SUMARIO

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 342 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las11:03 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa de lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa de lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 29 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

De las diputadas Kattia Garza Romo y Karla Daniella Villarreal Benassini .

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, presentada por los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4, fracción II, inciso e), de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

En el que transcribe acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere una partida extraordinaria al Presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para que se disminuyan los subsidios y apoyos fiscales considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, destinados a la entidad Servicio Postal Mexicano, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados tomar previsiones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, con relación a la situación económica que vive el municipio de Cananea, Sonora, derivado del conflicto laboral que se enfrenta en dicha localidad, suscrita por senadores integrantes del Grupo Especial de Trabajo para dar Seguimiento al Conflicto Jurídico Laboral suscitado entre los Trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana con la Empresa Mexicana de Cananea. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para que dentro del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se otorguen mayores recursos que se destinen a construir la carretera Zacatecas-Durango, presentada por senadores de los estados de Zacatecas y de Durango. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo del Congreso del Estado de Zacatecas, por el que solicita que se apruebe un incremento de los recursos, destinados al fomento de la educación en el estado de Zacatecas. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León Neerlandés, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en Grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de los Países Bajos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, remitida para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 y adiciona el artículo 42 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y adiciona el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Secuestro, Reglamentaria del Artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a un programa especial para la organización de ferias de promoción turística que se celebren en la Ciudad de México a favor de todas y cada una de las entidades federativas, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramo 04, perteneciente a la Segob, como Fondo para el Pago de Adeudos a Braceros Rurales de 1942 a 1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la construcción de la escuela primaria República de la India en el pueblo de San Francisco Tlanepantla, delegación Xochimilco, Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos Congresos estatales a instaurar comisiones de juventud y deporte, en aras de fortalecer la focalización de acciones y medidas a favor de los jóvenes mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la creación del Fondo del Sureste, que garantice el desarrollo regional de los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al cumplimiento de los trabajos de la Calle Morelos, entre Francisco I. Madero y Circunvalación, boulevard El Rosario y salvaguardar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la creación de una institución educativa de bachillerato en Moroleón, Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al cumplimiento de los trabajos de la avenida Prolongación División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez, y realzar dignamente la imagen de la vía principal de acceso para el turismo de la delegación Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos en el Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal para el estado de Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al cumplimiento de los trabajos de avenida 16 de Septiembre entre Francisco Goitia y Cuauhtémoc, boulevard Xaltocan y salvaguardar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de avenida Prolongación División del Norte, entre Guadalupe I. Ramírez y 16 de Septiembre y salvaguardar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al cumplimiento de obras de construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado en avenida División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I Ramírez, delegación Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al cumplimiento de obras de pavimentación con concreto estampado y repavimentación con concreto asfáltico en avenida 16 de Septiembre, entre Camino a Nativitas y Francisco I. Madero, barrio Xaltocan, delegación Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la terminación de la obra en sustitución del nuevo hospital general de Zacatecas, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a consolidar los Proyectos Culturales y las actividades encaminadas a la difusión cultural del estado de Zacatecas, dada su vocación cultural y turística, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al área de infraestructura urbana del estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la construcción de una ciudad deportiva en Tlalpan, Distrito Federal, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que incluye las acciones y programas que realizan los diversos sectores involucrados en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión para revisar, analizar el proyecto agrícola denominado Pujal Coy, dar cauce a las demandas de los habitantes del área comprendida por los municipios de Valles, Tamuín y Ebano, en el estado de San Luis Potosí, afectados por el proyecto inconcluso, y reactivar éste, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la realización de acciones para lograr la reparación del daño a los afectados por las inundaciones provocadas por la obra pública denominada El Tintillo, en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los directores generales de la Conagua, y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que lleven a cabo las acciones que les correspondan para solucionar el problema de abastecimiento en la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren en el rubro de Turismo recursos para el estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la construcción de una vía de acceso que comunique la población de hierbabuena con la Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la consolidación del laboratorio integral y fábrica de biofertilizantes y plantas in vitro para el occidente de República Mexicana, a cargo de la diputada Indira Vizcaino Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la consolidación de la planta beneficiadora de semillas hibridas para siembra, en el estado de Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaino Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al proyecto de ecoturismo y salud Mujeres del Volcán en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaino Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se restituya a las universidades e instituciones de educación superior, a las de cultura y a las de ciencia y tecnología los recursos que les recortaron en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2010, y además se les incremente el porcentaje de acuerdo con la inflación estimada para 2010, suscrito por los diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Vidal Llerenas Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la inclusión del programa de protección civil para las viviendas en riesgo, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a mejorar la infraestructura penitenciaria, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al aprovechamiento racional de los recursos naturales en la cuenca del río Cupatitzio, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua que otorgue a los habitantes de las colonias Vista Hermosa y Atacaxo la concesión para ocupar un terreno federal en la demarcación Territorial de La Magdalena Contreras, Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a solicitar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal que emita la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres y menores de edad en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, con la finalidad de combatir el alto número de delitos cometidos en agravio de las mujeres y de los menores de edad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a infraestructura carretera del estado de Zacatecas, por lo menos de lo equivalente a lo aprobado para 2009, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos a fin de crear el proyecto educativo y desarrollar el parque industrial para el establecimiento de la industria aeroespacial en Zacatecas, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la divulgación de la ciencia y a equipar los centros científicos de Zacatecas, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a los programas relacionados con la infraestructura hidroagrícola y el agua potable para zonas urbanas y rurales del estado de Zacatecas, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la construcción de la escuela secundaria La Cuesta, en la delegación Álvaro Obregón, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la promoción del desarrollo rural de las zonas de mayor atraso relativo, a cargo del diputado Ramón Jiménez Fuentes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la conclusión del Centro de Especialidades Deportivas en el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Ramón Jiménez Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al sector de medio ambiente y recursos naturales, específicamente para dar continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas, a cargo del diputado Ramón Jiménez Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la atención de la problemática de desastres naturales en la delegación Álvaro Obregón, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la atención de la problemática de las grietas en el Distrito Federal, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la capacitación de los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a la generación de energía eléctrica en el Centro del país, a través de centrales microhidroeléctricas, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen al financiamiento, obras, proyectos, programas y propuestas que presentan gobiernos locales y municipios del país, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, a cargo del diputado Carlos Flores Rico y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a combatir el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca-Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra Coca-Cola, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se investiguen las condiciones en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, , por el que se exhorta la inmediata intervención de la PGR ante las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho y dar pronta respuesta a la denuncia interpuesta por la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por los servidores públicos de la PGR, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de Artesanías, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos del Senado de la República para que emitan el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrito por los diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez y Miguel Antonio Osuna Millán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la investigación de lo sucedido en Oaxaca del 1 de mayo de 2006 a enero de 2007, así como el 16 de julio de 2007, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a eliminar el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extrahotelera en la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los distintos destinos turísticos del país, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, a la Procuraduría de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo a investigar lo relativo, a deslindar y dejar en libertad a la indígena Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, a cargo de la diputada María Teresa Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Aguascalientes a cumplir a cabalidad lo que se establece en el artículo 25 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Margarita Gallegos Soto y David Hernández Vallín , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y a los gobiernos de los estados, a crear un fondo de recursos destinados al apoyo de ex braceros, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento al Fondo de Apoyo Social (Fideicomiso 2106) para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se ratifica la resolución que aprobó la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2007 en relación con la venta de la cartera vencida del Infonavit, y se solicita la comparecencia del director de dicha institución, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a controlar a través de la CNBV de manera más estricta a las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando en demérito de los recursos de los ahorradores, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a realizar las acciones y establecer los procedimientos necesarios a fin de prevenir que laboratorios e instituciones privadas apliquen y vendan la vacuna contra la influenza A (H1N1) a la población, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la liberación de recursos y la modificación de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNBV a informar sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explicar el fraude de la cooperativa caja popular Coofia, SCL, así como su situación legal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a mantener el presupuesto otorgado al Instituto Mexicano de Cinematografía; y al Ejecutivo federal, a dar continuidad a través de la SHCP al estímulo fiscal que otorga el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del la diputada Gabriela Cuevas Barrón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente de la CNDH que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales de Michoacán actualmente internos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer lo conducente para fijar un plazo máximo no mayor de 10 años para concluir la educación secundaria, primaria y alfabetización de la población mayor de 15 años que aún no lo ha hecho, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a ésta de acuerdo con las necesidades actuales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a llevar a cabo la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la región de La Montaña, Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Semarnat, a la Conagua, al Conacyt, a la Sedesol, a la SEP, a la Ssa, a la Canadevi, a gobiernos estatales y municipales, y a la Conafor a desarrollar y fortalecer la cadena productiva del bambú para revertir el deterioro ambiental y el cambio climático, promover la vivienda digna de bajo costo e impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el medio rural, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa y la Semarnat establezcan nuevamente una moratoria indefinida a la siembra de maíz transgénico a fin de definir los centros de origen, así como las medidas de protección del maíz nativo, con base en el reciente estudio de la Conabio, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a enviar una carta diplomática a la Embajada de Estados Unidos de América en nuestro país por el trato discriminatorio de que son objeto las personas que acuden a tramitar la visa ante los diferentes consulados, particularmente el de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sener a homologar, en el ámbito de su competencia, los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con los del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer a través de la Conagua los procedimientos para la rehabilitación del arroyo Alamar, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar el proyecto para emitir la cédula de identidad ciudadana, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones que fortalezcan al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC, y con ello evitar el proceso de liquidación que se pretende aplicar a dicha institución, a cargo de la diputada Julieta Octavia Marín Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a actuar como entidad mediadora para la solución del conflicto de límites territoriales entre Jalisco y Colima, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del ISSSTE a liberar a través de su órgano desconcentrado Pensionissste los recursos de las cuentas individuales asignadas a los pensionados por ese instituto, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial con la finalidad de dar cuenta y atención de la problemática que aqueja a la cuenca del sistema Cutzamala, a cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la SCT por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a que el programa 100 x 100 sea ejecutado en colaboración con los presidentes municipales y que se contrate personal local para realizar las obras, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados envíe al Titular de la SHCP un requerimiento para que informe con qué fundamento otorgó en 2009 un presupuesto adicional a la Auditoría Superior de la Federación sin el conocimiento y aprobación de la Comisión de Vigilancia de la, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género a valorar la incorporación en su programa anual de trabajo la creación de un grupo de trabajo para estudiar, discutir y, en su caso, proponer e impulsar reformas legales dirigidas a erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder para lograr impunidad, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sobre no discriminación, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a revocar los permisos de autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica violatorios del artículo 27 constitucional, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se asigne una partida especial para resolver la problemática que enfrentan los socios defraudados por Sacriputla, SC de RL, y por la Caja Popular Casandoo, SA de CV, de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Elpidio Desiderio Concha Arellano y José Antonio Yglesias Arreola , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar entregue a esta soberanía, a través de Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de promoción del desarrollo del sector artesanal mexicano, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender, a través de la Semarnat y de la Conagua, acciones para detectar, evaluar y combatir la sobrexplotación y extracción ilegal de materiales pétreos, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el fomento y desarrollo del árbol del hule, a cargo de la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a intervenga para que el comisionado del Instituto Nacional de Migración no cambie la sede de la delegación regional que se encuentra San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del diputado Juan de Jesús Pasqualli Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a tomar previsiones a fin de garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos que no cuentan con acta de nacimiento y por consiguiente no podrán solicitar la cédula respectiva, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de que el Ejecutivo federal garantice la permanencia, durante 2010, del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC, como secretaría ejecutiva del Sinacatri, a efecto de que continúe contribuyendo en la tarea de capacitar a los campesinos y a las familias rurales de México, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Segob para que informe sobre el uso y destino de los 700 millones autorizados para el ejercicio fiscal de 2009 al Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sagarpa que informe sobre la probable desaparición del INCA Rural, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la zona metropolitana binacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que sea incluida en los beneficios del Fondo Metropolitano, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Energía, a solicitud de la diputada María Antonieta Pérez Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Agenda política

Comentarios sobre la declaración política de los pueblos indígenas y su educación, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la autorización para sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios sobre el 2 de octubre de 1968, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre Ley de Ingresos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Relativa al aniversario luctuoso de Fernando Gutiérrez Barrios, a cargo del diputado Felipe Solís Acero , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Rogamos a las señoras y señores de los medios de comunicación que nos hagan el favor de ubicarse en su espacio correspondiente, con el fin de poder realizar el pleno de esta Cámara de Diputados.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa de lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa de lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. se dispensa de lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisiete de octubre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 386 diputadas y diputados, a las 11 horas con 11 minutos del martes 27 de octubre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior. Se concede el uso de la tribuna para hablar en pro o en contra de ésta, rectificar hechos o contestar alusiones personales a los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido de Trabajo; Felipe Solís Acero , del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y solicita correcciones; Justino Eugenio Arriaga Rojas , del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, en tres ocasiones; María Dolores del Río Sánchez , del Partido Acción Nacional; Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo; María Elena Pérez de Tejada Romero , del Partido Acción Nacional; Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Jesús Zambrano Grijalva, del Partido Revolución Democrática; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Roberto Gil Zuarth , del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Mario Alberto di Costanzo Armenta y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Partido del Trabajo; Emilio Serrano Jiménez y Víctor Manuel Castro Cosío , del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutida el acta y de la misma forma se aprueba con correcciones solicitadas por el diputado Solís Acero.

A las 13:00 horas, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 470 diputadas y diputados.

Se recibe oficio de la Junta de Coordinación Política, para que el diputado Gerardo Sánchez García cause alta como integrante del grupo de trabajo plural que estudiará y propondrá al pleno de esta soberanía la viabilidad jurídica de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda emprender, con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en sustitución del diputado César Augusto Santiago Ramírez , solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. De enterado.

Se recibe de la Junta de Coordinación Política proposición de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, presente una propuesta para reasignar parte de las transferencias previstas en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con la finalidad de salvaguardar el subsidio ordinario de las universidades e instituciones públicas de educación superior. Aprobado. Comuníquese.

Se recibe oficio del Congreso del estado de Aguascalientes con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibe oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la campaña de vacunación preventiva contra el virus del A (H1N1). Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Se recibe oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de septiembre de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía.

Se reciben del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Partido Revolucionario Institucional, iniciativas con proyecto de decreto por el que:

Se recibe de la Junta de Coordinación Política, proposición de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que declare zona de emergencias los municipios de Sinaloa, afectadas por el azote de la tormenta tropical, y libere los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres. En sendas votación económica se modifica en el orden del día y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

El presidente informa que la Comisión de Gobernación solicita que los dictámenes incluidos en el orden del día para esta sesión relativos a la prestación de servicios y autorización para aceptar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros, se pospongan para la próxima sesión. Desde sus respectivas curules solicitan la palabra para moción de orden o en relación al tema los diputados: César Augusto Santiago Ramírez , del Partido Revolucionario Institucional, en cuatro ocasiones; Javier Corral Jurado , del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Jorge Carlos Ramírez Marín , Arturo Zamora Jiménez y Luis Carlos Campos Villegas , del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se regresar los dictámenes a la Comisión.

Se recibe proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se refieren a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe los diputados: Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , de Convergencia, en dos ocasiones; Ana Estela Durán Rico , del Partido Revolucionario Institucional; Ifigenia Martha Martínez y Hernández , del Partido del Trabajo; María de la Paz Quiñones Cornejo , del Partido Acción Nacional; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Teresa del Carmen Incháustegui Romero , del Partido de la Revolución Democrática; Laura Itzel Castillo Juárez , del Partido del Trabajo; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo, en cuatro ocasiones; Francisco Javier Salazar Sáenz , del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Víctor Manuel Castro Cosío , del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausura la sesión a las 17 horas con 50 minutos y cita para la que tendrá lugar el jueves 29 de octubre de 2009 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias. En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada el acta.

Pido a la Secretaría que nos dé cuenta de las comunicaciones.

LICENCIA DE DIPUTADAS FEDERALES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al trámite de las solicitudes de licencia de diputadas de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, y de Nueva Alianza

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en el marco de lo previsto por el artículo 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la conferencia acuerda:

Primero. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en el marco de lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a), determina integrar al orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados, correspondiente al jueves 29 de octubre de 2009, para su trámite y resolución respectiva, las solicitudes de licencia para separarse de sus funciones como diputada federal de Kattia Garza Romo , integrante de Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Karla Daniella Villarreal Benassini , integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva, para los efectos del artículo 20, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : De enterado.

DIPUTADAS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Presidencia de la Mesa Directiva.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal, con efectos a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes que surgen al presente acto jurídico.

Sin otro particular, le agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente y le envío un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 65, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el numeral 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y demás relativos y aplicables, solicito que tenga a bien someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputada federal a partir del próximo 29 de octubre. Lo anterior, para efectos de que se llame al diputado suplente y se le tome la protesta constitucional.

Sin otro particular, aprovecho para agradecer a usted y a mis compañeros legisladores las atenciones recibidas durante la presente legislatura, al tiempo que reitero mi más alta consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia, pónganse a discusión los puntos de acuerdo.

Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas. Permítame diputada y diputado. Con mucho gusto.

Lea los puntos de acuerdo primeramente, señor diputado.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : Puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a las diputadas Kattia Garza Romo y Karla Daniella Villarreal Benassini , para separarse de sus funciones como diputadas federales electas en la segunda y cuarta circunscripción plurinominales, respectivamente, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese a los suplentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, presidente.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, este asunto, como ustedes recordarán, tiene relación con aquella discusión que dimos hace unas semanas, respecto de que mediante el empleo de la figura del suplente se sustituye a diputadas mujeres por diputados del sexo masculino. Lo que conoció la prensa como el tema de Las Juanitas.

A mí me gustaría, señor presidente; señores diputados, señoras diputadas, que en estos dos casos que acaban de mencionarse y de presentar a la discusión del pleno, se nos informara, para no cometer ninguna injusticia y no adelantarnos en la argumentación, si se trata de un asunto simplemente referido por el artículo 63 de la Constitución, en el que el Presidente de la Mesa Directiva ha compelido a las diputadas propietarias trascurridos los 10 días de los que habla el artículo 63, y por eso van a sustituir los suplentes a los propietarios.

Si se trata realmente de un hecho o hechos o de conductas que estén justificadas; sí se expresaron los motivos, las razones de esta no comparecencia o de no asunción plena del cargo como diputadas federales.

O si se trata de lo que comentamos en aquella discusión en el pleno, en la que algunos advertíamos un fraude no solamente a la ley, sino a la Constitución, para vulnerar la cuota de género que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es bien importante que tengamos muy claro si hay motivos de justificación acreditados o si se trata simplemente de vulnerar la cuota de género. Esto es importante que lo tengamos claro al momento de votar y al momento también de discutir este asunto como lo estamos haciendo. O si se trata de la estratagema para vulnerar la Constitución, la ley y la cuota de género.

Esa es la finalidad de mi intervención, señor presidente de la Mesa Directiva, conocer los motivos de las diputadas para no asistir o para no comparecer ante este pleno. Si hay un motivo justificado o se trata simplemente de abrir el espacio a los diputados suplentes del género masculino para vulnerar la cuota de género. Muchas gracias por su atención, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le puedo comentar, señor diputado, que fue valorado por la Conferencia, tal como se desprende del dictamen, que en virtud de existir temas de salud se consideró procedente el poder acceder a lo solicitado.

No es el tema, no fueron las razones por las que con toda antelación este pleno tomó otra determinación, sino que existen temas de salud, que por respeto a las compañeras diputadas dejaríamos en estos términos. Solamente, repito, que fueron valorados por la Mesa Directiva y por la Conferencia para efecto de proceder a lo solicitado por nuestras compañeras diputadas. Con mucho gusto le transmito esa información.

Al no haber más participantes... Diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Con otro asunto. Una petición. A lo mejor no es una manera muy ortodoxa, pero quisiera ver si es posible incluir dentro de la agenda política, las declaraciones vertidas por Felipe Calderón y por los senadores del Partido Acción Nacional, en el sentido de que las grandes empresas no pagan impuestos; y en el sentido de que parte de la falta de acuerdos en torno al paquete económico para 2010 se debe a la falta de información que da la Secretaría de Hacienda y que a ésta ``no le cuadran las cifras''.

Lo digo porque fue una de las razones por las que tomamos la tribuna, presidente, y porque se está discutiendo el paquete. Y precisamente, uno de los grandes temas es el de estas grandes empresas que no pagan impuestos. A lo mejor Felipe Calderón ya está de acuerdo en derogar la consolidación fiscal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado, ya fue aprobado el orden del día. Los procedimientos para incluir nuevos temas en el orden del día tienen que ser procesados directamente en la Junta de Coordinación Políticapara efecto de listarlos; entonces, ya fue aprobado el orden, por eso no es posible acceder a su solicitud.

El tema también que fue comentado en la sesión previa de la Mesa Directiva y se acordó que sea procesado previamente en la Junta de Coordinación Política. Diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Primero tú.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Nada más...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada Laura Itzel Castillo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Nada más para hacerle una petición.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): A ver, vente. Ahorita. Es sobre un asunto de procedimiento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada, se le está concediendo a usted el uso de la palabra, diputada.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Es que es una petición, una petición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputada, se le está concediendo a usted el uso de la palabra.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): El problema es de qué forma se llevan a cabo los acuerdos. Quisiera señalar aquí específicamente, lo relacionado ---en específico--- con esta solicitud de licencia, que me parece que es importante que en el oficio se establezca la razón, de acuerdo con como lo marca la propia normatividad de la Cámara. Simplemente ésa es la solicitud.

Como ya lo señalaba el diputado Jaime Cárdenas, hubo un largo debate la vez anterior. Quiero solicitar, de manera respetuosa, que se cumpla simplemente con la ley, y que dentro de las licencias que se están solicitando se establezcan las razones. Eso es todo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se toman en consideración sus comentarios, diputada.

Pido a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que han concluido los oradores, póngalos a votación.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado secretario. Aprobado. Por consiguiente, comuníquese.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Guillermo Cueva Sada, diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley y para entrar en funciones, a compañeros de su grupo parlamentario, a efecto de traerlo a esta Cámara a rendir la protesta de ley correspondiente.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Se invita a los presentes a ponerse de pie.

(Puestos los presentes de pie)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ciudadano Guillermo Cueva Sada,¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

El ciudadano Guillermo Cueva Sada : Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud de un pueblo debe ser una de las prioridades de todo gobierno, ya que ésta es una condición indispensable para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social. Es así que el Estado debe asegurar a todo ser humano el derecho a la salud, a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos o requisitos burocráticos.

Sin embargo, la realidad nos enfrenta con un sector salud en desabasto permanente por falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de medicamentos, sin una regulación precisa en la producción de fármacos de calidad y la proliferación de productos comercializados sin ningún control y regulación adecuada.

Esta situación se agrava aún más, ante el incremento considerable de los costos asociados al deterioro de la saud, en especial aquellos que tienen que ver con el precio de los medicamentos, el cual continúa en aumento sin que los ciudadanos obtengan algún beneficio de ello.

Si bien es cierto que el acceso masivo a los medicamentos se debe procurar a través de políticas públicas que promuevan precios moderados, la realidad es que la estrategia fiscal de mantener una tasa del cero por ciento en el impuesto al valor Agregado (IVA) a medicinas de patente no ha funcionado adecuadamente.

Los precios de los medicamentos no tienen ningún control, son elevados y la población no obtiene beneficio alguno, puesto que no pagan impuestos. El argumento que siempre se ha defendido para rechazar la propuesta del IVA a medicinas, ha sido la de buscar un estímulo para la disminución de precios, promover indirectamente una mayor inversión en investigación y desarrollo y que exista una mayor cobertura en comunidades a las que no llegan distintos medicamentos.

Sin embargo, nada de esto ha sucedido. Las grandes farmacéuticas y corporaciones continúan estableciendo altos niveles en sus precios sin pagar un solo peso de impuesto al consumo. Una muestra de la abusiva política de precios en el sector farmacéutico, ha sido que en un lapso de 10 años la inflación general acumulada fue de 551 por ciento, mientras que en este mismo período, el alza de precios de los medicamentos fue de mil 35 por ciento.

Es así que, presentamos esta iniciativa con la finalidad de reformar el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de que sólo las medicinas genéricas estén sujetas a una tasa del cero por ciento de IVA. Esto implica que los medicamentos de patente estarán gravados con la tasa general de este impuesto.

En nuestro grupo parlamentario, estamos ciertos de que México debe buscar mecanismos de control de precios en medicinas y no una política fiscal complaciente a este sector, pues a lo largo de los años se ha visto que esta medida no ha propiciado un incremento en el bienestar social.

En este sentido, cabe destacar que nuestro grupo parlamentario presentó en el 2007, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía, establezcan una verdadera política de regulación de precios de los medicamentos, la cual continúa sin ser dictaminada.

Estados Unidos es el único país desarrollado que no impone un control federal de precios en productos farmacéuticos. El control gubernamental de precios de productos farmacéuticos en países como Canadá, Australia, Israel y Chile, es lo que mantiene los precios comparativamente bajos, no una política de cero impuesto al consumo, pues en estos países la tasa de este impuesto se aplica generalizadamente.

Por otro lado, la reciente crisis económica ha urgido la implementación de medidas que incrementen los recursos nacionales, pues la caída en los ingresos petroleros y tributarios no petroleros en 2009, será la mayor en términos reales en más de 30 años. El IVA a medicinas es un tema de antaño que vale la pena retomar para generar un mercado más equitativo y en concordancia con la tendencia mundial, así como ingresos que pueden superar los 4 mil millones de pesos.

En el 2008 los medicamentos de patentes generaron ingresos por ventas a particulares por alrededor de 13 mil 500 millones, de estos ingresos la mayor proporción proviene de productos que no tienen un impacto significativo sobre la salud, como aquellos que tienen que ver con la disfunsión erectil, cuyas ventas reportaron alrededor de 2 mil millones de pesos.

Asimismo, los medicamentos con patente generalmente son recetados en consultas de tercer nivel, de manera que el impacto directo sobre la población en general es mínimo.

De igual forma, los excesivos precios de las medicinas de patente nunca reflejan la disminución en los costos de las materias primas utilizadas. Los precios siempre están a la alza, magnificando las ganancias de las farmacéuticas.

Si bien los laboratorios invierten una gran cantidad en la investigación y desarrollo de nuevos productos, dicha inversión se ve compensada a través de las patentes que son otorgadas para la explotación exclusiva de los bienes desarrollados, de manera que ya existe un beneficio que compensa este esfuerzo.

Por otra parte, como ya se ha dicho, la propuesta implica que los medicamentos genéricos mantengan una tasa del cero por ciento de IVA, con lo cual, estos productos se harán mucho más competitivos y se mantendrá una perspectiva social en la aplicación de este impuesto.

Asimismo, esta medida sea hace necesaria ante el incremento en las compras de medicamentos genéricos en la sanidad pública, pues se espera que el gobierno federal las aumente del 60 por ciento actual hasta un 85-90 por ciento.

De esta forma, debemos seguir trabajando para que el sistema de salud tenga una oferta de medicamentos adecuada y una cobertura total respecto a los afiliados que pagan sus cuotas de seguridad social y que por ello merecen obtener medicinas gratuitamente. Esta es la discusión de fondo, no los precios de los medicamentos en sí.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero. Se reforma el inciso b) del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

1. ...2. ...3. ...4. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO A LA COMPRA EN EFECTIVO DE DIVISAS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas

Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las crisis económicas que ha enfrentado el país en los últimos 25 años han evidenciado la vulnerabilidad de las finanzas públicas, particularmente la excesiva dependencia de los ingresos obtenidos por la actividad petrolera, así como la debilidad recaudatoria del sistema hacendario mexicano.

Hoy, una vez más, ante la drástica reducción de los ingresos fiscales, se plantea la necesidad de explorar nuevas fuentes de financiamiento del gasto público.

Lamentablemente, desde el gobierno federal nuevamente se presentan propuestas que sólo atienden el problema desde un punto de vista limitado, sin atacar las causas estructurales que generan la debilidad de nuestras finanzas públicas y la falta de capacidad recaudatoria del Estado mexicano. Lo cierto es que las medidas tributarias que se plantean, en el mejor de los casos, únicamente permitirán compensar la reducción de los ingresos fiscales estimada para el próximo año, posponiendo así la búsqueda y aplicación de soluciones que atiendan integralmente las distintas vertientes de las finanzas públicas, desde hacer más eficiente el sistema recaudatorio hasta garantizar la efectiva evaluación y control del gasto público, y la rendición de cuentas a nivel federal, estatal y municipal.

En el paquete fiscal propuesto por el gobierno no hay un compromiso serio por eliminar los privilegios fiscales, por tratar de ampliar la base gravable, ni por hacer más racional y austero el gasto operativo de los tres niveles de gobierno y de los órganos constitucionales autónomos.

No sólo resulta cuestionable el carácter coyuntural que han tenido las reformas fiscales de los últimos años, sino también el hecho de que Hacienda dirija sus pretensiones recaudatorias nuevamente hacia el contribuyente cautivo. Las disposiciones que en materia de ingresos ha planteado el Ejecutivo federal para 2010 conservan esa característica y preocupa que adicionalmente se trate de aplicar un nuevo impuesto que impactará más a los pobres y a la clase media de este país, argumentando que los recursos recaudados serán para combatir la pobreza, aunque no haya alguna disposición que garantice ese destino.

Se ha dicho que el porcentaje del impuesto que se pretende aplicar a todos los bienes y servicios que se adquieran, es mínimo y que cerca de 50 por ciento de la recaudación que se obtenga por este concepto provendrá de la población que se encuentra en los dos deciles de mayores ingresos. Sin embargo, se omite señalar que las familias más pobres de este país destinan más de 60 por ciento de sus ingresos en la adquisición de alimentos y medicinas por lo que el objetivo de la llamada contribución, en el caso de que se hiciera efectivo, podría verse nulificado.

Toda reforma integral del sistema tributario debe pasar necesariamente por la revisión de los regímenes preferenciales así como de los procedimientos que complican el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De igual forma, debiera atender el grave problema de la evasión y elusión fiscal que actualmente representa 25 por ciento del potencial recaudatorio, pero sobre todo en la parte de mayores y nuevos impuestos se debe buscar la equidad y la progresividad, gravando más a quien más posee y más gana, aplicando tasas más altas a bienes suntuarios y cargas impositivas a diversas formas de ingresos derivadas de ganancias de capital o resultantes de transacciones financieras, toda vez que en esos casos es evidente la capacidad contributiva.

Desde esta lógica, la presente iniciativa plantea gravar una operación de compra donde es clara la manifestación de la capacidad económica de quien la realiza y me refiero a la compra de divisas, particularmente de dólares. La propuesta consiste en aplicar una tasa de 1 por ciento a todas las compras en efectivo de moneda extranjera que se realicen en las instituciones del sistema financiero mexicano.

En disposiciones fiscales como la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza se establece la exención del impuesto respectivo en la enajenación de moneda extranjera. La explicación que se da para otorgar este beneficio es que en la compra de dicho bien sólo se trasmite la propiedad sin que se genere un ingreso agregado para la sociedad en su conjunto, lo cual no es argumento válido para descartar lo que sería una importante fuente de ingresos, porque lo que se pretende con el impuesto propuesto no es gravar las ganancias por esas operaciones sino la notoria capacidad económica de quienes las llevan a cabo.

El nuevo gravamen estaría planteado para cumplir, al menos, con tres propósitos: incrementar la recaudación tributaria; detectar desviaciones de lo que debería estar pagando un contribuyente, gravando parte de sus ingresos no reportados; y, ampliar la base de contribuyentes en el país.

A escala mundial, en países como Francia, Inglaterra y Brasil, se está analizando la posibilidad de implantar un impuesto al mercado de divisas, aunque el objetivo central de tal gravamen difiere entre países, algunos como el plan francés consideran imponer un impuesto sobre las utilidades de las transacciones de divisas para causas de beneficencia, y otros, como el caso Brasileño, lo plantean como instrumento para minimizar la especulación en el corto plazo y promover la estabilidad en el largo plazo.

Algunos plantean llevar esta propuesta a nivel mundial creando el impuesto global sobre las transacciones de divisas como fuente adicional y estable de financiamiento para el desarrollo, específicamente para los países más pobres.

Estos planteamientos tienen como antecedente el llamado ``impuesto Tobin'', propuesto en 1972 por James Tobin premio Nobel de Economía, quien imaginaba aplicar una tasa impositiva módica al valor de las transacciones en divisas, la que, según sostenía, podría satisfacer dos propósitos, por un lado, frenar la destructiva especulación desestabilizadora y, por otro, recaudar dinero para destinarlo a una buena causa internacional.

Esta referencia internacional tiene por objeto hacer una distinción entre lo que se propone en la presente iniciativa y lo que se planteó con el impuesto Tobin, si bien ambos tendrían como propósito la obtención de recursos para destinarlos al gasto público, lo que se estaría gravando con el presente proyecto no sería la utilidad obtenida por una transacción en el mercado de divisas sino únicamente, como se dijo, aplicar una tasa impositiva a la compra de divisas, considerando que se trata de una clara manifestación de capacidad tributaria y económica.

Se plantea que el acreditamiento del gravamen opere de la misma forma que en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para evitar el efecto de esta contribución para las personas físicas y las morales que realizando operaciones de compra en efectivo de divisas cumplan con sus obligaciones fiscales. Estas personas podrán acreditar contra las contribuciones federales a su cargo el monto del impuesto a la compra de divisas que hubieren pagado, con lo que no se verá afectada su economía.

En consecuencia, la iniciativa que se pone a la consideración tiene la característica de ser un impuesto de flujo de efectivo que se produce al realizar la compra en efectivo de divisas en el sistema financiero quedando fuera de su alcance aquellos contribuyentes que estén plenamente identificados con alguna actividad inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o bien que estén exentos conforme a la ley como es el caso de las personas morales con fines no lucrativos, la federación, estados, municipios y entidades paraestatales, así como las instituciones del sistema financiero con motivo de su intermediación financiera.

Consideramos que la tasa de 1 por ciento no es una contribución lesiva para los contribuyentes cautivos sino que, contrario a ello, está dirigida al segmento de la población con capacidad contributiva que se encuentra en la informalidad y que está evadiendo su responsabilidad de contribuir al gasto público.

Respecto a la instauración de la propuesta que contiene la presente iniciativa, se tomó como base el mecanismo que se estableció en la Ley de los Depósitos en Efectivo, por dos razones, una, por las características parecidas de las contribuciones, y dos, en el aprovechamiento de la experiencia que ya tienen las instituciones financieras en la recaudación, el registro y entero del impuesto referido, por lo que no significaría gastos extraordinarios a esas instituciones financieras ni tampoco al Servicio de Administración Tributaria.

La realidad es que sólo con una reforma fiscal integral y progresiva, que fortalezca las finanzas del Estado y haga más racional y transparente el gasto, podremos impulsar la inversión productiva que requiere nuestro país, generar empleos suficientes y bien remunerados, garantizar el crecimiento del mercado interno y el bienestar de los ciudadanos. Sólo así podremos combatir de manera eficiente la pobreza que afecta a la gran mayoría de los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas

Artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley respecto a la compra en efectivo de divisas que realicen en las instituciones del sistema financiero.

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderán por divisas los billetes y las monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago.

Artículo 3. No estarán obligadas al pago del impuesto a la compra en efectivo de divisas:

Artículo 4. El impuesto a la compra en efectivo de divisas se calculará aplicando la tasa de 1 por ciento al importe total de la operación. Las instituciones financieras estarán obligadas a lo siguiente:

Artículo 5. El impuesto a la compra en efectivo de divisas establecido en esta ley efectivamente pagado en el ejercicio de que se trate, será acreditable contra el impuesto sobre la renta a cargo en dicho ejercicio, salvo que previamente hubiese sido acreditado contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros o compensado contra otras contribuciones federales a su cargo o hubiese sido solicitado en devolución.

Cuando el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado en el ejercicio sea mayor que el impuesto sobre la renta del mismo ejercicio, el contribuyente podrá acreditar la diferencia contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros.

Cuando después de efectuar el procedimiento señalado en el párrafo anterior resultara mayor el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado en el ejercicio, el contribuyente podrá compensar la diferencia contra las contribuciones federales a su cargo en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución.

Artículo 6. Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado, pudiendo haberlo hecho conforme al artículo anterior, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad por la que pudo haberlo efectuado.

Artículo 7. El derecho al acreditamiento es personal del contribuyente que pague el impuesto a las operaciones de compra de divisas y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión o escisión.

Artículo 8. Las sociedades controladas, para determinar el impuesto que deban entregar a la sociedad controladora, así como el que deban enterar ante las oficinas autorizadas, en los términos de la fracción I del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerarán el impuesto sobre la renta que resulte después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el primer párrafo del artículo 5 de esta ley.

La sociedad controladora, para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta consolidado a cargo del mismo ejercicio, únicamente el impuesto a las operaciones de compra de divisas que hubiese acreditado en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidado en los términos del artículo 7 de esta ley.

Cuando el impuesto a las operaciones de compra de divisas acreditado por la sociedad controladora en los términos del párrafo anterior sea mayor que el impuesto sobre la renta consolidado a cargo del ejercicio de que se trate, el excedente se podrá acreditar, compensar o devolver en los términos del segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 5, según corresponda.

Para los efectos de este artículo, la participación consolidable será la que se determine conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El impuesto sobre la renta a cargo a que se refiere el primer párrafo del artículo 5 será el calculado en los términos que para cada régimen establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, después de disminuir a dicho impuesto los pagos provisionales efectuados correspondientes al mismo ejercicio.

Artículo 9. Los contribuyentes podrán acreditar contra el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta del mes de que se trate, una cantidad equivalente al monto del impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado en el mismo mes.

Cuando el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado en el mes de que se trate sea mayor que el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta del mismo mes, el contribuyente podrá acreditar la diferencia contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros en dicho mes.

Si después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior existiere una diferencia, el contribuyente la podrá compensar contra las contribuciones federales a su cargo en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando esta última sea dictaminada por contador público registrado y cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Las sociedades controladas, para determinar el impuesto que deben entregar a la sociedad controladora, así como el que deban enterar ante las oficinas autorizadas, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerarán el impuesto que resulte después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

La sociedad controladora, para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y alguna o algunas de sus sociedades controladas de manera individual efectúen el acreditamiento del impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrá acreditar contra el pago provisional consolidado del impuesto sobre la renta del mes de que se trate, únicamente el impuesto a los depósitos en efectivo que hubiesen acreditado de manera individual dichas sociedades controladas contra el pago provisional del impuesto sobre la renta del mismo mes, en los términos del primer párrafo de este artículo, y el suyo propio, ambos en la participación consolidable correspondiente al periodo por el que se efectúe el pago.

Cuando el impuesto a la compra en efectivo de divisas acreditado por la sociedad controladora en los términos del párrafo anterior, sea superior al pago provisional del impuesto sobre la renta consolidado del mes de que se trate, el excedente se podrá acreditar, compensar o devolver en los términos del segundo, tercer y cuarto párrafos de este artículo, según corresponda.

Para los efectos de este artículo, la participación consolidable será la que se determine conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El monto del pago provisional del impuesto sobre la renta a que se refiere el primer párrafo de este artículo será el calculado en los términos que para cada régimen establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, después de disminuir a dicho pago provisional los pagos provisionales efectuados correspondientes al mismo ejercicio.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4, fracción II, inciso e), de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Los suscritos, senadores de la republica de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 4, fracción II, inciso e), de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La situación económica por la que atraviesa nuestro país en un contexto de crisis mundial nos obliga a trabajar de manera prioritaria para fomentar el empleo y la producción de bienes. Hace más de diez meses la expectativa de crecimiento para 2009 era de 2.5 por ciento, ¹ sin embargo, en el primer semestre del año, la caída del producto interno bruto fue de menos 9.2 por ciento, ² lo que se ha traducido en una constante pérdida de empleos: ya casi son 3 millones de mexicanos los que se encuentran desempleados. Este septiembre, la tasa de desempleo aumento a 6.41 por ciento de la población económicamente activa, porcentaje superior a la de 6.28 por ciento de agosto pasado. Estamos frente al nivel más alto de desempleo registrado en 14 años.

La actual crisis mundial es el resultado no sólo de un modelo económico y financiero obsoleto, sino porque se otorga más importancia a la especulación y la creación de instrumentos financieros que a la generación de riqueza basada en producción de bienes para la población.

Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo debemos priorizar el apoyo a las cooperativas como empresas de economía social y, en consecuencia, no pueden darles el mismo trato que a las empresas mercantiles; su naturaleza está definida en la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Las cooperativas de producción de bienes, como parte de la verdadera economía social, contribuyen a mantener la estabilidad económica del país, fortalecen el tejido social a lo largo y ancho de toda la república, protegen y fomentan el empleo esforzándose permanentemente para asegurar el ingreso de las familias mexicanas; además fomentan mejores patrones culturales y de conducta.

Las empresas cooperativas priorizan al ser humano por encima del capital y permiten a las personas conseguir el desarrollo de sus potencialidades, no en forma aislada, sino unido y vinculado con su grupo laboral, con sensibilidad a las necesidades de la comunidad.

El alza a los impuestos es una solución a muy corto plazo, porque, a mediano y largo, reduce la inversión y el empleo. La visión de Estado no puede ser tan corta; hay que promover e incentivar el empleo, el trabajo, la inversión, pero sobre todo la organización en la forma de producción, en este caso, es necesario estimular la constitución de sociedades cooperativas de producción de bienes.

La presente iniciativa fomenta la constitución de cooperativas de producción de bienes, como alternativa para mantener las fuentes de empleo y asegurar el sustento familiar, facilitando de esta forma la reactivación de la economía.

Las leyes que reglamenten el quehacer cooperativo deben estar enfocadas al fortalecimiento, fomento y promoción del sector social y cooperativo, y no sólo en la definición de estructuras y su organización.

Además, tiene como razón que bajo el esquema de sociedades cooperativas de producción, no sólo operan las sociedades que prestan servicios, sino también existen las sociedades cooperativas de producción de bienes que son prueba del éxito del esfuerzo de los trabajadores que las integran, cuyo tiempo de constitución y operación garantizan que no se trata de empresas que operen bajo esquemas novedosos y efímeros, con el propósito de incumplir sus obligaciones fiscales (ejemplo: la refresquera Pascual Boing, cementera Cruz Azul, las innumerables cooperativas pesqueras y de sectores de producción primaria, agrícola, ganadera y silvícola, entre otras.)

Estimamos que la falta de distinción entre ambos tipos de sociedades cooperativas de producción, se hizo sin tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que las sociedades cooperativas de producción de bienes no tiene la misma naturaleza jurídica, social ni económica que las sociedades cooperativas producción de servicios, tal como la ha establecido en las jurisprudencias relativas y de las cuales me permito citar lo siguiente:

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4, fracción II, inciso e), de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Único. Se reforma el artículo 4, fracción II, inciso e), de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos:

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el primer día del año siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias que se deriven de este decreto, continuarán aplicándose las que sobre la materia se hubieren expedido con anterioridad, en todo lo que no se contravenga a este ordenamiento.

Notas: 1 Presupuesto de Egresos de 2009.2 Tercer Informe de Gobierno.3 Jurisprudencia 2a./j. 15/2002, con registro número 187,408, sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002. Novena Época, página 262.4 Tesis de Jurisprudencia 16/2002. Aprobada por la segunda sala de este alto tribunal en sesión privada del 15 de febrero de 2002.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«El suscrito, Lázaro Mazón Alonso, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de que el gobierno federal ha señalado que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha afectado solo en un 17.2 por ciento la recaudación federal al cierre del segundo trimestre de este año, y la contracción del PIB podría ser del 7 por ciento pero el efecto negativo que ha tenido para las hacienda municipales es un porcentaje mucho mayor a esas cifras; los ayuntamientos, desde el inicio de este año, han experimentado grandes reducciones en los ingresos, principalmente las participaciones federales, que oscilan entre 30 y 40 por ciento menos respecto al año anterior; por ejemplo, los municipios de los estados de México, de Michoacán y de Baja California Sur han visto, respectivamente, reducciones de 41, 35 y 28 por ciento de sus ingresos presupuestados.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las participaciones entregadas a entidades federativas y municipios para junio de 2009 fue 39.5 por ciento menor respecto de lo entregado en el año fiscal anterior; para finales de este año las entidades federativas habrán sufrido una disminución de sus recursos en un monto aproximado a 110 mil millones de pesos, cantidad que representa una disminución de 25 por ciento de lo presupuestado para 2009, lo cual significa que, de los 430,182.90 millones de pesos programados para 2009, sólo se les entregarían 319 mil 195.0 millones.

De esa misma manera, los recursos que corresponden a los municipios de este fondo general de participaciones, y que es del 20 por ciento en promedio nacional, se verán afectados en la misma proporción que sufrieron las entidades federativas, ya que pasarán de 96 mil 036.40 millones de pesos que se tenían presupuestado a 63 mil 839.00 millones de pesos, es decir habrá una contracción de 32 mil 197.40 millones de pesos para el cierre del 2009.

Esta disminución, que a la fecha se ha registrado en más de 17 mil millones de pesos de las transferencias federales los municipios, ha provocado que los gobiernos locales no cuenten con la capacidad para cumplir con las obligaciones más básicas de servicios de atención a los ciudadanos, pago de proveedores, apoyos sociales, luz, agua, recolección de basura, entre otros, lo que sumado al desempleo y la inseguridad pública se convierte en una pandemia que amenaza el tejido social en los municipios.

Por lo menos 2000 municipios en el país, entre los cuales sobresalen el estado de México, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, tras la imposibilidad de contar con los recursos mínimos necesarios para otorgar servicios de limpieza, de emergencia, de salud, de suministro de agua y, en casos extremos, de seguridad pública.

Es fundamental que el Poder Legislativo constituya, frente a la crisis económica, un fondo de apoyo extraordinario a los gobiernos municipales, que además de resarcir la caída de los ingresos municipales para la atención de servicios municipales utilice el gasto público para potenciar la generación de empleos y crecimiento económico. En este contexto, es fundamental discutir, en el contexto del análisis y aprobación del paquete económico para 2010, las siguientes propuestas:

Por lo expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal , para quedar como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica el artículo 2o. y se adiciona un transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2010, en los siguientes términos:

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 387 mil millones de pesos, y el importe que resulte necesario para cubrir los requerimientos de presupuestación de los municipios del país para solventar los gastos para la prestación de servicios establecidos en la fracción III del artículo 115 Constitucional como agua, luz, recolección de basura, seguridad municipal, entre otros, y proyectos de infraestructura para reactivación del empleo.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá una moratoria de 6 meses de los pagos municipales por concepto de agua, luz, Impuesto sobre la Renta y créditos con Banobras.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará el pago por servicios municipales que adeuden las dependencias del gobierno federal, por concepto de lo establecido en la fracción III del artículo 115 Constitucional, con el objeto de apoyar la recaudación de los ingresos locales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso de la Unión un informe detallado de las transferencias por pago de adeudos acumulados en la materia, dentro de los primero 90 días hábiles del ejercicio 2010.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26; se reforman los artículos 32, segundo párrafo; 35, párrafos primero, segundo y cuarto; 36, inciso a) y segundo párrafo; 37, primer párrafo; 38, tercer párrafo; y se deroga el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará de manera directa e inmediata los recursos financieros que correspondan a los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente, en los primeros diez meses del año, en lo correspondiente a los estados y proporcionalmente a los municipios por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

...

Artículo 35. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior. ...

Artículo 36. ...

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , y las demarcaciones territoriales por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos...

Artículo 38. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales antes referidos.

Artículo Tercero.

Artículo 35. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en el marco de sus atribuciones, profundice en la investigación para dar con la causa que produjo la muerte de seis recién nacidos en el área neonatal del hospital del IMSS ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, e informe de sus resultados a la sociedad.

Segundo. El Senado de la República exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que proceda a indemnizar a los padres de los seis recién nacidos que fallecieron en el área neonatal del hospital del IMSS ubicado en Tapachula, Chiapas, e informe a la sociedad sobre las estipulaciones y montos de éstas.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, inicien los trabajos tendentes para la reubicación del hospital del IMSS ubicado en el Tapachula, Chiapas.

Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, contemple una partida extraordinaria al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que esta Institución pueda concretar la reubicación del hospital del IMSS ubicado en Tapachula, Chiapas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese el punto cuarto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Escobar y Vegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo sobre el Servicio Postal Mexicano.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruíz, Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Hace unos días vivimos la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El gobierno federal manifestó que se trataba de una empresa obsoleta y que generaba cuantiosos gastos a la administración pública federal. Simplemente este año se realizaron transferencias presupuestarias aproximadamente por 41 mil 945 millones de pesos a dicha empresa.

Esta transferencia ilimitada de recursos públicos, además de irracional, resulta incongruente con los esfuerzos que está realizando México para recuperarse de las graves secuelas económicas que han acompañado a una crisis de escala mundial. De ahí que resulte imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de los recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan las finanzas nacionales.

En nuestro país, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) brinda servicios de correo de mala calidad soportados con procedimientos operativos obsoletos y sin tecnología, por lo que rutinariamente requiere de recursos económicos, vía subsidios fiscales, para mantener en forma raquítica la presentación de servicios, canalizando básicamente dichos subsidios hacia grandes usuarios quienes se han beneficiado de las condiciones para realizar sus envíos sin cubrir al menos los costos de los servicios.

Los servicios postales en el mundo están cambiando vertiginosamente. En la Unión Europea desde hace años se trabaja en la apertura de lo que antes se consideraba como una industria propia y nacional, pasando a una completa liberación de mercado, basada en una nueva legislación que asegura a todos los participantes reglas claras, equidad y certidumbre, con el único propósito de asegurar servicios postales de alta calidad y rentables para todos los interesados.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un apoyo fiscal para Sepomex para el próximo año, por mil 130 millones de pesos, mismos que se utilizarían para cubrir gasto corriente.

Esta cifra de hecho reconoce el empeoramiento de las finanzas del organismo, siendo que para el año 2009, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se había autorizado 485 millones de pesos, los que según se ha difundido en diversos medios le han resultado insuficientes para cubrir el déficit con el que se espera terminar el año.

Se estima que al final de 2009 el correo perderá más de 2 mil millones de pesos, a los que había que agregar 719 millones por obligaciones que contrajo el organismo durante el ejercicio 2008 y que no fueron liquidadas en su momento por exceder los montos autorizados en el gasto y no cumplir con sus metas de ingresos.

Asimismo, las condiciones del mercado postal evolucionan prácticamente todos los días. No se puede predecir cuánto o cómo la tecnología y los procedimientos de hoy cambiarán por mejores o más avanzados. Tampoco se pueden predecir eventos o crisis mundiales como los vividos recientemente que afectan sensiblemente los negocios.

No obstante lo anterior, se debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prepararnos de la mejor manera a los impactos de los factores externos.

El Servicio Postal Mexicano, tiene contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, un apoyo fiscal de mil 130 millones de pesos que sería canalizado, básicamente, para cubrir su déficit de operación.

Las pérdidas del correo se originan por un excesivo gasto corriente, principalmente en el rubro de servicios personales, partida que no puede ser cubierta en su totalidad con sus ingresos por venta de servicios.

El servicio de correo es de suma importancia para el país, pero esto no quiere decir que se pueda incrementar el apoyo fiscal a dicha dependencia por el simple hecho de solicitarlo, se deben analizar todos los factores, para evitar que dicha empresa se convierta en un caso como el de Luz y Fuerza del Centro.

Consideramos que el apoyo fiscal que se debe autorizar a Sepomex para el ejercicio fiscal del año 2010, no debe ser superior al que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.

Debemos pensar en el costo que tienen estos incrementos para la ciudadanía, la situación de miseria en la que vive prácticamente la tercera parte del país nos obliga a concientizarnos y utilizar dichos recursos en programas de educación, salud, seguridad y combate a la pobreza. En el Partido Verde consideramos fundamental aplicar un plan dinámico y adaptable para evitar gastos excesivos.

Por las consideraciones expuestas, proponemos al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para que se disminuyan los subsidios y apoyos fiscales considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, destinados a la entidad Servicio Postal Mexicano, y se le asignen los apoyos fiscales considerados para el ejercicio fiscal que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral suscitado entre los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y Mexicana de Cananea presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados tomar previsiones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 con relación a la situación económica que vive Cananea, Sonora, derivado del conflicto laboral que se enfrenta en dicha localidad.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo del Senado de la República por el que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se tomen previsiones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 con relación a la situación económica que vive Cananea, Sonora, derivado del conflicto laboral que se enfrenta en dicha localidad

Los suscritos, senadores de la república integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral suscitado entre los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 23 de abril de este año, previa propuesta suscrita por senadores de todos los grupos parlamentarios, el Senado de la República aprobó por unanimidad un acuerdo para la creación del grupo especial para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral suscitado entre los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea.

En términos del punto primero del citado acuerdo, el grupo especial de trabajo tiene facultad para proponer medidas específicas a fin de coadyuvar a la solución del conflicto mencionado. Tras las diversas actividades realizadas por el grupo del Senado, se han observado circunstancias y necesidades específicas, derivadas indirectamente del conflicto laboral, que merecen atención especial.

La huelga en Cananea ha cumplido más de 26 meses desde su estallamiento. La afectación de los ingresos que ha significado para los trabajadores mineros el paro de labores es palpable. Además, los estragos económicos y sociales que se sufren en toda Cananea son lamentables y alarmantes. La industria minera es el pilar de la economía local, genera alrededor de 3 mil 100 empleos directos, además de los empleos indirectos. ¹ La derrama económica que se ha perdido por la huelga en la mina de Cananea es de aproximadamente 150 millones de pesos mensuales. ²

La situación económica es tal, que los trabajadores mineros se han visto imposibilitados incluso para pagar su consumo de energía eléctrica, debido a que, por un lado, no cuentan con ingresos; y, por otro, la empresa Mexicana de Cananea les ha suspendido el apoyo que les otorgaba para cubrir este pago, lo que ha traído como consecuencia el corte del servicio en los hogares. Respecto a este problema, el grupo especial Cananea propuso a la Comisión Permanente, el 12 de agosto del presente año, un punto de acuerdo por el que se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad que se restableciera el servicio de energía eléctrica en los hogares de los trabajadores mineros. Dicho punto de acuerdo fue aprobado en el pleno, y con el apoyo del presidente de la Mesa Directiva del Senado se logró que se restableciera el servicio y se suspendieran los cortes programados.

El ayuntamiento de Cananea también se ha visto impedido para cubrir el pago del consumo de energía eléctrica debido a la falta de recursos: acumula a la fecha una deuda de casi 3 millones de pesos. ³ Esto tuvo como consecuencia la suspensión del servicio de alumbrado público y la imposibilidad de operar los pozos que surten agua a los hogares. Esta situación ha podido resolverse eventualmente por los apoyos que brinda el gobierno estatal en el pago de la energía eléctrica para el alumbrado público y el funcionamiento de los pozos.

La insuficiencia de las aportaciones federales, aunada a la falta de ingresos propios del gobierno municipal que ha sufrido Cananea, igual que otros municipios del país, le han significado una quiebra técnica que pone en riesgo la prestación de diversos servicios, el pago de salarios a los servidores públicos y la creación de programas para el desarrollo social de los habitantes. Los resultados de la situación descrita son desempleo, cierre de negocios, migración, deserción escolar y delincuencia, entre otros.

El conflicto minero ha sobrepasado por mucho el ámbito jurídico laboral y se ha convertido en una condición de deterioro social, donde están en riesgo la salud, la educación y la supervivencia no sólo de los trabajadores y sus familias sino del total de los habitantes del municipio.

En el contexto de crisis que atraviesa el país, en el que las diversas regiones y los sectores sociales reclaman acciones contundentes del gobierno en todos sus ámbitos y niveles, se solicita que se ponga especial atención a la solución de los problemas que vive Cananea en virtud de sus magnitudes y de ser esta localidad un emblema del movimiento revolucionario en la historia de México.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, considere la posibilidad de asignar recursos adicionales y específicos para Cananea, Sonora, en atención de las graves condiciones presupuestales, económicas y sociales que ahí imperan a raíz del conflicto laboral suscitado entre la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, y la empresa Mexicana de Cananea.

Los recursos extraordinarios que se solicitan serían destinados a programas específicos de empleo temporal; compra o reparación de maquinaria y equipo para la operación de servicios públicos, especialmente el sistema de agua potable; educación, salud y desarrollo social. En su caso, las partidas podrían ser operadas por las dependencias federales competentes o por el propio ayuntamiento, según el caso.

Notas: 1 Página oficial del gobierno de Sonora, http://www.sonora.gob.mx/includes/getpage.asp?url=http://www.sonora.gob.mx/portal/default.asp?page=1882 Según información proporcionada por el subsecretario del Trabajo en reunión con el grupo especial Cananea el 29 de julio del presente año.3 ``Realizarán auditoría en la administración saliente en Cananea'', en El Mineral , viernes 25 de septiembre de 2009, año I, número 075.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores por Zacatecas y Durango presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se otorguen mayores recursos para concluir la carretera Zacatecas-Durango.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Las senadoras y los senadores de Zacatecas y de Durango sometemos a consideración de la Cámara de Diputados punto de acuerdo con la finalidad de que se incremente el Presupuesto de 2010 para concluir la modernización y ampliación de la carretera federal 45, Durango-Zacatecas, al tenor de los siguientes

Considerandos

Desde hace varias décadas en el mundo, las comunicaciones de todo tipo pero en especial las terrestres, han adquirido un papel fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es claro que las poblaciones alejadas e incomunicadas están condenadas a permanecer en el abandono total, ya que viven en la pobreza y en la marginación, pero sobre todo en el aislamiento indisoluble.

Un país bien comunicado brinda a sus habitantes la posibilidad de ampliar sus capacidades productivas, sociales, educativas y culturales, ya que permite la movilidad de personas, de los bienes y de los servicios.

En México, la modernización y ampliación de la red carretera se ha dado paulatinamente pero de manera desigual entre las diferentes entidades federativas, provocando con ello el retraimiento de sus municipios y localidades, tanto hacia al interior de la entidad, como de los ayuntamientos.

Además, se debe considerar que en la actualidad el transporte de personas como el de mercancías es más barato por la vía terrestre, amén que por la ruta aérea es oneroso y con destinos muy selectos y el ferroviario es prácticamente inexistente.

La reducida comunicación terrestre, dada por la falta de vías de comunicación o por el deterioro de las ya existentes, va acorde con los niveles de algunos de los principales indicadores sociodemográficos, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de Durango, si bien se sitúa en el cuarto lugar por su extensión territorial, por su número de habitantes se coloca en lugar veintitrés y por su participación dentro de la producción nacional está en lugar veinticinco.

Igualmente, Zacatecas tiene el séptimo lugar en cuanto a su extensión territorial, por su población está en el sitio veinticinco y por su contribución a la producción nacional llega al lugar veintiocho.

A ello debemos añadir que una parte importante de su producción estatal se ubica en actividades agropecuarias con trece por ciento en ambas entidades, su población crece a ritmos ínfimos de 0.72 por ciento en Durango y de 0.18 por ciento en Zacatecas; lo que refleja ínfimas condiciones de vida de sus habitantes, que los ubica en condiciones muy altas de atraso.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que las comunicaciones terrestres no se encuentran acordes con las necesidades que demanda la vida actual.

Con esos indicadores, entre muchos otros, resulta imperativa la necesidad de aumentar y modernizar la infraestructura en comunicaciones terrestres con la finalidad de dinamizar la economía de ambas entidades, así como de los estados vecinos.

Por ello, se hace ineludible aumentar y modernizar las carreteras, sobre todo las que ligan a las principales ciudades de los dos estados.

Entre los principales beneficios que acarrearía esta obra de infraestructura, destacan que este tramo carretero concentra el tráfico vehicular que circula en la zona centro del país, con destino a Durango o al norte de México.

Además, su modernización permitirá disminuir los riesgos de accidentes, permitirá el desplazamiento vehicular más ágil, con la finalidad de aminorar los costos de operación así como los tiempos en los recorridos, lo cual permitirá dar a ambas entidades mayor competitividad al transporte de carga y de pasajeros por tierra.

Asimismo, serán beneficiados directamente, más de un millón de habitantes. Por la parte de Durango a los que viven en los municipios de Durango, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Poanas y Súchil; y por el lado de Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo, Juan Aldama, Chalchihuites, Valparaíso, Río Grande, Saín Alto, Jiménez del Teul, así como la propia capital.

De manera directa beneficiará a mucho más usuarios de otras regiones de la república, contribuyendo también en la integración de corredores regionales que desarrollen y dinamicen el comercio, la industria y los servicios de todo tipo.

El proyecto en comento consiste en ampliar la carretera federal México 45 a un ancho de doce metros, compuesto por una carretera tipo A y una longitud de doscientos ochenta kilómetros; que se sitúan 92.5 kilómetros en el estado de Durango y 187.5 kilómetros en el estado de Zacatecas.

Actualmente, se encuentra en proceso de construcción 29.5 kilómetros por la parte de Durango, quedando por construir sólo tres kilómetros; mientras que por Zacatecas falta por construir 93.5 kilómetros con una inversión de 673.2 millones de pesos para concluir la obra.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a efecto de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se otorguen recursos adicionales por 673.2 millones de pesos para concluir la carretera Zacatecas-Durango, la cual constituye el eje troncal de comunicación entre las capitales de ambos entidades.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió acuerdo del Congreso de Zacatecas por el que solicita se apruebe un incremento de recursos destinados al fomento de la educación en el estado de Zacatecas.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Adjunto nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 119, aprobado por la honorable Quincuagésima Novena Legislatura del estado en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación, así como al honorable Congreso de la Unión a etiquetar y aprobar respectivamente, en el proceso de programación y presupuestación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, el incremento de los recursos destinados al fomento de la educación en Zacatecas.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

«LIX Legislatura.--- Zacatecas.

Acuerdo número 119

La honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Único. En sesión del pleno de fecha 24 de septiembre de 2009, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo que presentaron los diputados María Luisa Sosa de la Torre, María Hilda Ramos Martínez, Mario Alberto Ramírez Rodríguez, Francisco Escobedo Villegas, Sebastián Martínez Carrillo, Artemio Ultreras Cabral, José Luis García Hernández y Ubaldo Ávilá Ávila, integrantes de la honorable Quincuagésima Novena Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades que les conferidas en los artículos 64 y 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17, fracción I, 25, fracción I, 45 y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 101, fracción III, 102, 103, 104 y 105 de su Reglamento General con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La igualdad de oportunidades y el bienestar son principios básicos de sociedades que aspiran a ser justas, un cuestionamiento complejo y difícil es definir qué elementos contribuyen a lograr estos principios. Sin duda la educación es uno de los más notables. Es evidente que en México la educación todavía difiere de ser igualitaria y universal. La carencia de educación adecuada es señalada como factor determinante en la continuidad e incremento de la pobreza en países de América Latina. La acción educativa insume amplios esfuerzos económicos y políticos del Estado mexicano, de la sociedad en su conjunto y de los individuos en lo particular. Así, la tarea educativa reclama un conjunto de energías potenciadoras por parte de sus actores.

La educación universal es uno de los ideales más importantes de las sociedades modernas. Es generalmente considerada como un derecho humano fundamental que abre el cauce al desarrollo integral del individuo, a las variadas vertientes de la cultura, a la activa participación social y ciudadana y a la remunerada inserción de la población en el aparato productivo.

Segundo. Por ello, es necesario que para los entes de gobierno en cualesquiera que sea su ámbito, la educación ocupe un nivel decisivo. El recorrido por los medios y los fines de las tecnologías de la información y la comunicación llega a un punto en que se impone reflexionar sobre el papel que la educación, en estos momentos y en el futuro, desempeña y puede desempeñar en esta nueva sociedad. La educación en el siglo XXI podría erigirse en tabla de salvación o podría hundirse definitivamente si no atiende con urgencia las demandas de ayuda que le está lanzando la sociedad.

Cada cual puede responder así en estos momentos, la educación contribuye a crear jóvenes con normas de conducta, conocimientos prácticos y criterios sobre las cosas o las personas. O también puede plantearse otra pregunta acerca de si es suficiente la consideración que la sociedad, tiene de la trascendencia de la educación y su repercusión sobre el futuro.

En esta perspectiva, la educación nacional afronta tres grandes desafíos:

Tercero. Es innegable que pese a los esfuerzos para lograr avances en la educación, aún se mantienen graves deficiencias. La presente crisis ha hecho evidente la pertinencia y necesidad de reactivar los motores del desarrollo y la economía interna. En México, tales propósitos demandan el empleo de recursos públicos en el sector educativo, del que depende la formación y la capacitación de la población y, con ello, el incremento en la competitividad nacional. Cabe señalar, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advirtió, recientemente, que elevar en un grado la escolaridad de la población de un país equivale a elevar su producto interno bruto en uno por ciento.

Ciertamente, la actual situación hace obligado que el gobierno emprenda medidas de racionalización y austeridad en la inversión pública, pero estos recortes no pueden ni deben hacerse en ámbitos estratégicos como la educación, la salud y el gasto social.

Cuarto. Nuestro Estado, en la geografía nacional y en la problemática mundial, reclama mayor asignación de recursos económicos que permitan enfrentar con mayor amplitud los rezagos educativos que en algunas zonas y regiones del territorio estatal se presentan y poder concluir, tal como a nivel federal, con los tres desafíos primordiales que demanda la educación en la actualidad.

Es notorio que los esfuerzos por parte de los gobiernos estatal y municipales, sin recursos suficientes, parecen poco efectivos; por ello, es una tarea obligada para esta soberanía popular, asumir su responsabilidad y comprometerse, desde el ámbito de su competencia, a la búsqueda de más y mejores recursos para el fomento y consolidación de la educación de los zacatecanos.

Quinto. Es momento de asumir responsabilidades, como órganos de gobierno, como representantes populares, como docentes y padres y madres de familia, para procurar que los recursos materiales y humanos, sean aplicados al máximo, en beneficio de los estudiantes de Zacatecas.

Conscientes de que el desarrollo del país y del Estado va a estar en sus manos y que si por diversos tipos de intereses ha convenido que se permanezca en la ignorancia, urge subsanar ese error.

Si cada uno toma su responsabilidad a conciencia --el gobierno en la presupuestación de recursos, los legisladores en su asignación, los padres a dirigir y supervisar, los docentes a enseñar, continuando con su preparación a lo largo de toda su vida laboral y los alumnos adquiriendo lo mejor de los conocimientos de sus docentes-- se comenzará a retomar el auténtico camino de una buena preparación.

Sexto. Lo anterior debe hacerse en todos los niveles: primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Si los recursos en la educación son suficientes y sus cimientos son sólidos, habrá condiciones de fortalecer nuestro desarrollo.

Sólo así México podrá retomar el camino, sólo así Zacatecas podrá mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 105 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del estado, es de acordarse y se acuerda lo siguiente:

Único. La honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación, así como al honorable Congreso de la Unión, a etiquetar y aprobar respectivamente, en el proceso de programación y presupuestación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, el incremento de los recursos destinados al fomento de la educación en Zacatecas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León Neerlandés, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Único . Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León Neerlandés, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Único . Se concede permiso para que la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de los Países Bajos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Minuta Proyecto de Decreto

Que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo Único. Se adicionan los artículos 107, con un tercer párrafo; 180, con un tercer párrafo; 271, con un quinto párrafo; 274 Bis, con un segundo párrafo y 342, con un segundo, tercero y cuarto párrafos, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 107. ...

...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

Artículo 180. ...

...

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

Artículo 271. ...

...

...

...

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Artículo 274 Bis. ...

Tratándose de procedimientos en los que una o ambas partes afirmen tener la calidad de personas con discapacidad visual, auditiva o silente, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien lo haga. En caso de que la parte contraria objete la calidad de la persona con discapacidad, el juez solicitará la expedición de una constancia a la institución pública correspondiente.

Artículo 342. ...

Si alguna de las partes fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; en cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de la lengua lo permite.

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales, auditivos o silentes ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Comisión de Justicia.

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Continuamos con nuestra orden del día con el capítulo de iniciativas. La Presidencia recibió del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Jorge Humberto López Portillo Basave , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Indira Vizcaíno Silva , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Antonio Kahwagi Macari , del grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en uso de la facultad que conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten al pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las primeras constituciones en reconocer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo mexicano. Derechos vigentes de segunda generación en un estado social de derecho. Fue hacia principios del siglo XX, en nuestra carta fundante, donde convergen tanto garantías individuales como sociales, se consagran la educación, la salud y el trabajo; en un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los derechos sociales plasmados en la Carta Magna, éstos han logrado fortalecerse a lo largo del devenir histórico a nivel constitucional para ser tutelados por el Estado, siendo considerados como derechos fundamentales del pueblo, en los que estaría haciendo falta proteger los derecho a la alimentación y sana nutrición de nuestro pueblo. En estricto sentido no de manera explicita sino como un derecho social, y una garantía individual ya que no está protegido dentro de la Constitución.

Es menester señalar que la protección social, en nuestro sistema constitucional, la cual ha sido una de las primeras en consagrar los derechos sociales, hacia un progreso paulatino en razón que aún quedan importantes desafíos por resolver, principalmente en cuanto a una sostenibilidad al derecho a la alimentación y nutrición sana para poder obtener una equidad que permita establecer un sistema de protección social más acorde con el avance de nuestro país y que permita garantizar una alimentación nutritiva para lograr alcanzar la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestro pueblo.

Si bien es cierto, la alimentación nutritiva es una garantía del derecho humano prevista en varios tratados como en acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaría; la Convención sobre los Derechos de los Niños; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como bien lo dice el teórico jurista Luigi Ferrajoli, ``el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, de carácter subjetivo que corresponden a todos los seres humanos en su status de personas, derecho que debe estar protegido por una norma jurídica''; sin embargo, en nuestra Carta Magna la alimentación nutritiva no esta contemplada como un derecho social.

Por otra parte, el reconocer como asegurar constitucionalmente los derechos humanos se hace cada vez más indispensable, más aun en un mundo globalizado, donde los derechos humanos deben tener una primicia fundamental como contrapeso de las desigualdades sociales generadas cada vez más por fenómenos económicos como el liberalismo global económico.

Actualmente, el artículo 4o. constitucional otorga diversos derechos de carácter social, el derecho a la salud; a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; a la familia; el disfrute de una vivienda digna; y a los niños y niñas el tener derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Consecuentemente es importante y fundamental analizar dicho precepto en el punto del derecho a la alimentación como tal, donde ni siquiera se protege los derechos fundamentales de un sector social que es la niñez, únicamente consagra de manera genérica, que ``los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral''. En los subsecuentes párrafos a esta disposición se establece que son los ascendientes, tutores y custodios quienes tienen el deber de preservar estos derechos y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; otorgando facilidades a los particulares con el propósito de que coadyuven al cumplimiento de estos derechos, en el entendido que solo están señalados para la niñez siendo obligatorio solamente a los padres como consanguíneos procurar por su alimentación.

De una interpretación de lógica jurídica se desprende que el Estado no reconoce el derecho a la alimentación nutritiva como una garantía fundamental, ni se obliga a proteger los derechos de la niñez, sólo asume la obligación de otorgar facilidades para los obligados, con el propósito de cumplir con su obligación.

Lo anterior no se debe entender como que el Estado está obligado a dar alimentos al pueblo, porque de ser así se convertiría en una obligación de carácter civil, por el contrario es obligación del Estado tanto tutelar, como velar y garantizar el cumplimiento y la protección de una alimentación nutritiva.

Como puede apreciarse en nuestro texto constitucional, está ausente el derecho más importante del ser humano, el derecho a la alimentación nutritiva, lo cual se condiciona a un sólo sector de la población como es la niñez, siendo que es un derecho de carácter general, con lo cual se excluye la obligación que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación.

En ese tenor el propósito de la presente Iniciativa es modificar el párrafo sexto y séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se actualice, en razón de que no considera el derecho a la alimentación como un derecho humano básico inseparable del conjunto concatenado de derechos fundamentales reconocido por nuestra norma fundamental.

Por ello, considero que dentro de los pendientes en derechos humanos y propiamente en materia de derecho social se tiene que resolver de manera inmediata para poder consagrar en nuestra Carta Magna el derecho a la alimentación nutritiva, y garantizar la consolidación de instrumentos necesarios para proteger el ejercicio de este derecho humano, a efecto de asegurar el acceso a toda la población en general.

Con esta perspectiva, la modificación al artículo 4o. de nuestra carta magna protegerá el derecho a la alimentación ofreciendo ser inviolable, inalienable, irrenunciable e imprescriptible, convalidando su carácter inherente al ser humano, con la interrelación e interdependencia que existe entre cada uno de los derechos sociales, y con la incorporación expresa del derecho humano fundamental a la alimentación, el cual se encuentra ligado con el derecho a la vida, la cual implica el derecho de toda persona a tener una alimentación nutritiva.

Mediante su inclusión explícita en nuestra Constitución, se reconocería su importancia garantizando el uso sustentable de los recursos naturales para velar por la seguridad alimentaría del país.

Evidentemente es la norma suprema, donde se establecen los principios generales determinando las obligaciones del Estado, para garantizar a toda persona su desarrollo integral al derecho a la alimentación nutritiva. Con esta disposición se logrará definir la obligación más precisa para el Estado de manera constitucional, con lo que se llevarían a cabo las medidas institucionales para la implementación del derecho a que la población de nuestro país obtenga y reciba una la alimentación nutritiva.

Aunado a lo anterior, con la jerarquización constitucional se generaran prerrogativas para el ciudadano como la obligación intrínseca del Estado a garantizar el derecho fundamental del ser humano a la alimentación de manera sustentable. Siendo la alimentación nutritiva básica para el desarrollo humano y toda vez que es la población el factor primordial para el desarrollo del país, entonces la alimentación nutritiva se identifica como elemento estratégico para el desarrollo social.

Es indispensable, no sólo otorgar el derecho a la alimentación nutritiva, sino también es necesario definir el medio por el cual el Estado debe salvaguardar y fortalecer este derecho.

Es nuestro deber legislativo actualizar nuestra norma fundamental, porque es necesario adecuarlo a los nuevos cambios que se presentan para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, tomando en cuenta que la Constitución es el equilibrio de nuestro sistema político, por ello la necesidad de jerarquizar el derecho a la alimentación, para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva en nuestro país.

De lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos 6 y 7 del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4. ...

...

...

...

...

Toda la población tiene derecho a una alimentación nutritiva que le permita satisfacer las necesidades nutricionales que aseguren su adecuado desarrollo físico y mental.

El Estado garantizará y proveerá la alimentación nutritiva en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las acciones de gobierno requeridas para asegurar su acceso. La ley establecerá la concurrencia de la federación, entidades federativas y municipios, para alcanzar una alimentación nutritiva.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga : Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, a través de la asistencia social que brinda el Estado pretende atenderse las necesidades de diversos sectores de población y mejorar el bienestar de individuos y grupos. De esta forma, la asistencia social constituye una alta y valiosa expresión de solidaridad.

En tal virtud, resulta conveniente que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades de la administración pública establezcan mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar la aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la materia.

De igual forma, es conveniente establecer que los proyectos de reglas de operación de los programas tomen en consideración la existencia de certificaciones cumplimentadas, previo al otorgamiento de cualquier subsidio de recursos públicos.

La política social contiene tanto medidas preventivas como acciones correspondientes a las oportunidades educativas, la oferta de empleo, los beneficios tributarios y, en general, toda otra circunstancia relacionada con los niveles y sistemas de distribución de la riqueza.

Sin embargo, la función administradora de la prestación de servicios asistenciales no es privativa ni exclusiva del Estado. La autoridad administrativa está obligada a reconocer el interés de la propia sociedad por contribuir al alivio de la penuria humana.

En este sentido, el Estado debe buscar las causas generadoras de las necesidades y marginaciones, correlacionarlas y analizar circunstancias y condiciones; formalizar e incluso fomentar la solidaridad entre los individuos, y propiciar las actitudes de la llamada asistencia social privada, cuyo origen en principio radica en la filantropía propiamente dicha.

Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de los servicios asistenciales, sus resultados y el comportamiento de los dadores y de los receptores.

Esta responsabilidad deriva principalmente de la facultad que tiene de ayudar con recursos públicos a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro y con fines asistenciales, y de verificar que esos recursos se apliquen correcta y transparentemente. Ése es, en puridad de concepto, el principal objetivo de esta iniciativa.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación del siguiente proyecto de decreto:

Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 75 y se reforma el Apartado I del inciso b) de la fracción II del artículo 77, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

``Fracción II. Siempre que la naturaleza del programa lo permita, se establecerán mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios a que hace referencia este artículo.''

En el artículo 77, su inciso b), deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, así como certificaciones cumplimentadas, siempre que la naturaleza del programa lo permita. Los criterios deberán ser precisos, definibles, mesurables y objetivos.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito que la iniciativa que ha sido publicada en la Gaceta, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, señor presidente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la asistencia social que brinda el Estado se pretende atender las necesidades de diversos sectores de población y mejorar el bienestar de individuos y grupos. De esta forma, la asistencia social constituye una alta y valiosa expresión de solidaridad.

Resulta conveniente que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades de la administración pública establezcan, entre otras cosas, mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, siempre que la naturaleza del programa lo permita, a fin de garantizar la aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la materia.

Es recomendable establecer que los proyectos de reglas de operación de los programas que dan cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria consideren la existencia de certificaciones cumplimentadas, siempre que la naturaleza del programa lo permita, previamente al otorgamiento de cualquier subsidio con recursos públicos.

La política social contiene tanto medidas preventivas como acciones correspondientes a las oportunidades educativas, la oferta de empleo, los beneficios tributarios y, en general, toda otra circunstancia relacionada con los niveles y sistemas de distribución de la riqueza.

Sin embargo, la función administradora de la prestación de servicios asistenciales no es privativa ni exclusiva del Estado. La autoridad administrativa está obligada a reconocer el interés de la propia sociedad por contribuir al alivio de la penuria humana. El Estado debe buscar las causas generadoras de las necesidades y marginaciones, correlacionarlas y analizar circunstancias y condiciones, así como formalizar, e incluso fomentar la solidaridad entre los individuos y propiciar las actitudes de la asistencia social privada, cuyo origen en principio radica en la filantropía propiamente dicha.

Por ello, el Estado estimula la generación de actividades con mayor participación de la sociedad civil, tanto por su organización como por su influencia y campos de acción, pero teniendo en todo momento la enorme responsabilidad de vigilar el funcionamiento de los servicios asistenciales, sus resultados y el comportamiento de los dadores y de los receptores.

Esta responsabilidad deriva principalmente de la facultad que tiene el Estado de ayudar con recursos públicos a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro y con fines asistenciales, bien a través del otorgamiento gratuito de recursos económicos, o bien a través de donaciones de bienes muebles o inmuebles de su propiedad.

En concreto, el Estado tiene la obligación de velar por la consecución de actividades de asistencia social, sean éstas educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia. Pero aún más, tiene la responsabilidad de verificar que éstas se realicen a cabalidad siempre que han sido financiadas con recursos públicos, recursos por cuya correcta y transparente aplicación son los únicos responsables y por los cuales deben rendir cuentas en todo momento.

La función constitucional y práctica del servicio público exige asistir al gobierno debidamente constituido en la formulación de políticas, la ejecución de las decisiones y la administración de los servicios públicos de que es responsable, pero siempre, y esto es algo muy importante, de forma clara y transparente. Ése es, en puridad de concepto, el principal objetivo de esta iniciativa.

Por lo expuesto, formulo la iniciativa siguiente:

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 75, y se reforma el Apartado I del inciso b) de la fracción II del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 75. (...)

(...)

Artículo 77. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como usted lo solicita, se inserta en el Diario de los Debates.Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULOS 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez : Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados, las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos se han recrudecido como consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas y consensuadas por los gobiernos federales anteriores, incluido el de estos tres años.

Hoy tenemos como resultado de un mal gobierno 60 millones de mexicanos sumidos en circunstancias de extremo rezago y marginación y 20 millones de compatriotas en pobreza alimentaria. Si revisamos las cifras, ocupamos los últimos lugares en educación, nutrición, salud y desarrollo humano, según organismos internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNICEF.

Pero, en contraste, las percepciones y remuneraciones económicas que año con año reciben quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo, y que han ejercido ese cargo para ubicarnos en estos lugares vergonzosos, continúan previéndose en su monto de primer nivel sin razonamiento y sustento alguno, como parte del gasto público.

Quiénes pueden negar que los tres últimos ex presidentes de la República, lejos de haber generado condiciones para alcanzar una vida digna para las mayorías, han alejado con su gestión aún más la posibilidad de construir un proyecto de nación capaz de concentrar la riqueza nacional y reactivar el potencial económico y social del país, para evitar sus grandes problemas.

En la pasada legislatura se aprobaron un conjunto de reformas a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de nuestro código político; se planteó como propósito principal de estos cambios constitucionales conformar un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo, con la remuneración que reciben sus gobernantes.

Esta iniciativa, diputadas y diputados, tiene como objeto fundamental eliminar las pensiones que tienen los ex presidentes de la República. Ante las crisis económica internacional y nacional, no es posible que ex presidentes que no trabajaron por el país y no trabajaron por la patria, sigan sosteniendo un salario indignante, frente a lo que pasa en este país.

Hoy, en la actualidad, un ex presidente tiene una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado; un seguro de vida y de gastos médicos mayores; una pensión que se entregará a la viuda al momento de la muerte del ex presidente; una pensión que se entregará a los hijos menores de 18 años al momento de la muerte del ex presidente, y además 25 servidores públicos adscritos a la Presidencia de la República.

No es posible que ex presidentes que no trabajaron por el país, que no ayudaron a la patria, que sostuvieron de manera permanente vender la soberanía, sigan teniendo un salario indignante, mientras el poder adquisitivo desciende, mientras la sociedad de nuestro país vive en la pobreza y la marginación.

Por eso solicito una reforma que plantea este documento para eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a la consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos, se han recrudecido como consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas y consensuadas por los gobiernos federales anteriores, incluido, el de estos tres últimos años.

Hoy en día, tenemos como resultado de un mal gobierno: 60 millones de mexicanos sumidos en circunstancias de extremo rezago y marginación, y 20 millones de compatriotas en pobreza alimentaria.

Si revisamos las cifras, ocupamos los últimos lugares en educación, nutrición, salud y desarrollo humano, según organismos internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unicef; pero en contraste, las percepciones y remuneraciones económicas que año con año reciben quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo y lo han ejercido para ubicarnos en esos lugares vergonzosos, continúan previéndose en su monto de primer nivel sin razonamiento y sustento alguno, como parte del gasto público.

Quien puede negar, que los tres últimos ex presidentes de la República lejos de haber generado condiciones para alcanzar una vida digna para las mayorías, han alejado con su gestión aún más la posibilidad de construir un proyecto de nación capaz de desconcentrar la riqueza nacional y reactivar el potencial económico y social del país, para abatir sus grandes problemas.

En la pasada legislatura, se aprobaron un conjunto de reformas a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de nuestro Código Político. Se planteó como propósito principal de estos cambios constitucionales: el de conformar un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

No obstante, que estas modificaciones al texto constitucional representan un avance en la consolidación de un régimen más democrático y equitativo; quedaron pendientes otras reformas importantes que no fueron incorporadas bajo ese objetivo.

Tal es el caso, de la supresión de las compensaciones a favor de quienes han sido presidentes de la República, conocidas coloquialmente como pensiones vitalicias, que representan por su monto económico, un agravio para millones de mexicanos que viven en situación de pobreza y de extrema pobreza.

Como precedente, de estas erogaciones que se hacen del erario público para cubrir estas pensiones, sabemos que mediante el Acuerdo 753725 del 25 de noviembre de 1976, expedido y publicado por el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, se permitió a los ex presidentes contar con personal del ejército, fuerza aérea y marina. Asimismo, con el acuerdo 2763-Bis del 31 de marzo de 1987, expedido por el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se definieron las prestaciones que desde entonces reciben los ex mandatarios.

Así tenemos, que nuestros ex presidentes cobran una pensión vitalicia compuesta por

Por otra parte, en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 que aprobó la Cámara, se estableció, que:

Para efecto de saber cuántos recursos son los que la Cámara aprueba anualmente para cubrir las denominadas compensaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha podido establecer que la percepción anual total de los ex presidentes oscila entre los 29 y 53 millones de pesos, considerando los rangos mínimos y máximos que tienen todos y cada uno de los servidores públicos que se encuentran prestando servicio, con cada uno de los ex presidentes.

Con base en estudios, se ha señalado que con los recursos que se destinan en un año al pago de estas compensaciones vitalicias de cada uno de los ex presidentes, se podrían pagar anualmente 17 mil salarios mínimos mensuales, 4 mil 814 salarios de policías en el Distrito Federal en el mismo periodo, así como emprender la construcción de más de mil 500 viviendas populares.

Socialmente, no es justo que quienes han conducido al país por un camino contrario al de bienestar y desarrollo económicos, sigan percibiendo de forma considerable ingresos compensatorios que constituyen privilegios. Y jurídicamente, es inconstitucional que sigamos asignando y aprobando recursos presupuestarios para tal objeto, toda vez que se continúa dando vigencia a decisiones que de origen se tomaron de forma unilateral y contraria a la voluntad popular y que nunca han tenido respaldo en la ley fundamental.

Con esta propuesta, que pongo a su consideración, se eliminan las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, a fin de armonizar nuestro orden jurídico con la realidad económica y social, y se convoca al Congreso de la Unión, para aprobar la decisión política fundamental de suprimir privilegios o prerrogativas contrarias al interés colectivo y superior de la Unión.

En momentos tan críticos --en lo económico y social-- por los que atraviesa la República, se hace oportuno terminar con este tipo de prerrogativas de ex presidentes, que laceran la dignidad de toda la sociedad y pueblo de México.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de este pleno camaral, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 127 constitucional y un artículo Sexto Transitorio al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127. ...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo Sexto Transitorio al decreto, por el que se reforman los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales, publicado el 24 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar como sigue:

Sexto Transitorio. A partir del ejercicio fiscal de 2010, se suprimen con carácter perentorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Poder Ejecutivo federal, incluidas en el ramo administrativo correspondiente a la Presidencia de la República dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.''

Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La Cámara de Diputados deberá proveer que los recursos presupuestarios que se destinaban para cubrir las compensaciones de los ex titulares del Poder Ejecutivo, sean asignados y aprobados para su ejercicio a los programas prioritarios del desarrollo social y combate a la pobreza contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULOS 52, 53 Y 54 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gustavo González Hernández : Con su venia, señor presidente. Como ustedes saben, Acción Nacional, en su plataforma política ---así como en su agenda legislativa para este primer periodo--- propuso la reducción de diputados.

Es para mí un honor subir a esta tribuna a presentar, a nombre de todos los compañeros de Acción Nacional, la iniciativa que pretende reformar los artículos 52, 53 y 54, precisamente para reducir 100 diputados la Cámara de Diputados, y que ésta quede como estuvo en 1987. Como ustedes podrán revisar en la iniciativa, que está publicada, se hace un análisis histórico del número de diputados que hubo desde 1917.

Sólo quiero hacer referencia a una serie de argumentos torales que nos permiten proponer a esta asamblea por qué sí debe reducirse el número de diputados de la Cámara de Diputados.

El primer argumento es: mayor eficiencia. Nosotros pretendemos que se agilicen una serie de trámites que requieren un proceso individual de cada uno de ellos en la toma de decisiones parlamentarias. Asimismo, la integración de las comisiones de trabajo legislativo reflejará la disminución de legisladores, lo que permitirá mejores sesiones de trabajo.

Un segundo argumento es: la búsqueda de mayor rapidez en los acuerdos políticos que requiere nuestra nación. Así podremos unificar más rápido los criterios en cuanto sea menor la composición de los grupos.

Pero, sobre todo, Acción Nacional está preocupado con el momento que vive México. A Acción Nacional le preocupa que las instituciones no busquen un esquema de austeridad. Es por eso que la reducción de legisladores implicará disminución de costos en el Poder Legislativo.

Si bien es un beneficio secundario a las funciones legislativas, responde de forma inmediata a las políticas de austeridad impulsadas por el presidente Felipe Calderón, que en la situación económica actual deben prevalecer en la vida pública del país.

Conserva también la pluralidad y fortalece la representatividad, pues la Cámara de Diputados representa al pueblo. Por ello las diputaciones de mayoría relativa representan directamente a la ciudadanía y legitiman la representatividad del órgano legislativo. Sin embargo, en atención a la pluralidad y la adecuada representación de todos y cada uno de los mexicanos en el Congreso, los diputados de representación proporcional deben subsistir, prevaleciendo el sistema mixto de elección, pero con sólo con 100 diputados.

Es pues que la presente propuesta plantea disminuir 100 diputados de representación proporcional, quedando entonces la Cámara integrada por 400 diputados. Adicionalmente y en relación proporcional con la disminución hecha, debe reducirse de 300 a 240 el número máximo de diputados que pueda tener un partido político por ambos principios en la Cámara.

Con ello, el Partido Acción Nacional cumple con su compromiso de impulsar la modernización del Congreso, fortaleciendo esta Cámara de Diputados, con el claro objetivo de su mejora institucional, en aras de procesos legislativos más eficaces y de una representación popular acorde a los tiempos que vivimos.

Por encontrarse publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito al presidente de esta Mesa que integre estos argumentos y que integre completa la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 52 a 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, facción II, y 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 52, 53, y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone la reducción de 100 diputados electos por representación proporcional.

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados se integra con 500 legisladores: 300 uninominales, elegidos mediante el sistema de mayoría relativa; y 200 plurinominales, por representación proporcional.

La Constitución de 1917 utilizaba para la elección de legisladores el denominado ``método cociente'', el cual se fijaba en el número de habitantes que de manera específica debía representar un diputado federal, suplementario a los estados en que el número de diputados no llegaba al valor del cociente, o de las fracciones.

Una reforma constitucional en 1963 introdujo una ligera variante, denominada ``diputados de partido'', que consistió en atribuir 5 escaños a todos los partidos que hubieran obtenido por lo menos 2.5 por ciento de la votación nacional, aumentando sucesivamente 1 diputado más por cada 0.5 por ciento de votos y hasta 20 de partido como máximo. La reforma constitucional de 1972 introdujo una pequeña modificación, que consistió en reducir el mínimo para la acreditación de diputados a 1.5 por ciento y aumentar el máximo de diputados por partido hasta las 25 curules. Sin embargo, el sistema de integración de la Cámara de Diputados siguió siendo de carácter mayoritario, ya que el sistema de ``diputados de mayoría'' corresponde a lo que la doctrina denomina como ``representación de minorías''. ¹

En 1977 se hizo una reforma que incrementó casi en 70 por ciento la integración de la Cámara de Diputados, al pasar de 238 a 400 integrantes, de los que 100 serían elegidos por el sistema de representación proporcional. En 1987 aumentarían de 100 a 200 los diputados elegidos según ese principio, para dar un total de 500, con el que actualmente se integra la Cámara.

Así, a partir de 1979, el método de repartición de diputados se rigió también por el ``método de Vinton'', el cual se basa en una regla general y reglas específicas.

La regla general precisa que los diputados deben ser elegidos a partir de bases demográficas. La delimitación de circunscripciones debe ser efectuada respetando el principio de igual representación de población a cada circunscripción, necesariamente proporcional a la población de cada Estado; las curules restantes para repartir son atribuidas según el método del ``más alto restante'', hasta su terminación. Esta regla resulta del artículo 53 de la Constitución. ²

En 1997 se realizó una reforma constitucional que estableció un límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados e introdujo la representación proporcional en el Senado, con 32 miembros electos por este principio a través de una sola lista nacional.

Actualmente, 200 diputados son elegidos por la modalidad de representación proporcional, correspondiente a 40 diputados por cada una de las cinco circunscripciones que forman el país.

En cuanto a las reglas específicas en México, en dicha elección por representación proporcional los partidos políticos designan a los candidatos, de acuerdo con el orden de prelación de las listas que para tal efecto presenten.

También se prohíbe que un partido político tenga más de 300 diputados y se exige un mínimo de 2 por ciento de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales para tener derecho a que sean atribuidos diputados según este principio de elección.

En conclusión, el sistema electoral mexicano prevaleciente mediante el cual se elige a los componentes del Congreso de la Unión es mixto, pues además de la elección directa (mayoría relativa), a efecto de permitir la pluralidad e inclusión de fuerzas políticas minoritarias, se aplica el principio de la representación proporcional.

Las circunstancias políticas del sistema de partidos son muy distintas de las que dieron origen a esta modalidad de elección. Ya no hay un partido político con absoluto dominio, sino fuerzas políticas plenas, que consiguen ganar elecciones por sí mismas. Es decir, la pluralidad puede estar garantizada en las elecciones de mayoría relativa. Sin embargo, dada la naturaleza plural y, sobre todo, incluyente de la Cámara de Diputados, también se debe seguir garantizando que las fuerzas que no tengan predominancia puedan representar a las minorías que sienten identificación con su propuesta.

Consideramos que ello debe persistir, pues se trata del reflejo de identidad nacional en el Congreso de la Unión, donde se representa a la nación y se define el sistema jurídico que rige a todos los mexicanos.

Sin embargo, México enfrenta nuevos retos, que el Congreso debe afrontar con su responsabilidad histórica de adaptarse a las necesidades de la nación y con arreglo a los valores democráticos que lo legitimen en la construcción de un estado de derecho.

El Congreso puede funcionar no sólo bien sino incluso mejor si se diminuye el número de sus componentes. La disminución de legisladores en el Congreso es uno de los temas torales en la modernización legislativa, el cual fue considerado en las propuestas realizadas en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la reforma del Estado.

Por ello, el Partido Acción Nacional propone disminuir el número de integrantes de la Cámara de Diputados, con los siguientes fines generales:

La Cámara de Diputados representa al pueblo. Por ello, las diputaciones de mayoría relativa representan directamente a los ciudadanos y legitiman la representatividad del órgano legislativo. Sin embargo, en atención de la pluralidad, los diputados de representación proporcional deben subsistir, prevaleciendo el sistema mixto de elección.

De tal forma, la disminución de diputados plurinominales no afectaría la pluralidad camaral y si daría un mayor peso a la representación popular, que ejerció el acto democrático del voto por un candidato de su comunidad.

La presente propuesta plantea disminuir 100 diputados de representación proporcional, y quedan 400 diputados integrantes de la Cámara.

Adicionalmente, y con relación proporcional a la disminución hecha, se reduce también de 300 a 240 el número máximo que podrá tener un partido político, por ambos principios, en la Cámara.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, y el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53.

...

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá lo necesario para adaptar las leyes secundarias conducentes en un término de 120 días.

Notas: 1 Bejar Algazi, Luisa. El Poder Legislativo en México. Los diputados de partido: el primer eslabón del cambio, UNAM, México, 2003. 2 Islas Colín, Alfredo; y Léze, Florence. Temas de derecho electoral y político, Porrúa, México, 2007.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor diputado... Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una rectificación de hechos, diputado presidente. El diputado González Hernández en su intervención dijo que el presidente Calderón, sólo quiero decir que Calderón usurpa la Presidencia de la República.

ARTICULO 88 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el señor diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Adán Augusto López Hernández : Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, señores diputados y señoras diputadas, el 29 de agosto de 2008entró en vigor el decreto por el cual el presidente de la República dejó de necesitar la autorización del Congreso de la Unión para ausentarse del país.

A partir de entonces, el titular del Ejecutivo federal puede ausentarse del territorio nacional, hasta por siete días, sin que medie el consentimiento del Legislativo. El único requisito con el que debe cumplir el presidente en turno es informar previamente de los motivos de su ausencia a la Cámara de Senadores, o a la Comisión Permanente en su caso; así como de los resultados de las gestiones realizadas una vez que haya regresado al país.

En ausencias mayores a siete días se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Con la reforma anterior, el Congreso de la Unión abdicó al ejercicio de una de sus facultades constitucionales más importantes en materia de política exterior. Una facultad de control político y democrático que, sin duda, estorbaba a quien hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo federal e incomodaba a aquellos legisladores que consideraron una banalidad el escrutinio de la actuación exterior del Estado.

Los principales argumentos de quienes votaron a favor de eliminar la autorización del Congreso para que el presidente de la República pudiera ausentarse del país son los siguientes:

Uno. Debe reducirse los asuntos de la ya de por sí cargada agenda del Congreso de la Unión.

Dos. Debe simplificarse, aunque de hecho se elimina, el régimen del permiso que obstaculiza la eficacia del Ejecutivo.

Tres. Esta reforma dará mayor dinamismo al ejercicio de las facultades del jefe del Estado.

Cuatro. La propuesta no pretende menoscabar en modo alguno las facultades del Congreso.

Cinco. Las circunstancias políticas y materiales actuales son diferentes a aquéllas que dieron origen al actual régimen cerrado de permisos.

Seis. El artículo 88 es un resabio decimonónico, un artículo monárquico que encuentra su antecedente principal en la Constitución de Cádiz, y que choca frontalmente con la esencia y naturaleza de un régimen republicano como el nuestro.

Ante estos argumentos falaces, estimo necesario precisar lo siguiente: es claro que las facultades de control democrático que la Constitución asigna al Legislativo son vistas como simples obstáculos que explican y justifican por sí mismos por qué el Ejecutivo no es eficiente en el ámbito internacional.

Pero la realidad es que la reforma al artículo 88 cercena una de las facultades más importantes del Legislativo en materia de política exterior y atenta flagrantemente contra uno de los pocos mecanismos de control que el Congreso posee sobre la acción exterior del presidente.

Es cierto que el contexto internacional es cada vez más dinámico y que ello demanda una mayor capacidad de acción. No obstante, no es menos cierto que precisamente ese mismo concepto hace necesario fortalecer las facultades de evaluación y fiscalización del Congreso sobre la acción exterior del Estado.

En el mundo la tendencia apunta hacia el fortalecimiento de las facultades de los parlamentos, no hacia su desmantelamiento. Y si el propio Congreso considera que ocuparse de la actividad exterior del jefe de Estado es algo sin la menor importancia, entonces estaremos dando lugar a uno de los episodios más tristes en la historia del Poder Legislativo en el país. Un episodio en el que es el propio Congreso quien acepta ser un estorbo para el presidente en turno.

Ahora bien, quienes ubican históricamente al artículo 88 como un molesto resabio decimonónico, ignoran o soslayan deliberadamente que el control de la Corte sobre el rey constituye un mecanismo de control parlamentario tendente a controlar y ejercer un contrapeso sobre el poder absoluto.

Por tanto, el artículo 88, en sentido contrario a lo que se ha argumentado, constituye uno de los antecedentes más significativos del constitucionalismo moderno que en nada se encuentra peleado con un régimen republicano y democrático como el nuestro.

Pero la reforma que se hizo no sólo no fortalece la colaboración entre Poderes, sino que, por el contrario, estimula la conducción unilateral de las relaciones exteriores del país, reduciendo toda posibilidad de arribar hacia un verdadero sistema de corresponsabilidad, equilibrio y efectiva rendición de cuentas.

Por todo ello, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Único. Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 88. El presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin la autorización de las Cámaras del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente.

La ley determinará el procedimiento que habrá de seguirse para promover la eficacia y garantizar la fiscalización de la actuación exterior de Estado. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Adán Augusto López Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 29 de agosto de 2008 entró en vigor el decreto por el cual el presidente de la república dejó de necesitar la autorización del Congreso de la Unión para ausentarse del país.

A partir de ese entonces, el titular del Poder Ejecutivo federal puede ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, sin que medie el consentimiento del legislativo. El único requisito con el que debe cumplir el presidente es el de informar previamente de los motivos de su ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas una vez que haya regresado al país.

En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

Con la reforma anterior, el Congreso de la Unión abdicó del ejercicio de una de sus facultades constitucionales más importantes en materia de política exterior. Una facultad de control político y democrático que, sin duda, estorbaba a quien hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo federal e incomodaba a los legisladores que consideraron una banalidad el escrutinio de la actuación exterior del Estado.

Los principales argumentos de quienes votaron a favor de eliminar la autorización del Congreso para que el presidente de la república pudiera ausentarse del país son los siguientes:

Ante estos argumentos falaces, estimo necesario precisar lo siguiente:

Es claro que las facultades de control democrático que la Constitución asigna al Legislativo son vistas como simples obstáculos que explican y justifican, por sí mismas, por qué el Ejecutivo no es eficiente en el ámbito internacional. Pero la realidad es que la reforma al artículo 88 cercena una de las facultades más importantes del Legislativo en materia de política exterior y atenta flagrantemente en contra de uno de los pocos mecanismos de control que el Congreso posee sobre la acción exterior del presidente.

Es cierto que el contexto internacional es cada vez más dinámico y que ello demanda una mayor capacidad de acción, no obstante, no es menos cierto que precisamente ese mismo contexto hace necesario fortalecer las facultades de evaluación y fiscalización del Congreso sobre la acción exterior del Estado.

En el mundo, la tendencia apunta hacia el fortalecimiento de las facultades de los parlamentos, no hacia su desmantelamiento. Y si el propio Congreso considera que ocuparse de la actividad exterior del jefe de Estado es algo sin la menor importancia, entonces estaremos dando lugar a uno de los episodios más tristes en la historia del Poder Legislativo en nuestro país. Un episodio donde es el propio Congreso quien acepta ser un estorbo para el presidente.

Ahora bien, quienes sitúan históricamente al artículo 88 como un molesto resabio decimonónico, ignoran o soslayan deliberadamente que el control de las cortes sobre el rey constituye un mecanismo de control parlamentario tendiente a controlar y ejercer un contrapeso sobre el poder absoluto.

Por tanto, el artículo 88, en sentido contrario a lo que se ha argumentado, constituye uno de los antecedentes más significativos del constitucionalismo moderno que en nada se encuentra peleado con un régimen republicano y democrático como el nuestro.

Finalmente, se ha esgrimido como otro de los argumentos que ``en aras de fomentar la colaboración entre poderes, es necesario crear la posibilidad de que el Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional sin solicitar el permiso respectivo del Congreso de la Unión.

Lo anterior, no sólo no fortalece la colaboración entre poderes, sino que, por el contrario, estimula la conducción unilateral de las relaciones exteriores del país, reduciendo toda posibilidad de arribar hacia un verdadero sistema de corresponsabilidad, equilibrio y efectiva rendición de cuentas.

De mantenerse la redacción del artículo 88 vigente, el Poder Legislativo estará renunciando a asumir el papel de contrapeso que le corresponde en el México de nuestro tiempo y estará abdicando, inexplicablemente, del ejercicio de una responsabilidad fundamental: analizar y evaluar la actividad exterior del presidente desarrollada durante sus viajes internacionales.

El hecho de que el ex presidente Vicente Fox haya convertido el tema de los viajes internacionales en un asunto superficial, no significa que el Congreso deba asumir que los encuentros y actividades internacionales no son asuntos que deben ser considerados como asuntos de alta prioridad en la agenda del Legislativo.

La complejidad y la importancia de las relaciones internacionales contemporáneas demandan una participación cada vez mayor de los distintos actores para fortalecer el desarrollo y la consolidación de las relaciones políticas y económicas entre las naciones.

Pero precisamente, como resultado de dicha circunstancia, se vuelve también imperante una mayor fiscalización de la actuación de los Poderes Ejecutivos por parte del Parlamento, a efecto de evitar que decisiones de gobierno repercutan y afecten el interés del Estado en su conjunto.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa no es otro que el de devolver al Congreso su facultad para autorizar los viajes internacionales del presidente de la república, avanzar hacia un procedimiento reglamentario que fortalezca la corresponsabilidad entre poderes y garantizar con ello la existencia de controles democráticos sobre la conducta internacional del Ejecutivo.

En el pasado, la facultad conferida por el 88 constitucional al Congreso no se utilizaba porque el presidente era el jefe directo de los legisladores. En el presente, cuando el Poder Legislativo es un poder cada vez más autónomo, la renuncia de nuestras facultades constituye un lamentable retroceso que devolverá a este Congreso, por voluntad propia, a las épocas en las que la voz de los legisladores no tenía la menor importancia.

En este contexto, reitero mi convicción de que renunciar a nuestra facultad de autorizar los viajes presidenciales constituye una verdadera torpeza y un evidente retroceso en ese largo y complicado camino hacia la consolidación democrática.

México ya no es un país en el que el presidente de la república pueda conducir a su antojo, de manera unilateral y sin ningún contrapeso, asuntos tan importantes como las relaciones internacionales del país.

Y eso es precisamente lo que se busca con esta reforma: devolver al Congreso un mecanismo de control y corresponsabilidad entre poderes que a todas luces resulta incómodo para quienes se niegan a reconocer que la pluralidad que caracteriza y define al México de nuestros días, obliga a este Congreso a fortalecer y a asumir con responsabilidad las facultades que la Constitución le confiere y no a renunciar a ellas por considerarlas inútiles y banales.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 88. El presidente de la república no podrá ausentarse del territorio nacional sin la autorización de las Cámaras del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente.

La ley determinará el procedimiento que habrá de seguirse para promover la eficiencia y garantizar la fiscalización de la actuación exterior del Estado.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Iniciativa que reforma los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales , del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Pablo Escudero Morales , diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con propuesta de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con la finalidad de regular el procedimiento para la designación, por un segundo periodo, del auditor superior de la Federación, con arreglo a la siguiente:

Exposición de Motivos

El 29 de diciembre del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, mediante la cual se abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, vigente desde el 29 de diciembre de 1978. Fue así como, en el año 2000, se constituyó la Auditoría Superior de la Federación, una institución dotada de autonomía técnica y de gestión, con capacidad de decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, dependiente del Poder Legislativo federal, con lo que se buscó contar con un órgano del Estado mexicano que permita transparentar y rendir cuentas del ejercicio de los recursos federales, a toda la ciudadanía.

El artículo tercero transitorio, de dicha ley, estableció:

Así, tras determinar no ratificar al entonces contador mayor de Hacienda, la Cámara de Diputados inició el proceso abierto para la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación; de esta forma, en diciembre de 2001, mediante convocatoria pública se eligió por primera ocasión, mediante mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados, al auditor superior de la Federación, quien, el 15 de diciembre de 2001, tomó protesta por un periodo de ocho años (2002-2009).

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación fue abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de mayo de 2009.

El artículo 80 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece el procedimiento para designar al auditor superior de la Federación, en el cual se establece que la Comisión de Vigilancia de la de la Cámara de Diputados, procederá a recibir las solicitudes para ocupar el puesto, durante el periodo de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria que se emita para tales efectos; una vez recibidas tales solicitudes, con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, se procederá a la revisión y análisis de éstas y se llevará una entrevista por separado para la evaluación respectiva, a los candidatos que a su juicio considere idóneos para conformar la terna, hecho esto, se formulará un dictamen por la referida Comisión, a fin de proponer a tres candidatos al pleno para su designación; presentada la terna, el pleno nombrará a uno de los integrantes de dicha terna mediante mayoría calificada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 constitucional y en el artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se mantiene la posibilidad de que el titular de la Auditoría Superior de la Federación sea nombrado para un segundo periodo de 8 años.

Para cumplir con esta facultad, la Comisión de Vigilancia de la de la Cámara de Diputados, debe desarrollar un procedimiento transparente y puntual, que regule la designación para un segundo periodo del auditor superior de la Federación, en armonía con los principios establecidos en el artículo 80 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En tales términos, respecto a la designación del auditor superior de la Federación, desde el punto de vista de la Comisión de Vigilancia de la de la Cámara de Diputados, con base en lo previsto por los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se desprenden dos alternativas, a saber:

En efecto, el artículo 80 aludido se encuentra establecido un procedimiento para la designación por conducto de una terna del auditor superior de la Federación; empero, no es así para su ratificación o en caso de ser ``nombrado nuevamente'', incluso dejando en la incertidumbre jurídica, el saber si esto se tiene que hacer antes de la emisión de la convocatoria; o, quien este en funciones de auditor superior de la Federación debe formular su solicitud para ocupar el cargo, en términos de la convocatoria.

Es imposible soslayar la situación de incertidumbre que genera tanto el contenido del artículo 79 constitucional, como el del artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que lisa y llanamente señalan:

Ante esta situación de incertidumbre en el procedimiento de designación por un segundo periodo al titular de la Auditoría Superior de la Federación se esta generando una facultad discrecional, esto es, que al no existir un procedimiento específico en la norma, sino sólo la facultad del órgano, la forma en que se ejecute tal atribución, se puede desarrollar bajo las condiciones que el mismo facultado considere conducentes. Este tipo de facultades, pueden ser legitimas en determinadas circunstancias y sólo para casos muy específicos; sin embargo al tratarse de la designación de un funcionario público, encargado de la Auditoría Superior de la Federación, que requiere conducirse bajo los principios morales y éticos más elevados, resulta insostenible que se deje al arbitrio de la transitoriedad de los integrantes de un cuerpo legislativo, su nombramiento; máxime aún, que el procedimiento para designación por terna si esta previsto.

Es pues, de alta relevancia para el desarrollo de una de las actividades republicanas más importantes como lo es la fiscalización y rendición de cuentas, que se establezcan reglas claras para su nombramiento, dado el caso de que se determine ser ``nombrado nuevamente'' por una sola vez al auditor superior de la Federación.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Decreto que reforma y adiciona a los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 80. La designación del auditor superior de la Federación, o en su caso, el nombramiento por un segundo periodo, se sujetará al procedimiento siguiente:

Artículo 82. El auditor superior de la Federación durará en el encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, mediante el procedimiento señalado en el artículo 80. Podrá ser removido por la Cámara por las causas graves a que se refiere el artículo 93 de esta ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se presenta estando en receso la Cámara, la Comisión Permanente podrá convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de la Función Pública.

Se pospone, por encontrarse realizando otra tarea en estos momentos el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, su participación al final del turno de iniciativas.

Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General contra el Secuestro, Reglamentaria del Artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No se encuentra el señor diputado, por lo que pasa al final del capítulo.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho : Con su permiso, diputado presidente. Ojalá que me pongan atención los diputados presentes; a pesar de que son pocos pueden poner atención. Gracias.

Vengo a someter a su consideración una iniciativa de reforma de ley, que intenta reformar los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de motivos: a partir de la década de los ochenta se sentaron las bases de un esquema de coordinación fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas. Con la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal quedó regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencias de la federación y de las entidades federativas, así como de distribuir a los estados miembros de la federación una proporción de la recaudación federal mediante el establecimiento de convenios.

Con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas. Se estableció un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron mayores recursos con el otorgamiento de participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos por la producción y venta de petróleo.

Es durante la década de los 90 que los procesos de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal. En 1998 se incorporaron en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el capítulo V de la ley de mérito los fondos de aportaciones federales del Ramo 33.

Con la incorporación de estos fondos la federación transfiere recursos a las haciendas públicas de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal para los fondos siguientes:

Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dentro de todos los fondos que conforman el Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

En cuanto al FAIS, es de señalarse que éste se encuentra dividido en dos vertientes: estatal (FAISE), y municipal (FAISM). Los criterios de distribución son ponderados en una fórmula que calcula un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.

Las aportaciones federales que con cargo al FAIS reciben los estados y los municipios se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

FAISE: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o municipal.

No obstante las bondades de dicho fondo, es de destacarse que, desde su creación en 1998, al Distrito Federal se le ha negado el acceso a los recursos del FAIS, destinados a proyectos para beneficiar a la población en condiciones de pobreza.

Lo anterior en virtud de que el Distrito Federal no es considerado un estado. La problemática del FAIS radica en que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, sus recursos se distribuyen a los estados y de los estados a los municipios.

El hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este fondo no radica en que la federación reconozca la existencia de brechas carenciales con base en las cuales se calculan los coeficientes de distribución del FAIS, sino en el hecho de que el Distrito Federal no es un estado; por tanto, el problema es de naturaleza jurídica (semántica).

Les pido que analicen esta iniciativa en la comisión correspondiente y que cuando corresponda estar aquí en pleno, todos votemos para que el Distrito Federal no sea excluido de estos beneficios.

El Distrito Federal es la casa de todos nosotros; en el Distrito Federal todos sabemos que hay contradicciones muy profundas; que en las demarcaciones, en las delegaciones tenemos a sectores de altos ingresos y a sectores de muy bajos recursos.

Que no nos sirva este eufemismo o esta falacia jurídica para evitar que el Distrito Federal goce de más de 6 mil millones que le están recortando. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 32 a 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno legislativo iniciativa que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A partir de la década de los ochentas en nuestro país se sentaron las bases de un esquema de coordinación fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas, toda vez que se expidió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual modificó sustancialmente la forma de repartirlas pues se considero que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo en función de donde se generara la recaudación, sino dependiendo del grado de desarrollo regional, aunado a que se estableció la colaboración administrativa entre los ámbitos de gobierno federal y local a través de la celebración de convenios.

Dentro de la nueva Ley de Coordinación Fiscal quedó regulado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencias de la federación y de las entidades federativas, así como distribuir a los estados de la federación una proporción de la recaudación federal, mediante el establecimiento de convenios de adhesión.

Si bien es cierto que con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal las entidades federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas, también lo es que se estableció un orden fiscal más o menos homogéneo, toda vez que ganaron mayores recursos con el otorgamiento de participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos por la producción y venta de petróleo.

Es durante la década de los noventa que los procesos de descentralización de recursos destinados al combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal: en el año de 1998 se incorporan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el capitulo V de la ley de mérito los fondos de aportaciones federales del ramo 33.

Con la incorporación de los fondos de aportaciones federales, le federación transfiere recursos a las haciendas publicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los fondos siguientes:

Ahora bien, dentro de todos los fondos que conforman el ramo 33 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, ya que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.

En cuanto al FAIS es de señalarse que este se encuentra dividido en dos vertientes: estatal (FAISE) y municipal (FAISM), los criterios de distribución son ponderados en una formula que calculan un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.

Las aportaciones federales que con cargo al FAIS reciben los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

No obstante las bondades de dicho fondo, es de destacarse que desde su creación en 1998, al Distrito Federal se le ha negado el acceso a los recursos del FAIS que están destinados a proyectos para beneficiar a la población en condiciones de pobreza.

Lo anterior, en virtud de que el Distrito Federal no es considerado un estado , la problemática del FAIS radica en que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, sus recursos se distribuyen a los estados y de los estados a los municipios .

El hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este fondo, no radica en que la federación reconozca la existencia de brechas carenciales en base a los cuales se calculan los coeficientes de distribución del FAIS, sino en el hecho de que el Distrito Federal no es un estado, por lo tanto, el problema es de naturaleza jurídica (semántica).

En este sentido, la importancia de que la población del Distrito Federal se vea beneficiada con estas aportaciones federales bajo la premisa fundamental de dedicar los recursos al fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o entre sus demarcaciones territoriales, en este tenor es de destacarse que el Distrito Federal ha dejado de percibir por este conducto alrededor de 6 mil 342 millones de pesos, necesarios para la creación de infraestructura básica.

Por ello resulta de vital importancia y de justicia social, que tanto el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales sean incluidas y beneficiadas a través del FAIS.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es necesario reformar los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Articulo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.57 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.311484 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.258516 por ciento al Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y al Distrito Federal por conducto de la federación y a los municipios y demarcaciones territoriales a través de los estados y del Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

Articulo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y al Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal y el del Distrito Federal correspondiente y el municipio y demarcaciones territoriales de que se trate.

Adicionalmente, los estados y el Distrito Federal, y municipios y demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los estados y el Distrito Federal, y municipios y demarcaciones territoriales deberán:

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de la entidad federativa, se obtiene la Masa Carencial Estatal, determinada por la siguiente fórmula:

...

En donde:

Cada una de las masas carenciales estatales se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada entidad federativa, como lo indica la siguiente fórmula:

...

En donde:

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada entidad federativa de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignará a cada entidad federativa.

Articulo 35. Los estados y el Distrito Federal distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

Con objeto de apoyar a los estados y al Distrito Federal en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada estado y el Distrito Federal.

Los estados y el Distrito Federal, con base en los lineamientos anteriores, y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Los estados y el Distrito Federal deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados y Distrito Federal, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos estatales y del Distrito Federal publicarse por estos últimos a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputado Serrano.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente, le voy a pedir que, sea tan amable, en el turno de proposiciones que me tocaría en primer término, de instruir para que sea bajado este punto y se me programe en la siguiente sesión, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Como lo solicita, tomaremos nota de lo que usted nos indica.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congresode la Unión.

La diputada Adriana Sarur Torre : Con su permiso, diputado presidente. Después de casi 40 días de haber emprendido nuestra responsabilidad como legisladores, iniciamos con el trabajo de comisiones ordinarias.

En este orden de ideas y en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, recibimos el paquete económico el 8 de septiembre y las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuentan con 14 días ---en el caso de la primera, y poco más de un mes, en el caso de la segunda--- para su análisis, modificación y aprobación, en un contexto, cabe señalar, de crisis sin precedente, por lo menos en el ámbito económico.

Cabe destacar que, en el caso de la Ley de Ingresos, en donde compartimos la responsabilidad de análisis y aprobación con el Senado de la República, es un hecho que estaremos analizando y, en su caso, aprobando, en el mejor de los escenarios, en el límite de los términos que establece la ley.

La facultad de aprobar el proyecto de ingresos y egresos de la federación es, sin duda alguna, una de las principales funciones de control institucionalizado sobre las actividades del gobierno federal con las que cuenta el Poder Legislativo.

Bajo este esquema, el examen objetivo, la modificación responsable y la aprobación comprometida del paquete económico son elementos inherentes al control político que debemos preservar y fortalecer.

Ante la grave crisis de credibilidad del poder público, ante las críticas por los excesos, ante las percepciones ciertamente fundadas de nuestra lejanía de las demandas y necesidades de la sociedad, es necesario que redoblemos nuestro compromiso. Es nuestra obligación ser profundamente escrupulosos a la hora de realizar la función para la que hemos sido electos. Es necesario que hagamos cada vez más eficientes los mecanismos que utilizamos para ejercer nuestras facultades.

Es por ello que me permito proponer la modificación al artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encargadas de la dictaminación del paquete económico, se constituyan a más tardar el día 20 del primer mes de ejercicio, para que su revisión formal cuente con más tiempo, ampliando con ello los márgenes de maniobra, fundamentalmente de los legisladores que asumen su responsabilidad durante el proceso electoral intermedio.

Esta reforma nos permitirá, además de extender los plazos para revisión del paquete económico, sentar las bases para reducir los tiempos y adelantar la construcción de los acuerdos necesarios para el funcionamiento de esta Cámara.

Compañeros, debemos ser congruentes con las facultades exclusivas que nos otorga la Constitución, impulsando los mecanismos que nos permitan ser íntegros con la responsabilidad que nos han transferido los electores.

Tomarnos el tiempo necesario para construir un proceso de debate constructivo sobre el paquete fiscal y el presupuesto de egresos es ineludible e impostergable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto que reforma el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre , del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Adriana Sarur Torre , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Después de casi 40 días de haber emprendido nuestra responsabilidad como legisladores iniciamos con el trabajo de comisiones ordinarias. En este orden de ideas, y en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, recibimos el paquete económico el 8 de septiembre y las comisiones encargadas de dictaminarlo --Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública-- tienen, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 14 días --en el caso de la primera-- y poco más de un mes --en el caso de la segunda-- para analizarlo, modificarlo y aprobarlo, en un contexto, hay que señalarlo, de crisis sin precedente en los ámbitos económico, político y social.

Cabe destacar que, en el caso la Ley de Ingresos, donde compartimos la responsabilidad de análisis y aprobación con el Senado de la República, los tiempos se estrecharán aún más por las modificaciones que se realizan a algunos dictámenes.

Dentro de este esquema, la facultad de aprobar el proyecto de ingresos y egresos de la federación es, sin duda alguna, una de las principales funciones de control institucionalizado sobre las actividades del gobierno federal con que cuenta el Poder Legislativo. En este sentido, el examen objetivo, la modificación responsable y la aprobación comprometida del paquete económico son elementos inherentes al control político en donde el destinatario final es el cuerpo de nuestros representados.

Ante la grave crisis de credibilidad del poder público, ante las críticas por los excesos, ante las percepciones, ciertamente fundadas, de la inoperatividad de los lazos que deben articularnos con las demandas y necesidades del grueso de la población, es necesario que redoblemos nuestro compromiso. Es nuestra obligación ser profundamente escrupulosos a la hora de realizar la función para la que hemos sido electos. Es necesario que hagamos cada vez más eficientes los mecanismos que utilizamos para ejercer nuestras facultades.

Es por ello que me permito proponer la modificación del artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encargadas de dictaminar el paquete económico, se constituyan a más tardar el día 20 del primer mes de ejercicio para que su revisión formal cuente con más tiempo, ampliando con ello los márgenes de maniobra, fundamentalmente de los legisladores que asumen su responsabilidad durante el proceso electoral intermedio.

Paralelamente, se destaca que además de extender los plazos para la revisión del paquete económico se abre la posibilidad de sentar las bases para reducir los tiempos y de esta forma adelantar la construcción de los acuerdos necesarios para el funcionamiento de esta Cámara.

Compañeros: debemos ser congruentes con las facultades exclusivas que nos otorga la Constitución impulsando los mecanismos que nos permitan ser íntegros con la responsabilidad que nos han transferido los electores. Tomarnos el tiempo necesario para construir un proceso de debate constructivo, con suficiencia, sobre cómo van a ser captados y como se van a gastar los recursos públicos es ineludible y consustancial a lo que encarna nuestra representación popular.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto que reforma el numeral 1 del artículo 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 43.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se pospone la intervención del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado López-Portillo desea hacer uso de la palabra.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente, para solicitarle a la compañera Adriana Sarur si no tiene objeción de que me sume a su iniciativa. Suplicándole que considere también la propuesta que yo hice hace un par de semanas para que todas las comisiones, no sólo éstas, se instalen antes, y nos dé más tiempo de trabajar y de servir a la nación. ¿Está usted de acuerdo en que me sume en esas condiciones, compañera?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le preguntaríamos a la diputada Adriana Sarur Torre, si está de acuerdo.

La diputada Adriana Sarur Torre : Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Está de acuerdo la diputada. Todos aquellos compañeros diputados y compañeras diputadas que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento.

Damos la bienvenida a los alumnos del Instituto Alexander, de 5o. y 6o grado de primaria. Así como a los alumnos del Colegio Amauta, del Distrito Federal, que nos visitan esta mañana.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 451 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia informa a la asamblea que se recibieron diversas proposiciones con puntos de acuerdo, que tienen relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. Proceda la Secretaría a dar lectura a los enunciados y proponentes.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramo 04, perteneciente a la Segob, como fondo para el pago de adeudos a braceros rurales de 1942 a 1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Hilaria Domínguez Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 4 de agosto de 1942 el gobierno de Estados Unidos y el de México, firmaron un acuerdo laboral de contratación temporal para trabajadores migratorios mexicanos, en donde se estipulan mecanismos de protección para nuestros connacionales, de entre los cuales se estipuló la creación de un fondo de ahorro.

Se les descontó a los trabajadores el 10 por ciento de su salario para constituir dicho fondo.

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo, el gobierno estadounidense entregó las cantidades descontadas a los braceros agrícolas mexicanos a Wells Fargo Bank y Unión Trust Company de San Francisco y estos a su vez, al Banco Nacional de Crédito Agrícola y, por conducto de la comisión de mano de obra para la guerra (War Manpower Comission), entregó las cantidades descontadas a los braceros no agrícolas mexicanos al Banco del Ahorro Nacional, SA. Sin embargo, dichas cantidades y sus rendimientos no fueron entregadas a sus titulares o sus beneficiarios.

Por lo anterior, presenté a esta soberanía un punto de acuerdo el 19 de octubre de 2004, a efecto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una asignación específica y pagar una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios.

También presenté la iniciativa de ley para crear un fideicomiso que administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la cual fue aprobada por la LIX Legislatura el 21 de abril del 2004; y la colegisladora la aprobó el 28 del mismo mes y año. Dicha ley se encuentra en vigor.

Así mismo, el 22 de abril de 2008 se aprobó por el Congreso la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la modificación fue hecha para se abrieran mesas receptoras con el fin de recabar los documentos de los ex trabajadores, que por diversas razones no ingresaron al padrón levantado en el 2003.

El Ejecutivo hizo oficial el decreto y el 1 de septiembre de 2008 entró en vigor la disposición que disponía básicamente la apertura de las mesas receptoras en un lapso de dos meses. También se cambió en este decreto el artículo segundo transitorio, el cual establecía un lapso de cinco años para entregar los recursos tomando solamente como base el presupuesto del año 2005. Con esta reforma, ya no se fijaba plazo para otorgar los recursos a los trabajadores ex braceros, por lo tanto, ahora se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida correspondiente para pagar dicho fondo a cada uno de ellos.

A partir de 2005, año en que inicia sus operaciones el fideicomiso, se han canalizado al fondo recursos fiscales por 298.5 millones para los años 2005 y 2006, de 300 millones para 2007, y 700 millones de pesos para 2008 y 2009.

Debido a la balanza deficitaria que hemos sufrido en los últimos años, se debe autorizar cuando menos los 700 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, y no la propuesta del ejecutivo Federal que solamente considera 300 millones, según el anexo 8, intitulado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, vertiente laboral, Ramo 04, perteneciente a la Secretaría de Gobernación.

Nuestros connacionales, ex trabajadores migrantes del período 1942 a 1964, no pueden esperar más el pago de su fondo de ahorro; debe dárseles de inmediato en una sola exhibición. Ellos cumplieron con el trabajo y con la cantidad que les fue retirada de su salario. Es justo que el gobierno, a través del fideicomiso les regrese el dinero producto de su trabajo.

Con fundamento en lo expuesto, y con la facultad que me otorgan la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Pleno que considere y apruebe en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una asignación específica de al menos 700 millones de pesos, en el Anexo 8, intitulado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, vertiente laboral, Ramo 04, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, como fondo para el pago de adeudos a braceros rurales de 1942 a 1964.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir la escuela primaria República de la India en San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente:

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto de construcción de la nueva escuela primaria Republica de la India en el pueblo de San Francisco Tlanepantla, en la delegación Xochimilco

Considerandos

1. Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la Ciudad de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los casi 50 mil habitantes que tenía en 1950, para los albores del siglo XXI, en el año 2000, alcanzaba los 370 mil habitantes. Es por este motivo que se necesitan obras de esta naturaleza para satisfacer la creciente necesidad de espacios educativos que cuenten con la infraestructura necesaria y los recursos humanos adecuados para cumplir con una labor tan importante como es la educación básica. En el pueblo de San Francisco Tlanepantla es de carácter urgente la creación de un espacio educativo de esta índole, ya que el 80 por ciento de su población se encuentra en una situación económica de marginación y cabe resaltar el hecho que esta escuela se encuentra en condiciones deplorables ya que debido a su antigüedad carece de energía eléctrica en algunas aulas, así como de filtraciones de agua y el riesgo latente de derrumbe, transformándose así en un peligro para los estudiantes y quienes laboran ahí pues no reúne ningún elemento que contribuya a elevar la calidad de la educación, motivo por el cual la comunidad del pueblo de San Francisco Tlanepantla ha donado el predio donde se prevé la construcción de esta nueva escuela primaria, demostrándonos así el interés por la educación de nuestros hijos.

2. Que el gobierno delegacional con la finalidad mejorar la calidad de vida de 5 mil 32 habitantes del pueblo de San Francisco Tlanepantla en Xochimilco y en específico a mil 92 niños en edad escolar básica, dato obtenido de la coordinación de planeación de desarrollo territorial, de la jefatura del Gobierno del Distrito Federal (Programa Integrado para el Desarrollo Social 2001-2003) y que a través de su Dirección general de Obras y Desarrollo Urbano ha identificado las necesidades educativas urgentes en esta demarcación, por lo que debe de proporcionar a los vecinos una nueva escuela primara que se reflejaría como un espacio educativo digno con las especificaciones necesarias y requeridas para esta encomienda.

Por ello hay que optimizar recursos para la construcción de una escuela primaria, ya que estas obras son necesarias para el fomento educativo y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

3. Es importante mencionar la notoria mejoría en la forma de vida de los habitantes del pueblo de San Francisco Tlanepantla con la construcción de esta nueva escuela primaria, ya que beneficia directamente a la población más vulnerable: nuestros niños, dándoles un panorama educativo más amplio y desde luego la continuidad de su educación básica.

4. Que para cumplir con este objetivo de alta relevancia en materia educativa y buscando apoyar a las miles de personas que ahí habitan y en atención al proyecto de construcción de la nueva escuela primaria República de la India se requiere de una inversión en el ejercicio fiscal 2010 por un monto total de $30, 000,000.00 (treinta millones de pesos).

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de construcción de la nueva escuela primaria República de la India en el pueblo de San Francisco Tlanepantla, en la delegación Xochimilco, México, Distrito Federal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear el fondo del sureste, que garantice el desarrollo regional de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Rolando Rodrigo Zapata Bello , Éric Luis Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar , Angélica del Rosario Araujo Lara , Martín Enrique Castillo Ruz , Jorge Carlos Ramírez Marín y Felipe Cervera Hernández , diputados federales de Yucatán de esta LXI Legislatura, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de este pleno un punto de acuerdo por el que se solicita crear el fondo del sureste en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y siguientes, que beneficie a Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y que garantice el desarrollo regional de dichas entidades mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.

El plan presenta al desarrollo regional integral como uno de los principales ejes del desarrollo de nuestro país y sustenta que el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones. Hoy día, las desigualdades regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido en México durante las últimas dos décadas. Por ello, se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberá promoverse la competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social.

El esfuerzo debe ser compartido, ya que el éxito de la estrategia de desarrollo regional requiere de acciones por parte del gobierno federal, así como de los gobiernos de los estados y los municipios, alentando la formación de espacios que favorezcan la comunicación, la difusión, la innovación y las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No sólo es clave la relación del gobierno federal con los otros órdenes de gobierno, sino también la coordinación entre ellos para permitir un desarrollo que beneficie a todos.

El buen desempeño de las economías regionales dependerá, y éste es su desafío, de la buena marcha de un círculo virtuoso por el cual el gobierno federal y todos los niveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, de manera eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en todo el territorio nacional.

El principal objetivo del desarrollo regional es superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.

Para lograr este objetivo se requiere implementar estrategias que permitan fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y dentro de la administración federal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como permitiendo desarrollar acciones integrales, también fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo; asimismo, asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones considerando la dimensión espacial y las características particulares de cada región en el diseño de programas y políticas públicas.

La infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, para también incrementar la competitividad de la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados.

Consideraciones

El ramo 23 tiene el propósito de integrar, administrar y hacer el seguimiento del ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del gobierno federal, que por su naturaleza no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es posible por conducto de este ramo.

Mediante este ramo se operan los mecanismos y esquemas de control presupuestario, generales y específicos, requeridos para mejorar la eficiencia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia en el ejercicio del gasto público, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

La política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país para aprovechar sus ventajas competitivas y su potencial de oportunidades. Para fortalecer el desarrollo regional se ejecutarán proyectos de inversión en infraestructura para incentivar la actividad económica y, consecuentemente, elevar los niveles de empleo y de ingreso. Asimismo, contribuirá al crecimiento económico sostenido y a una sociedad más equitativa, mediante una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y de las oportunidades.

Las oportunidades de desarrollo regional estarán alineadas con las siguientes acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:

• Generar proyectos de infraestructura orientados a fomentar el crecimiento de los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, para facilitar un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre todo en regiones de menor desarrollo;

El desarrollo regional se concentra, principalmente, en los rubros de programas y proyectos que tienen como objetivo el incremento del capital físico y la capacidad productiva de las entidades federativas. Fondos metropolitanos, para impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; fondo regional a fin de apoyar a las 10 entidades federativas con los menores índices de desarrollo humano, mediante programas y proyectos de infraestructura y su equipamiento.

En los últimos años se han creado fondos estratégicos para el desarrollo regional, en 2006 se crea el Fondo Metropolitano con una bolsa de mil millones de pesos para el valle de México, este fondo se incrementa en el PEF de 2007 a 3 millones de pesos para el valle de México y otras zonas metropolitanas; en el PEF de 2008 se incrementa a 5 millones de pesos para beneficiar a nueve zonas metropolitanas del centro y norte del país; en el PEF de 2009 este fondo se incrementa a 5 mil 625 millones de pesos para beneficiar a 18 zonas metropolitanas beneficiándose con la mayor parte de este fondo a las regiones del centro y norte del país, también se incluyeron a propuesta de la comisión sur-sureste a siete zonas metropolitanas de esta región con 40 millones de pesos cada una de ellas.

En el PEF de 2007 se crea el Fondo Regional para apoyar a los 10 estados más pobres del país contando con una bolsa de 2 mil millones de pesos que beneficia a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Tlaxcala y Nayarit; en el PEF de 2008 este fondo se incrementa a 5 mil millones de pesos creándose dentro de este el Fondo del Sur con una bolsa de 2 mil millones de pesos para beneficiar a Chiapas, Oaxaca y Guerrero y un fondo de 2 mil 700 millones de pesos para los siete estados restantes, complementando un fondo de 300 millones de pesos para las zonas semidesérticas; en el PEF de 2009 este fondo se incrementa a 5 mil 900 millones de pesos destinándose para el Fondo del Sur 2 mil 450 millones de pesos para beneficiar a Chiapas, Oaxaca y Guerrero; 2 mil 700 millones de pesos para los siete estados restantes y 750 millones de pesos para las zonas semidesérticas.

La región sur-sureste se conforma por 10 estados que son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, de los cuales los seis primeros son beneficiarios del Fondo Regional y los cuatro últimos no cuentan con un fondo que impulse el desarrollo regional y representan geográficamente la región sureste de nuestro país.

La región sureste que representan Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo tienen preponderantemente actividades económicas comunes entre las que destacan las actividades agropecuarias, pesca, turismo, servicios, comercio, entre otros.

El índice de desarrollo humano (IDH) y población para estas entidades son:

Como se puede observar tanto Tabasco como Yucatán su IDH se encuentra muy por debajo de la media nacional que es de 0.8031 y el promedio de las cuatro entidades se encuentra muy aproximado a la media nacional, pero lejos de la realidad que viven los cientos de comunidades y los miles de habitantes que viven en las zonas rurales y zonas marginadas de las ciudades de la región sureste.

La población de Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que conforman el sureste del país, es superior a los 5 millones 698 mil 956 habitantes que representa 5.6 por ciento de la población nacional.

Se debe impulsar la visión integral de todas las actividades regionales del sureste para crear un plan que contemple la vinculación de todos y cada una de las entidades, tomando en cuenta sus recursos naturales y humanos porque, sólo de esa manera, se podrá diseñar un plan que dé cauce a un crecimiento económico duradero y a la generación del empleo.

Es importante que se considere las características específicas de cada región para armonizarla con el medio ambiente, pues muchas veces las acciones que se han llevado a cabo en la actividad productiva han acabado con ecosistemas muy valiosos, por lo que es importante tomar en cuenta este aspecto.

Con el propósito de impulsar el desarrollo regional del sureste se propone la creación del fondo del sureste en el PEF de 2010, dentro del ramo 23, con una bolsa de mil 600 millones de pesos que beneficie a Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que se distribuirá de manera proporcional a cada una de las entidades tomando en cuenta el IDH, la población, entre otros y los recursos en comento se podrán destinar a estudios y ejecución de programas y de proyectos, acciones enfocadas al desarrollo regional de las siguientes actividades:

Estas acciones estratégicas, de forma mediata, irán mejorando la calidad de vida de los habitantes de esta región.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, crear el fondo del sureste en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y siguientes, que beneficie a Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y que garantice el desarrollo regional de dichas entidades, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los trabajos de la calle Morelos, entre Francisco I. Madero y Circunvalación, barrio El Rosario; y salvaguardar la declaración de patrimonio cultural de la humanidad otorgada por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la Ciudad de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los casi 50 mil habitantes que tenía en 1950, para los albores del siglo XXI, en el año 2000, alcanzaba los 370 mil habitantes; debido a esto sufre un gran deterioro que pone en peligro su carácter de patrimonio cultural de la humanidad; además la UNESCO advirtió que podría declararlo patrimonio en riesgo si no se le inyectan recursos económicos para rescatarlo.

2. La delegación Xochimilco está preocupada por la falta de recursos económicos a proyectos de mejoramiento de las principales calles de la demarcación, dando una imagen de que los mexicanos no somos capaces de cuidar un patrimonio que ni siquiera nos pertenece, pues es de la humanidad.

3. Por ello hay que optimizar recursos para la construcción de una red de agua potable, drenaje y pavimentación con concreto estampado, en la calle Morelos, entre Francisco I. Madero y Circunvalación, boulevard El Rosario, determinando así que estas obras son necesarias para el reforzamiento hidráulico, tanto en agua potable como en las avenidas que requieren estas obras, con el fin de mejorar los servicios y calidad de vida e imagen urbana a la población habitante de dicha demarcación.

4. La ejecución de la construcción de estos servicios, es, sin duda, una labor financiera en donde cada uno de los proyectos necesitan cierto recurso.

5. Coordinar y efectuar las acciones necesarias son sin duda una aportación para el rescate del centro histórico de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, así como de sus habitantes, dándole una imagen menos deteriorada, la cual es fundamental para el turismo que llega a diario, por eso la necesidad de que se resuelva cada uno de los problemas que presenta.

6. Que en dicho sentido, los trabajos de la construcción de red de agua potable, drenaje y pavimentación con concreto estampado que han sido identificados durante este 2009, requieren actualmente para su realización un monto de $5'109,046.40.

7. Que para cumplir con este objetivo de alta relevancia de preservar y el carácter de patrimonio cultural de la humanidad de Xochimilco, la autoridad delegacional requiere para la calle Morelos, entre Francisco I. Madero y Circunvalación, boulevard El Rosario, un monto total de $5'109,046.40 (cinco millones, ciento nueve mil, cuarenta y seis pesos 40/100 mn).

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de la calle Morelos, entre Francisco I. Madero y Circunvalación, boulevard El Rosario y salvaguardar el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad, declaración otorgada por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear un bachillerato en Moroleón, Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Norma Leticia Orozco Torres , diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos para la creación de una institución educativa de bachillerato en el municipio de Moroleón, Guanajuato, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Actualmente México ocupa el último lugar en cuanto a la distribución del producto interno bruto per cápita para educación, entre los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo cual significa que somos una de las economías que necesita destinar mayores recursos en materia educativa.

En una encuesta realizada por la UNESCO, en el Compendio Mundial de la Educación 2008, se señalo que para garantizar la educación de cada uno de los 33 millones de niños y jóvenes inscritos en primaria, secundaria, bachillerato y la universidad México invirtió, en promedio, poco más de 32 mil pesos por cada estudiante, que lo coloca en el lugar 33 de 44 países evaluados por ese organismo internacional.

La cantidad destinada por México hace que en comparación con el ámbito internacional, México se ubique debajo de lo que hacen los gobiernos de Malasia y Chile.

El poco monto de gasto por alumno en México también es tres veces menor que los recursos que dedica España, y seis veces por debajo de lo que gasta Estados Unidos por cada educando.

Si esto lo traducimos a niveles educativos en los municipios, podemos comentar que los recursos que se destinan a éstos, resultan insuficientes para solventar el rezago educativo, por lo que se requiere de una transformación en el sistema educativo para enfrentar los problemas de pobreza y desigualdad.

En el caso de Moroleón, este es un municipio de Guanajuato, principalmente urbano, que cuenta con 47 mil habitantes entre sus 19 poblados, según datos de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, de los cuales tres mil personas de entre las edades de 15 y 59 años sufren de analfabetismo. Sólo el 33.8 por ciento de la población entre 15 y 24 años asiste a la escuela regularmente.

En el municipio en cuestión, el grado promedio de escolaridad es de primero de secundaria. Solamente el 16.6 por ciento de la población cuenta con una educación media o superior.

Consideraciones

Por esto, para enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza debemos destinar mayores recursos a la educación media superior. Aun cuando es claro que atacar la deficiente calidad de la educación básica debiera ser la prioridad, y que ampliar el acceso a la educación superior constituirá el principal reto en el futuro, la situación de la educación media superior es tal que permite introducir cambios notables con efectos profundos en el corto plazo.

Los diagnósticos suelen coincidir en que una causa del rezago económico y social del país proviene de un bajo nivel educativo que se presenta con fuertes desigualdades. Así, mientras la mitad de la población entre 24 y 64 años apenas ha alcanzado como máximo la educación primaria, lo común en países como Chile o Corea del Sur es haber completado la educación media superior.

Esto lleva a considerar a la educación media superior, cuya matriculación está aumentando gracias a la gran cobertura de la educación básica, como elemento fundamental en el sector educativo, debido a que cumple el papel de ser el vínculo entre el sistema escolar y el mercado laboral, más aún que la educación superior, debido al número de estudiantes que involucra.

Desafortunadamente, la educación media superior ha caído en un descuido dando como resultado un sistema desordenado, no siempre transparente y con una gran fragmentación. Así, por ejemplo, no ha existido un claro esquema de becas para sus estudiantes y no se tiene un título de educación media superior con reconocimiento nacional.

Es por esto que sí en el país, pero sobre todo en los municipios, no existe educación media superior pública, se está haciendo selectiva ésta, debido a que las familias de menores ingresos estarían imposibilitadas para mandar a sus hijos a estudiar a otras ciudades, lo que implicaría gasto en vivienda y alimentación fuera del seno familiar. Además, el traslado a otros municipios para estudiar resultaría oneroso e imposible de realizar diariamente.

La educación media superior es la plataforma más importante en nuestro sistema educativo para combatir la ignorancia, es en esta etapa donde se genera un cambio cualitativo en las conciencias de los jóvenes; desgraciadamente es el nivel educativo donde hay más deserción de estudiantes. Esta grave situación cobra mayor importancia porque estimula la presencia de fenómenos negativos como el crecimiento de los mercados informales, bajos niveles salariales, estancamiento en el nivel de vida de las personas, jornadas laborales inadecuadas, despidos injustificados, contratos temporales; a la vez que se dejan espacios para que el narcotráfico y la drogadicción se implanten en la juventud.

Dentro del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos se constituyen las facultades del Congreso, dentro de las cuales se establece en la sección XXV que es facultad de éste ``... establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias, y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas practicas de agricultura y de minería, de artes y de oficios, museos y bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones...''

Por ello, y con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 se asignen recursos para la creación de una institución educativa de bachillerato en el municipio de Moroleón, Guanajuato.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren los recursos requeridos en los trabajos de avenida Prolongación División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez; y realzar la imagen de la avenida principal de acceso para el turismo de Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la Ciudad de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los casi 50 mil habitantes que tenía en 1950, para los albores del siglo XXI, en el año 2000, alcanzaba los 370 mil habitantes; debido a esto sufre un gran deterioro que pone en peligro su carácter de patrimonio cultural de la humanidad; además la UNESCO advirtió que podría declararlo patrimonio en riesgo si no se le inyectan recursos económicos para rescatarlo.

Por ello que se debe considerar que aunque dicha obra no se encuentra dentro de los límites del centro histórico de Xochimilco, (considerado por la UNESCO desde el 11 de diciembre del 1987 como patrimonio cultural de la humanidad), lo cierto es que se trata de la avenida principal de acceso utilizada por el turismo, dándole así una imagen digna a la zona turística.

22. La delegación Xochimilco está preocupada por la falta de recursos económicos a proyectos de mejoramiento de la avenida principal de la demarcación, dando una imagen deteriorada y que no somos capaces de cuidar un patrimonio que ni siquiera nos pertenece, pues es de la humanidad.

3. Por ello, hay que optimizar recursos para la construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado, en la avenida Prolongación División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez, determinando así que esta obra es necesaria para el reforzamiento peatonal, con el fin de mejorar los servicios, calidad de vida e imagen urbana a la población.

4. La ejecución de la construcción de estos servicios, es, sin duda, una labor financiera en donde cada uno de los proyectos necesitan cierto recurso.

5. Coordinar y efectuar las acciones necesarias son sin duda una aportación para el rescate de una de las delegaciones mas significativas de la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad, así como de sus habitantes, dándole una imagen menos deteriorada, la cual es fundamental para el turismo que llega a diario; por eso la necesidad de que se resuelva cada uno de los problemas que presenta.

6. Que en dicho sentido, los trabajos de la construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado que han sido identificados durante este 2009, requieren actualmente para su realización un monto de 14 millones 231 mil 741 pesos y 2 centavos.

7. Que para cumplir con este objetivo de alta relevancia de preservar y el carácter de patrimonio cultural de la humanidad de Xochimilco, la autoridad delegacional requiere para la avenida Prolongación División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez un monto total de $14'231,741.02 (catorce millones, doscientos treinta y un mil, setecientos cuarenta y un pesos 02/100 m.n.)

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de avenida Prolongación División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez y realzar dignamente la imagen de la av. de principal acceso para el turismo de la delegación Xochimilco.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal destinados a Guanajuato, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Norma Leticia Orozco Torres , diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se asignen recursos por 20 millones de pesos para gasto de inversión correspondiente al Ramo 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales'', para la subfunción 01 ``Educación Básica'' de la actividad institucional ``Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal'', en el programa presupuestario FAEB Guanajuato, el cual será ejercido por la Dirección General de Programación y Presupuesto A, con base en los siguientes

Antecedentes

Como bien sabemos, es un deber fundamental del Poder Ejecutivo federal crear las condiciones de una educación pública nacionalista en toda la federación y elevar el nivel de la educación cada vez más, a fin de que la competitividad del país se incremente.

Es por esto que la educación es la base del progreso y bienestar de los mexicanos. Esta prioridad que le damos a la educación se plasma en el artículo tercero constitucional que establece como obligación del Estado promover una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad cultural.

Sí bien el país ha avanzado en ampliar la cobertura en educación básica y en reducir las diferencias regionales de los servicios educativos, todavía se cuenta con grandes rezagos. Más de 30 millones de personas no concluyeron o nunca cursaron la primaria o secundaria; es decir, un tercio de la población mexicana no ha tenido acceso a la educación básica o no ha podido concluir un nivel educativo.

En una encuesta realizada por la UNESCO en el Compendio Mundial de la Educación 2008, se señalo que para garantizar la educación de cada uno de los 33 millones de niños y jóvenes inscritos en primaria, secundaria, bachillerato y la universidad, México invirtió en promedio poco más de 32 mil pesos por cada estudiante, que lo coloca en el lugar 33 de 44 países evaluados por la UNESCO.

La cantidad destinada por México hace que, en el comparativo internacional, México se sitúe debajo de lo que hacen los gobiernos de Malasia y Chile. El bajo monto de gasto por alumno en México también es tres veces menor que los recursos que dedica España, y seis veces por debajo de lo que gasta Estados Unidos de Amércia por cada alumno

En lo que se refiere al estado de Guanajuato, en materia educativa, este cuenta con poco menos de cinco millones de habitantes, de los cuales, el grado promedio de escolaridad es de séptimo, es decir primer año de secundaria. 22 mil niños entre 8 y 14 años no saben leer ni escribir; más de 330 mil jóvenes mayores de 15 años sufren de analfabetismo; 8 mil niños de cinco años no asisten a la escuela y esta cifra se aumenta a 66 mil estudiantes de entre 6 y 14 años. Sólo 270 mil alumnos entre 15 y 24 años asisten a la escuela, en comparación con los 370 mil jóvenes sin escolaridad alguna. 1 millón 390 mil personas de más de 15 años cuentan con la educación básica incompleta. Y desgraciadamente sólo el 15 por ciento de la población guanajuatense cuenta con alguna formación posbásica.

Consideraciones

El Estado mexicano consagra el derecho a la educación. Este derecho fundamental es de los más loables, uno de los más arraigados desde los inicios de nuestra constitución y uno por los que se tiene que trabajar más, puesto que la educación en nuestra nación no avanza como debiera.

Sí en una entidad federativa no se invierte lo necesario en educación pública, estaríamos haciendo selectiva la educación, puesto que las familias de menores ingresos estarían imposibilitadas para costear educación particular.

Se espera que con este incremento al presupuesto federal, se fortalezca la educación básica y media superior, puesto que estas son las plataformas más importantes en nuestro sistema educativo para combatir la ignorancia, es en estas etapas donde se genera un cambio cualitativo en las conciencias de los jóvenes.

De no aprobar un mejor presupuesto para la educación pública se estarían permitiendo fenómenos negativos como: el crecimiento de los mercados informales, bajos niveles salariales, estancamiento en el nivel de vida de las personas, jornadas laborales inadecuadas, despidos injustificados, contratos temporales; a la vez que se dejan espacios para que el narcotráfico y la drogadicción se implanten en la juventud.

Por estos motivos, es necesario que la inversión en educación sea considerada de prioridad nacional, ya que solo invirtiendo en este rubro se podrán combatir los males que aquejan a nuestro país.

Para cumplir estos objetivos, proponemos que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se incremente en 20 millones de pesos el gasto presupuestado al rubro ``Gasto de Inversión'' en el Ramo 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales'', para la subfunción 01 de ``Educación Básica'' de la actividad institucional correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el programa presupuestario FAEB Guanajuato, el cual será ejercido por la Dirección General de Programación y Presupuesto A.

Este incremento aunque sólo representa el 0.199 por ciento del total que está presupuestado para este programa, representa casi el 200 por ciento de incremento del presupuesto para gasto de inversión de éste, con el que él gobierno del estado podrá expandir y mejorar las opciones educativas en la entidad.

Por ello, y con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se asignen recursos por 20 millones de pesos para gasto de inversión correspondiente al Ramo 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales'', para la subfunción 01 de ``Educación Básica'' de la actividad institucional correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en el programa presupuestario FAEB Guanajuato, el cual será ejercido por la Dirección General de Programación y Presupuesto A.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los trabajos de avenida 16 de Septiembre, entre Francisco Goitia y Cuauhtémoc, barrio Xaltocan; y salvaguardar la declaración de patrimonio cultural de la humanidad otorgada por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto de construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado en la delegación Xochimilco

Considerandos

1. Que el gobierno delegacional con la finalidad mejorar la calidad de vida de 9 mil habitantes de Xochimilco, a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ha identificado vialidades que debido a su importancia al acceso a esta demarcación debe de proporcionar a los vecinos un espacio digno y seguro para el libre tránsito peatonal.

2. Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la Ciudad de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los casi 50 mil habitantes que tenía en 1950, para los albores del siglo XXI, en el año 2000, alcanzaba los 370 mil habitantes.

Por ello hay que optimizar recursos para la construcción de guarniciones, y banquetas, determinando así que estas obras son necesarias para el mantenimiento de avenidas principales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Coordinar y efectuar las acciones necesarias son sin duda una aportación para el rescate del centro histórico de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, así como de sus habitantes, dándole una imagen menos deteriorada, la cual es fundamental para el turismo que llega a diario por estas avenidas que dan la bienvenida a quien visita la delegación.

3. Que el objetivo primordial de alta relevancia de preservar el carácter de patrimonio cultural de la humanidad de la delegación Xochimilco es a través mejorar, el estado general de las banquetas en ambas aceras de la avenida 16 de Septiembre, entre Francisco Goitia y Cuauhtémoc, boulevard Xaltocan, y que rodean al centro histórico de nuestra demarcación ya que a su vez permitirá el futuro diseño de paraderos oficiales para el servicio de transporte público y privado y así salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes viven a lo largo de esta avenida.

4. La ejecución de la construcción de estos servicios, es, sin duda, una labor financiera en donde cada uno de los proyectos necesitan cierto recurso.

5. El coordinar y efectuar las acciones necesarias son sin duda una aportación para el rescate del centro histórico de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, así como de sus habitantes, dándole una imagen menos deteriorada, la cual es fundamental para el turismo que llega a diario, por eso la necesidad de que se resuelva cada uno de los problemas que presenta.

6. Que en dicho sentido, los trabajos de la construcción mejorar, el estado general de las banquetas que han sido identificados durante este 2009, requieren actualmente para su realización un monto de $9,564,706.35 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos seis pesos 35/100 m.n.).

7. Que para cumplir con este objetivo de alta relevancia de preservar el carácter de patrimonio cultural de la humanidad de la delegación Xochimilco, la autoridad local requiere para la calle ante señalada, un monto total de $9,564,706.35 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos seis pesos 35/100 m.n.).

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de avenida 16 de Septiembre, entre Francisco Goitia y Cuauhtémoc, boulevard Xaltocan y salvaguardar el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad, declaración otorgada por la UNESCO el día 11 de diciembre de 1987.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos etiquetados para los trabajos de avenida Prolongación División del Norte, entre Guadalupe I. Ramírez y 16 de Septiembre; y salvaguardar la declaración de patrimonio cultural de la humanidad otorgada por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto de construcción de guarniciones y banquetas con concreto estampado en la delegación Xochimilco

Considerandos

1. Que el gobierno delegacional con la finalidad mejorar la calidad de vida de 9 mil habitantes de Xochimilco, a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ha identificado vialidades que debido a su importancia al acceso a esta demarcación debe de proporcionar a los vecinos un espacio digno y seguro para el libre tránsito peatonal.

2. Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la Ciudad de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los casi 50 mil habitantes que tenía en 1950, para los albores del siglo XXI, en el año 2000, alcanzaba los 370 mil habitantes.

Por ello hay que optimizar recursos para la construcción de guarniciones, y banquetas, determinando así que estas obras son necesarias para el mantenimiento de avenidas principales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Coordinar y efectuar las acciones necesarias son sin duda una aportación para el rescate del centro histórico de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, así como de sus habitantes, dándole una imagen menos deteriorada, la cual es fundamental para el turismo que llega a diario por estas avenidas que dan la bienvenida a quien visita la delegación.

3. Que el objetivo primordial de alta relevancia de preservar el carácter de patrimonio cultural de la humanidad de la delegación Xochimilco es a través mejorar, el estado general de las banquetas en ambas aceras de la avenida 16 de Septiembre, y que es la entrada a la demarcación y a su vez a las bellezas naturales que la localidad posee y que son consideradas patrimonio cultural de la humanidad.

4. La ejecución de la construcción de estos servicios, es, sin duda, una labor financiera en donde cada uno de los proyectos necesitan cierto recurso.

5. El coordinar y efectuar las acciones necesarias son sin duda una aportación para el rescate del centro histórico de Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, así como de sus habitantes, dándole una imagen menos deteriorada, la cual es fundamental para el turismo que llega a diario, por eso la necesidad de que se resuelva cada uno de los problemas que presenta.

6. Que en dicho sentido, los trabajos de la construcción mejorar, el estado general de las banquetas que han sido identificados durante este 2009, requieren actualmente para su realización un monto de $8,760,784.42 (ocho millones setecientos sesenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 42/100 m.n.).

7. Que para cumplir con este objetivo de alta relevancia de preservar el carácter de patrimonio cultural de la humanidad de la delegación Xochimilco, la autoridad local requiere para la calle ante señalada, un monto total de $8,760,784.42 (ocho millones setecientos sesenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 42/100 m.n.).

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de avenida Prolongación División del Norte, entre Guadalupe I. Ramírez y 16 de Septiembre y salvaguardar el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad, declaración otorgada por la UNESCO el día 11 de diciembre de 1987.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir guarniciones y banquetas con concreto estampado en avenida División del Norte, entre la glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez, en Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente:

Considerandos

Que el órgano político administrativo en Xochimilco, con el deterioro en su infraestructura urbana, desgastada por el transcurso de tiempo en guarniciones y banquetas sobre las avenidas principales de entrada y salidas a su centro histórico, siendo un lugar de turístico por excelencia en la Ciudad de México, para mejorar su entorno e imagen urbana ante el turismo nacional como internacional, es necesario la rehabilitación de la infraestructura urbana, con obras de pavimentación con materiales de calidad y de mayor duración que superan a los convencionales. Además con las obras que se proyectan se beneficiará la población de la demarcación dándole seguridad en su integridad física de sus pobladores en su libe transitar.

Con las obras por realizarse con recursos que le sean aprobados, se estaría reafirmando el título que fue otorgado por la UNESCO, como patrimonio cultural de la humanidad (declaratoria 11 de diciembre de 1987), dándole realce a uno de los centros turísticos sui generis de la Ciudad de México, compromiso que no es únicamente responsabilidad del gobierno capitalino, sino también del gobierno federal, ya que con este tipo de obras se estaría mejorando la imagen urbana, para beneplácito de vecinos y visitantes nacionales como internacionales.

Asimismo, con las obras por realizar, un sector vulnerable (discapacitados), sería beneficiados, ya que en estas superficies se incluirían las rampas de accesos, cumpliendo con entidades que imponen se incluya infraestructura para este sector, dando cumplimento y respeto a los derechos humanos y las normas jurídico-administrativas y técnicas.

Que en dicho sentido, los trabajos de construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas con concreto estampado en avenida División del Norte, entre glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez que actualmente requiere para su realización un monto de $13´794,910.20 (trece millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos diez pesos 20/100 m.n.).

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con las obras de construcción de guarniciones y baquetas con concreto estampado en avenida División del Norte, entre glorieta de Vaqueritos y Guadalupe I. Ramírez, delegación Xochimilco.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la pavimentación con concreto estampado y repavimentación con concreto asfáltico en avenida 16 de Septiembre, entre el camino a Nativitas y Francisco I. Madero, barrio Xaltocan, en Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente:

Considerandos

Que el órgano político administrativo en Xochimilco, con el deterioro en su infraestructura urbana, desgastada por el transcurso de tiempo y constante afluencia de transporte en todas sus modalidades, de manera primordial, en sus avenidas y calles que convergen el perímetro de su centro histórico, clasificado como patrimonios cultural de la humanidad y que conduce a la zona de canales turísticos considerados también así, primordialmente los de Nativitas, Zacapa, entre otros, siendo un lugar turístico por excelencia en la Ciudad de México, para mejorar su entorno e imagen urbana ante el turismo nacional como internacional, es necesaria la rehabilitación de la infraestructura urbana, como son avenidas y calles, con obras de pavimentación con materiales de calidad y de mayor duración que superan a los convencionales (cinta asfáltica). Además con las obras que se proyectan se beneficiara a la población de la demarcación dándoles seguridad al transitar por ellas.

Con las obras por realizarse con recursos que le sean aprobados, se estaría reafirmando el título que fue otorgado por la UNESCO, como patrimonio cultural de la humanidad (declaratoria 11 de diciembre de 1987), dándole realce a uno de los centros turísticos sui generis de la Ciudad de México, compromiso que no es únicamente responsabilidad del gobierno capitalino, sino también del gobierno federal, ya que se mejoraría de manera paralela, la infraestructura de las redes secundarías de agua potable, de aguas pluviales, teniendo una captación de este vital líquido, para la recarga de los mantos freáticos.

Que en dicho sentido, los trabajos de construcción de repavimentación con concreto asfáltico en avenida 16 de Septiembre, Camino a Nativitas y Francisco I. Madero, requieren actualmente para su realización un monto de 7'850,691.93 (siete millones, ochocientos cincuenta mil, seiscientos noventa y un pesos 93/100 m.n.).

Por lo expuesto, se pone a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con las obras de pavimentación con concreto estampado y repavimentación con concreto asfáltico en avenida 16 de Septiembre, entre Camino a Nativitas y Francisco I. Madero, Barrio Xaltocan, delegación Xochimilco.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para terminar la obra en sustitución del nuevo hospital general de Zacatecas, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , Claudia Edith Anaya Mota , Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , y Gerardo Leyva Hernández del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Zacatecas, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para este año 2009, cuenta con una población aproximada de 1 millón 379 mil 752 habitantes en todo el estado, de los cuales aproximadamente 808 mil 500 habitantes son población no derechohabiente o sin seguridad social en atención médica, cifra potencial que se identifica como población beneficiada con la construcción del nuevo hospital general Zacatecas de 120 camas.

El actual hospital general de Zacatecas de 90 camas, que inició sus operaciones en julio de 1989, está ubicado en el municipio de Guadalupe (conurbado con la ciudad de Zacatecas).

Se diseñó con una capacidad de 60 camas, que desde su concepción resultaron insuficientes ya que esta unidad sustituyó al hospital civil que contaba con 110 camas. Un año después del inicio de sus operaciones se realizó una ampliación a 90 camas.

Dentro de la problemática del actual hospital general debemos considerar que la unidad cuenta con un terreno que tiene 19 mil 500 metros cuadrados, aproximadamente, que el terreno tiene una pendiente considerable, lo que obliga a una construcción en desniveles y comunicaciones mediante escaleras que eleva costo y dificulta operación.

La unidad está diseñada en varios cuerpos, modelo de ``pabellones'', dispersos en el terreno, sobre terrazas. La superficie de construcción es de 8 mil 895 metros cuadrados; dando un indicador de 98.8 metros cuadrados por cama contra los 120 metros cuadrados por cama del prototipo ideal.

El edificio está construido con techumbre a dos aguas, lo que hace difícil un crecimiento vertical para poder ampliar sus servicios. No cuenta con suficientes cajones de estacionamiento. Tiene problemas de filtración de aguas por las juntas de la techumbre.

Debido al crecimiento de la unidad, la capacidad en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, calderas y gases medicinales es insuficiente.

Hoy día, el hospital general de Zacatecas opera con un porcentaje de ocupación hospitalaria que supera el 100 por ciento.

Con base en un estudio de necesidades, se definió el proyecto ejecutivo del nuevo hospital Zacatecas con un incremento de 90 a 120 camas y aumentando su cartera de servicios, adicionalmente por ubicación estratégica dentro de las áreas de servicio del nuevo hospital se construye también la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Imagenología como un solo proyecto integral con lo que se podrá ofrecer una cartera de servicios ampliada; con esta organización estratégica de la infraestructura hospitalaria en Zacatecas (en la mancha conurbada de Zacatecas-Guadalupe) se contará con un hospital de la mujer (materno infantil), un hospital de pediatría (en el actual hospital general Zacatecas) y un hospital general de 120 camas.

La cartera de servicios concentrada por especialidad y subespecialidad, del nuevo hospital general de Zacatecas contará con:

Actualmente, se tiene un avance físico de obra del nuevo hospital general de 15 por ciento, considerando que en la misma obra se construye además la Unidad de Especialidades Médicas.

Es importante señalar que, dentro de la red de servicios con que cuentan los servicios de salud de Zacatecas, es el de mayor resolutividad por las subespecialidades que maneja y se vuelve el hospital de referencia estatal, no sólo de los hospitales de los propios servicios sino, además, de los cinco hospitales rurales del programa IMSS-Oportunidades y donde también se atiende población de municipios de estados vecinos como son San Luis Potosí (Villa de Ramos y El Barril) y Jalisco (Mezquitic, Huejucar, Santa María, entre otros).

Con la construcción de esta nueva unidad y la utilización de la infraestructura que se queda en el espacio que ocupa el actual hospital, se aumenta de forma importante la disponibilidad de camas censables, disminuyendo el déficit actual que, de acuerdo a los últimos indicadores de resultado de 2007, publicados por la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Salud, Zacatecas presenta un indicador de 0.63 camas por cada mil habitantes mientras que para el nivel nacional es de 0.76 camas por mil habitantes.

La terminación del nuevo hospital general coadyuvará a elevar la calidad de la atención curativa y a mejorar la calidad de vida de la población de Zacatecas y estados circunvecinos; asimismo, al ser una obra en sustitución, la certeza de que se continuará proporcionando servicios de salud está garantizada.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a través del Ramo 12, se consideren recursos por la cantidad de 569 millones 900 mil pesos para la terminación de la obra en sustitución del nuevo hospital general de Zacatecas con capacidad para 120 camas.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para consolidar los planes culturales y las actividades encaminadas a la difusión cultural de Zacatecas, dada su vocación cultural y turística, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , Claudia Edith Anaya Mota , Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes y Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ciudad colonial de Zacatecas se encuentra en la región centro-norte de la República Mexicana. Vestida de cantera rosa, Zacatecas es una de las ciudades más bellas del norte de México y gracias a sus riquezas histórica y arquitectónica fue declarada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

De la amplia gama de monumentos, reconocidos internacionalmente por sus estilos barroco, gótico, churrigueresco y colonial destacan la catedral, el palacio de gobierno, el mercado González Ortega, el teatro Calderón, el ex templo de San Agustín, el ex templo de San Francisco, el templo de Santo Domingo.

Entre los museos podemos citar el museo Pedro Coronel (arte universal), el museo Rafael Coronel (mascaras mexicanas), el museo Manuel Felguérez (arte abstracto), el museo Zacatecano (arte huichol), el museo Francisco Goitia (arte contemporáneo), el museo Toma de Zacatecas (Revolución Mexicana), entre otros.

Asimismo, Zacatecas es rica en tradiciones como las morismas de Bracho, celebradas la última semana de agosto, mediante las que se representa la guerra entre moros y cristianos con parlamentos, diálogos, vestuarios y armamento original.

Los artesanos zacatecanos se distinguen por la finura y belleza con que trabajan la plata, la cantera, los textiles, los bordados, los deshilados y tejidos, además de la peletería y la forja de hierro.

La ciudad de Zacatecas refleja la riqueza que heredó desde la época colonial, manifestándose en forma de bellas construcciones, obras de arte, joyas y trabajo artesanal.

Actualmente, en Zacatecas se cuenta con una amplia agenda cultural que pone al alcance de todos el derecho al acceso a la cultura, a través de los diversos festivales culturales como la red estatal de festivales culturales, la remodelación y equipamiento de diversos recintos culturales tanto en la capital del estado como en otros municipios, el fomento a las artesanías y al desarrollo de actividades artísticas como la bienal Pedro Coronel.

El patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores y es nuestra obligación conservarlo a su vez para las generaciones futuras. Las formas visibles de la cultura, monumentos, tradiciones, obras de arte son tan preciosas que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar su protección y preservación.

Gracias al compromiso del gobierno de Zacatecas y al apoyo recibido en anteriores años, por el Presupuesto federal, ha sido posible garantizar el acceso al derecho constitucional a la cultura no sólo para los zacatecanos, sino para todas aquellas personas que visitan nuestro estado; sin embargo, es preciso continuar asumiendo el compromiso de manera conjunta para no retroceder.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, a través del Ramo 11, se consideren recursos por 125 millones 63 mil pesos para consolidar los proyectos culturales y las actividades encaminadas a la difusión cultural del estado de Zacatecas, dada su vocación cultural y turística.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el área de infraestructura urbana de Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota , Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se considere una asignación presupuestal para el estado de Zacatecas, por la cantidad de 281 millones de pesos, para el área de infraestructura urbana, para ejecutar en el ejercicio fiscal de 2010, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El centro histórico de la ciudad de Zacatecas se encuentra inscrito, desde el 11 de diciembre de 1993, en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Éste es uno de los 21 sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad; por lo cual, debe ser salvaguardado por constituir un legado de incalculable valor, desde el punto de vista histórico y arquitectónico.

En este sentido, el gobierno del estado de Zacatecas, ha realizado diversos proyectos y programas de infraestructura, destinados a la restauración y conservación de las zonas y monumentos históricos de la ciudad. Pues, uno de los criterios para la inscripción de ésta, fue el considerarla como un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico, que ilustra una o más etapas significativas de la historia de la humanidad. Es decir, el centro histórico de la ciudad de Zacatecas fue declarado patrimonio mundial por la conservación de la traza urbana original y por considerarla como la ciudad minera mejor preservada en el mundo. Es así como, el gobierno estatal se ha visto en la necesidad de invertir en proyectos de infraestructura urbana que salvaguarden su centro histórico, para conservar así dicha distinción, a la vez que se contribuye al fortalecimiento del turismo, que es una de las principales fuentes de la economía estatal.

En este contexto, actualmente se realiza un importante proyecto denominado: Plaza del bicentenario, Casas Coloradas''. El cual tiene dos objetivos específicos: el primero de ellos, consiste en redistribuir el flujo vehicular; pues, por un lado, se está construyendo un estacionamiento de aproximadamente 20 mil metros cuadrados, en el cual se podrán alojar 600 vehículos, lo que permitirá reducir los niveles de tráfico en las calles del centro histórico, y así promover actividades culturales y turísticas, que fortalezcan el desarrollo económico de la entidad. Por otra parte, dicho proyecto contempla la construcción de un túnel que saque la carga vehicular proveniente del centro al boulevard del municipio de Guadalupe; lo que, sin duda, contribuirá a la reducción de la contaminación ambiental por combustión de hidrocarburos.

Asimismo, este proyecto contempla la edificación de una plaza conmemorativa del bicentenario. Fecha que, dada su relevancia y significado histórico, no puede pasar desapercibida por ningún órgano ni nivel de gobierno. Y que, sin duda, contribuirá a difundir entre propios y visitantes, la historia cultural de este país.

En adición, es importante señalar que dada las medidas de conservación y restauración, así como la intensa promoción e impulso cultural que se le ha otorgado a la ciudad de Zacatecas, durante la 35 asamblea de la UNESCO, se aprobó la instalación de un Centro Patrimonio Cultural Mundial en el estado, para promover la conservación del patrimonio mundial cultural y natural. Dicha sede tendrá carácter regional con responsabilidades en Centroamérica, el Caribe y México, y tendrá como uno de sus objetivos principales identificar amenazas y factores de riesgo para los bienes patrimonio mundial y otros sitios patrimonios culturales y naturales, incluyendo presiones debidas al desarrollo y restricciones derivadas del subdesarrollo, todo ello, sin olvidar el manejo del turismo en dichos sitios.

Es así, como la autorización de la asignación presupuestal referida, contribuiría invaluablemente a la conclusión de esta proyecto de infraestructura que, sin duda, beneficiará ampliamente no sólo a la población del estado de Zacatecas, sino a la imagen de México ante el mundo, dado el posicionamiento estratégico que implica la instalación de la Oficina Regional de la UNESCO Pues, si logramos consolidar los patrimonios culturales, estaremos contribuyendo directamente a fortalecer la economía derivada de la industria turística.

Finalmente, queremos señalar que parte de la asignación presupuestal que estamos solicitando, se destinará para la terminación de la Procuraduría General de Justicia. Institución cuya consolidación, contribuye directamente en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la procuración de justicia que todas y todos los mexicanos gozamos. Situación que, indiscutiblemente, repercute en la consolidación de un Estado democrático de derecho. Y que, dada la creciente ola de inseguridad y constante lucha contra el crimen organizado, necesariamente requiere del fortalecimiento de la infraestructura de estas instancias, pues de lo contrario se verán en desventaja y proporcionarán servicios deficientes, violentando con ello el derecho a la justicia que mexicanas y mexicanos poseemos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la honorable LXI Legislatura turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Turismo el presente punto de acuerdo, por el que se solicita se considere una asignación presupuestal para el estado de Zacatecas, para el área de infraestructura urbana, para ejecutar en el ejercicio fiscal de 2010.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir una ciudad deportiva en Tlalpan, Distrito Federal, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El deporte siempre ha sido una necesidad histórica, relacionada con el desarrollo, fortaleza y bienestar de los pueblos. De hecho, existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo y el estatus de competitividad deportiva, con una ceñida relación con la salud de los individuos y las sociedades.

Una sociedad con una elevada cultura deportiva es una sociedad sana y pacífica. Sobre todo en las grades urbes y ciudades, en donde el ocio se combina con el sedentarismo y la facilidad para adquirir conductas relacionados con la delincuencia y la drogadicción.

Por tal motivo, sí realmente queremos combatir la violencia, la inseguridad y la delincuencia, debemos poner a disposición de los jóvenes y de las familias, la infraestructura deportiva necesaria para elevar el desarrollo de sus capacidades físicas, fortaleciendo la unidad familiar, la cultura del deporte, del bienestar y la salud.

Máxime cuando nos ubicamos entre los países con los mayores problemas de obesidad, con todos los efectos que de ello se desprenden, como las enfermedades del corazón y demás relacionadas con la presión arterial. Lo que se traduce en fuertes erogaciones para los enfermos, sus familias y el sistema de salud, al igual que en un bajo rendimiento y productividad.

En este mismo sentido tenemos que en los últimos años se ha suscitado un fuerte incremento en los índices de suicidios entre los jóvenes, producto de la crisis económica y de la falta de oportunidades, lo que los lleva a delinquir o a cometer suicido.

Debido al sentimiento de insatisfacción, vacío y desesperanza provocado por la crisis económica y social por la que atravesamos, se ha derivado en problemas psicosociales que pueden subsanarse con actividades físicas y deportivas.

Un país con una adecuada política deportiva, que promueva la cultura del deporte, es un país sano y productivo con una elevada calidad de vida. Eso es algo que se puede observar en las grandes urbes, de ahí los esfuerzos para construir centros y ciudades deportivos.

En el Distrito Federal, específicamente en la delegación Tlalpan, no obstante a los grandes esfuerzos por incrementar e incentivar las actividades relacionadas con el deporte, todavía existe una enorme carencia de todo tipo de instalaciones, por lo que su práctica resulta bastante honrosa en lo que se refiere al coste del pasaje y el tiempo de traslado a los centros deportivos.

Adicionalmente el crecimiento de la delegación, en los últimos años, ha propiciado un incremento en la demanda de infraestructura deportiva para niños, jóvenes y adultos, sin que a la par haya habido un aumento proporcional de la misma. Se requiere un esfuerzo adicional, por nuestra parte, para proporcionales a los ciudadanos lo necesario en materia deportiva.

En la actualidad, en Tlapan existen 10 centros y un parque deportivos, entre los que se encuentran el centro deportivo Villa Olímpica, Sánchez Taboada, La Joya, San Andrés Totoltepec, San Nicolás Tolentino, deportivo Vivanco, Solidaridad, Balankán, San Pedro Mártir, Barrio Niño de Jesús y el parque Morelos. Esta infraestructura que es absolutamente insuficiente respecto al crecimiento poblacional natural, por migración y asentamientos, sufrida en los últimos años por la delegación.

Además, porque al ser Tlapan la demarcación con la mayor extensión territorial, el traslado y la ubicación de cada uno de estos centros los hace prácticamente prohibitivos, en términos de lejanía y traslado, para la mayor parte de la población.

Es importante destacar que la construcción de una ciudad deportiva de gran magnitud beneficiaría, a cerca de 35 mil personas, de una demarcación con una población de 600 mil habitantes.

Pero, además, generaría un enorme número de empleos directos e indirectos, en su construcción, mantenimiento, vigilancia y administración, que mejorarían la calidad de vida de la población en general.

En esta ciudad deportiva se practicarían las disciplinas de ciclismo, natación, clavados, nado sincronizado, polo acuático, atletismo, básquetbol, voleibol, tenis, tenis de mesa, tae kwon do, judo, karate, box, frontón, fútbol siete, squash, tiro deportivo, tiro con arco, levantamiento de pesas y gimnasia, entre otras.

Entre los espacios considerados para su construcción se cuenta un velódromo, un centro acuático con alberca olímpica y plataforma de clavados, pista sintética de atletismo, pabellón polideportivo, pabellón de combate, pabellón de raquetas, sala de tiro deportivo, campo de tiro con arco y canchas de fútbol siete con pasto sintético.

Además de canchas de usos múltiples, de voleibol, de tenis, de fútbol rápido, pista de trote, zona de palapas, área de juegos infantiles, oficinas administrativas, dormitorios, comedor, centro de medicina, aulas de enseñanza, plaza cívica, por mencionar algunas.

Con todos estos servicios, prácticamente de manera inmediata se observarán beneficios en la salud, en la integración familiar, en la disminución de la delincuencia y drogadicción. Así como en el incremento de la productividad.

Con la aprobación de esta propuesta, estaremos cumpliendo con uno de principales mandatos y demandas sociales. Asumiendo un compromiso con el futuro y el bienestar de las nuevas y futuras generaciones.

A nuestros niños y jóvenes les estaremos heredando un mejor futuro, y a los adultos un presente más rico y promisorio en el que todos y cada uno de los ciudadanos podrá realizar y potencializar sus capacidades.

Es por lo antes expuesto y fundado que presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte, de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se contemple una partida de 93.7 millones de pesos para la construcción de una ciudad deportiva en la delegación Tlalpan, Distrito Federal.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría se propone como posible fuente de financiamiento del incremento anteriormente propuesto: 1. El monto de los ajustes y reasignaciones provenientes del Ramo 23, ``Previsiones Salariales y Económicas''. 2. El monto de las reasignaciones internas provenientes de la desaparición del Ramo 05, ``Relaciones Exteriores''. 3. El monto de las reasignaciones internas provenientes de la desaparición del Ramo 27, ``Función Pública''. 4. El monto de reasignaciones internas del Ramo 03, ``Poder Judicial de la Federación''. 5. Los que estime pertinente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con unto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que incluye las acciones y los planes que realizan los sectores relacionados con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Teresa del Carmen Incháustegui Romero , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, en la vida comunitaria, en el ámbito laboral, familiar o docente es un problema que afecta al 63.7 por ciento de las mujeres de 15 años y más, según la Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, levantada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2006. Esta violencia afecta la salud física y mental de las personas y transgrede sus derechos humanos, inhabilitando a sus víctimas directas e indirectas para la vida cívica, social y económica.

Las causas y factores de riesgo de la violencia hacia las mujeres están en la existencia de una discriminación sistemática, producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que se reflejan tanto en la vida privada como en la vida pública.

En México, el Observatorio de la Salud estima que la violencia es la tercera causa que resta años de vida saludable a las mujeres, identificando la presencia de trastornos psicológicos y bajo rendimiento escolar, deserción educativa temprana, huidas de casa y conductas sociopáticas, en hijos e hijas de madres violentadas, o que ejercen violencia en contra de sus hijos e hijas.

Este flagelo social es considerado una fuente de costos sociales y económicos para los países. En 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre 1.6 y 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana. Con base en estas estimaciones, según datos de la Secretaría de Salud, México estaría pagando un costo equivalente a 143 mil 869 millones de pesos por las consecuencias de la violencia, derivado de incapacidades laborales por parte de las mujeres violentadas, gastos en hospitalización y atención de las consecuencias de la violencia física, entre otras.

Para enfrentar este problema y garantizar los derechos humanos a las mujeres, niñas y niños mexicanos, en 2006 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que en el artículo 39 señala que ``el Ejecutivo federal propondrá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley''. Y también establece la coordinación de la federación, las entidades federativas y los municipios para integrar el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de unir esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, en la propuesta de Presupuesto federal para 2010, turnada por el Ejecutivo a esta soberanía, no está incluido este programa ni los recursos correspondientes.

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente para el ejercicio fiscal de 2010, considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de mil millones de pesos para el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que incluye las acciones y programas que realizan los diversos sectores involucrados en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren, en el rubro de turismo, recursos para Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota , Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que se considere una asignación presupuestal para el estado de Zacatecas por 89,3 millones de pesos, para el área de turismo, para ejecutar en el ejercicio fiscal de 2010, conforme a las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Zacatecas ha sido reconocida como una zona primordialmente turística, sobre todo, por su calidad de patrimonio cultural de la humanidad, que ha coadyuvado en la atracción de turismo nacional e internacional. Esta situación hace necesaria la creación de la infraestructura, así como la modernización en las instalaciones turísticas ya existentes, para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales, que permiten impulsar la inversión de este rubro en Zacatecas.

Actualmente, la actividad turística representa alrededor del 6.8 por ciento del producto interno bruto del estado, generando tan sólo en la zona de Zacatecas-Guadalupe una derrama económica de mil 400 millones de pesos, la cual se traduce en la generación de empleos directos e indirectos, que han contribuido a aminorar los efectos de la severa crisis económica que afecta a nuestro país.

Con el ánimo de fortalecer la actividad económica del estado, el gobierno local ha impulsado diversos proyectos en esta área, destacándose los siguientes: la restauración integral del templo de Santo Domingo; el Museo Zacatecano; la construcción del palacio de convenciones del estado; y la regeneración de la imagen urbana de diversos municipios de la entidad. Dichos proyectos se encuentran en su etapa de terminación; por lo cual, solicitamos a estas comisiones, sean considerados para recibir una asignación presupuestal que permita culminar satisfactoriamente con cada uno de ellos.

La restauración integral del templo de Santo Domingo constituye un esfuerzo por conservar el patrimonio histórico y cultural de Zacatecas, específicamente en lo que al rescate de los bienes inmuebles se refiere. Pues son éstos los que identifican y constituyen como un patrimonio de la humanidad. Por ello, en el templo de Santo Domingo se llevaron a cabo estudios geotécnicos, de mecánica estructural, así como trabajos de mantenimiento y restauración del inmueble, a la par de la redistribución de redes eléctricas y la restauración de retablos y del piso. Es importante resaltar que este templo terminó de construirse en 1749 y que cuenta con ocho retablos de la época virreinal y que, en adición, se considera como uno de los mejores conservados en el país.

La aportación solicitada contribuirá a impulsar la tercera fase del proyecto global de restauración que permitirán la instalación de equipos de iluminación, de sonido y de seguridad, los cuales protegerán y exhibirán en todo su esplendor lo que se considera una preciada joya patrimonio cultural de la humanidad, que permitirán que dicho inmueble tenga una permanencia de más de cien años.

En cuanto al Museo Zacatecano, nos permitimos mencionar que éste posee una colección de arte huichol, conformado por más de 150 piezas bordadas, en las que se evoca el sentido religioso y la relación de ésta etnia con la naturaleza; una colección de retablos o ex votos populares, procedentes de diferentes centros religiosos y épocas; una muestra de herrería mexicana de los siglos XVI al XVIII; el acervo de las fotos murales de Juan Víctor Aráuz, el mural de chaquira obra del artista huichol Santos Motoaepohua, de la Torre Santiago, además de la colección imágenes del mundo huichol, integrada por 70 piezas del archivo fotográfico Lylli, que presenta imágenes que abarcan el periodo que va de 1895 a 2000.

Dicho museo, originalmente fue instalado en el edificio que formara parte de la Casa de la Moneda de Zacatecas; sin embargo, dada sus reducidas dimensiones, ha sido necesario realizar múltiples adecuaciones que permitan apreciar la excepcionalidad de las colecciones referidas. Por lo cual, la asignación presupuestal solicitada permitirá que este museo funcione plenamente, permitiéndonos adentrarnos en la historia, cultura, tradiciones y costumbres de una de nuestras principales comunidades indígenas: los huicholes.

En adición, la solicitud de presupuesto incluirá también el equipamiento especializado del palacio de convenciones del estado, el cual, una vez concluido plenamente, permitirá incrementar la derrama económica que, por actividades turísticas, culturales o educativas, se desarrollen en la entidad. Asimismo, en éste se alberga permanentemente el Museo de las Migraciones que se presentó en el Foro mundial de las culturas , en la ciudad de Monterrey, y que fue donado por el gobierno de Nuevo León.

La conclusión de este palacio de convenciones de Zacatecas permitirá garantizar el pleno avance económico, la modernidad y una mayor calidad de vida para las y los zacatecanos; además de la repercusión que tendrá en el sector turístico de la ciudad de Zacatecas.

Asimismo, nos permitimos mencionar que la asignación presupuestal solicitada contribuirá a regenerar la imagen urbana de los municipios de Teúl de González Ortega, Pinos, Jerez de García Salinas y Sombreretes, que, aún y cuando han sido declarados como pueblos mágicos, carecen de la infraestructura necesaria para explotar el potencial turístico que poseen.

Finalmente, nos permitimos destacar que el desarrollo de los proyectos mencionados permitirá la generación de 14 mil empleos directos e indirectos. Lo que repercutirá en el beneficio económico de la población.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo que se considere una asignación presupuestal para el estado de Zacatecas, para el área de turismo, para ejecutar en el ejercicio fiscal de 2010.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos a fin de construir una vía de acceso que comunique Hierbabuena con La Concordia, en Tlahuiltelpa, Hidalgo; y de introducir servicios públicos básicos y electrificación en la comunidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se aprueben recursos etiquetados destinados para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad en los siguientes términos:

Antecedentes

El municipio de Tlahuiltepa, en Hidalgo, ocupa una superficie de 468 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 2 mil metros. Sus colindancias son: al norte con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, La Misión y Chapulhuacán; al sur con el municipio de Eloxochitlán; al oeste con el municipio de Jacala; y al este con los municipios de Molango y Eloxochitlán.

Este municipio cuenta con tres zonas escolares, la 147, la 38 y la 101. La educación que se imparte es preprimaria, primaria, secundaria y, actualmente, la educación media superior a distancia.

En materia de salud, el municipio cuenta con 12 centros de salud en total: una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), cinco unidades de asistencia social de IMSS Solidaridad y seis unidades de la Secretaría de Salud, insuficientes para atender la demanda de la población más pobre del país.

En lo que respecta a vivienda, en el municipio, los hogares son de piso de tierra en su mayoría, con paredes de madera y techo de zacate colorado, caña o tejamanil, algunas otras ya cuentan con paredes de madera, con lodo apisonado y techado de lámina, en un mínimo porcentaje cuentan con block y techado de loza.

Al año 2000, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del Inegi, el porcentaje de población de cinco años y más que habla lengua indígena es de 0.6 por ciento, con respecto a la población total, actualmente la mayoría de los pobladores hablan el español e idiomas como el náhuatl y otomí.

En este municipio se encuentra enclavada la comunidad de Hierbabuena (Yerbabuena), la cual no cuenta con los servicios básicos que son indispensables para un desarrollo adecuado de los habitantes en sus actividades cotidianas.

Que en Hierbabuena, comunidad de Hidalgo; carecen de drenaje, electrificación, incluso de un camino adecuado para comunicar su comunidad con la población más cercana que es la de La Concordia, que se encuentra a cinco kilómetros de distancia, situación que los obliga a llevar todos sus traslados a pie.

Los habitantes de la comunidad de Hierbabuena están obligados a trasladarse diariamente, sujetos a las inclemencias del tiempo, a La Concordia, sólo con el apoyo de animales de carga, de esta manera se abastecen de víveres o trasladan su producción agrícola para venta en las poblaciones aledañas. Esta población carece de electrificación, hecho que limita su calidad de vida y los aísla de los beneficios de este servicio público indispensable para desarrollar cualquier actividad de la vida moderna.

El aislamiento y el abandono gubernamental que padecen los habitantes de esta pequeña población son el día a día, y pese a que han reiterado sus solicitudes a las autoridades municipales y estatales, las autoridades han sido omisas, orillándolos a construir con sus propios medios y trabajo, apenas, un camino rural de poco más de un kilómetro, pero sus recursos son escasos y requieren del apoyo del sector público para concluir el tramo de cinco kilómetros que los comunicará con La Concordia que es el poblado más cercano.

Considerando

I. Que es una realidad que en dicha población habitan decenas de familias que viven en un alto grado de marginalidad que carecen, además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas a las que se enfrentan día a día.

II. Que es nuestro deber como legisladores velar por el bienestar de todos los mexicanos, en particular de los que menos tienen, garantizando que en el presupuesto aprobado a los gobiernos estatales y municipales sea destinado a cubrir, entre otras, las necesidades básicas de la población con la finalidad de elevar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país.

Por ello es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe esta soberanía, establezca una partida presupuestal suficiente y etiquetada para la construcción del camino que durante años han gestionado los habitantes de la comunidad de Hierbabuena, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo, así como para la introducción y dotación de servicios básicos y electrificación.

Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se aprueben recursos etiquetados destinados para la construcción de una vía de acceso que comunique a la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos que permitan consolidar el laboratorio integral y la fábrica de biofertilizantes y plantas in vitro para el occidente de la república, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Indira Vizcaíno Silva , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se considere la asignación presupuestal por la cantidad de 3 millones 900 mil de pesos para la consolidación del laboratorio integral y fábrica de biofertilizantes y plantas invitro, para ejecutar en el ejercicio fiscal de 2010, conforme a las siguientes

Consideraciones

México necesita de tecnologías apropiadas, entendidas como las que se adecuan a la realidad de los países en vías de desarrollo, en tanto requieren de menor inversión de capital y mayor dedicación de mano de obra. Las tecnologías apropiadas dialogan y trabajan junto con los conocimientos tradicionales, los saberes populares y tienen horizontes de amortización de largo plazo. Por eso probematizan y dialogan con el uso socialmente apropiado de las nuevas tecnologías, poniéndolas a prueba en su capacidad de ser adaptables y accesibles para el uso de las mayorías.

El biofertilizante a base de hongos micorrízico arbuscular es un inoculante sólido de alta pureza y estabilidad biológica, que se puede aplicar a una amplia diversidad de cultivos y especies vegetales, con reconocidos resultados evaluados en diferentes sustratos y condiciones de suelo y clima.

El propósito de utilizar estos productos biológicos tiene como objetivo impulsar y apoyar el desarrollo rural a través de diferentes programas y proyectos que garanticen productos de elevada calidad biológica, de alta competencia y como resultados de tecnologías novedosas, lo cual nos permite enfrentar los crecientes precios de los insumos en general y de los fertilizantes minerales en particular. Por otra parte, al integrarse estos productos a los sistemas de la agricultura sostenible, diferente de la agricultura tradicional o convencional, permite el desarrollo de una agricultura más limpia, generando a su vez nuevas fuentes de empleos, incrementando la diversificación de la producción en el sector campesino, lo que contribuye a una calidad de vida superior y un incremento de las relaciones de apoyo y cooperación entre los integrantes del sector.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las diferentes áreas de producción agrícola y programas del estado de Colima no son ajenas a la aplicación del modelo convencional de agricultura, lo que implica un uso indiscriminado de insumos agroquímicos con elevados costos para los productores, lo que hace poco rentable el proceso productivo, produciendo efectos acumulativos de sustancias contaminantes en el suelo y en el agua, afectando el equilibrio químico, físico y biológico del suelo como sistema.

Los precios crecientes de los insumos agrícolas en los diferentes agrosistemas agrícolas, el crecimiento de una conciencia más desarrollada a favor de proteger el medio ambiente y la producción en aumento de insumos biológicos están incrementando el aumento y participación de los biofertilizantes en el suministro de nutrientes para los cultivos.

El desarrollo de una planta productora del bipofertilizante micorrízico en el estado de Colima y el uso y aceptación de éste por diferentes productores agrícolas en una amplia gama de cultivos, requiere de implantar un proceso de control de la calidad que posibilite monitorear la calidad del producto en las diferentes fases de la producción, manejo y aplicación del mismo. Muchos de los productores de este estado que han inoculados sus cultivos han ofrecido testimonios favorables al reducir entre 30 y 50 por ciento la aplicación de fertilizantes minerales y por tanto han experimentado una reducción de los costos de producción y un incremento de los rendimientos y una calidad garantizada de los productos agrícolas durante las cosechas.

El objetivo de elevar la calidad de la producción del biofertilizante contribuirá a un incremento de la competitividad del producto, aumentando sustancialmente su aceptación y los incrementos de la producción final y representará una contribución al desarrollo de las ciencias agrícolas y las tecnologías de producción del campo colimense, lo que nos augura un impacto altamente positivo desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Punto de Acuerdo

Único . Se solicita a esta honorable LXI Legislatura que turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el presente punto de acuerdo por el que se solicita que se considere la asignación presupuestal para ejecutar en el ejercicio fiscal de 2010.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos que permitan consolidar la planta beneficiadora de semillas híbridas para siembra en Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe diputada Indira Vizcaíno Silva , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se considere una asignación de 38 millones de pesos para la consolidación de la planta beneficiadora de semillas híbridas para siembra en el estado de Colima, para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2010, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Actualmente en México se siembran alrededor de 7.7 millones de hectáreas de maíz (amarillo y blanco) de las cuales 2.2 millones de hectáreas son de terrenos de alta a muy alta productividad, 3.7 millones de hectáreas son de suelos de mediana productividad y 1.8 millones de hectáreas son de tierras de productividad baja o marginal.

Mientras que el cultivo del sorgo se siembra en casi 2 millones de hectáreas a nivel nacional, de las cuales un poco más de un millón de hectáreas son consideradas de alta o muy alta productividad, y el resto son terrenos de mediana productividad.

Entendiendo que los terrenos de alta o muy alta productividad, son aquellos que tienen riego y se aplica toda la tecnología para su manejo.

Los terrenos de mediana productividad son aquellos que tienen riego pero son delgados o de aluvión y de buen temporal y que se aplica un buen paquete tecnológico para su manejo.

Mientras que los suelos de productividad baja o marginal son los que se ubican en zonas marginadas de nuestro país y donde la producción agrícola es de subsistencia.

De acuerdo con lo anterior esperaríamos que las necesidades de semilla mejorada (híbridos y variedades sintéticas en el caso del maíz e híbridos en el caso del sorgo) fuera de al menos 5.9 millones de sacos de semilla de maíz y de 2 millones de sacos de semilla de sorgo, considerando que se siembra regularmente un saco por hectárea en los dos cultivos.

Se estima que en México el mercado de semillas mejoradas lo controlan las empresas trasnacionales de un 85 al 90 por ciento, con la venta de bolsas de semilla cuyo costo varía desde los $750.00 hasta los $2,500.00 siendo en su mayoría los híbridos que superan los $1,500.00 por bolsa de 20 kilogramos, sobre todo en el caso de la semilla de maíz. Incrementando consecuentemente los costos del cultivo y bajando la rentabilidad del mismo.

Mientras que la semilla híbrida producida por la mayoría de las empresas nacionales difícilmente supera los $1,000.00 por bolsa de 20 kilogramos.

La semilla nacional mantiene los mismos estándares de calidad que la semilla de las empresas trasnacionales en cuánto a pureza y rendimientos, pero los empresarios nacionales nos vemos en desventaja por no tener el manejo requerido de las semillas cosechadas y envasadas por estar pagando maquilas en plantas de beneficio que se han ido quedando cada vez más obsoletas y la falta de capital para desarrollar campañas publicitarias y entrar frontalmente a la guerra de precios con ellos.

Las utilidades que ellos obtienen salen de México en un buen porcentaje y son recursos que difícilmente regresan para invertirse en nuestro país, mientras que nosotros también generamos empleo y nuestras utilidades es reinvierten en México.

En caso de autorizarse el proyecto estaríamos trabajando con tecnología de punta en cuanto al manejo de semillas mejoradas y estaríamos en franca competencia con cualquier empresa en cuanto a la calidad física y genética de los híbridos vendidos. Proceso en el cual finalmente se beneficiaría el productor al tener otras opciones de compra de semillas de calidad para su siembra y a costos por mucho más accesibles.

Se generarían al menos 15 empleos de base y 3 mil eventuales, siendo estos últimos variables dependiendo de las necesidades del mercado.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que la LXI Legislatura turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Agricultura el presente punto de acuerdo, por el que se solicita se considere una asignación presupuestal para ejecutar en el ejercicio fiscal 2010.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el proyecto de ecoturismo y salud Mujeres del Volcán, en Villa de Álvarez, Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada Indira Vizcaíno Silva , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que se considere una asignación presupuestal para el estado de Colima, por la cantidad de 12 millones 500 mil pesos, para el proyecto de desarrollo de ecoturismo y salud Mujeres del Volcán, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, para ejecutar en el ejercicio fiscal 2010, conforme a las siguientes

Consideraciones

México es uno de los países mega diversos en el mundo, por lo tanto las riquezas naturales por explotar son invaluables. Una de ellas es el manejo de recursos naturales a través de estrategias como el ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo de salud, ofreciendo la oportunidad de convivir con la naturaleza de manera sana e innovadora.

El estado de Colima no es la excepción siendo uno de los lugares en los que se han aprovechado los recursos naturales para desarrollar actividades turísticas y de recreación. En el municipio de Villa de Álvarez existe un grupo de mujeres integrado por dos organizaciones debidamente constituidas y registradas, que pretenden desarrollar un complejo ecoturístico que les permita aprovechar de manera sustentable los recursos con que cuentan.

Colima tiene una afluencia turística de 158 mil 798 visitantes, con una derrama económica de 224 millones 134 mil 300 pesos, siendo los principales destinos las playas de Manzanillo y la capital del estado. El municipio de Valle de Álvarez colinda con la capital del estado, y con Comala y Minatitlán (dos de los destinos turísticos más difundidos en el país) lo que representa un enorme potencial turístico.

De ser autorizado el proyecto, se implementarán procedimientos de planeación y construcción participativa, con lo que se generarán empleos desde la instalación del proyecto, al mismo tiempo que se dota a los beneficiarios para realizar el mantenimiento de las instalaciones.

Dicho proyecto contempla la construcción de cabañas, estacionamiento, tirolesa, zona para montar, restaurante y medicina tradicional (temazcal), con lo que se dotará al grupo de Mujeres del Volcán de Colima de fuentes de empleo y la oportunidad de elevar su calidad de vida, al mismo tiempo que se promueve el turismo hacia el volcán desde Colima.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a esta honorable LXI Legislatura turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo el presente punto de acuerdo, por el que se solicita que se considere una asignación presupuestal para el estado de Colima, a fin de ejecutarla durante el ejercicio fiscal de 2010.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que restituyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 el subsidio federal a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con base en la siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) nació en 2001 como un proyecto innovador, de carácter público, para atender la enorme demanda de educación superior en la capital del país.

La universidad cuenta con más de 10 mil alumnos en cinco planteles situados en diferentes puntos del Distrito Federal y, en casi ocho años de historia, se ha consolidado como una opción educativa de alto nivel académico, participación comunitaria de sus estudiantes y desarrollo de nuevas áreas de conocimiento para atender necesidades y problemas relacionados con la ciencia, la cultura y la educación. ^*

La UACM ofrece estudios a nivel licenciatura, posgrado, diplomados, seminarios y cursos permanentes como parte de los programas de extensión universitaria en áreas científicas, humanísticas e ingenierías.

Su creación como institución de educación superior obedeció para dar respuesta a varias problemáticas educativas, no sólo de la Ciudad de México, sino también del país. En primer término ha contribuido, y sigue contribuyendo, en brindar educación a miles de jóvenes excluidos de acceder a estudios universitarios, particularmente de los sectores no beneficiados por otras instituciones con el mismo carácter.

Acorde con esta premisa, sus planteles se sitúan en zonas con insuficientes entornos sociales, económicos, educativos y culturales, como son las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde actualmente funciona un plantel en cada una de ellas. Otros dos planteles operan en la colonia del Valle y en el centro histórico de la Ciudad de México.

Es así que UACM es una institución con vocación humanista, científica y crítica, cuya misión es contribuir a la satisfacción de necesidades apremiantes de nuestra ciudad en materia de educación superior, la extensión de los servicios educativos a la sociedad y la cooperación con las comunidades de la Ciudad de México para la solución de sus problemas sociales y su desarrollo cultural.

La presencia y actuación de la UACM va más allá de las aulas. Baste como ejemplo el Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal, creado en 2005, en el seno de la institución educativa, como un esfuerzo por desarrollar herramientas para que el recluso no pierda la integración social y tenga la posibilidad de seguir estudiando en algún plantel educativo cuando obtenga su libertad.

Uno de los propósitos centrales de ese programa especial es el de enriquecer la vida del interno, introduciendo nuevas temáticas en el proceso de socialización, no simplemente como una distracción más, sino desarrollando nuevos intereses que pueden resultar centrales en la vida del recluso.

También, dentro del proceso de vinculación con la sociedad y la comunidad aledaña a los plantes de la UACM, la institución lleva a cabo otros programas especiales que son el ambiental, de autogestión cooperativa, de energía, de letras habladas y de educación abierta y a distancia. Asimismo, tiene establecido un centro de estudios de la ciudad.

Éstas y otras actividades que realiza la UACM han sido posibles por el esfuerzo, la imaginación y el compromiso de su comunidad, encabezada por sus autoridades educativas. Pero también han requerido y requieren de recursos para continuar con ellas y consolidar a la UACM como una institución que está comprometida en devolverle a la sociedad los beneficios que genera.

Consciente de ello, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX legislatura asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 y 2009, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 100 millones de pesos, correspondiente a su subsidio federal.

Con esta acción, nuestros compañeros diputados de la pasada legislatura subsanaron una omisión presupuestal hacia la UACM, toda vez que de acuerdo a la Ley de Coordinación para la Educación Superior todas las instituciones públicas de este nivel deben recibir un subsidio federal ordinario.

Empero, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el subsidio federal ordinario para la UACM aparece con cero pesos. Esta situación afectará severamente la continuidad del proyecto académico y social de la institución, pues además está excluida de acceder a los fondos de apoyo extraordinario que se destinan a las universidades estatales del país, como son los programas de carrera docente, de mejoramiento del profesorado, de incremento de matrícula, de saneamiento financiero, entre muchos otros.

Por ello es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita, a través de este punto acuerdo, que le sea restituido el subsidio federal por 100 millones de pesos a la UACM, a efecto de que la institución no vea mermadas o frenadas sus labores que por ley tiene encomendadas.

Por lo fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública restituyan, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el subsidio federal por 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, toda vez que en la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal no se los asignaron recursos.

Nota * Universidad Autónoma de la Ciudad de México, www.uacm.edu.mx, consulta el 27 de octubre de 2009.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se restituyan a las universidades, y a las instituciones de educación superior, de cultura y de ciencia y tecnología los recursos que se les recortaron en dicho proyecto, y se les incremente el porcentaje de la inflación estimada para ese ejercicio, suscrita por los diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Vidal Llerenas Morales , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos Mary Telma Guajardo Villarreal y Vidal Llerenas Morales , diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para mandatar a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública a restituir, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a las universidades e instituciones de educación superior, a las de cultura y a las de ciencias y tecnología los recursos que les recortaron en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, y además a incrementarles el porcentaje de la inflación estimada para 2010, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, el carácter estratégico de la educación está en la órbita de las prioridades políticas a corto y mediano plazo en todo el mundo, pues además de continuar con sus deberes de promover la cohesión y la equidad social, tiene que ser pivote de la competitividad económica y el progreso tecnológico.

Incluso, a nivel mundial se ha planteado que los sistemas educativos pueden convertirse en pocos años --sino es que ya lo son---en la industria del conocimiento de mayor potencialidad del crecimiento económico.

Al respecto, la UNESCO considera que la riqueza global está concentrada cada vez menos en el capital físico (fábricas, tierras, herramienta y maquinarias, entre otras cosas) y cada vez más en el capital humano, donde el conocimiento, las habilidades y la inventiva de las personas son de mayor importancia para la economía mundial.

Adicionalmente, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Así, para la UNESCO la educación ``es el principal medio que permite a menores y adultos marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar activamente en sus comunidades''.

En consecuencia, la importancia de la educación como un derecho humano fundamental y bien público está fuera de duda. Dicho de otra manera, la educación no es lujo, sino factor clave para que la población mejores sus condiciones de vida y contribuya al desarrollo nacional.

Sin embargo, como es del dominio público, el gobierno federal impuso un recorte a la educación pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009. Esta decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publio afectó principalmente a las universidades e instituciones de educación superior, con una disminución de más de 800 millones de pesos, siendo una de la más castigada la Universidad Nacional Autónoma de México con un recorte de 200 millones de pesos.

Y ahora, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el Ejecutivo federal disminuye a la educación pública 4 mil 757 millones de pesos, que significa 5.5 por ciento menos en comparación con el presupuesto aprobado para 2009.

Con este nuevo recorte a la educación pública, las universidades e instituciones de educación superior resultan una vez más severamente afectadas, dado que el Ejecutivo Federal les aplica una disminución de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, que implica un decremento real de 8.7 por ciento.

Pero además, también en la propuesta presupuestal de 2010 desparecen 12 fondos y programas de apoyo extraordinarios y otros disminuyen más de 60 por ciento. Cabe mencionar que estos fondos son fundamentales para el desarrollo y la consolidación de las universidades e instituciones de educción superior estatales.

Así, entre otros fondos que aparecen con cero pesos están cuatro que son estratégicos: el de Apoyo para Saneamiento Financiero de la Universidades por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno; el de reconocimiento de plantillas; el de incremento a la matrícula en educación superior; el de Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario y el de Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.

Y el recorte no termina ahí. Otros fondos son castigados con menos recursos, entre ellos, los siguientes: el de Apoyo para Reformas Estructurales para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones, con 700 millones de pesos menos; el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, con 800 millones de pesos menos; el Programa de Mejoramiento del Profesorado, con 200 millones de pesos; el Fondo de de Modernización para la Educación Superior, con 50 millones de pesos, entre otros.

La magnitud de los recortes presupuestales a la educación superior se pueden constatar en el cuadro siguiente:

La disminución de los presupuestos a la educación superior implica un atentado contra la investigación científica y tecnológica del país, cuyos beneficios para la población han sido plausibles, pues nuestras universidades e instituciones de educación superior públicas realizan el 90 por ciento de la investigación que se produce en el país.

Además, los deficitarios recursos no únicamente se pone en riesgo las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las universidades e instituciones de educación superior, sino además las coloca en peligro de una asfixia financiera para cumplir con las obligaciones que la misma sociedad les exige, como es satisfacer la demanda de miles de jóvenes de acceder a la educación.

No incrementar los recursos a la educación pública, a nuestras universidades e instituciones de educación superior e imponerles recortes presupuestales es condenar al país a permanecer en el rezago en términos de competitividad, que actualmente se traduce en una situación desfavorable para México, pues mientras el 23 por ciento de la fuerza laboral tiene estudios superiores a la secundaria, en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el índice es de 67 por ciento.

Además, la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de disminuir los recursos a la educación pública por demás equívoca, prefigura un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública. Y no sólo eso, también el mandato legal precisa que el incremento de los recursos educativos debe ser en términos reales.

Al respecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), organismo que agrupa a los principales planteles de ese nivel educativo en el país, ha planteado en diversos foros la necesidad de que el presupuesto en educación superior sea equivalente cuando menos al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB), monto a ser alcanzado en 2011.

Los exiguos recursos de la propuesta presupuestal a las funciones de educación superior por 70 mil 208 millones de pesos, implican 0.55 por ciento en relación al PIB, en tanto que el presupuesto aprobado en 2009 por 73 mil 361 millones de pesos, significan 0.66 por ciento de ese indicador. De tal suerte que se tiene una decremento de 0.11 por ciento con relación al PIB.

Por tanto, para poder subsanar ese déficit del 0.11 por ciento, es indispensable que en el presupuesto federal de 2010 se incrementen cuando menos 20 mil millones de pesos a la educación superior, a efecto de ir logrando que en el 2011 se alcance el 1 por ciento del PIB para este nivel educativo.

En un escenario de sobrevivencia de la educación superior es necesario que el incremento para 2010, por lo menos, restituya el recorte aplicado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 por más 3 mil 500 millones de pesos a los programas y fondos de apoyo extraordinario y mil millones para el subsidio ordinario a las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario, cuyo aumento de 284.2 millones de pesos en comparación con el aprobado de 2009, queda pulverizado por la inflación al ser negativo en 3.6 por ciento. En este escenario de sobrevivencia, adicionalmente proponemos un incremento de 4.8 por ciento de inflación, a efecto de tener un presupuesto creciente en términos reales.

En el caso de las instituciones federales, también en un escenario de sobrevivencia, se requiere por lo menos restituirles los decrementos que en términos reales les fueron aplicados, por lo que proponemos un incremento de recursos adicionales por 4.8 por ciento a cada una de ellas, como resarcimiento de la inflación. Hay casos graves como el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que le quitaron el subsidio federal por 100 millones de pesos; el de la Universidad Autónoma de Chapingo, que le recortaron 130 millones de pesos, y el de la Universidad Autónoma Metropolitana, que les disminuyeron 228 .4 millones de pesos. Para estas tres instituciones solicitamos la restitución de dichos recursos y el incremento de 4.8 por ciento de inflación.

En el caso del subsector cultura también proponemos que le sean restituidos los 3 mil 667.1 millones de pesos que le recortan en la propuesta presupuestal, pues resultaron afectadas 14 instituciones de cultura. De igual manera, solicitamos la restitución de los recursos recortados y el incremento adicional de 4.8 por ciento de la inflación. El siguiente cuadro muestra los decrementos para ese subsector:

Para la ciencia y tecnología, proponemos también un incremento adicional del 4.8 por ciento de la inflación a los Centros Públicos de Investigación y a los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, toda vez que el incremento de 23 millones de pesos para 2010, resulta nugatorio por la inflación. El aumento del 4.8 por ciento también es en un escenario de sobrevivencia, pues las instituciones del sector científico y tecnológico, así como sus diversos programas, arrastran un déficit presupuestal producto de constantes recortes.

Baste mencionar que para 2009 ni siquiera fue respetado el proyecto de presupuesto que le asignaba 15 mil 525.7 millones de pesos, pues en el presupuesto aprobado de ese año resultó con un recorte de 51 millones de pesos. De tal suerte que el incremento propuesto para 2010 por 23.7 millones en nada compensa el déficit presupuestario por la inflación. En el cuadro siguiente se puede apreciar esta situación:

Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a no poner en peligro de asfixia financiera a nuestras universidades e instituciones de educación superior; a no orillar a miles de jóvenes a ser presas de la delincuencia o el narcotráfico por falta de oportunidades para acceder a la educación; a no continuar hipotecando el futuro del país. Los exhorto a que apostemos por la educación pública y le asignemos mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados mandata a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública a restituir, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a las universidades e instituciones de educación superior, a las de cultura y a las de ciencia y tecnología los recursos que les recortaron en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y a incrementen sus presupuestos cuando menos en 4.8 por ciento de la inflación estimada para el 2010.

Segundo. En caso de la educación superior, la restitución deberá comprender los cerca de 3 mil 500 millones de recorte presupuestal, otorgando prioridad a los programas y fondos de apoyo extraordinario estratégicos para las universidades e instituciones públicas estatales de educación superior y los mil millones de pesos a su subsidio ordinario y un incremento de 4.8 por ciento de la inflación. En lo referente a las universidades e instituciones federales de educación superior el resarcimiento comprende un incremento adicional de 4.8 por ciento de la inflación, y para la Universidad Autónoma Metropolitana, el resarcimiento de 228.4 millones de pesos; a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la restitución del presupuesto federal por 100 millones de pesos y a la Universidad Autónoma de Chapingo el resarcimiento de los 130.9 millones disminuidos; además de un incremento del 4.8 por ciento de inflación.

Tercero. En lo relativo al sector cultural el resarcimiento comprende los 3 mil 667.1 millones de pesos de recorte presupuestal y un incremento de 4.8 por ciento de la inflación, otorgando prioridad a las instituciones del Subsector Cultural cuyos presupuestos fueron recortados de acuerdo al cuadro referido en las consideraciones del presente punto de acuerdo.

Cuarto. En cuanto a la ciencia y tecnología, el incremento comprende el 4.8 por ciento de la inflación para los centros públicos de investigación y los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, toda vez que el aumento de 23 millones de pesos, resulta nugatorio por la inflación.

VOLUMEN II

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos que permitan incluir el programa de protección civil para las viviendas en riesgo, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Rigoberto Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la década de los 40 y 50, la Ciudad de México experimentó una importante inmigración de personas, principalmente habitantes del campo, que vinieron a radicar a la ciudad buscando un mejor nivel de vida. Sin embargo, y como ocurre hoy en día, nunca hubo una planeación adecuada de los asentamientos. A partir de esa época se acuño la expresión ``Paracaidistas'' para nombrar a las personas que con palos, piedras y láminas de cartón llegaban de pronto a un predio baldío para edificar sus viviendas.

Muchas de estas viviendas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad estructural. Además, están asentadas en zonas donde hubo minas (que implican el riesgo de hundimiento), en laderas de las montañas o en las barrancas (espacios que mantienen el riesgo de inundaciones y desgajamientos). Las principales delegaciones donde se localiza esta problemática son Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y especialmente, Álvaro Obregón y Tláhuac.

El caso de la delegación Álvaro Obregón se caracteriza por un territorio saturado de sitios con diferentes aspectos que representan un gran peligro para la población. Ahí, siete de cada diez habitantes se encuentran en zonas de muy alto riesgo.

De acuerdo con el atlas de riesgo de la zona, que elaboró la delegación, se tienen detectadas siete fallas geológicas, oleoductos, 80 zonas de inundaciones, una estación de almacenaje de combustible a cargo de Pemex y hasta una fábrica de pólvora que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se han identificado 800 puntos de riesgo, de los cuales 500 se catalogaron de muy alta peligrosidad. La mayoría de éstos corresponden a las lluvias, pues ponen en riesgo crítico a 460 mil personas que viven en barrancas, 100 mil más que están asentadas en lechos de ríos y 52 mil viviendas ubicadas sobre minas. En total, podrían estar en riesgo en la ciudad cerca de 800 mil a 1 millón de personas.

Este problema no es nuevo ni desconocido. La mayoría de las viviendas en riesgo se resuelve dando alternativas viables a las familias que requieren ser desalojadas.

En los últimos años se han presentado aludes que han cobrado vidas humanas y causado pérdidas cuantiosas, principalmente en las delegaciones Iztapalapa, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Tláhuac.

No se omite señalar que en el Presupuesto de Egresos del 2008 la Cámara de Diputados autorizó 750 millones de pesos para proyectos de rescate, construcción de muros de contención, relleno de minas, otorgamiento de créditos a personas que tuvieron que ser desalojadas y créditos para hacer mejoras estructurales a las viviendas. Sin embargo, se estima que se requiere al menos otro tanto para reducir totalmente los riesgos inminentes en que viven miles de personas en la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al pleno de esta honorable Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos por la cantidad de mil millones de pesos para el Programa de Protección Civil para las viviendas en riesgo de la Ciudad de México.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para mejorar la infraestructura penitenciaria, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, reformó el artículo 18 constitucional con la intención de remediar las pésimas condiciones en que se encuentran las prisiones en nuestro país, condiciones debidas, principalmente, a que no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante, dentro de la las políticas de asignación de recursos. Las prisiones son vistas como un gasto que siempre sería deseable poder economizar. Esta posición ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos.

``Entre las causas que producen el fracaso del sistema penitenciario están la sobrepoblación, originada por el gran número de personas consignadas y la limitada capacidad de habitación de los reclusorios; la dilación en la tramitación de los procesos; la carencia de personal profesional; los bajos salarios del personal de las prisiones y la corrupción provocada por los internos que cuentan con poder económico (delincuencia organizada). Las lesiones, el homicidio, el tráfico de drogas y los motines forman parte de la vida cotidiana de la prisión'' ¹ .

En Michoacán, el problema de la sobrepoblación penitenciaria es delicado, no sólo atañe a las prisiones para adultos, sino que se ha extendido a los centros de tratamiento para menores infractores, ante el aumento de jóvenes que participan en la comisión de delitos contra la salud, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada.

Ante esta problemática, el Gobierno del estado de Michoacán ha implementado un programa de infraestructura penitenciaria y la creación de un Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2010, considere en el Ramo 33 la programación de $41,926,236.00 (cuarenta y un millones novecientos veintiséis mil, doscientos treinta y seis pesos) para el rubro de infraestructura penitenciaria en el estado de Michoacán.

Nota: 1 Victoria Adato Green, ``Urge instrumentar una política criminal que dé resultados'', en Iter Criminis Revista de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, núm. 12, octubre 2004-marzo 2005, pp. 11-23.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales de la cuenca del río Cupatitzio, en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Cupatitzio, en el estado de Michoacán, comprometen su sobrevivencia. De ahí la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos de la región y principalmente del agua en el Sistema de Riego Cupatitzio-Cajones.

Para atender esta problemática, el Gobierno del estado de Michoacán ha elaborado el Programa de Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Cupatitzio en una visión integral y con un horizonte de largo plazo.

El programa busca beneficiar a 30 mil hectáreas de riego, haciéndolas más eficiente. Para ello, promueve la tecnificación del uso del agua en el modulo I y II correspondiendo a áreas de Gabriel Zamora y parte de Nueva Italia.

El programa requiere en total de 184 millones de pesos. En una primera etapa para el pago del proyecto ejecutivo y entubamiento del denominado canal Acequía El Grande se requiere de un total de 69 millones de pesos para ejercer en el año 2010. De esta inversión total corresponderían 60 millones de pesos a la Federación, 6 millones de pesos al gobierno del estado, y 3 millones de pesos al municipio y los usuarios.

Para el año 2011 se esperaría una inversión de 115 millones de pesos para completar el monto total de la inversión.

Se considera que con este proyecto el balance hidrológico de la cuenca del río Cupatitzio será favorable y se podría mejorar o planear nuevos desarrollos hidroagrícolas en otros municipios del estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos por la cantidad de 60 millones de pesos para el Programa de Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Cupatitzio, Michoacán.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren para infraestructura carretera de Zacatecas recursos por lo menos equivalentes a los aprobados en el PEF de 2009, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Claudia Edith Anaya Mota , Gerardo Leyva Hernández , Heladio Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión pública, especialmente en infraestructura en materia de comunicaciones, es una de las medidas contracíclicas que debe implantar cualquier economía en recesión.

Además, la inversión en infraestructura es un elemento indispensable para el desarrollo económico de cualquier país en esta sociedad.

A partir de 2007 se ha venido incrementando de manera significativa el presupuesto en materia de infraestructura carretera en todo el país. En 2007 se presupuestaron 29,412 millones de pesos. Para el siguiente año se aumentó a 38,379 millones y en 2009 la inversión se incrementó hasta 48,251 millones de pesos. Sin embargo, para este año en la iniciativa enviada por el Ejecutivo únicamente se considera 48,329 millones. Es decir, una reducción en términos reales, puesto que ni siquiera se logra compensar el efecto de la inflación.

Aunque a todo el país le va mal, en el tema de infraestructura carretera a algunos les va peor que a otros. Entre los más afectados se encuentra Zacatecas. En 2009 se aprobaron 1,868.1 millones de pesos, lo que constituyó un impulso muy importante a la modernización del estado. Se ha logrado avanzar de manera significativa en los ejes que conectan al estado con el resto del país.

Los ejes Zacatecas-San Luis Potosí, Zacatecas-Coahuila, Fresnillo-Durango y Zacatecas-Guadalajara implican un salto fundamental en el desarrollo del estado y fue posible avanzar gracias a que se tomó la decisión política de hacer crecer por primera vez en muchos años, la inversión pública en este sector de la economía.

El gobierno del estado tomó el tema de infraestructura como una prioridad, lo que ha permitido que exista una coordinación estado-federación que ha arrojado buenos resultados.

Lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo para este año únicamente considera 1,122 millones de pesos para infraestructura carretera en Zacatecas. Además, de esta cantidad debemos descontar casi 500 millones de pesos que, de manera errónea, vienen etiquetados para proyectos ya concluidos o no prioritarios. Esto implicaría una noticia gravísima para el estado. Significaría no sólo el freno de buena parte de los proyectos estratégicos sino el retraso en la comunicación del estado con el resto del país y del mundo.

En términos efectivos, se está reduciendo la inversión en infraestructura carretera para Zacatecas de 1,868.1 millones de pesos en 2009 a únicamente 645 millones en 2010. Esto resulta realmente escandaloso e inaceptable. Su aprobación sin cambios significaría una verdadera agresión a los zacatecanos.

Los legisladores de Zacatecas llamamos a la Comisión de Comunicaciones a efecto de que revise, de manera urgente, a fondo y con rigor, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y ejerza a plenitud sus facultades para elaborar un dictamen que tome en cuenta las preocupaciones de todas las regiones del país y garantice que ningún estado se vea afectado de manera desproporcionada.

De manera específica, llamamos a la Comisión de Comunicaciones a efecto de que se apruebe un presupuesto por lo menos equivalente en términos reales a lo que se presupuestó en 2009.

La licenciada Amalia García Medina entregó el 22 de octubre a la Comisión de Comunicaciones la lista de proyectos prioritarios que los legisladores zacatecanos asumimos como propia.

Asimismo, pedimos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que valore con criterios técnicos objetivos y con una visión que ponga en primer término el desarrollo equilibrado y justo de todas las regiones del país.

Ningún estado de la república merece que se reduzca hasta un tercio, de un año a otro, la inversión programada en un rubro tan fundamental como lo es la infraestructura carretera.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una inversión en materia de infraestructura carretera para el estado de Zacatecas, por lo menos equivalente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2009 por un monto de 1,868.1 millones de pesos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a la creación del proyecto educativo y al desarrollo del parque fabril para establecer la industria aeroespacial en Zacatecas, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputada Claudia Edith Anaya Mota y diputados Gerardo Leyva Hernández , Heladio Verver y Vargas, Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una condición indispensable para la paz y prosperidad de nuestro país es garantizar el derecho de todo individuo a un empleo digno y remunerado.

Una de las consecuencias de la actual crisis económica que enfrenta el mundo, pero con especial gravedad nuestro país, es la pérdida de cientos de miles de empleos, cada uno de los cuales representa un desastre en la familia afectada.

Por eso reviste especial importancia que empresas de prestigio internacional decidan escoger a nuestro país para desarrollar aquí proyectos de inversión que tienen la capacidad de detonar el crecimiento económico de toda una región.

La empresa Triumph, de origen estadounidense, es una de las más importantes de los fabricantes de partes de aviones y helicópteros del mundo, eligió el estado de Zacatecas para invertir por lo menos 208 millones de dólares. Esto implicará la creación de más de mil 400 empleos directos en una primera etapa del proyecto. Por tanto, es un deber de todo gobierno establecer las condiciones para hacer realidad este desarrollo.

La parte que corresponde al gobierno de Zacatecas ha sido generar la infraestructura necesaria para la instalación no sólo de la empresa Triumph, sino para todo el conjunto de empresas que conformarán el cluster aeroespacial que trae aparejado un proyecto de esta envergadura.

El total de inversiones públicas requeridas será de 436.2 millones de pesos, que se obtendrán de diversas fuentes y programas

Sin embargo, es indispensable que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se autoricen 179.6 millones de pesos.

Estos recursos pueden ser canalizados a través del Fondo Proméxico de la Secretaría de Economía. Cabe señalar que en 2009 este fondo tuvo recursos por 50 millones de pesos y en el Proyecto del Ejecutivo 2010 se contemplan 33 millones de pesos. Por tanto, resulta urgente incrementar de manera significativa su bolsa nacional y etiquetar de manera específica estos 179.6 millones para Zacatecas.

La autorización de esta partida presupuestal es indispensable para dar viabilidad la inversión de la industria aeroespacial y, por consiguiente, para la generación de empleos.

Cabe señalar que esta industria requiere mano de obra altamente especializada y se eligió a Zacatecas porque tiene personal capacitado en las áreas requeridas. Por tanto, los empleos que se generarán serán de calidad, con estabilidad laboral para los trabajadores, con la garantía de todos sus derechos laborales, con sueldos competitivos y posibilidades de desarrollo profesional.

Más de mil 400 empleos de esta calidad, implicarán una derrama económica muy importante para toda la región, tendrán un efecto multiplicador en el consumo y, por lo tanto, significarán un detonante para el desarrollo económico.

Tenemos confianza en que la creación de un cluster aeroespacial atraerá inversiones adicionales en otras industrias y la creación de una red de pequeñas y medianas industrias locales que son el núcleo de toda economía próspera.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 un paquete de recursos por 179.6 millones de pesos, a fin de crear el proyecto educativo y desa-rrollar el parque industrial para el establecimiento de la industria aeroespacial en Zacatecas.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para divulgar la ciencia y equipar los centros científicos de Zacatecas, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputada Claudia Edith Anaya Mota y diputados Gerardo Leyva Hernández , Heladio Verver y Vargas, Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un elemento distintivo del género humano es nuestra capacidad de transformar nuestra realidad. Desde los primeros avances tecnológicos que dieron origen a la civilización humana, el conocimiento, la experimentación, la creación de nuevas herramientas, dieron a la raza humana el dominio sobre el mundo y la naturaleza.

Hoy se dice que vivimos en una sociedad del conocimiento. La ciencia en el mundo moderno ocupa un lugar central. Es impensable una sociedad desarrollada en lo económico que no tenga una gran potencia en calidad científica.

Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 no aborda el tema del desarrollo tecnológico del país. De sus más de 300 páginas, ni una sola se dedica a este tema. No hay un solo objetivo tecnológico o científico en el documento rector del desarrollo nacional.

Esto, obviamente, se traduce en una escasa inversión en el desarrollo científico del país. Este atraso científico fue evidente cuando no tuvimos capacidad para responder de manera adecuada al surgimiento de la gripe aviar. Ni siquiera logramos identificar el virus, ni mucho menos registrarlo o desarrollar una vacuna propia.

Esta situación de atraso tecnológico afecta a todo el país. Sin embargo, los pocos Centros de Investigación están concentrados en unos cuantos estados. Sólo el Distrito Federal cuenta con un total de 63 Centros de Investigación Científica. Zacatecas sólo tiene uno, a pesar de que posee uno de los índices más altos de miembros del Sistema Nacional de Investigadores por cada cien mil habitantes.

Y es que en Zacatecas se han desarrollado procedimientos de difusión y divulgación de la ciencia como instrumentos educativos formales y no formales creados para cerrar brechas en el rezago educativo actual y que fomenten la comprensión e interés por la ciencia por parte de los niños y jóvenes zacatecanos.

Asimismo, se han construido mecanismos ágiles, eficientes y responsables en la propuesta e implementación de soluciones tecnológicas a los problemas básicos de atraso productivo y pobreza, mediante transferencia o construcción propia de tecnologías específicas para problemas concretos de nuestro medio.

Para promover condiciones culturales y educativas que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del estado, a través de programas de apoyo y promoción a la investigación y de divulgación y difusión de la importancia de la ciencia y la tecnología como vías para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad zacatecana, se creó el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, en 1991, el cual ha implantado programas como la Semana de la Ciencia y la Tecnología, el Registro Estatal de Investigadores, redes de investigación productivas, centro interactivo zig-zag; y divulgación en las distintas universidades e institutos de educación superior del estado.

Por eso, como zacatecanos y como diputados apelamos hoy para que ante el fortalecimiento y construcción de un federalismo auténtico se amplíe el presupuesto al estado de Zacatecas, para lograr el desarrollo de infraestructura que detone la economía local, beneficiando no sólo a los zacatecanos sino al resto de los mexicanos.

Existen programas de gran importancia, proyectados, presupuestados y en ejecución para el siguiente ejercicio fiscal y, de no contar con el presupuesto necesario, serán detenidas, atrasando aún más el desarrollo sustentable. No podemos omitir que es finalmente, a través de los estados y municipios, que la gente encuentra el beneficio más evidente y cercano, por eso debemos privilegiar hoy los presupuestos a las entidades, en aras de fortalecimiento del federalismo nacional.

En tal virtud, Zacatecas necesita asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los zacatecanos puedan tener acceso adecuado a los mercados regionales, nacionales e internacionales, que detonen el aprovechamiento de recursos de la región y garanticen un mejor nivel de vida a sus habitantes.

No contar con los recursos económicos suficientes limita la acción gubernamental y, por tanto, el beneficio social, que es lo que tanto se ha buscado en los últimos sexenios.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2010 recursos para divulgar la ciencia y equipar los centros científicos de Zacatecas con por lo menos 31 millones de pesos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los programas relacionados con la infraestructura hidroagrícola y el agua potable de zonas urbanas y rurales de Zacatecas, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota , Gerardo Leyva Hernández , Heladio Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez y Ramón Jiménez Fuentes , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En materia de recursos hidráulicos, los estados con clima desértico y semidesértico deben tener un tratamiento especial. Los índices pluviométricos en las zonas clasificadas como áridas alcanzan hasta 400 mm, de precipitación anual, con 8 a 12 meses de secas; y en las semiáridas, el promedio va de 400 a 700 mm, con 6 a 8 meses secos.

Las zonas semidesérticas están en una situación permanente de riesgo ecológico. La acción humana depredadora y la falta de políticas públicas que preserven el equilibrio ecológico pueden provocar el avance del desierto y la pérdida definitiva de tierras productivas, ocasionando un grave e irreversible daño a toda la región.

Las zonas semidesérticas del país requieren inversiones públicas de carácter estratégico y de largo plazo para enfrentar los desafíos de la naturaleza y preservar la actividad económica, vital para miles de ciudadanos que habitan en esas regiones inhóspitas.

Zacatecas tiene amplias zonas semidesérticas. Más de 30 de sus municipios tienen regiones con ese clima.

Como consecuencia de ello se enfrentan sequías recurrentes, por lo menos cada cuatro años. Esta situación climática provoca graves daños en la economía del estado. Un año sin lluvia suficiente representa sufrimiento para miles de familias zacatecanas.

La única manera de prevenir los efectos devastadores de la sequía es invertir de manera suficiente en la infraestructura hidroagrícola y las medidas preventivas indispensables para almacenar el líquido, administrarlo con eficiencia y evitar su desperdicio.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se aprobaron 560.1 millones de pesos destinados a los programas que maneja la Comisión Nacional de Agua en el estado. Este monto habría representado un gran paso para la prevención de catástrofes. Sin embargo, hasta el momento no se ha erogado, y parece que habrá graves subejercicios.

Los datos que nos han proporcionado los técnicos de la Conagua y de nuestro grupo parlamentario indican que se tienen considerados únicamente 332.2 millones de pesos para Zacatecas.

Ese presupuesto representaría un duro golpe al proyecto de los zacatecanos de lograr un estado menos vulnerable a los vaivenes del clima.

Una nueva sequía en tiempos de tanta dificultad económica como los que enfrentamos en este momento pondría en riesgo la supervivencia económica de comunidades enteras, afectaría el desarrollo de la región y dispararía la problemática social, política y de seguridad que ya sufrimos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos dirigidos a los programas relacionados con la infraestructura hidroagrícola y el agua potable para zonas urbanas y rurales por un total de al menos 560.1 millones de pesos, que son equivalentes a lo aprobado en 2009.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para concluir la construcción de la escuela secundaria La Cuesta, en Álvaro Obregón, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Dado los enormes rezagos en el país en materia de cobertura, calidad y acceso a la educación, en específico la relativa a la educación media básica, y con el objetivo de crear infraestructura educativa en beneficio de población de escasos recursos, la delegación Álvaro Obregón, a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, lleva a cabo desde 2006 la construcción de obra nueva del proyecto arquitectónico escuela secundaria La Cuesta, en el predio del mismo nombre, situado en Río Guadalupe sin número en la colonia el Mirador.

2. El proyecto cuenta con una superficie de terreno de 3 mil 500.00 metros cuadrados y una superficie de construcción de 2 mil 673.60 metros cuadrados, y beneficia directamente a las colonias Tetelpan, La Joyita, El Mirador, San Clemente, Tecalcapa, Tetelpan Pueblo, Puente Colorado, Ocotillos, La Peñita, Flor de maría, Camino Real a Tetelpan, Alcantarilla, Tizampampano, Herradura y Lomas de Guadalupe, atendiendo una población de 26 mil 947 habitantes.

3. El inmueble contará de cinco cuerpos, todos, según los planos (ARQ-01,ARQ-02, ARQ-03, ARQ-04, ARQ-05, ARQ-06, ARQ-07), independientes, cimentados sobre pilas que tienen una profundidad promedio de 12.50 metros, sobre la cual se desplanta una estructura de concreto armado que tiene la planta baja, y dos niveles, adicionalmente la azotea, los entre pisos tienen una altura de 2.90 metros en cada uno de los cuerpos, asimismo se tiene considerando un área adicional para conserjería con servicios independientes.

4. La escuela secundaria tendrá con área de gobierno 15 aulas didácticas, 1 salón de música, así como espacios para específicos para talleres de dibujo técnico, taquimecanografía, computación, electrónica y corte y confección. El plantel tendrá además dos laboratorios, una sala de audiovisual, biblioteca y servicio de sanitarios.

5. Para dar cumplimiento a este proyecto, la delegación ha ejercido en la primera etapa en 2006 la cantidad de 6 millones 154 mil 232.62 pesos en trabajos consistentes de conformación de tercerías, de muros de contención y estabilización de taludes; en la segunda etapa, en 2007, ejerció la cantidad de 5 millones 825 mil 622.62 pesos en trabajos de obra civil del edificio principal A, como son estructuras de concreto armado (columnas, trabes y losas, muros tipo novoceramic, escalera metálica, paso para instalaciones hidráulicas y eléctricas); en la tercera etapa, en 2008, en la que se ejercieron 5 millones 701 mil 832.55 pesos, se construyó un segundo edificio D, se cimentó la planta baja y las columnas del primer nivel y se protegieron los muros de contención; en la cuarte etapa, en este 2009, se ejercieron 14 millones 270 mil 111.41 pesos.

6. El importe total ejercido a la fecha es de 31 millones 951 mil 799.24 pesos de un total de inversión de 66 millones 715 mil 866.83 pesos, requiriendo para considerar en el Presupuesto de Egresos de 2010 un importe total para conclusión de la obra de 34 millones 764 mil 67.59 pesos.

Considerandos

1. Que ante esta problemática, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido mecanismos de coordinación institucional y de política pública entre las autoridades y actores federales a fin de garantizar a los jóvenes de la ciudad el derecho a la educación de manera corresponsable.

2. Que ante la situación de crisis económica que sufre el país que agudiza la falta de oportunidades educativas, y laborales entre la población resulta necesario establecer acciones en los diferentes ámbitos de gobierno para garantizar el acceso educativo de la población media básica.

3. En este sentido, la delegación Álvaro Obregón, en colaboración con los vecinos de la comunidad, proyecta y realiza en diversas etapas, desde 2006, la construcción de la escuela secundaria La Cuesta.

4. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad, los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes.

5. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a establecer acuerdos y convenios entre las distintas instancias de gobierno local y federal con la finalidad de garantizar el acceso a la educación y la cultura a los jóvenes del Distrito Federal.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados que se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para concluir la construcción de la escuela secundaria La Cuesta en la delegación Álvaro Obregón.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para promover el desarrollo rural de las zonas de mayor atraso relativo, a cargo del diputado Ramón Jiménez Fuentes , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Ramón Jiménez Fuentes , diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en el artículo 55, está consignado el Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, con una asignación presupuestal de 750 millones de pesos.

2. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 (PPEF 2010), el Ejecutivo federal no ha incluido el fondo mencionado, siendo necesaria su restitución con el incremento correspondiente en términos reales, en virtud a la importancia de los apoyos que se otorgan a los estados de la demarcación comprendida en el altiplano semidesértico: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas. Es también necesario que en los lineamientos para la operación del fondo se defina que las entidades federativas participarán en la delimitación de los municipios beneficiarios.

3. Por lo que corresponde al estado de Zacatecas, en particular en las zonas ganaderas, debido a las escasas precipitaciones pluviales, es menester dirigir apoyos presupuestales orientadas a la ``cosecha de agua'', tanto para usos agrícolas como pecuarios. Para estos efectos la construcción de pequeñas presas, bordos, abrevaderos, la adquisición de maquinaria para abrir caminos, para el transporte de ganado, insumos y productos agrícolas, entre otros, son actividades prioritarias, que deberán apoyarse.

4. En el fondo regional consignado en el PPEF 2010, en necesario incluir al estado de Zacatecas tanto por el nivel de pobreza de su población, como por el atraso de las actividades productivas, que han provocado que esta entidad sea importante origen de la migración hacia Estados Unidos de América.

5. En los Componentes del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, así como en sus reglas de operación, es preciso determinar apoyos presupuestales para los efectos antes señalados, particularmente en el Progan, apoyo a la adquisición de fertilizantes, diesel agropecuario, infraestructura hidroagrícola, entre otros.

Con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente a este Pleno, las necesidades de recursos expresadas en las consideraciones de esta proposición, a fin de promover el desarrollo rural de las zonas de mayor atraso relativo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para concluir el centro de especialidades deportivas en Zacatecas, a cargo del diputado Ramón Jiménez Fuentes , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Ramón Jiménez Fuentes , Claudia Edith Anaya Mota , Gerardo Leyva Hernández , Samuel Herrera Chávez , Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 32 millones de pesos para la conclusión del centro de especialidades deportivas en el estado de Zacatecas con base en las siguientes

Consideraciones

Actualmente, vivimos en una sociedad donde nuestra niñez y jóvenes adolescentes tienden con facilidad a adquirir hábitos insanos como son fumar, beber alcohol, consumir drogas, que añadido al sedentarismo, estropea la salud.

El problema del tabaco, las drogas y el alcohol en los adolescentes debe de atenderse en las primeras edades de la etapa del desarrollo evolutivo y, sin duda, una de las soluciones más eficaces es fomentar a los niños hábitos saludables como es la actividad física.

Las investigaciones realizadas en estos años demuestran la necesidad del ejercicio físico en todas las edades, por los beneficios que indudablemente tienen para la salud.

En Zacatecas contamos con el Instituto del Deporte, que es el que se encarga de determinar y desarrollar los planes a corto, mediano y largo plazos, así como de coordinar las actividades de las distintas áreas administrativas y financieras para dar cumplimiento a cada uno de los planes y programas necesarios para propiciar y fortalecer el desarrollo del deporte en todos sus municipios.

Este instituto cuenta con varios programas para su adecuado funcionamiento como lo son el de desarrollo del deporte, el cual consiste en promover, difundir el deporte mediante actividades que desarrollen las actividades y hábitos positivos de la cultura física en la población, así como apoyar y promover deportistas y equipos que alcancen el rendimiento necesario para situar al estado en los primeros niveles de competencia; el de deporte estudiantil, que tiene como objetivo impulsar los programas de deporte, educación física y recreación a los estudiantes de todas las edades y niveles educativos, a fin de que adopten el ejercicio físico como una práctica habitual para mejorar su calidad de vida; el de formación y capacitación, que consiste en capacitar y actualizar permanentemente a deportistas, entrenadores, directivos; el de deporte selectivo, que es el que se refiere a la atención, control, seguimiento y apoyo a los deportistas más sobresalientes del estado para que obtengan la excelencia deportiva necesaria para encuentros nacionales e internacionales; deporte para todos, que promueve, difunde y realiza de manera libre u organizada los programas de la Comisión Nacional del Deporte, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, en los distintos municipios y núcleos urbanos del estado, a fin de emplear el tiempo libre de manera saludable a través de la práctica deportiva.

En marzo del presente año se inicio la construcción de la primera etapa del centro de especialidades deportivas con un presupuesto de 19 millones 200 mil pesos, el cual tiene como finalidad dar atención a deportistas de alto rendimiento, tanto nacionales como extranjeros, ya que Zacatecas posee las condiciones geográficas y de altitud que es de 2 mil 455 metros sobre el mar, necesarias para el desarrollo de actividades deportivas.

Para la conclusión de esta obra, en su segunda etapa se requiere de un presupuesto de 32 millones de pesos, que serían destinados para la construcción de villas de alojamiento para los deportistas, construcción de un gimnasio de fortalecimiento físico, construcción de un comedor y un estacionamiento.

Es de gran importancia concluir esta obra ya que Zacatecas cuenta con 28 seleccionados nacionales en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, taekwondo, ciclismo, boxeo, baloncesto y natación.

Por lo anterior, es necesario apoyar a los deportistas que nos representan a nivel nacional e internacional a través de infraestructura deportiva.

Por lo mencionado, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 32 millones de pesos para la conclusión del centro de especialidades deportivas en el estado de Zacatecas.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos destinados al sector de medio ambiente y recursos naturales, específicamente para dar continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas, a cargo del diputado Ramón Jiménez Fuentes , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Ramón Jiménez Fuentes , Claudia Edith Anaya Mota , Gerardo Leyva Hernández , Samuel Herrera Chávez , Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 42 millones de pesos en el sector de medio ambiente y recursos naturales, específicamente para dar continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

El proyecto de desarrollo sustentable correspondiente al relleno sanitario intermunicipal situado en Zacatecas, es el resultado de la firma de un convenio entre los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos.

Este método de relleno consiste en depositar en el suelo desechos sólidos, los cuales se esparcen y se compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día

Creado con el objetivo de incrementar la eficiencia en la recaudación de basura y el servicio de limpia, ya que a la fecha se cuenta con varios tiraderos en estos municipios; mismos que en la actualidad son considerados como de alto grado de contaminación, toda vez, que se localizan cerca de la mancha urbana, lo que representa un alto impacto ecológico y social, ya que algunos de ellos emplean tiros de mina con el objeto de eliminar la basura.

Los rellenos sanitarios cuentan con múltiples ventajas, como la construcción de un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de desechos sólidos; evitar los problemas de cenizas y materiales que no se descomponen; significa bajos costos de operación y mantenimiento; generación de empleos para mano de obra no calificada; su ubicación puede darse cerca de áreas urbanas; e incluso permite utilizar terrenos considerados como improductivos.

En todo el estado se generan alrededor de 800 toneladas de basura, de las cuales, de acuerdo con estudios realizados, entre los cuatro municipios generan un total de 270 toneladas diarias, es decir, el 34 por ciento, divididos de la siguiente forma: 130 toneladas de Zacatecas, 120 toneladas de Guadalupe, 10 toneladas de Morelos y 9 toneladas de Vetagrande; por lo que la creación de este relleno intermunicipal es de gran importancia.

Con la creación del relleno se logró, además de garantizar el equilibrio ecológico de estas zonas, responder a una exigencia social de tratamiento de residuos sólidos y garantizar la calidad de vida de los zacatecanos.

A pesar de que para el año 2009 se logró etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 42 millones de pesos para la aprobación de esta obra, es necesario un presupuesto adicional de 42 millones de pesos para darle continuidad, mantenimiento y equipamiento a fin de que sea un proyecto que beneficie a cientos de familias, por lo que es de suma importancia destinar más recursos a esta obra.

Vale la pena señalar que este relleno está construido en un terreno de 25 hectáreas, situado en la comunidad de Sauceda de la Borda, con un costo de cinco millones de pesos; costo que fue aportado por los municipios señalados, además de la coordinación de la federación, el estado y el municipio, que sin miras partidistas se ha logrado concretar esta obra.

Por lo mencionado, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 42 millones de pesos para el sector de medio ambiente y recursos naturales, a fin de darle continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para atender la problemática de desastres naturales en Álvaro Obregón, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el marco de sus atribuciones etiquete una partida presupuestal de 800 millones de pesos en el programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, ``Previsiones Salariales y Económicas'', del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, para atender la problemática de desastres naturales en la delegación Álvaro Obregón con base en los siguientes

Considerandos

La Ley General de Protección Civil establece principios de política publica en prevención y mitigación de desastres, lo referido a los fenómenos peligrosos tales como son los hidrometeorológicos y geológicos, así como los lineamientos que deben regir las declaratorias de desastre y emergencias.

La problemática se circunscribe en la protección civil, al medio ambiente, en la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de la ciudad y en la facultad de esta Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

La tragedia mas reciente se dio el 24 de octubre del año en curso en la colonia Barrio Norte, delegación Álvaro Obregón, donde cerca de las 2:30 de la madrugada un nuevo derrumbe ocasiono un hundimiento de 8 metros de diámetros y 12 metros de profundidad y donde 67 personas de 20 familias que viven en ese predio fueron desalojadas por su seguridad y protección civil.

En la delegación Álvaro Obregón hay 298 colonias, 27 de ellas se encuentran asentadas en zonas de minas que representan aproximadamente 70 por ciento de su población.

El Plan de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón señala que las colonias La Cascada, Golondrinas, Molino de Rosas, Barrio Norte, Ampliación las Águilas y Lomas de Capula son de alto riesgo, ya que los asentamientos humanos se encuentran situados sobre rellenos heterogéneos, mal compactados o no compactados, en zonas de fuertes pendientes y sobre zonas federales de ríos y arroyos, lo que implica deslizamientos de las estructuras de desplante de viviendas e inestabilidad estructural de éstas.

Datos del gobierno federal permiten robustecer la propuesta: el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación informó que, en los últimos 20 años, el número de desastres, superiores a 75, han causando alrededor de 7 mil muertes y decenas de miles de damnificados. El número de víctimas fatales durante los últimos 20 años asciende a algo más de 10 mil personas, alrededor de 500 anuales en promedio. Los daños directos calculados alcanzan los 9.6 mil millones de dólares.

En el caso de estos fenómenos existen autoridades que atiende dichas eventualidades, por su parte esta la Secretaria de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil y el Fonden ( Fondo de Desastres Naturales), que es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tienen como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural.

Parte fundamental de la eficiencia del Sistema Nacional de Protección Civil se sustenta en la oportunidad con la cual puedan atenderse las necesidades de la población ante la eventualidad de un desastre natural, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza, así como la interrupción a las funciones esenciales de la sociedad.

Dicho Fondo de Desastres Naturales se sustenta financieramente en el Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sus reglas de operación disponen, entre otras acciones, apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos la restitución parcial o total de los daños ocasionados por un fenómeno perturbador en la infraestructura (incluyendo los bienes de dominio público o privado) de las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, en consecuencia es legitimo el planteamiento en el presente punto de acuerdo. Por ello, es de gran trascendencia solicitar un incremento en las partidas del Fondo de Desastres Naturales para la demarcación Álvaro Obregón, en virtud de las consideraciones planteadas.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el marco de sus atribuciones etiquete una partida presupuestal de 800 millones de pesos en el programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, ``Previsiones Salariales y Económicas'', del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para atender la problemática de desastres naturales en la delegación Álvaro Obregón.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para atender la problemática de las grietas en el Distrito Federal, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rigoberto Salgado Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano legislativo, para discusión y, en su caso, aprobación, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos para atender la problemática de las grietas en el Distrito Federal.

Exposición de Motivos

La Ciudad de México se encuentra asentada sobre dos mil kilómetros cuadrados; de ellos, mil 100 corresponden al lecho de lo que fue el lago en la gran Tenochtitlán, zona con el más alto riesgo de hundimientos por el tipo de terreno.

A consecuencia de la explotación de los mantos acuíferos, en la zona oriente del Distrito Federal han aparecido grietas que ponen en grave riesgo a la población. Delegaciones como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo. A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco.

De acuerdo con información el Instituto de Geología de la UNAM, existen al menos 200 grietas en esa demarcación situadas principalmente en las colonias Ermita Zaragoza, Ejército de Oriente, Concordia Zaragoza, Santa Martha Acatitla, Lomas de San Lorenzo, Santa María Aztahuacán, Vicente Guerrero, Jacarandas, Cananea, Francisco Villa y Los Ángeles. Esas grietas eventualmente podrían afectar a más de 60 mil personas que verían trastocado su patrimonio o hasta su integridad física.

A la fecha se han determinado con un nivel de alto riesgo 417 viviendas en este último año por asentamientos en laderas, cauces y barrancas, 132 viviendas asentadas en zonas de grietas en la delegación Iztapalapa y 286 predios con 4 mil 290 viviendas con riesgos estructurales; estas últimas de un universo de 409 predios expropiados, presentados por el Instituto de Vivienda del DF y calificados por el equipo de trabajo interinstitucional de atención a sitios y vivienda en riesgo.

Al menos otras tres zonas con presencia importante de grietas presentan la misma problemática: los alrededores del cerro del Peñón Viejo, también en Iztapalapa; el cerro del Peñón de los Baños, en Venustiano Carranza; y la zona del basurero de Santa Catarina. Misma situación se registra en Miguel Hidalgo, ya que en julio de 2007, alrededor de 50 metros lineales de asfalto se fracturaron en la calle Lago Andrómaco, entre Lago Neuchatel y Zurich, en la delegación Miguel Hidalgo. La grieta devoró tres autos. Apenas en mayo de 2009, se registró una grieta en la colonia Nápoles, por la lluvia y la realización de obras en la avenida del Parque. Este evento provocó la evacuación de 14 casas habitación.

Ante esta grave problemática, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, puso en marcha el 7 de julio de 2008 el Centro de Estudios y Monitoreo de Agrietamientos en el oriente de la Ciudad de México, mediante la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Geociencias de la UNAM. Y de manera coordinada con otras dependencias y con las delegaciones, puso en operación brigadas interinstitucionales que han hecho recorridos para atender otros eventos geológicos como las minas y los hundimientos y taludes, estos últimos en la delegación Álvaro Obregón.

En sitios por asentamientos en zonas de grietas, específicamente en la colonia Palmitas, en la delegación Iztapalapa, se crearon 19 frentes de trabajo con un levantamiento de 153 cédulas de inspección ocular en viviendas, de las cuales 70 se calificaron de alto riesgo y, hasta el momento, se realizaron 18 evacuaciones preventivas y se llevan a cabo trabajos de mitigación con la construcción de muros de contención.

La secretaría requiere cuando menos 3 mil millones de pesos para evacuar a las personas que viven en 15 mil 285 viviendas de alto riesgo ya dictaminadas y detectadas.

El presupuesto original para el presente año es de 97 millones 948 mil pesos y con ampliaciones presupuestales que se han logrado se llegó a 145 millones 692 mil pesos, sin embargo el presupuesto es inferior al del año pasado que fue de 172 millones 614 mil pesos.

Considerandos

Primero. Que la Ciudad de México es el principal enclave económico, social y político del país.

Segundo. Que el problema de grietas ha afectado a numerosos habitantes, tanto en su vida como en sus pertenencias. Más de un millón de habitantes están en constante peligro.

Tercero. Que se requieren recursos para rehabilitación de casas, escuelas e infraestructura dañada por el agrietamiento.

Cuarto. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión deberá ser corresponsable con los habitantes del Distrito Federal, destinando recursos para la pronta atención de la problemática.

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos para atender la problemática de las grietas en el Distrito Federal.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para capacitar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de credibilidad en el sistema penal no es reciente: estudios y evaluaciones demuestran que la justicia existe sólo para los que pueden pagarla, lo cual origina una realidad injusta que genera mayores presiones sociales y desconfianza en el Poder Judicial. A lo anterior habrá que agregar los altos índices de impunidad y una constante violación de los derechos humanos relacionados con el propio proceso penal.

Un juicio penal en México se caracteriza por ser un procedimiento predominantemente escrito y secreto. Hay un culto al expediente, que se traduce en montañas de éstos en los juzgados, una defensoría pública que no alcanza a defender a todos los procesados y la constante ausencia de los jueces en las audiencias, a lo que habrá que agregar el papel predominante que el Ministerio Público tiene en la investigación de los delitos.

En virtud de lo anterior, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, la cual establece un nuevo modelo de justicia penal, con juicios orales y garantías del debido proceso.

De ahí que esta reforma, a diferencia de otras, no sólo implique el cambio de un texto sino que obligue a todos los que de alguna manera se encuentran relacionados con el derecho penal a capacitarse, derivado del cambio profundo que conlleva.

De ahí que las universidades y escuelas de derecho tengan que modificar sustancialmente sus planes de estudios y la enseñanza en materias del derecho; las barras y los colegios de abogados deberán involucrarse en el tema para así participar con sus agremiados respecto a lo que ella implica.

En el ámbito judicial, no sólo serán un gran reto la actualización y capacitación de jueces y magistrados sino que también será necesario llevar a cabo las adecuaciones de juzgados, salas de audiencia y sistemas de grabación, entre otras medidas que implican erogaciones para su implantación; lo mismo requerirán las Procuradurías de las entidades federativas y la General de la República respecto a la capacitación de Ministerios Públicos, policías y, en términos generales, de todo el personal que labora en ellas.

Las policías de los tres ámbitos de gobierno deben conocerla, no sólo por la proximidad que deben tener con la ciudadanía sino porque también hay disposiciones que se relacionan directamente con sus funciones.

Conforme al artículo octavo transitorio de la reforma constitucional, las legislaturas de los estados deberán prever, a partir del Presupuesto de Egresos de 2010, los recursos destinados al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación de los operadores del sistema.

Este transitorio establece la obligación para el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de destinar los recursos necesarios para la reforma de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública.

La experiencia internacional ha demostrado que un cambio de esta envergadura requiere una cantidad significativa de recursos financieros. Sin éstos, la reforma estaría condenada el fracaso, ya que se requiere invertir, señaladamente, en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados y defensores públicos, entre otros, así como la inversión en infraestructura inmobiliaria para la adecuación al desarrollo de las audiencias, en cuanto a los procedimientos orales o la creación de juzgados en el caso de los jueces de ejecución de sentencias.

Como referencia de lo mandatado en el artículo octavo transitorio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realizó un análisis de impacto presupuestal sobre capacitación para los operadores del nuevo sistema de justicia penal, el cual, con base en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, menciona que el costo promedio del diplomado es de 6 mil pesos, compuesto de 140 horas, divididas en 12 módulos. En consecuencia, en un primer estudio de impacto presupuestario sobre capacitación, el costo sería de aproximadamente 4 mil 78 millones 356 mil pesos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010, una partida especial por 4 mil 78 millones 356 mil pesos destinados a la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para generar energía en el centro del país mediante plantas microhidroeléctricas, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que como parte de la problemática que orilló a la compañía de Luz y Fuerza del Centro y al gobierno federal a destinar una cantidad de recursos públicos superiores a los 20 mil millones de pesos anuales para el pago de energía en bloque a Luz y Fuerza del Centro, se encuentra el déficit en la generación de energía en la región centro del país.

II. Que a la fecha existen proyectos para la generación de energía eléctrica a través de centrales microhidroeléctricas, mismos que, a pesar de que cuentan con estudios de factibilidad cuyo dictamen es favorable, no han sido considerados por las autoridades energéticas del país.

III. Que los proyectos de generación de energía a través de las centrales microhidroeléctricas consideran como fuente de aprovechamiento los caudales aprovechables de las pendientes pronunciadas (caídas) que se encuentran a lo largo del trayecto posterior al punto de confluencia Atarasquillo en el sistema Lerma y del sistema Cutzamala.

IV. Que los puntos ubicados para el aprovechamiento de energía eléctrica conocidos como San Bartolito, El Borracho y Las Palmas, los dos primeros en el municipio de Huixquilucan y el tercero en Naucalpan, todos en el estado de México, en los que se puede aprovechar hasta un volumen en caída libre de cuatro metros cúbicos por segundo.

V. Que en el proyecto original para la dotación de agua de los proyectos de agua a la Ciudad de México, a través del sistema Cutzamala y del sistema Lerma, se consideró originalmente la generación de energía eléctrica además del suministro de agua para uso urbano.

VI. Que la licitación que en ese entonces tenía elaborada la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica no procedió su trámite, toda vez que no se concluyó el proceso para la obtención del título de concesión, para la generación de energía eléctrica por parte del gobierno federal.

VII. Que en el archivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentran los proyectos ejecutivos consistentes en planos de proyecto de las obras de generación para cada uno de los sitios en caída, obras de toma, conducción a presión, casa de máquinas y desfogue con una conexión nuevamente al acueducto; así como obras inducidas para salvar el desnivel existente en cada caída y las obras complementarias para la puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas.

VIII. Que de retomar e implementar estos proyectos se estará en posibilidad de generar energía hidroeléctrica, bajo la consideración a la política establecida por la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, para incrementar la producción de energía eléctrica mediante la construcción y rehabilitación de pequeñas centrales hidroeléctricas y, en especial, para el autoconsumo por grandes usuarios, como es el caso del Distrito Federal.

IX. Que de retomar e implementar estos proyectos los gobiernos federal y local incrementarían sustancialmente su capacidad de instalada a razón de 7 mil 400 kilovatio hora, lo que significa una producción anual de 63 millones 936 mil kilovatios hora por año.

X. Que el costo aproximado para la construcción de las microhidroeléctricas es el siguiente: San Bartolito, 64 millones 541 mil 711 pesos; El Borracho, 53 millones 139 mil 989 pesos; y Las Palmas, 62 millones 318 mil 298 pesos, por lo que se requiere una cantidad total aproximada de 180 millones de pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es que sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que autorice la modificación a los títulos de asignación pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, correspondientes a sistema Lerma y al sistema Cutzamala para que comprendan también la generación de energía eléctrica.

Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Energía, de la Cámara de Diputados, que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, considere establecer en los anexos correspondientes al ramo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación una a partida destinada a la generación de energía de las tres centrales microhidroeléctricas a establecerse en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan, estado de México, por un monto de 180 millones de pesos.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para financiamiento, obras, planes, programas y propuestas que presentan gobiernos locales y municipios, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 23 de octubre, estuvieron presentes cerca de 150 presidentes municipales de todo el país, de diversas expresiones políticas, de visita en esta H. Cámara de Diputados, y nos plantearon dos propuestas, la primera, la creación de una iniciativa de ley para el fortalecimiento municipal, que consolide el pacto federal, fortalecer su hacienda municipal y la participación ciudadana. Iniciativa que presentaremos llevando la propuesta y reclamo de los municipios.

De igual forma presentamos ante esta soberanía, punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se aumenten los recursos a los gobiernos locales y a los municipios del país a través de los fondos participables como: Ramo 33, Ramo 28, Ramo 20, Ramo 30 y demás Ramos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y fondos complementarios para su desarrollo y que éstos sean distribuidos de forma equitativa.

Para respaldar las propuestas de los municipios se realizaron foros y consultas en los municipios y gobiernos locales. Asimismo, tomando en cuenta los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los criterios de los gobiernos de los estados y las demandas locales, creemos que todos los legisladores tenemos que asumir nuestro rol de promotores de la voz de nuestros representados. Nosotros somos quienes aprobamos el PEF y si bien no es nuestra voluntad contravenir las prioridades de los gobernadores, creemos que debemos ser sensibles en apoyar los proyectos de las mismas entidades que no son presentados por ellos, con lo que cerramos el círculo entre criterios técnicos, financieros, gubernamentales y sociales.

Para el estado al que pertenezco hacemos las siguientes propuestas:

Solicitamos que no desaparezcan y se mantengan con presupuesto el Fonregion, se requiere una asignación presupuestal de 350 millones de pesos, para atender los programas de infraestructura regionales, para darles continuidad a los proyectos que en los ejercicios 2008 y 2009 fueron autorizados a través de este fondo para el estado; asimismo se requiere una asignación presupuestal de 250 millones de pesos, en el Fondo para Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesierto, para elevar los índices de desarrollo regional en las zonas semidesérticas del estado; de igual forma, solicitamos una asignación presupuestal de 50 millones de pesos en el Fondo Migrante, para atender los programas y proyectos enfocados a los migrantes que regresan a esta entidad.

Solicitamos que los 350 millones de pesos que se otorga al estado a manera de ampliación presupuestal como parte de la asignación presupuestal original del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) sea considerado desde la determinación original que hace la SEP de los recursos de este fondo.

El estado de Zacatecas requiere por única vez una asignación presupuestal por la cantidad de 190 millones de pesos para estar en condiciones de atender en tiempo y forma los compromisos de infraestructura educativa, asumidos con la suscripción del convenio de coordinación para la creación, construcción, equipamiento y operación de la unidad educativa del Instituto Politécnico Nacional, el pasado 28 de agosto con el secretario de Educación Pública.

Asimismo; se requiere la cantidad de 200 millones de pesos para la construcción de unidades y fortalecer los programas académicos en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Solicitamos se cambie la formula inequitativa del FAEB y se liberen los 96 millones del fondo de compensación para educación en el Estado de Zacatecas del FAEB, y se etiqueten y liberen los mil millones de pesos del fondo de compensación del FAEB manejado por Hacienda en forma proporcional a los 24 estados con pérdidas al inicio del año.

Apoyo con 100 millones de pesos para becas para estímulos de calidad educativa y asistencia a clase de estudiantes en riesgo y por afectación de la actual crisis económica.

Requerimos una asignación presupuestal por única vez, por la cantidad de 22.4 millones de pesos para estar en condiciones de cubrir al Fovissste un adeudo que ha provocado que este instituto suspenda indefinidamente los derechos de los trabajadores del sector educativo para recibir créditos, este adeudo fue generado desde el año 1993 y corresponde exclusivamente a accesorios (actualizaciones y recargos) que no cobró el Fovissste de acuerdo a la ley, y ahora ponen en riesgo los derechos de vivienda de los trabajadores.

Construcción de carreteras.

La construcción del Boulevard Bicentenario, 200 millones de pesos; construcción de carretera Zacatecas-Saltillo de 43 km., 500 millones de pesos; carretera Zacatecas-Jerez, tramo La Escondida Malpaso, 90 millones de pesos; carretera Zacatecas-Guadalajara, tramo Villanueva Malpaso 100 millones; ampliación de carretera y laterales entrada Santa Mónica-Guadalupe, 50 millones de pesos; distribuidor Aeropuerto Calera- ferrocarril, 22 millones de pesos; carretera Las Palmas Zacatecas-Durango, 200 millones; carretera Malpaso-Jerez, 90 millones de pesos; carretera Nieves-Mazapil, 54 millones de pesos; Emilio Carranza-Colonia Hidalgo, Luis Moya-Luis Echeverría, 39 millones de pesos; carretera Luis Moya-Ojo caliente 100 millones de pesos; entrada Loreto Zacatecas-Aguascalientes, 80 millones de pesos; conservación periódica de la red de carreteras federales, 200 millones de pesos.

Carreteras alimentadoras.

Pinos-La Pendencia - Espíritu Santo 20 km, 20 millones; Paso Blanco - Santa Rosa de Gallinas 15 km, 15 millones; Santa Gertrudis - Santana 10 km, 10 millones; Caminos saca cosechas y mano de obra 50 km, 25 millones; Perales - La Purísima 16 millones de pesos; Guadalupe-Perales Genaro Codina, 10 millones.

En Ojo Caliente construcción de carretera a Ojo Caliente 20 km, 20 millones de pesos; camino saca cosechas 10 km, 5 millones.

En Guadalupe, Zoquite-La Blanquita 3 km, 3 millones: La Cocinera 8 km, 8 millones; camino saca cosechas y mano de obra 30 km., 15 millones de pesos.

En los municipios de Guadalupe apoyo del Ramo 28 y Ramo 23 para pago de adeudos de gastos de operación en servicios de crecimiento de población, seguro social y seguridad pública, 15 millones de pesos, y para reserva urbana por crecimiento 20 millones de pesos.

En diversas obras del Ramo 20, 23, Ramo 33 fondo III y fondo IV; de pavimentación, agua potable y plantas de tratamiento, drenajes, electrificaciones, 50 millones de pesos.

Construcción de gimnasio de alto rendimiento deportivo por 20 millones de pesos.

Para los municipios de Guadalupe, Jerez, Pánuco, Ojo Caliente, Loreto, Cuauhtémoc, Valparaíso, Saín Alto, Atolinga, Teul de González Ortega, Mazapil, Pinos y Villanueva.

Todo lo anterior para municipios de Zacatecas y del país, para Juchitán, Guerrero, recursos de los Ramos 33, 28, 30, 23, 20 y demás ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y distintos fondos con recursos en obra pública, proyectos y obra social, en educación, salud, carreteras, caminos, centros de salud, drenajes, pavimentaciones, agua potable, drenaje, electrificaciones etc., propuestas que presentamos con sus anexos.

Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las distintas comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, para que se aprueben y dictaminen propuestas de financiamiento, programas, obras, proyectos y propuestas en los formatos, y anexos que presentan los gobiernos locales y municipios de varios estados y municipios del país que se adhieran a este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Insértense con los títulos íntegros en el Diario de los Debates y túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COMISIONES DE JUVENTUD Y DEPORTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales a instaurar comisiones de Juventud y Deporte, en aras de fortalecer la focalización de acciones y medidas a favor de los jóvenes mexicanos.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos estatales a instaurar comisiones de juventud y deporte para fortalecer las acciones y medidas en favor de los jóvenes, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Juan Carlos Natale López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversos congresos estatales a instaurar comisiones de juventud y deporte, en aras de fortalecer la focalización de acciones y medidas en favor de los jóvenes mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia de los jóvenes y el fomento del deporte deben tener sin duda mayor atención de los gobiernos locales y de los municipales como un fenómeno cultural y social. Los jóvenes son unos de los mayores generadores de recursos económicos y humanos. Sin embargo, es innegable el escaso apoyo que se les ha brindado para desenvolverse de manera satisfactoria en una sociedad cada vez más amenazada por la delincuencia, las adicciones y la indiferencia de algunos gobiernos.

Según datos del Consejo Nacional de Población, las personas de 12 a 29 años de edad suman más de 37 millones, que representan 35 por ciento de la población nacional. En efecto, la tercera parte de la población nacional corresponde al sector juvenil, que se infiere como un óptimo bono demográfico.

Esta perspectiva cuantitativa permite apreciar la importancia de este sector en el desarrollo. La relevancia del papel que los jóvenes están llamados a desempeñar en el crecimiento del país deriva no sólo de su proporción en el total de la población sino de sus capacidades para constituirse en agentes activos del desarrollo de la sociedad.

El aprovechamiento de las potencialidades de los jóvenes depende de los apoyos sociales e institucionales con que cuenten. De ahí la importancia de diseñar y poner en marcha políticas eficaces de acuerdo con sus necesidades específicas, políticas públicas que se orienten a mejorar sus posibilidades de acceso a actividades que garanticen su pleno desarrollo físico, familiar, psicológico, deportivo, cultural y educativo, y que, en conjunto, constituyan la base para contribuir a fortalecer sus capacidades para la vida productiva del país. En otras palabras, el mayor desafío en esta tarea radica en lograr el pleno acceso de los jóvenes a la educación con calidad y pertinencia y a empleos bien remunerados, programas que atiendan su salud y promuevan adecuadamente la práctica del deporte, actividades culturales y artísticas que propicien su desarrollo integral y más facilidades para la adquisición de vivienda, entre otros aspectos.

El Estado tiene la obligación de coadyuvar a la concreción de los proyectos de los jóvenes desde una perspectiva no asistencial, sino de la promoción de su participación como elementos activos del desarrollo y su formación como ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones. Sin embargo, si no logramos este gran esfuerzo de incentivar socialmente a los jóvenes desde la práctica de políticas de fomento y promoción, en lugar de acrecentar el bienestar de este estrato social sólo se contribuirá a debilitar aún más el tejido social muy por encima de la permanencia del discurso oficial.

Por tanto, el éxito de la atención de las instituciones gubernamentales hacia este sector dependerá en gran medida del grado de diseño, inclusión e implantación de acciones y programas por el lado administrativo, y de un marco normativo oportuno y adecuado por el lado legislativo que, a su vez, fijen decididamente los referentes mínimos para consolidar las generaciones cada vez más proactivas en el desarrollo de cada municipio, estado y de la nación entera.

En consecuencia, necesitamos fortalecer la capacidad de respuesta de los órganos legislativos y administrativos de cada nivel de gobierno para garantizar el pleno acceso a las oportunidades de este grupo poblacional, que ha llegado a ser injustamente criminalizado por algunos funcionarios de gobierno y hasta de algunos legisladores al momento de diseñar ciertas leyes. No obstante los adjetivos que se nos adjudiquen, debemos reconocer que somos la tercera parte de la población mexicana que, estoicamente, ha asumido los yerros y fracasos de determinados gobiernos en circunstancias y condiciones fuera de nuestra voluntad.

En suma, independientemente de culpas y errores, la propuesta considera que los gobiernos de cada entidad federativa, incluidos los municipios, impulsen marcos jurídicos específicos y aplicables que instauren y establezcan facultades, atribuciones y competencias para la atención de la juventud y sus implicaciones que de ello se deriven como políticas, acciones, coordinación y delegación de funciones y responsabilidades entre instancias administrativas, legislativas y de la sociedad civil organizada.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los Congresos de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas a instaurar una comisión de juventud y deporte para que atienda las necesidades específicas de este ramo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas de atención de la juventud y del deporte en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, principalmente en el rubro de infraestructura deportiva, artística y cultural.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, a favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de disposiciones y políticas del sector juvenil y de la actividad deportiva en cuanto a sus respectivas jurisdicciones, facultades y competencias.

Cuarto. Se solicita a la Comisión de Juventud y Deporte de esta soberanía que, dentro de un plazo menor de 60 días, forme un grupo, con ocho integrantes, con objeto de que funjan como interlocutores entre los órganos administrativos y legislativos de los gobiernos de las entidades federativas y así posibilitar el apoyo necesario para el cumplimiento de dicha propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una subcomisión para revisar y analizar el proyecto agrícola denominado Pujal Coy, dar cauce a las demandas de los habitantes del área comprendida por los municipios de Valles, Tamuín y Ébano, en San Luis Potosí.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión para revisar y analizar el proyecto agrícola Pujal Coy; dar cauce a las demandas de los habitantes del área comprendida por Ciudad Valles, Tamuín y Ébano, San Luis Potosí, afectados por el proyecto inconcluso; y reactivar éste, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 34 y 44 de la Ley Orgánica de del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

1. Que el proyecto de riego Pujal-Coy surgió por un afán de conformar regiones productivas y polos de desarrollo económico. Su objetivo era formar lo que se presumía sería el ``distrito de riego más grande de Latinoamérica''. En este ambicioso proyecto de desarrollo agrícola la porción potosina del Pujal-Coy representaba más del 40% de la superficie total del distrito de riego en sus fases I y II.

2. Que también, el proyecto de Pujal-Coy serviría para a) controlar las inundaciones y avenidas de los ríos; b) distribuiría la tierra mediante expropiaciones y reparto a nuevos ejidatarios; c) promovería la construcción de grandes obras civiles e hidráulicas; d) aumentaría la producción y la productividad del área con base en una agricultura de riego orientada a cultivos comerciales y básicos complementada con una ganadería intensiva; e) se fomentaría la inmigración de campesinos solicitantes de tierras de otras regiones con gran presión social como el centro y el noroeste del país.

3. Que hacia finales de 1978 se inició la segunda fase del proyecto. En una primera versión del proyecto se pensó en una gran presa, luego de una redefinición se decidió la construcción de dos de menor tamaño que, a la postre, quedarían proyectadas como la presa El Pujal y la presa El Coy. EL área de Pujal-Coy segunda fase nunca llegó a irrigarse (tampoco fueron construidas de donde se abastecerían los cultivos), por lo que sólo quedó clasificada como ``temporal tecnificado'', es decir, una zona que cuenta con infraestructura hidroagrícola necesaria, excepto que no se irriga.

4. Un elemento esencial del proyecto fue la dotación de tierra a solicitantes de la Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Central Independiente de Obreros Agrícolas. Estos carecían de conocimiento agrícola. Además carecían de agua potable, luz, escuelas y centros de salud. Además la heterogeneidad cultural ocasionó una serie de pugnas, una débil cohesión interna, el fracaso colectivo y la desorganización generalizada.

5. Aunado a esto la SARH (Sagarpa) decidía los calendarios de cultivo, determinaba las labores, las técnicas de riego, los sistemas de comercialización y los sistemas de administración que debían adoptarse, planeación que a su vez era tomada como base en el Banrural. Esta falta de coordinación entre las instituciones provocaba que los productores recibieran a destiempo el crédito o los insumos, provocando con ello trabajos de labranza, siembras, control de plagas y riegos inoportunos. Todo se tradujo en siniestros recurrentes, acumulación de la cartera vencida que a la larga dieron como resultado la fragmentación de los ejidos. A la vez, se sumó la apatía por el trabajo, la deserción y el abandono paulatino de los ejidos y el usufructo limitado de las tierras ejidales, además de una creciente venta y renta de parcelas ejidales a pequeños propietarios y empresarios.

6. Que el proyecto citado generó corrupción a todos los niveles. Los comisarios ejidales o los responsables del manejo del crédito en el ejido, en contubernio con los inspectores del Banco y la aseguradora estatal ANAGSA, contribuyeron al desarrollo de una de las ``industrias'' con mayor auge en la Huasteca Potosina: ``la del siniestro''. Una prueba elocuente del mal funcionamiento de las instituciones se encuentra en el hecho de que en los predios asignados y trabajados individualmente con recursos propios y oportunidad (y no cuando lo marcaba el calendario burocrático), las cosechas casi siempre eran un éxito.

7. Que pareciera que todo lo anterior fue un plan prediseñado para la desaparición del proyecto social para convertirse en un proyecto privado, dirigido a unos cuantos y que pretende generar neolatifundios en la zona.

Por lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea una subcomisión para analizar y reactivar el proyecto agrícola de Pujal Coy y dar cauce a las demandas de los habitantes del área comprendida por los municipios de Valles, Tamuín y Ébano pertenecientes al estado de San Luis Potosí, afectados por el proyecto inconcluso y reactivar el proyecto.

Segundo. La subcomisión se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación. Ésta dependerá de la comisión que esté más relacionada con el problema principal a tratar, que para el caso supone la presencia de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Fomento Cooperativo y Economía Social, Reforma Agraria y Recursos Hidráulicos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la realización de acciones para lograr la reparación de daño a los afectados por las inundaciones provocadas por la obra pública denominada El Tintillo, en Tabasco.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la realización de acciones para reparar el daño a los afectados por las inundaciones que provocó la obra pública El Tintillo, en Tabasco, a cargo del diputado Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Ramón Jiménez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento público, el año pasado, Tabasco sufrió de nueva cuenta los estragos causados por inundaciones, debido a ello, y con el objetivo de reducir el riesgo de inundación en la ciudad de Villahermosa, capital del estado, las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomaron la decisión de construir una ventana de alivio sobre el margen derecho del caudaloso río Grijalva, a la altura de la laguna Don Julián y Los Micos, camino a Aztlán, en la comunidad de Tintillo, ubicado a tan sólo 15 minutos de la capital del estado.

La obra que tiene una longitud de 200 metros de largo, 80 metros de ancho y un metro y medio de profundidad, trajo como consecuencia la conexión del río Grijalva con la laguna de San Julián y otros cuerpos de agua.

La decisión de abrir esta venta de alivio fue de común acuerdo por los tres órdenes de gobierno, y se dio a conocer el 2 de octubre de 2008, en rueda de prensa convocada por el gobierno de Tabasco, en la que estuvieron presentes el gobernador, químico Andrés Rafael Granier Melo; por parte del gobierno federal el entonces subsecretario de Gobernación, ingeniero Abraham González Uyeda; así como la coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; representantes de la Comisión Nacional del Agua; de la Comisión Federal Electricidad; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina, y el actual presidente municipal de Centro, quedando la obra desde ese momento, bajo responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), según consta en el documento de aviso de evacuación preventiva de la oficina de Protección Civil de Tabasco.

Esta obra forma parte del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Dicho plan tiene su sustento legal en el acuerdo de colaboración suscrito el 18 de abril de 2008 por el gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, y, en representación del gobierno federal, el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, así como funcionarios estatales de primer nivel.

Lamentablemente, la decisión de desviar de manera artificial el cauce natural del río Grijalva tuvo consecuencias negativas al afectar directamente por inundación a más de 5 mil hectáreas de tierras ejidales y privadas de ocho comunidades asentadas en estas áreas; estos son los casos de Barrancas y Guanal, primera sección (ejido El Tintillo); Barrancas y Guanal, segunda sección (ejido González); ejido Aztlán, primera sección; ejido Corcho Chilapilla, en sus ampliaciones Aztlán segunda, tercera, cuarta y quinta sección; y el ejido José López Portillo, todos pertenecientes al municipio de Centro, Tabasco, a los cuales se les arruinaron sus cultivos y sus tierras dedicadas a la siembra de maíz, plátano, chile habanero, hortalizas, así como pastizales que eran alimento para la ganadería extensiva y otros cultivos; de igual manera, sufrieron la pérdida de animales de traspatios, dejando de igual forma en crisis la actividad pesquera de la zona, debido al relleno de las lagunas con sedimentos de tierra y lodo que arrastró la fuerza del agua, dejando a este sector en quiebra total por el azolvamiento de las lagunas en esta superficie.

Lo peor del caso es que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno informó a los más de 3 mil 500 campesinos afectados que allí viven, ni siquiera a sus autoridades municipales y agrarias, de la decisión que había sido tomada, por ello, el 10 de marzo de este año, el Movimiento Ecologista de Tabasco, AC, solicitó por escrito al presidente municipal actual del ayuntamiento de Centro, Tabasco, licenciado Evaristo Hernández Cruz, que informará todo lo referente a la obra pública El Tintillo, sobre los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados o emitidos por este ayuntamiento, ya que la obra aquí referida se construyó en su jurisdicción, así mismo se le pidió que informara cuál era el grado de responsabilidad de ese cabildo con respecto a la obra El Tintillo, y si existían estudios de daños levantados por este ayuntamiento, entre otros puntos.

Ante la omisión de la autoridad de no responder al escrito, se promovió una demanda de amparo, ante el Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en Villahermosa, Tabasco, asignándole el número de expediente 543/2009-VI; por lo que como resultado de la demanda de amparo se obtuvo, el pasado 3 de julio del presente año, la respuesta obligada de la autoridad municipal con unas escuetas líneas, señalando que no es asunto de su competencia el acto reclamado.

Igualmente, en la misma fecha del 10 de marzo del año en curso, los representantes de los comisariados ejidales, de los núcleos ejidales afectados, enviaron un documento dirigido al licenciado Omar Celim Komukai Puga, titular de la dirección local, Tabasco, de la Comisión Nacional del Agua, en donde le solicitaban toda información referente a la obra El Tintillo, entre otras cosas, el criterio que la Comisión Nacional del Agua había tomado para la obra del cauce de alivio en El Tintillo, los responsables de la obra antes mencionada, monto ejercido, si esta obra beneficiaba a los núcleos ejidales y si se habían tomado acciones correctivas y preventivas por las afectaciones agropecuarias a sus tierras.

Ante la nula respuesta, también, se promovió una demanda de amparo en contra de la Comisión Nacional del Agua, delegación Tabasco, y en contra de su titular, Omar Celim Komukai Puga, ante el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Villahermosa, Tabasco, con el número de expediente 500/2009-VI-II; por lo que como resultado de este procedimiento, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa.

Conociendo de la sentencia definitiva del Juzgado Primero de Distrito, el 25 de junio del presente año, el mencionado funcionario de la Conagua tuvo que dar contestación formal a la solicitud de información de los afectados, en donde, en especial menciona que no se cuenta con expediente o instrumentos técnicos preventivos y correctivos, de afectaciones agrícolas y demás del campo, en relación con la obra del cauce de alivio El Tintillo.

En la misma vía legal, el pasado 13 de mayo de 2009, se presentó por parte de los representantes del Movimiento Ecologista de Tabasco, AC, una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) por los daños ambientales ocasionados por la obra ventana de alivio en El Tintillo, señalando que dicha obra había provocado, y seguiría provocando en lo futuro, severos impactos ambientales en toda la zona referida, modificando los ecosistemas y cambiando de manera radical el uso del suelo.

Al respecto, el 1 de junio del presente año, la Profepa realizó una inspección al lugar referido, y el 10 del mismo mes y año, la citada dependencia envió una notificación de actuaciones a los denunciantes, con número de oficio PFPA/33.1/2C.28.1/0001774-09, y con número de expediente PFPA/33.7/2C.28.2/0059-09, en donde les informaba que, de las actuaciones realizadas por esta dependencia federal, se pudo circunstanciar que durante el recorrido de la visita se observó que sí existe un daño al medio ambiente en esta zona ``como la modificación del barrote del río, sin contar con la autorización correspondiente, por lo que sí existen contravenciones a la normatividad ambiental federal vigente''. Dando como resultado la instauración de un procedimiento administrativo correspondiente por parte de la subdelegación jurídica de esa delegación, en contra de la dirección local Tabasco, de la Comisión Nacional del Agua y en contra de su titular, Omar Celim Komukai Puga, sin que hasta el momento, a cuatro meses de esta notificación, se conozca el resultado de dicho procedimiento.

De la misma forma, el 10 de agosto de este año, se inició. por parte de tres presidentes de comisariados ejidales, de núcleos ejidales afectados por la obra del cauce de alivio El Tintillo una averiguación previa con número de expediente 215/UEIDAPLE/DA/18/2009, ante la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República por la posible comisión de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, daños en propiedad ajena, terrorismo, ejercicio y uso indebido del servicio público y los que resulten. Citándose como probables responsables a la Comisión Nacional de Agua (delegación Tabasco) y a su titular, Omar Celim Komukai Puga, al gobierno de Tabasco, a través de la persona o dependencia que resulte responsable, al gobierno del municipio de Centro, a través de la persona o dependencia que resulte responsable.

El 12 de agosto de 2009, se presentó la denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, en contra del titular de la Comisión Nacional de Agua (delegación Tabasco), Omar Celim Komukai Puga, por presuntos actos omisivos, con respecto a la obra ventana de alivio en El Tintillo, Centro, Tabasco, posteriormente dicha dependencia federal, informó que dicha denuncia se turno al Órgano Interno de la Contraloría de la Comisión Nacional del Agua, con número de bitácora 31, y con número de oficio 615/2009 de fecha 14 de agosto del presente año, dirigido al licenciado Celso Castro Vázquez, del área de Responsabilidades y Quejas de la Conagua, con domicilio en Insurgentes Sur número 2416, colonia Copilco El Bajo, delegación Coyoacán, México, DF, por lo que los denunciantes están en espera del resolutivo.

De igual forma, el 17 de agosto de este año, el Movimiento Ecologista de Tabasco, AC, dirigió un escrito al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en donde se le informó de manera puntual los acontecimientos relacionados a la abertura de la ventana de alivio, en El Tintillo, así como los daños y perjuicios que esto ocasionó a los habitantes de las ocho comunidades antes mencionadas, de igual forma, los firmantes pidieron al presidente Felipe Calderón su intervención para solucionar el conflicto socioambiental ocasionado por esta obra, así como el pago de afectaciones, la urgente aplicación de proyectos productivos y ambientales en las comunidades afectadas, entre otros puntos relacionados a esta problemática, sin que hasta el momento los quejosos hayan recibido respuesta alguna, a pesar de faltar sólo un par de días para que se cumplan dos meses de la recepción del documento por parte de la Dirección General Adjunta de Atención a Organizaciones Sociales de la Presidencia de la República.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Tabasco, al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, organismo sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al gobierno municipal de Centro, Tabasco, a que de manera urgente y prioritaria se aboquen a realizar todas las acciones necesarias para lograr la reparación del daño a los afectados por las inundaciones provocados por la obra pública El Tintillo en Tabasco, incluyendo entre otras las siguientes acciones:

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de República, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que el ámbito de sus respectivas competencias realicen las investigaciones necesarias y resuelvan lo conducente con el objetivo de atender las denuncias por daños ambientales y demás afectaciones por las inundaciones provocadas por la obra pública El Tintillo, Tabasco.

Tercero. Se propone la creación de una subcomisión en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que investigue los efectos ambientales causados por las inundaciones provocadas por la obra pública El Tintillo, Tabasco, así como las posibles opciones para resolver este tipo de problemática de gestión del agua en Tabasco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Conagua y al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que lleven a cabo las acciones que les correspondan para solucionar el problema de abastecimiento de agua en la delegación de Iztapalapa.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los directores generales de la Conagua y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que lleven a cabo las acciones correspondientes para solucionar el problema de abastecimiento del líquido en Iztapalapa, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Arturo Santana Alfaro , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, y al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a efecto de llevar a cabo las acciones que les correspondan para solucionar el problema del abastecimiento del agua en la delegación Iztapalapa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El problema del agua en la delegación Iztapalapa es el más representativo de todo el Distrito Federal, su abasto, distribución y calidad siempre han estado afectados por decisiones parciales en los tres niveles de gobierno, que han castigado a más de un millón de habitantes.

Que esta demarcación política concentra el mayor numero de habitantes de la zona metropolitana y del país, al tener más de 1.82 millones de habitantes (II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, Inegi México), lo que representa una densidad aproximada de 12 mil personas por kilómetro cuadrado; con un consumo promedio de 177 litros diarios por persona, cifra por debajo de la comparativa con otras demarcaciones.

Que la cantidad y calidad de agua que reciben los habitantes de la delegación Iztapalapa, es baja y muy mala, debido a la falta de atención, sanidad y recursos por parte de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Que el problema de atención y sanidad llega a ser de tales magnitudes, que un monitoreo desarrollado por la UNAM en varias delegaciones políticas del DF, incluyendo lamentablemente Iztapalapa, reveló que el agua que consumimos contiene manganeso, cromo, plomo e incluso arsénico.

Que la delegación Iztapalapa obtiene el vital liquido de las fuentes de suministro para la Ciudad de México, que representan un abastecimiento de cerca de 31 mil litros por segundo aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera: Cutzamala (9 mil litros por segundo); Sistema Barrientos (2 mil 500 litros por segundo); sistema La Caldera (550 litros por segundo); Manantiales (mil litros por segundo); y Pozos en el Distrito Federal (14 mil 950 litros por segundo).

Que es importante destacar que cerca del 50 por ciento del agua que se consume proviene de los pozos de la Ciudad de México, los cuales son operados por la Comisión Nacional del Agua y por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Que hace unos días se informó a la opinión pública sobre una disminución del 30 por ciento en el suministro de agua a la Ciudad de México, proveniente del sistema Cutzamala; generando desabasto y cortes en el suministro.

Que esta situación ha sido utilizada de forma mediática por el Poder Ejecutivo para provocar temor en la población y justificar un programa para crear conciencia, cuya probable finalidad será el incremento en el precio del agua para aumentar la recaudación, al gravar un bien que por naturaleza es indispensable para la vida del hombre, y por lo cual resulta del todo inhumano y desproporcionado su utilización política.

Que sumando a esta estrategia mediática y política, actualmente se encuentran fuera de servicio por circunstancias mecánicas, 16 de los 39 pozos que surten de agua a Iztapalapa y parte de la ciudad, situación que debe de regularizarse para elevar el suministro de agua para la ciudad y la delegación.

Por todo lo anterior y lo que resulte del estudio de la información al respecto, considero necesario someter a esta soberanía el girar exhorto a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las acciones que a continuación se indican:

Que derivado de estas condicionantes políticas y mediáticas, las cuales han redundado en una falta de atención e interés por parte de los organismos nacional y de la ciudad, que podrían lesionar gravemente el interés social; es de suma importancia llevar a cabo una revisión de las condiciones físicas del agua, su distribución y fuentes de abasto.

Que se considere como información prioritaria y de interés para esta soberanía, un informe trimestral de las dependencias en comento, en el cual detallen el numero de pozos existentes en la Ciudad de México y zona metropolitana, destacando cuantos de ellos se encuentran operando y cuantos litros de agua por segundo distribuyen.

Que se inicie a la brevedad un programa emergente y urgente para reparar las fallas mecánicas y técnicas que tengan actualmente los pozos de agua, reactivándolos para que suministren el 50 por ciento del agua de la Ciudad de México y zona metropolitana requiere.

Lleven a cabo el rebombeo de la planta Quetzalcóatl.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de este órgano legislativo, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. En uso de las atribuciones conferidas a la Cámara de Diputados se exhorte al director general de la Comisión Nacional del Agua, licenciado José Luis Luege Tamargo, y al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ingeniero Ramón Aguirre Díaz, a efecto de que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las acciones necesarias para dotar de agua a la población que habita la delegación Iztapalapa, la Ciudad de México y la zona metropolitana.

Segundo. Que se exhorte a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a implantar un programa de mantenimiento y reparación de todos los pozos de la Ciudad de México, a efecto de mantener y en su caso incrementar el flujo de extracción de agua, que equivale a cerca del 50 por ciento del caudal que se distribuye entre la población de esta metrópoli.

Tercero. Se exhorte a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y del Distrito Federal para que los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México presenten a esta soberanía un diagnostico claro y preciso de las condiciones hidráulicas existentes en la delegación Iztapalapa, la Ciudad de México y la zona metropolitana.

Cuarto. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal a evitar el uso mediático del problema del agua.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conagua que otorgue la concesión para ocupar un terreno federal a los habitantes de las colonias Vista Hermosa y Atacaxco, en la demarcación territorial Magdalena Contreras, en elDistrito Federal.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua que otorgue a los habitantes de Vista Hermosa y Atacaxo, en La Magdalena Contreras, Distrito Federal, la concesión para ocupar un terreno federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se otorgue la concesión para ocupar un terreno federal a los habitantes de la colonia Vista Hermosa, en La Magdalena Contreras, Distrito Federal.

Exposición de Motivos

Las colonias Vista Hermosa y Atacaxco se encuentran divididas por la barranca La Coyotera --entre Popocani y andador Paloma Roquiza, en La Magdalena Contreras--, la cual durante muchos años fue foco de infección porque era utilizada como basurero y en ella se depositaba toda clase de desechos.

Desde hace aproximadamente cuatro años, los vecinos se han organizado y han unido esfuerzos para limpiar y acondicionar un remanente de la barranca, mediante recursos propios, a fin de poder utilizar el terreno, de aproximadamente mil 178 metros cuadrados, en beneficio de la comunidad, necesitada de un espacio de estacionamiento porque las calles aledañas son muy estrechas, y estacionar los automóviles en el arroyo vehicular ocasiona caos vial.

Otra parte del terreno se destina a un espacio de recreación y esparcimiento seguro para los niños, inexistente en la zona o en las colonias aledañas.

Los habitantes de la comunidad aledaña a la barranca La Coyotera han realizado durante ese tiempo diversas gestiones ante las autoridades delegacionales, del Distrito Federal y de la Conagua a fin de solicitar la concesión del terreno, propiedad de la federación, para uso colectivo.

Las gestiones han consistido en la solicitud de integración al programa de limpia de barrancas, alumbrado público, desazolve y reparación de la red del drenaje de la barranca, así como la petición de servicios realizada ante la Conagua, a fin de obtener la concesión que permita ocupar terrenos federales cuya administración compete a esa comisión, en beneficio de la comunidad.

Considerando

I. Que corresponde a la Conagua la administración de los terrenos federales, según establece el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales.

2. Que la condición para que el terreno se otorgue a los habitantes de Vista Hermosa y de Atacaxco estriba en que se utilice en beneficio de la comunidad, destinado a uso público y colectivo, y que la barranca deje de ser un basurero y espacio de contaminación e inseguridad, al mismo tiempo que se respeta su vocación de recarga de mantos acuíferos y reguladora del ecosistema.

3. Que el uso del espacio no dañaría el ambiente, pues en el terreno no hay vida silvestre o especies endémicas ni poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, como tampoco algún cauce de agua que pueda ser contaminado.

Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua que otorgue concesión para ocupar y usar, con fines de beneficio colectivo de los habitantes de la colonia Vista Hermosa, delegación La Magdalena Contreras, Distrito Federal, el terreno federal aledaño al cauce de la barranca La Coyotera, en el tramo situado en las colonias Vista Hermosa y Atacaxco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de las Mujeres delDistrito Federala solicitar a la Secretaría de Gobierno delDistrito Federalque emita la declaratoria de alerta por la violencia contra las mujeres y menores de edad en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputada Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente, con mucho respeto, pero este punto yo sí pediría pasar a tribuna a exponerlo y que posteriormente pueda ser turnado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Con mucho gusto lo puede retirar y pedir a la Junta de Coordinación Políticaque nos lo envíe en los términos que usted lo solicita, porque nos fue listado en estos términos de sólo turno. Con muchísimo gusto lo haríamos en otro momento, diputada, cuando ustedes lo soliciten a través de la Junta de Coordinación.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Por la importancia del tema, sí estaría retirándolo, porque es para emitir una alerta de género por las cuestiones de trata. Estaría presentándolo entonces para la próxima semana.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Lo retiramos como usted lo solicita, diputada.

HORARIO DE VERANO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Sener a que en el ámbito de su competencia se homologuen los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con los de la frontera sur de los Estados Unidos de América, a partir del 2010.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sener a homologar, en el ámbito de su competencia, los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con los del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras , del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Adriana Terrazas Porras , diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a homologar los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país para con el de los fronterizos del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El huso horario se rige por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, con sede en Francia, que mantiene el tiempo universal coordinado, la escala de tiempo que se toma como base del tiempo. En el país se rige por el patrón nacional de escalas de tiempo, mantenido en el Centro Nacional de Metrología.

Por otra parte, el horario de verano es una medida que consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en que se presenta la mayor insolación. En el país se estableció a partir de 1996. Con la medida se pretende aprovechar más la luz solar para disminuir el consumo de energía eléctrica en hogares, comercios, oficinas gubernamentales, empresas e industria.

El 29 de diciembre de 2001 fue publicada la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de tres husos horarios: 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884. Así, en territorio nacional las tres zonas del tiempo se forman de la siguiente manera: la zona noroeste sólo incluye Baja California; la zona del Pacífico incluye Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora; y la zona del centro incluye Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En el artículo 4 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos se indica que el Congreso de la Unión puede establecer horarios estacionales; lo anterior, con base en la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que el Congreso tiene la facultad ``para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas''. De esa manera, el 1 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones para una eventual modificación de los horarios estacionales. Ahí se señala que la propuesta correspondiente ``deberá ser presentada al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de noviembre del año inmediato anterior al que se pretende modificar el horario. El decreto respectivo deberá ser remitido a más tardar el 15 de diciembre del mismo año''.

El 26 de septiembre de 2006 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones, que en el artículo décimo segundo establece lo siguiente:

Artículo Décimo Segundo. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún posicionamiento, exhorto o recomendación.

Derivado de que por la existencia de estas zonas de horario se generan estragos en las actividades de las personas que habitan las zonas fronterizas del norte del país, los residentes de la frontera inquieren a quienes somos sus representantes por qué no hemos insistido en modificar los horarios con arreglo al calendario estadounidense, por lo menos en la zona noroeste, que incluye Baja California.

Dadas las consideraciones vertidas, se concibe la siguiente

Exposición de Motivos

En el caso de México, donde se ha optado por trabajar con dos horarios, el de verano y el de invierno, conforme al decreto que rige el cambio de horario, encontramos que se mantiene intacto a pesar de la confusión que ha traído consigo en la región fronteriza con Estados Unidos, marcando como inicio del horario de verano el primer domingo de abril, que concluye el último domingo de octubre; mientras, en el vecino país del norte el cambio de horario es distinto, conforme a lo que marca el decreto de 2006 del huso del horario de ese país, donde optaron por extender su periodo de ahorro de energía por más de 30 días, tomando cuatro semanas adicionales en marzo y una en octubre.

Este fenómeno, que poco importa a muchos residentes del centro y del sur del país, trae consigo complicaciones a quienes trabajan con arreglo a los horarios de la Unión Americana, como las personas que se desenvuelven en ambos lados de la frontera. Así, los programas de radio que se transmiten en las zonas fronterizas se ven en la imperiosa necesidad de informar constantemente de la diferencia de horario, entrando una hora más tarde de acuerdo con el horario estadounidense, lo mismo que ocurre con los programas de televisión. Las instituciones bancarias en Tijuana tienen que informar a sus clientes que el horario de transferencias de dinero a Estados Unidos también se adelanta una hora y, también, la industria maquiladora, los transportistas, los ejecutivos y demás miembros del sector económico deben tener muy presente esta diferencia de 60 minutos en su horario, para no perder tiempo laborable.

La idea de tener un horario de verano intenta reducir el consumo de energía, y en base a esta creencia, el ex presidente de Estados Unidos de América George W. Bush optó por modificar el calendario que se mantuvo vigente de 1986 a 2006, extendiéndolo por un mes más, manteniendo la expresión ``spring forward, fall back'', en que se comprende que durante la primavera se ``pierde'' una hora y en el otoño se ``ganan'' otra. Para entenderlo mejor, vale la pena observar que el tiempo de ahorro de la luz del día operó en 2004 del 4 de abril al 31 de octubre, en 2005 del 3 de abril al 30 de octubre y en 2006 del 2 de abril al 29 de octubre, pero a partir de 2007 se dio del 11 de marzo al 2 de noviembre, en 2008 fue del 9 de marzo al 2 de noviembre, en 2009 del 8 de marzo al 1 de noviembre, por mencionar algunos.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha valorando si el esfuerzo cumple el objetivo, ya que se ha observado que, lejos de ahorrar energía, la población tiene una hora más de actividad, lo cual trae consigo mayor consumo de combustible, de gas y electricidad en la industria, empresas, negocios (todo tipo de comercios) y en los hogares. Por tales motivos, Arizona, con excepción de la nación navajo y las islas de Hawaii, así como los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y Samoa, es el único lugar en la Unión Americana que optó por no observar ningún cambio de horario sino que mantiene el horario estandarizado todo el año.

Un dato interesante es que más de mil millones de personas que viven en 70 países observan el cambio de horario con la finalidad de ahorrar la luz solar, tal es el caso de Canadá, que en casi todo su territorio se respeta el mismo horario, con excepción de Saskatchewan y el noroeste de Columbia Británica, pero resulta que en el otoño de 2005 Manitoba y Ontario anunciaron que, igual que Estados Unidos, ampliarían el periodo de vigencia del horario de verano por un mes, alineándose con sus vecinos del sur.

Esto pone de manifiesto que para nosotros es importante se homologuen los cambios de horario para con nuestro mayor socio comercial, de alcanzar esta situación lograríamos tener beneficios significativos, puesto que se armonizarían nuestros nexos financieros, industriales, de transporte, de comunicación, solo por citar algunos, para con Estados Unidos.

Toda vez que no se ha podido cristalizar la propuesta de homologar los horarios de nuestra frontera para con los de nuestro vecino del norte, es importante citar que para evitar confusiones y facilitar el cruce de personas, automovilistas y carga, se realizan adaptaciones en los horarios de operación en las garitas.

Para dimensionar esta situación es necesario ejemplificar que más de 220 mil bajacalifornianos que cruzan diariamente a Estados Unidos por las cinco garitas resultan afectados con la aplicación anticipada de la medida del horario de verano por el que se pretende supuestamente ahorrar energía, pero que en toda esta región realmente resulta contraproducente.

Dicha medida siempre genera preocupación, no sólo a los usuarios de las garitas sino, también, a las personas que cada día deben esperar horas para cruzar la frontera, particularmente a las que estudian o trabajan en territorio estadounidense, porque deben iniciar sus actividades en la madrugada, quienes exponen además de la salud, la integridad física y económica en razón de la delincuencia. Es decir, para Baja California resultaría más sencillo estar homologado con California que con el resto del país, en donde la diferencia de dos horas con el horario del centro es ya una costumbre.

No se omite precisar que el horario de verano ofrece diversas ventajas:

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a homologar en el ámbito de su competencia los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con el de los fronterizos del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Energía.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados envíe al titular de la Secretaría de Hacienda requerimiento para que informe con qué fundamento otorgó un presupuesto adicional en 2009 a la Auditoría Superior de la Federación, sin el consentimiento y aprobación de la Comisión de Vigilancia de la.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados envíe al titular de la SHCP un requerimiento para que informe con qué fundamento otorgó a la Auditoría Superior de la Federación un presupuesto adicional en 2009, sin conocimiento ni aprobación de la Comisión de Vigilancia de la ASF, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI Antecedentes

1. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico perteneciente a la Cámara de Diputados a través de la cual revisa la Cuenta Pública federal. Por decreto del pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, en el cual fue se destinó a la ASF un presupuesto por mil 27.7 millones de pesos, que quedó sectorizado en el capítulo correspondiente al Poder Legislativo. La ASF, conforme a su normativa, está obligada a presentar para aprobación su proyecto de presupuesto de egresos ante la Junta de Coordinación Política, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la.

2. Los artículos 20 y 57 a 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen las formalidades que deben cubrir los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos para modificar su presupuesto autorizado. La ASF no está exenta de cubrir las formalidades legales para modificar o realizar adecuaciones presupuestarias, para lo cual debe recurrir a la propia Cámara de Diputados.

3. Dicho criterio ha sido sustentado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con motivo de una petición formulada por la ASF, que solicitó directamente a la SHCP una ampliación presupuestaria y por el oficio número 801.1.0223, de fecha 4 de marzo de 2003, el subsecretario de Egresos de la citada secretaría dio respuesta al contador público certificado Arturo González de Aragón Ortiz, manifestándole que dicha secretaría no cuenta con atribuciones para emitir autorizaciones presupuestales relativas al citado ente fiscalizador por no estar sectorizado al Ejecutivo federal.

4. No obstante lo anterior, la SHCP, sin fundamento legal y sin competencia para ello, le concedió un incremento por 100 millones de pesos a la ASF para el ejercicio de 2009, sumados a los legalmente autorizados, de mil 27.7 millones de pesos ya identificados.

5. Por escrito de fecha 14 de julio del año en curso, el diputado federal José Luis Varela Lagunas expresó su inquietud sobre el tema, como consta en su comunicado dirigido al entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la; y por escrito del 25 de agosto del año en curso, los ciudadanos José Luis Varela Lagunas, Elías Cárdenas Márquez y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, diputados a la LX Legislatura, así como el senador Carlos Sotelo García, presentaron el 28 de agosto de los corrientes formal denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por las conductas narradas, por la posible constitución de delitos cometidos por servidores públicos federales en funciones y en perjuicio de la federación.

Por lo anterior, se pone a su consideración, como punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, para que por conducto de la Junta de Coordinación Política se remita el siguiente cuestionario al secretario de Hacienda y Crédito Público y al auditor superior de la Federación, a efecto de que den respuestas puntuales al pliego de preguntas, bajo protesta de decir verdad, y del contenido de dichas respuestas la propia Junta de Coordinación Política determine lo que en derecho proceda e informe al pleno acera de su destino.

Cuestionario para Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien debe dar respuesta bajo protesta de decir verdad:

Cuestionario para Arturo González de Aragón Ortiz, auditor superior de la Federación, quien debe dar respuesta bajo protesta de decir verdad

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, presidente de la Mesa. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como sabemos, en 2007 se reformó el artículo 134 de la Constitución, para establecer limitaciones respecto a la propaganda gubernamental.

La Constitución establece en este artículo 134 que la propaganda debe tener carácter institucional, fines informativos, educativos, de orientación social; que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. También establece esta norma constitucional que habrá equidad y uso imparcial en el ejercicio de los recursos; que no deben utilizarse con fines políticos o proselitistas.

Por su parte, el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que, en caso de ajustes a un presupuesto, los primeros gastos que deben reducirse son los de comunicación social.

El decreto de Presupuesto de Egresos para 2009 regula, en el artículo 18, que para propaganda gubernamental deben utilizarse los tiempos del Estado en principio; sin embargo, la norma es muy laxa, muy flexible, y permite que si los tiempos del Estado no están disponibles, los gobiernos deben comprar ---o pueden comprar--- tiempos para la promoción gubernamental.

Estimo que ha habido un abuso ---de parte no sólo del gobierno federal, sino de muchos gobiernos de las entidades federativas--- en la compra de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda gubernamental. Por eso estoy proponiendo no recursos, sino que en el decreto de Presupuesto de Egresos para el próximo año, para 2010, el artículo 18 de ese decreto de Presupuesto de Egresos para 2010 prohíba la compra de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda gubernamental a cargo del gobierno federal, y que se utilice íntegramente el tiempo del Estado para hacer uso de los programas gubernamentales.

Es decir, que sea imposible a los gobiernos, sobre todo al gobierno federal, comprar espacios en radio y televisión, y que se utilice íntegramente el tiempo del Estado para los fines de difusión. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

1. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus párrafos 7 y 8 que:

``La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, Imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.''

2. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 21 lo siguiente:

i) Los gastos de comunicación social; ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que lo ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales;

...

3. Que el artículo 18 del decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2009, establece que:

Al respecto, se interpreta que la determinación de la disponibilidad de los espacios y la vigencia solicitada recae en las propias empresas de comunicación, no se establece tampoco que los medios de comunicación deberán extender una constancia notariada sobre indisponibilidad de espacios y vigencia, de manera que la determinación es unilateral sin que medie un mecanismo claro para determinar en qué casos, previa solicitud de los tiempos del Estado, se puede contratar publicidad con recursos públicos.

Por su parte el mismo artículo 18, en su párrafo 9 establece lo siguiente:

De esta manera se abre la posibilidad de ampliar los presupuestos destinados a comunicación social y publicidad en casos de contingencia o para promover la venta de productos, sin embargo, no se establecen con claridad los criterios para determinar estos supuestos, tampoco se establecen los montos o porcentajes máximos en que podrán incrementarse los gastos de comunicación social y publicidad, por lo que la legislación en la materia es laxa.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se propone la modificación al artículo 18 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, para quedar en los siguientes términos:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, nos visitan en este momento alumnos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Veracruzana, así como estudiantes del ICADEP, de Hidalgo, y alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Chignahuapan, de las Facultades de Ciencias Sociales y de Administración. Sean ustedes bienvenidos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Carlos Flores Rico : Gracias, presidente.

Ya hemos comentado aquí que, tal y como está diseñada la política social actual, no funciona. Y no funciona porque no combate la pobreza, no reduce la desigualdad, no eleva el desarrollo humano. Esto no hay que demostrarlo mucho, puesto que en cualquier parte que uno asome la cabeza encuentra marginación, miseria, indigencia y, lamentablemente, pocos resultados en política social.

Hoy les vengo a proponer un punto de acuerdo, dirigido a la Comisión de Presupuesto, que no es de recursos, sino de criterios, y que tienen que ver con los defectos que vemos en la política social actual.

Uno. La política actual es asistencialista. En lugar de financiar la generación de empleos y la producción, financia el consumo; y es limitada y subsidiada.

Dos. Es centralista, es asfixiante, es prácticamente de una alta burocracia que desde acá dice qué hay que hacer allá donde está el problema.

Tres. Frecuentemente cae en la duplicidad. Hace lo mismo una secretaría que otra, y repiten lo que hacen los estados.

Cuatro. Es opaca. No hay padrón único de beneficiarios, pese a que hace años que tienen orden de ley y de la Función Pública de hacerlo.

Cinco. Es clientelar. Eso hace que tienda mucho a ser manejada electoreramente, de manera que el servidor público o es apóstol o es pastor de votos.

Seis. Es excluyente, porque generalmente no atiende ni a los estados ni a los municipios, pero mucho menos a la gente y a la organización social.

Siete. Y finalmente, es costosa e insuficiente.

¿Que hay qué hacer? Hay mucho que hacer. Lo podemos reducir en una frase: hagamos una reforma social de Estado que cambie el pacto social por el bienestar.

Entre tanto, los diputados firmantes queremos hacer llegar este punto de acuerdo, que dice cuatro cosas simplemente, a la Comisión de Presupuesto:

1. Consolidar programas sociales, evitando dispersión de recursos y sobrecostos, haciendo eficiente la focalización y ampliando las coberturas.

2. Establecer la obligación de que todos los programas actuales federales de desarrollo social sean convenidos con los estados, en los estados y en los órganos correspondientes de cada uno de ellos.

3. Que la actualización y elaboración de las reglas de los programas no retrasen la implementación eficiente y oportuna.

4. Y, finalmente, garantizar que los apoyos económicos establecidos lleguen completa, oportuna y directamente a los beneficiarios, evitando intermediaciones y clientelismos electorales.

Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren medidas federalistas y de eficiencia para el desarrollo social, a cargo del diputado Carlos Flores Rico y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Carlos Flores Rico , diputado federal a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre de los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante ustedes comparezco para exponer:

Que con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a su aprobación, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que el crecimiento económico debe ir aparejado al desarrollo social y que debe impulsarse una relación virtuosa entre la política económica y la política social; para que propicie un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable.

Que la política social debe ser puntal republicano en el combate al centralismo, y el impulso al federalismo como la mejor vía de aprovechar las capacidades de la nación; que es prioritario cuidar que se agilice el ejercicio del gasto social, utilizando la capacidad de ejecución de los estados y municipios;

Que las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados de los programas sociales deben acercarse a la población, y abrir espacios a la participación de la sociedad respetando su dignidad y alentando sus potencialidades productivas;

Por ello, proponemos a la atenta consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren los siguientes objetivos de gestión:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

COCA-COLA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Sociala que combata el fraude laboral y fiscal desarrollado por The Coca-Cola Company y sus filiales, valiéndose del outsourcing; igualmente para que se exhorte a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que se apegue a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra Coca-Cola.

El diputado Emilio Serrano Jiménez : Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, les pido el apoyo total para que se corrijan irregularidades que van en perjuicio no solamente de los trabajadores, sino de la hacienda pública.

Una empresa de prestigio ---o desprestigio--- internacional como es Coca-Cola, que se ufana de ser una inversora y tener más de 80 mil trabajadores en México, aunque solamente 400 son los que se ven beneficiados con las prestaciones de esta empresa, está evadiendo el fisco, está violando los derechos de los trabajadores en una simulación a través del outsourcing, con el que quita derechos a miles y miles de trabajadores. Pero no nada más es esta empresa la que viola los derechos de los trabajadores, es una práctica que se da ya en otras grandes empresas.

No estamos en contra de la inversión extranjera. Estamos en contra de la violación de los derechos de los trabajadores. Estamos en contra de la evasión fiscal que hace esta empresa. Pero, no obstante que son violadores de la ley, tienen el respaldo, la anuencia de instituciones que están para proteger a los trabajadores, como es la Junta de Conciliación y Arbitraje, que en forma parcial da la razón a la empresa. La Procuraduría General de la República también actúa en forma parcial a favor de estas grandes empresas.

Nosotros pedimos que respeten la ley, y que se actúe con imparcialidad. No estamos pidiendo favores. Estamos pidiendo respeto absoluto a la ley. Por muy empresas trasnacionales y poderosas que sean, en México debe respetarse la ley. Es lo que estamos pidiendo.

Voy a pedirle, señor presidente, que se publique íntegramente el documento del que se hizo entrega, porque ahí tenemos un claro ejemplo de las violaciones a los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a combatir el fraude laboral y fiscal efectuado mediante operaciones de outsourcing por The Coca-Cola Company y sus filiales; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a ajustarse a derecho en el juicio que el ingeniero Ángel Alvarado Agüero mantiene contra dicha empresa, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

El ingeniero Ángel Alvarado Agüero, se desempeñó durante 16 años como alto directivo de la empresa The Coca-Cola Company, habiendo sido despedido injustificadamente en mayo de 2007, todo por manifestar su inconformidad ante las ilegales prácticas monopólicas desarrolladas por la empresa en nuestro país. En consecuencia de lo anterior, el ingeniero Alvarado interpuso demanda laboral, que se tramita ante la Junta Especial número 16 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Siendo indispensable señalar, que a este ingeniero se le arrancó una supuesta renuncia, para lo cual la empresa le privó ilegalmente de su libertad y le hizo víctima de todo tipo de amenazas, además de estar presionado por guardias armados. Así se las gasta esta trasnacional, que públicamente presume de tanta rectitud.

A partir de entonces, este ingeniero, ha visto la complicidad de esta junta con esta poderosa trasnacional, por lo que se le ha obstaculizado su defensa por todos los medios posibles; su familia ha sido víctima de amenazas y, se le ha impedido por todos los medios su derecho a reemplearse nuevamente (es decir, se ha hecho uso de la aborrecible e ilegal práctica de ``poner en el índice'').

Sobre las irregularidades procesales, cabe señalar que la Junta Especial número 16, sistemáticamente le ha desechado las documentales ofrecidas por este trabajador, las cuales son pruebas contundentes, e incluso ha llegado al extremo de revocar sus propios acuerdos ordenando el archivo de un expediente sin sustanciar el procedimiento respectivo.

En todo lo anterior, ha jugado un papel fundamental la simulación laboral desarrollada por The Coca-Cola Company, por medio de la utilización del mecanismo conocido como outsourcing, esquema de intermediación laboral y de servicios, para lo cual The Coca-Cola Company ha creado varias filiales. Todo con el objeto de burlar sus obligaciones para con sus trabajadores, especialmente el reparto de utilidades, igualmente para evadir al fisco y al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS).

Baste señalar como ejemplo, en 2007 The Coca-Cola Export Corporation, sucursal México, obtuvo utilidades por un monto de alrededor de 700 millones de dólares, por lo que conforme a la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores se les debieron repartir 70 millones de dólares; sin que esto haya sido algo excepcional ya que el pago completo de utilidades se les ha negado a los trabajadores por más de treinta años.

Pese a las declaraciones de condena del secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, a las prácticas del outsourcing , para lo cual firmó un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, resulta que a la fecha, pese a las repetidas solicitudes del ingeniero Alvarado, la STPS no ha hecho nada para poner fin al fraude laboral desarrollado por Coca-Cola en el país.

El trabajador, en su lucha por justicia ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, las que han corrido con la misma suerte que el procedimiento laboral. La lista de derechos y garantías que se le han conculcado al trabajador es muy larga, convirtiéndose en una lucha desleal y antijurídica, siendo que lo único que se busca es la justicia a este trabajador, dada la práctica de simulación fraudulenta de numerosas empresas en nuestra nación vía el outsourcing .

Nadie puede oponerse, a que una empresa de capital extranjero invierta en nuestro país y genere empleo, pero siempre que lo haga en respeto a nuestro estado de derecho, comenzando por los derechos humanos, en general, y concretamente los derechos laborales de sus trabajadores.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, a que intervenga contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal, desarrolladas por la empresa The Coca-Cola Company y sus diversas filiales, por medio del mecanismo denominado outsourcing . Aclarando que la empresa que tiene la representatividad legal productiva de esta trasnacional en nuestro país es la denominada, The Coca-Cola Export Corporation, sucursal México.

Segundo. Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, a velar porque en el juicio entre el ingeniero Ángel Alvarado Agüero y The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México, se actúe en todo momento con imparcialidad y sujeción a derecho.

Tercero. Se exhorta, igualmente, al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, para que los procesos penales interpuestos por el ingeniero Ángel Alvarado Agüero con motivo de las irregularidades en el proceso laboral, se atiendan con oportunidad y legalidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Insértese como lo solicita el diputado.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez , del Grupo Parlamentario del PRI. Me están informando de su ausencia en este momento del recinto, por lo cual se le dará el uso de la palabra más tarde.

COMISION ESPECIAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados.

La diputada Luz Carolina Gudiño Corro : Con su venia, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante.

La razón: México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral a lo largo del Océano Pacífico y del Golfo de México, en 17 entidades federativas que representan 15 por ciento de la población y cerca de 36 por ciento del producto interno bruto.

De los 107 puertos que existen, 24 tienen actividades relevantes, y de éstos 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales, mejor conocidas como APIS, con participación patrimonial al ciento por ciento de la Federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios, ya que se trata de empresas constituidas, bajo la Ley de Sociedades Mercantiles, como sociedades anónimas de capital variable. Éstas a su vez ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación, logrando un gran dinamismo.

80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las APIS de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira.

Actualmente, Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación ciento por ciento estatal y han obtenido del Ejecutivo federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.

Los principales puertos de México cursan por distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas operativos de carga, de descarga, de estiba y de seguridad.

Por su ubicación geográfica, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados europeos y norteamericanos, a través de sus puertos de altura, o bien fortalecer la interacción hacia los mercados locales.

Es necesario reformular las estrategias para la administración de las aduanas marítimas, pues se requiere de manera urgente modernizar los procedimientos y controles de tránsito marítimos.

Estudios recientes demuestran que, en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas.

Desde la comisión cuya creación se propone pueden impulsarse acuerdos entre los diversos actores, para concretar en el corto y mediano plazo la ampliación del puerto de Veracruz, la ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, destinados a la conformación del corredor transístmico.

La administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal; la revisión de los términos convenidos de la colaboración fiscal, en materia de zonas federales marítimas terrestres; la expansión de la Escalera Náutica del Pacífico, el desarrollo de la Escalera Náutica del Golfo, la construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar y la construcción de terminales industriales metal-mecánicas relacionada a la extracción petrolera, petroquímica y de refinación.

El desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de la zona de influencia más cercana.

Debemos de implementar una estrategia regional en la cual la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que, en el marco del nuevo federalismo, otorguen más facultades a las entidades federativas.

Por eso, y con objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario, se propone como punto de acuerdo la creación de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante, en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Luz Carolina Gudiño Corro , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.

En México el amplio potencial portuario y costero, y su dinámica económica y poblacional se localizan en las zonas altas. Diecisiete entidades federativas cuentan con 11,122 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y el Golfo de México, y en ellas se concentra más del 15 por ciento de la población; las zonas costeras registran las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y aportan cerca del 36 por ciento del producto interno bruto. No obstante, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.

Sólo destacan como actividades económicas relacionadas con el sector, el turismo en sus diferentes modalidades como: el náutico, sol y playa, cultural, rural, deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña; así como la acuacultura; y la transportación de mercancías a través de puertos comerciales de altura o de cabotaje; en materia industrial, el desarrollo en rubros como astilleros, industrias pesadas, petroquímica entre otras, son las actividades preponderantes del sector. No así la industria de la transformación, ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve están ubicados en las costas.

Existen 107 puertos de los cuales sólo 24 tienen actividades relevantes y de estos, 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales con participación patrimonial al cien por ciento de la federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable.

Las Administraciones Portuarias Integrales federales son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Dos Bocas, esta última creada en noviembre de 1999.

Éstas, a su vez, ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación logrando un gran dinamismo. El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira.

Actualmente, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal, y han obtenido del Ejecutivo federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.

México goza de una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales con una baja vocación hacia las actividades marítimas y portuarias. Las zonas costeras de México se vinculan a los grandes sistemas lagunares, hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan amplias posibilidades para el desarrollo y bienestar de millones de mexicanos.

Los principales puertos de México cursan distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas de congestionamiento de carga, saturación causada por la diferente integración con otras modalidades de trasporte y por las restricciones de crecimiento por encontrarse rodeados de zonas urbanas. Del mismo modo, existen problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad.

La nación tiene además, puertos turísticos y pesqueros, la industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para generar las divisas que demanda la sociedad, por su gran capacidad para generar empleos y por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores de la economía, también por ser un fuerte inductor de capacitación de inversión extranjera.

Las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en distintos puertos del país, se ven frenadas por carecer de una infraestructura de transporte y de servicios turísticos adecuada y de calidad, también por la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a la coordinación del turismo, tanto nacional como extranjero, con los diversos lugares turísticos cercanos de las zonas portuarias.

En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad reviste y los enormes recursos potenciales a explorar, se desarrolla con límites que impiden mayor crecimiento. Es de destacar el tamaño y la reducción de su capacidad en captura de las embarcaciones de su flota, los métodos, las técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de comercialización y de financiamiento: la insuficiente infraestructura de apoyo, como adecuados atracaderos, centros de recepción, conservación y frigorífico, así como la escasa capacidad de procesamiento industrial. En términos generales, es conveniente señalar y atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población. La modernización de los puertos ubicados en el litoral mexicano resulta altamente prioritaria: pues de estos depende un considerable porcentaje de desarrollo de la economía nacional.

Por su ubicación geográfica, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados de éste y otros continentes a través de sus puertos de altura o bien, la interacción hacia los mercados locales. Ante tal dinámica, el crecimiento de México requiere de una infraestructura portuaria acorde a las expectativas de desarrollo, y que permita aprovechar las enormes oportunidades de inversión y de turismo, a fin de fortalecer la productividad que de manera integral asegure la continuidad y el crecimiento del país.

Todo ello, sin duda representa un gran reto que necesariamente se debe afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos ubicados en el litoral mexicano. Las directrices que se fijen deben elaborarse interpretando la realidad social del país, por ello, no es correcto ni viable, tratar de impulsar la economía gravando lesivamente los medios de producción de sectores tan estratégicos como el marítimo; se debe fomentar el desarrollo de la industria para garantizar la existencia de una contribución futura, mas no usufructuar el mercado en perjuicio de los ciudadanos y a favor de los extranjeros.

Con la visión de un federalismo autentico, se deberá impulsar, desde el Congreso federal, la participación de las entidades federativas y sus municipios, el fortalecimiento del sector portuario y rescate de la marina mercante para lograr beneficios directos de la globalización económica.

La temática particular que han impulsado, en los últimos años, los gobiernos estatales y municipales, así como los diversos actores se resume en lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, propongo la creación de una Comisión Especial de puertos y marina mercante en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los proyectos relacionados con la materia y vinculados a:

Otro fundamento para la creación de esta comisión, es la necesidad de reformular tanto las estrategias para la Administración de las Aduanas Marítimas como la conveniencia de emitir lineamientos administrativos específicos en materia administración de aduanas marítimas; pues se requiere , de manera urgente, modernizar los procedimientos y controles del tránsito marítimo, esto no es un asunto sólo de seguridad nacional, deben de promoverse esquemas eficientes para su funcionamiento en un mundo competitivo, en el cual la seguridad y el tiempo de traslado de la mercancía, inciden en forma determinante en los costos, precios y rendimientos. Estudios recientes demuestran que en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas.

Además, se necesita en la organización interna de esta soberanía, un órgano especializado que fomente la productividad del sector marítimo a través de la confección de políticas públicas que garanticen la dinámica comercial en los puertos de la República Mexicana, y sobre todo, que en esta dinámica se impulse la contratación de embarcaciones nacionales, para que funcionen como vehículos de la economía mediante el transporte de mercancías, con lo cual, habrá mayor capital y mas fuentes de empleo, ambas premisas indispensables para el desarrollo de la nación.

Desde la comisión, cuya creación se propone, se pueden impulsar los acuerdos entre los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo los siguientes proyectos:

En el marco de la economía globalizada, la importancia de los puertos ha tomado una nueva relevancia. Las ciudades costeras se encuentran ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de diversas actividades económicas que se gestan alrededor de su litoral.

Alcanzar el desarrollo portuario y de la marina mercante de México en el reconocimiento y superación de necesidades sociales y económicas, implica la realización de auténticas políticas públicas que rijan el desarrollo del litoral y posibilite la modernización del país y necesariamente el logro de mejores niveles de vida.

Modernizar los puertos ubicados en el litoral resulta altamente prioritario, es conveniente atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población, impulsar el cabotaje en ríos y la participación privada en las inversiones.

El desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial, que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de su zona de influencia más cercana, debemos implantar una estrategia regional, en la cual, la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal, para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que en el marco del nuevo federalismo otorguen más facultades a las Entidades Federativas; por esto y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Otórguense los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento.

Tercero. La duración de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante comprenderá desde la aprobación del presente acuerdo hasta el término de esta LXI Legislatura.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Señoras diputadas y señores diputados, contamos con la visita de alumnos de la escuela Kairos, así como habitantes del estado de Veracruz que se encuentran como invitados. Sean ustedes bienvenidos.

Se pospone, a solicitud del Grupo Parlamentario del PRI, la intervención del diputado Antonio Benítez Lucho .

COMISION ESPECIAL DE ARTESANIAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Artesanías.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo : Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes considerandos:

Los pueblos y comunidades indígenas de México presentan un rostro altamente diversificado y son quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza nacional. Están integrados ---más de 12 millones de personas, alrededor de la décima parte de la población del país--- en 20 mil localidades, que son las que más aportan en recursos humanos, territorio y cultura, a pesar de que en su mayoría viven en condiciones de miseria.

La elaboración de artesanías, esencia de nuestra identidad e historia, es también su modus vivendi y a veces su única fuente de ingresos. La artesanía comprende las obras y trabajos realizados de manera manual y creativa con poca o nula intervención de maquinaria, significándose por ser decorativos y distintos al trabajo en serie o industrial.

El 14 de junio, el Ejecutivo federal constituyó el fideicomiso público Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, sectorizado a Sedesol, para impulsar el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México.

Asimismo, la Cámara de Diputados contaba con una Comisión Especial de Artesanías hasta la LVII Legislatura, que se fusiona con la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, generando con esta lamentable decisión que un asunto tan importante para la vida económica de una buena parte de la población haya pasado a un segundo término.

Por ello, durante los Foros Nacionales Artesanales IV y V, celebrados en Campeche en 2008, y en Jalisco en este año, los Institutos de las Artesanías y las Casas de las Artesanías de los estados del país se manifestaron contundente y unánimemente porque esta representación cree e integre nuevamente una Comisión Especial que impulse, proteja y reglamente la actividad artesanal; revise y actualice la incompleta e inoperante Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y a la Actividad Artesanal, y otorgue los apoyos como una política pública para que mejoren los ingresos y la calidad de vida de los artesanos mexicanos.

Esta representación, fiel al pacto federal, debe empeñarse en respaldar decididamente las propuestas que impulsen el desarrollo de los pueblos indígenas, como variante del federalismo cooperativo.

Por ello, estimamos pertinente someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política y a esta asamblea que se constituya la Comisión Especial de Artesanías y se le dote, para su eficaz desempeño, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación durante la vigencia de la LXI Legislatura. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de Artesanías, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica; y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que los pueblos y comunidades indígenas de México presentan un rostro altamente diversificado y son quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza nacional.

2. Que estos pueblos y comunidades están integrados por más de 12 millones de personas, constituyen la décima parte de la población y se encuentran distribuidos en 20 mil localidades, expresando la mayor riqueza nacional y son los que más aportan, en recursos humanos, territorio y cultura, a pesar de que, en su inmensa mayoría, viven en condiciones de franca miseria.

3. Que en doce entidades --entre las que sobresalen Guerrero, Oaxaca y Chiapas-- se concentran 5.4 millones de hablantes de la lengua indígena, los restantes 678 mil, están diseminados en el resto de los estados; 803 municipios, son considerados de corte indígena, el 67 por ciento de su población se ocupa en actividades agrícolas; las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios y muchas de ellas, son territorios sagrados y ceremoniales, con zonas arqueológicas que los pueblos indígenas, desde tiempos inmemoriales, reclaman como suyas.

4. Que la elaboración de artesanías, además de ser parte esencial que nos da identidad e historia, es el modus vivendi de grandes sectores poblacionales de la sociedad mexicana, destacada y mayoritariamente los pueblos y comunidades indígenas.

5. Que la artesanía comprende, básicamente, las obras y trabajos realizados de manera manual, con poca o nula intervención de maquinaria, que se significan por ser decorativos y distinta a las demás, diferenciándose del trabajo en serie o industrial ¹

6. Que a diferencia de la industria que es toda técnica, mecánica aplicada para producir socialmente bienes y servicios, la artesanía es ``toda técnica manual creativa, para producir individualmente, bienes y servicios en tanto que la industria es ``toda técnica mecánica aplicada, para producirse socialmente, bienes y servicios'' ² y, más aún, para muchos estudiosos de las artes, la artesanía es un estado evolutivo que media entre el diseño y el arte.

7. Que el 14 de junio, por mandato del Ejecutivo federal, se constituyó el fideicomiso público de la administración pública federal, denominado Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, sectorizado actualmente a la Secretaría de Desarrollo Social, que responde a la necesidad de impulsar el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México, cuya misión es apoyar a los artesanos y artesanas de México, contribuyendo a la mejora de sus niveles de vida y a preservar los valores de su cultura tradicional.

8. Que necesitamos vincular la creatividad del artesano con el consumidor final, mediante programas de apoyo y efectivas estrategias de comercialización que aseguren el posicionamiento de productos artesanales de calidad, en los mercados nacionales e internacionales y con la visión de constituirse en un instrumento que logre mejorar los niveles de los artesanos de México, diseñando y ejecutando acciones de largo plazo, basadas en el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias de los artesanos; que les permita la generación consistente de recursos económicos, para una mejor distribución de la riqueza.

9. Que en este mismo orden de ideas la Cámara de Diputados, contaba con una Comisión Especial de Artesanías, a partir de la LVII Legislatura, con el propósito de aprobar ordenamientos y acciones orientadas a fomentar la actividad artesanal en México; dejó este de operar a partir esa Legislatura para fusionarse con la vigente Comisión de Comercio y Fomento Industrial, lo que generó que un asunto tan importante para la vida económica de una buena parte de la población pase a un segundo término.

10. Que, por ello, durante los Foros Nacionales Artesanales IV y V, celebrados en Campeche en 2008 y en Jalisco en 2009, respectivamente, por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, los Institutos de las Artesanías y las Casas de las Artesanías de los estados de la república, se han manifestado contundentemente y de manera unánime, en solicitar nuevamente al honorable Congreso de la Unión la creación e integración de una comisión especial que impulse, proteja y reglamente la actividad artesanal nacional la haga competitiva y signifique una verdadera oportunidad de mejorar sus ingresos y calidad de vida.

11. Que además de tender las premisas legales que posibiliten la estricta observancia del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como esta Comisión Especial de Artesanías, se propiciaría un homenaje a miles y miles de mexicanos que se dedican a esta noble actividad, que es, sin duda alguna, uno de los baluartes que dan identidad con una honda composición pluricultural, amén de proceder a la inmediata oxigenación legislativa, a título de ejemplo, de la vigente Ley Federal de Fomento a la Micro Industria y Actividad Artesanal, que resulta incompleta, inoperante y poco aplicable.

Que esta representación nacional, fiel al pacto federal, se empeña en respaldar de manera decidida, las propuestas que impulsen el desarrollo de los pueblos indígenas que es una de las variantes del federalismo cooperativo a que convoca la lectura sistemática e interdisciplinaria del artículo 116 de la Carta Magna, en correlación con el artículo 3o., 25 y 26 de nuestro código primario; por lo que hemos estimado pertinente someter a la consideración de esta honorable asamblea nacional, para que previo al trámite correspondiente se discuta, analice y, en su caso, se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea, se constituya la Comisión Especial de Artesanías y se le dote para su eficaz desempeño, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación y que el periodo de sus funciones comprenda toda la LXI Legislatura.

Notas: 1 Enciclopedia libre Wikipedia. 2 Eutimio Tovar Rodríguez, La artesanía mexicana, su importancia económica y social .

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva a que formule excitativas a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para que emitan el dictamen correspondiente respecto de la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrito por los diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrezy Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán : Con su venia, señor presidente.

Honorable pleno legislativo, los suscritos, diputado federal José Francisco Landero Gutiérrez y diputado federal Miguel Antonio Osuna Millán , integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, fracción XVI, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponen el siguiente punto de acuerdo para que la Presidencia de la Mesa Directiva formule excitativa dirigida a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para que emitan el dictamen correspondiente respecto a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, con base en lo siguiente:

Entre las finalidades de la Ley General para el Control del Tabaco se encuentra proteger a la población de los efectos nocivos del tabaco y garantizar el derecho de los no fumadores a vivir y convivir en espacios libre de humo de tabaco, así como a establecer las bases para la protección contra el humo del tabaco y las medidas para reducir el consumo del mismo.

El 9 de septiembre de 2008, en la Cámara de Senadores se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, que fue aprobada por 84 votos a favor.

El 4 de diciembre de 2008 se turnó para su aprobación a la Cámara de Diputados. Este proyecto de decreto establecía que en lugares con acceso al público o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas universidades e instituciones de educación superior, podrán destinarse zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias.

El 14 de abril se aprobó y se modificó la redacción del artículo, aclarando que deberán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias.

Resulta irrebatible la necesidad de modificar la redacción actual del artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente la palabra deberán por podrán, ya que la redacción actual se contrapone con la finalidad de esta misma legislación.

Es una contradicción obligar a los lugares con acceso al público a contar con zonas exclusivas para fumar, pues dicha obligación no puede ser cumplida en las condiciones que establece la ley, dado que no todos los lugares con acceso al público cuentan con espacio suficiente para acatar lo que la ley señala.

Esta modificación otorgará la opción para que los propietarios de establecimientos puedan elegir por tener un espacio totalmente libre de humo de tabaco o realizar las adecuaciones para las zonas de fumadores.

Por lo antes mencionado y toda vez que el plazo legal de las comisiones unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen a partir del turno ya ha sido ampliamente rebasado, presento la siguiente excitativa.

En los términos de los antecedentes, consideraciones y fundamentos expuestos, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a efecto de que se sirvan emitir el dictamen correspondiente sobre la minuta referente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobada y devuelta al Senado por esta Cámara de Diputados en abril de 2009, para su efecto. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que emitan el dictamen correspondiente a la minuta referente a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrita por los diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez y Miguel Antonio Osuna Millán , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales José Francisco Javier Landero Gutiérrez y Miguel Antonio Osuna Millán , integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponen el siguiente punto de acuerdo para que la Presidencia de la Mesa Directiva formule excitativa dirigida a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos para que emitan el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, y el artículo 73, fracción XVI, del mismo ordenamiento faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la república, por lo que el ámbito de competencia de esta soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

Entre las finalidades de la Ley General para el Control del Tabaco se encuentran, proteger a la población de los efectos nocivos del tabaco y garantizar el derecho de los no fumadores a vivir y convivir en espacios libres de humo de tabaco, así como establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco y las medidas para reducir el consumo del mismo.

En sesión celebrada el 9 de septiembre de 2008 en la Cámara de Senadores se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, que fue aprobada por 84 votos a favor del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, en la sesión celebrada con fecha 2 de diciembre de 2008.

Con fecha 4 de diciembre de 2008 se turnó minuta a la Cámara de Diputados, para su aprobación por la Comisión de Salud, que proponía el proyecto de decreto:

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán destinarse zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan y

El 14 de abril de 2009, fue aprobada la minuta por la Cámara de Diputados, siendo devuelta dicha minuta en la sesión de fecha 15 de abril del año 2009, a las comisiones unidas de salud y estudios legislativos segunda del Senado de la República, con las siguientes modificaciones:

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:

Actualmente el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, establece de manera imperativa e inexcusable, el contar con áreas específicas para fumadores en los lugares de acceso público o áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, que van desde espacios sumamente pequeños hasta grandes, incluidas las universidades e instituciones de educación, a los cuales no se puede obligar a que cuenten con dichas áreas. A la letra establece:

``Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, deberán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:...''

Resulta irrebatible la necesidad de modificar la redacción actual del artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, específicamente la palabra ``deberán'' por ``podrán'', ya que la redacción actual se contrapone con la finalidad de ésta.

Resulta un contrasentido, obligar a los lugares con acceso al público, contar con zonas exclusivas para fumar, pues dicha obligación no puede ser cumplida en las condiciones que establece la ley, dado que no todos los lugares de acceso al público cuentan con espacio suficiente para acatar lo que la ley señala, además de que facilita la argumentación para presentar recursos de amparo.

El 4 de diciembre de 2008 fue turnada la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, siendo aprobada parcialmente la modificación; se acepta el cambio de la palabra ``deberán'' por ``podrán'', pero se rechaza la sustitución ``exclusivamente'' por ``exclusivas''.

La modificación que se propone por simple que parezca, respeta en su redacción el espíritu que motivó la creación de esta ley y sobre todo conlleva a una mayor certeza jurídica y a la potestad de los particulares de contar o no con zonas exclusivamente para fumar.

Esta modificación, otorgará la opción de que los propietarios de establecimientos con acceso al público, puedan elegir por tener un espacio totalmente libre de humo de tabaco o realizar las adecuaciones que exige la ley para las zonas de fumadores, sin imponer la obligación de que cuenten con espacios para fumadores y sin contravenir el objeto primordial de la ley.

Por todo lo antes mencionado y toda vez que el plazo legal de las comisiones unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen a partir del turno ha sido ampliamente rebasado, presento la siguiente excitativa:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones y fundamentos expuestos, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, a efecto de que se sirvan emitir el dictamen correspondiente a la minuta referente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobada y devuelta al Senado por esta Cámara de Diputados en abril de 2009, para su efecto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la investigación de los hechos sucedidos en Oaxaca del 1 de mayo de 2006a enero de 2007, así como del 16 de julio de 2007.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz : Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la suscrita, diputada Juanita Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticade esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

Entre mayo de 2006 y enero de 2007 la ciudad de Oaxaca de Juárez sufrió uno de los momentos más críticos de su historia moderna, cuando la incapacidad del gobierno del estado fue expresada por medio de balas, toletes y represión, como único lenguaje en la solución de las demandas sociales.

Como resultado de ello se violentó el orden social y constitucional, al realizarse detenciones arbitrarias de ciudadanos, agresiones y torturas, entre otros actos fuera de toda norma y de todo derecho, por parte del gobierno del estado.

Tales hechos fueron analizados y juzgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como quedó demostrado el pasado miércoles 14 de octubre, cuando resolvió el dictamen sobre la investigación del conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el gobierno del estado.

Dicha resolución señala que durante el conflicto se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información de la población de la ciudad de Oaxaca, haciendo responsable de estas violaciones a los derechos constitucionales y sociales al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, ya que éste permitió que el conflicto social creciera, debido a su falta de atención al problema, su falta de oficio político y una probada incapacidad de él, de su gobierno y de sus colaboradores.

Asimismo, la resolución refiere que la cadena de responsabilidades no debe quedar sólo hasta el entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, sino que debe actuarse contra el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, por no existir registros de los traslados arbitrarios y actos de tortura contra los detenidos.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se congratula por esta resolución y se pronuncia porque las autoridades tanto federales como las del estado de Oaxaca inicien los procedimientos correspondientes para fincar las responsabilidades penales y administrativas contra estos servidores públicos, ya que de nada serviría la resolución de nuestro máximo tribunal si ésta no se ve acompañada de las sanciones penales y administrativas correspondientes.

De no hacerlo, se sentaría un precedente para la procuración y administración de justicia y se contribuiría a seguir fomentando uno de los peores males que aquejan a nuestro país: la impunidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Oaxaca a que, con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al conflicto magisterial de Oaxaca, inicie el procedimiento de juicio político contra el gobernador constitucional del estado, Ulises Ruiz Ortiz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca a que, con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al conflicto magisterial, inicie las averiguaciones correspondientes contra los ciudadanos Ulises Ruiz Ortiz, José Manuel Vera Salinas, José Moreno Rivas y Joaquín Darío Berges y Dorantes, a efecto de fincar las responsabilidades de carácter penal a que haya lugar.

Es cuanto, señor presidente. Solicito que mi intervención sea incluida en el Diario de los Debates tal como fue leída. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la investigación de lo sucedido en Oaxaca del 1 de mayo de 2006 a enero de 2007, así como el 16 de julio de 2007, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada Juanita Cruz Cruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre los meses de mayo de 2006 y enero de 2007, la Ciudad de Oaxaca de Juárez, sufrió uno de sus momentos más críticos de su historia moderna, cuando la incapacidad del gobierno del estado, fue expresada por medio de balas, toletes y represión como único lenguaje en la solución de las demandas sociales. Como resultado de ello, se violentó el orden social y constitucional al realizarse detenciones arbitrarias de ciudadanos, agresiones y torturas entre otros actos fuera de toda norma y de todo derecho por parte del gobierno del estado.

Tales hechos fueron analizados y juzgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como quedó demostrado el pasado miércoles 14 de octubre cuando resolvió el dictamen sobre la investigación del conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno del estado. Dicha resolución señala durante el conflicto se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a la paz y al acceso a la información de la población de la Ciudad de Oaxaca, haciendo responsable de estas violaciones a los derechos constitucionales y sociales al gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz, ya que permitió que el conflicto social creciera, debido a su falta de atención al problema, su falta de oficio político y una probada incapacidad de él y de su gobierno y colaboradores.

Asimismo, la resolución refiere que la cadena de responsabilidades no debe quedar sólo hasta el entonces jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, sino que se debe actuar contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, por no existir registros de los traslados arbitrarios y actos de tortura contra los detenidos.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se congratula por esta resolución y se pronuncia por que las autoridades tanto federales, como las del estado de Oaxaca inicien los procedimientos correspondientes para fincar las responsabilidades penales y administrativas en contra de estos servidores públicos. Ya que de nada serviría la resolución de nuestro máximo tribunal si ésta no se ve acompañada de las sanciones penales y administrativas correspondientes.

De no hacerlo se sentaría un precedente para la procuración y administración de justicia y se contribuiría a seguir fomentando uno de los peores males que aquejan a nuestro país: la impunidad.

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Oaxaca, a que con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al conflicto magisterial de Oaxaca, inicie el procedimiento de juicio político contra el gobernador constitucional del estado Ulises Ruiz Ortiz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, a que con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al conflicto magisterial de Oaxaca, inicie las averiguaciones correspondientes en contra de los ciudadanos: Ulises Ruiz Ortiz, José Manuel Vera Salinas, José Moreno Rivas y Joaquín Dario Berges y Dorantes, a efecto de fincar las responsabilidades de carácter penal a que haya lugar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, diputada, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

SECTOR TURISTICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismoa eliminar el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extra hotelera, bajo la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los destinos turísticos del país.

El diputado Alejandro Carabias Icaza : Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México la crisis económica nos ha llevado a una situación crítica, con repercusiones negativas en la producción y el consumo, y principalmente en el empleo. Aunado a esta situación, la emergencia sanitaria provocada por el virus de la influenza A H1N1 afectó gravemente la actividad turística del país.

En este tenor, y con el objeto de recuperar la actividad turística, el gobierno federal ha implementado la campaña de promoción turística Vive México, con la finalidad de difundir los vastos sitios con potencial turístico de nuestro país.

Pero, en el contexto de esta campaña hemos sido testigos de una equivocada orientación del gobierno federal y de un abuso por parte de empresas privadas, que sirven como intermediarios y promotores inmobiliarios, como la compañía Travel Residences; empresas que promocionan con recursos públicos la oferta extra hotelera prestada de manera irregular y sin registro alguno ante las autoridades, que ---además de representar fugas en la recaudación, por evadir los impuestos locales de hospedaje--- son un riesgo para la inversión que genera empleos formales dentro del sector turístico.

Por tanto, esta oferta extra hotelera irregular y sin registro ante las autoridades constituye una competencia desleal frente a los hoteles que aportan su tributación correspondiente y que han invertido recursos sustantivos para cumplir con distintas regulaciones y normatividad y, que sobre todo, generan múltiples empleos formales que dan sustento a cientos de miles de mexicanos.

En este sentido, los legisladores del Partido Verde consideramos de vital importancia hacer un alto a este tipo de promociones desleales e inequitativos por parte del gobierno federal a través de la campaña Vive México.

Por lo anterior y de conformidad con la alta trascendencia que tiene este tema, los diputados que suscribimos solicitamos que se apruebe el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Turismo, a través del Consejo de Promoción Turística, elimine el apoyo en la publicidad de oferta extra hotelera que llevan a cabo intermediarios y promotores inmobiliarios bajo la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecido en los destinos turísticos del país. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a eliminar el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extra hotelera en la campaña Vive México, debido a que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los distintos destinos turísticos del país, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza , del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado Alejandro Carabias Icaza , integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la crisis económica nos ha empujado a una situación crítica con repercusiones negativas en la producción, consumo y principalmente en el empleo. Aunado a esto, la emergencia sanitaria provocada por el virus de la influenza A (H1N1) afectó gravemente la actividad turística en el país, con la disminución del arribo de turistas nacionales y extranjeros principalmente. En este tenor, y con objeto de recuperar la actividad turística, el gobierno federal ha implantado la campaña de promoción turística ``Vive México'', con la finalidad de difundir los vastos lugares con potencial turístico de nuestro país.

Empero, dentro del marco de dicha campaña hemos sido testigos de una equívoca orientación del gobierno federal y de un abuso por parte de empresas privadas que sirven como intermediarios y promotores inmobiliarios, como es el caso de la compañía Travel Residences. Empresas que promocionan con recursos públicos la oferta extra hotelera prestada de manera irregular y sin registro alguno ante las autoridades, que además de representar fugas en la recaudación por evadir impuestos locales de hospedaje, son un riesgo para la inversión que genera empleos formales dentro del sector turístico.

Por tanto, esta oferta extra hotelera irregular y sin registro ante las autoridades recae en una competencia desleal frente a los hoteles que aportan su tributación correspondiente, que han invertido recursos sustantivos para cumplir con distintas regulaciones y normatividad, y que sobre todo generan múltiples empleos formales que dan sustento a cientos de miles de mexicanos.

En ese sentido, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos de vital importancia hacer un alto a este tipo de promociones desleales e inequitativas por parte del gobierno federal a través de la campaña Vive México.

Por todo lo anterior y conforme a la alta trascendencia que tiene este tema, los diputados que suscribimos solicitamos se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Secretaría de Turismo, a través del Consejo de Promoción Turística, elimine el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extra hotelera que llevan a cabo intermediarios y promotores inmobiliarios bajo la campaña Vive México, debido que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los distintos destinos turísticos del país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Turismo.

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 al 2010, se consideren recursos para inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez de Durango.

El diputado Pedro Vázquez González : Con la venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el suscrito, diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así como los integrantes de este grupo parlamentario y el diputado Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, ponen a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Como todos sabemos, uno de los puntos centrales de las carencias que tiene el pueblo mexicano es el relativo a la educación en todos sus niveles. Desde siempre, pero en semanas recientes, autoridades docentes de educación superior y media superior ---por sólo mencionar dos--- se han estado pronunciando por demandar mayores recursos para las instituciones educativas, con la intención de obtener mejores condiciones que permitan a sus educandos acceder a estatus de mejor academia en su preparación.

Recordar que esta soberanía hizo suyo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política suscrito por todos los grupos parlamentarios y sus coordinadores, para manifestar y exhortar al gobierno federal a que no sufriera recortes presupuestales la educación a nivel superior y media superior.

El Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Juárez de Durango, no es ajeno a las demandas antes señaladas. El centro es uno de los pilares básicos de la Universidad estatal, porque le permite expandir su radio de acción y dar a conocer su proyección de largo alcance.

Para ello requiere actualizar su equipo y menaje, necesitando de mayor cantidad de computadoras, impresoras, pantallas, equipos de proyección y aire acondicionado; copiadoras, escáneres, cafetería, estufa, refrigerador; archiveros para sus diferentes áreas de servicio en oficinas administrativas de catalogación y, desde luego, acrecentar el acervo bibliográfico, tanto digital como impreso y especializado.

Actualmente cuenta con instalaciones que permiten dar atención a 2 mil 500 alumnos en dos turnos, más 200 alumnos del sistema semiescolarizado. Se trata de elevar la cantidad de alumnos a los que pueda darles el servicio en condiciones óptimas y con tecnología de punta. Para cumplir con este planteamiento requiere de una inversión de cuatro y medio millones de pesos, que se invertirán en los equipos antes señalados.

Nuestra propuesta va en el sentido de que esta honorable Cámara de Diputados atentamente solicite al Poder Ejecutivo de la federación que transfiera a la Universidad Juárez de Durango cuatro millones y medio de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 de las partidas asignadas y aprobadas por esta soberanía a las actividades de la Presidencia de la República, según se menciona en el cuerpo del documento que contiene el punto de acuerdo respectivo y se adjunta.

Además le solicito respetuosamente, señor presidente, se incluya íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Lo entrego a la Secretaría con la firma de los diputados del Partido del Trabajo y del diputado Ricardo López Pescador del PRI. Es cuanto, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos que se destinen a inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Pedro Vázquez González , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, integrante del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de obvia resolución para asignar una partida de cuatro millones quinientos mil pesos, moneda nacional, que se destinará a la inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

El Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, fue creado por decisión de su junta directiva, el 4 de octubre de 1974 y fue en 1977, cuando la Secretaría de Educación Pública de la Federación, aprobó su programa de actividades.

El Colegio se ha desarrollado desde entonces, para llegar a la actualidad con una infraestructura de 5 edificios, con un total de 32 aulas equipadas y con laboratorios. Las instalaciones permiten atender a una población escolar de 2 mil 500 alumnos en dos turnos del sistema escolarizado, más 200 alumnos del sistema semiescolarizado.

En el área académica cuenta con una planta docente de 156 maestros capacitados con programas para un perfil de acuerdo al Sistema Nacional de Bachillerato. Adicionalmente, el Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta con programas para tutorías, asesorías, preparación para el examen de Ceneval, investigación educativa, sicopedagogía y consultorio médico.

En mayo de 2009, con la actual administración se creó el Centro de Información, con un edificio construido en una superficie de 1,386 metros cuadrados, contando con un auditorio para 186 personas, tres áreas de estudio, salón de exposiciones y área de servicio para alumnos con capacidades diferentes.

Para la Universidad, este proyecto es el más importante para la consolidación de sus programas que permitan brindar un mejor servicio al alumno y estos tengan mayores y mejores oportunidades de desarrollo.

Es importante mencionar que el Colegio de Ciencias y Humanidades participa en actividades académicas como miembro de la Red Nacional de Nivel Medio Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos Superiores.

En septiembre de este año, fue sede del X Coloquio Nacional de Formación Docente. La necesidad de contar con mayor cantidad de computadoras(impresoras, pantallas, equipo de proyección y aire acondicionado, copiadoras, escáner, cafetería, estufa, refrigerador, archiveros para sus áreas de oficina, de servicios, de catalogación y por supuesto acervo bibliográfico, impreso, digital y especializado, se hizo patente cuando se llevó a cabo una evaluación del programa académico por parte del Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Media Superior, AC, pues quedaron de manifiesto nuestras deficiencias en los conceptos señalados con anterioridad.

En esa virtud, es menester que para concluir el proyecto del Centro de Información, se cuente con los componentes mencionados en párrafos precedentes.

Compañeras y compañeros legisladores: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se hace eco de las necesidades que tiene el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez de Durango y propone a esta soberanía, un punto de acuerdo para dotar a ese organismo, de los recursos mínimos para la adquisición de los insumos indispensables para la atención de más alumnos, en esa área vital para complementar su educación.

El monto mínimo de inversión para dotar a ese organismo de los componentes citados, es del orden de los 4 millones 500 mil pesos, que nuestro grupo parlamentario propone se transfieran de la asignación que para 2009, se efectuó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la partida del Ramo 02 Presidencia de la República, a GF 1; FN 1; SF 04; Al 004; P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la República.

En atención a lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados integrante del honorable Congreso de la Unión, atentamente solicita al Poder Ejecutivo de la Federación, transfiera del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por esta soberanía para ejercerse en el año 2009, del Ramo 02 Presidencia de la República, de la partida GF 1; FN 1; SF 04; Al 004; P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República, la cantidad de 4 millones 500 mil pesos, a la cuenta de cheques abierta número 4000861682, en HSBC del Colegio de Ciencias y Humanidades o la clave electrónica 1050500209 y de la Universidad Juárez de Durango 10UCT000-ID o 10UBH00204, con Registro Federal de Contribuyentes UJE 570321 HBO.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada María Teresa Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo, a la Procuraduría de Justicia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad a que investiguen, deslinden y dejen en libertad a la indígena Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : Gracias, señor presidente. Nada más para comentar y comunicar al pleno de esta asamblea que retiré esta propuesta porque ya fue liberada. Entonces, agradezco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. Como lo solicita, diputada.

LEY GENERAL DE EDUCACION - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Margarita Gallegos Soto, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Aguascalientes a que cumplan a cabalidad con lo que establece el artículo 25 de la Ley de Educación, suscrita por los diputados Margarita Gallegos Sotoy David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Margarita Gallegos Soto : Con su venia, señor presidente. Los suscritos diputados David Hernández Vallíny Margarita Gallegos Soto, integrantes de la coordinación de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la honorable LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con base a las facultades que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes considerandos.

Primero. En términos de lo establecido por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos; incluyendo a la educación inicial, así como a la educación superior, en virtud de que son necesarios para el desarrollo de la nación, razón por lo cual apoyará la investigación científica y tecnológica, además de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La universidad pública mexicana es la respuesta del Estado para llevar la educación superior a los jóvenes que pertenecen a las clases económicamente débiles, quienes no tienen otra opción para cursar sus estudios. Históricamente, en la universidad pública se han formado los hombres que han dado rumbo y destino a esta nación.

No obstante, uno de los principales problemas que enfrenta la universidad pública es el financiero, y para su subsistencia depende en gran medida de las participaciones que le asignen el gobierno federal y los gobiernos de los estados.

En cuanto a la participación federal que se otorga a las universidades, la asignación de las cantidades específicas a cada una de ellas se hace sin tomar en cuenta criterios de equidad y proporción, grado de consolidación que tenga la institución, tasa de crecimiento anual, superación académica e inflación, pues en la mayoría de las veces, los criterios se basan en cuestiones políticas o en la presión que se ejerce para la distribución.

Segundo. Las universidades públicas y, en general, la educación superior, corren el serio peligro de que las funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión del conocimiento no sólo se estanquen, sino que sufran un severo retroceso, ante el anuncio del secretario de Hacienda de que el subsidio destinado a la educación superior ---en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Congreso de la Unión--- sufrirá una reducción considerable en comparación con el ejercicio fiscal 2009, con lo cual se pone de manifiesto el escaso o nulo interés que el Ejecutivo federal tiene por la ciencia y la tecnología, elemento fundamental para el progreso de nuestro país.

Es incuestionable que en los últimos años el gobierno federal ha cerrado los ojos no sólo a la educación pública superior, sino a la educación pública en general. Asimismo, evidentemente ha sido la falta de apoyo a la educación media superior y superior, la responsable de que muchos jóvenes abandonen su formación educativa ante el preocupante número que no alcanza lugar en las instituciones públicas.

Tercero. El Estado, política y socialmente, está obligado a cumplir con la formación educativa de los jóvenes de México, por lo que debe aportar los recursos necesarios para mantener y, sobre todo, elevar la cobertura de la demanda estudiantil. La crisis económica que padece nuestro país sin duda alguna habrá de incrementar esa demanda en instituciones públicas, al carecer más jóvenes de recursos económicos para inscribirse en una universidad privada. Por ello, hoy más que nunca las autoridades tienen la responsabilidad histórica de apoyar con mayor subsidio la educación superior en todo el país.

Cuarto. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la mayoría de las universidades públicas, enfrenta el enorme crecimiento de la matrícula, que no ha sido acompañada con incremento similar en el presupuesto que recibe del Estado, lo que origina que no pueda atender la alta demanda estudiantil que anualmente pretende ingresar a cursar alguna carrera; situación que se irá agravando si no se le apoya con el financiamiento necesario.

Durante el presente ejercicio presupuestal la UAA recibió de la federación 58.23 por ciento de su presupuesto ordinario; 18.70 como subsidio por parte del gobierno estatal, 16.66 por ingresos propios, y 6.41 corresponde a su déficit presupuestal.

Como podrá observarse, la UAA es de las universidades públicas del país que aporta el más alto porcentaje de ingresos propios para su sostén. Hasta antes de la reforma a su Ley Orgánica, ocurrida en diciembre de 2007, recibía 15 por ciento de subsidio estatal.

No obstante, es recurrente el déficit anual que la universidad padecía, por lo que las autoridades universitarias se convirtieron en gestores de recursos extra para mantener la oferta educativa y tener la oportunidad de incrementar la misma.

Ante esto, la LX Legislatura del Congreso de Aguascalientes acordó incrementar el porcentaje que por ley recibe de 25 por ciento, lo cual manifiesta el espíritu de apoyo de los miembros de esta legislatura a los jóvenes que carecen de recursos para ingresar a una universidad privada. Sin embargo, este año solamente recibió 18.7 por ciento.

El incremento al subsidio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes obedece, dentro de otros aspectos, a que ha crecido el número de docentes de educación parcial o exclusiva y de personal administrativo, así como a la ampliación de la planta física para ofrecer mejores laboratorios y espacios académicos.

Además, es necesario consolidar las carreras a nivel licenciatura, fortalecer los posgrados e impulsar la creación de otros, así como para que la investigación que realiza la universidad se incremente, responda a las necesidades sociales e incida directamente en el sistema productivo.

En resumen, que las funciones básicas sigan teniendo como fin último la excelencia académica que le permita formar profesionistas de la más alta calidad, para que sean competitivos al egresar y se conviertan en elementos claves de cambio y progreso dentro de la sociedad.

Por lo expuesto sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al gobierno federal y al del estado de Aguascalientes a que cumplan a cabalidad con lo que les establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, que expresamente señala que:

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública de los servicios educativos. El monto anual que el Estado ---federación, entidades federativas y municipios--- destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto al menos 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al de-sarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior pública.

Únicamente se requiere la aplicación de la ley en su sentido estricto y voluntad política del gobierno federal y del gobierno del estado.

Segundo...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Margarita Gallegos Soto : ... Se solicita al gobierno federal y al gobierno de Aguascalientes que otorgue un presupuesto extraordinario a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para que pueda enfrentar su déficit presupuestal de 6.41 por ciento y así solventar los problemas del gasto corriente y de creación de infraestructura, para estar en condiciones de atender la demanda estudiantil que anualmente va en aumento, y otorgar una educación de calidad. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Aguascalientes a cumplir a cabalidad lo que se establece en el artículo 25 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Margarita Gallegos Soto y David Hernández Vallín , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto , integrantes de la Coordinación del estado de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la honorable LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

Primero. En términos de lo establecido por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo a la educación inicial, así como la educación superior, en virtud de que son necesarios para el desarrollo de la nación, razón por la cual apoyará la investigación científica y tecnológica, además se alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

La universidad pública mexicana es la respuesta del Estado para llevar la educación superior a los jóvenes que pertenecen a las clases económicamente débiles, quienes no tienen otra opción para cursar sus estudios. Históricamente en la universidad pública se han formado los hombres que han dado rumbo y destino a esta nación.

No obstante lo anterior, uno de los principales problemas que enfrenta la universidad pública es el financiero y para su subsistencia depende en gran medida de las participaciones que le asigne el gobierno federal y los gobiernos de los estados. En cuanto a la participación federal que se otorga a las universidades, la asignación de las cantidades específicas que le corresponden a cada una de ellas se hace sin tomar en cuenta criterios de equidad y proporción; el grado de consolidación que tenga la institución; la tasa de crecimiento anual; la superación académica y la inflación, pues en la mayor de las veces, los criterios en que se basan son políticos o con base en la presión que ejercen para la distribución de éstos.

Segundo. Las universidades públicas, y en general, la educación superior, corren el serio peligro de que las funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión del conocimiento, no sólo se estanquen sino que sufran un severo retroceso, ante el anuncio hecho por el secretario de Hacienda en el sentido de que el subsidio que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado al Congreso de la Unión, destinado a la educación superior sufrirá una reducción considerable en comparación con el ejercido en el ejercicio fiscal de 2009, con lo cual se pone de manifiesto el escaso o nulo interés que el Ejecutivo federal tiene por la ciencia y la tecnología, elemento fundamental para el progreso de nuestro país.

Es incuestionable que en los últimos años el gobierno federal ha cerrado los ojos no sólo a la educación pública superior, sino a la educación pública en general, así mismo, evidentemente ha sido la falta de apoyo para la educación media superior y superior, en donde es preocupante el número de jóvenes que no alcanzan lugar en las instituciones públicas por lo que en muchos casos abandonan su formación educativa.

Tercero. El Estado, política y socialmente, está obligado a cumplir con lo formación educativa de los jóvenes de México, por lo debe aportar los recursos necesarios para mantener y sobre todo elevar la cobertura de la demanda estudiantil, la cual derivada de la crisis económica que padece nuestro país, sin duda alguna se habrá de incrementar, al carecer de recursos económicos para inscribirse en una universidad privada, por lo que hoy más que nunca tiene la responsabilidad histórica de apoyar con mayor subsidio a la educación superior en todo el país.

Cuarto. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la mayoría de las universidades públicas, enfrenta el enorme crecimiento de la matricula la cual no ha sido acompañada con un incremento similar en el presupuesto que recibe del estado, lo que origina que no pueda atender la alta demanda estudiantil que anualmente pretende ingresar a cursar alguna carrera, situación que se irá agravando si no se le apoya con el financiamiento necesario.

Durante el presente ejercicio presupuestal, la UAA recibió de la federación el 58.23 por ciento de su presupuesto ordinario, el 18.70 por ciento como subsidio por parte del gobierno estatal, el 16.66 por ciento por ingresos propios y el 6.41 por ciento corresponde a su déficit presupuestal, como se podrá observar, la UAA, es de las universidades públicas del país que aporta el más alto porcentaje de ingresos propios para su sostenimiento, hasta antes de la reforma a su Ley Orgánica, ocurrida en diciembre del 2007, la Universidad recibía un 15 por ciento de subsidio estatal, no obstante es recurrente el déficit anual que la universidad padecía por lo que las autoridades universitarias se convirtieron en gestores de recursos extras para mantener la oferta educativa y tener la oportunidad de incrementarla; ante esto, la LX Legislatura del Congreso del estado de Aguascalientes acordó incrementar el porcentaje que por ley recibe, a un 25 por ciento, lo cual manifiesta el espíritu de apoyo de los miembros de esa legislatura a los jóvenes que carecen de recursos para ingresar a una universidad privada, sin embargo, este año solamente recibió el 18.7 por ciento.

El incremento en el subsidio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes obedece, dentro de otros aspectos a que ha crecido el número de docentes de dedicación parcial o exclusiva, personal administrativo, así como la ampliación de la planta física para ofrecer mejores laboratorios y espacios académicos; además de que es necesario consolidar las carreras a nivel licenciatura, fortalecer los posgrados e impulsar la creación de otros; así como para que la investigación que realiza la Universidad se incremente y responda a las necesidades sociales e incida directamente en el sistema productivo; en una palabra que las funciones básicas sigan teniendo como fin último la excelencia académica, que le permita formar profesionistas de la más alta calidad para que sean competitivos al egresar y se conviertan en elementos claves de cambio y progreso dentro de la sociedad.

Por lo expuesto, sometemos ante su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal y al del estado de Aguascalientes, con la finalidad de que cumplan a cabalidad con lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación que expresamente señala que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el estado --federación, entidades federativas y municipios--, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Únicamente se requiere la aplicación de la ley en su sentido estricto y voluntad política del gobierno federal y del Gobierno del Estado.

Segundo. Se solicita al gobierno federal y al gobierno del estado de Aguascalientes, a otorgar un presupuesto extraordinario a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que pueda enfrentar su déficit presupuestal del 6.41 por ciento, y así solventar los problemas del gasto corriente y de creación de infraestructura, para estar en condiciones de atender la demanda estudiantil que anualmente va en aumento y otorgar una educación de calidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Compañeras y compañeros, contamos con la visita en estos momentos de alumnos del Centro Escolar del Tepeyac, de Naucalpan; invitados del municipio de Tultitlán y líderes del municipio de Ecatepec, Estado de México, a quienes les damos la más cordial bienvenida.

FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que modifique las reglas de operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y a los gobiernos de los estados para crear un Fondo de Recursos Destinados al Apoyo de Ex Braceros.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez : Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en julio del año 1942 las secretarías de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Fomento y del Departamento de Salubridad Pública emitieron un acuerdo previniendo que se hicieran las gestiones necesarias para impartir seguridades a los trabajadores mexicanos que emigraban a Estados Unidos de América, siendo en agosto del mismo año cuando los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron el Acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos, en el que se estableció la deducción de 10 por ciento del total de los salarios percibidos por los trabajadores, el cual les sería devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales y crediticias establecidas.

Sin embargo, a muchos de nuestros connacionales no se les realizó el reembolso de sus ahorros, el cual con mucho sacrificio generaron.

Por esa situación, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, en mayo de 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el fideicomiso que administraría el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como la ley que lo reglamentaba, con la finalidad de otorgar un apoyo social a los trabajadores que prestaron sus servicios en los Estados Unidos en dichos años, o en su caso, a los cónyuges o hijos que sobrevivieran al trabajador y que pudieran comprobar la procedencia del mismo a través de los requisitos establecidos en dicha ley.

Sin embargo, en junio de 2008 se realizaron modificaciones a los numerales 4, 5 y 6 de las reglas de operación del citado fideicomiso, así como al artículo quinto transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, que estableció que la Secretaría de Gobernación entregaría un apoyo económico por 38 mil pesos en exhibiciones de conformidad con los recursos disponibles en el fideicomiso para cada ejercicio fiscal.

Esta situación contraviene la esencia misma del programa, ya que son recursos provenientes del ahorro de los trabajadores y que con mucho sacrificio generaron y que después de muchos años pelearon, ya que los gobiernos priístas negaron reiteradamente su existencia, toda vez que los tuvieron ocultos o lo gastaron.

Aunado a la última modificación a las reglas de operación del fideicomiso que refiere que será entregado en exhibiciones, implica que no podrán disponer de él de manera íntegra e inmediata, por lo que es necesario que se modifiquen las citadas reglas a efecto de quedar como se establecieron en un principio, trayendo como consecuencia que los trabajadores y sus sobrevivientes puedan disfrutar de este derecho que tienen.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre pugnará por apoyar a los grupos sociales menos beneficiados de nuestro país. Pero, además, continuaremos trabajando fuertemente por lograr consolidar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales, y los que les pertenecen por ley a un grupo como los ex trabajadores braceros...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, a efecto de que se vuelva a pagar el apoyo económico en una sola exhibición.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que integran el territorio nacional a crear un fondo de recursos que permita apoyar a los ex trabajadores braceros con una determinada cantidad de recursos para el ejercicio 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de octubre de 2009.

Es cuanto, señor Presidente. Se solicita a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados se inserte el texto íntegro del punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y a los gobiernos de los estados, a crear un fondo de recursos destinados al apoyo de ex braceros, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Manuel Hinojosa Pérez , diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y a los gobiernos de los estados, a crear un fondo de recursos destinados al apoyo de ex braceros, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 23 de julio de 1942, las Secretarías de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, y de Agricultura y Fomento, y el Departamento de Salubridad Pública emitieron el acuerdo previniendo que se hagan las gestiones necesarias para impartir seguridades a los trabajadores mexicanos que emigran a Estados Unidos de Norteamérica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del mismo año.

2. Con fecha 4 de agosto del mismo año, los gobiernos de México y de Estados Unidos suscribieron el acuerdo para reglamentar la contratación (temporal) de trabajadores agrícolas mexicanos, en el cual se estableció la deducción de 10 por ciento de los salarios recibidos por los trabajadores, que sería devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales y crediticias establecidas. Sin embargo, a muchos connacionales no se realizó el reembolso de los ahorros, los cuales con mucho sacrificio generaron.

3. Por esa situación, el gobierno del ex presidente Vicente Fox, con fecha 25 de mayo de 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, cuya finalidad consistía en otorgar un apoyo social a los trabajadores que prestaron sus servicios en Estados Unidos entre 1942 y 1964 o, en su caso, a los cónyuges o los hijos que sobrevinieran al trabajador y que pudieran comprobar la procedencia de ello a través de los requisitos establecidos en dicha ley.

4. Sin embargo, con fecha 29 de junio de 2008 se realizaron modificaciones a los numerales 4, 5 y 6.3.3 de las Reglas de Operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y quinto transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, el cual estableció que la Secretaría de Gobernación entregaría un apoyo económico por 38 mil pesos, que serían entregados en exhibiciones de acuerdo con los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal.

5. Esa situación contraviene la esencia misma del programa, toda vez que son recursos provenientes del ahorro de los trabajadores que, con gran sacrificio, generaron y que ahora, después de muchos años de pelearlo, ya que gobiernos priistas negaron reiteradamente su existencia, toda vez que lo tuvieron oculto ``o lo gastaron''; y con la última modificación de las reglas de operación del fideicomiso, la leyenda establecida en el artículo 5 de la ley que refiere que será entregado en exhibiciones genera que no puedan disponer de él de manera completa e inmediata, por lo cual es necesario que se modifiquen las reglas de operación a efecto de que queden como se estableció en un principio, lo cual traerá como consecuencia que los trabajadores y sus sobrevinientes puedan disfrutar de este derecho.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se Exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), a efecto de que se vuelva a pagar el apoyo económico en una sola exhibición.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a crear un fondo de recursos que permita apoyar a los ex trabajadores braceros con una determinada cantidad de recursos para 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL FONDO DE APOYO SOCIAL FIDEICOMISO 2106, PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento al fondo de apoyo social Fideicomiso 2106, para ex trabajadores migratorios mexicanos.

La diputada María Dina Herrera Soto : Con su venia, señor Presidente, señora secretaria. Diputadas y diputados, la suscrita, diputada Dina Herrera Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticade la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

Diputadas y diputados, ustedes saben que hace mucho tiempo hay ex braceros afuera del Congreso peleando porque se les pague de manera íntegra y en una sola emisión el dinero que ellos ahorraron durante su trabajo en Estados Unidos.

Ante la carencia de mano de obra rural en los Estados Unidos de América por la participación en la Segunda Guerra Mundial, este país tuvo la necesidad de requerir de la mano de obra necesaria para trabajar en los grandes campos agrícolas.

Por ello fue que solicitó al gobierno de México la firma del convenio de contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos. En dicho convenio, los norteamericanos garantizaban la atención de su sector agrícola por trabajadores del campo mexicanos, quienes podrían laborar legalmente y con todas las garantías jurídicas en Estados Unidos. Este convenio comenzó a funcionar a partir de la firma de contratos el 23 de julio de 1942.

Los trabajadores mexicanos, además de laborar en las grandes extensiones agrícolas del país vecino, trabajaron en la construcción de las vías del ferrocarril como parte del Programa Bracero publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto de 1942. Dicho programa permaneció vigente hasta 1964.

Para favorecer el esfuerzo de los mexicanos, se estableció un Fondo de Ahorro Campesino, el cual fue administrado por el entonces Banco de Crédito Agrícola de México. Dicho ahorro se constituía con la aportación de 10 por ciento de los salarios devengados, y su finalidad fue adquirir implementos agrícolas. Posteriormente este banco se fusionó al Banco Nacional de Crédito Rural.

En un asunto que no ha podido ser aclarado, los ahorros de los braceros no se localizaron, por lo que se presume que fueron saqueados por funcionarios o empleados para fines gubernamentales no conocidos.

Para entonces, el gobierno federal quedó como garante de dicho fondo al adquirir esta deuda con los trabajadores migratorios acogidos al convenio anteriormente mencionado.

En la LIX Legislatura del Congreso de la Unión se aprobó la Ley que crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2006. Desafortunadamente los trámites burocráticos han impedido el acceso a los derechohabientes, quienes en su gran mayoría son mayores de edad.

Por ello, el 28 de septiembre del año en curso presentamos una iniciativa de ley para crear el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, esto con el fin de facilitar y mejorar la disposición de los recursos que pertenecen a los ex trabajadores migratorios o a sus familiares.

Por último, quiero manifestar que hago mía la petición formulada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada el 23 de septiembre de 2009. Además de responder por la solicitud que me han hecho diversas organizaciones de ex braceros para la creación de dicha Comisión Especial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea, que se constituya la Comisión Especial de seguimiento al Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; que cuente para su desempeño con recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación; y que el periodo de sus funciones comprenda toda la LXI Legislatura.

Palacio Legislativo, 27 de octubre de 2009. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento al Fondo de Apoyo Social (Fideicomiso 2106) para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD

Consideraciones

Los braceros mexicanos y la deuda pendiente del gobierno federal

Ante la carencia de mano de obra en Estados Unidos de América, por su participación en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses requerían con urgencia de brazos para trabajar en los grandes campos agrícola se ese país, de ahí el término de braceros, por eso solicitaron al gobierno de México, la firma del Convenio de Contratación de Trabajadores Mexicanos para ser Empleados en Labores Agrícolas en Estados Unidos. Con dicho acuerdo los estadounidenses garantizaban la atención de su sector agrícola por trabajadores del campo mexicanos, quienes podrían laborar legalmente y con todas las garantías jurídicas en EEUU. Este convenio comenzó a funcionar a partir de la firma de contratos el 23 de julio de 1942.

Los trabajadores mexicanos, además de poner a producir las grandes extensiones agrícolas del país vecino, trabajaron en la construcción de las vías del ferrocarril, como parte del Programa Bracero publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto de 1942. Dicho programa permaneció vigente hasta el año de 1964.

Para favorecer el esfuerzo de los mexicanos, se estableció un Fondo de Ahorro Campesino, el cual fue administrado por el entonces Banco de Crédito Agrícola de México. El ahorro que hacían los trabajadores mexicanos, el 10 por ciento de sus salarios, se destinaría a la adquisición de implementos agrícolas. El Banco referido más tarde se fusionó al Banco Nacional de Crédito Rural, cuando se indago sobre los ahorros de los braceros, no sé localizaron los fondos, por lo que se presume que fue saqueado por los funcionarios, o empleado para fines gubernamentales no conocidos. Quedando así el gobierno federal, que era garante de dichos recursos, en una deuda con los trabajadores migratorios mexicanos que se acogieron al convenio de trabajo mencionado y que laboraron de 1942 a 1964 en Estados Unidos de América.

En la LIX Legislatura del Congreso de la Unión se aprobó la Ley que Crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005. Desgraciadamente la tramitología burocrática impide el acceso a los derechohabientes, quienes en su gran mayoría son mayores de edad.

En fecha reciente, el 28 de septiembre del año en curso, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el fin de facilitar y mejorar la disposición de los recursos para que lleguen a los ex trabajadores o a sus familiares con dicho derecho. Hago mía la petición formulada por el Grupo Parlamentario del PT, presentada el 23 de septiembre de 2009. Además respondo a la solicitud que me han hecho diversas organizaciones de ex braceros para la creación de la mencionada comisión especial.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de la Comisión Especial de seguimiento al fondo de apoyo social (Fideicomiso 2106) para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964.

La Junta de Coordinación Política será la que determine el número de integrantes, contando con la representación de todos los grupos parlamentarios interesados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se ratifica la resolución que aprobó la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2007, relativo a la suspensión de la venta de la cartera vencida del Infonavit y solicitar la comparecencia del director de dicha institución.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Diputado presidente, diputadas y diputados.

La propuesta que se presenta hoy para que se turne a comisión tiene como objetivo la ratificación del punto de acuerdo aprobado en agosto de 2007, para la suspensión de la venta de la cartera vencida del Infonavit a empresas transnacionales. Rápidamente voy a hacer un recuento.

A partir de 2002 se genera la bursatilización de la cartera del Infonavit. En 2005, en abril, específicamente, hay una reforma a la Ley del Infonavit, donde se le considera por esta Cámara, por este Congreso, finalmente como un organismo inauditable.

En 2005, en octubre, se da a la quiebra 110 mil créditos vencidos. A principios de 2006 se vende o se cede como se dice, a título oneroso, la cartera vencida a dos empresas transnacionales: Capmark y Scrap II; son 56 mil los créditos vencidos.

Quiero señalar que en el caso de Capmark, es filial del grupo GMAC; y en el caso de Scrap II, de Banamex Afore y de Citigroup; es decir, instituciones que han sido rescatadas, incluso por el gobierno de Estados Unidos.

Finalmente, por cuestiones de tiempo, diría que a partir de lo que fueron una serie de amparos que se interpusieron contra esta venta de la cartera vencida, en 2008 se plantean dos cuestiones por distintos tribunales: en uno de ellos se considera inconstitucional la venta de esta cartera vencida, y en el otro caso se considera que es constitucional. Por esa razón es que sube a la Suprema Corte de Justicia, en lo que se denomina ``contradicción de tesis''.

Finalmente, a partir de esta contradicción de tesis, lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia es, a través de una tesis de la ministra Luna Ramos, que el Infonavit no es autoridad; es decir, que la venta de la cartera vencida no se considera un acto de autoridad.

Es muy importante señalar que Capmark se declaró en quiebra en los Estados Unidos el pasado lunes y que se declaró en quiebra con mil 600 millones de dólares en el último trimestre.

Que Capmark, esta empresa trasnacional, es deudora de 400 millones de pesos, que debe al fisco aquí en México, 400 millones de pesos.

Que el artículo 123 constitucional señala que los patrones están obligados a proporcionar vivienda cómoda e higiénica a los trabajadores, para lo cual se creará un Fondo Nacional de Vivienda con las aportaciones patronales.

Finalmente, lo que quisiera decir es que es importante que comparezca el contador público Víctor Manuel Borrás, director del Infonavit, para tratar este asunto que consideramos muy delicado en estos momentos; que en estos momentos de crisis económica se esté desalojando a miles de familias es echarle lumbre al fuego.

Finalmente, diríamos que los organismos nacionales de vivienda deben recuperar su origen social. Que soy tan transgresora de la ley que simplemente exijo que se cumpla la Constitución Política Mexicana. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se ratifica la resolución que aprobó la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2007 en relación con la venta de la cartera vencida del Infonavit, y se solicita la comparecencia del director de dicha institución, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del PT

El artículo 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los patrones están obligados ``...a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas''. Con base en esta disposición, ``las empresas deberán hacer aportaciones a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones''.

Sin embargo, a partir de la década de los 90 el Estado asume un enfoque de facilitador, con el objetivo de mejorar la eficacia del mercado habitacional. Así, el papel del gobierno se centra en la responsabilidad de formular la política, promover las reformas estructurales y crear y proteger los derechos de propiedad de las empresas para facilitar el desarrollo del sector.

Este viraje ha convertido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un ente financiero que otorga crédito a la población para que ésta acceda a la oferta del mercado, primordialmente de grandes empresas desarrolladoras. Es por ello que los créditos que otorga el instituto tienen un diseño mercantil que los vuelve impagables, lo que ha ocasionado que actualmente, alrededor de 300 mil familias se encuentren en cartera vencida y en riesgo de perder su hogar. En lugar de buscar una solución a favor de los trabajadores, el instituto, mediante autorización de su Consejo de Administración, en 2006 vendió en 55 mil de estos créditos quebrados al 10 por ciento de su valor, a firmas trasnacionales como Capmark y Scrap II, ligadas a empresas estadounidenses relacionadas con la crisis hipotecaria de ese país. Dichas administradoras de cartera revenden a los auténticos propietarios a más de 5 veces lo contratado.

Gracias a denuncias públicas, a las movilizaciones de las organizaciones que integran el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) y a la acción coordinada con el Frente Amplio Progresista, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo el 31 de agosto de 2007 para que el Infonavit no venda más la cartera vencida.

Posteriormente, con una auditoría ciudadana, el Consejo logró que le fueran entregados los contratos de dicha venta. Esta información ha sido fundamental para la promoción de amparos en todo el país que buscan dejar sin efecto esa operación ilegal. Seis tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación dieron la razón al CDV y ordenaron que los créditos que habían sido vendidos a empresas extranjeras regresaran a la administración del Infonavit.

Así, un total de 25 créditos fueron devueltos al Infonavit mediante distintos argumentos. Sin embargo, dos tribunales colegiados optaron por una decisión contraria: considerar que el Infonavit sí está facultado para vender los créditos, toda vez que la ley faculta a su Consejo de Administración para aprobar cualquier política que sea necesaria para cumplir su objeto. Estas resoluciones contrarias provocaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte abriera un expediente para resolver la contradicción de tesis.

Luego de dos convocatorias fallidas, finalmente el 21 de octubre pasado la Segunda Sala eludió entrar al fondo del dilema jurídico. Con los votos a favor de los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Fernando Franco, y con el voto en contra del ministro Genaro David Góngora Pimentel, se resolvió que la decisión del Consejo de Administración del Infonavit no representa un acto de autoridad, por lo que le mecanismo para impugnar la venta de la cartera vencida es a través de los juicios civiles ordinarios.

La resolución es sumamente grave, no sólo porque la Corte nuevamente a través de argumentos legaloides renuncia a su obligación de resolver un tema social tan importante, sino porque también la decisión representa un retroceso jurídico de 15 años respecto a las jurisprudencias sobre las que este mismo órgano de justicia se pronunció a favor de la procedencia de los amparos en contra de las decisiones de entes públicos, universidades públicas y organismos descentralizados como el Infonavit.

La determinación es omisa respecto a aspectos fundamentales. No resuelve si el Consejo de Administración del Infonavit está facultado para autorizar la venta de cartera vencida. La Suprema Corte tampoco se pronunció acerca de ¿cuál es la naturaleza jurídica de la del Infonavit?, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los recursos financieros que administra?, ¿cuáles son las facultades o potestades del Infonavit como ente administrador? y ¿cuál es la norma jurídica que prevé la facultad para que se pueda realizar válidamente la venta de la cartera vencida?

El fallo de la Corte tampoco contempla que en ninguna ley se autoriza al Infonavit a realizar actos de cesión o de enajenación. La Corte tampoco analizó si la venta de la cartera vencida es inconstitucional porque viola el principio de reserva de ley, dado que a quien compete legislar sobre el particular es al Congreso de la Unión y no al Consejo de Administración.

Por todo lo anterior la Cámara de Diputados acuerda

Primero. Se ratifica el punto de acuerdo aprobado por la Legislatura LX de esta Cámara el 4 de diciembre de 2007, que consiste en lo siguiente:

Segundo. Con fundamento en artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Víctor Manuel Borras, para el efecto de que responda a las interrogantes que no fueron estudiadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Legislativo cuente con toda la información necesaria para legislar sobre el tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias diputada.Túrnese a la Comisión de Vivienda.

Contamos con la presencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, de invitados especiales de Tlaxacala, así como un grupo de estudiantes de la Universidad Mexicana, campus Cuatitlán Izcalli. Les damos la más cordial bienvenida.

No se encuentra en este momento en el recinto la diputada María Isabel Merlo Talavera , por lo que se pone al final de las intervenciones.

Tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a que realice las acciones y mecanismos necesarios a fin de prevenir que laboratorios e instituciones privadas apliquen y vendan la vacuna contra la influenza AH1N1 a la población.

Tampoco se encuentra en el salón de sesiones, pasa al final del capítulo.

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibe de la diputada Leticia Quezada Contrerasdel Grupo Parlamentario del PRD, su proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos y modificación de las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la liberación de recursos y la modificación de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos y su modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Exposición de Motivos

La entidades y municipios dejaron de percibir poco más de 30 mil 131.7 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales (PAF) al reducirse 18.6 por ciento de la recaudación federal participable (RFP) en el periodo de enero a mayo de este año, respecto a lo programado ya que los pagos ascendieron a 335 mil 93.1 millones de pesos mientas que las participaciones y aportaciones federales (PAF) estimadas a pagar superaban los 365 mil 224.8 millones de pesos.

Prácticamente todos los impuestos participables cayeron en su recaudación, dado que la recesión económica mundial y nacional provocó una reducción en la actividad económica, que a su vez ha impactado la recaudación de impuestos que inciden en el consumo interno y en las actividades empresarial, automotriz, petrolera y otras.

La recaudación de los conceptos participables disminuyeron en un 15.8 por ciento en el impuesto al valor agregado (IVA), 18.2 por ciento en el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN); 11.8 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR), la recaudación de las actividades petroleras del impuesto sobre la renta (ISR); la recaudación de las actividades petroleras del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en gasolina y diesel cayó 115.5 por ciento; el derecho ordinario sobre hidrocarburos 64.5 por ciento y el derecho sobre hidrocarburos para municipios 64.2 por ciento.

En virtud de la complicada situación en materia de finanzas públicas en la que se encuentran los estados y el Distrito Federal derivada de la crisis económica, es necesario que la Comisión Permanente gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la reasignación de recursos a las entidades federativas que les permitan hacer frente a las presiones financieras que están teniendo lugar.

Para lo cual explicamos lo siguiente:

El artículo 1o. de la Ley de Egresos de la Federación contempla que:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, antes de destinarlo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para compensar parcial o totalmente los ingresos del gobierno federal durante el ejercicio fiscal de 2009, así como para cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.

La compensación parcial o total de ingresos del Gobierno Federal a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando los ingresos totales, sin considerar los ingresos derivados del apartado C de este artículo, resulten inferiores a los valores estimados en el mismo debido a: una disminución de los ingresos por la recaudación total de los impuestos a que se refiere el apartado A, fracción I del presente precepto, o disminuyan los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio del petróleo crudo, respecto de los valores que sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo.

Los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos que resten después de aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno, décimo y décimo primero de este artículo, se destinarán a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.''

De acuerdo al Primer Informe Trimestral 2009 de la SHCP, la recaudación por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización fue de 11,791 millones de pesos.

Asimismo, de conformidad con la declaración del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización correspondiente al primer trimestre de 2009, Pemex enteró 13,437.8 millones de pesos.

Por lo anterior, al mes de marzo la SHCP recibió 25,228.8 millones de pesos por concepto del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización.

De esta manera, se propone que una vez cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos que genere adicionales a través de los ingresos de las entidades federativas (FEIEF).

El artículo 257 de la Ley Federal de Derechos establece que la recaudación anual que genere la aplicación del Derecho Extraordinario sobre Explotación se Petróleo (DEEP), se destinará en su totalidad a las entidades federativas (FEIEF).

A su vez, el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), contempla que el Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo (DEEP) se destinará a cubrir la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Asimismo, la fracción V del mismo artículo establece que una vez que se cubre la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), los recursos que se generen por concepto del DEEP, serán destinados en su totalidad al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP).

Por lo anterior, dado que la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) establecida para el 2008 fue cubierta durante 2008, la recaudación del DEEP destinada al FARP fue de 22,910 millones de pesos, de acuerdo a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP.

Con las modificaciones a la LFPRH (artículo 19, fracción IV, segundo párrafo) que entraron en vigor a partir de enero de 2009, se incrementó al doble la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a partir del 2009, por lo que a partir de este año, los recursos del DEEP se destinarán nuevamente a cubrir dicha reserva.

Por lo anterior, con la finalidad de que las entidades federativas puedan hacer frente a la caída en las participaciones federales, resultado de una disminución en la recaudación Federal Participable respecto a la estimada por la SHCP, se propone que los recursos que por la recaudación del DEEP se destinaron al FARP durante el 2008, se reintegren a la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), y una vez que se alcance el nuevo monto de la reserva establecida en las modificaciones a la LEPRH, el DEEP cambie de destino conforme a los dispuesto en el artículo 19, fracción V, inciso b) de la LFPRH.

La fracción II del artículo 21 de la LFPRH y 12 A de su Reglamento, contemplan que la disminución en la Recaudación Federal Participable (RFP) respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.

Ahora bien, estas Reglas de Operación disponen que los recursos del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se apliquen para entregar a las Entidades Federativas las cantidades que compensen la disminución en el monto de las Participaciones vinculadas con la RFP estimada en la Ley de Ingresos de la federación.

Sin embargo, la regla décima de las Reglas de Operación en comento, establece que la compensación referida en el párrafo anterior, se realizará de manera que la reducción de la Reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) no sea mayor al 50 por ciento del límite máximo establecido en el artículo 19, fracción IV, segundo párrafo, de la LFPRH.

De esta manera, de acuerdo a las reglas, la compensación ante una caída en las participaciones asociadas a una disminución en la RFP respecto a lo estimado por la SHCP, se realiza haciendo uso en primera instancia, de posrendimientos financieros que haya generado la reserva del FEIEF.

En caso de no ser suficiente, se hará uso del 50 por ciento del límite máximo de la reserva establecido en la LFPRH.

Considerando los rendimientos financieros al mes de marzo de 2009, las Entidades Federativas disponemos de 30,977.00 millones de pesos en el Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

De conformidad con las reglas, para el 2009 las entidades únicamente podemos disponer de 21,984.5 millones de pesos (50% de la reserva definida en la ley) más los rendimientos financieros mencionados que ascienden a 2,893.2 millones de pesos.

Es decir, en estricto cumplimiento a las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), las entidades no seremos cubiertas en su totalidad por la caída en las participaciones.

Por lo anterior, y dada la situación económica actual, es necesario que las entidades dispongamos de la totalidad de los recursos de la Reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la RFP, Esto es, los 30,977.0 millones de pesos que actualmente conforman la Resera, para lo cual será necesaria una modificación a las Reglas de Operación del FEIEF.

Por lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que una vez cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos que genere adicionales a través de la mecánica establecida en las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos que por la recaudación del Derecho Extraordinario sobre Exportación Petrolera (DEEP) que se destinaron al Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones (FARP) durante el 2008, se reintegren a la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), y una vez que se alcance el nuevo monto de la reserva establecida en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Derecho Extraordinario sobre Exportación Petrolera (DEEP) cambie de destino conforme a lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, inciso b) de la (LFPRH).

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades dispongan de la totalidad de los recursos de la Reserva del Fonda Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la recaudación federal conforman la reserva, para lo cual también se solicita una modificación a las Reglas de Operación del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

FINANCIERA COOFIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresa que informe sobre la situación que guardan las sociedades financieras populares de México y explique el fraude de la cooperativa Caja Popular COOFIA, SCL, así como su situación legal.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero : Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El hecho de subir a tribuna en estos momentos significa para su servidor el reclamo, la desesperación, la frustración, los sentimientos encontrados de miles de ciudadanos mexicanos que confiaron en una institución financiera denominada COOFIA, cuyas oficinas principales se encuentran ubicadas en la ciudad de Puebla, pero que cuenta con 86 sucursales distribuidas en nueve estados de la República Mexicana, institución que está legalmente constituida, lo cual acredito con una copia simple y dejo a esta Secretaría, para su conocimiento.

Hace 20 días, aproximadamente, un grupo de ciudadanos guerrerenses se acercaron a su servidor pidiendo intervención urgente, ya que habían sido objeto de un fraude millonario. Digo textualmente las palabras de estas personas:

``Durante dos meses hemos vagado, tocando puertas de diversos funcionarios sin encontrar respuesta alguna. Los ahorros de nuestras vidas los depositamos en una caja popular llamada COOFIA. Acudimos a la sucursal donde abrimos nuestras cuentas. La respuesta fue tajante: no tenemos dinero y no va a haber dinero. Regresamos a los pocos días y nuestra sorpresa fue que ya estaba cerrado el local''. Hasta aquí las palabras de los ciudadanos afectados.

Por parte del suscrito, inicié una compilación de datos. Sólo bastó anotar COOFIA en una computadora y me di cuenta que es un fraude consumado, 20 mil personas afectadas, un monto de mil 500 millones de pesos, y lo más sorprendente, no es un tema novedoso, porque éste ya fue tratado en el Congreso local de Veracruz, donde se aprobó una fiscalía especial; demandas en Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco, Hidalgo; manifestaciones en Puebla y en Guerrero, así como un exhorto del Congreso local guerrerense a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su investigación.

Dejo copia también a esta Secretaría de este exhorto del Congreso del estado de Guerrero.

El presidente de dicha financiera, Valente Medina, en una entrevista realizada a un diario de circulación nacional reconoce faltante de liquidez, pero no da ninguna alternativa de solución.

Las mayores preocupaciones de este asunto es el reembolso de esos mil 500 millones de pesos a los ahorradores y la pregunta, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación a este fraude? El silencio por parte de esta institución sigue, salvo una pequeña declaración que hace unos días realizó su presidente, donde menciona que son 10 financieras de las que tienen denuncias. Por tanto, son muchas dudas que hay al respecto y necesitamos las respuestas.

Por eso pido a mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones aquí representadas, que apoyen este punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explique el fraude de la cooperativa Caja Popular COOFIA, así como su situación legal. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNBV a informar sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explicar el fraude de la cooperativa caja popular Coofia, SCL, así como su situación legal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, como en cualquier parte del mundo, el ahorro siempre ha sido un factor fundamental para desarrollar y fortalecer la economía. Lo cual surge para prevenir incidentes financieros y preparar gastos futuros. Hay diversas formas de ahorro, que obedeciendo a una serie de motivos y medios con los que se dispone, gozan de ventajas y desventajas en el sector formal o bien en el informal y que, debido al bajo nivel económico que presenta la mayoría de la población, concretamente en nuestro País, nacen las formas de ahorro y crédito no bancarias, esto en el año de 1903, con el objeto de fomentar y fortalecer la cultura de ahorro en aquellas personas que no cuentan con cantidades de dinero altas, pero que se empeñan en ahorrar y que generalmente son campesinos y pequeños productores que habitan en poblaciones que no cuentan con sucursales bancarias, o éstas, son inaccesibles para su economía; y así se da paso a lo que hoy conocemos como cajas de ahorro, las cuales en teoría, tienen como objetivo fortalecer y fomentar una cultura de ahorro a los ciudadanos, ya que, dichas cajas, operan en igualdad de condiciones que la de los bancos, pero con la opción de ingresar a un sector informal o de menudeo.

En 1994, se desató una crisis económica en México, originada principalmente por el elevado índice de cartera vencida y que arrojó como resultado, la quiebra del sistema bancario, dando paso a que las cajas de ahorro aparecieran en afluencia en el escenario financiero nacional, y que, a diferencia de los bancos, que eran regulados por la Comisión Nacional Bancaria, éstas no tenían autoridad alguna que las regulara ni supervisara, convirtiéndose en un foco importante de inseguridad para los ahorradores, ya que esta informalidad, trajo como consecuencia la quiebra y así defraudar a muchos mexicanos que invirtieron sus ahorros.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual, tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero (artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

En la actualidad, más de tres millones de personas utilizan esta forma de ahorro, puesto que se puede ahorrar a partir de 50 pesos, con el fin de conseguir una ganancia más alta a la que individualmente podrían acceder. Quedando en manifiesto que la principal diferencia que existe entre una caja de ahorro y un banco es el tipo de personas a las que se dirigen y que convierten a los clientes en socios, además de que el volumen o capacidad de sus recursos y operaciones es menor a la de los clientes de un banco.

En México, existe una gran incertidumbre debido a los problemas que vienen enfrentando las personas que han sido defraudadas por estas cajas de ahorro.

A partir del año 2000 se empezaron a ver con afluencia los fraudes cometidos por estas entidades; según datos de la SHCP, en la actualidad, existen más de 400 cajas de ahorro con varias sucursales en todo el país, de las cuales, solo el 10 por ciento se encuentran reguladas por la Condusef o por la CNBV. Es por ello que, los fraudes han sido constantes y a pesar de esto, las autoridades no han hecho nada por evitar este tipo de delito.

En el 2001 se publicó en el DOF la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (antes Pahnal), y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cuales establecen las disposiciones jurídicas bajo las cuales se organiza el sistema mexicano de ahorro y crédito popular. Pero a pesar de las leyes creadas, no se ha podido impedir que la población siga siendo defraudada por este tipo de financieras.

Caso concreto es el fraude ocurrido por la Financiera Coofia, SC de RL, la cual, a pesar de no estar regulada por la CNBV y solo aparecer en la lista de las sociedades en proceso de prórroga condicionada, operaba con 85 sucursales en 9 estados de la República, desde hace más de 10 años, sin que alguna autoridad interviniera su forma irregular de operar, ya que recibía recursos económicos de socios sin contar con un respaldo gubernamental de dinero.

La incertidumbre para estos socios, empezó en el año 2008, cuando la financiera inició con irregularidades en los estados del centro del país; pero fue a mediados del presente año cuando los ahora defraudados, empezaron a tener problemas para recuperar su dinero y de ahí que, los directivos reconocieron una crisis interna, que les impedía pagar el dinero.

Se trata de mil 500 millones de pesos que desaparecieron, de los más de 20 mil clientes de esta Financiera, en los estados de Puebla (sede), Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Estado de México y Oaxaca; que por más de 10 años fueron depositando un porcentaje de sus ganancias por los trabajos que desempeñan, o por las remesas que sus familiares les enviaban; entre la gente defraudada figuran mujeres, adultos mayores, trabajadores del campo, maestros jubilados y que, la mayoría de ellos perdieron los ahorros de su vida; ahora, han sido dejados en un completo estado de abandono por parte de las autoridades.

Todo esto, porque en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores prevé en su numeral 2 que: ``La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta ley señala...''; esto es que, a las entidades que no figuren u operen de manera regular, no procederán las quejas o reclamaciones por faltas o irregularidades; las preguntas surgen de inmediato, ¿no es esto acaso una irregularidad demasiado grande? ¿Por qué no fueron supervisadas correctamente estas cajas de ahorro? ¿Por qué no existen mecanismos claros para prevenir, detectar o en su caso resolver los problemas que puedan surgir? ¿Por qué las autoridades no han concientizado y alertado de los riesgos que conllevan estas cajas de ahorro, sobre todo a los grupos más vulnerables?

La Ley de Ahorro y Crédito Popular, menciona en su artículo 87 que: ``Las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a esta Ley para operar como Sociedades Financieras Populares, no celebren contrato de afiliación con una Federación, serán consideradas como Sociedades Financieras Populares no afiliadas...'' y que ``...asignará a las Sociedades Financieras Populares no afiliadas una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre dicha Federación y la Sociedad Financiera Popular no afiliada.'' ¿A caso la banca Coofia se encontraba supervisada por alguna federación como lo establecen los artículos citados? De haber sido así, no se encontrarían defraudados más de 20 mil clientes.

Esa misma Ley prevé en el numeral 32 que ``la comisión expedirá las disposiciones de carácter general que establezcan los criterios para asignar los Niveles de Operación del I al IV de cada Sociedad Financiera Popular, las cuales deberán considerar el monto de activos'', para lo cual se requiere de la aprobación de la CNBV, para que dicha entidad pueda tener mayores ingresos, lo cual deja ver la falta de supervisión por parte de las autoridades hacia estas entidades.

El título quinto de la ley antes mencionada establece que: ``la Comisión podrá investigar hechos, actos u omisiones de los cuales pueda presumirse la violación a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven.'' Ahora bien, en la misma Ley, el artículo 9 señala que: ``se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares...'' La banca Coofia funcionaba sin un dictamen que la autorizara, ¿no estamos frente a una omisión para el funcionamiento de esas sociedades?

Se debe mencionar que el número de estas sociedades de ahorro y crédito popular va incrementando de manera considerable y esta situación conlleva al riesgo para el ahorrador, al no ser detectadas por las autoridades o que no han querido hacerlo, ya que, los factores que ayudan a ejecutar este tipo de operaciones, son la negligencia de las autoridades, la corrupción, la codicia de las personas que se ven beneficiadas con este tipo de acciones que operan al margen de la ley, engañando intencionalmente al sector más desprotegido del país, como lo son los estados que tienen la demanda más alta de emigración; tan solo en el estado de Guerrero, la banca Coofia contaba con 2 sucursales, una en Huitzuco y otra en Xochihuehuetlan, las cuales defraudaron por más de 41 millones de pesos a más de 4 mil cuentahabientes y esto solo es una parte del saldo arrojado por los fraudes perpetrados por estas sociedades fantasma.

Se exhorta a la SHCP, a la Condusef, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la PGR y a todos los compañeros legisladores para que se realice una inspección, supervisión y se intensifique la lucha contra estas Sociedades Financieras Populares, que vienen operando de manera irregular y, que se le de seguimiento a las denuncias en contra de la banca Coofia para que inicie con la liquidación de los ahorros de los defraudados; no sólo con el propósito de evitar más riesgos, sino el de impedir el riesgo de contagio entre las instituciones sanas, porque no cabe duda que, este fenómeno se irá incrementando al paso del tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía acuerda con carácter de urgente y obvia resolución, solicitar la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México, explicar el fraude de la ``Cooperativa Caja Popular Coofia'', Sociedad Cooperativa Limitada, así como su situación legal y, la solución que se les dará a los defraudados. Con el propósito de que esta soberanía disponga de mayores elementos para modificar las leyes que regulan dichas sociedades, a fin de salvaguardar los intereses de los ciudadanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Solicita el Grupo Parlamentario del PAN se posponga la intervención de la diputada Gabriela Cuevas Barrón .

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanosemita a la brevedad posible sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales del estado de Michoacán, actualmente internos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja : Gracias, presidente. Voy a obviar la urgente resolución a petición de la fracción parlamentaria del PRI, para que se turne a Comisión, presidente.

Hoy, la inseguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y la vejación de los derechos humanos en México se han convertido en temas que han trascendido nuestras fronteras, además de que han suscitado un considerable aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por ello, hoy más que nunca se espera de este organismo una participación más eficaz y contundente y comprometida en la defensa de los derechos humanos; es decir, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se establece al pie de la letra que este organismo tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Para tal fin, la comisión cuenta con diversas atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como las de formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Al respecto valga la pena puntualizar que, si bien las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculantes, sí pueden constituirse en un instrumento eficaz de denuncia que trasciende, en tanto que se trata de documentos públicos que ponen en evidencia la violación de los derechos humanos y las garantías individuales por parte de alguna autoridad, teniendo como fin restituir al quejoso sus derechos.

De ahí la importancia de que las recomendaciones sean formuladas con estricto apego a derecho y que sean emitidas dentro de un plazo útil, pues de lo contrario, una demora en la emisión de las mismas puede traducirse en la pérdida de derechos para la víctima o en la dificultad para fincar responsabilidades.

En ese sentido, también resulta de gran importancia que la comisión está facultada para presentar quejas o realizar denuncias de los hechos ante las autoridades competentes, desde el momento en que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de los derechos humanos, incluso antes de que se dicte una recomendación, pues el no hacerlo igualmente puede constituir un grave perjuicio para el quejoso, sobre todo en materia de prescripción e impunidad.

Sin embargo, a pesar de las atribuciones con que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido ampliamente cuestionada su eficiencia en el desempeño que ha tenido durante los últimos años, en casos como el de las mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz; y en Nocupétaro, de Carácuaro, Michoacán.

Sobre esto es importante señalar que no sólo se ha cuestionado la manera sistemática en que se han violado los derechos humanos, la poca transparencia en que han derivado y en que se han desarrollado los procesos, y la impunidad en que han derivado, sino también que la Comisión siempre responda a los cuestionamientos a que ha sido sometida apelando a supuestas limitaciones al mandato de la institución.

Por esta razón, es de preocupar que después de cuatro meses, las investigaciones correspondientes al caso de los ex funcionarios de Michoacán, actualmente presos en Nayarit, no hayan hasta el momento llegado a resultado alguno o pronunciamiento de parte de la CNDH.

Lo anterior pone en evidencia dos cuestiones fundamentales. Primero, que efectivamente el máximo órgano encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos cuenta con importantes limitaciones que entorpecen el cumplimiento de sus funciones.

Segundo, la falta de transparencia y acceso a la información sobre los procesos a que han sido sometidos muchos ciudadanos mexicanos y en los que con frecuencia ocurren grandes violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales.

No obstante, esto tampoco justifica que la comisión apele a tales cuestiones para cerrar casos o simplemente no emitir las recomendaciones en tiempo oportuno que le permita tener mayor alcance e impacto en los procesos, porque ya se mencionó anteriormente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que si no emite con prontitud sus recomendaciones en torno a este caso, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de los inculpados, como desafortunadamente ha sucedido en otras ocasiones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita a la brevedad posible las observaciones y recomendaciones que ameriten y se desprendan de las investigaciones correspondientes al caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales de Michoacán, que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit.

Miembros de la asamblea, presidente, es importante comentar que ahora mismo está corriendo información en algunos medios radiofónicos de que, al parecer, ya emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una resolución al respecto.

Esperemos que la misma sea publicada de manera formal y que esto sirva como una invitación, un exhorto para que se cumplan en tiempo y forma las acciones a las que está encomendada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y que por ninguna ocasión y por ninguna actitud deba tenerse a una institución independiente, autónoma, bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente de la CNDH que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales de Michoacán actualmente internos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal, Víctor Manuel Báez Ceja , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Hoy en día, temas como la inseguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y la violación de los derechos humanos en México, se han convertido en temas que han trascendido nuestras fronteras, además de que han suscitado un considerable aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ello, hoy más que nunca se espera de este organismo una participación más eficaz, contundente y comprometida en la defensa de los derechos humanos. Es decir, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se establece al pie de la letra que este organismo ``tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano''. Para tal fin, la CNDH cuenta con diversas atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la ``de formular recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.''

Al respecto valga la pena puntualizar que si bien, las recomendaciones emitidas por la CNDH no son vinculantes, sí se pueden constituir en un instrumento eficaz de denuncia que trasciende, en tanto que se trata de documentos públicos que ponen en evidencia la violación de los derechos humanos y las garantías individuales por parte de alguna autoridad, teniendo como fin restituir al quejoso en sus derechos.

De ahí, la importancia de que las recomendaciones sean formuladas con estricto apego a derecho y sean emitidas dentro de un plazo útil, pues de lo contrario, una demora en la emisión de las mismas se puede traducir en la pérdida de derechos para la víctima o en la dificultad para fincar responsabilidades. En ese sentido, también resulta de gran importancia el que la CNDH está facultada para presentar quejas o realizar denuncias de hechos ante las autoridades competentes desde el momento en que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de derechos humanos, incluso antes de que se dicte una recomendación. Pues el no hacerlo, igualmente puede constituir un grave perjuicio para el quejoso, sobre todo en materia de prescripción y de impunidad.

Sin embargo, a pesar de las atribuciones con que cuenta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido ampliamente cuestionada por el deficiente desempeño que ha tenido durante los últimos años en casos como: los de las mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz y Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán; el del 28 de mayo en Guadalajara y el de Oaxaca. Sobre éstos, es importante señalar que no sólo se ha cuestionado la manera sistemática en que se han violado derechos humanos, la poca transparencia con que se han desarrollado los procesos y la impunidad en que han derivado; sino también el que la CNDH siempre responda a los cuestionamientos a que ha sido sometida, apelando a ``supuestas limitaciones al mandato de la institución'', justificando así el que no lleve a cabo un seguimiento efectivo de sus recomendaciones emitidas, o el que en algunas ocasiones cuando las recomendaciones son rechazadas, la Comisión abandone los casos dejando a las víctimas sin acceso a recursos a los cuales tienen derecho.

Por estas razones, es de preocupar que después de cuatro meses de haberse iniciado --el 6 de junio del presente año-- por parte de la CNDH las investigaciones correspondientes al caso de los ex funcionarios michoacanos actualmente presos en el estado de Nayarit, no haya hasta el momento ningún resultado o pronunciamiento por parte de dicha instancia.

Sobre todo cuando fue enviada una petición --el pasado 24 de septiembre--, al doctor José Luis Soberanes Fernández (presidente de la CNDH), a fin de solicitar copia de los expedientes relacionados con los ex funcionarios y ex presidentes municipales recluidos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, y que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran y en la forma que han sido tratados los internos en comento, así como lo que se refiere a la forma ilegal sobre su detención el pasado 26 de mayo. Obteniendo por respuesta una negativa, bajo el argumento de que la Comisión se encuentra legalmente impedida a satisfacer la solicitud formulada, debido a que se trata de información considerada como confidencial y/o reservada.

Por otra parte resulta relevante que, en el oficio/respuesta la CNDH informa que giró 175 oficios petitorios y 61 recordatorios a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, al Cefereso número 4, en Tepic, Nayarit, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el estado de Nayarit y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, a fin de solicitar los informes respectivos. Pero igualmente obtuvo una negativa a sus solicitudes, por parte de la PGR y del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

Lo anterior pone en evidencia dos cuestiones fundamentales. Primero, que efectivamente el máximo órgano encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos, cuenta con importantes limitaciones que entorpecen el cumplimiento de sus funciones. Y segundo, la falta de transparencia y acceso a la información sobre los procesos a que han sido sometidos muchos ciudadanos mexicanos, y en los que con frecuencia ocurren graves violaciones de los derechos humanos y garantías individuales.

No obstante, esto tampoco justifica el que la CNDH apele a tales cuestiones para cerrar casos o simplemente no emitir las recomendaciones en el tiempo oportuno, que le permita tener mayor alcance e impacto en los procesos. Porque como ya se mencionó anteriormente, si la CNDH no emite con prontitud sus recomendaciones en torno a este caso, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de los inculpados, como desafortunadamente ha sucedido en otras ocasiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emita a la brevedad posible las observaciones y recomendaciones que ameriten y que se desprendan de la investigación correspondiente del caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales del estado de Michoacán, que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social N° 4, de Tepic, Nayarit.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Se turna a la Comisión de Derechos Humanos y para conocimiento del grupo plural de trabajo en la materia.

Solicita la palabra el diputado Moreira. A sus órdenes, diputado.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): Desde acá, con todo respeto, señor presidente. Para preguntarle al señor diputado Víctor Manuel, si acepta que respaldemos ese punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. Diputado Báez Ceja, ¿está usted de acuerdo en aceptar la adhesión que propone el diputado Moreira?

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja : Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que deseen adherirse a la propuesta del diputado Báez Ceja, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente. Muchas gracias. Sí, diputado.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Una atenta petición, señor presidente de la Mesa Directiva, que esta proposición con punto de acuerdo se turne también a la Comisión de Justicia, que me honro en presidir.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : ¿La propuesta del diputado Báez Ceja, es a la que se refiere usted, diputado?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño ( desde la curul): Sí, señor presidente, esa misma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Cómo no, con mucho gusto, diputado, a sus órdenes.

EDUCACION DE POBLACION ADULTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a que establezca lo conducente para que ponga un plazo máximo, no mayor a 10 años, para alcanzar el nivel de secundaria, primaria y alfabetización de la población mayor de 15 que aún no ha completado estos niveles.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino : Con su permiso, señor presidente.

``Si quieres planear para un año, siembra arroz, si quieres planear para 10 años, siembra árboles; pero, si quieres planear para toda la vida, educa a las personas'', dice un proverbio chino.

Señoras diputadas y señores diputados, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la impartición de la educación básica, así como determinar planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y de alfabetización. En esta primera década del siglo XXI, nuestro país se encuentra en un gran rezago a nivel de educación básica, donde ---en principio--- el analfabetismo mantiene niveles inaceptables.

De acuerdo con el INEA y con el Conevyt hay 6 millones de personas que no saben leer ni escribir; 10 millones de personas no han concluido la primaria y 17 millones que no han concluido la secundaria; 33 millones de mexicanos, mayores de 15 años, no tienen la escolaridad mínima básica. A un alto porcentaje de mexicanos, en lugar de otorgarles mejor preparación a nivel escolar, se les otorgan apoyos económicos o en especie como despensas y dinero.

La pobreza crece, el deterioro ambiental aumenta, los valores se pierden; pero lo que las familias necesitan es que les enseñemos a desarrollarse mediante la educación mínima para que sean autoproductivos. Sin educación es imposible el desarrollo nacional.

Por ello, es indispensable superar el rezago escolar; casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima para desarrollar sus habilidades para la vida y el trabajo. Es urgente que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con otras instancias responsables, instrumente acciones para mejorar el nivel de escolaridad y los contenidos educativos de acuerdo a los problemas de la realidad socioeconómica del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que se establezca lo conducente para que se ponga un plazo máximo, no mayor a 10 años, para resolver el problema de la escolaridad, que asegure los niveles de secundaria y primaria, y de alfabetización de la población adulta.

Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos educativos para que se capacite para la vida a la población objetivo, que hoy está en condiciones de baja escolaridad, garantizando la atención a los problemas más apremiantes de las familias y su entorno.

Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asegure los recursos suficientes, en forma multianual, de acuerdo con la meta para combatir el rezago educativo, asegurando la educación del nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer lo conducente para fijar un plazo máximo no mayor de 10 años para concluir la educación secundaria, primaria y alfabetización de la población mayor de 15 años que aún no lo ha hecho, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

``Si quieres planear para un año, siembra arroz; si quieres planear para 10 años, siembra árboles; pero si quieres planear para toda la vida, educa personas.'' Proverbio chino Antecedentes

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la impartición de la educación básica, así como determinar planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y alfabetización; e impartirla en las diferentes modalidades que determine para el desarrollo humano y siempre en beneficio de la población.

En esta primera década del siglo XXI, nuestro país se encuentra en un gran rezago a nivel de educación básica, donde en principio el analfabetismo mantiene niveles inaceptables. Una buena parte de la población carece de la educación primaria y secundaria, y el analfabetismo es elevado.

De acuerdo a los informes que proporcionan el Instituto Nacional de Educación para Adultos y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, existen 6 millones de personas que no saben leer ni escribir, 10 millones no han concluido la primaria y 17 millones no han concluido la secundaria; 33 millones de mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima que les pudiera permitir una vida digna y decorosa, sin embargo, esta población se encuentra en la pobreza por falta de conocimientos.

A un alto porcentaje de mexicanos en lugar de otorgarles mejor preparación a nivel escolar, se les otorgan apoyos económicos o en especie, como despensas y dinero, lo que las familias necesitan es enseñarles a desarrollarse mediante la educación mínima escolar y que sean autoproductivos. No hay que darles peces para que coman un día, sino, mediante la educación, hay que enseñarles a pescar para que coman todos los días.

Para superar la pobreza no se necesitaría incrementar el número apoyos de Oportunidades para los nuevos pobres, sino apoyar mediante la educación mínima para su desarrollo personal y familiar. Por ello, es indispensable superar el rezago escolar, donde 6 millones de personas no saben leer ni escribir, y otros 27 millones no han concluido la primaria y secundaria, casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima para desarrollar sus habilidades para la vida y el trabajo.

Es preocupante que en nuestro país exista este gran rezago educativo; por ello es urgente que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con otras instancias responsables instrumente acciones para mejorar el nivel de escolaridad y los contenidos educativos de acuerdo a problemas de la realidad socioeconómica del país.

Las acciones y alcances del Instituto Nacional de Educación de los Adultos no han respondido a la realidad nacional, el de atender a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, asimismo, el de avanzar con el rezago educativo del nivel básico.

Ante esta situación, cabe precisar algunos de los objetivos que llevaron la creación del Instituto Nacional de Educación de los Adultos que tiene el de promover, organizar, proporcionar, acreditar y certificar los estudios de alfabetización, primaria y secundaria en el sistema abierto para los jóvenes y adultos de 15 años o más, que no han iniciado o en su caso concluido sus estudios, así como, ofrecer apoyos diversos a fin de desarrollar competencias y habilidades para la vida y el trabajo, incluyendo contenidos educativos que mejoren su entorno personal, familiar y social en beneficio de la sociedad mexicana.

Si observamos estos objetivos y la realidad nacional en materia educativa, sobre todo en educación básica, dista mucho y es preocupante por el nivel de analfabetismo de la población adulta que existe en nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, solicito del pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que establezca lo conducente para que se ponga un plazo máximo no mayor a 10 años para resolver el problema de escolaridad que asegure el nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta.

Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos educativos para que se capacite para la vida a la población objetivo que hoy está en condiciones de baja escolaridad, garantizando la atención a los problemas más apremiantes de las familias y su entorno.

Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asegure los recursos suficientes en forma multianual de acuerdo a la meta para combatir el rezago educativo, asegurando la educación del nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta en nuestro país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Yulenny Cortés León, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deportea trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a la misma, acorde a las necesidades del día de hoy, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Yulenny Guylaine Cortés León : Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en 1988 se creó con amplias facultades para coordinar el deporte en México la Comisión Nacional del Deporte. Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Públicacuenta, entre otras facultades, con la de ser rector de las políticas nacionales en materia deportiva y cultura física, con las atribuciones de formular, proponer y ejecutar estas políticas.

Dos años después, en 1990 se promulgó la Ley al Estímulo y Fomento al Deporte que constituyó la materia deportiva en nuestro país y estableció las bases jurídicas del Sistema Nacional del Deporte, citando a la Conade como su entidad rectora, pero con carácter de organismo desconcentrado de la SEP.

Cuatro años más tarde se emitieron reformas a esta ley y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se otorgaron a la SEP amplias facultades en materia deportiva, mismas que se ejercen a través de la Conade.

Una nueva ley en esta materia fue promulgada en junio de 2000, a la que se le denominó Ley General del Deporte. En esta ley se estipularon las bases para la articulación de los tres órganos de gobierno, a fin de integrar el Sistema Nacional del Deporte, promover la iniciación y práctica deportiva, y ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional del Deporte, en sus respectivos ámbitos de competencia, entre otras cosas.

Indicó además que deberán promoverse actividades deportivas especiales para la población que padece alguna discapacidad, la población de la tercera edad, así como el apoyo a los deportes autóctonos.

Finalmente, en 2004 se promulgó una nueva ley bajo la denominación Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante la cual la Conade se convierte en organismo público descentralizado y se le atribuye la responsabilidad de integrar el Programa Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte. Esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la concentración para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte.

Sin duda esta ley tiene beneficios relevantes, pues contiene mecanismos legales que derivan en beneficios para la comunidad deportiva, en particular, y para la sociedad en general. No obstante, ha quedado rezagada frente a la dinámica del deporte nacional e internacional y presenta omisiones que han retardado el fomento de la cultura física en la población, y especialmente no se ha logrado concretar e insertar el gusto por la práctica de las disciplinas deportivas en las escuelas de educación básica.

Lo anterior eminentemente deriva en la dificultad de identificar e impulsar a los talentos deportivos desde temprana edad.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos que debemos actuar desde nuestro ámbito para lograr, a través del impulso y fomento a la práctica de cultura física y el deporte, una población más sana y más competitiva en todo los ámbitos.

Es importante que nuestro objetivo no sólo sea cosechar más talento deportivo, sino estimular y dar acceso a las niñas, los niños, los jóvenes, las jóvenes y los adultos a la práctica de estas actividades. Para lograrlo tenemos que fortalecer los lazos de acción que lleven a la ciudadanía a tener contacto con la cultura física y el deporte. Y uno de estos lazos es el marco jurídico que lo regula.

Es por ello que debemos iniciar el análisis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el fin común de actualizar y reforzar las bases para el desarrollo del deporte nacional y la sociedad, haciendo partícipes de este trabajo a todos esos actores de la comunidad deportiva y a los interesados, de la sociedad en general.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, resulta necesario darle continuidad al proceso de desarrollo de la cultura física y el deporte para que México logre sobresalir en estas materias a nivel internacional. Si bien es cierto que se han logrado buenos resultados en la materia, también es verdad que no son suficientes y que el futuro impone retos que debemos enfrentar hoy.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a la misma, acordes con las necesidades de hoy en día. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a ésta de acuerdo con las necesidades actuales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados y diputadas federales Yulenny Guylaine Cortés León , Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza , María Antonieta Pérez Reyes , Dora Evelyn Trigueras Durón , José Francisco Landero Gutiérrez, César Daniel González Madruga , Sixto Alfonso Zetina Soto , Juan José Cuevas García , Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jesús Gerardo Cortés Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 44, numeral 4, 45, numeral 6, incisos a), e), f) y g), numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, fracción I, 60, 83, 87 a 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte, a efecto de analizar y revisar la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto de lograr una reforma de la misma que vaya acorde a las necesidades de hoy en día, conforme a las siguientes

Consideraciones

En 1988 se creó, con amplias facultades para coordinar el deporte en México la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta, entre otras facultades, con la de ser rector de las políticas nacionales en materia deportiva y cultura física, con las atribuciones de formular, proponer y ejecutar estas políticas.

Dos años después, en 1990, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento de Deporte que constituyó la primera en materia deportiva en nuestro país y estableció las bases jurídicas del Sistema Nacional del Deporte, situando al Conade como su entidad rectora, pero con carácter de organismo desconcentrado de la SEP. Cuatro años más tarde se hicieron reformas a esta Ley y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se otorgaron a la SEP amplias facultades en materia deportiva, mismas que ejerce a través del Conade.

Una nueva ley en esta materia fue promulgada en junio de 2000, a la que se le denominó Ley General de Deporte. En esta ley se establecieron las bases para la articulación de los tres órdenes de gobierno a fin de ``integrar el Sistema Nacional del Deporte, promover la iniciación y práctica deportiva, ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional del Deporte, en sus respectivos ámbitos de competencia'', entre otras cosas. Indicó además, que deberán promoverse actividades deportivas especiales para la población que padece alguna discapacidad, la población de la tercera edad, así como el apoyo a los deportes autóctonos.

Finalmente, en 2004 se promulgó una nueva ley bajo la denominación de Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante la cual la Conade se convierte en organismo público descentralizado y le atribuye la responsabilidad de integrar el programa nacional en materia de cultura física y deporte.

Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de Cultura Física y Deporte.

Sin duda esta ley tiene beneficios relevantes, pues contiene mecanismos legales que derivan en beneficios para la comunidad deportiva en particular y para la sociedad en general, no obstante, ha quedado rezagada frente a la dinámica del deporte nacional e internacional, y presenta omisiones que han retardado el fomento de la cultura física en la población, y especialmente no se ha logrado insertar el gusto por la práctica de las disciplinas deportivas en las escuelas de educación básica. Lo anterior, eminentemente deriva en la dificultad de identificar e impulsar a los talentos deportivos desde tempana edad.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos que debemos actuar desde nuestro ámbito para lograr, a través del impulso y fomento de la práctica de la cultura física y el deporte, una población más sana y más competitiva en todos los ámbitos. Es importante que nuestro objetivo no sea sólo cosechar más talento deportivo, sino de estimular y dar acceso a las niñas, los niños, jóvenes y adultos a la práctica de estas actividades.

Para lograrlo tenemos que fortalecer los lazos de acción que llevan a la ciudadanía a tener contacto con la Cultura Física y el Deporte. Y uno de estos lazos es el marco jurídico que lo regula, es por ello que debemos iniciar el análisis de la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, con el fin común de actualizar y reforzar las bases para el desarrollo del deporte nacional y de la sociedad, haciendo partícipes de este trabajo a todos esos actores de la comunidad deportiva y a los interesados de la sociedad en general.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta necesario darle continuidad al proceso de desarrollo de la cultura física y el deporte para que México logre sobresalir en estas materias a nivel internacional.

Si bien es cierto que se han logrado algunos buenos resultados en la materia, también es verdad que no son suficientes y que el futuro impone retos que debemos enfrentar el día de hoy.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a la misma acorde a las necesidades de hoy en día.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra el diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy a la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresa llevar a cabo la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la región de La Montaña, Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

El diputado Filemón Navarro Aguilar : Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha determinado que en nuestro país existen 25 regiones indígenas que en conjunto concentran a poco más de 8 millones de indígenas, es decir, alrededor de 77 por ciento de la población indígena a nivel nacional.

Una de ellas es la región de la Montaña de Guerrero, considerada como una de las de mayor rezago y de muy alta marginación, condiciones que se ven reflejadas en la carencia de servicios y en la tasa de fecundidad y tasa de mortalidad infantil, sustancialmente elevadas.

Una vez descrita la región de La Montaña de Guerrero, quiero compartirles lo que les está sucediendo a mis hermanas y hermanos indígenas en esta región.

Desde hace varios meses se han asentado en esta región de La Montaña varias empresas como Grupo Baz, Caja de Ahorro Azteca, Grupo Amor, COOFIA y la Cooperativa de Abasto Popular, las cuales ofrecen servicios de ahorro y crédito.

Sin embargo, estas empresas sólo se han dedicado a defraudar a los indígenas y campesinos de esta región, es decir, esta seudosociedades o cajas de ahorro y crédito han atraído a usuarios con la oferta de darles altos rendimientos. Ejemplo de ello fue la modalidad consistente en aportar la cantidad de 520 pesos a fin de que en un lapso de tres meses pudieran recibir la cantidad de 3 mil pesos, cuestión que nunca sucedió, no se cumplió por parte de los representantes de la caja de ahorro.

Ante ello, las empresas en comento han defraudado a más de 20 mil indígenas de la región de la Montaña del estado de Guerrero, con una cantidad que supera los 139 millones de pesos.

Por ello, es de urgente resolución frenar estas impunidades que viven los que menos tienen y que son defraudados debido a su idiosincrasia y escasa asesoría financiera.

Sin lugar a dudas se requiere que la presencia de la autoridad sea contundente para regular, supervisar y ordenar a esas sociedades cooperativas relativas al ahorro y crédito popular para tener el debido cumplimiento del objetivo que persiguen las cooperativas de ahorro y préstamo.

Por ello, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que realicen la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas y de ahorro y préstamo de la región de La Montaña del estado de Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y para que, en su caso, se repare el daño a los defraudados. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a llevar a cabo la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la región de La Montaña en Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar , del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal Filemón Navarro Aguilar de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, ha determinado que en nuestro país existen 25 Regiones Indígenas, que en conjunto concentran a poco menos de 8 millones de indígenas, es decir, alrededor del 77 por ciento de la población indígena a nivel nacional.

La región indígena se refiere a la idea de ``región cultural'', cuyo objetivo tiene que ver con la finalidad de identificar aquellos elementos y procesos comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de México, a través de la caracterización de la diversidad etnolingüística y la distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional.

Una de estas regiones, la región de La Montaña, Guerrero, está considerada como una de las regiones con mayores rezagos y de muy alta marginación. Condiciones que se ven reflejadas en la carencia de servicios y en las tasas de fecundidad y mortalidad infantil sustancialmente elevadas.

La región de La Montaña, Guerrero, está comprendida por 28 municipios con una población total de 685,167 habitantes, de los cuales el 62 por ciento es población indígena asentada, principalmente, en los municipios de Alcozauca, Zapotitlán Tablas, Ahuacuotzingo, Huamuxtitlán, Ometepec, Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec.

En este espacio territorial coexisten pueblos indígenas, siendo la población de origen nahua la predominante, con el 33.7 por ciento, seguida de los mixtecos y tlapanecos con 29.8 y 25.9 por ciento, respectivamente (CDI-Regiones Indígenas de México, 2006). Mientras que el grupo minoritario en la región es el amuzgo, representado por el 9.9 por ciento.

Una vez descrita la región de La Montaña de Guerrero, quiero compartirles lo que les está sucediendo a mis hermanos y hermanas indígenas de la región en comento.

Desde hace varios meses se han asentado en la región de La Montaña varias empresas como Grupo Bass, Caja de Ahorros Azteca, Grupo Amor y la Cooperativa de Abasto Popular, las cuales ofrecen servicios de ahorro y crédito.

Sin embargo, estas empresas solo se han dedicado a defraudar a los indígenas y campesinos de esta región. Es decir, estas seudo sociedades o cajas de ahorro y crédito han atraído a sus usuarios con la idea de obtener altos rendimientos en un período máximo de tres o seis meses.

Ejemplo de ello fue la modalidad consistente en aportar la cantidad de 520 pesos, a fin de, en un lapso de tres meses, recibir la cantidad final de tres mil pesos, cuestión que nunca sucedió ni se cumplió por los representantes de las cajas de ahorro.

Una segunda modalidad que ofrecían estas empresas consistía en aportar la cantidad de 1,020 pesos y a la postre de ocho meses conseguirían la cantidad de 6,600 pesos. Finalmente, otra de las supuestas modalidades consistía en entregar cualquier cantidad de dinero y al tiempo de seis meses duplicarían su inversión.

Ante ello, las empresas en comento han defraudado a más de 20 mil indígenas y campesinos de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, con una cantidad que asciende a más de 139 millones de pesos.

Por ello, es de urgente resolución frenar estas impunidades que viven los que menos tienen y que son defraudados en aras de su idiosincrasia y escasa asesoría financiera; son conductas reprochables mediante las que dichas empresas han despojados a nuestros indígenas de sus ahorros y del poco patrimonio que tienen.

Ante tal situación, es necesario que el Ejecutivo federal se aboque a la inmediata aplicación de los instrumentos jurídicos que operan en nuestro país, que en el caso concreto lo es la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; la cual acaba de entrar en vigor el pasado mes de agosto. A fin de que se exija a las empresas antes citadas al estricto cumplimiento de las obligaciones consagradas en dicha normatividad, con lo cual se logre proteger los intereses de los indígenas y campesinos que han sido defraudados.

Sin lugar a dudas, se requiere que la presencia de la autoridad sea contundente para regular, supervisar y ordenar a estas sociedades relativas al ahorro y crédito popular al debido cumplimiento del objetivo que persiguen las cooperativas de ahorro y préstamo.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la región de La Montaña, del estado de Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y para que, en su caso, se repare el daño a los defraudados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

FINANCIERA COOFIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada María Isabel Merlo Talavera, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenga un control más estricto de las instituciones financieras como COOFIA, para evitar que continúen funcionando en demérito financiero de los recursos que son depositados por ahorradores de buena fe, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a controlar a través de la CNBV de manera más estricta a las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando en demérito de los recursos depositados por ahorradores, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

María Isabel Merlo Talavera , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de los diputados federales del estado de Puebla y con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, controlar de manera más estricta a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando, en demérito financiero de los recursos que son depositados por ahorradores de buena fe.

Antecedentes

La Financiera Coofia, es una caja de ahorro originaria de Puebla, propiedad del empresario Valente Medina Seoane que tiene 85 sucursales en 8 estados del país, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Coofia carece de registro, ya que no ha logrado cumplir todos los requisitos que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar de forma regular.

Cerca de 40 mil ahorradores en territorio poblano confiaron en una empresa supuestamente regulada y/o supervisada por la Secretaría de Hacienda del gobierno de la República a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Paisanos de otros estados nacionales, 8 en total, entre los que se encuentra Puebla, están en idénticas circunstancias.

La falta de intervención y compromiso con la población de parte de la autoridad reguladora, permite que unos particulares los burlen y aparentemente se fuguen con recursos provenientes de los ahorros de personas de buena fe. Sabemos que estas actividades se han multiplicado sin que se prevea a la fecha evitar el daño patrimonial que muchos mexicanos han sufrido. Recordamos que ya hay experiencias al respecto y que incluso, resulta más fácil para la Secretaría de Hacienda reparar el daño que evitarlo.

Con motivo de la multiplicación de las casas de ahorro e inversión, creó el Fideicomiso ``Pago'' para no dejar desprotegidos a esos ahorradores que en principio, nunca debieron caer en las garras de los delincuentes de cuello blanco.

Pero más allá de lamentaciones, aunque haciendo los señalamientos puntuales de responsabilidad gubernamental, es el momento de que esta soberanía intervenga para asegurarse de que quienes tienen obligaciones públicas, no se escuden en la mediocridad e intervengan actualizando sus facultades para entregar cuentas a la población probablemente defraudada.

La posibilidad de que el fantasma de la impunidad persiga la fama del nuevo Procurador General de la República y su controvertida llegada a la responsabilidad que el C. Presidente le confió y el Senado avaló, está inminentemente en la puerta del cuestionamiento ante la conducta de los directivos de la malograda financiera Coofia.

Por ello hoy hacemos un paréntesis en éste cuerpo colegiado y recordamos que la falta de cultura jurídico-financiera de la generalidad de la población no habrá de ser campo libre para que se burlen unos cuantos por la falta de efectividad de las autoridades que tienen en éste país el monopolio del ejercicio de la acción penal.

Socios de la caja de ahorro Financiera Coofia denunciaron un fraude por parte de esta institución, pues pese a tener problemas económicos para entregar el dinero que los clientes han ahorrado en la misma, continúa abriendo cuentas de ahorro e inversión, los clientes temen que la empresa se declare en quiebra y ya no se les regrese el total de su dinero ahorrado, porque desde finales del año pasado solicitan la devolución de lo que depositaron en sus cuentas de ahorro o inversión y no obtienen sus ahorros completos.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quienes son las instituciones gubernamentales encargadas de regular a las cajas de ahorro.

El fraude en Veracruz

La financiera Coofia, cuya casa matriz está en la ciudad de Puebla, y en el Estado de Veracruz tiene representaciones en varios municipios, como Xalapa, Perote, Alvarado, Veracruz Puerto, Poza Rica, Córdoba, entre otros ha defraudado a más de mil ahorradores en Xalapa, 300 en Juchique de Ferrer y 500 en Naolinco, Veracruz.

El fraude en Puebla

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, se informó que en Teziutlán ya son 3 mil 500 los defraudados, mientras que, conjuntamente con sus compañeros, en el Congreso local harán un recuento de los municipios que han sido afectados por Coofia.

En los diferentes distritos judiciales que se ubican en el interior del estado, como el de Zacapoaxtla, en donde había dos sucursales, una en la cabecera y otra en el municipio de Cuetzalan, están también captando a quienes perdieron sus ahorros.

Todos debemos ver en el estado de derecho la única vía para armonizar las relaciones interpersonales. En Puebla, la obligación de asegurar el acceso a los justiciables de manera gratuita es acción comprobada, por ello, la Procuraduría del Ciudadano del Gobierno del Estado ha tenido encuentros con más de 6 mil probables defraudados y ha cumplimentado cerca de 2 mil 500 expedientes formales en menos de 10 días. Hasta ayer, el monto de lo ahorrado formalmente asciende a 300 millones aunque sabemos que las denuncias podrían llegar en próximos días a los mil millones, ¡¿quién sabe a cuánto sume en otros estados?! Y ¿cuántos mexicanos más deban de ser víctimas para que el gobierno responda?

Hasta el momento todos son asuntos particulares, pero que a partir de ahora se buscará la organización entre todos los defraudados para potencializar las posibilidades de triunfo, pues la mayoría de los defraudados son gente humilde que ahorró menos de 100 mil pesos durante toda su vida pero que son desconocedores en materia de derecho económico y financiero.

A la fecha no tienen un padrón final y por lo tanto tampoco la estimación total del monto defraudado.

El fraude en Hidalgo

El fraude en agravio de más de 40 mil ahorradores de 8 Estados de la República, cometido por la Financiera Coofia, SC de RL, podría ascender a los mil 500 millones de pesos un grupo de inversionistas de Pachuca y la región decidieron interponer una denuncia penal en contra de Hilda López Rosales, representante legal de Coofia y quienes resulten responsables del delito de fraude.

A través de un representante común, 32 ahorradores cuyo patrimonio e inversiones se encuentran en riesgo de perderse ante el incumplimiento de pago por parte de Financiera Coofia, interpusieron las correspondientes averiguaciones previas, y solicitaron que la consignación de las indagatorias se realice a la brevedad posible para evitar que los presuntos responsables del multimillonario fraude, puedan darse a la fuga.

Pese a haber iniciado el procedimiento penal, los ahorradores están preocupados porque no puedan recuperar su patrimonio, que le habían confiado a Coofia mediante cuentas de ahorro e instrumentos de inversión, ya que dicho organismo, no es reconocido como una institución financiera por la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pues carece de registros legales y ello impide que se puedan apegar a los beneficios del Fideicomiso denominado Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, que sólo es para instituciones acreditadas.

Los inversionistas a la fecha continúan organizándose para tratar de recuperar su dinero, cuyas cantidades depositadas y que les adeuda Coofia, varían entre los 17 mil y los 2 millones y medio de pesos.

Alerta de la CNBV

Con 12 años en operación y a pesar de que casi 40 mil clientes habían depositado cerca de mil 500 millones de pesos, fue en agosto pasado cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la alerta de que Coofia no estaba autorizada para recibir dinero de particulares o inversionistas, de acuerdo con la investigación realizada por la Federación Integradora Nacional de Entidades.

Derivado de lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga un control más estricto de las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando, en demerito financiero de los recursos que son depositados por ahorradores de buena fe.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PLACAS Y CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada María Cristina Díaz Salazar, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que derogue el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emita un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la SCT por medio del cual se fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y emitir un nuevo acuerdo que garantice que dichos documentos sean elaborados por la industria nacional, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, María Cristina Díaz Salazar , Benjamín Clariond Reyes Retana y Jorge Juraidini Rumilla, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del cual fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y fija el control y registro de las empresas fabricantes de dichos documentos, y que se emita un nuevo acuerdo que garantice que estas placas y documentos sean elaborados por la industria nacional, por razones de seguridad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Estamos plenamente convencidos que las normas jurídicas deben de ser respetadas plenamente en un Estado de Derecho, por todos quienes estamos obligados a ello, gobernantes y gobernados, pero sobre todo por quienes tiene la obligación de vigilar su puntual cumplimiento, la autoridad. Menciono lo anterior con el objetivo de alertar sobre la intención del gobierno del presidente Calderón de darle un nuevo golpe a la industria mexicana.

En los últimos años, sobre todo en la anterior administración y la presente, es por todos sabido que diversas industrias mexicanas como la textil y del calzado, entre otras, han visto su ruina en nuestro país consecuencia de una apertura económica desmedida y no de un intercambio comercial, donde fuera posible que nuestros productos en igualdad de condiciones pudieran venderse en otros países que hábilmente cierran sus fronteras, sin que se tenga las respuesta a estas conductas por demás nocivas de un mundo globalizado y de competencia leal. Los acuerdos comerciales, una realidad del comercio globalizado de la época moderna, no deben de ser pretexto para la inmovilidad ante conductas nocivas que afectan los Estados nacionales. La nación siempre debe de estar por encima de cualquier interés privado.

En un marco tan complejo como el que rige la globalización comercial, la autoridad siempre debe estar atenta al estricto cumplimiento de la normatividad para evitar conductas que pongan en riesgo las industrias y los mercados nacionales, que afectan el empleo y el crecimiento de la industria, ya que al final ello se traduce en bienestar para los mexicanos; en posibilidad de mejoras en su calidad de vida. Por ello la autoridad debe de estar atenta a su cumplimiento y sobre todo a la estricta observancia por parte de la autoridad encargada de su aplicación y en su caso vigilancia.

Es por ello que se hace aún más necesario que se cumpla con la legalidad en los procesos de de apertura económica, que permita una libre concurrencia en igualdad de condiciones y con ello en verdad fomentar el desarrollo y el crecimiento del país. Debemos armonizar las políticas públicas posibles, las necesarias, y aún las deseables, por lo que se debe de proteger y alentar la inversión y el empleo, por medio del fortalecimiento de aquellos quienes lo producen, que son los muy diversos sectores de la producción, sobre todos aquellos quienes se han comprometido con el país. Aquellos que ven en la inversión más que una oportunidad de negocio y que ven en sus inversiones un medio para repartir la riqueza nacional, en un esquema de ganara-ganar.

Se comenta lo anterior por que a la fecha el Ejecutivo federal por medio de la Dirección General de Autotransporte Federal dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado Registro como fabricante de placas y calcomanías para el control vehicular a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Ltd. Con tal gestión se afecta gravemente a este sector industrial poniendo en riesgo 5,000 empleos, 3 mil directos y 2 mil indirectos, en esta área en específico de producción, sin considerar los efectos nocivos que se tiene por que resulta evidente que con ellos se ve afectada también la industria acerera nacional.

Es importante indicar que el Artículo Décimo Octavo inciso i), del Acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación entre otros documentos, específicamente señala:

Lo anterior tiene como finalidad el otorgar certeza a quienes están participando en este nicho de mercado de que la autoridad estará permanentemente vigilante del cumplimiento de la normatividad, proporcionando la certeza jurídica necesaria, ello implica la verificación por medio de una inspección y evaluación de dichos requerimientos a través de las entidades mexicanas de acreditación y certificación, como ha sido realizado mediante visita anual, como se realiza con toda puntualidad anualmente a los fabricantes nacionales, con el objeto de garantizar condiciones de acuerdo a estándares nacionales debido a que cada nación establece la simetría y especificaciones propias.

Este proceso de verificación anual, que se lleva a cabo a la industria nacional que no se ha llevado a cabo a la empresa de origen extranjero anteriormente mencionada, lo cual constituye un evidentemente un trato discriminatorio para la industria nacional.

La industria nacional tanto acerera, como la dedicada en especifico a la elaboración de placas, a través de los años ha invertido en tecnologías y materiales de la más alta calidad, de acuerdo a los estándares nacionales para brindar productos que han permitido establecer y actualizar los padrones de control vehicular de manera confiable atendiendo a los requerimientos que en materia de seguridad son indispensables, es por ello el grave riesgo que existe en que una empresa extranjera pueda realizar la fabricación de este tipo de documentos oficiales de identificación vehicular, y sobre todo sin que sea comprobada su capacidad moral, técnica y productiva. Es así el asunto de seguridad, para nuestro país un tema fundamental a considerar en la emisión de la normatividad vinculada con este tipo de documentación. Cada vez es más frecuente la falsificación de documentación, y aún de las placas mismas, por el crimen organizado para cometer todo tipo de delitos.

Por ello se considera de extrema gravedad que este tipo documentación y de trabajos industriales que son claramente de interés nacional, de seguridad para la nación sean concedidas a industrias de origen extranjero, sobre todo si se cuenta con sectores industriales nacionales plenamente probados con la capacidad y recursos necesarios para su elaboración. Lo anterior es en sí mismo graves, pero lo es más cuando se presume que el otorgamiento de dicho los permisos y registros correspondientes incumplen con la normatividad que actualmente rige esta actividad como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, o que al menos no son lo suficientemente transparentes., y que por su delicadeza deben de llevarse a cabo estos procesos de otorgamiento de permisos, registros y producción con la más escrupulosa vigilancia a que obligan la normatividad vigente.

Sabemos que la normatividad que establece las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la república mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, van en el mismo sentido de contar con un mecanismo de control a nivel nacional, que distinga con toda claridad las regiones y tipos de servicios, así como su control individualizado, como elementos de seguridad indispensables en la prestación de un servicio de origen público, que responde al interés colectivo. Por ello cuando se incumple con la normatividad, o se sacrifica seguridad en aras de un beneficio particular, por muy legitimo que este sea, estamos ante un problema que debe de ser abordado con la mayor seriedad por quienes desde la responsabilidades públicas tenemos una obligación para con nuestros gobernados.

Esta Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000 sabemos ya resulta obsoleta, por lo que es necesario una rigurosa revisión para su actualización y que responda a los retos que como nación tenemos en la materia, y que nos permita también por otro lado hacer frente a la falta de normatividad internacional en la materia, que en ocasiones es aprovechada por la industria extranjera, para penetrar a mercados nacionales en esquemas de competencia desleal, aprovechando ventajas competitivas internacionales en perjuicio de los mercados nacionales provocando desplazamientos de la industria nacional ocasionando desempleo y otras distorsiones económicas internas.

Sabemos que los poderes públicos han venido haciendo el mayor de los esfuerzos por combatir la inseguridad, como lo fue Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado por el presidente Felipe Calderón y los mandatarios de todas las entidades del país y el compromiso es mantener actualizado el Registro Público Vehicular implementado a nivel nacional, cuyo propósito también es el de disponer de información nacional sobre vehículos así como de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulen en territorio nacional, mediante la identificación y control, además de brindar servicios de información al público. o bien en este mismo sentido de parte del Congreso de la Unión la emisión de la Ley general que crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de la Policía Federal; la Ley Federal de Extinción de Dominio, etcétera, donde se contempla programas de seguridad relacionados con el control vehicular, con procesos novedosos de concentración de información y aditamentos que amplíen esta seguridad, en todos los casos diseñados por instituciones mexicanas por, por ejemplo en la elaboración de chip, de seguridad, en que participaron en su elaboración, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey. Elemento de extrema seguridad en manos de mexicanos, ya sea del sector público o privado, pero por su importancia siempre mexicanas.

Con lo anterior solo queremos dejar de manifiesto, que no solo se está afectando gravemente a un sector de la industria nacional, como son las acereras nacionales y quienes se dedican a la elaboración de las placas y la documentación relacionada con el control vehicular, se afecta también de manera directa al empleo que ésta genera, pero sin duda lo más es que se afecta directamente la seguridad de los mexicanos. Por ello se reitera consideramos que estos sectores de la producción tan delicados, como el de las placas, los registros y todos aquellos documentos relacionados con el transporte vehicular, deben de estar en manos de las industrias nacionales y además controladas estrictamente por el Estado Mexicano.

Ya tuvimos una mala experiencia con el registro vehicular en manos de personas que no tienen un compromiso con México, y pusieron en riesgo la seguridad de los mexicanos. No debemos correr nuevamente ningún riesgo, en este sentido por lo que se debe de garantizar que sea la industria nacional quien elabore estas placas y la totalidad de la documentación para el transporte vehicular.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del cual fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y fija el control y registro de las empresas fabricantes de dichos documentos, y que se emita un nuevo acuerdo nuevo acuerdo que garantice que estas placas y documentos sean elaborados por la industria nacional, por razones de seguridad.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a vigilar, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto se emite el nuevo acuerdo, la puntual aplicación del vigente.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo una profunda revisión y la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, a fin de que responda a las necesidades actuales del país.

Cuarto. Se solicita al Poder Ejecutivo que informe a esta honorable Cámara de Diputados si a la fecha ha otorgado concesiones, permisos o cualquier otro medio, por el que se lleve a cabo la producción de placas y documentación diversa relacionada con el control vehicular a empresas de origen extranjeras.

Quinto. Se solicita a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados que el presente punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Transportes, y de Economía, para su dictamen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Transportes.

COMISION ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre la No Discriminación.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota : Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, estoy pidiendo que se cree una Comisión Especial sobre no discriminación, porque en la legislatura anterior existía esta comisión y dejó trabajos pendientes. Pero, sobre todo, para el reconocimiento de que en este país la discriminación existe; de que existen millones de niños y niñas con discapacidad que van a las escuelas, y se les impide el acceso a ellas por tener limitaciones físicas o intelectuales; de que existen millones de personas con VIH/sida que van a los hospitales, y se les impide el acceso a la salud, únicamente por tener VIH o ser homosexuales.

También existen muchos despidos por discriminación. O, cuando hay cierres en algunas empresas, las primeras que salen son las mujeres; o bien se discrimina a personas que tienen una religión diferente a la católica. Son muchas las causas de discriminación en este país, las vivimos todos los días. Pero lo peor, las ejercemos todos los días. Todos discriminamos, porque esto es un círculo, un círculo violento para los mexicanos y para las mexicanas.

Hay convenios internacionales que ha signado el Estado mexicano, en los que nos comprometemos a erradicar la discriminación y a respetar los derechos humanos, pero no lo hemos hecho, compañeras diputadas y compañeros diputados.

En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, tanto para el goce de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales como en el principio de no discriminación.

Pues no es válido que sólo a unos se les respeten los derechos, pero a otros, justamente por el pensamiento o rechazo que tenemos a sus preferencias, a su color, a su etnia, a su discapacidad, les neguemos el ejercicio de sus derechos humanos, y por tanto los estemos discriminando y los estemos alejando del goce del ejercicio de los derechos.

La Comisión Especial sobre la No discriminación tendrá dentro de sus objetivos identificar aquellas disposiciones que, por no tomar en cuenta las situaciones particulares de determinados grupos o sectores de la sociedad o ser producto de factores generadores de discriminación, favorezcan la violación o una incidencia negativa en el goce de los derechos fundamentales de todas las personas.

El principio de igualdad establece que, si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, éstas deben tener un trato igual; pero también exige que, si entre estas personas hay diferencias relevantes, entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico les otorgue, en consecuencia, deberá ser distinto.

Es aquí donde radica el sustento de esta Comisión Especial, pues en ella se velará porque no exista un trato diferente entre dos o más personas sin que exista algún criterio que se juzgue razonable para ello. Y eso es algo que tenemos que consagrar en las leyes de esta nación.

Existen avances legislativos; no se puede negar eso. Pero hoy persisten claros fenómenos de discriminación, que siguen alojados en la mentalidad social y en los textos constitucionales. Basta mencionar temas como la homosexualidad o la nacionalidad, aun y cuando el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional establece la prohibición de discriminar por razón de preferencias sexuales, es necesario precisar el contenido de este término, a efecto de ofrecer mayor claridad en todas las mexicanas y en todos los mexicanos.

El tema de protección frente a esta modalidad de discriminación es especialmente importante, ya que la primera encuesta nacional sobre discriminación en México señala que la sociedad mexicana es profundamente discriminatoria hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual.

En lo que concierne a la nacionalidad, basta hacer referencia al artículo 33 de la Constitución, que permite al Ejecutivo la expulsión de un extranjero del territorio nacional, por considerar su permanencia inconveniente. Violenta esto los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Por lo que es necesario regular la situación en la que esta discrecionalidad del presidente pueda ser empleada, toda vez que es necesario someter esta facultad al imperio de los principios del Estado democrático de derecho, en el cual se respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo a los no nacionales que se encuentran en territorio mexicano.

La lista de rezago sobre esta problemática que tenemos en cuestiones legislativas es muy amplia. Por eso es necesario este punto de acuerdo por el que se crea esta Comisión Especial sobre la No discriminación y para que a ella se turnen todas las iniciativas y puntos de acuerdo que tengan que ver con la garantía para todos los mexicanos de tener un ejercicio libre de nuestros derechos, independientemente del estado que tengamos, de discapacidad, de preferencia sexual, de preferencia religiosa o de orientación política.

Es cuanto, diputado presidente. Le pediría que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sobre No Discriminación, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota , del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota , Samuel Herrera Chávez , Ramón Jiménez Fuentes , Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

México ha asumido un compromiso internacional en la lucha por la no discriminación de las personas. Ello, se advierte claramente en nuestra norma constitucional, así como en los tratados internacionales que, en la materia, ha suscrito el país. En este sentido, corresponde a este órgano legislativo actualizar el marco jurídico nacional, a fin de garantizar que entre las disposiciones de carácter interno y las internacionales, exista una armonización legislativa, que refleje el principio de no discriminación y el derecho a la igualdad en cada una de sus disposiciones. Asegurar la igualdad de derecho, constituye apenas el primer paso para la consecución de la igualdad sustantiva. La cual, una vez lograda, hará efectivo el Principio de No Discriminación. Pues la experiencia, demuestra que la articulación jurídica es necesaria para erradicar la discriminación existente en la sociedad.

Si bien es cierto, se han presentado avances en cuando a las acciones contra la discriminación, debemos reconocer la necesidad de realizar un análisis a la normatividad vigente, para determinar los ordenamientos que demande de modificaciones, por contener disposiciones discriminatorias, que provocan que cualquiera de nosotros se encuentre, en un momento y circunstancias determinados, en riesgo de exclusión.

En un Estado respetuoso y garante de los derechos fundamentales, es inconcebible que existan personas que vivan al margen de la sociedad, sin posibilidades de desarrollar sus capacidades plenamente. Sin embargo, como diversos informes en materia de derechos humanos lo han señalado, en el país existen grupos estigmatizados y marginados, cuyos derechos son escasamente tomados en consideración. Situación que repercute en el ejercicio pleno de sus derechos, traduciéndose así en dificultades, si no imposibilidades, para recibir educación, empleo, acceso a la seguridad social, información, por citar algunos ejemplos. Ante este panorama, no podemos negar que la universalidad de los derechos humanos, persiste como una asignatura pendiente en nuestro país. Y, particularmente consideramos que un primer paso para erradicar esta situación, es reconocer la condición de todas las personas como sujetos de derecho, independientemente de sus características; pero haciendo hincapié en las necesidades específicas que cada una posee.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México forma parte desde el 24 de marzo de 1981, impone a los Estados parte la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de cualquier condición social. En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, e incluso sociales, para hacer efectivo tanto el goce de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, como el principio de no discriminación. Pues no es válido que sólo un grupo de personas puedan gozar de ellos y otra parte se encuentre excluido de éstos. De ahí la importancia de que esta honorable Cámara de Diputados, atendiendo a los compromisos internacionales, cuente con una Comisión Especial dedicada a examinar que los ordenamientos jurídicos estén en concordancia con los estándares internacionales de no discriminación impulsados por el derecho internacional de los derechos humanos.

La Comisión Especial sobre no discriminación tendrá como uno de sus objetivos identificar aquellas disposiciones que, por no tomar en cuenta las situaciones particulares de determinados grupos o sectores de la sociedad; o bien, que al ser producto de factores generadores de discriminación, favorezcan la violación o una incidencia negativa en el goce los derechos fundamentales que todas las personas poseemos.

El principio de igualdad establece que si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, éstas deben tener un tratamiento igual; pero también exige que, si entre esas personas existen diferencias relevantes, entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico les otorgue, en consecuencia, deberá ser distinto. Es aquí donde radica el sustento de esta Comisión Especial, pues en ella se velará que no exista un trato diferente entre dos o más personas, sin que exista algún criterio que se juzgue razonable para ello.

Existen avances legislativos, no se puede negar, pero hoy en día persisten claros fenómenos de discriminación que siguen alojados en la mentalidad social y en los textos constitucionales; baste mencionar temas como la homosexualidad o la nacionalidad. Pues, aun cuando el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional establece la prohibición de discriminar por razón de ``preferencias'', es necesario precisar el contenido de este término, a efecto de ofrecer mayor claridad a todas y todos los mexicanos. El tema de la protección frente a esta modalidad de discriminación es especialmente importante, ya que la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, señala que la sociedad mexicana es profundamente discriminatoria hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual.

En lo que concierne a la nacionalidad, baste hacer referencia al artículo 33 de la Constitución que, al permitir al Ejecutivo de la Unión la expulsión, de hacer abandonar a todo extranjero el territorio nacional por considerar su permanencia inconveniente, violenta los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Por lo que, es necesario regular las situaciones en que esta discrecionalidad del presidente puede ser empleada; toda vez que, es necesario someter esta facultad al imperio de los principios del Estado democrático de derecho, en el cual se respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo a los no nacionales que se encuentran en territorio mexicano.

La lista de rasgo con base en los cuales no puede tratarse de forma diferente a dos o más personas continúa incompleta. Por lo cual, sería positivo agregar nuevos rasgos prohibidos o incluso, precisar alguno de los cuales pueden presentar cierta ambigüedad. Entre estos, podemos mencionar la discriminación en materia lingüística, por xenofobia, por preferencias sexuales, por discapacidad, genética, entre otras. Tenemos aún una enorme tarea legislativa, un gran reto ante la necesidad de transformar culturalmente a la sociedad para hacer efectivos los derechos humanos de las personas, sin distinción alguna en su ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, que constituya la Comisión Especial sobre No Discriminación, que dará seguimiento y retomará en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a garantizar la efectividad del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación.

Segundo. La comisión contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura; debiendo presentar un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, de forma que refleje la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura y estarán presentados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Acabamos...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputado, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Es para adherirme a la propuesta de la diputada. Y no solamente para eso, esperando que se apruebe la Comisión, ojalá que la diputada Claudia Anaya pueda presidirla.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Le pregunto a la diputada Edith Anaya Mota si está de acuerdo en aceptar la adhesión que propone el señor diputado.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Que sí está de acuerdo. Por tanto, las compañeras diputadas y los compañeros diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RAMíREZ ACUñA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.--- PRESENTE.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO VIGéSIMO DEL ACUERDO RELATIVO AL ORDEN DE DíA DE LAS SESIONES, LAS DISCUSIONES DE LOS DICTáMENES Y LA OPERACIóN DEL SISTEMA ELECTRóNICO DE VOTACIóN, LE SOLICITAMOS A USTED ATENTAMENTE CONSULTAR AL PLENO TENGA A BIEN APROBAR LA MODIFICACIóN AL ORDEN DEL DíA DE LA SESIóN DE HOY, PARA INGRESAR EN EL PRIMER TURNO POSIBLE CON EL TRáMITE DE SóLO TURNO A COMISIóN, LA SIGUIENTE INICIATIVA:

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada en tales condiciones.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se recibió de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Angélica del Rosario Araujo Lara , del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Angélica Araujo Lara, Esthela de Jesús Ponce Beltrán , Luz Carolina Gudiño Corro y Sandra Méndez Hernández , diputadas a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales, limita total o parcialmente el goce y ejercicio de los derechos de la mujer, lo que sin duda representa una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual, social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.1

En México, el orden jurídico, político y social tiene como base el respeto de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales y regionales, por los cuales se tutela y amplía el catálogo de derechos debido al reconocimiento de los mismos como parte del derecho positivo dentro de nuestro sistema jurídico.

El marco jurídico de los derechos de las mujeres se encuentra consagrado en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los cuales queda prohibida la discriminación en forma ilimitada, de cualquier clase y forma garantizando la igualdad entre todos los habitantes, con especial énfasis en la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, como uno de los pilares fundamentales de la organización social y respeto a la dignidad humana de todos los mexicanos.

En el ámbito internacional, se constituye principalmente por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación sobre las Mujeres de 1981, la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

El 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, visibilizando la problemática de la violencia que son sujetas las mujeres, es así que bajo la identificación de factores que han incidido en la permanencia de la violencia por décadas, se establecieron políticas públicas y directrices generales y obligatorias para lograr unificar criterios en todo el territorio nacional con el objeto de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en México. Asimismo, quedó establecida la concurrencia entre la Federación, Estados y los Municipios en la materia. Con esta Ley, inició la tarea a nivel nacional por atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar, laboral o docente, en la comunidad, en las instituciones, así como la violencia feminicida, y se encauzó la actividad pública hacia el bien común reconociendo el valor, la fuerza, capacidad y la necesaria contribución de las mujeres en el desarrollo de México.

Sin embargo, a dos años se haberse promulgado la ley especial, y que las entidades federativas dentro de su soberanía legislaran en este sentido, las cifras continúan siendo poco alentadoras:

La violencia laboral presenta un comportamiento que aumenta con la edad de las mujeres hasta antes de los 40 años y que desciende ligeramente de los 40 años en adelante hasta alcanzar en las mujeres de 55 años y más niveles que superan el de las de 15 a 19 años de edad, entre quienes se aprecia el más bajo porcentaje de este tipo de violencia (24.8 por ciento). Por nivel de escolaridad se aprecia un comportamiento que denota un nivel de violencia mayor entre las mujeres con menor nivel de escolaridad:

32.2 por ciento de las mujeres sin instrucción o con primaria incompleta, contra 30.6 por ciento de las mujeres con primaria completa o secundaria y 29 por ciento de las que cuentan con estudios de postsecundaria. Esta circunstancia ayuda a entender por qué las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquilas (donde es mínimo el nivel educativo que se requiere para la contratación del personal), registran la más alta prevalencia de mujeres con incidentes de violencia laboral: 45 de cada 100 mujeres que trabajan en ese tipo de empresas.

En el país, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.

En 2007, las muertes intencionales o por violencia representaron 2.6 por ciento de las defunciones totales y 27.1 por ciento de las muertes por lesiones, las cuales comprenden a los decesos por accidentes, homicidios y suicidios.

En las muertes por violencia, el homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte y en segundo lugar se encuentra el suicidio. Los suicidios tienen un peso porcentual mayor dentro de las muertes por violencia de mujeres (41.7 por ciento) que entre los varones (31.8 por ciento), en tanto que los homicidios presentan el caso contrario, una importancia relativa mayor entre los varones (68.2 por ciento) que la que se aprecia entre las mujeres (58.3 por ciento). ²

Es insostenible que la violencia contra la mujer continúe trascendiendo en todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultural, nivel educacional, edad o religión y afectando negativamente las propias bases de la sociedad mexicana.

En tal virtud, pensando en las mujeres de todo el país, bajo la orgullosa posición de ser mujer, con mis deseos y esperanzas de vivir en una sociedad donde se respete la dignidad humana, comprometida con el período de transición que nos corresponde vivir, tomo el desafío de contribuir con propuestas a cambiar la condición actual de vida de las mujeres, siendo actora y promotora del reconocimiento de sus derechos humanos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo de los correspondientes mecanismos de garantía, pues son precisamente éstos, los que permitirán en la práctica, la prevalencia y eficacia de todos los documentos que los circunscriben y fundamentan.

En mi calidad de diputada federal, me permito atender el tema de la violencia en las mujeres, vislumbrando soluciones de nivel nacional mediante adiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableciendo nuevas directrices sobre las que deberá sustentarse la actividad y las acciones en la materia, y cuyo impacto trascenderá en las vidas del 50.8 por ciento de la población mexicana, porcentaje que representa al total de las mujeres mexicanas. ³

En lo general, el fundamento de la presente propuesta se encuentra en el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley como base para alcanzar la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres, estableciendo los supuestos que derivan en actos de discriminación en razón del género y que nos obligan a establecer medidas legislativas de ``acción positiva'', y así erradicar obstáculos y estereotipos sociales, tal es el caso de la existencia que aun prevalece en la solicitudes de embarazo para las mujeres, que igualmente motiva diferencias en el trato y la promoción profesional.

Precisamente el rubro del ámbito laboral se constituye en una de las principales propuestas, considerando y prohibiendo cualquier solicitud de no gravidez como requisito para obtener empleo, cargo o promoción laboral, o bien como causal de despido, excepto cuando por naturaleza de las actividades profesionales concretas o del contexto donde se lleven a cabo, se constituya una causa legítima, determinante y esencial que ponga en riesgo a la mujer. De esta manera, esta disposición quedará dentro de la generalidad de la ley a fin de que el ámbito de validez se encuentre constituido en todo el territorio de la República Mexicana.

Las acciones positivas dentro del ámbito familiar, proponen incorporar el trabajo de los medios de comunicación quienes a través de las medidas conducentes con la Federación, Estado y Municipios serán alentados para que elaboren directrices adecuadas de difusión y contribuyan a erradicar la violencia familiar en todas sus formas y, en general, difundir el respeto a la dignidad de la mujer.

En lo referente a la violencia en la comunidad, se amplía para considerar ilícita la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto, legitimando a las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad para solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno.

Se refuerzan las obligaciones de las instituciones en la labor de combatir la violencia contra las mujeres, mediante la garantía de los tres niveles de gobierno mediante la implementación de sanciones a los servidores públicos que no brindaran la debida tramitación a la denuncia por violencia o bien, la dilaten o dificulten; capacitar a los servidores públicos sobre el contenido de la ley, en especial de los encargados de su aplicación; la obligatoria tipificación del delito de violencia por género en los códigos penales de los estados, cuya agravante sería que se realizare por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y por último, debido a la transversalidad del tema, se procurará integrar los principios de equidad y género en el trabajo cotidiano.

Sin duda, lo más relevante de la presente propuesta es la adición y complemento al sistema de sanciones a los agresores de violencia, quienes deberán acudir a los talleres o programas del Centro de Atención a la Violencia Masculina, que deberá crearse para tal efecto, y que motiva un capítulo con esa denominación, con la premisa de su necesaria reeducación, considerando que la vía de la prisión no ofrecen solución alguna a la causa que motiva la violencia, obstaculizando incluso la forma de garantizar los alimentos y el sostenimiento de la familia. En los centros de atención a la violencia masculina, mediante la intervención clínica y socioeducativa, se lograrán los cambios significativos en el patrón de actitudes que generen violencia y que dieron origen a la intervención de la autoridad. Será trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres dar impulso para que sean las entidades federativas quienes establezcan sus propios Centros bajo estos lineamientos. De esa forma se atenderá este problema desde un aspecto integral buscando romper el ciclo de la violencia.

Para finalizar, y debido a que en lo general la ley dirige el actuar de los poderes públicos quienes se encargan dar el impulso para la cultura de la equidad de género, se establecen las correspondientes sanciones por su incumplimiento.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 8, modificando el contenido de la fracción V y recorriendo las demás de manera subsecuente, se adicionan dos párrafos al artículo 11 y un párrafo al artículo 16, se modifica el primer párrafo y se adicionan cuatro fracciones al artículo 20, se adiciona una fracción XI en el artículo 48 modificando el contenido de la actual fracción IX y recorriendo las demás de manera subsecuente, se adiciona una fracción XXIII al artículo 49 modificando la actual fracción V y recorriendo las demás de manera subsecuente. Se adiciona el Capítulo Cuarto al Título Tercero, ``De los Centros de Atención a la Violencia Masculina'', y se adiciona el Título Cuarto, con el Capítulo Único, ``De las Responsabilidades y Sanciones'', para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

Artículo 11. ...

Queda prohibida cualquier clase de solicitud o condicionante de certificados de no gravidez para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de embarazo.

No se considerará discriminación en el acceso al empleo incluido la formación necesaria, una diferencia de trato cuando por motivo de la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto donde se lleven a cabo, se constituya una causa legítima, determinante y esencial que ponga en riesgo a la mujer.

Artículo 16. ...

Se considera ilícita la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto. Las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad podrán solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno.

Artículo 20. Para cumplir su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige, para tal efecto deberán

Artículo 48. ...

Artículo 49. ...

Título III Capítulo VI De los Centros de Atención a la Violencia Masculina

Artículo 60. Los centros de atención a la violencia masculina son las áreas encargadas de brindar ayuda profesional a los hombres que ejercen violencia, mediante la modificación de las actitudes que generan violencia, a fin de erradicar la situación de violencia que dio origen a la intervención de la autoridad, por medio del tratamiento psicológico psiquiátrico, la aplicación de modelos psicoterapéuticos y talleres educativos.

En los modelos de tratamiento para hombres que ejercen violencia deberá considerarse la posible condición de víctima.

Artículo 61. Los centros de atención a la violencia masculina deben funcionar en lugar diferente de los refugios o centros de atención de mujeres víctimas de violencia.

Artículo 62. El juez que conozca de la causa de violencia contra las mujeres deberá decretar como parte de la sanción impuesta, la necesaria integración del agresor a los centros de atención a la violencia masculina, valorando la gravedad de la conducta y de los hechos cometidos.

Artículo 63. Los centros de atención a la violencia masculina tendrán las obligaciones siguientes:

Título IV De las Responsabilidades y Sanciones Capítulo Único De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 64. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley, considerando especialmente grave el no atender con la diligencia necesaria o negarse a brindar atención a las víctimas de violencia.

Artículo 65. Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones serán las siguientes:

Las sanciones administrativas consignadas en este capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

Artículo 66. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el presente capítulo, deberá seguirse el procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Artículo Tercero. Las legislaturas de los estados deberán llevar a cabo las adecuaciones producto de las presentes reformas, en un término de seis meses, a partir de su entrada en vigor.

Notas: 1 Preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. 2 Estadísticas nacionales ``Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer'', México, 8 de marzo de 2009. 3 Informe del Inegi presentado con motivo de la celebración del Día mundial de la Población, el 11 de julio de 2008: 106.7 millones de habitantes, de los que 50.8 por ciento corresponde a mujeres y 49.2 por ciento a hombres. Se ocupa así el número 11 mundial y tercero en el continente americano.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Gerardo del Mazo Morales, diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes legisladores: Antonio Benítez Lucho, Diego Guerrero Rubio, María del Pilar Torre Canales, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Roberto Pérez de Alva Blanco. Por tanto, les pedimos que cumplan con su cometido.

(La comisión cumple su encomienda)

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Invitamos a los presentes a ponerse de pie, por favor.

(De pie los presentes)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ciudadano Gerardo del Mazo Morales, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Gerardo del Mazo Morales : Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

AGENDA POLITICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, de conformidad con el acuerdo de la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política, y con la autorización del pleno, procedemos ahora a dar curso al siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a la declaración política de los pueblos indígenas.

Tiene el uso de la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell , del Partido de la Revolución Democrática....

EXCITATIVAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Diputado Pérez de Alva, dígame usted.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Para una pregunta, muy respetuosamente, señor diputado presidente, y dado que es la esencia primordial de esta Cámara. ¿No se va a tocar el capítulo de excitativas?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Hemos dado cumplimiento a la disposición que fue remitida por la Junta de Coordinación Política.

En los términos que fue establecido por los acuerdos del 12 de octubre, se señala que los jueves, a partir de las dos de la tarde debemos tratar los temas de agenda política. Y los temas que nos enviaron el día de ayer de la Junta de Coordinación Política, como usted lo tiene en la Gaceta Parlamentaria, son: los pueblos indígenas, sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país y los comentarios sobre el 2 de octubre de 1968.

En tales condiciones, por los acuerdos considerados, tendremos que entrar a agenda política a partir de este momento. Diputado, dígame.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): No desconozco la autoridad de la Junta de Coordinación Política, sin embargo, como sólo una reflexión personal y respetuosa, deseo recordar a la Mesa Directiva que la función principalísima, sin descartar que todos los demás asuntos son importantes de la Cámara, es la de legislar.

Han pasado dos meses ya, de hecho, y no hemos aprobado una sola iniciativa de ley, salvo la Ley de Ingresos. De ahí que yo considere importante que este capítulo no deba dejarse permanentemente de lado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : No está de lado, diputado. En el momento en que tengamos los dictámenes correspondientes de todas las comisiones en condiciones de poder presentarlos al pleno, lo estaremos haciendo.

Diputado, a sus órdenes.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Muy rápidamente también, señor, sin querer quitar el tiempo.

El dictamen al que yo haría alusión tiene guardado aquí en la Cámara desde hace cinco o seis años. Ya está preparado en la Comisión de Energía y no es un asunto nuevo, de tal suerte que yo le rogaría que en la próxima sesión pudiera tomarse en cuenta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le suplicaría, de la manera más atenta, lo transmita a su coordinador de la fracción parlamentaria, para que pueda ser tratado en la Junta de Coordinación Política, y pueda ser agendado.

En la Mesa Directiva con mucho gusto lo hacemos, siempre y cuando la recibamos del órgano de gobierno correspondiente.

DECLARACION POLITICA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SU EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se concede el uso de la palabra al señor diputado Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el tema de la declaración política de los pueblos indígenas y su educación.

El diputado Domingo Rodríguez Martell : Gracias, señor presidente.

Compañeros y compañeras, este tema inicialmente debí haberlo expuesto en el contexto del 12 de octubre; sin embargo, no tuve que esperar 500 años para hacer uso de la palabra.

Teniendo presente el contexto global de la crisis económica en que se debaten nuestros pueblos, en medio de los grandes problemas de toda índole que aquejan a la humanidad, marcando este tiempo con el signo de la inequidad y la desigualdad social que amenaza el futuro de la humanidad, donde las clases sociales más desprotegidas se van empobreciendo cada día más, ante la mirada insensible de los que detentan los grandes capitales y se enriquecen a costa del hambre de millones de seres humanos, nuestros pueblos sobreviven, resisten y luchan por un mejor futuro para nosotros y nuestros hijos.

Recordando el compromiso asumido en el contexto de la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, celebrada a finales de mayo de 2009 en Puno, Perú, cuando nuestros delegados acordaron realizar movilizaciones el 12 de octubre en cada uno de los países del Abya-Yala, rechazando que el 12 de octubre sea considerado como Día de la Raza o Encuentro de Dos Mundos, con que el oficialismo gubernamental pretende reafirmar el sometimiento y festejar el exterminio de quienes fuimos sometidos por los invasores europeos en 1492.

Retomando nuestra demanda principal en México, así como en cada uno de nuestros países, por la inclusión y respeto como sujetos de derecho público y por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, a fin de que éstos sean garantizados en nuestra Carta Magna como parte de este pacto fundamental del Estado mexicano que hasta hoy nos mantiene marginados en el Estado-nación.

Afirmando que aspiramos avanzar hacia la refundación del Estado mexicano, a través de la instauración de un congreso constituyente que refunde la República con un nuevo pacto nacional, en el que queden garantizados nuestros derechos como pueblos indígenas en esta nueva Carta Magna, retomando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ratificando que la lucha de nuestros pueblos es por el respeto de nuestras tierras y territorios; nuestros derechos y nuestra cultura; de la percepción y cosmovisión indígena; por el acceso libre y bajo el control de nuestros pueblos de nuestros centros ceremoniales sagrados; por el derecho al desarrollo como medio para garantizar nuestra sobrevivencia y el buen vivir.

Reafirmando también que el derecho de libre determinación y autonomía que demandan nuestros pueblos pasa necesariamente por el derecho de consulta con consentimiento libre, informado en todos aquellos aspectos que competen a nuestros pueblos, garantizando el respeto a nuestras normas mínimas establecidas en el derecho internacional.

Sabiendo de la cercanía de la gran celebración anunciada en nuestro país para festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución y haciendo un esfuerzo para coordinar nuestras luchas hasta ahora dispersas, alzamos nuestras voces en una sola voz y declaramos:

Primero. Que el 12 de octubre es el día de la dignidad y la resistencia de nuestros pueblos indígenas. Si algo hay que festejar es la valentía con la que cayeron peleando nuestros ancestros contra el sometimiento español y las tiranías posteriores.

Segundo. Que a 100 años de la Revolución Mexicana y a 200 años de la guerra de Independencia seguimos resistiendo y exigiendo nuestra inclusión y reconocimiento en la Carta Magna de México para ser parte de este Estado-nación.

Por tal razón, cuestionamos el carácter festivo de la gran celebración nacional de dos hechos históricos importantes: el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la guerra de Independencia, sin un llamado a la reflexión profunda de lo que significan y han traído como consecuencia los hechos donde nuestros ancestros sirvieron como carne de cañón, sin que por ello hayan sido incluidos con justicia en la Constitución de este Estado-nación, que no sólo nos excluyó, sino que nos avasalló pretendiendo nuestro exterminio.

Tercero. Que no renunciaremos a la lucha por la armonización de nuestra Carta Magna, para que se respete y reconozcan todos nuestros derechos contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, para que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos de derechos, garantizando en todo momento el derecho a la libre determinación de autonomía y de consulta con consentimiento libre, previo, informado que asegure nuestra participación en la toma de decisiones que nuestros gobiernos pretenden realizar en aquellas acciones que competan a nuestros pueblos.

Cuarto. Con la gran diversidad de pensamiento y posturas de las y los participantes, decimos que estamos unidos para luchar por un nuevo congreso constituyente que habrá de instalarse llegado el momento, donde todas nuestras propuestas serán escuchadas y objeto de revisión seria y profunda, con el fin de que sean incluidas sin mutilación ni regateos en la nueva Carta Magna, por medio de la cual entremos por la puerta grande a formar parte de ese nuevo pacto pluriétnico, pluricultural y con pluralidad jurídica con rostro indígena e incluyente. Un México plurinacional que anhelamos todos.

Por tal razón, las organizaciones firmantes y los diputados del PRD llamamos a todos los pueblos indígenas de México y sus organizaciones, a las diferentes tendencias y expresiones del pensamiento indígena, hasta ahora dispersas; a los movimientos campesino, obrero y popular, y a otros sectores sociales, sujetos históricos, actores sociales y partidos políticos, a nuestros hermanos indígenas y no indígenas de México.

Desde el fondo de nuestros corazones indígenas, nosotros, los olvidados y excluidos de siempre, desde la voz de nuestros originarios de estas tierras y territorios, llamamos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, ¿y por qué no?, también a las empresas privadas para que no perjudiquen a nuestros pueblos indígenas, como es el caso de nuestros hermanos del municipio de Paracho, Michoacán, afectado fundamentalmente por la empresa Televisa, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones garanticen el efectivo acceso a la jurisdicción del estado.

Llamamos también a todas las organizaciones y pueblos indígenas de México interesados en la articulación, coordinación de la lucha de nuestros pueblos, a participar activamente en la realización de un encuentro nacional, a celebrarse el 10 de abril de 2010, encaminado a la reorganización indígena nacional para definir las acciones y programas de lucha de nuestros pueblos. 500 años después, aquí estamos.

Compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Sí, diputado, dígame.

El diputado Martín García Avilés (desde la curul): Para tomar el uso de la palabra sobre los hechos vertidos por el diputado, y que hace referencia a la violación de los derechos indígenas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Lo anotamos con mucho gusto, una vez que concluyan los que tenemos inscritos, con mucho gusto se la concedemos, diputado. Adelante, diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, ciudadano presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es un hecho que en México los derechos de los pueblos indígenas constituyen una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente, porque la reforma constitucional de 2001 no dio cumplimiento cabal a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que fueron suscritos por el gobierno federal mexicano y por las organizaciones, los pueblos y las comunidades indígenas.

Nuestro marco constitucional en materia indígena, previsto en el artículo 2o. de la Constitución, está muy lejos del contenido del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y mucho más lejos aún de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En México, los indígenas siguen reclamando del Estado, siguen reclamando de todos nosotros, tener autonomía plena. Como sabemos, no se les quiso conceder, en la reforma constitucional de 2001, autonomía territorial a sus pueblos y comunidades. Pero eso no es lo más grave, si uno revisa con cuidado el contenido del artículo 2o. de la Constitución encuentra que no hay una tutela efectiva y adecuada a los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

La Constitución considera a las comunidades y los pueblos indígenas entidades de interés público y no personas de derecho público. La Constitución señala, desde una visión profundamente homogénea, pero también profundamente antimulticultural y antipluriétnica, la visión de que México es una nación única e indivisible. No se concibe que la nación mexicana es una nación de naciones, en donde ahí hay un juego o un papel muy importante que deben tener los pueblos y las comunidades indígenas.

También hay otras deficiencias enormes. Por ejemplo, las comunidades indígenas y los pueblos indígenas no tienen acceso a los beneficios de los recursos estratégicos; tampoco son tomados en cuenta para participar en las decisiones que el gobierno federal o los gobiernos locales asumen o toman respecto a recursos estratégicos del Estado.

El derecho de consulta que establece el artículo 2o. de la Constitución es solamente para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, o en materia de planeación. Pero los pueblos indígenas deben ser consultados en otro tipo de temas y en otro tipo de asuntos que les afecten directamente, para dar pleno cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Y, finalmente, algo que debe preocuparnos en esta Cámara de Diputados es la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan derechos de representación política más allá del tema municipal.

La Constitución, en el artículo 2o., permite que los pueblos indígenas, que los indígenas, tengan representantes a nivel municipal, pero ese derecho de representación política debe existir también en las legislaturas locales y, sobre todo, en el Congreso de la Unión.

Así como existe una cuota de género para favorecer el papel y la intervención, cada vez creciente y más creciente ---y ojalá que así sea---, de las mujeres en la vida legislativa y en la vida pública del país, debiera existir una cuota que permitiera a los pueblos y a las comunidades indígenas tener representación en este Congreso de la Unión.

No debemos olvidar que los pueblos y las comunidades indígenas en este país representan más de 10 por ciento de la población. Y aquí, en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, existe una insuficiente representación de los indígenas.

Los indígenas deben ser representantes de la nación, al igual que muchos de nosotros, y tener espacios en el Congreso federal, tener espacios en las legislaturas locales y en los municipios.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Partido Acción Nacional.

La diputada María Felícitas Parra Becerra : Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las reformas aprobadas en 2001 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanossin duda alguna marcaron cambios sustanciales en las políticas del Estado, al construirse una nueva relación entre éste, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo y el respeto a las diferencias.

A partir de agosto de este año se estableció en el ordenamiento supremo que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Asimismo, se señaló que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

De igual forma se reconocieron una serie de derechos a esos pueblos y comunidades indígenas como son: la libre determinación y autonomía para decidir sus propias formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos; elegir a sus autoridades de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y, en general, su identidad cultural; para acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y a la jurisdicción del Estado, por mencionar algunos.

Estos derechos reconocidos formalmente en la Constitución federal representan un gran avance. No obstante se ha dicho que esta forma no satisfizo las expectativas respecto al alcance de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

Compañeras y compañeros, México es una nación pluriétnica y multicultural. Actualmente hay 13.2 millones de indígenas, quienes representan 12.6 por ciento de la población total. Es por eso que la administración federal ha impulsado diversas acciones encaminadas a transformar el modelo de atención hacia los pueblos y comunidades indígenas, el cual se ha basado en el fortalecimiento de las instituciones, creando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, encargados de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2o. constitucional.

Resulta importante destacar el esfuerzo de estas instituciones de promover el reconocimiento y vigencia de los derechos indígenas.

Por ello nuestro grupo parlamentario se manifiesta por avanzar en todos los campos que permitan fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a fin de lograr su desarrollo integral.

Por ello invitamos a esta Cámara a que retome el contenido de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y avanzar en las reformas legales necesarias para su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus : Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el Partido Revolucionario Institucionalsaluda la declaración política de los pueblos indígenas que viene a sumarse a otras voces de pueblos y organizaciones indígenas que reclaman justicia y vida digna.

Como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y como indígena, sólo puedo estar de acuerdo en la necesidad de profundizar el compromiso de los poderes públicos, los partidos políticos y la sociedad, a favor de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios.

Para los pueblos indígenas de México es imposible seguir aceptando que el 12 de octubre sea considerado Día de la Raza.

Los indígenas no desconocemos los buenos deseos de quienes impulsaron esta celebración basada en la idea de don José Vasconcelos sobre la raza cósmica, que pretendía ser un colofón al principio liberal de que la unidad nacional y el progreso de México requería fundarse en una sola cultura, una sola raza y una sola lengua.

A más de 500 años, la realidad social es contundente. México es un país pluricultural, cierto. Es necesario debatir sobre el significado de la gestación del 12 de octubre; cierto es también que la resistencia y la dignidad indígena han sido la historia de nuestros pueblos desde 1492; cierto es también que el futuro de todos los mexicanos está sustentado en el diálogo intercultural. Diálogo intercultural que supone equidad y respeto entre los interlocutores, sean estos pueblos, instituciones o personas.

Pero necesitamos no sólo estar de acuerdo con esto, sino trabajar más allá de las celebraciones.

Quienes formamos parte de la clase política, además de los discursos debemos expresar nuestra voluntad y desplegar nuestra capacidad para formular los instrumentos que permitan construir las bases de un Estado pluricultural de derecho y con ello garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.

Con este propósito y como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas he presentado un punto de acuerdo cuya intención es renovar el compromiso de los poderes públicos para armonizar programas, acciones, legislación y resoluciones judiciales del Estado mexicano con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

De realizarse el contenido de este punto de acuerdo, y si nosotros cumplimos con nuestro deber, considero que se sentarían las bases de compromiso político para la construcción de una auténtica política de Estado en materia de derechos y desarrollo de los pueblos indígenas. Solamente con un compromiso de esta magnitud pondremos en el centro del debate y la acción pública la equidad y el bienestar de los pueblos indígenas de México.

Particularmente, considero que debemos poner énfasis en temas como la educación intercultural para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la consulta y a la obligación de las autoridades a recabar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades, como requisito para la ejecución de cualquier acción del Estado que les afecte: el cumplimiento al mandato constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos naturales como el agua, los recursos mineros y petroleros. La superación de los conflictos agrarios en las regiones indígenas. Garantizar el derecho a la alimentación y a la salud. La conciliación de las prácticas del derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo, así como hacer efectiva la asistencia de intérpretes y traductores para los indígenas en los procesos de solución de conflictos.

Por último y de acción inmediata, con toda claridad y energía, y con el apoyo de los diputados comprometidos con las mejores causas de México, la lucha por un presupuesto digno y su correspondiente ejercicio pertinente a las necesidades de desarrollo con identidad que permita avanzar con mayor rapidez hacia la superación de las desventajas y la falta de oportunidades que hoy caracterizan a nuestros pueblos.

Honorable asamblea, en estas condiciones, la unidad nacional y la democracia en México están ligadas a la capacidad del Estado para preservar la paz social y promover el bienestar en la diversidad cultural.

En el momento actual nada hay más democrático que avanzar en la justicia, la libertad y el bienestar de nuestros pueblos originarios. Las causas que dieron origen al movimiento zapatista hoy siguen vigentes: el desprecio, el abandono a que tienen sometidos a nuestros pueblos originarios sigue estando presente y hoy se manifiesta de nueva cuenta en esta soberanía.

Los legisladores estamos obligados a responder a los grandes retos que implica la justicia social plena para todos los indígenas de México. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Martín García Avilés : Gracias, presidente, con su venia.

Compañeras y compañeros diputados, he hecho uso de la palabra a propósito de un tema pendiente de agenda, no solamente porque no basta recordar las severas violaciones a los derechos de los pueblos indios y de los indígenas en general, sino porque la violación a los derechos día a día se presenta en las diferentes instituciones, y ahora en la práctica y muy recientemente, hasta en empresas televisivas.

Decirles que soy diputado federal electo del Distrito VII, con cabecera en Zacapu, que lo componen mayoritariamente municipios de la meseta purépecha. En el pueblo de Paracho, enclavado en la sierra, a través de los años, de manera milenaria se ha establecido la elaboración artesanal de la guitarra; con el paso de los años la fiesta tradicional se ha convertido en Feria Internacional de la Guitarra; para todos es conocida la conquista de la denominación de origen.

Todos reconocemos que la guitarra internacionalmente tiene prestigio por su calidad, por ser artesanal. Decirles que los artesanos indígenas del municipio de Paracho y los industriales de la guitarra se han quejado con mucha profundidad, porque en una de las telenovelas de la empresa Televisa, particularmente en la que se titula Hasta que el dinero nos separe, se presentó un diálogo que refiere, palabras más, palabras menos: ``Eres más corriente que las guitarras de Paracho''. Y a mí me consta que el gobierno federal y estatal han realizado un sinnúmero de esfuerzos para impulsar la guitarra, en particular, el estado de Michoacán año con año adquiere más de 5 mil guitarras para donarlas a escuelas secundarias, para promover e impulsar la educación artística con este importante instrumento.

En la actualidad la guitarra ha sido plagiada. Ahora, hasta los chinos hacen guitarras y les ponen la denominación de origen: ``De Paracho''. De hace 36 años a la fecha, que se viene realizando la Feria Internacional de la Guitarra, los artesanos han conquistado la existencia de un centro para promover el desarrollo de la guitarra; y año con año en la feria tradicional de la guitarra se ven por las calles y las tiendas artesanales, un sinnúmero de artistas internacionales y actores que en medio de la discreción van a comprar una guitarra a Paracho. Lo mismo concertistas, mariachis y músicos de todo el mundo se acercan a Michoacán para buscar, en el municipio de Paracho, guitarras que se elaboran en la meseta purépecha.

Subo a esta tribuna, porque he recibido un sinnúmero de mensajes y correos electrónicos, pidiendo que alce la voz a nombre de los indígenas artesanos del pueblo de Paracho, para pedirle a la empresa Televisa que ofrezca una disculpa pública. Así no nos ayuda a promover la guitarra que tanta importancia ha significado para el pueblo indígena de Paracho y que ha merecido reconocimiento internacional.

Le pido a la Mesa Directiva y al pleno de esta Cámara, una misiva a la empresa, donde pida una disculpa pública. De modo que tenemos vigente y muy presente la violación a los derechos indígenas.

Ahora, de no hacer un pronunciamiento contra este acto de esta empresa, podrá ser un precedente para que cualquier actor en su diálogo, por quedar bien, viole, lastime, soslaye y subestime la importante elaboración artesanal de esta guitarra. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Zavaleta Rojas, del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas : Gracias, ciudadano presidente. El día 12 de octubre se cumplieron 517 años del encuentro y la fusión multicultural que vino a fundar finalmente México y que hoy tenemos como nación, la cual se forjó como el acero y nuestra nación fue el crisol en donde se llevó a cabo la aleación que forma nuestra orgullosa raza de bronce y de la raza cósmica de la que hablaba hace un momento el diputado García Corpus, citada por él y denominada así por el maestro José Vasconcelos, oaxaqueño, también.

El análisis y el diagnóstico de lo que produjo este encuentro es profundo, complejo y multifacético. Tenemos que reconocer que esta integración no se ha dado de manera homogénea.

En la actualidad existen mexicanos que, sin percatarse de lo que le significó para ellos ese 12 de octubre, fecha que puede pasar desapercibida aún en este Congreso, viven en condiciones de rezago, que nos deben resultar intolerantes.

El Partido Acción Nacional ha luchado siempre porque los conceptos básicos doctrinales de solidaridad y subsidiaridad no sean un catálogo de buenas intenciones, sino que se apliquen en acciones concretas que logren disminuir, en principio, y terminar finalmente con la marginación, la pobreza y la explotación que sufre nuestra población indígena.

Hoy debemos reconocer que tenemos una deuda con quienes sus ancestros fueron los pobladores originales de nuestro país, ya que el México de hoy es depositario histórico de su saber y su cultura. Debemos emplear toda nuestra capacidad, imaginación y oficio político, sobre todo, en el ámbito de nuestra competencia, para que el Poder Legislativo no solamente logre incorporar a los millones de mexicanos que integran los 62 pueblos indígenas al desarrollo, lo cual no puede ni debe ser postergado, sino también para mantener la paz y evitar que las condiciones de atraso sean utilizadas ---siguiendo a Maquiavelo--- sin escrúpulos para ocupar nuestros pueblos lastimando su dignidad y poniendo en riesgo su seguridad en farsas de opereta.

El enfrentamiento apropiado de este reto va mucho más allá de diferencias ideológicas y situaciones electorales, todos juntos, unidos, como una sola voz, tenemos la obligación de dar respuesta y construir en el marco de la ley y en la correcta aplicación de la misma, la contemplación de principios básicos de solidaridad y subsidiaridad en la eminente dignidad de la persona humana de nuestros pueblos indígenas.

Las aportaciones de nuestros pueblos de México son hoy patrimonio de la humanidad. Debemos defender nuestra tradición histórica de la cual todos somos parte y preservar nuestra identidad nacional. Los pueblos indígenas del mundo exigen su reivindicación. Son pueblos originarios que requieren un trato justo y el respeto a sus derechos. Es inaplazable en México la instauración de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el gobierno.

A su vez, con el conjunto de la sociedad que se fundamente en un nuevo Estado pluricultural de derecho constituido sobre la base verdadera de la identidad nacional, reconocida desde 1992 en el artículo 4o. constitucional y ratificada por la misma Constitución hoy vigente en su artículo 2o. a partir de 2001.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ratifica el compromiso de contribuir en el trabajo legislativo que permita generar las reformas necesarias al marco legal vigente a fin de garantizar una vida digna para los pueblos indígenas; que reconozca sus derechos sociales, colectivos e individuales, respetando siempre sus usos, costumbres y tradiciones, reformas que puedan ser de nivel constitucional si es necesario y que tengan que empezar con la correcta distribución del ingreso en hechos que logren la inclusión de los pueblos indígenas al desarrollo nacional.

Es claro lo que debemos hacer en lo que a comunidades indígenas se refiere. Sólo existe algo que definitivamente no podemos hacer y eso es dejarlos en un lamentable e imperdonable olvido. Es cuanto, ciudadano presidente. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández : Gracias, señor presidente.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, como representante de una de las regiones más pobres de este país, allá en la región de La Montaña, donde se encuentran los municipios de menor índice de desarrollo humano, Metlatónoc o Cochoapa, por citar ejemplos, vengo a expresar frente a ustedes y a compartir con ustedes la preocupación sobre el tema de los pueblos y comunidades indígenas.

La lucha de los pueblos indígenas ha sido escrita a través del tiempo como una historia de despojos, de marginación, de olvido; como una historia donde se han reflejado las voces colectivas que no han sido escuchadas y que siguen clamando ese espacio de justicia; justicia social para los pueblos y comunidades más pobres, de mayor marginación de este país.

Existe una realidad que no podemos ocultar, una creciente desigualdad y discriminación social que ha hecho altamente vulnerable a los pueblos y comunidades indígenas, mismos que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, así también con educación de baja calidad.

Niños que no tienen oportunidad de ir a la escuela; niños que no tienen la oportunidad de una alimentación sana; niños que tienen que emigrar con sus padres a los estados del norte en busca de oportunidades para trabajar por el ingreso de sus familias; niños que por muchos años han sido olvidados. Y consideramos que es el momento oportuno de regresar una mirada, una mirada generosa a los pueblos y comunidades indígenas.

El artículo 2o. de nuestra Constitución Política refiere la necesidad de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural. La Asamblea General de la ONU aprobó el 13 de diciembre de 2007 la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional que debe armonizarse con nuestro marco jurídico, y que nos permita, en materia de educación indígena, mayores oportunidades para los pueblos y comunidades de la región de la Montaña del estado de Guerrero, y de todas las entidades federativas de nuestro país.

También, compañeras diputadas, compañeros diputados, como lo refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el capítulo educativo, está garantizado que la educación debe ser un derecho para todos y para todas, donde se preserven las lenguas, los usos y las costumbres. Más de 500 años de lucha nacional y seguimos esperando los espacios de oportunidad, de justicia social y oportunidades para los pueblos y comunidades indígenas.

Las interrogantes son claras y es tiempo de preguntarnos si en realidad todos los pueblos indígenas de este país tienen acceso a la educación, en términos de igualdad y sin discriminación. ¿Qué tanto contamos con términos y condiciones que faciliten la participación de los diferentes grupos sociales, con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos? ¿En qué medida hemos incorporado en los planes y programas de estudio, la historia, la tradición, los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios?

El problema relacionado con la diversidad cultural y la educación indígena en México sigue imperando.

Es necesario, compañeros diputados, que orientemos el desarrollo de las políticas públicas y de fomento a la interculturalidad. Es necesario que promovamos el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas.

Las fuerzas políticas de nuestro país deben superar los tiempos de confrontación y amenazas de ruptura nacional, reconociendo que es el Congreso de la Unión la instancia suprema para encauzar las grandes transformaciones de nuestro país. El Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad histórica en la conformación de la educación actual, particularmente para la educación de los grupos sociales de menor índice de desarrollo humano, donde se encuentra la miseria desmedida sin oportunidades de vida. Ahí se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y es tiempo de luchar por una educación digna.

No debemos permitir la fragmentación social que acabe con la diversidad cultural de nuestra nación mexicana. Sigue pendiente la necesidad de superar múltiples problemas y limitaciones de los pueblos como la marginación, la pobreza, el olvido, el racismo, la exclusión de los diferentes programas sociales.

Consolidemos las formas necesarias al marco legal en el tema educativo, comenzando por revisar el artículo 3o. constitucional. Por una mayor oportunidad de educación indígena en sus diferentes niveles de escolaridad, debemos fortalecer la creación de las universidades y preparatorias interculturales.

Es tiempo, compañeras diputadas y compañeros diputados, de impulsar una verdadera educación indígena que respete y aproveche la sabiduría de los pueblos. Una educación indígena que facilite el acceso a los campos del conocimiento. Una educación que mejore nuestras perspectivas de de-sarrollo y eleve la calidad en nuestras filas.

Una educación que respete la rica diversidad cultural y reivindique como parte de la identidad nacional la lengua, los usos y las costumbres. Una educación contra la explotación. Una educación contra la dominación cultural y contra la discriminación racial. Una educación que revalore nuestra cultura. Una educación indígena que ofrezca mayores oportunidades.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, como un referente comparto con ustedes una gran preocupación. La educación indígena ha tenido una disminución alarmante en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por citar un referente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, tuvo por este Congreso un presupuesto de 443 millones de pesos para la Dirección General de Educación Indígena. En 2009, de manera inexplicable, el presupuesto lo disminuyeron a 261 millones de pesos. Y todavía en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2010, como una grosería y una bofetada a las esperanza de los pueblos y comunidades indígenas, el Presupuesto de Egresos, en el anteproyecto 2010, se están contemplando sólo 213 millones de pesos.

Consideramos, compañeros diputados y compañeras diputadas, que debemos sumar esfuerzos para que el Presupuesto de Egresos, en educación indígena, no quede en la propuesta del Ejecutivo de los 213 millones y quede, como un mínimo, en 443 millones, como estaba en 2008.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, devolvamos a los pueblos y comunidades indígenas lo que les ha sido negado a través de los años: oportunidades de educación como parte de su desarrollo humano y consolidación de sus libertades.

Queremos que la educación forme ciudadanos indígenas como Altamirano y Vicente Guerrero, originarios de Guerrero ---por cierto---, que sean capaces de engrandecer y desarrollar al país en que vivimos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Ha concluido la lista de oradores.

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pasamos al siguiente punto del orden del día de la agenda política, relativo a la autorización para sembrar organismos genéticamente modificados en nuestro país. Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista.

El diputado Alejandro Carabias Icaza : Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en nuestro país el tema del maíz es definitivamente de mayor relevancia, porque es un asunto histórico, cultural y, sobre todo, de seguridad alimentaria de todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Hay que recordar que México es considerado el lugar de origen del maíz desde hace más de 6 mil años y que existen al menos 59 razas y 200 variedades.

Por todo lo que representa el maíz para nuestro país, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos muy preocupados, muy preocupados, porque el pasado 15 de octubre el gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, aprobó los dos primeros permisos para la siembra experimental de maíz transgénico.

Estos permisos fueron otorgados ignorando el principio precautorio referido en el Protocolo de Cartagena, que fue ratificado por nuestro país en 2002 y entró en vigor en 2003. El principio precautorio tiene como fin proteger el ambiente y la salud de las personas, por lo que los gobiernos deben aplicar ampliamente este criterio cuando haya peligro de daño grave o irreversible, o cuando no exista certeza científica absoluta de la posibilidad de estos daños, eliminando o postergando cualquier técnica y su uso, hasta que se tengan medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y proteger la salud pública.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ha manifestado su rechazo a este tipo de cultivos, sin las medidas precautorias necesarias que garanticen la preservación de nuestros recursos naturales y el bienestar de las personas.

Preocupados por el delicado tema de los transgénicos, fuimos el primer partido en presentar una iniciativa de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, así como diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley General de Salud, para que se respetara el etiquetado de los productos y que los consumidores fueran informados a fin de decidir si quieren o no consumir productos transgénicos.

Ante los permisos para la siembra experimental de organismos genéticamente modificados, el Partido Verde manifiesta su total rechazo por la falta de aplicación del principio precautorio al emitir estas autorizaciones.

Es importante que en nuestro país existan controles y restricciones a este tipo de cultivos, siendo este principio, evaluando caso por caso, tal como lo establece el Protocolo de Cartagena y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para evitar riesgos a la salud y al ambiente.

Queremos manifestar que las autorizaciones se dan siete meses después de que el gobierno federal promulgó modificaciones reglamentarias para permitir el uso experimental de maíz transgénico. El proceso para estas modificaciones a las normas reglamentarias también dieron lugar en su momento a cuestionamientos y observaciones por el Partido Verde.

Las reformas al Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados restan importancia al régimen de protección especial del maíz, puesto que se derogó el artículo 8o. transitorio, que indicaba que la Semarnat y la Sagarpa debían emitir disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conformen el régimen de protección especial y que fuesen necesarias para resolver las solicitudes de permiso de liberación de este tipo de maíz.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero aclarar que el Partido Verde no está contra el desarrollo científico y tecnológico, pero sí estamos contra ambiciones de grupos económicos, cuyo único objetivo es hacer dinero a partir de estas tecnologías, restándole importancia a las repercusiones y consecuencias sociales y ambientales. De ahí, que se exija la revocación de toda autorización para la experimentación en ambiente libre de estos elementos, que se exija la revocación de toda autorización para la experimentación en ambiente libre de estos elementos hasta en tanto no exista certeza científica de su inocuidad.

Los legisladores del Grupo Parlamentario Verde Ecologista reconocemos los beneficios de la biotecnología para la salud, la alimentación y demás actividades productivas. Sin embargo, consideramos imprescindible aplicar el principio precautorio, ya que una contaminación genética es tecnológicamente irreversible en este momento.

Finalmente, quiero dejar muy claro que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta legislatura seguiremos luchando por conseguir un régimen efectivo de protección a una especie centro de origen, como el maíz. Y sobre todo buscar, con el apoyo y la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios, que se pueda implementar un sistema de etiquetado para garantizarle a los consumidores su derecho a la información respecto de los productos que consumen y que contengan o haya sido producidos o concebidos a partir de elementos transgénicos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputado. Le agradezco su participación. Tiene la palabra el diputado Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Avelino Méndez Rangel : Con su permiso, señor presidente. La posición que acaba de expresar nuestro compañero del Partido Verde, nosotros también la asumimos.

Queremos decir, hacer una breve cronología de esta situación que lamentablemente se está tratando aquí ante un reducido número de diputados, pero que debería ser producto de una discusión profunda de todos los aquí presentes, porque aquí va la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria de nuestro país y, sobre todo, cuidar el patrimonio genético que tenemos en nuestro México.

El 18 de marzo de 2005 se aprueba la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. El 19 de marzo de 2008 se aprueba el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; estos dos ordenamientos dejan un apartado especial para el maíz.

Les quiero mencionar, a modo de comparación, que la ley tiene 44 hojas tal como está aquí; 22 el reglamento. Finalmente, aparece el 6 de marzo de este año un decreto ---parece que quieren gobernar sobre la base de decretos--- firmado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en donde en una hoja ---que es lo que contiene este decreto--- da pie a que se permita la siembra de maíz transgénico en nuestro país.

Este asunto viola claramente las atribuciones del que firmó este decreto una vez más, porque es atribución de esta Cámara legislar sobre salud y sobre ambiente. No se puede estar legislando con base en decretos.

Quiero mencionarles a todos ustedes, que la liberación de estas nuevas especies, lo debemos tener claro, no es un maíz común y corriente, es un maíz que se creó en laboratorio, es una nueva especie. Implica un alto riesgo ecológico en la liberación a gran escala de estos cultivos transgénicos.

Pueden provocar el flujo de transgenes de los cultivos a otras plantas silvestres, que entonces podrían transformarse en super rarezas.

Son asuntos, compañeras diputadas y compañeros diputados, de verdad muy graves como para que los dejemos pasar sin decir nada en este Congreso.

La introducción de transgénicos en el ecosistema causa una contaminación genética irreversible, provocando la desaparición de variedades endémicas o tradicionales; y se introducen especies desconocidas; se altera todo el ecosistema y una alteración de todo el ecosistema, de las cadenas alimentarias, que finalmente repercute en todos nosotros.

En la salud humana causa estragos como alergias, resistencia a antibióticos y efectos tóxicos. Los mexicanos estamos convencidos de que no queremos maíz transgénico.

Nuestro país puede dar ese maíz y otros productos de forma natural sin recurrir a esos elementos.

Los organismos transgénicos tienen sus antecedentes en la revolución verde: terminar con los hambrientos del mundo. Así nos lo dijeron a principios de los años sesenta y hoy el hambre sigue siendo un flagelo de toda la humanidad, porque esa no fue la solución.

Quiero concluir, compañeras diputadas y compañeros diputados, diciendo que esta soberanía tiene que pronunciarse de forma urgente sobre la revocación de la siembra de estos maíces transgénicos.

Está en riesgo la salud de los mexicanos, está en riesgo la soberanía alimentaria. En la sesión de la Comisión de De-sarrollo Rural, a la que pertenezco, se propuso este punto y estamos seguros de que este pleno debe retomar la propuesta de revocar los permisos, nos debemos pronunciar en ese sentido y al mismo tiempo originar un debate muy amplio sobre la introducción de estos transgénicos que, por otra parte, nos llevan a depender de empresas que son dueñas de estas especies y, por tanto, aquellos que las siembren o que sus cultivos sean contaminados con estos productos biológicos van a tener que pagar regalías.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Avelino Méndez Rangel : Concluyo, señor presidente. La siembra de transgénicos autorizada por la Sagarpa es ilegal; violó la Ley de Bioseguridad, el reglamento, y está basada en un traje a la medida, producto de un decreto que esta soberanía debe analizar y revocar para beneficio de la alimentación y de la salud de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, del Partido Acción Nacional.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón : Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. En la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, de marzo de 2005, se estableció que el reglamento correspondiente debería publicarse dentro de los siguientes seis meses. Sin embargo, dicho ordenamiento jurídico salió publicado hasta el 19 de marzo de 2008.

Una vez publicada esta ley, en su ordenamiento se especifica que dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura deberían emitir las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que, conforme al régimen de protección especial del maíz a la que se refiere el artículo 2o., en su fracción XI de la ley, fuera necesaria para resolver las solicitudes de permisos de liberación del maíz, lo cual no fue realizado en tiempo y forma.

De esta manera se dictarían las condiciones necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación del maíz, lo cual no fue realizado en tiempo y forma, ya que éste fue publicado hasta el 6 de marzo de 2009.

Como parte integral de un decreto que reforma el reglamento conformado al régimen de protección especial del maíz, se resuelve la solicitud de los permisos para la liberación experimental para los organismos genéticamente modificados.

A nivel mundial, compañeros, ya existen más de 90 millones de hectáreas cultivadas con organismos genéticamente modificados y diseminados prácticamente en todo el mundo, concentrándose en cuatro productos esencialmente: soya, maíz, algodón y canola.

Hoy se cultivan en mayor o menor escala desde Canadá y Estados Unidos hasta Honduras, Brasil, Argentina, Francia, España y muchos otros países de Europa Central.

Es inaceptable que después de más de una década de foros, consultas y discusiones acerca de las ventajas de la biotecnología, no podamos avanzar en sentido favorable en la evaluación y posterior adopción de estos cultivos en las regiones que la ley permite, lo que sin duda ayudaría a los agricultores mexicanos a ser más competitivos y reducir la dependencia de las importaciones para abastecimiento de nuestro país.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el desa-rrollo de la biotecnología agropecuaria explora las necesidades de una agricultura sustentable que no sólo pretende generar nuevas posibilidades ante la crisis mundial de alimentos, los cambios climáticos y la sequía, sino como toda innovación tecnológica radical los organismos genéticamente modificados han generado y generarán más controversia en cuanto a sus beneficios y sus repercusiones.

Por eso es loable que tengamos leyes y reglamentos que normen su uso y su desarrollo experimental y que los resultados de los mismos se evalúen y analicen con bases científicas y no con percepciones particulares. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Ha concluido la lista de oradores. Hemos recibido de la Junta de Coordinación Política...

Sí diputada. Para el mismo tema, pase usted.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez : Señor presidente, diputados y diputadas. Me quiero referir a lo que ha señalado la diputada del Partido Acción Nacionalcon relación al artículo 2o. de la Ley de Bioseguridad.

En específico yo señalaría que a partir de esta discusión, que fue una discusión pública en la cual participaron diversas organizaciones no gubernamentales y que incluso a la iniciativa se le denominó ``Ley Monsanto'', uno de los puntos fundamentales que introdujeron las organizaciones fue el específico en torno a este régimen de protección especial, que está contenido dentro del artículo 2o.

Quiero señalar que la misma Sagarpa restó importancia a este punto cuando, por parte de las organizaciones sociales, fue el que consideraron fundamental como parte de este principio precautorio que además, a nivel internacional, se tiene contenido en los diferentes países.

Aquí se le bajó el nivel a un simple reglamento y no era ése el objetivo; el objetivo fundamental, cuando estamos hablando de un régimen de protección especial, estamos hablando de un programa especial como es el considerado en el cambio climático, es decir, que se asignan recursos, que ésa es una de las cuestiones que yo consideraría que sería importante ahora con la propia discusión del presupuesto; y a partir de que este punto lo está planteando el Partido Verde Ecologista de México. Más bien lo que se tendría que estar considerando es una iniciativa para que, efectivamente, el régimen de protección especial tenga todas estas características, y no simplemente como se señaló.

Quisiera llamar a la reflexión cuando se plantea que, por ejemplo, existen granos transgénicos, que se está experimentando en diversos países en el mundo y que nosotros nos queremos quedar en el atraso. Países europeos, bueno digamos todos los países europeos, para no mencionarlos, y en específico Estados Unidos, protegen al trigo. ¿Por qué? Porque se considera país de origen.

En el caso del arroz también habría que ponerse a pensar por qué Japón, en específico, no considera la experimentación en el caso del arroz. Aquí lo que nosotros señalamos es que México es centro de origen y biodiversidad del maíz, e incluso yo señalaría que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable está considerado como un grano básico estratégico.

Por tanto, a mí me parece que son elementos que se tienen que tomar en consideración y que aquí hay presiones muy fuertes por parte de las empresas transnacionales, desde luego resalta Monsanto, Pioneer y Dow AgroSciences. Finalmente, también aquí, una de las cuestiones que deberíamos tomar en consideración y denunciar, es que con recursos públicos, por ejemplo, en el caso de Monsanto, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es como se pretende experimentar.

Finalmente, una de las cuestiones que me parece también importante señalar y que tomemos en cuenta nosotros como diputados y como diputadas, es que se considera que el maíz es una especie que se reproduce por polinización cruzada; o sea, el polen de una planta fertiliza a otra; es decir, el maíz, como lo han señalado alguno de los académicos en forma irónica, es una planta promiscua. Por tanto, no es tan sencillo, como ustedes consideran, que se pueda aislar.

Aquí ya los oradores anteriores han planteado el problema de la contaminación del propio maíz, a partir de la misma reproducción; es decir, no puede estar completamente aislado. Ésta es una falsedad.

Por tanto, nosotros nos pronunciamos porque se revoquen estos permisos; pero no solamente eso. Creo que es muy importante que en esta Cámara haya una participación por parte de científicos destacados y que vengan también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Finalmente, quiero decir que nosotros estamos demandando esta cancelación porque consideramos que hay diversas violaciones, que se violan los derechos de participación pública, que se violan los derechos de acceso a la información; que no están los permisos ni bien fundados ni motivados, y que los permisos van en contra del objeto y fin de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Gracias, diputada. Ha concluido la lista de oradores, por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva.

MINUTAS EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Mesa Directiva.

Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar turno y trámite a las minutas en materia fiscal y financiera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita el Senado de la República

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la atribución que le confiere el artículo 20, numeral 2, inciso b), de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

Por lo anterior, de conformidad con las disposiciones invocadas, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se autoriza a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, con el apoyo de la Secretaría General, reciba y de inmediato turne a las comisiones competentes, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las minutas en materia fiscal y financiera que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podría remitir la Cámara de Senadores.

Segundo. La remisión que se haga surtirá los efectos de turno formal, por lo que las comisiones competentes deberán iniciar el trabajo de análisis y emitir el dictamen correspondiente en el plazo que señala el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General.

Tercero. La Presidencia de la Mesa Directiva informará a la asamblea en la siguiente sesión sobre los turnos dictados, de conformidad con el presente acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía : Por instrucción de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado. Comuníquese. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Bicentenario de la Independencia.--- Centenario de la Revolución.--- LXI Legislatura.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RAMíREZ ACUñA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.--- PRESENTE.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO VIGéSIMO DEL ACUERDO RELATIVO AL ORDEN DE DíA DE LAS SESIONES, LAS DISCUSIONES DE LOS DICTáMENES Y LA OPERACIóN DEL SISTEMA ELECTRóNICO DE VOTACIóN, LE SOLICITAMOS A USTED ATENTAMENTE CONSULTAR AL PLENO LA MODIFICACIóN AL ORDEN DEL DíA PARA LA INCLUSIóN CORRESPONDIENTE, EN EL PRIMER TURNO POSIBLE, DEL SIGUIENTE ASUNTO:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara, en relación con la realización de los Juegos Panamericanos 2011.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : En votación económica se consulta a la asamblea, si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobada. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

JUEGOS PANAMERICANOS 2011

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara, respecto a la realización de los Juegos Panamericanos 2011

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados José Francisco Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN; Juan Carlos Natale López , del Grupo Parlamentario del PVEM; Carlos Torres Piña , del Grupo Parlamentario del PRD; y Salvador Caro Cabrera , del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara, para que en lo inmediato se tomen las medidas pertinentes en los aspectos económicos, políticos y jurídicos para garantizar la correcta realización de los Juegos Panamericanos 2011 y nuestro país preserve la sede de dicha justa deportiva.

«Proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara a atender en lo inmediato los compromisos relativos a la organización de los Juegos Panamericanos 2011 y nuestro país preserve la sede, a cargo de los diputados José Francisco Landero Gutiérrez, Juan Carlos Natale López , Carlos Torres Piña y Salvador Caro Cabrera , integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte

Los suscritos diputados, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de esta LXI Legislatura, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara a atender en lo inmediato los compromisos relativos a la organización de los Juegos Panamericanos 2011 y nuestro país preserve la sede.

Los Juegos Panamericanos son el acontecimiento multideportivo más importante del continente americano. Se realizan cada 4 años y forman parte del movimiento olímpico y su ciclo. La primera edición se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, en 1951, y se han realizado en dos ocasiones en la Ciudad de México: en 1955 y en 1975.

La Organización Deportiva Panamericana (Odepa) o Panamerican Sports Organization, es la que gobierna los juegos. Se integra actualmente por 42 naciones de América del Norte, América Central, Sudamérica y el Caribe.

Guadalajara fue elegida por la Odepa como sede para la realización de los XVI Juegos Panamericanos.

Las cifras estimadas por los organizadores para los XVI Juegos Panamericanos son las siguientes: 42 naciones participantes, 28 deportes del programa olímpico, 7 del panamericano, 16 nuevos estadios, 5 mil 700 atletas, 15 mil voluntarios, 2 mil delegados, 80 mil proveedores, mil 600 periodistas, 500 horas de producción televisiva, 1 millón y medio de espectadores en sitio, mil millones de teleespectadores.

En este orden de ideas, el ayuntamiento de Guadalajara aprobó en sesión ordinaria del 29 de agosto del 2007 el decreto que autoriza la creación del organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado Comité Organizador de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (Copag 2011) y que expide su reglamento.

El Copag 2011 tiene la misión de organizar, operar, comercializar y difundir la decimosexta edición de los Juegos Panamericanos. Empezó sus operaciones como organismo público descentralizado en enero del 2008, una vez que el ayuntamiento de Guadalajara, en sesión de cabildo, aprobó y le otorgó el presupuesto de operación para 2008.

Se tienen previstos 16 proyectos de infraestructura deportiva sujetos a evaluación y por distintas cuestiones, vinculadas principalmente con la falta de transparencia, no se ha construido la Villa Panamericana, de la que aún, a poco más de veinte meses, se debate la ubicación.

El Copag, en su momento, indicó que el costo total de los Juegos significará un gasto de 187 millones 478 mil dólares, que 154 millones de dólares serían aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal y el resto estaría a cargo de la iniciativa privada y el aporte de patrocinios que se logren para la organización de estos juegos.

El Copag 2011 pidió, a través de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, un presupuesto extra de 800 millones de pesos para 2011. Así, los apoyos presupuestales que se han otorgado al momento son los siguientes: federales, mil 181 millones; estatales, 225.5 millones; municipales, 424.7 millones; estos, de 2007 a la fecha.

Desde el 23 de septiembre se turnó a la comisión de hacienda del cabildo tapatío la minuta en que se pide que los gobiernos municipal y estatal reiteraren su compromiso para organizar la edición XVI de los Juegos Panamericanos y cumplan la obligación de otorgar una fianza de 50 millones de dólares (cerca de 670 millones de pesos) a favor de la Odepa, que sólo será ejercida para el caso de incumplimiento en la construcción de la Villa Panamericana e instalaciones deportivas. Venciendo el plazo para otorgarse el día de hoy, lo que ha hundido en su crisis más severa la organización del evento.

El efecto negativo para la imagen de nuestro país y la moral colectiva de la comunidad deportiva será irreversible. Con consecuencias funestas para eventos próximos por realizarse, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, y la disputa de la sede de la olimpiada juvenil del mismo año, en la que Guadalajara es prácticamente la ciudad que sucederá a Singapur.

Por lo anterior, es urgente que esta honorable Cámara haga un llamado a las autoridades involucradas, a efecto de que asuman su papel y cumplan sus compromisos dejando a salvo la imagen del país.

Por tal motivo, proponemos ante este pleno como de urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara para que, en lo inmediato, se tomen las medidas pertinentes en los aspectos económico, político y jurídico para garantizar la correcta realización de los Juegos Panamericanos 2011 y nuestro país preserve la sede de dicha justa deportiva.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Aprobado. Comuníquese.

Señoras diputadas y señores diputados, en razón de que se han cumplimentado las cinco horas de duración de la presente sesión que establece el artículo primero del acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia; con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General; y en cumplimiento con el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política del 12 de octubre del presente, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Sí, diputada, dígame usted.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Está enlistado el punto que yo he tratado de subir a tribuna. Ya lo cambié, de efeméride a agenda política. Permítame pasar porque me parece ya un atropello.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Lo sentimos, diputada, en el acuerdo del 12 de octubre firmado por la Junta de Coordinación Política, está señalado, diputada, que los jueves debemos concluir las sesiones a las 3 de la tarde. Por tanto, estaremos convocando para el día de mañana y le pediremos a la Junta de Coordinación Políticaque concluyamos la agenda que nos quedó pendiente hoy, dado que estaríamos esperando que lleguen los dictámenes del Senado de la República.

Yo le pediría, diputada, que esperemos a mañana, porque seguramente encontraremos acuerdo con la Junta de Coordinación, para que estemos atentos a lo que hemos venido acordando.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Esa respuesta me la ha dado 10 veces.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Son los términos en los que esta Mesa Directiva tiene que cumplimentar los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. No son determinaciones nuestras, sino son determinaciones de la Junta de Coordinación Política, diputada.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Que sea la última oradora.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Es que son posicionamientos de todos los grupos políticos, no es de una sola participación; por tanto, le pido a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores Del Río Sánchez: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 29 de octubre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 15:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10: 30 horas del día.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 34 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 342 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 451 diputados
• Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1
• Acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1
• Diputados suplentes que se incorporan: 2
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2
Oradores que participaron: 103PRI - 20 PAN - 7 PRD - 56 PVEM - 8 PT - 10 Nueva Alianza - 1 Convergencia - 1
• Se recibieron o presentaron:
• 2 comunicaciones de diputadas que solicitan licencia;
• 2 iniciativas de senadores del PRD;
• 2 iniciativas de senadores del PVEM;
• 1 acuerdo del senado respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010;
• 2 proposiciones con puntos de acuerdo del Senado respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010;
• 1 acuerdo del Congreso de Zacatecas;
• 2 minutas con proyectos de decreto que conceden permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de los Países Bajos;
• 1 minuta para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 2 iniciativas del PVEM;
• 66 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 2 temas de agenda política.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alvarado Arroyo, Fermín Gerardo(PRI) Comisión Especial de Artesanías: 167
• Anaya Mota, Claudia Edith(PRD) Comisión Especial sobre no Discriminación: 210, 213
• Anaya Mota, Claudia Edith(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 104, 108
• Araujo Lara, Angélica del Rosario(PRI) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 214
• Báez Ceja, Víctor Manuel(PRD) Estado de Michoacán: 194, 197
• Benítez Treviño, Víctor Humberto(PRI) Estado de Michoacán: 197
• Carabias Icaza, Alejandro(PVEM) Organismos genéticamente modificados: 228
• Carabias Icaza, Alejandro(PVEM) Sector turístico: 174
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Comisión Especial sobre No Discriminación: 213
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Declaración política de los pueblos indígenas y su educación: 222
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Diputadas que solicitan licencia: 36
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 155
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Diputadas que solicitan licencia: 37
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 186
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Organismos genéticamente modificados: 231
• Cortés León, Yulenny (PAN) Ley General de Cultura Física y Deporte: 200
• Cruz Cruz, Juanita Arcelia(PRD) Estado de Oaxaca: 172
• Di Costanzo Armenta, Mario Alberto (PT) Diputadas que solicitan licencia: 37
• Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 63
• Díaz Salazar, María Cristina(PRI) Placas y calcomanías de identificación vehicular: 207
• Diputados del PRI Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 89
• Domínguez Arvizu, María Hilaria(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 86
• Eguía Pérez, Luis Felipe(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 88, 92, 95, 97, 98, 99, 100
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: 76
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Artículos 52, 53 y 54 constitucionales: 72
• Flores Rico, Carlos(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 157
• Gallegos Soto, Margarita(PRI) Ley General de Educación - Universidad Autónoma de Aguascalientes: 178
• García Avilés, Martín(PRD) Declaración Política de los Pueblos Indígenas y su educación: 225
• García Corpus, Teófilo Manuel(PRI) Declaración Política de los Pueblos Indígenas y su educación: 223
• González Hernández, Gustavo(PAN) Artículos 52, 53 y 54 constitucionales: 69
• Guajardo Villarreal, Mary Telma(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 114, 115
• Gudiño Corro, Luz Carolina(PRI) Comisión Especial de puertos y marina mercante: 162
• Guerrero Castillo, Agustín(PRD). Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 130
• Hernández Rodríguez, Héctor Hugo(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 105
• Herrera Chávez, Samuel(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 139
• Herrera Soto, María Dina(PRD) Comisión Especial de seguimiento al Fondo de Apoyo Social Fideicomiso 2106, para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 183
• Hinojosa Pérez, José Manuel(PAN) Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 181
• Incháustegui Romero, Teresa del Carmen(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 107
• Jiménez Fuentes, Ramón(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 131, 132, 133
• Jiménez López, Ramón(PRD) Estado de San Luis Potosí: 143
• Jiménez López, Ramón(PRD) Estado de Tabasco: 145
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Educación de población adulta: 198
• Leyva Hernández, Gerardo(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 125, 126, 128, 129
• López Hernández, Adán Augusto(PRD) Artículo 88 constitucional: 72
• López Portillo Basave, Jorge Humberto(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 86
• López-Portillo Basave, Jorge Humberto(PRI) Artículo 4o. constitucional: 61
• Méndez Rangel, Avelino(PRD) Organismos genéticamente modificados: 229
• Mendoza Arellano, Eduardo(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 138
• Merlo Talavera, María Isabel(PRI) Financiera Coofia: 205
• Moreira Valdez, Rubén Ignacio(PRI) Estado de Michoacán: 197
• Natale López, Juan Carlos(PVEM) Comisiones de Juventud y Deporte: 142
• Navarro Aguilar, Filemón(PRD) Estado de Guerrero: 202
• Nazares Jerónimo, Dolores de los Ángeles(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 137
• Ochoa Mejía, María Teresa (Convergencia) Estado de Quintana Roo: 177
• Orozco Torres, Norma Leticia(PVEM) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 93, 96
• Osuna Millán, Miguel Antonio(PAN) Ley General para el Control del Tabaco: 169
• Parra Becerra, María Felícitas (PAN) Declaración política de los pueblos indígenas y su educación: 223
• Pérez de Alva Blanco, Roberto(Nueva Alianza) Excitativas: 219
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas: 188
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 109
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Distrito Federal: 149, 150
• Ramírez Hernández, Socorro Sofío(PRI) Declaración política de los pueblos indígenas y su educación: 226
• Rodríguez Martell, Domingo(PRD) Declaración política de los pueblos indígenas y su educación: 220
• Salgado Romero, Cuauhtémoc(PRI) Financiera Coofia: 191
• Salgado Vázquez, Rigoberto(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 123, 135
• Santana Alfaro, Arturo(PRD) Distrito Federal: 148
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 153
• Sarur Torre, Adriana(PVEM) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 84, 86
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Coca-Cola: 160
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 83
• Terrazas Porras, Adriana(PRI) Horario de Verano: 151
• Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso(PRD) Artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales: 66
• Trigueras Durón, Dora Evelyn(PAN) Organismos genéticamente modificados: 230
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Ley de Coordinación Fiscal: 79
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 134
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Proposiciones con punto de acuerdo: 236
• Vázquez González, Pedro(PT) Universidad Juárez del estado de Durango: 175
• Velázquez Esquivel, Emiliano(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 124
• Verver y Vargas Ramírez, Heladio Gerardo(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 101, 103
• Vizcaíno Silva, Indira(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 111, 112, 113
• Zavaleta Rojas, Guillermo José(PAN) Declaración política de los pueblos indígenas y su educación: 225