de la tarifa que se aplica a esta zona, toda vez que es incorrecto e injusto el cobro que, mes con mes, realiza a las familias de Boca del Río, Veracruz, Medellín y Alvarado. Esta carga económica es particularmente nociva para los segmentos más populares. De acuerdo a los datos oficiales del Inegi, 37 por ciento de la población ocupada de esta zona metropolitana gana menos de dos salarios mínimos. Si a esto agregamos la población desocupada, entonces concluimos que 4 de cada 10 boqueños deben pagar tarifas caras, incorrectas, que no pueden, ni deben, sufragar.
Después de conocer estos datos, nos encontramos ante una situación delicada: Veracruz es, por un lado, la principal entidad federativa generadora de electricidad, pero su población es obligada a pagar tarifas más altas que en otros lugares. Veracruz padece olas de calor extremo y, sin embargo, su población debe pagar más de lo que legalmente le corresponde.
Esto es, simplemente, inadmisible y reprobable.
El caso veracruzano, que conocemos de primera mano porque nuestros electores nos han pedido que intervengamos, como sus representantes, para reparar esta injusticia, es un ejemplo que debe servir de base para tomar medidas de carácter general que se apliquen a todos los que se encuentren en las mismas condiciones en el territorio nacional. Modificar la ley para adecuar las tarifas eléctricas y realizar cobros justos, beneficiando a toda región o comunidad que por sus condiciones climáticas así lo requiera, es una obligación de esta legislatura, pero también nuestro compromiso moral con aquellos que menos tienen.
Requerimos una revisión a fondo de los mecanismos para determinar las tarifas. Este es un tema recurrente en los debates de esta soberanía y, por ello, de urgente resolución. La demanda ciudadana, compañeros diputados, no puede, no debe esperar más.
Por otra parte, debemos dotar de congruencia al modelo económico en México. En todo el mundo, los mecanismos del mercado nos dicen que, quien produce más, paga menos. Aquí, como sucede en Veracruz, ocurre lo contrario: quien produce más paga más.
Pero, además y más grave, nuestro modelo de Estado está construido sobre la idea de que aquellos que menos tienen, paguen menos o no paguen en lo absoluto. Esta situación, nos parece, define el compromiso solidario de una sociedad. Eso es lo que está en juego hoy en México.
Este es el momento de promover, con el apoyo de todos los legisladores, una solución definitiva a ésta problemática, haciendo hincapié en que no sólo es Veracruz el estado afectado. Esta situación se presenta principalmente en el sureste mexicano --estados productores--, pero también afecta varias entidades del norte del país, donde se padecen temperaturas extremas durante gran parte del año.
En efecto, a lo largo de las recientes legislaturas se han hecho diversos esfuerzos por resolver esta problemática, sin obtener resultados favorables.
Sin embargo, la situación que hoy enfrenta el país nos obliga a dar respuesta inmediata a los reclamos sociales. En una crisis como la que padecemos, la responsabilidad histórica debe prevalecer sobre la oportunidad política. Esta es nuestra convicción.
Si este año se han perdido miles de empresas, si el desempleo alcanza a millones, si el poder adquisitivo se ha derrumbado 30 por ciento, si 6 millones de mexicanos han entrado en el reino oprobioso de la pobreza, entonces, ha llegado el momento de construir los acuerdos que nos permitan resolver una demanda justa y largamente pospuesta.
Hacemos un llamado respetuoso para construir un consenso y, del consenso, derivar equidad y justicia.
Se trata de que la Comisión Federal de Electricidad coadyuve en el combate a la pobreza y al trato equitativo entre todas las regiones del país, sin demérito de su competitividad, la cual debe basarse en la eficiencia de esta empresa pública mexicana de clase mundial.
Compañeros diputados: México reclama acuerdos; también resolución de sus problemas más angustiantes. La penuria aflige a millones de hogares mexicanos, y lo que aflige a México debe ser nuestra más alta prioridad. Actuemos con sentido de la urgencia y con el signo de la responsabilidad.
El tema del cobro justo de tarifas de energía eléctrica para los hogares mexicanos se resolverá cuando eliminemos la discrecionalidad de la ley y hagamos compatibles las cuestiones técnicas con las necesidades humanas. Tal es el propósito de la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía.
Por último, con la finalidad de actualizar las secretarías referidas en el artículo a reformar, se propone sustituir el nombre de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de la Secretaría de Economía, la cual desempeña las funciones correspondientes.
Asimismo, se actualiza el nombre de la Secretaría de Energía, sustituyendo el de Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. De esta forma, el artículo en comento estaría en armonía legal con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
Artículo Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículos 1 a 30 ...
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.
Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.
Al fijar las tarifas a que se refiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá una reducción aplicable a las regiones del país cuyas sensaciones térmicas promedio en verano sean de 30 grados centígrados o superiores.
Para la determinación de la sensación térmica promedio, se tomarán en cuenta los registros correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, que incluyen tanto el registro de la temperatura ambiente, como el porcentaje de humedad y las condiciones de viento en cada lugar.
Asimismo, se establecerán tarifas especiales para aquellos Grupos Sociales en situación de vulnerabilidad, contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación, las cuales serán como máximo, de un cincuenta por ciento de las establecidas para las zonas de mayor temperatura promedio, calculada en los términos del párrafo anterior.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Energía.
Solicita la palabra el diputado Rodrigo Reina. Adelante, diputado.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): Nada más preguntar al señor diputado si tiene algún inconveniente en que me sume al punto, ya que ahora que todas las tarifas de CFEa nivel nacional se van a homologar, aquí será donde se determinen, por lo que me parece que es un tema que debe revisarse con prontitud.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Estaría usted de acuerdo en que se sume el diputado Rodrigo Reina a su iniciativa, diputado Manzur Díaz.
El diputado Salvador Manzur Díaz (desde la curul): Con mucho gusto, señor diputado. Es un honor su adhesión a esta iniciativa de reforma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Todos aquellos compañeros diputados y compañeras diputadas que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento. Túrnese a la Comisión de Energía.
Honorable asamblea, se encuentran entre nosotros autoridades municipales de la comunidad de Santiago Zacatepec Mixe, de Oaxaca. Les agradecemos que nos acompañen.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Samuel Herrera Chávez : Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Samuel Herrera, su servidor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.Samuel Herrera Chávez , en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Ante el difícil reto de alcanzar una sociedad democrática en igualdad social y en el marco de la independencia nacional, resulta necesario el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho que garantice las libertades plenas del ciudadano, basado en la capacidad del pueblo mexicano para instaurar las instituciones y crear los derechos que aseguren una convivencia democrática.
Es por ello que, a través de la presente iniciativa, se busca dotar de los instrumentos legales que permitan alcanzar plenamente uno de los derechos fundamentales del hombre: el derecho a la educación.
En este sentido, cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho de todo individuo a recibir educación preescolar, primaria y secundaria. Para dar cumplimiento a esta obligación constitucional, el Congreso de la Unión expidió el 29 de febrero de 1973 la Ley Federal de Educación.
No obstante lo señalado en dicha ley, durante muchos años se siguió un modelo educativo centralista y excesivamente burocrático. El proceso de descentralización del gasto en educación comenzó el 18 de mayo de 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyéndose en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1993 el Ramo 25, denominado ``Aportaciones para la educación básica en los estados''.
En 1993 se abrogó la Ley Federal de Educación, expidiéndose la Ley de Educación vigente, en la cual se dispone, en sus artículos 25, 26 y 27, la concurrencia entre el gobierno federal y las entidades federativas para el financiamiento de la educación pública y los servicios educativos.
En 1997 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal, constituyéndose el Ramo 33, ``Aportaciones federales para entidades federativas y municipios'', el cual se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998.
Actualmente, el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que, con respecto a la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios.
De igual forma, en el artículo 27 de la ley en comento, se establece el procedimiento y los elementos exclusivos para determinar anualmente el monto de dicho fondo, considerándose estos dos rubros: el primero correspondiente al registro común de escuelas y de plantillas de personal, utilizando para ello los cálculos de los recursos presupuestados transferidos a las entidades federativas.
De igual forma se dispone en el mencionado artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución de la totalidad de dicho fondo de aportaciones, señalándose que deberán realizarse a través de la aplicación de una forma distributiva: 50 por ciento correspondiente a la matrícula estatal de educación básica; 20 por ciento al gasto federal inferior al promedio nacional; 20 por ciento correspondiente a la inversión estatal en educación básica y 10 por ciento a la calidad educativa en cada entidad federativa.
Con la aplicación de la fórmula vigente dispuesta por el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el año de su incorporación no se han obtenido avances equitativos en el desarrollo del sistema educativo nacional, dado que sólo algunas entidades federativas han alcanzado incrementos en la cantidad asignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo donde cerca de 24 estados pierden recursos económicos.
Lo anterior debido a que los cocientes de dicha fórmula están determinados sin incluir la marginación de la población; la equidad entre los estados en torno a la distribución del fondo; aunado al manejo discrecional del índice real de calidad de los estados, ha generado incertidumbre sobre la aplicación de dicha fórmula al momento de la distribución para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
De los resultados obtenidos con la fórmula que se plantea, se observa que todos los estados se beneficiarían equitativamente con el incremento presupuestal anual planteado, por lo que se garantizará plenamente el derecho a la educación de los mexicanos, plasmado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes términos:
Único. Se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:
I. El Registro Común de Escuelas y de Plantillas de Personal utilizado para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas.
II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación durante el presente ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándose lo siguiente:
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieran autorizado.
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar, en el ejercicio que se presupueste, las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones derivadas del ejercicio anterior.
c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro Común de Escuelas.
Sin perjuicio de la forma y variables utilizadas para la determinación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la distribución total de dicho fondo se realizará cada año a nivel nacional entre los estados, de acuerdo con la siguiente fórmula: Ti,t =(FAEBt) (Ri, t) que es el Fondo de Aportación para cada año para el estado igual a Fondo de Aportación de Educación Básica para el estado, por la función de reparto para cada año para el estado.
Esta fórmula, en caso de que después de aplicar la fórmula anterior haya sobrantes en el fondo, éstos se distribuirán entre todos...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, señor diputado.
El diputado Samuel Herrera Chávez : Sí. ...a su proporción de matrícula pública como porcentaje del total nacional.
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal no será aplicable en el evento de que en el año que se calcula el monto de dicho fondo sea éste inferior al obtenido en el año inmediato anterior.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de octubre del año 2009. Rubrican: diputado Samuel Herrera Chávez , diputado Heladio Verver y Vargas, diputada Claudia Anaya, diputado Gerardo Leyva, diputado Ramón Jiménez López , diputado Víctor Castro, diputado Emilio Serrano y los diputados del Partido de la Revolución Democrática.
Es cuanto, ciudadano diputado, y solicito se pueda plasmar en el Diario de los Debates el documento íntegro de la presente iniciativa de ley. Gracias, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD
Samuel Herrera Chávez , en su carácter de diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosAnte el difícil reto de alcanzar una sociedad democrática con igualdad social y en el marco de la independencia nacional, resulta necesario el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho, que garantice las libertades plenas del ciudadano basado en la capacidad del pueblo mexicano para instaurar las instituciones y crear los derechos que aseguren una convivencia democrática, una sociedad cada vez mas justa y una economía en desarrollo permanente.
Es por ello que a través de la presente iniciativa se busca dotar de los instrumentos legales que permitan alcanzar plenamente uno de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la educación.
En este sentido cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el derecho de todo individuo a recibir educación preescolar, primaria y secundaria, entendiéndose estas en su conjunto, como la educación básica, imponiéndose la obligación al Estado de impartirla, debiendo realizarlo además de manera laica y gratuita, encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Con motivo de dar cumplimiento a esta obligación constitucional, el Congreso de la Unión expidió el 29 de febrero de 1973, la Ley Federal de Educación, en la cual se señala que la prestación de servicios educativos es una de las actividades de la función educativa en la que hay concurrencia de la Federación, las entidades y los municipios, estableciéndose que la federación puede celebrar con dichos órdenes de gobierno convenios para coordinar o unificar dichos servicios.
No obstante lo señalado en dicha ley, durante muchos años se siguió un modelo educativo centralista y excesivamente burocrático, que no ayudaba en lo más mínimo a alcanzar el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar plenamente el derecho a la educación.
El proceso de descentralización del gasto en educación comenzó el 18 de mayo de 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyéndose en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1993, el ramo 25, denominado Aportaciones para Educación Básica en los Estados, recibiendo éste ramo, recursos que formaban parte del ramo 11 correspondiente a Educación Pública, desde el cual se transfirió el presupuesto de educación a las entidades en los términos acordados con cada una.
En el año de 1993 se abrogó la Ley Federal de Educación, expidiéndose la Ley General de Educación vigente, en la cual se dispone en sus artículos 25, 26 y 27, la concurrencia entre el gobierno federal y las entidades federativas, para el financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, sujetándolos a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes; disponiéndose de igual forma en el artículo 32 de la mencionada ley, la obligación de las autoridades educativas para que establezcan medidas tendentes a garantizar condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos; debiendo dirigirse dichas medidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.
En el año de 1997, se reformo la Ley de Coordinación Fiscal, constituyéndose el ramo 33, denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el cual se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998.
Actualmente en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se dispone que con respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal, en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establezca la ley, disponiendo en su fracción I, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
De igual forma, en el artículo 27 de la ley en comento, se establece el procedimiento y los elementos exclusivos para determinar anualmente el monto de dicho fondo, considerándose dos grandes rubros; el primero correspondiente al registro común de escuelas y de plantilla de personal, utilizado para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripción de los acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; y el segundo que se integra por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionando las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado; el importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones derivadas del ejercicio anterior; y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro Común de Escuelas.
De igual forma se dispone en el mencionado artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución de la totalidad de dicho fondo de aportaciones, señalándose que deberá realizarse a través de la aplicación de una formula distributiva especificada en la ley y la cual contiene los siguientes coeficientes: 50 por ciento correspondiente a la matrícula estatal de educación básica; 20 por ciento al gasto federal inferior al promedio nacional; 20 por ciento correspondiente a la inversión estatal en educación básica y 10 por ciento a la calidad educativa en cada entidad federativa.
Con la aplicación de la formula vigente dispuesta por el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el año de su incorporación, no se han obtenido avances equitativos en el desarrollo del sistema educativo nacional, dado que solo algunas cuantas entidades federativas han alcanzado incrementos en la cantidad asignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo que ilustra las cantidades otorgadas en el presupuesto del año 2009 y la proyección de las cantidades a distribuir en el presupuesto del año 2010, aplicando la mencionada fórmula:
Del análisis anterior, se desprende que sólo siete estados salen beneficiados con la aplicación de la fórmula en comento, por la cantidad de mil 202 millones 939 mil 827 pesos, la cual resulta de la reducción proporcional de la cantidad que deberían de recibir 24 entidades federativas durante el año 2010, brecha o diferencia presupuestal que aumenta preocupantemente conforme se aplique tal fórmula en los próximos años; razón por la cual se afirma que dicha disposición legal contenida en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, no permite alcanzar a plenitud los extremos señalados tanto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 27, 32 y 33 de la Ley General de Educación.
Lo anterior debido a que los cocientes de dicha fórmula, están determinados sin incluir la marginación de la población; la equidad entre los estados en torno a la distribución del fondo; aunado al manejo discrecional del índice real de calidad de los estados, lo que ha generado incertidumbre sobre la aplicación de dicha fórmula al momento de la distribución final de los recursos, por lo que resulta necesario proponer una nueva fórmula para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, basada en: 1) el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal aplicado en los estados, en el ejercicio presupuestal del año corriente; 2) el incremento del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal de los estados beneficiados, del año a calcular respecto al año corriente; 3) el factor de marginalidad, que se deduce de las cifras que aporte el Consejo Nacional de Población; 4) la calidad de la educación básica, la cual se obtiene del índice de variación del logro educativo de los resultados de la prueba Enlace del año corriente, de cada uno dé los estados beneficiados y 5) el cociente de equidad, que se obtiene a partir del rango que exista entre el costo mayor y menor en la educación básica de un alumno, fórmula que con su aplicación se obtendrían los siguientes resultados:
De los resultados obtenidos con la formula que se plantea, se observa que todos los estados se beneficiarían equitativamente con el incremento presupuestal anual planteado, por lo que se garantizaría plenamente el derecho a la educación de los mexicanos, plasmado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:
Sin perjuicio de la forma y variables utilizadas para la determinación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la distribución de la totalidad de dicho Fondo se realizará cada año a nivel nacional entre los estados, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Los números y simbología para esta fórmula son:
En caso de que después de aplicar la fórmula anterior haya sobrantes en el fondo, éstos se distribuirán entre todos los estados de acuerdo a su proporción de matrícula pública como porcentaje del total nacional.
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal no será aplicable en el evento de que en el año que se calcula el monto de dicho fondo éste sea inferior al obtenido en el año inmediato anterior.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Flores Castañeda : Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente.El que suscribe, diputado federal Jaime Flores Castañeda , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:
Con antelación se ha hecho algo similar por parte de legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, como consta en los archivos de este Poder Legislativo, con el mismo propósito de tratar este tema que aqueja a la sociedad juarense.
El adelanto del horario en Estados Unidos por una hora afecta la vida diaria de miles de habitantes de la frontera norte de México, una de las más transitadas del mundo. Por segundo año diferente al de México, el horario entró en vigor el 9 de marzo y concluirá el 2 de noviembre, mientras que en territorio mexicano ha operado desde el 6 de abril habiendo concluido el pasado domingo 25 de octubre, por lo que las confusiones y contratiempos se repetirán.
Sin embargo, los husos horarios en la República Mexicana tuvieron un error gubernamental durante 60 años: a los estados de Chihuahua y Durango los clasificaron en el meridiano 90º, cuando en el centro de estas entidades federativas cruza el eje del meridiano 105º. Error corregido a medias en la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos.
En nuestro país, por ejemplo, Sonora es la única entidad que se mantiene sin la adopción de los horarios estacionales en virtud de su estrecha relación con Arizona, que se mantiene, igualmente, sin movimiento alguno.
Estas mismas condiciones las encontramos en las ciudades fronterizas en las que la estrecha relación con Estados Unidos se traduce en un sinnúmero de actividades que implican cruces fronterizos permanentes, reforzando una interdependencia en constante evolución.
Es importante recalcar que Ciudad Juárez comprenda un solo huso horario tanto por su cercana distancia como por sus actividades laborales, comerciales, financieras, culturales, académicas, sociales y económicas con El Paso, Texas.
En este sentido, como ha sido planteado, cualquier modificación a la dinámica entre estas dos ciudades afecta a todos los sectores de ellas.
Éste es el caso del desfase entre los calendarios de las dos ciudades para la entrada en vigor del horario de verano: mientras El Paso asume un horario durante el segundo domingo de marzo, y lo modifica durante el primer domingo de noviembre, Ciudad Juárez lo hace hasta el primer domingo de abril y lo cambia hasta el último domingo de octubre.
Estamos hablando de un mes en que la sincronía regular de los horarios afecta todas las actividades comunes entre las dos ciudades.
Es por ello que, como respuesta a las diversas inconformidades planteadas por la sociedad juarense y en virtud de los antecedentes expuestos, nos permitimos proponer a esta soberanía la conveniencia de establecer un horario de excepción en Ciudad Juárez, para garantizar que la actividad económica, social, comercial, educativa y cultural se desa-rrollen en completa normalidad y armonía, acorde con las actividades de los municipios vecinos, a los que hoy les perjudica la ley vigente en su actividad cotidiana. Para ello se plantea modificar la fracción I del decreto del 1 de marzo del 2002 en los siguientes términos:
Único. Se modifica la fracción I del decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente forma:
Único. Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:
I. Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sonora, sujetos al meridiano 105º por ubicación y 90º por horario estacional. En el caso del municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, esta aplicación surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.
Solicito a la Presidencia, se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa con proyecto decreto, que reforma el artículo único por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Jaime Flores Castañeda , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de MotivosCon antelación se ha hecho algo similar por parte de legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, como consta en los archivos de este Poder Legislativo con el mismo propósito de tratar este tema que aqueja a la sociedad juarense.
El adelanto del horario en Estados Unidos por una hora afecta la vida diaria de miles de habitantes de la frontera norte de México, una de las más transitadas en el mundo. Por segundo año diferente al de México, el horario entró en vigor el 9 de marzo y concluirá el 2 de noviembre, mientras que en territorio mexicano ha operado desde el 6 de abril y terminará el 26 de octubre, por lo que las confusiones y contratiempos se repetirán.
Una de estas acciones fue tomada a partir de 1996 cuando el presidente de la república publicó un decreto que anunciaba el inicio de la aplicación del horario de verano u horario estacionales que, como todos sabemos, consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en la que se registra mayor insolación, es decir, en el periodo con mayor duración de luz solar, fenómeno que se debe a la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento de traslación.
Sin embargo, los husos horarios en la República Mexicana tuvieron un error gubernamental durante 60 años en el que los estados de Chihuahua y Durango fueron clasificados en el meridiano 90º, cuando en el centro de estas entidades federativas cruza el eje del meridiano 105º, mismo que fue corregido ``a medias'' en la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, uno de los principales argumentos para la aceptación del horario de verano plantea el ahorro de energía a través del uso de la luz natural del día. En nuestro país, los estudios revelan que a partir de su implantación, el ahorro en energía eléctrica equivale a 1 por ciento del consumo nacional cada año.
La Comisión Nacional de Energía destaca que ``la decisión de adoptar en México el horario de verano se tomó ante la necesidad de cuidar la energía, dado que la electricidad no es un recurso natural, sino una forma de energía generada mediante costosos métodos. En efecto, las plantas generadoras de energía eléctrica y las redes de transmisión y distribución de ésta requieren de enormes recursos no sólo para su instalación, ya que sus gastos de operación son también muy elevados''.
Actualmente, en este orden de ideas, alrededor de 75 países han adoptado el horario de verano, de los cuales más de 70 por ciento lo implementan a través de un calendario común que comprende del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre. Este es el caso, a partir de 2007, de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, quien, a excepción de Arizona y Hawai, llevó a cabo la medida en todos sus estados. Sin embargo, paralelamente al tema de ahorro de energía existe, de manera evidente y clara, las repercusiones en el aspecto económico, social y político.
En nuestro país, por ejemplo, Sonora es la única entidad que se mantiene sin la adopción de los horarios estacionales en virtud de su estrecha relación con el estado de Arizona, que se mantiene, igualmente, sin movimiento alguno.
Podemos también mencionar el caso de la Bolsa Mexicana de Valores quien, a raíz del cambio en el calendario en los Estados Unidos, adelantó tres semanas la vigencia del horario a efecto de empatar sus operaciones con las de los mercados estadounidenses.
Estas mismas condiciones las encontramos en las ciudades fronterizas en donde la estrecha relación con Estados Unidos se traduce en un sinnúmero de actividades que implican cruces fronterizos permanentes, reforzando una interdependencia en constante evolución, es importante recalcar que Ciudad Juárez comprenda un solo huso horario tanto por sus cercanas distancias como por sus actividades laborales, comerciales, financieras, culturales, académicas, sociales y económicas.
Es decir, debido a la interacción económica y la cercanía geográfica que existe entre las comunidades fronterizas de México y Estados Unidos, la apertura comercial y de inversión derivada de la instrumentación del TLCAN ha generado una influencia mayor en el proceso de integración entre ambos países.
Los intercambios en los sistemas de trabajo, en la migración, en las remesas y, en general, en la dinámica económica y social entre las ciudades fronterizas, es un suceso permanente que nunca se detiene, por lo cual es muy susceptible a cualquier modificación que altere, aunque sea por unos días, su funcionamiento.
Éste es, sin duda, el caso de las ciudades de Ciudad Juárez y El Paso que a lo largo de la historia han desarrollado y fortalecido una relación bilateral próspera y fructífera que refleja ampliamente uno de los lados positivos de la apertura comercial reflejada en los acuerdos firmados con nuestros socios del norte.
Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Universidad de Texas, durante 2006, la ciudad de El Paso, Texas, exportó e importó bienes y mercancías, entre otros, por un total de 25 mil 897 millones de dólares; asimismo, y de acuerdo con datos del Inegi y al Buró de Análisis Económico de Información Regional de Estados Unidos, durante un mismo periodo estas dos ciudades han observado incrementos en los ingresos per cápita del orden de 9.6 por ciento para Ciudad Juárez y de 3.9 por ciento en El Paso.
En este sentido, como ha sido planteado, cualquier modificación a la dinámica entre estas dos ciudades afecta a todos los sectores de ellas. Este es el caso del desfase entre los calendarios de las dos ciudades para la entrada en vigor del horario de verano, mientras El Paso asume un horario durante el segundo domingo de marzo y modificará durante el primer domingo de noviembre, Ciudad Juárez lo hace hasta el primer domingo de abril, y cambiará hasta el último domingo de octubre. Estamos hablando de un mes en donde la sincronía regular de los horarios afecta todas las actividades comunes entre las dos ciudades.
Con base en lo dispuesto en los artículos 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Es por ello que, como una respuesta a las diversas inconformidades planteadas por la sociedad juarense y en virtud de los antecedentes expuestos, nos permitimos proponer a esta soberanía la conveniencia de establecer un horario de excepción en Ciudad Juárez, para garantizar que la actividad económica, social, comercial, educativa y cultural, se desarrolle en completa normalidad y armonía, acorde con las actividades de los municipios vecinos a los que hoy les perjudica la ley vigente en su actividad cotidiana, modificando la fracción I del decreto del 1 de marzo del 2002 en los siguientes términos:
Único. Se modifica la fracción I del decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente forma:
Artículo Único. Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Energía.
El siguiente asunto enlistado era una propuesta que haría la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del PRD, quien nos solicita que se retire del orden del día, a cuya solicitud se accede.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - LEY DE INVERSION EXTRANJERA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley de Inversión Extranjera.
El diputado Miguel Ángel García Granados : Muchas gracias, señor presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía conlleva el firme propósito de reformar la fracción I del artículo 27 constitucional y algunas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, con el más firme propósito de alentar la inversión, detonar la economía y el crecimiento económico de una zona importante del país, así como ir dejando de lado nacionalismos trasnochados que lo único que han provocado es la parálisis económica de una buena franja de este país.
En razón, señor presidente, de encontrarse inserta en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente que se incluya íntegra esta intervención y el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Desde que este México nuestro nació después de la lucha de Independencia iniciada en 1810, sustentados en argumentos que respondían a la realidad social de principios del siglo XX ---y precisamente por los acontecimientos que se sucedieron a partir de la Independencia de nuestro país, constantemente amenazado por la invasión de tropas extranjeras---, los Constituyentes de 1917 determinaron que solamente los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tenían derecho a adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones. Así quedó plasmado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre otros considerandos, los Constituyentes invocaron la conveniencia que significa para el interés público el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación privada.
No obstante, el mismo artículo establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derecho de dominio de tierras y aguas a los extranjeros. Para el efecto y al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, personas físicas extranjeras, a través de fideicomisos constituidos con instituciones de crédito han podido adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas.
Aclaro, han podido adquirir derechos de uso, goce y disfrute de las mismas, pero nunca la nuda propiedad. Pero incluso a las sociedades mexicanas con inversión extranjera y con tenencia accionaria de hasta ciento por ciento les es permitido adquirir bienes en la zona restringida para casi todo tipo de objetos sociales, excepto los establecidos en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Inversión Extranjera.
Hay en ello, pues, una suerte de incoherencia, porque en la Carta Magna se establece que por ser extranjeros éstos no pueden adquirir bienes inmuebles en la zona restringida, en tanto que en la práctica esta prohibición se ha venido evadiendo históricamente al posibilitarse, para efectos de la inversión, la constitución de fideicomisos en los que los bancos fiduciarios figuran como ``propietarios'' de los bienes adquiridos por los fideicomisarios.
Si analizamos la situación actual de la banca, el absurdo es todavía mayor, porque preguntémonos, ¿hay acaso una banca nacional? La gran mayoría de los bancos tienen inversión extranjera y la mayoría son y cuentan con capital extranjero.
Vale entonces decir que, frente a la realidad social de principios del siglo antepasado, hoy el panorama es diferente frente a las enormes oportunidades de inversión que ofrece una economía globalizada, máxime que no se tiene registro de que en algún país la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y en las costas, por algunos extranjeros, haya sido una estrategia suficiente que haya disuadido una invasión extranjera.
Por estas razones debemos motivarnos a procurar una reforma al artículo 27 de la Constitución y a la Ley de Inversión Extranjera, de manera tal que con esto se garantice la certeza de protección jurídica que demandan precisamente potenciales inversionistas.
Certeza jurídica que desde luego se hace extensiva a los Estados-nación que, al igual que los particulares, cuentan para ello no sólo con tribunales internos, sino también de carácter internacional para dirimir eventuales controversias en materia de propiedad de tierras. Muchísimas gracias, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Inversión Extranjera, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados , somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto por el que se adiciona la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se modifica la denominación del Título Segundo y del Capítulo II, se reforma el artículo 11, se derogan las fracciones I y II de éste, así como los artículos 12 y 13 de la Ley de Inversión Extranjera, con el firme propósito de alentar el desarrollo económico del país, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosSustentados en argumentos que respondían a la realidad social de principios del siglo XX, heredada de los acontecimientos que se sucedieron a partir de la Independencia de nuestro país, constantemente amenazado con la invasión de tropas extranjeras, los Constituyentes de 1917 determinaron que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. Así quedó preceptuado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre otros considerandos para el sustento del artículo 27, los Constituyentes de la época invocaron la conveniencia que significa para el interés público el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación privada. Se procuraba así alcanzar y garantizar una distribución equitativa de la riqueza pública y un desarrollo equilibrado del país, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, cuando se establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación.
Además, el antecedente histórico de lo dispuesto en el 27 constitucional se inspiró en la necesidad de destruir la gran propiedad rural que dio origen precisamente al latifundismo y a la explotación del campesinado, aparte de buscar la restitución o dotación de tierras a núcleos de población campesina y en consecuencia organizar la producción colectiva de los campesinos.
No obstante, el mismo artículo establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derechos de dominio de las tierras y aguas a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes.
Para el efecto y al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, personas físicas extranjeras, a través de fideicomisos constituidos con instituciones de crédito, han podido adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.
Incluso a las sociedades mexicanas con inversión extranjera y tenencia accionaria de hasta el 100 por ciento, les es permitido adquirir bienes en la zona restringida, para casi todo tipo de objetos sociales, excepto los establecidos en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la ley en referencia, correspondientes a las áreas de hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, telegrafía, radiotelegrafía, correos, emisión de billetes, acuñación de monedas, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable, instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley en la materia.
Hay en ello una suerte de incoherencia, porque en la Carta Magna se establece que por ser extranjeros, éstos no pueden adquirir bienes inmuebles en la zona restringida, en tanto que en la práctica esta prohibición se evade, al posibilitarse para efectos de la inversión, la constitución de fideicomisos, en los que los bancos fiduciarios figuran como ``propietarios'' de los bienes adquiridos por los fideicomisarios.
Esta situación, ha implicado para los extranjeros, en su carácter de fideicomisarios, tener que enfrentar altos costos derivados de la constitución de los fideicomisos y de pagos de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental.
El absurdo es mayor aún, si referimos que estos fideicomisos están a cargo de instituciones financieras, la mayoría de las cuales son y cuentan con capital extranjero.
Aún más, el sentido que nutre el artículo 27 constitucional en lo referente a la materia que ocupa la presente Iniciativa, entraña contradicciones ante la evidencia de hechos, en un país que bien tolera a un extranjero el dominio directo de inmuebles en el interior de la nación, más no en la llamada zona restringida.
Por otro lado, vale decir que frente a la realidad social de principios del siglo pasado, hoy el panorama es diferente, aún y cuando prevalezca un nacionalismo malentendido que descansa en conceptos pobres de soberanía, frente a las enormes oportunidades de inversión que ofrece una economía globalizada.
Máxime que no se tiene registro, y debemos puntualizarlo, de que la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y las costas por extranjeros, sea una estrategia suficiente que haya disuadido una invasión extranjera.
Estas razones, deben motivarnos a procurar una reforma del artículo 27 de la Constitución Política de México y de la Ley de Inversión Extranjera, de manera tal que con esto se garantice la certeza de protección jurídica que demandan precisamente potenciales inversionistas.
Certeza de seguridad jurídica que desde luego se hace extensiva a los estados, que al igual que los particulares cuentan para ello no sólo con tribunales internos, sino también de carácter internacional, para dirimir eventuales controversias, derivadas de la aplicación de lo que la legislación establece en materia de propiedad de tierras y aguas.
En este sentido, la legislación ha venido evolucionando, actualizando sus disposiciones a los nuevos tiempos, más ahora que el flujo de capitales se mueve prácticamente por todo el mundo, y cuyas inversiones ocurren en el rubro de los bienes raíces, con beneficios directos en cuanto a la generación de empleos y construcción de infraestructura de servicios de bienestar urbano, fundamentales para un desarrollo sostenido.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se modifica la denominación del Titulo Segundo y del Capítulo II, se reforma el artículo 11, se derogan las fracciones I y II de éste, así como los artículos 12 y 13 de la Ley de Inversión Extranjera para quedar como sigue:
Primero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 27. ...
...
...
...
...
...
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones:
Artículo 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que extranjeros, a título personal e individual, adquieran derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del mismo sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes en calidad de uso habitacional propio y exclusivo, sin fines lucrativos.
Artículo 12. Se deroga.
Artículo 13. Se deroga.
TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Economía.
Señoras y señores diputados, contamos con la asistencia de líderes y visitantes de comunidades de Naucalpan y del estado de Veracruz, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
A solicitud del Grupo Parlamentario del PRD, se retira del orden del día el asunto que iba a tratar la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal .
Se pospone, a solicitud de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara , del Grupo Parlamentario del PRI, la iniciativa propuesta.
Asimismo, se pospone el asunto listado para lectura del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del PRD.
LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
El diputado Gerardo Sánchez García : Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda una de las reformas pendientes que el país está esperando es la reforma del Estado. En ella el Congreso de la Unión, y en especial la Cámara de Diputados, debe jugar un papel fundamental no sólo como una institución donde se hacen leyes y se establece la rendición de cuentas del Ejecutivo federal y sus despachos, sino también debe convertirse en un contrapeso de poder que evite la manera discrecional en muchos aspectos en que hasta la fecha se conduce el presidente de la República.En todo país democrático existe la división de poderes inspirada en la doctrina de la división de poderes de Montesquieu. En México, después de las Cortes de Cádiz de 1812 y hasta 1876, el gran poder lo ejerció el Legislativo. Luis Medina, en su libro La invención del sistema político mexicano, señala que en este periodo de 64 años hubo 52 cambios de presidentes de la República.
A partir de que asumió el poder Porfirio Díaz, el sistema político mexicano tuvo como eje central el poder absoluto del presidente de la República. Durante décadas la República vivió un presidencialismo avasallador, incluso se dio el mote de Gran elector al presidente.
Con los años y las reformas a nuestra legislación, el poder del presidente de la República se ha venido acotando. Sin embargo, todavía en pleno siglo XXI, el presidencialismo mexicano y el sistema político donde descansa acusa ya cierto anacronismo que debe ser revisado, y avanzar hacia un modelo semiparlamentario.
No obstante, Sartori muestra cierto escepticismo, ya que para él los regímenes parlamentarios descansan en partidos disciplinados y América Latina no tiene partidos disciplinados y está lejos de tenerlos. Tenga o no razón el filósofo y político italiano, es necesario avanzar en esta dirección.
Este razonamiento cobra luz por los acontecimientos recientes, relacionados con la extinción y liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro. No se puede actuar de manera tan vertical y autoritaria para deshacerse de las instituciones, sólo porque el Ejecutivo federal así lo decida. Hay que tomar en cuenta el estado de derecho, las partidas presupuestales, coordinaciones entre Poderes, consecuencias sociales, etcétera.
Cada uno de los organismos descentralizados de la administración pública federal, de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ---las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y los fideicomisos---, tiene su razón de ser.
Si bien la reforma que estoy proponiendo a los artículos 15, último párrafo, de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no significa grandes cambios para avanzar en la reforma del Estado, sí alerta sobre la necesidad de esta reforma, porque hay peligro y serio riesgo sobre el sector paraestatal de nuestro país.
Por ello, es importante esta reforma a los artículos 15, último párrafo, de la fracción IX, y 16 de esta ley.
Cuando Jesús Reyes Heroles afirmaba que: a favor de las instituciones todo, incluso su modificación; en contra de ellas nada, esto se inscribió como una herencia histórica de nuestro país que se ha preocupado por crear instituciones paraestatales, muchas de ellas pilares fundamentales de la consolidación de la República.
Muchas de éstas, ante el avasallamiento de ``la mano invisible'' a la que se refería Adam Smith, sucumbieron a la tentación neoliberal y al Consenso de Washington; otras, por falta de visión del país y de Estado se fueron debilitando; otras más permanecen dispersas y atomizadas.
No se trata de que las instituciones parezcan monolitos y sean intocables; por el contrario, cualquier decisión que se tome sobre éstas para fortalecerlas, incluso, para extinguirlas, debe hacerse de manera colegiada, respetando el equilibrio de Poderes. Por eso, se hace imprescindible la participación de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa de reformas contempla que, una vez aprobada cualquier decisión en torno a alguna institución paraestatal de la administración pública federal, sea decisión de Estado su extinción o transformación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 15, fracción IX, último párrafo para quedar como sigue:
Artículo 15. En las leyes...
I. a VIII. . .
IX. En el régimen...
En la extinción de los organismos paraestatales de la administración pública federal se hará del conocimiento de la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente en periodos de receso del Congreso de la Unión, además de observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o el decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 16 para quedar como sigue:
Artículo 16. Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo, podrá proponer su función, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. Para estos efectos, se deberá contar con la opinión de la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en periodos de receso del Congreso de la Unión.
Le solicito, diputado presidente, que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates, lo mismo que esta intervención. Muchas gracias. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Gerardo Sánchez García , integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, adicionando un párrafo donde se obliga para cualquier extinción y liquidación de un organismo paraestatal de la Administración Pública Federal deberá hacerse del conocimiento a la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en periodos de receso del Congreso de la Unión, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosSin duda que una de las reformas pendientes que el país está esperando es la Reforma del Estado. En ella el Congreso de la Unión y en especial la Cámara de Diputados debe jugar un papel fundamental no sólo como una institución donde se hacen leyes y establece la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal y sus despachos, sino debe convertirse en un contrapeso de poder, que evite la manera discrecional en muchos aspecto en que hasta la fecha, se conduce el presidente de la República.
En todo país democrático existe la división de poderes. Cuando Montesquieu --el creador de El espíritu de las leyes- señalaba que ``todo hombre que tiene poder, siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites... Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder''. De ahí entonces que se le considera el creador de la teoría de la división de poderes, donde afirmaba, ``Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de las gentes, y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil''.
En México, después de las Cortes de Cádiz en 1812 y hasta 1876, el gran poder lo ejerció el Legislativo. De acuerdo a Luis Medina (La Invención del Sistema Político Mexicano) señala que en este periodo de 64 años hubo 52 cambios de presidentes de la república.
A partir de que asumió el poder el presidente Porfirio Díaz, el sistema político mexicano, tuvo como eje central el poder absoluto del presidente de la República. Durante décadas la República vivió un presidencialismo avasallador. Incluso se le dio el mote del Gran Elector.
Con los años y las reformas a nuestra legislación, el poder del presidente de la República se ha venido acotando. Sin embargo, todavía en pleno siglo XXI, el presidencialismo mexicano y el sistema político donde descansa, acusa ya cierto anacronismo que debe ser revisado y avanzar hacia un modelo semiparlamentario. No obstante que Sartori muestre cierto escepticismo ya que para él, los regímenes parlamentarios descansan en partidos disciplinados y América Latina no tiene partidos disciplinados y está lejos de tenerlos''. Tenga o no razón el filosofo y político italiano, es necesario avanzar en esa dirección.
Este razonamiento cobra luz por los acontecimientos relacionados con la extinción y liquidación de la empresa paraestatal Compañía Luz y Fuerza del Centro. No se puede actuar de manera tan vertical y autoritaria para deshacerse de las instituciones, solo porque el Ejecutivo Federal así lo decida. Hay que tomar en cuenta el Estado de Derecho, partidas presupuestales, coordinación entre poderes, consecuencias sociales, etc.
Cada uno de los organismo descentralizados de la Administración Pública Federal que lo conforman, de acuerdo al artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, todos tienen su razón de ser.
Lo sucedido con la Compañía Luz y Fuerza del Centro sólo se puede entender como un acto unilateral, que deja en claro de que tamaño y peligroso es que se concentre tanto poder alrededor del presidente de la República.
Si bien la reforma que estoy proponiendo a los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP), no significan grandes cambios para avanzar en la reforma del Estado, si alerta sobre la necesidad de esta reforma, porque pone en peligro y serio riesgo el sector paraestatal de nuestro país.
Ahora fue la Compañía Luz y Fuerza del Centro, mañana ¿que sigue o quien sigue? Por ello es importante esta reforma de los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la LFEP. Cuando Jesús Reyes Heroles afirmaba que a favor de las instituciones todo, incluso su modificación, en contra de ellas nada, se inscribe como una herencia histórica de nuestro país, que se ha preocupado por crear instituciones paraestatales, donde muchas de ellas han sido pilares fundamentales en la consolidación de la República. Muchas de estas, ante el avasallamiento del la ``mano invisible'' a la que se refería Adam Smith sucumbieron a la tentación neoliberal y del Consenso de Washington. Otras, por la falta de visión de país y de Estado se fueron debilitando, otras más permanecen dispersas y atomizadas.
No se trata de que las instituciones parezcan monolitos y sean intocables, sino por el contrario, cualquier decisión que se tome sobre éstas para fortalecerlas, incluso para extinguirles, debe hacerse de manera colegiada, respetando el equilibrio de poderes. Por eso se hace imprescindible la participación de la Cámara de Diputados.
Decisiones como la acontecida con Compañía Luz y Fuerza del Centro son de gobierno, pero no de Estado. Esta iniciativa de reforma contempla que una vez aprobada cualquier decisión en torno a alguna institución paraestatal de la administración pública Federal, sea su extinción o transformación, sea decisión de Estado.
Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 15, último párrafo de la fracción IX, y 16 de la Ley de Federal de Entidades Paraestatales
Artículo Primero. Se reforma el artículo 15 fracción IX, último párrafo para quedar como sigue:
Artículo 15. En las leyes...
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 16 para quedar como sigue:
Artículo 16. Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. Para estos efectos, se deberá contar con la opinión de la honorable Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en periodos de receso del Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates, así como su intervención.Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Solicita la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Solamente para que pregunte al proponente si tiene inconveniente en mi adhesión a su iniciativa.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor diputado Gerardo Sánchez García, el diputado Ibarra Pedroza desea adherirse a su proposición, ¿tiene usted algún inconveniente?
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Estoy de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Está de acuerdo. Las señoras diputadas y los señores diputados que deseen adherirse a la propuesta del diputado Gerardo Sánchez Garcíapueden pasar a la Secretaría para suscribir el documento correspondiente.
Se pospone, a petición del Grupo Parlamentario del PRI, la intervención del diputado Miguel Ángel García Granados .
Acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que pido a la Secretaría que dé cuenta de ésta.
ESTADO DE SINALOA
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a declarar zona de emergencia los municipios afectados por la tormenta tropical Rick, a fin de que se liberen en apoyo de la población los recursos del Fondo Nacional de Desastres.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula el diputado Germán Contreras García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien ha manifestado su preocupación respecto a la necesidad de tomar acciones y activar apoyos a la población, por los efectos y daños cuantiosos causados por el paso de la tormenta tropical Rick en diversos municipios de Sinaloa, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de emergencia los municipios de Sinaloa afectados por el azote de la tormenta tropical Rick, para que sean liberados los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, secretaria.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Ya se ha dado lectura, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado.
PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS - PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : La Comisión de Gobernaciónsolicitó a esta Presidencia que los dictámenes incluidos en el orden del día para esta sesión relativos a la prestación de servicios y autorización para aceptar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros, se pospongan para la próxima sesión.
La Mesa Directiva, no encontrando inconveniente, se permite obsequiar la solicitud y se posponen para la siguiente sesión los dictámenes de primera lectura...
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, señor diputado César Augusto Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Con todo respeto le digo a usted, señor presidente, que apenas estamos saliendo de un larguísimo debate en la mañana por una mala actuación de la Presidencia de la Cámara y ya estamos a punto de empezar otra.Se presentan los dictámenes y se retiran, ¿a petición de quién? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Es la segunda vez que retiramos esos dictámenes.
Creo que en esta materia debe haber cierta seriedad de los presidentes de las comisiones, que presenten sus documentos debidamente justificados, para evitarnos esos sainetes. Lo hago con el mayor respeto para usted, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con el mayor respeto, señor diputado, le manifiesto que esta Presidencia actúa dentro de los marcos y en los términos que la ley se lo permiten. Y es como hemos actuado y seguiremos actuando, permanentemente.
En todo caso, le pediría al señor presidente de la Comisión de Gobernación que pudiera manifestar a la asamblea lo que nos ha manifestado a esta Mesa Directiva, y que no encontrando la Mesa Directiva inconveniente para obsequiar su solicitud, por eso accedimos.
Le pediría al señor presidente de la Comisión de Gobernación haga uso de la palabra, para que exprese al señor diputado César Augusto Santiago las razones por las cuales fue solicitado.
El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): En efecto, estoy por entregar ahora a la Mesa Directiva una solicitud para que formalmente sean retirados del orden del día de la sesión de hoy los 11 dictámenes de la Comisión de Gobernaciónque tratan sobre diversos permisos constitucionales en materia de condecoraciones, servicios en el exterior y nombramiento de cónsules honorarios, debido a que falta el número suficiente de firmas de los miembros de la comisión para que éstos tengan validez en esta sesión. A petición de varios miembros de la comisión lo hemos retirado.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Por medio del presente escrito me permito solicitarle --formalmente-- sean retirados del orden del día de la sesión, que corresponde a este martes 27 de octubre, los 11 dictámenes de la Comisión de Gobernación que abordan distintos permisos constitucionales para aceptar condecoraciones, nombramientos de cónsules honorarios y prestación de servicios en el exterior de distintos ciudadanos mexicanos y que proponíamos a esta asamblea fueran aprobados el día de hoy.
En función de no contar, hasta este momento, con las firmas requeridas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : No sé si queda satisfecho, señor diputado. Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Creo que el trámite parlamentario no es un asunto de amigos ni de negociaciones oscuras. Acabo de escuchar lo que dice el presidente de la Comisión de Gobernación, de la cual, por cierto, soy miembro. Y nunca he sido convocado a una reunión de la comisión para ver estos asuntos, nunca.``Estoy por entregar ---dice--- un oficio''; ``estoy por entregar...''. ¿Está por entregar y usted ya acordó que se retiran los dictámenes? Creo que esto exige la revisión exhaustiva del comportamiento. Parecemos estar trabajando por usos y costumbres y no por lo que dice la ley. Ruego a ambos que atiendan estrictamente el procedimiento parlamentario de acuerdo con la ley.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Atendemos estrictamente las condiciones de la ley y del reglamento.
Recuerde usted, señor diputado, que quien enlista los asuntos es la Junta de Coordinación Política, y así fueron recibidos por esta Mesa Directiva. En tales condiciones es por lo que una vez que nos manifiestan que no reúnen las características para poder ser sometidos al pleno, por esas condiciones lo estamos haciendo. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Entonces, señor presidente, habrá que trasladar el asunto a Servicios Parlamentarios, porque la Junta da por supuesto que los asuntos que nos turna han completado su trámite.Es decir; ha habido una convocatoria, ha habido una sesión de la comisión, ha emitido un dictamen la comisión, lo ha aprobado con la mayoría y por supuesto tiene las firmas.
En esos términos la Junta enlista estrictamente lo que Servicios Parlamentarios nos dice que está listo. Si estos trámites no se completaron es responsabilidad absoluta de la Comisión de Gobernación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señor presidente de la Comisión de Gobernación.
El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Con muchísimo gusto, presidente. Para explicar exactamente lo que ha sucedido en torno a esta propuesta de dictamen.La semana pasada la Comisión de Gobernación reunió a la Mesa Directiva. En reunión de Mesa Directiva propusimos a los secretarios tomar un procedimiento de dictaminación sobre este tipo de solicitudes, a través de los secretarios de los distintos grupos parlamentarios.
No se pudo reunir la bancada del Grupo Parlamentario del PRI. No se pudo socializar la información de esta reunión y por eso no se consiguieron estas firmas. No hay ninguna falta en ningún sentido. Así fue como se citó. Lamentablemente la mayoría de los secretarios del PRI no pudieron estar en esta sesión de mesa directiva y fue un diputado del Grupo Parlamentario del PRI quien me solicitó que retiráramos los dictámenes enlistados en el orden del día.
Para que no hubiese ningún problema, yo accedí de inmediato a plantearle a la Mesa Directiva el retiro de los dictámenes. Fue a petición de un compañero del PRI, que no estaba informado del acuerdo que se había tomado en mesa directiva y así lo hice. No hay ninguna negociación oscura, ningún procedimiento irregular.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Pide la palabra el diputado Arturo Zamora.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): En torno a este tema, al revisar la Gaceta Parlamentaria sobre los asuntos que se estarían votando hoy, me di cuenta con sorpresa que existían 11 dictámenes, en los que se establece que sesionó la Comisión de Gobernación; esto es, que estuvieron o estuvimos presentes todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Gobernación. Al darme cuenta de esto y al preguntar a varios miembros de la Comisión de Gobernaciónsi habían sido convocados, con sorpresa, incluyendo diputados de Acción Nacional, ellos me hicieron saber que no habían sido convocados.Como las reuniones de comisión no son invitaciones a un convivio o a una fiesta, sino que debe convocarse a todos y cada uno de los miembros de la comisión, por supuesto que me acerqué con el señor presidente de la misma y le hice saber la irregularidad, porque tengo en mis manos la Gaceta Parlamentaria del 19 de octubre, que contiene una convocatoria que se suscribe para que solamente asista la mesa directiva, a fin de dictaminar y aprobar lo que hoy en esta sesión plenaria se pretendía dictaminar.
Luego entonces, en virtud de que se trata de dictámenes en los cuales se establece la obligación de que deben dictaminarse por la mayoría de los señores diputados, hice saber al señor diputado Corral lo siguiente: ``Voy a hacer uso de la palabra para pedir que se retiren esos dictámenes''. Entonces, él propone: ``Yo platicaré para hacer el retiro de los mismos''. Que las cosas sean dichas con realidad. Ésa es la razón por la cual finalmente considero que esos dictámenes deben retirarse, porque no fuimos convocados los miembros de la Comisión de Gobernación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Desea hacer uso de la palabra el diputado César Augusto Santiago?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Usted recordará que en la junta de presidentes de comisiones a la que usted tuvo la gentileza de convocar, el presidente de la Comisión de Gobernaciónhizo esa propuesta que me parece a todas luces impropia. Que el presidente de una comisión se reúna con sus secretarios y tome las decisiones que estime convenientes no me parece que sea saludable por respeto al pleno de la Cámara de Diputados.Me parece que es un error querer reducir todo a decisiones cupulares y peor me parece que se presenten dictámenes, que se lleven al pleno y que tengamos que estar interesados viendo detalladamente la Gaceta Parlamentaria para que no pase una bola de humo.
Creo que lo menos que puede hacer el presidente de la Comisión de Gobernación es ofrecer una disculpa a sus colegas de la comisión, a menos de que quiera que sometamos aquí su presidencia a un escrutinio público. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se le concede la palabra al diputado presidente de la Comisión de Gobernación.
El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Gracias, presidente. Voy a ser todavía más preciso y más puntual. En primer lugar quiero corregir al diputado Zamora. Yo pedí a él que hiciera la intervención, pero fueron dos de sus compañeros diputados los que me dijeron que no, que era mucho mejor que lo tratara directamente con el diputado presidente de la Mesa Directiva. Por cierto, uno de ellos funge como secretario de nuestra comisión.¿Qué fue lo que sucedió, señor presidente? Es muy sencillo, la mesa directiva propuso a los secretarios consultar a sus grupos parlamentarios, para que los trámites referidos a solicitudes de condecoraciones, de permisos en el exterior, de nombramiento de cónsules honorarios, tuvieran un procedimiento más ágil, junto con las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios, para dictaminar y desahogar asuntos que tienen vencimiento para esta Cámara en términos de la fecha en que nos fueron turnados.
Se trata no de iniciativas de ley, se trata de trámites que son recurrentes en la actividad de la Cámara de Diputados, y que varios de los miembros de esta Cámara que han fungido en otras legislaturas saben perfectamente cómo se han venido desahogando; de hecho, ni siquiera pasaban por comisiones, simplemente, a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios se recababa la firma con el acuerdo de los miembros de las directivas de todos los partidos y entonces pasaban a Gaceta Parlamentaria.
Yo no tengo inconveniente, presidente, en que cada que haya la cantidad de solicitudes que lleguen a la comisión, haya una sesión ex profeso de la Comisión de Gobernación; así debe ser, y por supuesto que así lo vamos a hacer. Cada trámite lo vamos a desahogar en sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación. Como debe ser.
Simplemente era un acuerdo para agilizar el trámite de asuntos que son ampliamente conocidos y vistos por la Cámara, antes incluso de que pasen al turno de comisiones. Y el PRI estuvo de acuerdo, debo decir. Aquí no se trata tampoco de empezar a echar responsabilidades, pero debo decir que nosotros recibimos, atentamente, respetuosamente, el apoyo en esta decisión de uno de los secretarios del Grupo Parlamentario del PRI, en la comisión, que es el señor diputado Luis Carlos Campos.
Tuvimos en ese sentido, dábamos por hecho que se iba a compartir este acuerdo entre todos los miembros de las bancadas. Evidentemente sé que hay una falta de comunicación. No se repetirá. Pero no admito que Augusto Santiago diga que esto es una negociación oscura. Está acostumbrado a verlo todo así. En este caso no es así.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El diputado César Augusto Santiago.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): ¿Para ``agilizar el trámite''? ya llevamos dos veces retirando los dictámenes del caso. ¿Ésa es la forma usual de agilizar los trámites? Y por tercera vez estamos en el tema, ahora con una discusión totalmente irregular, como las que se han acostumbrado aquí, donde bien a bien no sabemos qué discutimos ni qué votamos, por la torpeza en el manejo de las acciones que deben ser transparentes.No es correcto que se impute a los secretarios que no entraron en comunicación con los miembros de la comisión. La comisión es un cuerpo colegiado, que tiene una directiva que organiza los trabajos de la comisión; no que toma decisiones por la comisión. Y hay la costumbre de que para cualquier asunto se cita a la comisión y se le informa; no se usan voceros. Creo que éste es un buen momento para que usted establezca una directriz a efecto de que los presidentes convoquen a sus comisiones y presenten los temas a discutir al pleno de las comisiones, y no solamente a los secretarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con mucho gusto, su comentario lo transmitiremos a la Conferencia para efecto de poder tener la regla correspondiente.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Solicita la palabra el diputado Luis Carlos Campos.
El diputado Luis Carlos Campos Villegas (desde la curul): Por alusiones personales, señor presidente.Únicamente para aclarar el dicho del diputado Javier Corral. En cumplimiento a la convocatoria y como integrante de la mesa directiva, comparecí a la sesión a que nos convocó la Comisión de Gobernación en cumplimiento al desahogo del orden del día en lo que se refirió a los proyectos de los dictámenes ahí presentados. Yo lo revisé, lo estudié, lo analicé, y lo avalo en lo conducente.
Sin embargo, en ningún momento me comprometí a cabildear, a platicar con los integrantes de la Comisión o con los demás secretarios, lo cual, en todo caso, carece de sentido y de la más elemental lógica de procedimiento, toda vez que cada diputado tiene, por supuesto, su propia voluntad y su calidad de par en las comisiones y en este pleno. Por tanto, a ellos les toca decidir el sentido de su voto.
Por lo que a mí refiere, yo me hago responsable de la aprobación, en su caso, de ese dictamen, pero que en todo caso tiene que seguir el trámite legislativo correspondiente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En virtud de la propuesta con toda claridad, del señor presidente de la Comisión de Gobernación, y a efecto de que concluya el trámite, le pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si está de acuerdo en que se regresen los dictámenes a la propia Comisión de Gobernaciónpara que pueda concluir el trámite correspondiente.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea la propuesta del señor presidente de regresar los dictámenes a la Comisión de Gobernación. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias.En consecuencia se regresan los dictámenes a la Comisión de Gobernación para que concluyan el trámite correspondiente.
VOLUMEN II
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia informa a la asamblea que se recibieron diversas proposiciones con punto de acuerdo que tienen relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, por lo que le solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a los enunciados y proponentes.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Cárdenas, a sus órdenes.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Hay un error, no sé si de Servicios Parlamentarios o de quién. Hay un punto, de la Junta de Coordinación Política; presenté una proposición con punto de acuerdo en donde solicito una modificación al artículo 18 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos, y lo pusieron solamente como ``sólo turno a Comisión''. A mí me gustaría, si hay oportunidad, exponer este punto ante el pleno.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado, así nos lo enviaron de la Junta de Coordinación Política, sería importante que se revisara cuál fue el procedimiento y el tratamiento que se le dio en ése órgano de gobierno. Pero ahorita continuamos en este procedimiento, pidiéndole a la Secretaría dé lectura a los enunciados y proponentes.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Premio Nacional de la Cerámica, a cargo del diputado David Hernández Pérez , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se asignen suficientes recursos al Premio Nacional de la Cerámica.
Exposición de Motivos
La artesanía en cerámica es una de las actividades más antiguas y difundidas. El artesano fabrica objetos tanto utilitarios como artísticos y decorativos, a base de arcilla, cocida a bajas y altas temperaturas que pueden ser decorados con diferentes colores, motivos y materiales complementarios.
Las artesanías en general se producen en los talleres familiares o en los talleres del maestro artesano en áreas rurales e incluso urbanas, se dirigen a un consumo para cubrir necesidades elementales con productos como la loza de barro, sombreros, petates, huaraches, muebles, bordados, etcétera. Incluso, aún se producen objetos ligados a la vida ceremonial de las clases campesinas y populares urbanas. La serie de danzas, fiestas y otro tipo de celebraciones es verdaderamente un espacio para demostrar la artesanía compleja que aun realizan los maestros artesanos.
El artesano en México en su gran mayoría pertenece al sector económico y social con mayor marginación, sus condiciones de vida y de educación pareciera que han dejado de interesar e incluso vemos con tristeza como día con día los jóvenes han perdido el interés en el oficio.
En la actualidad en México se trabajan más de 27 ramas artesanales, casi todas con características prehispánicas en cuanto al material utilizado.
La introducción de nuevos elementos y conceptos en la confección de varios objetos artesanales, la utilización de la tecnología y el sentido artístico de los indígenas, ha creado mediante una amalgama cultural o sincretismo, una artesanía bella y vasta que se conserva y enriquece.
El uso del torno alfarero y del telar de pedales, entre otros, así como diferentes materias primas --lana, barnices plúmbeos, entre otros--, produjeron grandes cambios en la artesanía desde los primeros días de la invasión europea.
Hoy asombra y emociona contemplar la arquitectura, la pintura mural, la obra escultórica en barro o en piedra y las delicadas piezas de orfebrería sin otros elementos para doblegar al metal, que piedra para cincelar, cera, arcilla y fuego.
La cerámica es una de las ramas más importantes del arte popular de México, ya que en la mayoría de los estados se desarrolla esta actividad, aunque diferenciada por estilos, técnicas y acabados, modelada o moldeada policromada o esgrafiada, bruñida o esmaltada. A los enseres domésticos y utilitarios se agrega la producción de piezas con fines rituales y en otras sólo ornamentales, sin olvidar que con frecuencia a la cerámica utilitaria se le aplican formas escultóricas que le dan un valor agregado.
La cerámica actual de México es uno de los ejemplos más vivos del mestizaje visualizado desde la producción artesanal. Por un lado conserva la herencia hispánica no sólo en cuanto a la técnica, que ha permanecido casi intacta hasta nuestros días, sino también algunos tipos y formas, por ejemplo la mayólica y el estilo de talavera, así como la enorme gama de cerámicas vidriadas. Por el otro lado aflora en ella la base cultural indígena, que se refleja tanto en técnicas ancestrales, el uso, la forma el color y la decoración de muchas piezas de barro natural, engobado o bruñido.
El alfarero mexicano ha mantenido su producción dentro de la tradición técnica, el decorado y la quema, pues siguen manufacturando las formas clásicas con escasas variantes, principalmente la loza de tipo doméstico. Sin embargo, al igual que otras manifestaciones de la cultura popular, la cerámica tradicional va siendo desplazada por los productos industrializados. Así las nuevas creaciones de los alfareros, al evolucionar pierden una de sus características esenciales: la utilidad cotidiana.
En México se emplean diversas técnicas para la manufactura de la cerámica. Quizás la más antigua y que sigue vigente en muchas comunidades del país, especialmente indígenas, es la del moldeado a mano.
En 1977 se origina en Tlaquepaque un concurso en el que se convoca a los artesanos de todo el país a participar con 2 categorías y un premio especial; además un pergamino firmado por el entonces presidente Municipal de Tlaquepaque, Jalisco.
En 1979 se obtiene el aval del gobierno federal con apoyo económico y el otorgamiento de un pergamino suscrito por el presidente de la república, José López Portillo.
En 1995 el acto se posicionó como el de mayor importancia en nuestro país con el reconocimiento de instituciones como Fonart, Conaculta y el INI; se forma la Asociación Nacional de Galardonados y se registra el patronato como asociación civil, la cual lamentablemente por circunstancias económicas y políticas no prosperó. Para ese entonces estaban establecidas seis categorías con tres primeros lugares cada una y tres premios especiales entre los que se incluía el Galardón Presidencial.
Consolidado como uno de los eventos más trascendentes de nuestro país y reunir a todos los estados ceramistas debido a la capacidad de su convocatoria en la que se ofrece apoyo de transporte, alimentación y hospedaje por una semana a los participantes, en la que participan en seminarios, conferencias y talleres. Es un acto que busca rescatar y mantener una tradición milenaria a través de la participación de artesanos de todo el país.
Uno de los principales motivadores para los concursantes es el ser acreedores del Galardón Presidencial, presea que se otorga de manos del presidente a un representante; este es un pergamino suscrito por éste, además se otorga un estimulo económico.
El marco de esta ceremonia se encuentra sustentado por los principales instituciones involucradas en la cultura y las artes, como son el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fomento Nacional para las Artesanías, la Secretaria de Turismo, el Instituto Nacional Indigenista, y la Dirección de Culturas Populares.
Asimismo, gracias al esfuerzo por la administración municipal de Tlaquepaque y a la participación de diversos organismos de gobiernos federales, estatales y municipales y a la importante colaboración de los patrocinadores se logra conformar una digna e importante bolsa de premios.
Este certamen ha alcanzado una participación efectiva de 800 artesanos, provenientes de 75 localidades de 27 estados de república, con mil 800 piezas registradas que han participado en las ahora 7 diferentes categorías.
Desde hace más de 20 años el acto más importante de la feria es el Premio Nacional de la Cerámica. El municipio de Tlaquepaque es considerado uno de los centros de producción alfarera más importante del país; la cerámica ha alcanzado un notable adelanto y perfección en sus diferentes ramas, como son cerámica bruñida o de olor, canelo, bandera, veros, chapeada, matiz, petatillo, caolín, de alta temperatura, y de lumbre; de todas estas se pueden obtener nacimientos, figuras tipo miniatura, cazuelas, ollas, jarros, macetas, floreros y platos.
Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 suficientes recursos al Premio Nacional de la Cerámica.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Gobierno del Distrito Federal en materia de apoyo de la mujer rural, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de apoyo a la mujer rural, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional durante 2009, el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como los pobladores rurales e indígenas.
Segundo. Que otro de los núcleos de población más desfavorecidos es el de las mujeres rurales en zonas de marginalidad y alta marginalidad, en colonias populares y pueblos originarios.
Tercero. Que esta población ha recurrido a los apoyos que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de sus programas y actividades, los cuales resultan insuficientes ante la demanda solicitada.
Cuarto. Que el proyecto sobre mujer rural en el Distrito Federal tiene como objetivo brindar capacitación y apoyo financiero a mujeres de las 7 delegaciones rurales (Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa) para desarrollar sus proyectos productivos sustentables, otorgándoles las herramientas necesarias para su consolidación, que les permita superar las adversas condiciones económicas y sociales, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de su comunidad.
Quinto. Que también pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres de las 7 delegaciones rurales, que puedan contribuir al gasto familiar, valerse por sí mismas, y estar en posibilidades de ingresar al ramo productivo de esta ciudad.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 4 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto Capacitación y Consolidación de Proyectos Productivos para Mujeres de las 7 Delegaciones Rurales del Distrito Federal, provenientes del Ramo 08, ``Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación''. Estos recursos no estarán sujetos a reglas de operación y serán entregados íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se considere una reducción del gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, diputado Juan Carlos Natale López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Atinadamente, tal y como lo han señalado los teóricos de las finanzas públicas: ``Todo problema de ingreso representa un problema de gasto''. Y es que uno de los factores más importantes para que la sociedad, y particularmente, los contribuyentes acepten en algún grado la carga fiscal que deben soportar, resulta de la percepción que tengan del uso y destino de dichos recursos.
En la medida que aumentan los casos de corrupción, la desviación de fondos y el derroche de recursos burocráticos al amparo del ejercicio del gasto público, como actualmente sucede, difícilmente se podrá reformar el sistema fiscal aumentando la carga tributaria sin generar un amplio descontento entre quienes deben de cubrir sus obligaciones fiscales; resultando en última consecuencia, que a quienes se les ``impone'' la carga impositiva busquen evadirlas o eludirlas, justificando así un incentivo más para no contribuir al financiamiento de las actividades públicas, independientemente de la percepción sobre el beneficio que éstas le reportan a la sociedad, las facilidades para el pago o del carácter coercitivo-legal de la tributación.
Así de sencilla es la dinámica tributaria entre el Estado y la sociedad que a pesar de la supuesta irrestricta observancia al marco jurídico tributario por la autoridad, los contribuyentes no se sienten con la más mínima confianza para aportar a los caudales hacendarios; y lo más grave, esto se significa, cuando en realidad, es el gasto público el factor determinante en las inversiones directas e indirectas, y parte neurológico del crecimiento de la economía.
Sin embargo, al actual gobierno, quien pretende con su propuesta de recorte al gasto y a la inversión, venderle nuevamente mentiras al pueblo de México y seguir en la plenitud de sus derroches y privilegios burocráticos que sin concesiones con el pueblo, ni los demás gobiernos, sacrifica día a día, millones de pesos en sueldos, salarios y en servicios administrativos muchas veces innecesarios.
¿Pero qué pasó?
Es que, como dijera el clásico popular, ``la costumbre se hace ley''; y así como en 2008 y en lo que va de 2009 se ha incrementado abruptamente el gasto corriente más allá de lo aprobado: en plena crisis, el gobierno federal elevó 14.5 por ciento el gasto corriente.
En efecto, erogó 219.5 mil millones de pesos más en gasto corriente respecto del presupuestado en 2008 cuando esta soberanía aprobó un monto por gasto corriente de 1 billón 508 mil 979 millones de pesos; es decir, el incremento vigente representa el 74.49 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ahora bien, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, por gasto corriente y --en sus cuatro componentes principales-- presenta incrementos, tanto en términos absolutos como relativos. Los servicios personales se pretenden incrementar en 6 mil 796.2 millones de pesos, al pasar su asignación de 822 mil 329 millones de pesos en 2009 a 829 mil 125.2 millones en 2010, significando un incremento relativo real de 0.8 por ciento. El rubro de pensiones y jubilaciones es el que presenta el mayor crecimiento en términos reales, siendo este del orden de 16.1 por ciento, al incrementarse el monto asignado de 263 mil 932.2 millones en 2009 a 306 mil 502.8 millones de pesos en 2010, una variación absoluta de 42 mil 570.6 millones de pesos.
Por otro lado, la propuesta del ``Programa de Austeridad'' prevé la reducción de 27 mil 700 millones de pesos en servicios personales, de 38 mil 750 millones en gastos administrativos y de operación de las dependencias y entidades, y de ahorros de hasta seis mil 500 millones de pesos; sin embargo, esto no es ni siquiera lo mínimo necesario que debe hacer la administración pública federal para satisfacer las necesidades básicas de la población en un futuro cercano.
Curiosamente para algunos, una reducción del 50 por ciento al gasto anual de los partidos políticos, es la respuesta para resolver la miseria y la pobreza, hasta el punto de afirmar que sería inmoral el aprobar el paquete económico 2010 sin estas reducciones.
Nada más que es muy fácil, decir que se tiene un compromiso con la ciudadanía, que van a tener una acción responsable y por tanto voy a reducir sustancialmente mis recursos, cuando desde sus raíces, se trata de una propuesta de quienes apoyaron la campaña del Ejecutivo federal, y que directamente esperan depender en un futuro cercano de los programas y estructuras de apoyo al desarrollo social.
Ahí sí, si se trata de demagogia, ya que el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo se observa que si bien, el gasto programable para 2010, propuesto para las dependencias del Ejecutivo federal por 767 mil 692.6 millones de pesos, registra un decremento real de 7.6 por ciento, con respecto a lo aprobado en el 2009; en su interior, las dependencias que registran incrementos reales, son: la Secretaría de Desarrollo Social con 18.0 por ciento, Relaciones Exteriores 8.7 por ciento, y la Secretaría de Salud 0.3 por ciento, casualmente se trata de las dependencias encomendadas del desarrollo social y la elite del Ejecutivo que a costa del erario goza de una vida suntuaria desde el extranjero.
Estas propuestas de asignaciones del gasto evidencian las prioridades del Ejecutivo, y al mismo tiempo, queda bastante claro que a este gobierno lo mueve más los intereses coyunturales político-electorales que las necesidades reales de la gente.
De esta manera se reitera la necesidad de que las propuestas se asienten con una fundamentación y motivación alejada de la mezquindad que oculta las verdaderas intenciones y que trata de evitar que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay capacidad, y que no quieran tener un Estado fuerte, simplemente quieren exigirles que recauden más para los que más tienen.
En un régimen democrático, la propuesta entonces debería guardar congruencia entre el recorte del 50 por ciento al gasto del IFE y de los partidos políticos, con respecto del gasto corriente de las dependencias a cargo del Ejecutivo federal; pero esta condición porcentual limitaría sumamente las actividades convencionales de ente político y administrativo.
Uno de los compromisos que asumimos como responsabilidad los legisladores del PVEM con nuestros electores, es que mantenemos el propósito de procurar reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios: desde el presidente de la República; niveles subsecuentes hasta directores generales; ya que esto, representaría un ahorro significativo y una satisfacción moral con la ciudadanía; ya que tan sólo, de los mil 800 funcionarios de mandos superiores --director general, jefe de unidad, oficial mayor, subsecretario y secretario-- que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que erogaría por salarios, este año, un total de 4 mil 300 millones de pesos; ¿de cuánto sería entonces el ahorro de 65 mil funcionarios con rangos similares? Aproximadamente de poco más 30 mil millones de pesos; que son más de los recursos que la dependencia federal de Desarrollo Social quiere destinar el siguiente año al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para empadronar a 1 millón 500 mil personas más, con la justificación de ejercerlos, supuestamente, sin injerencia de intereses partidistas, ni de gobierno.
En este sentido, si el compromiso contraído con la ciudadanía el pasado 5 de julio, obliga a ajustarnos a las condiciones económicas, esto no significa que los programas sociales también vayan a ajustarse a los propósitos del Ejecutivo federal a costa de la creación de nuevos impuestos; y menos aún para fines distintos a los sociales.
En tal virtud, proponemos someter al interés público y de ésta soberanía, la propuesta de recorte al gasto público por concepto de gasto corriente tanto a dependencias y entidades del Ejecutivo federal, Poderes Legislativo y Judicial; organismos constitucionalmente autónomos, así como a los partidos políticos en aras de mantener congruencia y sobriedad con las condiciones económicas que prevalecen en el país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco del análisis, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; a que considere la reducción del 10 por ciento del gasto corriente de las dependencias de la administración pública federal, Poderes Legislativo y Judicial; organismos constitucionalmente autónomos a partir de una reducción de la estructura de sus mandos superiores y oficialías mayores, y la reducción del 10 por ciento en los salarios, remuneraciones y prestaciones que sobresalen de los derechos previstos por ley para mandos superiores del gobierno federal, y se destinen a un fondo de combate a la pobreza en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destine el mismo monto, en términos reales, que el asignado en 2009 al programa Habilidades Digitales para Todos, de la SEP, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Jaime Arturo Vázquez Aguilar , integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
El rápido desarrollo de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la innovación de los sistemas digitales, tienen una función estratégica en el crecimiento económico y la competitividad de un país. El acceso a la información y el intercambio de conocimientos en una sociedad están determinados por factores fundamentales como la educación, el marco normativo y jurídico y los recursos que cada país destina para desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su capacidad para generar y utilizar conocimientos.
En México, el panorama en materia de inclusión digital presenta muchas desigualdades. Por un lado existe un sector muy pequeño que se encuentra al mismo nivel de equipamiento y de conocimiento que los países del primer mundo; por la otra, la mayor parte de la población usa de manera elemental el medio, sin obtener todo el provecho que podría; lo que nos conlleva a que la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos nunca han tenido la oportunidad de asomarse a la realidad de las computadoras y la Internet.
El analfabetismo digital es una barrera decisiva para el acceso de la sociedad mexicana a las oportunidades en un mundo globalizado pues, en la actualidad, no basta con saber leer y escribir; para competir exitosamente hace falta también saber utilizar las computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones informáticas. Ser parte de esta red permite acceder, intercambiar y generar ideas y cultura de tal manera que las oportunidades de las personas para elevar su potencial y su calidad de vida se amplían notablemente.
Cifras de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) muestran que como reflejo de la actual recesión económica mundial, el sector de las telecomunicaciones registró un crecimiento de 11 por ciento anual durante el segundo trimestre del año (abril-junio de 2009), la cifra más baja del sector en casi 7 años; además, esta tasa es 27 puntos porcentuales menor a la observada el año anterior de 37.6 por ciento.
Un estudio de la Asociación Mexicana de Internet señala que en 2008 existían en México 27.6 millones de usuarios de Internet que representa aproximadamente la cuarta parte de la población total del país (22.7 millones de internautas de 6 años en adelante en zonas urbanas y 4.9 millones en zonas no urbanas), obteniéndose una tasa de penetración nacional de Internet de 29.7 por ciento, comparado con los 84.4 por ciento de los Países Bajos, 71.7 por ciento de Canadá y 80.5 por ciento de Suecia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que, a pesar de las dificultades, la tasa de crecimiento de usuarios de Internet en el periodo 2001-2008 fue de 17.8 por ciento, es decir, muestra avances.
El 77 por ciento de los cibernautas mexicanos tiene menos de 35 años, lo que significa que los jóvenes son quienes más uso hacen de la tecnología y también los primeros que las adoptan.
Entre la población con escolaridad de nivel primaria, la proporción de quienes usan Internet es de uno de cada diez; para los de nivel secundaria, la proporción se duplica y, en quienes cuentan con estudios de postgrado, llega a ocho de cada diez.
En 2008, las actividades específicas realizadas en Internet muestran que lo referente a consultas de corte académico significó un porcentaje de poco más de 43 por ciento, superando al correo electrónico, la búsqueda de información en general y el chat.
Por lo que se refiere a los lugares de acceso, tres de cada cinco usuarios de Internet hacen uso de los servicios de la red desde un sitio fuera del hogar (62.3 por ciento). Pues solamente 1 de cada 10 hogares en México cuenta con conexión a Internet, es decir 3.7 millones de hogares.
De los hogares con computados (14.5 millones), el 48 por ciento señaló no contar con conexión a Internet; de éstos, poco más de la mitad registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red, una cuarta parte manifestó no necesitarla.
Según el estudio Hábitos de los usuarios de Internet en México (mayo de 2009), 63 por ciento de las personas de mayores ingresos en México están en Internet y, aunque la penetración del universo de internautas ha aumentado en los últimos años en los niveles socioeconómicos más bajos, éstos aún no cuentan con las mismas oportunidades de acceso y uso de las tecnologías de la información.
El Reporte mundial de tecnologías de información 2008-2009 señala que el mercado digital global está claramente dominado por Europa y Estados Unidos de América, que representan 61 por ciento del volumen total a nivel mundial, porcentaje que aumenta a 75 por ciento si se consideran también Corea del Sur y Japón. La parte que corresponde al resto de los mercados asiático y americano, Oceanía y África, se reduce a un 25 por ciento, poniendo de relieve la diferencia de éstos respecto a los otros.
En el caso de Latinoamérica, la participación asciende a 7 por ciento del total. En América Latina y el Caribe sólo 4 países alcanzaron clasificar dentro de los 50 mejores del mundo, a saber: Chile (34), Barbados (38), Puerto Rico (39), y Jamaica (46).
México registra un avance en materia de competitividad a nivel global pero, en Tecnologías de la Información (TI) reporta un rezago frente a otros países. Perdió posiciones en el ranking mundial en TI, pasando del lugar 49 en el indicador, de 2006-2007, al 58 en el reporte de 2007-2008.
Los elementos más problemáticos para el país, según el reporte, son entre otros el marco regulatorio y político, así como la infraestructura y la preparación individual; sin embargo, la principal traba está relacionada con la educación y la falta de disponibilidad de personal especializado. A esto se suma el problema de los costos de acceso a las TI, por ejemplo, el acceso a Internet en México continúa siendo un lujo.
Ante las cifras que indican que en el país existe una grave brecha digital entre quienes utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y las que no tienen acceso a éstas, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 consideró estratégico establecer condiciones para que el país se inserte en la vanguardia tecnológica, a través del el impulso de una economía digital y de una industria de tecnologías de la información y comunicación que se traduzca en mayor una competitividad y productividad a nivel mundial.
En el eje de igualdad de oportunidades, en la parte de transformación educativa se plantea como objetivo impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.
Dentro de las estrategias para alcanzar esta meta se encuentran el fortalecimiento del uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación desde el nivel de educación básica, así como el impulso de la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y materiales digitales, y el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a plataformas tecnológicas y equipos más modernos.
Por ello, uno de los objetivos de la administración actual es la de fortalecer los programas que permitan utilizar nuevas tecnologías para la enseñanza de los planes de estudio, diseñando los instrumentos más adecuados para que los maestros reciban capacitación en el uso de estas tecnologías y apoyando el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares.
En el programa sectorial se reconoce la necesidad de impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
Ante la problemática ocasionada por la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, ya los avances en materia de tecnología e información, y acorde a los problemas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial relativos a la educación básica integral y tecnológica, se crea el programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT), que representa una clara estrategia que pretende contribuir al cumplimiento de los objeticos planteadas en materia educativa mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación.
Los beneficiarios del PHDT son, durante la primera fase de éste, los alumnos y docentes de primer grado de las escuelas secundarias generales y técnicas y telesecundarias seleccionadas y, posteriormente, la comunidad escolar de cada centro educativo participante.
El programa proporciona apoyo económico a las entidades que hayan solicitado la incursión de algunas de sus escuelas en el PHDT para que promuevan la implementación de un modelo educativo, apoyado en tecnologías de la información y la comunicación, para supervisar la capacitación a los docentes y directivos para fomentar su uso en la educación básica, mediante la instalación de aulas de medios.
En el informe final de la evaluación externa 2009 en materia de diseño del PHDT que realizó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) se refrendó la importancia de este programa, concluyéndose que
A pesar de los claros beneficios de la aplicación de este programa en las zonas y comunidades que más lo necesitan y de la grave desigualdad en materia de acceso digital que existe en el país, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se asignaron solamente 595 millones, reduciéndose en 410 millones comparado al monto asignado en 2009 que fue de mil 5 millones de pesos, lo que representa una reducción que se traduce en un retroceso para el avance y cumplimento de los objetivos de este programa.
*Incluye ampliación honorable Cámara de Diputados por 400 millonesEllo, aunado a la posible aprobación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en telecomunicaciones, que repercutirá directamente en su crecimiento e inhibirá a los estratos más vulnerables de la población; los cuales, paradójicamente, son los que presentan, como ya vimos, un mayor crecimiento en la adopción y utilización de Internet, el 44 por ciento de los internautas pertenecen a los niveles socioeconómicos D+, D y E (tabla 2 hoja 4).
El programa Habilidades Digitales para Todos tiene considerado, durante el ejercicio de 2010 y con el recurso regularizable, la integración instruccional, la capacitación, la acreditación, y certificación de docentes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, el monitoreo, el seguimiento y la evaluación del programa, así como el equipamiento de mil 923 aulas de medios en secundarias generales y técnicas.
Adicionalmente, se busca realizar el desarrollo del modelo educativo de habilidades digitales para todos, con un monto estimado de 500 millones que se desagrega en el desarrollo de nuevas herramientas como sistemas informáticos para apoyar la gestión educativa y escolar, para lo cual se solicitan 6 millones, el mantenimiento de 32 mesas de soporte técnico y pedagógico para recibir 170 mil 483 aulas Enciclomedia por 11 millones, así como la administración del portal, hosteo, desarrollo de infraestructura y licenciamiento por 15 millones, además equipar mil 557 aulas con conectividad wimax por 405 millones, el desarrollo de 250 planes de clase para 6 materias pendientes de primero de secundaria por 13 millones, el desarrollo de 250 objetos de aprendizaje para 6 materias pendientes de primero de secundaria por 13 millones, el desarrollo de mil 250 reactivos para 6 materia pendientes de primero de secundaria por 12 millones, la continuidad al estudio de fase experimental de 200 escuelas, el estudio muestral a las 2 mil 775 escuelas secundarias equipadas en 2009 por 15 millones, así como el estudio de seguimiento al uso de nuevos materiales HDT de primero a tercero de secundaria por 10 millones.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza fomentar la conectividad y hacer universal el acceso a las tecnologías digitales es un compromiso, por ello debemos trabajar en los obstáculos que impiden la participación de la mayoría de las mexicanas y mexicanos en la revolución digital.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destine el mismo monto en términos reales al asignado en 2009 al programa Habilidades Digitales para Todos, de la Secretaría de Educación Pública.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para diversos proyectos de conservación, mantenimiento urbano e infraestructura en la delegación Venustiano Carranza, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se considere una partida presupuestaria para diversos proyectos de conservación, mantenimiento y creación de infraestructura urbana en la delegación Venustiano Carranza, a cargo de la suscrita al tenor de las siguientes
Consideraciones
La delegación Venustiano Carranza representa 2.24 por ciento de la superficie total del Distrito Federal, lo que equivale a una área de 33.42 kilómetros cuadrados, cuenta con un total de 70 colonias, conformadas a su vez por 3 mil 220 manzanas y con una población de 447 mil 459 habitantes. Esta demarcación política es sede de este recinto legislativo y de instalaciones estratégicas para el país, como lo es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lo anterior provoca que reciba a diario una población flotante muy numerosa nacional e internacional.
Actualmente, la delegacion Venustiano Carranza es señalada como un zona de alta concurrencia y punto de unión de diversas franjas comerciales y negocios de la Ciudad de México, como son los mercados de La Merced, Sonora, Jamaica y Santa Juanita entre algunos otros.
Lo anterior ha provocado que el presupuesto asignado en ejercicios anteriores resulte insuficiente para cubrir servicios básicos como educación, salud, vivienda y saneamiento los cuales son indispensables para brindar una mejor calidad de vida a quienes trabajan, visitan y habitan esta zona.
De acuerdo con datos obtenidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la delegación Venustiano Carranza ha sido de las demarcaciones del Distrito Federal que ha ido en decremento, catalogada como la novena delegacion menos desarrollada del Distrito Federal.
Por ello se requiere la conservación, mantenimiento e infraestructura urbana, con obras públicas de alto impacto que permitan el desarrollo y bienestar de la población, no podemos negar que las características del entorno siempre se verán repercutidas en la vida de los pobladores, es por ello que es imperante la realizacion necesaria de las siguientes acciones de mejora como:
1. La conservación y mantenimiento a la imagen urbana de la calzada General Ignacio Zaragoza, con un gasto programado de 80 millones de pesos contemplando los siguientes rubros:
2. La construcción de la preparatoria del Gobierno del Distrito Federal ``José Revueltas'', con un gasto de 80 millones de pesos.
3. Un programa de mejoramiento urbano integral en el entorno al aeropuerto internacional de la Ciudad México, con una erogación de 205 millones de pesos destinados a:
4. Conservación y mantenimiento a la red de agua y saneamiento, con un gasto programado de 137 millones de pesos, los que se destinaran a los siguientes conceptos:
5. Conservación y mantenimiento a la infraestructura comercial en los mercados de La Merced nave mayor, ubicado en la calle de Rosario, colonia Centro y el mercado de Santa Juanita, ubicado en la colonia 20 de Noviembre, con un gasto programado de 75 millones de pesos, mismos que se destinarán a:
6. Ampliación y remodelación para los hospitales Balbuena, Moctezuma e Inguarán. Con una erogación de 3 millones 900 mil pesos pesos, que se destinarán a:
7. Construcción de los centros de desarrollo infantil de la delegación Venustiano Carranza Fortino Serrano (Viveros) y Venustiano Carranza (anexo sur), así como las ampliaciones del Felipe Ángeles, Arenal (Xochistlahuacan), y la del Cendi 28, Lucas Alamán, con una erogacion de 20 millones 500 mil pesos.
8. Conservación y mantenimiento a los centros culturales: Federal, Casa de Cultura, Benita Galeana, Tierno Galvan y el centro cultural Ramírez y Ramírez, con un gasto de 31 millones de pesos, destinados al mantennimiento en general y a la construccion de diversos espacios.
9. Construcción, conservación y mantenimiento de los deportivos Moctezuma e Ingeniero Eduardo Molina, con un gasto programado de 68 millones de pesos, con las siguientes acciones:
Quiero resaltar que la importancia en la conservación y mantenimiento de esta delegacion no es un lujo, por el contrario, es una necesidad y una deuda social, que estoy segura ayudará a abatir los índices delictivos que presenta esta zona, aún más, permitirá realizar actividades comerciales, deportivas y educativas en condiciones óptimas que fomenten el crecimiento cultural, social, comercial y económico de los ciudadanos de esta demacación politíca.
Ignorar las necesidades planteadas en el presente punto de acuerdo quizas permita un ahorro al erario público, pero estoy segura pondrá en riesgo la vida de una gran cantidad de ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito al pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Camara de Diputados que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, establezca una partida presupuestal por la cantidad de 700 millones 400 mil pesos para la realización de los proyectos de conservación, mantenimiento y creación de infraestructura urbana, contenidos en el presente punto de acuerdo, a favor de la delegación Venustiano Carranza.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan Bicentenario, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Sergio Mancilla Zayas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo para que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la federación para 2010 recursos destinados para la creación de la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan Bicentenario.
Exposición de Motivos
En un escenario mundial donde la productividad se advierte como premisa fundamental del desarrollo económico y social, los gobiernos tienen que desplegar los mayores esfuerzos para dotar a la población de las mejores condiciones para insertarse exitosamente dentro de las duras exigencias de la competitividad en todos los órdenes.
En este contexto, está fuera de toda discusión la importancia primordial de la educación superior como elemento detonador en los resultados del conocimiento productivo y en la necesaria ampliación de espacios para las oportunidades que exigen las nuevas generaciones de mexicanos, de la mano con la visión de una sociedad más equitativa.
Es oportuno destacar, el reconocimiento de que los más importantes avances que ha logrado nuestro país, han sido precedidos por estrategias decididas de apoyo a la educación y al conocimiento científico; sin extendernos demasiado podemos revalorar, el impulso a la alfabetización masiva, el alcance de la educación primaria y secundaria para todos los niños en edad escolar, la autonomía de la UNAM y la multiplicación de las universidades públicas y privadas a lo largo y ancho del país, la creación del Instituto Politécnico Nacional y la proliferación de tecnológicos también a nivel nacional.
Precisamente por ello y por las expectativas de progreso que despierta la educación superior, sobre todo en plazas de alta concentración de jóvenes, y tomando en cuenta que es en estos emplazamientos donde la matrícula puede lograr los más elevados índices de optimización de los recursos, dada la elevada demanda educativa y cercanía de los estudiantes a los potenciales centros universitarios de nueva creación, es que apoyamos la propuesta sostenida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, para la creación de la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan Bicentenario, como un eslabón más de las instancias universitarias que promueve el gobierno del estado de México a partir de la creación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB).
Cabe señalar que la UMB es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, que vía un convenio de coordinación y financiamiento con el gobierno federal a través de la SEP se constituye esta institución.
Este proyecto se apoya en un conjunto de indicadores por demás concluyentes:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, la cantidad de $60´000,000.00 (sesenta millones de pesos) para la creación de la Unidad de Estudios Superiores Naucalpan Bicentenario.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el programa Oportunidades, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama , del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama a la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los programas de mayor éxito del gobierno federal es el programa social Oportunidades, el cual fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos.
La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se definen en las reglas operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral.
Uno de los principales objetivos del programa es otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos; asimismo, asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias.
Oportunidades es un programa exitoso que está cambiando la vida de 25 millones de mexicanos a través de su cobertura a más de 5 millones 200 mil familias que viven en más de 95 mil localidades del territorio mexicano, de las cuales 70 de cada 100 familias beneficiadas son rurales y más de un millón 200 mil familias son indígenas. En los 389 municipios de muy alta marginación del país apoya a más de 90 por ciento de la población; además, cubre la totalidad de los municipios del país, se concentra y da prioridad a los estados de mayor pobreza.
Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, de hecho recientemente ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); además, Oportunidades funge como modelo para la implementación de programas similares en otras partes del mundo, tal como el recién creado Opportunities NYC, el primer programa de transferencias condicionadas en territorio estadunidense.
A pesar de los esfuerzos y las medidas responsables del gobierno federal para hacer frente a la crisis financiera internacional, es necesario enfatizar y hacer conciencia de los efectos que ésta tiene sobre la economía de las familias mexicanas, especialmente de las que menos tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
En el Grupo Parlamentario del PAN estamos conscientes de la importancia de la elaboración de un presupuesto de egresos responsable que haga frente a la crisis financiera internacional; por lo que se señala que el programa oportunidades es una herramienta necesaria para superar esta difícil situación; además ha quedado demostrado que a través del programa se combate responsablemente las situaciones de pobreza extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños y jóvenes especialmente en las mujeres.
Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de forma respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el programa de desarrollo humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con el objetivo de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos en el rubro de salud, particularmente para prevenir y atender el cáncer de mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010 se aprueben mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención y la atención del cáncer de mama.
Antecedentes
1. A causa de este padecimiento y de acuerdo con datos que aporta la Organización Mundial de las Salud (OMS), una mujer es diagnosticada cada 30 segundos en el orbe, indicando igualmente que, de cada 36 casos que se diagnostican, 32 ya están en niveles avanzados.
2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día, actualmente las que lo padecen tienen una esperanza de vida de 58 años.
3. Según información de la Secretaría de Salud, desde e1 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer mamario fue de 42.7 por 100 mil mujeres de 25 años y más.
4. Datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que cada año mueren más de 35 de cada 100 mil mujeres mayores a los 55 años de edad.
5. Actualmente, este padecimiento registra mayor incidencia en las entidades federativas del norte del país, sólo superado como causa de muerte por el cáncer cérvico-uterino, aunque según datos de la Fundación Cima, en algunas entidades las tendencias se están invirtiendo.
6. La proyección realizada por organizaciones y especialistas indicaba que para 2010 habrá una tasa de mortalidad de 13 por 100 mil mujeres adultas y cerca de 4 mil 500 defunciones por año por esta causa en México. Sin embargo, según cifras expresadas por el secretario de Salud federal, en octubre del presente año se presenta una tasa de mortalidad de 16.5 por cada 100 mil mujeres.
Considerando
I. Que el cáncer de mama es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión, ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, y entre ellos se encuentran ser mujer, antecedentes familiares de cáncer mamario, primer embarazo después de los 35 años, menarquia temprana, menopausia tardía, enfermedad fibroquística severa, altos contenidos de estrógenos; de los datos expuestos podemos concluir que en la actualidad todas estamos en riesgo de contraer cáncer de mama.
II. La Secretaría de Salud, a través del Programa de Cáncer de Mama, de septiembre de 2008 a agosto de 2009 ha reforzado la infraestructura y accesibilidad a la mastografía, al incrementar el número de unidades móviles con 16 mastógrafos en estados con menor capacidad para la detección, realizaron 142 mil 237 mastografías a mujeres con edades que van de 50 a 69 años de edad que no cuentan con seguridad social, se puso en marcha el funcionamiento de dos centros de lectura, que concentran la productividad de 30 centros emisores, con una capacidad anual para interpretar 75 mil mastografías cada uno, y se capacitó a profesionales médicos multidisciplinarios de todos los niveles involucrados en la detección y control de este padecimiento.
III. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes, debemos trabajar porque las mastografías lleguen a todas la mujeres del país, no sólo cubrir a las que tienen entre 50 y 69 años de edad; por ello, desde este órgano legislativo debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer mamario, así como para exhortar, no sólo al gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, ya que, sin afán de ser reiterativa, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.
Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención, detección y atención del cáncer de mama.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la zona metropolitana del valle de Toluca, a cargo del diputado José Luis Velasco Lino , del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales José Luis Velasco Lino , Emilio Chuayffet Chemor , Eduardo Zarzoza Sánchez, Jesús Alfonso Navarrete Prida , José Ignacio Pichardo Lechuga , Héctor Hernández Silva , Miguel Ángel Terrón Mendoza, Fernando Ferreyra Olivares , Manuel Cadena Morales , José Adán Ignacio Rubí Salazar , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se permiten presentar proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La zona metropolitana del valle de Toluca considerada como la quinta en importancia del país se integra de 22 municipios con una población estimada en poco más de dos millones de habitantes; cabe destacar que esta zona metropolitana ha presentado los mayores porcentajes de tasa de crecimiento media anual, al llegar a 3.4% durante la década pasada, frente a un promedio del 2.2% de las otras cuatro zonas metropolitanas mayores durante la misma década. A pesar de estos datos no ha sido considerada en la distribución de Fondos Metropolitanos.
Segunda. La zona metropolitana del valle de Toluca es afectada en la actualidad en tanto unidad socio espacial por necesidades diversas que se vinculan a variables relacionadas con los niveles de empleo, crecimiento e intercambio de bienes y servicios. De igual manera esta zona metropolitana se ve afectada por la existencia de complejas relaciones sociales más allá de las jurisdicciones formales-territoriales de sus componentes; sin dejar de subrayar la existencia de rezagos y retos crecientes en materia ambiental que afectan por igual a la población de la zona. Finalmente se destaca la existencia de necesidades compartidas por la población de la zona metropolitana de Toluca que se derivan de una continuidad urbana tangible y visible que exige coordinación entre los diferentes ordenes de gobierno y la sociedad civil para enfrentar necesidades comunes de servicios públicos, transportes, vialidades, uso de suelo, agua, saneamiento y un mejor entorno ambiental, entre otras.
Tercera. En razón de lo anterior se aprecia de elemental justicia y equidad en el marco un federalismo solidario que la zona metropolitana del valle de Toluca, dada su importancia, sea participe al igual que otras zonas del país del Fondo Metropolitano contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2010.
Cuarta. Que al tratarse de una zona metropolitana interestatal el Gobierno del Esto de México ha presentado necesidades de asignación de recursos provenientes de dicho Fondo para el próximo año fiscal. Estos recursos de ser aprobados estarían siendo aplicados a diversas obras y proyectos de eminente carácter metropolitano en materia de vialidad, transporte masivo, agua potable y saneamiento, así como medio ambiente de acuerdo a la cartera de proyectos definitiva para la zona.
Por lo anterior sometemos a consideración de esta legislatura la aprobación siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitamos, con carácter de urgente y obvia resolución, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano de la honorable Cámara de Diputados que consideren y destinen, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos del Fondo Metropolitano para ser aplicados en diversas obras en beneficio de más de dos millones de habitantes, los cuales viven e interaccionan sin una estrategia metropolitana en la quinta urbe más grande del país, sin recursos que permitan el crecimiento sostenido de esta gran metrópoli.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Gobierno del Distrito Federal en materia de atención de migrantes y sus familiares, a cargo del diputado José M. Torres Robledo , del Grupo Parlamentario del PRD
José M. Torres Robledo , diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara la proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de atención a migrantes y sus familiares, con base en los siguientes
Considerandos
Que el tema de atención a migrantes en las entidades federativas es uno de los demandantes de recursos presupuestales, puesto que de sus autoridades depende que el ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes, estén en donde estén, se cumpla.
Que el Distrito Federal representa el quinto lugar nacional de expulsión de migrantes, y tiene una movilidad constante de migrantes nacionales y extranjeros; por lo cual es espacio de tránsito de migrantes de Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos y Canadá.
Que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades es la entidad gubernamental encargada de promover a la Ciudad de México como hospitalaria, así como para atender a la población migrante capitalina.
Que la mayoría de las entidades federativas que cuentan con población migrante cuentan con dependencias y comisiones legislativas encargadas de atender los asuntos relacionados con la migración.
Que los derechos humanos fundamentales deben ser ejercidos por todas las personas sin discriminación alguna, de ahí que los gobiernos deben garantizar su defensa a favor de las poblaciones migrantes internas y en el exterior.
Que de acuerdo con la Primera Encuesta sobre Migración y Dinámica Poblacional en el Distrito Federal, realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, realizada en diciembre de 2008, existen alrededor de 750 mil personas en Estados Unidos que habitaban en el Distrito Federal antes de marcharse y que aún cuentan con familia en nuestra capital.
Que el 47.5 por ciento, de la población mayor de 18 años, es decir, 2 millones 850 mil personas de la población del Distrito Federal, tiene un familiar migrante en Estados Unidos o Canadá.
Que la Ciudad de México ocupa ahora el séptimo lugar nacional de recepción de remesas.
Que debe atenderse la situación de los migrantes nacionales en la Ciudad de México, originada en la falta de atención de los gobiernos locales a su población en general, pero especialmente a la indígena, lo que se refleja en un fuerte proceso de expulsión de indígenas de sus lugares de origen hacia el Distrito Federal, provenientes de Oaxaca (37.4 por ciento), estado de México (12.6 por ciento), Hidalgo (10.8 por ciento) y Veracruz (9.7 por ciento), que en conjunto significa el 85 por ciento del total de la población indígena migrante en nuestra entidad.
Que de acuerdo a las condiciones de migración en la Ciudad de México, el diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2008, señala que resalta la importancia de establecer una política pública que aborde las necesidades de la población migrante, solicitantes de asilo y refugiada a fin de facilitar su integración social y económica.
Que la Secretaría de Desarrollo y Equidad para las Comunidades considera someter a la decisión de las y los diputados la aprobación de 18.4 millones de pesos para la implantación de dos proyectos encaminados a ``apoyos productivos para migrantes en retorno'' y ``vinculación con capitalinos en el exterior''.
En consecuencia, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba 18.4 millones de pesos en el Ramo 06, Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, dentro del Anexo 8, vertiente social, Ramo 08, concepto ``Atención a Migrantes'', seguido de la leyenda ``incluye 18.4 millones de pesos para el Distrito Federal.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Gobierno del Distrito Federal en materia de proyectos agrícolas en pequeña escala, a cargo del diputado José M. Torres Robledo , del Grupo Parlamentario del PRD
José M. Torres Robledo , diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal, en materia de proyectos agrícolas a pequeña escala, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional en 2009, el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como son los pobladores rurales e indígenas.
Segundo. Que otro de los núcleos de población más desfavorecidos lo constituyen los grupos familiares, organizaciones de vecinos, personas de la tercera edad en el medio urbano en zonas de marginalidad y alta marginalidad, en colonias populares y pueblos originarios.
Tercero. Que esta población ha recurrido a los apoyos que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de sus programas y actividades, los cuales resultan insuficientes ante la demanda solicitada.
Cuarto. Que los proyectos de agricultura urbana es un medio efectivo en la Ciudad de México para fomentar la agricultura de autoconsumo en apoyo a familias y grupos organizados en colonias urbanas en la utilización de diversos espacios públicos, privados y comunitarios que han sido subutilizados durante décadas.
Quinto. Que los proyectos de agricultura sustentable a pequeña escala en las ciudades resultan exitosos, pues implica poner a producir lotes baldíos, barrancas y espacios disponibles en escuelas, fábricas, dependencias gubernamentales, campos deportivos, jardines, camellones, azoteas, entre otros análogos, con el máximo de eficiencia para obtener la máxima producción de alimentos frescos y sanos, basada en prácticas orgánicas.
Sexto. Que en la agricultura sustentable a pequeña escala convergen modelos productivos de bajo costo e implantación (huertos intensivos, agricultura orgánica y microhuertos), las que permiten la producción continua de alimentos en poblaciones urbanas pobres y tierras aledañas a asentamientos urbanos.
Séptimo. Que la agricultura sustentable a pequeña escala es una herramienta muy valiosa dentro de la seguridad alimentaria, creadora de empleos y de potenciales sociedades productoras que mejora la situación económica de sus participantes, a través de la promoción, establecimiento y seguimiento de la producción agrícola intensiva a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional.
Octavo. Que dentro de los objetivos de este programa se encuentra el fomentar en las zonas urbanas del Distrito Federal, la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos para autoconsumo y venta de excedentes, a efecto de coadyuvar al mejoramiento de la economía y el acceso a los alimentos de las familias del Distrito Federal, a través de la organización comunitaria en la implantación de proyectos de agricultura sustentable a pequeña escala.
Noveno. Que también incluye proporcionar preferentemente a las familias marginadas, los conocimientos necesarios para el cultivo de huertos familiares, escolares y comunitarios, así como de proyectos orientados a la producción de alimentos para autoconsumo y comercialización; y proporcionar a las familias las herramientas necesarias para la siembra de un huerto familiar o proyectos, encaminados a la producción de alimentos para autoconsumo.
Décimo. Que el fomento del cultivo y utilización de plantas medicinales y aromáticas, en el contexto, de creación de bancos de germoplasma, es fundamental para promover medidas alternativas para mejorar la salud humana como para garantizar la presencia de ingredientes fundamentales de las cocinas tradicionales.
Undécimo. Que la Ciudad de México ha sido la entidad más diversa en cuanto a la presencia de comunidades indígenas pues en ella sobreviven al menos habitantes de 56 pueblos indígenas, aunado a los 145 pueblos originarios en las 16 delegaciones políticas.
Duodécimo. Que ante estas necesidades fundamentales se presenta esta proposición con punto de acuerdo para que se aseguren recursos para que se atienda adecuadamente a la población rural, indígena y de pueblos originarios para lo cual se presentan los proyectos ejecutivos para que la Cámara de Diputados, a través de la revisión del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2010, apruebe recursos adicionales en las materias que se solicita.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete al pleno de esta honorable asamblea, solicitando su turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados aprueba un monto de 5 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto ``Agricultura Sustentable a Pequeña Escala para el Distrito Federal'', establecido en el Anexo 8. `` Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable'', vertiente competitividad, programa 10 ``Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria'', Ramo 08 ``Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación'', componente ``reconversión productiva'' en el cual aparezca la leyenda (incluye 5 millones de pesos para DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
Segundo. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 3 millones 600 mil pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto ``Centro de Propagación y Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales y Aromáticas en el Distrito Federal'', mismo que se aprueba en el Anexo 8. `` Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable'', vertiente competitividad, programa 10 ``Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria''. Ramo 08 ``Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación'', componente ``recursos biogenéticos y biodiversidad'' en el cual aparezca la leyenda (incluye 3.6 millones de pesos para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Fondo Metropolitano, del ramo 23, ``Provisiones salariales y económicas'', y se incluya como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, a cargo del diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Francisco Javier Martín Gil Ortiz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, en nombre propio y de los diputados federales del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 el Fondo Metropolitano del Ramo 23, ``Provisiones salariales y económicas'', e incluir como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el documento de presentación del ``acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano'' se prevé ``que los recursos del Fondo Metropolitano se destinen, prioritariamente, al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; que coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y que incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas''.
Posteriormente en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007 se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Posteriormente se contempló recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan 9 Entidades federativas.
Dentro del objeto de este ``acuerdo'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, se señala que los recursos del Fondo Metropolitano, los cuales tienen el carácter de subsidio federal, deberán ``ser destinados a planes y programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen los siguientes fines:
Las zonas metropolitanas incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente serán las beneficiarias de estos fondos de acuerdo a estas mismas reglas.
En ``los criterios y definición de zonas metropolitanas'', publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las Secretarías de Desarrollo Social, y de Gobernación, y el Consejo Nacional de Población en 2005, se define como zona metropolitana el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.
Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Con base en el análisis del Marco Geoestadístico Nacional y los resultados a nivel localidad del II Conteo de Población y Vivienda 2005, se identificaron cuatro grupos de ciudades mayores de 50 mil habitantes que serían consideradas centros de zonas metropolitanas:
El primer grupo corresponde a 45 ciudades, cuyas localidades constituyen conurbaciones entre unidades de dos o más municipios.
El segundo grupo comprende a ciudades que de acuerdo con el Marco Geostadístico Nacional actualizado al II Conteo de Población y Vivienda 2005 no han rebasado su límite municipal, pero que desde 2000 mantienen un alto grado de integración funcional con municipios vecinos, predominantemente urbanos.
En el tercer grupo se encuentran las ciudades con más de un millón de habitantes ubicadas dentro de un solo municipio.
Finalmente, el cuarto grupo incluye ciudades definidas en términos de su importancia para la política urbana, como metrópolis transfronterizas y las reconocidas como aglomeraciones urbanas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.
Es así que determina y clasifica a 45 zonas metropolitanas definidas a partir de una conurbación intermunicipal, 2 zonas metropolitanas definidas por distancia, integración funcional y carácter urbano, 2 zonas metropolitanas definidas por tamaño y 7 zonas metropolitanas definidas por política urbana.
El estado de Tamaulipas contiene para tales efectos 3 zonas metropolitanas definidas por política urbana, Nuevo Laredo, Reynosa-Río Bravo y Matamoros.
Además se encuentra la zona metropolitana de Tampico, Madero, Altamira en el sur del estado, definida por su conurbación intermunicipal.
Esta última, es uno de los desarrollos Industriales, turísticos y comerciales más importantes de nuestro país, por su riqueza en recursos naturales, sitios históricos, infraestructura hotelera, clubes e instalaciones, deportivas y acuáticas, puertos de altura y capital humano.
Cuenta con una privilegiada situación geográfica encontrándose a tan solo 500 Km de la frontera con Estados Unidos, limitando al sur con el río Pánuco que la separa del estado de Veracruz, al este con el Golfo de México y al oeste con el estado de San Luis Potosí. Además de su extensa red carretera que la comunican con el resto del país.
La zona metropolitana Tampico, Madero, Altamira es una importante puerta para el comercio exterior al ser la única parte de la República Mexicana y una de las pocas regiones del mundo que cuenta con dos modernos y eficientes puertos a tan corta distancia. El Puerto de Tampico, localizado en la ribera del Río Pánuco a 10 Km de su desembocadura con el Golfo de México, es uno de los principales puertos de altura del país y está preparado para recibir buques de carga y también de pasajeros. Así como el puerto industrial y de altura de Altamira.
Los recursos naturales con que cuenta la zona y la excelencia en sus servicios han motivado a las autoridades a promover fuertemente el turismo logrando convertir esta actividad en un renglón muy importante para la economía regional atrayendo inversionistas nacionales e internacionales que han invertido en importantes proyectos entre los cuales están la construcción de hoteles y restaurantes pertenecientes a importantes franquicias.
Esta zona conurbada del sur de Tamaulipas cuenta con importantes activos para México.
Su gente, con una población cercana al millón de habitantes y una gran fortaleza social y cultural así como capacidad técnica profesional.
Y los activos económicos básicos para el funcionamiento del país, entre otros, la refinería Francisco I. Madero, la gran industria química, petroquímica, logística, y sus ya mencionados amplios recursos naturales que contribuyen a la riqueza del país.
Las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, demuestran ligero avance para generar a los habitantes mejores condiciones de vida; Pero aún así los recursos no son suficientes, pues desafortunadamente esta zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2010.
El proyecto de egresos del Ejecutivo para el 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones de pesos a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y la región de la laguna de Coahuila y de Durango.
Esta exclusión impide que recursos importantes lleguen para construir nuevas obras de infraestructura que incrementen su competitividad y desarrollo pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados, requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Indudablemente para atender estas necesidades, resulta indispensable que se cuenten con mayores recursos económicos, ya que solo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.
Aplicando un criterio federalista, buscamos inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales y estatales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas.
Entre los criterios para asignar dichos fondos, se consideran los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los ejecutivos estatales y los municipales, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.
Por todo lo anterior, un servidor, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en esta LXI Legislatura proponemos a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 el Fondo Metropolitano del Ramo 23, ``Provisiones salariales y económicas'', e incluir como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para inversión en infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable a efecto de abatir la pobreza y marginación en diversos municipios del estado de México, a cargo del diputado Manuel Cadena Morales , del Grupo Parlamentario del PRI
Manuel Cadena Morales , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 recursos destinados a inversión en infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable y sostenido para abatir la pobreza y marginación de los municipios de Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Chiautla, Papalotla, Chicoloapan, Tepetlaoxtoc y valle de Chalco, todos ellos del estado de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. La pobreza y marginación que se ve dentro de un mundo globalizado ha tenido y sigue teniendo consecuencias que en varios de los casos es irrecuperable, la mas afectada es la sociedad al no poder satisfacer sus necesidades fundamentales, estos problemas al ser de naturaleza política, económica, estructural y social, la parte de la sociedad se ven limitados a acceder a los recursos, al conocimiento o en ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente, esto quiere decir que la marginación se ha extendido para incluir a todas los grupos sociales que buscan aceptación en una sociedad dada y que son víctimas de discriminación (sea económica, política religiosa, social, etcétera). Ello incluye a grupos étnicos, ideológicos, raciales e indigentes, entre otras, que son víctimas de trato desigual y cuya dignidad como seres humanos es pisoteada. La marginación es hoy día sinónimo de pobreza, de sufrimiento a causa de las injustas condiciones económicas.
II. La zona oriente del estado de México es una de las regiones más duramente abatida por la pobreza y cuyo olvido por parte de la federación es evidente, sus habitantes carecen de la infraestructura indispensable para vivir con dignidad, lo cual incide directamente en la problemática socioeconómica que aqueja a nuestra país, como es el acceso a la salud pública, la inseguridad pública, madres solteras, falta de fuentes de trabajo, alimentación deficiente, carencia de educación para su población, entre otras.
III. Durante los pasados comicios una de las exigencias más sentidas de la población, es la de contar con inversión en infraestructura y servicios que permitan coadyuvar al desarrollo integral y sostenido de las comunidades y en consecuencia una mejor calidad de vida. Como representantes del pueblo tenemos la alta responsabilidad de pugnar por obtener los recursos económicos necesarios para la realización de estas obras en beneficio de nuestras comunidades.
IV. La situación de pobreza y desigualdad, de los avecindados en los municipios que integran la zona oriente, que incluso han sido victimas de discriminación debido a su condición socioeconómica, les ha generado un estado de frustración y desaliento que atenta contra uno de los valores más valiosos del ser humano como es su propia vida. Las cifras que contiene la información técnica demuestran la imperiosa necesidad de atender estos reclamos de manera expedita.
V. Los recursos solicitados no están destinados a gasto corriente o superfluo, sino que están etiquetados y dirigidos a inversión en obras y acciones que sustenten el desarrollo regional de forma integral y que contribuyan a sacar a nuestro pueblo de la zona oriente del estado de México, del atraso y marginación en que se encuentra inmerso.
Los problemas de pobreza, marginación y dislocación social están ligados no a una falta de creación de riqueza en la economía sino a una distribución altamente dispareja de ésta y a la falta de reglas para lograr una distribución más justa de los ingresos y la riqueza. Esta soberanía al incluir y aprobar los recursos en el Presupuesto para el ejercicio de 2010, no concede una dadiva o privilegio a la zona oriente del estado de México, sino que es el inicio con el cual se busca verdaderamente darle vida a los principios del federalismo y una autentica equidad y justa redistribución de los recursos del Presupuesto de Egresos para 2010; principios que recurrentemente enaltecemos y que, no obstante estar plasmados en el articulo 115 de nuestra Constitución Política, son letra muerta.
VI. No hay que pasar por alto, que como sociedad, representada e integrada por el poder legislativo entendemos que la rendición de cuentas y la transparencia deben ser una constante y son prerrequisitos inevitables de la respuesta institucional en un sistema democrático, en el que existe la evaluación social del ejercicio del gobierno, con la finalidad de de garantizar la correcta aplicación de los egresos e ingresos, el manejo honesto, la custodia y aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales.
VII. Es por ello que se solicita respetuosamente se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los recursos necesarios para la realización de los proyectos que se mencionan en los anexos técnicos que se acompañan para los municipios de Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Chiautla, Papalotla, Chicoloapan, Tepetlaoxtoc y valle de Chalco, todos ellos del estado de México.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta y solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que se integren las partidas presupuestales necesarias para la realización de dichos proyectos ejecutivos referidos en el considerando siete, en el próximo ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por 65 millones de pesos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Con una superficie de 87 mil 294 hectáreas de suelo de conservación del Distrito Federal, representa un territorio estratégico para la vida de la ciudad. Más de la mitad de la superficie del Distrito Federal corresponde a suelo de conservación. De su superficie son alrededor de 50 mil hectáreas de aptitud preferentemente forestal, las cuales representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.
Segundo. Los incendios forestales son una de las causas de disturbio más importantes que influyen en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas terrestres. Se entiende que se tiene un incendio forestal, cuando existe quema sin control de la vegetación forestal. Se queman así pastizales, vegetación secundaria y áreas con masa forestal. Las consecuencias son terribles para estos ecosistemas, tanto en su función de prestar servicios ambientales, como de espacio de vida para la diversidad biológica.
Tercero. En el caso especifico del Distrito Federal, conforme a los resultados preliminares del l de enero al 27 de agosto de 2009, se cuenta tanto con el mejor registro de superficie menos afectada por incendio, como el segundo en eficiencia para su control. La afectación por incendio es de 1.58 hectáreas, mientras que a nivel nacional cada incendio afecta 23.46 hectáreas. Se tiene un índice de eficiencia para su control de una duración de 3 horas 13 minutos, mientras que a nivel nacional es de 14 horas con 30 minutos. Sin embargo, en lo que respecta al número de incendios este año han ocurrido mil 171 eventos que afectan una superficie forestal total de mil 846 hectáreas, ocupando el segundo lugar de incendios, sólo después del estado de México.
Cuarto. Es importante señalar que la alta efectividad del combate y control de los incendios forestales en el Distrito Federal dependen en su mayor parte de la infraestructura de operación, así como del personal técnico altamente especializado en estas labores.
Quinto. No obstante de que se cuenta con la infraestructura, la técnica y los recursos humanos para hacer frente a los problemas ocasionados por la presencia y alta incidencia de los incendios forestales, es necesario la asignación de recursos con lo que se complemente y fortalezca lo ya existente en materia de infraestructura de incendios forestales.
Sexto. Ante esta situación, la Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, en el Anexo 31 del decreto de Presupuesto, ``Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales'', para el proyecto del Gobierno del Distrito Federal, ``Fortalecimiento de la Infraestructura de Prevención y Combate de Incendios'', recursos a ejercer por 50 millones de pesos, y éstos se redujeron a 45 millones de pesos. Debe señalarse que dichos recursos todavía están en proceso de transferencia del gobierno federal al Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, existían requerimientos para el proyecto original por un total de 115 millones de pesos. Es decir, cuando menos se requieren de manera adicional del orden entre 65 y 70 millones de pesos, más a ejercer en 2010, en especial para infraestructura de protección, monitoreo y vigilancia (vehículos, equipo especializado, torres-campamento, entre otros rubros), así como equipar las brigadas contra incendios forestales.
Séptimo. De no ser así, por un lado se corre el riesgo de perder una inversión importante en una infraestructura que se encuentra en uso, pero en condiciones de riesgo y posiblemente irreversibles si no se atiende en el corto plazo, destinando recursos para su rehabilitación y fortalecimiento.
Octavo. Y, por otro, en materia ambiental, se traduce en un aumento significativo en los indicadores de afectación y eficiencia en el combate de los incendios forestales y por ende en un incremento del número de incendios, la superficie afectada y la presencia de siniestros de gran magnitud (incendios relevantes) y daños catastróficos, como los que se presentaron en 1998, siendo precisamente en este año el parte aguas en la asignación de recursos y la autorización del presupuesto necesario para invertir en infraestructura. No debe esperarse que la curva del periodo de retorno nos alcance para tomar decisiones; es importante fortalecer lo que se tiene para no empezar de cero y a un costo mayor.
Noveno. Se concluye que es necesario fortalecer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Distrito Federal para que cuente con los recursos presupuesta les necesarios y así poder cuidar los diferentes ecosistemas forestales del suelo de conservación del Distrito Federal.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por la cantidad de 65 millones de pesos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 no disminuyan los recursos autorizados en 2009 para diversos proyectos y acciones dirigidos a equilibrar las desigualdades de pobreza extrema en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la Ley Orgánica; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas sostiene el concepto de que la pobreza humana es un corolario de la pobreza de los ingresos y destaca que la igualdad, la inclusión social, el empoderamiento de las mujeres y el respeto a los derechos humanos son todos importantes para la reducción de la pobreza.
Segunda. Que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, donde el Estado mexicano es miembro, se prioriza el propósito de reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en extrema pobreza para 2015. Así, los países en desarrollo, como México, están trabajando o deberían de estarlo haciendo, para crear y recrear sus propias estrategias nacionales de erradicación de la pobreza, basándose en las necesidades y prioridades locales.
Tercera. Que el desarrollo social ha de entenderse como un proceso de cambio permanente en el perfil de una economía, orientado a canalizar en montos suficientes los beneficios del crecimiento y del ingreso nacional a los sectores sociales, encaminado, asimismo, a la mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose, índices crecientes de mejoría en la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y procuración de justicia en la población. 1
Cuarta. Que apenas en mayo de este año, el Ejecutivo federal presentó en el alcázar del Castillo de Chapultepec su proyecto Visión 2030: el México que queremos, en el que planteaba la necesidad de no doblegarnos ante las adversidades e impulsar el desarrollo del país.
Quinta. Que pese al compromiso formal expresado en leyes secundarias de desarrollo social tanto a nivel federal, como en los estados, y en el documento Visión 2030 , en nuestro país, las desigualdades sociales son extremas, concentrando absurdamente la riqueza, sobretodo, en la parte norte del país; y acrecentando, en la parte sur, la pobreza más vergonzante, sobretodo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cuya pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional y representa 65 por ciento en relación con el resto del país.
Sexta. Que en estos tres estados de la república habita poco más de 10 por ciento de la población nacional; más de la tercera parte de la población indígena del país; 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena y, de ellos, una cuarta parte no habla español; y, aquí, son alarmantes la pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio. 2
Séptima. Que en estas 3 entidades federativas habitan la más desfavorables proporciones de población analfabeta; de población mayor de 15 años con primaria incompleta; de vivienda sin energía eléctrica, sin agua entubada, con mayor grado de hacinamiento y con piso de tierra, asimismo, el mayor número de población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
Octava. Que los conflictos políticos, la vulnerabilidad de la frontera sur, el narcotráfico y la violencia demandan cantidades cada vez mayores de los presupuestos estatales y por su complejidad se convierten en un factor clave de la seguridad nacional.
Novena. -Que en 2007, los gobernadores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con la asesoría del licenciado Carlos Rojas Gutiérrez, promovieron la conformación del Programa del Sur, como un mecanismo para impulsar el desarrollo y bienestar, acordar acciones de impacto regional, integrar presupuestos, incrementar recursos, favorecer la inversión privada y social, y evaluar y dar seguimiento a las metas comprometidas en él.
Décima. Que en el mismo 2007, con la sensible voluntad de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, se logro primero la incorporación de un fondo regional y después del Fondo del Programa del Sur en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el que se ha logrado ejecutar acciones en materia de infraestructura de agua, drenaje, saneamiento, carreteras, salud, educativa y productiva.
Undécima. Que, no obstante, en la actual propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se observa una disminución de 49 por ciento respecto a la cantidad aprobada en el PEF de 2009, 3 53 por ciento menos en el rubro de infraestructura carretera y no se logran identificar acciones definidas para cada una de las entidades en los rubros de infraestructura hidráulica, educativa y de salud.
Duodécima. Que sólo a título de ejemplo, dentro del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal de 2010, enviado por el Ejecutivo federal a esta soberanía, sobresale el rubro de programas y proyectos de inversión, en áreas sensibles como salud, educación pública, cultura, recursos hidráulicos, agua potable, drenaje y carreteras, rubro al que se propone destinar mil 762 millones de pesos, con una reducción brutal de 2 mil 942.60 millones de pesos, respecto de la aplicación, cuando menos, del ejercicio fiscal anterior que fue de 4 mil 704 millones de pesos.
Decimotercera. Que, por ello, conviene advertir que la fecha fijada para el cumplimiento de metas de la Declaración del Milenio está a escasos seis años, en el que los suscriptores se comprometieron a alcanzar la mayoría de los objetivos, estableciendo parámetros cuantitativos para reducir todas las formas de pobreza extrema a la mitad y obviamente, con un margen de los riesgos que ello implicaba.
Decimocuarta. Que, sin embargo, en el informe sobre el avance de estos objetivos de 2009 se anota que ``el mundo se encuentra sumido en una crisis sin precedente por su gravedad y sus dimensiones''; de tal suerte que los avances hacia la mediana materialización de estos propósitos, son, ahora, amenazados por un crecimiento lento, imperceptible y francamente hasta involutivo; por una disminución de recursos, menos oportunidades comerciales para los países en desarrollo y posibles reducciones en los fondos provenientes de países donantes, según la ONU.
Decimoquinta. Que la necesidad de impulsar medidas de austeridad frente a la crisis no debe significar el exterminio o disminución significativa de los programas sociales, que buscan equilibrar las distancias entre la miseria de millones, frente a la riqueza insultante de los pocos, máxime, cuando el pasado 26 de septiembre, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, Agustín Cartens, secretario de Hacienda, señalo que la ``crisis financiera mundial ya tocó fondo y ahora estamos en el rebote''.
Decimosexta. Que no es posible, como sostiene con inteligencia Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, cuando prologa el informe de 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al afirmar que
``No podemos permitir que un entorno económico desfavorable nos obligue a dejar de lado los compromisos contraídos en 2000. Por el contrario, nuestros esfuerzos para restablecer el crecimiento económico deben ser considerados como una oportunidad para tomar algunas decisiones difíciles pero necesarias, pare crear un futuro más equitativo y sostenible, ya que las personas pobres son las que más han sufrido el trastorno económico del pasado año. La cantidad de personas que pasan hambre y viven en condiciones de extrema pobreza es mucho mayor de lo que habría sido si los avances hubiesen continuado ininterrumpidamente. Las dificultades económicas han llevado a decenas de millones de personas a trabajar en empleos vulnerables y ha aumentado el número de los que, pese a estar empleados, no ganan lo suficiente para ellos y a sus familias estén sobre el umbral de pobreza de 1,25 dólares diarios. En 2009 se estima que entre 55 a 90 millones de personas más que lo previsto antes de la crisis estarán vivienda en condiciones de pobreza extrema.'' 4
Decimoséptima. Que los diputados federales del sur y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hacemos nuestra, de nueva cuenta, como en 2004, la iniciativa del sur, a efecto de que se realicen nuevos esfuerzos presupuestales y no se interrumpan los iniciados, hasta lograr que se destine el 1 por ciento del producto interno bruto, a atenuar los desequilibrios regionales y a relanzar la economía de estas 3 entidades.
Decimoctava. Que más allá de las ideologías y de los colores partidistas, los estados del sur reclaman equidad en la distribución de recursos que permitan detonar el desarrollo con equidad: educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo; por lo que esta representación nacional no puede olvidarse de los pobres y de los vulnerables. Tenemos la ineludible obligación de fortalecer la cooperación y la solidaridad mundial y nacional, redoblando nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos del Milenio a que se comprometió el Estado mexicano, impulsando una agenda más amplia de desarrollo, que garantice un futuro cierto a miles de familias que sobreviven en esta región del olvido y de la miseria ancestral.
Decimonovena. Que la Organización de las Naciones Unidas declaró en 1995 que el 15 de octubre se conmemorara el Día Mundial de la Mujer Rural, con el propósito de hacer conciencia sobre la necesidad de sacar a las mujeres del campo de la oscuridad y avanzar en la lucha por la que tengan no sólo las mismas obligaciones, sino, también, los mismos derechos, sobretodo, para ejercer ampliamente sus libertades y acceder, en términos de igualdad, a la educación, a la salud y al apoyo para las actividades económicas y productivas, entre otros.
Convencidos estamos que en la búsqueda de una paz justa y duradera, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sustentable son tareas que sin el esfuerzo de las mujeres, solo quedarán en fantasías.
Vigésima. Que por igual, este 16 de octubre se conmemoro por la ONU el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, decretada con el propósito de sensibilizar a la opinión pública, respecto a la necesidad de luchar por la eliminación de la pobreza y la indigencia de todos los países, en particular los países en desarrollo; necesidad, dice la ONU, que se ha convertido en una prioridad del desarrollo.
Por lo expuesto y conscientes de que es fundamental que en esta soberanía, fiel al pacto federal, se ratifique el respaldo de manera decidida a las propuestas presupuestales que impulsen el desarrollo de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a través del Programa Regional del Sur y de los fondos regionales correspondientes, es importante urgir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta representación soberana, a destinar no sólo recursos adicionales, sino recursos extraordinarios que mitiguen de fondo, la pobreza y la miseria, y se busque alcanzar, cuando menos, los indicadores de la media nacional, sobretodo, en los rubros de salud, educación, alimentación e infraestructura; por lo que hemos estimado pertinente someter a consideración de esta honorable asamblea nacional, para que se discuta, analice y, en su caso, se apruebe la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados refrenda su apoyo, solidaridad y respaldo a la iniciativa del sur, presentada en el seno de esta asamblea soberana en 2004 y al programa y al fondo regional del sur, establecido en el PEF desde 2007, con objeto de destinar recursos, no sólo adicionales, sino extraordinarios, en los Presupuestos de los próximos años, hasta alcanzar, al menos, el 1 por ciento del producto interno bruto, para financiar los proyectos y acciones con las que se intente superar las profundas inequidades estructurales de pobreza y miseria de los estados más pobres del país --Chiapas, Oaxaca y Guerrero--, buscando colocar sus indicadores básicos en la media nacional, sobre todo en los rubros de educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión para que, con fundamento en las facultades desprendidas de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, prevea en el Presupuesto de 2010 no disminuir los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de 2009, para continuar los proyectos y acciones iniciadas con el propósito de equilibrar las profundas desigualdades de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el Fondo del Marco Regional del Sur.
Tercero. La Cámara de Diputados se solidariza con la Quincuagésima Novena Legislatura de Guerrero para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión que modifique positivamente e incremente las cantidades respecto del ejercicio fiscal próximo pasado, adicionales al Presupuesto federal de 2010, para el ataque frontal de los rubros, sobretodo, de educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Notas: 1 Definición de Desarrollo Social: www.definicion.org2 Tomado del Informe ejecutivo de pobreza en México 2007. Consejo Nacional de Evaluación de laPolítica de Desarrollo Social. México 2008 p.3 2009: 2 mil 449.3 millones de pesos; 2010: Mil 500 millones de pesos.Dado en el Palacio4 Organización de las Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2009. ONU 2009. Página 3.El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos al Gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel , del Grupo Parlamentario del PRD
Avelino Méndez Rangel , integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que, derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional en 2009, el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como los pobladores rurales y de pueblos originarios.
Segundo. Que la Cámara de Diputados ha aprobado en los últimos tres años presupuestos anuales adicionales para complementar las acciones que el Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones realizan en el campo de esta entidad para realizar obras y prácticas de conservación de suelo y agua para la producción primaria, los que deben continuar en 2010.
Tercero. Que este programa es del ámbito concurrente para apoyar ejidos, comunidades y pequeños propietarios del Distrito Federal para impulsar obras en beneficio de la producción primaria, de manera que se contengan los suelos y el agua.
Cuarto. Que con los recursos de 2008, 181.7 millones, de los cuales 38.8 fueron con recursos locales y 142.9 con recursos federales, se están apoyando 119 proyectos de las 7 delegaciones rurales del DF para la realización de 457 obras, de las que 260 son de suelo y 197 de agua, en beneficio de 7 mil 846 hombres y 2 mil 345 mujeres de los núcleos agrarios.
Quinto. Que esta actividad permitió generar 4 mil 745 empleos temporales que, junto con las 10 mil 191 personas beneficiadas, produjeron 45 mil jornales.
Sexto. Que ante esas necesidades fundamentales, se presenta esta proposición con punto de acuerdo a fin de que se aseguren recursos para que se atienda adecuadamente a la población rural para que la Cámara de Diputados, a través de la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, apruebe recursos adicionales en la materia que se solicita.
En tal virtud, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 180 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el anexo 8, `` Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable'', en el programa 10, Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, del ramo 08, ``Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación'', del componente ``Conservación y uso sustentable de suelo y agua'', que incluya la leyenda después del nombre del componente mencionado que diga (se incluyen 180 mdp para el DF).
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para que los gobiernos estatales puedan cumplir las nuevas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa , del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Felipe Amadeo Flores Espinosa , diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se consideren mayores recursos para que los gobiernos de las entidades federativas puedan cumplir con las nuevas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
La atención eficaz a los delitos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo, exige que el Ministerio Público de las entidades federativas esté mejor preparado, equipado y remunerado, de tal forma que reúna las condiciones que le permitan cumplir cabalmente con las disposiciones que señala la Ley General de Salud en la materia; nuevas facultades que ésta misma soberanía les concedió.
Es un hecho reconocido que los delitos en cuestión deben ser enfrentados con personal altamente capacitado, que cuente con tecnología moderna especializada y suficiente, de modo que todo ello posibilite efectuar investigaciones ministeriales sólidas, bien integradas, con el respaldo científico que hoy pueden proporcionarlos los servicios periciales y con el soporte de la observancia de la legalidad por parte de los agentes y policías ministeriales.
También es una realidad que las remuneraciones de los agentes del Ministerio Público del fuero común en prácticamente todos los estados es muy bajo, que se ubica entre los 14 mil y 20 mil pesos mensuales, con algunas raras excepciones, lo que hace vulnerable su función al desalentar su buena actuación.
Esta soberanía determinó que las entidades federativas conozcan los hechos relacionados con estos delitos y fijó un plazo de tres años a partir de la entrada del decreto respectivo, para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con las atribuciones ahí señaladas, lo que hace necesario que, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se programen recursos suficientes para que, desde ahora, se preparen y, en su momento, puedan afrontar la difícil misión que les encomendamos, dada la debilidad institucional y material en que se encuentra el Ministerio Público del fuero común.
Sin los recursos suficientes y debidamente etiquetados para estas nuevas responsabilidades, es evidente que las entidades federativas no podrán capacitar a todo su personal, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, peritos y policías, que deba conocer e intervenir ante estos delitos, ni podrán adquirir la tecnología apropiada y, lo más importante, estarán imposibilitadas para remunerar mejor al personal que integra y auxilia el Ministerio Público del fuero común, de una manera acorde con los riesgos que afrontan y el hecho que sus actividades son susceptibles a la corrupción.
Y dado que en el artículo Transitorio Cuarto del decreto de reformas a la Ley General de Salud, en el que se establece la competencia al fuero común para conocer de delitos de narcomenudeo, ordena que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se programen recursos suficientes para que los gobiernos de las entidades federativas puedan afrontar estas nuevas y difíciles atribuciones que, incluso, el Ministerio Público federal, que cuenta con mayores recursos, no ha podido afrontar con éxito; así como, en razón de que dichos recursos no han sido contemplados de manera específica y clara, con lo que se garantice a la sociedad que se van a emplear en dicho rubro.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 y en los subsiguientes, se contemplen recursos presupuestales suficientes para que los gobiernos de las entidades federativas puedan implantar las medidas necesarias para fortalecer institucional y materialmente al Ministerio Público del fuero común, en cumplimiento del artículo Transitorio Cuarto del decreto de reformas a la Ley General de Salud, en materia de narcomenudeo, como son equipamiento tecnológico, capacitación e incremento en las remuneraciones del personal ministerial, entre otros aspectos importantes.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para continuar el proyecto de Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputos, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia, o Proyecto Bicentenario, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 recursos presupuestales por mil millones de pesos para continuar con el proyecto Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia (C4i) ``Proyecto Bicentenario'', al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. El pasado 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo, en la vigésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Publica en Palacio Nacional, que obedeció al clamor social por el clima de inseguridad que se vive en el país. En dicha sesión se firmo el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, donde los 3 órdenes de gobierno, dos Poderes de la Unión y representantes de la sociedad civil acordaron poner en marcha medidas para la depuración de los organismo policiales y de justicia, crear una estrategia y una policía antisecuestros, fortalecer el control de encarcelados, mejorar los instrumentos para que la ciudadanía realice denuncias anónimas, fomentar y apoyar a los medios de comunicación para evitar la apología del delito, instaurar un observatorio ciudadano que vigile la acción de los cuerpos policíacos, entre otros
Segundo. Asimismo, el pasado 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas constitucionales en materia de justicia y de seguridad tendentes a reforzar la capacidad del Estado para prevenir los delitos y combatir y perseguir la delincuencia.
Tercero. En lo que corresponde al ámbito del Distrito Federal, una de las entidades donde el problema de la inseguridad debe atacarse sin demora, las autoridades locales emprendieron un plan integral de seguridad pública, que es acorde con las recientes reformas constitucionales aprobadas el año pasado y que, además, permitirá cumplir los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional del 21 de agosto.
Cuarto. El plan integral de seguridad pública consta de 3 ejes fundamentales:
Quinto. Para hacer realidad el plan integral de seguridad pública, la Ciudad de México requiere invertir un monto superior a 8 mil millones de pesos en diversos proyectos. Uno de ellos es el denominado como Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia (C4i), ``Proyecto Bicentenario''.
Sexto. Con la ejecución de este proyecto el Distrito Federal se coloca a la vanguardia en materia de estrategias integrales de respuesta ante casos de desastres naturales, emergencias y combate a la delincuencia. Consiste en la implementación de un nuevo esquema de tecnología para la atención de emergencias, desastres naturales y para reforzar las estrategias de seguridad publica en toda la ciudad, a través de la puesta en funcionamiento de 8 mil cámaras de videovigilancia.
Séptimo. Entre los objetivos que se pretenden con la instalación del sistema de videovigilancia están: intervenir de manera masiva y desde todos los frentes y niveles a las zonas de mayor generación de delincuencia, buscando cambiar de manera radical las condiciones de vida de la ciudadanía, por medio de un combate integral y unificado de las fuerzas de seguridad pública. Dicho sistema tecnológico de videovigilancia contará con postes en donde se instalaran cámaras de video de alta resolución, altavoz para dar aviso de ultrajes, instrucciones y alertas a la ciudadanía, sensores de arma de fuego, sistemas de intercomunicación entre los ciudadanos y personal operador de los centros de control y comando. Las cámaras de videovigilancia se están instalando en puntos con alta incidencia delictiva, y además en oficinas gubernamentales e instalaciones estratégicas de la federación y vialidades primarias.
Octavo. Adicionalmente el proyecto incluye equipar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Publica con radios para atender las emergencias y llamadas de la ciudadanía.
Noveno. El programa de videovigilancia tiene capacidad de ampliarse para cámaras con inversión de iniciativa privada que incluyen; escuelas privadas, hoteles, bancos, centros comerciales, gasolineras, entre otros.
Décimo. Por la gran importancia de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, la Cámara de Diputados autorizó 500 millones de pesos, que se incluyeron en el Ramo 23; y en el Presupuesto de Egresos de 2009 aprobó recursos adicionales por 200 millones de pesos.
Decimoprimero. No obstante estos antecedentes, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no aparece ningún monto para continuar con este proyecto de seguridad pública tan importante para la Ciudad de México.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por mil millones de pesos para continuar con el proyecto Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia (C4i) ``Proyecto Bicentenario'', a fin de que la Ciudad de México pueda avanzar en el cumplimiento de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmada el 21 de agosto de 2008 en el marco de la vigésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere aumentar la partida destinada a la educación básica en las comunidades indígenas, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González , del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la realidad económica que se vive en el país, en donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más ancha, es necesario que reflexionemos sobre la necesidad de fortalecer aún más la educación pública en México, como el único medio que tenemos para crecer con equidad, como el único medio, para garantizarle a las nuevas generaciones las condiciones necesarias para que puedan desarrollar el talento que está ahí, en toda la geografía nacional y que por falta de autenticas oportunidades no surge con todo su potencial.
Conocimos los resultados publicados de la prueba Enlace en donde quedo de manifiesto la diferencia pedagógica entre las escuelas públicas y privadas en México; ¿y qué se hace al respecto?, ¿qué estamos esperando?, ¿a cuántos niños y jóvenes estamos condenando?
No son ellos los únicos afectados, todos, absolutamente todos, de manera indirecta, con el tiempo pagaremos el alto costo que representa contar con generaciones de mexicanos sin los elementos necesarios para competir en este nuevo orden mundial que nos está tocando vivir.
Mención especial se merece la escuela secundaria 20 de Noviembre de Sabanilla, Chiapas; esta escuela pública, que con todas sus limitantes en cuanto a infraestructura, fue la mejor secundaria del país, lo cual deja de manifiesto, que capacidad hay, talento existe, solo hace falta mayor voluntad y decisión, mayor solidaridad con los que menos tienen.
Escuelas como la 20 de Noviembre existen muchas en el país, sin la infraestructura básica para que los niños puedan acudir a la escuela, sin los insumos necesarios para que los niños y jóvenes puedan desarrollar sus potencialidades.
México es uno de los países con más indígenas de América, según los datos de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas son más de 10 millones.
El Ceneval y el Banco Mundial indican que el nivel educativo más bajo del país está ubicado en las zonas indígenas.
El estudio ``La educación para poblaciones en contextos vulnerables 2007'', elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación expresa que 6 de cada 10 alumnos de escuelas indígenas asisten a escuelas en condiciones de infraestructura precaria.
En el informe ``Retos Educativos 2007'' se afirma que 12 millones de niños y jóvenes no tenían acceso a la educación primaria y secundaria.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su estudio ``Impacto de la educación en la pobreza rural'' expresa que México reduciría sus niveles de pobreza alimentaria en 18 por ciento si su población tuviera acceso a la educación primaria y bajaría 30 por ciento si concluyera la secundaria.
Un sistema educativo no es de buena calidad si la educación que ofrece cada escuela no incluye lo necesario para que los alumnos de cada una alcancen niveles aceptables de aprendizaje.
Lo demostrado por los jóvenes de la telesecundaria número 941es una acción que debemos de reconocer. Debe de ser un llamado a la conciencia colectiva, ya que aún y con las condiciones precarias en que toman sus clases han expresado a la nación sus enormes deseos de salir adelante.
Lo lamentable es que en estas condiciones se encuentran muchas escuelas ubicadas en las comunidades indígenas del país.
Derivado de lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer al pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Proponer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la honorable Cámara de Diputados que asigne un incremento en la inversión a la infraestructura educativa a las comunidades indígenas, dentro del presupuesto destinado a este rubro, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.
Segundo. Destinar una partida en la referida ley presupuestal a la escuela 20 de Noviembre de Sabanilla, Chiapas, para que la telesecundaria número 941, pueda contar con infraestructura suficiente como reconocimiento a su brillante resultado académico.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos a efecto de construir un hospital de especialidades para mujeres en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 una partida destinada a la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres, en el territorio del Distrito Federal.
Antecedentes
1. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 50 años de edad, Las enfermedades cardiovasculares son comunes en hombres antes de los 50, pero después de esa edad aumenta en las mujeres debido a la disminución de la producción hormonal, que favorece el incremento de triglicéridos y colesterol que se combinan con hipertensión, tabaquismo y obesidad.
2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día, actualmente las mujeres con este padecimiento tienen una esperanza de vida de 58 años.
3. Según información de la Secretaría de Salud, desde el 1º de enero de 2007 año 31 de agosto de 2009, la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.
4. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2005, existían en nuestro país 53 millones de mujeres, mientras existían 50 millones de hombres, siendo las mujeres uno de los sectores de la población más vulnerables.
5. Que existen enfermedades o padecimientos que afectan únicamente a las mujeres, pero de igual manera existen otras más como la osteoporosis que no es exclusiva de las mujeres, pero es predominante en ellas.
Considerando
I. Que la infraestructura hospitalaria en nuestro país es insuficiente, ya que día a día crece el número de personas que requieren de servicios médicos especializados y de atención de primer nivel, y que es evidente que la capacidad de los nosocomios en nuestro país se ve por mucho rebasada.
II. Que como se menciono anteriormente en nuestro país habita un mayor número de mujeres, siendo estas más vulnerables que otros sectores de la población, y ya que por razones meramente biológicas, requieren de atención médica especializada, que atienda los padecimientos que las aquejan cada vez con mayor incidencia.
III. Los esfuerzos, que ha realizado la Secretaría de Salud, no son suficientes, al tratar de llevar atención médica a la población, es por ello necesaria la creación de un nuevo centro hospitalario que atienda de manera particular a este sector de la población y que dicho nosocomio se ubique en el Distrito Federal, toda vez que este concentra a un mayor número de habitantes en territorio nacional.
Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 una partida destinada a la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres, en el territorio del Distrito Federal
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir una presa sobre el río Mayo, en Álamos, Sonora, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo , del Grupo Parlamentario del PRI
Onésimo Mariscales Delgadillo , en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo a fin de que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 se otorguen los recursos necesarios para la construcción de una presa en Álamos, Sonora, con base en los siguientes
Antecedentes
1. En 1945, la presa Mocúzarit inició su operación. Durante 20 años, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha autorizado la apertura de las compuertas de dos presas de Sonora, que estaban cerca del límite de su capacidad debido a las intensas lluvias, registradas en el sur de Sonora, particularmente han sido más significativos durante 1991, 1984, 1985, 1991, 1992, 2004, 2006, 2007 y 2008.
2. En 2004, 2006, 2007 y 2008, el volumen desfogado es de 757.0 millones de metros cúbicos, ocasionando inundaciones en poblaciones de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, afectando carreteras y caminos, la infraestructura hidroagrícola, cultivos siniestrados, daños a infraestructura de agua potable, electricidad y a terrenos agrícolas.
3. Hoy, en 2009, nuevamente y para mantener la presa Adolfo Ruiz Cortines, Mocúzarit, en niveles de seguridad, en cuanto a su almacenamiento, el director general del organismo de cuenca de noroeste de la Conagua informó que el desfogue de la presa por el vertedor controlado incrementó a 250 metros cúbicos por segundo. La decisión de aumentar el nivel de desfogue se hizo porque en las costas del Pacífico se localiza el huracán Rick, el cual pudiera traer nublados ocasionando lluvias en la entidad, provocando que el nivel de almacenamiento de las presas aumente, es por eso que por prevención se prepara a la presa para que pueda almacenar más agua, sin poner en riesgo a las familias del bajo río Mayo.
4. Los ciudadanos del valle del Mayo merecemos mejor calidad de vida, ya que estamos expuestos cada año en la temporada de huracanes a estar en zona de desastre como los hechos ocurridos durante los últimos fenómenos atípicos que han azotado a la región, Henriette, Lowell, Norbert, Jimena y Patricia. Por ello solicito que en forma urgente se aprueben recursos para realizar una nueva presa sobre el río Mayo, en Sonora, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de agua y otorgar mayor seguridad a la población, incrementar las áreas de cultivo, producción de alimentos, generación de electricidad y creación de nuevos empleos.
5. Con fecha 5 de septiembre de 1994 se solicitó al director general de la Conagua apoyo para llevar a cabo los estudios necesarios para la realización de la obra. Por instrucciones del director general de la Conagua un grupo de geólogos realizó los estudios preliminares de viabilidad, teniéndose a la fecha dos sitios para su localización: uno en San Bernardo y otro en Guajura. El potencial de almacenamiento en San Bernardo es de mil 87.6 millones de metros cúbicos. Desde el punto de vista geológico estos estudios resultaron positivos.
6. Por lo anterior, los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitamos de los integrantes de esta honorable soberanía que se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se vote positivamente, y sea incorporado el tema en el citado dictamen.
Por lo expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicitamos, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía, y se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Recursos Hidráulicos, al elaborar el dictamen de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluya una partida para otorgar recursos destinados a la construcción de una presa sobre el río Mayo, en Sonora.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para continuar la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe diputado federal Rigoberto Salgado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México constituye una de las obras de infraestructura de transporte más importantes del valle de México. Se calcula que una vez terminada, tendrá una afluencia diaria de 620 mil personas. Las obras iniciaron el 23 de septiembre de 2008 y el proyecto ha tenido que ser ajustado en el número de estaciones por falta de recursos económicos.
Con gran acierto, la anterior Legislatura y el Ejecutivo federal, decidieron impulsar esta magna obra de gran beneficio colectivo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 con 3 mil millones de pesos, acorde con el impacto local, regional y nacional de este proyecto y con base en los apoyos que la Federación ha otorgado a la ciudad para la consolidación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo. Incluso, dicho apoyo de 3 mil millones de pesos ha sido ampliamente publicitado por el presidente Calderón con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
Sin embargo, extrañamente en el proyecto de PEF de 2010 no figura este proyecto de infraestructura tan importante, que comunicará el oriente con el poniente de la ciudad y que contará además con salas con internet y guarderías para que los pares de familia puedan a sus niños mientras realizan sus actividades productivas.
Estimaciones preliminares apuntan a que la obra rebasará los 18 mil millones de pesos por lo cual es indispensable que la Federación siga apoyando el proyecto para reducir el tiempo de traslado de la población del oriente de la ciudad, favorecer la circulación vehicular metropolitana, mejorar la conectividad de la red del Sistema de Transporte Colectivo, ofrecer a la población de la zona un medio de transporte sustentable que sustituya los 100 mil viajes diarios que actualmente realiza la población en unidades de transporte de mediana y pequeña capacidad de motores de combustión, reducir las emisiones de gases contaminantes, redistribuir la carga que actualmente existe en las líneas con las cuáles tendrán correspondencia (Líneas 8, 2, 3 y 7), y generar ahorros para la población por los costos de traslado.
La Línea 12 beneficiará principalmente a los municipios de Chalco e Ixtapaluca, y a las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac que no tienen conexión con el centro - poniente de la ciudad, así como a Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón. Una vez que entre en operación, se estima una reducción de 400 mil toneladas de CO2 anuales que ya no se lanzarán a la atmósfera.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos por la cantidad de 4,500 millones de pesos destinados a la continuación de la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a mantener en los mismos niveles del Presupuesto de 2009 los recursos de Canal 11, Canal 22 y Notimex; y a considerar la reducción de gasto en comunicación social e imagen de la Presidencia de la República, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los medios públicos juegan un papel sustantivo en la sociedades que transitan sólidamente en el proceso democratizador, son el vehículo de expresión de la sociedad sin exclusión de minorías y plena libertad en sus contenidos y programación, lo que las hace un instrumento de comunicación del Estado, imprescindibles en todas las democracias.
En México, su contribución ha sido en el ámbito educativo y cultural, han abierto brechas no consideradas por otras instancias y han dejado una huella importante en sus respectivos sectores. Su papel actual es consolidarse como el motor de una auténtica política democrática, que propugne por una comunicación en la que se escuchen a todas las posturas y divergencias respetando la pluralidad y criterios siempre con el mayor respeto y tolerancia.
Actualmente, es de destacar el Canal 11, como la televisora pública más antigua en América Latina. Es el canal encargado de la divulgación y difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, le fueron asignados 532 millones 441 mil 432 pesos.
Asimismo, Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22, cuyo objetivo es la difusión de la cultura y el arte, cuenta con un auditorio potencial de 36 millones de personas, incrementando sus niveles de audiencia en dos años en 600 por ciento con respecto a las 10 barras más vistas. Su presupuesto para este año es de 224 millones 201 mil 410 pesos.
Por otra parte, el 2 de junio de 2006 se expidió la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y que tiene por objetivo ``coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial''. Su presupuesto para el año que está por concluir es de 145 millones 706 mil 33 pesos, reduciéndose 4 por ciento para el 2010.
En el caso de ambas televisoras públicas, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recibirán 473 millones 140 mil 654 pesos, en el caso de XEIPN, Canal 11, y 194 millones 470 mil 773 pesos para Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22. Es decir, que su presupuesto del próximo año se verá reducido en 11 y 13 por ciento, respectivamente. Esta disminución impactará significativamente en la inversión de infraestructura tecnológica y en la digitalización de estos medios públicos.
Sin embargo, se destaca, de manera ostentosa, que en momentos de austeridad republicana, la Presidencia de la República haya decidido dotarse para el próximo año, un incremento en los rubros de Coordinación de Comunicación Social de 4.5 por ciento; para la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 7.3 por ciento; y para la Secretaría Particular 5.2 por ciento. Es decir, 18 millones 666 mil 877 pesos más, respecto al presupuesto de este año.
Con lo anterior, se revela el interés de la Presidencia de la República de seguir difundiendo y promoviendo la imagen del titular del Ejecutivo federal, mientras que a su vez, le recorta a la divulgación de la ciencia y la tecnología (XEIPN, Canal 11), y a la difusión de la cultura y las artes (Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22) 89 millones 31 mil 915 pesos.
Finalmente, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) realiza una importante tarea de veracidad y objetividad en la información. Su autonomía es una garantía de imparcialidad sin sesgos políticos e ideológicos. Es de señalar que la inversión que requiere para su operación técnica y su modernización tecnológica es importante porque la convertirían en la primera agencia de noticias de Latinoamérica.
Atendamos las necesidades de estos dos medios públicos y de la agencia Notimex para el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, cuya única finalidad sea seguirlos dotando de recursos necesarios que hagan cumplir la función social y de información con los mexicanos, y no desperdiciándolos en imagen y promoción de la figura del presidente.
Con lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a mantener en los mismos niveles del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, los recursos fiscales a XEIPN, Canal 11; a Televisión Metropolitana SA de CV, Canal 22; y a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex; para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Segundo. Asimismo, se exhorta a esta comisión para que considere la reducción del gasto en los rubros de la Coordinación de Comunicación Social e Imagen, de la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, y de la Secretaría Particular, todos de la Presidencia de la República para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el mantenimiento de la infraestructura educativa del Distrito Federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Mary Telma Guajardo Villarreal , Alejandro Encinas Rodríguez , Víctor Manuel Castro Cosío , Agustín Guerrero Castillo , Víctor Hugo Círigo Vásquez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero , Héctor Hugo Hernández Rodríguez , Ramón Jiménez López , Vidal Llerenas Morales , Avelino Méndez Rangel , Eduardo Mendoza Arellano , Nazario Norberto Sánchez , Laura Piña Olmedo , Leticia Quezada Contreras , Arturo Santana Alfaro , Emilio Serrano Jiménez , Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , Rigoberto Salgado Vázquez , María Araceli Vázquez Camacho , Enoé Margarita Uranga Muñoz , Balfre Vargas Cortez y José de Jesús Zambrano Grijalva integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública asignen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010, para el mantenimiento de la infraestructura educativa del Distrito Federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de 1992, mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se transfirieron a los gobiernos estatales los servicios de educación inicial, básica --incluyendo la indígena y especial-- y la normal, con excepción del Distrito Federal cuyo proceso debió instrumentarse en el ciclo lectivo 1994-1995, tal como fue establecido en la Ley General de Educación. A la fecha no se ha llevado a cabo la descentralización educativa al gobierno de la Ciudad de México.
En ese ordenamiento legal, en su artículo 4 transitorio, se dispuso que en tanto no ocurriera la descentralización, la Secretaría de Educación Pública federal es la responsable de atender los servicios antes mencionados y la ejecutora de los recursos destinados a éstos. Por tanto, el gobierno de la Ciudad de México no recibe presupuesto para ese fin, ni tampoco para otros servicios educativos que fueron descentralizados a los gobiernos estatales, como el de educación de adultos y el de educación media superior general y tecnológica.
No obstante lo anterior, desde el año de 2001 el gobierno de la Ciudad de México ha venido atendiendo la infraestructura de la educación inicial y básica de la entidad, por acuerdo del entonces jefe de Gobierno capitalino quien facultó a las delegaciones políticas para construir inmuebles destinados a actividades de educación básica.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Escuelas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por la diversidad de instituciones de educación que se ubican en el Distrito Federal, es la entidad federativa que concentra la mayor infraestructura educativa del país, con alrededor de 5 mil 267 planteles operados por el sector público.
Atender este reto no es sencillo, dadas las condiciones deplorables en que se encuentra la mayoría de las escuelas e inmuebles públicos educativos de la Ciudad de México, cuyos planteles tienen problemas serios como carencia de baños, agua, adecuada electricidad, bancas escolares, espacios para bibliotecas, entre otras cosas.
En el caso de los inmuebles educativos, una buena parte cumplió su ciclo de vida, pues algunos datan de hace más de medio siglo y consecuentemente representan un serio peligro para los escolares. Otro problema son los inmuebles que tienen un valor histórico y cuyo mantenimiento resulta costoso, como los que se ubican en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ante ello, el gobierno capitalino ha planteado un conjunto de actividades para el mejoramiento de las condiciones físicas de los inmuebles públicos de educación básica (educación especial, preescolar, primaria, secundaria), bibliotecas y centros de atención infantil que realizan las 16 delegaciones del Distrito Federal, a través de sus Direcciones Generales de Obras, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, coordinadas, normadas y evaluadas por la Secretaría de Educación estatal.
Un aspecto fundamental en la planeación de las obras y los trabajos de mantenimiento que realiza el gobierno del Distrito Federal tiene como base tres cuestiones: en primer lugar preservar la seguridad de los inmuebles y espacios educativos o sus anexos, en segundo, su funcionalidad, y en tercero la imagen de los inmuebles.
Este conjunto de actividades requiere recursos adecuados para cumplir con la obligación de las autoridades de preservar la seguridad de los escolares, con estalaciones y acciones que satisfagan las condiciones para ello, tal como lo establece la Ley General de Educación. Por ello, estamos proponiendo que se asignen al gobierno capitalino un mil 500 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura física de la educación básica en la entidad y coadyuvar con la autoridad educativa federal en esta enorme responsabilidad.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable soberanía proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos al Gobierno del Distrito Federal, para el mantenimiento de la infraestructura de educación básica de la entidad, por un monto de un mil 500 millones de pesos, a efecto de que los escolares de la Ciudad de México cuenten con instalaciones que no pongan en riesgo su seguridad.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos suficientes para el INEA, a efecto de combatir el rezago educativo en el país, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador y suscrita por Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado José Ricardo López Pescador y en nombre de los diputados de Durango en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del año 2010, recursos suficientes al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a efecto de que se combata el rezago educativo del país, bajo los siguientes
Antecedentes
La educación es la base del progreso de las naciones y del bienestar de los pueblos. La altísima prioridad que los mexicanos le damos a la educación se plasma en el artículo tercero constitucional que establece como obligación del Estado promover una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad cultural.
Sí bien el país ha avanzado considerablemente en ampliar la cobertura, sobre todo en la educación básica, y en la reducción de las brechas en la igualdad de género y las diferencias regionales de los servicios educativos, tenemos todavía graves rezagos. Más de 30 millones de personas no concluyeron o nunca cursaron la primaria o la secundaria, es decir, un tercio de la población mexicana no ha tenido acceso a la educación básica o no ha podido concluir un nivel educativo. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. Actualmente, los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 es de 9.7; por lo anterior la meta del gobierno federal es alcanzar al final del sexenio un promedio de 12.5 años.
El nivel nacional de analfabetismo es de 7.7 por ciento, aunque con notables variaciones entre los estados de la república. Por ejemplo, mientras en Baja California el porcentaje de población analfabeta es de 1 por ciento, en Chiapas es de 18.9 por ciento.
Otra cifra que es de resaltar, es que cerca del 70 por ciento de la población analfabeta mayor de 15 años, son mujeres. Esta circunstancia lacera a nuestra sociedad, no sólo por el hecho de que las mujeres son el sector más vulnerable de la sociedad, si no que se sufre de una doble discriminación la primera por la situación de analfabetización y la segunda por la situación de género.
Es en el lecho del hogar, donde la mayor parte de las familias generan los modelos de conducta de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos ¿y que modelo puedes tener estos jóvenes, que ven en el núcleo social, maltrato, descuido, falta de atención a la salud y una negativa ante la superación académica, ya no solo de las mujeres, sino en muchos casos de ambos padres?
La búsqueda de mejores condiciones de vida, es una situación natural del hombre, pero al verse inmersos en los mares de la ignorancia, la alterativa que muchos de los jóvenes encuentran, son las calles, el vandalismo y en algunos casos la delincuencia organizada.
El esfuerzo que hace el gobierno federal en atender a los grupos en desventaja es enorme, ayuda y trae beneficios a los sectores más necesitados, pero estos esfuerzos no se logran capitalizar a plenitud, debido a la falta de orientación y la capacidad nula o casi nula de estas personas para informarse sobre los apoyos que el gobierno suministra, cayendo así en redes clientelares que explotan la necesidad y el sufrimiento de la gente.
Por lo anteriormente referido, la educación de las personas adultas juega un importante papel para la creación de sociedades estables, durante este nuevo siglo la capacitación para este grupo social forma parte de la agenda de organizaciones no gubernamentales, y de las agencias de la Naciones Unidas tales como la UNHR (Alto Comisariado de la Naciones Unidas para Refugiados) y la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
La educación de adultos ya se encuentra establecida firmemente como una disciplina, como educación complementaria a la educación básica inicial. En nuestro país es el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) el organismo encargado de atender la educación básica a personas mayores de 65 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, asimismo, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de un modelo educativo.
Dicho modelo utilizado por el INEA, plantean el tratamiento de lo contenidos y temas considerando experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender.
Por ello el INEA es el encargado a nivel federal de combatir el rezago educativo para lograr una mejor forma de vida y de nuevas oportunidades para las personas jóvenes y adultas.
En las últimas décadas, se han logrado avances fundamentales en la construcción de una sociedad más democrática, más respetuosa, más tolerante e incluyente; con instituciones y un marco jurídico que garantizan la plena vigencia del estado de derecho, que promueven la participación social y dan mayor certidumbre a nuestro futuro.
El Plan Nacional de Desarrollo del presente sexenio, en el rubro de Transformación Educativa, establece en su estrategia 10.3 lo siguiente:
Por otro lado, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se considera necesaria la colaboración del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) con programas nacionales y estatales de desarrollo y participación social, así como con otros enfocados a los jóvenes y a las promoción del deporte y la cultura, para potenciar el impacto de las acciones dirigidas a la población sin escolaridad básica, con le fin de que un mayor número de personas curse o concluya sus estudios, en el marco de una atención integral.
Asimismo, entre las recomendaciones que realiza la Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, se establece que:
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del INEA tiene las siguientes metas sexenales para reducir el rezago educativo:
Asimismo, la directora general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, pidió fomentar la investigación educativa en materia de educación de personas jóvenes y adultas, a fin de ``entender causas y orígenes en el contexto del rezago con la intención de evitarlo y prevenirlo''.
El financiamiento para la educación de adultos proviene de dos rubros principalmente, el ramo general 11 relativo a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. El INEA recibió para el ejercicio de 2009, 2 mil 95 millones de pesos. Si se considera que el costo por estudiante es de aproximadamente 6 mil pesos al año, solamente se atienden 700 u 800 mil mexicanos durante el referido periodo. Así también, de los mayores de 15 años, de éstos, 6 millones son analfabetas, 10 millones no han concluido la primaria y 17 millones no han concluido la primaria y 17 millones no cuentan con la secundaria terminada. Esto confirma que uno de cada tres mexicanos está en rezago educativo.
Por otro lado, y de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal, para sufragar las medidas salariales y económicas correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y para la Educación Tecnológica y de Adultos se transfirieron dichos recursos a las entidades federativas a través del ramo 33 y sólo en el caso del Distrito Federal, se ejercieron por medio del ramo 25; lo que indica que también este último ramo contempla recursos para la educación de los adultos.
Es así que la Cámara de Diputados en la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2010, debe destinar recursos suficientes para el ramo 11, 25 y 33 que contemplan a la educación pública, específicamente al Instituto Nacional de Educación para Adultos, a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos y a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Lo anterior, a efecto de que se pueda apoyar desde el Congreso las actividades y programas relativos a la educación de los adultos.
Considerandos
Primero. Que los diputados integrantes de esta soberanía, estamos conscientes de que para el tema de la educación para adultos, la disponibilidad de mayores recursos para la atención educativa no es una condición suficiente, pero si es una condición necesaria para abatir el rezago educativo.
Segundo. Que de conformidad con los principios establecidos en el articulo 3o. de la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, es competencia de la federación, los estados y los municipios, promover, establecer, organizar y sostener servicios permanentes de educación para adultos, cuya realización implica la necesaria coordinación de los tres niveles de gobierno, asimismo promover la participación de los sectores social, privado y de la comunidad en general, por fundarse esta modalidad educativa en los principios de solidaridad social y en el auto didactismo.
Tercero. Que históricamente se ha demostrado que la educación es la base del crecimiento personal y que hoy es factor determinante en el acceso igualitario a las oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida.
Cuarto. Que nuestro país requiere de una sociedad que, en su conjunto pueda tener accesos a los derechos básicos como leer y escribir. En este sentido el INEA y los Institutos Estatales de Educación para Adultos y otra instituciones una gran labor, son embargo la desigualdad social y el rezago educativo resulta ser un enemigo a vencer que debe ser superado con puntualidad si queremos alcanzar un país moderno equitativo y competitivo.
Quinto. Que el Plan Nacional de Desarrollo señala que la política educativa debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el mejoramiento de la Nación; ofreciendo a los jóvenes y adultos que iniciaron no cumplieron la educación básica, la posibilidad de capacitación y educación para la vida y el trabajo que les permite aprovechar las oportunidades de desarrollo.
Sexto. Que las políticas de la educación de adultos solamente serán de relevancia si toman en cuenta la magnitud, la oportunidad y la fuerza de los cambio globales.
Séptimo. Que la mayoría de los mexicanos sin educación básica están en edad laboral; por lo que al proporcionarles educación resulta no solo un acto de justicia sino de beneficio para el desarrollo nacional, por ello es necesario que esta soberanía destine recursos suficientes a la labor tan importante y a los programas educativos desarrollados por el INEA y a la educación de los adultos en general.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se destinen recursos suficientes para el buen funcionamiento del Instituto Nacional de Educación para Adultos, contemplado en los ramos 11 y 33 del Presupuesto. Así como al ramo general 25 relativo a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal Tecnológica y de Adultos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava, del Distrito Federal, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos presupuestales por la cantidad de 150 millones de pesos para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava del Distrito Federal, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Más de la mitad de la superficie del Distrito Federal corresponde a suelo de conservación con 87, 294 hectáreas de las cuales alrededor de 50 mil son de aptitud preferentemente forestal, que representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la ciudad de México. Sin embargo esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.
Segundo. Un ejemplo, de esta problemática es la cuenca del río Magdalena, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud. El río se localiza al sur poniente del Distrito Federal y es el escurrimiento con mejor estado de conservación de la entidad, su flujo es permanente y alcanza un promedio de un metro cúbico por segundo con picos, en temporada de lluvias, de hasta 20 metros cúbicos por segundo, sin embargo, solamente una quinta parte del caudal se aprovecha y el resto se desperdicia vía el sistema de drenaje capitalino. Lo anterior impacta, entre otros aspectos, a la delegación Magdalena Contreras, que teniendo la posibilidad de autoabastecerse no lo logra y debe utilizar agua proveniente del río Lerma y Cutzamala.
Tercero. Gran parte de su cuenca está localizada en zona de reserva ecológica, pero una amplia superficie de ésta se encuentra en proceso de avanzada deforestación y degradación ambiental. La zona es frecuentemente invadida y la mancha urbana amenaza con extenderse sobre ésta. Si bien las aguas río arriba se encuentran limpias, presenta severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de su cauce.
Cuarto. Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Magdalena, comprometen su supervivencia. De ahí la necesidad de actuar de manera pronta e integral para lograr su plena rehabilitación, que es todavía posible. Su rescate implica salvar, para las generaciones futuras, un muy importante patrimonio natural, que puede aportarle a la Ciudad de México un caudal significativo de agua y, a la vez, prestarle notables servicios ambientales, al hacer posible disponer de amplias zonas verdes de gran potencial turístico y también productivo.
Quinto. El río corre a lo largo de cuatro delegaciones del Distrito Federal (en especial por la Magdalena Contreras), catorce colonias y cinco núcleos agrarios; de ahí también su gran importancia socioeconómica.
Sexto. Otro caso es el río Eslava. Dicho río se ubica en el límite entre las delegaciones Magdalena Contreras y Tlalpan, durante su recorrido recibe las descargas de las colonias Pedregal, Chichicaspa, Ejidos del Pedregal, Barrio Las Calles y Plazuela del Pedregal. Su cuenca es de las más extensas, presentando factores de escurrimiento relativamente bajos debido a la gran parte del área urbanizada. En épocas de avenidas registra gastos elevados los cuales son captados por el Río Magdalena antes de su descarga final.
Séptimo. Cabe mencionar que este río fue rectificado en su cauce original, desviándolo hacia el río Magdalena y finalmente a la presa Anzaldo, por lo que es necesario considerarlo en función de una visión integral de rehabilitación que incluya esta última infraestructura.
Octavo. La mayor problemática en el área de estudio son las descargas de aguas negras a cielo abierto en barrancas y ríos y los asentamientos irregulares sobre suelo de conservación.
Noveno. Para atender esta problemática, el Gobierno del Distrito Federal ha elaborado el Programa de Rescate Integral de de los Ríos Magdalena y Eslava. Dicho programa se fundamenta en una visión integral y con un horizonte de largo plazo, y define las acciones a llevar a cabo hasta el año 2012. El plan tiene contemplado más de 500 acciones, entre las que incluye la regeneración ecológica de zonas urbanas (parques lineales) la sustitución de más de 16 mil metros cúbicos de agua potable a través de la construcción de tres plantas de tratamiento y la aportación de 19 hectáreas de áreas verdes a las delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán. Una primera evaluación identifica requerimientos de inversión por 460 millones de pesos para el cumplimiento del programa y rescatar ambas cuencas.
Décimo. A la fecha el Gobierno del Distrito Federal ha destinado un presupuesto importante en el tema, sin embargo se considera necesario la cooperación del gobierno federal para fortalecer con recursos el Programa de Rescate Integral de de los Ríos Magdalena y Eslava, ya que incluso existen zonas federales y el problema rebasa el ámbito meramente local por el tamaño de las inversiones. De tal forma, que solicitamos se cuente en el año 2010 con cuando menos una tercera parte de los recursos presupuestales requeridos, y así se pueda cumplir el mencionado rescate para el año 2012.
Undécimo. De no ser así, por un lado, se corre el riesgo de que continúe el deterioro en las cuencas de estos ríos, aumentando las condiciones de riesgo, como son las inundaciones y disminución de las recargas, llegando a ser los daños ambientales irreversibles, si no se atiende de manera urgente la problemática ya mencionada, destinando los recursos requeridos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos por la cantidad de 150 millones de pesos para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava del Distrito Federal.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para implantar la reforma del sistema de justicia penal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria , del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Alma Carolina Viggiano Austria , diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La citada reforma constitucional tiene como objeto transformar de forma radical, el sistema de seguridad y justicia penal, es decir, pasar de un sistema mixto a uno adversarial.
Ello se traduce en una urgente agenda de acciones orientadas a reinventar métodos, procesos, formas, conductas y hasta actores de la justicia penal de México.
De lo que se trata es de concretar la transformación institucional, organizacional y profesional con los medios adecuados. Por ello, es necesario tener en cuenta que el Estado debe tener la claridad para asignar los recursos económicos necesarios para la contratación de nuevo personal, para su capacitación, para la construcción de nueva infraestructura y para el equipamiento de este nuevo sistema de justicia penal.
Segunda. El artículo segundo transitorio del decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, concede un plazo de ocho años para la adecuación de la legislación secundaria a efecto de que el nuevo sistema penal sea incorporado en los Estados de la República, así como en el Distrito Federal; publicación que apareció bajo el siguiente tenor literal:
``Artículo Segundo transitorio. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. (...)''
Tercera. Atendiendo a la necesidad de la creación de una instancia para llevar a cabo la coordinación nacional para implementar la precitada reforma constitucional, mediante decreto de fecha 30 de octubre de 2008 fue creado el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Cuarta. El artículo octavo transitorio del decreto publicado el 18 de de junio de 2008 a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, deposita en el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, la obligación de destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal:
Quinta. Con fecha 8 de septiembre de 2009 el presidente de la República envió a esta soberanía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Dentro del Ramo 04 del proyecto en mención se propone un monto de $577'148,687 (quinientos setenta y siete millones, ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal.
Del análisis funcional programático del gasto destinado para los rubros previamente señalados, que será ejercido a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se revela que el presupuesto contemplado para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, será aplicado en su totalidad a gasto corriente, y no se prevé monto alguno a gastos de infraestructura, equipamiento y capacitación, como lo exige la propia reforma en el citado artículo 8o. transitorio.
Sexta. De acuerdo con los cálculos realizados por especialistas en la materia, se estima que la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México, requiere un gasto de inversión que oscila alrededor de los 400 millones de dólares, que equivalen a poco más de 5 mil 160 millones de pesos, los que divididos entre los ocho años constitucionalmente conferidos a la implementación del la reforma al sistema de justicia penal, equivalen a 645 millones de pesos anuales, cabe aclarar que en virtud de su temporalidad no se volverá un rubro irreductible en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Habiendo transcurrido más de un año del plazo conferido para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, sin presupuesto para dicho objetivo, debe tomarse en cuenta que el monto de referencia debe dividirse entre los siete ejercicios fiscales que restan en los que deberá asignarse presupuesto al rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, dando un total anual de $737,142,857.14 (setecientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos con catorce centavos) anualmente.
En ese contexto, no debe perderse de vista que tales estimaciones se refieren exclusivamente a gastos de inversión anual, razón por la que resulta inadecuado considerar que los $577,148,687.00 (quinientos setenta y siete millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) asignados al rubro referente a la implementación de la reforma al sistema de Justicia Penal, sean aplicados únicamente a gasto corriente, dejando de lado las necesidades de inversión que la reforma requiere para su viabilidad.
En consecuencia se propone a esta soberanía incrementar el monto asignado a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal de tal forma que $737,142,857.14 (setecientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos con catorce centavos) sean designados a gasto de inversión a efecto de convertir el proceso de implementación de la reforma penal, en una auténtica inversión con perspectiva de política pública que beneficie a los justiciables.
Séptima. Tal como lo señala el artículo 8º del Decreto de fecha 13 de octubre de 2008 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, las facultades de dicho consejo son administrativas, de evaluación, de análisis, difusión y de orientación de políticas y programas
A efecto de determinar el monto que debe asignarse para gasto corriente, se propone que esta Soberanía, a través de la Comisión de Justicia, requiera a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que defina sus programas, metas, montos y requerimientos que aplicará para el cumplimiento de las funciones que le fueron conferidas y presente un esquema de gasto programático, lo que permitirá eficientar los recursos y garantizar que la justicia, como bien público, tenga previstos los medios económicos, tecnológicos y humanos que la reforma en materia penal requiere.
Octava. Para garantizar la eficiencia, transparencia y viabilidad del nuevo Sistema de Justicia Penal, deben establecerse con clarisas las reglas y acotar los márgenes de discrecionalidad en la planeación y ejecución de los programas. En consecuencia, es indispensable que en el texto del decreto por el que se emita el Presupuesto de Egresos de la Federación, el rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal dentro del ramo 04, señalé de manera precisa los montos que serán designados a gastos de operación y de inversión, respectivamente; con toda puntualidad y claridad.
En suma, es indispensable que esta reforma sea asumida como una política de estado desde una concepción integral de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. De nada sirven las acciones y recursos destinados al combate de la delincuencia, si no concebimos la seguridad, la prevención, procuración e impartición de justicia como un todo.
México vive tiempos difíciles, demanda de sus instituciones metas claras y medios para lograrlo, no olvidemos que la certeza jurídica, la legitimidad de nuestras instituciones son factores fundamentales para mantener la gobernabilidad en nuestro país. Un sistema de justicia penal fundado en la confianza ciudadana es la mejor garantía para tener seguridad personal y en el patrimonio, así como un real estado de derecho que promueva la inversión para el desa-rrollo que México requiere.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Que sea incrementado el monto asignado dentro del ramo 04 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, referente al rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Segundo. Que a efecto de determinar el monto designado para gasto de corriente, este cuerpo colegiado requiera a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que defina las políticas, planes y programas que aplicará para el cumplimiento de las funciones que le fueron conferidas y presente un esquema de gasto programático que permita eficientar los recursos que le serán otorgados.
Tercero. A efecto de que desde su inicio, la aplicación de los recursos destinados a la implementación del Sistema de Justicia Penal, debe tener reglas claras, razón por la que deben acotarse los márgenes de discrecionalidad en la planeación y ejecución de los programas enfocados al nuevo sistema penal. En consecuencia, es indispensable que en el texto del decreto por el que se emita el Presupuesto de Egresos de la Federación, el rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal dentro del Ramo 04, señalé de manera precisa los montos que serán designados a gastos de operación y de inversión.
Solicito que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Justicia.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los proyectos de desarrollo rural en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Robles Colín , del Grupo Parlamentario del PRD
Leticia Robles Colín , diputada secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en nombre propio y de los diputados del Distrito Federal integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional en 2009, y el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendientes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos como lo son los pobladores rurales e indígenas.
Que la zona rural del Distrito Federal requiere de apoyos para mejorar la infraestructura agropecuaria disponible y reactivar la economía rural en beneficio de la población, para este caso, de la zona del Teuhtli en las delegaciones Xochimilco y Milpa Alta.
Que se requiere de la intensificación productiva del área agrícola en la zona del Teuhtli correspondiente a San Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan, mediante el uso eficiente del agua residual de la planta de tratamiento San Pedro Atocpan, Milpa Alta.
Que es necesario establecer la infraestructura requerida para el uso eficiente del agua proveniente de dicha planta para lograr un óptimo aprovechamiento agrícola, como lo es el riego agrícola tecnificado (sistema de riego por goteo) a través de una red de distribución con línea principal, depósitos secundarios, líneas laterales (secundarias) y ramales (líneas de riego) a pie de parcela (unidad de producción).
Que para la zona en comento es necesario reactivar áreas de producción agrícola extensiva con régimen de temporal a régimen de riego induciendo esquemas de producción intensiva utilizando tecnología sustentable
Que desde 2007 se han venido invirtiendo recursos provenientes del Programa de Infraestructura Hidroagrícola que consiste en la construcción, rehabilitación, complementación, ampliación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola. Durante 2007 se invirtieron recursos por 7.4 millones para la obra modernización del riego de los ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco 1ra. Etapa, en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac, en beneficio de 608 personas. En 2008 los recursos se invirtieron para continuar la Obra de Modernización primera etapa, mientras que para el 2009 el escaso flujo de recursos se ha destinado para concluir apenas esa primera etapa.
Que todas las obras en comento son de continuidad por lo que se cuenta con la validación técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua.
Por todo lo expuesto y fundado sometemos a consideración de Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere establecer en los anexos del decreto de Presupuesto un monto de 29 millones de pesos destinados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, vertiente ``Infraestructura'', programa ``Infraestructura en el medio rural'', Ramo 16, ``Medio Ambiente y Recursos Naturales'', componente ``Infraestructura hidroagrícola'', entidad: Distrito Federal, en los siguientes proyectos:
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear un fondo económico destinado a protección civil en el Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD
Nazario Norberto Sánchez , integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58,59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, se consideren los recursos necesarios para que a través de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal se realicen trabajos y obras con la finalidad de salvaguardar la integridad de los habitantes del Distrito Federal que se encuentran en peligro inminente de desastres naturales debido a las condiciones climatológicas de los pasados meses y que el próximo año se repetirán sin lugar a dudas.
Antecedentes
1. Que en meses pasados se presentaron lamentables desastres naturales debido a las lluvias en el estado de México y en el Distrito Federal, sumando lo inoperante que resulta ser el sistema de drenaje de la ciudad, las numerosas zonas de alto riesgo que requieren de manera inmediata obras y acciones inmediatas y la implantación de programas de protección civil, han despertado la preocupación de jefes delegacionales y diputados locales del Distrito Federal, ya que son urgentes los trabajos en materia de prevención de desastres naturales para poder salvaguardar la vida de los ciudadanos que habitan la Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlahuac.
2. Que existen instancias federales dependientes de la Secretaría de Gobernación que se encargan de destinar recursos para ayudar a víctimas de desastres naturales tal como lo es el Fonden; sin embargo es poco sabido que existe también el Fopreden, que es el fondo para la prevención de desastres naturales; por lo que consideramos que es más conveniente prevenir que lamentar, por lo que en ese tenor es necesario la creación de un fondo económico para destinarlo a la prevención de desastres naturales.
3. Que el mencionado Fondo de Prevención de Desastres Naturales tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias y entidades de la administración pública federal, como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.
4. La existencia de este fondo no sustituye la responsabilidad que corresponde a los tres órdenes de gobierno, para prever en sus respectivos presupuestos, recursos destinados a la realización de acciones preventivas, considerando entre las líneas generales de acción lo siguiente:
5. Que la presente administración de Marcelo Ebrard Casaubon al frente del Gobierno del Distrito Federal elevó al rango de secretaría a la antes Dirección General de Protección Civil, lo cual resulto ser un gran acierto ya que esto ha permitido enfrentar de manera correcta las inclemencias del clima y diversas problemáticas en materia de protección civil, en una de las ciudades más grandes del mundo.
6. Que integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han realizado números esfuerzos para que se destinen recursos económicos del presupuesto de la ciudad lo cual resulta insuficiente en razón del tamaño de la problemática y la complejidad de los pendientes en materia de protección civil en el Distrito Federal.
7. De tal forma que resulta procedente impulsar y dotar de mayores recursos económicos a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal por medio de recursos que destine el fondo para la prevención de desastres naturales a nivel federal y esta a su vez de manera coordinada con las 16 demarcaciones realicen las acciones pertinentes para la prevención de los propios desastres naturales que acechan a la ciudad de México en los años recientes.
Exposición de Motivos
Se propone punto de acuerdo para solicitar la creación de un fondo económico para protección civil en el Distrito Federal, a efecto de prevenir y salvaguardar a la población de los posibles desastres naturales a causa de las lluvias y problemas de drenaje en la ciudad; asimismo el Distrito Federal presenta complejos problemas de protección civil, relacionados con fallas sismológicas, minas, zonas de deslave, barrancas, probables desbordamientos de ríos y presas, los cuales año con año se ven a límite de su capacidad siendo un peligro latente para la habitantes del Distrito Federal.
Como es bien sabido, en pasados meses los problemas de inundaciones, desbordamiento de presas en las zonas aledañas al Distrito Federal pusieron en peligro la vida de habitantes de la Ciudad de México y del estado de México, tal como lo fue el lamentable caso de Valle Dorado en el municipio de Tlalnepantla de Baz.
A pesar de que en el Distrito Federal no se presentó una tragedia de tales dimensiones a la antes referida; por la oportuna intervención del personal de la Secretaría de Protección Civil del DF; los diputados federales, locales y jefes delegacionales en nuestra calidad de representantes populares del Distrito Federal estamos obligados a solicitar un fondo económico para que con tiempo se empiecen a tomar las medidas necesarias para que en la próxima temporada de lluvias; se eviten hechos que lamentar; no esperar a que se corra con la lamentable suerte de los habitantes de Valle Dorado y de las zonas altas de la delegación Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y otras delegaciones del Distrito Federal y municipios de colindantes pertenecientes al estado de México que padecieron sobremanera los estragos de las lluvias.
En este orden de ideas es de recordar que las delegaciones Gustavo A Madero y Azcapotzalco colindan con el estado de México, donde se encuentra el Rio de los Remedios, el cual estuvo a punto de desbordarse en los pasados meses; es urgente y necesario estar preparados ante tales contingencias y no tener que atender el problema una vez que ya haya afectado a miles de ciudadanos.
Es de mencionar que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México han realizado diversos estudios, los cuales concluyen que la próxima temporada de lluvias será igual o incluso más severa que la de 2009. Lo cual significa que las inundaciones, desbordamiento de ríos o presas se vuelven prácticamente predecibles, ante tal circunstancia es urgente trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Distrito Federal, en lo particular con las demarcaciones y la Secretaría de Protección Civil, sin escatimar recursos, pero también siendo cuidadosos de no afectar el propio presupuesto del gobierno de la ciudad en esta materia el cual resultara insuficiente ante las inclemencias del tiempo.
Reiterando la necesidad de prevención y no de solución una vez que el desastre natural tiene verificativo, es urgente realizar trabajos y acciones de parte de las delegaciones políticas con el recurso federal que sea bajado a través de la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal; optimizando y ejerciendo de manera adecuada y transparente los dineros públicos a favor de los habitantes del Distrito Federal.
Dicho fondo económico debe cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de 600 millones de pesos.
Recursos que podrán ser asignados a demarcaciones como Gustavo A Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlahuac, entre otras; las cuales son focos rojos en materia de protección civil, proporcionalmente al numero de habitantes y tipo de problemática de cada uno de estos.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y cuenta Publica, al elaborar dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que sea asignado atreves del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y que a su vez sea ejercido por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, con la finalidad de realizar acciones para salvaguardar la integridad física de los habitantes de la Ciudad de México y en particular en las delegaciones que tienen zonas de alto riesgo en materia de protección civil.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos del Fondo Metropolitano para la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Avelino Méndez Rangel , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Avelino Méndez Rangel , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante esta XLI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, destaca que en 2008, ocho entidades concentraron poco más de la mitad de la población total de nuestra nación al contabilizar 57.2 millones de habitantes, que se distribuyen de la siguiente manera: en el estado de México, 14.6 millones; en el Distrito Federal, 8.8 millones; en Veracruz de Ignacio de la Llave, 7.3 millones; en Jalisco, 7 millones; en Puebla, 5.6 millones; en Guanajuato, 5 millones; en Chiapas, 4.5 millones y en Nuevo León, 4.4 millones. Así también, las cinco zonas metropolitanas con mayor concentración de habitantes son: la del valle de México que aporta un volumen de población de 19.2 millones, seguida por las de Guadalajara, 4.1 millones y Monterrey, 3.7 millones, le siguen la de Puebla-Tlaxcala, 2.5 millones y la de Toluca con 1.6 millones.
Según la información del Inegi, nueve municipios y dos delegaciones registran, cada uno, más de un millón de residentes: la delegación Iztapalapa (en el Distrito Federal) concentra 1.8 millones de personas, casi la misma población que registra el estado de Yucatán, los municipios de Guadalajara en Jalisco o Ecatepec de Morelos en el estado de México, que tienen 1.6 millones de habitantes cada uno.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, Apartado G, establece que para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de estas con la federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones, en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con la fracción VI del artículo 115 constitucional, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas, en las que concurran y participen con apego a sus leyes.
Asimismo, se establece que las comisiones serán constituidas por el acuerdo conjunto de los participantes y que en el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones. A través de las comisiones se establecerán, entre otras normas, las bases para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.
Ante la necesidad de atender y resolver en el corto y mediano plazos, en forma armónica, conjunta y coordinada, la problemática común de la zona metropolitana del valle de México, integrada por el Distrito Federal y los municipios conurbados de los estados de México e Hidalgo, sus autoridades han suscrito, con la participación del Ejecutivo Federal, diferentes convenios constitutivos de comisiones, en las materias, con los representantes y las fechas siguientes:
El 13 de marzo de 1998, se firmó el convenio por virtud del cual se creó por los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal, la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como primera instancia de coordinación bilateral para fortalecer la colaboración en áreas de interés común, a fin de definir y atender los temas de la agenda metropolitana con acciones conjuntas acordadas por ambos gobiernos, en estricto apego a las disposiciones jurídicas de cada entidad.
Mientras que con fecha 4 de agosto de 1998, la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, en sesión plenaria, adoptó entre otros acuerdos, el de impulsar la creación del ``Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México''. En fecha 7 de octubre de 2005, se firmó entre los gobiernos federal, del Distrito Federal y del estado de México, el Convenio de la Reinstalación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como un compromiso de dichos órdenes de gobierno para trabajar en la eliminación de los rezagos en materia de transporte, agua potable, seguridad pública y justicia, entre otros.
El 22 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en el cual se autorizó dentro del ramo 23 ``Previsiones salariales y económicas'', recursos por un monto de mil millones de pesos para el ``Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México''.
La LIV Legislatura del estado de México, aprobó el 27 de diciembre de 2005 la Ley de Ingresos del estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2006, en cuyo artículo 20 se autoriza al titular del Ejecutivo estatal para que por conducto de la Secretaría de Finanzas constituya un fideicomiso para dar cumplimiento a los compromisos a cargo del gobierno del estado de México en el marco de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.
Mientras que el 20 de febrero de 2006, se firmó el contrato por el cuál se constituyó el fideicomiso ``Para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México'', el cual tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos económicos necesarios para la atención de problemas de la zona metropolitana del valle de México, de los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México.
Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales desde 2006, se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se integraron al anexo 12, Programas del ramo 23, provisiones salariales y económicas, Fondos Metropolitanos, zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México) por la cantidad de 3 mil 300 millones de pesos (tres mil trescientos millones de pesos moneda nacional.) (Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2008).
De manera que el Fondo Metropolitano tiene por misión financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que:
Los recursos del Fondo Metropolitano se asignarán a los programas, proyectos, obras y acciones que acrediten su beneficio económico y social, así como la evaluación de su impacto ambiental. Todos los estudios, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento que se apoyen con recursos del Fondo Metropolitano, son públicos y ajenos a cualquier partido político; son recursos federales y queda prohibido su uso, difusión y promoción con fines políticos, electorales y otros distintos al desarrollo metropolitano.
En marzo del 2008, la SHCP publicó en el Diario Oficial las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano donde se identifica la zona metropolitana como: al conjunto de dos o más municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
Adicionalmente, se considera como zona metropolitana:
Mientras que el artículo 64 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano establece que las entidades federativas llevarán a cabo un registro, control y rendición de cuentas que será específico y exclusivo para los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento financiados con el Fondo Metropolitano, incluyendo los rendimientos financieros que se generen en la cuenta productiva específica que se deberá establecer para la identificación y el manejo de los recursos del Fondo Metropolitano.
Además, el artículo indica que se deberá llevar a cabo el registro, control, rendición de cuentas y transparencia en cada una de las cuentas productivas que se establezcan para identificar las diferentes fuentes de financiamiento consideradas en el fideicomiso.
El artículo 42 del proyecto de Presupuesto de 2010 establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
En ese contexto, solicitamos respetuosamente a esta soberanía la aprobación de 6 mil millones de pesos (seis mil millones de pesos moneda nacional) para la zona metropolitana del valle de México, en el marco de los Fondos Metropolitanos, zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México).
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Congreso de la Unión acuerda la aprobación de 6 mil millones de pesos para el Distrito Federal, en el marco de los Fondos Metropolitanos, zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México) y que dichos fondos se aporten dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el rescate de los ríos Magdalena y Eslava, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 una partida dirigida al rescate de los ríos Magdalena y Eslava.
Antecedentes
I. El río Magdalena, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud, se localiza al surponiente del Distrito Federal y es el escurrimiento con mejor estado de conservación de la entidad, su flujo es permanente y alcanza un promedio de 1 m3/s con picos, en temporada de lluvias, de hasta 20 m3/s, sin embargo, solamente una quinta parte del caudal se aprovecha y el resto se desperdicia vía el sistema de drenaje capitalino. Lo anterior impacta principalmente La Magdalena Contreras, que teniendo la posibilidad de autoabastecerse no lo logra y debe utilizar agua proveniente del río Lerma y Cutzamala.
Gran parte de su cuenca está localizada en zona de reserva ecológica, pero una amplia superficie de la misma se encuentra en proceso de avanzada deforestación y degradación ambiental. La zona es frecuentemente invadida y la mancha urbana amenaza con extenderse sobre la misma. Si bien las aguas río arriba se encuentran limpias, presenta severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de su cauce''. 1
II. Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Magdalena, comprometen su sobre vivencia según se ha detallado en estudios realizados por especialistas. De ahí los esfuerzos por el gobierno de la ciudad para lograr su plena rehabilitación, que como se ha señalado, es todavía posible.
En ese sentido, ``su rescate implica salvar, para las generaciones futuras, un muy importante patrimonio natural, que puede aportarle a la Ciudad de México un caudal significativo de agua y, a la vez, prestarle notables servicios ambientales, al hacer posible disponer de amplias zonas verdes de gran potencial turístico y también productivo. El río corre a lo largo de cuatro delegaciones del Distrito Federal (sobre todo por La Magdalena Contreras), catorce colonias y cinco núcleos agrarios; de ahí también su gran importancia socioeconómica''. 2
III. De conformidad con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, el programa de salvamento de los ríos Magdalena y Eslava será integral y, por tanto, a largo plazo, y definirá las acciones a llevar a cabo hasta 2012, para lo cual en septiembre de 2007 se inició la primera etapa, que concluyó en junio de 2008, con una asignación presupuestal para este ejercicio de 43 millones de pesos, una vez terminada la primera etapa del programa, en la que el plan maestro, así como los Estudios de Apoyo, arrojaron resultados que dieron un diagnóstico de la situación actual de las microcuencas; se comenzaron a priorizar las acciones para lograr un rescate integral de la zona de actuación.
Para ello se tomaron en cuenta los programas y subprogramas del plan maestro, lo que llevó a dividir las acciones del programa para 2009 en tres vertientes: acciones de conservación de la parte alta de las microcuencas, acciones de saneamiento hidráulico, y recuperación de espacios públicos.
IV. Objetivos particulares 2007-2012:
Ambientales
Urbanos
Participación ciudadana
Considerando
I. El investigador Manuel Perló, doctor en planeación urbano-regional, quien encabeza el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de México de la UNAM, explica: el rescate de un río ``va más allá de la limpieza del agua que corre por su cauce. Es igualmente importante el aprovechamiento del agua de lluvia o pluvial, la conservación de las aguas subterráneas y el tratamiento de agua residual. Las aguas tratadas, por un lado, evitan la contaminación del río, y por otro, permiten un ahorro de agua potable, dado que se pueden emplear para regar áreas verdes, lavar vehículos y satisfacer la demanda de agua en la industria de la construcción, entre otros usos.
II. En virtud de lo anterior, y de la importancia que significa el rescate del único río vivo de la capital del país, que como ya se menciono en líneas anteriores, es de suma importancia ya que si es utilizado correctamente podrá suministrar de agua a la ciudad, viniendo a reforzar la distribución del río Lerma y Cutzamala, trayendo consigo un sin número de beneficios más, y no obstante el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México que implantó desde 2007, el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava, es necesario que se etiquete desde este órgano legislativo una partida presupuestaria adicional para este fin, ya que de esa forma estaremos posibilitando que este proyecto rinda frutos en un menor plazo, en beneficio directo de miles de ciudadanos de la capital.
Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 una partida de 100 millones de pesos dirigida al rescate de los ríos Magdalena y Eslava.
Notas: 1 Información obtenida de la página de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.2 Información obtenida de la página de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos en el rubro de salud, particularmente para prevenir y atender el cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino.
Antecedentes
1. El cáncer es un padecimiento caracterizado por el crecimiento anormal y desproporcionado de las células, que van destruyendo e invadiendo tejidos normales, alterando así la función de nuestro organismo. El cáncer cérvico-uterino es una tumoración maligna que se presenta en el cuello de la matriz. Este tipo de cáncer es totalmente prevenible, ya que se conoce el agente causal y se dispone de los procedimientos para detectarlo y acceder prácticamente a la curación.
2. De conformidad con los análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se indica que desde la edad madura hasta la vejez, una de las principales causas de muerte entre las mujeres es el cáncer, principalmente los de tipo ginecológico. De acuerdo a las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2004 se registraron en México 4 mil 245 defunciones derivadas del cáncer cérvico-uterino, lo que representa el 13.5% de las defunciones por cáncer maligno.
3. Según información de la Secretaría de Salud, desde el 1 de enero de 2007 año 31 de agosto de 2009, la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.
4. Cuatro de cada cinco mujeres que tienen cáncer cérvico-uterino mueren por no realizarse a tiempo una prueba de papanicolau y 65 por ciento no atienden su salud sexual y reproductiva por anteponer el cuidado de la familia al suyo, informó la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar.
5. El 80% de las muertes por esa causa ocurre en los países en desarrollo, donde cada día mueren 600 mujeres por este cáncer. En Latinoamérica y el Caribe la incidencia llega al doble, y la mortalidad al triple, de la que se presenta en los países desarrollados.
En México fallecen cada año alrededor de 4,600 mujeres a causa del cáncer cérvico-uterino, con lo cual se sitúa en el séptimo lugar de América Latina en este tipo de mortalidad.
Considerando
I. Que el cáncer cérvico-uterino es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión, ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, y entre ellos se encuentran: el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años, tener algún parto antes de los 18 años, tener múltiples parejas sexuales o que la pareja sexual tenga relaciones sexuales con otras mujeres; asimismo la multiparidad, el tabaquismo, la inmunodepresión y la deficiencia vitamínica.
II. La Secretaría de Salud, de a través del Programa de Cáncer Cérvico Uterino, de septiembre de 2008 al mes de agosto de 2009 ha realizado 2,052,166 detecciones de CACU con la prueba de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de edad, efectuó 354,305 detecciones con la prueba del papiloma, de las cuales 130,000 fueron en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, en estas mismas comunidades, se vacunaron a 82,598 adolescentes de 12 a 16 años de edad como parte de las acciones de la estrategia 100 x 100, instrumentó seis laboratorios regionales de biología molecular con una capacidad por laboratorio para procesa 160 mil muestras anuales de la prueba de VPH, así mismo capacitó a 1,073 y profesionales de la salud de todos los niveles involucrados en la detección, y control de este padecimiento.
III. Los esfuerzos, que ha realizado la Secretaría de Salud, no son suficientes, debemos trabajar porque a todas las adolescente de nuestro país les sea aplicada la vacuna contra el virus del papiloma humano, y que esta sea de aplicación universal, de las misma manera que todas las mujeres de 25 años y más tengan acceso a una prueba de papanicolau anualmente, o en su caso la prueba de hibridación y que cubramos no sólo el 65% de las mujeres de nuestro país, sino la totalidad de ellas, es por lo cual que desde este Órgano Legislativo, debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer cérvico-uterino, así como para exhortar, no solo al Gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del Cáncer de este, que sin afán de ser reiterativa, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.
Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputada. El diputado Emilio Serrano solicita el uso de la palabra. Dígame, diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, para que sea tan amable de instruir que se retire de este orden mi punto de acuerdo y lo pueda yo exponer en la otra sesión. Es relativo a presupuesto para un programa especial de turismo en elDistrito Federal, para repercusión de todas las entidades federativas.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, y por ser el interesado, se da la instrucción para retirarlo. Adelante, diputada, por favor.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos a la Secretaría de Salud para prevenir y atender el VIH/sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.
Antecedentes
1. Transcurridos dos decenios de iniciada la pandemia, según datos del Consenso de Cairo, 10 años después ONU, 30 millones de personas han fallecido de sida y pese a las actividades de prevención, cada año se registran cinco millones de nuevas infecciones y prevalece el consenso en que esta pandemia está causando un retroceso en el desarrollo de las naciones.
2. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida) en su Informe sobre la pandemia mundial de sida 2008, estima que en todo el mundo 33 millones de personas vivían con el VIH en 2007, que el número anual de nuevas infecciones por el VIH disminuyó de 3 millones en 2001 a 2,7 millones en 200. En total 2 millones de personas fallecieron a causa de sida en 2007, mientras que las estimaciones para 2001 fueron de 1,7 millones mientras que el porcentaje de personas que viven con el VIH se ha estabilizado a partir de 2000, el número total de personas que viven con el VIH ha ido aumentando de manera uniforme debido a las nuevas infecciones que ocurren cada año, a los tratamientos que prolongan la vida y a que las nuevas infecciones aún superan en número a los fallecimientos provocados por el sida. Las mujeres representan la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo, y más del 60 por ciento de las infecciones por el VIH en África Subsahariana. Los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo y el número de niños menores de 15 años que viven con VIH aumentó de 1.6 millones en 2001 a 2,0 millones en 2007.
3. En nuestro país el VIH/sida es una epidemia establecida, cuyo primer caso se presentó en 1983 y el primer caso en una mujer fue en 1985, para 1987 había 23 casos de hombres con sida por cada caso femenino, actualmente por cada 5 hombres infectados hay una mujer con VIH. Exceptuando las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en donde la razón es de 3 a 1, es decir tres hombres por una mujer. Ésta es una epidemia concentrada según la categorización Programa de las Naciones Unidas contra el Sida, con 112,830 casos de sida acumulados al 30 de junio de 2007, de estos, el 96.1% obtuvo la infección por transmisión sexual, correspondiendo el 83% a hombres y el 17% mujeres, concentrándose en personas en su fase más productiva y reproductiva, es decir entre los 15 y 44 años, con el 78.7 del total de casos. Se estima que en México hay entre 182 mil a 250 mil personas que viven con el virus. La epidemia se concentra también en las principales ciudades del país, siendo el Distrito Federal la primera entidad en cuanto a número de casos con 20,709 casos. Junto con el Estado de México (que ocupa el segundo lugar con 11,849 casos) constituyen alrededor del 30 por ciento de la suma nacional. A diciembre de 2006 del total de casos, el 62.6 por ciento han sido notificados por la Secretaría de Salud, el 23.3 por ciento por el IMSS y solo el 0.5 por ciento son notificados por atención médica privada.
4. El número de personas con tratamiento antirretroviral y sin seguridad social en nuestro país es de 33 mil según datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, así también se estima que 38 mil personas requerirán tratamiento antirretroviral en 2010, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
5. Según el Registro Nacional de Casos de Sida, nos encontramos con que 27,514 personas han sido diagnosticadas con VIH, 483 han sido diagnosticadas con VIH en 2009, se estima que existen 200 mil personas adultas con VIH hasta 2007, así como existen 130,969 casos de SIDA notificados, en 2009 se han registrado 642, en 2007 se registraron 5,151 defunciones, siendo la tasa de mortalidad en 2007 por 1oo mil habitantes el 4.8%, (Fuente SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida. Datos al 31 de marzo de 2009. INEGI/SS. Registro de mortalidad 2007).
Considerando
I. El sida es un tema sumamente complejo que demanda una respuesta sin comparación de todos los sectores de la sociedad, en todo el mundo.
II. El VIH se transmite por tres vías, la más común es la sexual, a través del contacto íntimo con las secreciones corporales que puede darse durante la penetración sin protección, ya sea vaginal o anal. La segunda vía es la sanguínea, que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada. También se puede transmitir el VIH si se comparten jeringas o navajas o si se utilizan instrumentos quirúrgicos, odontológicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizados. Además existe la vía perinatal, de una madre portadora a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia.
III. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, contempla 46.6 millones, mismos que serán destinados a prevención y atención del VIH y otras ITS, lo cual significa una gran reducción presupuestal para dar atención a este grave problema que afecta a la población mexicana, si consideramos sólo para citar un ejemplo que el presupuesto estimado para el ejercicio 2010 del Departamento de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para atender este problema, es de 21,346,105.76 millones de pesos, esto nos da una idea clara de la necesidad de destinar mayor presupuesto para prevenir y atender el VIH/sida, ahora bien, si comparamos esta cantidad con la aprobada para el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, que en 2009, fue de 103,234,233 millones de pesos misma que fue menor a la aprobada para el Censida en 2008, cuando se aprobaron 167,822,192 millones de pesos.
Esto nos deja ver claramente que año con año se viene reduciendo el presupuesto que el gobierno federal, está destinando a la prevención y atención del VIH/sida, si consideramos que la disminución presupuestal de 2008 a 2009, para este rubro fue del 38.5 por ciento, y la que se está considerando de 2009 a 2010 es de 54.85 por ciento, situación que desde esta Cámara de Diputados debe cambiar, ya que como se mencionó anteriormente, esta pandemia sigue cobrando día a día, mayor número de víctimas, es por lo cual que es urgente etiquetar recursos para este rubro, con la finalidad de que todas las mujeres y hombres que viven con VIH/sida, cuenten con atención médica especializada y medicamentos gratuitos en este país.
Por lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el fortalecimiento de las nueve Procuradurías Ambientales Estatales, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
Maria Araceli Vázquez Camacho, diputada secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se consideren y aprueben en el Anexo 31 Ampliaciones al sector medio ambiente y recursos naturales, recursos públicos por el orden de 63 mil 011, 315.00 millones de pesos, para el fortalecimiento de las 9 Procuradurías Ambientales Estatales, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. En México al momento, las entidades federativas en las que se han creado y puesto en operación Procuradurías Ambientales Estatales son: Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
Segundo. Desde hace más de 3 años, por instrucciones del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Conago, en coordinación con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales (ANAAE), se ha trabajado para acceder a recursos del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación, cumpliendo con los objetivos del plan de trabajo de esta Comisión avalada por todos los gobernadores, así como de los propios de la ANAAE.
Tercero. Que en el año 2008, los diputados federales aprobaron, una ampliación para apoyar proyectos de los gobiernos estatales, dentro de lo que se destaca la gran disposición de los integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que llevaron al pleno esta propuesta y acordaron respaldar dichas demandas de los estados. Que se han llevado a cabo trabajos conjuntos con Semarnat, la SHCP y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con autoridades ambientales estatales, para lograr la integración de una sola propuesta para el apoyo de Proyectos ambientales de las entidades federativas para el año de 2010 y en donde se han logrado mecanismos de interlocución con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para lograr un presupuesto que se ajuste a las necesidades en materia de procuración de justicia ambiental de los estados, entre otros.
Cuarto. Que hasta ahora y como único fin, el presupuesto asignado será destinado al diagnóstico ambiental nacional ríos, lagos, lagunas y en general cuerpos de agua, contaminados. Cuencas hidrográficas perturbadas, así como a la implementación de mecanismos para erradicar los drásticos cambios de uso de suelo, tala clandestina y contaminación difusa por excesivo uso de agroquímicos en la agricultura, por los cuales se ve afectado en gran medida nuestro medio ambiente.
Quinto. Que la gran superficie de áreas naturales protegidas de nuestro país que constituyen el patrimonio natural de los mexicanos, necesitan recursos para continuar con su conservación y protección, en los nueve estados de la República con esquemas de procuración de justicia ambiental, a través de la inspección, vigilancia y administración, ya que actualmente se trabaja en la implementación de esquemas de incentivos y estímulos ambientales, imposición de sanciones, así como reparación del daño ambiental para lograr con eficacia la procuración del cumplimiento de la normatividad ambiental y territorial.
Sexto. Que la procuración de justicia ambiental debe contar con recursos presupuestales para lograr la debida investigación, estudios, dictámenes y peritajes y la promoción de la auditoría y de la autorregulación ambientales, siendo que México contribuye con el 1.5% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.
Séptimo. Que las nueve Procuradurías Ambientales Estatales actualmente establecidas no alcanzan a cubrir ni la tercera parte de las entidades federativas, siendo que éstas representan la autoridad ambiental más cercana a la población y con el conocimiento más próximo a la problemática ambiental y territorial en las entidades federativas y son finalmente quienes tienen facultades para recibir, atender y resolver las denuncias de la ciudadanía.
Octavo. Que con los esfuerzos conjuntos de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y los recursos aprobados este año, seis de las nueve procuradurías estatales lograron los proyectos planteados en la promoción del reconocimiento de la problemática ambiental y territorial, la identificación de los procesos ambientales y territoriales, el logro de consensos público-sociales para la atención de la problemática ambiental-territorial.
Noveno. Que las procuradurías en comento avanzan en materia de procuración de justicia ambiental, entendida como un trabajo con resultados equitativos, y eficientes, en el marco de un fortalecimiento jurídico institucional pues son estas procuradurías las que tiene la facultad de imponer medidas cautelares y sanciones; promover procesos voluntarios de auditoría y autorregulación, así como de conciliación de ser el caso, pues son el primer filtro en el proceso de procuración de justicia ambiental y de promoción del cumplimiento de la normatividad en la materia.
Décimo. Que las nueve Procuradurías han encontrado coincidencias y puntos de convergencia, que les han motivado para trabajar colectivamente y que tan sólo las nueve procuradurías estatales tienen presencia regulatoria en una extensión de 439,427 Km2 equivalentes al 22.4 por ciento del territorio nacional, donde se concentra el 44.3 por ciento de la población del país.
Decimoprimero. Que el resultado de los esfuerzos colectivos logró la inclusión en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PEF-2009) de los proyectos denominados: ``Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático...'', aprobados para cada Procuraduría de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y del Distrito Federal, con recursos presupuestales del orden de los 39.85 millones de pesos que incluyen el 20 por ceinto de aportación estatal, que actualmente se desarrollan a través del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Decimosegundo. Que el presupuesto en comento se destinó para el proyecto referido en donde las Procuradurías en su momento establecerían una planeación con proyección multianual misma que quedó plasmada y oficializada ante la Semarnat, a través de los Programas Estatales de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, con acciones y metas puntuales (PEFI 2009-2012), por lo que para este año se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados nuevamente la aprobación y apoyo económico en el PEF-2010, por lo que hace la consecución y consolidación del proyecto ``Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático'' en su segunda etapa en el caso de las Procuradurías Ambientales Estatales de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán, así como en su Primera Etapa para las correspondientes a Coahuila, Estado de México y Nayarit, por un monto de 50.409 millones de pesos que corresponden al 80 por ciento del costo total, con el compromiso de los estados y del Distrito Federal de una aportación complementaria del 20 por ciento con recursos propios, equivalente a 12.602 millones de pesos, para hacer un gran total de 63,011 millones de pesos.
Decimotercero. Que lo anterior se expresa en las siguientes tablas para efectos de revisión en un desagregado de aportaciones y el total por gasto de inversión, por entidad federativa de enero a diciembre de 2010.
Decimocuarto. Que la aprobación y el apoyo económico a este proyecto a través de PEF-2010 permitirá a las entidades federativas que lo promueven, consolidar las acciones y metas establecidas por sus Procuradurías Ambientales Estatales en los PEFI-2009-2012 y que se iniciaron con los recursos obtenidos del Anexo 31 del PEF-2009.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de esta H. Cámara de Diputados, a que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere y apruebe en el ``Anexo 31. Ampliaciones al sector medio ambiente y recursos naturales'' recursos públicos por el orden de 63 mil 011,315.00 millones de pesos, para el fortalecimiento de las 9 Procuradurías Ambientales Estatales (Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit) para que cumplan eficientemente en materia de procuración de justicia ambiental apoyando las acciones que llevan a cabo las procuradurías ambientales estatales, en beneficio del país.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir diversas obras públicas en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Rigoberto Salgado Vázquez a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Ubicada en la zona sur-oriente del Distrito Federal y constituida administrativamente por 12 Coordinaciones Territoriales, y por 7 pueblos, la delegación de Tláhuac cuenta con más de 8.7 millones de habitantes. Abarca una superficie de 8,534.62 hectáreas, de las cuales el 34 por ciento lo constituye el suelo urbano en tanto que el 66 por ciento restante es suelo de conservación.
Es decir, en el marco de esta megalópolis que es el Distrito Federal la delegación de Tláhuac la posee una vocación eminentemente rural, aunque no deja de ser importante su aspecto urbano. En realidad la delegación enfrenta fuertes retos tanto urbanos como rurales y agrícolas.
Es por ello que entre las prioridades de trabajo de las actuales autoridades delegacionales se cuentan: la conservación del arbolado urbano existente en la demarcación; la revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, con el objetivo de recuperar los usos de suelo que fueron designados a la delegación para así continuar siendo una delegación eminentemente rural; conseguir que los horticultores de la delegación puedan tener un mercado y el reto de construir el mercado de hortalizas en beneficio de todos los ejidatarios y campesinos de la delegación; la motivación de la reactivación de terrenos ociosos promoviendo la instalación de sistemas hidroagrícolas en superficies ejidal y de pequeña propiedad; e incentivar la recolecta de agua pluvial en las partes altas de la demarcación.
Con el propósito de llevar a efecto los anteriores compromisos, las autoridades delegacionales están programando una serie obras específicas entre las cuales destacan por su envergadura las siguientes:
Donde los productores de Tláhuac permitiéndoles la diversificación de su producción que conlleve la selección, clasificación, empaque, almacenamiento y comercialización permitiendo con ello darle valor agregado a sus productos.
A efecto de proteger, cuidar y preservar la zona chinampera de San Nicolás Tetelco, y sostener los niveles de agua de la laguna de San Miguel en San Andrés Mixquic como parte del agrosistema de la región, ya que forma parte de un sistema de producción milenario.
Se encuentra dentro de la zona chinampera de San Andrés Mixquic, sería reactivada para actividades turísticas y recreativas.
Se conservarían y preservarían las zonas o áreas de conservación ecológica que permitirían la sustentabilidad de la región y de la Ciudad de México.
Se quiere contar con un espacio que permita implementar un vivero educativo de producción de especies maderables endémicas de la zona, que coadyuven a llevar a cabo actividades que propicien el bienestar común y de futuras generaciones. Así como otras que eviten o disminuyan el impacto negativo o la destrucción de nuestro medio ambiente y por consiguiente el hábitat de muchas especies animales y vegetales.
Se pretende proteger, cuidar y preservar el agrosistema de Chinampas.
Como bien puede desprenderse de lo antes señalado, las acciones y obras mencionadas beneficiarían sin duda a todos los habitantes de Tláhuac, sea de forma directa o indirecta impulsando sus actividades productivas, su convivencia social así como fortaleciendo la conservación de sus recursos naturales, tan valiosos al mismo tiempo para toda la Ciudad de México.
En virtud de lo anteriormente señalado, y estando seguro de la comprensión y buena disposición de las legisladoras y legisladores, propongo a esta soberanía el siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluir 47 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 para que se asignen a la construcción de diversas obras públicas en la delegación Tláhuac, del Distrito Federal.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos al programa para el desarrollo de zonas prioritarias en Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado federal, Víctor Manuel Báez Ceja , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha constituido durante los últimos años como el principal instrumento de toda política pública, y principalmente de aquella orientada hacia el desarrollo económico y el combate a la pobreza. Por esta razón, resulta necesario consolidar una estrategia de gasto público que contemple inversión en infraestructura productiva e inversión en gasto social, que tenga como un objetivo en conjunto la reducción de los niveles de pobreza. Tal y como ha sucedido durante los últimos años en que se ha priorizado en algunas áreas del gasto social.
Se puede decir en términos generales que el presupuesto orientado al combate a la pobreza se ha dirigido hacia dos vertientes. Por un lado, se ha priorizado en la atención integral a los ciudadanos más pobres y vulnerables, y por el otro, en la superación de los desequilibrios regionales.
Y en este sentido, uno de los proyectos que mayor impacto ha tenido para el desarrollo regional es el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), que es el resultado de la fusión de algunos otros que le antecedieron, como fueron los programas: Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.
Actualmente, el Programa está orientado a combatir la marginación y rezago de las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza. Asimismo, incluye a las localidades catalogadas como predominantemente indígena, y aquellas identificadas como estratégicas para el desarrollo de las regiones establecidas en la Declaratoria de ZAP (Zonas de Atención Prioritaria), que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, ``son áreas o regiones cuya población registra índices de pobreza o marginación que indican insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, y que por tanto ameritan especial atención.'' Dicho sea de paso, que en esa situación de marginación y rezago social se encuentran 1251 municipios del país.
Este Programa tiene como objetivo, impulsar el desarrollo regional e incrementar el capital físico que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en donde opera. Para tal fin, implementa acciones orientadas al mejoramiento de viviendas, mediante la eliminación de pisos de tierra, servicios sanitarios, fogones altos, estufas rústicas, muros reforzados y techos; así como, a través la rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura social básica, como son: sistemas para la provisión de agua potable y obras de saneamiento, alcantarillado, drenaje, colectores, plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, redes o sistemas de energía eléctrica, infraestructura educativa, centros de salud, infraestructura productiva comunitaria y sistemas de comunicación, entre otros.
Asimismo, es menester del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, lograr la reducción de las desigualdades regionales, principalmente aquellas que tienen que ver con el acceso a los recursos y servicios básicos para las personas más pobres del país, que como bien sabemos en su mayoría son indígenas. Por ello su incorporación al desarrollo económico, social y cultural del país es un imperativo para el Estado, aún y en tiempo de crisis.
Por su parte, el gobierno federal ha manifestado que ante la actual crisis económica y sus consecuentes efectos como la pérdida de empleos y el aumento de familias en situación de pobreza, se mantendrá como una prioridad del presupuesto el gasto público para Desarrollo Social, por lo que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, este rubro (Ramo 20: Desarrollo Social) registró un fuerte incremento general del 23.6 por ciento.
No obstante, dicho aumento favorece sólo y de manera casi absoluta al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades --pues sus recursos se incrementan en 78.8 por ciento--, mientras que otros programas igualmente importantes para el combate a la pobreza y la desigualdad registran una disminución sustancial de recursos. Así el caso del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, que a diferencia del presupuesto que le fue asignado en el PEF 2009, por un total de 8,160.1 millones de pesos (7,910.9 millones asignados más 250 millones por ampliaciones, dada su importancia), el monto propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2010, es tan sólo de 6,191.2 millones de pesos, lo que representa una disminución del 24.1 por ciento.
En consecuencia, ésta disminución de recursos también afecta al estado de Michoacán, ya que el presupuesto asignado a este programa en la entidad también registra una reducción considerable de 35.5 por ciento, en relación al año anterior.
Por lo que resulta de gran importancia mencionar aquí la gravedad que esto representa, pues de acuerdo con el Coneval, Michoacán ocupa el 6º lugar de rezago social en el país y mantiene un alto índice de marginación. El 23 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza alimentaria, el 30.8 por ciento en pobreza de capacidades, y el 54.5 por ciento en situación de pobreza patrimonial.
Asimismo, es importante señalar que la entidad cuenta con varios municipios de muy alta y alta marginación, entre los que se encuentran: Aquila, Tzitzio, Nocupétaro, Susupato, Churumuco, Coalcomán, Chinicuila, Tiquicheo, Turicato, Carácuaro, San Lucas y Huetamo, Nahuatzen, Tlalpujahua, Chilchota, Hidalgo, Quiroga, entre otros. Mismos que se han beneficiado de este programa, pero que requieren de la continuidad del mismo para abatir los altos grados de rezago y marginación social.
En este sentido, aquí se reitera la necesidad de no reducir el gasto en este tipo de programas, porque si bien es cierto que se requiere de proyectos productivos que impulsen el desarrollo económico, también es importante que primero se garantice un desarrollo social más equitativo para todas las localidades del país. De lo contrario, difícilmente se reducirán las brechas de la desigualdad social, que mantienen y mantendrán al margen del desarrollo económico a tantos mexicanos.
Por estas razones, la actual crisis no debe ser un pretexto para acrecentar la vulnerabilidad de la población que habita en las así llamadas ``zonas prioritarias'', pues en este momento, la mayoría de los municipios del país no están en vías de superar por sí solos las condiciones de pobreza y marginación en las que se encuentran. Por ello debemos asegurar una mayor inversión en el gasto social, pero al mismo tiempo debemos garantizar una distribución más equitativa de los recursos asignados a los diversos programas para el desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Desarrollo Social que se incrementen los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. A fin de que se mantenga como mínimo el monto aprobado el año pasado para el mismo.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Desarrollo Social que se incrementen a por lo menos 90 millones, los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en Michoacán.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto que responda a la transversalidad y perspectiva de género que los Poderes de la Unión requieren para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracciones IV y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género que responda a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Que el presupuesto público es el instrumento por excelencia para el desempeño de las funciones de gestión del gobierno, ya que supone la concreción de una política económica y social, y es un reflejo de sus prioridades políticas. Permite el análisis cuantitativo y cualitativo y la previsión de los efectos de las diversas disposiciones sobre un territorio y la población que en él habita.
2. Que este análisis puede hacerse desde diferentes perspectivas, y ya que todo lo que interviene en la sociedad se debe tener en cuenta en el análisis macroeconómico, el género es de vital importancia a la hora de plantear el modelo y las posibilidades de desarrollo económico y social que permita descubrir impactos diferenciales para hombres y mujeres, incluso en aquellas políticas aparentemente neutrales.
3. Que un presupuesto sensible al género es aquel en el que se ha realizado un examen metódico y, por tanto, una correcta evaluación de las asignaciones que se realizan en el, posibilitando la identificación de impactos diferenciales dadas por las diversas situaciones tanto económicas como sociales que prevalecen entre hombres y mujeres, estableciendo posibilidades reales de desarrollo de objetivos y prioridades.
4. Que para entender porque son necesarios los presupuestos con perspectiva de género tendríamos que plantearnos sino el oprobio de la desigualdad está sustentada en la supremacía de un sexo sobre el otro y dicho en otros términos en la invisibilización de las necesidades del otro género y en la marcada diferencia en las posibilidades de desarrollo entre géneros. Así pues, lo vemos desde la conformación del espacio legislativo en el que tengo encomendado tener una curul y luchar por darle voz a otras mujeres.
5. Que el pasado 8 de septiembre del año en curso se presentó a esta soberania, el proyecto de Presupuesto de Egresos este no presenta una real perspectiva de género e imposibilita su análisis desde la elaboración, así pues programas como Oportunidades o Hábitat (por mencionar los más grandes) es imposible saber exactamente cuál es la cantidad específica en la que impacta a las mujeres beneficiarias, que resulta necesario dentro del análisis presupuestal, en otras palabras, necesitamos que desde ese punto de partida se pueda iniciar nuestro análisis; en caso contrario, estaremos reduciendo los 55, 480.2 millones de pesos anunciados por el gobierno federal a 5,429.7 millones de pesos que estarían distribuidos en 21 programas que sí se encuentran debidamente etiquetados a favor del género, en 18 programas de los mencionados quedan en los mismos términos y montos que en 2009.
6. Que en el análisis del mismo, respecto al ramo de salud, que asciende a 260 millones de pesos, cuando en realidad se refiere al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, es decir, ¿ese presupuesto lo mismo atenderá mortalidad materno infantil que la planificación familiar?
7. Que es aún más preocupante si incorporamos al análisis que el presente año en relación al año pasado en el mismo periodo hubo un repunte de 28.6 por ciento de la mortandad materna. Que en este punto, estaremos concentrando nuestros esfuerzos en que es necesario que nos aclaren cuánto dinero van a destinar a las mujeres embarazadas en la salud materno infantil.
8. Por otra parte en el rubro asignado a la Secretaría de Gobernación, que asciende a 68.7 millones de pesos se destina bajo el subprograma Promover la Protección de los Derechos Humanos y prevenir la Discriminación, se atiende las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres que en realidad son aplicados para la operación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin que se den datos desagregados de la forma en que se aplican estos recursos. En este sentido destaco la importancia de esta comisión, en el tema trascendental de la violencia y sobre todo porque la violencia es un oprobio que debe ser combatido y erradicado.
9. Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se destina un presupuesto de 8 millones de pesos, sin embargo no se etiqueta el recurso para la atención de la problemática específica de las mujeres reclusas en penales federales, por otra parte se establece un presupuesto destinado al ``fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y respeto de los derechos humanos''. Ellas, como es del conocimiento de todos ustedes sufren de discriminación, de exclusión social, de maltrato, son múltiples las violaciones a sus derechos humanos y, en este caso, la dependencia ( Secretaría de Seguridad Pública Federal es omisa). No obstante a ella, es decir, a la secretaría, se le asignan 9.3 millones de pesos, destinados al programa antes citado, cuyo antecedente es el Programa de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad y Género.
10. Con relación al Ramo 11 destinado a la educación y cuya entidad rectora es la secretaría del mismo nombre, dedica buena parte de recursos al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, al que en el analítico presupuestal refiere se dedican 15, 026 millones de pesos, esta cantidad supone que se pretende evitar la deserción escolar, sin embargo se deja de lado instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a través de sus becas contribuye para que se existan más profesionistas que concluyan estudios de posgrado, tales como maestrías y doctorados. En este sentido quiero recurrir a las estadísticas que manejan instituciones de educación media y superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México que refiere que en el ingreso a la licenciatura existe paridad entre géneros, sin embargo, en la conclusión y en los niveles de posgrado existe un índice menor a 10 por ciento de mujeres. Esto significa que no existe una política que impulse realmente el desarrollo de las mujeres para este ámbito de desarrollo profesional.
Considerandos
1. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal establece en su artículo 25 se incorpora la perspectiva de género para la administración pública federal. Este artículo se incluyo por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2008 la perspectiva de género como instrumento metodológico para la igualdad entre los géneros.
2. Que actualmente se incorpora en el Apartado 10.2, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la que se expresa que el Instituto Nacional de las Mujeres es el ente público rector de la política nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres a través de la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.
3. Por otra parte, es manifiesta la necesidad de que estos recursos, contengan los indicadores, objetivos y metas presupuestales y de impacto social. Sabemos que programas como Oportunidades son transversales y deben beneficiar a las y los más necesitados en nuestro país, en este caso dicho programa ocupa casi 46 millones del total de los recursos destinados al denominado presupuesto con perspectiva de género. Es decir, con este programa que se destina a través de las Secretarías de Educación, y de Salud la mayor parte del recurso que destina el gobierno a las mujeres.
4. Por ello, debemos restarlos del monto general de la estrategia, con lo cual los recursos para la igualdad bajan a 9,824 millones (reitero, descontando este programa que no contiene datos desagregados).
Somos muchas las mujeres y distintas nuestras necesidades, somos legisladoras, campesinas, migrantes, indígenas, jóvenes, amas de casa, obreras, profesionistas, estudiantes, somos la mitad de la humanidad, y el 51 por ciento de la población de nuestro país. Necesitamos que nuestras demandas sean atendidas y que sea abatida la desigualdad en que vivimos.
Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 03 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas del Poder Judicial con perspectiva de género.
Segundo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 04 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Gobernación con perspectiva de género, en especial las relativas a los programas de atención a mujeres y niños migrantes, así como el fortalecimiento de las acciones de la Comisión de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Tercero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se para que se etiquete en el ramo 05 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con perspectiva de género, en especial las relativas a la protección y asistencia consular de las mujeres en situación de violencia, trata y otros delitos perpetrados contra su dignidad, así como los programas de política exterior en materia de derechos humanos y democracia con perspectiva de género, así como para la protección de los derechos de las migrantes.
Cuarto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que informe respecto a el ramo 06 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos las diversas partidas para las acciones y programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a los programas Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género, Organización Productiva para las Mujeres Indígenas, Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena, y Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; asimismo, que informe la existencia de los programas relativos a las Secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria, y de Turismo, en materia de presupuesto con perspectiva de género.
Quinto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete e incremente en el ramo 08 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos respecto a la partida denominada Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el programa aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y se implanten programas de acción respecto a las mujeres rurales.
Sexto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete e incremente en el ramo 07 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la partida denominada Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género.
Séptimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 09 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se reincorporen los programas de atención a las mujeres migrantes.
Octavo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 10 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Economía para que se cree un programa nacional de financiamiento para mujeres empresarias, se etiqueten los recursos en los programas Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, para el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
Noveno. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 11 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Educación para que se informe respecto al programa denominado Diseño y Aplicación de la Política Educativa con Perspectiva de Género, los motivos de su desaparición en el proyecto de Presupuesto enviado a esta soberanía, así como la etiquetación correspondiente al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, y lo relativo en su aplicación del Programa Oportunidades, se etiquete el presupuesto destinado al fomento educativo de las mujeres.
Décimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 13 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Marina para que se destine y etiquete un presupuesto para la difusión de los derechos humanos de las mujeres y la creación de un programa para el adelanto y la igualdad de género.
Undécimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 14 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se reincorpore el presupuesto etiquetado denominado ``Fomento al Empleo de las Mujeres'' y etiquetar los recursos de los programas denominados procuración de justica laboral y el fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral.
Duodécimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 17 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría General de la República para que destine un presupuesto etiquetado para la atención de las mujeres y niñas víctimas del delito.
Decimotercero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 35 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos en relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se destinen mayores recursos a los programas existentes relativos al adelanto de las mujeres y la equidad entre los géneros.
Decimocuarto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 20 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos en relación con la Secretaría de Desarrollo Social mayores recursos a los programas existentes relativos al adelanto de las mujeres y se desagregue el impacto que tienen el programa oportunidades en relación con las mujeres y los 8 programas que se aplican transversalmente hacia las mujeres.
Decimoquinto. S e exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 36 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos en relación con la Secretaría de Seguridad Pública federal para que se reincorporen los programas Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos, y Administración del Sistema Federal Penitenciario, e informe respecto al denominado Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad de Género.
Decimosexto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se desagregue el impacto de los programas destinados a la salud de las mujeres en instituciones públicas de salud, así como el incremento para la atención de la salud materno-infantil.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales y ollas de captación en Tlalpan, Distrito Federal, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tlalpan, junto con Coyoacán e Iztapalapa, es una de las delegaciones con los peores problemas en el abasto y distribución de agua potable, provocada por el acelerado proceso de crecimiento y urbanización.
Lo más irónico es que en dicha demarcación existen enormes escurrimientos de aguas que pasan directamente a formar parte del sistema de drenaje. Para evitarlo, y ante la desesperación por la falta del líquido, se han realizado esfuerzos, aunque aislados y poco sistematizados, por parte de la población para desarrollar sus propios métodos y sistemas de captación, aunque de manera limitada e insuficiente.
Sin embargo, el problema de la falta de agua es de tal magnitud que requiere de un esfuerzo institucionalizado para aprovechar los recursos naturales con que cuenta dicha demarcación, a fin de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Máxime ante el agotamiento de las fuentes tradicionales de las que se nutre el Distrito Federal para su abastecimiento, como el Cutzamala y el agua del subsuelo, lo que ha provocado desertificación y desabasto en los estados por los que transita, así como el hundimiento de la ciudad, para el caso de la extracción de agua.
Se calcula que en los próximos años la demanda del vital líquido se incrementará y el agotamiento de los recursos será sólo cuestión de tiempo. Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo integral de incorporación de agua al subsuelo, aunado a un abasto suficiente para cubrir las necesidades de la población.
En septiembre pasado, ante el problema de desabasto, en Tlalpan se anunció el inicio de obras para reactivar siete pozos para atender la demanda de agua potable de 50 mil habitantes de San Pedro Mártir y San Andrés para que el líquido proveniente del sistema Cutzamala se quede en el Ajusco medio.
Se requiere de un sistema integral de reciclaje y captación de los escurrimientos pluviales, a fin de crear un procedimiento de almacenaje y distribución agua, que dé un respiro al sistema Cutzamala y beneficie no sólo a los habitantes de dicha demarcación sino de toda la ciudad y del país.
El problema del agua se acentuó en los últimos meses por la baja presión del suministro de agua potable del Cutzamala que afectó a 13 colonias de la zona media del Ajusco, problema que se agrava en la época de estiaje, que inicia en febrero, cuando las personas deben pagar pipas hasta por 600 pesos.
El plan para dotar de agua a los ocho pueblos de Tlalpan y las 30 colonias del Ajusco medio radica en la creación y establecimiento de plantas procesadoras de agua para orientarla a los cultivos de la demarcación. Esto es básico sobre todo si se considera que 80 por ciento de su territorio es rural y que, en su mayoría, se destina al cultivo y a la ganadería.
En adición al proyecto de captación de agua de lluvia, a través de ollas pluviales en las colonias del Ajusco medio, con la posibilidad de captar más de 10 millones de metros cúbicos que serán purificados e integrados a la red de suministro.
Generando un ahorro para la delegación de más de 46 por ciento de los 64 millones de pesos que año con año se erogan por el servicio de distribución y renta de mil 875 pipas, cada una con capacidad de 8 mil litros, con las que se abastece 25 por ciento de la población, además que solucionaría los problemas de falta de agua potable.
Las ollas pluviales y las plantas de reciclaje se establecerían en lugares estratégicos, en donde exista la captación de agua residual para su procesamiento y purificación. En tanto que las ollas de captación se establecerían en la zona media y alta con capacidad para retener cada una entre 20 y 25 millones de litros de agua.
En lo que corresponde al reciclaje de aguas negras, grises y pluviales basado en sistemas celulares urbanos, como se propone en el proyecto ejecutivo anexo, la diferencia de uno centralizado reside en la optimización del uso del agua tratada, así como en su capacidad de sustentación, es decir, en la posibilidad para la generación de recursos económicos que coadyuven a la sustentación de este sistema.
En la actualidad la recolección de aguas se lleva a cabo mediante un sistema centralizado de tubería en el que toda el agua negra residual y pluvial se conjunta y no es posible una separación del origen de estos líquidos, por lo que en vez de transportarla por extensos sistemas de tuberías para su tratamiento el sistema celular permite realizarlo en zonas relativamente cercanas a su recolección, lo que implica un mejor control y recolección de residuos sólidos (basura) que frecuentemente ocasionan daños y obstrucciones en los canales de distribución.
Algunos beneficios, entre muchos otros, que se desprenden del sistema de tratamiento, procesamiento y captación de agua son:
La operación de estas células de tratamiento se realizaría mediante los esquemas siguientes: captación de los sistemas colectores de las aguas residuales en cisternas de acumulación con compuertas de control de flujo en donde, por sistema de canales y otras cisternas, se realizaría el proceso de separación de sólidos en 3 etapas por medio de cribado.
Compuertas de retención y recolección helicoidal, entre otras tecnologías aplicables, en que se separará y sustraerá, entre otros, la basura, sólidos y demás cuerpos extraños que lleguen con la bajada de las aguas, sistemas que servirán para sustraer y eliminar del agua previo a su tratamiento, la mayor cantidad de materia sólida acarreada, misma que se almacenará en contenedores para su ulterior disposición.
Cada célula o planta de tratamiento de agua será diseñada a la medida y requerimientos de la comunidad a la que servirá, atendiendo a las condiciones químicas, orgánicas y demás peculiaridades que nos den los estudios de laboratorio del análisis químico del agua, que será recibida y tratada; la planta de tratamiento de agua en cuestión deberá considerar la naturaleza de las descargas que serán recibidas ya que estas variaran entre comunidades.
De igual forma cada planta o célula tendrá la función de realizar los procesos necesarios aplicando la tecnología más adecuada, reduciendo la intervención en lo posible del factor humano, es decir, serán plantas automatizadas con envío de información remota (telemetría), así podrá centralizarse en un centro de mando y tener en tiempo real las lecturas y parámetros que se estén dando, así como considerando los costos de instalación y mantenimiento que den un retorno adecuado a la inversión realizada.
A efecto de lograr el resultado óptimo, las células podrán utilizar las siguientes tecnologías y sistemas de tratamiento:
Estos tratamientos nos permitirán mejorar la calidad del agua recolectada hasta su rehúso como aguas grises para riego agrícola o de áreas verdes, servicios o uso industrial, esto siempre dependerá de las necesidades requeridas y las capacidades instaladas.
Una vez tratada el agua será diseccionada a un tanque de distribución en el que se almacenará el líquido y, de este, pasará a un módulo de distribución en el que se tendrán las tomas que diseccionarán el agua tratada, ya sea a la red de distribución de aguas grises o a la tubería para llenado de carros tanque o pipas.
Este sistema se considera y se propone por los altos niveles de recuperación de aguas residuales, en el entendido de que su calidad de descarga, siempre corresponderá a los parámetros considerados en las normas oficiales mexicanas relativas a las descargas de aguas.
Es por lo antes expuesto y fundado, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se contemple la aprobación de 138.5 millones de pesos al Distrito Federal, para destinarse a la partida B00 S218 ``Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento'', para la construcción de un sistema celular de plantas de tratamiento de agua, al igual que un paquete de ollas de captación pluvial, para de este modo solucionar la escasez de agua en Tlalpan, Distrito Federal.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría se propone como posible fuente de financiamiento del incremento anteriormente propuesto: 1. El monto de los ajustes y reasignaciones provenientes del ramo 23, ``Previsiones salariales y económicas''. 2. El monto de las reasignaciones internas del ramo 16, ``Medio ambiente y recursos naturales''. 3. El monto adicional de recaudación producto de las reformas a la Ley Federal de Derechos. 4. Los que estime pertinente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a la instauración de los programas que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo con recursos federales, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010 se aprueben recursos para la instrumentación de los programas que con recursos federales desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal en los siguientes términos:
Antecedentes
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal (Sederec), es una secretaría de reciente creación en el Distrito Federal, cuya responsabilidad primordial es establecer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a migrantes y sus familias.
No obstante que la Ciudad de México tiene una vocación eminentemente urbana, el 59 por ciento de su territorio es suelo de conservación y es en esta importante superficie donde los productores agropecuarios, ejidatarios y núcleos agrarios desarrollan actividades que son fundamentales para la sustentabilidad de la ciudad.
Para apoyar a estos sectores de la población, la Sederec, entre otros, impulsa los siguientes Programas:
Tanto originarios como residentes y comunidades étnicas de distintos orígenes, le imprimen al Distrito Federal su carácter pluriétnico y multicultural.
Sin embargo, estos sectores enfrentan la persistencia de mecanismos de exclusión social que derivan en indicadores de bienestar, desarrollo social y humano por debajo de la media de los habitantes de la ciudad. Para revertir esta situación, la Sederec se encuentra desarrollando los siguientes Programas:
Durante los últimos 20 años, la Ciudad de México pasó de ser una urbe receptora de migrantes a tener un grado de intensidad migratoria muy alta.
Frente a esta situación, en la Sederec se ha enfocado en revertir los efectos negativos que ocasiona este fenómeno en el tejido social y familiar, mediante la implementación de programas orientados a privilegiar la promoción de sus derechos y a crear condiciones para arraigarlos a la ciudad y propiciar su retorno.
El Gobierno del Distrito Federal se ha propuesto alcanzar mayor equidad social entre las y los habitantes de la ciudad, originarios, migrantes o huéspedes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y como parte de ella, el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, por medio del cual ofrece los siguientes programas y servicios de apoyo para capitalinos radicados en Estados Unidos:
Obtención de doble nacionalidad, Copias certificadas de registro civil, Tarjeta Migrante, Línea Migrante, Atención a Familiares y Migrantes Internacionales y Proyectos Productivos, entre otros.
Considerando
Que es fundamental contar con recursos económicos para a tender estos importantes proyectos y a las y los habitantes de estas comunidades, productores, migrantes y sus familias, por ello y para materializar estos proyectos y lograr acercar a las comunidades y sus integrantes a mejores condiciones de vida es necesario que desde esta Cámara se destinen recursos financieros para su aplicación y consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de estos importantes sectores de la población para ello se solicita que esta H. Cámara de Diputados:
Por lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010 se aprueben recursos para la instrumentación de los programas que desarrolla la Secretaría de Desa-rrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal en términos de lo planteado en los considerandos de la presente proposición.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para cumplir el proyecto de fortalecimiento tecnológico de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el gobierno de la Ciudad de México en con coordinación con las autoridades federales está obligado a instrumentar mecanismos innovadores para el fortalecimiento y modernización de los servicios de salud de la ciudad, dotando a la red de hospitales y unidades médicas de equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud.
2. Que el objetivo primordial es dotar a los hospitales del Distrito Federal de la plataforma informática y de redes que permita apoyar su operación eficiente en cohesión al Modelo Integrado de Atención a la Salud y al de infraestructura, que integre todos los servicios.
3. Que se debe propiciar la autonomía de gestión hospitalaria incrementando la capacidad resolutiva, integrándose la operación de todos los servicios de salud en las unidades hospitalarias del Distrito Federal.
4. Que el proyecto en mención para el fortalecimiento tecnológico para la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal prevé implementarse en quince hospitales, dos unidades toxicológicas, catorce unidades médicas en centros de readaptación social y doscientos centros de salud.
5. Que con este proyecto se permitirá crear redes virtuales de servicio de la salud, así como redes lógicas de operación con instituciones y unidades de salud federal.
6. Que aunado a lo anterior se optimizará y favorecerá el uso eficiente de recursos públicos para la salud, articulándose la operación eficiente del primer y segundo niveles.
7. Que el proyecto considera la adecuación de infraestructura electromecánica y la implementación de equipamiento de telecomunicaciones y de telefonía, así como televigilancia y adecuaciones físicas de sites y áreas de monitoreo, bajo un soporte avanzado de comunicaciones.
8. Que el proyecto de fortalecimiento tecnológico dotará a la red hospitalaria y unidades médicas de la capital del país de mejores instrumentos de planeación y organización que redundarán en una prestación más eficiente y equitativa de los servicios de salud a la población.
9. Que para cumplir con las metas para el proyecto de inversión 2010 en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal requiere un monto total de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos).
Por lo expuesto ponemos a consideración de este Honorable Congreso la siguiente, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud y del Distrito Federal de la Honorable Cámara de Diputados, se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto de fortalecimiento tecnológico para la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que incluye quince hospitales, dos unidades toxicológicas, catorce unidades médicas en centros de readaptación social y doscientos centros de salud.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para cumplir los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo de atención urgente en Álvaro Obregón, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el gobierno delegacional con la finalidad de proteger a los 420 mil habitantes en zonas de alto riesgo de Álvaro Obregón, a través de su Atlas de Riesgos ha identificado y (pese a la cancelación del presupuesto en este rubro a nivel federal) regenerado en el último año minas que se encontraban en alto riesgo, demolido viviendas y reubicado a familias; ha saneado barrancas y creado módulos de seguridad y protección civil y ha otorgado nuevas viviendas a personas en peligro de perder la vida.
2. Que el objetivo primordial es salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes viven en áreas de peligro y que representan el 60 por ciento de la población total.
3. Que el Atlas de Riesgos constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones basada en la participación ciudadana, por medio de los Programas Comunitarios implementados, lo cual permite crear brigadas vecinales para difundir entre la población la cultura de prevención de desastres y de protección de vidas humanas.
4. Que, sin embargo, el principal riesgo permanente en el perímetro delegacional lo representan las 84 minas detectadas hasta la fecha, las cuales amenazan 52 mil viviendas con 176 mil habitantes de 32 colonias, 39 de ellas identificadas como de alto riesgo en el presente año.
5. Que aunado a lo anterior, en Álvaro Obregón existen 80 zonas de inundación que afectan a cerca de 10 mil inmuebles y a cien mil personas, en tanto que se tienen identificados 212 taludes de los cuales 107 están catalogados como de riesgo crítico; además de los riesgos que pueden significar 11 presas, 7 ríos y 7 fallas geológicas.
6. Que, como resultado de gestiones hechas por la autoridad delegacional, legisladores locales y federales, en 2008 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó recursos para realizar estudios y acciones de regeneración de cavidades en 17 colonias, y estabilización de taludes en 50 frentes ubicados en otras 20 zonas habitacionales.
7. Que considerando que más de la mitad de los obregonenses habita en barrancas, taludes, minas y lechos y laderas de ríos, se hace indispensable la participación de los distintos niveles de gobierno en la atención de esta problemática con políticas públicas a favor de las personas, y más allá de ideologías.
8. Que con este afán, es necesario destinar recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para resolver la problemática derivada de las minas y taludes de alto riesgo e impulsar decididamente la autorización de este presupuesto específico para estas tareas.
9. Que en dicho sentido, los 39 trabajos de regeneración de minas pendientes y prioritarios, que se encuentran en alto riesgo y que han sido identificados durante este 2009, que no han sido llevados a cabo debido a la cancelación del presupuesto en este rubro, requieren actualmente para su realización un monto de $100,648,931.95; de igual forma se tienen identificados 107 taludes donde es urgente realizar obras de mitigación y que representan riesgo por las lluvias y que requieren un monto de $148,359,934.00; asimismo están pendientes 14 programas comunitarios en los que se solicita muros de contención y rehabilitación de vivienda y requiere recursos por un monto de $738, 317.04.
10. Que para cumplir con este objetivo de preservar y salvaguardar la vida y patrimonio de miles de personas, la autoridad delegacional requiere en ``zonas de alto riesgo de atención urgente'' para el proyecto de inversión 2010, un monto total de $249,747,182.00 (doscientos cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y dos pesos).
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo de atención urgente en la delegación Álvaro Obregón.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir la casa de cultura General Francisco Villa, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Con la finalidad de fomentar, desarrollar y fortalecer el interés de la comunidad en la realización de actividades culturales, artísticas y de esparcimiento, la autoridad administrativa en la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, ha establecido como estrategia el destinar recursos a distintos proyectos de infraestructura cultural como es la restauración arquitectónica y ornamental del recinto cultural patrimonio histórico Teatro del Pueblo, la restauración del parque Bicentenario (Plaza del Estudiante), el jardín Ramón López Velarde en el Centro Histórico y la colonia Roma Sur, respectivamente, de la demarcación.
2. La remodelación, rehabilitación y modernización de espacios para la realización de actividades artísticas y culturales, así como el equipamiento de los mismos para hacerlos más funcionales resulta necesario para mantener su viabilidad, sin embargo, la creación de nuevos espacios resulta fundamental para el cuidado y la apropiación de los valores culturales por parte de las comunidades beneficiadas.
3. En este sentido, la delegación Cuauhtémoc en colaboración con los vecinos de la comunidad, proyecta construir en el remanente de la calle de Rivero, entre Peralvillo y Santa Lucía, frente al deportivo Morelos lo que será la nueva casa de cultura General Francisco Villa, en la colonia Morelos, la cual beneficiará no sólo a los habitantes de la zona, o a los 518, 613 en toda la demarcación, sino a la población del Distrito Federal en su conjunto.
4. Para lo anterior se realizarán obras en los rubros preliminares que consisten en: excavación, acarreos, rellenos, trazos, cimentación, albañilería, bardas perimetrales, andadores internos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herrería (estructura), pintura, impermeabilización y acabados. Todas las acciones serán en apego a los criterios del cuidado y conservación del patrimonio histórico de la zona.
5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción de la nueva casa de cultura General Francisco Villa la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010 un monto de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos).
Considerandos
1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir la memoria y el patrimonio cultural, así como gestionar los recursos para la construcción infraestructura dedicados al quehacer cultural.
2. Que con la construcción de la casa de cultura General Francisco Villa, como parte de la nueva infraestructura cultural de la Ciudad de México, se dará cabida a las múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales de la ciudad, favoreciendo el desarrollo cultural y artístico, así como la calidad de vida de la población.
3. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a fomentar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, gestionando los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para que las diferentes manifestaciones y contenidos de la memoria colectiva sean recuperados, registrados y difundidos adecuadamente a nivel local y nacional.
Por lo expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados, que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción de la nueva casa de cultura General Francisco Villa.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a cumplir la construcción de la nueva Escuela Gratuita de Artes y Oficios de Iztacalco para Jóvenes, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con el objetivo de fomentar, desarrollar y fortalecer el interés en la realización de actividades culturales, artísticas y de esparcimiento en la población joven de la delegación Iztacalco, en el Distrito Federal, la autoridad de la demarcación ha propuesto a partir de consultas con los vecinos de los siete barrios, la construcción de la primera escuela gratuita de artes y oficios para jóvenes.
2. Como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el Protocolo de San Salvador de la OEA sobre esta materia, es un objetivo general para los países pertenecientes a estos organismos respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los jóvenes que habitan y transitan, en este caso, en el Distrito Federal.
3 . Cabe mencionar que la educación en la Ciudad de México es regulada por el ámbito federal y local, lo que obstaculiza la articulación entre ambos actores para garantizar el derecho a la educación.
4. Conforme al diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, se establece que la población juvenil que no sabe leer y escribir se concentra en la delegación Iztapalapa con 27.7 por ciento del total de jóvenes, seguida de la Gustavo A. Madero con 12.19 por ciento y la Miguel Hidalgo con 2.12 por ciento; aunado a esto, se suma la población joven de 18 a 29 años que no cuenta con educación media superior cifra que representa 36.8 por ciento del total de la población juvenil del DF.
5. La exclusión educativa y deserción escolar es otro problema entre los jóvenes de la Ciudad de México, en particular cuando se trata de mujeres jóvenes, madres jóvenes, de grupos indígenas, de migrantes y de jóvenes con discapacidad.
6. Ante esta problemática, el gobierno del Distrito Federal ha establecido mecanismos de coordinación institucional y de política pública entre las autoridades y actores federales a fin de garantizar a los jóvenes de la ciudad el derecho a la educación y a la cultura de manera corresponsable.
7. Sin embargo, ante la situación de crisis económica que sufre el país que agudiza la falta de oportunidades educativas, culturales y laborales entre la población de jóvenes y que redunda en problemas de desarticulación familiar, entorno social hostil y delincuencia juvenil, resulta necesario establecer acciones en los diferentes ámbitos de gobierno para garantizar y paliar dicho rezago.
8. En este sentido, la delegación Iztacalco, en colaboración con los vecinos de la comunidad, proyecta, enfocándose a dicha problemática, la construcción de obra nueva o proyecto de construcción en lo que se conoce como casa de indigentes en el barrio de Los Reyes, para erigir la primera escuela gratuita de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes.
9. Para lo anterior se realizarán obras en los rubros: Preliminares que consisten en excavación, acarreos, rellenos, trazos, cimentación, albañilería, bardas perimetrales, andadores internos, herrería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Pintura, impermeabilización y acabados.
10. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción de la nueva escuela de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes, la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión un monto de 10 millones de pesos.
Considerandos
1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad, los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes.
2. Que con la construcción de la nueva escuela de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes, como parte de la nueva infraestructura cultural de la Ciudad de México, brindará a la población joven de la zona educación, capacitación en diferentes artes y oficios, generando oportunidades de desarrollo y calidad de vida entre los jóvenes.
3. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a establecer acuerdos y convenios entre las distintas instancias de gobierno local y federal con la finalidad de garantizar el acceso a la educación y la cultura a los jóvenes del Distrito Federal.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Cultura de la honorable Cámara de Diputados que se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción de la nueva Escuela Gratuita de Artes y Oficios de Iztacalco para Jóvenes.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos en lo correspondiente al Ramo 21, referente al sector turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Víctor Manuel Báez Ceja , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Hoy por hoy, el turismo se ha convertido por varias razones en uno de los sectores estratégicos más importantes para el desarrollo económico de México.
En primer lugar, porque México se encuentra entre los principales destinos turísticos de todo el mundo.
En segundo lugar, porque entre otras cosas esta actividad se ha convertido en la tercera fuente más importante en la captación de divisas para el país. Así por ejemplo, en 2008 se obtuvieron ingresos por 13 mil 200 millones de dólares; y durante este año, tan solo entre enero y junio se obtuvieron ingresos por 6 mil 48 millones de dólares, pese a la crisis económica, la contingencia sanitaria y los problemas de seguridad pública.
En tercer lugar, porque este sector se ha convertido en un detonador importante para el crecimiento y desarrollo municipal, regional y estatal, a través de la generación de infraestructura turística.
Y finalmente, porque el sector turismo se ha constituido también como una fuente importantísima para la generación de empleos en todo el país, contando actualmente con 2 millones 250 mil personas empleadas.
No obstante los datos anteriores, el gobierno federal no sólo ha planteado la desaparición de la secretaría del ramo, sino que además ha planteado un importante recorte presupuestal para éste, dentro del Proyecto de Egresos de la Federación para 2010.
En términos generales, el monto propuesto en el PPEF de 2010 para turismo es de 3 3 mil millones 800 mil pesos. Esta cantidad presenta un recorte de mil millones 500 mil pesos, en relación a los 4 mil 1.3 millones aprobados en el presupuesto pasado, lo que equivale a una disminución del 25 por ciento en el Presupuesto.
Igualmente destaca dentro del recorte planteado para este ramo, una importantísima reducción del 47.4 por ciento en el gasto para la Dirección General de Programas Regionales, así como la desaparición de la Dirección General de Servicios al Turista.
Todo esto resulta contradictorio a lo expuesto en la ``Estrategia Programática'' del proyecto de Presupuesto donde se señala que: ``para el año 2010 se reforzarán las acciones estratégicas para hacer del turismo una prioridad nacional''. Lo que no se explica en el documento es como pretenden hacer para que un sector que se supone ``prioridad nacional'' resulte operativo cuando presenta una disminución presupuestal de mil millones 500 mil pesos.
Más aún, cuando el sector turístico --como ya se mencionó-- se ha convertido en la tercera fuente de ingresos de divisas a nuestro país, además de generar polos de desarrollo y empleo en aquellos lugares donde se implementan proyectos de infraestructura turística.
Todas estas, son razones por las que resulta de suma importancia no descuidar a este sector tan importante. Sino que por el contrario, debemos sumar esfuerzos para consolidar al Turismo como uno de los motores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Y para ello debemos garantizar la continuidad en la realización de las obras de infraestructura y servicios públicos que contribuyan a la consolidación y diversificación de destinos turísticos sustentables y competitivos a nivel nacional e internacional. Sobre todo cuando los ingresos por remesas disminuyen, y en el escenario futuro, México se aleja de ser una potencia petrolera.
Es por ello que resultan tan absurdas las propuestas de desaparición de la Secretaría de Turismo, así como del recorte en su presupuesto. Pues lejos de debilitar presupuestalmente a este sector, desaparecerlo, fusionarlo o incorporarlo a otro, se requieren de nuevas alternativas que contribuyan a su fortalecimiento, con miras a potenciarlo como un elemento estratégico y esencial dentro de una política de Estado.
Por lo que se insiste en la necesidad de mantener en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, al menos como mínimo, la misma cantidad aprobada en el PEF de 2009 para el ramo 21.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incrementen a cuando menos 4 mil 1.3 millones de pesos, los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, al ramo 21, correspondiente al sector Turismo, a fin de que se mantenga como mínimo el monto aprobado en el PEF de 2009.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la atención de personas en situación de calle en la próxima temporada invernal, para reforzar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD
Nazario Norberto Sánchez , en nombre propio, como diputado e integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58,59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010 se destinen recursos económicos para la atención de personas en situación de calle en la próxima temporada invernal; para reforzar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal; lo cual permita establecer acciones inmediatas con la finalidad de salvaguardar la integridad de los habitantes del Distrito Federal que se encuentran en peligro inminente ante las condiciones climatológicas que se presentarán a finales de 2009 y principios del 2010.
Antecedentes
1. Que la Ciudad de México en una de las urbes más grandes del mundo y ante ello su problemática de rezago social y el número de personas en situación de calle es importante, por lo que resulta inminente la implantación de programas y acciones que permitan combatir la pobreza de manera frontal, si bien es cierto que el Gobierno del Distrito Federal cuenta con importantes programas sociales en beneficio de los habitantes del Distrito Federal, también lo es que las acciones son insuficientes por lo cual se requiere indudablemente destinar recursos económicos para que por medio de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal sean aplicados a programas específicos de atención a personas en situación de calle que sufrirán las inclemencia de la temporada invernal que iniciará a finales de noviembre y se extenderá hasta finales de febrero de 2010.
2. Que existen instancias federales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social que se encargan de destinar recursos para ayudar enfrentar las condiciones de pobreza del país, que en observancia a las normas de Coordinación Fiscal, puedan ser asignadas al Distrito Federal para su aplicación por medio de la Secretaría de Desarrollo Social.
3. Que existe la instancia nacional denominada el FAIS que es uno de los siete fondos que forman el ramo 33, cuyo objetivo fundamental --de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal-- es el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable y se divide en dos fondos; el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
4. Los recursos del FISE (equivalentes al 0.303 por ciento de la recaudación federal participable) se deben destinar a obras y acciones de alcance regional o intermunicipal. Por su parte, los recursos del FISM (2.197 por ciento de la recaudación federal participable) se deben aplicar a obras en las siguientes categorías:
Adicionalmente, en lo referente al FISM, los municipios pueden gastar hasta un 2 por ciento de sus fondos para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional. Los gobiernos estatales y municipales pueden destinar hasta el 3 por ciento de los recursos para cubrir gastos indirectos de las obras señaladas.
5. Que el Gobierno del Distrito Federal enfrenta una situación preocupante de crisis económica, por lo que sólo con acciones y la aplicación de programas sociales podrá enfrentar la difícil situación que se avecina por la entrante temporada invernal, la cual causara estragos en la población en situación de calle e incluso los habitantes de escasos recursos y grupos vulnerables del DF.
6. Que la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal ha argumentado en diversas ocasiones la necesidad de un trato justo e igualitario a la Ciudad de México, que resulta ser la entidad que más aporta generación de impuestos y a cambio de eso recibe recursos por demás insuficientes para poder enfrentar los complejos problemas que se generan en tan complicada ciudad.
7. Que es viable impulsar y dotar de mayores recursos económicos a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal por medio de recursos que destine el FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) a nivel federal y esta a su vez de manera coordinada con las 16 demarcaciones realicen las acciones pertinentes para la construcción de albergues y la aplicación de programas de apoyo social a personas en situación de calle y grupos vulnerables de la ciudad de México.
Exposición de Motivos
Se propone punto de acuerdo para que se destinen recursos económicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de esta forma construir albergues para la atención de personas en situación de calle y para la implantación de programas de atención social a grupos vulnerables del Distrito Federal.
Como es bien sabido y de acuerdo la normatividad aplicable las aportaciones federales son definidas como:
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
En los artículos 26 al 46 se establecen las disposiciones para la distribución de estos fondos, así como las fórmulas para la asignación de recursos para los Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Este último se subdivide en Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE) y Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
La Ley de Coordinación Fiscal (artículo 33) establece que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) ``se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
Estos fondos son entregados a los estados a través de la Sedesol.
Entre las disposiciones establecidas con relación a estos fondos está la obligación de hacerlos de conocimiento público y que las autoridades estatales y municipales (a través de sus gobiernos estatales) deben proporcionar a la Sedesol la información sobre el uso de los recursos del FAIS, FAISE y FAISM. Este ordenamiento se contradice, aparentemente, con otro que expresado al final de la Ley de Coordinación Fiscal, en el sentido de que el uso de estos fondos es asunto de cada entidad federativa, y que el control y fiscalización de éstos está bajo jurisdicción de los Congresos y las autoridades locales. (Artículo 46)
Los recursos asignados a cada fondo deberán presentarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
De lo anterior se desprende que existen los procedimientos necesarios para solicitar la asignación de recursos económicos planteados en el presente punto de acuerdo a pesar de las contradicciones de la ley y que históricamente el gobierno federal ha recibido un trato discriminatorio de parte del gobierno federal y de la propia Secretaría de Desarrollo Social.
En otro orden ideas y a efecto de motivar el presente es de comentar que expertos de la máxima casa de estudios han manifestado la probabilidad de que la temporada invernal sea inclemente y que las bajas temperaturas rebasaran los cero grados incluso en el centro del país, de tal forma que miles de personas que se encuentran sin techo en situación de pobreza extrema; resentirán de forma directa las inclemencias del clima.
A pesar de que la Ciudad de México cuenta con diversos albergues de asistencia social estos resultan ser insuficientes ya que como el propio gobierno federal ha mencionado, el número de personas en pobreza en el país ha crecido de 6 millones a 20 millones de pobres en la República Mexicana, lo cual significa que miles de personas provenientes de otras entidades del país, vengan a la Ciudad de México en busca de oportunidades de trabajo, a lo que algunos tendrán éxito sin embargo es claro que no todos corren la misma suerte y se vienen a sumar al número de personas en situación de calle sin un techo que los resguarde de las inclemencias de las bajas temperaturas que se presentaran en esta temporada invernal como ya se ha citado.
Dicho fondo económico debe cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de 200 millones de pesos.
Recursos que podrán ser asignados a demarcaciones como Gustavo A Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tlahuac entre otras; las cuales son demarcaciones en donde se presenta concentración de personas en pobreza extrema; recurso que se puede distribuir de manera proporcional al número de habitantes y según la concentración de personas en situación de calle y presencia de grupos vulnerables.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que sea asignado a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que a su vez sea ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal con la finalidad de realizar acciones para salvaguardar la integridad física de personas en situación de calle y grupos vulnerables y en particular en las delegaciones que tienen gran concentración de personas en busca de oportunidades de trabajo provenientes de otras entidades del país.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para destinarlos a la educación indígena del país, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos diputados y diputadas Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Agustín Guerrero Castillo , Víctor Hugo Círigo Vásquez, Romero, Héctor Hugo Hernández Rodríguez , Ramón Jiménez López , Vidal Llerenas Morales , Avelino Méndez Rangel , Eduardo Mendoza Arellano , Nazario Norberto Sánchez , Laura Piña Olmedo , Leticia Quezada Contreras , Arturo Santana Alfaro , Emilio Serrano Jiménez , Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , Rigoberto Salgado Vázquez , María Araceli Vázquez Camacho , Enoé Margarita Uranga Muñoz , Balfre Vargas Cortez y Jesús Zambrano Grijalva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 50 millones de pesos a la educación indígena del país, al tenor de la siguientes
Consideraciones
En el discurso oficial, los gobiernos en turno han sido reiterativos en reconocer la deuda social histórica con los indígenas mexicanos, excluidos de los beneficios elementales de los que gozan otros grupos, sin dejar de señalar la discriminación en derechos que sufre esta población. Sin embargo cuando se trata de hablar en plata, son muy raquíticos los recursos que se destinan y los esfuerzos que se empeñan para saldar esta deuda con los indígenas. La educación no es la excepción.
Actualmente, el subsistema de educación indígena tiene una matrícula 2 millones 500 mil alumnos de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de los cuales el 49% son niñas y el 51% son niños. Ese universo de educandos también comprende a hijos de familias migrantes jornaleros y de grupos en condiciones vulnerables.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de las 68 agrupaciones lingüísticas consideradas en el país, son atendidos 57 grupos hablantes de lenguas indígenas en el servicio de primaria, 51 en preescolar y 47 en educación inicial. Los servicios se ofrecen en 24 entidades federativas, siendo sólo 14 grupos hablantes de lenguas indígenas los que cuentan con mayor captación de matrícula.
Las entidades federativas donde se concentra la matrícula de educación inicial y básica indígena son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, lo cual representa un 72% del total de la matrícula. En el resto de los estados sólo se capta 28% del total.
No se puede dejar de señalar que la educación indígena está considerada como uno de los puntos críticos de la enseñanza básica del país, dadas las condiciones desfavorables y de vulnerabilidad de la población que atiende. Esta situación crítica cobra mayor dimensión considerando que el 68.4 por ciento de las niñas y de los niños indígenas, son atendidos en las escuelas primarias de las entidades con menor índice de desarrollo humano.
No obstante lo anterior, hay avances alentadores entre 2005 y 2008. De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en 2007, 57 por ciento del alumnado indígena se encontraba en el nivel más bajo de competencia de lectura y sólo 12 por ciento de los escolares alcanzaba un nivel aceptable de lectura con relación al promedio nacional que fue de 17 por ciento.
Esta situación fue revertida en 2008 en la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares aplicada por la Secretaría de Educación Pública, cuyos resultados arrojaron que el 88 por ciento de las escuelas de educación indígena mejoraron dos y casi tres veces más, que en el promedio de todos los tipos de escuelas primarias, al aumentar en 13 puntos promedio el aprovechamiento escolar en español y 8 puntos en matemáticas, cuando incluso el promedio nacional sólo mejoró 5 puntos.
Estos avances requieren ser consolidados y hacerlos extensivos al resto de los planteles de educación indígena a efecto que la población indígena del país pueda ser partícipe del derecho a la educación y el respeto a la diversidad y a la interculturalidad. Por ello es que estamos solicitando que a la educación indígena se le asignen recursos adicionales por 50 millones de pesos para el 2010.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, 50 millones de pesos adicionales a la educación indígena del país, a efecto de desarrollar una serie de transformaciones curriculares con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y población en situación emergente y los derechos sociales y culturales.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para el mantenimiento de las condiciones físicas y materiales de los diez centros de readaptación social que existen en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestra constitución mandata que las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario tengan derecho a: la salud, la educación, la capacitación y el trabajo. Sin embargo las prisiones carecen de las condiciones necesarias para garantizar el acceso a estos derechos, ya que debido a la precariedad económica, los servicios médicos de los penales no tienen capacidad para prestar la atención más elemental; la alimentación es deficitaria, y la insuficiencia de espacios adecuados hace nugatorios los derechos a la educación, la capacitación, el trabajo y los cuidados necesarios a los hijos e hijas de las mujeres reclusas.
Esta situación se agrava por la sobrepoblación que prevalece en los reclusorios del país, debido tanto al crecimiento de la delincuencia como a las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia.
Buen número de las irregularidades y fallos de nuestro sistema penitenciario, como: motines, fugas, la corrupción, el trafico de drogas, el uso de teléfonos celulares para cometer delitos, el hacinamiento y la convivencia entre reos de alta peligrosidad y delincuentes menores o aun, en situación de prisión preventiva, se originan en el mal estado de las instalaciones, la falta de equipos de vigilancia y de personal capacitado. Entre otras fallas estructurales del sistema que también propician la mayor parte de violaciones a los derechos humanos de las personas en reclusión.
En Distrito Federal la situación de los diez centros de reclusión ha tocado fondo, ya que la evolución de la población de reos federales en las prisiones del Distrito Federal ha sido dramática, pues en sólo los dos últimos años ha pasado de 4 mil reos federales en 2007, a 5 mil 970 en 2009. Lo que significa un incremento de 50 por ciento. Lo anterior agrava la sobrepoblación penitenciaria que rebasa el 140% de la capacidad de alojamiento.
El gobierno de la capital ha notificado al federal de la saturación y la falta de condiciones físicas y materiales para recibir reos federales, máxime que con mucha frecuencia, se trasladan a los reclusorios de la capital del país, a indiciados o procesados por delitos federales cometidos en otras entidades.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar en el ramo 36, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, la programación de $1,000,000,000 (mil millones de pesos) con la finalidad de que se le aporte al Distrito Federal una partida para el mantenimiento de las condiciones físicas y materiales de los diez centros de readaptación social que existen en la entidad.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ciudad de México, igual que las grandes conglomeraciones urbanas del mundo, actualmente es víctima del flagelo de la inseguridad. Organizaciones de la macrodelincuencia nacional e internacional, con asiento en la zona metropolitana y entidades vecinas, que trafican con drogas, automóviles, personas, junto con bandas locales y regionales de diversos rangos de actividades y la delincuencia menuda y oportunista encuentran en la conurbación más grande del país un sinnúmero de ocasiones para delinquir.
La diversidad de entornos no seguros, la facilidad de desplazamiento por vías rápidas, además del traslape de los límites entre demarcaciones capitalinas y entidades federativas vecinas, ofrecen vacíos de vigilancia que son aprovechados tanto por organizaciones criminales como por delincuentes oportunistas, para delinquir y victimar a las población.
Para poner coto a este fenómeno, el jefe del Gobierno del Distrito Federal presentó el pasado 9 de marzo un proyecto para colocar 8 mil cámaras de vigilancia en la Ciudad de México que concluirá en 2012. Con este proyecto, que incluye lectores de placas vehiculares y sensores de disparo de armas de fuego, se establecerá un sistema de vigilancia permanente y completo de la Ciudad de México, que será la base de un programa de inteligencia policial y reacción rápida, para la atención de emergencias y la reducción de la victimización delictiva.
El sistema en mención ha comenzado a colocar cámaras y se ha entrenado a cerca de 2 mil policías encargados de manejar este sistema, con cinco mandos regionales bajo un solo mando central, enlazados con los cuerpos de seguridad pública locales, con la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, considere en el ramo 23 la programación de mil 758 millones de pesos para el rubro de aportaciones a las entidades federativas para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la resolución del problema de disposición de residuos sólidos en el área metropolitana de la Ciudad de México y facilitar el cierre del Bordo Poniente, cuarta etapa, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD
Rigoberto Salgado Vázquez , en nombre propio y de los diputados del Distrito Federal por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el Bordo Poniente se acondicionó como centro de manejo y disposición de residuos ante la urgencia de los sismos de 1985, por la basura y los desechos de edificios y de construcciones derruidos por el terremoto. En su momento, fue considerado el sitio idóneo para la disposición final de esa cantidad de residuos sólidos.
Que, tras los sismos de 1985, el Bordo Poniente se consideró la única opción eficiente para la disposición final de los más de 10 millones de toneladas de basura que diariamente se producen en el área metropolitana de la Ciudad de México.
Que, actualmente, en la Ciudad de México se generan 12 mil 500 toneladas diarias de basura. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha acondicionado 13 estaciones de transferencia, en las que se reclasifican 5.5 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales 1.6 millones se manejan en las 3 plantas de selección y aprovechamiento, con lo que se logra la recuperación de materiales reciclables. Sin embargo, el único lugar para la disposición final de residuos sólidos con que cuenta el Distrito Federal sigue siendo el relleno sanitario Bordo Poniente, en la IV etapa.
Que el 20 de octubre de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, ``Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial''. Con la entrada en vigor de ésta, la continuidad de operación del Bordo Poniente quedó en entredicho, ante la imposibilidad física y económica de su estricto cumplimento.
En años recientes, la Semarnat ordenó al GDF proceder al cierre, la clausura y la remediación del Bordo, IV etapa.
Como ninguna disposición normativa puede aplicarse de manera retroactiva, el GDF ganó un amparo contra la orden de cierre, clausura y remediación, sin embargo los gobiernos del estado de México, y del Distrito Federal, así como el gobierno federal deben contar con una alternativa viable y sustentable para el depósito final de residuos sólidos del área metropolitana.
Que la infraestructura existente en el Estado de México para la disposición de los residuos no está preparada para recibir las 12 mil toneladas de residuos que se generan como resultado de la actividad cotidiana en la Capital y tampoco se garantiza cumplimiento de la NOM 083 en la mayoría de sitios habilitados para la disposición final de residuos.
Que el proceso de cierre, clausura y remediación del Bordo Poniente IV Etapa implica el suministro de una enorme cantidad de recursos financieros por las características y dimensiones del sitio, el proceso de cierre, clausura y remediación deberá llevar a cabo por etapas en un periodo aproximado de 20 años.
Que tan sólo para el próximo ejercicio fiscal se requieren la erogación de mil millones de pesos para realizar los trabajos siguientes: cubierta final y sello; red pluvial; pozos de extracción de lixiviados y equipo para su tratamiento, instalación de geomembrana, ampliación de la planta de compostaje y siembra y producción de pasto.
Que paralelamente al cierre ni se puede interrumpir el proceso de disposición final de residuos por lo que se han evaluado como factibles las siguientes opciones: el Centro de Manejo de Residuos para su tratamiento y aprovechamiento a ubicarse en la zona 8 de Bordo Poniente que incluye el área de almacenamiento temporal; la ampliación de la capacidad de procesamiento de la planta de composta existente en ese lugar; la construcción de nuevas plantas de compostaje y biodigestores en diversos sitios del Distrito Federal; adecuación de las estaciones de transferencia adicionándoles la infraestructura para convertirlos en centros de acopio de materiales reciclables.
Que para el acondicionamiento del terreno y la construcción del Centro de Manejo de Residuos en la Zona 8 de Bordo Poniente se necesitan 700 millones de pesos a partir del año 2010, incluye nivelación y mejoramiento del terreno, caminos de acceso, obras de protección hidráulica, centro de tratamiento térmico de los residuos y su área de almacenamiento temporal, además, la modernización de las tres plantas de selección para la compactación de los residuos.
Que los estudios de las opciones consideran también la instalación de una planta generadora de energía a partir del gas metano del biogás que se genera en el actual relleno en operación, su costo estimado asciende a mil 500 millones de pesos. Los principales componentes del proyecto son entre otros: la perforación de pozos, red de tubería de captación, generadores y la red área de conducción.
Que con el desarrollo e implementación de la Zona VIII del Bordo Poniente se podrá resolver en un tiempo relativamente corto la urgencia de contar con un Centro de Manejo Integral de Residuos considerando que las acciones complementarias permitirán un aprovechamiento integral y más eficiente de los residuos, además con la planta de tratamiento térmico que se instalará, se obtendrá energía limpia y de bajo costo.
Por todo lo expuesto y fundado, se someten a consideración de pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 que en los Anexos cuerpo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 correspondientes al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales considere asignar un monto de 1 mil millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal inicie el proceso de cierre, clausura y remediación del Bordo Poniente, IV etapa, mandatado por el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, en los anexos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 correspondientes al ramo 16, ``Medio ambiente y recursos naturales'', consideren asignar 700 millones de pesos destinados para el acondicionamiento de la zona VIII del Bordo Poniente como centro integral de manejo de residuos sólidos.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, en los anexos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 correspondientes al ramo 16, ``Medio ambiente y recursos naturales'', consideren asignar 300 millones de pesos para la primera etapa de una planta generadora de energía a partir de la captura del biogás que se desprende del llamado Bordo Poniente.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la construcción del hospital general de Topilejo, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal Héctor Hugo Hernández Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ésta es una de las garantías individuales plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, la creación de políticas públicas debe girar alrededor de la conservación de ésta y proveer de recursos necesarios para el bienestar social.
En este sentido, es necesario cumplir con las exigencias económicas y sociales prioritarias, como lo son la salud de la población.
Una buena calidad de la salud resulta una condición básica para el desarrollo del potencial productivo de la población que dará como resultado un mayor logro en la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo productivo del pueblo.
Un buen estado de salud provee mayor logro de bienestar social y desarrollo económico sostenido, es por eso que la inversión en salud resulta ser una condición básica para el desarrollo del potencial creativo y productivo de la población.
Sin embargo, el crecimiento de la población y la baja inversión en infraestructura de salud y recursos humanos ha generado un rezago en los servicios de salud proporcionados por el Estado.
Aunado a esto, la cobertura en la salud pública apenas abarca a la mitad de la población, este problema se ha acentuado más en la periferia del Distrito Federal debido al proceso de urbanización que se ha concentrado en esa zona. Esto ha generado una segregación territorial y ha polarizado las condiciones de vida y de salud de la población.
El fenómeno de expansión de la población ha generado mayores demandas de los servicios de salud, como lo es el caso de la delegación Tlalpan, en la cual habitan 607 mil personas, de acuerdo a las cifras publicadas por el Inegi.
Dentro de esta delegación existen ocho pueblos: Parres el Guarda, San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, San Miguel Xicalco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y Magdalena Petlatalco. En Tlalpan más de 80 por ciento del territorio es rural; es importante resaltar que la población rural es de muy alto y mediano grado de marginación, acentuando las necesidades de sus pobladores.
Esta problemática incrementa la demanda de los servicios de salud; de acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en la delegación Tlalpan, 46.5 por ciento no cuenta con seguridad social, lo cual representa que 294 mil 35 habitantes carecen de servicio médico y no se encuentran afiliados a ningún tipo de programas de salud, del gobierno federal o local, para tener acceso a consultas externas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos o algún otro servicio que requieran.
Aunado a esto, la delegación Tlalpan sólo cuenta con una infraestructura hospitalaria de 21 centros de salud y no existe ningún hospital general para atender las necesidades de la población.
En lo que respecta a los recursos humanos para la atención de esta demarcación son escasos, ya que actualmente Tlalpan es considerada como la segunda delegación con mayor rezago contando con 0.84 médicos por cada mil habitantes y 0.69 enfermeras por cada mil habitantes. En cuanto a camas censables le corresponden 0.83 por cada mil habitantes.
Los datos anotados arriba representan un déficit tanto en infraestructura hospitalaria como en recursos humanos y equipo, considerando que los estándares internacionales y nacionales establecen un médico por cada mil habitantes y una cama censable por cada mil habitantes.
Con base en lo anterior, se justifica la creación del hospital de Topilejo, el cual dará cobertura a 245 mil habitantes de la zona y también proporcionará servicio médicos a los pueblos más cercanos como San Andrés Totoltepec, Parres el Guarda y San Miguel Xicalco.
El hospital contará con 72 camas y se construirá como un proyecto integral a precios unitarios de 350 millones de pesos .Con la construcción del hospital de Topilejo se dará atención médica de urgencias; tococirugía; imagenología; cuidados intensivos adultos y neonatales; farmacia; consulta externa; laboratorio clínico; hospitalización pediátrica, ginecoobstétrica, de medicina interna y de cirugía.
Cabe mencionar que en el pueblo de Topilejo habita 35 por ciento de la población total de la delegación Tlalpan, la cual 48.3 por ciento está considerada como población con alta marginación.
En resumen con la edificación del hospital de Topilejo:
Por lo expuesto, y con fundamento en los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Salud de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se contemple la cantidad de 350 millones de pesos para la construcción del hospital general de Topilejo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Insértense con los títulos íntegros en el Diario de los Debates ytúrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LOS MENORES NIVELES DE PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública destinen 11 por ciento de los recursos que se pretenden recaudar de la contribución para el combate a la pobreza de 2 por ciento, a las 10 entidades federativas con los menores niveles de producto interno bruto.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que de lo recaudado por la contribución para el combate a la pobreza se destine 11 por ciento a las diez entidades federativas con menos PIB per cápita no minero ni petrolero, suscrita por el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
En nombre de diputados de Chiapas de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que destinen a las diez entidades federativas con los menores niveles de producto interno bruto per cápita (PIB) no minero y no petrolero el 11 por ciento de los recursos que se pretenden recaudar de la contribución para el combate a la pobreza del 2 por ciento, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que destine el 11 por ciento de los recursos que se pretende recaudar de la contribución para el combate a la pobreza del 2 por ciento a las diez entidades federativas con los menores niveles de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernacióna que instruya al titular del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a que realice el pago a beneficiarios en una sola exhibición.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instruir al titular del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a efecto de que pague en una sola exhibición a los beneficiarios; y a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el rubro de trabajadores ex braceros, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López , del Grupo Parlamentario del PANCon fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
ConsideracionesI. Durante el periodo comprendido de 1942- 1964 más de cinco millones de trabajadores mexicanos ingresaron a laborar a las zonas agrícolas de los Estados Unidos de América.
II. Mediante el intercambio diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos se decidió establecer una cláusula que derivó en la creación del Fondo de Ahorro Campesino como parte del convenio bracero, consistente en el 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes, que concluyó en 1963. Recursos que fueron enviados al ahora desaparecido Banrural.
III. Se estableció una modificación en el año de 1948 mediante la cual los braceros deberían recibir las cantidades aportadas mediante cheque certificado a su nombre al momento de regresar a México. Es decir, no hay duda que la prestación generada con motivo del trabajo desempeñado, no se sujeta a ninguna condicionante por parte de quien realizó dicho descuento mucho menos debe serlo por quien únicamente es encargado de entregarlo.
IV. Ahora bien, habiendo transcurrido casi medio siglo para que los ex trabajadores braceros lograran recibir el pago correspondiente por el descuento realizado a su salario, periodo durante el cual el factor tiempo ha jugado un papel muy importante dado que del número de trabajadores que ingresaron en esas fechas a los Estados Unidos han fallecido o son personas de la tercera edad, y aún cuando las reglas de operación previstas por la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos señala que los derechos podrán ser reclamados por sus beneficiarios también resulta cierto que ha sido difícil que los familiares logren acreditar la estancia en aquel país por parte del ex bracero o bien contar con los documentos previstos en la fracción IV del artículo 6 de la citada ley.
V. Resultando que la cantidad acordada para ser entregada a cada migrante que acreditase su estancia sería por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 m. n.). Sin embargo, de forma inaceptable, dicha cantidad pretende ser entregada de manera dosificada según los recursos disponibles por el Fideicomiso a los ex trabajadores migrantes.
VI. Atendiendo a una regla justa de equidad social, dado que son relevantes las aportaciones de los ex trabajadores migrantes en el fortalecimiento de la economía del país y de las suyas propias, y que las cantidades aportadas por cada uno de los braceros no permaneció todos estos años en las arcas del país de manera consensuada con ellos, ni menos aún el pago en parcialidades; es evidente que es un abuso de parte del fideicomiso que se tiene que subsanar; además viendo los problemas del fideicomiso ya que no se acordó contemplar también en dicha ley que en caso de no contar con los fondos suficientes en equivalencia social se retribuiría con el pago correspondientes de interés, y cabe aclarar no por los cincuenta años generados por el capital sino únicamente por el generado con motivo de la dosificación programada en base a las reglas de operación.
No es justo que los trabajadores ex migratorios además de haber contribuido en el avance del desarrollo nacional, se vean afectados por la situación económica que atraviesa el país, cuando el origen por el cual se creó la ley fue precisamente devolver las cantidades que en contra de la voluntad de los afectados controló el gobierno federal de ese entonces.
VII. De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en los datos de la Secretaría de Gobernación a través del Diario Oficial, existe un universo de 207 mil 22 solicitantes, que multiplicados por los $38,000 (treinta y ocho mil pesos) que se acordó pagar por su estadía a cada migrante, resulta necesaria una cantidad total de $7'866,836,000.00 (siete mil ochocientos sesenta y seis millones ochocientos treinta y seis mil pesos) para cumplir con tal fin, más los gastos necesarios para la operación del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Mexicanos; esta cantidad total, dividida entre los 300 millones de pesos presupuestados para el ejercicio fiscal 2010, nos arroja que se terminaría de devolver el dinero a los ex trabajadores en poco más de 26 años; situación por demás inaceptable, ya que debido a la edad avanzada de la mayoría de los solicitantes, éstos no podrían llegar a disfrutar nunca del fruto de los ahorros de su trabajo. Por esta razón, resultan insuficientes los fondos presupuestados para cubrir el monto económico a que cada uno de ellos tiene derecho, tanto en el presupuesto 2009 como en lo propuesto para el ejercicio fiscal 2010.
VIII. Adicionalmente a las iniciativas presentadas por compañeros de esta Legislatura es importante el presente exhorto por obvia y urgente resolución debido a la larga espera de los ex braceros y a que desde el presupuesto de este mismo año 2009 se hagan los pagos necesarios en una sola exhibición de acuerdo a las reglas establecidas en el fideicomiso.
Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este honorable cuerpo legislativo el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Este honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que modifique las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), de manera tal que se realice el pago a los ex braceros en una sola exhibición de acuerdo a los recursos con que cuente dicho fondo.
Segundo. Este órgano legislativo solicita a la Secretaría de Gobernación que por medio del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorio Mexicanos, el comité técnico rinda un informe a la presente Legislatura, en un plazo no mayor a 20 días, para conocer el total de los pagos realizados y por realizar hasta el ejercicio fiscal 2009, así como un informe depurado del padrón de los braceros o beneficiarios a fin de conocer el número real existente de solicitantes y pagados.
Tercero . Se exhorta a esta soberanía, y en particular a la Comisión de Presupuesto y Gasto Público, a considerar la suficiente asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 a fin de reducir de manera notable el periodo en el que se terminaría de pagar a todos los ex braceros. Tales recursos podrán obtenerse de la reducción presupuestal de este Poder Legislativo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedena a que implemente procedimientos en el uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a implantar procedimientos sobre el uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del PVEMPablo Escudero Morales , diputado integrante de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional a implementar procedimientos en el uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEn México persisten importantes rezagos en materia de seguridad y respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, en especial a la garantía de libre tránsito y seguridad física y a la vida, por las cuales el Estado debe velar en todo momento.
En épocas recientes y derivado de la lucha contra el crimen organizado en la que se encuentran embarcados los órganos de seguridad del Estado, en especial las Fuerzas Armadas, se han suscitado una serie de hechos lamentables en contra de la población civil, que sin verse protegida, en muchos de los casos si se ve amenazada por las medidas estrictas y, no pocas de las veces, inquisidoras a que se ven sometidas al tener que atravesar un punto de control o reten militar.
Consideramos que las actividades propias del Ejército y el uso de sus atribuciones se debe de suscribir al marco legal, pero sobre todo al uso proporcional y estándares internacionales comúnmente aceptados para el uso de la fuerza en su actuar.
Es menester de esta soberanía destacar el uso y muchas veces abuso al que recurren los integrantes de las fuerzas armadas en el ejercicio de su labor, que si bien es cierto, su actual encomienda presidencial de combatir férreamente al crimen organizado principalmente en lo referente al tráfico, trasiego y venta de drogas, así como el combate y eliminación de los cultivos, los ha colocado al filo de su actuación fáctica, es también un hecho indiscutible que se trata de un órgano del Estado que en todo momento debe velar por la seguridad de los gobernados y para ello debe racionalizar el uso de la fuerza, cuando se encuentra en situaciones de contacto con la población civil.
Por desgracia en épocas recientes se han dado una serie de hechos fatídicos, algunos de ellos, en los que se han visto involucrados, niños, madres, jóvenes, trabajadores, personas inocentes, con elementos del Ejército.
Es tiempo de que las fuerzas armadas apliquen de manera rutinaria avances en su manera de proceder en estas situaciones, primero, porque no siempre el que no se detiene es porque sea un delincuente, y segundo, porque hay inocentes que pueden resultar heridos.
Estos hechos se han suscitado en el marco de la incesante lucha contra el narcotráfico, y se han dado principalmente en los lugares de instalación de los puntos de control y revisiones carreteros instalados por el Ejército.
Consideramos, que no es momento de analizar cuál fue o fueron los hechos, en particular de los casos que nos traen a esta exhortación, pero si consideramos de suma importancia que el Ejército adopte medidas en el uso de la fuerza de manera proporcional a los sucesos a que se enfrenta.
Lo principal es destacar que en el mundo existen protocolos para el uso de la fuerza, en etapas y grados de actuación reconocidos y ampliamente aceptados.
Citando ``instrumentos internacionales'' suscritos por México, el personal del Ejército deberá usar la fuerza en legítima defensa, para hacer cumplir la ley, salvaguardar un bien jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista una ``necesidad racional'' en el medio empleado y dentro del principio de ``proporcionalidad'' acorde con su situación, condiciones y características.
Los ordenamientos internacionales reconocen y establecen cinco niveles para el uso de la fuerza:
Se debe entender que las actividades disuasivas son aquellas acciones psicológicas, políticas, morales o militares capaces de obligar a un adversario a desistir de una intención, actividad delictiva o agresión.
Sin embargo, es claro señalar que no se deberá autorizar a los integrantes del Ejército el uso de armas letales contra vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo como son puestos de control, cruces fronterizos, carreteras federales, casetas de cobro, acceso a instalaciones estratégicas, inspecciones, recintos fiscales y aeronaves, entre otros, a pesar de que existan sospechas fundadas de que se trata de presuntos delincuentes. En ese caso, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional deberá avocarse a realizar la persecución física de los sospechosos.
En situaciones en que el conductor de un auto haga caso omiso a las indicaciones para detener su marcha en un puesto de control, esta Cámara de Diputados considera a bien y previo un concienzudo estudio, que solamente se podrán emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo al personal Militar.
En cualquier otra circunstancia, se intentará detener la marcha del vehículo empleando armamento incapacitante no letal, como trampas, barricadas movibles, clavos para explosión de neumáticos, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite.
La labor de control y vigilancia de los mencionados puntos para el caso que se emplee la fuerza, se evitará en lo posible generar daños colaterales a terceros y peatones, por lo que la utilización de armas de fuego se hará sobre blancos determinados, salvaguardando en todo momento la integridad de personas inocentes. Siendo que si se causan lesiones al infractor o a terceros se les dará asistencia inmediata, trasladándolos a un hospital con las medidas de seguridad pertinentes.
El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas por conductas previstas como presuntamente delictivas por la legislación penal, y por las leyes y reglamentos aplicables, refiere.
Esta honorable Cámara de Diputados debe reiterar la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, o que participan en tareas de seguridad pública en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. El pleno de esta Cámara de Diputados se sirva exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a sus órganos y niveles de mando a adoptar procedimientos acordes con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos por las legislaciones internacionales para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con pleno apego a los derechos humanos en el uso de sus atribuciones de revisión en los puestos de control carretero o puntos de revisión, en los accesos a instalaciones resguardadas y recintos fiscales.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
IMPUESTO EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el proceso de dictaminación del paquete económico 2010 tomen en cuenta el impacto negativo de un nuevo gravamen, sobre los servicios de telecomunicaciones.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proceso de dictamen del paquete económico de 2010 el efecto negativo de un nuevo gravamen sobre los servicios de telecomunicaciones, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez , del Grupo Parlamentario del PRDEl que suscribe, diputado Francisco Hernández Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a tomar en cuenta en el proceso de dictaminación del paquete económico para 2010 el impacto de un nuevo gravamen a los servicios de telecomunicaciones al tenor de las siguientes
Consideraciones1. Una vez más el paquete económico presentado por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre muestra la inercia de los últimos gobiernos por alcanzar objetivos macroeconómicos de corto alcance y corto plazo, a costa de la población más desprotegida, estos son las trabajadoras y trabajadores de este país.
Mientras que los gobiernos de los países desarrollados y los que se encuentran en la categoría ``en vías de desarrollo'' como el nuestro toman medidas anticíclicas: de fomento al empleo, reducción de impuestos, inversión pública, entre otras, en nuestro país. El presidente Calderón, en su proyecto económico de 2010, contradice las metas y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de telecomunicaciones y lo establecido en su tercer Informe de Gobierno, en lo relativo a la competitividad.
El impacto social y económico de gravar los servicios de telecomunicaciones con un impuesto especial de cuatro por ciento será de graves dimensiones para sectores fundamentales en el crecimiento y desarrollo del país.
2. La imposición del impuesto en servicios de telecomunicaciones no ayudará a superar la crisis sino que la agravará.
La comunicación en el mundo global se ha convertido en una necesidad básica: desde las comunidades más alejadas hasta las grandes transacciones financieras hacen uso de los servicios en telecomunicaciones.
Con este incremento se afectará a 80 de 107.6 millones de mexicanos que viven en el país en plena crisis económica. Cualquier usuario de telefonía móvil e Internet va a pagar casi 50 por ciento más de lo que paga actualmente.
De todos los sectores socioeconómicos de la población, al menos una de cada dos personas mayores de 13 años cuenta con línea telefónica celular.
En el nivel socioeconómico de más bajos ingresos, situado en 2 mil 700 pesos al mes por familia, alrededor de 70 por ciento de esta población que se encuentre entre 17 y 45 años cuenta con telefonía móvil. Es decir que la población más afectada serán los de más bajos ingresos, los más pobres, a los que se les cobrará también 12 por ciento de consumo.
Otro de los sectores económicos que se verán afectados es el de las micro, pequeñas y medianas empresas: alrededor de 8 millones de líneas telefónicas entre fijas y móviles son contratadas por este sector empresarial. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se pretende aplicar los coloca en desventaja competitiva, ya que más de 4 mil millones de teléfonos que están en uso en el mundo, tres cuartas partes se encuentran en los países en vías de desarrollo. El aumento en el costo de operación de las empresas tendrá un efecto en cascada en toda la cadena productiva, en especial, en la capacidad de generar y conservar empleos.
La educación, la ciencia y la tecnología verán mermada aun más su raquítico presupuesto. El ejecutivo federal prioriza los resultados que le dan las calificadoras financieras internacionales en vez de garantizar un gasto educativo de 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un gasto de ciencia y tecnología de 1 por ciento como lo establece la Ley General de Educación.
Pareciera que el gobierno olvida que Internet es un indicador clave de desarrollo social, cultural y económico. Las instituciones de educación media y superior se encuentran como nunca en la encrucijada de aplicar un presupuesto reducido sin afectar la calidad de la educación, la investigación y cumplir con sus obligaciones laborales o mantener el costo de la comunicación con uno de los más grandes servidores existentes en el país, con el cual se intercomunican cientos de miles de personas con instituciones internacionales.
El impacto a la competitividad profundiza la brecha digital al encarecer los servicios en telecomunicaciones. México se alejará cada vez más de las economías con la cuales ya tiene dificultades para competir. En 2008 se tenía una brecha entre suministro y demanda de Internet de banda ancha de 1.5 millones de líneas de acuerdo al PIB del país; dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene uno de los niveles más bajos de penetración de servicios móviles por debajo de Turquía y Corea.
No se considera que la industria de las telecomunicaciones sea una fuente importante de ingresos para el erario público; actualmente tiene al menos 14 diferentes gravámenes entre los más importantes están los siguientes:
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a efecto de que en el proceso de dictaminación de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que forma parte del paquete económico para 2010, rechace el establecimiento de un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones.
Segundo. Asimismo, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a garantizar a las instituciones de educación superior, de investigación y de difusión de la cultura, en la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones y que el costo de los servicios de telecomunicaciones sean acordes con el ejercicio de sus programas anuales
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna el primer punto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el segundo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
SERVICIOS DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Saludque lleve a cabo a la brevedad posible una reunión de trabajo con el comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, y a los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas para analizar la iniciativa del Poder Ejecutivo federal en materia de financiamiento del Seguro Popular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud que lleven a cabo una reunión con los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas respecto al proyecto de Presupuesto de 2010 y a diversos planteamientos sobre financiamiento y gasto a los servicios de salud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala , del Grupo Parlamentario del PRIEl que suscribe, Marco Antonio García Ayala , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundamentada en los siguientes antecedentes y consideraciones:
AntecedentesA partir de las disposiciones que han descentralizado las atribuciones de la salud pública, las entidades federativas han adquirido, en el marco del principio federalista que fundamenta la existencia de nuestra República nacional, mismo que ha venido siendo impulsado particularmente a través de diversas medidas en las últimas dos décadas, una importancia creciente en la planeación, dirección y prestación de los servicios de salud, a tal grado de que, actualmente, el sector administrativo de la salud pública es uno de los más descentralizados de nuestro país y cuya dependencia federal, en cuyas manos recae la rectoría del sector, no tiene delegaciones en los estados de la república ni en el Distrito Federal, porque las funciones que podrían corresponder a estas oficinas las cumplen los servicios de salud de las entidades federativas.
Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, el sector salud se integra en un sistema nacional de salud, compuesto a su vez por sistemas locales de salud, cada uno con funciones muy amplias en el respectivo campo de su jurisdicción. Basta leer los artículos 3 y 13 de la citada ley para conocer las amplias atribuciones que las entidades federativas tienen en la materia.
A las atribuciones en materia de salubridad general que se han señalado se sumaron, con las reformas de la Ley General de Salud aprobadas en 2003, funciones específicas sobre el funcionamiento y operatividad de un esquema nuevo de financiamiento de los servicios de salud, denominado ``Sistema de Protección Social en Salud'', conocido generalmente como ``Seguro Popular'', creado con el propósito de garantizar a los servicios de salud de las entidades federativas disponibilidad de recursos financieros frescos para la atención médica de las personas sin seguridad social formal, con la meta específica de que para 2010 y 2011 la totalidad de este grupo poblacional, lo que significa un conjunto de más de 50 millones de personas, se encuentre inscrita en el sistema de protección y con ello se encuentre en la posibilidad de recibir la atención médica que corresponda.
Tal es la importancia del Seguro Popular para el financiamiento de los servicios de salud de las entidades federativas que durante el presente ejercicio de 2009, se estima una distribución de más de 45 mil millones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se prevé un gasto de más de 54 mil millones de pesos.
El 10 de septiembre del presente, el titular del Poder Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud en materia del Sistema de Protección Social en Salud a fin de que la definición de la prima sobre la cual se establece el monto que deberá transferirse a las entidades federativas para el financiamiento del Sistema se modifique para que sea no ``por cada familia beneficiaria'' sino ``por cada persona''; así como para establecer que la aportación estatal realice para sustentar en persona se realizará por persona, la cual será equivalente a la mitad de la cuota social, lo cual, obviamente, representa un asunto sobre el cual resulta imprescindible conocer la opinión, por un lado, del funcionario que tiene a su cargo el sistema de protección social en salud a nivel nacional, pero también, la de los titulares de los sistemas de salud locales y con ello el sistema local de protección social en salud, puesto que una reforma como la que se propone es de suponerse que tendrá una afectación directa en el financiamiento del sistema y con ello en la prestación de los servicios que se cubren con ese recurso.
Además del análisis de la mencionada reforma, diversos asuntos en materia del funcionamiento del Seguro Popular tienen que ver con el ejercicio de su gasto presupuestal, como lo relacionado con el fondo de gastos catastróficos, con la inversión en infraestructura y, de manera sobresaliente, con la cobertura de pago del gran número de personal médico que labora en el cumplimiento de los servicios que cubre el seguro popular pero que ha sido contratado de manera irregular, al margen de las leyes laborales y de seguridad social, poniendo en riesgo con ello la existencia misma del sistema.
En consideración de que la Cámara de Diputados ya integró sus comisiones, entre ellas la de Salud, que ya trabaja a plenitud, particularmente en temas relacionados con el paquete económico del próximo año, resulta por demás oportuno y necesario convocar a los 32 titulares de los servicios de salud de las entidades federativas a fin de conocer sus posiciones, opiniones y planteamientos sobre la pretendida reforma, así como temas diversos del Seguro Popular, como los señalados.
En razón de lo fundamentado, pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita a la Comisión de Salud que lleve a cabo con la brevedad posible, una reunión con el comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud y a los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas para analizar la iniciativa del Poder Ejecutivo federal en materia del financiamiento del Seguro Popular.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Salud.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2010 se incluya en el oficio de liberación de inversión seca, diversos tramos carreteros del estado de Chiapas.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incluyan en el oficio de liberación de inversión seca diversos tramos carreteros de Chiapas, a cargo del diputado Ariel Gómez León , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, Ariel Gómez León , integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
ConsideracionesEl año pasado fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 el tramo carretero Las Choapas-Ocozocoautla-ejido Ocuiapa-entronque a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con un monto de 9.0 millones de pesos, el cual por diversas causas no contó con elementos necesarios para su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, lo cual imposibilitó el ejercicio de los recursos presupuestados y afectó esa región del estado, al dificultar el acceso tanto de los turistas nacionales como los internacionales para visitar y conocer los privilegios naturales con que cuenta Chiapas.
En este sentido, compañeros diputados, solicito su respaldo para hacer posible que a este tramo se refrenden los recursos financieros ya aprobados, incluyéndolo en el oficio de liberación de inversión seca para su pronta licitación, ya que en este momento cuenta con todos los elementos suficientes para su ejecución.
Punto de AcuerdoÚnico. Se solicita atentamente a las Comisiones de Transportes, de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluir el refrendo de los recursos financieros en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 asignados al tramo carretero Las Choapas-Ocozocoautla-ejido Ocuiapa-entronque a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en el oficio de liberación de inversión seca para su pronta licitación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transportes.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren recursos para la continuidad de la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la demarcación territorial de Cuajimalpa.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para proseguir la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRDMaría Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno propuesta con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos por 696 millones de pesos para la continuidad de la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal al tenor de las siguientes
ConsideracionesCuajimalpa de Morelos es una de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal más atrasada en el rubro educativo. El 80 por ciento de su población no cuenta con estudios superiores.
La demanda educativa en Cuajimalpa es preocupante toda vez que colinda con delegaciones como Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, así como con los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Lerma y Ocoyoacac, México.
En Cuajimalpa no hay ninguna institución pública de educación superior. Únicamente se encuentran la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, que debido a lo oneroso que resulta ingresar y permanecer en ellas, los jóvenes cuajimalpenses de clase baja y media no tienen la mínima posibilidad de ingresar a este tipo de educación privada.
Por ello es de reconocer la iniciativa del rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor José Lema Labadie, por acercar servicios de educación superior a esta zona de la metrópoli, ya que con esta iniciativa se verán beneficiados no sólo los jóvenes cuajimalpenses, sino también jóvenes de otras delegaciones y municipios circunvecinos.
El 5 de noviembre de 2004, el Gobierno del Distrito Federal mediante contrato de donación, transmitió a la Universidad Autónoma Metropolitana la propiedad de un terreno con una superficie aproximada de 35 mil metros cuadrados localizado en el desarrollo urbano de Santa Fe en Cuajimalpa de Morelos. Con la autorización del patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana y de autoridades federales, se obtuvo un terreno de aproximadamente 126 mil metros cuadrados. Estos dos predios, que se incorporaron al patrimonio de la Metropolitana, se encuentran aproximadamente a 700 metros uno del otro.
A finales de 2004 mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma Metropolitana, se formalizó con la aprobación de una partida específica inicial para inversión y operación de este proyecto; en dicho convenio se expresó la voluntad para apoyar financieramente las necesidades del nuevo centro universitario durante los años subsecuentes. De esta forma y una vez que la cuarta Unidad Académica de la UAM-Cuajimalpa se encuentra sustentada en términos materiales y financieros, se previó iniciara sus actividades en septiembre de 2005 con 200 alumnos.
Así se estableció un edificio provisional, designando a la doctora Magdalena Fresán Orozco como primera rectora de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, en fecha 1 de junio de 2005. El 4 de junio de 2009 se designó al doctor Arturo Rojo Domínguez como segundo rector de dicha universidad.
Esta casa de estudios podrá contar ahora con cuatro planteles en cada uno de los puntos cardinales de la Zona Metropolitana del Valle de México: norte (Azcapotzalco), sur (Xochimilco), oriente (Iztapalapa) y poniente (Cuajimalpa).
De este modo, los legisladores debemos apoyar todas las acciones encaminadas a beneficiar a nuestros representados. El caso de este plantel educativo tendrá influencia no sólo en Cuajimalpa, sino en toda la región poniente del valle de México, la cual contaba hacia 2000 con una población en edad de estudiar el nivel superior (19-23 años) cercana a 260 mil jóvenes, cuya mayoría se sitúa en un nivel socioeconómico bajo y medio. Este nuevo plantel significa para muchos jóvenes, mujeres y hombres, la oportunidad de formarse en una institución de educación superior pública gratuita y de calidad, sin verse en la necesidad de inscribirse y trasladarse a instituciones localizadas en otros puntos de la ciudad, lo que implica invertir tiempo, ya que por ejemplo trasladarse de Cuajimalpa hacia Ciudad Universitaria o hacia Zacatenco significa perder de dos o tres horas de transporte entre ida y vuelta.
En Cuajimalpa surgieron voces opositoras a la construcción de la cuarta unidad académica de la UAM. Vecinos de la zona temen que la construcción del plantel educativo tenga repercusiones ambientales.
En este proceso, autoridades y sociedad hemos compartido la preocupación de todos lo vecinos de Cuajimalpa que históricamente han luchado por la conservación de bosques y áreas verdes de la demarcación. Autoridades de la UAM y del Gobierno del Distrito Federal han afirmado que no se derribará un solo árbol. Por el contrario, se pondrá en marcha un proyecto ambiental integral para mejorar las condiciones ambientales de El Encinal y el resto de los bosques de Cuajimalpa.
Una institución de esa magnitud, ayudará a lograr un mejor aprovechamiento y recuperación de los recursos naturales de esta zona, a través de sus investigaciones y proyectos.
Las universidades públicas nos han demostrado con hechos su vocación de servicio por nuestro país. La UAM con sus treinta años de operación ha contribuido grandiosamente en los campos de la educación superior, de la investigación científica y humanística; de la preservación y difusión de la cultura y siempre ha estado vinculada estrechamente con la problemática científica, económica, social y ambiental del país.
La nueva unidad académica de la UAM, a partir de las oportunidades que presenta el poniente de la zona metropolitana del valle de México, considera entre sus líneas institucionales de investigación la denominada ``sociedad y recursos naturales'', donde se plantean como ejes de trabajo la conservación del ambiente, las nuevas tecnologías para la recuperación y la conservación de los recursos naturales, y el manejo apropiado del agua y de la energía, entre otros.
El objetivo académico de la UAM se centra en formar profesionistas y científicos comprometidos éticamente en el ejercicio profesional, en su comportamiento como ciudadanos y en el manejo de los recursos naturales.
Viendo los beneficios que trae aparejada la construcción de la UAM Cuajimalpa, también se debe hacer una revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2010, en virtud de que los recursos asignados para instituciones de educación superior pública decreció notablemente y perjudica a un sector de la población con la edad y los requisitos para acceder a ella.
Los ramos 11, ``Educación pública'', y 25, ``Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos'', y la parte correspondiente al ramo 33, ``Aportaciones federales para entidades federativas y municipios'', incluyen los recursos educativos del país.
Los recursos correspondientes al ramo 11 se reducen en 2010 en 2.25 por ciento respecto a 2009, los correspondientes al ramo 25 en 12.10 por ciento y los recursos correspondientes al ramo 33 crecen en 6.34 por ciento, lo que representa un crecimiento global del 0.88 por ciento.
Sin embargo, como se expresa en los Criterios Generales de Política Económica para 2010, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el anexo B.1, ``Marco macroeconómico, 2009-2010'', se espera que el deflactor del PIB, sea de 4.8 por ciento.
Esto significa que la reducción en el ramo 11 se reduce en 7.05 por ciento, el ramo 25 en 16.9 por ciento, mientras que el ramo 33 crece en 1.54 por ciento; lo que implica que el total de recursos destinados a la educación por medio de los ramos educativos decrece en 3.92 por ciento.
Este decrecimiento en los ramos educativos violenta lo dispuesto en el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de Coordinación Fiscal en su parte educativa; al incumplir con la obligación que tiene el Estado de destinar recursos crecientes a la educación en todos sus niveles para alcanzar un presupuesto equivalente a 8 por ciento del PIB.
Las universidades federales tienen un presupuesto que decreció en comparación con el de 2009. En el caso de la UAM se redujo de 4 mil 465.9 millones de pesos a 4 mil 237.4 asignados para 2010, lo que significa un decremento de 228.4 millones de pesos; es decir, una disminución de 5.11 por ciento nominal y real de 8.1 por ciento.
Las anteriores cifras presupuestales son el triste reflejo de la política educativa en el país, donde millones de jóvenes que quieren continuar su preparación académica tienen que truncarla por falta de recursos y oportunidades. Las cifras que año con año estiman la UNAM, la UAM y el IPN, de alumnos rechazados asciende a más menos 200 mil en este año 2009, mismos que NO tendrán la posibilidad real e inmediata de continuar sus estudios. Si hoy los gastos excesivos y de dispendio de recursos públicos en ramos como el de Presidencia de la República fueran evitados, otra situación mas optima prevalecería en la definición presupuestaria de la política educativa.
La construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa de Morelos traerá consigo el beneficio educativo a toda la población juvenil en Cuajimalpa y zonas aledañas, y con eso contribuir a que los alumnos que han sido rechazados de otras universidades públicas logren acceso a la educación que les corresponde.
Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados a que en el marco de sus atribuciones y de su agenda de trabajo, impulse la continuidad de la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana en Cuajimalpa de Morelos.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, considere una partida presupuestal por 500 millones de pesos para la continuidad de la construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa de Morelos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese el primer punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y el segundo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
RIOS MAGDALENA Y SAN BORJA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda la liberación y devolución de los recursos públicos para el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP la liberación y devolución de los recursos públicos para el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRDMaría Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación y devolución de los recursos etiquetados y aprobados por esta Cámara de Diputados para el saneamiento de barrancas y áreas de valor ambiental en el ejercicio 2009 por un monto de 80 millones de pesos para aplicarse en el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja al tenor de las siguientes
ConsideracionesPrimera. Que como parte del proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, el pleno de la Cámara de Diputados determinó destinar 100 millones de pesos para el saneamiento de barrancas del Distrito Federal.
Segunda. Que tratándose de recursos federales la Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, determinaron, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etiquetar esos 100 millones de pesos en la partida K129, ``Programa de Protección a Centros de Población'', con el apartado ``Barrancas Distrito Federal'', para ejecución directa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Tercera. Que durante los primeros siete meses del ejercicio fiscal de 2009, la Conagua determinó no ejercer los 100 millones de pesos por lo que no solicitó la firma del convenio con dependencia alguna del Gobierno del Distrito Federal.
Cuarta. Que para su negativa la Conagua argumentó que esos recursos tendrían que radicarse en una partida referenciada a un programa sujeto a reglas de operación como la partida S079, ``Programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)''.
Quinta. Que las razones que esgrimió la Conagua para retrasar la ejecución de los recursos han provocado un subejercicio de los mismos, ya que la partida para la cual dispusieron los secretarios y los funcionarios que decidieron aplicar se había ejercido en otras entidades federativas del país de manera directa por la Conagua, sin necesidad de transferirlas al programa APAZU y solicitar contraparte del gobierno local.
Sexta. Que no fue hasta el mes de agosto de 2009 que funcionarios de la Conagua se reunieron con funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a efecto de dar una solución para la ejecución de los recursos, a través del programa APAZU; sin embargo, para ese momento del ejercicio fiscal el gobierno de la Ciudad de México sólo pudo aportar 20 millones de pesos de contraparte y no se contaban con los lineamientos para la elaboración de proyectos ejecutivos.
Séptima. Que la Conagua determinó, en septiembre de 2009, que a pesar de haber sido responsabilidad de la Conagua el retraso de los 100 millones, en septiembre de 2009, determinó recortar 80 de los 100 millones que dispuso la Cámara de Diputados para el saneamiento de barrancas del Distrito Federal.
Octava. Que a la fecha ya se cuenta con proyectos ejecutivos relacionados con las barrancas del Distrito Federal consistentes en el rescate de los ríos Magdalena y San Borja por lo que el gobierno local está en condiciones de ejecutar las obras y acciones referidas en los mismos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo al honorable pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados, LXI legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto que reintegre a la partida S079, ``Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas'', a cargo de la Conagua, 80 millones de pesos que quedaron pendientes de ejecución para el saneamiento de barrancas del Distrito Federal y que deberán aplicarse en el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja de acuerdo a los proyectos ejecutivos aprobados por Conagua.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
FINANCIERA COOFIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de los ahorradores defraudados en diversas entidades.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la situación de los ahorradores defraudados en diversas entidades por Financiera Coofia, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales , del Grupo Parlamentario del PRDLa suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEn 1994 se reformó la Ley General de Sociedades Cooperativas y surgió la figura de ``cooperativa de ahorro y crédito''. La mayoría de las cajas populares optó por constituirse como sociedad cooperativa, debido principalmente a la facilidad jurídica que presenta esta modalidad, pues la regulación y supervisión son mínimas.
Actualmente, de cerca de 500 cajas populares que se estima operan en México, solamente 10 son sociedades de ahorro y préstamo, unas cuantas todavía operan como asociaciones civiles y la mayoría se ha constituido como cooperativas. Sin embargo, y aprovechando la deficiente legislación, regulación y supervisión que hay para el sector, algunas personas han utilizado el concepto de ``caja popular'' y han creado negocios particulares, defraudando a los ahorradores.
Es el caso de Financiera Coofia, la cual en varios estados del país, como Veracruz, Puebla, Morelos y Guerrero, del cual la de la voz es diputada, las oficinas de dicha financiera se encuentran cerradas y no hay voluntad los directivos de la financiera para devolver las cantidades propiedad de los ahorradores, que tan sólo en Guerrero podrían estar en alrededor de 80 millones de pesos. Por tanto, ante el posible incumplimiento y evasión de los responsables de este fraude se hace necesaria la ejecución inmediata de actos de autoridad que protejan los intereses de los ahorradores ante las acciones de la irresponsable entidad cooperativa.
Por tanto, ante una situación de emergencia económica por la que atraviesa la mayoría de la población, se hace necesaria la intervención inmediata de las autoridades competentes, que incluyen necesariamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un informe detallado de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa Financiera Coofia.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010, considere los criterios financieros que permitan contemplar un apartado destinado a resarcir el patrimonio de los ahorradores defraudados por Financiera Coofia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese el primer punto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el segundo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRECIOS DE GAS NATURAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energíay a la Profeco, respecto de los precios de cobertura de gas natural.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sener, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco respecto de los precios de cobertura de gas natural, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes , del Grupo Parlamentario del PANMaría Antonieta Pérez Reyes , diputada federal de Chihuahua a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
ConsideracionesExiste actualmente un problema relacionado con el gas natural, el cual afecta a millones de familias mexicanas. Lo anterior se debe a la volatilidad en los precios del BTU en los mercados internacionales y la falta de una regulación efectiva por parte de las autoridades regulatorias, para evitar que ciertos agentes especulen con los precios del energético.
Por lo mencionado, los empresarios firman contratos de cobertura para asegurar un precio fijo de este insumo, evitando así incrementos drásticos en sus costos de fabricación o producción.
Actualmente, por lo que respecta a Chihuahua, los empresarios de Ciudad Juárez enfrentan el grave problema de estar sometidos al precio de cobertura, el cual no expira hasta 2012.
El precio pactado por los industriales de Ciudad Juárez y Petróleos Mexicanos ( Pemex) por millón de BTU es de 8.16 dólares, lo que ha afectado de manera seria la competitividad de las actividades productivas de dicha región, ante el desplome de los precios del gas natural en los mercados internacionales, cuyo precio oscila actualmente entre 3.00 y 4.5 dólares.
Se estima que en México actualmente se paga el gas natural al doble del precio de lo que está en el mercado estadounidense y que dicho precio es uno de los más caros del mundo: va de 8 a 10 dólares por millón de BTU, en tanto que el precio de referencia en el mercado del sur de Texas está entre 3.5 y 4.5 dólares por millón de BTU.
La diferencia entre el precio del mercado y el de cobertura es pagada directamente por los consumidores domésticos, industriales y comerciales.
Los distribuidores o proveedores del gas natural tienen un acuerdo con Pemex con el que contrataron una cobertura de largo plazo. Sin embargo, dicha transacción ha implicado el deterioro de los ingresos de miles de familias, ya que los consumidores domésticos nunca firmaron dicha cobertura, y son los más afectados ante la fijación de este precio.
La cobertura se contrató a 9 dólares por millón de BTU con un precio de la moneda estadounidense de 11 pesos; actualmente, el dólar está en 13.5 pesos y el costo para el consumidor nacional se incrementó significativamente, tan sólo por el aumento en el tipo de cambio.
En el último trimestre de 2008 y el primero de este año el precio de los hidrocarburos se fue a la baja de manera importante.
El precio de cobertura se debe considerar como un precio de protección ante la volatilidad de los precios de los energéticos, sin embargo no todos los industriales o proveedores del energético contrataron dichas coberturas, pero si se han beneficiado de las mismas ya que los precios que dan a sus usuarios son como si realmente fueran de cobertura, por lo que están especulando con la coyuntura de los mercados y lucrando con los ingresos de las familias.
Tan sólo en Ciudad Juárez se estima que menos de 5 por ciento de las empresas de la ciudad accedieron a los contratos de cobertura de precios del gas natural, y que las que si accedieron a dichos contratos están pagando alrededor de 178 por ciento más por precio de cobertura que el que rige actualmente en los mercados internacionales.
Por ello debemos replantear la efectividad de los contratos de cobertura, y vigilar en todo momento que se respeten los derechos de los consumidores y proteger los ingresos de las familiar.
Por lo señalado, solicitamos a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía que entreguen a la Cámara de Diputados la información y documentación correspondiente a la regulación de los precios de cobertura del gas natural, así como los contratos que los distribuidores de este energético utilizan para tabular el precio en el mercado domestico, y se publiquen en el Diario Oficial de Federación, en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Y finalmente se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que implante operaciones especiales para vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, ante posibles abusos por los proveedores de gas natural que especulen con la volatilidad en los precios del energético y con los contratos de cobertura.
Por las razones expuestas, solicito a la honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, entregue a esta soberanía la información y documentación correspondiente a la regulación de los precios de cobertura del gas natural, así como los contratos que los distribuidores de este energético utilizan para tabular el precio en el mercado doméstico al precio establecido en el contrato de cobertura correspondiente, y se publiquen en el Diario Oficial de Federación, en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar operaciones especiales para vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores ante posibles abusos por los distribuidores de gas natural doméstico que especulen con la volatilidad en los precios del energético y con los contratos de cobertura.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Energía.
ESTADO DE SONORA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa modificar la tarifa de energía eléctrica para el consumo doméstico 1E por la 1F, en los municipios de Guaymas y Empalme, en Sonora.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a cambiar la tarifa de energía eléctrica para el consumo doméstico 1E por la 1F en Guaymas y Empalme, Sonora, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez , del Grupo Parlamentario del PANMaría Dolores del Río Sánchez diputada federal por el estado de Sonora a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
ConsideracionesEn la región del sur del estado de Sonora, específicamente en los municipios de Guaymas y Empalme, los ciudadanos tenemos la necesidad de contar con aparatos de refrigeración, tipo doméstico, para atenuar los efectos del calor y la humedad en el ambiente que se da en época de verano, de los meses de mayo a octubre, que para la población es indispensable. Lo anterior debido a que las temperaturas en dichos municipios son muy elevadas, cabe recordar que el estado de Sonora es uno de los más calurosos en el país.
Cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad, organismo suministrador del servicio de energía eléctrica, ha establecido para estos municipios la tarifa 1E, al considerar que la temperatura media mensual en época de verano es de 32 ºC como mínimo.
Sin embargo, en los últimos años en los municipios de Guaymas y Empalme la temperatura medía excede el rango establecido por la Comisión Federal de Electricidad de 32 ºC, por lo que el calor que se sufre en dichos municipios, cuya sensación aumenta por el alto grado de humedad, es causa de enfermedades, bajo rendimiento escolar y laboral, y deterioro de los estándares de calidad de los habitantes, etcétera.
Por lo mencionado, la población de Guaymas y Empalme se ve en la necesidad de contar con aparatos de refrigeración referidos, aunado a que por las condiciones de humedad, no son útiles en este clima otro tipo de aparatos que consuman menos energía para operar.
Asimismo, la tarifa denominada 1F que se factura en los municipios cercanos al de Guaymas y Empalme, como lo es Hermosillo a 130 kilómetros al norte y Cajeme a 120 kilómetros al sur, brinda la oportunidad de contar con mejores condiciones de vida en el verano debido a la ventaja que representa contar con la tarifa 1F, ya que el rango de facturación de los kilowatts/hora consumidos es más amplio en esta tarifa, mismo rangos que en la tarifa 1E son reducidos y la facturación del servicio se eleva a montos que generan incomodidad y desesperación en los habitantes de Guaymas y Empalme, ya que el pago del servicio de energía eléctrica daña seriamente la economía familiar de dicha población, o consecuentemente hace que los usuarios de Comisión Federal de Electricidad eviten el uso de aparatos de refrigeración por no poder cubrir el importe, lo que repercute seriamente en la calidad de vida de la población.
Finalmente, quiero enfatizar que en Hermosillo y Cajeme consumen más, pero pagan menos que en Guaymas y Empalme, bajo las mismas condiciones ambientales, lo que resulta injusto y prejudicial para estas poblaciones.
Por lo mencionado, la presente proposición de punto de acuerdo atiende la demanda de toda la población de Guaymas y Empalme. Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a modificar la tarifa de energía eléctrica para consumo doméstico 1E a la 1F en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Energía.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, de conformidad con el acuerdo parlamentario del 12 de octubre de 2009, que recibimos de parte de la Junta de Coordinación Política, los martes, a partir de las 15 horas, debían tratarse los asuntos de la agenda política del orden del día, para que puedan ser abordados éstos.
En tales condiciones, y de acuerdo al documento recibido por su servidor de parte de la Junta de Coordinación Política.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en el artículo quinto del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno tenga a bien aprobar la modificación al orden del día de la sesión de hoy, para que en el momento en que se aborde el apartado de agenda política se desahoguen en primera instancia los temas siguientes:
• Comentarios relativos a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.• Comentarios sobre la declaración política de los pueblos indígenas y su educación, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.• Comentarios sobre la autorización para sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.Así como solicitarle que los demás temas inscritos en el capítulo de agenda política se aborden en el orden subsecuente a los señalados.
En tales condiciones pido a la Secretaría solicitar, en votación económica, la aprobación de la asamblea sobre la modificación del orden del día.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Se consulta a la asamblea, en votación económica, si autoriza la modificación al orden del día. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se aprueba la modificación en tales condiciones. Trataremos los temas de agenda política...
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado, dígame.
El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): Señor presidente, he estado pidiendo el uso de la palabra sobre las proposiciones.Sobre la proposición 28, en la cual su servidor propone un punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 sea considerado un aumento a la partida designada a educación básica, a comunidades indígenas del país.
También pido que se anexe la parte que presenté como propuesta que dice así: ``... Como también aprobar una partida del presupuesto especial para la escuela telesecundaria 941, 20 de Noviembre, de la comunidad de Sabanilla, Chiapas, misma, que obtuvo el primer lugar en la prueba ENLACE del país, en el nivel secundaria''.
Quiero que, sea tan amable, también eso lo incorpore, que ése fue el título completo de la propuesta que presenté.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ya fueron turnadas, señor diputado, con mucho gusto.
El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): Okey, como vi que no aparecía el título completo, por eso pedí el uso de la palabra. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tome nota la Secretaría del nombre completo, pero ya fue turnada.
DESPENALIZACION DEL ABORTO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para tratar el tema de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
La diputada Leticia Quezada Contreras : Muchas gracias, diputado presidente. Es un pronunciamiento sobre el Día internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. Una mujer puede reparar el error de un embarazo no deseado, producto de la fragilidad, de un descuido o del error de la violencia. La efeméride que motivó el presentar este pronunciamiento se conmemoró hace algunas semanas; sin embargo, lamentablemente la problemática nacional vinculada al tema del aborto y la violación de los derechos humanos de las mujeres mexicanas está más vigente que nunca y día a día lacera más a las mujeres mexicanas, con la complicidad del PRI y del PAN en todo el territorio nacional.
Para la izquierda, para mi partido, el PRD, y para la suscrita, como legisladora y como mujer, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, la lucha por garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, por el derecho a llevar a término o no un embarazo, por el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, es una prioridad y un compromiso ineludible.
Sin embargo, para el Partido Acción Nacional y para el PRI esto no ha sido así. Estos dos partidos políticos han exhibido su misoginia y su visión machista; han demostrado en su actuar, en ya 16 congresos locales, que las mujeres y sus derechos humanos no les importan; que no están en su agenda y, por el contrario, sí lo están la restricción de derechos, la criminalización por cuestiones de género y la violencia institucional.
En el caso del PAN no nos sorprende. Este partido históricamente ha exhibido con preocupante orgullo su visión oscurantista y observadora, restrictiva de derechos y de libertades.
Pero en el caso del PRI, esperábamos un poco más. Este partido se ha autodeterminado ``partido de centro-izquierda o socialdemócrata'', pero en los hechos, como ya se demostró en la aprobación del retroceso en ya 16 estados, es un partido de derecha y reaccionario.
Se ha señalado desde la presidencia del PRI que se ha dado la libertad a decidir a las diputadas y a los diputados locales, de votar individualmente, y en consciencia violentar o no los derechos humanos de las mujeres.
Se ha evadido establecer desde su dirigencia nacional una posición clara al respecto y se ha evadido la responsabilidad social con las miles de mujeres mexicanas.
Que quede registro, como se ha señalado por muchas mujeres, por muchas feministas: el mayor avance social de la derecha en esta generación y la mayor ofensiva contra la libre elección de las mujeres de que se tenga memoria en décadas se da cuando una mujer preside el PRI y se da con la anuencia voluntariosa y la lógica de machistas en ese partido.
Diputadas y diputados, es impostergable dar una lucha frontal y eficaz contra el conservadurismo y la misoginia de parte del PAN y del PRI, que han permitido que hoy ya en 16 estados de nuestro país se criminalice a las mujeres por el simple hecho de decidir no llevar a término un embarazo.
Tenemos que dar marcha atrás a esas reformas que violentan los derechos humanos de las mujeres. En los últimos meses se han endurecido las constituciones y leyes locales criminalizando a las mujeres y acotando aún más los derechos de las mujeres mexicanas.
En algunos estados se ha limitado por completo el derecho de las mujeres a acceder al aborto en un caso de violación o peligro de la madre o del producto del embarazo. Ya ni mencionar el derecho de las mujeres a decidir con libertad sobre su cuerpo y sobre los hijos que desea tener, ya que ese derecho sólo se les ha reconocido en el Distrito Federal.
Debemos preguntarnos entonces, ¿dónde queda el derecho a la salud como un derecho humano y por supuesto el derecho de la mujer a decidir en la mayoría del territorio nacional? La respuesta lamentablemente es sencilla: sigue sin tomarse en cuenta.
A los gobernadores y legisladores locales en esas entidades no les importa lo que les pase a las mujeres pobres en este país. Es un hecho irrefutable que el aborto sigue siendo un problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres y de bajo nivel socioeconómico, pues son ellas las que recurren a la práctica del aborto inseguro, ya que las mujeres con recursos económicos pueden atenderse en clínicas privadas o viajar al extranjero.
Diputadas y diputados, debemos ser capaces de dejar a un lado posiciones personales en aras del interés superior de la vida, la salud y el derecho a decidir de las mujeres.
Diputadas y diputados, México es un Estado laico; garanticemos que llevar a término un embarazo debe ser reconocido como derecho sólo de las mujeres. No somos objetos, somos seres humanos y exigimos derechos plenos en todo el país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : Gracias, señor presidente. Es un deber y congruencia de todas las mujeres que hemos dado múltiples batallas por nuestros derechos contrarrestar las tendencias que últimamente se han presentado en nuestro país, sobre todo hacia los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.Invito a todas las mujeres y hombres, a todos mis compañeros legisladores de esta honorable asamblea, a que se incorporen a un movimiento por la libertad de los derechos de las mujeres a decidir en sus cuerpos, ya que hoy resienten esta amenaza en sus derechos.
A raíz de la aprobación del proyecto de ley de la despenalización del aborto, presentado por los legisladores del PRI y de Alternativa Socialdemócrata y Campesina en el Distrito Federal, en la pasada legislatura en la ALDF, se inició una desbandada de improperios y descalificaciones, que han venido siendo validadas por códigos morales y creencias religiosas sobre los estatus de las distintas instituciones.
A quienes profesan creencias religiosas les decimos que están en plena libertad de ejercerlas; eso no está a discusión. Las mujeres seremos las primeras en defender este legítimo derecho.
En lo que no podemos estar de acuerdo es ---y seremos fieles defensoras también de la laicidad del Estado mexicano--- cuando bajo el manto de la defensa de la vida se transgreda la laicidad de esta Constitución Política, en cada estado de la República que dé paso a que se tipifique el derecho de abortar en circunstancias muy especiales, como un delito calificado de homicidio en grado de parentesco.
La propuesta que finalmente aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 25 de abril de 2007, fue contracorriente de esta tendencia.
Señoras legisladoras y señores legisladores, ¿quién en su pleno juicio desea abortar por gusto? Claro que nadie. El debate no es ése. El debate hay que centrarlo en una dimensión distinta, en las causales o las situaciones especiales, porque no podemos seguir cerrando los ojos a una realidad.
Quiero refrendar lo dicho por Salud Integral para la Mujer frente a este grave problema de salud y de justicia social para las mujeres mexicanas. La respuesta de los partidos políticos, de legisladores que han tomado decisiones sobre las reformas a la Constitución en 16 estados del país no puede seguir sucediendo; estos cambios legislativos representan un grave retroceso para el ejercicio de nuestros derechos.
Compañeras y compañeros, como dijo el Benemérito de las Américas: Hay que seguir en la lucha con lo que podamos y hasta donde podamos. Por las mujeres en su derecho a decidir por ellas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ana Estela Durán Rico : Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nadie duda de que el tema, motivo del día interamericano sobre el derecho a decidir, hizo visibles aspectos coyunturales y sustantivos de los derechos de las mujeres.A lo largo de muchos meses, conforme se aprobaba en los estados el endurecimiento de las penas al ejercicio consagrado ya en la Constitución, irrumpía en la opinión pública, incluidos partidos y organizaciones de la sociedad civil, la histórica dicotomía entre Estado laico e Iglesia.
El PRI contempla en su Declaración de Principios y su Programa de Acción, el compromiso de hacer valer los de no discriminación, igualdad de género, respeto a la diversidad y derechos humanos, entre otros. Por supuesto que incluye la atención integral de la salud de las mujeres, particularmente la salud reproductiva, y el derecho que tienen a decidir el número de hijos.
El PRI propone fomentar la cultura de prevención de embarazos no deseados, entre otros muchos valores de tolerancia, fraternidad y respeto entre hombres y mujeres. El Estado moderno se sustenta en la separación Iglesia-Estado, que protege los derechos del individuo y separa la actividad social y política de las creencias individuales o las convicciones religiosas.
Lo anterior configura la esencia de lo republicano. El Estado laico garantiza la libertad, la igualdad, la no discriminación y la libertad individual de creencia. El tema sobrepasa las tareas partidarias y se instala en la corresponsabilidad de las instituciones y la ciudadanía. No es raro que frente a contiendas electorales surjan las posiciones antagónicas que se repiten cíclicamente; su dimensión no sólo es federal, sino que constituye un tema mundial.
Esto es, ¿pueden las mujeres ejercer su derecho a decidir? ¿Tienen la mayoría de edad para asumir responsabilidades? ¿Puede algún diputado, funcionario o gobernante atropellar los derechos de las mujeres? ¿Qué está detrás de esto? ¿Líderes de opinión? ¿Relaciones de poder? ¿Dictados detrás de las esferas eclesiásticas? ¿Líneas conservadoras recurrentes? ¿Confrontaciones personales? ¿Decisiones individuales producto de convicciones o creencias, o simplemente una confusión prohijada que ha distorsionado el verdadero debate pretendiendo que es un conflicto entre quienes defienden la vida y quienes pretenden apoyar a la muerte?
Nada más falso que este debate. Tampoco podemos olvidar los orígenes de los hechos, las causas y la escasez de políticas públicas preventivas de este problema. Las decisiones de los legisladores no pueden basarse en encuestas o presiones de líderes de opinión, pues la actividad legislativa requiere de conocimiento profundo de la historia del país y sus regiones, de los procesos sociales y políticos que han generado el avance institucional, de las filosofías políticas en que se han sustentado las orientaciones dadas a la vida nacional. La opinión pública es un factor a considerar, que en efecto, difícilmente es neutra.
Existen algunos temas en los que las sociedades son hipersensibles y es fácil generar interpretaciones para manipular y polarizar a la sociedad. Está sucediendo así con el debate que se ha suscitado en torno a la despenalización del aborto.
Se ha pretendido hacer creer que el tema es básicamente un asunto del PRI. Preguntamos también, ¿y los otros partidos? No es un asunto nada más de los partidos. Los partidos somos las expresiones de los ciudadanos, pero no somos la conciencia individual de ellos.
Si hemos reconocido que colocar en la agenda política nacional el tema de la interrupción del embarazo no deseado se lograría sólo si la ciudadanía lo exige. Si hemos reconocido que ello requiere del más amplio consenso nacional. Si también reconocemos la autonomía de ley de los estados de la República y la urgente necesidad de instaurar la equidad de género como visión política de cada legislador y cada funcionario de gobierno de cualquier nivel, entonces avanzar responsablemente en el ejercicio de los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a decidir, es reconocer a las mujeres mexicanas ---ni más ni menos la mitad de la población--- como ciudadanas sujetas de derechos civiles, políticos y sociales.
Las mujeres hemos también hecho nuestra tarea. Las actitudes políticas solidarias para respetar nuestros derechos forman parte de la agenda pendiente. El derecho a decidir no está sujeto al arbitrio ni voto de nadie. Es un asunto personal y de conciencia.
El PRI es un partido democrático que respeta instancias federalistas y las características del debate regional. Que respeta, asimismo, la libertad y madurez de los legisladores locales para legislar sobre iniciativas diversas.
No aceptamos que circunstancias o intereses varios sean motivo para confundir sobre dónde está la verdadera batalla, ni para dejar de reconocer la necesidad de propugnar por un cambio cultural profundo que evite la manipulación de las buenas conciencias, con una distorsión interesada del debate, que acaba por lesionar a las mujeres en el PRI; respetando la heterogeneidad de nuestra gran organización política.
Las mujeres progresistas seguiremos luchando por que se respete el derecho a decidir y la equidad de género. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández : Con su venia, señor presidente.Deseo en esta ocasión, a nombre de mis compañeras del Partido del Trabajo, unirme a este punto de vista sobre que los derechos de las mujeres existen y deben respetarse. Creo que cada mujer tiene el absoluto derecho a decidir, a ser responsable en lo que toca a su salud y sobre todo en lo que toca también a su poder reproductivo.
También, desde ese punto de vista, el Estado debe darle toda la información, y en este caso también incluyo a los hombres, toda la información y la educación; la educación de lo que significan las diferencias de sexo, de lo que significan los derechos humanos, primero en la escuela, en las escuelas de nivel secundaria, en todos los demás, y especialmente el acceso a tener la información adecuada para que el ejercicio de dar la vida, no el ejercicio, sino el derecho a dar la vida entonces sea ello en plena conciencia y libertad de las mujeres.
Esto también, desde luego, incluye el hecho de que los servicios deben estar, los servicios médicos, deben estar también dispuestos o disponibles para que en caso de que la mujer decida en un tiempo razonable que no quiere tener un hijo, entonces también lo pueda hacer. Por eso dije dentro de un periodo razonable.
Creo que ésta es una cuestión también de médicos. Y creo que así se está haciendo.
Aquí la cuestión que nos preocupa a muchos, a muchas mujeres y también a muchos hombres que son conscientes, es que puede haber legislación en ciertos estados en los que, por la fuerza, se obligue a las mujeres a tener conductas que no corresponden a su voluntad.
De manera que una voluntad responsable y un sistema de salud general que garantice que plenamente la mujer pueda disponer de lo que está en su voluntad ---claro, con consejo médico de hasta dónde puede llegar, de por qué, con el debido asesoramiento---, esto indicaría que nuestro país está avanzando también en el respeto a las mujeres y en la prestación de los servicios de salud y la orientación que todos deseamos.
Creo que si vemos la situación en retrospectiva de cómo era hace algunos años, creo que sí hemos avanzado. Por tanto, mi intervención simplemente es para decir que continuemos por este camino de plena responsabilidad sobre los derechos sociales de las mujeres, de los niños y también de los hombres. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo.
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo : Diputado presidente, compañeros diputados, en el Partido Acción Nacionalnos declaramos respetuosos del derecho inalienable a la vida, amparado en nuestra Constitución, la cual nos dice que todos somos iguales ante la ley.No hay que confundir los derechos o las propuestas personales de vida. No es lo mismo una propuesta de vida personal, que un proyecto de vida de un ser humano, el cual va a tener todos los derechos.
En Acción Nacional estamos proponiendo iniciativas de ley o leyes ya existentes, como son la Ley de la Adopción, la Ley de la Maternidad, la Ley de la Paternidad; las ayudas a las familias que en un momento dado tienen hijos y que desean continuar sus estudios y poder realizarse verdaderamente como seres humanos.
Este derecho a la vida nos beneficia a todos como ciudadanos, como comunidad, como sociedad. Tenemos que encontrar las razones por las cuales estas jóvenes están abortando, y no permitir que esta situación se siga dando. Tenemos que proteger los derechos de los mexicanos y mexicanas que están por nacer; también de estas madres que tienen derecho a trabajar y a ser escuchadas.
En Acción Nacional volvemos a reiterar que el derecho a la vida es un derecho de todos y todas las mexicanas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Han concluido los oradores.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado Muñoz Ledo; dígame, ¿con qué objeto, diputado?.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Para hechos dichos en la tribuna.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Para el mismo tema?
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : Con su venia, ciudadano presidente. A pesar de lo tardío de la hora, no podría dejar pasar ciertas afirmaciones que son contrarias a la ciencia y al carácter republicano del Estado.Vivimos una situación peligrosa en el país, porque a través de la colusión de diversos partidos se está dando marcha atrás a conquistas que han costado un enorme esfuerzo a las mujeres de México y del mundo; y que han costado también a todos aquéllos que luchamos por la autonomía del Estado respecto de la Iglesia.
El concepto de derecho a la vida que acaba de ser esbozado corresponde a una definición religiosa, no a una definición del derecho público. El derecho público es muy claro y cuando se cita la Constitución, debe, en primer lugar, citarse el artículo 1o.: ``Todo individuo gozará de las garantías que esta Constitución consagra''.
En el proyecto de reformas al Título Primero, habíamos propuesto ``toda persona''. En dado caso, sólo la ley puede determinar cuándo alguien es individuo. No hay ninguna rama del derecho que determine que el individuo existe antes del nacimiento.
La evolución de la ciencia ha determinado, que así como la muerte del ser humano debe determinarse por la muerte cerebral, el nacimiento del ser humano se determina por el comienzo de la actividad cerebral, que está ubicada en el tercer mes del embarazo. La sociedad debe proteger la viabilidad del fruto a partir de que se constituye por la ley como un ser que requiere esa protección.
Pero ha resultado siempre un absurdo, históricamente un absurdo, la criminalización a la madre ---que es lo que se está discutiendo--- por la interrupción del embarazo. Para que haya crimen, tiene que haber heteronomía. Es decir, tienen que ser dos individuos distintos determinados por la ley. Aquí no se aplica el principio de heteronomía.
Tuve ocasión, como representante de mi país ante la Unión Europea, de escuchar los debates parlamentarios de aquella región del mundo sobre este tema. Es muy claro en el espectro político internacional que se ha tratado de imponer, por las razones más retrógradas, el concepto de inicio de la vida, porque de acuerdo con algunas religiones ---en el fondo es un tema de moral particular---, el único objetivo de la relación sexual es la procreación. Esa es la afirmación fundamental de esas religiones.
Para mantener un control sobre la vida sexual de las personas, sobre su vida moral y sobre su vida social, concluyen que, una vez que hay la concepción, ya existe el ser humano. Una teoría es derivada de la otra, y las dos son de origen absolutamente religioso.
Hago un llamado para que tengamos un debate público nacional; no es un problema que sea federal o que sea local. Hay tratados, principios internacionales que están muy por encima de estas discusiones, porque el tema de los derechos humanos que se trata de aplicar al producto que todavía no puede ser catalogado como individuo, debe ser aplicado fundamentalmente a las mujeres.
La causa del aborto es la falta de la educación, es la falta de orientación, es la falta de precaución. Ningún país del mundo ha disminuido el número de los abortos por haberlos penalizado, y ni siquiera se atreven a mandar a las madres a la cárcel. Eso no existe, es un prurito en contra de la República, con el que tenemos que acabar de una vez. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Sí, diputada, dígame.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde curul): Para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿Sobre el mismo tema? ¿Rectificación de hechos del mismo tema?
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde curul): Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pase, por favor, diputada. Tiene el uso de la palabra.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina : Con su venia, señor presidente.Señoras diputadas y señores diputados, es precisamente hoy cuando lo natural adquiere especial relevancia ante la necesidad de proteger el ambiente, de proteger nuestras especies animales y conservar los recursos naturales. Es hoy precisamente, señores diputados, cuando se cuestiona la preservación de la vida humana en gestación. Se protege a las ballenas, se protegen a las tortugas y a sus huevos; pero se cuestiona la existencia de humanidad en el embrión desde el momento de la concepción.
Apelo a la ciencia, señoras diputadas y señores diputados, pero apelo ante todo a su sentido común. Basados en las garantías que otorga la Constitución y en el respeto a los derechos humanos, el Partido Acción Nacional reconoce el valor incondicional de la vida humana desde la fertilización hasta la muerte, sea cual fuere su tamaño, su raza, su salud, su condición económica, su estatus social o el grado de vulnerabilidad que ésta represente.
Ustedes recordarán, señoras diputadas y señores diputados, hace unos meses, hace ya casi más de un año, ante la polémica que suscitó la despenalización del aborto en el Distrito Federal, una eminencia nacional reconocida internacionalmente como es el doctor Jesús Kumate ---no precisamente moralista, no precisamente desde un punto de vista religioso, sino precisamente en su calidad de científico reconocido internacionalmente--- declaró que el conocimiento de los procesos biológicos desde la fertilización al crecimiento y diferenciación del cigoto a embrión, de embrión a feto, de feto a recién nacido, de recién nacido a lactante, a preescolar, a escolar y a adolescente, basado en observaciones naturales y datos experimentales, que son precisamente los datos que requiere la ciencia, puede servir para tomar decisiones y realizar acciones científicamente fundadas, éticamente justificadas y socialmente viables, señores diputados.
Es a partir de la fertilización cuando el cigoto diferenciado de las células que lo originaron ---el óvulo y el espermatozoide--- posee autónomamente toda la información para guardar, expresar, silenciar y modular los 25 mil genes identificados en la especie humana y responsables de su individualidad.
De no ser por la fertilización, como dato científico, sería imposible precisar cuándo se adquiere el calificativo de humano. Cualquier otra afirmación, señores diputados, resulta dogmática.
¿Por qué justificar el aborto antes de las 12 semanas y no a las 12 semanas y un día? ¿Por qué no a las 13 o a las 14? Lo que le sigue es sólo el proceso durante el cual se completan las etapas de desarrollo contenidas en el cigoto desde un principio. Por tanto, no debemos despreciar estos datos que arroja con toda precisión la ciencia.
Por un sentido de hermandad universal, más allá de cualquier argumentación legal o científica, reaccionamos en defensa de quienes reconocemos como nuestros iguales. Es decir, de aquellos con quienes compartimos ese atributo de humanidad que nos distingue de las demás especies del planeta.
Asimismo, reconocemos también que toda mujer debe gozar de autonomía y libertad cuando se trata de elegir o no ser madre. Pero una vez iniciada la gestación, la maternidad es el resultado de un proceso biológico que no es posible ignorar ni minimizar sus efectos.
De aquí, señoras diputadas y señores diputados, la urgente necesidad de tender una mano a las mujeres que están ante un embarazo no deseado y de resolver esta problemática desde una perspectiva integral, que tome en cuenta sus necesidades y las de su hijo.
Si en algo estamos de acuerdo quienes representamos posiciones antagónicas frente al aborto ---y esto lo he discutido muchas veces--- es que ninguna mujer quiere abortar. Ninguna mujer escoge abortar. Si acude a él es por fuertes presiones psicológicas ante la angustia de sentirse sola, desamparada o sin el apoyo económico necesario.
La experiencia de otros países nos demuestran que el aborto no es la solución al problema, señores, sino el comienzo de muchos otros. Porque nos preocupan las madres violadas bajo el techo familiar, quizá por los mismos que las llevan a abortar para seguir abusando impunemente de ellas, ahora contando con la complicidad del Estado.
Nos preocupa también que las mujeres recurran al aborto por falta de medios económicos. Nunca ha sido ético combatir la pobreza eliminando a los pobres, sino ofrecerles apoyo asistencial y las oportunidades laborales que necesitan. No abortándolos.
El aborto es una forma más de violencia contra la mujer. Sólo quien lo ha experimentado lo sabe. Es violencia contra sus instintos más primarios, contra sus sentimientos y emociones, contra todo eso que va más allá del estado de conciencia, ocasionando las perturbaciones que todos conocemos como síndrome posaborto.
Nos preocupa fomentar en la sociedad la violencia como medio para solucionar los problemas a través de eliminar a quien estorbe. Es reprobable también la utilización del aborto como medio de planificación familiar, como lo especifica la Plataforma de Beijing, cosa que sucede cuando el aborto es recurrente.
Nos preocupan también los intereses económicos, y esos habría que investigarlos, señores diputados y señoras diputadas, que subyacen a la industria millonaria del aborto, para lucrar con el sufrimiento de las mujeres.
Por eso apoyamos la decisión libre y soberana de los 16 congresos locales de los estados de la federación, pertenecientes a distintos partidos políticos, que han aprobado reformas constitucionales tendentes a proteger la vida humana en gestación desde sus inicios.
El derecho de la persona humana sobre su vida es anterior a cualquier reconocimiento social. Es el derecho que sustenta a todos los demás. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero : Gracias, señor presidente. El ser humano creado, si ustedes quieren, o evolucionado, tiene dos atributos que lo distinguen del resto de los animales.El juicio, es decir, la razón que nos permite distinguir y elegir, y también que nos permite ser libres. Gracias a la razón y al juicio somos autónomos, es decir, nos damos nuestras propias reglas.
Es en virtud de la libertad y la conciencia que el individuo humano, como decía Kant, no es un ser natural, sino un ser que construye sociedad, que vive en sociedad. No vivimos en la naturaleza. No son las leyes de la naturaleza las que nos han traído aquí, sino son las leyes de la razón, de la libertad y de la autonomía. Ése es el destino, decía Kant, de la humanidad: llegar a la razón y a la libertad de todos.
En el caso de las mujeres, como ustedes saben, no fuimos reconocidas desde el origen de las sociedades modernas como seres racionales; se nos consideró seres emocionales y, por tanto, no teníamos la capacidad de juicio para ser libres. Y quedamos subordinadas. En esa subordinación se nos escamotearon todos los derechos, el derecho incluso a ser reconocidas como víctimas en los delitos contra nuestra propia persona.
Respecto a los delitos sexuales, todavía hay legislación en México en la que éstos se consideran delitos de honor, que se ofende al padre, a la familia, y no a la mujer como sí misma.
Nos costó 200 años de lucha ser reconocidas como seres humanos plenos de libertades, como seres autónomos y también como seres jurídicos, con derechos a nuestras propias libertades. Y esta legislación que se ha auspiciado en 16 estados lo primero que hace es negar esos derechos propios de la mujer y volver a instrumentalizarla, volver a considerarla objeto.
En este caso: considerarla útero. Ya no somos personas, porque estamos despojadas de nuestras libertades, de nuestra autonomía en la decisión, sino somos solamente consideradas recipientes.
Si llevamos al terreno de la doctrina jurídica este concepto de ``persona'' que le están dando ustedes al cigoto, con todo el respeto por el cigoto, significa que la mujer es solamente el domicilio de un ser, de una persona que se va a desarrollar, pero que en función de ese ser ella está eliminada como persona y en todos sus derechos.
Por eso, la Suprema Corte... hay que leer perfectamente el dictamen de la Suprema Corte donde reconoce la libertad del cuerpo, la libertad reproductiva, la libertad completa de la mujer.
Esta legislación en los estados nos quiere regresar 200 años atrás y además es una aberración jurídica en toda la extensión de la palabra.
Por eso creo que hay que ponerse a pensar y a analizar en lo que estamos haciendo, y no por un principio que además nunca se lleva a sus últimas consecuencias, porque ustedes defienden la vida de los no natos, pero no defienden los derechos de los ya nacidos.
Así que por eso creo que deben reflexionar, y nosotros no debemos permitir de ninguna manera que se nos objetualice y se nos lleve 200 años atrás en materia de derechos. Gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Señor presidente, diputadas y diputados, lo que me parece muy importante centrar en el debate es tomar en consideración que la problemática del aborto es una cuestión de salud pública y como tal hay que atenderla.Que desafortunadamente ha habido, efectivamente, una regresión, y que en 16 estados de la República específicamente se ha puesto en sus constituciones el texto que señala lo relacionado con este punto que se está discutiendo.
Por eso, un reclamo aquí a los del Partido Revolucionario Institucional que han avalado esta regresión en cada una de estas entidades federativas, tomando en consideración esta visión conservadora de derecha que ha imperado en el Partido Acción Nacional, donde ---hay que señalarlo--- existe una doble moral porque a pesar de que señalan toda una serie de cuestiones de carácter moral, en sus hospitales de cinco estrellas se practican abortos.
Sin embargo, aquí lo que se está haciendo es criminalizar a las mujeres y, sobre todo, criminalizar a las mujeres más pobres, a las mujeres indígenas. Para muestra basta un botón: la joven maya cuyo nombre es Yasuri Sac-Nité Pool Mayorga, de Quintana Roo, quien por practicarse un aborto, de carácter accidental, fue a dar a la cárcel.
¿Ésta es la política que promueven de apoyo a la mujer? ¿Ésta es la política que plantean desde la derecha para proteger a la gente? Ésta es la política que están realizando para considerar a la mujer como parte inservible del útero: Ésa es la definición que ustedes están planteando con relación a las mujeres.
Por eso yo señalaría que celebramos, en el caso del Distrito Federal, que las mujeres sean reconocidas y que se pueda llevar a cabo este concepto de soberanía sobre nuestro propio cuerpo, que éste es el espíritu libertario de la izquierda. Sin embargo, como vemos, en el caso de la derecha lo que se está haciendo es realmente, a partir de lo que se está votando en los diferentes Congresos, un retroceso en el país y una criminalización hacia las mujeres.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega : : Gracias, presidente. Para puntualizar, sin extenderme. Cada quien aquí representa a sus electores y a la nación, pero también a organizaciones particulares. Sé que quien me ha seguido en el uso de la palabra ---en mi intervención anterior--- representa al Opus Dei. Yo no pretendo aquí representar al Opus Demon, aunque en algunas ocasiones de eso me han acusado.Quiero decir que las creencias religiosas que se quiere imponer como leyes torturan las verdades científicas. La muy respetable compañera ha dicho que protegemos a los huevos, me refiero a los huevos en su acepción original; ojalá y aquí también se respetaran.
Está confundiendo a los ovíparos con los mamíferos, señora. Un huevo, por definición, de gallina o de tortuga, está fuera del cuerpo de la madre, ya no tiene que ver con la entidad de la madre. Se establece la heteronimia de cuerpos y no todos los huevos se protegen; puede llegar a haber especies perniciosas. Supongamos que nos encontramos con huevos de dragones o huevos de esos animales que son mortíferos para la humanidad. Tendría que haber una definición.
Tratándose de los mamíferos, el producto está vinculado al cuerpo de la madre, es parte del cuerpo de la madre, independientemente que vaya adquiriendo una personalidad biológica propia. Y es la ley y sólo la ley la que debe establecer cuál es el solvento.
Segundo término. A esto se le llama en la historia de las ideas ``el oscurantismo''. El oscurantismo tiene dos vertientes: una, negar la evidencia científica, y otra, limitar el conocimiento de la sociedad.
El oscurantismo es, por definición, una reducción del pensamiento científico y una reducción del proceso educativo.
¿Durante cuánto tiempo, quienes piensan como usted ---no sé si ahora todavía--- combatieron las ideas de Darwin, porque estaba inscrito en la Biblia, en un tiempo determinado y conforme a una cultura determinada, la historia de Adán y Eva? ¿Qué sostuvieron contra Galileo? ¿Qué sostuvieron contra Copérnico? Tuvieron siempre científicos alquilones para ocultar una verdad que ahora se ha vuelto universal.
La otra vertiente del oscurantismo es limitar el conocimiento de la gente. Hemos probado científicamente en México, demográficamente, que cuando se logró la secundaria obligatoria bajó la población de 3.4 por ciento de crecimiento a 1.9 de crecimiento; porque la extensión de la educación es lo que retrasa la nubilidad de la mujer. Ésta es una política de conjunto, es una política educativa, es una política social, es una política de prevención.
Y yo le diría, para su reflexión honesta: en las religiones monoteístas, debo decirlo que son esencialmente machistas, sus dioses superiores son siempre hombres y sus sacerdotes son siempre hombres. Se rompió la tradición del matriarcado, que otra cosa decía.
La religión en particular, que sostiene esta tesis, vincula el acto sexual con la reproducción, condena cualquier método anticonceptivo y obliga a la mujer a tener un producto. ¿Ustedes serían capaces en su organización, de ser las avanzadas de las procuradurías locales para arrestar a las mujeres indígenas, a las pobres mexicanas que tienen que perder a veces la vida en muchas ocasiones? Y ahora ustedes las amenazan con perder la libertad.
Por eso he pedido un debate científico serio, un debate social serio. No aceptaremos, los republicanos, que se nos impongan de manera retrospectiva, arcaica y oscurantista, los principios de ninguna religión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Compañeros diputados y compañeras diputadas, quienes se oponen al aborto tienen una posición profundamente misógina y de terrible desprecio a la mujer; en realidad quieren, como aquí se ha dicho en tribuna, imponer su visión religiosa a un Estado laico y a una República. Y eso es profundamente equivocado.Aquí se plantea un debate que, entre otras de sus aristas, tiene un problema de salud pública; las muchísimas mujeres que pierden la vida por abortos practicados en condiciones de absoluta falta de higiene es un problema de salud pública muy grande y un problema de educación sexual también.
Le recuerdo que alguna autoridad municipal quemó libros de biología, porque enseñaban educación sexual. ¿Eso es una posición correcta? No. ¿Es una posición científica? No. ¿Es una posición a favor del conocimiento? No. Es una posición profundamente retrógrada.
Y me parece que querer imponer la visión de la Iglesia católica, fundamentalmente, a las políticas de salud pública, es profundamente equivocado. Porque además es cierto que la jerarquía católica mantiene una posición profundamente misógina. No hay una sacerdotisa, no hay una cardenala, no hay una obispa, no hay alguna papisa; eso está absolutamente descartado porque tienen un profundo desprecio hacia la mujer. No respetan su condición de igualdad. No respetan su condición de ser humano pleno y plantean una serie de condiciones que son terriblemente inaceptables.
Hemos llegado al extremo de mujeres que han tenido abortos no provocados, que querían tener su bebé y que, al final, acaban detenidas, investigadas, bajo proceso judicial porque la autoridad no sabe si se lo provocó o fue natural el aborto. Es, como aquí se dijo, una posición verdaderamente retrógrada y oscurantista.
Yo les invitaría a que lean a Dawkins ---por ejemplo, El espejismo de Dios--- y que se pongan a hacer una revisión seria, científica, documentada de este tema. O los invitaría a discutir la visión filosófica de la culpa que tiene toda nuestra tradición judío-cristiana y a que revisen a Michel Onfray, todos sus textos de contrahistoria de la filosofía, donde se abre un debate sobre todos estos temas de manera muy fuerte. Y el mismo Tratado de ateología, que me parece nos da elementos para una discusión muy en forma, muy en serio, de mucha profundidad, y no de prejuicios, no de posiciones de fe o de posiciones morales que son muy respetables, pero que, insisto, se olvida que vivimos en un Estado laico y que tenemos que lograr una absoluta igualdad entre hombres y mujeres. Una absoluta libertad.
Sobre todo, quiero plantear la doble moral que también en este tema se tiene, porque empobrecen al pueblo, le cargan de impuestos, mandan a 40 mil trabajadores a la calle pero dicen que están a favor de la vida y del ser humano. Y luego quieren que mujeres violadas o que mujeres que tienen un embarazo no deseado tengan al bebé para luego regalarlo a alguna familia como si fuera una mascota, como si fuera un gatito, un perrito. ¿Ésa es la parte como creen que debe resolverse este tipo de cosas? Pues es profundamente equivocado.
Detrás de la pobreza, detrás del hambre, detrás de la miseria, detrás de la desigualdad están las políticas que ustedes vienen consumando y que generan este tipo de problemas, este tipo de inequidades, este tipo de desigualdad.
Yo hago un llamado a esta soberanía a que deberíamos recordar cuáles son los principios fundamentales, las piedras de toque de esta República que hoy se encuentra de cabeza gracias a un gobierno inepto y corrupto, además de usurpador, y que estos temas los planteemos y los discutamos con seriedad.
Si quieren efectivamente entrarle a todos estos temas, pues yo les he hecho algunas propuestas de bibliografía que deberían revisar con toda seriedad para que podamos discutir en términos de igualdad, porque si no, estamos hablando idiomas diferentes y estamos hablando cosas que luego se entienden de manera diferente. Muchas gracias compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Muchas gracias, compañero presidente.En este tema tan importante para nuestro país, se ha dado un debate me parece que equívoco. Aquí han venido varios diputados ---no los saludo personalmente porque luego piden la palabra para alusiones--- pero han venido varios diputados ---y acepto que vengan a rectificar hechos, eso sí--- para hablar del tema de la religión.
No es el tema, ése, el que estamos discutiendo, señores diputados. Los republicanos, los ilustrados, los materialistas son los que han venido aquí a tratar el tema de la religión.
Déjenme decirles, compañeros diputados, que yo respeto profundamente todas las religiones, a todas las personas que creen o los que no creen en algún ser supremo; los respeto, pero no es el debate que estamos viendo hoy. Pueden venir a hablar de lo que quieran. Y me parece que sería muy importante que en esta Cámara, otro día, pudiéramos dar un debate sobre la religión, sobre la religiosidad de nuestro pueblo y ---si quieren--- sobre la existencia de Dios o lo que ustedes quieran. Pero éste no es el debate de hoy.
Estamos hablando de un tema muy doloroso. Y el argumento que esgrimen para justificar que pueda darse muerte a un bebé en el seno de su madre es un argumento que han juzgado científico. Y yo quiero ir al tema científico. Ése es el debate: si esto es o no es científico.
Lo que la ciencia ha demostrado, sobre todo en los últimos años con los avances tan importantes en las investigaciones sobre el ácido desoxirribonucleico (ADN), es que cada individuo tiene un código genético totalmente diferente desde la concepción, desde que se unen el óvulo y el espermatozoide. Desde ese momento el código genético, el ADN de cada individuo, es diferente. Ya no es el mismo el de la madre y el del producto de la concepción.
Eso es lo que dice la ciencia, es lo que dicen los últimos avances de la ciencia, así es que si se habla de heteronimia ya estamos hablando de seres diferentes, no son dos seres iguales; tienen un código diferente, una identidad.
Díganme, señores diputados, cuando se está investigando la identidad de un criminal o de una persona para saber la paternidad de alguien, ¿no se recurre al código genético para saber si, efectivamente, coincide el código genético de un padre con un hijo? No es el mismo, pero las coincidencias demuestran que puede ser de esa familia.
El código genético, el ADN, la cadena desoxirribonucleica, el ácido desoxirribonucleico, es lo que identifica a una persona de la otra. Y eso es lo que dice la ciencia, la última ciencia, el último acto de investigación de la ciencia es lo que dice. Pero dan otro argumento.
Creo que puede comprobarse científicamente que son dos personas diferentes desde el momento de la concepción, pero dan otro argumento diferente los señores diputados. Dicen: es que no hay actividad cerebral.
Por favor, cómo vamos a decir que hay un bebé si todavía el cerebro no tiene actividad. Ése ha sido el argumento. Y yo les pregunto a mis amigos diputados, ¿cuántos hemos conocido en los hospitales, en los sanatorios, que han sido considerados vegetales porque no tienen actividad cerebral? ¿Y se merecen en ese caso la muerte porque no tienen actividad cerebral?
Pero no me quiero ir al caso de los ya nacidos, quiero irme al caso de los no nacidos, que es el caso que han esgrimido aquí en la tribuna. Y yo les pregunto a los señores diputados, ¿acaso se midió la actividad cerebral con el último aparato que ha sido diseñado por los científicos y por los seres humanos? ¿Qué pasaría si mañana se descubre un aparato nuevo, con el que se demuestra que a la undécima semana sí hay sinapsis, sí hay contacto entre las neuronas, sí hay un tipo de actividad que no había podido ser determinado por los aparatos que en este momento estaban vigentes?
¿Qué pasaría entonces? En qué absurdo estaríamos incurriendo al decir que, bueno, como no se había descubierto el aparato, por tanto sí podíamos matar al bebé. Pero cuando se descubre el aparato ya no lo podemos matar, porque se descubrió con un nuevo aparato mucho más sensible, que sí hay actividad cerebral.
No, señores, no puede funcionar ese argumento de la actividad cerebral. Pero dan otro argumento, todavía dicen: es que a las 12 semanas sí se puede, antes de las 12 semanas sí se puede exterminar al producto de la gestación, para mí al bebé sí se le puede exterminar, después, a las 12 semanas y una hora; a las 12 semanas y un día ya no, porque entonces sí estaríamos incurriendo en una violación de la ley.
Yo les pregunto, señores diputados, ¿cuál es la certeza científica de que la madre ha medido bien su ciclo y que sabe perfectamente bien cuándo se cumplen las 12 semanas? ¿Qué pasa si se equivocó con un día, con una hora, con una semana? Ah, entonces sí, una semana antes sí era un ser humano que había que proteger, pero se equivocó y entonces podríamos haberlo exterminado.
No, señores, no es ése el tema. El tema científico es que existen dos individuos diferentes y nosotros tenemos obligación de protegerlos a los dos.
Déjenme expresar mi respeto por todas las mujeres embarazadas, mi respeto y solidaridad por aquellas mujeres que tienen un problema de cualquier tipo para llevar a término su embarazo. Creo que merecen toda la solidaridad y ayuda por parte del Estado, y déjenme decirles que no es un tema coyuntural; esto nosotros lo propusimos en nuestra plataforma, en nuestra agenda política, y así nos presentamos a la ciudadanía como individuos, como diputados que veníamos a defender la vida desde la concepción, porque nosotros creemos que es un ser diferente. Y así nos dieron el voto; más o menos votos, así nos los dio la ciudadanía, y nuestro compromiso es defenderlo.
Termino, señor presidente, con una anécdota personal. Hace poco más de un año me mostró mi hija una fotografía de ultrasonido de mi nieta de 11 semanas. Señores, de veras, se los digo con sinceridad, esa foto de ultrasonido la tengo en mi álbum de fotografías más queridas. Es un bebé; es un bebé con sus pies, su cabeza, sus manos, su corazón. Es un bebé. Si alguien quisiera matar a ese bebé ---por favor--- contaría con mi absoluto rechazo y mi absoluta reprobación. Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : El diputado Salazar me da ternura en su absoluta ignorancia, porque sus anécdotas personales no tienen nada que ver con la discusión seria del tema.Su concepción religiosa ---eso es para Calderón--- no tiene nada que ver con una discusión de un Estado laico. Confunde. Su nivel de desconocimiento es tan grande, diputado, que confunde producto con bebé. Lo mando otra vez al diccionario de la Real Academia Española.
Si para usted un bebé es el producto, es un problema de su confusión, de su desconocimiento del lenguaje, de su desconocimiento del idioma, de su desconocimiento de la biología, de su desconocimiento de una discusión filosófica muy profunda y de su concepción religiosa. Si usted cree en la Divina Providencia, puede creer en cualquier cosa, pero no tiene por qué imponérselo a toda una sociedad, que es un Estado laico. Yo soy también profundamente respetuoso de las percepciones que cada quien tenga, pero no tienen por qué imponérselas a las demás personas.
Estamos hablando del derecho de la mujer a una vida plena; estamos hablando del derecho de los seres humanos a una vida sexual plena; estamos hablando del derecho de las familias o de las personas a decidir en qué momento asumir la paternidad, con condiciones y con responsabilidad.
¿Cómo pueden 40 millones de mexicanos, muriéndose literalmente de hambre, hacer frente a problemas de paternidad ---yo se lo pregunto--- con un dólar al día? ¿Ha visto el documental Los Herederos? Si no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Es lacerante.
Lo que ustedes deciden con su doble moral es empobrecer al pueblo y luego dicen que creen en el ser humano; que creen en la vida. Están matando de hambre con su política económica a millones de mexicanos. Es sufrimiento, es dolor, es desigualdad. De eso estamos hablando.
Luego vienen aquí a contarnos sus anécdotas tiernas de cómo realmente les parece y les conmueve el corazón una fotografía de la naturaleza que usted comentó, diputado Salazar. No. Estamos hablando de temas serios y no de temas personales. Estamos hablando de políticas públicas y no de creencias religiosas, éticas o morales.
Estamos hablando de la necesidad de reconocerle, de una vez por todas, a la mujer su condición de igualdad. Estamos hablando de una vez por todas de dejar de criminalizar la situación de que una mujer pueda decidir o no cuándo quiere ser madre.
¿De qué número estamos hablando de madres solteras en el país? La inmensa mayoría de las mexicanas se hacen cargo solas de la responsabilidad. Y muchas veces cuando tienen un varón en casa, tienen un hijote grande, porque cargan además con más tarea. Con tarea en casa, con tarea afuera, con todas las responsabilidades de sacar adelante a la familia.
No estamos discutiendo sus visiones religiosas, su ética religiosa, su visión católica, por otra parte, en lo personal y en lo privado, profundamente respetable. Estamos hablando de este tipo de discusión que tiene otra connotación.
Yo insisto. Vea el diccionario de la Real Academia Española, vea lo que dice bebé y me dice si se considera bebé a un producto entre uno y nueve meses. La definición exacta es niño de pecho. Quiero que me explique cómo puede ser un producto niño de pecho. ¿Cómo le hizo su hija para darle en el útero el pecho a su posible nieta? Eso no tiene ninguna posibilidad, no tiene ningún sentido, está hablando de cosas absolutamente irreales, de cosas de su sentimiento, pero no de la razón y no de los hechos biológicos, económicos, sociales, políticos de los que estamos mencionando.
Si a ustedes, si a ustedes, las muchas mujeres que pierden la vida no les preocupan, como un asunto de salud pública, hay a quien sí...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Permítame, diputado. Sí diputada, dígame usted. Permítame, diputado, por favor.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Pero me están interrumpiendo, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Pedirle por favor, también al diputado Noroña respeto. Si él mismo está diciendo que no es un asunto personal, que no lo haga así. Y se refiera a la materia de política pública, que discuta los programas que hay en los diferentes niveles de gobierno para las mujeres, que no se concretan sólo a ese tema. Es tanto, presidente.El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Vuelvo a decir a los diputados del PAN...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continúe, por favor, señor diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Vuelvo a decir a los diputados del PAN, que no tienen ningún derecho a reconvenirme, que no se los voy a aceptar nunca, que no deben, ni les permitiré ninguna reconvención.
Si no están de acuerdo con mis puntos de vista, aquí está la tribuna. Si no están de acuerdo con las formas en que se los planteo, aquí está la tribuna, aquí está para que den sus argumentos. Y quien utilizó una anécdota personal no fui yo, quien se puso en una posición delicada al asumir una posición personal y sentimental no fui yo.
Entonces, si se traen a debate visiones personales y anécdotas personales se arriesgan a que esas anécdotas personales sean criticadas. Yo, por cierto, tengo respeto para el diputado Salazar, hemos tenido intercambios muy diversos, pero el debate es el debate y cada quien que se atenga a los argumentos que utiliza y a las cosas que defiende. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Salazar.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Muchas gracias, diputado presidente. No, mis amigos, no. No desconozco el idioma, permítame que se lo diga, que se lo puedo demostrar con grados académicos. Conozco el idioma y lo conozco bien, pero quienes usan la palabra producto para referirse a un bebé o a un niño que no ha nacido, son ustedes. Así que los que desconocen en todo caso el idioma, serían otros.Pero señores, no nos metamos en semántica, no nos metamos en definición gramatical. No me vengan a decir aquí que soy el que traigo el tema religioso. No había mencionado a la Divina Providencia y aquí la viene a mencionar un señor diputado; bueno, pues lo felicito, porque ya al menos tiene algunas convicciones. No sé si las crea positivas o no; pero ese tema lo sacan ustedes. Nadie está hablando aquí de un argumento religioso, aunque sea tan válido como cualquier otro, pero no es el argumento que estamos debatiendo aquí. Aquí estamos debatiendo, señor diputado, sobre la vida de un individuo, diferente, diferente de la madre, un individuo que no ha nacido, pero que es diferente.
Si ustedes dicen que defienden ---y lo hacen bien y qué bueno que así lo hagan--- defienden a las mujeres, yo les digo que nosotros defendemos a las mujeres y a los hombres que no han nacido, que todavía están en el vientre de su madre y que merecen nacer, que merecen una oportunidad para vivir.
No me venga usted a decir, señor diputado, que porque tienen hambre, que porque son pobres, entonces se justifica que puedan matar a los bebes no nacidos. Ése no es un argumento ni se lo puedo aceptar, porque con ese argumento no quedarían habitantes en muchos países africanos.
Tampoco estamos jugando, señor diputado; es una cosa seria, estoy de acuerdo, no estoy jugando, es una cosa seria. Estamos hablando de la vida o de la muerte, no de cortarse una uña, no de extirparse un tumor. De la vida o de la muerte de seres humanos y eso es lo que estamos debatiendo y lo seguiremos debatiendo todo el tiempo que usted quiera, señor.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado Fernández Noroña, perdón, nada más permítame. Había solicitado el uso de la palabra la diputada Teresa Ochoa.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Nada más para alusión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí. Ahorita se lo vamos a permitir, nada más permítame, creo que quiere proponer algo la diputada. Dígame, diputada.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Sí, presidente, me gustaría pasar a la tribuna.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ah, no. Entonces, concedemos el uso de la palabra al diputado Fernández Noroña, porque lo había solicitado.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : Okey.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Voy a ser muy breve. Vuelvo a pedir al diputado Salazar que haga un estudio del Diccionario de la Real Academia Española. Matar tiene ---pues aunque no les guste--- matar ---le invito a que vea el diccionario, señora diputada del Opus Dei---, porque matar tiene, inclusive en el diccionario, en el código final, una significación, por eso quiere meter a las mujeres a la cárcel, el diputado.Por eso le parece bien que haya mujeres en la cárcel, aunque aborten contra su voluntad. Entonces, no, no; tiene que revisar el diccionario. En castellano se le llama feto al producto, diputado. En castellano se le llama feto. Lo invito.
Vea lo que es bebé y vea lo que es feto. Trae usted una confusión grande, diputado. No se mezcle lo sentimental, lo religioso, con la razón. Póngale cabeza fría al asunto. Estamos hablando del derecho a abortar de las mujeres, que es derecho ganado a pulso con una lucha de millones de mujeres en todo el país, que han planteado este tema con toda seriedad y con toda responsabilidad. De eso estamos hablando. No estamos hablando de las creencias de cada quien.
Cuando les digo que tienen doble moral es porque hablan del derecho a la vida y tienen a 60 millones en la miseria, 40 millones en la extrema pobreza, ganando un dólar al día, y todavía les cargan, diputados. ¿Eso es querer la vida? ¿O correr a 40 mil trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro, que decían que era muy caro y ahora quieren 52 mil millones de dólares para sacar adelante a la nueva compañía? No.
De eso estamos hablando, de su doble moral, de su doble discurso, de su supuesta preocupación por el ser humano, pero a la hora buena lo traicionan, lo apuñalan, lo condenan a la miseria, a la ignorancia, al hambre.
Siete y medio millones de jóvenes, de entre 17 y 23 años, sin acceso a la universidad pública, ¿es eso cristiano, para decirlo claro, dentro de la ética que usted práctica? No lo es. Pero también es inmoral políticamente.
Es inmoral recorrer en campaña diciendo que no van a subir los impuestos; y subirlos. Es inmoral. La única posición ---tiene razón el diputado Salazar en una cosa--- que han mantenido como partido es ésta de estar contra el aborto. Ésa es la única en que les reconozco consecuencia de todo lo que han planteado en esta tribuna. Y lamentablemente es una postura oscurantista, del Medioevo.
Si ustedes tuvieran todavía la posibilidad de la Santa Inquisición en sus manos quemarían a las mujeres por abortar, no tengo la menor duda de ello. Y es, sin duda, un acto absolutamente retrógrado.
Yo los invito nuevamente a que lean a los autores que les estoy sugiriendo. No sean prejuiciosos. Lean a Michel Onfray, les va a hacer bien, los va a llamar a la reflexión. Léanse toda la contrahistoria de la filosofía que este filósofo francés plantea, y toda la reflexión sobre el derecho a la vida, sobre el derecho al disfrute de la vida, sobre el hedonismo, no entendido como la ética cristiana ha querido plantear, sino como el regalo maravilloso que la vida es.
No tengo duda que todos tenemos derecho a la vida. Pues vamos haciendo, para los que ya están en esta vida, que tengan una vida digna; que tengan vivienda, que tengan educación, que tengan salud, que tengan empleo, que tengan mejores condiciones de vida.
Por qué no antes de preocuparse por posibles seres humanos, no se preocupan por los ciento y pico de millones de mexicanos que ya están y que les tienen tan sin cuidado y les cargan impuestos y mandan al desempleo. Toman todas sus políticas neoliberales contrarias a la vida, contrarias a la razón.
Aprovecho para comentarles, a propósito de la vida, si tanto les interesa, que el maíz es originario de este país, por cierto, y ya permitieron los cultivos transgénicos que son totalmente contrarios a la vida, al buen desarrollo del ser humano y de la alimentación.
Son muchos los ejemplos que puedo demostrarles de su inconsistencia, de sus contradicciones y de su doble moral. Y en este tema se equivocan en redondo, y más temprano que tarde la realidad los va a poner en su lugar.
Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, tenemos inscritos a la diputada María Teresa Ochoa, al diputado Víctor Castro Cosío, al diputado Jaime Cárdenas Gracia y al diputado Carlos Pérez Cuevas. Al término de la conclusión de estos oradores estaremos preguntando si se considera suficientemente discutido... Está pidiendo el uso de la palabra el diputado Francisco Salazar, por alusiones personales.
El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Muchas gracias, diputado presidente. Ustedes iniciaron el debate insistiendo en que se circunscribiera al área científica. Trato de hacerlo, pero cada vez me sacan temas tan raros como que si el SME, que si los 44 mil despedidos, que si los transgénicos en el maíz, en fin.Vamos a circunscribirnos al tema científico, señor diputado, usted que debe ser un gran científico debe saber perfectamente bien de lo que estamos hablando cuando hablamos del código del ADN, del ácido desoxirribonucleico, de las cadenas de proteínas que se forman, para darle la identidad única, única en toda la humanidad, a un ser humano. Eso es ciencia, eso es lo que estamos discutiendo.
No me venga usted a decir aquí que los transgénicos tienen la culpa de los abortos, por favor señor. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? Y eso es un problema que dificulta mucho los debates. Se lo digo también con el respeto que nos hemos guardado en la Mesa Directiva.
Vamos a hablar del tema, ustedes dicen que es un feto y que, por tanto, un feto no tiene derecho a vivir, que su madre o alguna otra persona son quienes van a decidir por él, si él tiene derecho a vivir o no. Sostengo que no.
Creo que cada individuo tiene derecho per se, por lo que es, por lo que representa, por su individualidad, por su personalidad. No puedo aceptar el argumento que la pobreza justifica la interrupción del embarazo, el asesinato del feto ---como usted le llama; yo le llamo bebé no nacido, usted le puede llamar como quiera.
Le preguntaría señor diputado, ¿aprobando una ley que permita el aborto se acaban los pobres? No tendríamos pobres en el DF, porque aquí tenemos una ley desde hace tiempo que permite el aborto.
No, señor diputado, no nos vayamos por las ramas. Quieren hablar del tema científico, vamos a demostrarlo: ¿antes de las 12 semanas se puede exterminar a un bebé que no ha nacido o después de las 12 semanas, una hora después, ya se le puede exterminar? Por favor.
Ése es un debate, un debate serio, jurídico. Antes de las 12 semanas sí puede heredar, sí puede ser sujeto de herencias, puede ser sujeto de las responsabilidades o de las atribuciones que le da la paternidad, pero ¿después de las 12 semanas...? Por favor, señor, ése no es un debate serio y no vuelva usted a traer el tema.
El día que quiera lo sacamos, el día que quiera discutimos sobre la existencia de Dios o sobre la validez de las religiones; sobre sus autores. Sus autores son inteligentes, por cierto, pero tengo otros autores también. Pero no es el debate ahorita. El debate ahorita es si un niño en el vientre de su madre tiene derecho a vivir o no tiene derecho a vivir.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : De verdad, me da pena tener que corregir al diputado Salazar.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): ¿Puedo pasar a la tribuna, para rectificación de hechos?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : No te escucho, diputada, si quieres después vienes aquí a tribuna. Les decía, me da pena corregirlo nuevamente, pero fíjense qué nivel de confusión, confunde feto con bebé, con individuo, con niño. Bueno, es que hace un uso del lenguaje castellano tan laxo, compañero diputado, que así es muy difícil seguirlo.Su nivel de confusión es grande, le pediría que si quiere ser serio en la discusión use categorías claras, un individuo no es un feto; no sé si eso más o menos me lo reconoce y me lo admite o usted tiene toda esa confusión, porque si tiene toda esa confusión, de veras, no hay manera de ponerse de acuerdo, porque a usted le da lo mismo decir.
Por eso dicen que cuando suben los impuestos ayudan a los pobres, porque tienen un nivel de confusión bárbaro. Por eso dicen que están a favor de la vida cuando corren a 40 mil trabajadores. Por eso dicen que es correcta la militarización del país y matan a niños, ustedes, sí, de 16, 14 y 12 años, en los retenes militares, y los matan y luego lo justifican.
Aquí estuvo un diputado de Michoacán subiéndose a justificar que le hubieran dado tiros en la mandíbula a un joven, diciendo que eso estaba bien. Ésa es su defensa de la vida, ésa es su defensa de los derechos de la gente. Tienen el mundo al revés. Por eso se roban la Presidencia y dicen que es democracia. Por eso violentan la ley y dicen que es estado de derecho. Por eso dicen que un secretario del Trabajo que genera desempleo es secretario del Trabajo. Su confusión es absoluta, absoluta.
Sobre el derecho de las mujeres a abortar lo vamos a defender todo el tiempo y como aquí se ha dicho: implica mucho sufrimiento, mucha dificultad, mucho dolor. No lo hacen por gusto, pero es un tema de salud pública, de salud pública comparta o no comparta el tema, porque quienes están en la posición con usted ni siquiera están de acuerdo con los métodos anticonceptivos, ni siquiera en eso están de acuerdo.
Olvidan qué es un Estado laico, olvidan las políticas de salud pública y confunden absolutamente el lenguaje. Yo lo vuelvo a remitir al Diccionario de la Real Academia Española. Si vuelve a subir a tribuna tráigase las definiciones de individuo, tráigase las definiciones de bebé, tráigase las definiciones de feto, tráigase las definiciones de asesinato, para que nos vayamos entendiendo, porque usted tiene unas definiciones muy libres, compañero diputado. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada María Teresa Ochoa.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : Con su permiso, señor presidente. Señores diputados y señoras diputadas, creo que ha cambiado el sentido original del debate y del tema al que nos llevó a esta agenda política.Lo que se está discutiendo no es el aborto. Se está discutiendo el no penalizar a las mujeres que toman decisiones sobre sus cuerpos, sobre su vida, sobre su maternidad, pero no exclusivamente centrándose en si es o no el aborto.
¿Cómo es posible que existan en el país más de mil mujeres, en los diferentes estados, procesadas y con condenas de 20 a 35 años, porque se les tipifica un delito de homicidio en grado de parentesco?
Creo que 50 por ciento de los habitantes de este país no nos merecemos que se tengan leyes que nos castiguen y que vayan segmentadas a un determinado grupo de la sociedad. Son generales. En este caso no podemos seguir permitiendo que se lleve el debate a estos niveles.
Desde aquí quiero dejar varios cuestionamientos. Uno, solicitarles a los legisladores y legisladoras de los estados que sean más objetivos, que tengan una visión progresista, que no se ensañen en poder calificar y sancionar y castigar a mujeres que, por diferentes circunstancias a las que la vida las ha llevado, toman una decisión como ésa, o por complicaciones de salud, a que tengan que parar en la cárcel y a que tengan que llevar la carga del señalamiento de la sociedad, con problemas severos de salud, con problemas severos después para integrarse a una actividad económica, con problemas severos para continuar con los lazos de familia.
Yo les pregunto a todos ustedes, ¿realmente vale la pena que un país como México siga, a estas alturas, a 200 años de una Independencia, a 100 años de una Revolución, siga castigando a las mujeres porque deciden sobre su cuerpo? Creo que no debemos hacerlo.
Insisto, aquí no se está hablando nada más del tema del aborto. Se está hablando de no penalizar y de no tipificar como delito de homicidio en grado de parentesco a quien sufre una situación como ésta.
Debo también decirles que se señala aquí violencia; otra situación, economía; otra situación, educación, salud pública. Creo que no debemos seguir violentando nuestra Constitución, solamente cargando, toda una carga, a un grupo de la sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Víctor Castro Cosío.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío : Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, quiero precisar que... No sé si sea exacta esta generalización que voy a hacer, pero creo que en este país ninguna persona sensata, honrada, puede estar a favor del aborto. Ninguno que sepa del sufrimiento y de lo que cuesta a una compañera el aborto, podría estar a favor de él.Que quede muy claro: nuestra postura es a favor de la vida. Pero es un asunto de no penalizar un acto libre de una compañera, por las razones distintas; fundamentalmente, hemos explicado en distintos foros, en distintas reuniones, con estudiantes, con mujeres, con hombres, que es un asunto de salud pública, de política pública. No podemos regresarnos y justificar un asunto de atraso ideológico y convertirlo en un debate que hace muchos años en este país fue sepultado.
Lo que importa hoy es seguir buscando entre todas y entre todos, de qué manera protegemos a las compañeras mujeres que dejaban a sus niños abandonados en los basureros. Aquí la Ciudad de México ha sido un ejemplo en el país, a partir de la despenalización de este hecho, en donde no han vuelto a aparecer niños en los basureros, o fetos, o bebes, o como cada quien les quiera decir.
Aquí, la capital del país ha sido una muestra clara de que la despenalización fue una política pública correcta. Ahí es donde queremos llevar este asunto. Lo otro va a ser un tema que nos volverá a dividir, entre unos que están a favor de o de lo otro. Pero creo que esta tarde debe quedar clarísimo a la nación que las diputadas y los diputados que defendemos el derecho a la vida estamos en contra de que se penalice a las mujeres que libremente puedan decidir sobre el futuro de su pueblo. Eso es lo que no queremos.
Ojalá estén de acuerdo, en que no se meta a la cárcel a las mujeres por esta decisión. Eso es todo. Es un asunto, repito, de salud pública para la nación. Y creo que aquí podemos coincidir en que respetemos a las mujeres, en que les demos el derecho legítimo de poder decidir de acuerdo a esta posibilidad, y no se les penalice. Ése es el asunto de fondo. Y queremos dejar sentado y con toda claridad esta tarde, que estamos en defensa de las compañeras mujeres.
Porque aquí, muy fácil, señores, se enternecen algunas diputadas y algunos diputados; se enternecen y defienden el derecho a la vida; y no dijeron nada ni se han preocupado en lo mínimo por decir cómo defendieron la vida de los mineros de Pasta de Conchos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias presidente, con su venia. Dice el diputado Salazar que no se trata de un asunto de palabras. Sí se trata de un asunto de categorías jurídicas y de palabras.La Constitución, ya lo mencionaba el diputado Muñoz Ledo, habla en el artículo 1o. de individuo: ``En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución...''. Habría que ver si el feto, como dice el diputado Salazar, es un individuo.
El artículo 4o. de la Constitución, párrafo segundo: ``Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos''.
Y el propio artículo 4o. en un párrafo posterior, habla de los derechos de los niños y de las niñas.
Entonces, sí son importantes las palabras, los términos jurídicos y los significados de esas palabras. Desde luego que el feto no es un individuo, no es una persona y no es un niño, tampoco, para gozar de los derechos que establece la propia Constitución.
El argumento del diputado Salazar para señalar que hay identidad y con ello tratar de demostrar que se trata de un individuo, es la apelación al código genético. Posiblemente tenga el feto un código genético diferente a los progenitores, pero eso no lo constituye en un individuo desde un punto de vista jurídico.
El propio diputado Salazar reconoce que hasta este momento la ciencia determina que la actividad cerebral comienza después de los tres meses de la concepción.
El diputado Salazar habla de exterminio. A mí me parece eso una palabra muy fuerte. El exterminio lo provocaron los nazis con el holocausto. Creo que cuando una mujer decide libremente disponer de su cuerpo y practicar un aborto no está realizando un exterminio. No quiero ofender al diputado Salazar, pero creo que exterminio, en todo caso, fue lo que le ocurrió a los mineros de Pasta de Conchos, porque no hubo la atención suficiente de la Secretaría del Trabajo entonces a su cargo para velar por las medidas de seguridad en esa mina. No quiero decir y reprobarlo moralmente.
Creo que este tema aquí lo han señalado algunos diputados ---lo señaló el diputado Víctor, lo señaló la diputada compañera de Convergencia---; el tema, más allá de la discusión acerca del aborto y acerca de la reprobación moral que generalmente los diputados del PAN establecen en este tema, ése es un tema. Ustedes pueden reprobar moralmente que una mujer tal vez aborte a partir de sus concepciones ideológicas y religiosas, lo que no es válido es criminalizar, es penalizar, es sancionar, es considerar a la mujer que practica un aborto como actualizadora de un tipo penal de homicidio en grado de parentesco. Eso a mí es lo que me parece totalmente inaceptable.
Se puede hasta condenar moralmente a partir de una concepción propia o religiosa el aborto, pero lo que no se puede es someter a sanciones y a procesos de carácter penal a las mujeres que deciden practicar el aborto. ¿Por qué? Porque generalmente se trata de las mujeres más pobres de la sociedad.
Estamos hablando de indígenas, estamos hablando de muchas mujeres que no han recibido la educación o el apoyo, o por razones de pobreza, que se practican estos abortos. No es válido que en este momento en México, como lo señalaba la diputada de Convergencia, existan alrededor de mil mujeres que están siendo procesadas por homicidio, por practicarse un aborto.
Entonces, en esto, nunca lo compartiremos. Puedo hasta entender su reproche moral, puedo entenderlo, pero lo que no puedo es aceptar que por practicar un aborto una mujer sea criminalizada. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, ha concluido la lista de oradores.
En los términos del artículo 116, una vez que han concluido los oradores inscritos, pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.
Suficientemente discutido, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, se considera suficientemente discutido.
Señoras y señores diputados, en razón de que se han cumplido las cinco horas de duración de la presente sesión, que establece el artículo 1º del acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia a las sesiones, con fundamento en las atribuciones que nos confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Jueves 29 de octubre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 16:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre, a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)